Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 347 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de marzo de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Erik Juárez Blanquet, Julio Saldaña Morán, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Waldo Fernández González y Rosalina Mazari Espín.

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incorporar en las políticas y programas económicos y agrícolas, la perspectiva de género.

Del Gobierno del Estado de Coahuila

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

De la Subsecretaría del Transporte del Estado de Hidalgo y de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora

Con los que remiten dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de movilidad.

De los Sistemas DIF de los estados de Baja California y de Jalisco

Con los que remiten dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

De la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los atlas de riesgos y su actualización.

Del Banco de México

Con el que remite el informe por el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de dos mil quince, así como la ejecución de la política monetaria, y las actividades del Banco de México, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con el que remite el Informe de Resultados de la Gestión 2015 del Órgano Interno de Control del Instituto, por el que se informan las actividades y resultados alcanzados en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral de actividades correspondiente al año 2015.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción V del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del Día Internacional de la Mujer

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo IX al Libro Segundo, Título Octavo del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 210, 212 y 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 202-Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por las diputadas Lluvia Flores Sonduk y Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “José Vasconcelos Calderón”, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Erika Araceli Rodríguez Hernández y Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto, por el que se declara el 27 de enero como el “Día Nacional del Defensor Ambiental”, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 125, 127 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o. y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto, por el que se inscribe el apotegma “La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia”, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales, en materia de desindexación del salario mínimo, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 14 y 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 139 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 66 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 5o., 16 y 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 103 y 105, y deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 8o. y 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “Rosario Castellanos Figueroa”, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano

Que reforma el artículo 15 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 7o. y 13 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Federal del Proceso para Sancionar Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, suscrita por los diputados Minerva Hernández Ramos y Guadalupe Acosta Naranjo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 107 Bis y adiciona un artículo 265 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 64 y 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10-Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de los libros de texto gratuitos, así como a implementar mecanismos e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos, así como capacitar a las y los docentes de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente, suscrito por las diputadas Erika Araceli Rodríguez Hernández y Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría de Salud y del IMSS, se lleven a cabo programas y acciones que permitan a las trabajadoras domésticas tener acceso real a los servicios y prestaciones de seguridad social y salud, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de esta Soberanía, a fin de que una Institución especializada realice una auditoría participativa de género al interior de la Cámara de Diputados, a fin de instrumentar medidas para solucionar los problemas que deriven de la misma, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, a fin de considerar la reclasificación de tarifas eléctricas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, en el estado de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila, para que integre más mujeres dentro de su gabinete, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Veracruz y a la PGR, a fin de implementar medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que coordine la investigación científica que se realiza derivado de la fractura geológica que formó un cráter en el Río Atoyac, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, incrementen y realicen campañas de publicidad, para promover una mayor cultura de donación de sangre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que difunda las acciones que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en 2016, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, intensificar las medidas para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a fin de armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía del estado de Puebla, a fin de implementar las medidas necesarias para investigar, prevenir y castigar los feminicidios que ocurren en la entidad, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incluya la atención de la enfermedad del Cáncer Epitelial de Ovario, en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobierno del estado de Veracruz, a proponer medidas de atención ante el incremento de la epidemia de enfermos renales crónicos por la contaminación de los mantos freáticos del municipio de Tierra Blanca, en esa entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ifetel, a cumplir la recomendación emitida por la CIDH, así como lo estipulado en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de restructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la SCT, suspender la obras de reubicación de la Plaza de Cobro La Joya, de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para que las comisiones dictaminen en los plazos establecidos las iniciativas enviadas por las legislaturas locales, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Gastos Fiscales, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la CNDH, a la Secretaría de Cultura, a la PGR y al Ejecutivo del estado de Nayarit, a fin de esclarecer y sancionar el atentado contra el Patrimonio Religioso-Cultural de la Isla del Rey en San Blas, Nayarit, suscrito por las diputadas Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional, a fin de realizar una depuración de padrones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP, a la SE y a la Administración General de Aduanas, para que se tomen las medidas necesarias que regulen la importación de vehículos usados provenientes de EUA y Canadá, en el marco del TLCAN, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las Entidades Federativas, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que integre y difunda el Padrón Nacional de la Microindustria, en los términos que lo ordena el artículo 20 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para que, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado dicho Instituto, suscrito por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de la Dirección de Caminos y Aeropistas del estado, se dé mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera de esa entidad, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la integración del Comité del CEAMEG de la LXIII legislatura, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, el 2 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al asesinato de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a PEMEX, a fin de revisar que los contratos de arrendamiento que tiene actualmente, cumplan con los requisitos de Ley y presenten las mejores condiciones económicas para el Estado Mexicano, a cargo del diputado Efrain Arellano Nuñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Yucatán y Quintana Roo, a fin de reconocer y difundir el número de feminicidios registrados durante los años 2015 y el actual, y se declare la alerta de género para disminuir este problema, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública y al Gobernador del estado de Nuevo León, a dar atención y seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares derivadas de lo suscitado en el Penal de Topo Chico, Monterrey, y otros penales, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que difunda las concesiones mineras vigentes, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a fin de cancelar la construcción del acueducto “Monterrey VI”, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda las medidas que se están tomando para dar solución al desabasto de vacunas en el país y las acciones para proteger a la población infantil, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, al Jefe de Gobierno y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que difundan las condiciones actuales de la construcción de pozos de extracción de agua en la demarcación de Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al alza de feminicidios en México, suscrito por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que realice las acciones necesarias ante el Estado Hondureño para proteger y garantizar la vida del activista Gustavo Castro Soto, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales, para que adecuen sus legislaciones a favor del matrimonio del mismo sexo, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 8 de marzo, Igualdad Sustantiva, Asignatura Pendiente, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y ocho diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y tres minutos del jueves tres de marzo de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva por la que se comunica la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo setenta y ocho de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por la diputada Ariadna Montiel Reyes, de Morana, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ganadería, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De los diputados:

• Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos doce, diecinueve, y setenta y cinco de la Ley General de Educación, presentada el diez de noviembre de dos mil quince.

• Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo treinta y tres Bis a la Ley General de Salud, en materia de atención médica, presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Cambio Climático, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, presentada el trece de octubre de dos mil quince.

• Alejandro Juraidini Villaseñor, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Municipal, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo acciones para atender la problemática de falta de recolección de basura en el municipio de Naucalpan, presentada el dieciséis de febrero del año en curso.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Cuarto Informe Trimestral con las acciones implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a esa dependencia a promover, establecer y garantizar programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se integra un grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

– Por el que se solicita cumplir los términos establecidos en los artículos transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; así como revisarla y aplicarla específicamente en la obligación que tiene la empresa Ferromex para la conclusión del Libramiento Ferroviario Monterrey. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

– Por el que se solicita la emisión de la declaratoria de emergencia en diversos municipios de los estados de Puebla y Durango, por la presencia de heladas severas, así como liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y la salud de la población. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

– Por el que se solicita fortalecer las acciones de apoyo e intensificar las campañas de información, prevención y protección de la población, a fin de mitigar los efectos de las heladas y nevadas que se presentan en la temporada invernal en diversos estados de la República Mexicana. Se remite al promovente.

d) Del Congreso del estado de Baja California, con la remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la armonización legislativa de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se remite a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

e) De la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para establecer planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de dos mil dieciséis, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de enero de dos mil quince, la evolución de la recaudación para el mes de enero de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se da cuenta con oficio de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en el Segundo Distrito Electoral del estado de Quintana Roo, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del recinto los ciudadanos Mario Machuca Sánchez; y Carlos Gutiérrez García, diputados electos en el Tercer Distrito Electoral del estado de Quinta Roo; y de la Tercera Circunscripción, respectivamente. El Presidente designa una comisión que los acompaña en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo, y suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés Constitucional, y suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional.. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma los artículos cuarenta y seis, cuarenta y nueve y cincuenta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos catorce, y sesenta y seis de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, y suscrita por el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, ambos del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos doscientos treinta y siete, y doscientos cuarenta y cinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, para declarar el veinte de marzo como “Día del Internacionalista Mexicano”. se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, de Morana, que adiciona el artículo ochenta y cinco de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos dos del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y seis diputadas y diputados.

• Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo sexto de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, para declarar el dos de mayo como “Día Nacional de la Lucha contra el Bullying”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo diecisiete de la Ley de Puertos. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina, para dictamen.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

• Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos tercero, setenta y siete Bis Uno, setenta y siete Bis Tres, y setenta y siete Bis Siete, de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Enrique Zamora Morlet, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo doscientos catorce del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morana, que adiciona un artículo doscientos treinta Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, y suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, y Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Víctimas y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano; Jesús Emiliano Álvarez López, de Morana; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; y Laura Mitzi Barrientos Cano, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados para la discusión en lo general y en lo particular, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación:

a) Por el que se declara el año “dos mil dieciséis, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

b) Por el que se adicionan las fechas dieciséis de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en mil ochocientos veintiséis” al inciso a); y veintidós de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en mil novecientos dos” al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

María Chávez García, de Morana;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; y David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática. Sin oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

a) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el año “dos mil dieciséis, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas dieciséis de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en mil ochocientos veintiséis” al inciso a); y veintidós de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en mil novecientos dos” al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Se concede el uso de la palabra a los diputados:

•Adriana del Pilar Ortiz Lanz, y suscrita por la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que difundan las acciones que emprenderán para generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en los estados de Campeche y Tabasco.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

En votación económica se considera de urgente resolución. Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el punto de acuerdo los diputados: Enrique Pérez Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Norma Rocío Nahle García, de Morana; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Héctor Peralta Grappin, del Partido de la Revolución Democrática; Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional; Elio Bocanegra Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional; y Jorge Tello López, de Morana. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, y suscrito por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, para que hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal. Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a una propuesta de modificación que ha sido aceptada por el proponente. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el punto de acuerdo los diputados: Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera de urgente resolución. Desde su curul se refiere al punto de acuerdo la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Asamblea los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Norma Rocío Nahle García, de Morana; y Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza.

Se da cuenta con oficios de las diputadas:

• Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, por el que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en la Primera Circunscripción, a partir de esta fecha.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en la Primera Circunscripción, a partir de esta fecha.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de trabajo con ejidatarios de Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla, y San José del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

• Por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar y rectificar la determinación de suspender el programa “Se Educa”, a fin de que éste continúe vigente y se evite que jóvenes neoloneses vean afectados su derecho a seguir estudiando.

• Por el que se aprueban el calendario y el formato de la comparecencia ante Comisión del doctor José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos.

• Por el que se aprueban el calendario y el formato de la comparecencia ante Comisiones del doctor Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

En votación económica se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiséis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas autoridades para que den seguimiento a los programas actuales de prevención e implementen nuevos mecanismos de protección y actualización de las estadísticas a nivel nacional, en materia de adicciones en jóvenes. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Emma Margarita Alemán Olvera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos, para que garantice la libertad religiosa, la seguridad y la paz pública en la entidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, a dictaminar las Cuentas Públicas pendientes. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morana, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se manifieste a la República Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal que se le pretende aplicar al director de cine Keywan Karimi. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realicen una campaña de difusión sobre los incentivos fiscales a que tienen derecho los empleadores que contraten adultos mayores y personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a las autoridades educativas locales, a que fortalezcan la formación inicial así como los programas de formación continúa y de desarrollo profesional de los docentes. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Deporte, por el que esta soberanía, extiende reconocimiento y felicitación al clavadista mexicano Rommel Pacheco Marrufo, por su triunfo en la Copa Mundial de Clavados dos mil dieciséis, realizada en Río de Janeiro, Brasil,. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, a fin de cubrir en tiempo y forma el pago de las becas asignadas a los universitarios mexicanos que cursan algún posgrado en el extranjero. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de atender y resolver la problemática del sistema de bombeo y restablecer el servicio de suministro de agua a las unidades habitacionales de Los Culhuacanes, en Coyoacán, Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• David Jiménez Rumbo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la realización de una sesión solemne el día veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, para conmemorar los doscientos diez años del natalicio de Benito Juárez García. Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morana, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de proteger los humedales de Xochimilco, Tláhuac y los suelos de conservación de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte, para que en coordinación con las federaciones y confederaciones deportivas, se revisen las condiciones de seguridad de los deportistas en las competencias. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los Poderes Judiciales de los estados y de la Ciudad de México, a que se adhieran al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se paguen los adeudos que se tienen con los productores, se transparente el padrón de beneficiarios, se expongan los montos ejercidos y los gastos realizados por la Agencia durante los últimos tres ejercicios fiscales. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Sandra Luz Falcón Venegas y Delfina Gómez Álvarez, de Morana, por el que se exhorta diversas autoridades, para realicen las acciones pertinentes para contrarrestar el gran desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados, a eficientar el funcionamiento de los centros penitenciarios a su cargo y delinear políticas integrales de reinserción social. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al presidente municipal de Saltillo, Coahuila, para que acepte y dé cumplimiento a la recomendación 103/2015, que le fue girada por la Comisión de Derechos Humanos estatal. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morana, relativo a la generación de protocolos para garantizar los derechos humanos de los internos en el sistema penitenciario en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Administración General de Aduanas, a que den cumplimiento a los términos, acuerdos y anexos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo relativo a la importación de vehículos usados. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morana, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que impulse la creación de un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, Rosa Alba Ramírez Nachis,y María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda los resultados de las acciones emprendidas por el Programa de Salud Bucal dos mil quince, así como la estrategia que se implementará para el dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se exhorta el jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que se respete el estado de derecho por parte de sus servidores públicos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de reforzar la seguridad interna de los penales que se encuentran bajo su jurisdicción, respetando los estándares y tratados internacionales. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Diputados integrantes de Morana, por el que se exhorta al gobernador y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, a fin de resolver el conflicto laboral suscitado en la Unidad Académica de las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morana, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Procuraduría General de la República, a fin de salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de la defensora de derechos humanos, Aleida Quintana. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública, encabece y coordine esfuerzos en la elaboración e implementación de un código de ética y austeridad sobre el uso de los viáticos y pasajes del funcionariado de la administración pública federal. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional; Salvador Zamora Zamora, y Jorge Álvarez Maynez, ambos de Movimiento Ciudadano.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes ocho de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con doce minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga...

La diputada Ernestina Godoy Ramos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, permítame un momentito. Sonido allá en la curul de la diputada Ernestina Godoy, por favor.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Gracias, señor presidente. Únicamente con el objeto de manifestar que el mexicano Gustavo Castro Soto es un mexicano defensor de derechos humanos, la semana pasada en Honduras intentaron matarlo, sus agresores lo dieron por muerto, él acompañaba a líder hondureña Berta Cáceres a quien sí asesinaron.

Él, al ser víctima y testigo de los hechos, identificó plenamente a sus agresores. A pesar de que Gustavo ha intentado abandonar Honduras como una manera de proteger su integridad física, no ha sido posible que sea repatriado, por lo que pedimos, desde Morena, que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga todo lo necesario para que sea repatriado nuestro defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Gracias, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan registradas sus expresiones, diputada Godoy. Gracias. Y le sugiero atentamente pueda igualmente hacer lo conducente para que pueda su exhorto trasladarse a la Junta de Coordinación Política y pueda también dársele el curso correspondiente en esta asamblea. Gracias.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido acá en la curul del diputado Ricardo Ramírez, por favor.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para felicitar en el marco de Día Internacional de la Mujer a todas aquellas que trabajan arduamente por sacar adelante a nuestro país, quienes lo harán todo por su familia y a las que abonan a la igualdad, a la justicia y al desarrollo de este país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Como está contemplado en el orden del día, hay un punto especial en el que se fijarán posicionamientos de los respectivos grupos parlamentarios en relación, precisamente, con este Día Internacional de la Mujer.

Estábamos en que proceda la Secretaría a poner a discusión el... A ver, antes, todavía.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, si nos permite, diputada, terminamos de desahogar, si tiene qué ver con el acta, si no, terminamos de desahogar el tema del acta y enseguida le doy la palabra allá en su curul. Sí, continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos, ahora sí, sonido en la curul de la diputada.

La diputada Delfina Gómez Álvarez(desde la curul): Buenos días, señor presidente. Mire, con motivo más que de festejo, que sea de conmemoración de Día Internacional de la Mujer, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena solicito de la manera más atenta, exhorte usted a través de la función que tiene, a la Secretaría de Gobernación para que declare alerta de género en Veracruz, en Zacatecas, en Puebla y en el estado de México.

Asimismo, le pido que seamos tan amables todos de guardar un minuto de silencio por todas las mujeres que son olvidadas, por aquellas que han perdido la vida a manos de sus parejas. Por aquellas que han sido mal atendidas en los hospitales, que han perdido también la vida. Por aquellas que cruzan la frontera en busca de una mejor condición de vida para ellas y su familia. Para todas ellas, vaya nuestro respeto, nuestra admiración y un minuto de silencio por ellas pido. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. El primero de los asuntos que usted comentó le solicito respetuosamente que pueda igualmente trasladarlo a la Junta de Coordinación Política para que, como lo hemos estilado en otras ocasiones y tratándose de estos temas, pueda tener el curso debido y correspondiente.

Si le parece, también respetuosamente lo sugiero y lo pongo a consideración de la asamblea, el minuto de silencio que inmediatamente antes de entrar al tema de posicionamiento de los grupos parlamentarios, por supuesto que ahí obsequiar la petición que usted ha manifestado. Gracias.

Continuamos entonces con el capítulo de Comunicaciones oficiales, por favor.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito Érik Juárez Blanquet. diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente se sirva instruir, a quien corresponda, que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman la fracción III del artículo 36 y la facción XXIX-Q del artículo 73; se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 108, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 108, y se recorren sus párrafos cuarto y quinto, para quedar como quinto y sexto; se reforma el sexto (originalmente quinto) del artículo 108 y se adiciona una tracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 27 de octubre de 2015 y turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Sin más, por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2016.— Diputado Érik Juárez Blanquet (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito su intervención con el fin se retire la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 27 de octubre, y presentada el pasado 5 de noviembre, ambas de 2015 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin más por el momento, le envió un saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2016.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito respetuosamente el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la sesión correspondiente al 4 de noviembre de 2015.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea retirado del registro de iniciativas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto reciba un afectuoso saludo, la suscrita integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente se sirva instruir a quien corresponda a fin de que sea retirada la iniciativa que adiciona el párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud, presentada por mí el martes 15 de diciembre de 2015 y que fue turnada a la Comisión de Salud para el proceso legislativo correspondiente.

Sin otro particular, le agradezco la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2016.— Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-8-0767, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DG.510.11/ 1203/ 2016, suscrito por el ciudadano Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita establecer mecanismos con otras dependencias de la administración pública federal que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 276/ 16, por el cual remitió el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se solicita la intervención del secretario de Desarrollo Social, entre otros, a efecto de que se establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa, SA de CV.

Al respecto, adjunto copia simple del oficio número SJ/ OMPM/ 0373/ 2016, signado por el licenciado Othoniel Melchor Peña Montor, subdirector jurídico corporativo de Liconsa, SA de CV, así como atenta nota suscrita por el subdirector de Maquila y Compra de Leche Nacional, licenciado Mario Alberto Guzmán Castrezana, mediante los cuales se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Antonio Musi Vega (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

En atención de las instrucciones dictadas por el titular de la Unidad Jurídica, licenciado Reynaldo Hernández Cuevas, y de su oficio número DG.510.11/ 0872/ 2016, folio de sistema número 1792148, mediante el cual solicita comentarios sobre el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se solicita al secretario de Desarrollo Social, entre otros, que se establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, a fin de fortalecer la comercialización de su producto y garantizar con ello el acceso a los mercados, le comento lo siguiente:Adjunta al presente remito a usted copia de la atenta nota suscrita por el subdirector de Maquila y Compra de Leche Nacional, licenciado Mario Alberto Guzmán Castrezana, de fecha 22 de febrero del año en curso, relacionada con el tema en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Naucalpan de Juárez, México, a 22 de febrero de 2016.— Licenciado Othoniel Melchor Peña Montor (rúbrica), subdirector Jurídico Corporativo.»

«Ciudadano Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Sedesol.— Presente.

Por este conducto me refiero a su atento comunicado número DG.510.11/ 0872/ 2016, folio del sistema 1792148, de fecha 17 de febrero de 2016.

Atendiendo sus amables instrucciones respecto a los comentarios para el punto de acuerdo parlamentario, es importante mencionar que a la fecha esta entidad ha realizado mesas de trabajo en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, con la participación de las secretarías de Desarrollo Rural, uniones ganaderas regionales, Confederación de Organizaciones Ganaderas, Direcciones de Ganadería Estatales y delegaciones de la Sagarpa, de las cuales se han registrado las minutas de acuerdos celebrados.

Concretamente, se ha acordado mantener los volúmenes de compra en estas cuatro entidades federativas hasta la conclusión de marzo del presente año, en tanto se concretan las mesas de trabajo de las dependencias federales Sagarpa, SHCP, SE y Sedesol que den certidumbre a la problemática comercial de la leche fresca nacional.

Asimismo, en cuanto esta entidad obtenga los recursos necesarios para mantener la compra de leche fresca a productores nacionales, con referencia a 2014 (770 millones de litros), se continuará con los volúmenes de compra que aseguren el cumplimiento de dicha meta.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2016.— Licenciado Mario Alberto Guzmán Castrezana (rúbrica), subdirector de Maquila y Compra de Leche Nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-2-237, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/542/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita ejecutar políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2538/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0995-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/206/2016, que refiere:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Firma, en ausencia del coordinador de asesores de la SPPS, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud

México, Ciudad de México, a 25 de febrero 2018.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Hago referencia al oficio SPPS-CAS-0301-2016, del 22 de enero del presente año, mediante el cual la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora en la SPPS, solicita emitir los comentarios correspondientes al punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.”

En atención a dicha solicitud, anexo al presente encontrará en formato libre los comentarios de este centro nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 18 de febrero 2018.— Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados el 15 de diciembre del 2015, el cual se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.”

Comentarios

En esta administración pública federal se cuenta con un Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, que está orientado a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente de manera libre, responsable, informada y segura, con enfoque intercultural y de género. El programa es referencia obligada para las instituciones públicas de salud que realizan acciones en el campo de la salud sexual y reproductiva.

De manera particular, la estrategia 1.2. de este programa de acción está orientada a diseñar y/o instrumentar intervenciones focalizada para población adolescente de áreas rurales e indígenas. En el marco de esta estrategia se han llevado a cabo las siguientes acciones:

• Se cuenta con un “modelo educativo para la atención de la salud sexual y reproductiva en comunidades indígenas”, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de embarazos no planeados o no deseados en adolescentes indígenas, así como a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, a través de un proceso educativo y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

• Para facilitar la implementación de este modelo se han efectuado talleres de capacitación- sensibilización en salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural para el personal de salud de los estados con mayor presencia indígena.

Como producto de esta actividad, durante el periodo 2013-2015 se ha capacitado a un total de 834 prestadores de servicios de salud de 11 entidades federativas, incluyendo personal médico, de enfermería, psicología, trabajo social, parteras, promotores y auxiliares de salud.

Este personal está en contacto directo con las y los adolescentes y realiza acciones de promoción en salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo.

A la fecha se cuenta con un total de 2, 836 brigadistas juveniles indígenas, ubicados en 171 localidades, correspondientes a 80 municipios indígenas en 10 entidades federativas: Chiapas, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-6-0263, signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 543/ 2016 suscrito por el doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita fortalecer la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención del oficio número SELAP/UEL/311/2580/ 2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2015 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes.

Al respecto me permito acompañar el oficio número SPPS-CAS-0996-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la coordinación de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/ 226/ 2016, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual en adolescentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. México, Distrito Federal.— Presente.

En atención del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión realizada el 15 de diciembre de 2015, en el que “se exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como la educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes”, referido en el oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2580/ 2015, de fecha 8 de enero de 2016, y en atención de su oficio SPPS-CAS-0290-2016, se informa lo siguiente:

Con relación al punto de acuerdo único, el Censida implantó en redes sociales una campaña de prevención, adoptada por las entidades federativas, para sensibilizar e invitar al público en general a acudir a los servicios de salud para acceder a los servicios de detección y prevención del VIH e ITS, así como promover la salud sexual y reproductiva responsable.

Asimismo, la campaña de prevención programada para el ejercicio fiscal de 2016 plantea como estrategia la promoción de la prueba de VIH, resaltando que debe ser un estudio de cabecera y rutinario para las personas con vida sexual activa, informando que es gratuita, segura, confidencial y voluntaria, dirigida a mujeres y a hombres de 13 a 44 años de edad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de enero de 2016.— Doctora Patricia Uribe Zúñiga (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. México, Distrito Federal.— Presente.

Hago referencia al oficio número SPPS-CAS-0297-2016, del 22 de enero del presente año, mediante el cual la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la SPPS, solicita emitir los comentarios correspondientes sobre el punto de acuerdo que se transcribe a continuación:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes.

En atención de dicha solicitud, anexos al presente encontrará en formato libre los comentarios del centro nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 15 de diciembre de 2015, que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes.

Comentarios

La Secretaría de Salud integró en la administración pública federal el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, orientado a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente de manera libre, responsable, informada y segura. El programa es referencia obligada para las instituciones públicas de salud que realizan acciones en el campo de la salud sexual y reproductiva.

Uno de los objetivos específicos del programa de acción es favorecer el acceso universal a información, educación, orientación y servicios en salud sexual y reproductiva para adolescentes. A fin de cumplir este objetivo, se han realizado las acciones siguientes:

• Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud realizó en 2015 una campaña para promover la prevención del embarazo entre la población adolescente, la cual se difundió por radio y televisión en septiembre de 2015, en el marco de la conmemoración Día Internacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Al mensaje de la campaña “Hay cosas que puedes dejar a la suerte..., tener hijos no es una de ellas” se agregó el lema “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro”, acuñado en el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La difusión de la campaña a través de la radio se extendió durante noviembre y diciembre de 2015 a escala nacional.

• Destinaron 22 millones 671 mil 460 pesos en 2013 y 30 millones 83 mil 62 pesos en 2104, para llevar campañas de comunicación e información con un enfoque eminentemente preventivo, en los diversos medios de comunicación estatales y locales con temas de prevención y promoción en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Para 2015 se destinaron 9 millones 480 mil 357 pesos a fin de fortalecer las acciones de información, educación y comunicación.

• Con base en los dos puntos anteriores, en el periodo 2013-2015 se llevaron a cabo campañas informativas para prevenir el embarazo en adolescentes y difundir los servicios de salud en los medios nacionales, que en 2014 fueron replicados en 47 campañas estatales llevadas a cabo en 28 entidades federativas.

• Adicionalmente, en 2014, 28 entidades federativas compraron mil 76 locales móviles para las acciones de promoción de la salud sexual y reproductiva en población adolescente y difusión del programa. Estas campañas estuvieron orientadas principalmente a la sensibilización de es te grupo respecto a la importancia del ejercicio de la sexualidad de manera responsable, informada y protegida, su derecho a la libre decisión a través del uso de los métodos anticonceptivos, con un stricto enfoque de género, con lenguaje incluyente.

• En apoyo de las acciones institucionales, se fomenta la participación voluntaria de los propios jóvenes con diversas acciones comunitarias, como la promoción de los servicios, la información y difusión de joven a joven (educación de pares) de los mensajes de prevención y autocuidado de la salud sexual y reproductiva, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Para estimular este tipo de actividades el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ha asignado recursos del ramo 12 a los Servicios Estatales de Salud para llevar a cabo encuentros estatales de promotores y brigadistas juveniles, donde se contribuye a su formación en este campo.

• Durante 2015 se efectuaron encuentros estatales con promotores y brigadistas juveniles del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, a fin de estimular el trabajo voluntario que realiza este personal y fomentar el intercambio de experiencias en acciones de promoción y difusión en 11 entidades federativas (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas).

• A fin de incentivar la participación de adolescentes en el desarrollo de materiales de promoción e información, así como en el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo de la población, del 24 al 27 de noviembre de 2015 se llevó a cabo en la Ciudad de México el foro sobre experiencias y reflexiones Adolescentes por la salud de sexual y reproductiva. En el encuentro se contó con la participación de un grupo de 80 adolescentes provenientes de 17 entidades federativas, quienes se han distinguido por la labor que realizan de manera voluntaria como promotores o brigadistas juveniles en apoyo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.

• Para contribuir a mejorar la calidad de la educación en temas de sexualidad y salud sexual y reproductiva para adolescentes, se ha fortalecido la coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior, lo que ha permitido capacitar a personal docente en temas de prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos, identificación de casos de violencia sexuales en los alumnos, entre otros. En 2015, según información preliminar, se impartieron 86 cursos, donde se contó con la participación de 2 mil 663 profesores.

Finalmente, se comenta la participación en el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, coordinado por el Consejo Nacional de Población, el cual se ha reunido en 6 ocasiones para establecer instrumentos de coordinación, cooperación y comunicación a fin de implantar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-3-254 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/544/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita informar a la población en general sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los defectos del tubo neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad; así como brindar apoyo a las personas con este padecimiento y sus familias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2556/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realice campañas periódicas que informen a la población en general, sin importar raza, idioma, color y religión a la que pertenecen, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los defectos del tubo neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad, sin necesidad de tener que llevar un tratamiento de por vida para seguir viviendo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, las atiendan en el ámbito de sus respectivas competencias y de sus previsiones presupuéstales”.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0997-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/213/2016, que refiere:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice campañas periódicas que informen a la población en general, sin importar raza, idioma, color y religión a la que pertenecen, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los defectos del tubo neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad, sin necesidad de tener que llevar un tratamiento de por vida para seguir viviendo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, las atiendan en el ámbito de sus respectivas competencias y de sus provisiones presupuestales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), assesora de la Coordinación de Asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En respuesta al oficio SSPS-CAS 0295-2016 fechado el 22 de enero de 2016, envío comentarios al punto de acuerdo emitido en la sesión de la Cámara de Diputados que a continuación se trascribe.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice campañas periódicas que informen a la población en general, sin importar raza, idioma, color y religión a la que pertenecen, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los defectos del tubo neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad, sin necesidad de tener que llevar un tratamiento de por vida para seguir viviendo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, las atiendan en el ámbito de sus respectivas competencias y de sus provisiones presupuestales.

Adjunto los comentarios en formato libre, correspondiente al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de acuerdo con los ámbitos de competencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2016.— Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentarios

Exhorto

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realice campañas periódicas que informen a la población en general, sin importar raza, idioma, color o religión a la que pertenecen, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los defectos del tubo neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad, sin necesidad de tener que llevar un tratamiento de por vida para seguir viviendo.

Es conocido el beneficio de la suplementación con ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural por lo que la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación de servicios, establece la prescripción de ácido fólico cuando acuda a consulta médica preconcepcional 3 meses antes de intentar el embarazo o suspender un método anticonceptivo a fin de prescribir ácido fólico, desde el periodo preconcepcional hasta el término del embarazo.

La NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimiento, establece medidas preventivas como la suplementación de 400 microgramos o 0.4 miligramos de ácido fólico diariamente a toda mujer en edad fértil, con estrategias específicas de prevención desde la etapa preconcepcional y de 4 miligramos de ácido fólico diariamente para las mujeres en edad reproductiva, embarazadas y sus parejas con historia familiar o con historia personal de malformaciones, o que vivan en las zonas geográficas de mayor incidencia de casos de recién nacidos con defectos al nacimiento, en particular con defectos del tubo neural.

Las estrategias incluyen la comunicación educativa a la población para identificar factores de riesgo y promover estilos de vida saludables que contribuyan a la reducción de los defectos al nacimiento, así como las actividades de identificación de condiciones de riesgo, detección temprana a través del tamiz, diagnóstico, tratamiento y control de los defectos al nacimiento.

Aunado a lo anterior en el Programa de Acción Específico Salud Materna y Perinatal 2012-2018, se fundamenta en el modelo preventivo para abordar la salud materna con programas inter e intradisciplinarios, con énfasis en la educación participativa que lleva a las capacitaciones, actualizaciones y entrenamientos para abordar en forma efectiva la salud de la mujer y de la embarazada, enlazando la salud sexual y reproductiva hacia una práctica clínica de atención efectiva e integral y con fundamentos preventivos dentro de los derechos humanos de las mujeres.

Derivado de lo anterior, en México desde 2003, se han realizado acciones de suplementación y fortificación de harinas y cereales con ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural.

En 2006 y 2009 en una suma de esfuerzos, la Red Nacional de Prevención de la Discapacidad (Renapred), la Fundación Teletón y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva impactaron a la población con las campañas de difusión en medios “Toma ácido fólico, no tomes riesgos” y “Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico una vez al día”. Respectivamente.

Desde 2009 se han adquirido frascos de ácido fólico para ser entregados a mujeres en edad fértil. Estos esfuerzos demuestran avances que se documentaron en los resultados de la Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación 2010, se reporta que 78.1 por ciento de la mujeres de 15 a 49 años toma o ha tomado ácido fólico, el porcentaje más elevado de la ingesta se reporta en mujeres embarazadas en donde es hasta de 98 por ciento. Sin embargo es importante recordar que es necesaria su ingesta tres meses antes del embarazo para reducir hasta 70 por ciento los defectos del tubo neural.

No obstante los avances, coincidimos en la necesidad de campañas permanentes que promuevan la ingesta de ácido fólico por hombres y mujeres desde la adolescencia. Sin embargo para llevar a cabo estas acciones se requiere asignar presupuesto.

Exhorto

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, las atiendan en el ámbito de sus respectivas competencias y de sus provisiones presupuestales.

Hoy en día nadie duda de la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil vinculada a las intervenciones efectivas en la línea de la vida, lo que permitirá mantener la salud y evitar la enfermedad.

La NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimientoestablece que las y los recién nacidos con defectos al nacimiento, que así lo ameriten por su condición, deben ser estabilizados y referidos con oportunidad al establecimiento que corresponda para su diagnóstico, tratamiento integral y seguimiento.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, tiene como atribución la atención de todas las mujeres, sus parejas y sus recién nacidos durante la etapa pregestacional, el embarazo (prenatal), parto, puerperio, y la etapa neonatal, con intervenciones efectivas, preventivas e integrales y de calidad que logren el impacto en las mujeres y que manifiesten satisfacción por el trato digno y respetuoso que reciben de los prestadores de servicios de salud.

El acceso de la atención a grupos de alta marginación, adolescente y población de alto riesgo es una de las prioridades ya que la evidencia científica ha determinado que las mayores tasas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal se encuentran en estos grupos.

Sin embargo la atención médica, el apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, es un atributo que corresponde a otra dependencia de la Secretaría de Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-253, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/545/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2550/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único.La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ,ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-1000-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/210/2016, que refiere:

Único.La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ,ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Firma, en ausencia del coordinador de asesores de la SPPS, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud

México, Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En seguimiento de su oficio SPPS-CAS-0308-2016, con fecha 22 de enero del presente, en el que solicita comentarios al punto de acuerdo que se aprobó en la sesión de la Cámara de Diputados, que a continuación se trascribe:

“Único.La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ,ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.”

Al respecto le informo lo siguiente

La norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012. Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; no es competente para obligar a que los establecimientos mercantiles que vendan comida realicen este tipo de acciones, ya que nos son establecimientos del Sistema Nacional de Salud que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria, tal como está especificado en el numeral 1 de la norma, el cual a continuación se transcribe:

“1. Objetivo y campo de aplicación

1.1. Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deben seguirse para orientar a la población en materia de alimentación.

1.2. La presente norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2016.— Doctor Eduardo Jaramillo Navarrete (rúbrica), director general de Promoción de la Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-260 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/546/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia ejecutar una campaña nacional contra la desnutrición infantil en los pacientes de bajo peso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativode la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2569/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“ Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, ejecute una campaña nacional contra la desnutrición infantil en los pacientes con bajo peso”.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0999-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/222/2016, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, ejecute una campaña nacional contra la desnutrición infantil en los pacientes con bajo peso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.— Presente.

En relación a oficio SPPS-CAS-0291-2016, referente al punto de acuerdo “La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, ejecute una campaña nacional contra la desnutrición infantil en paciente con bajo peso”.

Me permito informar que le Plan Nacional de Desarrollo (PND) en la estrategia México Incluyente, contempla asegurar una alimentación y nutrición adecuadas de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Derivado de lo anterior, se decretó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, estrategia de inclusión y bienestar social, el cual incluye en su artículo segundo los objetivos:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.

Asimismo, la Secretaría de Salud participa dentro de la Comisión Intersecretarial para lograr conjuntamente dichos objetivos; además, a través del programa Atención a la Salud de la Infancia, con la estrategia de Atención Integrada, se realizan acciones permanentes para la detección, atención y seguimiento de los menores de cinco años de edad con desnutrición.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de enero de 2016.— Doctora Verónica Carrión Falcón (rúbrica), directora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-4-253 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/541/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue hemorrágico transmitido por vector, en dicha entidad federativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2553/2015, de fecha 17 de diciembre de 201S, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0993-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/211/2016, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Firma en ausencia del coordinador de asesores de la SPPS, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud

México, Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la SPPS.— Presente.

Me permito anexar mis comentarios en relación con el oficio SPPS-CAS-0306-20167, el cual hace referencia al oficio UCVPS/211/2016, en donde se informa el punto de acuerdo aprobado por la comisión ordinaria de la Cámara de Senadores, en el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y al gobierno de Morelos, a ejecutar nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.— Doctor Jesús Felipe González Roldán (rúbrica), director general.»

«Comentarios del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Cenaprece, para el punto de acuerdo

En relación con la proposición del punto de acuerdo de fecha 22 de enero del presente año, de la comisión ordinaria de la Cámara de Senadores, en el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y del gobierno de Morelos, a efecto que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa.

Le informo que durante este primer trimestre del año se han intensificado las actividades de prevención y control en Morelos, mediante la implantación de operativos intensivos y sostenidos, adicionalmente, en marzo se llevará a cabo la primera Jornada Nacional de lucha contra el Zika, Dengue y Chikunguya, con acciones coordinadas por los comités intersectoriales, que incluyen campañas de comunicación de riesgos, eliminación de criaderos y control vectorial.

Con respecto a la ejecuciones de nuevas acciones –en la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector–, el estado ha establecido en el plan de trabajo 2016 las siguientes actividades alineadas a lo que indica la normatividad federal.

1. Vigilar de forma permanente el estado de salud de la población por fiebre por dengue y dengue hemorrágico, fiebre hemorrágica por dengue, ante una vigilancia activa epidemiológica con el estudio permanente y dinámico del estado de salud de la población, que tiene como propósito presentar opciones para la toma de decisiones. Desde el punto de vista operativo incluye recopilación, procesamiento y análisis de los daños y riesgos en salud.

2. Notificación oportuna y clasificación de los casos provenientes de centros de salud y hospitales, los cuales estarán siendo capacitados y supervisados para la ejecución de los lineamientos.

3. Detección oportuna realizada por el personal médico y de enfermería de las unidades de primer, , segundo y tercer nivel del sector público, IMSS, ISSSTE, Ssa, Sedena) y del sector privado.

4. Una recopilación activa, mediante la captura de la información en el expediente clínico de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-004-Ssa3-2012, siendo ésta compatible con el estudio epidemiológico de caso por fiebre por dengue, FD, o fiebre hemorrágica por dengue, FHD. En todo caso de probable FD y FHD el personal médico se sujeta a la Guía de Manejo del Dengue no Grave y el Dengue Grave.

5. Notificación oportuna en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica: se realiza el llenado del estudio epidemiológico del caso FD y FHD a todos los casos probables que cumplan con definición operacional (se realice o no toma de muestra de sangre), se notificará dentro de las primeras 24 horas a la jurisdicción sanitaria para que se realice el registro y georeferenciación del caso, en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el módulo de dengue.

6. Notificación oportuna de brotes: en caso de detección de brote se realiza la notificación en el formato de “estudio de brote de dengue”.

7. Muestreo epidemiológico activo: la unidad médica que identificque casos probables de FD y FHD envía a la jurisdicción sanitaria el estudio epidemiológico del caso y la muestra delpaciente con el estudio epidemiológico de caso debidamente requisitado.

8. En la Coordinación Estatal de Vectores, CEV, se revisará diariamente en la plataforma Sinave, el ingeso de los casos probables de FD u de FHD y la emisión de resultados; de forma semanal los lunes se emitirá un Boletín Informativo de Dengue, en donde se reportará el panorama epidemiológico del dengue a nivel nacional, de las entidades, incluyendo los municipios, localidades y edades más afectadas por la enfermedad, así como el porcentaje de notificaciones de las instituciones del sector salud.

9. Capacitaciones permanentes durante 2016, la CEV deberá realizar por lo menos una vez cada semestre cursos de actualización para el personal médico. Los médicos supervisores de Dengue Jurisdiccional Estatal deberán contar con un programa de supervisión para verificar el cumplimiento de los procedimientos de la vigilancia epidemiológica de dengue, descritos en la NOM-017-Ssa2-2012 para la vigilancia epidemiológica. Deberán contar con cédulas de supervisión.

En materia de control vectorial, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades planea, dirige y coordina junto con las entidades federativas, las actividades de control larvario, rociado en caso probable, rociado espacial y vigilancia entomológica con ovitrampas como medidas preventivas para controlar el mosquito trasmisor de dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Dichas medidas se evalúan en Morelos y en caso de detectarse un brote, la Secretaría de Salud federal, a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, realiza operativos con la finalidad incrementar actividades preventivas y de control.

1. Para 2016 se consideró en el plan un universo prioritario de trabajo e296 mil 386 viviendas distribuidas en 193 colonias de 40 localidades, de 19 municipios y 863 mil 86 habitantes a proteger con acciones de control larvario, rociado residual y nebulización (aplicación de insecticida domiciliar y espacios públicos). Como universo de segundo estrato y de menor riesgo se tienen contempladas 81 mil 100viviendas distribuidas en 44 localidades, 24 municipios y 321 mil 807 habitantes a proteger.

2. Planeando muestrear 100 por ciento de las localidades con la vigilancia entomovirológica, esto es, analizar en el vector la presencia del virus del dengue para realizar actividades de control con una manera anticipatoria dirigida y focalizada.

3. Se mantiene activa una vigilancia entomológica del vector a través de la colocación de 4 mil 696 ovitrampas en 40 localidades de riesgo de alta trasmisión de dengue, para dar direccionalidad enlas acciones de control del vector Aedes aegypti y Aedes albopictus.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-4-256, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/540/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita ejecutar acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la segundad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2561/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y Educación Pública del gobierno federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0991-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/214/2016, que refiere:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y Educación Pública del gobierno federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

En respuesta al oficio de número 0294, me permito emitir los comentarios correspondientes Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental con referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2015.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y Educación Pública del gobierno federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.

Comentarios

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, según sus atribuciones, establecidas en el reglamento interior, elabora y participa en la instrumentación de los programas específicos de prevención, atención y rehabilitación de los trastornos mentales.

Dentro del Programa de Acción Especifico Salud Mental (PAE 2012-2018) se considera prioritario actuar para la protección de los aspectos positivos de la salud, fortaleciendo la promoción de la salud-mental, así como las acciones que favorecen la detección oportuna de los trastornos mentales así como el riesgo de suicidio, enfatizando el primer nivel de atención y los servicios no especializados.

El Programa de Acción Específico Salud Mental, contiene en su objetivo 1. Desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y prevención de los trastornos mentales, y como estrategias para este sexenio menciona lo siguiente:

Estrategia. 1.1. Fomentar actitudes que se reflejen en conductas saludables para mantener el bienestar biopsicosocial de la población.

Estrategia 1.2. Desarrollar acciones continuas y permanentes de educación en salud mental dirigidas a población en riesgo para crear una cultura de atención oportuna.

Estrategia 1.3. Favorecer la detección oportuna de trastornos mentales o de la conducta en adultos y adultos mayores.

Estrategia 1.4. Favorecer la detección oportuna de trastornos mentales o de la conducta en niñas, niños y adolescentes en riesgo.

Estrategia 1.5. Fortalecer la prevención y promoción, a través de alianzas con el Sistema Nacional de Salud y otras instancias.

Otra actividad importante es que dentro del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental se encuentra la estructura dentro del primer nivel de atención los Uneme Cisame, que son unidades de atención ambulatoria cuyo énfasis radica en temas de prevención y promoción de la salud mental y que tienen presencia en varios estados de la República Mexicana.

Así pues, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental determina la importancia de las acciones de prevención y promoción de la salud mental a través de la educación, capacitación y atención de la población para que usuarios de estos servicios en específico reciban una atención integral en salud mental con calidad, calidez y gratuidad.

Coincide que para llevar a cabo acciones de prevención es importante establecer comunicación con las instancias pertinentes de la Secretarías de Educación Pública para coordinar esfuerzos y adoptar estrategias para la orientación, capacitación e inclusión de los agentes que pueden coadyuvar en la prevención de riesgo de suicidio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— T.R. Virginia González Torres (rúbrica), secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0265, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2016.DGVP.54 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/2585/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2015, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los titulares de los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Michoacán para que, de manera coordinada, fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país, y de sus demarcaciones territoriales, respectivamente.

Al respecto, le informo que el gobierno de la república ha orquestado con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, con el apoyo de diversas instituciones, programas que apoyan a la mujer para mejorar su entorno laboral y económico, poniendo especial atención en las mujeres rurales por considerarse un sector aún más vulnerable, tutelando en todo momento como un principio esencial garantizar la igualdad sustantiva de circunstancias entre mujeres y hombres.

En este sentido, esta Secretaría de Economía (SE) se suma a esta labor esencial en el desarrollo y promoción de las mujeres, no sólo del sector rural, sino en general de todas las mujeres del país que tengan la intención, de emprender, o en su caso, innovar su entorno laboral mediante diversas acciones específicas, implementando programas con mecanismos para contribuir en su desarrollo y crecimiento.

Actualmente la SE cuenta con distintos programas que tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las zonas rurales del país; entre los cuales destaca el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim).

Dicho programa está enfocado a contribuir, entre otras cosas, a que las mujeres que se encuentran excluidas de los servicios financieros formales dispongan tanto del financiamiento oportuno como de la posibilidad de adquirir las habilidades y conocimientos empresariales para poder desarrollar unidades económicas a través de servicios integrales de microfinanzas.

El enfoque del programa en comento descansa sobre tres ejes principales:

Otorgamiento de microcréditos a la población objetivo con el fin de satisfacer su demanda, a través de las instituciones de microfinanciamiento;

Promoción de acciones de desarrollo de capacidades financieras y empresariales, así como incubaciones para el emprendimiento y consolidación de unidades económicas,

Fortalecimiento de las instituciones de microfinanciamiento y organizaciones para incrementar su competitividad, profesionalización y desempeño social con la finalidad de mejorar los servicios de microfinanzas que brindan a la población objetivo.

Adicionalmente, cabe señalar que tiene como objetivos:

Atender la demanda de microcréditos, a través del otorgamiento de líneas de crédito a las instituciones de microfinanciamiento;

Fomentar las habilidades financieras y empresariales de la población objetivo mediante el desarrollo de estas capacidades e incubación de actividades productivas para incrementar la permanencia de sus unidades económicas;

Contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante el acceso a los servicios de microfinanzas;

Fomentar entre las instituciones de microfinanciamiento las acciones de fortalecimiento institucional y desempeño social con el fin de mejorar y profesionalizar los servicios de microfinanzas que proporcionan a la población objetivo;

Incrementar la cobertura geográfica de los servicios de microfinanzas, especialmente en las zonas prioritarias y de atención especial del programa, para facilitar el acceso de las microempresarias a los servicios de microfinanzas.

Por otro lado, esta SE a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) ofrece distintos programas sujetos a reglas de operación para atender la inquietud en cuestión; como la convocatoria 2.1., denominada “Creación y Fortalecimiento de los Puntos Estatales Mover a México y Fortalecimiento del Programa Mujeres Moviendo a México de la Red de Apoyo al Emprendedor”, que en 2015 aportó un monto de aproximadamente 40 millones de pesos.

Este programa consiste en una red de Centros de Desarrollo Empresarial que fungen como Puntos de la Red Mover a México y que además ofrecen capacitación en habilidades empresariales, asistencia técnica, orientación y servicios a mujeres emprendedoras, potenciando su esfuerzo y fortaleciendo su productividad y competitividad dando una mayor visibilidad al rol que ejerce la mujer en la economía y sociedad mexicana.

De igual manera, la SE ha buscado junto con otros organismos apoyar a las mujeres a fin de impulsar acciones que propicien equidad de género y ventajas competitivas, mediante la firma de convenios de colaboración para promover dichas acciones en conjunto con otras instituciones como lo es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) quien ofrece dentro de su estrategia de apoyo, el programa Pro-Equidad (igualdad de género), que tiene como objetivo apoyar a organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en los ámbitos social, político, económico o cultural y que en 2015 otorgó financiamiento a 383 organizaciones para la realización de 587 proyectos que beneficiaron a más de un millón de mujeres y sus familias.

Finalmente, cabe señalar que los estados de Veracruz, Oaxaca, México, Guerrero y Michoacán se encuentran incluidos dentro de estos programas ya que la mayoría de sus municipios son considerados zonas de atención prioritaria según el “decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para 2016”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0261, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número INMUJERES/PRESIDENCIA/ SE/091/2016 suscrito por la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, así como de su anexo, mediante los cuales responde el acuerdo por el que se exhorta a ese instituto a difundir los avances conseguidos por el grupo Interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este medio y en atención a su oficio número SELAP/300/2867/15, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2015, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres, difunda los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescente.

Por lo anterior y con el fin de dar atención a este punto de acuerdo, me permito enviarle el Informe Ejecutivo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente (ENAPEA) del 2015, que da cuenta de las principales actividades realizadas durante dicho periodo.(1)

Finalmente, hago de su conocimiento que este informe se encontrará disponible en la página del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de este Instituto; asimismo, impulsaremos un acuerdo en la siguiente sesión del Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente (GIPEA), a realizarse el próximo 3 de marzo, para que dicho documento se publique en la página de cada una de las instituciones que forman parte de grupo.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2016.— Licenciada Lorena Cruz Sánchez (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Distinguido vicepresidente:

Reciba por éste medio, un saludo afectuoso del titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo, y atento a sus instrucciones doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-II-1-0267, suscrito por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directica de la Cámara de Diputados, por medio del cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado, a incorporar en sus políticas y programas económicos y agrícolas, la perspectiva de género, con la finalidad mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales, al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

Adjunto encontrará el diverso STYDE/UJ/043/2016, suscrito por el licenciado Amado Velasco Pérez, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en el que da contestación, conforme a lo exhortado, consecuentemente, pido a Usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado en el diverso D.G.P.L. 63-II-1-0267.

Sin otro asunto en particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 10 de febrero de 2016.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Gobierno del Estado.»

«Escudo.— Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Licenciada Elvira Morales Pérez, directora general de Consulta, Normativa y Prospectiva Legislativa.— Presente.

En cumplimiento a su oficio número CJGEO/DGCNPL/DCNB/102-02/2016, de fecha 8 del presente mes y año y relacionado con el oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0267, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y por medio del cual hace de conocimiento el punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado a incorporar en sus políticas y programas económicos y agrícolas, la perspectiva de género, con la finalidad mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales, al respecto informo a usted lo siguiente:

Al alcance a mi oficio número STYDE/UJ/028/2016, de fecha 25 de enero del año en curso, anexo copias de los oficios STYDE/SUB-IyC/004/16, signado por el maestro en ciencias Víctor César Vásquez Bocanegra, subsecretario de Industria Comercio, STYDE/SDE/011/2016, suscrito por la L.C. Ángela Hernández Sibaja, subsecretaria de Desarrollo empresarial ambos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y el oficio IOA/DG/DJ/015/2016, remitido por la licenciada en administración de empresas Gloria Guadalupe Martínez López, directora general del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, en un cuadernillo debidamente certificado, lo anterior en a su oficio antes mencionado, por lo anterior solicito se tenga a esta Dependencia dando cumplimiento a lo solicitado en tiempo y forma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villa deTlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 8 de febrero de 2016.— Licenciado Amado Velasco Pérez (rúbrica), jefe de la Unidad Jurídica.»

«Escudo.— Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Licenciado Amado Velasco Pérez, jefe de la Unidad Jurídica.— Presente.

En atención a su similar número: STyDE/UJ/006/2016 de fecha 5 de enero de 2016, mediante el cual solicita informe respecto de los programas del área a mi cargo que incorporen perspectiva de género, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales, al respecto le informo lo siguiente:

Desde el año 2013, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico ejecuta conjuntamente con Acciona Microenergía México, asociación civil, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el programa de electrificación rural: Luz en Casa Oaxaca, el cual tiene como objetivo facilitar el servicio de energía eléctrica a través de la instalación de pequeños sistemas solares fotovoltaicos a comunidades menores de 100 habitantes que no cuentan con planes de electrificación por redes convencionales.

Por lo que actualmente se cuenta con tres fases del programa y se han beneficiado de manera directa a 14,687 mujeres del estado de Oaxaca, al dotarlas del servicio de energía eléctrica a través de energías renovables, lo cual se traduce en una mejoría en su calidad de vida, así como extensión de su jornada para elaborar acciones productivas, en favor de su economía.

Copias certificadas de oficios referentes a programas con perspectiva de género, mismo que obran en los archivos de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Tlalixtac, Cabrera, Oaxaca, a 7 de enero de 2016.— Maestro en Ciencias Víctor César Vásquez Bocanegra (rúbrica), subsecretario de Industria y Comercio.»

«Escudo.— Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Licenciado Amado Velasco Pérez, jefe de la Unidad Jurídica.— Edificio.

En atención a su oficio número STyDE/UJ/004/2015, en el que solicita se remita información si dentro de los programas que maneja esta dependencia se ha incorporado la perspectiva de género, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan la zonas rurales; de lo cual, me permito informar a usted lo siguiente:

Esta subsecretaría, a través de la Dirección de Desarrollo Pyme, ha operado en los ejercicios 2011 al 2015 los siguientes programas en los que se han beneficiado a mujeres en el estado:

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 8 de enero de 2016.— L.C. Ángela Hernández Sibaja (rúbrica), subsecretaria de Desarrollo Empresarial.»

«Escudo.— Instituto Oaxaceño de las Artesanías.

Licenciado Amado Velasco Pérez, jefe de Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.— Presente.

En atención al oficio número CJGEO/OGCNPL/DCNB/ 4360/2015, en seguimiento al oficio STPEE/G472015/ 1335, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil quince; por el que se exhorta al gobierno del estado a incorporar en sus políticas y programas económicos y agrícolas, la perspectiva de género, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales; ante ello me permito rendir el siguiente informe:

En esta administración bajo la titularidad del señor gobernador Gabino Cué Monteagudo se ha incorporado en todos nuestro progr8masla perspectiva de género, comenzando con nuestro padrón artesanal, el cual está conformado con un 80% de mujeres y un 20% de hombres, por lo que, el beneficio y acceso a los programas federales y estatales es predominantemente con mujeres artesanas, quienes se han hecho merecedoras de maquinaria, créditos blandos, salud ocupacional, participando en concurso regionales, estatales y nacionales, quienes además han sido ganadoras, se han beneficiado con compras de artesanías para la tienda del Instituto, adquisición de artesanías por parte del Fonart, pedidos especiales, se les ha otorgado capacitaciones para mejorar su condición de vida, son preferentes en otorgamiento de stands en expoferias estatales y nacionales, tal como se aprecia, en el soporte documental anexo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 11 de enero de 2016.— Licenciada en Administración de Empresas, Gloria Guadalupe Martínez López (rúbrica), directora general del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías.»

«El que suscribe, licenciado Amado Velasco Pérez, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del estado de Oaxaca, en uso de las facultades que me confiere lo dispuesto por los artículos: 27 fracción V, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, de conformidad con la última reforma mediante decreto número 1386, publicado en el extra del Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre de 2015; y 27, fracción XIII, del Reglamento Interno de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico publicado en el Tomo XCVII del extra del Periódico Oficial del Estado con fecha 10 de abril de 2015:

Certifico

Que el presente cuadernillo de copias fotostáticas, es fiel y exacta reproducción de su original que tuve a la vista y que obra en los archivos de la Unidad Jurídica de ésta Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con el cual cotejé y a la que me remito, y que contiene oficios referentes a programas con perspectiva de género y que consiste en:

1. Oficio STYDE/SUB-IyC/004/16, de fecha 7 de enero de 2016, emitido por el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

2. Oficio STYDE/SDE/011/2016, de fecha 8 de enero de 2016, emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Empresarial de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico.

3. Oficio IOA/DG/DJ/015/2016, de fecha 11 de enero de 2016, emitido por la directora general del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías.

Asimismo que se reproducen en cuatro fojas útiles.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a ocho de febrero del año dos mil dieciseises. Conste.— Licenciado Amado Velasco Pérez (rúbrica), jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del estado de Oaxaca.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Gobierno del Estado de Coahuila.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.— Presente.

Por medio de la presente, dando respuesta al dictamen con punto de acuerdo relativo a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, me permito comentar lo siguiente:

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se integra con el 8% de los recursos señalados en el artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud, con los que debe cubrirse: a) las enfermedades e intervenciones definidas como Gastos Catastróficos por el Consejo de Salubridad General, b) los medicamentos asociados con base a los protocolos técnicos elaborados por el Consejo de Salubridad General, y c) otras aportaciones para el fortalecimiento de la infraestructura física y adquisición de equipamiento de alta tecnología, así como nuevas tecnologías para su acceso o disponibilidad regional que promuevan la referencia y contra referencia.

En relación al Catalogo Universal de los Servicios de Salud, la lista de medicamentos y otros insumos del Causes está basada en el cuadro básico de medicamentos e insumos del sector salud, apegados a las normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica, las intervenciones cubiertas por el Causes en denominación y alcance está alineado con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10).

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para la autorización del mismo.

Atentamente

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 3 de febrero de 2016.— Licenciado Leonardo Jiménez Camacho (rúbrica), director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Subsecretaría del Transporte del Estado de Hidalgo.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo para informar a usted respecto del oficio número DGPL 63-II-6-0462, por medio del cual exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal en materia de movilidad y realizar acciones a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 4, 5, fracción II, y 320 de la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo; y 3 a 7, 15, 16, 44, 66 a 109 y demás aplicables de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo; y 4 Bis, 1, 2, 4, 6 a 9, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 36 fracción I, IV, 44 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, de conformidad con las facultades que las leyes de la materia me confieren, me permito comunicarle lo siguiente:

Dentro de la legislación en materia de transporte se ha creado un área de vigilancia y supervisión, la cual diariamente efectúa operativos de supervisión en los municipios de Hidalgo, con objeto de vigilar y garantizar la seguridad de los usuarios y el estricto respeto de los peatones, así como de los señalamientos y las restricciones de tránsito existentes en cada región.

Cabe destacar la existencia de la línea gratuita 01800 503 2002 y la página web http://stch.hidalgo.gob.mx/ instituidas a fin de recibir y atender las quejas y sugerencias de la ciudadanía en general, lo que nos ha permitido mejorar la prestación adecuada del servicio, privilegiando en todo momento a los habitantes de la entidad.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 24 de febrero de 2016.— Roberto Terán Contreras (rúbrica), subsecretario del Transporte.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente escrito, me permito dar respuesta a su atento exhorto de fecha 3 de febrero de 2016, presentada ante la oficina de la ciudadana gobernadora del estado, en la cual invita a los gobiernos estatales a modernizar su marco jurídico en materia de movilidad y transporte, informándole lo siguiente:

Que esta Dirección General, por conducto de su Dirección Jurídica, se encuentra en el análisis exhaustivo de los diferentes marcos jurídicos a nivel nacional e internacional, que permitan proponer al Legislativo Estatal las adecuaciones a la normatividad vigente, así como la comparación y posible implementación de Políticas Públicas exitosas que permitan adecuar el sistema estatal de transporte a las dinámicas actuales de la entidad.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Hermosillo, Sonora, a 16 de febrero de 2016.— Contador Público Luis Fernando Iribe Murrieta (rúbrica), director general del Transporte en el Estado.»

«Escudo.— Oficina del Ejecutvo Estatal del Estado de Sonora.

Contador Público Luis Fernando Iribe Murrieta, director general del Transporte en el Estado.— Presente.

Adjunto me permito remitir a usted escrito que hizo llegar el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la licenciada Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, donde remite punto de acuerdo:

• Mediante el cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad, realizar acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente los jóvenes.

Al ser un asunto de su competencia, le pido de favor sirva brindarle la atención que corresponda. Agradeciendo, de antemano, nos informar de manera oficial del seguimiento que se dé al mismo, y nos proporcione una copia de la respuesta que se ofrezca al interesado, para informar oportunamente a la ciudadana gobernadora, sobre este particular.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 12 de febrero de 2016.— Licenciada Natalia Rivera Grijalva (rúbrica), jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Sistema DIF del Estado de Baja California.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones de la señora Brenda Ruacho de Vega, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado, y en atención de su oficio número DGPL 63-II-2-252, relacionado con el expediente 890, de fecha 15 de diciembre de 2015, recibido en la procuraduría a mi cargo el 3 de febrero de 2016, mediante el cual hace del conocimiento el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas para que a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y, cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones públicos y los privados dedicados al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.

En función de lo anterior, me permito señalar que este organismo, a través de la procuraduría que represento, y con el apoyo de la Coordinación Estatal de Asistencia Privada, se llevan a cabo inspecciones y visitas de supervisión periódicas a las instituciones de asistencia social privada en el estado, a fin de corroborar su debido funcionamiento, así como las condiciones en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes ingresados, teniendo además la facultad para emitir las observaciones necesarias, a fin de que se mejore el servicio y garantizar con ello la adecuada estancia y desarrollo de éstos, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, así como los dispuesto en los artículos siguientes:

• Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Baja California:

Artículo 100. La Procuraduría de Protección es la autoridad competente para supervisar los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento a las disposiciones antes señaladas.

La Procuraduría de Protección es la autoridad competente para autorizar y registrar a los centros de asistencia social privada destinados a brindar los servicios descritos en el presente capítulo, lo cual se llevará a cabo con base a lo previsto en la ley general, esta ley y la ley especial que regule a estos centros.

Artículo 101. La Procuraduría de Protección se coordinará con la Procuraduría Federal de Protección para formar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Al efecto, la Procuraduría de Protección deberá reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección la actualización de sus registros.

La Procuraduría de Protección será coadyuvante de la Procuraduría Federal de Protección en la supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social expedida por el Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 113 de la ley general.

Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California

Artículo 34. La Procuraduría de Protección a través de la coordinación vigilará e inspeccionará de manera periódica y en cualquier momento de manera extraordinaria cuando lo estime conveniente, el funcionamiento, en cumplimiento de esta ley, de los establecimientos pertenecientes a las instituciones de asistencia social privada, por medio del personal que para tal efecto autorice la propia Procuraduría de Protección.

En el periodo comprendido de noviembre de 2013 a enero de 2016 se realizaron 315 visitas de supervisión, como se muestra en la tabla siguiente:

Asimismo, cabe mencionar que en fecha 17 de abril de 2015 fue publicada la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California, mediante la cual se confiere a esta procuraduría la atribución de otorgar la licencia de operación a las instituciones de asistencia social privada, constituir el registro de dichas instituciones, así como el registro de las niñas, niños y adolescentes ingresados y egresados en ellas, entre otras, según lo establecido en los artículos 8 y 14 de la citada ley.

Además, faculta para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones de las instituciones de asistencia social privada, aplicar las sanciones correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley.

Artículo 38. En caso de incumplimiento por parte de las instrucciones de asistencia social privada de cualquiera de las disposiciones previstas en la presente ley, la Procuraduría de Protección podrá aplicar las siguientes sanciones:

I. Amonestación por escrito: Cuando las instituciones de asistencia social privada incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII del artículo 9 de esta ley;

II. Clausura temporal: Consistente en la suspensión de la operación y funcionamiento de instituciones de asistencia social privada y consecuentemente el retiro de las niñas, niños y adolescentes ingresados en las mismas por un lapso de hasta de seis meses como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las fracciones I, VI, IX y X del artículo 9 de esta ley, así como por la acumulación de tres amonestaciones por escrito en un lapso de un año; y

III. Revocación de licencia: Consistente en la clausura definitiva de la operación de las instituciones de asistencia social privada como consecuencia del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones establecidas en las fracciones XII y XVII del artículo 9 de esta ley, así como por acumulación de dos clausuras temporales en un lapso de tres años.

Cabe señalar que a la fecha nos encontramos en proceso de implantación de la última ley en cita, y se han expedido cuatro licencias de operación a instituciones de asistencia social privada en el estado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Mexicali, Baja California, a 9 de febrero de 2016.— Licenciada Consuelo Luna Pineda (rúbrica), Procuradora para la Defensa de los Menores y la Familia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Sistema DIF del Estado de Jalisco.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Poder Legislativo Federal.— Presente.

Con el gusto de saludarle y en atención de su oficio número DGPL 63-II-2-252, en el cual refiere que en sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2015 aprobó el acuerdo en el cual se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas para que a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones públicos y privados dedicados al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.

Derivado de lo anterior, procedo a hacer de su fino conocimiento que con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta función se llevará a cabo de manera concurrente en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por medio del Departamento de Atención a Centros de Asistencia Social de la Dirección de Atención y Protección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted y quedo a sus atentas órdenes.

Guadalajara, Jalisco, a 4 de febrero de 2016.— Maestra Consuelo del Rosario González Jiménez (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo; asimismo y en atención a su similar No. D.G.P.L.63-I-3-472, referente al exhorto para que esta entidad federativa actualice el Atlas Estatal de Riesgos, me permito comentarle que el gobierno del estado de Querétaro a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y en coordinación con el Servicio Geológico Mexicano y la aplicación de recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales realizó el Atlas Estatal de Riesgos de Querétaro, en el periodo comprendido de 2007 a 2008.

Durante el periodo mencionado se hicieron levantamientos de información relativa a los diferentes peligros a los que está expuesta la población de Querétaro, los elementos con que cuenta el estado y que se puedan utilizar para evitar o minimizar el impacto de esos peligros a la población. Asimismo se geo-referenciaron todos los lugares de concentración masiva en los cuales la vulnerabilidad de la población se acentúa.

Con todo lo anterior se creó una base de datos en un Sistema de Información Geográfica, el cual permite mantener actualizada permanentemente la información y por lo tanto el Atlas Estatal de Riesgos.

La actualización bajo este esquema nos permite disociar la información y actualizar los datos más dinámicos de manera permanente y de manera menos periódica las capas tales como las geológicas cuya evolución es más lenta.

Este Atlas se ha mantenido actualizado en las capas que presentan mayores cambios y así mismo se han realizado actualizaciones menos periódicas en las que no cambian de manera tan frecuente.

Como estrategia adicional, se han realizado convenios con los municipios del Estado para que los mismos apoyen en la actualización de sus demarcaciones, transfiriéndoles su respectivo Atlas municipal bajo esta condición.

Cabe mencionar que en tres ocasiones han sido entregadas versiones del Atlas Estatal de Riesgos al Sistema Nacional de Protección Civil en las fechas listadas a continuación:

- 2 de junio de 2009

- 24 de noviembre de 2011 mediante oficio SSC/DGE/DGR/1936/2011

- 8 de octubre de 2013 mediante oficio SG/UEP/ 00916/13

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2016.— Maestro Gabriel Bastarrachea Vázquez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de dos mil quince, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.(2)

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes de continuar. Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, buenos días, compañeras, compañeros diputados. Solicitarles de la manera más atenta que nuestro compañero mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato del activista hondureña Bertha Cáceres, está en Honduras y peligra su vida.

Queremos proponerles que haya una comisión de diputados, que vaya a ver al compañero Gustavo Castro y que lo traiga de regreso, porque su vida está en peligro. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Ya habíamos sugerido que hicieran desde luego la petición correspondiente, lo presentó la diputada Godoy para que a través de los grupos parlamentarios se pudieran tomar las medidas que así pudieran acordar. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento a los artículos 35, fracción XIX, del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 82, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, me permito presentar el informe de resultados de la gestión 2015 del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través del cual se informan las actividades y resultados alcanzados por el órgano fiscalizador en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.(3)

Sin otro particular, reitero a ustedes la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— El titular del Órgano Interno de Control(rúbrica). Firma en suplencia por ausencia del Titular del Órgano Interno de Control, el licenciado Enrique Ruiz Martínez, director de Responsabilidades y Quejas, en ejercicio de las atribuciones previstas para el Director General de Responsabilidades y Quejas, con fundamento en los artículos 82, primer párrafo, y 88, en correlación con lo señalado en el noveno transitorio del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de septiembre de 2014, en concordancia con la reforma constitucional al 28, párrafo vigésimo, fracción XII, publicada en el DOF el 27 de mayo de 2015.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito entregarle el Cuarto Informe Trimestral de actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual fue aprobado por el pleno de este organismo autónomo, en sesión del pasado 29 de febrero del presente.(4)

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 2016.— Gabriel Contreras Saldívar (rúbrica), comisionado presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

MINUTAS

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo lo. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto CS-LXIII-I-2P-44

Por el que se reforma la fracción V del artículo lo. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo lo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. a IV. ...

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que la competitividad, la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad sean compatibles con la preservación de los ecosistemas;

VI. a X. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrear Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de DecretoCS-LXIII-I-2P-45

Por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y II y el segundo párrafo y se adiciona una fracción III al artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 127. ...

I. Con el equivalente de 20 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente Ley;

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII y XXIV del artículo 122 de la presente ley, y

III. Con el equivalente de 200 a 75000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa la infracción señalada en la fracción III del artículo 122 de la presente ley.

La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrear Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agradecemos y saludamos la presencia en este salón de sesiones, del Excelentísimo señor Omar Mansor, ministro para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui Democrática, así como de su señoría Ahmed Mulay, encargado de negocios en México de esta nación amiga, quienes realizan una visita de cortesía a este Palacio Legislativo. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara. Hacemos votos desde luego por el fortalecimiento de las relaciones, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Gracias.

El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del Día Internacional de la Mujer. Aquí había yo ofrecido que satisficiéramos la petición, obsequiáramos la petición que nos hizo la diputada Delfina en el sentido que pudiéramos guardar un minuto de silencio en honor a las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país en los últimos tiempos.

Les pido que por favor se pongan de pie y atiendan –a los que no lo están haciendo– las indicaciones de la Presidencia para guardar un minuto de silencio en los términos en los que lo hemos expresado.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El día de hoy conmemoramos la lucha de las mujeres por la igualdad de género. También nos congratulamos por la batalla cotidiana de las mujeres mexicanas en general. Desde luego destacamos el trabajo de mis colegas legisladoras por su desempeño y talento, puestos al servicio de México, de todas nuestras compañeras que labora día a día en las diversas áreas de esta Cámara de Diputados, y por supuesto de nuestras amigas de los medios de comunicación. Sin todas ustedes en su conjunto, el Poder Legislativo se desarrollaría bajo otras condiciones. Su entereza, capacidad, inteligencia y desde luego su sonrisa, su entusiasmo y su alegría, dan vida a este órgano legislativo.

Flora Tristán, escritora y pensadora socialista, feminista, francesa de ascendencia peruana, y una de las grandes fundadoras del feminismo moderno, señaló que “todas las desgracias del mundo -decía ella- provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se han hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer” Y nada más cierto que ello.

Por eso conmemorar a la mujer un solo día al año no basta, apenas sirve para hacer una serie de reflexiones sobre lo que con justicia se ha alcanzado y para hacer propuestas para seguir avanzando.

El día de hoy hago, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, un reconocimiento especial a aquellas mujeres que viven en condiciones adversas, a las indígenas de nuestro país, quienes mantienen vigentes nuestras raíces, la cultura ancestral, quienes preservan identidad, costumbre y lenguas originales, pero que desafortunadamente aún no gozan de agua potable en sus casos ni de atención médica accesible y digna ni de escuelas suficientes.

Es nuestra responsabilidad redoblar empeño para mejorar sus condiciones de vida. Lo hecho hasta hoy, aunque ha sido mucho, debemos reconocerlo, sigue siendo insuficiente.

A las miles de madres que desgraciadamente en los últimos años se han visto forzadas a vivir en condiciones de dolor, mi reconocimiento y mi solidaridad hacia ellas, quienes con su lucha diaria e incansable por recuperar lo que les fue arrancado, no reparan, no descansan en la búsqueda de lo más preciado: sus hijos e hijas desaparecidos.

Mención especial merecen las trabajadoras del hogar, a pesar de que en México hay 2 millones de ellas que carecen de normatividad laboral que garantice sus derechos. La lucha de las mujeres ha sido titánica, sin duda alguna en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.

Ahí están, entre otros, el reconocimiento de su derecho a votar y su inclusión en los espacios de la vida y de decisión política, como es aquí en la Cámara de Diputados, donde de forma histórica esta legislatura se conformó con 212 diputadas, el 42 por ciento del totalidad de la Cámara.

En el ámbito legislativo hemos diseñado leyes, instituciones y presupuestos para hacer realidad la igualdad sustantiva y efectiva de las mujeres ante los hombres. Sin embargo, en los hechos, en la práctica –hay que reconocerlo– hay mucho terreno todavía por avanzar, a pesar de que en general las mujeres tienen una mayor escolaridad que los hombres, todavía el acceso a los cargos de mayor nivel, así como a las profesiones y actividades de mayor prestigio social y remuneración siguen siendo ocupadas mayoritariamente por los hombres.

Ellas perciben 46 por ciento menos en su ingreso salarial que en lo que en promedio perciben los hombres. En suma, la desigualdad en México sigue teniendo como principales víctimas a las mujeres, con ello asistimos a la feminización de la pobreza. Su lucha a través del tiempo por alcanzar igualdad de género ha sido consistente, al igual que sus logros al respecto, y por ello es impostergable que transformemos nuestra cultura para, entre otras cosas, erradicar el acoso laboral y sexual y todo signo de injusticia.

Tratar a la mujer como igual, es al mismo tiempo entender al hombre como igual. Diferente, sí, pero no uno más que el otro. Diferentes pero iguales ante la ley y frente a la sociedad.

El Estado mexicano y todas y todos debemos construir nuevas acciones para lograr que las niñas y jóvenes tengan iguales oportunidades de acceso a la educación y a la salud. Tenemos que desarrollar campañas más intensas de prevención de embarazos e implementar acciones más robustas para eliminar la violencia de género.

La igualdad de género en México debe replantearse de una vez y por todas desde todos los ámbitos de la vida en la sociedad y de la vida en los diversos núcleos familiares que conforman una nación diversa y plural como la nuestra.

Finalmente, convoco para que desde de la práctica legislativa todos los grupos parlamentarios sumemos voluntades y fortalezcamos nuestras leyes para poder garantizar en los ámbitos social, político y económico la igualdad sustantiva y efectiva entre hombres y mujeres. Sigamos conmemorando la lucha de las mujeres, que es una lucha de todas y de todos los mexicanos, porque –como diría Mario Benedetti– en la calle –y yo digo que en todos lados– somos, juntos, mucho más que dos. Muchas gracias y felicidades.

Y ahora, en consonancia con el papel que las mujeres aquí en la Cámara de Diputados han logrado adquirir y siendo este un día especial de trabajo aquí, especialmente en la Cámara de Diputados y de Diputadas, me permito dejar la conducción de la asamblea en manos de mis dos compañeras vicepresidentas para que durante toda la sesión, ellas se encarguen de conducirla, acompañadas desde luego por un magnífico equipo de diputadas secretarias que actuarán el día de hoy.

Y nuestros compañeros vicepresidentes simplemente estarán aquí acompañando también la conducción de los trabajos de las vicepresidentas que actuarán en función de presidentas el día de hoy. Adelante, y que todo sea para bien de México. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos: Del Partido Encuentro Social tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este día el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de manera solidaria se une para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrando el progreso del género femenino en el orden personal, educativo, económico, político y cultural.

No podemos entender el mundo en que vivimos sin la participación constante de las mujeres en la vida social y política de todo país. A pesar de las dificultades que aún hoy se presentan este día nos invita a reflexionar en la situación que viven millones de mujeres en el mundo, pero sobre todo es un llamado a la acción para garantizar el respeto a los derechos humanos, sin discriminación ni atropellos contra niñas, adolescentes y mujeres por cuestión de género.

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia, durante siglos la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre, pero con el tiempo las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas actividades, tanto en el mundo del trabajo como en la política.

En la actualidad es habitual encontrar mujeres ejerciendo la presidencia de un país, como Michelle Bachelet en Chile y en su momento Cristina Fernández en Argentina, o dirigiendo el fondo Monetario Internacional, como Christine Lagarde, quien ha sido reelecta a últimas fecha, por nombrar algunos casos.

La preocupación hacia la mujer no debe quedar sólo en el discurso, se requiere una mayor colaboración en todos los ámbitos de la vida nacional. En México hemos visto verdaderos avances en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que pretenden empoderar a la mujer. No obstante ello la discriminación, la violencia física y los abusos sexuales constituyen una forma de violencia de género que no ha logrado ser erradicada, y son estas brechas de ilegalidad social las que no permiten una igualdad de género a plenitud.

El Día Internacional de la Mujeres fue creado en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en 1910, en Copenhague para tratar asuntos laborales, y es a partir de 1917 cuando se establece el día 8 de marzo de cada año, siendo ratificado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 con la intención de honrar la memoria y el testimonio de muchas mujeres que han luchado por mejores condiciones de trabajo y de vida, sin embargo, ningún país puede jactarse de haber erradica la ideología cultural de que las mujeres deben ocupar un lugar social de subordinación en relación a los hombres.

Un crecimiento sostenible en la vida nacional no solo puede explicar si la participación de la mujer en todos los ámbitos, ya que forma parte del progreso integral de toda sociedad y más aún de un país que vive en democracia, como lo es el nuestro. La mujer mexicana exige trascender en la vida cotidiana, donde los procedimientos y el comportamiento de la población en gran medida impiden avanzar en una igualdad sustantiva. No se busca una alternancia de roles, sino el conservar la dignidad y compartir las responsabilidades.

Diputadas y diputados, si bien el marco legislativo se ha enfocado a erradicar la violencia contra las mujeres y su empoderamiento en los ámbitos de los derechos políticos y ciudadanos, los procedimientos para establecer dichas acciones se ven afectadas por diversos factores negativos que imposibilitan un avance sostenible, prueba de ello es la cultura de la exclusión de las mujeres, aún vigente en nuestro país, como un aspecto que de no erradicarse mantendrá una tendencia con graves efectos para las mujeres en el futuro.

Por lo tanto, debemos preocuparnos por legislar a favor de medidas claras en materia laboral, educativa, de seguridad social y, de manera muy específica, en seguridad pública. Esto solo se logra con un gran acuerdo que fortalezca nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y su dignidad.

Hoy es un buen día para reflexionar y actuar con determinación en la defensa de los derechos humanos y en una cultura de igualdad: hombres y mujeres por el mismo trato y las mismas oportunidades. Es cuanto, señora presidenta. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Tiene la palabra, también hasta por cinco minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:La muerte, la violencia, la mutilación y la discriminación siguen siendo la realidad cotidiana de millones de mujeres en el mundo.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la brega por la reivindicación de los derechos de las mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia.

Sin embargo, hasta 1975 la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas consideró necesario realizar una conferencia internacional, donde se definió un plan de acción que incluía la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de cada año.

Hoy, en Nueva Alianza, queremos recordar el valor de cada una de las mujeres, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia o discriminación por motivo de género en nuestro país. Es por ustedes que existe este día y en Nueva Alianza trabajamos decididamente para que estas circunstancias sean erradicadas de una vez por todas.

La celebración del Día Internacional de la Mujer es una forma de conmemorar, no sólo la labor que miles de mujeres hemos realizado para mejorar las condiciones de vida y la paridad de género, sino para hacer conciencia de que aún estamos lejos de lograr una igualdad sustantiva a la que aspiramos y tenemos derecho las mujeres.

Si bien existen cifras que demuestren los avances logrados, la meta de igualdad aún se percibe remota. En Nueva Alianza estamos decididos y comprometidos a cambiar esta situación.

Las y los integrantes de Nueva Alianza somos los principales promotores de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y educativa, así lo hemos demostrado con hechos y con acciones.

Nos congratula formar parte de la legislatura que más se ha acercado a la paridad en la historia de nuestro país, somos el 42 por ciento de quienes integramos esta legislatura. Es una realidad que el porcentaje de mujeres en los parlamentos mundiales se ha duplicado en los últimos 20 años, pero esto sólo significa el 22 por ciento de los parlamentarios en el mundo.

La ONU refiere que el 50 por ciento de las mujeres mayores de 15 años forman parte de la fuerza laboral a nivel mundial, pero ganan en promedio un 24 por ciento menos que los hombres por trabajos similares.

En 2014, sólo el 5 por ciento de las posiciones directivas de las empresas en el mundo estaban ocupadas por mujeres, un dato que nos preocupa, porque perpetúa los estereotipos de género.

Es el hecho de que la presencia de mujeres como sujetos de interés en medios noticiosos, sólo se incrementó un 7 por ciento en 15 años, pasando del 17 por ciento en 1995, al 24 por ciento en 2010.

Aunado a lo anterior está el hecho de que 46 por ciento de los contenidos en medios masivos de comunicación refuerzan los roles de género. Esta circunstancia solo promueve y enfatiza las diferencias entre hombres y mujeres.

La promoción de la mujer como objeto es algo que tenemos que erradicar del imaginario colectivo, ya que perpetúa la percepción de normalidad de la violencia contra las mujeres.

A pesar de que en 1993 se firmó la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres, en la actualidad una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual o física. Y en la mayoría de los casos, por parte de su pareja.

Es necesario poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Eliminar todos los tipos de violencia en los ámbitos público y privado, principalmente la trata y la explotación sexual. Así como erradicar las prácticas nocivas que subyugan a las niñas de México como el matrimonio infantil, precoz o forzado.

Por un planeta 50-50 en el 2030, esa es la meta. Los hombres y las mujeres de Nueva Alianza sabemos que la llave de la igualdad sustantiva es la educación.

Si queremos poner fin a la brecha de desigualdad tenemos que empezar por nosotras mismas. Examinemos nuestras palabras y nuestras actividades cotidianas.

Las niñas no les tienen que servir a los hermanos. Mucho menos deben renunciar a la educación por motivo de su género. La labor es colectiva. Mujeres y hombres unidos sin violencia ni en las relaciones de poder.

La igualdad comienza en casa. Acciones mínimas pueden generar cambios globales. Familia, escuela, sociedad y gobierno podemos contribuir todos los días para lograr el 50-50 para el 2030. ¿Nos ayudan a cambiar las cosas? Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Damos un cordial saludo al grupo de trabajadoras de la Cámara de Diputados presentes en esta sesión, y a quienes les reconocemos el enorme esfuerzo que día a día entregan a esta institución. Sean ustedes bienvenidas.

Tiene la palabra también para hablar con motivo del Día Internacional de la Mujer, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Nos queremos vivas. Este 8 de marzo, como hace 111 años, las mujeres exigen, luchan, desean y aspiran a ser ciudadanas con derechos plenos. Este es un día para recordar la lucha en pro de la igualdad. Es para reflexionar acerca de las condiciones de discriminación que aún persisten y de las alternativas que tenemos para conquistar un mundo más igualitario, en donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Ni flores ni bombones, igualdad de condiciones.

El 8 de marzo es para recordarnos un anhelo elementar que hoy nos parece indiscutible y a veces hasta chocante, pero que aún no se logra y es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Tanto en la vida pública como en la privada podemos ver la persistencia de la discriminación. Para justificar esas desigualdades se ha dicho que las mujeres realizamos las labores domésticas porque lo hacemos mejor, porque lo hacemos por amor a los hijos, para estar cerca de ellos, para cuidarlos, porque somos más sensibles y que por eso estamos ahí.

¿Y dónde están los hombres? ¿Se han preguntado por qué el trabajo doméstico no tiene el mismo reconocimiento social que otras actividades consideradas como productivas? Sobre todo porque la vida pública no sería posible sin las actividades de la vida privada.

La sociedad en su conjunto es responsable de promover valores como la justicia, la igualdad, la no violencia y el respeto. De seguro hay mejores y más educativas formas de convivir con los hijos que viendo a sus madres y hermanas lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar, barrer, trapear y vivir violencia de manera cotidiana en la casa y en la calle.

¿Qué acaso el hombre no se afana en demostrar que él es el apto para el manejo de las máquinas? Entonces, ¿Por qué le temen a la licuadora, a la lavadora, a la plancha, a la estufa, a la secadora, si son máquinas?

El 8 de marzo fue proclamado como un día para el reconocimiento de la lucha por la igualdad y para incentivar mejoras en la vida de las mujeres.

Y como cualquier otro movimiento social libertario, los logros y mejoras se han conquistado gracias a años de lucha y de sacrificio de muchas mujeres. Las 211 que hoy estamos aquí somos producto de las feministas de ayer, de hoy y seguramente de las de mañana.

Muchas veces las mujeres pagaron con su vida esta lucha: encarcelamientos, represiones y hasta burla. Como dice la filósofa Amelia Valcárcel: “Los derechos de las mujeres no son un regalo, sino una conquista”. Y a las mujeres mexicanas y a las mujeres del mundo no nos han regalado nada, lo hemos conquistado.

Este día no es una historia de color de rosa, ni del regalo de una flor. No fue, ni ha sido un proceso alfombrado, exento de riesgos y de esfuerzos, es la historia de una lucha, de un movimiento social y político que tuvo que enfrentar y vencer numerosos obstáculos antes de hacer valer un derecho que hoy nos parece elemental y fundamental.

En México, como en muchos países del mundo, no fue la excepción y pasaron más de 40 años para que se nos reconocieran los derechos políticos. Ahora se han creado centros de estudios, se publican libros, revistas, suplementos, tenemos derecho a subir a esta tribuna, se han creado unidades y comisiones de equidad y género en todos los Poderes.

Los retamos a seguir haciéndolo. Estamos aquí porque somos producto de esa nueva cultura. Hoy hay que preguntarnos, ¿En dónde están los hombres y en dónde los queremos? Pero sobre todo, ellos preguntarse ¿En dónde quieren estar? Esos hombres necesitamos para que fortalezcan los lazos familiares.

Hoy retemos al estereotipo. Quién nos ha dicho que el rosa es debilidad y el azul fortaleza. Hoy queremos que se respeten nuestros derechos como ciudadanas, que se reformen las leyes y códigos que nos discriminan, que cambien la cultura que dice que las mujeres valemos menos que ellos, que la maternidad sea una opción y no una obligación, que la sexualidad sea libre, placentera y sin culpa, que la violencia de género se castigue.

Aspiramos a una paternidad responsable. Al destierro del hostigamiento sexual para acceder y ascender a un empleo. Que se castigue el acoso callejero. Que los partidos reconozcan nuestro derecho a ser electas.

Debo reconocer que tenemos logros, pero hoy les invito a reflexionar para que los efectos dañinos de la discriminación no nos sigan minando como sociedad. Les conmino hoy en esta tarea, se declaren o no feministas, porque la igualdad entre mujeres y hombres es una tarea de todas y de todos.

Un país democrático es aquel que disminuye las brechas de desigualdad. Ese gran reto tenemos. Aspiramos a la igualdad como seres humanos, al reconocimiento de nuestras diferencias.

Hoy, como otros días del año, no queremos que nos feliciten por ser mujeres. Queremos que nos reconozcan nuestros derechos. Lo que se ha conseguido y seguramente lo que se conseguirá mañana solo será posible con la participación y el esfuerzo de mujeres y hombres comprometidos.

Tenemos derecho a la mitad del cielo y la experiencia nos dice que tenemos que conquistarlo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto a integrantes del distrito número 2 del estado de México, invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex. Bienvenidos y bienvenidas.

Ahora tiene también la palabra para hablar con motivo del Día Internacional de la Mujer la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenos días a todos ustedes. Un 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de New York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. En otro lugar distante, en Rusia, las mujeres también protestaban.

Estos hechos, aunados a una historia sangrienta en donde el abuso, la explotación y la impunidad causaron la muerte de 146 mujeres, algunas quemadas y otras muertas porque se arrojaron ante el temor de las llamas, eso nos da pie a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Este día conmemora a las revolucionarias pioneras, a las indignadas, a las migrantes y a las que pedían mayor equidad en la vida conyugal y en la laboral. Son las que demandaban la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder amamantar a sus hijos e hijas.

La fábrica de camisas de New York fue incendiada cuando las trabajadoras se declararon en huelga. A raíz de ese dramático hecho se introdujeron importantes cambios en materia legislativa en las normas de seguridad y salud laboral e industrial, y fue el detonante de la creación del importante Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles, que hasta la fecha luchan por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de este sector.

Estos hechos nos recuerdan cómo estas tragedias han servido para sacar a la luz las múltiples violaciones que se dan en el mundo de trabo, especialmente en los sectores calificados como femeninos.

Fue el 19 de septiembre de 1985 cuando un terremoto sorprende a México. En una zona de la colonia Obrera, en donde se localizaba la mayoría de los talleres de costura en los que en los años 80 trabajaban miles de mujeres, el terremoto destruyó más de 800 talleres, y gran parte de ellos clandestinos, donde miles de mujeres trabajaban sin ningún tipo de prestación social, y más de 40 mil costureras se quedaron sin trabajo y sin derecho a una indemnización.

Muchas costureras murieron porque para evitar robos los jefes cerraron la puerta con llave y no pudieron escapar, muchos edificios que albergaban talleres cayeron al no estar preparados para soportar el peso de la maquinaria de costura y sobre todo de los enormes rollos de tela.

La situación de desprotección en la que se sintieron las costureras, les hizo reaccionar, pues fueron muchas las que observaron cómo sus patrones sacaban antes que a ellas los rollos de tela y las maquinarias, antes que los cadáveres de sus compañeras e incluso antes que a las supervivientes.

Cuentan algunas trabajadoras que adentro estaban las supervivientes gritando que querían agua, y los patrones estaban sacando las telas. Rescataron sus cadáveres hasta 10 u 11 días después.

Así viendo cómo los patrones se llevaban lo único que podía garantizarles cobrar una indemnización, las supervivientes se organizaron en un campamento y no se movieron de la zona durante meses. Aunque se hizo la Unión de Costureras en Lucha y la Coordinadora de Costureras del Centro, siguen operando algunos de los talleres de antaño y en ellos todavía se trabaja bajo condiciones que distan mucho de todo lo que ellas demandaron. Sólo hay que ver la Maquiladora Textil para darnos cuenta de que el sector de las costureras sigue siendo uno de los más precarios.

En Morena conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, reconociendo la lucha de esas mujeres que han tenido muchos logros significativos, aunque recordemos que quedan algunos pendientes.

El trabajo digno, nos falta aún reconocer los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que fueron fundamentales y que hasta la fecha no se han visto. El Convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y el Trato entre Trabajadoras; el 183 sobre la Protección de Maternidad, y el 189 sobre las Trabajadoras del Hogar. Este último se firmó hace 35 años y hasta ahora sigue sin ratificarse. ¿Qué necesitamos que pase otra tragedia para que se tome en cuenta a favor y legislar a favor de las mujeres?

Si bien, Morena reconoce que existen avances sobre la igualdad y equidad de las mujeres, también sabemos que quedan muchos pendientes. Y sabemos y decimos, y a todos aquellos que piensan que asumiendo un actitud de ignorancia ante la violencia sexual que conlleva al feminicidio, si piensan evadir los maltratos y la falta de atención ocultando, disfrazando, desvirtuando las cifras reales, sepan ustedes que lo más triste que sentimos las mujeres, es el negar la realidad.

Una mujer que ha sufrido ha sido víctima, su esposa, su madre, su hermana no puede callar, debe de exigir. Todos aquellos que no dan atención a este tema están equivocados si piensan que se va a callar esta necesidad. Aún existen las voces de las mujeres que luchan día a día por lograr la equidad, la justicia y la igualdad.

El Día Internacional de la Mujer debe ser un momento no para festejar, sino para conmemorar y para reflexionar acerca de los avances logrados, pero también para pedir más cambios, así como celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que dan pie a que han jugado un papel muy importante no solamente en su comunidad, sino en su familia y en su país.

Por ello va mi respeto, mi admiración a las mujeres que luchan día a día por lograr la equidad, la justicia, la igualdad. A todas esas luchadoras sociales que han incidido, precisamente, en esos cambios.

Me congratulo de pertenecer a Morena por ser el primer grupo parlamentario que está integrado por más mujeres que hombres. Es una muestra de que eso es lo que realmente se debe de tener, la vocación de tener un cambio.

Recordemos, y para finalizar, dejo planteado que en Morena no renunciaremos a nuestros derechos ganados, al contrario, vamos por más hasta lograr la igualdad, y que exigimos que no queden impunes todos los casos de las desaparecidas.

Me da mucha vergüenza decirlo, pero el estado de México es uno de los estados que tiene ya mayor número de mujeres violentadas, de mujeres desaparecidas. Un caso es ciudad Neza, Ecapatec es el primer lugar a nivel nacional, debemos de hacer algo mujeres, no podemos quedarnos o permanecer calladas. De verdad me molesta, me duele, y cuando no nos duele un caso social, saben qué, un gobernante que no le duele su gente, que no le duele sus mujeres, no sirve para gobernar. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones de una delegación del grupo de cooperación bilateral de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, encabezada por el señor diputado Yoko Uyianto, quienes sostuvieron una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Sean ustedes bienvenidos. Este cuerpo colegiado les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, de diálogo y cooperación entre nuestras naciones.

Y ahora tiene la palabra la diputada María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada María Ávila Serna:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nacerá una unión entre el hombre y la mujer mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto, la unión magnífica dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente, puesto que poseen riquezas distintas. Victoria Ocampo, escritora argentina.

Han pasado casi 100 años de este anhelo y aún no es realidad, prueba de ello es que para este 2016 ONU-Mujeres ha elegido como tema Por un planeta 50-50 en 2030, demos el paso para la igualdad de género.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México este 8 de marzo tiene una doble connotación: la celebración, por un lado, y el reconocimiento, por otro, de que aún falta mucho por hacer para alcanzar la paridad de género en nuestra sociedad.

Celebramos esta fecha porque al hacer un recorrido histórico desde aquel 1857, cuando 129 mujeres que trabajaban en fábricas textiles de la ciudad de Nueva York pidieron a sus patrones la reducción de la jornada de trabajo a 10 horas e igualdad de condiciones laborales, recibieron como respuesta que estos incendiaran la fábrica con ellas y con sus hijos dentro.

Este trágico acontecimiento nos dio el color violeta como símbolo de la lucha de las mujeres y hoy sigue siendo la antorcha que alumbra la humanidad para alcanzar una sociedad más igualitaria.

En México tenemos nuestros propios faros de luz, nuestras guías, las semillas que nos convierten en cosecha de ese espíritu libertario de las mujeres mexicanas. En el Partido Verde todos los días reconocemos a las mujeres, pero en esta fecha queremos reconocer especialmente a quienes con su trabajo diario, no solamente han marcado el camino a seguir hacia la emancipación de la mujer, sino que también han sido ejemplo de superación y de lucha incansable para conseguir una sociedad igualitaria.

Nuestro país ha sido tierra fértil para lograr acuerdos que doten a las mujeres de espacios para discutir, debatir y establecer objetivos claros en cuanto se refiere a alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Muestra de ello está en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1975 en México, donde se estableció la conmemoración del 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y se conformó por primera vez una agenda universal de género.

En naciones de todo el mundo, al igual que en nuestro país, la lucha de las mujeres en contra de las distinciones, la marginación, la violencia y la desigualdad constituyen páginas extraordinarias de lucha y movilización reflejadas en la organización de eventos orientados a difundir la importancia de las causas de las mujeres. Ejemplo de ello es la celebración del Congreso Feminista en Yucatán, en l916.

Este 2016 estamos conmemorando un centenario de aquel congreso, en que las mujeres mexicanas señalaron públicamente su enérgica posición ante la desigualdad en materia política, siendo el derecho al voto de la mujer en el ámbito estatal y después a nivel nacional, una de sus victorias más significativas.

Hoy, en nuestra Carta Magna se establece que todas y todos somos iguales ante la ley y contamos con los mismos derechos, sin embargo, a pesar de los avances en cuanto a la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales aún queda camino por andar en cuanto al anhelo de contar con más mujeres gobernadoras y algún día la Presidencia de la República sea ocupada por una mujer.

Sobre este punto, nuestra bancada expresa su más amplio reconocimiento a las compañeras diputadas de todos los partidos, que con audacia, esfuerzo y talento participan cotidianamente en la actividad legislativa con el único propósito de servir con lealtad y sentido social a los mexicanos.

Este 8 de marzo representa también una oportunidad para reflexionar sobre lo que nos falta por hacer para saldar la deuda que México tiene con sus mujeres, pues a pesar de muchos y valiosos esfuerzos la situación de la mujer mexicana en cuanto respecta a las oportunidades laborales y el acceso a la educación, la salud y la justicia, sigue sin ser de todo igualitaria.

Es por lo anterior que el gobierno de la república, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha mantenido su compromiso firme y decidido de dar a las mujeres mayores facilidades para alcanzar un desarrollo pleno, a través del otorgamiento de Créditos para Emprendedoras, del Seguro para Madres Jefas de Familia y de una mayor inclusión de las mismas en la política de vivienda de interés social, para que logren hacerse de un patrimonio.

Las y los legisladores del Partido Verde queremos ratificar, este 8 de marzo, nuestro indeclinable compromiso de seguir luchando al lado de las mujeres de México y del mundo, para que más allá de las fronteras nacionales, las diferencias étnicas, lingüísticas, económicas y políticas, las mujeres de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los continentes seamos respetadas, valoradas y tratadas con igualdad, no solo ante la ley, sino en todas las expresiones de la vida. Es cuanto, diputada presidenta y por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Ávila.

Saludamos la presencia de un grupo de alumnos de la Universidad del Valle de México, campus Zapopan, invitados por el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.

Así como damos la bienvenida a alumnos, padres de familia y docentes de la escuela secundaria Celestin Freinet, turno matutino del municipio de Chicoloapan, Estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.

Saludamos también la presencia de alumnos de la Universidad Internacional Jefferson, de Michoacán, invitados por el diputado Alfredo Anaya Orozco. Sean ustedes muy bienvenidos a esta Cámara.

Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:Muchas gracias, presidenta. En el orden del día aparece este espacio como la agenda política que desarrolla este pleno de sesiones, no viene en la parte de efemérides, por lo tanto, voy a entrar en la parte que tiene que ver con la agenda política por dos razones, primero las diputadas que me han antecedido y lo han hecho bien, han planteado qué se festeja este día, qué hay de pendientes, por qué no se debe de festejar y que sí se conmemora.

Y aprovecho una de las intervenciones, cuando se hace el comparativo de lo que da origen a conmemorar este día, que es el suceso es aquella fábrica de Nueva York, con lo que fue el terremoto en el Distrito Federal, porque aquí se mencionó y, efectivamente, muchas mujeres obreras textiles quedaron encerradas en esas fábricas y murieron por negligencia de sus patrones.

Abro el paréntesis para mencionar a Evangelina Corona Cadena, líder de costureras, que aún vive y sigue trabajando. Un saludo para ella y por lo que nos dejó de enseñanza al destapar las cloacas de esta ciudad en ese sistema tan retrasado de trabajo que se tenía y que seguramente se sigue teniendo hoy en día.

Quiero mencionar que cuando se plantea entre festejo y conmemoración pudiese haber un conflicto personal para expresarlo. Sin embargo, creo yo que las mujeres en México hoy en día, frente a lo que ha sido su historia, tenemos mucho qué festejar.

Sí hay mucho qué festejar y para ello me remito a los resultados de lo que mis compañeras han venido exponiendo, no sólo en el ámbito político, sino en los avances que hemos tenido.

Y conmemorar los esfuerzos también significa tener claro los pendientes de la agenda legislativa de esta Cámara. Lo que no se vale es hacer un evento de esta naturaleza sólo para pasar lista en la historia.

Aquí hay temas pendientes, nosotros le llamamos al Ejecutivo y le decimos que hay que avanzar en la paridad, porque nada más hay tres secretarias mujeres en su Gabinete. Y también hablamos a los estados y decimos que hay qué hacer en salud. Y a la Procuraduría General de la República, también en el tema justicia.

Pero no nos hemos decidido a hablarnos a nosotros, esta Cámara no quiere entrarle en serio al tema de la paridad horizontal y vertical. Tiene la Ley Orgánica deficiencias graves, cómo nos organizamos nosotros, cuál es nuestro instrumento, nuestra Ley Orgánica.

Y nuestra Ley Orgánica no queremos tocarla, queremos que siga estando así. Que siga habiendo muchas diputadas, pero que no accedan a las mejores comisiones. Que siga habiendo muchas diputadas, pero que no estén los órganos de gobierno de esta Cámara. Que siga habiendo muchas diputadas, pero que no traspasemos los límites de lo que las feministas han llamado el techo de cristal. Hasta aquí llegas y ya no pasas.

Compañeras, compañeros, a mí me parece que revisar nuestro actuar es una responsabilidad en este día. Sí decir lo que tienen qué hacer los demás, pero también reconocer que hay iniciativas para modificar la Ley Orgánica de nuestro Congreso, en donde se expresa la necesidad de avanzar en la paridad horizontal y vertical.

Reconozco el esfuerzo que ha venido haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha corregido en los procesos electorales para que haya candidatas encabezando los municipios de varios estados de la República.

Reconozco ese esfuerzo y espero el día de mañana reconocer también el esfuerzo de este órgano legislativo para avanzar en los hechos y dejar de tener fechas como estas solo para recordar, como si ya estuviésemos pagadas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Aragón.Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Guadalupe González Suástegui:Buenos días a todos. Con su permiso, señorita presidenta. También saludo con gusto a todos los integrantes de la Mesa Directiva, y por supuesto, a mis compañeros y compañeras diputadas en este día tan especial en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con las Naciones Unidas, en todo el mundo conmemoramos desde hace ya 41 años, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

En nuestro país el principal promotor del derecho al sufragio femenino fue Acción Nacional, quien desde sus inicios reconoce y promueve la trascendente participación política y social de las mexicanas. Todo ello en un marco institucional que garantiza sus derechos, que legitiman una equidad entre hombres y mujeres, y que se incorpora a la doctrina humanista que nos caracteriza.

Como ya lo mencionaba, desde nuestra doctrina las mujeres y hombres reconocen su valor propio para responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas dentro y fuera de la familia en igualdad de derechos y obligaciones.

La igualdad no consiste en ocupar el lugar que les corresponde a los hombres sino como lo expresara una gran panista, Jovita Granados: “Venimos sencillamente a dar lo mejor de nosotras mismas: responsabilidad, honor, perseverancia y todos los valores que encierra el alma femenina para ponerlos al servicio de la patria”. Y ese ha sido nuestro mayor mérito, pues nos hemos brindado al servicio de la igualdad social. Hemos dado grandes pasos para reducir la discriminación y, por supuesto, somos ejemplo de que la tenacidad y fortaleza son el camino para lograr un cambio de raíz en México.

Aceleraremos el paso en la lucha para el reconocimiento de la equidad de género. Tenemos claro qué debemos hacer para conseguir, sin extrañeza y sin asombro de nadie, un papel distinto al de esposa o de madre, si así lo decidimos. Sin embargo, aún no estamos satisfechas puesto que la discriminación y la desigualdad, de acuerdo al Inmujeres e INEGI, la violencia en pareja la ha sufrido más del 47 por ciento de las mujeres mayores de 15 años.

En las localidades, pueblos y comunidades, el 31 por ciento de las mujeres de 15 años y más han padecido agresiones psicológicas, físicas, laborales y sexuales.

Desde este recinto parlamentario, las mujeres de Acción Nacional seguiremos generando conciencia a la ciudadanía para formar una fuerte opinión pública y organizar al pueblo de México. Porque no es posible entender los preceptos de un Estado democrático sin nuestra participación en la toma de decisiones, sin el reconocimiento de la libertad para decidir actuar y pensar en la construcción del bien común y del orden nacional.

En la actualidad las diputadas asumimos el interés por los asuntos de la vida nacional para reducir la violencia económica que dos de cada diez mujeres padecen. Hoy no podemos declararnos satisfechas porque muchas mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre ganan menos que ellos, y peor aún, porque desafortunadamente hay niñas que, por el hecho de serlo, no van a la escuela.

Es indignante que los hogares encabezados por mujeres se encuentren en extrema pobreza, sufran acoso y violencia. Además, es sumamente vergonzoso que en pleno siglo XXI, a casi todas las mujeres de 15 años en adelante les hayan solicitado el certificado de gravidez para trabajar o por embarazarse las tuvieran que despedir, no les fuera renovado su contrato o su sueldo haya disminuido.

En los altos niveles políticos se sigue enfrentando un déficit importante de mujeres, en los cargos de decisión federal, estatal y municipal. De acuerdo con los datos del Inmujeres, solo el nueve por ciento de las presidencias municipales están a cargo de una mujer y únicamente el 29 por ciento y el 38 por ciento de las mujeres son síndicos y regidoras.

Por ejemplo, con el reciente cambio de la Secretaría de Salud, solo quedaron tres mujeres en el Gabinete federal, evidenciando las brechas de género. Como lo constata el Foro Económico Mundial de 2014, que nos ubica en el lugar 80 de 142 países.

En este recinto parlamentario las mujeres ocupamos el 42.4 por ciento de los escaños, pero seguimos en el techo de cristal, porque nuestra presencia aún es marginal en las presidencias de las comisiones.

Por eso hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos pronunciamos por la justa y necesaria igualdad de derechos entre hombres y mujeres para construir una sociedad que viva en el orden y la generosidad.

Como dato, en la Cámara tenemos 288 diputados que podrían y deberían sumarse como agentes de cambio para evitar cualquier signo de violencia en la vida cotidiana, ya sea en la escuela, el trabajo, la casa o la calle. Es la hora de realizar esfuerzos en el legislativo. Erradiquemos una cultura a todas luces cuestionable, de que las mujeres ocupen un lugar de subordinación frente a los hombres. Empecemos por instalar ya, el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Ceameg.

Compañeras y compañeros diputados, es la hora de estar unidas y unidos en la lucha para construir una sociedad donde compartamos por igualdad, posibilidades, derechos y obligaciones. Fijemos acuerdos incluyentes para garantizar a las mujeres sus derechos plenos y se incluyan en nuevas formas democráticas de gobernar.

Finalmente desde esta máxima tribuna agradezco a todas y cada una de las trabajadoras de todos los sectores económicos y sociales su dedicación y esfuerzo en beneficio de la familia y del país. A las mujeres de Guerrero, Baja California, Chiapas y en general a todas las mexicanas.

Agradezco a todas las trabajadoras de la Cámara de Diputados por hacer posible su funcionamiento. A las señoras de la limpieza, las trabajadoras sindicalizadas, las secretarias, asistentes, directivas y diputadas en general, para que estas sesiones sean posibles.

Es momento de comenzar a derribar muros que nos dividen para construir puentes que nos unan. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada González. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Erika Araceli Rodríguez Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández:Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. Medios de comunicación, sociedad civil que nos sigue a través del Canal del Congreso. A todas y a todos.

Por la noche del día de ayer estaba construyendo este documento. Las horas transcurrieron y mi familia, en particular mi madre, me decía: Ya es bastante tarde, Erika, vente a dormir. Mi respuesta fue decirle a mi madre ¿Sabes cuántas mujeres dejaron de dormir, sabes cuántas mujeres dejaron a su familia por construir los derechos que hoy tenemos las mujeres mexicanas?

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, representa año con año la reivindicación del ejercicio de nuestros derechos. No es una concesión, compañeras y compañeros, es la garantía del Estado mexicano de cumplir con los principios plasmados en la Constitución. Derechos indivisibles, inalienables, universales y progresivos. Así los derechos de las mujeres se reconocen, se respetan y se protegen.

Este día conmemoramos un movimiento, una causa de millones de mujeres en el mundo para lograr condiciones, sí, condiciones de igualdad por el reconocimiento de todas las mujeres que han dado su vida por la defensa de nuestra causa, de todas y cada una de las mujeres que seguimos de pie y seguiremos construyendo hasta lograr en la sociedad el alcance de una igualdad.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestra responsabilidad y compromiso con la lucha de las mujeres nos exige hacer un balance objetivo para visibilizar, denunciar que persiste la desigualdad, la pobreza y la marginación contra las mujeres y las niñas. Esta desigualdad de género que se vive todos los días en el ámbito laboral, educativo, en el hogar, la comunidad y en las calles, que se traduce en discriminación y en los diferentes tipos de violencia.

En México hay casi 120 millones de personas; 51.2 por ciento son mujeres, y 48.8 son hombres. Esto no significa que las condiciones de vida sean iguales. Si bien ha habido avances hacia la igualdad de género, existen indicadores que señalan que aún falta un camino por recorrer.

Las mujeres se incorporan en menor proporción al mercado laboral que los hombres. De entre las mujeres de 15 años y más, 43.3 por ciento realizaron una actividad económica y buscaron trabajo. En contraste, 78.2 por ciento de los hombres del mismo grupo de la edad, lo hicieron.

Poco más de la mitad de las personas que ganan hasta un salario mínimo, son mujeres, pero el porcentaje de las mujeres entre las personas que perciben más de cinco salarios mínimos, es tan sólo el 29.2 por ciento, descontando el tiempo dedicado al cuidado de las personas; las mujeres dedican 47 punto por ciento de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres sólo dedican el 17 por ciento.

Únicamente 35.2 por ciento de los puestos directivos de la administración pública en todo el país, son ocupados por mujeres. La deuda de las mujeres mexicanas es todavía muy grande. Frenar la violencia al interior de los hogares, la violencia sexual, la violencia política, el feminicidio en cada territorio de la nación. La responsabilidad política de los gobiernos para concretar políticas públicas que impulsen el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, como una de las estrategias para eliminar la violencia sistemática; es decir, lograr la autonomía de mujeres y garantizar la sostenibilidad en su bolsillo.

El compromiso de los gobiernos y de los partidos políticos es respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos a ocupar cargos de elección popular.

La paridad no es suficiente, se requiere paridad horizontal, y eso significa que los gobiernos locales incluyan de manera transversal la igualdad de género. Para las mujeres y el acceso a la justicia parece inalcanzable, los pendientes continúan en la aplicación correcta de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia.

Desde esta soberanía las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad como garantes de la protección de los derechos humanos y de la igualdad entre mujeres y hombres, compromiso que se demuestra día a día con la elaboración de leyes y políticas públicas incluyentes, con el enfoque y la perspectiva de género.

En este contexto es importante resaltar y visibilizar los avances de la agenda de las mujeres que ha impulsado el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, trabajando para que México cumpla como un estado garante del ejercicio de los derechos con el fin de eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Diputadas y diputados, aliadas y aliados en la construcción de la igualdad de género de esta LXIII Legislatura, la legislatura más cercana a la paridad con el 42.5 por ciento. Hoy conmemoramos un 8 de marzo con una legislatura que aprobó un presupuesto con enfoque de género transversal en todos sus ramos presupuestarios, comprometiendo así a los tres órdenes de gobierno a etiquetar recursos destinados para resolver las desigualdades que viven las mujeres.

Esta es la legislatura que cuenta con una maestría en género y derechos, impartida por la Universidad Autónoma de México dirigida a las diputadas y los diputados para fortalecernos, profesionalizarnos a legislar con perspectiva de género. También se han presentado diversas iniciativas que buscan hacer realidad la igualdad de oportunidades y el acceso a las mujeres y las niñas a todos los beneficios del desarrollo, el acceso a una vida libre de violencia y el empoderamiento económico. No solo es un discurso del 8 de marzo, son acciones que deben emprender todos los días por lograr una igualdad sustantiva, una igualdad por resultados.

En el Grupo Parlamentario del PRI ratificamos nuestro compromiso absoluto de trabajar sin descanso sin tregua en la agenda de las mujeres y las niñas por una sociedad con igualdad, por una sociedad a la que aspiramos todas y todos. Es cuanto, señor presidente. No. Es cuanto, compañera. Muchísimas gracias. Señora presidenta. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Muchas gracias. Felicidades.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Y continuando con el orden del día vamos a pasar al capítulo de iniciativas. Por lo tanto, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Yarith Tannos Cruz:Con su permiso, presidenta Bárbara Botello. Nosotros conformamos la primera legislatura donde la igualdad sustantiva es una realidad. Somos el séptimo país del mundo con mayor número de mujeres en la Cámara de Diputados.

Es por ello que es mayor el compromiso que tenemos de legislar para que los actos contra la violencia contra las mujeres no queden impunes. Tenemos la obligación de legislar para que nuestro Estado mexicano garantice la protección efectiva contra las víctimas, de legislar para que en nuestro país no vuelva a haber ninguna mujer maltratada.

Y, como dijo Indira Gandhi, la mujer necesita sentirse libre; y no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y en su personalidad. Reconocemos el reto de erradicar la violencia contra las mujeres.

En nuestro país 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, y de acuerdo al Inegi y a Inmujeres, el 29 por ciento ha sufrido agresiones físicas, el 16 por ciento agresiones sexuales y el 47 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja.

Ésta es la realidad en la que vivimos más de 61 millones de mexicanas, por ello es urgente que en México podamos consolidar la igualdad entre los hombres y las mujeres, la igualdad para vivir sin discriminación, la igualdad para vivir sin violencia.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI queremos un México donde mujeres y hombres tengamos acceso a las mismas oportunidades y que por igual podamos construir la grandeza de nuestro México.

En el marco del Día Internacional de la Mujer nos corresponde a nosotros los diputados apoyar y beneficiar a las mexicanas. De qué se trata, de garantizar la protección inmediata y el tiempo que sea necesario de las víctimas violentadas, de obligar a las autoridades para que de forma rápida den las órdenes de protección a la mujer para certificar su seguridad; de garantizar que estas medidas puedan mantenerse y ampliarse el tiempo que sea necesario para proteger a la mujer. En pocas palabras, se trata de promover acciones que puedan generar un cambio cultural y que nos den paso a la igualdad entre los hombres y las mujeres.

Compañeras y compañeros diputados, la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres es tarea de todos y en esta lucha no hay cabida para la diferencia por colores partidistas. Confío en su voto a favor de la mujer, en su voto a favor de la igualdad sustantiva de género y del respeto irrestricto de la dignidad y los derechos humanos de todas y cada una de las mexicanas. Concluyo como dijo Ban Ki-moon: La igualdad de la mujer es progreso para todos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yarith Tannos Cruz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de reducir la temporalidad de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma violencia de género y garantizar una adecuada protección a las víctimas de este delito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), presentó el “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres” donde se analiza la incidencia y gravedad de actos violentos contra mujeres de cualquier edad, condición social y étnica, en los espacios públicos, laborales, escolares e institucionales, este estudio permite explicar el fenómeno cíclico de la violencia por género en su carácter contextual, procesal y de los actores involucrados en las hechos de violencia.

El estudio señala que a partir del año 2008, en el contexto de inseguridad y violencia que vivía el país, las tasas de homicidio a mujeres han aumentado de manera abrupta. El 40% de las muertes por homicidio en mujeres durante la última década se presentó en los últimos tres años. Es decir, la tasa estandarizada de homicidios de mujeres durante 2012 fue más del doble que la registrada en 2007, pasando de 2.03 homicidios por cada 100 mil mujeres a 4.37 homicidios por cada 100 mil mujeres.

La violencia hacia las mujeres es un fenómeno tan complejo como multidimensional que nos afecta a todos los mexicanos. Aproximadamente el 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por lo menos una vez en su vida y debido a la lamentable cultura de impunidad en nuestro país, la gran mayoría de ellas lo mantiene en secreto y vive bajo la sombra del miedo.

La violencia por razón de género es una de las formas de discriminación más persistentes y arraigadas desafortunadamente en nuestro país y a la cual se debemos tener tolerancia cero. La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas.

Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por sociedades civiles y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales, sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas. Asimismo, falta legislar para prevenir la violencia, más cuando ésta ocurre y a menudo queda impune.

Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida.

Se estima que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres asesinadas en 2012, el autor de la agresión fue un familiar o un compañero sentimental, frente a menos del 6 por ciento de hombres asesinados ese mismo año.

En la mayoría de países donde existen datos, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Entre las mujeres que lo hacen, la mayoría recurre a la familia y a amigas y amigos y muy pocas confían en instituciones y mecanismos oficiales, como la policía o los servicios de salud. Menos del 10 por ciento de aquellas mujeres que buscaron ayuda tras haber sufrido un acto de violencia lo hicieron recurriendo a la policía.

Al menos 119 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica, 125 tienen leyes sobre el acoso sexual y 52 tienen leyes sobre la violación conyugal. Sin embargo, actualmente la ley no garantiza de manera adecuada a las mujeres víctimas de este delito, ya que, se les expone en la mayoría de los casos al agresor incluso posteriormente a la denuncia realizada, por lo que se debe buscar fortalecer la legislación en esta materia a fin de garantizar una mayor protección a las mujeres víctimas de este delito, respetando los estándares y las recomendaciones internacionales.

Debemos buscar desde los tres órdenes de gobierno el sumar acciones para conseguir un país basado en la igualdad, equidad y respeto hacia las mujeres y en general hacia todas las personas, debemos de buscar desde cada una de nuestras trincheras erradicar la violencia que sufren actualmente millones de niñas y mujeres en nuestro país.

Es por esta razón y en busca de sensibilizar y unir esfuerzos en todo nuestro país para acabar con este terrible mal, que el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la violencia hacia la mujer en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. Dicha fecha adquirió carácter oficial cuando en 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución del Día Internacional de la eliminación de violencia contra la mujer.

Asimismo, el 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunado a que contempla los distintos tipos de violencia contra las mujeres, busca combatirlas, establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno, para garantizar y proteger los derechos de las mujeres para vivir libres de violencia.

Posteriormente, en el año 2011, aunado a la igualdad jurídica que ya se establecía se aprueba y publica, la reforma constitucional más importante en materia de derechos humanos, que establece desde artículo primero, la garantía a todas las personas de gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

Para mayor abundamiento es importante señalar, que en la normatividad tanto nacional como internacional, relacionada con la protección a la mujer cuyo objetivo es erradicar la violencia, se menciona a continuación, algunos de ellos en nuestro marco jurídico:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 1o.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o.La Nación Mexicana es única e indivisible.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VIII.Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres,la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Artículo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

...”

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

“...

Artículo 26.-El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos:

III.Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, y

Artículo 37.-Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional:

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional:

III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

IX. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres, y

X. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

...”

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

“...

De las órdenes de protección

Artículo 27.-Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicaciónen función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Artículo 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

Artículo 30.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio, y

Artículo 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración:

I. El riesgo o peligro existente;

A nivel internacional, se encuentran contemplados estos derechos en materia deigualdad de género y violencia contra las mujeres

...”

A nivel internacional, diversos instrumentos internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano mencionan la protección hacia las mujeres, por lo que de acuerdo a la exposición de motivos de la presente iniciativa se menciona de manera general y breve, los siguientes:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

“...

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

...”

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

Convención de Belém do Pará

“...

Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. el derecho a no ser sometida a torturas;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h. el derecho a libertad de asociación;

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

Mecanismos Interamericanos de Protección

Artículo 10 Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.

Artículo 13. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 14 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.

...”

Comisión Interamericana de Mujeres

Declaración de San José sobre el Empoderamiento Económico y Político de las Mujeres de las Américas

“...

En el ámbito de Violencia y Seguridad Ciudadana

1. Instar a los Estados para que asignen a los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el efectivo cumplimiento de los planes y programas nacionales encargados de la erradicación de todas las formas de violencia basada en género; así como de la protección y atención de las mujeres objeto de violencia en el marco de las políticas de seguridad ciudadana.

9. Promover la protección de las mujeres en situación de migración y de aquellas que viven en zonas de frontera.

En el ámbito de Participación Política

17. Promover la protección social para las mujeres que realizan trabajos en el sector informal, trabajo doméstico no remunerado y labores de cuidado.

...”

Declaración Universal de Derechos Humanos

“...

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 16

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedady del Estado.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

...”

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

“...

Artículo 2.

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

Artículo 4.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Artículo 11.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

...”

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

“...

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

d) El derecho a igual protección ante la ley;

Artículo 4

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la p rotección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer;

...”

Por último, de acuerdo con diversos criterios internacionales la orden de protección debe durar el tiempo que la mujer víctima de violencia esté en riesgo, como a continuación se mencionan:

• Recomendaciones al gobierno mexicano del Comité de Expertas de la CEDAW. Periodo de sesiones 52 (9 a 27 de junio de 2012).

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Naturaleza y especificidades de los pronunciamientos.

• Medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se incorporan de manera automática al ordenamiento.

• Medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Autoridades encargadas de la ejecución.

• Medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alcance de obligaciones de autoridades encargadas de la ejecución.

• Medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alcance de la protección que debe brindar el Estado.

• Acción de tutela y medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• Medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deber de garantía de entidades estatales y alcance de las obligaciones.

• Derecho a la seguridad personal. Alcance.

• Protección de personas en condiciones especiales de riesgo/sujetos de especial protección constitucional. Deberes mínimos de las autoridades estatales.

Asimismo, en el año 2012, el Comité de la CEDAW recomendó al Estado mexicano “acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo”.

Con la presente reforma al artículo 28 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia se garantizara el verdadero carácter de “emergente” de las órdenes de protección, la presente iniciativa busca acelerar la protección urgente de la mujer víctima de violencia.

Ya que como sabemos, de acuerdo al tiempo establecido actualmente en el artículo 28 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, éste procedimiento coloca a la mujer víctima de violencia en un estado de vulnerabilidad aún mayor, porque con la denuncia se eleva el riesgo de que se presenten nuevamente agresiones y de acuerdo al tiempo establecido de 72 horas actualmente resulta demasiado amplio dejando a la víctima demasiado expuesta con el agresor, por ello la mayoría de las veces las mujeres víctimas de violencia se resisten a denunciar y se puede entender considerando el lapso de tiempo que actualmente se encuentra establecido en la presente ley de actuación de las autoridades.

El objetivo de la presente iniciativa, es reducir la temporalidad de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma violencia de género, que el lapso de 72 horas sea reducido a 24 horas en las órdenes de protección de emergencia y preventivas y que deberán expedirse dentro de las 6 horas en vez de las 8 que actualmente establece el articulado, siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, esto a fin de dar protección de forma urgente a las mujeres víctimas de violencia, a efecto de fortalecer la eficacia de la ley y la actuación de las autoridades competentes y no exponer a la víctima más tiempo.

Es entonces, que para dar mayor protección y certidumbre jurídica a las mujeres víctimas de violencia, es importante reducir la temporalidad de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma violencia de género en la presente legislación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se reforma el artículo 28, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28.-...

I...

II....

III....

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad de 72horas y deberán expedirse máximo dentro de las 6horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Su duración podrá ampliarse y mantenerse el tiempo que sea necesario para proteger a la víctima hasta que deje de estar expuesta al riesgo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, p. 2. Para obtener información individual por países, véase The World’s Women 2015, Trends and Statistics, capítulo 6, Violence against Women, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015.

2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014). Global Study on Homicide 2013, p. 14.

3 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015). The World’s Women 2015, Trends and Statistics, p. 159.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Yarith Tannos Cruz,Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alma Carolina Viggiano Austria, Ana María Boone Godoy, Beatriz Vélez Núñez, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Federico Quinto Guillén, Erik Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyn Parra Álvarez, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, José Luis Sáenz Soto, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Karen Orney Ramírez Peralta, Kathia María Bolio Pinelo, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Verónica Muñoz Parra, Ramón Bañales Arambula, Ricardo David García Portilla, Timoteo Villa Ramírez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su dictamen.

Damos la más cordial de las bienvenidas a los alumnos de la escuela primaria Voceadores de México, turno matutino, invitados por nuestro vicepresidente, el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Deseamos que sea de gran utilidad su visita a este recinto para su formación cívica. Bienvenidos y bienvenidas.

Nos acompaña también un grupo de líderes de Puebla, también invitados por la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, por favor.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Con la venia de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, el Día Internacional de la Mujer es mucho más que un festejo, es la renovación de un compromiso compartido con la justicia y con la igualdad de oportunidades, porque ante la complejidad de los desafíos de nuestro tiempo México requiere del talento, México requiere de la acción en igualdad de sus mujeres y de sus hombres, pues cada uno aporta perspectiva que enriquece definitivamente a la República.

Hoy nuestra nación y nuestra democracia nos necesitan en equipo, nos necesitan en equidad, nos necesitan en paridad. Mujeres y hombres, no como rivales, sino como aliados, a quienes nos une la tarea permanente del bien común.

En torno a este día, seguramente como cada año, escucharemos espléndidos mensajes resaltando lo valioso del trabajo de la mujer, escucharemos seguramente mensajes en diferentes instancias de la administración reconociendo el aporte de la mujer en todos los campos de la vida del país y observaremos, seguramente también, signos intentando reflejar el compromiso de todos con la igualdad, con el empoderamiento, con el respeto a los derechos de las mujeres. Signos definitivamente todos muy valiosos. Pero de poco o de nada sirven esos signos, si no van acompañados de acciones, si están carentes de significado, si están carentes de propuestas específicas que ayuden a que la mujer siga avanzando.

El tema elegido por la ONU para este Día Internacional de la Mujer es por un planeta 50-50 para el 2030. No nos esperemos al 2029 para forzar y para estar a la carrera legislando, para poder alcanzar esta meta.

Yo considero una forma muy concreta de avanzar en esta agenda, es reformando nuestra Carta Magna, a efecto de que los nombramientos que hacen el presidente de la república, los gobernadores y los presidentes municipales observen el principio de paridad e igualdad entre mujeres y hombres.

Hoy por hoy, el establecimiento de la paridad entre mujeres y hombres es una medida estratégica e indispensable al frente de la evidente subrepresentación de las mujeres en los órganos de decisión política, en los gabinetes de la administración pública, como aquí ya lo han mencionado varias compañeras.

Vale la pena resaltar que países como Ecuador, como Bolivia, como Costa Rica ya han dado pasos importantes estableciendo la paridad en sus marcos jurídicos. Debemos impulsar la paridad y que esta sea considerada como un principio constitucional en la conformación de los gabinetes de los tres órdenes de gobierno, ¿Para qué? Para dar paso a una verdadera representatividad, salvo el caso de las dependencias señaladas en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII del primer párrafo de esta Constitución.

Es la continuación entonces, de un largo camino hacia la plena participación política de las mujeres. Este camino que comenzó hace más de 72 años, con el reconocimiento de nuestro derecho al voto. Este camino en el que hemos perseverado contra viento y marea, con logros como la iniciativa conocida como la Ley Antijuanitas, que presenté en la LXI Legislatura, en la segunda sesión ordinaria, para respetar el derecho y el espacio de las mujeres, y que hoy ya es una realidad.

Debemos entonces estar orgullosos de lo que hemos avanzado juntos, pero también hay que estar conscientes de lo que nos falta por hacer y de que la paridad entre mujeres y hombres es mucho más allá de un tema de género, es de sentido común y hay que saber que sus beneficios son para todos.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito entonces, en este día, a que asumamos juntos el compromiso, a que asumamos juntos la gran oportunidad de dar el siguiente paso a esa transformaci8ón de las instituciones.

Que asumamos ese compromiso de consolidar la paridad entre mujeres y hombres como un triunfo fundamental de la democracia mexicana.

Sigamos construyendo a México, sigamos construyéndolo con responsabilidad. Sumando a hombres y a mujeres en la tarea de gobierno y con equidad, que se traduce siempre en justicia, en la solidaridad que integra los talentos de todos los ciudadanos.

Por eso, compañeras y compañeros, por el bien de nuestras familias, por el futuro de nuestras comunidades y por la grandeza de nuestra nación los exhorto a sumarse a esta iniciativa para lograr una real transformación. Gracias por su atención. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, fracción II, 115, fracción I y VIII, 116, fracción IV, incisos a) y b); así como 122 en su Base Segunda, fracción II, inciso d); de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Aun cuando se pueden reconocer avances en la incorporación de las mujeres a la vida pública del país, debemos señalar que su política se sigue dando en un contexto adverso y dentro de una cultura política machista y no pocas veces discriminatoria, que en muchos casos aún considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres. Es por ello que debemos impulsar que la paridad sea considerado un principio constitucional no sólo en la integración de las candidaturas, sino también en la conformación de gabinetes en los tres órdenes de gobierno para dar paso a una verdadera representatividad de género.

La resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, establece que “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.

En nuestro país, aunque no hemos alcanzado la meta de la paridad, los resultados del proceso electoral de 2015 muestran un avance significativo en la integración de más mujeres dentro de los órganos legislativos federales y locales, así como en la integración de los ayuntamientos. Esto, en buena medida, ha sido consecuencia de acciones afirmativas que en materia de legislación electoral se han concretado.

Tomando en consideración que este tipo de políticas encuentran mayores resistencias en localidades cuya población no es lo suficientemente numerosa; se establece en la presente iniciativa que el criterio de paridad entre mujeres y hombres en la integración de gabinetes, solo tendrá carácter de obligatorio en municipios coya población rebase los 100 mil habitantes. Así, y según las cifras del Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2010, serían sólo unos 117 de los 2 mil 457 municipios los obligados a observar esta disposición.

Recordemos que solo en el presente año, se estarán renovando 12 Gubernaturas y 548 Ayuntamientos, de los cuales 29 cuentan con una población superior a los 100,000 habitantes; si esas administraciones observaran la paridad en la integración de sus gabinetes de primer nivel, estaríamos garantizando la incorporación de más de 200 funcionarias en los órganos de decisión política del país.

Argumentación

La reforma a la Carta Magna en 2014, que incorporó en el artículo 41 la obligación de los partidos de garantizar la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local, representó sin duda un parte aguas, que estableció las bases para continuar con el desarrollo progresivo de los derechos políticos de las mujeres.

Hoy por hoy, el establecimiento de la paridad entre mujeres y hombres es una medida estratégica e indispensable frente a la evidente sub-representación de las mujeres en los órganos de decisión política, así como para cumplir con la obligación estatal de generar las condiciones para que el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres, sean una realidad.

Vale la pena resaltar que países como Ecuador, Bolivia, Costa Rica y han dado pasos importantes, estableciendo la paridad en sus marcos jurídicos.

Así, en Ecuador se define a la proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, la paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres; como principios de su sistema electoral, y se establece la paridad en la integración de diversas instancias, tales como Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, la elección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, en la conformación del Consejo de la Judicatura y en la designación de servidoras y servidores judiciales.

El artículo 278 constitucional de Bolivia, determina que en la elección de asambleístas departamentales deberá observarse la paridad y alternancia de género.

En Costa Rica se establece la paridad en las estructuras internas de los partidos políticos, en las papeletas electorales y en el acceso a capacitación. También se establece el principio de alternancia y se señala que cuando existan números impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

En el orden internacional, México ha firmado diversos tratados internacionales; tal es el caso de del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 y 3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículo 3), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 3, 4.1, 7.a) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículos 3, 5, 6 y 7.e).

Como parte de los compromisos asumidos en la suscripción de dichos instrumentos, nuestro país tiene el deber de presentar informes periódicos que den cuenta de las acciones y políticas que se han implantado al respecto.

El proceso electoral de 2015 generó un impacto positivo en la integración de más mujeres dentro de los órganos legislativos tanto en el ámbito federal como local, pero no se ha logrado alcanzar la paridad en la composición final de dichos órganos. Es por ello que resulta pertinente ajustar la instrumentalización de la paridad y, como un acto de congruencia, hacerla extensiva para la integración de órganos administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos.

Finalmente, es fundamental destacar que a las reformas constitucionales y legales encaminadas al reconocimiento y aplicación de la paridad, deben sumársele un conjunto de políticas y medidas administrativas que generen las condiciones necesarias para que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en plena igualdad, en un ambiente libre de violencia y de discriminación.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 89 fracción II, 115 fracción I y VIII, 116 fracción IV incisos a) y b); así como 122 en su Base Segunda, fracción II, inciso d); de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. ...

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

Los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior deberán observar el principio de paridad entre mujeres y hombres, salvo el caso de los servidores públicos de las dependencias señaladas en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de esta Constitución, que se sujetarán a los servicios de carrera señalados en la legislación correspondiente, misma que incentivará la participación igualitaria entre hombres y mujeres.

...

...

Artículo 115. ...

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine ; en aquellos municipios cuya población sea superior a 100 mil habitantes, tanto en la integración del ayuntamiento como en la del área ejecutiva de primer nivel de la administración municipal, deberá observarse el principio de paridad entre mujeres y hombres. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

...

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional y el principio de paridad entre mujeres y hombres en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. El titular del Ejecutivo podrá nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho o equivalentes observando el principio de paridad entre mujeres y hombres, así como a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes.

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; la postulación de candidaturas se realice conforme al principio de paridad entre mujeres y hombres, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, paridad entre mujeres y hombres y objetividad;

...

Artículo 122. ...

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia...

Base Segunda. ...

...

II. El jefe de gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

...

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes, ajustándose para ello al principio de paridad entre mujeres y hombres;

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas contarán con el plazo de un año para reformar las leyes correspondientes. Las legislaturas de las entidades federativas deberán establecer los mecanismos para cumplir este fin.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Bejos Nicolás, Ana María Boone Godoy, Angélica Moya Marín, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Beatriz Vélez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Cándido Ochoa Rojas, Cecilia Guadalupe Soto González, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloisa Chavarrias Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Pérez Rodríguez, Erik Juárez Blanquet, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Evelyn Parra Álvarez, Flor Estela Rentería Medina, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Karen Orney Ramírez Peralta, Kathia María Bolio Pinelo, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, María Concepción Valdés Ramírez, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eugenia Ocampo Bedolla, María García Pérez, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Verónica Muñoz Parra, Mariana Arámbula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputada Cecilia Soto, ¿Con qué objeto? Sonido, por favor en la curul.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Felicitar a la diputada que acaba de pasar. Diputada, la felicito por su iniciativa. Le pido si me permite adherirme a ella. Creo que es muy importante que el gobierno de la República sea congruente con la norma mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante. Si gusta suscribirla, queda aquí a su disposición en la Secretaría.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra también, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián para presentar en una sola intervención dos iniciativas. La diputada pertenece al Grupo Parlamentario del PRD y presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo 9 al libro segundo, título octavo del Código Penal Federal. Y también presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 105, y deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal. Adelante, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián:Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, presentaremos ante este pleno dos iniciativas que tienen que ver con la impartición y acceso a la justicia para las mujeres.

Hoy, Día Internacional de la Mujer, en esta Cámara de Diputados no solo debemos escuchar discursos. Por ejemplo, tenemos la obligación de presentar acciones claras y contundentes.

Por ejemplo, llamando a prohibir el matrimonio entre menores de edad, son niñas, no esposas. Condenando los feminicidios en todo el país. Garantizando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, además de tipificar la violencia política y la violencia obstétrica, entre otros. Pero también, compañeras y compañeros, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa; por eso llamo también a revisar cuántas mujeres están como mandos medios y superiores en nuestra estructura administrativa.

Hay aproximadamente 5 mil trabajadoras y trabajadores en esta Cámara de Diputados. ¿Cuántas son las que tienen mayores oportunidades de acceso al servicio parlamentario de carrera? ¿Quiénes tienen la posibilidad de acudir a alguna instancia para denunciar hostigamiento o acoso sexual o la violencia laboral? Tenemos que predicar con el ejemplo.

Invito también a esta Cámara a abordar dos temas de vital importancia para el acceso a la justicia de las mujeres. El primero de ellos es sobre la violación que se da a la intimidad sin el consentimiento de las personas, que ha sido un tema recurrente debido a la proliferación de las redes sociales, causando desprestigio de personas a través de los medios electrónicos.

La imagen íntima de una persona puede difundirse por cientos de cibernautas en un minuto, ya sea a través de la exposición en redes sociales o mediante servicios de mensajería de celular con una foto o un video.

En México, a diferencia de otros países, no está tipificado como delito la difusión sin autorización de imágenes y videos sexuales de terceras personas. Se ha convertido en una constante que las múltiples víctimas de este delito no perciban avances en las investigaciones de sus denuncias. Las personas que son objeto de esa violación a su intimidad ven afectado su prestigio laboral, su entorno social y hasta su seguridad.

En México tenemos casos muy lamentables como la denominada Lady Oxxo, que acudió a las autoridades a solicitar ayuda porque su expareja la estaba extorsionando a cambio de no seguir publicando videos de ella con contenido sexual. O el asesinato de una mujer de 30 años en la entrada de su trabajo a manos de su exnovio, quien había publicado imágenes de ella desnuda en el Facebook.

En este sentido, proponemos adicionar un capítulo al Código Penal donde se contemple como delito la violación a la intimidad y se sancione de dos a nueve años de prisión a quien, sin el consentimiento expreso de una persona publique, divulgue, circule, imprima, transmita o publicite videograbaciones, audiograbaciones o imágenes por medios impresos, electrónicos o de cualquier otro medio de comunicación que contenga imágenes de la vida privada de la víctima. Con esta tipificación de la violación a la intimidad, estaremos dando garantías para que no proliferen los atentados a la vida privada de las personas y contribuiremos al respeto del libre desarrollo de la personalidad en su aspecto íntimo y sexual.

La segunda iniciativa tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, un tema muy sensible al que debemos entrar sin ningún prejuicio.

La violencia sexual es una vulneración a los derechos humanos de las personas y sus efectos adversos en la persona que la sufre, tanto en su integridad física como mental es devastadora, dura años y hay quienes nunca lo superan. Se habla que en la región de América Latina, 112 mil mujeres y niñas son violadas sexualmente cada año, es decir, una cada 4.6 minutos en donde la mayoría de las agresiones quedan impunes.

La violencia sexual es una experiencia traumática y con secuelas para la víctima, que por lo general solo puede superarse con la ayuda especializada puesto que se causan daños psicológicos irreparables.

Por ello la iniciativa que sometemos a su consideración, propone la imprescriptibilidad de los delitos de pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

También se propone de manera genérica para los delitos de lenocinio o trata de personas, pederastia, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación e incesto. Esta medida permitirá que no se prescriba la acción penal, en el caso de cometerse este tipo de delitos, siempre y cuando exista evidencia de su comisión ante el Ministerio Público, además de contar con las bases para que las acciones delictivas, una vez que se han dictado sentencia, no queden en la impunidad por las frustración de la acción de la justicia del condenado.

Lo anterior se motiva porque la mayor parte de las víctimas de este delito se encuentran en una situación vulnerable con respecto a su agresor y el daño psicológico. En muchas ocasiones no les permite tener la claridad suficiente para denunciar el hecho de manera inmediata, lo que deriva en que existe una cifra mucho menor de agresores denunciados y sentencias de este tipo de delitos, víctimas del mismo, y considerar que la violación a las niñas y los niños es verdaderamente escandaloso en nuestro país.

Demos herramientas para que las mujeres podamos tener justicia en nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que adiciona el capítulo IX al libro segundo, título octavo, del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

Hoy en día, debido a la proliferación y accesibilidad de teléfonos inteligentes y el internet desde cualquier lugar, el desprestigio de personas a través de medios electrónicos, o la exhibición de su intimidad sin consentimiento ha sido un tema recurrente, es lo que se ha dado en llamar “porno vengativo”.

La imagen íntima de una persona puede difundirse entre cientos de cibernautas tan solo en minutos, ya sea a través de la exposición en redes sociales o mediante servicios de mensajería celular con una foto o un video, mostrando a una persona que en la confianza que le proporcionaba el ser su amigo o pareja sentimental accede a posar para la cámara de un celular o cualquier otro aparato electrónico, con poca ropa o desnuda, o bien sin saberlo es filmada en encuentros eróticos o sexuales; sin embargo, aún y cuando sólo consintiera la fotografía o filmación; no significa que tolere su divulgación y cuando este tipo de material es exhibido en internet, se convierte en una especie de bola de nieve que crece y crece a su paso, y da la impresión que nadie lo puede detener.

En nuestro país no existe legislación que permita emprender medidas judiciales contundentes contra los autores de estas acciones; en algunos estados de la República sí se encuentra tipificada esta conducta como delito; sin embargo, el texto es muy laxo o la penalidad es muy baja, ya que en todos los casos se trata de un delito considerado no grave; lo que no es proporcional con el daño que causan a las víctimas de estas acciones.

Ex parejas dolidas o personas resentidas encuentran en la tecnología actual, como el internet y los teléfonos inteligentes, una forma fácil de vengarse, calumniando a la persona o exhibiéndola públicamente ante miles de usuarios y el daño es devastador; en la mayoría de los casos tan solo al escribir el nombre de la víctima en un buscador de internet salen decenas de páginas que contienen el video íntimo o las fotografías de la persona afectada.

Apenas en el mes de diciembre del año pasado comenzaron a circular en redes sociales cuatro videos con alto contenido sexual, uno que se grabó en una tienda Oxxo, luego en una tienda Soriana, en una playa y al final en un parque. La mujer, que fue denominada en redes sociales como Lady Oxxo, solicitó la ayuda de las autoridades pues era su ex novio quien la estaba extorsionando a cambio de no seguir publicando todos los videos de ella; el responsable de la exhibición pública de los videos fue capturado el pasado 8 de diciembre de 2015 y diez días después le dictaron auto de formal prisión. Según trascendió en diferentes medios de comunicación, por el daño moral ocasionado a la mujer, tan sólo pasará 8 meses en prisión preventiva en el penal de San Francisco Kobén, Campeche.

En un hecho aún más trágico una mujer de 30 años de edad, fue baleada afuera de su trabajo en diciembre de 2015 en Coahuila, días antes, la víctima había publicado en su cuenta de la red social Facebook una denuncia en la que explicaba que su exnovio la acosaba y la había amenazado; además, confirmó que interpuso una denuncia contra él en el Centro de Empoderamiento de la Mujer por agresiones, luego de que éste publicara en internet imágenes íntimas de la afectada; sin embargo, por el desenlace de esta historia, se infiere que no le fue brindada protección alguna.

En México, a diferencia de otros países, no está tipificado como delito la difusión sin autorización de imágenes y videos sexuales de terceras personas; es por ello que es una constante que las múltiples víctimas de este delito, no perciban avances en las investigaciones de sus denuncias, además de recibir la advertencia de que no hay ley que las ampare.

Lo máximo que en algunos estados de la República sin legislación al respecto han acreditado, son los delitos de abuso de confianza y robo de identidad, cuyas penalidades son bajas y no graves, existiendo un vacío legal sobre el llamado “porno vengativo”. Por estas acciones las víctimas ven afectado su prestigio laboral, su entorno social y hasta su seguridad; asimismo ante las autoridades ministeriales son revictimizadas, teniendo que defenderse de quienes les toman su declaración, ya que al escuchar su relato, casi de inmediato recriminan a la víctima diciéndole que ésta fue la que tuvo la culpa.

La constante es que las fiscalías de los estados señalen que solo pueden intervenir cuando se incurre en pornografía infantil y lamentablemente es verdad, en todos los códigos del país, está tipificada como pornografía, tomando como base el artículo 187 del Código Penal del Distrito Federal que establece lo siguiente:

Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos;...

Existiendo una laguna para el mismo supuesto, pero para personas adultas que no han autorizado la divulgación de imágenes de ellos con contenido sexual.

Así pues, el derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la propia imagen, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos por diversos instrumentos internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 11 y 13), y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16), instrumentos todos estos firmados y ratificados por nuestro país.

En lo que respecta a nuestra legislación constitucional podemos decir que la tutela de la vida privada se desprende del contenido de los artículos 6 y 7 constitucionales; a saber:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

...

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Otro aspecto digno de comentarse es el relativo a la responsabilidad civil consistente en la obligación de la reparación del daño moral cuando se infringe el honor, la imagen o la dignidad de una persona. Al respecto el artículo 1916 del Código Civil Federal establece que:

... por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad psíquica o física de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero con independencia de que se haya causado daño material...

...El monto o de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración el juez ordenará a petición de ésta y con cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.

Por su parte, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal la define como:

Artículo 16.La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material.

Asimismo, se establece la prohibición de utilización de la imagen de una persona sin su consentimiento en los artículos 19 y 20, de la siguiente manera:

Artículo 19. La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público.

Artículo 20. Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera del caso en que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.

Sin embargo esta tutela a la vida privada en un ámbito civil, en el Distrito Federal, con un esquema similar en todos los estados de la República, comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral y en los casos en que no se pudiere resarcir el daño se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de la unidad de cuenta vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a 25 mil 88 pesos(Veinticinco mil ochenta y ocho pesos 00/100 MN) además de los gastos y costas que implique el juicio.

Sin embargo esta pena pecuniaria no es realmente onerosa comparada con el menoscabo emocional que pudiese sufrir la víctima, además de que la acción de tipo civil en ningún caso, podrá derivar en penas privativas de la libertad; por lo que el introducir para esta conducta una pena privativa de libertad sin derecho a caución, sin duda ayudaría a disminuir a los sujetos activos de este delito.

En legislaciones de Portugal, Estados Unidos de América, Suecia y España, esto ya sucede, derivado a que la enorme influencia de las redes sociales e Internet han sido usados en ocasiones indebidamente para atacar la intimidad de las personas, resultando urgente dotar a las víctimas de estos delitos contra la intimidad, de un instrumento legal que los proteja y que castigue ejemplarmente a los responsables de esas reprobables acciones.

Es importante hacer notar que la necesidad de intimidad es inherente al ser humano ya que para que el hombre o la mujer se desarrollen y gesten su propia personalidad e identidad es necesario que gocen de un área que comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar que esté libre de la intromisión de extraños. En ese sentido, el derecho a la vida privada encuentra un fundamento constitucional y amplio donde el Estado se convierte en garante de de la protección al derecho a la vida privada de las personas, al respecto, la la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en la siguiente tesis:

Época: Novena Época

Registro: 165823

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis:1a. CCXIV/2009

Página: 277

Derecho a la vida privada. Su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma.La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo “privado”. Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo de su autonomía y su libertad–. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica se refiere a la protección dl derecho a la vida privada de la siguiente manera:

143. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al señalar que éste va más allá del derecho a la privacidad. La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad...

Es el Estado quien debe garantizar a las y los ciudadanos que su vida privada se encuentra resguardada y tutelada por la ley y a aquel o aquella que infrinja este derecho sea castigado en la proporción en que han causado el daño; por ello la presente iniciativa propone que la comisión de este delito no siga siendo un delito menor, sino que se tipifique esta trasgresión a la vida privada como delito grave que amerita pena privativa de la libertad sin derecho a caución para el agresor.

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona al Código Penal Federal en su Libro Segundo, Título Octavo un capítulo IX denominado Violación a la intimidad

Artículo Único. Se adiciona al Código Penal Federal en su Libro Segundo Título Octavo, un capítulo IX denominado Violación a la intimidad, para quedar como sigue:

Capítulo IX
Violación a la intimidad

Artículo 209 Quáter. Se aplicará de dos a nueve años de prisión y de mil a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien sin el consentimiento expreso de una persona, publique, divulgue, circule, imprima, transmita o publicite videograbaciones, audiograbaciones o imágenes, por medios impresos, electrónicos o de cualquier otro medio de comunicación, que contenga imágenes de la vida privada de la víctima.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 18 días de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Maricela Contreras Julián,Cándido Ochoa Rojas, Evelyn Parra Álvarez, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Se turnan a la Comisión de Justicia para su dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Maricela Contreras Julián:

«Iniciativa que reforma los artículos 103 y 105, y deroga el 107 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La violencia sexual es una vulneración a los derechos humanos de las personas y sus efectos adversos en quien la sufre, tanto en su integridad física como mental es devastadora.

Dicha violencia se presenta cuando alguien por la fuerza o manipulación, obliga a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada y sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento van desde el miedo, la edad, una enfermedad o una discapacidad y todas las personas, con independencia de género, edad o condición, estamos expuestas a ella, quienes cometen este delito pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o personas desconocidas.

Según datos del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres han sido abusados sexualmente antes de la edad de 18 años. Además, en algún momento 1 de cada 6 mujeres han vivido una violación o un intento de violación; más de la mitad han sido antes de la edad de 18 años y 22 por ciento antes de los 12. También hace referencia que en algún momento, 1 de cada 33 hombres ha vivido una violación o un intento de violación, 75 por ciento lo han vivido antes de la edad de 18 años y 48 por ciento antes de los 12.

La atención de la violencia sexual debe congregar esfuerzos multidisciplinarios, este tipo de violencia se presenta tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, los más vulnerables para sufrir este tipo de delitos son las niñas o niños y mujeres, aproximadamente 112 mil mujeres son violadas sexualmente cada año (equivalente a 1 cada 4.6 minutos), y la mayoría de los agresores quedan impunes.

La violación o el abuso sexual es una experiencia traumática y con secuelas para la víctima, que por lo general sólo puede superarse con ayuda especializada, puesto que esa traumática experiencia se prolonga en el tiempo causando daños psicológicos (solamente 20 por ciento de las víctimas no muestra síntomas un año después de la agresión).

A nivel psicológico se atraviesa primeramente por una etapa de crisis, que abarca desde el momento de la violación hasta aproximadamente dos años después, se caracteriza por la aparición de dolores corporales generalizados o en los genitales, así como heridas en otras partes del cuerpo. Después de una violación pueden aparecer alteraciones del sueño y estados de vigilia prolongados o alteraciones alimenticias, especialmente si hubo sexo oral.

Ante el fuerte choque emocional causado por una violación, la víctima se sume en una profunda tristeza que puede desencadenar una fuerte depresión. También es habitual que la víctima se despierte llorando o profundamente alterada. Algunas víctimas experimentan un bloqueo emocional ya que se sienten culpables de lo que pasó, creen que su vida no vale nada y que nadie les puede ayudar.

En una segunda etapa que abarca un periodo de dos a cuatro años después de la agresión la persona violada no sólo puede experimentar problemas para relacionarse con la pareja sino que además puede desarrollar mecanismos de defensa debido a la ansiedad y angustia que han vivido.

La víctima sufre altibajos emocionales, es decir, pasa de la alegría al llanto o al enojo. No sabe cómo asimilar las emociones derivadas de la violación. Los sentimientos que genera la violación son similares a los que tienen las personas que viven un terremoto o una guerra. Es un trauma muy fuerte.

En una etapa más difícil se encuentran aquellas personas que sufrieron una violación hace 5, 20 o 30 años, incluso personas que han sufrido tocamientos en la infancia no se sienten violadas pero sí les genera ciertos problemas emocionales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se considera abuso sexual cuando a un niño o adolescente se le ha mostrado pornografía en revistas, cuando ha sufrido tocamientos sexuales.

Ciertas personas incluso sólo logran admitir que han vivido una situación de violencia sexual cuando ven un programa en la televisión o leen un artículo en una revista. A partir de ese momento pueden sufrir una crisis y padecer alguno de los síntomas propios de la primera etapa. Los síntomas físicos incluyen colitis, gastritis, hipertensión y problemas de alimentación (sobrepeso o anorexia). Los síntomas psicológicos se relacionan con trastornos sexuales como anorgasmia, dispareunia (dolor al tener relaciones sexuales), vaginismo (ardor) o no sentir nada al tener relaciones sexuales.

A menudo, las mujeres que han sufrido violaciones se niegan a realizarse exámenes ginecológicos alegando sentir miedo a que les toquen los genitales. Asimismo, son incapaces de disfrutar de su sexualidad aunque hayan pasado años desde la violación; por lo que entre un abuso o violación sexual suele existir un largo lapso de tiempo entre la denuncia o el seguimiento que la víctima le dé a la misma, ya que denunciar los abusos sexuales implica casi siempre tener que aguantar las miradas inquisitivas de amigos, dudas sobre la veracidad de lo contado, revivir el suceso, etcétera. Por esa razón, las personas que han sido violadas tienden a evitar pasar por este difícil proceso.

Argumentos

En el caso de nuestro país, el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública alerta que el delito de violación sexual va en aumento, sobre todo en entidades como el Estado de México y Chihuahua.

El reporte indica que el delito de violación sexual ha ido en aumento, por ejemplo, de enero a marzo de 2015, se registraron 2 mil 812 denuncias, en enero se denunciaron 904 casos de denuncias de índole sexual, para febrero se registró una disminución al llegar a 883 casos y en marzo la incidencia de estos delitos aumentó hasta mil 25 casos.

El estado de México es una de las entidades donde más se cometen violaciones sexuales. En los municipios mexiquenses ocurrieron en enero 130 casos; en febrero otros 110 casos y en marzo también 110 casos de abuso sexual.

Chihuahua también reflejó un aumento considerable de esos delitos. Mientras en enero se cometieron 53 casos, en febrero se reportaron 65 y en marzo aumentó a 87 delitos denunciados.

En la Ciudad de México, la situación es diferente. Mientras en enero ocurrieron 39 violaciones sexuales, en febrero se reportaron 39 y en marzo aumentaron a 57 las denuncias recibidas en la Procuraduría de Justicia. En Guanajuato ocurrió una situación similar: entre enero y marzo se denunciaron 49, 47 y 65 casos, respectivamente.

Por otro lado, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de conformidad con información aportada de esta organización, alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, de los cuales únicamente 2 por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso y al menos cada minuto cuatro menores sufren abusos sexuales en América Latina y al menos tres son niñas y la mayoría no logra recuperarse nunca de ese trauma.

La Procuraduría General de la República e instituciones de seguridad internacional detectaron en el país más de 12 mil cuentas personales en internet donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad, cuyas edades oscilan entre 4 y 16 años. En los últimos 2 años, los casos de abuso sexual aumentaron 219 por ciento.

Un análisis de los datos aportados por la Procuraduría General de la República indica que por cada 10 denuncias de violación sexual hubo 2.3 juicios por este delito, es decir, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.

Estadísticas de violencia contra las mujeres han arrojado que 7.6 por ciento de las mujeres sufrió abuso sexual en la infancia (antes de los 15 años), muchos de esos abusos no son compartidos con sus padres, tutores o cualquier otro adulto; y esta violencia en muchas ocasiones solo es descubierta en la edad adulta por especialistas al presentar trastornos mentales como depresión, síndrome de estrés postraumático, trastornos de personalidad, aislamiento, cambios de humor y evasión de la realidad, ya que las agresiones de este tipo en infantes suelen ser perpetradas por un agresor repetitivo.

De las mujeres obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en México, 13.7 por ciento dijo que el ataque ocurrió cuando eran menores de 10 años; y 65 por ciento, entre los 10 y los 20.

La violación sucede más en la casa por la privacidad y el continuo roce que hay entre la víctima y el victimario. Por ello, le resulta fácil abusar al padrastro, a los primos, a los amigos.

En caso de la violencia sexual de pareja, las formas más comunes reportadas son a través de presión verbal para forzar relaciones sexuales en 84 por ciento; el uso de la fuerza para tener relaciones sexuales (54 por ciento) y obligar a la mujer a tener relaciones sexuales cuando otros ven u oyen (6 por ciento).

Otros actos de violencia sexual suceden comúnmente en las escuelas, donde los maestros abusan de sus alumnas; o en el trabajo, donde los jefes o compañeros abusan de sus compañeras; o en situaciones de vulnerabilidad, como el caso de niñas y niños.

Dado que la violencia sexual entraña no sólo lesiones físicas profundas, sino también psicológicas, afectando terriblemente el libre desarrollo de la personalidad.

La iniciativa que someto a consideración propone la imprescriptibilidad de los delitos contenidos en el título octavo del libro segundo que son delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y se refiere a la corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas de personas en menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, además del lenocinio, trata de personas y pederastia. Como consecuencia de esta medida, debe derogarse el artículo 107 Bis que establece las reglas de prescripción para los delitos contenidos en dicho título.

De igual forma, se propone esa medida para los delitos contenidos en el título decimoquinto del libro segundo que son los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual como lo es el hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación e incesto.

Estas medidas permitirán que no se prescriba la acción penal en el caso de cometerse este tipo de delitos, siempre y cuando exista evidencia de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público, toda vez que se trata de pruebas con elementos objetivos y que, de no existir esa evidencia no podría acreditarse el cuerpo del delito si transcurre un lapso considerable de tiempo para ejercitar las acción penal. También permitiría tener las bases para que las acciones delictivas, una vez que se ha dictado sentencia, no queden en la impunidad por la sustracción a la acción de la justicia del condenado.

Lo anterior se motiva porque la mayor parte de las víctimas de este delito se encuentran en una situación vulnerable con respecto a su agresor y el daño psicológico, en muchas ocasiones no les permite tener la claridad suficiente para denunciar el hecho de manera inmediata, lo que deriva en que existe una cifra mucho menor de agresores denunciados y sentenciados por este tipo de delito, que víctimas del mismo; por lo que la presente iniciativa propone eliminar cualquier posibilidad de prescripción en este tipo de delitos.

Fundamento legal

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 103 y 105, y se deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal

Único. Se adiciona un párrafo a los artículos 103 y 105, y se deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 103....

El término de prescripción previsto en este artículo no será aplicable en el caso de los delitos previstos en el título octavo y título decimoquinto del libro segundo de este código.

Artículo 105. ...

El término de prescripción previsto en este artículo no será aplicable en el caso de los delitos previstos en el título octavo y título decimoquinto del libro segundo de este código, siempre y cuando exista evidencia de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público.

Artículo 107 Bis. (Se deroga)

Transitorios

Primero.Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Maricela Contreras Julián,Cándido Ochoa Rojas, Cecilia Guadalupe Soto González, Evelyn Parra Álvarez, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Se turnan a la Comisión de Justicia para su dictamen.

Damos la más cordial de las bienvenidas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, especialidad de comunicación organizacional, invitados por el diputado Fernando Navarrete Pérez. Bienvenidas y bienvenidos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante por favor.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama:Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores diputados. No es necesario que les lea la definición de maternidad de la Ley Federal de Salud. La mayoría de nosotros, compañeros, somos madres y padres. Prácticamente todos hemos sido parte por experiencia personal del proceso integral de maternidad, el embarazo, el alumbramiento, el puerperio, que son los 40 días posteriores al parto y la lactancia de nuestros hijos.

Sabemos con claridad que el ser humano para sobrevivir requiere cuidados permanentes en los primeros años, pero fundamentalmente entendemos que los primeros meses de vida son particularmente importantes para que el recién nacido pueda sobrevivir.

El objeto de esta iniciativa es ampliar el tiempo de licencia de maternidad para que el recién nacido reciba de su madre los cuidados necesarios, pero también para que las madres trabajadoras puedan tener la oportunidad de pasar este proceso con la tranquilidad de no perder su empleo y de retomar su empleo sin discriminación por alimentar a sus hijos.

La importancia de la lactancia es tal que está plasmada en el artículo 25, numeral 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y dice que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló instrumentos internacionales para proteger la maternidad. En el Convenio número 183, aplicable a todos los miembros de la OIT, establece la licencia de maternidad mayor a igual a 14 semanas, pero nunca menor. Hay países que otorgan más de 18 semanas.

Sin duda ha habido avances en nuestras leyes. Las madres trabajadoras elijen el tiempo de licencia de maternidad antes y después. Sí, elijen, pero solo 12 semanas en total. Insisto, en México la ley solo otorga 12 semanas en total. Todos queremos y exigimos que México sea un país que alcance la paridad de género; quieren que legislemos por la igualdad, por la no discriminación, por ser un país igualitario; sí, pero también en términos de género.

Nuestras leyes aun así, no le dan la importancia suficiente al proceso integral de la maternidad ni al vínculo de las madres con su vida profesional y laboral.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que 12 semanas concedidas como licencia no son suficientes para garantizar la salud de la madre y del hijo, no permiten el correcto desarrollo del menor porque el periodo de lactancia es corto y no permite el fortalecimiento de la relación entre la madre y el menor, que es de vital importancia.

La mujer trabajadora no sólo merece, debe tener el derecho a mantener con tranquilidad su empleo mientras brinda cuidados fundamentales a sus hijos en los primeros meses de vida.

Así como el embarazo no es una enfermedad, la lactancia tampoco es un capricho, es una necesidad básica del ser humano a ser alimentado por su madre, es una de las fuentes más importantes de supervivencia y solidaridad humana.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II artículo 170 dela Ley Federal del Trabajo, y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tiene como objeto incrementar de 12 a 18 semanas la licencia de maternidad en nuestro país. La licencia de maternidad es un instrumento que abona a la igualdad de género en materia laboral y al empoderamiento de las mujeres.

Los exhorto, compañeros, a ayudar a las mujeres a dar pasos concretos para permitir que el proceso de lactancia también pueda ser un vínculo con el justo desarrollo profesional y laboral de las mujeres.

Compañeros diputados, les pido que se adhieran a esta iniciativa y ayudemos a las mujeres de nuestro país a pasar más tiempo con sus hijos y a tener la oportunidad de mantener su vida laboral. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo; y se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El capítulo V de La Ley General de Salud, Atención Materno-Infantil, define en el artículo 61, fracción I, la atención integral de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, no considera como parte de dicha atención el periodo de lactancia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), señalan que “la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños”.

La importancia de la lactancia es tal que se encuentra plasmada en el artículo 25, numeral 2, de la Declaración de los Derechos del Hombre, la cual a la letra menciona: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

De la misma manera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que tanto la maternidad segura, como la atención de la salud de la madre y la supervivencia del recién nacido conforman parte elemental de la propia vida y constituyen elementos fundamentales para el trabajo decente y la productividad de las mujeres, así como para la igualdad de género en el trabajo.

Reconociendo lo anterior, la OIT ha centrado gran parte de sus esfuerzos en promover y regular la protección de la maternidad entre sus países miembros. Dichos esfuerzos se han enfocado en reforzar las siguientes directrices: preservar la salud de la madre y del recién nacido; habilitar a la mujer para que pueda combinar eficazmente su rol reproductivo y su rol productivo; prevenir el trato desigual en el trabajo debido a su rol reproductivo; y promover el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres.

Las directrices antes mencionadas fueron abordadas por los expertos en la materia y el resultado fue la adopción de sendos convenios sobre la protección de la maternidad en diferentes años: en 1919, en 1952 y, el más reciente, en el año 2000, es decir, el Convenio numero 183 sobre Protección de la Maternidad.

Estos instrumentos internacionales establecen medidas de protección para las trabajadoras embarazadas y las que acaban de dar a luz; y, a grandes rasgos, se regula la prevención de la exposición a riesgos para la seguridad y salud durante el embarazo y después del parto, del derecho a una licencia de maternidad, a servicios de salud materna e infantil, de la protección contra la discriminación y el despido injustificado en relación con la maternidad, entre otras.

En la actualidad, casi todos los países cuentan con leyes de protección a la maternidad, y es que los países han tenido que adaptarse a los cambios sociales ocurridos recientemente, como el aumento del trabajo femenino remunerado; el incremento del trabajo atípico; el envejecimiento de la población y los cambios en el modelo de familia.

Hoy en día, muchas mujeres trabajadoras anhelan formar una familia, sin embargo, tanto ellas como sus familiares enfrentan un periodo especialmente vulnerable durante el embarazo y la lactancia, por lo tanto, las mujeres embarazadas y las que cuidan de sus niños pequeños necesitan una protección especial para prevenir que la maternidad perjudique su salud, así como para poder restablecerse y cuidar de su bebé.

Dicha protección se materializó en la licencia de maternidad, la cual se considera como el tiempo de “incapacidad”, con prestación económica, estipulado en la Ley Federal del Trabajo, antes y después del parto, para que la madre pueda fortalecer el vínculo con su bebé y además, amamantarlo, que es lo primordial.

Respecto a la licencia de maternidad, la OIT se ha dado a la tarea de actualizar su marco jurídico en la materia, de esta manera tenemos que la norma más reciente sobre la duración de la licencia de maternidad exige un periodo de 14 semanas como mínimo, un incremento con respecto a las 12 semanas previstas en los convenios anteriores.

De hecho van más allá y en la recomendación número 191 se anima a los estados miembros de la OIT a extender esa licencia a 18 semanas por lo menos.

Es bien sabido que la duración de la licencia de maternidad es vital para que la mujer se recupere del parto y regrese al trabajo, mientras presta los cuidados necesarios al recién nacido, y es que cuando dicha licencia es demasiado corta para garantizar el bienestar tanto de la madre como del recién nacido.

De acuerdo con el estudio La maternidad y la paternidad en el trabajo: La legislación y la práctica en el mundoentre los 185 países y territorios analizados, sólo 98 países cumplen con la norma de la OIT de la licencia de 14 semanas como mínimo (entre ellos Canadá, Brasil, España, Francia y Alemania); 42 países cumplen o superan la licencia propuesta de 18 semanas (entre estos Rusia, Australia, Finlandia, Ucrania, Polonia, Gran Bretaña, Chile y Venezuela); 60 países conceden una licencia de entre 12 y 13 semanas, inferior a la duración prevista en el Convenio numero 183 (entre ellos México, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia); y sólo 27 países conceden menos de 12 semanas (entre éstos Arabia Saudita, Yemen, Irak, Túnez y Emiratos Árabes Unidos).

En lo que se refiere a la licencia de maternidad, ningún país ha reducido su duración desde 1994 y por el contrario se ha registrado un cambio progresivo hacia periodos de licencia más largos, que cumplen o superan las 14 semanas establecidas en la norma de la OIT.

La presente iniciativa no es producto de una ocurrencia o de una idea aislada, sino todo lo contrario, está fundamentada en los estándares y las normas internacionales establecidas por la OIT y la Organización Mundial de la Salud (OMS), asimismo, está inspirada en la experiencia de lo que significa ser madre y de los cuidados que requieren los recién nacidos en los primeros meses de vida por parte de quienes procrean.

Entre los múltiples beneficios de la licencia de maternidad podemos destacar:

• La reducción en la tasa de muertes neonatales hasta en 20 por ciento (OMS-Unicef, Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, 2003) por la instalación de la lactancia materna desde la primera hora de vida del recién nacido.

• La promoción de la lactancia materna, la cual debería ser exclusiva durante seis meses sin combinar otros alimentos.

• Fortalecer el sistema inmunológico del bebé frente a cualquier infección o patología, a través de la lactancia materna, ya que ésta aporta todos los nutrientes necesarios.

• Mejor crianza y crecimiento integral del bebé.

• Mayor tiempo de calidad entre la madre y su hijo/hija, fundamentales en las primeras semanas para la supervivencia del bebé.

• Siendo un derecho de la madre y el recién nacido se promueve la igualdad y no discriminación de la madre en la vida laboral.

• Permanencia de las mujeres en el mercado laboral.

• Avances concretos en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

• Concreción de procesos de transversalización de género en el quehacer laboral.

• Al incrementar la licencia de maternidad se está dando la oportunidad para que otras personas gocen de un empleo temporalmente, en sustitución de la madre, por ser un lapso de tiempo más extenso y en el cual la empresa no puede quedarse sin recurso humano.

• Reconocimiento y cumplimiento del compromiso internacional con la OIT.

• Mayor igualdad entre México y los países más avanzados en la materia.

Los beneficios antes mencionados soportan de manera clara la necesidad de esta iniciativa, la cual tiene como principal objetivo el bienestar y la protección del interés superior de la niñez, debido a que la presencia de la madre en este periodo de vulnerabilidad es esencial para el correcto desarrollo del menor.

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de evitar la discriminación y seguir la tendencia mundial de brindarles mayor protección a las madres trabajadoras, es que presentamos dicha iniciativa cuyo propósito radica en aumentar la licencia de maternidad de 12 a 18 semanas.

Sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo; y se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Artículo Primero.Se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 170.Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de cuatro semanasanteriores y catorce semanas posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, se podrá transferir hasta dos de las cuatro semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II. Bis a VII. ...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 28.Las mujeres disfrutarán de cuatro semanas de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de catorce semanas después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Ana Leticia Carrera Hernández,Cándido Ochoa Rojas, Evelyn Parra Álvarez, Jesús Sesma Suárez, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Karen Orney Ramírez Peralta, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.

Me pide la diputada Daniela De Los Santos adherirse a la iniciativa. Le pregunto a la proponente si da su anuencia para tal efecto.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama (desde la curul): Sí, con gusto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Acepta la diputada y queda a disposición en la Secretaría para quien guste adherirse a la misma.

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA EN ZONAS METROPOLITANAS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en las Zonas Metropolitanas.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con la venia de la Presidencia. Las zonas metropolitanas de nuestro país han crecido con escasa planeación, más bien dirigida por el crecimiento poblacional y del mercado inmobiliario, comercial y de servicios que por las necesidades de sus habitantes.

En cambio, en algunas ciudades de países desarrollados, desde hace décadas, la planeación urbana incorpora diversos elementos para el desarrollo integral de quienes las habitan, como infraestructura para la recreación, el deporte y la convivencia, pero también para la atención de problemas cotidianos con soluciones alternativas.

Específicamente, en referencia al uso de la bicicleta, que en ciudades de Canadá, Holanda, Alemania y China se considera como medio de transporte con igual prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que los autobuses y los automóviles.

A pesar de que se trata de un medio de transporte eficiente, económico, rápido, no contaminante y saludable, en México la bicicleta no pasa de ser un transporte local o de uso para quienes realizan algún oficio, y en muchas ocasiones, significa sólo un juguete para niños y jóvenes.

A pesar de que en el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas al año, tres veces más que el número de automóviles, de acuerdo al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, apenas el 0.7 por ciento de los recorridos diarios se realizan en bicicleta. En Montreal, por ejemplo, representan 10 por ciento; en Copenhague ascienden al 30 por ciento, y en Holanda el 45 por ciento de los viajes al día.

Las razones por las cuales se utiliza escasamente la bicicleta como medio de transporte en nuestro país son variadas y atraviesan sin duda la distancia que una persona recorre en sus actividades cotidianas, pero es la ausencia de una infraestructura mínima que protege a los ciclistas del peligro de los vehículos la que, de manera primordial, impide su uso masivo.

Según un estudio suizo, un automóvil que viaja a 40 km/h requiere tres veces más espacio que uno que viaja a 10 km, mientras que en un carril reservado para autos particulares utilizando al máximo con cuatro ocupantes no transporta más de 3 mil personas por hora. Las bicicletas que circularían en ese mismo espacio podrían movilizar más de 30 mil ciclistas.

Nuestra propuesta busca crear las condiciones materiales para incrementar el uso de la bicicleta y evitar el abuso que se hace de los vehículos automotores, lo cual redundaría en el beneficio de la humanidad y la salud del planeta.

En este sentido la presente iniciativa poner a consideración de esta soberanía un modelo metropolitano más humano, que tome en consideración las necesidades de sus habitantes. Si en otros momentos se creyó que modernidad era sinónimo de automatización, de sustitución de esfuerzo humano por tecnología, hoy el enorme gasto energético y la saturación vial que implica nuestra movilidad, aunado a los problemas de salud que padece seriamente nuestra población por sedentarismo y mala alimentación, nos obliga a regresar y a propiciar este esfuerzo humano.

Por estas razones, por razones de contaminación, movilidad y salud en nuestras ciudades, proponemos la aprobación de la presente iniciativa de Ley de Fomento para el Uso de Bicicletas en las Zonas Metropolitanas, que básicamente contiene dos objetivos dirigidos tanto a la federación como a los estados y municipios: garantizar la normatividad que haga compatible la vinculación vial de vehículos automotores y de bicicletas, y presupuesto para la generación de infraestructura para el tráfico ciclista. Por el derecho a la movilidad. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, número 2, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas.

La iniciativa se presenta tomando en consideración los razonamientos vertidos en la siguiente

Exposición de Motivos

Las zonas metropolitanas de nuestro país han crecido con escasa planeación, más bien dirigidas por el crecimiento poblacional y del mercado inmobiliario, comercial y de servicios que por las necesidades de sus habitantes.

En cambio, en algunas ciudades de países desarrollados, desde hace décadas, la planeación urbana incorpora diversos elementos para el desarrollo integral de quienes las habitan, como infraestructura para la recreación, el deporte y la convivencia, pero también para la atención de problemas cotidianos con soluciones alternativas.

Específicamente, en referencia al uso de la bicicleta, que en ciudades de Canadá, Holanda, Alemania y China se considera como medio de transporte con igual prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que los autobuses y los automóviles.

A pesar de que se trata de un medio de transporte eficiente, económico, rápido, no contaminante y saludable, en México la bicicleta no pasa de ser un transporte local o de uso para quienes realizan algún oficio, si no es que significa sólo un juguete para niños y jóvenes.

Por lo que cabe hacer mención, el papel que desempeña, la bicicleta asistida, en la actualidad,la cualse ha convertido en un medio de transporte eficiente, y en virtud de ello, se considera adecuado contemplarla dentro de esta iniciativa.

Se entiende por bicicleta asistida, aquella a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de la misma. La energía es suministrada por una batería que se recarga en la red eléctrica o panel solar. Su autonomía suele oscilar entre los 45 y los 60 kilómetros (km) y tienen un precio más económico que las motos y coches de combustión(gasolina/diésel).

Cabe señalar que en la actualidad su uso es mayoritariamente urbano, debido a que su precio es asequible dentro del mercado, además se destaca, por ser el transporte más eficiente y no solo para desplazamientos entre el tráfico de las ciudades, sino por la practicidad que brinda al usuario.

Es bastante común que las bicicletas eléctricas sean también plegables, dado que su uso es mayoritariamente urbano y en la actualidad son los vehículos eléctricos más asequibles.

Asimismo, el usuario es quien decide la forma en que lleva la bicicleta, porque puede realizar un paseo tranquilo mientras el motor le lleva hasta los 25 kilómetros por hora (km/h) o avanzar más rápido si decide pedalear con más cadencia.

Por lo que la ayuda que brinda el motor al ciclista recibe el nombre de pedaleo asistido. Estos vehículos, que pueden tener el aspecto de una bici de paseo o de montaña, cuentan con un sistema de cambios de desarrollo, mediante el que se puede seleccionar la distancia que se recorrerá en cada pedalada, de forma idéntica al de las bicicletas tradicionales.

Por lo que resulta de gran importancia, el contemplar la bici asistida, dentro de la presente propuesta de iniciativa de Ley de Fomento del Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, debido al incremento del uso continuo de la misma, en razón de que es un producto asequible dentro del mercado, y muy útil para el desplazamiento de las personas hoy en día.

A pesar de que en el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas al año, tres veces más que el número de automóviles, de acuerdo con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en la zona metropolitana del Valle de México apenas 0.7 por ciento de los recorridos diarios se realizan en bicicleta. En cambio en Montreal representan 10 por ciento, mientras que en Copenhague ascienden a 30 por ciento y en Holanda significan 45 por ciento de los viajes al día. Las razones por las cuales se utiliza escasamente la bicicleta como medio de transporte en nuestro país son varias y atraviesan sin duda la distancia que una persona debe recorrer en sus actividades cotidianas; pero es la ausencia de una infraestructura mínima que proteja a los ciclistas del peligro de los vehículos la que, de manera primordial, impide su uso masivo.

Según un estudio suizo, un automóvil que viaja a 40 Km/h requiere tres veces más espacio que uno que viaja a 10 Km/h; mientras que en un carril reservado para autos particulares utilizado al máximo (con cuatro ocupantes por auto) no transporta más de 3 mil personas por hora, las bicicletas que circularían en ese mismo espacio podrían movilizar a más de 30 mil ciclistas.

Nuestra propuesta busca crear las condiciones materiales para incrementar el uso de la bicicleta y evitar el abuso que se hace de los vehículos automotores, lo cual redundaría en el beneficio de la humanidad y la salud del planeta. En ese sentido, la presente iniciativa pone a consideración de esta soberanía un modelo metropolitano más humano, que tome en consideración las necesidades de sus habitantes.

Si en otros momentos se creyó que modernidad era sinónimo de automatización, de sustitución del esfuerzo humano por la tecnología, hoy en día, la multitud de los problemas de contaminación en nuestras ciudades, el enorme gasto energético y la saturación vial que implica nuestra movilidad, aunados a los problemas de salud que padece seriamente nuestra población por sedentarismo y mala alimentación, nos obliga a regresar a propiciar el esfuerzo humano.

Contaminación

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, las emisiones de contaminantes en las principales zonas metropolitas de la República Mexicana se encuentran en general en franca disminución respecto de la primera mitad de la década de los 90, cuando se han presentado los mayores índices de contaminación atmosférica, sin embargo, aún existen problemas que atender:

Aún hay problemas de contaminación en las ciudades (...). En particular, para ozono (O3) en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en donde los niveles se incrementaron en 2000 y 2002, con el doble número de días en que se excede la norma del 2001 (36 días) al 2002 (75 días).

Para este mismo contaminante, se encontró que la norma como promedio móvil de ocho horas se excede en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en todas las estaciones de monitoreo durante todos los años analizados; para el resto de las ciudades y zonas metropolitanas en al menos dos estaciones se excedió el valor de la norma para el año 2002 (en Ciudad Juárez no se contó con suficientes datos válidos para calcular este valor). Finalmente, en cuanto a las partículas suspendidas, las Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) y Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) han registrado concentraciones cada vez más elevadas, con 70 y 24 días por arriba de la norma, respectivamente, en el 2002. Asimismo, en todas las ciudades se presentó al menos una estación en cada uno de los años analizados con niveles por arriba de la norma anual.

También se encontraron disminuciones o niveles aceptables de algunos contaminantes, por ejemplo, óxido de carbono (CO) en la ZMVM desde 2000 y, permanentemente, en ZMVT y la ciudad de Puebla; el SO2en la ZMVM, ZMM, ZMVT y Puebla, ya que en las tres últimas los niveles no han excedido las normas de calidad del aire; el dióxido de nitrógeno (NO2) en la ZMVM ha tenido una mejoría, ya que la norma dejó de rebasarse en 2001 y 2002 y, en el caso de la ZMM y en la ciudad de Puebla, todos los valores se han encontrado muy por debajo del límite máximo permisible; y, por último, el O3en la ZMVM presenta una tendencia decreciente en los días y horas en que se ha rebasado la norma horaria, después de haber registrado en 1991 el máximo número de días en que se excedió la misma (97 por ciento) y en 2001 el mínimo (65 por ciento). Cabe mencionar, que aún en 2002 se rebasó la norma (76 por ciento de los días), aunque las concentraciones máximas diarias disminuyeron a partir de 1992.

Estas mejorías en la calidad del aire son, sin duda, al menos parcialmente, resultado de programas y acciones, tales como programas de mejoramiento ambiental de combustibles con los que se ha eliminado el contenido de plomo y reducido el de azufre e hidrocarburos reactivos en las gasolinas, e impulsado la distribución de gasolina oxigenada con éter metil éter-butílico (MTBE); programas para la instalación de sistemas de recuperación de vapores en terminales de almacenamiento, transporte y distribución de combustibles; programas de verificación vehicular para la inspección y vigilancia de los vehículos automotores; programas para el mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías de control de emisiones industriales; programas para la sustitución de combustóleo por gasóleo industrial y gas natural; y, la introducción de tecnologías vehiculares para el control de emisiones, con el conjunto de normas que las regulan en cuanto a la reducción de emisiones a la atmósfera.

Como indica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las políticas ambientales son las que han ayudado a atacar los problemas de contaminación. Entre esas políticas se encuentra la de sustitución de tecnologías vehiculares. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha incorporado en esa sustitución el uso de la bicicleta.

Tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, casi 84 por ciento de las cerca de 2.5 millones de toneladas de descargas contaminantes a la atmósfera que se producen al año, provienen del transporte, como señala la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal:

En la cuenca semicerrada se desarrolla casi un tercio de la actividad económica nacional y demandan viajes más de 8 millones de habitantes en la ciudad y casi 18 millones considerando toda la ZMVM. Se asienta entonces cerca de 20 por ciento de la población del país, y se consume un porcentaje similar del petróleo y de la electricidad usados en el resto del país por la gran demanda de energía que generan 30 mil instalaciones industriales y comerciales y casi 31 millones de viajes persona/día en malas condiciones de vialidades y de sistemas de transporte, con un constante aumento del número de vehículos y de las distancias y tiempos de traslado. La ZMVM en 1998 consumió 579 petajoules de energía por el uso de combustibles fósiles (14 por ciento del consumo nacional) que equivalían a consumir cada día 301 mil barriles de gasolina. Con ello se genera una cantidad de emisiones contaminantes muy elevada y en condiciones geofísicas nada propicias para su rápido desplazamiento.

En esas condiciones el metabolismo diario de la ciudad y la ZMVM, sus actividades y sus viajes, se realiza de manera no sustentable, afectando de manera grave la salud y los tiempos perdidos al transportarse.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de 1998, el Valle de México recibía anualmente 4.4. millones de toneladas contaminantes al año, de las cuales 76 por ciento provenía del transporte, 8 por ciento a la industria y los servicios y 15 por ciento a la degradación ecológica. El inventario más reciente, publicado en 1998 estima en 2.5 millones de toneladas las descargas de contaminantes a la atmósfera, donde la principal fuente de contaminación atmosférica sigue siendo el transporte (vehículos particulares, taxis, microbuses, camiones, autobuses y camiones de carga) que produce más de 84 por ciento del volumen total, después vienen las llamadas fuentes de área (consumo de solventes, limpieza de superficies, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (LP) y gasolinas, rellenos sanitarios, combustión en casas habitación y hospitales, ampliación del asfalto, etcétera) que aporta 12 por ciento; siguen las fuentes fijas (industria y generación de energía eléctrica, etcétera) con 3 por ciento y las fuentes biogénicas (suelo y vegetación) con 1 por ciento.

Parque vehicular

Aun cuando las zonas metropolitanas de nuestro país no son ni con mucho las más saturadas de vehículos respecto de las ciudades del mundo, lo cierto es que en los últimos 25 años han padecido un incremento espectacular en el parque vehicular:

Crecimiento vehicular en la República Mexicana 1980-2005

Con excepción del quinquenio 1990-1995, cada cinco años, se iba incrementando en cerca de 30 por ciento la cantidad de vehículos en toda la república. Sin embargo en el quinquenio de 2000 a 2005 se incrementó en 41 por ciento.

De 1980 a 2005 pasamos, entonces, de 5.76 millones de vehículos a 22 millones en todo el país, de los cuales dos terceras partes corresponden a vehículos particulares.

Las entidades federativas que concentran el mayor número de vehículos automotores son las que poseen las ciudades más grandes del país: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Vehículos por entidad federativa

Esta concentración vehicular en los estados con las principales zonas metropolitas tiene relación obvia con la concentración de la población, pues para 2000, 83 por ciento de la población vivía concentrada en 56 zonas metropolitanas. También guarda estrecha relación con las facilidades que el mercado del automóvil ha generado para incrementar la venta de vehículos automotores.

Además de que este crecimiento físico y demográfico de las ciudades origina mayores demandas de infraestructura y servicios, tales como vialidades y transporte, que permitan la movilidad inter e intraurbana de las personas y bienes. Sin embargo, la única respuesta a esas demandas ha sido la creciente motorización y la intensidad en el uso del automóvil particular, impulsadas por la inversión en infraestructura vial para el transporte motorizado por parte de los gobiernos federal, estatales y de la Ciudad de México; y por las deficiencias del transporte público. Reporte de la ONU.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) el parque vehicular en 1990 no alcanzaba los 2 millones de vehículos, pero para 2008 ya rebasaba los 5 millones.

En 2010 la cifra ya se había incrementado a 7.2 millones de vehículos, de los cuales aproximadamente 4.1 millones corresponden al D.F. y 3.1 millones al Estado de México (Inegi, 2010).

Cada año ingresan a la circulación más de 250 mil automóviles adicionales a la ZMVM, lo que implica un crecimiento exponencial en comparación con el incremento de la población.

En 2012, la cantidad de vehículos en el país alcanzó los 35 millones de unidades (Inegi, 2014) y el índice de motorización llegó a 300 vehículos por cada mil habitantes, es decir, casi el doble con respecto a los 160 que había en el año 2000 (Inegi, 2014).

Sin duda, la concentración vehicular está determinando en gran medida las necesidades de nuestras ciudades. Aun cuando la creación de infraestructura para la circulación de la bicicleta puede no interferir en la disminución inmediata de este parque vehicular, ayudará sin duda a no dejar en el mercado automotriz dicha inercia de crecimiento.

Salud

Finalmente, motivan esta iniciativa los crecientes problemas de salud que provoca la vida sedentaria, junto con problemas en la calidad de la alimentación, en las ciudades.

De acuerdo con los médicos, en México se presenta una transformación de las enfermedades que padece la población. Específicamente, se dice que nos encontramos en una “transición epidemiológica”: el tipo de enfermedades que están causando la muerte de sus habitantes están transitando del tipo infeccioso al crónico-degenerativo. Ello se debe a la creciente urbanización, que produce cambios en las condiciones y estilos de vida, modificando la dieta, con una malnutrición por exceso, y los patrones de actividad física de la población, y con ello, aumentando el riesgo de obesidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal, la Ciudad de México es el sexto país en el mundo con problemas de obesidad. 30 por ciento de los mexicanos padece obesidad aguda.

Complicaciones directas de la obesidad son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo II, que representan la primera y tercera causas de muertes en nuestro país. Entre 15 y 20 por ciento del total de los fallecimientos son causadas por algún tipo de enfermedad cardiovascular y 10 por ciento es resultado de la diabetes.

Aun cuando en un plazo inmediato no provoque la muerte, la obesidad ocasiona una pésima calidad de vida, ya que sus complicaciones son múltiples y afectan en la cotidianeidad de la salud física y psicológica de quienes la padecen.

Obviamente, la realización de actividad física como parte inherente de la vida cotidiana de los habitantes, disminuye e incluso elimina tanto la obesidad como sus consecuencias.

Complicaciones de la obesidad

Problemas cardiovasculares: opresión torácica y estenocardia, desplazamiento cardiaco con disminución de la repleción de la aurícula derecha, estasis vascular pulmonar, taquicardia de esfuerzo, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, angina de pecho, infarto de miocardio, estasis venoso periférico, várices, tromboflebitis, úlceras varicosas, paniculopatía edematofibroesclerosa (celulitis). Arteriosclerosis: causa frecuente de retinitis, nefroesclerosis y alteraciones coronarias, menos frecuente la arterioclerosis cerebral, causa de trombosis y hemorragias cerebrales. Diabetes mellitus tipo II: alteraciones metabólicas, como hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperuricemia.

Problemas respiratorios: hipoventilación alveolar, aumento de la incidencia de catarros, bronquitis crónica y neumonía e inclusive hasta el Síndrome de Picwick (cuadro de insuficiencia cardiorespiratoria).

Problemas osteoarticulares: aplanamiento de la bóveda de la planta del pie, aplanamiento de los cuerpos vertebrales de la columna, con neuralgias y espondilitis deformante, artrosis generalizada: especialmente en rodillas, caderas y columna lumbar, atrofia muscular, gota. En niños: pie plano, genu valgum, desplazamiento de la epífisis de la cabeza femoral.

Problemas digestivos: dispepsia gástrica, con acidez, flatulencia, digestiones pesadas. Dispepsia biliar, con colecistitis y colelitiasis. Ulcera gastroduodenal. Estreñimiento, con frecuentes hemorroides. Insuficiencia hepática en grado variable por infiltración grasa. Aumento de la frecuencia de cirrosis hepática. Insuficiencia pancreática.

Problemas renales: nefroesclerosis con hipertensión arterial. Albuminuria y cilindruria. Retención líquida con edemas.

Problemas cutáneos: cianosis por estasis vascular y telangiectasias. Estrías cutáneas. Lesiones por rozaduras. Lesiones por maceración cutánea. Intertrigo. Caída de pelo, a veces hirsutismo. Exceso de sudoración. Ulceras y celulitis

Problemas gonadales: alteraciones menstruales variables: hipomenorrea, hipo e hipermenorrea, amenorrea.

Problemas gestacionales: mayor incidencia de toxemia preeclámpsica, malposiciones fetales y partos prolongados.

Problemas sexuales: disminución de la libido, frigidez e impotencia (frecuentemente psicológica). Compulsividad e impulsividad sexual. Problemas de orden físico para realizar el acto sexual.

Problemas neurológicos: cefaleas, insomnio y múltiples trastornos psicosomáticos.

Problemas hematológicos: policitemia con aumento de la hemoglobina.

Infecciones: aumento de las infecciones cutáneas y respiratorias. Peor pronóstico en casos de fiebres tifoideas, neumonías y gripe.

Problemas parietales: hernias umbilicales, inguinales y crurales.

Problemas quirúrgicos y anestésicos: aumento en general del riesgo quirúrgico inducido por otras complicaciones (cardiacas, pulmonares, metabólicas, entre otros). Aumento de la mortalidad operatoria proporcional al incremento de peso. Complicaciones de cicatrización. Aumento de las embolias y trombosis posquirúrgicas. Mayor riesgo de infecciones posquirúrgicas.

Problemas oncológicos: aumento general de la mortalidad por cáncer. Aumenta estadísticamente el riesgo de cáncer de próstata y colon en hombres. Aumenta estadísticamente el riesgo de cáncer de endometrio, ovario y mama en la mujer.

Problemas psicológicos: miedo e inseguridad personal. Pérdida de la autoestima. Desorden de conductas alimentarias. Perturbación emocional por hábitos de ingesta erróneos. Distorsión de la imagen corporal. Tristeza e infelicidad. Ansiedad, frecuente en niños, por seudomicropene y seudoginecomastia. Depresión. Frigidez e impotencia.

Problemas sociales: angustia por presión social frente a su obesidad. Angustia por presión social frente a su adelgazamiento. Aislamiento social. Dificultades para vestir, usar trasportes públicos.

Mortalidad: incremento de la mortalidad general a consecuencia de las complicaciones, especialmente por enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II y cáncer (hay quien considera que cada kilo perdido equivale a 2 años de vida).

Ciclovías

Crear en la infraestructura urbana, espacios destinados a la circulación de personas en bicicleta, no se puede limitar a la idea de crear un carril reservado para que la gente se pasee sólo los domingos en un horario determinado, por el contrario, es necesario ir más allá, para que sea seria y viable una alternativa de movilidad con base a la bicicleta; hay que crear una red de vías alternas y seguras que permita al ciclista trasladarse de un lado al otro de la cuidad.

En ese sentido, las ciclovías son espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas a un lado de las calles, en los camellones o paralelos a las carreteras de acceso a las ciudades. Su utilización permite desarrollar el concepto de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, como solución concreta y posible ante los problemas de congestión vehicular y contaminación ambiental; que se planeen y presupuesten como parte de la infraestructura urbana necesaria para atender el crecimiento de las ciudades, es decir, dentro de las obras viales.

Las ciclovías que son mucho más baratas y representan una verdadera alternativa para la movilidad de los habitantes.

Existen varios tipos de ciclovías, entre las más comunes se encuentran:

a) En la que se colocan topes a cada tres metros a una distancia de 1.5 metros de la orilla derecha de la calle, para circular en una sola dirección o 2.5 a 3 metros para circular en ambos sentidos.

b) En los camellones dejando rampas en los cruceros y obligando a los ciclistas a utilizar los mismos semáforos que los automóviles.

c) Paralelas, separadas de las carreteras de acceso a las ciudades.

Contenido de la iniciativa

Por las razones expuestas de contaminación, movilidad y salud en nuestras ciudades proponemos la aprobación de la presente iniciativa de Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en las Zonas Metropolitanas,que básicamente contiene dos objetivos dirigidos tanto a la federación como a los estados y municipios: garantizar normatividad que haga compatible la circulación vial de vehículos automotores y de bicicletas, y presupuesto para la generación de infraestructura para el tráfico ciclista.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones XVI, XVII, XIX-G y XXX y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas

Único.Se expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, para quedar como sigue:

Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas

Artículo 1.La presente ley tiene por objeto establecer la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios en la generación de condiciones que conviertan a la bicicleta en un medio de transporte dirigido a mejorar las condiciones ambientales y de circulación vial de las zonas metropolitanas del país, así como la salud de sus habitantes, con el fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el desarrollo sustentable de las ciudades mexicanas.

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

Artículo 2. Para la aplicación de esta ley se entiende por :

I. Bicicleta:Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales;

II. Bicicleta asistida:es un tipo de vehículo eléctrico consistente en una bicicleta a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de la misma. La energía es suministrada por una batería que se recarga en la red eléctrica o panel solar. Su autonomía suele oscilar entre los 45 y los 60 km y tienen un precio más económico que las motos y coches de combustión. Sólo proporcionen asistencia mientras se pedalea.

III. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales. Se considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Los menores de doce años a bordo de un vehículo no motorizado serán considerados peatones.

IV. Ciclovía: son espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas a un lado de las calles, en los camellones o paralelos a las carreteras de acceso a las ciudades.

Artículo 3.La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas jurídicas y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para la instalación de infraestructura para la circulación cotidiana de bicicletas en las zonas metropolitanas de la República Mexicana y la protección vial de sus conductores.

Artículo 4.La federación, estados y municipios, en el ámbito de su competencia, determinarán en sus planes y programas, metas y temporalidad específicas para la instalación de ciclovías en vías generales de comunicación terrestre, así como en la red primaria de transporte de las zonas metropolitanas para lo cual se dotará de presupuesto anual obligatorio en cada uno de dichos niveles de ejecución.

Artículo 5.La federación, estados y municipios, en el ámbito de su competencia, determinarán normas para la construcción de ciclovías, para la circulación de bicicletas y bicicleta asistida, de manera compatible con los vehículos automotores y para la protección de sus conductores.

Artículo 6.La federación, estados y municipios, en el ámbito de su competencia, garantizarán que tanto el transporte público como sus instalaciones de transferencia modal cuenten con espacio específico para el traslado y estacionamiento de bicicletas.

Asimismo, propiciarán la concurrencia de la iniciativa privada en la inversión de transporte de bicicletas y aditamentos que lo faciliten, así como en la instalación de estacionamientos públicos específicos para este medio de transporte.

En todas las obras de construcción de vías generales de comunicación terrestre, y red primaria de vialidad de estados y municipios, se deberá considerar la instalación de ciclovías.

Artículo 7.La federación establecerá en el Presupuesto de Egresos un fondo metropolitano que coadyuve en la instalación de infraestructura para la bicicleta, cuya entrega estará condicionada a la participación económica de estados y municipios en el mismo objetivo.

Artículo 8.En los convenios de coordinación fiscal que suscriba la federación con estados y municipios por conceptos relacionados con vehículos automotores, en los que se prevea la transmisión de participaciones, se señalará el porcentaje específico de éstas que deberá destinarse a la instalación de ciclovías en la red de circulación vial de la entidad o municipio.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La federación, los estados y los municipios tendrán 120 días para expedir las normas oficiales y adecuar los reglamentos de tránsito conforme a lo establecido en la presente ley.

Tercero.A partir de la fecha, en todas las obras de construcción de vías generales de comunicación terrestre, y red primaria de vialidad de estados y municipios se deberá considerar la instalación de ciclovías.

Notas:

1 Problemas de movilidad en la Ciudad de México, Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, Secretaría del Medio Ambiente, México [citado 28-05-07]. Disponible en Internet: http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/problemasdemov .htm.

2 Anuario 2005 del Transporte y la Vialidad, Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, México, 2006. “Gráfico III -26. Indicadores Internacionales. Índices de Motorización”. El Distrito Federal cuenta con un vehículo por cada tres habitantes, mientras que California, Estados Unidos, posee más de un vehículo por habitante.

3 Sexto Informe de Gobierno, “Vehículos registrados por tipo y uso”, Anexo, Presidencia de la República, México, 2006, p. 500.

4 Anuario 2005..., “Gráfico III-6. México. Indicadores nacionales. Vehículos de motor registrados en circulación por entidad federativa. Cifras al 31 de diciembre de 2004”. Cabe mencionar que estas cifras no coinciden con las señaladas en el cuadro anterior, debido a que se trata de una fuente distinta y que los anteriores corresponden a 2005, mientras que éstos son de 2004.

5 Garza, Gustavo. “Incapacidad planificadora y mayor concentración”, en Demos, México, p. 28. Disponible en Internet:

http://www.ejournal.unam.mx/demos/no16/DMS01613.pdf

6 Reporte Nacional de Movilidad Urbana México 2014. ONU-Hábitat.

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20 Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf

7 José Manuel Landín. Movilidad urbana por razón laboral en la ZMVM. Coloquio de estudios territoriales, 2012.

8 Reporte Nacional de Movilidad Urbana México 2014, op. cit

9. http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad

10 Agencia EFE, “El sexto país más obeso del mundo” [citado 15-06-07]. Disponible en Internet:

http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=153545.

11 Calva Álvarez, op. cit.

12 Hinojosa, op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2016.— Diputadas y diputados: Norma Xochitl Hernández Colín,Ana Leticia Carrera Hernández, Cándido Ochoa Rojas, Delfina Gómez Álvarez, Evelyn Parra Álvarez, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Jesús Emiliano Álvarez López, Karen Orney Ramírez Peralta, Mario Ariel Juárez Rodríguez, René Cervera García, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Sandra Luz Falcón Venegas, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transportes, para su dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Pide la palabra el diputado Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto?

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para pedirle a la diputada Xochitl que nos deje adherir a esta importante iniciativa, que mucho va a contribuir al fomento del uso de la bicicleta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se pregunta a la proponente si acepta que sea suscrita su iniciativa por parte del diputado Emiliano Álvarez.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Por supuesto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ha manifestado su aquiescencia. Tiene a disposición la iniciativa aquí en la Secretaría. Tiene la palabra por cinco minutos... Adelante, diputado Salvador Zamora.

El diputado Salvador Zamora Zamora(desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para pedir que la iniciativa que acaba de presentar la diputada se pueda turnar también a la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Procede también su turno a la Comisión de Transporte, Desarrollo Metropolitano para su dictamen, y también a la de Presupuesto para su opinión. Diputada Verónica, de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Sólo para preguntarle a la diputada si me puedo sumar a su iniciativa, y mi reconocimiento a esta agenda tan importante en nuestro país para poder atender el tema de medio ambiente y de cambio climático. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se acerca por favor su micrófono, porque no se escucha.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Para pedir si me puedo sumar a la iniciativa de la diputada, reconocer su interés en este tema. Creo que es una agenda muy importante y sensible en nuestro país que debemos empezar a atender en este Congreso. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Le pregunto a la diputada Hernández Colín si está de acuerdo en que se suscriba por parte también de ese grupo la iniciativa que presentó. Sonido en la curul, por favor, de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Bienvenidas las buenas voluntades para hacer de este mundo un mundo mejor.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Queda a disposición de ustedes la presente iniciativa, en la Secretaría.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra también por cinco minutos, la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o y 7o de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Adelante, por favor.

La diputada Mirza Flores Gómez:Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta. Esta tarde vengo a hacer un pronunciamiento sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 7o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por economía procesal, le solicito que se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. En este momento por obviedad no lo repetiré, solamente expondré mis argumentos.

La violencia contra la mujer en espacios privados es una de las formas de violencia de género y se refiere a la cometida por alguna persona con quien mantiene una relación cotidiana de tipo íntimo, incluidos los compañeros, familiares, hermanos y amigos, ya sea porque se produce dentro del ámbito doméstico o fuera del hogar, entendiendo este espacio no solo como un lugar físico donde se manifiesta la violencia, sino como la relación cercana que existe entre el agresor y la víctima.

Desafortunadamente para muchas mujeres el hogar es un lugar de dolor y humillación, es una realidad que en nuestro país la violencia contra las mujeres, en uno de los principales problemas del siglo XXI se sigue presentando.

En condiciones de igualdad con los hombres y las mujeres, solo de iuris gozan todos los derechos y las libertades, así como el respeto de su autonomía; sin embargo, en la práctica, las mujeres siguen estando en condiciones de vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos fundamentales.

La vinculación del tema de la violencia de género a los derechos humanos ofrece nuevas posibilidades de análisis y de lucha, para poner fin a las discriminaciones en contra de las mujeres.

¿Y por qué digo esto? Porque de manera histórica es a las mujeres a quienes se nos ha sometido a usar vestidos de tul, coronitas, zapatitos de cristal, pulseras, collares, acompañarnos siempre de un espejito para recordarnos que somos muy bonitas, y eso sí, no podemos ensuciarnos los vestidos al jugar y entonces nos dicen: qué guapa, qué linda, mira qué bonita, sonríele a tu tío.

Y eso sin decir que todo el tiempo nos están sometiendo a esperar al príncipe azul, ¿para qué? Para que nos enamoremos del primer príncipe azul que nos salve, del segundo, del tercero, de todos los príncipes azules que vengan a salvar a las mujeres, no importa cuánto las golpeen, las violenten o las maten.

Es fundamental que levantemos la voz una y otra vez. Que dejemos de estar estigmatizando el lugar de la mujer en esta sociedad. Que dejemos de estar viendo los comerciales de televisión en donde los artículos de limpieza vayan dirigidos solamente a mujeres, que salen felices, fabulosas, sonrientes, en donde su único reto y su única satisfacción es tener pisos limpios o vestidos desmanchados. Que debamos a las fórmulas mejoradas de los suavizantes de telas o de los nuevos productos para desmanchar que podamos ir al partido de beisbol. Que podamos disfrutar de la familia porque un detergente nos salva de limpiar rápido la grasa de los platos. Eso es estigmatizar y es poner a las mujeres en el lugar en donde quieren que estemos, que es en la casa y en donde estemos sometidas a violencia invisible y discriminaciones.

En este sentido, es necesario que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reconozca explícitamente que la violencia familiar es una violación grave a los derechos humanos.

Que las mujeres independientemente de su edad, clase social, religión, orientación sexual, étnica y este tipo de violencia no se circunscriba más en el ámbito privado, sino que trascienda también a lo público, porque el Estado debe de reconocer su papel fundamental en la implementación de políticas públicas y programas sociales encaminados a prevenir, atender y erradicar esta conducta reprobable. Mientras siga existiendo no podremos transitar por un verdadero estado de derecho.

El 8 de marzo las mujeres no queremos flores, ositos, globos, bombones, queremos igualdad de condiciones. El día de hoy dedico mi participación a todas las mujeres de este país, particularmente de Jalisco.

Y quiero hacer mención y una felicitación a María Elena Sánchez Algarín, que es una institución en el proceso legislativo de esta Cámara de Diputadas y diputados, quien por años y de manera disciplinada y ordenada se ocupa del trabajo que todos realizamos y le da orden. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputadaintegrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exposición de Motivos

La violencia contra la mujer en espacios privados es una de las formas de violencia de género, y se refiere a la cometida por alguna persona con quien mantiene una interacción cotidiana de tipo íntimo, incluidos los compañeros, familiares y amigos, ya sea porque se produce dentro del ámbito doméstico o fuera del hogar, entendiendo este espacio no como un lugar físico donde se manifiesta la violencia, sino como la relación cercana existente entre el agresor y la víctima. Desafortunadamente, para muchas mujeres, el hogar es un lugar de dolor y humillación.

La violencia contra las mujeres en el ámbito privado no solo se circunscribe a los golpes y maltrato verbal, sino que también comprende toda una gama de actos psicológicos, físicos y sexual-mente coercitivos, en unas ocasiones exclusivos y en otras combinados e intencionales, así como el control, explotación y abuso económico practicados por su pareja actual o la de una relación previa.

Es una realidad que en nuestro país la violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas que en el siglo XXI se sigue presentando: de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), de un total de 24,566,381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, se registra que 11,018,415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal.

Recordemos que en nuestro país, el 01 de Febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de la exposición de motivos se contempla como “el principal objetivo de la iniciativa es el de proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia” y en su artículo 1° se establece el objeto de la misma:

La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las Entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres...

Desafortunadamente no se menciona explícitamente que “toda mujer, independientemente de su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra, goza de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, y por lo tanto, cualquier acción u omisión tanto del Estado Mexicano así como de los particulares (hombre o mujer) en la esfera pública o privada (violencia familiar) constituye una violación a los derechos humanos.

En condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres gozan de todos los derechos y libertades, así como al respeto de su autonomía, de acuerdo al artículo primero y cuarto constitucional y de conformidad con los instrumentos internacionales en los que México forma parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sin embargo en la práctica, las mujeres siguen estando en condiciones de vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos fundamentales.

La vinculación del tema de la violencia de género a los derechos humanos ofrece nuevas posibilidades de análisis y de lucha, para poner fin a las discriminaciones contra las mujeres. Sin embargo, aún pesa el hecho de que el paradigma de los derechos humanos se construyó a partir del supuesto de que los derechos civiles y políticos individuales encuentran su espacio en la vida pública, lo que lleva a ignorar las violaciones que ocurren en el seno de la familia. De esta manera, los delitos contra las mujeres se consideran como tales en la medida en que se aproximan a las situaciones tipificadas en los códigos y los tratados.

Por tal motivo, las mujeres comenzaron a luchar por la resignificación y ampliación de los derechos reconocidos internacionalmente, de modo que las relaciones de género se consideren un espacio de expresión de la desigualdad; además, han planteado la necesidad de hacer una nueva lectura de las esferas pública y privada y, por lo tanto, del ámbito en que se enmarcan los derechos humanos, ya que esta dicotomización ha limitado la ciudadanía de las mujeres.

La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (artículo 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (artículo 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (artículo 13), y de la libertad de reunión y asociación (artículo 20).

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, concordó en que la violación de los derechos humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente por los gobiernos, sino que éstos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros si no han tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos de violencia. De acuerdo con este criterio el Estado pasaría a ser cómplice de los hechos cuando no ofrece a las mujeres la protección necesaria frente a la violación de sus derechos, así como por actuar en forma discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de género, negando a las mujeres la protección de la ley en condiciones de igualdad.

Por otra parte, en Brasil, como ejemplo de derecho comparado, la Ley 11340 Maria da Penha reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y considera este tipo de agresión como un atentado a los derechos de las mujeres. La ley obliga al Estado y a la sociedad a proteger a las mujeres de la violencia doméstica y familiar, independientemente de su edad, clase social, raza, religión y orientación sexual. La Ley Maria da Penha incorpora un nuevo paradigma al reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y no como un crimen privado de menor gravedad. Se aplica así a la violencia contra las mujeres el régimen jurídico aplicable a las violaciones de los derechos humanos. El objetivo de la política es proteger a las mujeres de la violencia doméstica y familiar.

En este sentido, es necesario que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reconozca explícitamente que la violencia familiar es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres independientemente de su edad, clase social, religión y orientación sexual y que este tipo de violencia no solo se circunscribe al ámbito privado, sino que trasciende a lo público; porque el Estado debe reconocer su papel fundamental en la implementación de políticas públicas y programas sociales encaminados a prevenir, atender y erradicar esta conducta reprobable que mientras siga existiendo, no podremos transitar a un verdadero Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 2 y 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 2. Toda mujer, independientemente de su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra, goza de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana.La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 7.Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho, independientemente de su orientación sexual.

La violencia familiar contra las mujeres constituye una de las formas de violación de los derechos humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Mirza Flores Gómez, Cándido Ochoa Ramos, Evelyn Parra Álvarez, Karen Orney Ramírez Peralta, René Cervera García, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Felicidades a la señora Elenita, que es un ejemplo de trabajo, de disciplina, pero –sobre todo– también de esfuerzo para dar buenos resultados para el trabajo legislativo.

LEY DE HIDROCARBUROS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley de Hidrocarburos.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Me permito felicitar en este día a todas las mujeres mexicanas que hemos luchado y hemos forjado la patria que hoy hemos construido. Y sobre todo, el día tan significativo para reconocernos todas en la igualdad, como lo señala el artículo 4 constitucional. Hombres y mujeres construyendo por México.

Con la venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza estamos decididos a impulsar las iniciativas que propicien cambios sustantivos para una explotación nacional y responsable de nuestros recursos naturales.

En congruencia con estos principios, hoy me permito someter a su consideración la presente iniciativa que adiciona el párrafo tercero, cuarto del artículo 23 y una fracción del artículo 5 al artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos.

Con esta propuesta buscamos que las empresas que hayan sido responsables por daño en materia ambiental y/o patrimonial, de cualquier índole, no puedan participar en licitaciones de proyectos de extracción de hidrocarburos.

La exportación y transporte del petróleo son las principales fuentes de contaminación. Los hidrocarburos en los ríos, mares y océanos, ya que aproximadamente el 60 por ciento de la producción mundial se transportan por vía marítima.

Se estima que 8 mil 800 millones de litros de hidrocarburos entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas. De estos solo 8 por ciento se debe a fuentes naturales, por lo menos el 22 por ciento a descargas operacionales intencionales de los barcos. El 12 por ciento por derrames de buques y el 36 por ciento por descargas de aguas residuales.

Entre los más graves desastres ambientales se encuentran los derrames de petróleo que provocan grandes daños a los ecosistemas y a la salud humana, con las consecuencias de afectaciones socioeconómicas.

Es una realidad inexorable que el daño medioambiental ocasionado por los derrames termine, en la mayoría de los casos, afectando gravemente la actividad económica de la región donde se producen. Las especies mueren ahogadas en una marea negra, o bien, son un peligro para la ingesta humana, pues sus cuerpos en su hábitat y fuentes de alimento han sido expuestos a contaminantes incluso por décadas.

Si bien los accidentes suceden y existen empresas que llevan en su haber varios eventos relacionados con desastres ecológicos que por diversas circunstancias, ya sean humanas o fallas mecánicas, han dañado de forma irreversible los ecosistemas; situación que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y del medio ambiente. De ahi la importancia de legislar e incorporar en la ley los instrumentos jurídicos que establezcan un sistema de prevención y responsabilidad que permita reducir la posibilidad de que ocurra contaminación por derrame de hidrocarburos.

A partir de la reforma energética, en México contamos con un nuevo régimen que permite la participación privada en la extracción de hidrocarburos. Es nuestra obligación velar por que las empresas que participan en este sector no cuenten con un mal historial de daño ambiental, ya sea a nivel nacional o internacional.

Si bien la legislación en materia de protección ambiental prevé sanciones a aquellos responsables de los desastres naturales que dañan la gran biodiversidad que tiene nuestro país, es necesario ir más allá de legislar para prevenir.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la prevención debe ser un concepto que comience a regir la actividad del sector de hidrocarburos, con un principio básico de responsabilidad ambiental.

Por ello, proponemos que mediante la legislación se establezca como requisito ineludible de las empresas que deseen participar en las licitaciones de proyectos de extracción de hidrocarburos, que no hayan tenido antecedentes de accidentes por negligencia o falta de capacidad atribuida a las mismas. Porque proteger el patrimonio, la salud y el derecho humano de todos los mexicanos a un medio ambiente sano es una responsabilidad que asumimos en Nueva Alianza, y estamos dispuestos a crear las condiciones para ello.

Yo apelo a su conciencia y a su compromiso social para que nos unamos a esta propuesta, compañeras y compañeros, para dar protección a todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, compañera presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto, recorriendo los subsecuentes al artículo 23; y se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI al artículo 26 ambos de la Ley de Hidrocarburos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La pasada reforma energética contempló temas relevantes que eran urgentes de tratar; sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que se dejó de lado un tema relevante, mismo que a continuación describiremos.

Los daños medioambientales provocados en la industria orientada al desarrollo de energía, especialmente aquellos provocados por el uso de hidrocarburos, han regido situaciones de crisis en algunos países, incluso en México.

Existen empresas que llevan en su haber varios eventos relacionados con desastres ecológicos, que por diversas circunstancias, ya sean humanas o de fallas mecánicas, han dañado de forma irreversible ecosistemas y producido daños económicos importantes.

Tal como lo señala Greenpeace en su documento Impactos ambientales del petróleo, de los desastres ambientales ocasionados por el hombre, los derrames petroleros son de los más graves y de los que provocan mayores consecuencias en los ecosistemas acuáticos donde se producen.

Según el documento citado, “se estima que 3 mil 800 millones de litros entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas; de éstos, sólo ocho por ciento se debe a fuentes naturales; por lo menos, 22 por ciento a descargas operacionales intencionales de los barcos, 12 por ciento por derrames de buques y otro 36 por ciento por las descargas de aguas residuales.”

Tal como lo señala el organismo, los daños que se provocan en los ecosistemas duran no sólo años sino décadas, y pueden dañar tanto a los ecosistemas que abarcan flora, fauna, el entorno, así como al propio ser humano.

El estudio de Greenpeace menciona que, en la exposición a los hidrocarburos, el cuerpo humano puede absorber sustancias tóxicas de diferentes formas, como son por la derma (piel), mediante la ingesta de alimentos o a través de la respiración, causando serios problemas de salud.

Es por ello que no podemos permanecer indiferentes ante este tipo de accidentes o negligencias de parte de las petroleras a nivel mundial. En México estamos comenzando con un régimen de hidrocarburos nuevo, mismo que permite la participación privada en la extracción, por lo que debemos garantizar que se haga con las empresas más convenientes en todos los aspectos para el país, considerando temas como transparencia y rendición de cuentas, sustentabilidad y sobre todo, la protección a los ecosistemas en donde se llevará a cabo la extracción.

Un ejemplo de las negligencias señaladas es el derrame petrolero sucedido el 22 de abril de 2010 en el Golfo de México, responsabilidad de la empresa British Petroleum, mismo que alcanzó más de 1.550 kilómetros cuadros y que se originó en las costas de Lousiana. Aunque la empresa realizó diversos intentos por detener el desastre, no lo logró.

Es preciso señalar que a pesar del tiempo transcurrido del desastre, y aunque ya no se nota a simple vista la mancha negra (marea negra), aún se pueden observar animales muertos a consecuencia de la toxicidad del área. Incluso se menciona que personas que habitan en las costas afectadas han manifestado malestares sobre todo al consumir productos de origen marítimo, que como bien sabemos, en dichas áreas son una actividad económica preponderante.

Como el anterior, podemos mencionar otros ejemplos que a lo largo de la historia se han suscitado y que han dejado a su paso daños catastróficos.

En 1967, se hundió en la costa de Inglaterra el superpetrolero “Torrey Canyon”, derramando aproximadamente 119.000 toneladas de crudo, con un estimado de cerca de 180 kilómetros contaminados de las costas inglesas, francesa y miles de especies muertas tanto de aves como de peces. Para dicho desastre, se buscó implementar el uso de detergentes y productos químicos para disolver el crudo e incluso explosivos; sin embargo, esto empeoró el desastre, teniendo una consecuencia devastadora.

Años después, en 1979, el pozo petrolero “Ixtoc I” explotó en el Golfo de México, vertiendo casi 500 mil toneladas de crudo al mar.

Otro de los accidentes más conocidos fue el ocurrido en Alaska en marzo de 1989, cuando el barco petrolero Exxon Valdez derramó 38 mil toneladas de petróleo, considerada como la peor tragedia ambiental en aquella región.

En nuestro país, recientemente ocurrió un derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y otros metales pesados como arsénico, aluminio, cadmio, fierro, manganeso y plomo a los ríos Bacanuchi y Sonora, responsabilidad de la empresa “Grupo México”, dejando devastadoras consecuencias en ese ecosistema nacional, además de múltiples enfermedades a los pobladores de las regiones cercanas que utilizaban el agua de estos ríos para consumo personal.

Como estos, podríamos enumerar cientos de desastres naturales generados por la extracción o transporte de hidrocarburos alrededor del mundo.

Por ello, en Nueva Alianza presentamos la presente Iniciativa, ya que consideramos indispensable que se tenga como requisito para poder participar en las licitaciones de proyectos de extracción de hidrocarburos, el que las empresas privadas no hayan tenido antecedentes de accidentes donde la negligencia de la empresa haya quedado de manifiesto, con el fin de garantizar la efectividad de las mismas en el territorio nacional.

Argumentación

Los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con el cuidado y protección al medio ambiente, y aunque también somos una bancada en pro de la Reforma Energética, siempre nos hemos manifestado en favor de las mejores prácticas sustentables en esta materia.

Nuestra Carta Magna establece como derecho humano el acceso a un medio ambiente sano en su artículo 4, párrafo quinto, que establece:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Sin lugar a dudas, somos un país regido por los Derechos Humanos, y como tal debemos desde esta tribuna garantizar su ejercicio y protección a los mismos.

De esta forma y partiendo de nuestra máxima legislación, debemos manifestar este concepto en las legislaciones secundarias, buscando en todo momento que se cumpla y respete cabalmente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de su titular, Guillermo Haro Bélchez, señaló que tan sólo de 2010 a la fecha, este organismo ha atendido tres mil 446 emergencias ambientales por hidrocarburos a lo largo del territorio nacional, de las cuales mil 606 han sido reportadas por Pemex y mil 840 por otras empresas.

La Legislación nacional en materia de protección ambiental ha avanzado significativamente, realizando esfuerzos titánicos por sancionar aquellos responsables de los desastres naturales que dañan la gran biodiversidad que tiene nuestro país.

Actualmente se cuenta con una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada el 7 de junio de 2013, y que tiene por objeto lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento sonreglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.”

Lo anterior es un avance plausible en materia de sanciones a los desastres ambientales. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos que la prevención debe ser un concepto que tenemos que comenzar a establecer en la legislación actual, ya que así evitaremos que se utilice de forma desmedida la ley citada, que si bien evitará que queden impunes las negligencias ambientales, se considera insuficiente para subsanar los errores que se pudieron prevenir.

A nivel Internacional, la Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de prevenir la contaminación marina proveniente de los buques y mejorar la seguridad del transporte marítimo internacional. Dicho organismo señala que la contaminación del mar por petróleo procedente de buques disminuyó un 60 por ciento en el decenio de 1980.

En este sentido, es preciso señalar la existencia del Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, que actualmente administra la OMI. De igual manera, otros tratados en esta materia, según el Centro de Información de las Naciones Unidas, son:

Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos (1969).

Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (1972), firmado por México el 29 de Diciembre de 1972 y en vigor desde el 30 de agosto de 1975 en nuestro país.

Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos (1990).

El Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, en su artículo 1ero señala:

Artículo I

Las partes contratantes promoverán individual y colectivamente el control de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y se comprometen especialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana dañar los recursos biológicos y la vida marina reducir otros usos legítimos del mar.”

Los argumentos anteriores buscan fortalecer la necesidad que manifestamos en la presente iniciativa los integrantes del grupo parlamentario, para buscar que mediante la legislación se establezca como requisito ineludible que las empresas participantes en las licitaciones de hidrocarburos no cuenten con un mal historial de daño ambiental a nivel nacional o internacional.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto, recorriendo los subsecuentes al artículo 23; y se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI al artículo 26 ambos de la Ley de Hidrocarburos

Artículo Único.Se adicionan los párrafos cuarto y quinto, recorriendo los subsecuentes al artículo 23; y se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI al artículo 26 ambos de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 23.- ...

...

...

No podrán participar en las licitaciones a que se refiere el presente artículo aquellas personas físicas o morales que mediante resoluciones administrativas o sentencias federales, estatales, municipales o de tribunales internacionales hayan sido responsables por daño en materia ambiental y/o patrimonial de cualquier índole.

Tampoco podrán hacerlo si la mencionada responsabilidad fue fincada a alguna empresa filial o subsidiaria perteneciente al mismo grupo económico al que pertenece el aspirante o concursante.

...

...

...

...

Artículo 26....

I. a IV. ...

V. Hayan resultado responsables mediante resoluciones administrativas o sentencias federales, estatales, municipales o de tribunales internacionales por daños medioambientales y/o patrimoniales como consecuencia de sus actividades, o que pertenezcan a un grupo económico cuyas empresas subsidiarias o filiales hayan sido declaradas responsables en ese sentido.

VI. Las demás que se establezcan en las bases de licitación.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/1/impactos_ambiental es_petroleo.pdf

2 Tal como lo señala el Blog Verde, “La plataforma Deepwater Horizon, explotó el día 22, con un saldo de 11 trabajadores desaparecidos” (http://elblogverde.com/derrame-de-petroleo-en-golfo-de-mexico/), British Petroleum es la mayor extractora en el Golfo de México.

3 http://www.forbes.com.mx/las-36-empresas-con-un-alto-compromiso-ambiental/

4 http://www.foroambiental.com.mx/miles-de-derrames-de-hidrocarburos-en-mexico/

5 http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/proteccion-del-medio-marino/

6 Firmado en 1958 por México http://www.inecc.gob.mx/descargas/ai/ con_13.pdf

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de marzo de 2016.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla(rúbrica).»

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Mujer, tu feminidad habla de formas de sensibilidad, de dulzura, de suavidad, y éstas no son limitantes, sino complementos en el desarrollo de todo ser humano. Marisol López García.

Estimados diputados, diputada Daniela, que hoy preside la Mesa Directiva. Buenas tardes.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se convierte en un tema obligado, no solo a hablar con grandilocuencia sobre la belleza de ser mujer, sino sobre todo se requiere trabajar decididamente cada uno desde nuestra trinchera en recuperar y ofrecer de manera justa una vida digna a la mujer, pero por supuesto que a todas las mujeres, a la mujer que se encuentra en el vientre de su madre y también a la mujer que se encuentra en los últimos días de su vida, a todas y cada una de ellas.

Con pena podemos decir ciertamente, que somos herederos de una historia de enormes condicionamientos hacia la mujer a la que se le ha despreciado en su dignidad, se le ha olvidado generar todas las prerrogativas que le corresponden, se le ha marginado e inclusive hoy mismo en este siglo se le ha reducido a la esclavitud. Esto le ha impedido ser profundamente ella misma, pero sobre todo ha privado a la humanidad entera de los aportes, de la riqueza que esta mujer contiene en su ser, de su genialidad.

Ciertamente es hora de mirar con valentía y recuperar la memoria de esa larga historia de la humanidad, en el que las mujeres han contribuido no menos que los hombres y la mayor parte de las veces sí lo ha hecho desde la misma adversidad. Y qué decir de los obstáculos que en tantas partes del mundo impiden aun ahora que las mujeres puedan insertarse plenamente en la vida social, económica y política de los diferentes países. Basta pensar, en cómo a menudo es penalizado más que gratificado, el don de la maternidad al que la humanidad debe también su misma supervivencia, su existencia. Aún queda mucho por hacer para que ser mujer y madre no comporte una discriminación en México y en el mundo.

Hoy me encontré con una escena preciosísima al entrar en este pleno, se encontraba una diputada, compañera nuestra, acunando en los brazos a Pablo, su precioso hijo de cuatro meses de edad. Y me maravilló la posibilidad de pensar que las mujeres podamos vivir nuestra maternidad y al mismo tiempo aportarle al mundo nuestra genialidad, que bien le haríamos a todas las mujeres de México si las cuestiones laborales no estuvieran peleadas con la tarea que más amamos, la tarea de nuestra maternidad.

Felicidades a nuestra compañera que le enseña al mundo lo que la mujer hoy quiere y necesita. Esta no es la realidad de todas las mujeres. Hay un problema especialmente doloroso del que han hablado en este recinto el día de hoy y que motiva precisamente la iniciativa que hoy les pongo a su consideración. Eso tiene que ver con la violencia en todos los ámbitos que sufre la mujer en nuestro país.

Hay diversos estudios que abordan la violencia que la mujer vive y hay dos maneras de acercarse a esa realidad desde los datos estadísticos que se generan –por ejemplo– cuando una mujer denuncia o desde las encuestas. Ambos nos permiten acercarnos un poco a la realidad, pero hasta el día de hoy no podemos asegurar que esto verdaderamente se refleja en los datos que conocemos.

Resultado de eso es que por ejemplo la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2011, nos dice que el 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja durante la última relación. Esos son datos preocupantes porque también sabemos con muchísima preocupación que no se suele denunciar y que no necesariamente cuando se denuncia se escribe lo que realmente se ha denunciado.

Son datos tremendamente preocupantes porque nos hablan que México necesita políticas públicas y programas educativos que retomen los valores familiares del respeto, de la verdadera tolerancia, de la fortaleza y de la paciencia, como ejes esenciales de la convivencia en el hogar. Sin embargo solo casi dos de cada 10 mujeres que viven violencia en su relación se acercan a una autoridad para pedir ayuda.

Ante esta realidad se alzan las voces de innumerables víctimas de violencia que nos relatan experiencias que van desde lo dramático hasta lo indignante, con obstáculos culturales y estructurales cuando se deciden acercarse a denunciar hechos violentos de los cuales han sido objeto.

Es necesario ayudar, sí, y mucho, a las víctimas, pero se requiere hacerlo de la mejor manera, con profesionalismo y con la capacitación necesaria para el manejo de las denuncias y de su problemática.

Es por esto que propongo una iniciativa en donde se establezca un perfil profesional y una capacitación adecuada como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, sicológica y jurídica que las denunciantes de violencia requieren y que esto se estandarice a nivel nacional en la ley. Por eso propongo se adicione una fracción III al artículo 51 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Su aprobación será una importante aproximación a dar una respuesta justa a lo que hoy las mujeres en el país vivimos, y entonces sí podremos decir, como lo dijo en su tiempo Juan Pablo II “te doy gracias, mujer por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu feminidad que enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas”. Felicidades, mujeres de México, felicidades, mujeres del mundo. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 51 de la atención a las víctimas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Según los diversos estudios que abordan la violencia contra las mujeres existen dos formas de aproximarse a los datos estadísticos que la consignan: los registros administrativos y las encuestas. Ambos son un indicador que nos permite acercarnos a la magnitud de este grave problema, pero no son de ninguna manera un retrato exacto de la violencia real que padecen las mujeres víctimas porque no quedaron registrados sus casos al no acudir a pedir ayuda o algún servicio de tipo legal, médico, etcétera.

La atención a las víctimas de violencia se ofrece en diferentes instituciones a través de servicios generales o especializados, o en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. En cada entidad federativa varían las instancias de atención, por lo que, para conocer el número exacto de asuntos atendidos es necesario hacer una investigación directa en cada entidad.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla, como parte del proceso atención a las mujeres víctimas de violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a cargo en un inicio de la extinta Secretaria de Seguridad Pública Federal y actualmente de la Secretaria de Gobernación, que tiene como objetivo general: “Proporcionar y administrar la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, con el fin de instrumentar Políticas Públicas desde los derechos humanos de las mujeres”.

Cuando un hecho delictivo derivó en una denuncia penal, dado que estas denuncias se realizan únicamente ante las instituciones encargadas de la procuración de justicia, el correspondiente registro de casos se encuentra en la Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa. Las Procuradurías Generales de Justicia reportan al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) información sobre ciertos presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público de los fueros común y federal. Esta información la reportan también al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con esta información publicada anualmente en los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (Inegi) y mensualmente en el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible aproximarse a la incidencia de algunos delitos como homicidio, violencia familiar, violación y otros delitos sexuales.

Así también para conocer la incidencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres en México, contamos con una aproximación bastante certera por medio de las encuestas.

Las encuestas proporcionan una estimación confiable de la ocurrencia de los eventos cuando no se cuenta con un registro puntual de ellos. Para conocer y analizar información sobre violencia de todos los tipos contra la mujer, a nivel nacional y por entidad federativa, la mejor aproximación es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en sus tres levantamientos en 2003, 2006 y 2011. Esta encuesta nos permite un acercamiento a los distintos tipos de violencia contra las mujeres mayores de 15 años –emocional, económica, física y sexual- y a sus componentes. Adicionalmente nos ofrece datos sobre su ocurrencia en diversos ámbitos: de pareja, patrimonial, familiar, escolar, laboral y comunitario. Asimismo indaga sobre las características de las mujeres que han sido víctimas de la violencia y las consecuencias derivadas de estos actos.

Violencia de pareja

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja, o novio) durante su última relación.

Violencia emocional. 4 de cada 10 mujeres en México (43.1%) han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o del hogar, vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la pareja.

Violencia económica. 2 de cada 10 mujeres en México (24.5%) han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etcétera).

Violencia física. A 14 de cada cien mujeres en México (14.0%) su paren la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma.

Violencia sexual. A 7 de cada 100 (7.3%) les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.

Datos tremendamente preocupantes porque nos hablan que México necesita políticas públicas y programas educativos que retomen los valores familiares del respeto, la verdadera tolerancia, la fortaleza y la paciencia como ejes esenciales de la convivencia en el hogar.

Asimismo vemos con enorme preocupación que no obstante la promoción en los medios de comunicación de una cultura de la denuncia contra todo lo que atente a los derechos humanos de cada uno de nosotros, el porcentaje de denuncia sigue siendo extremadamente bajo sobre todo cuando de violencia contra la mujer se trata.

Es de observar que solo casi dos de cada diez mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda (13.6%). De ellas 32.6% lo hizo a un ministerio público para levantar una denuncia, otra proporción importante recurrió al DIF (32%) y en menor medida a otras autoridades como son la policía (20%), la presidencia municipal o delegación (15.4%) y a los institutos (estatales o municipales) de la mujer (9%).

Por estado conyugal, se observa que:

- Las mujeres alguna vez unidas (separadas, divorciadas y viudas) son quienes más se acercaron a alguna autoridad buscando ayuda ante las situaciones de violencia que vivieron con sus parejas (24%), mientras que 9.2% de las casadas o unidas lo han hecho.

- En las mujeres solteras, se observa una incidencia muy baja de recurrencia a las autoridades, prácticamente no acuden a ellas en casos de violencia por parte de sus parejas. Este grupo prefiere acercarse a sus familiares.

- 10.3% de las mujeres alguna vez unidas que fueron violentadas por sus parejas se acercaron a un Ministerio Público por ayuda, mientras que el 2.9% de las unidas y 0.6% de las solteras recurrieron a esta autoridad.

Entre los principales motivos por los que las mujeres casadas o unidas no recurrieron a las autoridades ante la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentran: la creencia de que se trató de algo sin importancia o que él no va a cambiar (73.8%), por vergüenza o para que su familia no se enterara (10.8%), por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (9.4%), porque él le dijo que cambiaría o porque piensa que su pareja tiene derecho a reprenderla (9.1%), por miedo (8%), porque no sabía que podía denunciar (6.1%) y porque no confían en las autoridades (4.3%).

Los motivos por los que no se acercaron por ayuda ante los actos de violencia de parte de su ex pareja cuando estaban con ellos las ahora separadas son un poco similares, aunque algunos con porcentajes mayores: porque creyeron que se trató de algo sin importancia o que él no cambiaría (49.4%), por miedo o porque sus ex parejas las amenazaron (24.5%), por vergüenza o para que su familia no se enterara (21%), por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (17.8%), porque pensaba que él tenía derecho a reprenderla o porque él le dijo que cambiaría (15.3%), porque no sabía que podía denunciar la agresión (14%), porque no confía en las autoridades (9.1%).

Estas cifras revelan una muy preocupante realidad, que culturalmente la violencia ha permeado no solo las familias sino la cultura misma que hace ver como “normal” conductas que no solo son reprobables sino síntomas de un sistema de impartición de justicia visto con recelo y desconfianza.

Ante esta dramática realidad se alzan las voces de innumerables víctimas de violencia que en las comunidades, en los foros, y en la convivencia cotidiana con nosotros legisladores nos relatan experiencias que van de lo dramático a lo indignante en relación a lo que se vive cuando no obstante esta multitud de obstáculos culturales y estructurales se decide acudir a denunciar los hechos violentos de los que se ha sido objeto.

Humillación, inhumanidad, improvisación, falta de sensibilidad ante el dolor de la víctima, ausencia de la empatía más básica son prácticas comunes que terminan de victimizar y lacerar a estas ciudadanas que pasan por este trance tan difícil.

Es necesario ayudar si y mucho a las víctimas y para ello se requiere hacerlo de la mejor manera, con el profesionalismo y la capacitación necesarias para el manejo de ellas y su problemática muy particular, donde se privilegie la calidez, el trato humano y el apego a protocolos de atención claros y sistematizados que no dejen nada a la improvisación.

En muchos lugares ha funcionado el nombramiento y asignación de mujeres a estas labores de contención y primer contacto con las víctimas ya que por ser mujeres les es más fácil comprender el sufrimiento que se padece y se sensibiliza el trato, en otros son varones los que realizan esta labor pero con una continua capacitación indispensable para el éxito de tan noble trabajo.

Es por ello que la suscrita propongo se establezca un perfil profesional y una capacitación adecuada como requisito necesario para poder prestar el servicio de la asistencia médica, psicológica y jurídica que las denunciantes de violencia requieren y que esto se estandarice a nivel nacional en la ley.

Por lo cual pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona la fracción III del artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 51.

I. ...

...

II. ...

...

III. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos;

IV. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)

2. Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015

3. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (Inegi) 2014.

4. Estadísticas de violencia contra las mujeres en México, Instituto Nacional de las Mujeres, 16 de enero de 2014.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo del año 2016.— Diputadas y diputados: Norma Edith Martínez Guzmán,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Cándido Ochoa Rojas, Evelyn Parra Álvarez, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez:Con su permiso, señora presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros. La conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, es el momento idóneo para reflexionar sobre el estatus de los derechos de las mujeres. Por ello este día vengo a presentar la iniciativa propuesta por la diputada Erika Rodríguez Hernández, y su servidora.

En esta iniciativa vemos la oportunidad perfecta para analizar de qué depende que las mujeres puedan ejercer efectivamente los derechos que se encuentran reconocidos desde el nivel constitucional, para reflexionar sobre los factores y contextos que contribuyen a la práctica de nuestros derechos que son constantemente violados, y procurar encontrar una forma para remediar dichas violaciones en plena corresponsabilidad de mujeres y hombres en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.

El 8 de marzo representa la certeza y la claridad de que el Estado mexicano debe de respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales y en nuestras leyes, puedan ejercerse efectivamente.

Este día es –por tanto– una oportunidad para cuestionar y analizar qué sistemas de cuidado podrían diseñarse y cómo las estructuras laborales podrían reformarse para que las mujeres no tengan que andar esforzándose, dividiéndose entre varios trabajos que sean suficientes para la manutención y las labores familiares de la crianza. Lo que se busca es lograr una conciliación entre la vida familiar y laboral.

Las mujeres aún no somos reconocidas como jefas de la familia proveedoras de ingresos, desconociendo e invisibilizando el aporte de las mujeres en el hogar, en el trabajo doméstico y en el empleo formal.

Esta división sexual del trabajo ha sido la causa de origen de las desigualdades de género. Además se atenta contra los derechos de las mujeres al fomentar el estereotipo de que nosotras somos las que tenemos a nuestro cargo el trabajo doméstico, lo cual impide la distribución equitativa de las tareas, lo que genera mayor desigualdad y la falta de oportunidades para un pleno desarrollo.

Más aún, no se reconoce y por tanto no se visibiliza la trascendencia del uso del tiempo, así como el trabajo no remunerado de las mujeres en el desarrollo de la sociedad. Somos las mujeres las que sostenemos los hogares, las que salimos a trabajar cada mañana y las que regresamos a los hogares a continuar con nuestra doble y triple jornada de trabajo doméstico.

Por ello, la importancia de agregar valor económico al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, en las diferentes actividades productivas, lo cual permitiría dimensionar de manera más precisa el aporte de los hogares a la economía nacional.

Diputadas y diputados, la falta de valor y reconocimiento al trabajo en el hogar, y al uso del tiempo que le dedican las mujeres a ésta, aún no se ve reflejada en las cuentas nacionales. Por lo tanto, la corresponsabilidad social se entiende como la responsabilidad compartida entre cuatro actores principales: el Estado, el mercado laboral, la comunidad y las familias.

La Organización Internacional del Trabajo definió en 1999 el concepto de trabajo decente que expresa el amplio objetivo de que las mujeres y los hombres tengan oportunidades de empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad.

Por lo tanto, es necesario promover que las convocatorias, procesos de selección, contratación y ascensos laborales, se emitan tomando en cuenta criterios de paridad e igualdad de género, y así se desarrollen las medidas jurídico-administrativas que permitan la existencia de un número equitativo de mujeres y hombres en los puestos laborales.

Se deben promover estancias de cuidados, licencias de paternidad, medidas compensatorias que garanticen a las mujeres su acceso a condiciones laborales en igualdad. Se deben analizar los contextos que condicionan el ejercicio de sus derechos. Esto es, la dimensión estructural existente reflexionando sobre cómo las instituciones, los gobiernos y las personas contribuyen al no ejercicio efectivo de los derechos.

Se trata de garantizar el derecho de las mujeres y los hombres a un trabajo remunerado, sin tener que renunciar por ello a una vida familiar. Hay que transformar los sistemas de cuidado y la relación entre familia y el trabajo.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia la recién aprobada norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, impulsada por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que establece los requisitos para que los centros d trabajo públicos, privados y sociales integren, implemente y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación.

Amigas y amigos, es fundamental consolidar una cultura laboral en a que se respete la diversidad y proporcione igualdad de trato, oportunidades, remuneración y beneficios para eliminar las brechas de género, entidades, como la distancia que separa a mujeres y hombres respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Érika Araceli Rodríguez Hernández y Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Érika Araceli Rodríguez Hernández y Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, diputadas federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la reforma del 10 de junio de 2011, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en los que el Estado mexicano sea parte, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Que este mismo numeral constitucional, en su párrafo segundo, establece el principio pro homine, que mandata que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Constitución y los tratados internacionales de la materia, principio de constitucionalidad y convencionalidad, respectivamente, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Que en cumplimiento a nuestra norma fundamental, el instrumento internacional ratificado por el Estado mexicano y denominado Belem do Para establece en su artículo 4o. el derecho de las mujeres a un trato igual de protección ante la ley y de la ley; así como el derecho a tener igual acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos en la toma de decisiones.

Que otro instrumento internacional del cual México es parte, denominado Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), mandata en su artículo 11, numeral 1, incisos b), c) y d) que la mujer tiene el derecho a las mismas oportunidades de empleo, a la aplicación de los mismos criterios de selección, el derecho de ascenso, la estabilidad laboral y todas las prestaciones que deriven de la relación laboral con igualdad de trato y con igual remuneración que los hombres.

Que tanto el artículo 4o. de nuestra Constitución como la Ley General de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres regula, protege y garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, así como mandata el establecimiento de acciones y mecanismos institucionales que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de la administración pública federal en el cumplimiento de la misma.

Por siglos, la división sexual del se ha caracterizada por una diferenciación histórica en la asignación de actividades y roles asignados a mujeres y hombres que define el sistema estructural patriarcal.

Se piensa que las Mujeres, han trabajado fundamentalmente en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito públicos y han sido reconocidos como los únicos proveedores de ingresos en el hogar, desconociendo e invisibilizando el aporte de las mujeres en el trabajo doméstico y en el empleo formal y su aporte a los hogares. Esta división sexual del trabajo ha sido la causa de origen de las desigualdades de género aunado a que la sociedad añade a las mujeres, la responsabilidad de las actividades de cuidados en los hogares lo que genera mayor desigualdad y falta de oportunidades de desarrollo para las mujeres y las niñas.

Reconocer y visibilizar la trascendencia del uso del tiempo así como, del trabajo no remunerado de las mujeres es indispensable para identificar su situación y condición de vida.

Por ello, la importancia de agregar valor económico al trabajo no remunerado que los miembros realizan en el hogar en las diferentes actividades productivas lo cual permite dimensionar de manera más precisa el aporte de los hogares a la economía nacional. De ahí la relevancia de profundizar en las metodologías de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México (CSTNRHM).

La falta de valor y reconocimiento al trabajo doméstico, y al uso del tiempo que le dedican las mujeres aún no se ve reflejada en las cuentas nacionales. No obstante, las mujeres que se insertan al mercado laboral “formal”, no significa que dejen el trabajo doméstico, de ahí que se hable de dobles y triples jornadas de trabajo, puesto que por cuestiones económicas o voluntarias, el 42.5 por ciento de las mexicanas de 14 años y más participan en la fuerza productiva del país, mujeres que además de cumplir su jornada de trabajo fuera del hogar, realizan los quehaceres domésticos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 (ENUT 2009), que aportó información sobre el trabajo de cuidados realizado en los hogares, se estimó que en ese año 10.1 por ciento de las personas en hogares requerimos de cuidados (aproximadamente equivale a 6.9 millones de personas).

El trabajo de cuidados en México, lo realizan 7.8 millones de personas, de las cuales 63.7 por ciento son mujeres. Al cuidado de menores de 6 años se dedicaron por ejemplo; 15.1 millones de personas que equivalen a 67.4 por ciento son mujeres.

Por otro lado, es importante resaltar que los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 30.5 por ciento menos que los hombres en ocupaciones industriales, 16.7 por ciento menos como comerciantes y 15.3 por ciento menos como profesionales. (Enadis, 2010).

Se refiere que dos de cada diez mujeres consideran que los principales problemas que afrontan están relacionados con la falta de empleo y/o la economía, seguidos por la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia, así como la discriminación. (Enadis, 2010).

La Corresponsabilidad Social, se entiende como la responsabilidad compartida entre cuatro actores principales: el Estado, el mercado laboral la comunidad y las familias como actores corresponsables de garantizar la reproducción y la provisión de bienes y servicios a la sociedad. La Corresponsabilidad social en el trabajo de cuidados contribuye a incrementar la participación de las mujeres en actividades económicas y a mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan para el mercado laboral.

También, en ese sentido, la organización Internacional del Trabajo (OIT) definió en 1999 el concepto de trabajo decente que expresa el amplio objetivo de que las mujeres y los hombres tengan oportunidades de empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.

Este abordaje considera las dimensiones laborales como extra-laborales y establece un puente entre el trabajo y la sociedad y su propósito es mejorar las condiciones de vida de las personas. Especialmente, para garantizar un trato justo, equitativo sin discriminación que permita conciliar el trabajo con la familia (PNUD–OIT 2009).

Por ejemplo; contar y promover que las convocatorias, procesos de selección, contratación y ascensos se emitan tomando en cuenta criterios de paridad e igualdad de género para que se desarrollen las medidas jurídico – administrativas que permitan la existencia de un número equitativo de mujeres y hombres en los puestos que se mencionan con posterioridad. También, promover estancias de cuidados, licencias de paternidad, medidas compensatorias que garanticen a las mujeres su acceso a condiciones laborales en igualdad. Se trata de garantizar el derecho de las mujeres y los hombres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar por ello a una vida familiar.

Por lo antes mencionado, y considerando la relevancia de la recién aprobada Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación impulsada por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, que establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación y lograr así la igualdad sustantiva.

La igualdad sustantiva se logra eliminando la discriminación que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de las personas. De allí, la importancia de la eliminación de las brechas de género, entendida como la distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos.

Así, destacan los principios fundamentales de la inclusión laboral abarcan: 1. El empleo digno 2. La accesibilidad arquitectónica 3. El acceso a los bienes y recursos institucionales 4. La comunicación de las oportunidades de manera equitativa para todo el personal, sin pasar por alto el tema de la formación y capacitación en sus áreas de trabajo.

Por lo anterior, es fundamental consolidar una cultura laboral en la que se respeta la diversidad y se proporcione igualdad de trato, de oportunidades, de remuneración y de beneficios. Contar con prácticas laborales que facilitan la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal que fortalecen el desempeño.

Por tanto; es necesario fomentar los mecanismos para reforzar el derecho de igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, para promover especialmente que en las convocatorias, procesos de selección, contratación y ascenso exista igualdad de género e igualdad de oportunidades, para lograr el objetivo de contar igual número de hombres y mujeres en todos los niveles de las la administración pública.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía lo siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 57 Bis, 86 Bis, 153 A, 164 y 164 Bis de la Ley Federal del Trabajo para incorporar el Enfoque de Género en la Política Laboral

1. Se propone agregar al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública:

Fracción XX....

– Establecer medidas de Política Laboral con enfoque de género para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

– Incorporar el enfoque de Trabajo Decente” en la política laboral para garantizar que mujeres y hombres tengan acceso a oportunidades de empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.

– Instrumentar acciones y mecanismos para aplicar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

Fracción XXI...

– Promover el desarrollo de capacidades y habilidades en y para el trabajo bajo el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que incrementen el desarrollo profesional e integral de las mujeres a través del fortalecimiento de sus capacidades, habilidades en el ámbito laboral en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

2. Se propone agregar el artículo 56 BIS del Título Tercero de las Condiciones de Trabajo de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 57 Bis

Las condiciones laborales basadas en el principio de la igualdad sustantiva deberán impulsar acciones para construir una cultura laboral con enfoque de género y no discriminación orientada a brindar las condiciones de igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo, entre ellas:

– Incorporar la perspectiva de género en las convocatorias y procesos de selección y reclutamiento de personal para garantizar el acceso de las mujeres a puestos con mayores ingresos.

– Las convocatorias que se emitan deberán dar preferencia a las mujeres para igualar en equidad al número de hombres en los niveles de jefatura de departamento, coordinación y direcciones.

– Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades

3. Se propone agregar el Artículo 86 BIS del capítulo V de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 86 Bis

– Asignar preferentemente las oportunidades de ascensos a las mujeres para garantizar ocupen puestos con mayor remuneración.

– Implementación de Medidas de igualdad de oportunidades dirigidas a las mujeres para lograr su nivelación salarial.

4. Se propone agregar al Artículo 153 A del Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 153-A.Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores:

I. Garantizar procesos de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades bajo el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

II. Desarrollar un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación.

III. Promover y hacer uso del Código de Ética con un lenguaje incluyente y no sexista.

5. Se propone modificar el artículo 164 del Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 164

Las mujeres gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres bajo el principio de igualdad sustantiva.

6. Se propone agregar el artículo 164 BIS del Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 164 Bis

Para la implementación de la norma Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación Promover Medidas de Corresponsabilidad social, y de conciliación entre la vida laboral y familiar bajo el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres entre ellas:

I. Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades.

II. Promover acciones de responsabilidades familiares compartidas en el cuidado de las y los hijos y las y los adultos mayores.

III. Promover Licencias de Paternidad y/o parentalidad dirigidas a los hombres para la atención de los cuidados y obligaciones de crianza de las hijas e hijos y promover las responsabilidades compartidas.

IV. Instrumentar licencias temporales en el periodo de la jornada laboral dirigidas a mujeres jefas de familia y mujeres víctimas de violencia que requieran realizar trámites y gestiones vinculadas a los cuidados domésticos de las hijas e hijos.

V. Provisionar servicios de estancias de lactancia en el lugar de trabajo y con el establecimiento de horarios flexibles.

VI. Establecer licencias provisionales para el acompañamiento de hijas e hijos por cuestiones médicas y de educación.

VII. Ampliación de horarios en la provisión de los servicios de guarderías y centros de cuidados.

VIII. Ampliación de Licencias de Maternidad a mujeres jefas de familia; y garantía de la integridad del salario durante la vigencia de la licencia.

IX. Promover la inclusión y desarrollo de tecnologías que faciliten el trabajo profesional y el doméstico y promover el acceso de las mujeres a esas tecnologías para brindar a las mujeres opciones y posibilidades para cambiar a trabajos mejores remunerados.

X. Medidas de reducción de la jornada de trabajo para las mujeres embarazadas.

Notas:

1 Como antecedente, a nivel mundial, la plataforma Internacional sobre la que se sustenta la realización de estadísticas de Uso del Tiempo es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing (1995) y a nivel regional, la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito (2007). La medición del tiempo fue aprobado en el marco Internacional por la OIT (2008) reconociendo las actividades de los hogares como productivas y recomendando la medición de toda modalidad de trabajo a fin de propiciar la mejora de políticas públicas que permitan conciliar el ámbito familiar con lo económico.

2 Inegi. 2007. Uso del Tiempo. Mujeres y Hombres en México, Decimo primera edición. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/ espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/mujeresyhombres/2007/MyH _2007_5.pdf

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez,Alfredo Bejos Nicolás, Ana María Boone Godoy, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Federico Quinto Guillén, Cecilia Guadalupe Soto González, Erik Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, José Luis Sáenz Soto, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Gutiérrez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Saludamos la presencia de universitarios de la Escuela Jurídica Forense del Sureste, procedentes de Nezahualcóyotl, invitados por la diputada Angélica Moya Marín.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:A continuación tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar dos iniciativas: una con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta e iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos:Con su permiso, señora presidenta. Hoy acudo a esta Cámara para adicionar el párrafo del artículo 79 para poder incluir lo siguiente, porque México es el país con mayor población de perros y gatos en América Latina, sin embargo, la mitad de ellos no tiene hogar ni refugio. La Secretaría de Salud estima que existen más de 22 de millones de perros a escala nacional y más de 10 millones se encuentran en la calle abandonados.

El abandono de animales domésticos llevó a la Organización Panamericana de la Salud desde 1994 a cambiar la denominación de perro callejero a perro de dueño irresponsable, dado que la gran mayoría llega a la vía pública por el abandono de sus propietarios.

En México, 7 de cada 10 perros son abandonados en la calle, dejados a su suerte para tratar de sobrevivir. Se reproducen sin control porque no se esterilizan, pasan de ser animales de compañía a fauna nociva, favoreciendo también la proliferación de problemas de salud pública.

Ante este panorama, las entidades de gobierno se ven completamente rebasadas en su capacidad de atención y los recursos que destinan al control de animales en la calle son insuficientes.

Lo que ha dejado de hacer el gobierno sobre esta problemática ha sido atendido en la medida de lo posible por la sociedad civil con muchas limitaciones y carencias. En México existen alrededor de 130 organizaciones cuyo objeto de creación es la protección y rescate de la fauna doméstica que predomina en nuestro país, principalmente perros y gatos.

Es de mencionar que ninguna de estas organizaciones se encuentra registrada en el listado que elabora anualmente el SAT para emitir recibos deducibles de impuestos por los donativos que reciben, ya que la ley nos las contempla como donatarios autorizados, sólo contempla a la fauna silvestre. Lo anterior impide que cuenten con los recursos económicos suficientes para mantener sus programas de protección y control de rescate de fauna doméstica.

Para dimensionar mejor el tema les comparto los siguientes datos. El costo anual promedio para el cuidado por mascota es de mil 500 pesos, incluye atención médica veterinaria, estética, entrenamiento, a lo que hay que sumar el consumo de alimento mensual. El 25 por ciento de las mascotas que son dadas en adopción son regresadas nuevamente a estas asociaciones.

El 98 por ciento de defensores de animales en México somos voluntarios, además de no recibir remuneración por el trabajo, al contrario, con recursos propios sostenemos esta causa.

El rescate de un perro accidentado cuesta aproximadamente 5 mil 600 pesos promedio, un rescate de un perro sano cuesta aproximadamente a una asociación mil 100 pesos, sin considerar el hospedaje y la alimentación.

Por más de seis años he colaborado personalmente con organizaciones de rescate animal, conociendo de primera mano sus necesidades y sobre todo constatando su contribución en la atención de un problema de salud pública. Por ello vengo a proponerles el fortalecimiento económico de estas asociaciones civiles con un fin no lucrativo y sobre todo muy loable.

La presente iniciativa tiene como objetivo incluir en el padrón de donatarias autorizadas por el SAT a todas estas asociaciones, con la finalidad de aumentar sus recursos financieros a través de donaciones deducibles de impuestos.

El Partido Acción Nacional siempre ha promovido el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y, en este caso, invito a las demás fuerzas políticas de esta Cámara a apoyar esta iniciativa y fortalecer el trabajo de estas asociaciones por el bienestar de las especies domésticas y, sobre todo, para hacer la parte que nos corresponde respecto a un problema de salud pública del que no somos ajenos.

Todos tenemos mucho por hacer en este tema. Nosotros lo podemos hacer a través de esta propuesta. Los invito a ayudar a todos aquellos que ayudan. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 186 del Título VII “De los Estímulos Fiscales”, capítulo II “De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores” de la Ley del Impuesto sobre la Renta con base a la siguiente

I. Planteamiento del problema

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106 , designa el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.”

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se observa en todo el mundo cada 3 de diciembre de acuerdo a la resolución 47/3) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.

Grupos vulnerables

En Acción Nacional comprendemos que la situación de vulnerabilidad de las mexicanas y los mexicanos lastima a sus familias y nos debilita como nación, por ello, reconocemos que es necesario atender a las poblaciones vulnerables o que necesitan un apoyo extra para salir adelante, tomando en cuenta las distintas etapas de la persona, desde su gestión hasta su muerte natural, para que así tengan una vida plena y con acceso equitativo e incluyente a oportunidades desarrollo.

Sin embargo, el escenario no es alentador para las poblaciones adultas, pues nos encontramos que en 2013 el porcentaje de personas mayores a los 60 años en situación de pobreza y que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud, representó el 20.9 por ciento de la población.

Al tener esta perspectiva de largo plazo y de acuerdo con las etapas de la vida, en Acción Nacional sabemos que hay un amplio espectro poblacional, de diversas características y necesidades específicas, a quienes nos tenemos que dirigir tomando en cuenta a la infancia, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con cualquier tipo de discapacidad y hasta a la población migrante, ya que por su condición de pobreza o movilidad se encuentra en situación de vulnerabilidad.”

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el artículo 6 señala que son facultades del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de esta ley, las siguientes:

V. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable;...

Ahora bien, las disposiciones fiscales actuales no han logrado incentivar a las personas morales y físicas para la contratación de personas adultas mayores y discapacitados.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Adultos mayores

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala en su artículo 3 y 5 lo siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;...”

Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: ...

... V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en el perfil sociodemográfico de adultos mayores 2014 señala que “Para el año de 1930, el monto de la población nacional alcanzaba los 16.6 millones de habitantes, desde entonces, el incremento poblacional ha ocurrido de manera sostenida. Prácticamente, en ocho decenios el monto de la población se septuplicó, ya que el Censo de Población y Vivienda 2010 contabilizó 112.3 millones de habitantes.

Aunque a un ritmo diferente, el tamaño de la población de 60 y más años también en términos absolutos ha aumentado de manera sostenida. En 1930, en México la población de adultos mayores era inferior al millón de personas, esto es, 5.3 por ciento de la población total. El Censo de Población y Vivienda 2010, contabilizó 10.1 millones de adultos mayores lo que representa 9.0 por ciento de la población total.

Desde la década de los cuarenta las tasas de crecimiento o promedio anual son superiores al 3.0 por ciento, debido principalmente al descenso de la mortalidad y al alargamiento de la esperanza de vida.

En México es un país de niños y de jóvenes, sin embargo, la transición demográfica presenta el momento actual con una menor cantidad y proporción de niños. La evolución responde a los cambios ocurridos en la fecundidad a partir de la década de los años setenta. En consecuencia, se prevé que mayores proporciones de personas de 60 y más años alcancen esta etapa de vida, así como una modificación radical en la estructura por edades de la población al disminuirse la base de la pirámide de edad e incrementarse la cúspide, que representa las edades avanzadas”

La tasa de participación de la población económicamente activa de la población de 60 años y más es de 9 por ciento, según datos del tercer trimestre de 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, también del Inegi. El nivel de ocupación es mayor en los hombres (62 por ciento) que en las mujeres (38 por ciento).

La mayoría labora por cuenta propia (50.5 por ciento), mientras que 4.9 por ciento son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos (35.5 por ciento) es subordinada y remunerada; la mitad de éstos no reciben prestaciones (49.2 por ciento).

Tres de cada cuatro adultos mayores (74.3 por ciento) se insertan en el mercado laboral informal. De estos últimos, uno de cada tres (33.5 por ciento) gana hasta un salario mínimo (67.29 o 63.77 pesos diarios, dependiendo del área geográfica).

Una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión (26.1 por ciento), reveló la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) –también del Inegi– realizada en 2013. Los hombres cuentan con una mayor cobertura (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento), de quienes destaca que el 45.3% reciben la pensión por viudez, es decir, gracias a un derecho laboral de sus maridos fallecidos.

De los hogares donde hay al menos un adulto mayor, más de la mitad (54.8 por ciento) reciben una pensión por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; 9.3 por ciento son beneficios provenientes de programas gubernamentales.

A nivel mundial, cerca de la mitad de las personas en edad de jubilación en el mundo no reciben ningún tipo de pensión, y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas a 52 por ciento de quienes la reciben, alerta un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que analiza la situación en 178 países.

“Los hombres y mujeres mayores tienen el derecho a jubilarse con dignidad, sin caer en la pobreza”, indicó Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT”.

El reporte destaca que la mayoría de las personas mayores no tienen ingresos garantizados, y se ven obligadas a seguir trabajando, a menudo en condiciones de precariedad y con bajos salarios.”

Personas con discapacidad

El artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.”

De acuerdo con los resultados del “Censo de Población y Vivienda 2010 en su cuestionario ampliado, 5 millones 739 mil personas en el territorio nacional declararon tener dificultad para realizar al menos una de las siete actividades evaluadas: caminar, moverse, subir o bajar (en adelante caminar o moverse); ver, aun usando lentes (ver), hablar, comunicarse o conversar (hablar o comunicarse); oír, aun usando aparato auditivo (escuchar); vestirse, bañarse o comer (atender el cuidado personal); poner atención o aprender cosas sencillas (poner atención o aprender); limitación mental (Inegi, 2011a) 2; es decir, son personas con discapacidad. Cifra que representa 5.1 por ciento de la población total del país.

Si bien el número de mujeres con discapacidad es ligeramente superior al de los hombres (2.9 millones frente a 2.8 millones) como efecto de que en el país hay más mujeres que hombres, el porcentaje de discapacidad al interior de cada sexo es el mismo: 5.1 por ciento.

La población con discapacidad está conformada principalmente por adultos mayores (60 años y más) y adultos (de 30 a 59 años); es decir, se trata de una población demográficamente envejecida: 81 de cada 100 personas que reportan discapacidad tienen 30 o más años, mientras que sólo 19 de cada 100 son menores de 30 años de edad, dicha estructura etaria es contraria a la de las personas sin discapacidad, que se caracteriza por tener una mayor proporción de niños (de 0 a 14 años) y jóvenes (de 15 a 29 años); es decir, es una población más joven: 58 de cada 100 tiene menos de 30 años y 42 de cada 100, más de 30 años. De hecho, mientras que el promedio de edad de la población sin discapacidad es de aproximadamente 28 años, en la con discapacidad es 55 años.

Asimismo, al analizar el peso que tiene la población con discapacidad en cada grupo de edad, los adultos mayores son quienes a su interior presentan el mayor número de personas con dificultad, alrededor de 26 de cada 100. Le siguen los adultos, con cerca de 5 personas con discapacidad por cada100; los jóvenes, con 2 de cada 100 y los niños, con 1.6 de cada 100. En otras palabras, aunque la proporción de adultos mayores en el país es baja comparada con el resto de los grupos de edad sólo representan cerca de 10 por ciento del total, son los que tienen mayor presencia de discapacidad.

Tal situación se relaciona con el hecho de que la discapacidad es un fenómeno ligado con la edad; es decir, la presencia de tal característica se eleva en la medida en que se incrementa la edad. Relación que es precisamente el gran reto social y sanitario de las próximas décadas, por el envejecimiento demográfico que vive México y que se espera se agudice. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, Conapo, el porcentaje de adultos mayores (60 años y más) entre la población del país crecerá de 10 a 15 por ciento y hasta 25 por ciento en las próximas tres o cuatro décadas, por lo que la cantidad de personas con discapacidad aumentará en una relación semejante.

Finalmente, cabe mencionar que si bien el porcentaje general de discapacidad en hombres y mujeres es el mismo (5.1 por ciento), éste varía según la edad. Desde el nacimiento hasta la edad adulta, los hombres presentan una proporción de discapacidad ligeramente superior al de las mujeres, mientras que después de los 60 años de edad, ellas pasan a ocupar el primer lugar y la diferencia es de 2.2 puntos porcentuales.”

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentó la siguiente Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2014:

Por todo la anterior expuesto y ante esta realidad, para el Partido Acción Nacional está claro que hay un aumento significativo en el aumento del número de adultos mayores y discapacitados en el país, por lo que es necesario hacer frente a este escenario de manera responsable, creando el entorno fiscal que permita abrir las puertas a la inclusión de empleos que deberán de ser decentes, dignos y bien pagados, logrando el pleno desarrollo del ser humano y el bienestar integral de las familias, para lo cual se propone lo siguiente:

• Para dar cumplimiento al artículo 11. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se propone disminuir a setenta por ciento de la capacidad normal, con el objeto de ampliar e incluir a más personas discapacitadas a la actividad laboral.

• Para aquellos empresarios que contraten y aprovechen la experiencia de nuestros adultos mayores, se propone aumentar el estímulo fiscal a 50 por ciento.

• Para dar cumplimento y homologar a lo señalado en los artículos 3 y 5, V. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se propone considerar la edad de contratación a 60 años.

Con la presente iniciativa, el Partido Acción Nacional reactiva la economía y reduce la enorme desigualdad en la que viven los mexicanos, generando las oportunidades suficientes de empleos formales con salarios dignos para este grupo vulnerable.

III. Fundamento legal de la iniciativa

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Código Fiscal de la Federación, y

c) Ley del Impuesto sobre la Renta.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 186 del Título VII “De los Estímulos Fiscales”, capítulo II “De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores” de la ley del impuesto sobre la renta.

V. Ordenamientos a modificar

- Ley del Impuesto sobre la Renta.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Título VII
De los Estímulos Fiscales Capítulo II
De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un setenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo I del Título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistentes en el equivalente al 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 60 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

VII. Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/backgroud.shtml.

2 http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

3 Plataforma política del PAN 2015-2018.

4 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid os/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/7028250 56643.pdf

5 http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/01/5-claves-que-retratan-la-situacion-de -los-adultos-mayores

6 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p oblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Alejandra Gutiérrez Campos,Adriana Sarur Torre, Alfredo Bejos Nicolás, Alma Lucia Arzaluz Alonso, Ana Leticia Carrera Hernández, Ana María Boone Godoy, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Arturo Álvarez Angli, Brenda Velázquez Valdez, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Cesar Flores Sosa, Delfina Gómez Álvarez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emilio Enrique Salazar Farías, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Zamora Morlet, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Evelyng Soraya Flores Carranza, Exaltación González Ceceña, Francisco Alberto Torres Rivas, Gabriela Ramírez Ramos Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Herminio Corral Estrada, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Jacqueline Nava Mouett, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Sesma Suárez, Jisela Paes Martínez, Jorge Álvarez López, Jorgina Gaxiola Lezama, José de Jesús Galindo Rosas, José Máximo García López, José Refugio Sandoval Rodríguez, José Teodoro Barraza López, Juan Manuel Celis Aguirre, Karina Padilla Ávila, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia Berenice Burguete Zúñiga Kathia María Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gamez, Lía Limón García, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Maira Angélica Enríquez Vanderkam, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Soledad Sandoval Martínez, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suarez, Patricia García García, Pedro Garza Treviño, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sandra Luz Falcón Venegas, Sara Paola Galico Félix Díaz, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sofía González Torres, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Virgilio Mendoza Amezcua, Wenceslao Martínez Santos, Wendolin Toledo Aceves (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos:

«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita ciudadana Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 del Título III “Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en lo siguiente:

I. Planteamiento del Problema

México es el país más poblado de perros y gatos en América Latina; sin embargo, la mitad de ellos no tiene hogar ni refugio. Los datos de la Secretaría de Salud estiman que existen más de 22 de millones de perros a escala nacional y más de diez millones se encuentran en la calle.

En las zonas metropolitanas se concentran más de la mitad, mientras que en la Ciudad de México hay cerca de un millón 200 mil y cada día la cifra aumenta drásticamente, de acuerdo con la Secretaria de Salud del Distrito Federal.

“Se estima que en el país se desechan más de 696 toneladas de heces fecales al día, que pueden ocasionar enfermedades bacterianas, parasitarias o de origen infeccioso en los seres humanos.”

Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cambio el título de perro callejeroa “perro de dueño irresponsable” dado que la gran mayoría de estos llegan a la vía pública debido a que sus propietarios ya no los quieren; los abandonan en la calle por lo que se reproducen sin control y pasan de ser animales de compañía a fauna nociva.

En el territorio nacional existen alrededor de 130 organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto de creación es la protección y rescate de las dos clases de fauna doméstica que predominan en nuestro país las cuales son: perros y gatos. Es de mencionar que ninguna de estas organizaciones se encuentra registrada en el listado que elabora anualmente el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para emitir recibos deducibles de impuestos por los donativos que reciben.

Lo anterior, provoca que las asociaciones civiles no cuenten con los recursos económicos suficientes para mantener sus programas de protección, control y rescate de esta fauna doméstica. Además de atender un problema de política pública en varios ámbitos como son: salud, recuperación de espacios públicos y cultura para trato de animales domésticos.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Las asociaciones civiles como entidades de control

El Partido Acción Nacional, desde su fundación, ha promovido el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC), estableciendo dentro de sus principios doctrinarios el principio de subsidiariedad: “tanto gobierno como sea necesario, tanta Sociedad como sea posible”.

Ahora bien, es necesario recalcar la importancia que tiene el trabajo de la sociedad civil enfocada a la protección y rescate de los perros y gatos, ya que como se menciona anteriormente, su población es la más grande de América Latina.

El costo anual promedio para el cuidado por mascota es de 1,500 pesos, incluye, atención médica veterinaria, estética, salud mental, y entretenimiento; en esto no se incluye la alimentación de cada perro, que en promedio consume un kilo de alimento por mes.

Es por esto que, en México, 7 de cada 10 perros son abandonados en la calle, y su crecimiento poblacional es del 20% anual. Y es que además del abandono animal, la proliferación de perros en situación de calle genera problemas de salud.

De acuerdo con cifras que las asociaciones civiles han registrado se sabe que de cada 10 llamadas que recibe una Asociación Protectora de Animales, 6 son para desechar a sus mascotas. El 25% de las mascotas adoptadas son devueltas a las asociaciones civiles.

El 98% de defensores de animales en México son voluntarios, además de no recibir remuneración por su trabajo, con sus propios ingresos sostienen su causa.

El rescate de un perro accidentado cuesta $5,600.00 MN promedio, un rescate de un perro sano cuesta a las asociaciones $ 1,110.00 MN promedio Sin considerar hospedaje (hospedado en casa de voluntarios) y sin considerar alimentación (Que mucha de las veces es donada).

Donatarias autorizadas

Son personas morales con fines no lucrativos que han obtenido una aprobación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para poder expedir recibos deducibles de la base del ISR, de los donantes, de tal manera que la carga fiscal de estos últimos se ve disminuida. Los tipos de entidades que pueden calificar como donatarias autorizadas son: asociaciones civiles, sociedades civiles, instituciones de asistencia privada y fideicomisos.

Tipos de donativos

Es necesario precisar el concepto de donación: es el contrato por virtud del cual una persona llamada donante se obliga a entregar gratuitamente a la otra llamada donatario, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, debiéndose reservar lo necesario para vivir según sus circunstancias y que produce el efecto traslativo de dominio respecto de los bienes que sean materia del contrato”

1) La donación podría ser pura o simple, que es donde no se establece ningún tipo de restricción para la donataria o que no está sujeta a alguna modalidad.

2) La donación condicional es aquella cuya exigibilidad o resolución depende de un acontecimiento futuro de realización incierta, dándose como ejemplo que se otorga un donativo en mobiliario para la escuela, siempre y cuando se construyan las aulas.

3) Las donaciones onerosas son aquellas a la que se le impone al donatario una carga consistente en un dar una cosa, o en un hacer o no hacer. En este tipo de donaciones se entiende que puede haber unión de contratos: uno de donación y otro de compraventa, de permuta o de prestación de servicios. Cuando se da esta donación se considera que el monto donado será por el exceso que hubiere en el precio de la cosa contra las cargas.

4) Las donaciones remunerativas o remuneratorias son aquellas que hace el donante en atención a determinados servicios prestados por el donatario, que no tenía obligación de remunerar.

La importancia de su objeto social

Las actividades que desarrollen las Donatarias Autorizadas deben de tener como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación.

La autoridad fiscal proporciona a través de sus reglas de carácter general lo que debe de entenderse para éstos efectos como objeto social citando:

Lo antes expuesto es de especial importancia al ser la razón de su existencia, ya que es lo que le da forma y vida a la donataria autorizada, y lo que la autoridad fiscal revisa detenidamente al presentar la persona moral no lucrativa su promoción para que pueda calificar como tal, es decir verifica que sus actividades sean de las que se señalan en algunas de las fracciones del artículo 79 de la LISR, o en los otros artículos de la Ley y del reglamento del ISR.

La donataria autorizada debe de cumplir con los fines señalados en el artículo 79, pero esto no la debe de limitar a que pueda realizar cualquier actividad incluso mercantil, siempre y cuando sus ingresos o utilidades se apliquen en su objeto social, es decir en soportar económicamente la actividad permitida por las disposiciones fiscales.

Ventajas fiscales y de política pública de las donatarias autorizadas

Uno de los más grandes atractivos para este tipo de personas morales no lucrativas es la posibilidad de expedir recibos deducibles del ISR para el donante.

El hecho de contar con la autorización que otorga el SAT a ese tipo de entidades, le dará la alternativa para cumplir con las obligaciones que establece el título III de la LISR , ya que de otro modo esa asociación o sociedad, deberá de cumplir con las disposiciones del título II y por lo tanto tener que pagar el 30% de ISR por la utilidad que obtenga al final del ejercicio; sobre todo las asistenciales o culturales, que como ya señalamos es obligación ser donataria autorizada para gozar de los beneficios del título primeramente citado en este párrafo.

En cuestión de Políticas Públicas, las enfermedades transmitidas por animales ocupan el primer lugar en riesgos sanitarios para la población. Debido al incremento anual de “ perro de dueño irresponsable”,la labor social y de salud pública que realizan las asociaciones civiles es fundamental para contrarrestar estos riesgos.

Por tanto, al integrarlas al padrón de Donatarias Autorizadas, las sociedades civiles contarán con mayores recursos económicos para fortalecer el trabajo social y sanitario en los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) cuyos resultados se verán reflejados en un aumento, de manera positiva, de los indicadores de salud pública de los ejes rectores: México Incluyente y México con Responsabilidad Globalcomprendidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018).

Fauna domestica

“La fauna doméstica, o fauna sometida a domesticación, está constituida por las especies domésticas propiamente dichas, es decir, aquellas especies sometidas al dominio del hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio sin necesidad de estar encerradas o sujetas y que en este estado se reproducen indefinidamente, teniendo este dominio como objetivo la explotación de la capacidad de diversos animales de producir trabajo, carne, lana, pieles, plumas, huevos, compañía y otros productos y servicios.

De acuerdo con la FAO la domesticación de las especies animales comprende el control de la reproducción en provecho de una comunidad humana.

Principales enfermedades transmitidas por fauna doméstica

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las 174 enfermedades infecciosas transmisibles de animales [vertebrados] a humanos bajo condiciones naturales 53 son transmitidas por los perros. A estas enfermedades se les llama “zoonóticas” y sus agentes infecciosos incluyen bacterias, virus, parásitos y hongos.

1) Rabia. Es una enfermedad causada por un virus que se propaga con el contacto con la saliva infectada a través de una mordeduras o arañazos, explica la OMS. “A medida que el virus se propaga por el sistema nervioso central se produce una inflamación progresiva del cerebro y la médula espinal que acaba produciendo la muerte”

2) Brucelosis. Causada por una bacteria. “puede pasar desapercibida por carecer de manifestaciones clínicas aparentes y la principal forma de trasmisión es la vía sexual, por encontrarse la bacteria en el semen y las secreciones vaginales, pero también se le encuentra en la orina, saliva, leche, heces fecales y fetos abortados de los animales enfermos”.

3) Leptospirosis. Es una enfermedad bacteriana. “El modo de contagio habitual consiste en la contaminación del agua estancada por la orina de un animal infectado y en el posterior contacto de ese agua con una herida en la piel”.

4) Tularemia. Es bacteriana. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios humanos de Estados Unidos, “Usualmente, las personas quedan infectadas a raíz de una picada de insectos (muy a menudo, garrapatas y una variedad del tábano), por manipular animales infectados o muertos, por comer o beber agua o alimentos contaminados, o por inhalar bacterias transportadas por el aire”.

5) Sarna sarcóptica. Es una enfermedad en la piel causada por un ácaro.

La UNAM, a través de su Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubica otras enfermedades como frecuentes entre las que enlista: la toxoplasmosis, dermatomicosis amibiasis, coccidiosis, tuberculosis, leishmaniasis, tripanosomiasis, dipilidiasis, toxocariasis y giardiasis. Varias de ellas, mortales.

III. Fundamento Legal de la Iniciativa

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Código Fiscal de la Federación, y

c) Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 79 del título III “De las Personas Morales con Fines no Lucrativos”, de la ley del impuesto sobre la renta.

V. Ordenamientos a modificar

- Ley del Impuesto sobre la Renta.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Título III
Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. al XXVI. ...

XXVII. Las sociedades o asociaciones civiles, sin fines de lucro que se dediquen a la protección y rescate de fauna doméstica.

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV y XXVII de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 147 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

...

VII. Artículo transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://archivo.eluniversal.com.mx/articulos/73809.html

2 Carlos Esquivel Lacroix, Jefe del Departamento de Vinculación y Comunicación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

3 Para consultar la lista de las asociaciones y sociedades civiles en México, consulte la siguiente liga:

http://www.animalistas.com/Directorio.htm

4 http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc151/civil.pdf

5 http://www.tuindiferenciamemata.mx/secciones/estadisticas.html

6 http://www.jmscontadores.com/Articulo1.htm

7 http://www.fao.org/docrep/v8300s/v8300s07.htm

8 http://www.sinembargo.mx/16-09-2015/1487004

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Alejandra Gutiérrez Campos,Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, César Flores Sosa, Eloisa Chavarrias Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culín Jaime, Herminio Corral Estrada, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Joaquín Jesús Díaz Mena, José Máximo García López, Kathia María Bolio Pinelo, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Luis Fernando Antero Valle, María Concepción Valdés Ramírez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Patricia García García, Ximena Tamariz García, Exaltación González Ceceña, Luis de León Martínez Sánchez, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Karla Karina Osuna Carranco (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Damos la bienvenida a las personas que nos visitan de la Alianza de Mujeres Migrantes en México y en el Mundo, A.C, invitados por la diputada María Guadalupe Alcántara Rojas. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Antes, perdón, diputada. Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, le agradezco la atención. Nada más pedirle a nuestra compañera diputada que pasó anteriormente, si nos podemos sumar o me puedo sumar a la iniciativa de las protectoras de animales. De antemano felicidades, es lo que hace falta en nuestro país, que haya más gente sensible ante ese tema. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias. Diputada Gutiérrez, si acepta la adhesión. Estará disponible aquí para quienes quieran adherirse, gracias.

VOLUMEN II

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Lluvia Flores Sonduk, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Lluvia Flores Sonduk:Gracias. Con permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que consiste en reconocer la diversidad lingüística en esta soberanía, este que es un espacio en donde han subido diputadas y diputados indígenas, haciendo uso de un idioma que no es el suyo.

Llama la atención que las lenguas maternas en este lugar han sido silenciadas, excluidas y arrinconadas al silencio. Las dulces lenguas maternas indígenas, que no tienen un lugar para hablarse con familiaridad en la llamada casa del pueblo. No hay explicación que valga, que aquí no se practique la diversidad lingüística, siendo que es un derecho constitucional y regulado por la Ley General de Derechos Lingüísticos.

Una lengua es una visión del mundo que marca la ruta de dónde venimos, quiénes somos y la idea de comunidad a la que pertenecemos. La lengua materna es una fuente esencial de la identidad, que nos dignifica como seres humanos. En la lengua se guardan los conocimientos ancestrales, la memoria colectiva e individual.

Qué mejor que tener muchos valores comunes y enseñanzas recíprocas, reconocer la diversidad lingüística, darle estatus y prestigio social a las lenguas maternas que han sido excluidas en los espacios públicos del poder político.

Orgullo de identidad o conciencia de identidad, son pilares básicos para compartir sentimientos de responsabilidad, solidaridad e intereses comunes, creencias, códigos de conducta, normas, principios, modos de comportamiento y sueños comunes.

Una comunicación intercultural nos aleja de prejuicios y complejos de grandeza o inferioridad. Vale la pena citar al poeta y ensayista Octavio Paz, que nos enseña que la historia del hombre podría reducirse en palabras y en pensamientos, se olvida con frecuencia que como todas las grandes creaciones humanas, los imperios y los estados están hechos de palabras.

En esta Cámara de Diputados estamos obligados a comprendernos de forma simultánea. Recientemente la Suprema Corte de Justicia resolvió que el uso de las lenguas indígenas en el proceso penal, tanto en la comunicación como en la defensa es obligación del Estado para asegurar su uso como un derecho básico, sin duda es un avance, pero la utilización del idioma materno debe extenderse a toda la función pública y especialmente a los espacios políticos de debate nacional.

La Cámara de Diputados no puede, bajo ninguna circunstancia, ser un lugar hostil y discriminatorio. Tiene la obligación de darle un espacio de valor y conocimiento a las lenguas indígenas.

Este espacio político necesita abrirse a la interculturalidad, al diálogo de las lenguas y las culturas, como las mejores sociedades modernas. El diálogo de lenguas y culturas potencia la unidad y la diversidad. Es ida y vuelta de conocimientos y experiencias que permiten construir ciudadanos tolerantes y comprometidos en la búsqueda de la igualdad. Hemos de decir basta al confinamiento y al ámbito casero de las lenguas indígenas.

Todos los espacios del gobierno deben ser abiertos a la rica y digna diversidad de voces indígenas.

En este tenor propongo a esta soberanía se adicione una fracción, la fracción XX al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados para reconocer el ejercicio del derecho lingüístico de las y los diputados que hablen lengua materna.

La propuesta quedaría de la siguiente manera: en ejercicio de sus derechos lingüísticos, quienes pertenezcan a una comunidad indígena podrán participar en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación u otros medios adecuados. Para hacer uso de esta prerrogativa previamente harán saber a la Mesa Directiva, con el objeto de tomar las previsiones correspondientes.

No olvidemos que en México se hablan 67 lenguas maternas con 300 variantes dialectales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, y en particular en su lengua madre. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por las diputadas Lluvia Flores Sonduk y Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

La Cámara de Diputados históricamente es un espacio de gran diversidad política, cultural y lingüística. Aquí han hecho uso de la palabra innumerables diputadas y diputados que pertenecen a una comunidad indígena haciendo uso de un idioma que no es el suyo. En este lugar, sus lenguas maternas han sido silenciadas, excluidas y arrinconadas en el silencio.

Las dulces lenguas maternas indígenas no tienen un lugar para hablarse con familiaridad en la llamada casa del pueblo, por lo que es urgente que esta soberanía se habrá a la diversidad cultural y lingüística.

En el corazón mismo de la soberanía nacional no se reconoce ni se practica la diversidad lingüística, siendo un derecho fundamental que está protegido y reconocido por nuestra Carta Magna y por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, y que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

Argumentación

¿Por qué la importancia de reconocer voces de la diversidad lingüística en la Cámara de Diputados? Porque una lengua es una visión del mundo que marca la ruta de dónde venimos, quiénes somos y la idea de comunidad a la que pertenecemos. La lengua materna es una fuente esencial de la identidad que nos identifica y nos dignifica como seres humanos con identidad primaria. En la lengua se guardan los conocimientos ancestrales. Es nuestra memoria colectiva e individual.

De acuerdo con el escritor y premio Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa, dice que “la lengua que hablamos habla también a través de nosotros. La lengua nos sitúa en el mundo, ordena nuestra vida y nos modela psicológicamente. Es parte constitutiva e inseparable de lo que somos”.

En este sentido, como lo afirma el maestro Natalio Hernández, que la lengua de nuestros padres está presente en todos los rincones de nuestra casa y comunidad, que tiene valor universal, que nunca se pregunta uno quién es, porque el pueblo lo es todo, y la lengua como bien dice: “resuelve cualquier problema de comunicación.”

Reconocer voces identitarias, diversas en esta soberanía popular, es reconocer nuestra propia realidad y riqueza lingüística. Qué mejor que tener muchas visiones del mundo, valores comunes y enseñanzas reciprocas.

La conciencia de identidad y el orgullo de pertenencia a una comunidad indígena, debe reconocerse y practicarse en esta soberanía popular. Con ello, se lograría dar estatus y prestigio social a las lenguas maternas hoy negadas y excluidas en los espacios públicos y de poder político. Es el camino o la ruta para lograr en el futuro un bilingüismo perfecto que nos ayude a entendernos y comprendernos, pero también para respetarnos. No hay orgullo lingüístico sin reconocimiento. Orgullo de identidad o conciencia de identidad son pilares básicos para compartir sentimientos de responsabilidad, solidaridad, intereses comunes, creencias, códigos de conducta, normas, principios, modos de comportamiento y sueños comunes.

El orgullo o conciencia de identidad nos aleja de prejuicios y complejos de grandeza o inferioridad, que pasa por el reconocimiento y respeto, particularmente en los espacios políticos como lo es la Cámara de Diputados.

Vale la pena citar al poeta y ensayista Octavio Paz, que nos enseña que los hombres y las mujeres estamos hechos de palabra y memoria. El premio Nobel mexicano dice :“La palabra es el hombre mismo. La historia del hombre podría reducirse entre las palabras y el pensamiento. La belleza es inasible sin las palabras. Se olvida con frecuencia que, como todas las otras creaciones humanas, los imperios y los estados están hechos de palabras: son hechos verbales; y que las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa. Y Paz, va más allá preguntándose: “si es posible una filosofía sin palabras. El hombre es inseparable de las palabras. El hombre es un ser de palabras. El lenguaje es una condición de la existencia del hombre.”

Una condición para avanzar en la pluriculturalidad es el respeto humano y su cultura, y con ello la lengua. En la Cámara de Diputados estamos obligados a comprender el mundo y comprendernos de forma simultánea y recíproca, porque estamos convencidos que las lenguas indígenas son portadoras de sabiduría. La lengua es un “inventario de la cultura”, dice el lingüista y filósofo Miguel León Portilla.

Según los especialistas en la materia, el plurilingüismo constituye una herramienta para promover, proteger y conservar la diversidad de las lenguas y culturas de nuestro país. Al preservarse una lengua se salvaguarda también una cultura, el conocimiento y su íntima relación con la naturaleza y por consiguiente se enriquece el conocimiento humano acumulado por miles de años.

Por ello la toma de conciencia de las tradiciones lingüísticas y culturales basadas en la comprensión, tolerancia y diálogo es más que imprescindible.

Muy recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el uso de las lenguas indígenas en el proceso penal tanto en la comunicación como en la defensa es una obligación del estado asegurar su uso como un derecho básico. Sin duda es un avance pero la utilización del idioma materno debe extenderse a toda la función y atención pública estatal y especialmente en los espacios políticos de debate nacional.

La Cámara de Diputados no puede bajo ninguna circunstancia ser un lugar hostil, discriminatorio y racista, por el contrario debe ser un espacio de tolerancia y respeto pleno a la diversidad cultural y lingüística. La Cámara tiene la obligación de darle un espacio de valor y reconocimiento a las lenguas indígenas para poder florecer y darle orgullo de identidad a quienes hablan una lengua materna. El reconocimiento no lo veamos como una concesión sino como un derecho humano. La Cámara necesita abrirse a la interculturalidad, al diálogo de lenguas y culturas como en las mejores sociedades modernas.

Las lenguas indígenas no son enemigas del desarrollo ni son la ruta para regresar al pasado, son eso sí, una fuente de conocimiento y de valores que transmiten sabiduría y enseñanzas para las futuras generaciones.

El pluralismo lingüístico es un derecho y una necesidad, es esencia de una sociedad abierta y democrática. Sin derechos lingüísticos los derechos sociales corren peligro porque se anula al sujeto demandante por ser lingüísticamente diferente.

La pluralidad lingüística es reconocer a su vez al diferente, es reciprocidad y convivencia, vivir juntos en la diferencia y con diferencias. El diálogo de lenguas y culturas potencia la unidad y la diversidad. Es ida y vuelta de conocimientos y experiencias que permiten la construcción de ciudadanos tolerantes y comprometidos en la búsqueda de la igualdad.

La Cámara de Diputados no puede ser un espacio de miedo, rechazo y hostilidad con la diversidad lingüística. Los diferentes con lenguas diferentes pueden convivir en diversidad con respeto y con concesiones reciprocas. Respeto es la palabra mágica que nos une hacia un destino común y hacia una vida más fecunda y feliz. Las lenguas maternas-indígenas nacen de un mismo parto con sus hablantes, por lo que dignificar y devolverle el orgullo por hablar y preservar las lenguas indígenas es también devolver la conciencia identitaria del sujeto hablante.

Hemos de decir ¡basta! al confinamiento y al ámbito casero de las lenguas indígenas. Todos los espacios del estado deben ser abiertos a la rica y digna diversidad de voces indígenas.

En este tenor fundamos legalmente la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que pongo a consideración del pleno de la Cámara.

En la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos se reconoce que los pueblos indígenas, en lo individual y en lo colectivo, en el artículo 2o. su derecho de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Por su parte la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, define a las lenguas indígenas como aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.

Dicha ley citada reconoce a las lenguas indígenas a la par con el español, y al respecto señala que las lenguas indígenas se reconocen “en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.”

Además habría que agregar que en el artículo 7 de la citada ley, reconoce que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, “para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo.”

Esta ley general es la base jurídica que contempla el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las personas y pueblos que conservan y practican algunas de las 67 lenguas maternas con más de 300 variantes dialectales en México. La Ley General de Derechos Lingüísticos considera a las lenguas indígenas“parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional”.

Otra base jurídica que sustenta la presente iniciativa lo encontramos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo encontramos en el artículo 13 que prescribe que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. La Declaración de Naciones Unidas, establece que los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas “ puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.”

Además otra referencia de gran importancia para fundamentar nuestra propuesta de adición al Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, es lo que funda la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la Diversidad Cultural, que en su artículo 5 sobre los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural, establece que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los definen el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además el artículo15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “ que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna.”

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, las suscritas diputadas, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 constitucionales; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados delHonorable Congreso de la Unión

Único. Se adiciona una fracción XX al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Sección Primera
Derechos de diputados y diputadas

Artículo 6.

1. (...)

(I.-XIX.)

XX. En ejercicio de sus derechos lingüísticos, quienes pertenezcan a una comunidad indígena, podrán participar en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Para hacer uso de esta prerrogativa, previamente lo harán saber a la Mesa Directiva con el objeto de tomar las previsiones correspondientes.

Transitorios

Primero.Este decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación.

Segundo. Una vez aprobado el presente decreto la Cámara de Diputados tendrá 60 días para integrar un grupo de traductores e intérpretes indígenas para garantizar el derecho lingüístico de las diputadas y diputados.

Referencias

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

• El lenguaje. Octavio Paz http://www.enfocarte.com/3.21/poesia5.html

• El poeta en su tierra. Diálogos con Octavio Paz. Braulio Peralta

• León Portilla, Miguel, AMÉRICA LATINA. Múltiples culturas, pluralidad de lenguas, México, El Colegio Nacional, 1992.

• La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Giovanni Sartori

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/ pregunta.html?c_pre=1&tema=3

• Natalio Hernández y el rostro de Amerindia en el nuevo milenio. Gloria Alicia Caudillo Félix. http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/Espira l%2022/25-59.pdf

• Lengua común. Mario Vargas Llosa.http://congresosdelalengua.es/ valparaiso/inauguracion/vargas_llosa_mario.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Lluvia Flores Sonduk, Cándido Ochoa Rojas, Cecilia Guadalupe Soto González, David Mercado Ruíz, Erik Juárez Blanquet, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Evelyn Parra Álvarez, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Karen Orney Ramírez Peralta, Lorena del Carmen Alfaro García, María Concepción Valdés Ramírez, María Soledad Sandoval Martínez, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Ricardo Ramírez Nieto, Timoteo Villa Ramírez, Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Flores. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Damos la bienvenida a alumnos de la Preparatoria Norte de Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lía Limón García.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Antes, perdón. Sonido en la curul del diputado Cándido, por favor. Sí, adelante.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Primero que nada felicitar a la ponente y pedirle que si me permite adherirme a esta extraordinaria iniciativa que acaba de presentarnos.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Diputada Flores, si acepta la solicitud de adhesión del diputado.

La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): Sí.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Muy bien. Se encontrará entonces aquí a disposición para las adhesiones.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Sí, adelante, diputada Erika Rodríguez. Sonido en la curul de la diputada Erika.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Sí, primeramente felicitar a la compañera por tan importante iniciativa de una agenda pendiente que tenemos en favor de nuestros hermanos indígenas. Y solicitarle si me puedo adherir a su iniciativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Diputada Flores, si acepta la adhesión. Adelante, queda disponible para las demás adhesiones.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Ahora sí tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lia Limón García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y 139 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Adelante, diputada.

La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para revisar avances y pendientes en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres. Y por supuesto, esta lucha por la igualdad pasa por eliminar los obstáculos que impiden ejercerla. Uno de ellos sin duda es la violencia de género. En nuestro país el índice de violencia en contra de las mujeres sigue siendo preocupante, pese a los esfuerzos realizados aún queda mucho por hacer.

En efecto, la violencia de género es una práctica social ampliamente extendida, ya que el 63 por ciento de mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima.

Muchas mujeres víctimas de violencia, cuando por fin se deciden a tomar medidas legales, constantemente son revictimizadas por las autoridades, ya que estas en general son lentas en su actuación y no toman en cuenta que cuando una mujer acude a denunciar violencia doméstica, en algunos casos tanto su integridad como su vida corren peligro.

Por tales motivos, es que hoy pongo a consideración de ustedes, diputadas y diputados, diversas reformas para hacer más efectivas y tutelares las medidas precautorias de protección para las mujeres.

Dichas medidas que contemplan tanto la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, son de diversa naturaleza. Algunas son tendientes a la protección directa de la integridad física de la víctima, tales como la prohibición de que el imputado se acerque a estas, la separación inmediata del domicilio y el acceso al domicilio en común de autoridades policiales o de personas que auxilien a la víctima.

Otro conjunto de medidas son para evitar el abuso en el ejercicio de los derechos civiles de la víctima, como por ejemplo, realizar un inventario de sus bienes muebles e inmuebles o de bienes muebles e inmuebles de propiedad común a fin de evitar que el agresor sustraiga a la mujer de estos bienes, así como la entrega inmediata de objetos de uso personal y sobre todo de documentos de identidad, tanto de la mujer víctima como de sus hijos.

La iniciativa que presentamos el día de hoy el Partido Verde Ecologista de México, tiene por objeto que cuando exista un riesgo inminente contra la vida, la integridad o libertad de las mujeres, el Ministerio Público ante el que se presenta la denuncia pueda dictar las medidas de protección de emergencia y preventivas sin tener que esperar a que se lo ordene un juez o también que lo pueda hacer un juez de manera oficiosa cuando la víctima o el Ministerio Público no se le hubiesen solicitado, pero advierta un riesgo.

Lo anterior se propone porque es innegable que en los aparatos ministerial y judicial aún existen inercias y resistencias que romper, que el desconocimiento del ciclo de violencia que sufren las mujeres torna a los servidores públicos, en muchos casos indiferentes para tomar decisiones eficaces y oportunas con fines de protección en favor de aquellas.

Además, hay que reconocer que cuando la mujer acude y denuncia ante el Ministerio Público la violación que sufre, pone en riesgo su integridad y se encuentra en un estado aún de mayor vulnerabilidad ante el agresor o agresores quienes comúnmente toman revancha, es por ello que el Estado debe garantizarle su seguridad e integridad y para ello proponemos un sistema de protección más amplio en cuanto a las medidas cautelares y precautorias que se puedan dictar para salvaguardar a las mujeres y que ésta se pueda otorgar en el momento oportuno.

No basta con establecer un listado de medidas tendientes a proteger a las mujeres víctimas de violencia, sino que es necesario que éstas sean aplicadas en el momento adecuado, que en muchas ocasiones es a partir de que la víctima hace la denuncia, y para ello es fundamental facultar al Ministerio Público para que éste las pueda dictar.

Esto es algo que ya se ha llevado a cabo en otras entidades federativas. Es algo que hace varios años se estableció en Colima y que, insisto, es algo que puede salvar la vida de una mujer cuando ésta va y denuncia violencia.

Son muchos los casos de mujeres que han acudido a denunciar algún tipo de violencia y refirieron al Ministerio Público que temían por su vida, sin embargo éste no pudo darles protección por no estar facultado a otorgarla.

Por esta razón se propone que tanto el Ministerio Público como los jueces puedan aplicar de manera oficiosa las medidas y principalmente que por primera vez se establezca que el Ministerio Público pueda hacerlo; además, que cuando sea el Ministerio Público quien dicte la medida –insisto– no requiera de la autorización judicial.

Lo anterior con el objeto de tomar las acciones necesarias y conducentes mientras el riesgo en contra de las mujeres subsiste. Insisto, la lucha por la igualdad pasa por garantizar la integridad física, sicológica y emocional de las mujeres.

Como legisladores estamos obligados al perfeccionamiento de la norma para lograr que ésta, al menos en papel, considere siempre la máxima protección del Estado para las mujeres violentadas.

Los casos que hoy se han dado de mujeres asesinadas por sus victimarios tras presentar una denuncia de violencia, como fue el caso de Julieta Paola Suaste Hurtado, cuyo cuerpo fue encontrado en el Distrito Federal el 24 de agosto de 2015, obligan a todas las autoridades a hacer una reflexión del ejercicio de la justicia.

A cada quien toca hacer su parte. Los juzgadores y ministerios públicos deben cumplir a cabalidad y con diligencia lo establecido en la norma. A nosotros como legisladores nos toca garantizar que la norma sea la idónea.

Dar al Ministerio Público la facultad de dictar medidas precautorias o cautelares puede, sin exagerar, salvar vidas, obligando a las autoridades a actuar con diligencia en el momento que así se requiere.

En vano serán los esfuerzos por querer transformar a la sociedad bajo relaciones pacíficas y respetuosas si no empezamos por el fortalecimiento de la defensa de los individuos en particular, en este caso de las mujeres cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y de la transformación también de servidores públicos que institucionalmente están obligados a protegerla. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 139 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 139, se adiciona un párrafo segundo al artículo 139 y se recorren los subsecuentes y se adiciona un párrafo al artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la imposición de órdenes de protección y medidas precautorias para protección de mujeres contra actos de violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es proponer que en aquellos casos donde haya un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de las mujeres, cualquier ministerio público, puedan dictar las medidas de protección de emergencia y preventivas o incluso el juez, cuando las partes no se lo hubieren solicitado pero adviertan un riesgo para la víctima.

Actualmente, las medidas precautorias y de protección previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia refieren que se deben dictar por autoridad competente, por lo que queda al arbitrio de las Entidades Federativas determinar quién será la autoridad competente para su dictado, siendo los tribunales o autoridades jurisdiccionales en quien recae esta atribución.

Por tanto, es necesario que cuando una mujer sea atacada o lastimada violentamente, cualquier ministerio público, sin tener que esperar la determinación de un juez, dicte una medida de protección para la mujer afectada.

Debo expresar que el dictado de estas medidas por el ministerio público, es de urgente y notoria obviedad, ya que de no dictarse la mujer víctima corre un grave peligro, de esperar a que se acuda ante un juez y éste valore, y en su caso, otorgue la medida de protección. Por tanto, proponemos un esquema donde la autoridad ministerial tenga plena posibilidad y competencia legal para su dictado y no haya ningún obstáculo para la debida protección de las mujeres que se enfrentan a amenazas graves de violencia.

El esquema actual abre una ventana de tiempo, que es precisamente lo que las mujeres no tienen, ya que si esperan el dictado de la resolución judicial probablemente sea demasiado tarde y exista ya una grave afectación a su persona o dignidad, incluso podríamos hablar de la muerte de la mujer.

Como se aprecia, la propuesta es que las procuradurías estatales con independencia del sistema procesal vigente, tengan esa atribución precautoria y que no haya mayor dilación.

Al respecto, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) hay un capítulo específico de medidas precautorias, el dictado de tales medidas debe ser por autoridad competente, de acuerdo con el artículo 27 de la citada ley.

Además, en la LGAMVLV se desarrolla todo un capítulo donde tanto autoridades federales como locales pueden dictar medidas emergentes, preventivas y de naturaleza civil, para mejor referencia se cita textualmente a continuación:

Capítulo VI
De las Órdenes de Protección

Artículo 27. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser

I. De emergencia;

II. Preventivas; y

III. De naturaleza civil.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad; y

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

Artículo 30. Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio; y

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas.

Artículo 31. Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración

I. El riesgo o peligro existente;

II. La seguridad de la víctima; y

III. Los elementos con que se cuente.

Artículo 32. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;

II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio;

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; y

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.

Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que corresponda.

Este tipo de medidas cautelares y precautorias se ha sostenido su pertinencia por el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con lo siguiente:

Época: Décima.

Registro: 2009084.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 18, mayo de 2015, tomo I.

Materia: Constitucional.

Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.).

Página: 431.

Derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación.

El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por “invisibilizar” su situación particular.

Amparo en revisión 554/2013, 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Época: Décima.

Registro: 2005795.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 4, marzo de 2014, tomo I.

Materia: Constitucional.

Tesis: 1a. LXXXVIII/2014 (10a.).

Página: 525.

Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal. El artículo 62, párrafo segundo, de la ley relativa, al establecer las medidas de protección de emergencia, no viola el derecho fundamental de audiencia previa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos de privación se rigen por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se caracterizan por ser definitivos; mientras que los de molestia se relacionan con el diverso 16 constitucional y se distinguen de aquéllos por ser provisionales y carecer de definitividad, esto es, la Constitución federal distingue y regula de forma diferente los actos privativos y los de molestia. Ahora bien, el artículo 62, párrafo segundo, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que establece que las medidas de protección previstas en el artículo 66 del citado ordenamiento son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, no se rige por el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14 constitucional, porque no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial, o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más contra la mujer agredida; por lo que sus alcances sólo son precautorios y cautelares, ya que se fundan en principios de debida diligencia y en el estado de necesidad. No obstante lo anterior, si bien el indicado derecho de audiencia previa no rige para antes de que el juez dicte las medidas de emergencia, la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 72, establece que al notificarse la medida de emergencia debe citarse al agresor para que comparezca ante el juzgador a alegar lo que a su derecho convenga, lo cual permite considerar que la referida ley tutela y cumple con ese derecho a favor del agresor, en virtud de la afectación que pudiera ocasionarse a la esfera de sus derechos con el dictado de la medida cautelar. De ahí que el artículo 62, párrafo segundo, de la citada ley, al establecer medidas de protección de emergencia, no viola el derecho fundamental de audiencia previa.

Amparo en revisión 495/2013, 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Época: Décima.

Registro: 2005799.

Instancia: Primera Sala.

Tipo de tesis: Aislada.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 4, marzo de 2014, tomo I.

Materia: Constitucional.

Tesis: 1a. LXXXVII/2014 (10a.).

Página: 528.

Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal. Los artículos 62 y 66, fracciones I a III, de la ley relativa, que prevén respectivamente, medidas y órdenes de protección de emergencia, no violan el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución federal.

Los citados preceptos legales, al establecer las medidas y órdenes de protección de emergencia, en materia de violencia contra las mujeres, no violan el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior y posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que prevé la obligación para la autoridad judicial de no librar orden de aprehensión sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ello es así, pues las medidas y órdenes de protección de emergencia no tienen la finalidad de aprehender a quien se considera probable responsable de la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez para que se inicie un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad y la de las víctimas indirectas; además, porque no sólo puede dictarlas un juez penal sino también uno en materia civil o familiar; de ahí que las medidas y órdenes que prevén los numerales de referencia no tienen por qué dictarse bajo las condiciones y los requisitos que establece dicho precepto constitucional para la orden de aprehensión, pues el objeto y la finalidad de las dos figuras son completamente distintos.

Amparo en revisión 495/2013, 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Aunado a lo anterior, dado que las medidas de protección de emergencia y preventivas previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tienen una duración de 72 horas, se prevé también que el Ministerio Público pueda sustituirlas por una medida de protección o una providencia precautoria en términos de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en este último ordenamiento se propone también que el juez de manera oficiosa pueda imponer una medida de protección o preventiva cuando el Ministerio Público o la propia víctima u ofendido no la soliciten, ya que actualmente el juez solamente puede proceder a petición de parte en estos casos.

El tema de la violencia contra la mujer no sólo es un problema que atañe a México, acabar con la desigualdad en razón de género debe ser un compromiso de toda la humanidad con una adecuada labor de prevención, y precisamente con el dictado de medidas cautelares es que prevenimos que haya un daño irreparable para las mujeres.

Ciertos datos indican que la violencia y discriminación contra la mujer es una pandemia global, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en algunos países hasta 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida.

Como conclusión, debemos considerar que tanto autoridades ministeriales como judiciales, federales y locales deben tener competencia legal para dictar las medidas previstas en la LGAMVLV, y así, prevenir la violencia para las mujeres, que a veces se ejerce en grado de brutalidad en su contra, por lo que es necesario que el Estado adopte medidas eficaces y oportunas para ello.

No sobra decir que aunque es deseable la existencia de un control judicial sobre los actos del ministerio público, no obstante un régimen de protección oportuna debe permitir margen de protección que puedan otorgar las autoridades administrativas.

Por lo que antecede someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 139, y se adicionan un párrafo segundo al artículo 139, y se recorren los subsecuentes, y un párrafo al artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Primero. Se adicionaun párrafo segundo al artículo 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31. ...

I.y II. ...

III. ...

El Ministerio Público deberá aplicar oficiosamente cualquiera de las órdenes de protección preventivas o de emergencia previstas en este capítulo, sin necesidad de autorización judicial previa o posterior y sin perjuicio de que pueda sustituirla por alguna medida de protección o providencia precautoria de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Segundo. Se reformanlos párrafos primero y segundo del artículo 139; y se adicionan un párrafo segundo al artículo 139 y se recorren los subsecuentes, y un párrafo al artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 139. ...

La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de noventa días naturales.

Si transcurrido el plazo subsistiere la causa que dio origen a la medida o providencia decretada, podrá prorrogarse hasta por treinta días, plazo durante el cual el Ministerio Público procurará ejercer la acción penal correspondiente y, en su oportunidad, solicitar la medida cautelar que corresponda.

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida o providencia decretada, el imputado, su defensor o, en su caso, el Ministerio Público podrán solicitar a la autoridad que hubiera ordenado o ratificado las mismasque la deje sin efectos.

Artículo 154. ...

...

I.y II. ...

...

En casos de violencia contra las mujeres, cuando el Ministerio Público o la víctima u ofendido no hubiera solicitado medida cautelar alguna, pero el Juez advirtiere algún riesgo para la víctima u ofendido, podrá emitir alguna orden de protección preventiva o de emergencia previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto, las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México deberán adecuar las legislaciones locales en la materia, y las relativas a las instituciones de procuración de justicia para que puedan dictar las medidas precautorias correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Lia Limón García,Adriana Sarur Torre, Alma Carolina Viggiano Alle, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Ángel II Alanís Pedraza, Arturo Álvarez Angli, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Federico Quinto Guillen, Cecilia Guadalupe Soto González, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Daniela De los Santos Torres, David Mercado Ruíz, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Zamora Morlet, Erik Alejandro Lagos Hernández, Erik Juárez Blanquet, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyn Parra Álvarez, Evelyng Soraya Flores Carranza, Francisco Alberto Torres RivasGianni Raúl Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Sesma Suárez, Jorgina Gaxiola Lezama, José Alberto Couttolenc Buentello, José Antonio Arévalo González, José de Jesús Galindo Rosas, José Luis Sáenz SotoJosé Refugio Sandoval Rodríguez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lorena Corona Valdés, María Ávila Serna, María Bárbara Botello Santibáñez, María Concepción Valdés Ramírez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María del Rosario Rodríguez Rubio, Mario Machuca Sánchez, Miguel Ángel Salim Alle, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Pedro Garza Treviño, Ramón Bañales Arambula, René Cervera García, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Alicia Álvarez piñones, Sharon María Teresa Cuenc Ayala, Sofía González Torres, Timoteo Villa Ramírez, Virgilio Mendoza Amezcua, Wendolin Toledo Aceves, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Limón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, para dictamen.

Diputada Limón, la diputada Botello pide su anuencia para adherirse a su iniciativa. Muy bien. Sonido en la curul del diputado Ramírez Nieto.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias, presidenta. De igual manera, para solicitarle a la diputada Lia Limón que me permita adherirme a esta extraordinaria iniciativa ante la necesidad urgente de dar protección a las mujeres en estado de vulnerabilidad.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Diputada Limón. Estará disponible en esta Secretaría para su adhesión.

Saludamos la presencia de los representantes de organizaciones de la industria de la masa y la tortilla de diversos estados de la República, encabezados por el señor Antonio Vázquez, invitados por el diputado Javier Bolaños. Sean todos ustedes bienvenidos.

Saludamos también la presencia de la Asociación de Mujeres Profesionistas, A. C., de Reynosa, Tamaulipas, invitadas por la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix. Sean ustedes bienvenidas.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas:Con su venia, diputada presidenta. Con agradecimiento eterno para las mujeres que lucharon por los derechos que hoy disfrutamos.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, la presente iniciativa tiene como objetivo principal que el Estado mexicano se consolide en el plano internacional a través del instrumento de la diplomacia, con la operación gubernamental responsable de un cuerpo profesional y especializado de servidores públicos cuya vocación y disposición deben estar vinculadas al compromiso constante de capacitación, solvencia profesional, ética y laboral.

El Poder Legislativo tiene la obligación de revisar puntualmente la normatividad con la que opera el Servicio Exterior Mexicano.

El artículo 73 constitucional, fracción XX, faculta al Legislativo a expedir las leyes y organización de los cuerpos diplomáticos y consulares mexicanos, siendo la Cámara de Diputados el órgano que cuenta con la facultad para aprobar iniciativas que reformen, deroguen y adicionen la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Las embajadas, consulados y misiones diplomáticas ante instituciones internacionales, son representaciones permanentes del Estado mexicano y consecuentemente su presencia política va más allá de los gobiernos en turno. Por ello es necesario reforzar el marco legal para que el Servicio Exterior Mexicano cuente con las herramientas necesarias que garanticen su funcionalidad, y a su vez permita el pleno resguardo de los derechos y obligaciones de los hombres y mujeres mexicanos que siguen la vocación diplomática.

La política exterior de nuestro país debe de ser el instrumento que proyecte los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano, debe de concebirse a partir del análisis de los acontecimientos internacionales sobre la base de información que permita la toma de decisiones.

Por otro lado, el Estado debe fomentar entre sus miembros la equidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades para asegurar un desempeño ejemplar que redunde en el impulso de los intereses nacionales.

México atraviesa por una realidad compleja que le exige día con día un papel protagonista en el escenario internacional, que será necesario si converge con un conjunto de reformas indispensables y la disposición por salvaguardar los intereses de los mexicanos.

Es un hecho que las relaciones de nuestro país se han multiplicado y con ello se ha generado compromiso en distintos temas, tales como seguridad nacional, medio ambiente y cambio climático, derechos humanos, migración y transición estratégica, cooperación técnica, económica, etcétera. Por ello, se hace necesario responder ante estos nuevos retos con representaciones con una visión estratégica de Estado y no de intereses particulares.

Para lograr el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, es necesario que en el marco jurídico rija el quehacer diplomático y sea éste cuerpo quien se encargue de profesionalizar la ejecución de la política exterior y no se admitan privilegios inaceptables. Es por ello que en aras de fortalecer el servicio mexicano en el exterior, se hace necesario observar todas y cada una de las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia encargada de administrar las relaciones del país en el exterior, incluyendo la recopilación de los autógrafos extranjeros, misiones diplomáticas y límites territoriales.

Por otro lado, el Instituto Matías Romero ha sido creado con el propósito de formar y capacitar a los diplomáticos mexicanos, a este Instituto le corresponde preparar recursos humanos de alto nivel analítico y técnico en materia diplomática, política internacional y política exterior de México, en beneficio del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría y otras instituciones de interés público.

Asimismo, este Instituto está encargado de formar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las distintas disciplinas de la política exterior y las relaciones internacionales. Además, de las habilidades de la negociación internacional y la capacidad de análisis necesaria para enfrentar los retos de la labor diplomática contemporánea.

Por lo que se hace necesario observar dichas atribuciones para incentivar el buen desempeño de los miembros del Servicio Exterior.

La política internacional tiene que ver con el buen oricio para defender, ejecutar y diversificar los intereses políticos de México en el mundo; en otras palabras, salvaguardar los intereses de todos los mexicanos y de nuestros connacionales, asignatura pendiente por este gobierno.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para que quede como sigue:

Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Capítulo IV

De los embajadores y cónsules generales

Artículo 19. Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la República y estos deberán caer exclusivamente en los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomática consular.

Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja, Ariadna Reyes Montiel y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo principal del Estado mexicano es buscar consolidarse en el plano internacional a través del instrumento de la diplomacia, con la operación gubernamental responsable de un cuerpo profesional y especializado de servidores públicos, cuya vocación y disposición, deben estar vinculadas al compromiso constante de capacitación, solvencia profesional, ética y laboral.

El poder legislativo tiene la obligación de revisar puntualmente la normatividad con la que opera el Servicio Exterior Mexicano, el artículo 73 Constitucional Fracción XX, faculta al Legislativo a expedir las leyes de organización de los cuerpos diplomático y consular mexicanos, siendo la Cámara de Diputados el órgano que cuenta con las facultades para aprobar iniciativas que reformen, deroguen, y adicionen la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Las embajadas, consulados y misiones diplomáticas ante instituciones internacionales son representaciones permanentes del Estado mexicano y consecuentemente su presencia política va más allá de los gobiernos en turno. Por ello es necesario reforzar el marco legal para que el Servicio Exterior Mexicano cuente con las herramientas necesarias que garanticen su funcionalidad y, a su vez, permitan el pleno resguardo de los derechos y obligaciones de los hombres y mujeres mexicanos que siguen la vocación diplomática.

La política exterior de nuestro país, debe ser el instrumento que proyecte los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano, debe de concebirse a partir del análisis de los acontecimientos internacionales sobre la base de información que permita la toma de decisiones. Por otro lado, el Estado debe fomentar entre sus miembros la equidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades para asegurar un desempeño ejemplar que redunde en el impulso de los intereses nacionales.

México atraviesa por un realidad compleja que le exige día con día un papel protagonista en el escenario internacional que será necesario si convergen un conjunto de reformas indispensables y la disposición por salvaguardar los intereses de los mexicanos.

Es un hecho que las relaciones de nuestro país se han multiplicado y con ello se han generado compromisos en distintos temas tales como seguridad nacional, medio ambiente y cambio climático, derechos humanos, migración, desarrollo y transición estratégica, cooperación técnica, economía, etc., por ello se hace necesario responder ante estos nuevos retos con representaciones con una visión estratégica de Estado y no de intereses particulares.

Para lograr el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano es necesario que el marco jurídico rija el quehacer diplomático y sea este cuerpo quien se encargue de profesionalizar la ejecución de la política exterior y no se admitan privilegios inaceptables.

Es por ello que en aras de fortalecer el Servicio Mexicano en el Exterior se hace necesario observar todas y cada una de las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia encargada de administrar las relaciones del país con el exterior (incluyendo la recopilación de autógrafos extranjeros; misiones diplomáticas y límites territoriales).

Tal y como se ha formulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 28, le corresponde a la SRE el despacho de las siguientes funciones:

• Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.

• Dirigir el servicio exterior en sus aspectos cotidiano en , la tardeadas diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la nación en el extranjero.

• Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados.

• Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, para que puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior.

• Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el gobierno mexicano forme parte.

• Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales.

• Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos.

• Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior.

• Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización.

• Guardar y usar el Gran Sello de la Nación.

• Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos.

• Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República.

• Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o cartas rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

• Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Por otro lado el Instituto Matías Romero, ha sido creado con el propósito de formar y capacitar a los diplomáticos mexicanos. A este Instituto le corresponde: Preparar recursos humanos de alto nivel analítico y técnico en materia de diplomacia, política internacional y política exterior de México, en beneficio del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría y otras instituciones de interés público; asimismo, este Instituto está encargado de formar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las distintas disciplinas de la política exterior y las relaciones internacionales, además de las habilidades de la negociación internacional y la capacidad de análisis necesarias para enfrentar los retos de la labor diplomática contemporánea, por lo que se hace necesario observar dichas atribuciones para incentivar el buen desempeño de los miembros del servicio exterior.

La política internacional tiene que ver con el buen oficio para defender, ejecutar y diversificar los intereses políticos de México en el mundo, en otras palabras, salvaguardar los intereses de todos los mexicanos y de nuestros connacionales, asignatura pendiente por este gobierno.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Ley del Servicio Exterior Mexicano

Capítulo IV De los Embajadores y Cónsules Generales

Artículo 19. Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la República y estos deberán recaer exclusivamente enlos funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Obtenido de http://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/ regintsre.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de marzo de 2016.— Diputada Sandra Luz Falcón Venegas(rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Falcón. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Sonido, por favor, en la curul del diputado Ariel Juárez.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Nada más para felicitar a la diputada Sandra, porque me parece que el tema de relaciones exteriores es algo fundamental y que no únicamente sea una designación de orden político. Entonces, felicitar a la diputada por lo que acaba de presentar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado. Damos la bienvenida a mujeres de Promoción Política de la Mujer de León, Guanajuato, invitadas por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Sean ustedes bienvenidas. También damos la bienvenida a estudiantes de Cemanahuac Educational Community, Cuernavaca, invitados por el diputado Matías Nazario Morales. Bienvenidos sean ustedes.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE “ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA”

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Rosario Castellanos Figueroa.

La diputada Verónica Delgadillo García:Quiero dedicar mi participación a todas las niñas que padecen cáncer en Jalisco y en nuestro país, para que nunca olviden que su lucha es una semilla que nos regala luz en medio de los momentos de mayor obscuridad. Con su venia, diputada presidenta.

Señoras y señores, hablar de Rosario Castellanos es hablar de una de las más grandes escritoras de México y de Latinoamérica. Sus obras marcaron el siglo XX, basta recordar su poesía como Destino o lo Cotidiano; sus ensayos, cuentos o novelas como Primera Revelación, Ciudad Real, para referirnos a ejemplos de grandes obras literarias, pero hablar de Rosario Castellanos es hablar también de una pionera del feminismo de México y de Latinoamérica.

A través de su vida, Rosario Castellanos nos hizo entender lo complicado que resulta ser mujer y además ser una mujer mexicana, en un mundo que ha sido pensado y hecho para los hombres, en el que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, estamos condenadas a la oscuridad, a ser violentadas, a ser discriminadas de manera sistemática.

A través de sus obras nos hemos hecho algunas preguntas sobre la verdadera libertad de la mujer y cómo podemos ejercerla, cómo podemos trascender a pesar de todos los obstáculos que cada día se nos presentan por ser mujeres.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la vida de Rosario Castellanos fue y sigue siendo fuente de inspiración para miles y miles de mujeres que han decidido sobreponerse ante la adversidad, abandonar el anonimato y emprender la batalla de construir un mundo y un país mejor. Un mundo en donde hombres y mujeres puedan vivir en libertad; un país en donde la violencia no esté ya en las primeras planas de los diarios, en donde no exista espacio para la injusticia y para la desigualdad. En un mundo en donde se respeten, sin condiciones, los derechos humanos de todos y de todas.

Es por esto que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer esta iniciativa que busca poner el nombre de esta mexicana ilustre para que esté inscrito en letras de oro en el muro de honor de este salón de sesiones, y acompañar a otras grandes y destacadas mujeres, como Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Antonia Nava, doña Cruz Mariana Rodríguez del Toro, Margarita Maza, Carmen Serdán, para que al colocar su nombre en este espacio, sirva para recordarnos que luchar para romper las ataduras que lastiman y detienen el desarrollo de las mujeres es luchar por la libertad de todas y de todos.

Reconocer a esta gran mujer permitirá que recordemos la lucha de otras tantas mujeres.

Quiero concluir de esta manera, me gustaría aquí que recordáramos la lucha de miles y miles de mujeres que no tienen sus nombres escritos en la historia, pero que gracias a ellas estamos aquí ocupando un espacio muy importante en la vida pública de nuestro país 211 diputadas. Es por eso que quiero invitar a mis compañeras diputadas a que recordemos el profundo compromiso que tenemos en ser la voz de las millones de mexicanas que están allá afuera esperándonos a que trabajemos por todos y por todas para construir un México mucho más justo e igualitario. Es cuanto.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Rosario Castellanos Figueroa, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Verónica Delgadillo García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la mujer ilustre “Rosario Castellanos Figueroa”, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Rosario Castellanos Figueroa,mujer ilustre que se desempeñó comopoeta, novelista y diplomática, una de las escritoras más importantes del siglo pasado siendo reconocida a nivel internacional como la primera mujer escritora de Chiapas.

En 1958 obtuvo el Premio Chiapas por su primera novela denominada “Balún Canán”, obra que muestra “al desnudo el alma ajena, muestra personajes femeninos con historias trágicas, el mundo indígena y sus conflictos entre terratenientes y nativos.” Esta novela ha llegado a tal éxito que se puede encontrar en los idiomas inglés, francés, alemán, hebreo e italiano.

“-¿Y quiénes son para negarse? Estás muy equivocado si crees que les he consentido sus bravatas por miedo. Está bien. Ellos tienen razón al exigir ciertas cosas. Pero son tan imprudentes como los niños. Hay que cuidarlos para que no pidan lo que no les conviene. ¡Ejidos! Los indios no trabajan si la punta del chicote no les escuece en el lomo. ¡Escuela! Para aprender a leer. ¡A leer qué! Para aprender español. Ningún ladino que se respete condescendería a hablar en español con un indio.”

En 1961 le otorgaron el Premio Xavier Villaurrutia por los relatos de su obra “Ciudad Real”.Obra que cuenta sobre los tratos que sufrían los indios en Chiapas, “donde los indígenas de Chiapas eran maltratados, explotados, usados por parte de la gente de piel blanca”. En esta obra narra su experiencia en los conflictos raciales y los perjuicios sociales en un pueblo provinciano, donde claramente vio reflejada una estructura socioeconómica injusta con los indios.

En 1962 le confirieron el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por su segunda novela “Oficio de tinieblas”, donde representa la complejidad de las relaciones entre las razas, las clases y los sexos. Sus protagonistas simbolizan las clases sociales, los terratenientes machos, las esposas sumisas, los indios campesinos explotados y los comerciantes ricos que forman el reparto. Esta obra conformó una de las trilogías indigenistas más importantes de la literatura mexicana.

“Entre otros premios en 1967 es honrada con el Premio Carlos Trouyet de literatura y el Club Zona, de México, la distingue nombrándola Mujer del Año en 1968”.

“En 1972 regresa a México para recibir el Premio Elías Souraskey de Letras, en 1971 a 1974, fue nombrada embajadora de México en Israel, donde laboró como catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén, puesto que desempeño hasta su muerte, fue becaria Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores de 1954 a 1955.”

Rosario Castellanos, nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, creció en el rancho de su familia en Comitán, Chiapas, antes Balún Canán, que significa “cerro de las nueve estrellas”, en la región Maya del Sur de México, murió como embajadora en Tel Aviv, Israel el 7 de agosto de 1974.

“La Dramaturga, ensayista, narradora y poeta. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas. Obtuvo la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM. Con una beca del Instituto de Cultura Hispánica, realizó cursos de posgrado sobre estética en la Universidad de Madrid. Fue promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; directora de Teatro Guiñol en el Centro Coordinador Tzetal-Tzotzil del Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal, Chiapas; directora general de Información y Prensa de la UNAM (1960-1966); profesora en la FFyL de la UNAM (1962-1971).”

Su principal entorno fue dirigido por el feminismo, reflejando en sus escritos la condición femenina de muchas mujeres, espejo de las mujeres de su tiempo, “llegar al ser femenino expresado por Rosario Castellanos es llegar a un rompimiento como lo masculino, elevado a la mujer de la condición de marginación para que realice la hazaña de convertirse en lo que es. Esto exige el descubrimiento de los rasgos esenciales de la mujer bajo el acicate de la pasión, de la insatisfacción o del hastío, laboral llevada a cabo de manera original por Rosario Castellanos.”

“Cuando Rosario Castellanos en 1971, denuncia las injusticias en contra de la mujer en el Foro del Día Internacional de la Mujer, se declara ciertamente como la precursora intelectual de la liberación de las mujeres mexicanas. Este grito tuvo amplias repercusiones, sirvió a las mujeres del país, a las obreras, las burócratas, las amas de casa y las campesinas”.

Rosario Castellanos dedicó sus obras a la defensa de los derechos de la mujer, labor por la que es reconocida como uno de los símbolos del feminismo de latinoamericana.

Por todo lo ya mencionado y con los fundamentos expuestos, y con motivo de los festejos para celebrar el Día Internacional de la Mujer, debemos rendir homenaje a tan distinguida mexicana, a esta gran pensadora, narradora y poeta, defensora de la libertad de las mujeres, merece que su nombre se grave en el lugar donde figuran nombres de heroínas como:

“Sor Juana Inés de la Cruz, “La razón de la inteligencia”, mujer que se atrevió a abordar temas de la vida humana como el amor, los celos, el matrimonio y el papel de las mujeres en esa sociedad.

Josefa Ortiz de Domínguez, heroína mexicana que dio aviso a sus amigos del peligro que corrían, no pasaría quizá de aparecer como una inspiración vulgar, que cualquier mujer guiada por la sensibilidad común al sexo, habría concebido y ejecutado en igualdad de circunstancias, una de nuestras más grandes heroínas que ha tenido nuestra historia.

Doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarin, Hay que reconocer lo difícil que era la vida de las mujeres de aquel tiempo: a la criolla le estaban vedadas las decisiones familiares, la mujer tenía dos caminos: casarse o internarse en un convento; y por último, aquella que eran la mayoría, indígenas y pobres del campo y de la ciudad tenían su lugar en el hogar, si en aquella época para una mujer alzar la mirada era ya signo de rebeldía, levantar la voz e idear una conspiración, fue sin duda un gran acto de audacia y valor de Doña María.

Doña Antonia Nava de Catalán, heroína de la independencia, y un claro ejemplo de la participación de las mujeres en la Independencia de México.

Margarita Maza de Juárez, la más valiente tarea fue la de ganar adeptos para la causa insurgentes, era muy entusiasta y muy seductora, pero no en el sentido sexual, sino el saber convencer y atraer gente a la causa, de hombres y mujeres.

Carmen Serdán, Su heroísmo de la señora mostró en la gloriosa jornada del 18 de noviembre de 1910, en la que perdieron la vida sus hermanos Aquiles y Maximino, se desprende el reconocimiento de la Patria hacia ella; y esta mujer ejemplar, que con valentía inaudita expuso su vida en una acción perdurable. Esta mujer íntegra, que con valentía inaudita expuso su vida en una acción inmortal.”

En el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, se encuentran inscritos los nombres de estas grandes heroínas, por lo que el presente proyecto de, tiene por objeto plasmar el nombre de esta gran mexicana como lo fue Rosario Castellanos Figueroa.

El desempeño de esta mujer ilustre ha llegado a ser de tal magnitud, que una de las tantas formas en que se ha reconocido su trayectoria fue a través de su inclusión en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, ahora mejor conocida como de Personas Ilustres, en el año de 1974.

Aunado a su continua memoria se suma el reconocimiento “Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer” que lleva a cabo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y que es otorgado a las mujeres que destaquen en los ámbitos artístico, así como en la investigación y fomento de la cultura.

Estos dos últimos elementos, principalmente el hecho de encontrarse dentro de la Rotonda de las Personas Ilustre hacen más que obvio continuar con el reconocimiento de grandes mujeres que se destacaron en nuestra historia.

“Rosario Castellanos fue un auténtico exponente de la mujer mexicana de nuestro tiempo, cuyo valor intrínseco, talento y emoción social puso en relieve en el desempeño de la cátedra, en el noble ejercicio de las letras y en la presentación del servicio pública, donde la distinguió su leal patriotismo y la solidez de su voluntad de ser, como lo fue de digna utilidad para la Nación”

Por los motivos anteriormente expuestos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la mujer ilustre “Rosario Castellanos Figueroa”.

Artículo Primero. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la poeta, narradora mexicana y mujer ilustre “Rosario Castellanos Figueroa”.

Artículo Segundo. Celébrese Sesión Solemne en la Cámara de Diputados, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, coordinarán la fecha en que se realice la Sesión Solemne y se devele la inscripción con letras de oro al que alude el artículo primero de este decreto.

Notas:

1 http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/catalogo-biobibliogr afico/fechas-extremas/429-castellanos-rosario?showall=1.- Secretaria de Cultura INBA CNL, Bellas Artes Literatura.

2 Rosario Castellanos, Balún Canán, col. Letras Mexicanas, Núm. 36, Fondo de Cultura Económica, México, 1957, p. 189.

3 Rosario Castellanos, Alberto Calderón P. El occidental, 25 de mayo 2014 www.oem.com.mx

4 Homenaje a Rosario Castellanos en Chiapas, Instituto Cultural de León, 7 de agosto 2014 www.institutoculturaldeleon.org

5 Horizontes de silencio: La poética de la feminidad en la obra de Rosario Castellanos, María Ofelia Badillo García, 200 Universidad de Colima Maestría en literatura Hispanoamericana.

6 Rosario Castellanos Figueroa (1925.1974) Poeta, novelista, diplomática, promotora cultural mexicana. Hija putativa del Estado de Chiapas, 17 enero 2001 www.eschiapas.org

7 http://www.los-poetas.com/l/caste.htm Biografía.

8 Coordinación Nacional de Literatura, Registra y difunde la literatura en México, cultura, INB CNL, bellas artes literatura.

9 Horizontes de silencio: La poética de la feminidad en la obra de Rosario Castellanos, María Ofelia Badillo García, 200 Universidad de Colima Maestría en literatura Hispanoamericana.

10 Elena Poniatowska. “Prólogo”, en Meditación en el umbral. Antología poética. México, FCE, 1985 p. 22.

11 Steele, Cynthia (1996). «Power, Gender, and Canon Formation in Mexico». Studies in 20th & 21st Century Literature

12 Letras de Oro en el Muro de Honor Palacio Legislativo de San Lázaro H. Cámara de Diputados Editor: H. Cámara de Diputados, LX Legislatura México, 2009

13 Ibídem. Pág. 71

14 Ibídem. Pág. 119-120.

15 Ibídem. Pág. 192-193.

16 Ibídem. Pág. 209

17 Ibídem. Pág. 591

18 Ibídem. Pág. 791

19 Decreto que dispone se traslade el cuerpo de la C. Rosario Castellanos al Palacio de Bellas Artes para que sea objeto de homenaje público y sea inhumada en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, Departamento del Distrito Federal, viernes 9 de agosto de 1974.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Verónica Delgadillo García,Cándido Ochoa Rojas, Cecilia Guadalupe Soto González, René Cervera García (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 3o., 4o. y 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México necesita urgentemente reactivar la producción de alimentos, es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible por recuperar la soberanía alimentaria.

El mundo está experimentando una crisis de escasez de alimentos y nuestro país no es ajeno a ello, estamos ante una situación que no es pasajera, sino de largo plazo. La importancia de cubrir las necesidades alimentarias de la población aumenta rápidamente y, con ello, la necesidad de hacerlo de una manera sustentable.

Para Nueva Alianza alcanzar la seguridad alimentaria es un tema de alta prioridad que requiere acciones muy concretas.

Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que propongo la iniciativa que reforma y adiciona una fracción al artículo 3o. y reforma los artículos 4o. y 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El objetivo es establecer en dicha ley la creación de las regiones agroalimentarias sustentables, autosustentables, entendidas como el área territorial con vocación agroalimentaria y con suficiencia de recursos naturales susceptibles de aprovecharse para incrementar la capacidad productiva mediante la inversión en infraestructuras básicas, organización, capacitación, de productores para producir alimentos locales.

El derecho social a la alimentación está reconocido en nuestra Constitución como un derecho irrenunciable. Un derecho de todos los individuos para disfrutar del acceso físico y económico de una alimentación adecuada a los medios y los medios para obtenerla.

Si bien la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Social mencionan a la soberanía alimentaria como un principio rector de la política del Estado mexicano, en los últimos 20 años la dependencia alimentaria en México ha registrado un crecimiento sostenido, pasando del 10 por ciento en 1994 al 43 por ciento en el 2013.

Peor aún, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima actualmente 28 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria. México cuenta con grandes recursos naturales y suelos aptos para producir alimentos, por lo que la existencia de pobreza alimentaria es injusta e inadmisible.

Estas cifras nos exigen cambiar los paradigmas de producción a fin de alcanzar un equilibrio sostenible que garantice la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. En Nueva Alianza estamos comprometidos con propiciar, fomentar, impulsar y apoyar el desarrollo sustentable que nos permita recuperar la soberanía alimentaria.

Sabemos que son múltiples los factores que han atentado contra la producción de alimentos, por un lado, la expansión de las ciudades reduce la frontera agrícola local, y por otro, la falta de inversiones en infraestructura, en organización económica y en capacitación ha colapsado la rentabilidad agroalimentaria de las comunidades y regiones productoras de alimentos.

Esta falta de apoyo al campo, el aumento de la pobreza, el desempleo, la crisis y la violencia ocasionan la emigración de los productores abandonando miles de hectáreas de tierras fértiles, situación que genera escasez de alimentos, obliga la importación y encarece el precio de los productos.

Por ejemplo, en mi estado Sinaloa, conocido como el granero de México, excepto en los valles, las actividades primarias dejaron de ser rentables debido a la falta de agua y tecnologías modernas.

Son 14 los municipios serranos que han abandonado la producción de alimentos frescos, la violencia y el hambre generan cada año miles de desplazados. Los datos ahí están, basta solo con revisar la prensa.

En estas circunstancias se encuentran también otros estados: Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Chihuahua, por citar algunos.

La activación de las regiones agroalimentarias autosustentables provocaría que los hombres y las mujeres se queden en sus lugares de origen, produciendo alimentos básicos que den sustento a las familias. De igual manera permitiría atender la demanda de los centros urbanos desarrollando el mercado regional.

Estas regiones partirán de lo que ya tenemos y no tendrán ningún impacto presupuestario, pues se trata de eficientar los recursos asignados al programa especial concurrente garantizando a los productores y a sus familias el acceso a nuevas formas de explotar los recursos productivos en sus territorios.

Es decir, reconfigurar los marcos legales para impulsar la productividad del medio rural mediante el fortalecimiento y diversificación de las actividades productivas.

Compañeras y compañeros, si logramos revertir el rezago de la infraestructura en los procesos de producción y la desigualdad de los apoyos destinados a los productores propiciaremos mejores condiciones de vida y bienestar social a las personas que viven en el medio rural.

De esta manera, en pocos años tendremos más alimentos, de mejor calidad y a precios más económicos. Así estaremos contribuyendo en las soluciones a los grandes problemas de nuestro México. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 4o. y 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI y XXVI recorriendo en su numeración las subsecuentes fracciones del artículo 3o.; se reforma el artículo 4o.; y se reforma la fracción VII del artículo 13 todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Hoy vemos con cierta indiferencia que las políticas públicas y programas sectoriales para el desarrollo económico y social del país se centralizan en el sistema urbano nacional, que comprende a 384 ciudades con más de 15 mil habitantes donde habitan más de 81 millones de mexicanos (72.3 por ciento de la población total).

Para esos asentamientos, los tres órdenes de gobierno y demás actores sociales y políticos, diseñan e implementan políticas, programas, leyes, proyectos de desarrollo regional con abultados presupuestos, que tienen por interés generar empleo, servicios de salud, educación, transporte público, abasto de agua, vivienda, áreas verdes y demás; preocupaciones que considero justificadas; sin embargo, es oportuno formular algunas preguntas muy pertinentes en este asunto: primera, ¿cuántos asentamientos humanos hay en México que tienen menos de 15 mil habitantes?, segunda, ¿qué políticas y programas estamos diseñando para mejorar la calidad de vida y bienestar social en esos asentamientos? y tercero, ¿dónde se producen los alimentos que consumen los mexicanos que viven en el denominado Sistema Urbano Nacional y los que vivimos fuera de él?

La respuesta a estas tres preguntas pareciera intrascendente. No obstante, dadas las condiciones de crisis económica, desempleo y pobreza que afectan a más de 50 po0r ciento de los mexicanos, nos resulta imprescindible revisar los instrumentos de política pública que tiene México para que los habitantes que viven en las regiones más vulnerables del país tengan una posibilidad real para vivir y mantener honestamente a sus familias y se queden en sus lugares de origen.

Hoy la violencia extrema que afecta a tres cuartas partes del territorio mexicano tiene, entre otras explicaciones, el abandono forzado de las comunidades y poblados por falta de oportunidades de empleo y escasa oferta de servicios, los alimentos básicos se volvieron escasos y caros, las actividades primarias dejaron de ser rentables debido a la falta de agua y tecnologías modernas; con los años, hemos visto grandes regiones con alta vocación productiva abandonadas o siendo escondites de maleantes.

En estas circunstancias que vive el país, convoco a esta soberanía a revisar los instrumentos de política económica y social de que disponemos para ver el territorio como unidad total de planeación económica y social. Es nuestra responsabilidad recuperar la soberanía alimentaria mediante la activación de las regiones con vocación agroalimentaria, para que los hombres y las mujeres se queden en sus lugares de origen y no sean absorbidos por los cinturones de pobreza urbana ni por los circuitos del crimen organizado o la violencia que tienen como origen la pobreza material y, sobretodo, la imposibilidad de alimentar a sus familias.

El crecimiento urbano implica la expansión del área de las ciudades para dar vivienda a su población en aumento constante. Esa expansión propicia una transición productiva que desplaza la actividad agrícola en favor del sector secundario y terciario de la economía; por lo tanto, el volumen de alimentos que demanda esta población en aumento es traído por necesidad, desde zonas más alejadas o del extranjero.

Por tanto, se han juntado dos efectos perversos que atentan contra la producción de alimentos de origen nacional. Por un lado, la expansión de las ciudades reduce la frontera agrícola local y, por otra, la falta de inversiones frescas en infraestructura, en organización económica y en capacitación, ha colapsado la rentabilidad agroalimentaria de las comunidades y regiones productoras de alimentos. Lo anterior nos obliga a revisar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las políticas agropecuarias y los programas implementados en lo que respecta a la producción de alimentos y mejoramiento del bienestar de la población que vive fuera del Sistema Urbano Nacional.

Argumentación

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Desarrollo Social mencionan como principio del pueblo mexicano: la soberanía alimentaria como un derecho irrenunciable de los pueblos y como un objetivo estratégico y obligatorio del Estado el garantizar que los mexicanos, comunidades y pueblos avancen hacia la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados para todos. En consecuencia, el país deberá diseñar políticas y programas sectoriales que hagan posible cumplir este objetivo.

Al respecto, los artículos 7o. y 8o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establecen que:

Artículo 7o. Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias...

Artículo 8o. Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el estado, atenderá de manera diferenciada y prioritaria apoyará a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento de la inversión productiva...

Ambos artículos dan sustento para buscar los instrumentos de política y programas para lograr efectivamente incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda y para fortalecer y ampliar el mercado interno y recuperar así, la economía campesina, el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales, facilitando el acceso a la alimentación por parte de la población rural, aprovechando sustentablemente los recursos naturales productivos para tener en el país múltiples regiones agroalimentarias autosustentables.

Reconocemos que las comunidades rurales presentan el problema de la distancia que separa a los productores de los centros de distribución y consumo de alimentos; en adición, los poblados urbanos demandan grandes cantidades de alimentos, mismos que los productores de pequeñas localidades, no pueden abastecer en las condiciones en que están ahora; en consecuencia, la importación pareciera la solución ideal, además que la apertura de la economía y la relajación de las leyes que regulan el comercio exterior lo facilita claramente.

Por otro lado, el desarrollo de caminos y vías de comunicación ha fomentado la emigración de los productores entre los poblados relativamente cercanos, adonde van en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida, pero también facilitan el acarreo de alimentos, mismos que antes producían en sus pequeñas localidades. Es decir, ahora las pequeñas localidades antes autosuficientes también consumen alimentos importados, debido a que es imposible producirlos localmente por falta de infraestructura y costos elevados.

Otro factor en contra del campo estriba en que hay una marcada rivalidad entre los productores rurales, pues hay una minoría de productores exitosos que se llevan el mayor porcentaje de los subsidios. Estos grandes productores están ligados a la agroexportación o explotan grandes superficies de granos y forrajes, frente a una gran mayoría de pequeños productores y campesinos que sobreviven del autoconsumo, sembrando productos de baja productividad, poco rentables y sin acceso al agua, tecnología y capacitación; sin accesos a los subsidios y programas; por lo que urge redefinir los instrumentos de la política pública para reducir esa desigualdad rural, social y económica.

Recordemos que antes de los años ochenta, el campo mexicano tenía una función bien definida, era abastecedor de alimentos a toda la población, generaba divisas, abastecía el mercado de la fuerza laboral con migrantes requeridos por las industrias y los servicios, y era proveedor de materias primas; sin embargo, ahora no sabemos cuáles son las posibilidades reales de producción del campo, tampoco sabemos dónde se pueden producir eficientemente los alimentos que demandan los mexicanos.

A todas luces, México necesita urgentemente reactivar la producción de alimentos. “En los últimos 20 años la dependencia alimentaria de México ha registrado un crecimiento sostenido, pasando de 10 por ciento en 1994 a 43 por ciento en 2013”.

Por su parte, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, en abril de 2014 consideró que la: “importación de alimentos básicos está por encima de lo que recomienda la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que es de 25 por ciento, los casos del maíz y el frijol son preocupantes, ya que el valor de las importaciones creció 43 y 52 veces, respectivamente, entre 1993 y 2012, y el del arroz se elevó más de cinco veces; el de la soya, casi cuatro, y el del trigo, más de seis”. Esa misma fuente estima en 45 por ciento el índice de dependencia alimentaria. Con estos productos podríamos ser autosuficientes sin mayores complicaciones debido a la existencia de grandes riquezas naturales en nuestro país.

En respuesta a la insuficiencia alimentaria, México ha creado programas de carácter eminentemente asistencial, que si bien han contenido el problema, lo que indudablemente es un logro, han retardado o cancelado el desarrollo de las familias. Hoy por hoy, deberíamos aspirar a asegurar la autosuficiencia alimentaria, y en eso debemos comprometernos legisladores, funcionarios y productores.

No es ningún consuelo que el campo mexicano solamente produzca tomates, aguacates, limones y venda ganado en pie al mercado exterior, tal y como nos informa el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa; estos son los únicos productos del milagro agroexportador que gracias a la devaluación del peso frente al dólar nos representaron casi 28 mil millones de pesos este 2015, y que, adelantó el titular de la dependencia, para el 2016 podrían superar los 30 mil millones de pesos.

Pero aún falta saber, después de la devaluación del peso ¿cuánto más nos costará importar los alimentos como arroz, huevo, soya, carnes, frutas, hortalizas y aceites, que ya presentan repuntes en su precio en los establecimientos de autoservicio? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que de enero de 2015 a enero de 2016, “el valor de la canasta alimentaria urbana pasó de mil 265.85 pesos a mil 333.69 pesos, con un incremento de 5.4 por ciento, mientras que el valor de la canasta alimentaria rural pasó de 897.30 a 956.16 pesos, incremento de 6.6 por ciento”. Como podemos ver estos aumentos son mayores al índice inflacionario reportado para el mismo año.

El resto del mundo también ha enviado señales muy claras para incentivarnos a asegurar el futuro alimentario de los mexicanos, pues, a partir del año 2015, han sido recurrentes y alarmantes los problemas financieros y económicos internacionales; las crisis de producción de alimentos han tenido un enorme impacto global, elevando la pobreza urbana y rural, incrementando el desempleo y debilitando los flujos comerciales y la acumulación de la riqueza en los países emergentes.

Por ejemplo, China con su ritmo de crecimiento económico interno e incremento poblacional, “se ha convertido en el principal importador de alimentos del mundo, con 122 mil millones de dólares”; y desde ahora, el sector agroexportador mexicano está buscando cubrir 1 por ciento de esa demanda alimentaria y, por obvias razones, es urgente fortalecer la capacidad productiva agroalimentaria de consumo nacional.

Además, en el contexto de turbulencias financieras internacionales, debemos ser muy observadores del estatus de la balanza agropecuaria mexicana frente al incremento de dólares que vendrán de la venta al exterior de productos agropecuarios, pues dichas mejoras no necesariamente vienen del mayor volumen de producción nacional o de exportación, sino del efecto nominal del tipo de cambio, lo que puede hacer crecer al sector agropecuario un “4% este 2016 como lo anticipó el titular de la Sagarpa”.

Ese buen desempeño tampoco corresponderá a un fortalecimiento real de la economía agroproductiva y, mucho menos, se reflejará en un mejoramiento del bienestar social de los hombres y mujeres del campo, simplemente es una oportunidad para el sector agroexportador; no obstante, más allá de este shock monetario debemos cuestionarnos ¿qué vamos a hacer para que los mexicanos tengamos acceso a alimentos más baratos y suficientes, especialmente en las comunidades más apartadas?

En consideración a todo lo anterior, me dirijo a esta soberanía, para proponer una alternativa que nos permita reducir el índice de dependencia alimentaria y crear mejores condiciones de vida y bienestar social en favor de los compatriotas que viven fuera del Sistema Urbano Nacional y/o para aquellas regiones que, aun siendo parte del Sistema Urbano, tienen altas posibilidades de reducir su dependencia alimentaria mediante la creación de regiones agroalimentarias autosuficientes.

Una de las prioridades legislativas del partido Nueva Alianza es la urgente necesidad de promover la mejor calidad de vida de todos los mexicanos y, muy en especial, la de los compatriotas que viven en el medio rural, ellos son quienes producen los alimentos que para fortuna nuestra no provienen del extranjero.

Es por eso que, tras analizar y reconocer las precarias condiciones de vida que presentan 55.3 millones de mexicanos que viven en condiciones precarias, y dado que el principal indicador de marginación es la pobreza alimentaria, a través de mi voz, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, les convoca, compañeras y compañeros, a establecer en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la creación de las regiones agroalimentarias autosustentables.

Las regiones agroalimentarias partirán de lo que ya tenemos, no hay nada escondido en esta propuesta. De lo que se trata es solamente de cumplir y hacer cumplir el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece como un derecho humano de los mexicanos el acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como aplicar en el campo los objetivos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Además, esta propuesta no tendrá ningún impacto presupuestal, porque está pensada para ser justos y eficientes en el ejercicio de los recursos asignados al Programa Especial Concurrente, especialmente en los etiquetados para los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, institución que tiene el mandato prioritario de garantizar a los mexicanos la producción de los alimentos más indispensables.

Concretamente, se trata de repensar el cómo se están invirtiendo los recursos que esta soberanía aprueba al tema agroalimentario, que en el 2016, al Programa Especial Concurrente, asignó 352.8 mil millones de pesos y 84.8 mil millones de pesos a la Sagarpa.

Con sustento en las evidencias expuestas, los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos hemos propuesto reconfigurar los marcos legales para que los productores del medio rural no sólo puedan mantenerse laborando y viviendo en sus localidades, sino que realmente mejoren su bienestar, mediante el fortalecimiento y diversificación de sus actividades productivas.

Lo anterior es viable si se garantiza a los productores y a sus familias, el acceso a nuevas formas de explotar los recursos agroproductivos de sus territorios. Sobre todo donde la naturaleza ha sido benévola al dotarles de cuencas, arroyos y suelos fértiles, pero que no pueden autoabastecerse de aguas superficiales durante 7 u 8 meses del año, debido a la falta de infraestructuras básicas. Sin abasto de agua, estos productores tienen que emigrar o dedicarse a otras cosas para subsistir con grandes implicaciones al resto de la población, ya que estas personas quedan sin empleos, sin ingreso y sin alimentos, en su búsqueda van a las ciudades y pagan precios especulativos y otros costos, que terminan por mermar su calidad de vida y las de sus familias.

Y no se trata de inventar ni meter en aprietos a los funcionarios de la administración federal, estatal, ni municipal, sino de hacer más con los presupuestos existentes; además, los marcos normativos están dados. Existen ya algunos programas que tienen acciones que servirán para apuntalar este concepto agroproductivo que venimos a proponerles. Me refiero concretamente al componente denominado Programa de Productividad Rural, que tiene como objetivo, entre otros, construir represas de uso pecuario; sin embargo, año con año, los gobiernos estatales mal invierten cientos de millones de pesos en obras de cuestionable calidad.

Así, tomando esa amplia experiencia en la construcción de infraestructura básica para la captación de aguas superficiales, propongo enriquecerla y complementarla con mayores recursos para dar vida a las regiones agroalimentarias autosustentables, que deberá partir del aseguramiento de agua en represas construidas en arroyos y cuencas. Después se procederá a dotar a los productores con sistemas de riego por goteo para establecer huertos frutales e invernaderos, previa capacitación en uso de tecnologías, en el manejo de cosechas para que en el corto plazo se puedan abastecer esas regiones con alimentos frescos (hortalizas, legumbres, carnes de ave, frutos, granos básicos) y que sus excedentes sean comercializados en sus regiones cercanas.

De esta manera, en pocos años tendremos más alimentos de mejor calidad y más económicos; además, estaremos llevando a todas las regiones del país, el combate a la pobreza. Así, atacaremos de raíz las causas que llevan a los jóvenes del medio rural a ingresar a las filas de la delincuencia y crimen organizado. Objetivos por demás pretendidos en la presente administración del presidente de la república, mediante los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, “Sin hambre”, y el denominado Programa Nacional de la Prevención del Delito, Pronapred. De esta manera, desde la Cámara de Diputados, estaremos contribuyendo en las soluciones de los grandes problemas que afectan a México.

Esta propuesta simplemente propone revisar a conciencia parte de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, marco legal que tiene por obligación velar por los intereses y el bienestar de los hombres y mujeres, que producen un bajo porcentaje de los alimentos que consumimos los mexicanos, pero que aún tienen mucho potencial productivo, simplemente necesitan tener las herramientas para hacerlo.

Un primer paso para modificar el escenario de la economía rural tiene que ver con reconocer ciertos derechos fundamentales en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por ejemplo, el artículo 3o., fracción VI, que define el Bienestar social, ni siquiera incluye la palabra “alimentación” entre los derechos que menciona. Por lo tanto, debe ser incluido el concepto “alimentación” para que sea explícito que los hombres y mujeres del medio rural tienen el mismo derecho a la alimentación que el resto de nuestros compatriotas. En la interpretación integral del derecho, el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Toda persona tiene el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

En este orden de ideas, propongo también que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable incluya en el Título Primero del Objeto y Aplicación de la Ley, artículo 3o., una fracción nueva entre las fracciones XXVI y XXVII, para asentar allí el concepto y definición de región agroalimentaria autosustentable, “entendida como el área territorial con vocación agroalimentaria y con suficiencia de recursos naturales, susceptibles de aprovecharse para incrementar la capacidad productiva, mediante la dotación de inversión para infraestructuras básicas, organización y capacitación de productores para producir alimentos locales”.

Posteriormente, el artículo 4o. establece que “para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones agroalimentarias autosustentables del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.”

Asimismo, el artículo 13, que establece los alcances de la planeación del desarrollo rural sustentable, en la fracción VII señala que: “la planeación nacional en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural sustentable en cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo”, se propone que ahora diga que la planeación nacional en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural sustentable en cada entidad federativa y de los municipios, estableciendo regiones agroalimentarias autosustentables en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Cabe señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo se busca de formas diversas abatir la pobreza y la violencia convertidas en el principal cáncer social y económico del país. La propuesta que presento ante esta soberanía se inscribe en ese propósito, contribuyendo al desarrollo nacional y el bienestar de la sociedad que vive del campo mexicano.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1 fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman las fracciones VI y XXVI recorriendo en su numeración las subsecuentes fracciones del artículo 3; se reforma el artículo 4; y se reforma la fracción VII del artículo 13 todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y XXVI recorriendo en su numeración las subsecuentes fracciones del artículo 3; se reforma el artículo 4; y se reforma la fracción VII del artículo 13 todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Bienestar social. Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población incluidas, entre otras: la alimentación, la seguridad social, vivienda, educación, salud e infraestructura básica;

VII. a la XXVI. ...

XXVII. Región Agroalimentaria Autosustentable: Área territorial con vocación agroalimentaria y, con suficiencia de recursos naturales, susceptibles de aprovecharse por tiempo indefinido para incrementar la capacidad productiva, mediante la dotación de inversión para infraestructuras básicas, organización y capacitación de productores para producir alimentos locales;

XXVIII.Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXIX. Seguridad alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;

XXX. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una materia;

XXXI.Servicios ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros;

XXXII. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito;

XXXIII. Sistema-producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización, y

XXXIV. Soberanía alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.

Artículo 4o. Para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, incluyendo las regiones agroalimentarias autosustentables, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Artículo 13. De conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la programación sectorial de corto, mediano y largo plazo con los siguientes lineamientos:

I. a VI. ...

VII. La planeación nacional en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural sustentable en cada entidad federativa y de los municipios, estableciendo regiones agroalimentarias autosustentables en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo;

VIII. a la IX. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Catálogo. Sistema Urbano Nacional. Conapo, Sedesol, Segob. 2012

2 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/dependencia-agroalimentaria-paso-del-10 -al-43-en-20-anos.html

3 http://www.e-consulta.com/nota/2014-04-21/nacion/alarmante-la-dependencia-alime ntaria-de-mexico

4 José Martín Vargas Sánchez. Revista, Legislatura. Año XIII, No. 130.

5 http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/tag/valor-de-la-canasta-alimentar ia/

6 http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/02/mexico-busca-vender-mas-produc tos-agricolas-china

7 José Martín Vargas Sánchez. Revista, Legislatura. Año XIII, No. 130.

8 Gaceta Parlamentaria; noviembre 12 de 2015. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo 2016.—Diputada y diputado: Carmen Victoria Campa Almaral,Cándido Ochoa Rojas (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Campa. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto... Me comentan que ya no pasará el diputado Hugo Eric.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

Las comisiones unidas de Igualdad de Género y Cultura y Cinematografía con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Metodología

Las comisiones unidas de Igualdad de Género y Cultura y Cinematografía, encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa de Ley.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2015 por la Comisión Permanente, la diputada Norma Rocío Nahle García, con suscripción del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, sometió a consideración la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. Mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-7-390, relativo al expediente 1316, de fecha 18 de enero de 2016, acusado de recibido por la Comisión de Igualdad de Género el día 20 de enero de 2016, fue notificado ampliación de turno a comisiones unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía,para dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto establecer en el artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, el criterio de género correspondiente a incluir el término “las” al enunciado: “El Sistema se conformará por ‘ las’ y los titulares de:”. Así como incorporar en el apartado correspondiente al Capítulo III De la Distribución de Competencias en Materia de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Sección Quinta de la Secretaría de Educación Pública, un artículo 45 bis que contempla la propuesta de facultades a la Secretaría de la Cultura.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por lo tanto y al referirnos propiamente a la materia de derechos humanos, regulados en nuestra Ley Suprema, debe dársele el análisis requerido en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad, derivado de lo anterior se hace hincapié en la obligatoriedad de los tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.

Segunda. De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación desigual que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer en todos los ámbitos: social, laboral, económico, de salud, etc.

Tercera. La iniciativa en estudio obedece a que con fecha 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal, dentro del paquete económico que presentó para el año 2016, incluía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura, la cual fue aprobada por ambas cámaras y turnada al Ejecutivo, el cual en fecha 16 de diciembre firmó el decreto, mismo que fue publicado el 17 de diciembre de 2015.

En la iniciativa en comento se propone, en primer lugar; modificar el artículo 36 de la LGAMVLV, en virtud de que dicho artículo establece lo siguiente: “Artículo 36.- El sistema se conformará por los por los titulares de:” donde no se observa un lenguaje incluyente, por ello proponen que en dicho artículo se agregue el pronombre que alude al género femenino “las”, para quedar de la siguiente manera: “El sistema se conformará por las y los titulares de:”.

En segundo y último lugar la iniciativa propone adicionar un artículo 45 bis, en el que se establezcan las atribuciones a realizar por parte de la Secretaría de Cultura, destacando en todo momento el lenguaje incluyente que tutela y garantiza la participación de las mujeres en igualdad con los hombres, así como el que las acciones de la Secretaría de Cultura, se encuentren acordes con el marco de los tratados internacionales tendientes a garantizar la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en el desempeño de sus actividades artísticas o de oficio, aspectos que de igual manera comparte esta Comisión de Igualdad de Género.

CUARTA. El día 28 de abril de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA), con la finalidad de definir el camino que ha de seguir el Sector Cultural a través de la Secretaría de Cultura, para hacer de la cultura un medio para la transformación, que fomente la cohesión, la inclusión social y la prevención de la violencia.

En el mismo tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea como uno de sus ejes transversales: la igualdad sustantiva de género, teniendo como planteamiento principal el de reducir la brecha existente entre mujeres y hombres, mediante la promoción de acciones concretas “dirigidas a un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación”.

QUINTA: Por técnica legislativa y para mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

SEXTA: Respecto de la primer propuesta para incluir el pronombre “las” y derivado de un análisis gramatical y una interpretación semántica de la hipótesis legal en estudio, se desprende que para efectos de garantizar un lenguaje incluyente sustentado en los principios de igualdad, el mismo adolece del pronombre “las” que se refiere a la inclusión del género femenino, ello en virtud, de que si bien es cierto la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del Ejecutivo Federal para: “Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado...” ello no impide que puedan ser hombres o mujeres indistintamente, pero para efectos del análisis y estudio de la presente iniciativa, esta Comisión considera viable, la propuesta realizada por los legisladores.

Más aún si tomamos en consideración que nuestro país ha suscrito tratados internacionales en la materia, como lo es en el caso específico que nos ocupa, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) mismo que dada su naturaleza jurídica vinculante en términos del artículo 133 de nuestro ordenamiento supremo, obliga al Estado mexicano a dar cumplimiento a los compromisos suscritos, por lo que esta Comisión considera de suma importancia referirnos al criterio que el Comité de los Derechos Humanos, establece para definir a la discriminación:

“Discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el género, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

En este mismo sentido el artículo 1 de CEDAW, refiere:

“A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Consecuente con estos dos ordenamientos, estas comisiones unidas consideran viable la propuesta, ya que con ella la norma jurídica cumplirá con un lenguaje incluyente que no dejará lugar a interpretaciones de discriminación por motivo de género, al mismo tiempo que damos cumplimiento a tratados internacionales.

Así, con la propuesta de reforma se reivindica el respeto hacia los derechos de la mujer, por una parte el aspecto incluyente de su participación y por la otra la garantía de no ser discriminada por razones de su género, lo cual se relaciona con el principio que establece “Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo - respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación”.

Robustece lo anterior lo establecido en la recomendación número 25 de la CEDAW, que considera la igualdad de género en tres dimensiones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente:

• Igualdad formal –de jure o normativa– se refiere a la igualdad ante la ley y supone que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y trato.

• La igualdad sustantiva –de facto o material– supone que las mujeres se desarrollan en un entorno en donde ejercen en los hechos y en igualdad de condiciones sus derechos y libertades fundamentales, y tienen las mismas oportunidades que los hombres, desde un primer momento, para conseguir la igualdad de resultados.

• La igualdad de resultados es la culminación lógica de la igualdad sustantiva. Estos resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden manifestarse en que, en diferentes campos, las mujeres disfrutan de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que tienen los mismos derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y en que la mujer vive libre de actos de violencia.

Bajo este contexto y para efectos del presente dictamen, aplica la igualdad formal –de jure– pues al hablar de la reforma a un precepto legal para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, justamente nos estamos refiriendo a los derechos que ambos deben tener ante la ley.

Estas comisiones unidas dan cuenta de que con el proyecto de mérito se da cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la citada convención que establecen lo siguiente:

Artículo 2. “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 2 f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Es necesario hacer mención que en el ámbito interamericano, otro instrumento normativo relevante en relación con la discriminación basada en género es la Convención de Belém do Pará, la cual establece en su artículo 6 que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a estar libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Principios que abonan al empoderamiento femenino.

SÉPTIMA: Respecto de la segunda propuesta para adicionar un artículo 45 bis en el que se establezcan las atribuciones a realizar por parte de la Secretaría de Cultura, destacando en todo momento el lenguaje incluyente que tutela y garantiza la participación de las mujeres en igualdad con los hombres, así como el que las acciones de la Secretaría de Cultura se encuentren acordes con el marco de los tratados internacionales tendentes a garantizar la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en el desempeño de sus actividades artísticas o de oficio, estas comisiones unidas resaltan que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y varios comités del Sistema de Naciones Unidas han reconocido que: “el uso de medidas especiales de carácter temporal o acción afirmativa, no constituye discriminación”. Las medidas temporales especiales son “medidas positivas limitadas en el tiempo que buscan mejorar las oportunidades para grupos que histórica y sistemáticamente han estado en situación de desventaja y orientadas a traer a los miembros de tales grupos al centro de la vida política, económica, social, cultural y civil, y constituyen una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

En el Decreto por el que crea la Secretaría de Cultura, se reforma el artículo 45, fracción VII, y se adiciona la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de incluir a dicha secretaría dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, al ser de reciente ingreso no se le dan atribuciones concretas de acción.

Por lo tanto es necesario darle a la Secretaría de Cultura las atribuciones para que dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se tomen las previsiones que contribuyan a generar una sociedad más justa y equitativa, específicamente en el ámbito cultural.

En las atribuciones que se proponen se incluye de manera general los siguientes principios en materia de igualdad de género:

• El respeto a los derechos humanos de las mujeres, tales como el de la educación, el acceso a la cultura, los oficios, artes y letras en igualdad de condiciones y oportunidades respecto de los hombres.

• Se procura que dichas atribuciones se realicen en estricto apego a la dignidad de la mujer, respetando el pleno ejercicio de su maternidad y también contempla el ejercicio de la paternidad.

• El derecho de las niñas y mujeres a realizar actividades creativas sin prejuicios de género.

• La eliminación de todo tipo de violencia en contra de la mujer.

Finalmente cabe destacar que la propuesta cumple con lo dispuesto en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde se establece como parte de su objeto, el definir los preceptos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres y hombres y avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La cultura es una prioridad nacional y el fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de los mexicanos, por ello, ante la creación de la Secretaría de Cultura se asume la responsabilidad de garantizar el derecho universal de acceso a la cultura; otorgando la seguridad del ejercicio de los derechos culturales bajo el principio de igualdad y no discriminación.

A su vez la protección y promoción de la diversidad cultural, mediante la inclusión de las diversas expresiones culturales, garantizando las libertades de expresión, información y comunicación, dotando a todos los mexicanos de acceso a actividades, bienes y servicios culturales por igual.

Por todo lo anteriormente analizado y argumentado, estas comisiones consideran viable la propuesta realizada por los legisladores proponentes, sometiendo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO, Y 45, FRACCIÓN VII; SE ADICIONA UNA SECCIÓN SEXTA, QUE COMPRENDE UN ARTÍCULO 45 BIS, RECORRIENDOSE LAS ACTUALES SECCIÓN SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA Y DÉCIMA TERCERA DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Único. Se reforma el artículo 36, párrafo primero y 45, fracción VII; se adiciona una sección sexta, que comprende un artículo 45 bis, recorriéndose las actuales sección sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera, décima segunda y décima tercera de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

Artículo 45....

I. a VI. ...

VII.Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;

VIII. a XVI. ...

Sección Sexta. De la Secretaría de Cultura

Artículo 45 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura:

I. Definir y difundir en las políticas culturales los principios de equidad y no exclusión entre mujeres y hombres, y el respeto pleno a los derechos humanos;

II. Incluir en los programas culturales de todas las disciplinas artísticas, aspectos que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad;

III. Garantizar acciones y mecanismos de participación de las mujeres en todos los programas y actividades de la Secretaría de Cultura;

IV. Promover el derecho de las niñas y mujeres para realizar actividades creativas sin prejuicios de género;

V. Propiciar la investigación en los procesos creativos de las disciplinas artísticas, encaminada a crear modelos de detección de violencia contra las mujeres en el ámbito profesional;

VI. Incorporar en los programas culturales el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos temáticos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres, sin perjuicio de la libertad creativa de los autores, intérpretes o ejecutantes;

VII. Propiciar la capacitación al personal de recintos culturales y de atención al público para poder detectar problemas de violencia contra las mujeres;

VIII. Propiciar la elaboración de materiales que promuevan la prevención y atención a la violencia contra las mujeres, en la difusión de actividades culturales y programas de mano de los eventos culturales;

IX. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los recintos culturales, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres, y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

X. Promover un sentido crítico en actividades culturales que tengan referencias relacionadas con la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen negativamente y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres, sin menoscabo del derecho de los autores, intérpretes o ejecutantes;

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

[...]

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l_100715.pdf

2 CDH. (1989). Observación General No. 18, Comentarios Generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, No Discriminación. 37° período de sesiones, U.N. Dovs. HRI/GEN/1Rev.7,p. 168, párr.. 7. Disponible en: www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/sgencom18.html

3 http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Principios%20 para%20el%20empoderamiento%20de%20la%20mujer.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), secretarias; Sasil Dora Luz de León Villard, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica en contra), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Santiago Taboada Cortina (rúbrica), presidente; Marco Polo Aguirre Chávez, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez (rúbrica), Manuel Alexander Zetina Aguiluz, secretarios; María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), José Luis Sáenz Soto, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rubrica), José Santiago López (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

I. Metodología.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa de Ley.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora se expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 5 de noviembre de 2015, la diputada Erika Irazema Briones Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

2. En misma fecha, 5 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicho iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto reformar el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer dentro de la comunidad.

IV. Consideraciones

Primera.Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...”

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los Tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 como se menciona en la iniciativa.

Segunda.De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley...”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Tercera.La iniciativa en su primera idea expone “La violencia en la comunidad es un término muy amplio que incluye actos de violencia dirigidos a lastimar o denigrar a otros dentro de un contexto público o espacios determinados como tal.

Dicho tipo de violencia ha crecido dado lo dañado que se encuentra el tejido social de nuestro país, rasgos culturales y situaciones propias de cada región y cada entidad federativa nos hacen plantearnos los diversos problemas tan amplios que se engloban dentro de la violencia en la comunidad.”

La Comisión considera acertado y como una problemática social actual la violencia con motivo de género que enfrenta la mujer mexicana, esta situación vulnera de forma importante el libre ejercicio de los derechos que a través de la lucha social ha conseguido y que debería ejercer sin ningún menoscabo.

Continuando con su exposición la iniciativa remite “La discriminación desafortunadamente es un tema del cual las mujeres siguen siendo parte y de los grupos que más la padecen por el simple hecho de ser mujer.

México ratificó la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). EL (sic) 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país.”

La Comisión, consecuente con las dificultades que enfrenta la mujer día a día el desempeño de sus labores, come jefa de casa, profesionista, empresaria etcétera señala datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres actualizado al 10 de noviembre de 2015, señalan que el tipo más común de violencia perpetrada en contra de la mujer es la de índole psicológica y de igual manera señala que en estos casos el principal agresor suele ser un familiar.

Es por esto que la Comisión da cuenta del trabajo que aún falta realizar para disminuir el índice de casos de violencia en contra de la mujer, ya que una sociedad que discrimina a sus mujeres, es una sociedad estancada e imposibilitada para desempeñarse con su máximo de eficiencia. Aunado a esto, si se desea combatir la discriminación de la mujer en la sociedad, la primera línea de acción será la de combatir roles clasistas o de género al seno de la familia, ya que ésta es la estructura nuclear y primigenia de la sociedad mexicana.

Más adelante la iniciativa denota como “La discriminación es uno de los factores y conductas que lamentablemente más se repite en el ámbito de la comunidad, es por ello el énfasis en esta lamentable conducta, pero no es la única a la que se enfrentan mujeres y niñas en el país.”

Esta Comisión coincide en reconocer la gravedad de las conductas que tienen por objeto menospreciar o degradar a la mujer en cualquier forma por razón de su género, dichas conductas como bien señala la iniciativa no solo se retrotraen a situaciones particulares sino que abarcan una gama de actividades y omisiones que afectan la libertad social de la mujer, a este respecto, el INMUJERES en sus “Resultados de la Evaluación Estratégica con Perspectiva de Género de los Programas de Empleo y Proyectos Productivos” señala las estadísticas, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Aquí se aprecia claramente una de varias formas de discriminación que la mujer mexicana enfrenta día a día, una forma más de violencia que afecta de manera negativa su calidad de vida y la menosprecia con motivo de su género. Por lo que esta Comisión expresa su total rechazo a cualquier condición o actitud de la sociedad en general que tenga como consecuencia una afectación negativa a los derechos de la mujer.

Por último la iniciativa considera “La violencia en la comunidad está acompañada de varios delitos, como los mencionados en su definición así como aquellos ampliados y conjugados con otros tipos de violencia a los cuales están expuestos las mujeres en sus pueblos, comunidades o localidades.”

Por ello esta Comisión considera que las políticas públicas que existen hoy en día deben ser instrumentadas conforme a derecho e implementadas de manera exhaustiva, abarcando los sistemas de salud, educación, trabajo y todos aquellos donde exista presencia de la mujer, donde esta cumpla cualquier tipo de labor.

Cuarta.Por técnica legislativa y fácil comprensión de la iniciativa la Comisión elaboró un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

De este análisis podemos extraer criterios de técnica legislativa de los que adolece la presente iniciativa;

a) En un primer acercamiento se percibe que la iniciativa no solo reforma el artículo 17 de la Ley, sino que además añade a éste dos fracciones más quedando con una fracción IV y una V, además de recorrer el texto que se señala en su fracción III a la fracción V, por lo que la Comisión señala como una falta de técnica que dicha modificación no sea señalada en el cuerpo de la iniciativa.

b) En su segunda consideración, la Comisión considera redundante el texto propuesto en el primer párrafo:

“Artículo 17. Los tres órdenes de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas competencias...”

El hecho de que el ordenamiento a modificar tenga la denominación de “Ley General”, establece su obligatoriedad para los 3 niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, dentro del propio ámbito de competencia de cada uno, por economía legislativa y una comprensión clara y sencilla del texto legal es que resulta inoperante el texto propuesto. De igual manera esto ya se encuentra contemplado en el artículo 2 de la Ley.

“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.”

c) La Comisión dictaminadora coincide en que la elaboración de la iniciativa presenta deficiencias notables en materia de técnica legislativa como para considerarla procedente per se, como se constató en el cuerpo de este dictamen.

Quinta.El 24 de noviembre de 2015 la Dip. Patricia García García integrante de esta Comisión solicito mediante oficio, recibido en misma fecha, que se citara a la promovente con la finalidad de que esta retirara la presente iniciativa para enriquecerla.

En razón de lo anterior la Presidencia de esta Comisión llevo a cabo una reunión de trabajo con la proponente el día 16 de febrero del año en curso y de la cual se acordó modificar el texto propuesto para enriquecer y subsanar las deficiencias de la iniciativa.

De lo anterior esta Comisión, concordante con la situación que expone la iniciativa y su relevancia, considera pertinente realizar modificaciones expuestas a la proponente, en aras de conservar los preceptos viables. Dichas modificaciones están encaminadas a ubicar los temas de la iniciativa donde corresponden, de acuerdo a la estructura del cuerpo normativo, y se realizan con el objetivo de mantener las aportaciones positivas que presenta la iniciativa.

Quedando de la siguiente manera:

Como puede apreciarse claramente, el presente dictamen retoma los puntos importantes de la iniciativa y los retoma en una propuesta apegada a derecho y en respeto a la reglas de técnica legislativa, razón de lo cual se presente la modificación realizada a la iniciativa por la Comisión.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Único. Se reforma el artículo 17, fracción III; y se adiciona los artículos 17, con una fracción IV; 43, con una fracción IX recorriéndose la actual en su orden; 49, con una fracción XXV recorriéndose la actual en su orden; y 50, con una fracción XI recorriéndose la actual en su orden a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 17.- ...

I. ...

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres;

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. Es obligatorio para las Entidades Federativas proporcionar los datos necesarios para la alimentación de este Banco de Datos, de acuerdo con lo que establece esta legislación, y

IV. Implementar políticas públicas tendientes a garantizar espacios públicos libres de violencia.

ARTÍCULO 43.- ...

I. a VII. ...

VIII.Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

IX. Implementar campañas de sensibilización destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la comunidad, y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 49.- ...

I. a XXIII. ...

XXIV.Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;

XXV. Establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para las mujeres, y

XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

...

ARTÍCULO 50.- ...

I. a IX. ...

X.Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XI. Establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para las mujeres, y

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

3 http://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informac ion_Publica.aspx

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_ 171215.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), David García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 64 y 115 de la Ley General de Salud para hacer énfasis en la nutrición de la mujer embarazada.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 14 de octubre de 2015, la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 551/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse, alimentarse es simplemente la acción externa de ingerir alimentos para sobrevivir y nutrirse es el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los micronutrientes y macro nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

En cada etapa de la vida las necesidades energéticas varían, desde los mayores requerimientos en la etapa de crecimiento, hasta llegar a la vejez, en la que el gasto energético disminuye, es decir, se gasta menos energía. Por ello, para cubrir los requerimientos nutricionales en cada etapa se debe equilibrar la ingesta energética sin caer en el error de eliminar ciertos alimentos sin causa justificada.

“El embarazo es una etapa de la mujer donde la alimentación cobra una especial atención ya que los requerimientos nutrimentales son diferentes. A partir del cuarto mes de embarazo aumentan las necesidades energéticas. Mantener una alimentación vanada y equilibrada es la mejor garantía para cubrir todas las necesidades de la madre y el hijo y prevenir posibles consecuencias”.

La atención de la mujer embarazada lleva, ente otros aspectos, la evaluación del estado nutricional al inicio de la gestación con un seguimiento ponderal durante toda la etapa, y una orientación dietética que garantice una alimentación y nutrición adecuada para la madre y el feto.

Desde que el bebé se encuentra en el vientre de la madre y hasta ser una persona independiente, su salud depende de su desarrollo gestacional y durante su infancia.

Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía a lo largo del embarazo, parto y post parto, prevenir anemias, y activar la producción de leche. No se trata de diseñar una dieta especial para el embarazo, sino de conocer la diversidad de propiedades de los alimentos y así mejorar la calidad y variedad de las comidas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. La mayoría de estos decesos se encuentran relacionados con la falta de acceso a servicios de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado.

En México, de 1990 a 2011, fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. Asimismo, los índices de mortalidad en mujeres registrados en 2013 fue de un total de 861 defunciones con un porcentaje de 38.2 por la razón de mortalidad materna.

La mortalidad materna constituye un indicador de la situación de la mujer, su acceso a los servicios de salud, y el grado de adecuación del sistema de atención sanitaria en respuesta a sus necesidades.

La iniciativa de mérito tiene por objeto hacer énfasis en la nutrición de la mujer embarazada y nos da pie a crear también una serie de guías o información fidedigna de todas estas enfermedades y anomalías que todas las madres deben saber y que entonces le permitan atenderse como debe.

Por estas razones sugiere reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

a)La iniciativa de la Diputada es considerada por esta Comisión como una propuesta viable, que tiene la intención de mejorar la alimentación de las mujeres embarazadas, con la finalidad de proteger su salud y la de sus hijos.

Respecto de la propuesta de reformar e incluir la fracción V, del artículo 64, de la Ley General de Salud, los integrantes de esta comisión consideramos viable se realice sin embargo, no consideramos factible establecerlo en el artículo que propone la diputada, toda vez que en ese apartado se habla únicamente de la organización y operación de los servicios de salud, entendidos como la planeación y aplicación de la normatividad en materia de salud.

De tal manera, lo adecuado es ubicarlo en el artículo 61, que se refiere a la prioridad que tiene la atención materno infantil y las acciones que se deben seguir respecto del cuidado, atención e información a la madre durante y después del embarazo, asimismo creemos que la redacción es confusa para su aplicación e implementación en la ley y hacemos la propuesta para que quede de la siguiente forma:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el periodo que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I.La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis.La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

II.La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III.La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V.La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Al momento de establecer la orientación alimenticia, abarcamos la intención de la proponente de cubrir todos los rubros de una alimentación equilibrada que incluya todos los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía a lo largo del embarazo, parto y post parto, prevenir anemias y activar la producción de leche.

c)Por otro lado, en lo relativo a la adición de una fracción VI al artículo 115 de la Ley General de Salud y recorrer las subsecuentes, no es viable su aprobación, ya que la intención de la diputada ya se encuentra regulada en los artículos 114 y 115 de la legislación en comento:

ARTÍCULO 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participaciónen los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado

ARTÍCULO 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición,prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables;

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse, y

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Como se desprende de los artículos anteriores, la Secretaría de Salud, ya tiene dentro de sus funciones normar el desarrollo de programas en materia de educación alimenticia, así como recomendar a la población en general el consumo de nutrientes y sobre todo proveerlos en la esfera de su competencia.

Además, establecen también que promoverán la participación de organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la nutrición, lo que atiende la intención de la proponente sin limitar hacer limitativa la legislación al particularizar cada caso.

d)Por otro lado, la Secretaría de Salud, ha emitido una serie de Normas Oficiales Mexicanas (PROY-NOM-007-SSA2-2010, Para la Atención de la Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio, y del Recién Nacido, NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, y NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido), en las cuales se especifican las recomendaciones y orientación que se hace a las mujeres durante y después del embarazo, sobre su alimentación por lo que, de aprobar esta reforma como la plantea la legisladora, sería sobre regulatorio toda vez que el Gobierno mexicano ya emprende acciones a favor de una alimentación sana para las mujeres embarazadas.

Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. -...

...

I. a III. ...

IV.La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados

V.La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar, y

VI. La orientación alimenticia que debe tener la mujer durante el embarazo y el puerperio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves, Yahleel Abdala Carmona.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10-Bis a la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada para dictamen la Iniciativa que adiciona el artículo 10-Bis a la Ley General de Salud, para incluir expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal que presta sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, presentada por la Diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

a)El 4 de noviembre de 2015, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa que adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud,para incluir expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal que presta sus servicios en el Sistema Nacional de Salud.

b)El 5 de noviembre de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 774-060 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa en comento.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora señala que el ejercicio de la profesión médica y el de todas las relacionadas con las ciencias de la salud constituye un elemento esencial para garantizar el derecho humano a la salud de todos los mexicanos, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considera que los profesionales de estas áreas, deben ejercer todos sus derechos humanos dentro de un marco jurídico que les garantice la seguridad de sus derechos laborales y casos en los que en la práctica de su trabajo se enfrenten a situaciones que pongan en riesgo sus valores éticos. Por ello, juzga que es imperativo reconocer en la ley el derecho a la objeción de conciencia. Dicha prerrogativa carece de una inclusión expresa dentro del marco jurídico.

Asimismo, alude a la libertad de pensamiento y de conciencia que está protegida por los principales convenios o pactos internacionales de derechos humanos, tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional.

Posteriormente, la diputada define objeción de conciencia como el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales. Se considera una expresión máxima del denominado “derecho de resistencia a la opresión” proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al inicio de la revolución francesa. En principio puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive del ordenamiento jurídico. La objeción por tanto, entra en juego cuando se da un choque entre la norma legal que obliga un hacer y la norma ética y moral que se opone a esa actuación.

La iniciante señala que, aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe un precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia como tal, se puede inferir que se encuentra implícitamente en su artículo 24 que garantiza la libertad de conciencia.

Si bien es cierto que existen vacíos jurídicos a nivel federal, algunos estados ya han incorporado este derecho en su legislación. Tal es el caso la Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco, del 7 de octubre de 2004, en la que se reconoce el derecho de objeción de conciencia al personal del sistema estatal de salud para “excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias, siempre y cuando no implique poner en riesgo la salud o la vida de un paciente” (Ley de Salud del Estado de Jalisco, articulo 18).

En el Distrito Federal, de manera paralela a la despenalización del aborto en diversos supuestos, también se reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.

En conclusión, la diputada estima que resulta necesario incluir expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal que presta sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, además de reconocerles un derecho que le es propio, considera que el Estado Mexicano estaría cumpliendo con su obligación de adecuar su legislación a los tratados internacionales que ha signado y ratificado.

Por estas razones sugiere reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

A. Los integrantes de esta Comisión consideramos que la naturaleza del ser humano, lo hace titular de numerosos derechos inherentes a su persona. Uno de éstos es la libertad. Gracias a este derecho la persona es capaz de autodeterminarse y ser artífice de su personalidad y su camino de vida.

Aunado a ello, el ser humano toma decisiones según una serie de principios, ideas, juicios e incluso prejuicios que varían de persona a persona. Si un individuo se ve obligado a decir, hacer o dejar de hacer algo que va contra sus propias ideas, convicciones o forma de pensar puede ver violentada su dignidad humana. Dicha obligación atentaría contra valores muy preciados actualmente: la autenticidad de la persona, la coherencia consigo mismo y la fidelidad a los propios principios. La libertad es el fundamento de la tan promovida tolerancia en todos los ámbitos de la sociedad.

Los médicos, farmacéuticos y enfermeras, como cualquier otro ser humano, son agentes morales conscientes, responsables y libres. Como tales, estos profesionales hacen las cosas a conciencia, es decir, con conocimiento de lo que hacen y con la voluntad de hacerlo, “con competencia y deliberación, de acuerdo con ciertos principios racionalmente fundados y profundamente sentidos”.

B. La ley, desde el punto de vista material, es toda disposición de orden general, abstracta, obligatoria y permanente. Es obligatoria porque debe ser cumplida por los destinatarios de la misma, y caso de que no la cumplan, la misma ley prevé una sanción.

Por lo general, la ley impone una obligación de dar, hacer o no hacer o bien una prohibición expresa de un dar, hacer o no hacer. La objeción de conciencia surge precisamente cuando un individuo se encuentra, por un lado, frente a una norma jurídica que le impone un deber, principalmente de hacer; por otro lado, tiene la norma moral que le dicta un comportamiento contrario al que manda la ley, es decir, se opone al cumplimiento de ésta.

Si el individuo sigue la ley moral, estará incumpliendo la norma jurídica, que como ya se ha dicho, es por su misma naturaleza obligatoria. Además de ir en contra de la ley, estará desobedeciendo el mandato de una autoridad legítima.

Surge entonces el cuestionamiento de si a un ciudadano le está permitido desobedecer la norma. O si, por el contrario, al hacerlo en el supuesto de la objeción de conciencia, sería acreedor a una sanción como lo sería cualquier otra persona que actúa de forma contraria a la ley.

La pregunta antes planteada, ha sido objeto de numerosas discusiones en la teoría del Derecho. Por lo general, la respuesta va en la línea de que en una sociedad, cuyo poder político está limitado por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y en la que los gobernantes deben contar con el apoyo social para poder gobernar legítimamente, la ley no debe prevalecer siempre sobre la conciencia del individuo al que ésta va dirigida. En otras palabras, en un Estado de Derecho, democrático y constitucional, la integridad de la persona puede estar por encima de la norma jurídica imponible.

A este respecto, doctrinarios del derecho se han pronunciado de la siguiente manera: Habermas, arguye que la desobediencia se ve fundamentada en el siempre existente contraste entre el modelo de obligación política perfecta y la realidad; Muguerza, por su parte, defiende que un individuo puede estar legitimado para desobedecer cualquier acuerdo que atente contra la condición humana, si así se lo dicta su conciencia; por otro lado, Gascón Abellán concluye que “el principio de autonomía individual, y la libertad de conciencia que es su corolario, postulan el respeto y la no interferencia por parte del Estado”.

En este orden de ideas, se podría decir que la desobediencia a la ley está justificada cuando existe un bien mayor en juego que, en caso de cumplirse la letra de la ley, se pondría en riesgo o se vería afectado. En cambio, cuando el no cumplimiento de la ley protege este bien, el individuo está legitimado para obrar según su conciencia, desobedecer la ley y proteger el bien mayor en cuestión. Un ejemplo de lo anterior, puede ser la legítima defensa. Privar de la vida a otra persona actualiza el tipo penal de homicidio, siempre y cuando esto no se haga para salvaguardar la propia vida en caso de que se esté frente a un ataque ilegítimo a ésta.

En conclusión, se puede decir que, de considerarse a la objeción de conciencia como una desobediencia a la ley, esta puede estar legitimada e incluso puede quedar prevista en la ley.

C.Los legisladores coincidimos que es necesario determinar si esta figura se considera como una excepción a la ley o un derecho fundamental protegido en la Constitución.

Atentos a lo anterior, consideramos que puede ser considerada más como un derecho, tomando en cuenta que tiene su origen en el derecho fundamental de la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Esto, debido a que en una sociedad que protege los derechos y libertades de sus ciudadanos, ninguna persona puede ser legítimamente obligada a ejecutar una acción que contraría gravemente a su conciencia moral; y lo anterior, constituye un derecho del ejercicio de la libertad.

Esta libertad está reconocida y protegida por los principales tratados internacionales de derechos humanos. Tal es el caso de los siguientes:

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, que la incluye en su artículo 9:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia yde religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley,constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral pública, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

Convención Americana de Derechos del Hombre, el cual en su artículo 12 dice:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Esto implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, Individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la consagra en su artículo 18:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Existe también la Declaración para la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o en las Convicciones, en la que se detalla el contenido de las libertades de pensamiento, conciencia y religión consagradas en el artículo 18 del Pacto citado en los párrafos anteriores.

Si bien ninguno de los artículos transcritos habla directamente de la objeción de conciencia, la regulan indirectamente al indicar que toda persona tiene la libertad de manifestar su religión o sus creencias –manifestación que se puede hacer a través del rechazo a cumplir con una disposición particular– y prever que la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral o los derechos y libertades de los demás.

D. En la experiencia comparada, se encuentran casos de protección directa de este derecho. A continuación se hace alusión a algunos países que lo contemplan dentro de su legislación.

Estados Unidos

En 1973, el Tribunal Supremo dictó la sentencia Roe v. Wade, a través de la cual se liberalizó el aborto en los seis primeros meses de embarazo. A raíz de esta decisión, Todos los estados fueron estipulando cláusulas para defender al objetor de conciencia.

Actualmente, son precisamente las legislaciones estatales las que ofrecen la cobertura más amplia de este derecho: 44 de los estados han estipulado cláusulas de objeción de conciencia en materia de aborto, prohibiendo la discriminación de los objetores. Algunas entidades, amplían incluso la protección más allá del aborto. Por ejemplo: Maryland la contempla en relación con la esterilización e inseminación artificial; Illinois en lo que toca a las transfusiones de sangre y Wyoming en lo relativo a la eutanasia.

Francia

La objeción de conciencia a practicar el aborto está prevista en la ley 79-1204, del 31 de diciembre de 1979, como un derecho absoluto y no sometido a condición alguna, no está limitada en el caso de una participación previa en un procedimiento de este tipo ni exige que el objetor dé una prestación sustitutoria.

Alemania

Está contemplada en la Ley de Reforma del Derecho Penal del 18 de junio de 1974, cuyo artículo 2 dice: “nadie puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo”, excepto en el caso de que la colaboración “sea necesaria para salvar a la mujer de un peligro, no evitable de otro modo, de muerte o de grave daño a su salud”.

Holanda

Existe una cláusula amplia de objeción de conciencia en la ley del 1o de noviembre de 1984. No es obligatorio motivarla ni debe mediar una declaración preventiva general; es extensible a todas las profesiones sanitarias y sólo impone la obligación al médico de informar a la mujer sobre alternativas posibles a la interrupción del embarazo.

E. En suma, en la legislación nacional, esta figura no es novedosa. Su ejercicio y la importancia de su respeto, ha sido ya reconocida.

No obstante no existe un precepto expreso que proteja la libertad de conciencia como tal, se puede inferir que se encuentra implícitamente protegida en el artículo 24 que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La considera como un solo derecho, pues aunque cada uno tiene su propio ámbito de protección, comparten una misma raíz.

A nivel federal, la Secretaría de Salud reformó el 27 de febrero de 2009 la NOM-046-SSA2-2005. En la que se señalan los criterios para la prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres y reconoce el derecho de objeción de conciencia de los médicos y enfermeras para la práctica del aborto en los casos de violación.

f.Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión está de acuerdo en que es necesario incluir de manera expresa la objeción de conciencia en la legislación federal en la materia, pues ésta constituye un derecho de todo individuo y como tal, debe estar protegido y amparado por una norma jurídica.

G.Sin embargo, se proponen las siguientes modificaciones al artículo 10 Bis:

1. Además de prever la objeción de conciencia para excusarse de participar en un programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia, es preciso proteger también la objeción para el caso de que el profesional sencillamente coopere en cualquiera de los anteriores. Esto en razón de establecer una protección más amplia al derecho y prever más supuestos de su ejercicio.

Por lo tanto, el párrafo primero quedaría así:

Artículo 10 Bis. Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar y/o cooperar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia, con base en sus valores o principios éticos.

2. Incluir la objeción de conciencia sobrevenida. Esta consiste en que la objeción puede ser declarada en cualquier momento, sin estar sujeta a plantearse en un determinado plazo preclusivo, en virtud de que la conciencia es un juicio dinámico, que varía de acuerdo con el acto, la situación y las circunstancias particulares, de modo que el juicio puede ser diferente en un momento u otro, en una situación o en otra.

Esta figura se ha reconocido en la legislación comparada y en diversas resoluciones de tribunales. Como en Estados Unidos, en donde la mayoría de las leyes estatales establecen que la objeción puede llevarse a cabo independientemente del momento en que se plantee.

En Europa, los principales documentos sobre este tema son la Resolución del Parlamento europeo del 13 de octubre de 1989 y la Resolución 337(1967) de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. La primera considera la objeción de conciencia sobrevenida, indicando que es un derecho que se puede ejercer en cualquier momento.

Así mismo, en el caso estadounidense Swanson v. St. John’s Lutheran Hospital 31, se estipula la doctrina de la objeción sobrevenida. El fallo dice: “dada la propensión de la conciencia humana a definir sus propios límites y dado que tales límites pueden ser extendidos o limitados por la experiencia, parece lógico que el concepto que una determinada persona tenga sobre la conveniencia o moralidad de una situación puede cambiar ocasionalmente. El derecho protegido por la ley no está condicionado, independientemente de lo acontecido anteriormente.”

En este orden de ideas, se propone que esta figura se incluya en el artículo de la siguiente manera:

Artículo 10 Bis. (...)

El derecho de objeción de conciencia se puede llevar a cabo independientemente del momento en que se plantee y no está condicionado por la actuación o conducta que el objetor haya tenido en situaciones pasadas.

(...)

(...)

3. La Comisión concuerda con la necesidad de que la misma ley prevea que el ejercicio de este derecho no viole el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha quedado estipulado en el segundo párrafo del artículo en el proyecto de decreto.

No obstante, considera que es necesario agregar en ese mismo párrafo, la prevención de que el objetor no incurra en la comisión de un delito.

Por lo tanto, el ahora tercer párrafo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 10 Bis. (...)

(...)

(...)

El ejercicio de este derecho estará siempre supeditado a no poner en riesgo la salud o la vida del paciente y a que no constituya un delito, en caso contrario incurrirá en causal de responsabilidad profesional.

(...)

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis. Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar y/o cooperar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia, con base en sus valores o principios éticos.

El derecho de objeción de conciencia se puede ejercer en cualquier momento y no está limitado por la actuación o conducta que el objetor haya tenido en situaciones pasadas.

El ejercicio de este derecho estará siempre supeditado a no poner en riesgo la salud o la vida del paciente, y a que no constituya un delito, en caso contrario incurrirá en causal de responsabilidad profesional.

La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones y lineamientos para manifestar la objeción de conciencia a que se refiere este artículo, y tendrá la obligación de contar en todos los casos con personal no objetor que reciba y atienda al paciente cuando se haga efectiva esta facultad, sin que estas disposiciones puedan limitar el ejercicio de este derecho o generar discriminación en el empleo hacia quien lo haga valer.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de noventa días naturales posteriores a la publicación de este decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Notas:

1. Herranz, G., La objeción de conciencia en las profesiones sanitarias,en “Scripta Theologica” 27 (1995), p. 545.

2. Gascón Abellán, M., Obediencia al Derecho y objeción de conciencia.Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1990, p. 221.

3. 597 P. 2d, 702 (Mont. 1979).

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de Salud, en materia de sustitución de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 4 de noviembre de 2015, el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, con número de expediente 930/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos, el diputado promovente expone que en la República Mexicana se utiliza el 60% de los 22 plaguicidas clasificados como perjudiciales para la salud y el ambiente, de los cuales el 42% se fabrica en el país. Los estados con mayor uso de plaguicidas son: Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Estado de México, Puebla y Oaxaca.

El uso de estos plaguicidas está generando un grave problema de salud pública y de medio ambiente, de acuerdo con las investigaciones científicas se revelan daños en niños, jóvenes y adultos, desequilibrios hormonales y cáncer, además de la pérdida de la cubierta forestal.

Al respecto, argumenta que la preocupación por el uso de plaguicidas tóxicos en países como el nuestro y el número de casos de intoxicación, así como los daños al medio ambiente, son razones suficientes para llevar a cabo los estudios necesarios que eliminen del mercado estas sustancias.

Refiere el iniciador que la existencia de plaguicidas en desuso plantea una amenaza directa y creciente para la salud humana y el medio ambiente; su eliminación no pone en riesgo el incremento en la producción agrícola. De lo que se trata es de dar mayor claridad y validez a las pruebas del impacto negativo en la salud y el medio ambiente de los plaguicidas sumamente tóxicos. Las pruebas validadas se deben utilizar para controlarlos y aplicar medidas progresivas tendientes a su prohibición.

Asimismo considera que los instrumentos internacionales actualmente disponibles, tales como el Código de Conducta, los Convenios de Rotterdam y de Estocolmo y el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) por sus siglas en inglés, proporcionan un marco para nuevas iniciativas y una base sólida para sus asociaciones con otras organizaciones, incluidas la industria de plaguicidas y las ONG. La sustitución de plaguicidas sumamente tóxicos por medidas de protección fitosanitaria menos peligrosas constituye una obligación esencial de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la industria y la sociedad civil.

Así, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunos plaguicidas pueden contener compuestos o impurezas que han sido restringidos en algunos países por su peligrosidad pues constituyen una amenaza para la salud humana y el ambiente.

El proponente también menciona que los impactos son amplios y variados, y que en zonas agrícolas en las que se utilizan plaguicidas, estas sustancias se dispersan en el aire, contaminan el suelo y el agua, y son sistemáticamente absorbidas, por lo que su población queda particularmente expuesta y vulnerable a padecimientos y trastornos neurológicos e inmunológicos, y algunos tipos de cáncer.

El diputado señala que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene autorizados, según su base de datos, aproximadamente 782 ingredientes activos usados como plaguicidas en un poco más de 5 mil 600 formulaciones comerciales esto incluye no sólo los de síntesis química, sino aceites y extractos vegetales y organismos vivos, aunque estos últimos son la minoría. Y por ello considera que su propuesta ayuda a resolver desde el punto de vista de la salud, la problemática que enfrenta la población.

Por estas razones sugiere reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

a)La iniciativa en dictamen tiene como finalidad, para efectos de reducción de riesgos, emitir la Norma Oficial Mexicana que incluya la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y la transición hacia la utilización de sustancias naturales, garantizando la eliminación ambientalmente racional de la existencia de los plaguicidas obsoletos; permitiendo el desarrollo de capacidades mediante la creación de laboratorios nacionales y regionales para la implementación progresiva de sistemas de agricultura ecológica.

Respecto de la reforma al artículo 280 de la Ley General de Salud, los integrantes de esta Comisión consideramos en lo general viable llevarla a cabo, sin embargo, con algunas modificaciones en cuanto a las alcances por las razones siguientes:

b) El derecho a la protección de la salud, así como el diverso a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, son prerrogativas que se encuentran tuteladas por el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precepto que establece a cargo del Estado la obligación de garantizar el respeto a estos derechos. Asimismo, prevé que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la normativa respectiva.

c) Por otro lado, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Marisol Ángeles Hernández, en su obra denominada Sustancias Peligrosas, Riesgo y Salud en México. Marco Normativo,dice que el uso de sustancias peligrosas se ha generalizado y va en constante aumento en diversos sectores sociales, lo que se traduce en riesgos sanitarios y ambientales importantes, ya que de las más de 100 mil sustancias químicas que se encuentran en el comercio mundial, aproximadamente 8 mil reúnen alguna de las características de peligrosidad.

Y de manera más específica menciona las consecuencias del peligro y del riesgo químicode las sustancias de esta naturaleza, a saber:

• El peligro químico indica el potencial que tiene una sustancia química de causar un efecto adverso sobre la salud, en las condiciones en las cuales se produce y utiliza, y

• El riesgo químico consiste en la probabilidad que se produzca un deterioro en la salud como consecuencia de la exposición a una sustancia química determinada.

d)Por las razones anteriores es necesario fortalecer las diversas políticas públicas encaminadas a reducir riesgos; tomando en consideración las obligaciones que tiene el Estado mexicano para proteger la salud y el medio ambiente en relación con las sustancias peligrosas, basando dichas políticas, preferentemente, en la prevención.

e)Ahora bien, la propia Ley General de Salud, específicamente en su artículo 278, define como substancia peligrosa a aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que tiene características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad y como substancia tóxica, a aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

En ese sentido y considerando que los plaguicidas están compuestos, en su mayoría, por materiales peligrosos, se estima necesario emitir una Norma Oficial Mexicana que considere, después de estudios e investigaciones pormenorizadas al respecto, la procedencia de implementar medidas para el control, prevención y prohibición de los mismos, con la finalidad de proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, como lo tutela nuestro texto constitucional.

f)De igual forma, la Ley de la materia en su artículo 182, ordena que en caso de emergencia que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensables para la protección de la salud. Asimismo, señala que deberá someterse al control sanitario todo proceso, uso, importación, exportación y disposición final de plaguicidas y sustancias peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.

g) Por su parte el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios regula, entre otras, las actividades que impliquen un riesgo para la salud humana; razón por la cual, prohíbe cualquier modificación, sin autorización previa de la Secretaría de Salud, en establecimientos donde se almacene o distribuya cualquier gas industrial peligroso para la salud y en donde se fabriquen y manejen sustancias tóxicas, o se disponga de sus desechos o residuos.

Por lo anterior se considera viable, en lo general, la reforma que propone reducir al mínimo los riesgos de daño tanto a la salud humana como al medio ambiente, de manera que sea la Norma Oficial Mexicana que se emita, la que disponga lo necesario con relación a la medida de prohibir progresivamente los plaguicidas altamente peligrosos.

h) En cuanto al desarrollo de capacidades mediante la creación de laboratorios nacionales y regionales para la implementación progresiva de sistemas de agricultura ecológica, si bien la dictaminadora coincide con la importancia de este tema, se trata de una materia que en sentido estricto no es competencia de la autoridad de salud, y por ende no es factible que sea objeto de regulación de la Ley cuya reforma nos ocupa.

i) Por lo antes establecido, los integrantes de esta Comisión consideramos que la redacción del artículo a reformar debe ser la siguiente:

ARTÍCULO 280- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 280. ...

En tales normas la Secretaría habrá de considerar, en su caso, la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos y la transición hacia la utilización de sustancias naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 ANGELÉS HERNÁNDEZ, Marisol, SUSTANCIAS PELIGROSAS, RIESGO Y SALUD EN MÉXICO. MARCO NORMATIVO, disponible en: http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/346/Publica 20110328145432.pdf, fecha de consulta: 13 de enero de 2016.

2 LEY GENERAL DE SALUD, artículo 194, fracción III.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada para dictamen, iniciativa que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, para prohibir realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

El 19 de octubre de 2015, el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud,para prohibir realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 617-44 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador menciona en su exposición que, aunque no hay estadísticas oficiales, expertos estiman que en nuestro país, al menos tres de cada diez mexicanos tienen un tatuaje, destacando que éste se realizó a temprana edad y en la mayoría de los casos, en lugares improvisados o bien ambulantes sin las condiciones de sanidad necesarias para garantizar la integridad y la salud de los adolescentes.

Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, existe mayor prevalencia de lugares improvisados, ambulantes o semifijos que ofrecen los servicios de tatuajes y perforaciones, que de los lugares establecidos con los permisos sanitarios correspondientes. A causa de ello, según fuentes oficiales, en la Ciudad de México se tiene registrado que cinco de cada diez personas que se practican una perforación, desarrollan posteriormente una infección del área.

El iniciante señala que cuando se hace una perforación y el procedimiento o las medidas sanitarias son deficientes e insuficientes, pueden generar infecciones en las que el músculo de la lengua se atrofie; los labios se deformen o pierdan sensibilidad; se presenten lesiones en los cartílagos de la nariz que pueden terminar por desfigurarla; o bien, cuando la perforación se realiza en el área de la ceja, se puede presentar pérdida parcial o total del movimiento.

El diputado remarca que, a diferencia de los lugares mencionados anteriormente, los establecimientos que cuentan con todos los requisitos establecidos por ley deben prever que no exista riesgos como los ya indicados y están obligados a aplicar ciertas medidas en beneficio de la salud y la integridad de la persona que acuda a ellos. Entre las más importantes incluye las siguientes:

• Deben de tener cartas de consentimiento para recibir el procedimiento (donde se detallan los peligros, la irreversibilidad y las medidas de cuidado subsecuentes).

• En el caso de menores de edad, el consentimiento por escrito del padre o tutor debidamente acreditado e identificado.

• Cuestionarios respecto al estado general de salud.

• Registro encuadernado y foliado de sus usuarios.

• Manual de procedimientos y protocolos en las técnicas y el material y equipo a utilizar, para garantizarle al usuario que no existe riesgo alguno de contaminantes en la fabricación, manufactura o manipulación de estos.

Finalmente, Indica que los lugares establecidos garantizan las condiciones de salubridad, que requiere un procedimiento como tatuarse y realizarse una perforación.

Por lo anterior, proponen reformar el primer párrafo del artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud de tal forma que quede prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes. Esto además de la prohibición ya existente de realizar alguno de los tres procedimientos a menores de 18 años o personas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

a)La Ley General de Salud, dispone en su artículo 268 Bis que “los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, deberán contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del Capítulo I del Título Décimo Sexto de la Ley y las demás disposiciones aplicables.

b)Por su parte, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, prevé un Título Vigésimo Quinto BIS en el que se regulan los Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones. En su capítulo único, dispone que los tatuadores, micropigmentadores y perforadores, para la prestación de sus servicios, deberán contar con tarjeta de control sanitario, la cual tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de su expedición.

Para obtener dicha tarjeta, el Reglamento señala una serie de requisitos, entre los que se encuentra entregar documentos que detallen el manual de procedimientos que se seguirá; currículum vitae del solicitante que contenga sus datos generales, estudios y experiencia laboral, relacionados con los procedimientos a realizar; documentación que compruebe que cuenta con conocimientos sobre primeros auxilios y dominio de las técnicas de higiene y asepsia; entre otros.

c)El Reglamento hace además, especial énfasis en el material y utensilios que se empleen para realizar los diferentes procedimientos. Dentro de los artículos más significativos se encuentran los siguientes:

La joyería, agujas, navajas, punzones u otro material punzo cortante que se utilicen en los procedimientos de tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones, deberán ser desechables y usados una sola vez.

Cualquier utensilio, equipo o instrumento susceptibles de ser reutilizados y que sea distinto a los señalados en el párrafo anterior, deberán ser esterilizados y almacenados con anterioridad a su uso, en condiciones que mantengan dicho estado.

Se prohíbe el uso de pistolas para perforar, o cualquier otro equipo, que debido a su imposibilidad de ser esterilizado o desinfectado, en todas sus partes, constituya un riesgo de transmisión de enfermedades.

Para el caso de perforaciones, deberán utilizarse materiales estériles de implantación o biocompatibles quirúrgicos. En el caso de tatuajes, las tintas deberán ser biocompatibles con el cuerpo humano y mantenerse en sus envases originales. En las micropigmentaciones los pigmentos deberán ser inocuos e insolubles.

Los tatuadores, micropigmentadores y perforadores sólo podrán utilizar anestésicos tópicos para disminuir el dolor de las laceraciones, quemaduras, implantes, escarificaciones o cualquier otra técnica semejante.

De lo anterior, se desprende la exigencia a los tatuadores, micropigmentadores y perforadores el uso de determinado material que prevenga la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y contaminación microbiológica.

d) Lo que se pretende con estas disposiciones es proteger la salud de los usuarios de estos procedimientos y minimizar los riesgos a los que son susceptibles.

Como se puede observar, los dos ordenamientos citados se concentran específicamente en regular la autorización y/o tarjeta de control sanitario que requieren los tatuadores, micropigmentadores y perforadores y las características que deben cumplir los materiales e instrumentos que se utilicen para llevar a cabo estos procedimientos.

Se puede concluir entonces, que lo que ha resultado más efectivo para reducir los riesgos que naturalmente conllevan procedimientos de esta naturaleza, es establecer requisitos a las personas que los realizan y a los materiales utilizados y no tanto los establecimientos en los que se aplican los tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones.

e)De esta forma, los tatuadores, micropigmentadores y perforadores, así como los materiales que éstos utilicen deben cumplir con los requisitos exigidos en la ley y el reglamento, independientemente de si el procedimiento se realiza en un lugar con domicilio establecido o en un puesto semifijo o ambulante.

Esto porque la capacidad y conocimientos del aplicador y las características de higiene de los materiales no varían en función del lugar en el que trabaje. Al contrario, son cualidades que siguen a la persona y al material, sin importar dónde se encuentre; sin embargo consideramos que, además de la destreza de la persona que realiza estas actividades, es necesario que se lleven a cabo en lugares establecidos, en los que es más factible se cumplan las normas de seguridad y salubridad que establece la legislación.

f)Atento a lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideramos que es necesario que se lleven estas actividades en lugares fijos y que además los procedimientos se realicen conforme a la normatividad vigente.

g)Por lo que los integrantes de esta Comisión consideramos, que es viable la propuesta del legislador, únicamente por lo que respecta a la prohibición de realizar tatuajes, micorpigmentaciones y perforaciones, en lugares semifijos o ambulantes, toda vez que estos no cuentan con la higiene y salubridad necesaria para la realización de estos procedimientos, presentando dificultades como:

1. A causa del traslado del puesto de un lugar a otro, los materiales e instrumentos se pueden contaminar; el nuevo lugar de ubicación puede no tener un piso adecuado para asegurar la estabilidad de la mesa de trabajo, el correcto resguardo de los materiales, entre otros.

2. Al existir con el fin de que sean fácilmente trasladables de un lugar a otro y al no contar con un registro específico, para la autoridad es más difícil identificarlo y proceder adecuadamente en caso de que haya alguna irregularidad. El dueño del puesto puede ubicarse en un lugar en determinado momento y luego moverse a otro sitio, lo que torna considerablemente complicado el control de la autoridad sanitaria.

h)Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, consideran que la iniciativa es procedente en lo relativo a la prohibición de realizar estos procedimientos en puestos semifijos y ambulantes.

Además se propone cambiar la redacción de las palabras “estén” y “cuenten”, por su forma verbal en infinitivo - estar y contar - en congruencia con la redacción del artículo que se pretende modificar.

Por lo tanto, propone la siguiente modificación a la iniciativa:

Artículo 268 Bis-1. Queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes, y a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En caso de ser menor de 18 años, deberá estar acompañado de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter, o contarcon la autorización por escrito. La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el artículo 419 de esta ley, y conllevará a la revocación definitiva de la autorización respectiva.

Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 268 BIS-1 DE LA DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 268 Bis-1. Queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes, a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En caso de ser menor de 18 años, deberá estar acompañado de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter, o contar con la autorización por escrito.

La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el artículo 419 de esta ley, y conllevará a la revocación definitiva de la autorización respectiva.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 60 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa presentada por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXIII Legislatura en la H. Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente Iniciativa, según lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84 y 85, así como de los artículos 157 y 158, numeral I, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados propone a esta H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y de determinar debidamente el alcance, de la Iniciativa materia de dictamen, tomo en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

I. En el apartado de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida proposición y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “Contenido”, se sintetiza el planteamiento del problema.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, las Comisiones dictaminadoras expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2015, la diputada federal Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, con base en lo reglamentado por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

2. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en su carácter de órgano legislativo ordinario de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, expresa que le fue turnada para su resolución y dictamen, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, presentada por la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el 28 de octubre de 2015.

3. En sesión celebrada de igual fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L.63-II-3-111, turnó para dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.

II. CONTENIDO

La Diputada proponente, menciona que impera una gran necesidad, de fortalecer las sociedades de solidaridad social, a través de reconocer el derecho al trabajo que tienen las personas, disminuir el número de socios y actualizar las leyes e Instituciones vigentes que tienen facultades y obligaciones en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

Asimismo, considera de gran transcendencia, el reducir el número de socios a un número, mínimo de diez miembros, siempre y cuando se garantice el adecuado funcionamiento de la sociedad de solidaridad social.

Puesto que en la vida fáctica, las sociedades que se conforman con el carácter de solidaridad social, muchas veces no reúnen el requisito de ser quince miembros, por lo que representa un obstáculo, para que se conformen, como tal, y cumplan el objeto de constituirse en una sociedad de solidaridad social, con el fin de crear fuentes de trabajo y destinar una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social.

III. CONSIDERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Esta Comisión considera importante, elaborar un cuadro comparativo, a fin, de citar, la norma establecida, en la legislación vigente de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, confrontándola, con el texto de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del mismo ordenamiento, de la Diputada proponente, para efecto de realizar un análisis teórico-conceptual.

PRIMERA.Esta Comisión considera, respecto a la adición, que pretende establecer, la diputada proponente, al artículo 1 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social consistente en agregar el concepto sin fines de lucro, que no se adecua, a la constitución de toda sociedad, puesto que toda sociedad que produzca algún servicio o producto, tendrá a cambio alguna remuneración.

A la luz de lo anterior, el objeto de la sociedad de solidaridad social, de conformidad con en el numeral 2 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, consiste en fomentar fuentes de trabajo bajo una perspectiva de Derecho humano, acorde a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de producir, transformar y comercializar los recursos que les ofrece la región o localidad donde viven, al hacerlo, se crea desarrollo y mejora las condiciones así como la calidad de vida de la localidad.

SEGUNDA.Por lo que hace a la adición del concepto sustentableal artículo 2 fracción III, esta comisión considera que es viable al regular la adecuada explotación de los recursos naturales ya que, al hablar de sustentable, se mandata explotar los recursos naturales como fuente de trabajo de manera racional, sin agotarlos y mucho menos, dañar o destruirla biodiversidad, el entorno y los recursos naturales existentes, por ser esenciales para la existencia y disfrute de las generaciones futuras.

TERCERA.Esta Comisión coincide con reducir el número de socios a un número mínimo de cinco miembros, siempre y cuando se garantice el adecuado funcionamiento de la sociedad de solidaridad social.

CUARTA.Esta Comisión reconoce la necesidad de actualizar la Institución que regulará la forma en que operen las sociedades de solidaridad social, por lo que es menester señalar que, en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, se establezca que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(SEDATU) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STyPS), las responsables de regular las actividades de las sociedades de solidaridad social, puesto que en la anterior legislación de sociedades de solidaridad social, la Secretaría de la Reforma Agrariasólo era la encargada de regularlas.

En la actualidad, la Secretaría de la Reforma Agraria ya no existe, puesto que formalmente el ocho de septiembre del año dos mil nueve, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció su desaparición como una medida de austeridad en el marco de la crisis que afectó a México en el período 2008 a 2009.

QUINTA. De la iniciativa propuesta por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, esta Comisión, resalta que de la reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social en sus numerales 28, 34 y 36, se desprende que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), tiene por objeto consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes, la cual, trabajara en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, encargada de las relaciones obrero-patrón, con la finalidad de fomentar la capacitación laboral en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido dicha propuesta de articulación institucional, responde a una actualidad compleja, a un mundo competitivo y de amplio desarrollo científico tecnológico, inmerso en el marco de la era del conocimiento, el cual, requiere desarrollar habilidades y competencias en las personas para adaptarlas a las mutaciones laborales existentes y de ésta manera incorporarlas exitosamente al mercado laboral, con el fin de mejorar sus ingresos con expectativas de calidad laboral y por ende bienestar social.

SEXTA.Esta Comisión coincide con la necesidad de establecer un marco legal de transparencia, para efecto de que, en el supuesto de recibir estímulos, franquicias o subsidios, la sociedad beneficiada debe de informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para efecto de transparentar y evitar un mal uso de los mismos, por ser acordes a los esfuerzos que en la materia está realizando el Estado Mexicano.

SÉPTIMA. Una vez recibida esta propuesta, fue enviada al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para analizar el impacto presupuestal de la propuesta de la Iniciativa, de acuerdo a lo anterior, dicho Centro de Estudios concluyó que “... de aprobarse, esta generaría un impacto presupuestario asociado a la creación de un registro de las Sociedades de Solidaridad Social constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para sus actividades, con el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones y destino de los recursos públicos.”

Al respecto, “El impacto presupuestario estimado de la creación del Registro de las Sociedades de Solidaridad Social, asciende a 13.9 millones de pesos (mdp) para el ejercicio fiscal 2016, conforme se señala en el Anexo Metodológico del mencionado estudio.”

OCTAVA.Por lo que es menester señalar que de conformidad con lo estipulado en la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, es de destacar, para el caso que nos ocupa, las atribuciones más representativas del Registro Agrario Nacional (RAN), establecidas en dichos ordenamientos legales, como lo es el llevar el registro y control de las sociedades, asimismo en los artículos 7 y 8 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, se establece que el acta y las bases constitutivas de dicha sociedad se deberán inscribir en el registro que para tal efecto lleve la Secretaría de la Reforma (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Es decir, ya existe una estructura dentro de la SEDATU que realiza registros similares por lo que podría utilizarse dicha estructura y evitar el impacto presupuestal señalado anteriormente.

NOVENA.A la luz de lo anterior, esta Comisión, propone agregar a la propuesta de adición al artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Diputada proponente, un último párrafo consistente en:

“Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario Nacional.”

Para quedar como sigue:

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios públicos necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos, podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

Las autoridades federales y los organismos creados por la Federación para la promoción y fomento de la industrialización, transformación y comercialización, deberán asesorar gratuitamente a las sociedades de solidaridad social, cuando sean requeridos para ello.

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios públicos las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario Nacional.

DÉCIMA.Asimismo se considera, que la palabra públicos,que la Diputada proponente adiciona a este mismo precepto legal (art.36), en su primer y segundo párrafo, de la Ley Sociedades de Solidaridad Social, específicamente, donde hace alusión al término subsidios y agrega la palabra públicos, para conformar la palabra subsidios públicos, esta Comisión considera que no impera la necesidad de adicionar la palabra públicos,en virtud de que la esencia de la palabra subsidio, trae implícito el carácter de público, toda vez que consiste en una prestación o asistencia pública, basada en una ayuda o beneficio de tipo económico.

Y de conformidad con la Enciclopedia de la Política,esta palabra significa, en el ámbito económico, la entrega por el Estado de una subvención monetaria o de una ventaja medible en dinero a favor de una empresa o entidad pública o privada a fin de coadyuvar para el financiamiento de su actividad, bien sea la fabricación de bienes o la prestación de servicios. Por tal motivo se considera que dicha adición no es necesaria.

Por lo anteriormente vertido el primer y segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social quedaría como sigue:

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos, podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

DÉCIMA PRIMERA.Por lo antes expuesto y una vez examinado, estudiado y comparado la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, con la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del mismo ordenamiento, esta Comisión, coincide que la presente propuesta es necesaria para la actualización de la ley en comento, para efecto de que las sociedades de solidaridad social, tengan un marco regulatorio actualizado y acorde a las Instituciones existentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en consideración de las valoraciones realizadas, los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General de la Unión, con fundamento en el artículo 72, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL

Artículo Único.Se reforman los artículos 2o., fracción III; 4o.; 7o., primer párrafo; 20, tercer párrafo; 28, fracción I; 34, primer párrafo; 36, primer párrafo y 39, fracción IV de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.-Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto:

I.-y II.- ...

III.-La explotación sustentable de los recursos naturales.

IV.- y V.- ...

ARTÍCULO 4o.- Para la constitución de la sociedad se requiere un mínimo de cinco socios.

ARTÍCULO 7o.- Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá autorización previa del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando se trate de las industrias rurales y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los demás casos.

...

ARTÍCULO 20.- ...

...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanoo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su caso, podrá convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el funcionamiento de la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité ejecutivo o el financiero y de vigilancia, en los casos previstos en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 28.-La Comisión de Educación, tendrá los siguientes objetivos:

I.-Procurar la educación para la totalidad de los socios, tomando como base los principios que consagra el Artículo 3o. de la Constitución General de la República y la Ley General de Educación.

II.- y III.-...

ARTÍCULO 34.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tendrán, además de las facultades que deriven de otros artículos de la presente ley, las siguientes:

I.- a IV.-...

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos,podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

...

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquellas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Para dichos fines la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se allegará del Registro Agrario Nacional.

ARTÍCULO 39.-El comité liquidador tendrá las facultades siguientes:

I.- a III.- ...

IV.- Formular el balance final de liquidación, que deberá someterse a la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en sus respectivos casos;

V.- y VI.- ...

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, a 23 del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica), presidenta; Yerico Abramo Masso, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Óscar Valencia García, Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Héctor Javier García Chávez, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), secretarios; José Teodoro Barraza López (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Luis Gilberto Marrón Agustín (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Héctor Peralta Grappin (rúbrica), Evelio Plata Inzunza, Heidi Salazar Espinosa, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

DICTAMEN:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 10 de noviembre de 2015, el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 11 de noviembre de 2015, a través del oficio No.D.G.P.L.63-II-6-150, de fecha 10 de noviembre de 2015 y mediante el número de expediente 838.

3. La Junta Directiva de la Comisión de Deporte, solicitó a la Mesa Directiva, prórroga para realizar el análisis de la iniciativa motivo del presente dictamen, la cual fue concedida con plazo hasta el 29 de abril de 2016.

4. Con fecha 25 de febrero de 2016, la Comisión de Deporte aprobó el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

1. El diputado José Adrián González Navarro, plantea que en México, uno de cada diez personas tiene 60 años o más de edad, lo que constituye un total de 10, 055, 379 adultos mayores y representan 9.06 por ciento de la población. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre el año 2000 a 2010, la población de personas adultas mayores creció una tasa anual de 3.8 por ciento y derivado de la tasa de crecimiento en la década señalada se tiene previsto que esta población se duplique en 18.4 años por lo que en 2029 tendremos por lo menos 20 millones de personas en ese rango de edad y para 2050 la cuarta parte de nuestra población se integrará de ancianos y ancianas.

De este segmento de población por cada 100 mujeres hay 87 hombres, indicador que confirma la sobremortalidad masculina en dicha población. Respecto de la dependencia por vejez; por cada 100 personas en edad productiva hay 9.7 personas dependientes por tener 60 años o más. Por lugar de residencia, el citado censo del Inegi, evidenció que 74.0 por ciento de la población adulta mayor vive en localidades urbanas y 26.0 por ciento en rurales; las entidades federativas con el mayor número de habitantes adultos mayores son el Distrito Federal con 11.3 por ciento, seguido por Oaxaca con 10.7 por ciento y Veracruz con 10.4 por ciento y los estados de la República que menos concentran población adulta mayor son Baja California Norte con 6.8 por ciento de población, Baja California Sur con 6.6 por ciento y Quintana Roo con 4.8 por ciento.

2. Asimismo sostiene, que en lo que respecta a la esperanza de vida de las personas que hayan cumplido 60 años, en el caso de las mujeres se tiene previsto que vivan por lo menos 22.9 años y en caso de los hombres 20.9 años. En materia de discapacidad, 20.7 por ciento o 2,078,540 de los adultos mayores tienen al menos una discapacidad; es decir, alguna dificultad derivada de la edad les impida caminar, moverse, subir o bajar; ver aun usando lentes; hablar, comunicarse o conversar; oír, aun usando aparato auditivo; vestirse, bañarse o comer; poner atención o aprender cosas sencillas o alguna limitación mental. Lo anterior de acuerdo con datos del Censo 2010 del INEGI y el documento Numeralia de los Adultos Mayores en México 2012, del doctor César Luis Cárdenas Varela y César Alfredo González González del Instituto de Geriatría.

3. De igual forma, establece que en 2012 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reveló que 43 por ciento de las personas adultas mayores que viven en nuestro país se encuentran en situación de pobreza multidimensional; es decir, cuando los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, de conformidad con los Lineamientos y Criterios Generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de junio de 2010.

4. Por otro lado, la Encuesta Nacional Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), segunda edición 2013, Resultados nacionales, del Instituto Nacional de Salud Pública, páginas 111 y 120 que para 2050 se estima que los adultos mayores conformarán cerca de 28.0 por ciento de la población. El envejecimiento acelerado de la población representa un reto importante para el sector salud, ya que concomitante a este fenómeno aumentarán también de forma acelerada la demanda de atención a la salud y por consiguiente el gasto en este rubro. Al mismo tiempo este fenómeno requerirá de un modelo de atención específico del sector salud, para contender adecuadamente con las nuevas necesidades de esta población, tanto en lo que se refiere a servicios asistenciales y residenciales, como en lo que respecta a la alta prevalencia de discapacidad y dependencia, las cuales afectan predominantemente a los adultos mayores.

En el apartado de conclusiones la ENSANUT, considera que el envejecimiento actual en México y sus implicaciones para la salud demanda atención especial e inmediata. Ya no es suficiente con tan sólo procurar la sobrevivencia en edades avanzadas. Es imperativo promover el envejecimiento sano y activo de la población, mismo que es susceptible de ser planeado y sustentado, al igual que se hace para otras etapas de la vida. La persecución de una vejez sana y activa implica fortalecer los programas de promoción, prevención y diagnóstico oportuno en el ámbito de la atención primaria de la salud, en etapas tempranas.

5. Derivado de la radiografía estadística en materia de adultos mayores y tomando en consideración el Perfil epidemiológico del adulto mayor en México 2010 de la Secretaría de Salud, se concluye que este grupo poblacional es altamente vulnerable debido a la edad avanzada, las enfermedades no transmisibles o crónicas (ENT) y las discapacidades que tienen como efecto la disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales.

6. En este marco, el diputado promovente coincide con el reto que debe asumir el Estado mexicano en el sentido de garantizar una vejez activa y saludable a la población con 60 años o más cumplidos y con ello, transitar de un modelo de envejecimiento discapacitador al de envejecimiento activo. Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en su calidad de organismo rector de la política nacional en materia de derechos de las personas adultas mayores, cuenta con una serie de servicios como el de asesoría jurídica; capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre; servicios de atención médica de primer nivel (detección, control y seguimiento de enfermedades comunes en las personas adultas mayores); centros culturales; clubes INAPAM; albergues y residencias diurnas; vinculación laboral para personas adultas mayores y educación para la salud. Sin embargo, en ninguno de los citados servicios se contempla el relativo a la práctica de algún deporte.

7. Por lo anterior, el promovente fundamental garantizar a las personas adultas mayores que viven en nuestro país, un envejecimiento activo a través del impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas a su desarrollo e integración, por lo que se propone reformar la fracción II del artículo 19 y de igual forma se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objeto que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, formule programas para promover la cultura física y la práctica de algún deporte entre las personas adultas mayores.

8. En tal sentido, en su calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa motivo del presente análisis, la cual pretende hacer un reconocimiento a cada una de las personas adultas mayores que viven en México y visibilizar el envejecimiento activo a través del derecho fundamental a la cultura física y la práctica del deporte.

9. La iniciativa propone reformar la fracción II del artículo 19 Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto que la Junta Directiva de la CONADE, establezca conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores. De igual forma, se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, formule programas que promuevan la cultura física y deporte entre las personas con sesenta años o más de edad.

La iniciativa se presenta en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 30 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Único. Se reforman las fracciones II del artículo 19 y XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Conade relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte;

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad y adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

I. a XVII. ...

XVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales en los términos previstos de la presente reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha las y los diputados integrantes analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, coincidiendo que la iniciativa objeto del presente dictamen presenta congruencia con el marco normativo vigente.

En ese tenor, coincidieron en que uno de los fines de todo individuo, es llegar a la vejez con buena salud, bajo riesgo de enfermedad y con excelente estado funcional tanto físico como mental; en otras palabras, disfrutar de una “vejez exitosa”. Ahora bien, si a ésta le añadimos la consecución de una actitud positiva ante el propio proceso de envejecimiento y una vinculación y participación social activa, conseguiremos llegar de forma activa a esta importante etapa de la vida.

La Organización Mundial de la Salud, en su documento “Envejecimiento activo: un marco político”, define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen; permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados”.

En razón de esta definición, la OMS impulsa 5 pautas que cada persona debe alcanzar, para la consecución de un envejecimiento activo, las cuales consisten en:

1. Tener una buena salud: prevención y promoción de la salud.

2. Tener un buen funcionamiento físico: mantener la actividad física y realizar ejercicio físico. Los efectos beneficiosos del ejercicio regular, hacen que constituya la acción con mayor soporte de evidencia para promover el envejecimiento activo saludable.

3. Tener un buen funcionamiento mental: mantenimiento de la capacidad mental y de aprendizaje.

4. Ser independiente y autónomo: prevención específica de la discapacidad y la dependencia.

5. Vinculación y participación social: promover y mantener la actividad y la participación social.

Los puntos anteriores hacen indispensable la creación e impulso de acciones y políticas públicas, con un seguimiento y evaluación pormenorizado, que den atención a las personas adultas mayores, considerando la diversidad de las condiciones de vida que presentan en esta etapa de su vida.

En lo que se refiere al punto número dos y siguiendo las recomendaciones de la OMS, es fundamental para enfrentar el envejecimiento en óptimas condiciones, comprender la importancia de adquirir hábitos y estilos de vida saludables a lo largo de toda la vida, ya que el desarrollo de cada persona en particular, es el resultado de sus propias circunstancias sociales, económicas, educativas y políticas y de igual forma influyen los factores biológicos, psicológicos y genéticos.

Por ello, es preciso enfocar los esfuerzos de los programas y acciones gubernamentales, a potenciar políticas en favor del cuidado y la promoción de la salud, a partir de los primeros años de vida, que impulsen en la población la adopción del valor que implica el mantener una vida activa a lo largo de todas las etapas, para avanzar a lo largo de los años con buenos hábitos nutricionales y un desarrollo físico sano, las personas adultas mayores mayor seguirán así manteniendo sus hábitos saludables, no sólo con la realización de las actividades de la vida diaria, sino también con la colaboración activa en la vida colectiva.

Además de lo anterior, es preciso tener en cuenta que la actividad física y la práctica del deporte, hoy soy derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es deber del Estado garantizar a través de sus diversos órganos, las acciones y programas dirigidos a la población, el ejercicio de este derecho; independientemente del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil.

Lo anterior se traduce en la importancia que reviste la creación y promoción de programas de cultura física y deporte que estén dirigidos a la población adulta mayor, que les permita dar atención adecuada a las diferentes realidades, expectativas, necesidades y motivaciones de este importante sector de la población.

En este orden de ideas, es preciso desde las instancias de gobierno, generar en la sociedad, la concepción de aprender a “vivir” el ejercicio y la práctica del deporte, como una actividad gratificante, reconfortante y placentera; lo cual debe traducirse a todos los grupos sociales y en especial a los adultos mayores, lo que impulsará a la sociedad a la adopción de una filosofía de vida donde la práctica regular de actividad física y deporte, sea el eje o soporte de la vida diaria.

En la actualidad, los avances tecnológicos, las largas jornadas laborales y la escasez de tiempo para conciliar la vida laboral y personal, ha cambiado la realidad de las sociedades, lo anterior ha traído como consecuencia la necesidad de modificar la visión gubernamental, con la que se crean los programas y políticas públicas; hoy las y los mexicanos demandan acciones que les permitan envejecer de manera activa, para cumplir con los roles que la vida cotidiana les imponen, por lo que el envejecimiento activo constituye uno de los principales retos de la sociedad, afrontar dicho cambio; tanto a nivel social mediante el envejecimiento de las poblaciones, como a nivel individual, en tanto nos referimos al envejecimiento de cada persona, requiere que como individuos tengamos acceso a la práctica regular de actividad física y deporte como parte de nuestros hábitos de desarrollo, la anterior nos permitirá formarnos como una sociedad en la que el bienestar físico, afectivo, mental y social sean una constante en nuestra evolución.

En virtud de las consideraciones expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte han considerado someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido aprobatorio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA:

Las y los integrantes de la Comisión de Deporte, se dieron a la tarea de efectuar una revisión en torno a las modificaciones que la iniciativa pretende realizar al texto vigente de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En relación con la modificación propuesta que se encuentra plasmada en el decreto, en la fracción XVIII del artículo 30, el promovente propone hacer la inclusión de las palabras “adultas mayores” a la facultad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, respecto de la formulación de programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad.

No obstante lo anterior; el texto vigente de la fracción XVIII del artículo 30, se refiere a la facultad de CONADE, para verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de gobierno y representación así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables.

Sin embargo; las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, estimaron conveniente subsanar este error involuntario, al asegurar que la reforma planteada debería encontrarse plasmada en la fracción XXVIII del artículo en cuestión, el cual hace referencia a la formulación de estos programas en los que el promovente resalta la importancia de incluir a las personas adultas mayores para que sean sujetas de este beneficio y a la cual se hace referencia en la exposición de motivos que realiza el diputado promovente para dar sustento a esta iniciativa de reformas.

Una vez hechas las modificaciones antes mencionadas al texto original de la iniciativa y en virtud de las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 30 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo Único. Se reforman los artículos 19, fracción II y 30, fracción XXVIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. ...

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad y adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. ...

I. a XXVII. ...

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales en los términos previstos de la presente reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días del mes de de dos mil dieciséis.

La Comisión de Deporte, diputados: Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez (rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Ramírez Peralta Karen Orney.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 numerales 1 y 2, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha martes 16 de febrero de 2016, la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante el Pleno de esta Cámara, a nombre de las Diputadas y los Diputados de los diversos Grupos Parlamentarios que integran la Comisión del Distrito Federal, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue suscrita por las y los legisladores mencionados.

2. Con fecha 16 de febrero del 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-5-648, turnó a esta Comisión dictaminadora, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su estudio y análisis.

3. A través de oficio CRRPP/197-LXIII/16, de fecha jueves 17 de febrero de 2016, la Presidencia de esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a las Diputadas y Diputados que integran este órgano de apoyo legislativo, con el objeto de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

4. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Comisión, acudieron a su cuarta reunión de trabajo, con fecha martes 23 de febrero de 2016, con el objetivo de someter a la consideración de su cuerpo colegiado, el proyecto del Dictamen que nos ocupa, para el seguimiento de su trámite legislativo, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

A. Que la Iniciativa busca modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que en el listado que ya existe de comisiones ordinarias en el artículo 39 se incluya a la Comisión de la Ciudad de México, y que su antigua denominación se elimine del artículo 40, numeral 3, por lo que los Promoventes, consideran la derogación de este numeral.

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, señalan que las Comisiones son órganos que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales en las diversas esferas de la vida político-administrativa de la nación, de manera tal que se pueda contar con más y mejores leyes que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.

B. Que en el marco jurídico vigente, existen diversos tipos de Comisiones y de acuerdo a su grado de especificidad, están las de carácter ordinario cuya función básica es la de elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones sobre diversos asuntos que les son turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Que existen algunas que desarrollan tareas específicas que la propia Ley les indica, como el caso de la Comisión del Distrito Federal, que tiene tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones que le confiere a la Cámara de Diputados, el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma fue publicada con fecha viernes 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

C. Mencionan los proponentes que el pasado 20 de enero de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en voz de su Presidente, el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el Decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso de la Unión como por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Que el 29 de enero del mismo año, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.

Que dicha reforma, modifica la denominación de la Entidad Federativa que pasa de ser Distrito Federal a la de Ciudad de México, con plena autonomía, mayor soberanía y asiento de los Poderes Federales en su carácter de capital de la República.

Asimismo, refieren que las denominaciones de cada una de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, guardan una correspondencia con sus relativos en la Administración Pública Federal, de tal suerte que esta iniciativa infiere ser consecuentes con la reforma constitucional y otorgarle a la Comisión Ordinaria su denominación fruto de dicha reforma.

D. Que se requiere que la propuesta de cambio de denominación de la Comisión del Distrito Federal a Comisión de Asuntos de la Ciudad de México, se inserte en el listado de las Comisiones Ordinarias y se enfoque a atender las nuevas disposiciones del artículo 122 constitucional, aquellas acciones que involucren el carácter de capitalidad de la Ciudad de México y las que distribuyan competencias concurrentes entre distintos órdenes de gobierno y siente bases de coordinación cuyas disposiciones se relacionen con esta Entidad Federativa.

Los Diputados señalan que la Iniciativa que se presenta implica en primera instancia, el cambio de denominación de la Comisión del Distrito Federal por el de Comisión de Asuntos de la Ciudad de México para que exista coherencia con las reformas constitucionales que le otorgan una nueva realidad político-jurídica a la Ciudad de México.

Que los cambios constitucionales definen a la Ciudad de México como una Entidad Federativa con iguales facultades, obligaciones y responsabilidades que el resto de las Entidades Federativas de la República Mexicana; le otorgan autonomía constitucional en lo concerniente a su régimen interior, organización política y administrativa, y facultan la creación de una Asamblea Constituyente encargada de aprobar la primera Constitución Política de la Ciudad de México.

E. Que con la reforma constitucional, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir las Leyes que establezcan las bases para la coordinación entre Poderes Federales y los Poderes Locales de la Ciudad de México, en virtud de su carácter de Capital del país; así como la Ley de Coordinación Metropolitana entre la Federación, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, los Estados y Municipios conurbados; y las bases de organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

Que deberá garantizar la Cámara de Diputados, al dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinen los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Que el Congreso deberá emitir las disposiciones para que las Alcaldías accedan a los recursos de los fondos y ramos federales y se reconozca en el marco jurídico un fondo para cumplir con las funciones de capitalidad de la Ciudad de México.

F. Se destaca en la Iniciativa, que estas materias son fundamentales para la Comisión de Asuntos de la Ciudad de México, ya que es la que dictaminaría estas leyes durante la presente Legislatura y sus probables modificaciones en las legislaturas por venir, así como contribuir al dictamen legislativo de las medidas que impliquen competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno y mecanismo de coordinación que se relacionen con esta Ciudad.

Concluyen diciendo que la modificación propuesta, permite que la Comisión de la Ciudad de México realice las facultades de dictamen, de opinión, de resolución y de información cuando los asuntos sobre la Ciudad de México que impliquen atribuciones al Congreso de la Unión o a alguna de sus Cámaras.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la propia naturaleza de Entidad Federativa que le otorgó la Constitución a la Ciudad de México, sede de los Poderes Federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Por lo que es fundamental la propuesta de modificación que la Iniciativa propone a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que en el listado que ya existe de Comisiones Ordinarias en el artículo 39 se incluya a la Comisión de Asuntos de la Ciudad de México y que su antigua denominación se elimine del artículo 40, numeral 3.

SEGUNDA.-En efecto, como lo refieren las Diputadas y los Diputados autores de la Iniciativa que se dictamina, en la vida orgánica de las Cámaras del Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 39 numeral 1, la que prevé que las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Respecto a la Cámara de Diputados, el mismo Artículo 39 en su numeral 2, establece que contará con las Comisiones Ordinarias y Especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Entre las 52 Comisiones Ordinarias establecidas en su numeral 3, dispone que estas tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, información y control evaluatorio, conforme a lo que prevé el primer párrafo del artículo 93 Constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En lo que respecta a lo dispuesto en el numeral 3, del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión del Distrito Federal tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional. Este Apartado, incorporó materias correspondientes al Congreso de la Unión, como Asamblea Legislativa para el entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le correspondan al Congreso de la Unión.

TERCERA.-Es cierto que el 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso de la Unión como por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Y que el 29 de enero de 2016, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.

En ella, se modifica la denominación de la entidad federativa que pasa de ser Distrito Federal a la de Ciudad de México, con plena autonomía y asiento de los poderes federales en su carácter de capital de la República. También, le confiere el estatus expreso de Entidad Federativa en la Carta Magna, como ya lo era conforme al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su Artículo 2; y distingue el texto constitucional reformado entre los 31 Estados soberanos y la Ciudad de México dotada de autonomía, de una Constitución y tres poderes locales.

Aunque la aplicación del artículo 124 Constitucional, relativo al Pacto Federal, con la reforma para la ahora Ciudad de México, operará en el mismo sentido que para los Estados, es decir que aquellas facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias, precisamente entre esas facultades expresas, está el caso de la aprobación anual de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos para la Ciudad de México y que ha sido mantenida expresamente en este Decreto al Congreso Federal.

De tal manera que esta facultad, sumada a las que refieren los legisladores que integran la actual Comisión del Distrito Federal en el contenido de su Iniciativa, conferidas por la reciente reforma constitucional al Congreso de la Unión en materia de la Ciudad de México, hacen procedente y viable jurídicamente modificar el nombre a Comisión de la Ciudad de México y que se integre a las Comisiones Ordinarias que establece el Artículo 39, en los términos que proponen las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados que integramos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, sometemos el presente Dictamen a la consideración de esta Honorable Asamblea, de conformidad al siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único. Se adiciona una fracción X, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, al numeral 2 del artículo 39; y se deroga el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 39.

1. ...

2. ...

...

I. a IX. ...

X. Ciudad de México;

XI. a LIII. ...

3. ...

ARTÍCULO 40.

1. y 2.

3. Se Deroga.

4. y 5. ...

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los asuntos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de febrero de 2016. Firmamos para constancia el presente decreto, las diputadas y los diputados que integramos la Comisión.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engel (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogeiro Castro Vázquez (rúbrica en abstención), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, Omar Ortega Álvarez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:De conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Asuntos Indígenas, con las atribuciones que le confieren el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45, numerales 6, incisos e), y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, numeral 1 fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 95, numerales 1 y 2, incisos c), d) y e) 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numerales 1, 2 y 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Minuta que nos ocupa.

II.- En la parte correspondiente a “Contenido de la Minuta” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la Minuta en estudio.

III.- En las “Consideraciones de la Comisión”, se exponen los argumentos lógico – jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

ANTECEDENTES

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2013, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo. En la misma fecha y mediante Oficio No. D.G.P.L. 62-II-3-783, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite sobre dicha Iniciativa, turnándola a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Tercero. El 25 de septiembre de 2013, en el marco de la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Cuarto. El 4 de diciembre de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, enviándose a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Quinto.El 5 de diciembre de 2013, fue recibida en la Cámara de Senadores la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sexto. En la misma fecha, la Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, para dictamen.

Séptimo. El 14 de octubre de 2014, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron con modificaciones el dictamen sobre la Minuta de referencia.

Octavo. El 10 de diciembre de 2014, en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se aprobó el dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, devolviéndola a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Noveno. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 3 de febrero de 2015, se dio cuenta del oficio de la H. Cámara de Senadores, de fecha 10 de diciembre de 2014, con el que devuelven para los efectos de la fracción E, del artículo 72 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Décimo. El día 7 de abril de 2015, en la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que devuelve la H. Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en la Fracción E del Artículo 72 Constitucional, mismo que se remitió el 9 de abril de 2015, mediante oficio CAI/063/2015, a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados para los trámites legislativos subsecuentes.

Décimo primero. El 15 de mayo de 2015, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-3-2578- EXP. 5965, se devolvió a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el dictamen original de la Minuta en comento, en cumplimiento a lo aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2015.

Décimo segundo.El14 de octubre de 2015 se recibió en esta Comisión el oficio D.G.P.L. 63-II-8-0103, mediante el cual la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura hace del conocimiento que la Minuta es un asunto pendiente de dictamen de las Legislaturas anteriores y señala el inicio del plazo para dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La Colegisladora plantea en sus considerandos, lo siguiente:

a) En lo general

Señala que el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Sin embargo, el Apartado B del artículo 2° del mismo texto constitucional, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, que deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Bajo esa disposición general y con la finalidad de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, enumera en nueve fracciones diversas obligaciones a cargo de las referidas autoridades, dentro de aquellas, la siguiente:

“V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.”

En el orden internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 3, primer párrafo, que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

De La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres son ilustrativos los siguientes preceptos:

“ARTÍCULO 3: DESARROLLO Y ADELANTO DE LA MUJER

Los Estados Partes tomaran en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el plena desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”

“ARTÍCULO 4: ACELERACION DE LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerara discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.”

“ARTÍCULO 14: AYUDA ESPECIAL PARA LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le aseguraran el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

Del sistema jurídico nacional se invoca la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, que en su primer artículo establece como su objeto: “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.”

El artículo 5 de esta Ley contiene un glosario, del que se destacan los siguientes términos:

“ ... II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficia de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

Fracción adicionada DOF 14-11-2013”

El artículo 6 de la ley en cita, establece los alcances de la igualdad entre hombres y mujeres:

“Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.”

Conforme a este marco normativo debe analizarse el proyecto de decreto de referencia y es indudable en primer término, que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en México, tanto por la Constitución Federal como por ordenamientos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres determina los alcances del término igualdad, distinguiendo entre igualdad de género, igualdad sustantiva y lo que la igualdad representa en términos generales.

Si la interpretación de estos preceptos nos lleva a la conclusión de que mujeres y hombres deben tener, literalmente, las mismas obligaciones, los mismos derechos e iguales oportunidades, cabe plantear la ratio legisde la fracción V, Apartado B del artículo 2 constitucional que establece la obligación de las autoridades en sus tres niveles, de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

b) En lo particular

La colegisladora plantea que bajo una interpretación literal, podría considerarse que propiciar la incorporación al desarrollo de las mujeres indígenas, sin mencionar a los hombres, equivale a un acto de discriminación pues implica una distinción basada en el sexo, evidentemente prohibido por la legislación invocada.

Con tal consideración podríamos coincidir con el dictamen en estudio, en el sentido de que tenemos que ser justos, dar oportunidades y beneficios de igual manera a hombres y mujeres en la cuestión indígena; que los gobiernos solo dan apoyos y programas para mujeres indígenas y dejan a un lado al hombre que al igual, sufre de discriminación y falta de apoyos para poder progresar; y que hay que eliminar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en nuestro país y respetar y valorar la cultura de todos los mexicanos; y de lo anterior deducir la contradicción que genera el propio artículo 2 constitucional en su Apartado B, fracción V, pues implica una distinción a favor de las mujeres indígenas consistente en la obligación estatal de propiciar su incorporación al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

Sin embargo, del análisis del término discriminación, según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 5, fracción V, se aprecia que tiene dos elementos, uno que es efectivamente, la distinción, exclusión o restricción de una persona respecto a otras, en el caso, personas de diferente sexo; el otro, consistente en que el acto de discriminación, exclusión o restricción impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Partiendo de ese término, las Comisiones que dictaminan consideran necesario examinar ambas normas constitucionales, las previstas en los artículos 4, primer párrafo y 2, apartado B, fracción V, para posteriormente examinar la pertinencia de incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad,equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombresindígenas, como se propone en el dictamen aprobado por la colegisladora.

A criterio de la colegisladora, el derecho que las mujeres tienen reconocido en la fracción V, apartado B del artículo 2o constitucional, no contradice sino complementa el principio de igualdad entre hombres y mujeres que reconoce el artículo 4, pues es un hecho notorio que la discriminación por razón de género en perjuicio de las mujeres ha existido y prevalece. Es una realidad social que en el contexto de la sociedad mexicana prevalece la discriminación a las mujeres traducido en múltiples formas, desde menores oportunidades para recibir educación, menores sueldos para trabajos iguales, hasta conductas estereotipadas sobre los roles que la mujer debe asumir para el solo hecho de serlo que incluso, se fomentan en los medios de comunicación.

Vale la pena reiterar lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las forma de Discriminación contra la Mujer relativo a la “Aceleración de la igualdad entre el hombre y la mujer”.

Ante esta realidad, sobre el principio de igualdad de género debe prevalecer el principio de equidad. Por el primero hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Sin duda es lo deseable, pero se ha expuesto que en nuestra realidad esa igualdad no existe, pues las mujeres por nuestro entorno cultural, educativo, político, no tienen las mismas oportunidades. Por el segundo de estos principios, equidad de género, se entiende un trato imparcial entre mujeres y hombres, pero de acuerdo con sus propias necesidades, lo que puede lograrse a través de un trato equitativo o un trato diferenciado por el cual se obtenga una equivalencia en lo que se refiere a obligaciones, derechos y oportunidades, compensando las desventajas sociales que todavía enfrentan.

En el caso que nos ocupa, se trata de incluir el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno para garantizar a las mujeres indígenas la promoción de su participación, respeto, equidad y oportunidades plenas; y de esta manera, hacer posible el mandato constitucional que exige su incorporación al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

De otra forma, si se incluye a los hombres indígenas como sujetos de la incorporación al desarrollo social en igual oportunidad que las mujeres indígenas, en estricta observancia al principio de igualdad, se generaría desventaja hacia las mujeres precisamente por su desigual posición frente a los hombres; y se desvirtuaría el enfoque de género que tiene como supuesto la discriminación en razón del género.

Mantener el artículo en su texto vigente teniendo como destinatarias a las mujeres indígenas permitirá incluir el enfoque de generó en actos de gobierno a través de los cuales se promueva la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para ellas.

En relación a la adición del término “igualdad”, las suscritas Comisiones estiman su viabilidad con el término “equidad” que ya se contempla, pues agregarlo a los de participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, permitirá interpretarlos de manera integral, bajo la perspectiva de género que debe permear las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para aplicarse en el caso a favor de las mujeres indígenas.

Por lo anterior, la colegisladora dictaminó la procedencia de reformar la fracción V del artículo 3 de la Ley ya referida, únicamente para agregar el término igualdad a los de participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, con la finalidad de preservar la perspectiva de género como elemento normativo y ante el panorama de desigualdad en razón del género que predomina en el país.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARRROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones de la comisión

Primera. El 3 de febrero de 2015, la Honorable Cámara de Senadores devolvió a esta Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Esta comisión dictaminadora antes de iniciar el análisis de la minuta considera pertinente transcribir lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional que a la letra dice:

“Artículo 72. ...

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.”

En relación con lo anterior, la minuta remitida por esta Cámara de Origen a la Cámara Revisora para reformar la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se aprobó con modificaciones, desechándose la inclusión del término “y los hombres” y quedando en sus términos la adición de la palabra “igualdad”. En consecuencia, la adición de la palabra “igualdad” a la fracción V del artículo 3 de la Ley de referencia, queda en sus términos sin poder alterarse de manera alguna, en consecuencia no será objeto de estudio del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional.

En esta tesitura, el presente dictamen se avocará al estudio de la modificación realizada por la colegisladora, referente a desechar la adición del término “y los hombres” de la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Para mayor claridad, se transcribe el proyecto de decreto aprobado por esta Cámara de origen y el proyecto de decreto modificado por la Cámara revisora.

Proyecto de decreto aprobado por esta Cámara de origen:

Artículo 3. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad , equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres indígenas, y

VI. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Proyecto de Decreto aprobado por la Cámara Revisora:

Artículo 3. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad , equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En este orden de ideas, la Comisión de Asuntos Indígenas, después de realizar un análisis exhaustivo a la minuta devuelta por la Colegisladora, llega a las siguientes conclusiones:

Se considera viable y en consecuencia pertinente, la modificación que realiza la Colegisladora a la minuta de referencia, ya que esta comisión dictaminadora comparte el argumento de que el derecho que las mujeres tienen reconocido en la fracción V, apartado B del artículo 2o. constitucional, no contradice sino complementa el principio de igualdad entre hombres y mujeres que reconoce el artículo 4 de nuestra Carta Magna, pues es un hecho notorio que la discriminación por razón de género en perjuicio de las mujeres ha existido y prevalece. Es una realidad social que en el contexto de la sociedad mexicana prevalece la discriminación a las mujeres traducido en múltiples formas, desde menores oportunidades para recibir educación, menores sueldos para trabajos iguales, hasta conductas estereotipadas sobre los roles que la mujer debe asumir por el solo hecho de serlo que incluso, se fomentan en los medios de comunicación.

En este sentido, es necesario puntualizar que el artículo 2 Apartado B, fracción V, de la Constitución Federal, mandata lo siguiente:

Artículo 2o. ...

...

A. ...

I. a VIII. ...

B. ...

I. a IV. ...

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. a IX. ...

En relación con el citado mandato constitucional, es que la proponente de la Iniciativa buscó incluir en la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno para garantizar a las mujeres indígenas la promoción de su participación, respeto, igualdad , equidad y oportunidades plenas; y de esta manera, hacer posible el mandato constitucional que exige su incorporación al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

De esta manera, se coincide con la Colegisladora en que si se incluye a los hombres indígenas como sujetos de la incorporación al desarrollo social en igual oportunidad que las mujeres indígenas, en estricta observancia al principio de igualdad, se generaría desventaja hacia las mujeres precisamente por su desigual posición frente a los hombres; y se desvirtuaría el enfoque de género que tiene como supuesto la discriminación en razón del género.

En conclusión, esta comisión dictaminadora considera pertinente aprobar en sus términos la minuta devuelta por la Colegisladora para eliminar la adición del término “y los hombres” y en consecuencia, mantener el texto vigente del artículo 3 fracción V de la Ley en comento, con la finalidad de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas siga rigiendo sus acciones bajo el principio de - incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad , equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas.

Por lo anterior, como lo dispone la fracción E del artículo 72 constitucional, que se cita: “(...) Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A.

La mencionada fracción A, del artículo 72, dispone que “Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.”

La reforma a la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quedaría de la siguiente manera:

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I. a IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad , equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, Y PARA LOS EFECTOS DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL, LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS APRUEBAN EN SUS TÉRMINOS LA MINUTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DE LA HONORABLE ASAMBLEA, EL SIGUIENTE PROYECTO DE

Decreto que reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a IV. ...

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a nueve de febrero de 2016.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López, secretarios; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Janette Ovando Reazola (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio, Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Edith Villa Trujillo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, para la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La diputada Edith Villa Trujillo:A las que no se resignan, a las que quieren su parte en la aventura de los navegantes, a las altivas mujeres de hoy, que son enteras como la tierra que guarda en su seno la simiente. A todas, a todas, flameo mi saludo como una bandera y digo: buenos días mujeres. Buenos días al mundo.

Señoras diputadas y señores diputados. Nuestras hermanas indígenas siguen padeciendo injustas condiciones de pobreza y marginación, así como la constante violación de sus derechos fundamentales que ofende su dignidad. Históricamente han padecido el grave drama de la exclusión y discriminación por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas.

Hasta ahora, las instituciones solo les ofrecen paliativos a sus profundos rezagos ancestrales e incluso les niegan los servicios por considerarlas ciudadanas de tercera, como ha ocurrido en los hospitales donde han tenido que dar a luz en los patios, en los baños o simplemente se les niega el derecho a la salud. No podemos ser indiferentes a esta injusta y lacerante realidad.

Sensibles a esta situación, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas hemos asumido con firme decisión las causas de nuestros pueblos y con plena convicción estamos empeñados en impulsar las reformas legislativas que traduzcan e políticas públicas enfocadas a mejorar sus condiciones de vida.

No basta con horrorizarnos, hay que actuar en los hechos, transformar las condiciones materiales que generan esa desigualdad, que generan esa marginación y esa discriminación, es decir, las injustas condiciones económicas y sociales del sistema en el que vivimos.

Por ello, sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asumimos esta reforma por su trascendencia a formar de las mujeres indígenas, ya que plantea incorporar la palabra igualdad como uno de los principios rectores de las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI.

Con la presente reforma, el mencionado precepto legal quedará de la siguiente manera:

Artículo 3. La comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la administración pública federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas.

Coincidimos con el contenido de la minuta enviada por la Colegisladora y la ratificamos en todos sus términos, porque al adicionarse el concepto de igualdad se mandata a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dar plena observancia a este principio fundamental en los programas y acciones del gobierno federal en la atención de las mujeres.

Con esta modificación dicho organismo deberá procurar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de desarrollo integral para nuestros hermanos indígenas. Esta reforma cobra mayor relevancia porque la CDI es la dependencia encarga de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, consagrados en el artículo 2o. constitucional y tiene la atribución de orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas que impulsen su desarrollo.

Con la aprobación del dictamen que hoy discutimos se enfatizará la perspectiva de género que debe orientar las políticas de la administración pública federal en materia indígena, contribuyendo a dar concreción al espíritu del artículo 4o. constitucional que declara que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy fundamento y someto a su respetable consideración contiene un mandato que contribuirá a dar un trato igualitario y digno a las hermanas indígenas de México.

Este es el momento de pasar del discurso a la acción. Debemos impulsar desde nuestra responsabilidad pública una nueva actitud de todas las instancias del Estado mexicano hacia este sector tan injustamente olvidado.

Respetuosamente pido su voto a favor de este dictamen que será un mensaje solidaridad y decidido apoyo de esta honorable Legislatura a la causa indígena, muy especialmente a la reivindicación histórica de los derechos de nuestras hermanas indígenas.

En esta significativa fecha, declarada como el Día Internacional de la Mujer, saludo y felicito a todas las mujeres de México y del Mundo, y en particular a las mujeres indígenas, a las que expreso mi compromiso de seguir luchando por sus derechos, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, como dijo Rosa Luxemburgo.

A la vez les ratifico mi reconocimiento porque son ellas las que han preservado nuestra lengua materna, nuestra cultura, y con ello nuestra identidad nacional. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por tres minutos cada uno. En consecuencia tiene la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Olimpia de Gouges afirmaba que “la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos”, afirmación que la llevó a la guillotina en 1793.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las desigualdades por condición de género obedecen a la persistencia de patrones culturales que se expresan en comportamientos de trascendencia primordial en el curso de la vida de las personas y que si bien no son exclusivas de los grupos indígenas, las mujeres indígenas sufrimos mayor desigualdad que las mujeres no indígenas.

A las mujeres nos ha tocado sufrir la explotación no sólo dentro de los centros de trabajo, también como madres, esposas, hijas y hermanas de las y los trabajadores, la explotación nos ha perseguido aún en nuestros hogares.

Las mujeres hemos peleado incansablemente para derribar los prejuicios sociales que nos impiden alcanzar plenamente nuestros derechos que demasiadas veces han sido ignorados y postergados. Todo esto a pesar del inalienable derecho de ser tratadas en igualdad de condiciones que los hombres.

Para Nueva Alianza es una convicción proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres a través de nuestro trabajo cotidiano y así impulsamos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

En ese sentido y congruente con nuestros principios, Nueva Alianza votará a favor de este dictamen pues consideramos que las mujeres hemos sido agentes fundamentales para el cambio social y la transformación productiva y económica del país. Durante años se nos ha relegado, subestimado y también se nos ha discriminado. Si bien, la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho primordial reconocido en México, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por los ordenamientos internacionales ratificados por el Estado mexicano, la realidad nos muestra que la discriminación, por razón de género aún prevalece. Y para las mujeres indígenas aun es peor, pues encaramos una doble discriminación: uno, por ser indígenas, y dos, por ser mujeres indígenas.

De ahí la necesidad de garantizar nuestros derechos e incorporar a la ley el término igualdad, para preservar la perspectiva de género como un elemento normativo en el apoyo que reciban en proyectos productivos que ésta nos dará una protección en la salud, otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionados con su vida cotidiana.

Las mujeres indígenas jugamos un papel muy importante en la sobrevivencia de nuestras comunidades ya que gracias a nosotras se conservan las costumbres y las trasmitimos a nuestros descendientes, participamos activamente en los procesos de producción y desarrollo de nuestras comunidades, razón por la cual consideramos importante apoyar aquellas políticas, programas y acciones de gobierno con perspectiva de género, que permita garantizarnos a las mujeres indígenas nuestra incorporación al desarrollo de nuestro país.

Es importante pues, que nombres como de mujeres mexicanas como Josefa Ortiz de Domínguez y de Leona Vicario, vaya unido al de millares de campesinas, artesanas e, incluso, al de algunas mujeres de la pequeña burguesía que combatieron con las armas en la mano para lograr la independencia de nuestro país, razón por la cual en el grupo parlamentario Nueva Alianza, refrendamos nuestro compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo, reconocemos el trabajo de nuestras mujeres indígenas. Esos son nuestros principios y esas son nuestras convicciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

Celebramos la presencia de invitados provenientes del estado de Oaxaca, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.

Ahora tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Blandina Ramos Ramírez, para hablar de la reforma a la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La diputada Blandina Ramos Ramírez:Buenas tardes a todos, diputados y diputadas. Posicionamiento de Morena sobre iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en materia de igualdad de género.

Con su venia, presidenta. Diputada presidenta, las lenguas originarias son el medio de identidad y comunicación de 68 pueblos indígenas en México, grupos sociales que con su cultura e historia dan forma a la realidad plural de nuestra nación, que es casa de 15 millones, 700 mil seres humanos mexicanos nombrados indígenas.

La situación que caracteriza la vida de estos grupos humanos es la condición de todo tipo de pobreza, al tener que enfrentar día con día marginación, aislamiento y un difícil acceso a los servicios básicos.

Ante tal carencia de servicios nuestros hermanos indígenas se ven obligados a migrar a las grandes ciudades, donde también se encuentran orillados a las zonas periféricas de los centros urbanos, replicando ahora en ella la miseria, exclusión de oportunidades por lo que sufren una doble marginación en su propia nación.

Muestra de ello es que en los 18 de los 20 municipios del país considerados en situación de pobreza extrema, el 70 por ciento de su población es de origen indígena. Los programas gubernamentales de asistencia y atención a rezagos son insuficientes.

Aún con ello, nuestros hermanos indígenas enfrentan carencias en materia de educación, salud, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda. Es decir, se encuentran imposibilitados de alcanzar una vida humana digna, al ser excluidos de la posibilidad de realizar actividades productivas rentables, que les generen ingresos monetarios para satisfacer sus necesidades y bien vivir.

Además de vivir estos rezagos nuestras hermanas y hermanos indígenas, enfrentan la discriminación, generada por los ciegos prejuicios sociales de sus connacionales, a la frágil protección de las instancias gubernamentales creadas en su origen para la defensa de sus derechos a alcanzar una situación de equidad social.

En nuestro México, la discriminación es una realidad. El abuso a los desprotegidos es la constante del poderoso. Discriminación y abuso que enfrentan nuestros hermanos indígenas, y aun dentro de ellos, la mayor afectación la vive la mujer indígena.

La mujer indígena, madre originaria de los mexicanos, sufre un trato desigual a sus compañeros varones, enfrenta además de un arduo doble trabajo, tanto en la casa atendiendo a la familia, y en el campo trabajando con esfuerzo la tierra, como en la sociedad, siendo violentada en sus derechos, enfrentando la violencia familiar y comunitaria, la discriminación por ser mujer y además indígena, llegando al límite, incluso, de la venta de sus cuerpos y sus vidas, desde que son niñas, con la trata de mujeres.

La mayor parte de las comunidades indígenas son regidas por usos y costumbres, hecho que coloca a las mujeres en una situación de desventaja social, económica y cultural, propiciando la violación de sus derechos humanos.

Muchos compañeros varones en los hogares indígenas todavía ejercen una falsa autoridad, que les otorga poder de decisión sobre la vida familiar, principalmente sobre las mujeres, ejerciendo con ello violencia, principalmente la económica.

La discriminación es un tema que es indispensable abordar, entender y es impostergable erradicar de nuestra vida, de nuestra realidad y de nuestro México.

En Morena votaremos a favor de esta iniciativa que promueve políticas públicas en igualdad para todas. Muchas gracias. Es cuanto, compañeros diputados.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. También para hablar sobre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con la venia de la Presidencia. Quiero reconocer a las 212 mujeres que están aquí presentes, que pertenecen a distintos partidos, por estar aquí, por apoyar esta reforma para mujeres que son el corazón de su comunidad y necesitaban sensibilizar a estados y municipios sobre la importancia de garantizar una vida libre de violencia.

Quiero reconocer también a todos los que integramos esta Legislatura porque es por reformas como esta que el Poder Legislativo pone un freno a la violencia y se construye con determinación un piso jurídico contra la agresión o el abuso contra las mujeres.

Escuchar de viva voz mujeres, sus preocupaciones, sus anhelos de igualdad sustantiva, de reconocimiento y de respeto entre mujeres y hombres nos alienta a aprobar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para lograr una verdadera equidad sin discriminación y sin violencia.

Según el Inegi, 32 por ciento de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores, actos de intimidación, acoso o abuso sexual. Sesenta y tres de cada cien mujeres de quince años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia.

Es por eso que en mi partido queremos ver un México distinto, queremos un país con garantías, con el derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, y en especial, con castigos ejemplares por delitos cometidos por razones de género.

Por ello votaremos a favor de modificar el artículo 17 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, con el objeto de agregar responsabilidades a los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias y que puedan garantizar espacios y programas donde se respeten y fomenten los derechos fundamentales de las mujeres.

De eso se trata este dictamen, de reconocer la existencia de la violencia hacia las mujeres en las comunidades, y de proveer soluciones inmediatas. Con gran sensibilidad, este dictamen obliga a los estados a proveer información sobre los antecedentes de violencia y a proveer garantías para cubrir a estas comunidades.

Con responsabilidad establecemos para y por las comunidades la obligación de implementar campañas de información destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y frenar este delito.

Me enorgullece que, así como logramos en esta Cámara la tipificación del feminicidio, la creación de presupuestos transversales de género o incorporar la igualdad de género como eje de planeación, hoy el trabajo legislativo avanza para generar espacios y transportes públicos libres de violencia.

Con esta reforma México, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se construye una política encaminada a eliminar la discriminación. Con esta visión las políticas legislativas son el eje del goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los exhorto a votar este dictamen para que la violencia no sea más la voz que cierra nuestra garganta, para que la violencia no sea el silencio que cierre el paso a nuestros ideales de igualdad y para que la violencia no sea el miedo que vence la ley.

Desde esta tribuna decimos: no a que se repitan los casos como el Campo Algodonero. No a sexista más, una más muerta en Juárez, y que se defina una Ley General de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Continuamos con la intervención de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, diputada presidenta. Quienes marchamos y militamos por los derechos de las mujeres sabemos que el día de hoy, 8 de marzo, no es un día de fiesta. El 8 de marzo es un día de lucha y de protesta por las 7 mil 60 niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas desde 2011 hasta el día de hoy en nuestro país.

Por Anabel Flores, mujer y periodista asesinada y por todas las periodistas que se juegan la vida todos los días por ejercer su derecho a comunicar la verdad. Por Ernestina Ascencio, mujer indígena de la sierra de Zongolica, en Veracruz, que murió víctima de las agresiones sexuales a las que fue cometida.

Por Gisela Mota y por las mujeres políticas mexicanas que nos han sido arrebatadas. Por las miles de mujeres jornaleras a quienes les son violados sus derechos humanos todos los días.

Por Nestora Salgado y las luchadoras sociales de nuestro país. Por todas y cada una de las mujeres que, a pesar de encontrar adversidades en su camino, tenemos la conciencia de que hoy, 8 de marzo, cambiemos la felicitación por la reivindicación y la exigencia de nuestros derechos, porque hoy 8 de marzo es un día para recordarnos y recordarle a los gobiernos, a los Congresos y al sistema judicial las deudas con las mujeres, porque a pesar de ser el 42 por ciento de diputadas en este Congreso, solo 17 de las 58 comisiones son presididas por mujeres, es decir, solo el 25 por ciento, y de los funcionarios de primer nivel de la Cámara, ninguno es mujer. Porque hoy y todos los días, las mujeres debemos recordar que juntas somos más.

Acudo a esta tribuna a dar la posición del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara, al dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, respecto a la minuta enviada por el Senado de la República. Esta minuta considera la adición de la categoría igualdad para las mujeres indígenas en la fracción III, del artículo 3 que reglamenta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como uno de los contenidos de los principios que orientan la actuación de esta comisión para ser considerados en la definición de las políticas, programas y acciones de la administración pública federal.

Y no desdeño la importancia de esta modificación, sin embargo estamos plenamente convencidas y convencidos de que el diseño de una política pública sin recursos presupuestales, como la que se nos presenta, resulta cuando mucho un buen deseo. Hay que señalar el enorme abismo que separa a las mujeres indígenas en el acceso a los derechos sociales e individuales más básicos, constituyéndose en uno de los sectores de nuestra sociedad, con mayor grado de vulnerabilidad.

Si la deuda de nuestra sociedad es grande con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas es doble, porque la doble discriminación que sufren es, en el mejor de los casos, resultado de la ignorancia y producto de la desatención social y del Estado. Esta doble discriminación es, sin lugar a dudas, una consecuencia de la indolencia y mala praxis política, un mal diseño institucional y la falta de responsabilidad de los funcionarios que al frente de tan importante instancia únicamente la han utilizado como trampolín político.

Son las mujeres indígenas quienes presentan los más altos índices de analfabetismo y baja escolaridad. Su nula capacitación laboral las hace ocupar los empleos peor remunerados, sin prestación social alguna, como el servicio doméstico, la venta en vía pública o el trabajo jornalero.

De acuerdo al Inegi, el 57.5 por ciento de las mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6 por ciento no percibe salario alguno. Además, 74.4 por ciento de las mujeres que realizan labores en su casa o en el campo no perciben ningún ingreso.

Adicionalmente a ello podemos señalar la situación de las niñas indígenas que es alarmante. Conforme a datos oficiales existen 207 mil niñas que hablan lengua indígena y no saben leer y escribir, mientras que 44 mil 927 no cuentan con la educación básica.

Se han identificado en algunas comunidades indígenas de Guerrero, Veracruz, Baja California y estados de la frontera norte casos en donde niñas han sido víctimas de violencia sexual, vendidas, prostituidas y obligadas a contraer matrimonio a una temprana edad sin que alguna autoridad intervenga.

Sirvan estos datos para dimensionar el abismo que sufren las niñas y mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos. Pugnamos por que la aprobación de la reforma en comento sea un instrumento de la administración pública federal a urgir su actuación par acerrar la brecha de desigualdad en la que viven las niñas y mujeres indígenas de nuestro país.

Es por ello que el PRD votará a favor del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas. Es cuanto, ciudadana presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Tiene la palabra también hasta por cinco minutos la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga, del Partido Acción Nacional.

La diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros. En el Grupo Parlamentario del PAN reconocemos las consecuencias prácticas de la igual dignidad de las mujeres y hombres. De su carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción y dirección de la sociedad.

Por ello admitimos la importancia de establecer en una ley como la de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos de los Indígenas y en un principio como en el enfoque de género contemple la promoción, participación, el respeto, la igualdad, la equidad y las oportunidades no solo para las mujeres, sino también para los hombres indígenas.

Se trata de no obviar los papeles, las capacidades y responsabilidades socialmente determinados que nos estigmatizan como hombres y mujeres, ya que son estos los que propician las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en nuestra sociedad, producto de esquemas culturales de poder político y económico.

Consideramos indispensable identificar las necesidades de los hombres y mujeres indígenas y comprender que no siempre la atención de las necesidades de las mujeres indígenas a través de las políticas públicas específicas permiten alterar las desigualdades que provocan los roles y relaciones de género vigentes en la sociedad.

Incorporar el enfoque de género apunta a hacer que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los hombres sean un elemento central del diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y monitoreo de las políticas y programas con el fin de que ambos grupos se beneficien y se impida la desigualdad que se empieza a reproducir.

Por ello consideramos que es nuestra responsabilidad como legisladores, crear y modificar normas jurídicas que respondan a la realidad social y así enfrentar la oportunidad de sentar las bases de un sistema jurídico justo, igualitario, y que permita transitar a una sociedad democrática, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del presente dictamen.

Compañeras y compañeros, las y los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que los hombres y las mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas de las que corresponden dentro y fuera de la familia sobre la base de igualdad de derechos y obligaciones, y tenemos que actuar consecuentemente con ello.

Recordemos que las diferencias sociales construidas entre hombres y mujeres, impactan también las condiciones de vida de las personas a través de la distribución desigual de recursos tanto económicos como no económicos.

Por ello los invito a continuar legislando a favor de acciones como estas que nos encaminan a formar una sociedad más equitativa y refrendan nuestro compromiso por defender la dignidad de todas y todos los habitantes del país.

Compañeras y compañeros, allá afuera hay millones de mujeres indígenas esperando a que nuestro trabajo les brinde mejores oportunidades. En Acción Nacional, donde defendemos la dignidad de las personas y en especial de las mujeres indígenas, les invitamos a que juntos brindemos un mejor México, un México de oportunidades donde sean respetados todos los derechos para ellas.

Este Día Internacional de la Mujer, me permito terminar parafraseando a la poetisa española Juana Corsina: “hoy no me regales flores, hoy no me brindes halagos, prefiero que reconozcas mi esfuerzo y mi trabajo”. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

Celebramos la presencia en este recinto de ciudadanos de la zona norte de ciudad Nezahualcóyotl, invitados por el diputado José Santiago López. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.

Tiene la palabra, también, hasta por cinco minutos, la diputada Lillian Zepahua García, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3o de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La diputada Lillian Zepahua García:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, la construcción de dispositivos normativos desde esta Cámara de Diputados, con la finalidad de consolidar la tan necesaria equidad e igualdad entre hombres y mujeres, ha sido prioridad a lo largo de las últimas décadas.

Es gracias al esfuerzo de destacadas legisladoras y legisladores que leyes de avanzada cuyo objeto sea la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres, son pioneras en la región y dignas de reconocimiento de organismos internacionales como la ONU.

En este sentido no podemos dejar de reconocer que México ha avanzado notablemente en el diseño de todo un andamiaje legal de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Podemos destacar leyes como la General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la incorporación de una perspectiva de género en la Ley Federal de Presupuesto.

Estos logros son conquistas a partir de la lucha de las mujeres por consolidar desde la norma una verdadera perspectiva de igualdad y equilibrio; sin embargo, sabemos que el camino es largo y que en muchos casos la inequidad no quedará erradicada por decreto, pues junto con el establecimiento de estas condiciones, la labor del legislador es la de realizar una verdadera armonización de todas y cada una de las leyes que conforman el orden jurídico nacional.

Por ello, las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, nos congratulamos de acompañar esta reforma que busca precisamente eso. La armonización de textos legales en el largo e inacabado camino en la búsqueda de condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

Con esta reforma se busca incluir el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno en la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para garantizar a las mujeres indígenas la promoción de su participación, respeto, equidad y oportunidades plenas, haciendo realidad el anhelo de mejores condiciones en una situación donde todavía padecen desigualdad y falta de oportunidades.

A partir de esta modificación se busca actualizar la norma al enunciado constitucional que mandata su incorporación al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

Esta reforma es congruente con la política de verdadera inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos, que a lo largo de estos años ha desarrollado de manera intensa el gobierno federal. Precisamente, en congruencia con lo que desde la visión del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, se ha diseñado a favor de este grupo poblacional.

Es que apoyamos de manera firme esta adecuación, pues se realiza bajo la perspectiva de género que debe permear las políticas, programas y acciones de la administración pública federal para aplicarse en el caso a favor de las mujeres indígenas.

Se trata de beneficiar a un grupo cuya condición particular padece condiciones de discriminación en razón tanto de su origen como por su condición de mujer, por ello cobra el doble de relevancia esta modificación.

Las legisladoras y los legisladores del PRI acompañamos con nuestro voto en sentido positivo la aprobación del presente dictamen, y saludamos con optimismo aquellas propuestas que tengan como finalidad diseñar desde la norma los entornos para erradicar la inequidad y la discriminación.

Señoras legisladoras y señores legisladores, qué mejor conmemoración el día de hoy para todas las mujeres de México que la aprobación de reformas con el componente de equidad, las cuales celebro como mujer nahua de la Sierra de Zongolica.

Sabemos que la tarea es larga en la consolidación de mejores condiciones en la igualdad entre mujeres y hombres. Sabemos también que en esta etapa de armonización legal muchos de los contenidos que hoy aprobamos deberán ser sometidos a un periodo de prueba e implementación, y que fala mucho por hacer.

Sin embargo, desde esta tribuna y a nombre de mis compañeras y de mis compañeros refrendamos nuestro compromiso para que la lucha por la igualdad de género se mantenga en la agenda de los grandes temas nacionales y que la equidad deje de ser asignatura pendiente para convertirse en la principal característica de las políticas públicas de México. Muchas gracias. Y felicidades a todas las mujeres. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene también la palabra para hablar en pro hasta por tres minutos, la diputada María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Elena Orantes López:Muchas gracias, presidenta. En nombre de la fracción parlamentaria queremos agradecer a todos los grupos parlamentarios su dedicación y esfuerzo por este importante tema a favor de la igualdad de las mujeres indígenas. Al mismo tiempo quiero reconocer el entusiasmo que mi compañera y amiga, ex diputada federal, Aida Fabiola Valencia, puso y expresó en esta iniciativa que el día de hoy todos tenemos oportunidad de apoyar.

México es otro a partir del año de 1953, el rostro de este país cambió con la participación de quienes con acciones y dedicación podemos tomar decisiones en este mundo, que es de igualdad y paridad. Por ello, el día de hoy sumamos a este importante proyecto el tema de los derechos más humanos, los derechos de las mujeres indígenas, quienes buscan la participación equitativa en los roles de una sociedad justa, de un país con comunidades pluriétnicas.

Por eso como representante de un estado con nueve etnias y tres linajes, como es el estado de Chiapas, quiero el día de hoy agradecer el tema que en esta más alta tribuna de la nación han hecho eco todos los grupos parlamentarios.

Hablar de mujeres indígenas es hablar de mujeres en general, es hablar de la igualdad y la participación de una sociedad más justa, de regiones y microrregiones representadas por mujeres a donde hoy en los cabildos su voz ya se escucha. Son pocas, pero representan a muchas voces que auguran y que añoran un mejor espacio en la educación.

Es por eso que el día de hoy sumado a esto buscamos mayores esquemas en materia de salud, que ya no mueran las mujeres en sus comunidades por el cáncer de mama y Cervicouterino. Porque las mujeres indígenas, al igual que el resto de las mujeres en el país somos ciudadanas libres, ciudadanas de primera, ciudadanas que exigimos y que representamos y que podemos ser en este mundo igualitario quienes a la vez puedan también enseñar un nuevo método de reacción, de acción, de justicia y de compromiso.

Las mujeres indígenas, por mi conducto, expresan su gratitud porque el día de hoy puede cambiar la historia de este país, puede hacerse eco de un problema añejo, a donde a lo mejor las lenguas indígenas no se entendían, pero que hoy la representación de mujeres en este espacio de representación popular tiene que ser cada día mayor.

Por eso representar a esas mujeres no solamente es un privilegio y el mayor de los placeres, sino también un gran compromiso para hacer que esta patria cambie su historia.

En nombre de Movimiento Ciudadano muchísimas gracias a todas y a todos ustedes y esperemos que temas tan sensibles como este puedan ser los que logren la unidad, la armonía y, sobre todo, la sensibilidad del cambio de nuestra patria. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Diputado Jesús Zambrano, el sentido de su voto, por favor. Audio a la curul del diputado Zambrano, por favor.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Una curul prestada aquí del coordinador Neri, Martínez Neri. Jesús Zambrano, a favor. Gracias.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Falta algún compañero diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 418 a favor.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo III de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Y en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se autoriza. En consecuencia está a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.(*)

(*) El dictamen mencionado se encuentra en la página 172 de esta edición

En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Erika Lorena Arroyo Bello para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. La plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los ámbitos de la vida pública y privada son indispensables para el desarrollo pleno e integral de un país el bienestar del mundo y la causa de la paz.

El día de hoy presento a nombre de la Comisión de Igualdad un dictamen de modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 36 y 45 Bis, con el propósito de contribuir a eliminar, desde una perspectiva transversal, todas las formas y todos los tipos de discriminación a las mujeres.

Esta es una de las encomiendas afirmativas que se propone a cargo de la recién creada Secretaría de la Cultura. Una Secretaría que desde su ámbito toral, con un enfoque de género, un nuevo mensaje social que reivindique los derechos humanos de las mujeres.

Cultura con igualdad como principio rector de la paz social. El presente dictamen parte de un marco internacional del que nuestro país ha sido importante promotor y garante. La igualdad en ley debe ser reflejada en la vida diaria de todas las personas, sin regateos, sin condicionantes, sin excepciones.

El principio de igualdad y su concreción como forma de vida tienen que traducirse sin cortapisas en el pleno ejercicio del derecho de todas las mujeres como sujetos visibles, activos y protagonistas del desarrollo de nuestro país.

La violencia es el resultado del cúmulo de rezagos. Trabajemos todos y todas en eliminar esas brechas de desigualdad y en esa medida la violencia disminuirá.

La igualdad entre mujeres y hombres genera solidaridad entre los géneros, por tanto, familias con relaciones simétricas, con relaciones justas, sanas. Por tanto, este primer núcleo social sentará las bases para una mejor sociedad. El reto es mayúsculo.

Por ello, requerimos incidir con esta perspectiva de igualdad desde todas las áreas de los gobiernos. El mensaje debe ser articulado y con alcances compartidos. En este sentido, se propone adicionar un artículo 45 Bis, en el que se establecen las atribuciones a la Secretaría de Cultura, destacando lenguaje incluyente en todas las acciones a difundir, así como la promoción y extensión de la participación de las mujeres en las distintas actividades artísticas o de oficio en condiciones de igualdad, de inclusión y garantías irrestrictas a sus derechos.

La naturaleza de este tipo de políticas prevé nuevos aprendizajes sociales, que modifiquen y reestructuren en el mediano y largo plazo aquellos hábitos nocivos y perpetuados a fuerza de la costumbre.

En sustitución, estas políticas afirmativas son gestoras de nuevas relaciones sociales que nos conduzcan, como humanidad, a nuevos pactos sociales donde todos y todas tengamos un lugar asegurado.

Con este compromiso otorgamos a la Secretaría de Cultura facultades, deberes y supervisión de la educación, así como en el acceso a la cultura, a las artes y oficios en igualdad de condiciones y de oportunidades respecto a los hombres; procurando siempre que dichas atribuciones se realicen en estricto apego a la dignidad de la mujer, respetando el pleno ejercicio de la maternidad. Y también, por qué no decirlo, de la paternidad. Además, deberá garantizar acciones y mecanismos de participación de las mujeres en todos los programas y actividades de dicha secretaría.

A estas modificaciones se agrega, desde la perspectiva de la prevención, la tarea específica de formar en la investigación social los procesos creativos de las disciplinas encaminadas a crear modelos que detecten la violencia en el ámbito profesional.

Para el congruente, gradual y consistente logro de los objetivos previstos, se ha incluido en las adiciones referidas la capacitación y sensibilización, en herramientas analíticas de género, derechos humanos, violencia y agenda de temas en la materia para internalizar en el personal de los recintos culturales y de atención al público una cultura organizacional y de servicio que permita detectar casos y situaciones violentas o contrarios a la dignidad de las mujeres.

Con esta convicción de los alcances de las adiciones propuestas para la Secretaría de Cultura, las y los que integramos la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, ponemos a su consideración el presente dictamen de reforma a la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cultura con igualdad, como principio rector de la paz social.

Compañeras y compañeros, reitero la solicitud de su voto a favor del presente dictamen, convencida que desde la ley y su pertinente actualización podemos sentar las bases de una sociedad igualitaria, equitativa e incluyente, donde todos y todas seamos sujetos protagónicos del desarrollo y del crecimiento de nuestro país.

Sigamos avanzando en la asignatura que iniciaron en el constituyente de 1917, la igualdad. La igualdad es justicia, es paz, es progreso, es democracia. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Arroyo. Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas, quienes harán uso de la palabra por tres minutos.

Tiene la palabra la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia, honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, vengo a posicionar el dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En Encuentro Social reconocemos la importancia del uso del lenguaje incluyente, como un elemento para reconocer y manifestar la diversidad de género y crear conciencia de la necesidad de equilibrar las desigualdades entre mujeres y hombres, por lo cual resulta de gran relevancia la inclusión de un lenguaje incluyente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo anterior con la finalidad de garantizar de mejor manera la igualdad de género.

De igual forma para las y los diputados de Encuentro Social es prioritario reforzar nuestro marco jurídico para tutelar y garantizar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones.

Por tal razón apoyamos la propuesta para adicionar un artículo 45 Bis a dicha ley, con lo cual se establecerá una serie de lineamientos a cargo de la Secretaría de Cultura para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos y de manera muy particular la equidad y la no exclusión entre mujeres y hombres.

Además se obliga a que la secretaría desarrollo programas que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, a que se garantice la participación de las mujeres en todos los programas y actividades a cargo de la secretaría y a propiciar la investigación de procesos creativos encaminados a detectar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Igualmente la secretaría deberá incorporar en los programas culturales el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Lo anterior mediante la implementación de contenidos temáticos que contribuyan a modificar los prejuicios de inferioridad o superioridad de uno de los géneros.

Por último, la secretaría tendrá que capacitar a su personal en la detección de actos de violencia contra las mujeres y elaborar políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Las y los legisladores federales de Encuentro Social habremos de votar a favor del presente dictamen, pues consideramos necesario el fortalecimiento de nuestro marco jurídico para garantizar una plena igualdad de género y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

En tal sentido es que consideramos necesario continuar legislando para castigar severamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres y al mismo tiempo establecer normas, ejes, para fomentar el respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Perea. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Las palabras importan. La promoción de la cultura de la igualdad comienza con nuestra voz. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, en este importante día me enorgullece ser parte de esta Legislatura, la más cercana a la igualdad, así como pertenecer al Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que prácticamente cumple con la paridad de género.

Me dirijo a ustedes, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para hablar a favor del dictamen de las comisiones de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía, por el que se reforma el artículo 36 y se adiciona un artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hoy es un día para tomar conciencia y para dar prioridad a la igualdad en todos los aspectos de nuestra vida. En Nueva Alianza somos un partido comprometido con la inclusión. Para nosotros es fundamental que la no discriminación en todas sus formas se inculque a través de la educación, ya que constituye la manera más eficaz de lograr que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, permee en todas las estructuras de la sociedad.

La propuesta que hoy estaremos votando pretende no sólo promover un lenguaje inclusivo, sino otorgar a la Secretaría de Cultura facultades para incluir un enfoque de eliminación de la violencia de género.

En Nueva Alianza sabemos que la cultura es un medio propicio para generar cambios de paradigmas; no hay nada más importante para una verdadera inclusión e igualdad que erradicar los modelos de violencia contra las mujeres.

Las expresiones culturales fueron utilizadas a lo largo de la historia para promover modelos discriminatorios pero también fue por medio de estas expresiones que empezaron a romperse los modelos patriarcales y opresores.

La cultura, sin duda alguna, es poder, y la presente propuesta pretende encauzar ese poder para eliminar los modelos de violencia. En el mundo, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, 35 por ciento de mujeres han sido víctimas de violencia, ya sea física o sexual, mientras que un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo, son cometidos por su pareja.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, en nuestro país mueren al día 7 mexicanas a causa de la violencia extrema; dos estados han tenido que declarar alertas de género, y otros más las han solicitado. Ése es el nivel de violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país.

Para Nueva Alianza es fundamental cambiar estas cifras. La violencia no es parte de nuestra naturaleza, y por eso estamos en contra de su promoción. La educación y la cultura son los medios idóneos para terminar con discursos, actitudes y modelos discriminatorios y violentos, incluir en los programas culturales el respeto a los derechos humanos de las mujeres para contribuir a erradicar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos o los estereotipos de género no sólo es prudente, es urgente y prioritario.

Nuestras palabras importan. Palabras violentas generan acciones violentas. Palabras discriminatorias causan discriminación. Las mujeres y los hombres que formamos parte de Nueva Alianza estamos comprometidos con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En congruencia con lo anterior, votaremos a favor del dictamen. ¿Diputadas y diputados, nos ayudan a cambiar las cosas? Es cuanto, señora presidenta. Por su atención, muchas gracias.

La Presidente diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Reyes. Tiene la palabra la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Con su venia, de la presidenta. Desde esta tribuna me siento orgullosa por el otorgamiento de la cédula real a nuestras compañeras Martha Tagle y Candelaria Ochoa, compañeras diputadas.

Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Cultura y Cinematografía presentan a este pleno el dictamen en el que se reforman los artículos 36 y 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta versa en torno a la inclusión del lenguaje incluyente dentro de la ley, así como establecer las atribuciones de la Secretaría de Cultura, siempre en el marco de la defensa y procuración de los derechos de las mujeres, destacando el lenguaje incluyente y la participación equitativa de las mujeres en el ámbito de la cultura.

Al respecto las diputadas ciudadanas y los diputados ciudadanos consideramos que el respeto de los derechos de las mujeres, el logro de la igualdad sustantiva, la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, la forma de violencia contra las mujeres, la formación desde la primera infancia de una consciencia de igualdad entre mujeres y hombres son pendientes que presentan la lucha de miles de mujeres por demandas que siguen siendo vigentes y que hoy, a pesar de los avances, aún tienen camino por recorrer.

La cultura sin duda juega un papel fundamental en la construcción de la sociedad equitativa que buscamos, en la que mujeres y hombres participen libremente sin prejuicios, sin estereotipos, amenazas ni condicionamientos por su calidad de género.

En este punto el avance que hemos logrado a través de las diversas disposiciones legales tanto nacionales, estatales y locales en algunos casos son frutos de batallas que han llevado años y que no tienen marcha atrás.

La cultura posee cualidades que la hacen única al dar a conocer la realidad, representa la vida cotidiana, saca a la luz los problemas sociales e individuales de manera sencilla y entendible, se convierte en un proceso pedagógico y educativo social; nos ayuda a comprender injusticias, violencias y desigualdades; a veces puede ser muy cruda, también a veces puede ser muy simpática, pero siempre busca llevarnos a un estado de conciencia y conocimiento superior. Es por ello que nos parece muy acertada la iniciativa que hoy se nos presenta.

Hoy reivindicamos a las mujeres que a través de su quehacer artístico y cultural han contribuido a cambiar este mundo y a cambiar este país. Hoy alzamos la voz; ni un paso atrás en la lucha por los derechos de las mujeres, ni un paso atrás en la búsqueda de una sociedad libertaria e igualitaria.

Hoy las diputadas ciudadanas y los diputados ciudadanos refrendamos nuestro compromiso con las mujeres de todo el país, por las que luchamos día a día y con las que estamos construyendo una nueva sociedad. ¿Cómo vamos a entendernos si no somos capaces de comunicarnos?

Esta participación la dedico especialmente a las mujeres de la zona oriente del estado de México, a las mujeres de mi querido Amecameca. Muchas gracias.

La Presidente diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, diputada presidenta. Esta iniciativa propone modificaciones para que se observe en la ley un lenguaje incluyente, y adiciona un artículo en el que se establecen las atribuciones a realizar por parte de la Secretaría de Cultura, para garantizar la participación de mujeres en igualdad con los hombres.

Se destaca también que las acciones de dicha secretaría sean acordes con los tratados y acuerdos firmados aquí en México en materia de no discriminación y no violencia contra las mujeres en el desempeño de las actividades culturales. Es indudable que en México, en el ámbito de la cultura sigue reinando una profundad desigualdad entre hombres y mujeres.

Hace ya décadas que tantas mujeres como hombres y no más, entre las personas licenciadas en la mayoría de carreras universitarias, aunque especialmente en artes y humanidades la mayoría son mujeres.

Sin embargo, esas licenciadas no obtienen los puestos de responsabilidad y las recompensas materiales y simbólicas que su formación, su talento y su esfuerzo merecen.

La experiencia demuestra que cuando se aplican criterios objetivos las mujeres obtienen resultados iguales o en muchos casos hasta mejores que los hombres. Pero en el mundo de la cultura la promoción se basa con frecuencia en procesos poco o nada transparentes, que favorecen la inercia y el corporativismo masculino.

Así se da la paradoja de que el sector de la ciencia y la cultura, que debería favorecer la libertad y creatividad individual sin prejuicios de género ni de ningún otro tipo, es uno de los más desiguales de nuestra sociedad. Tenemos que considerar que una cultura desigual crea desigualdad.

Una cultura científica y artística creada principalmente por hombres produce unos contenidos que refuerzan el protagonismo masculino al presentar al varón como sujeto y su experiencia como universal, mientras que las mujeres en muchas ocasiones son vistas en un plano secundario.

Y es que tenemos que ver las cifras del consumo y del trabajo de las profesionales vinculadas al arte, cultura y medios de comunicación. Los datos demuestran que las mujeres son solo mayoría entre la población consumidora de ciertas formas de cultura, pero no en la creación y gestión de la cultura en general.

Se observa mayoría de mujeres entre lectores de revistas y libros no relacionados con la profesión o estudios; y también en las asistentes a espectáculos de teatro, danza o ballet. En cambio, es mayoritariamente masculina la lectura de prensa diaria de información general, así como uso de internet y la asistencia a cine.

Sin embargo, existe en el campo cultural algunas profesiones con mayoría femenina, pero son muy pocas: agentes literarias, galeristas y las relacionadas con la danza, como bailarinas, coreógrafas o profesoras.

¿Cuántas de las películas mexicanas estrenadas en los últimos años han sido dirigidas por mujeres? ¿Cuántas orquestas son dirigidas por mujeres? Compositores, críticos musicales, autores teatrales y directores de escena en la gran mayoría son hombres.

Por todo esto y lo anterior, Morena, nos pronunciamos a favor de esta iniciativa que establece las atribuciones de la Secretaría de Cultura para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la no violencia contra ellas.

Esta es una iniciativa de Morena. Y agradecemos a los grupos parlamentarios y a todos los diputados y diputadas que se sumen y que votemos en favor esta importante iniciativa. Es cuanto.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Nahle. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con la venia de la Presidencia, compañeros diputados, las y los que integramos el Grupo del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, pues con el mismo reconocemos el papel fundamental que la Secretaría de Cultura tiene en el tema de difusión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En ese sentido, no debemos olvidar que nuestro país ha suscrito diversos tratados y convenciones internacionales, entre las que podemos señalar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Es importante mencionar que el gobierno de la República, a través del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, establece la obligación de todas las dependencias y entidades de la administración pública federal de observar los objetivos, estrategias y líneas de acción del mismo, entre ellos en el tema de la cultura.

Además de darle atribuciones a la Secretaría de Cultura en temas como definición y difusión de las políticas culturales, en donde se incluyan principios de equidad y no exclusión, el respeto pleno a los derechos humanos, fomento de la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres; el propiciar la investigación en los procesos creativos encaminados a crear modelos de detección de violencia contra las mujeres en el ámbito profesional, así como propiciar la capacitación al personal de recintos culturales, en temas de detección de violencia.

Por lo anterior, es de reconocer el papel preponderante que la cultura tiene para que la sociedad modifique las conductas de exclusión y violación de los derechos humanos que existen en contra de la mujer.

De igual modo, con este dictamen se está reconociendo lo que ya el presidente Enrique Peña Nieto, desde el Plan Nacional de Desarrollo estableció como compromiso de su gobierno en relación a la situación de las mexicanas mujeres y niñas, en donde se impone la tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos.

Con lo anterior reconocemos que la existencia de un marco legislativo adecuado y diseñado para la erradicación desde la Ley del Leguaje Excluyente y en donde se establezca la obligación de incorporar en los programas educativos en todos los niveles de instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres nos acerca más a la consecución de la agenda de Naciones Unidas en materia de género.

Es por ello que los que integramos al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de este dictamen, ya que tenemos la certeza que esta es una acción más para mover a México y hacia la paz y la inclusión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Arzaluz. A continuación, tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Karen Orney Ramírez Peralta:Por un planeta 50-50. Demos el paso para la igualdad de género.

Con su permiso, diputada presidenta. Las mujeres que participamos en esta legislatura tenemos objetivos comunes en favor de la igualdad de género, que van desde promover el ejercicio de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de las mujeres, así como impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, desde programas, actividades administrativas, económicas y culturales para contribuir a un cambio en la sociedad que garantice la participación democrática en igualdad de oportunidades que se vea reflejado en acciones que apoyen a las mujeres y coadyuven a erradicar la desigualdad y la iniquidad y la injusticia por razones de género.

Acudo a esta tribuna a dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara al dictamen de Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Igualdad de Género, el cual establece atribuciones a la Secretaría de Cultura como parte del sistema nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. La creación de la Secretaría de Cultura nos exige adecuar la legislación nacional al tenor de los diferentes avances en los derechos humanos e instrumentos nacionales de derecho, como establece el artículo 1o. constitucional.

Se trata de incorporar el criterio de género correspondiente, incluyendo el término las al enunciado: El sistema se formará por las y los titulares de. Así como incorporar el apartado correspondiente al capítulo III.

Al adicionar el artículo 45 Bis se destacan las atribuciones de la Secretaría de Cultura en materia de igualdad de género, acordes con el marco de los tratados internacionales, vinculados con leyes tendientes a garantizar la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en el desempeño de sus actividades artísticas o de oficio, destacando los siguientes principios.

Primero. El respetar los derechos humanos de las mujeres, tales como la educación, el acceso a la cultura, los oficios, las artes y letras en igualdad de condiciones y/o oportunidades respecto de los hombres.

Segundo. Se procura que dichas atribuciones se realicen en estricto apego a la dignidad de la mujer, respetando el pleno ejercicio de su maternidad y también contempla el ejercicio de la paternidad.

Tercero. El derecho de las niñas y mujeres a realizar actividades creativas sin prejuicio de género.

Por último, la eliminación de todo tipo de violencia en contra de la mujer.

Con esta reforma daremos un paso más, sin embargo falta mucho camino por recorrer en México, en donde existe una gran disparidad en la aplicación de los derechos alcanzados a lo largo y ancho de la geografía nacional.

El derecho de las mujeres y niñas de vivir sin sufrir violencia es un derecho inalienable, en consecuencia quiero hacer una reflexión colectiva. Como podemos observar, en nuestro país la vida de la mujer transcurre en dos vértices, por un lado, se pronuncian políticas públicas para la igualdad, y por otro, se obstaculiza el acceso efectivo a las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Aquí en México se encuentra el lugar 10, de la lista de los 25 países en el mundo, con mayor tasa de feminicidios, los cuales se cometen con armas de fuego, y ocupa el quinto lugar con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios durante los últimos cinco años. Es una cifra muy alarmante.

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades históricas, en tanto que persiste la resistencia a generar transformaciones e indican que el desarrollo en un marco jurídico y esquemas de educación, prevención y sanción de diversas expresiones de violencia.

La reforma en comento reivindica el respeto hacia los derechos de la mujer. Hoy sentamos las bases de la igualdad formal para arribar a la igualdad sustantiva y culminar con la igualdad de resultados, que es el objetivo primordial de millones de mujeres en nuestro país y en el mundo.

Queremos una sociedad más humana, con desarrollo económico y calidad de vida, con una cultura diferente, donde las mujeres estemos libres de toda violencia. Caminar libres, con justicia y paz.

En este Día Internacional de la Mujer expreso mi gratitud y hago un reconocimiento a la valentía de miles de mujeres que no solamente en México sino en todo el país han estado luchando por los derechos de las niñas y así también de las mujeres.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Cultura y Cinematografía. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Ramírez. Tiene ahora la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Genoveva Huerta Villegas:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que la cultura es una de las herramientas fundamentales que permiten igualar las oportunidades de los ciudadanos y así debe quedar reflejado en nuestra legislación.

En estos tiempos es evidente que una sociedad no se puede permitir el lujo de que la mitad de sus integrantes permanezcan en silencio, sin contar en libros, en fotografías, en lienzos, en películas o en partituras su universo personal.

Visibilizar y amplificar la voz de las creadoras, de las artistas es visibilizar los valores femeninos. La mirada personal sobre la propia intimidad, sobre el sentido de la amistad o el amor, sobre la maternidad o sobre la organización social del mundo.

Para nosotras esa mirada de mujer, que no es antagónica, de la que durante siglos ha sido dominante, la de los hombres, pero que es diferente y está matizada es imprescindible para que podamos hablar por fin de una sociedad en igualdad.

Por ello hoy el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del dictamen a discusión, ya que el mismo plantea reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de instituir para la Secretaría de Cultura facultades tendientes a conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para las prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y lo haremos así porque consideramos que en el tema cultural la igualdad plena, la igualdad efectiva, la igualdad sustantiva de la que tanto hablamos todas y todos, aún es un tema pendiente en el tema cultural.

Por eso es necesario que el gobierno actual y los sucesivos, así como los responsables de la cultura, tengan la voluntad activa de suprimir los velos que durante tanto tiempo han estado enmudeciendo la voz de las mujeres y enmascarando los logros de tantas y tantas mujeres artistas y creadoras.

De ahí que sea inaplazable darle a la Secretaría de Cultura las atribuciones para que dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres se tomen las previsiones que contribuyan a generar una sociedad más justa y equitativa, específicamente en el ámbito cultural.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la cultura es una prioridad nacional y su fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de las mexicanas y los mexicanos.

Es preciso recordar que la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, reunida en Estocolmo en 1998, afirmó que las políticas culturales también deberán estar dirigidas a mejorar la integración social y la calidad de vida de todas y de todos los miembros de la sociedad, sin ninguna discriminación. Y que las políticas culturales han de respetar la igualdad entre los sexos, reconocer plenamente los derechos de la mujer en igualdad de términos que la de los hombres, su libertad de expresión, garantizando el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad.

En Acción Nacional estamos convencidos de que todos estos preceptos deben ser compartidos y asumidos por todos y por todas nosotras, con el único fin de lograr el óptimo aprovechamiento del potencial de la cultura en el proyecto de país que tanto estamos necesitando. Es cuanto.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Huerta. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Sofía Del Sagrario De León Maza:Cada una y cada uno de nosotros es necesario para garantizar que se adopten acciones decisivas, visibles y cuantificables bajo el lema: Un planeta cincuenta, cincuenta. Demos el paso por la igualdad de género. Phumsile Mlambo. Palabras de la directora ejecutiva de ONU Mujeres en su mensaje de hoy, 8 de marzo de 2016.

Posicionamiento relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos obligatorio un panorama cultural que aporte las herramientas necesarias para el correcto desarrollo social que merecen todas y cada una de las mujeres en México.

Sostenemos, que una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y estará mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo. Estamos convencidos que para que la cultura llegue a todos y todas es necesario implementar programas con un alcance más amplio con el fin de fomentar una cultura verdaderamente igualitaria, donde las mujeres mexicanas seamos escuchadas y tomadas en cuenta.

Fomentamos el desarrollo sostenido de México que solo podrá alcanzarse si las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres para cuidar su salud, estudiar, trabajar, participar en la toma de decisiones y construir libremente su propio proyecto de vida, proyecto que solo se podrá llevar a cabo de forma adecuada con la correcta implementación de medidas socioculturales.

En la fracción parlamentaria reconocemos que nosotras las mujeres continuamos luchando por la libertad y la igualdad entre los géneros, lo que significa el goce y ejercicio pleno de sus derechos.

Asumimos que no basta con el reconocimiento legal de los mismos, sino que es necesario que éstos se traduzcan en calidad de vida y sean ejercidos de manera plena, sin restricciones ni atavismos culturales. México es un mosaico de realidades que se amalgaman para conformar a la gran nación mexicana.

En el PRI sabemos que una nación multicultural que aglutina diversidad de ideologías y creencias como México, debe enmarcar todos sus atributos en el ámbito de respeto, tolerancia e igualdad. En el PRI avanzamos en esa dirección convencidos de que el trato cultural que meremos las mujeres enriquece y da solidez a nuestro actuar a favor de las grandes causas de la humanidad. Por ello hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aprobamos el presente dictamen.

Para terminar les comparto esta hermosa frase de Sófocles que solía repetir mi madre “los dioses sólo hicieron dos cosas perfectas: la mujer y la rosa, pero la mujer es más perfecta porque es una rosa que piensa”. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada De León.

Agotada la lista de oradores y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Gracias. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 401 votos a favor y ninguno en contra, presidenta.

La Presidente diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

En el siguiente punto del orden del día se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ellas.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac cause alta como presidente en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Alfredo del Mazo Maza cause baja como presidente de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Alfredo del Mazo Maza cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Alfredo del Mazo Maza cause alta como presidente en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Ricardo Ramírez Nieto cause alta como secretario en la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado Alfredo Bejos Nicolás cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez cause alta como secretaria en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María García Pérez cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada María García Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn cause baja como integrante en la Comisión de Justicia.

• Que el diputado José Hernán Cortés Berumen cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

• Que el diputado José Hernán Cortés Berumen cause baja como integrante de la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn cause alta como secretario en la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado José Hernán Cortés Berumen cause baja como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Francisco Xavier Nava Palacios cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Francisco Xavier Nava Palacios cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Adán Pérez Utrera cause baja como secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio cause alta como secretario en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Mario Machuca Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Mario Machuca Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Mario Machuca Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz cause baja como secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz cause baja como secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz cause baja como integrante de la Comisión Bicamaral de Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause alta como secretario en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Carlos Gutiérrez García cause alta como integrante de la Comisión Bicamaral de Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

La Presidente diputada Daniela De Los Santos Torres: Consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Aprobadas. Comuníquese.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:En el siguiente punto del orden del día se encuentran las proporciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra por cinco minutos la diputada Silvia Rivera Carbajal para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de los libros de texto gratuitos, suscrita por la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, ambas del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Silvia Rivera Carbajal:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, las mujeres estamos presentes en todas las batallas de México, desde la raíz indígena, española, revolucionaria y en la lucha contemporánea.

Existe una deuda histórica para las mujeres mexicanas que simbolizamos el encuentro de dos culturas, la española y la mexicana, creando un mestizaje que sigue en proceso, que hemos hecho y soportado el racismo por siglos y desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales.

En el siglo XX salimos abante con voluntad para hacer valer derechos mínimos a cualquier ciudadano, como el derecho al voto. En el siglo XX, gracias a los movimientos organizados la mujer ha pasado de una mujer sumisa, procreadora de hijos, callada, abnegada, tímida y sin ninguna posibilidad de éxito laboral o profesional a convertirse en un ser humano libre y de real competencia en todos los ámbitos.

Y en el siglo XXI las mujeres estamos haciendo una verdadera revolución con la voz en alto, pero pacífica; una revolución que transforma y que logrará un planeta de 50 a 50. Nuestra participación en la vida académica, científica, filosófica –y es de reconocerse la vida– ha mejorado para nosotros, pero aún se encuentran resistencias en zonas urbanas y rurales del país.

Retomo las palabras de Rosario Castellanos, poeta de la comunidad indígena. Dice: Ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, incomparable pero mejor que el que yo habito. El mundo para mí está cerrado, tiene un nombre y se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino.

Esas barreras son las que rompemos día a días las mujeres mexicanas. Con esta revolución que transforma nosotras las legisladoras fomentamos el cambio jurídico y cultural, creando leyes para la paridad e igualdad de género. En eso no hay marcha atrás.

Como madres y padres tenemos la responsabilidad de trasmitir conocimientos, valores y principios hasta nuestros hijos y solicitamos la urgencia de construir modelos educativos más igualitarios e incluyentes, que contribuyan a superar los esquemas estructurales machistas y discriminatorios.

Como sociedad es nuestra responsabilidad construir nuevos esquemas educativos, orientados a generar una nueva cultura de igualdad democrática, equitativa e incluyente, para que como sociedad alcancemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Así, las generaciones de niñas y niños, jóvenes en formación que cursan la primera y la secundaria, especialmente deben contar con herramientas e instrumentos educativos que promuevan la nueva cultura de paridad e igualdad de género.

En México han sido muchos los avances de derechos humanos de las mujeres que progresivamente hemos adquirido a nivel mundial y que han sido armonizados en nuestras leyes federales y estatales, para hacer de la igualdad sustantiva una realidad.

Ejemplo de ello es el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, que incorpora como eje trasversal la perspectiva de género en la formación e implementación de todos los programas y acciones de la administración pública. Mi reconocimiento a mi presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que hoy por hoy aquí en esta legislatura tenemos más del 42 por ciento de mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres frecuentemente realiza informes sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y se encuentra con un sistema de consulta desde el año de 1982 a la fecha.

En materia educativa, falta la inserción de nuestra historia en la conciencia y educación de todos. Se debe eliminar la cultura sexista y discriminatoria contra las mujeres, la cultura machista que sigue reproduciendo roles tradicionales y con estereotipos, que son asignados a mujeres y hombres y que se refleja en la cultura institucional docente, que permea en nuestras aulas.

Urge incorporar la perspectiva de género y asegurar que la formación de nuestras hijas e hijos sean sobre la base de los principios de la igualdad sustantiva.

Por lo anterior, los libros de texto de las asignaturas que cursan nuestras hijas e hijos requieren una revisión profunda para incorporar la perspectiva de género en su formulación y estructura. Se debe permitir la elaboración de contenidos sobre la base de las mujeres y hombres, identificando las desigualdades y ofreciendo alternativas para superarlas y que promuevan los principios de respeto, paridad, inclusión e igualdad de género.

Debe cambiar la comunicación entre hombres y mujeres en términos de igualdad, como parte de la cultura y nosotras seguir luchando por jugar el papel fundamental que supere el lenguaje machista, que nulifica y excluye el trabajo y participación de las mujeres.

La deuda histórica. No existen palabras para mencionar tantas vejaciones, pero nosotras tenemos la firme convicción de continuar el camino del éxito. Todas y todos somos iguales ante la ley. Juntos, mujeres y hombres, vamos por la senda de ver un México que siempre en los mejores niveles de vida sí podemos hacerlo. Igualdad, no más, no menos.

Por lo antes expuesto, solicito a esta honorable soberanía exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de los libros de texto gratuitos, así como a implementar mecanismos e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos y capacitar a las y los docentes de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incorporar la perspectiva de género en el diseño y la formulación de los libros de texto gratuitos; implantar medios e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos; y capacitar al profesorado de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente, suscrita por las diputadas Érika Araceli Rodríguez Hernández y Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Érika Araceli Rodríguez Hernández y Silvia Rivera Carbajal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la lxiii legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema educativo es la columna vertebral del proceso democrático en México. Hoy más que nunca, la educación adquiere gran importancia, ya que es la escuela el ámbito clave de formación de las futuras generaciones, como agente de socialización tiene la responsabilidad de trasmitir saberes, conocimientos, valores y principios de nuestra sociedad, así como establecer normas de comportamiento y relación entre las personas.

No obstante, es urgente construir modelos educativos más igualitarios e incluyentes que contribuyan a superar los esquemas estructurales machistas, y discriminatorios. Como sociedad, es nuestra responsabilidad construir nuevos esquemas educativos orientados a generar una nueva cultura de igualdad, democrática, equitativa e incluyente para que como sociedad alcancemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Así, las generaciones de niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes en formación que cursan la primaria y la secundaria, especialmente deben contar con herramientas e instrumentos educativos que promuevan la nueva cultura de la igualdad de género y, más aún, que garanticen su formación sobre la base de los principios de respeto, igualdad y no discriminación para construir la sociedad que queremos todas y todos los mexicanos.

En México han sido muchos los avances en derechos humanos de las mujeres, que progresivamente hemos adquirido a nivel mundial y que han sido armonizados en las leyes federales y estatales para hacer de la igualdad sustantiva una realidad.

Ejemplo de ello es el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, que incorpora como eje transversal la perspectiva de género en la formulación e implantación de todos los programas y las acciones de la administración pública federal y que desde 2008 se expuso en los objetivos estratégicos del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 “eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de los libros de texto, métodos de enseñanza, materiales didácticos, prácticas educativas y, profesionalizar al magisterio en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres”.

Sin embargo, pese a que el país cuenta con un marco jurídico fuerte en derechos humanos de las mujeres, en la práctica persisten la discriminación y la desigualdad. Resulta que en el ámbito de la educación se reproduce, y las mujeres seguimos siendo invisibles. Más aún, somos las ausentes en la historia de los libros de texto educativos.

Así, prevalece una cultura sexista y discriminatoria contra las mujeres, la cultura machista que sigue reproduciendo roles tradicionales y estereotipados que son asignados a mujeres y hombres, y que se refleja en los libros de texto escolares y en la cultura institucional docente que permea las aulas.

Por ello es urgente revisar y analizar los libros de texto, incorporar la perspectiva de género y asegurar que la formación de nuestras hijas e hijos sea sobre la base de los principios de la igualdad sustantiva.

Contar con libros de texto que contribuyan a potenciar capacidades y habilidades de nuestras hijas e hijos para desarrollarse en la vida y enfrentar en su vida cotidiana los retos de superar las desigualdades de género que persisten en nuestra sociedad y así, progresivamente construir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por lo anterior, los libros de texto de las asignaturas que cursan nuestras hijas e hijos, como el de historia, español o formación cívica, requieren una revisión profunda, requieren un rediseño, es urgente incorporar la perspectiva de género en su formulación y estructura.

Es prioritario el tema en la elaboración rigurosa y sistemática de sus contenidos, instrumentos y técnicas didácticas que incorpore la perspectiva de género como una categoría de análisis diagnóstica de la desigualdad de género, que permita la elaboración de contenidos sobre la base de la vida real de las mujeres y hombres, identificando las desi-gualdades y ofreciendo alternativas para superarlas y que promueva los principios de respeto, diversidad, inclusión, igualdad y la equidad de género.

Así también, crear mecanismos e indicadores de seguimiento y evaluación de sus contenidos, y de la aplicación de los docentes para garantizar a las futuras generaciones una educación de excelencia, con calidad, incluyente y democrática.

Por lo mencionado es importante preguntarnos: ¿cuáles obstáculos impiden incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los contenidos de los libros de textos?

El lenguaje, como parte de la cultura y herramienta de la comunicación, desempeña un papel fundamental para superar el lenguaje machista que vuelve invisible, nulifica, excluye, diluye, degrada y silencia el trabajo y participación de las mujeres.

Lo cierto es que hoy todavía nos cuesta trabajo superar esta cultura machista que se caracteriza por un lenguaje discriminatorio y entender la relevancia de combatir la omisión y la desigualdad hacia las mujeres.

Por lo anterior, con carácter de urgente u obvia resolución someto a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de los libros de texto gratuitos, así como a implementar mecanismos e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos, así como capacitar a las y los docentes de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputadas: Silvia Rivera Carbajal,Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Rivera. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Aprobado. Comuníquese.

PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN A LAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS TENER ACCESO REAL A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se lleven a cabo programas y acciones que permitan a las trabajadoras domésticas tener acceso real a los servicios y prestaciones de seguridad social y de salud.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, congregar a la ciudad de Copenhague en 1910, la internacional socialista, acordó la celebración de un Día Internacional de la Mujer, mismo que se celebró por primera vez el 19 de marzo del siguiente año con sendas manifestaciones en Alemania, Austria y Dinamarca.

Mujeres y hombres salieron a las calles y reclamaron los derechos de la mujer al voto, a ocupar cargos públicos, al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Mucho se ha avanzado en la lucha por los derechos de las mujeres, somos prueba de ello 211 de nosotras, pero en la lucha que desde 1911 tomó las calles de diversos países en el mundo sigue vigente.

Las mujeres ocupamos cargos públicos, sí, pero en los cargos de designación seguimos siendo minoría. Trabajamos, sí, pero el trabajo de las mujeres es menos remunerado que el de los hombres. Accedemos a la formación profesional, sí, pero persisten especialidades reservas sólo para los hombres. Se combate la discriminación laboral, sí, pero siguen habiendo millones de mujeres que sufren discriminación.

En Acción Nacional sostenemos que hombres y mujeres somos iguales en lo esencial, diferentes en lo accidental y naturalmente complementarios. Mujeres y hombres somos igualmente necesarios y enriquecedores para toda actividad humana, pero en la lucha de los derechos de las mujeres hay un grupo que requiere particular atención.

En México hay poco más de 2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico, 9 de cada 10 son mujeres y de entre ellas 9 de cada 10 no cuentan con contrato laboral y prácticamente ninguna con prestaciones sociales.

La Ley Federal del Trabajo ya establece en su capítulo 13, las condiciones mínimas a las que debe sujetarse el trabajo doméstico, pero hace falta que se instrumenten las acciones necesarias para que el contenido de la ley pase a ser una realidad tangible y deje de ser letra muerta.

Por lo anterior, en nombre y representación de más de dos millones de mexicanas pongo a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que respetuosamente exhortamos al Ejecutivo se lleven a cabo programas de promoción y difusión de los derechos de los y las trabajadoras domésticas, y para promover la cultura de respeto a sus derechos humanos y laborales.

Al mismo tiempo, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que se incorporen programas que promuevan y faciliten la afiliación de los y las trabajadoras domésticas a los sistemas de seguridad social por parte de sus empleadores.

Que de manera enunciativa, más no limitativa, incluyan el cambio de reglas de operación y el establecimiento de mecanismos que faciliten el registro de los trabajadores.

A más de 100 años de distancia, compañeras y compañeros, las exclamaciones de aquellas mujeres que salieron a la calle en marzo de 1911 mantienen su vigencia.

La realidad en la que viven millones de compatriotas requiere que hagamos tangible nuestro compromiso. Es cuanto. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a ejecutar por el trabajo coordinado de la Ssa y el IMSS programas y acciones que permitan a las trabajadoras domésticas el acceso real a los servicios y las prestaciones de seguridad social y salud, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mónica Rodríguez Della Vecchia, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cuarto trimestre de 2010, había un poco más de 2 millones de trabajadoras domésticas en México. Entre éstas, 9 de cada 10 son mujeres, ello significa que el trabajo del hogar está feminizado.

De las mujeres trabajadoras domésticas, casi el 60 por ciento pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo y el 64 por ciento tiene apenas una instrucción primaria o inferior. Casi el 16 por ciento corresponde a mujeres de 50 a 59 años. Y, en 2005, se calculaba que el 11.8 por ciento de las trabajadoras del hogar que viven en los lugares donde prestan sus servicios, eran mujeres indígenas.

Ante ello, es un hecho que la situación crítica de la economía, de las condiciones de empleo y el desempleo en el país, orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador. Además, el trabajo doméstico por ser aislado y prácticamente invisible, facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito.

Asimismo, muchos de los empleadores y empleadoras no entienden las necesidades de las trabajadoras, sus deseos de tener hijos o hijas, sus deseos de estudiar, y de capacitarse.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, este sector es víctima de explotación por varios factores, que desafortunadamente pueden dar lugar a discriminaciones: carecen de visibilidad pública, tienen empleos que no requieren estudios, a menudo pertenecen a comunidades indígenas y no hablan español fluidamente.

Al respecto, en nuestro orden jurídico existen disposiciones que regulan el trabajo doméstico. Así, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, LFT, se define como “trabajador doméstico” al que presta servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia (artículo 331). Asimismo, se indica que estos trabajadores deben disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche (artículo 333), y que su retribución comprende los alimentos y la habitación, además del pago en efectivo. También hay disposición expresa en el sentido de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores (artículo 335).

La ley también fija ciertas obligaciones a cargo del empleador, como guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de propinarle cualquier mal trato; proporcionarle un local cómodo e higiénico para dormir, alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y cooperar para la instrucción del trabajador “doméstico” (Artículo 337). Además les señala obligaciones específicas en caso de enfermedad del trabajador, y menciona que si el trabajador muere, el patrón sufragará los gastos del sepelio (artículo 339).

Dentro de las obligaciones que el mismo orden jurídico señala a los trabajadores del hogar, se encuentra que deben guardar consideración y respeto al empleador, a su familia y a las personas en el hogar donde presten sus servicios; y deben poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa (artículo 340). También establece como causa de rescisión de la relación laboral el incumplimiento de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador (artículo 341).

Además, conforme a los artículos 48 y 49, se norma que en una contienda laboral donde se alegue despido injustificado, los empleadores quedan eximidos de la obligación de reinstalar al trabajador, aunque sí lo deben indemnizar, según el artículo 50. Igualmente, se excluye a los trabajadores “domésticos” del reparto de utilidades, de acuerdo con el artículo 27; y se exime a los empleadores de la obligación de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda en el caso de las trabajadoras del hogar, conforme a los artículos 136 y 146 de la LFT.

Por su parte, la Ley del Seguro Social establece en su artículo 13 que hay quienes pueden ser sujeto de aseguramiento voluntario en el régimen obligatorio, entre los cuales se encuentran, precisamente, los llamados “trabajadores domésticos”. Lo que trae aparejado que las trabajadoras del hogar no tengan posibilidad de acceder a una pensión al final de su vida laboral.

No obstante la existencia de normas con disposiciones jurídicas sobre el tema, lo cierto es que la legislación mexicana ha sido discriminatoria en materia de regulación del trabajo del hogar, sobre todo porque, como se observó el líneas anteriores, la ley del Seguro Social no contempla a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento; los empleadores no pagan cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; la Ley Federal del Trabajo establece como obligación especial de las trabajadoras del hogar guardar consideración y respeto hacia el patrón, su familia y personas que concurran en el hogar, lo que no establece para otros trabajadores; y además, muchos niños y niñas se emplean en los hogares.

Por ello, quienes se dedican al trabajo del hogar no gozan de los derechos de la salud, a la pensión, al ahorro, a la alimentación o a la vivienda digna. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el principal derecho laboral vulnerado es la falta de seguro médico, seguido de no contar con vacaciones, no poder ir a la escuela, no recibir aguinaldo y no tener horarios fijos.

Cuando mejor les va es porque la relación con sus patrones deriva, como lo señala Ricardo Raphael, de un acto supuestamente caritativo, pero casi nunca contractual. Ya que es prácticamente inexistente el porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con un documento donde se avale el carácter su relación laboral, pues nueve de cada diez trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato laboral.

Asimismo, la jornada de trabajo es uno de los derechos más vulnerados para más de la mitad de la totalidad de las trabajadoras del hogar, esto debido a que las legislaciones laborales a nivel nacional no prevén un límite de horas de trabajo semanales. Esta deficiencia implica que cerca del 45 por ciento de las personas que se dedican a esta actividad, no cuenten con el derecho a disfrutar de descanso semanal.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al segundo trimestre de 2011, señalan que las trabajadoras domésticas son las que menos ganan respecto a las demás ocupaciones, de tal forma que 3 de cada 4 mujeres en esta actividad obtienen un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos.

Aunado a lo anterior las trabajadoras domésticas sufren de exclusiones y discriminación constante. Es preciso decir que la discriminación o la indiferencia de la sociedad se originan en la desvalorización del trabajo en el hogar, en el hecho de que son mujeres, en su apariencia, en su condición social y étnica. Son mujeres empobrecidas e indígenas.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010, señalan que 3 de cada 10 personas considera que los derechos de las trabajadoras del hogar no se respetan. Información de esta misma encuesta revela que el exceso de trabajo y el poco sueldo son los principales problemas de las trabajadoras del hogar, seguidos por el abuso, el maltrato, la humillación y la discriminación.

Objetivamente, siguiendo a Ricardo Raphael, estos datos tendrían que ser suficientes para aceptar la injusticia que se comete contra este grupo social: 2 millones de personas condenadas a vivir en el sótano de la pirámide social mexicana; una circunstancia avalada por nuestras leyes y tolerada por nuestra autoridad.

Es evidente que el trabajo del hogar es fundamental para la vida cotidiana de millones de personas.

Sin quienes hacen las labores domésticas no podrían explicarse funciones públicas o privadas de hombres o mujeres, que sin ellas deberían de atender directamente las labores de la casa, preparar la comida, hacer la limpieza, planchar la ropa, cuidar a niñas y niños, entre otros quehaceres.

Es por ello que Acción Nacional hace un gran llamado a las y los diputados a tomar cartas en el asunto, para legislar en conjunto, con voluntad y consenso, por dignificar el trabajo de las personas que laboran como trabajadoras domésticas, sobre todo a esas mujeres que forman parte de los más vulnerables dentro de la población que menos tiene. Hagamos compañeros los esfuerzos necesarios para reformar nuestra legislación, a fin de garantizarles sus derechos y la debida protección.

Sin embargo, conscientes de que mucho tenemos que hacer y de que los tiempos apremian la atención de una población históricamente vulnerada, en Acción Nacional creemos que el gobierno federal también tiene una gran deuda con este sector de la población, y debe saldarla.

En México, a estas alturas, nadie debe quedar excluido del goce de derechos ni de la posibilidad de realizar sus proyectos de vida. El país nunca avanzará hacia la consolidación democrá­tica, mientras haya ciudadanos y ciudadanas que vivan en condiciones que se acercan más a la esclavitud que a la igualdad en dignidad y en derechos.

Al respecto, han sido muchos los llamados desde el legislativo por activar el actuar del Poder Ejecutivo a fin de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores del Hogar. Pero hasta el día de hoy no ha pasado nada.

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que no debemos ser omisos, si el gobierno federal no tiene voluntad política para actuar de tal forma en apoyo a un sector tan lacerado por la discriminación y por las condiciones indignas que enfrentan, es deber de nosotros como legisladores, actuar en consecuencia.

Por ello, hoy que conmemoramos el día Internacional de la Mujer, conminamos a nuestros pares a legislar, pero también, exhortamos al Poder Ejecutivo a realizar acciones concretas a fin de dar respuestas prontas y eficaces a este sector de la población tan vulnerado, como lo son las mujeres que laboran como trabajadoras domésticas.

Es por ello, y por lo aquí expuesto, que me permito formular la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se incorporen programas de promoción y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas y a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se lleven a cabo campañas de difusión para promover la cultura del respeto a sus derechos humanos y laborales.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social se desarrollen programas que promuevan y faciliten la afiliación de los y las trabajadoras domésticas a los sistemas de seguridad social por parte de sus empleadores.

Tercero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión invita respetuosamente al Ejecutivo federal a valorar la pertinencia de adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico con el objetivo de equiparar nuestras leyes con la legislación internacional en materia laboral y de derechos humanos.

Cuarto.Hacemos un llamado al Congreso federal a apresurar su trabajo legislativo a fin de que, en lo inmediato podamos contar con un marco jurídico de protección social que asegure a las y los trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones sociales justas y condiciones de trabajo seguras.

Notas:

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, consulta interactiva de datos, disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/ consulta.asp?p=17606&c=10819&s=es&cl=4#

2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. México. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Disponible http://www.coapred.org.ms/userfiles/files/DI_TdelHogar_INACC.pdf.consultado el 03 de marzo de 2016.

3 Ver: http://www.conpred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id= 4772&id_opcion=108&op=214, consultado el 04 de marzo de 2016.

4. Op. Cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Aprobado. Comuníquese.

INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA REALICE UNA AUDITORÍA PARTICIPATIVA DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de esta soberanía, para que a través de una institución especializada, se realice una auditoría participativa de género al interior de la Cámara de Diputados, a fin de instrumentar medidas para solucionar los problemas que deriven de la misma.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Muchas gracias, presidenta Daniela De Los Santos. Muchísimas gracias. Mucho gusto de estar aquí en tribuna conmemorando el 8 de marzo. Saludo a todas las diputadas, a todos los diputados y al público que nos sigue desde el Canal del Congreso.

En septiembre del año pasado se realizó una reunión en la sede de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Ahí se fijaron los objetivos para 20-2030 y entre ellos el del planeta, 50-50, al que se han referido varias de las legisladoras que han subido a hablar sobre el tema del 8 de marzo.

Dentro de los objetivos de esta Cumbre de Desarrollo Sostenible para 20-30 está el quinto objetivo. El quinto objetivo es el de igualdad de género y dice: “Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres, y las oportunidades de liderazgo a todos los niveles de adopción de decisiones en la vida económica, política y social”.

Y luego algo para nosotros, legisladores: “Aprobar y fortalecer políticas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles”.

Unos cuantos días después, el 27 de septiembre, se realizó la Reunión de Líderes Mundiales sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, un compromiso para la acción.

La diferencia entre esta reunión que celebraba 20 años de la Cumbre de Beijing y la cumbre que se desarrolló precisamente en Beijing es que en esta ocasión las delegaciones fueron encabezadas por los jefes de gobierno, a diferencia de la Cumbre de Beijing, en donde solamente las delegaciones fueron encabezadas por secretarias de Estado, por esposas de presidentes, pero no por las primeras autoridades.

En esta reunión Ban Ki-moon planteó que nos instaba a crear y aplicar enérgicamente políticas coherentes de igualdad y género. En segundo lugar, a asignar fondos significativos a la igualdad de género para lograr que los compromisos se hagan realidad. Y en tercer lugar, supervisar el progreso para que todos los gobiernos sean responsables ante sí mismos y ante los demás.

En esa reunión el presidente Peña Nieto se comprometió a elevar a nivel ministerial, es decir de secretarios de Estado. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que en las reuniones de ese sistema los secretarios de Estados, no mandaran representantes sino fueran ellos mismos los que estuvieran.

Desde mi punto de vista y representando al Partido de la Revolución Democrática, nos parece que el Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados, no está al parejo con ese compromiso del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se ha comprometido específicamente para cumplir con esas metas y el Poder Legislativo no lo ha hecho.

El 4 de marzo pasado, hace unos cuantos días, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, en donde se crea la Unidad de Género de la Cámara de Diputados, pero esta Unidad de Género es compromiso de la LXII Legislatura, no fue una aportación nuestra.

Es por ello, que a nombre del PRD propongo un punto de acuerdo para que se realice una Auditoría de Género a la Cámara de Diputados. No se trata de comprobar estadísticas pesimistas, ya sabemos que, por ejemplo, en la Secretaría General hay nueve mandos superiores y medios, hombres, y cero mujeres. En la Secretaría de Servicios Parlamentarios hay 31 hombres y cinco mujeres. En los Centro de Estudio de las Finanzas Públicas hay un director general y cuatro directores hombres. En el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, un director hombre, tres directores hombres y solamente una directora mujer.

Solamente hay alguna equidad en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable.

No se trata solamente de comprobar esas estadísticas, sino se trata que esas estadísticas y el estudio de nuestra Ley Orgánica, de nuestros reglamentos, de nuestros estatutos, sirvan para orientarnos a cambios que permitan lograr una mayor equidad de género y una igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados.

La desigualdad existente en este recinto, es reflejo de una realidad latente en el país. Pese a los cambios en materia de igualdad y equidad de género, México aún tiene una sociedad machista y estereotipada en donde para las mujeres acceder a los espacios públicos es un gran problema de falta de oportunidades y de reconocimiento de capacidades y habilidades.

Por tanto para cumplir con el compromiso del Poder Legislativo con estos objetivos para un planeta sustentable propongo el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de este órgano legislativo para que con base en sus atribuciones emita los lineamientos y lleve a cabo las acciones necesarias con el objeto de que una institución especializada y reconocida en la materia practique una auditoría participativa de género a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que analice todas las actividades desde una perspectiva de género en este recinto legislativo, se determinen los aciertos y las deficiencias a la hora de promover la igualdad sustantiva y se realicen recomendaciones conducentes para la solución de los problemas encontrados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de este recinto a hacer públicos los resultados de la auditoría participativa de género de esta Cámara del honorable Congreso de la Unión. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de esta soberanía a efecto de que una institución especializada practique en ésta una auditoría participativa de género, a fin de instaurar medidas para solucionar los problemas que deriven de ello, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

La conquista por los derechos de igualdad de la mujer ante la ley, ha sido y es un esfuerzo constante del movimiento feminista y amplio de mujeres, no sólo en el país, sino en el mundo entero.

Desde Leonora Vicario en la lucha por la Independencia de México, las reformistas que lograron el divorcio y el acceso a la educación formal, las revolucionarias y posrevolucionarias como Rosa Torres y Elvia Carrillo Puerto luchando por el derecho al voto y a los cargos de representación pública, hasta las abortistas, las líderes trans, las jóvenes, las funcionarias, así como hombres comprometidos con la igualdad y la equidad, hoy, continúa la lucha por el avance de esos derechos.

Grandes victorias se han logrado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un ejemplo del avance legislativo en la materia. Sin embargo, pese a los cambios, no sólo en el área legislativa, sino cultural y legal, la realidad de las mujeres dista mucho de ser igualitaria, equitativa y libre de violencia.

Aunque el discurso de igualdad y perspectiva de género, se ha homologado en la mayoría de las esferas sociales, gubernamentales y no gubernamentales, la paridad y la igualdad sustantiva están muy lejos de esos espacios.

En torno a la brecha salarial de género, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en México, la diferencia salarial general de las mujeres en comparación a los hombres es de entre 15% y 20% en promedio.

En el tenor de lo expuesto, información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el último trimestre del año 2014, 49.8 millones de personas trabajaban en México, de ellas 18.8 millones eran mujeres; es decir, sólo el 37% de la población. Esto refleja la desigualdad de oportunidades que hay para las mujeres, lo que puede ser influido por las dobles o triples jornadas de trabajo de las mujeres sin remuneración.

En este sentido, de acuerdo a datos de ONU Mujeres, en México, el valor económico del trabajo doméstico representa el 20% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, “los hombres contribuyen con 22.8%, mientras que las mujeres realizan el restante, 77.2%. Es decir, a diferencia del tiempo dedicado al trabajo para el mercado, donde los hombres duplican el tiempo promedio de las mujeres; en el trabajo no remunerado de los hogares las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones.”

En cuanto a espacios de representación política, un claro ejemplo es el Gabinete legal y ampliado del gobierno de la República, en donde existen 30 espacios de los cuales solo seis son ocupados por mujeres.

De igual forma, la Cámara de Diputados y Diputadas no se aleja de esa realidad desigual.

En la Secretaría General, de los cargos reconocidos como de mando superior o medio no hay ninguna mujer. Los centros de estudio son dirigidos por hombres, exceptuando al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG). En cuanto a la coordinaciones de los Grupos Parlamentarios, solamente existe una coordinadora, los otros siete espacios los ocupan los hombres. En cuanto a las presidencias de comisiones, de las 56 comisiones ordinarias únicamente 14 son presididas por mujeres, es decir que, aún y cuando el porcentaje de Diputadas es del 42.4%, solo el 25% de las comisiones son encabezada por mujeres.

Aunque existe información pública que le permite a la ciudadanía, conocer las cifras mencionadas anteriormente, hay muchos datos desconocidos a nivel de asesoría de grupos paralmentarios, asesoría de diputados y diputados, prestadores de servicios externos de este recinto legislativo, y no sólo sobre el número de hombres y mujeres, si no de la edad de esas personas, inclusión de las personas de la diversidad sexo-genérica, así como de los estudios y años de experiencia de quienes integramos este espacio.

La información puntual y desagregada podría sentar las bases de una política interior que garantizara la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados, y con ésta, poder ser ejemplo nacional e internacional de un esfuerzo y compromiso reales para garantizar la inclusión, equidad y paridad.

La desigualdad existente en el recinto legislativo de San Lázaro es reflejo de una realidad latente en el país; pese a los cambios en materia de igualdad y equidad de género, México aún tiene una sociedad machista y estereotipada, en donde para las mujeres, acceder a los espacios públicos aún es un gran problema de falta de oportunidades y de reconocimiento de capacidades y habilidades. Si para las mujeres es un problema acceder a un puesto de toma de decisiones y de representación pública, o de asistencia parlamentaria, para las personas jóvenes o las personas trans, acceder a un espacio laboral en la Cámara de Diputados podría representar un doble o triple esfuerzo, si es que existen las oportunidades reales.

En este sentido, una Auditoría Participativa de Género, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tanto como una herramienta como un mecanismo con una metodología participativa de promoción del aprendizaje institucional sobre cómo incorporar la perspectiva de género de forma práctica y eficaz en las esferas individual, de unidad de trabajo y del conjunto de la organización, podría aportar positiva e integralmente al trabajo de la Cámara de Diputados. Una evaluación sobre las prácticas internas y el aparato estructural de este recinto, orientada a la eficacia de la integración de las cuestiones de género y su seguimiento resultaría fundamental y de vanguardia para este órgano institucional puesto que al ser identificados los principales problemas y deficiencias, se plantearían formas de mejorarlos y reparar los daños, al mismo tiempo que se documentarían las buenas prácticas encaminadas a lograr la igualdad sustantiva.

Es hora de que en este espacio, transitemos del discurso a una realidad incluyente, equitativa, igualitaria y paritaria.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de este órgano legislativo para que, con base en sus atribuciones, emita los lineamientos y lleve a cabo las acciones necesarias con el objeto de que una institución especializada y reconocida en la materia practique la Auditoría Participativa de Género a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se analicen todas las actividades desde una perspectiva de género en este recinto legislativo, se determinen los aciertos y las deficiencias a la hora de promover la igualdad sustantiva y se realicen las recomendaciones conducentes para la solución de los problemas encontrados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de este recinto legislativo a hacer públicos los resultados de la Auditoría Participativa de Género a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Notas:

1 INEGI. “Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajador Doméstico”. Consultado el 4 de marzo de 2016 en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/domestico0.pdf

2 OIT. “¿Qué es una auditoría Participativa de Género?” Consultado el 4 de marzo de 2016 en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publicdgreports/gender/documents/publication/w cms_101029.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Soto. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Aprobado. Comuníquese.

A continuación se pide a la Secretaría dar lectura a los encabezados de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y consulte a la asamblea en votación económica si se aprueban.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo en materias de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se fomentan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma Ley Orgánica, este órgano de gobierno podrá promover la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

3. Que los coordinadores coincidimos en la necesidad de impulsar una agenda legislativa en la que confluyan las prioridades de cada grupo parlamentario en materias de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente, y responda a las necesidades de todos los mexicanos; y

4. Que en consecuencia, esta Junta de Coordinación Política estima conveniente la creación de un grupo de trabajo que, respetando las competencias legales y reglamentarias de las comisiones ordinarias, coadyuve en la construcción de acuerdos que faciliten el desahogo de los trabajos legislativos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda la creación del grupo de trabajo en materias de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente.

Segundo.El grupo tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar una agenda legislativa en la que confluyan las prioridades de cada grupo parlamentario en materias de educación, salud, desarrollo social y medio ambiente, sin menoscabo de las competencias que legalmente corresponden a las comisiones ordinarias.

Tercero.El grupo de trabajo estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario; la designación o sustitución podrá realizarse en cualquier momento a petición de su coordinador.

Cuarto.El grupo de trabajo podrá contar con un coordinador, designado por los propios integrantes, quien convocará y moderará las reuniones.

Quinto.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo en materia de transparencia y combate a la corrupción.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se promueven entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma Ley Orgánica, este órgano de gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

3. Que en nuestro país la democracia y el acceso a la información han evolucionado conjuntamente, de suerte que no podría consolidarse el Estado social y democrático de derecho al que aspiramos todos los mexicanos, sin un sólido y eficaz sistema de transparencia y rendición de cuentas que dé más poder a los ciudadanos;

4. Que el artículo 6o. de nuestra Constitución Política reconoce el acceso a la información como un derecho humano, señalando que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión;

5. Que el 7 de febrero de 2014, producto del trabajo responsable de todas las fuerzas políticas, así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia;

6. Que el 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,misma que sentó los principios, las bases generales y los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información;

7. Que como resultado de dichas reformas, el artículo quinto transitorio del decreto citado en el numeral 6 del presente acuerdo, estableció la obligación del Congreso de la Unión para expedir y armonizar las leyes correspondientes;

8. Que esta Junta de Coordinación Política considera que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer nuestra democracia, para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, y para fomentar la honestidad y la integridad en el servicio público;

9. Que en consecuencia, los coordinadores de los grupos parlamentarios estimamos conveniente la creación de un grupo de trabajo que, respetando las competencias legales y reglamentarias de las comisiones ordinarias, coadyuve en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el propósito de dar cumplimiento al artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, acuerda la creación del grupo de trabajo en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Segundo.El grupo tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de transparencia y combate a la corrupción, sin menoscabo de las competencias que legalmente corresponden a las comisiones ordinarias.

Tercero. El grupo de trabajo estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario; la designación o sustitución podrá realizarse en cualquier momento a petición de su coordinador.

Cuarto.El grupo de trabajo podrá contar con un coordinador, designado por los propios integrantes, quien convocará y moderará las reuniones.

Quinto.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo en materia de seguridad y justicia.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se promueven entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma Ley Orgánica, este órgano de gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

3. Que garantizar la seguridad de la sociedad e impartir justicia pronta y expedita son obligaciones irrenunciables de todo Estado democrático; por ello, debemos trabajar por un país en donde prevalezca la libertad, impere la ley y se respeten los derechos humanos;

4. Que a pesar de los avances que se han logrado en la materia, los coordinadores de los grupos parlamentarios coincidimos en la necesidad de dotar al Estado mexicano de un eficaz entramado jurídico que le permita llevar seguridad, justicia y paz a los hogares de las familias mexicanas;

5. Que en consecuencia, esta Junta de Coordinación Política estima conveniente la creación de un grupo de trabajo que, respetando las competencias legales y reglamentarias de las comisiones ordinarias, coadyuve en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de seguridad y justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda la creación del grupo de trabajo en materia de seguridad y justicia.

Segundo.El grupo tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de seguridad y justicia, sin menoscabo de las competencias que legalmente corresponden a las comisiones ordinarias.

Tercero.El grupo de trabajo estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario; la designación o sustitución podrá realizarse en cualquier momento a petición de su coordinador.

Cuarto.El grupo de trabajo podrá contar con un coordinador, designado por los propios integrantes, quien convocará y moderará las reuniones.

Quinto.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que incluya la detección, la atención y el tratamiento médico oportunos del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículo 33, numeral 1, y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya la detección, la atención y el tratamiento médico oportunos del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya a la Secretaría de Salud a crear de manera inmediata el número de atención 01 800 nacional y gratuito, que oriente y haga valer el derecho a la atención de las mujeres con algún tipo de urgencia obstétrica, sin distinguir su derechohabiencia. Asimismo, para que implemente los mecanismos de difusión entre la población en general, entre los servidores públicos de los diferentes establecimientos hospitalarios de la red de salud pública en el país y las entidades federativas, respecto de la citada línea de atención.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1, y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya a la Secretaría de Salud a crear de manera inmediata el número de atención 01 800 nacional y gratuito, que oriente y haga valer el derecho a la atención de las mujeres con algún tipo de urgencia obstétrica, sin distinguir su derechohabiencia. Asimismo, para que implemente los mecanismos de difusión entre la población en general, entre los servidores públicos de los diferentes establecimientos hospitalarios de la red de salud pública en el país y las entidades federativas, respecto de la citada línea de atención.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Consulte la Secretaría si se aprueban.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, aprobados por mayoría.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Aprobados. Comuníquense.

Adelante la Secretaría con la comunicación de la Cámara de Senadores.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores eligió a una secretaria de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Mesa Directiva

Secretaria: Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.(*)

EFEMÉRIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

“La mujer es un miembro activo y con plenos derechos, y a la vez parte importante para el desarrollo de los pueblos.”

Enunciado mediante el cual, en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, se formalizo, a través del acuerdo de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer”. Esto como memorial de la muerte de al menos 120 obreras de una fábrica textil, de la ciudad de Nueva York.

A fines del invierno de 1857, época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil. Eran víctimas de malas condiciones laborales, siendo expuestas a extenuantes jornadas de más de 12 horas, a cambio de salarios miserables, razón por la que decidieron manifestarse en las calles aledañas a la fábrica y reclamar por sus derechos.

Como método de represión, en contra de las trabajadoras de la “Textilera Cotton”, la policía abrió fuego causando la muerte de algunas de ellas, mientras que las demás murieron a causa del fuego provocado en las instalaciones de la fábrica.

Los Hechos de 1857 no fueron aislados, ya que un poco más de medio siglo después, en 1908, 15 mil obreras volvieron a marchar en las calles de Nueva York bajo la consigna de “ pan y rosas”, expresando así su demanda por un aumento de salario y mejores condiciones laborales y de vida. En marzo del siguiente año se repitió la historia de “la textilera cotton”, al ser calcinadas más de 140 mujeres en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas.

Fue finalmente en 1910, cuando la alemana Clara Zetkin, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, durante la Segunda Reunión Mundial de Mujeres Socialistas, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas.

El “Día de la Mujer” ha ido perdiendo su tinte obrero, convirtiéndose en un icono de lucha, mediante el cual se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. Al cual se han ido sumando los esfuerzos internacionales por el empoderamiento de la mujer y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, enriqueciendo y solidificando las grandes causas de la humanidad.

Nota:

1 Inmujer “Antecedentes, 8 de marzo.” Centro de documentación del Instituto Nacional de las Mujeres.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100723.pdf (último acceso: marzo de 2016).

Referencias Bibliográficas:

Dalton Palomo, Margarita. Mujeres: género e identidad en el Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca. México: Públicaciones de la Casa Chata, 2010.

INMUJER. «Antecedentes, 8 de Marzo.» Centro de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ documentos_download/100723.pdf (último acceso: marzo de 2016).

Pellini, Claudio. ORIGEN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO HISTORIA CAUSAS. noviembre de 2014. http://historiaybiografias.com/dia_mujer/ (último acceso: marzo de 2016).

Peña Nieto, Enrique. «Compromisos de Estados Miembros.México.» ONU Mujeres. septiembre de 2015.

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/ initiatives/stepitup/commitments-speeches/ mexico-stepitup-commitmentspeech-201509-es.pdf?v=1 &d=20150929T153127 (último acceso: marzo de 2016).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

“Nacerá una unión entre el hombre y la mujer mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente, pues poseen riquezas distintas”: Victoria Ocampo (escritora argentina).

Han pasado casi 100 años de este anhelo y aún no es realidad. Prueba de ello es que para 2016, ONU Mujeres ha elegido como tema “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, este 8 de marzo tiene una doble connotación: la celebración, por un lado, y el reconocimiento, por otro, de que aún falta mucho por hacer para alcanzar la paridad de género en nuestra sociedad.

Celebramos esta fecha porque al hacer un recorrido histórico desde aquel 1857, cuando 129 mujeres que trabajaban en fábricas textiles de la ciudad de Nueva York pidieron a sus patrones la reducción de la jornada de trabajo a diez horas e igualdad de condiciones laborales, recibieron como respuesta que éstos incendiaran la fábrica con ellas y sus hijos dentro.

Este trágico acontecimiento nos dio el color violeta como símbolo de la lucha de las mujeres y hoy sigue siendo la antorcha que alumbra a la humanidad para alcanzar una sociedad más igualitaria.

En México tenemos nuestros propios faros de luz, nuestras guías, las semillas que nos convierten en cosecha de ese espíritu libertario de las mujeres mexicanas.

En el Partido Verde todos los días reconocemos a las mujeres, pero en esta fecha queremos reconocer especialmente a quienes con su trabajo diario no solamente han marcado el camino a seguir hacia la emancipación de la mujer, sino que también han sido ejemplo de superación y de lucha incansable por conseguir una sociedad igualitaria.

El país ha sido tierra fértil para lograr acuerdos que doten a las mujeres de espacios para discutir, debatir y establecer objetivos claros en cuanto se refiere a alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Como botón de muestra está la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1975 en México, donde se estableció la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y se formó por primera vez una agenda universal de género.

En naciones de todo el mundo, al igual que en nuestro país, la lucha de las mujeres en contra de las distinciones, la marginación, la violencia y la igualdad ante la ley, constituyen páginas extraordinarias de lucha y movilización reflejadas en la organización de eventos orientados a difundir la importancia de la causas de las mujeres, ejemplo de ello es la celebración del Congreso Feminista de Yucatán en 1916.

Este 2016 estamos conmemorando un centenario de aquel Congreso en que las mujeres mexicanas señalaron públicamente su enérgica posición ante la desigualdad en materia política, siendo el derecho al voto de la mujer en el ámbito estatal y después a nivel nacional una de sus victorias más significativas.

Hoy, en la Carta Magna se establece que todas y todos somos iguales ante la Ley y contamos con los mismos derechos. Sin embargo, a pesar de los avances en cuanto a la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, aún queda camino por andar en cuanto al anhelo de contar con más mujeres gobernadoras y que algún día la Presidencia de la República sea ocupada por una mujer.

Sobre este punto, nuestra bancada expresa su más amplio reconocimiento a las compañeras diputadas de todos los partidos que con audacia, esfuerzo y talento participan cotidianamente en la actividad legislativa con el único propósito de servir con lealtad y sentido social a los mexicanos.

Pero este 8 de marzo, representa también una oportunidad para reflexionar en lo que nos falta por hacer para saldar la deuda que México tiene con sus mujeres, pues a pesar de muchos y muy valiosos esfuerzos, la situación de la mujer mexicana en cuanto respecta a las oportunidades laborales y al acceso a la educación, la salud y la justicia sigue sin ser del todo igualitaria.

Por lo anterior, el gobierno de la república, encabezado por el presidente Peña Nieto, ha mantenido su compromiso firme y decidido de dar a las mujeres mayores facilidades para alcanzar un desarrollo pleno, a través del otorgamiento de créditos para emprendedoras; del seguro para madres jefas de familia; y de una mayor inclusión de las mismas en la política de vivienda de interés social para que logren hacerse de un patrimonio.

Las y los legisladores del Partido Verde queremos ratificar este 8 de marzo, nuestro indeclinable compromiso de seguir luchando al lado de las mujeres de México y del mundo, para que más allá de las fronteras nacionales, de diferencias étnicas, lingüísticas, económicas y políticas, las mujeres de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los continentes seamos respetadas, valoradas y tratadas con igualdad no sólo ante la Ley sino en todas las expresiones de la vida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

IGUALDAD SUSTANTIVA, ASIGNATURA PENDIENTE

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Igualdad Sustantiva, Asignatura Pendiente, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 8 de marzo como desde hace 111 años, las mujeres exigen, luchan, desean y aspiran a ser ciudadanas con derechos plenos. Este es un día para recordar la lucha en pro de la igualdad, es para reflexionar acerca de las condiciones de discriminación que aún persisten y de las alternativas para conquistar un mundo más igualitario en donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo.

El 8 de marzo es para recordarnos un anhelo elemental que hoy nos parece indiscutible, y a veces hasta parece chocante y exagerado pero que aún no se logra, y es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Tanto en la vida pública como en la privada, podemos ver la persistencia de la discriminación de género. Para justificar esas desigualdades, se ha dicho que las mujeres realizamos las labores domésticas porque nos corresponden, porque esas tareas las hacemos mejor, que las realizamos por amor a los hijos, para estar cerca de ellos y poder educarlos bien, que somos más sensibles y que por ello lo hacemos mejor.

¿Se han preguntado por qué el trabajo doméstico no tiene el mismo reconocimiento social y las mismas prestaciones sociales que otras actividades consideradas “productivas”? sobre todo, cuando el trabajo doméstico como lavar, planchar, hacer la comida, cuidar los hijos es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Además, a las mujeres se nos responsabiliza del “cuidado” de la familia, como si fuéramos las únicas responsables, ya que cuando se dice que hay “pérdida de valores” ¿que acaso la sociedad en su conjunto no es responsable de promover valores como la justicia, la equidad, la no violencia y el respeto? De seguro hay mejores y más educativas formas de convivir con los hijos que lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar, vivir violencia en el hogar y en la calle.

Hoy los hombres son reconocidos como “chefs” y las mujeres siguen siendo cocineras, ellos pueden nombrarse “sastres” mientras que las mujeres siguen siendo “costureras”, el lenguaje hace la diferencia. Y qué acaso el hombre no se afana en demostrar que es “apto” para el manejo de las máquinas? Entonces ¿por qué muestra incapacidad en el manejo de las máquinas domésticas como la plancha, la lavadora, la secadora, la estufa...?

El 8 de marzo fue proclamado como un día para el reconocimiento de la lucha por la igualdad y para incentivar mejoras en beneficio de las mujeres. Y como cualquier otro movimiento social libertario, los logros y mejoras en beneficio de las mujeres se han conquistado gracias a años de lucha y de sacrificio del movimiento de mujeres, sacrificio que ha costado vidas, encarcelamientos, represiones y burlas. Como dice la filósofa Amelia Valcárcel, los derechos de las mujeres no son un regalo, sino una conquista. Los frutos y avances de los que hoy gozamos, son el esfuerzo de generaciones pasadas y presentes que lucharon y luchan por mejorar su condición social y por aspirar a ser tratadas como sujetas de derecho.

Este día no recuerda historias color de rosa, ni del regalo de una flor, no fue, ni ha sido un proceso alfombrado, exento de riesgos y de esfuerzos. Es la historia de una lucha, de un movimiento social y político que tuvo que enfrentar y vencer numerosos obstáculos antes de hacer valer un derecho que hoy nos parece elemental y obvio, gracias precisamente al trabajo de esas luchadoras que lo volvieron “natural y normal”.

En el mundo y en México no fue la excepción, pasaron más de 40 años para que se nos reconocieran los derechos políticos. Para obtener el derecho al sufragio fue necesario la organización y lucha de las mujeres, crear frentes y convocar a congresos nacionales, como el Frente Único Pro derechos de las Mujeres quienes realizaron una huelga de hambre frente a Los Pinos para exigir los derechos políticos para las mujeres. Como parte de esa movilización de mujeres, surgen en México centros de estudio de género en las universidades, se publican libros, revistas y suplementos en diarios nacionales y se impulsa la creación de unidades y comisiones antes de género, hoy de igualdad en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Estamos aquí producto de esta nueva cultura, sin embargo, en muchas ocasiones se está pervirtiendo este discurso de la igualdad, porque nuevamente quieren traer al debate que los problemas sociales son porque las mujeres hay “descuidado” a la familia. Este es un falso debate, porque entonces habría que preguntarnos ¿en dónde están los hombres y cuáles valores promueven? ¿Qué hacen esos hombres para fortalecer los lazos familiares? sobre todo en una sociedad que carece de la participación activa de ellos en el afecto, cuidado y trato con los y las hijas. Considero que estos grados de violencia exacerbada, también están vinculados a una crisis de la masculinidad, es decir, cada vez ser “más” hombres, es ser más violento.

Hoy queremos que se respeten nuestros derechos como ciudadanas plenas, que se reformen las leyes y códigos que nos discriminan, que cambie la cultura que dice que las mujeres valemos menos que los hombres, que la maternidad sea una opción y no una obligación social, que la sexualidad sea placentera y sin culpa, que la violencia de género se castigue, aspiramos a la paternidad responsable, al destierro del hostigamiento sexual como condición para acceder y ascender en el empleo, que se castigue el acoso callejero, que los partidos respeten que tenemos derecho a ser electas.

Debo reconocer que tenemos logros, les invito a reflexionar sobre los efectos dañinos de la discriminación. Les conmino a acompañarnos en esta tarea, se declaren feministas o no, porque la igualdad entre mujeres y hombres es tarea de todas y todos. Un país democrático es aquel que disminuye las brechas de la desigualdad entre mujeres y hombres.

Aspiramos a la igualdad como seres humanos y a la equidad como un reconocimiento a nuestras diferencias. Hoy, como otros días del año, no queremos que nos feliciten por ser mujeres, queremos que se reconozcan nuestros derechos. Lo que se ha conseguido, y seguramente lo que se conseguirá mañana, sólo será posible con la participación y el esfuerzo de las mujeres y de hombres comprometidos, tenemos derecho a la mitad del cielo y la experiencia indica que para acceder a él, tendremos que conquistarlo con mucho esfuerzo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En septiembre de 2015, 212 mujeres -que representa el 42.5 por ciento del total de legisladores- constituimos junto con 288 hombres la LXIII Legislatura, cifra inédita que se acerca un poco más, a la paridad en la Cámara Baja, pero que dista en calidad y cantidad de acercarse si quiera a la igualdad, y por mucho a la transversalidad del enfoque de género en nuestra labor legislativa.

En el pasado proceso electoral fue aplicado por vez primera vez el principio de paridad constitucional en el registro de candidaturas para cargos de elección popular, sin embargo, aún así, la paridad no ha sido alcanzada, y el desafío es mucho mayor en el ámbito municipal, pues sólo a través de las resoluciones de los Tribunales Electorales, es que muchas mujeres han accedido a la paridad vertical y horizontal.

“Hasta hoy, 187 países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Las aportaciones que este instrumento internacional ha hecho a los países de la región han sido fundamentales. No obstante, como establece la propia CEDAW, no basta con la igualdad formal o de derecho; no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los Estados están obligados a poner todos los medios a su alcance para alcanzar en los hechos la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Las políticas en favor de la igualdad de género son fundamentales para alcanzar este fin. Sin embargo, para ser efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas temporales y de acciones afirmativas para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres.”

Hoy parece un día propicio, no para festejar o conmemorar y vestirnos de morado o de rosa y dar moñitos a nuestros compañeros diputados, sin embargo es urgente preguntarnos: ¿hemos puesto al alcance de todas y de todos, los medios para alcanzar la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva? ¿Qué hemos hecho para eliminar las desigualdades, la discriminación y la violencia contra las mujeres?, ¿qué estamos haciendo como sociedad para inculcar esos urgentes cambios culturales en las nuevas generaciones que promuevan la igualdad? ¿Cómo es que estamos incorporando a los hombres en esta tarea que no sólo es asunto de mujeres, sino un asunto que incluso determina la calidad de la democracia en la que vivimos?

La respuesta a mis preguntas no es alentadora, las cifras no mienten, en el documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres “Mujeres y hombres en México 2014”, se observa que las mujeres se incorporan en menor proporción al mercado laboral que los hombres. De entre las mujeres de 15 años y más, 43.3 por ciento realizaron una actividad económica o buscaron trabajo, en contraste con 78.2 por ciento de los hombres del mismo grupo de edad (ENOE, 2014-II T). Es más común entre los hombres ser empleadores que entre las mujeres, y con mayor frecuencia éstas se ocupan sin recibir ningún tipo de pago.

Poco más de la mitad de las personas que ganan hasta un salario mínimo son mujeres, pero el porcentaje de mujeres entre las personas que perciben más de 5 salarios mínimos es tan sólo 29.2 por ciento.

Descontando el tiempo dedicado a cuidados personales, las mujeres dedican 47.7 por ciento de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican 17.0 por ciento.

En 2014, el 35.2 por ciento de los puestos directivos de la administración pública en el país eran ocupados por mujeres.

27.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años reportaron en 2011 haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. El tipo de violencia que reportaron fue: emocional 84.3 por ciento, económica 44.2 por ciento, física 17.9 por ciento, y sexual 8.6 por ciento.

Actualmente, en el mundo, las mujeres constituyen el 21.9 por ciento de los miembros en los parlamentos (http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, 2014).

En la región latinoamericana el promedio de mujeres en los parlamentos es de 22.8 por ciento en la Cámara Baja y 24.7 por ciento en la Cámara Alta, constituyendo el promedio más alto en el ámbito internacional. Es destacable que en la Cámara Baja países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua se ubiquen por encima de 35 por ciento de mujeres, en tanto Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay no lleguen al 20 por ciento. En la Cámara Alta solo Bolivia, Argentina y México tienen más de 30 por ciento de senadoras, mientras que el resto de los países que integran esta región se ubican con 20 por ciento o menos, en este espacio legislativo.

Sé que desde donde estamos hoy y con la voluntad política de todos y todas, tendremos que seguir insistiendo con un proceso de armonización legislativa para cumplir los compromisos internacionales asumidos, como la ya mencionada CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y terminar de una vez por todas con el agravio comparado que discrimina a miles de mujeres.

Hoy es un día para reivindicar lo que hemos hecho para construir este país, esta sociedad, nuestras instituciones. El México moderno no se entendería jamás sin el empuje de las mujeres en los cambios estructurales y profundos del país. El poder incluso, no se entendería sin los empujes y esfuerzos de millones de mujeres que día a día encabezan cientos de causas y luchas sociales, que apoyan y protagonizan y organizan grupos que, sin duda brindan apoyos y a quienes buscan el poder, y que son las primeras en exigir a las autoridades que se cumplan con los compromisos, que se generen cambios positivos.

El Día de la Mujer, debe ser uno en el que reflexionemos, en el que pongamos sobre la mesa, que la lucha por la igualdad, ha nacido de nosotras, no por gusto, sino porque se nos ha orillado a transformar el mundo desde hace un siglo.

Es por eso que hoy hago énfasis, de los pendientes, de los obstáculos, de las resistencias, pero sobre todo de que somos un grupo mayoritario que es constante y permanentemente discriminado, no sólo por ser mujeres, sino por estar embarazadas, por ser madres, por nuestro color de piel, por nuestro ingreso, por miles de variables que reflejan que somos hasta doble o triplemente discriminadas. No olvidemos que se nos ha destinado día a día a llevar dobles o triples jornadas, que eso nos ha dejado por siglos fuera de una competencia en igualdad, y que no debe poner en tela de juicio nunca nuestras capacidades.

Hoy, me gustaría sentarme a debatir sobre eso, y rendir cuentas a todos y a todas; nosotras ya estamos aquí, es nuestro deber avanzar en estas tareas.

Sin embargo, prefiero compartir lo siguiente con Ustedes. No espero, recibir felicitaciones o flores en este Día Internacional de la Mujer, prefiero como regalo, una conciencia feminista, porque si eres mujer y puedes votar y ser votada, fue gracias a las luchas de millones de feministas que nos lo regalaron, porque si recibes un salario igual al de un hombre por hacer el mismo trabajo, ese también fue su regalo (de nosotras); porque si fuiste a la Universidad en lugar de dejar los estudios después del Bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar pues “tú de todos modos simplemente vas a casarte”, agradéceselo a una feminista.

Porque si ahora puedes esperar vivir hasta los 80 años en vez de morir entre los 20 y 30 a causa de embarazos ilimitados, agradéceselo a una feminista. Porque si hoy desde esta tribuna puedo representar a las y los ciudadanos y hacer escuchar su voz y sus demandas, fue gracias a las miles de feministas que me antecedieron y a las que hoy agradezco y brindo mis respetos.

Nota:

1 “La Participación Política de las Mujeres en México. A 60 años del Reconocimiento del derecho al voto femenino”. ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres; PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México; IDEA Internacional Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día Internacional de la Mujer nace a raíz de un periodo que comprendió varios sucesos a nivel mundial donde las mujeres reclamaban más y más sus derechos. Finalmente este día se oficializa en el año de 1977 con el nombramiento por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tristemente este no es un día de júbilo. El mundo no es un lugar amigable para las mujeres. La discriminación y la violencia que sufren no conocen fronteras, color ni clase social. Ser mujer es por sí mismo una desventaja en un mundo que sigue sin lograr la equidad de género.

Cualquiera pensaría que hemos evolucionado, que aquel incendio en una fábrica de Nueva York en 1911 el cual acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la mayoría, mujeres y el cual fue uno de los detonantes para la lucha de igualdad, nos habría abierto los ojos, nos habría empujado a celebrar este día y no a recordar todo lo que aún hace falta.

El problema va más allá de nuestras fronteras y aunque la forma y el fondo de los problemas que enfrentan las mujeres a nivel mundial pueden ser diferentes, la realidad es que la mujer sufre de violencia tipo física, psicológica, emocional, sexual y económica todos los días.

México no es la excepción a la violencia y con profunda tristeza el término “feminicidio” es ahora parte de nuestro lenguaje.

El feminicidio se define como el conjunto de hechos violentos y misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida y tristemente culmina en la muerte violenta de algunas mujeres 4.

En nuestro país, el estado de México fue el primer territorio en declarar en 11 de sus municipios una alerta de género debido al número elevado de mujeres asesinadas y torturadas 5. Sin embargo la violencia sistemática contra las mujeres 6continúa reportándose, tal es el caso que municipios de Jalisco y Morelos también cuentan con esta alerta.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) según la definición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia.

La alerta de género por primera vez se aplica en México para hacer frente a la cantidad de feminicidios. El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, una de las organizaciones de derechos humanos solicitantes de esta medida, presentó un plan de cinco puntos urgentes para aplicarse, los cuales consisten en:

Emitir un mensaje de alerta para que las mujeres sepan que hay una alerta de violencia de género; esto, acompañado de una campaña sobre zonas y situaciones de riesgo.

Conformación de grupos especializados en investigación de feminicidios con fiscales y policías, así como una unidad de análisis que identifique las posibles víctimas y zonas de riesgo donde debe reforzarse la seguridad.

Generar un procedimiento y acciones inmediatas para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y que las zonas donde ocurren los casos sean intervenidas.

Reforzar la seguridad y vigilancia, informar a los habitantes cuáles son las zonas de riesgo y modus operandide quienes ejercen la violencia de género.

Rendir informes sobre los mecanismos de la alerta de género, indicando qué estrategias se han implementado, qué casos se están investigando, cuál ha sido la atención a víctimas, y las medidas y sanciones que se han tomado.

Esta serie de acciones deberían garantizar la seguridad de nuestras mujeres y erradicar la violencia de género en el territorio, sin embargo el emitir esta alerta no resulta fácil, de hecho si nos vamos a la raíz del problema podemos mencionar que en 17 estados de nuestro país se vuelve imposible acreditar el feminicidio en el código penal, acción que resulta primordial para reconocer y ejercer acciones frente a este problema.

Compañeros, bien lo expresó María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio: “Si la autoridad minimiza, entonces ya es un problema grave”, y nosotros estamos minimizando.

Trabajemos para que la declaratoria de alerta de violencia de género esté acompañada de las estrategias que aseguren su efectividad y no siga siendo un mecanismo de protección lento, donde ni siquiera hay un plazo o compromiso concreto para lograr resultados.

Permitamos que las peticiones de declaratorias de alerta de género caminen de forma puntal, que se reconozca la problemática y que se dé apertura para una solución, no para bloquear estrategias que sólo buscan ayudar.

Aprobemos la inclusión en el Código Penal la figura del crimen de feminicidio, con el propósito de convertir los asesinatos machistas en un delito formal.

Aunado a esto construyamos un sistema de estadística fiable que permita conocer con exactitud el número de feminicidios cometidos, recordemos que lo que no se mide no existe.

Finalmente eduquemos a nuestra población, seamos efectivos en la creación e implementación de políticas de género, seamos reactivos a cualquier indicio de brote de violencia y no esperemos tener el día internacional del feminicidio para empezar a hablar más de ello y de cómo resolverlo.

Esto está en todo México y es una realidad en la cual el día de mañana podría ser víctima de ello su hija o la mía.

¡Ni una menos!

Notas:

1 http://www.economiahoy.mx/economiahoy/opinion/noticias/ 6536928/03/15/Por-que-se-celebra-el-8-de-marzo-el-Dia-de-la-Mujer.html

2 http://www.excelsior.com.mx/global/2013/03/08/887960

3 http://www.yabastadeviolencia.com/home/tipos-de-violencia

4 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/ eventos/reu_esp/doctos/P_Lopez.ppt

5 https://proyectocuerpodemujerpeligrodemuerte.wordpress.com/2013/07/05/mapa-del- feminicidio-en-america-latina-2013/

6 http://observatoriofeminicidio.blogspot.mx/

7 http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Informes_y_convocatorias_de_AVGM

8 http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/29/que-medidas-se-aplicaran-en-el-edomex -con-la-alerta-de-genero

9 http://www.milenio.com/firmas/frank_lozano/hora-alerta-genero_18_679912069.html

10 http://www.jornada.unam.mx/2015/10/26/politica/008n1pol

11 http://www.actitudfem.com/entorno/genero/mujeres/el-feminicidio-en-el-mundo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres(a las 17:03 horas): De enterado.Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 10 de marzo de 2016 a las 11 horas.

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