Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:35 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de marzo de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Karen Orney Ramírez Peralta, Sergio López Sánchez, Araceli Damián González, Mariano Lara Salazar, Verónica Delgadillo García, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, María Del Rocío Rebollo Mendoza, Evelio Plata Inzunza y Delia Guerrero Coronado

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Jalisco

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por los que se exhorta a las Legislaturas Locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia.

De las Secretarías de Protección Civil de los Gobiernos de los Estados de Campeche y de Veracruz

Con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas actualicen sus atlas de riesgos.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 210, 212 y 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “José Vasconcelos Calderón”, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto, por el que se declara el 27 de enero como el “Día Nacional del Defensor Ambiental”, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 125, 127 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 5o. y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto, por el que se inscribe el apotegma “La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia”, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales, en materia de desindexación del salario mínimo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 14 y 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 66 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 5o. y 16 y adiciona el artículo 41 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 8o. y 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 7o. y 13 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Federal del Proceso para Sancionar Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, suscrita por los diputados Minerva Hernández Ramos y Guadalupe Acosta Naranjo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 107 Bis y adiciona un artículo 265 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 64 y 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Gerardo Federico Salas Díaz, Luis Agustín Rodríguez Torres y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables.

De decreto, por el que se declara al 18 de noviembre como el “Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas”, suscrita por los diputados Jorge Enrique Dávila Flores y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y César Octavio Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictámenes a discusión de ley o decreto

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10-Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, a considerar la reclasificación de la tarifa eléctrica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía, a fin de implementar campañas para incrementar el consumo de la leche líquida de origen mexicano, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a implementar conjuntamente con sus homólogas en los estados, un Programa de Deschatarrización en todas las escuelas públicas del país, a fin de liberar a los planteles de mobiliario en desuso, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Protección Civil y a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la conagua, a fin de generar un plan de rescate integral de las barrancas en la Demarcación Álvaro Obregón, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEP, se atienda la falta de infraestructura para niñas y niños con discapacidad en las escuelas públicas del país, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, a fin de instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, de la Zona Metropolitana de Ocotlán, en esa entidad, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a la Semar, a la SCT y a la Sagarpa, a fin de modificar el Acuerdo Secretarial no. 117, mediante el cual se establecen medidas de seguridad en la Sonda de Campeche, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que difunda los instrumentos y mecanismos mediante los cuales serán continuadas las acciones del Programa Integral Frontera Sur, para atender el fenómeno migratorio, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa su reconocimiento a la Semarnat, con motivo de la publicación en el DOF del Acuerdo por el que se establece el nombre de Bahía de Akumal, al área de refugio para la protección de las especies en el estado de Quintana Roo, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales y a la ALDF, a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos y plazas comerciales, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, y al SAT, para que implementen las acciones necesarias para que el funcionamiento de las aduanas ubicadas en la frontera norte del país, sean más eficientes, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de paneles fotovoltaicos en las áreas de estacionamientos exteriores de esta Soberanía, como fuente de energía renovable y limpia, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a revisar las acciones de protección consular en beneficio de mexicanos sujetos a procesos en el exterior, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de recursos humanos y materiales para la clínica ubicada en el municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de disponer mecanismos de consulta pública directa y otros orientados a mejorar las condiciones de transparencia, en materia de trasplantes, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2016, se contemplen las disposiciones necesarias para que las entidades federativas garanticen la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas y consideren mecanismos para su integración en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, para que instruya a su Delegación en el estado de Guerrero, a realizar operativos para prevenir y en su caso, sancionar aumentos no autorizados en el precio de la tortilla, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de promover e implementar políticas de protección de niños migrantes, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la ALDF, a fin de eliminar del Código Penal para el Distrito Federal, el Capítulo V, del Artículo 287, relativo a los ultrajes a la autoridad, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que con la participación de los tres niveles de gobierno, se garantice la implementación de medidas sanitarias y de protección civil, para prevenir y atender el brote epidemiológico de influenza, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a realizar las acciones conducentes para hacer efectivo el derecho a la salud y se puedan elaborar medicamentos a base de marihuana para la atención del Síndrome de Lennox – Gastaut (LGS), a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de destituir al Director General del Servicio de Transportes Eléctricos, por diversas deficiencias en el desempeño del cargo, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a la Caem y a Sapase, para que de forma conjunta hagan las acciones pertinentes para solucionar el desabasto de agua potable en el municipio de Ecatepec, Estado de México, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, para que emprenda acciones que permitan una adecuada coordinación con la Federación Internacional de Natación y el Comité Olímpico Mexicano, a fin de garantizar la participación de los deportistas nacionales en los próximos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Río de Janeiro, Brasil, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que se conduzca con respeto y estricto apego a sus funciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que implemente las medidas necesarias para reducir las emisiones contaminantes, suscrito por los diputados Ariadna Montiel Reyes y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, para que entregue los recursos financieros federales, asignados a la Universidad Veracruzana, suscrito por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, para que conformen un frente común integral para la profesionalización del personal que da atención educativa a niños con padecimiento de Autismo, en las escuelas públicas y privadas del país, suscrito por las diputadas Mariana Trejo Flores y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, a la Secretaría de Economía, a la Conagua y a la Profepa, para que implementen las medidas necesarias que reestablezcan el caudal del Río Atoyac, en el estado de Veracruz, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, para que considere la inclusión de Chapala, Jalisco, dentro del Programa Nacional de Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, para que difundan las bases jurídicas que emplearon en las resoluciones de las huelgas que estallaron en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en la Universidad de Michoacán y en la empresa minera Arcelor Mittal, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al traslado de José Manuel Mireles Valverde, del Cefereso número 11, con sede en Hermosillo, Sonora, al Cereso “David Franco Rodríguez”, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a las declaraciones xenofóbicas y discriminatorias en contra de los mexicanos, por parte del Precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga el caso del asesinato del Doctor Venancio Queuopumil Cabrera, ocurrido en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Despierten ya, mexicanos.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura. en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta minutos del martes ocho de marzo de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional; y Delfina Gómez Álvarez, de Morena, y quien solicita a la Presidencia un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Erick Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintisiete de octubre de dos mil quince.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento ocho, y ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el cinco de noviembre de dos mil quince.

• Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de las Comisiones de Cooperativo y Economía Social, y de Asuntos Indígenas, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas leyes en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el diez de noviembre de dos mil quince.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada el diecinueve de noviembre de dos mil quince.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento catorce de la Ley General de Salud, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con las que remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por la que se solicita establecer mecanismos con otras dependencias de la Administración Pública Federal, que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de LICONSA. Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

• Por la que se solicita ejecutar políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se solicita fortalecer la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se solicita informar a la población en general, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los Defectos del Tubo Neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad; así como brindar apoyo a las personas con este padecimiento y sus familias. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se solicita esa dependencia ejecutar una Campaña Nacional contra la Desnutrición Infantil en los pacientes de bajo peso. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se exhorta a esa dependencia y al Gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue hemorrágico transmitido por vector, en dicha entidad federativa. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se solicita ejecutar acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por la que se exhorta a esa dependencia a fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres, se difundan los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

c) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incorporar en las políticas y programas económicos y agrícolas, la perspectiva de género. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

d) Del Gobierno del estado de Coahuila, con la remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

e) De la Subsecretaría del Transporte del estado de Hidalgo, y de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del estado de Sonora, con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de movilidad. Se remiten a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

f) Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del estado de Baja California, y de Jalisco, con las que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes. Se remiten a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

g) De la Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los atlas de riesgos y su actualización. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

h) Del Banco de México, con la que remite el informe por el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de dos mil quince, así como la ejecución de la política monetaria, y las actividades del Banco de México, en el contexto de la situación económica nacional e internacional. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

i) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

• Con la que remite el Informe de Resultados de la Gestión dos mil quince del Órgano Interno de Control del Instituto, por el que se informan las actividades y resultados alcanzados en el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

• Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral de actividades correspondiente al año dos mil quince. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

j) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma la fracción quinta del artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se reforma y adiciona el artículo ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre.

Se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

A solicitud de la diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena, el Presidente invita a la Asamblea a ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Acto seguido el Presidente dirige unas palabras a la Asamblea con motivo al Día Internacional de la Mujer.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

El siguiente punto del Orden del Día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se concede el uso de la palabra a las diputadas: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano; Delfina Gómez Álvarez, de Morena; María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional; y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiocho de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ochenta y nueve, ciento quince, ciento dieciséis, y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

A las trece horas con veintidós minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que adiciona un Capítulo Noveno al Libro Segundo, Título Octavo del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento tres, y ciento cinco, y deroga el artículo ciento siete Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jorgina Gaxiola Lezema, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Desarrollo Metropolitano, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo y séptimo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma los artículos veintitrés, y veintiséis de la Ley de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo cincuenta y uno de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, y suscrita por la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Lia Limón García, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos treinta y uno de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ciento treinta y nueve, y ciento cincuenta y cuatro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Justicia, para dictamen.

• Sandra Luz Falcón Venegas, y suscrita por diversos diputados integrantes de Morena, que reforma el artículo diecinueve de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “Rosario Castellanos Figueroa”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, que reforma los artículos tercero, cuarto, y trece de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

b) De Igualdad de Género, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

c) De Salud:

• Por el que se adiciona una fracción sexta al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud.

• Por el que se adiciona un artículo diez-Bis a la Ley General de Salud.

• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo doscientos ochenta de la Ley General de Salud.

• Por el que se reforma el artículo doscientos sesenta y ocho Bis-Uno de la Ley General de Salud.

d) De Fomento Cooperativo y Economía Social, con por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

e) De Deporte, por el que se reforman los artículos diecinueve, y treinta de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

f) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se concede el uso de la palabra a la diputada Edith Villa Trujillo, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas: Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; Angie Denisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano; Blandina Ramos Ramírez, de Morena; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Katia Berenice Burguete Zúñiga, del Partido Acción Nacional; y Lilian Zepahua García, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro la diputada María Elena Orante López, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dieciocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Norma Rocío Nahle García, de Morena; Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; Genoveva Huerta Villegas, del Partido Acción Nacional; y Sofía del Sagrario de León Maza, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de juntas directivas y de integrantes de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Para presentarlas se concede el uso de la palabra a las diputadas:

• Silvia Rivera Carbajal, a nombre propio y de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de los libros de texto gratuitos, así como a implementar mecanismos e indicadores de seguimiento para evaluar sus contenidos, así como capacitar a las y los docentes de educación básica en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente. En votación económica se considera de urgente resolución, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

• Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría de Salud y del IMSS, se lleven a cabo programas y acciones que permitan a las trabajadoras domésticas tener acceso real a los servicios y prestaciones de seguridad social y salud. En votación económica se considera de urgente resolución, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de esta Soberanía a fin de que una institución especializada realice una auditoría participativa de género al interior de la Cámara de Diputados, a fin de instrumentar medidas para solucionar los problemas que deriven de la misma. En votación económica se considera de urgente resolución, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los encabezados de los siguientes acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se crea un Grupo de Trabajo en materias de Educación, Salud, Desarrollo Social, y Medio Ambiente.

• Por el que se crea un Grupo de Trabajo en materia de Seguridad y Justicia.

• Por el que se crea un Grupo de Trabajo en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que incluya la detección, la atención y el tratamiento médico oportunos del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Salud a crear de manera inmediata el número de atención cero uno ochocientos nacional y gratuito, que oriente y haga valer el derecho a la atención de las mujeres con algún tipo de urgencia obstétrica, sin distinguir su derechohabiencia. Asimismo, para que implemente los mecanismos de difusión entre la población en general, entre los servidores públicos de los diferentes establecimientos hospitalarios de la red de salud pública en el país y las entidades federativas, respecto de la citada línea de atención.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la designación de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, como secretaria de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la sexagésima tercera Legislatura. De enterado.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, que reforma el artículo veintisiete de la Ley Federal de Archivos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de considerar la reclasificación de tarifas eléctricas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, en el estado de San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila, para que integre más mujeres dentro de su gabinete. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Veracruz, y a la Procuraduría General de la República, a fin de implementar medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine la investigación científica que se realiza derivado de la fractura geológica que formó un cráter en el Río Atoyac. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, incrementen y realicen campañas de publicidad, para promover una mayor cultura de donación de sangre. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que difunda las acciones que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, intensificar las medidas para combatir, sancionar y erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a fin de armonizar su legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de las personas y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía del estado de Puebla, a fin de implementar las medidas necesarias para investigar, prevenir y castigar los feminicidios que ocurren en la entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incluya la atención de la enfermedad del Cáncer Epitelial de Ovario, en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, y al Gobierno del estado de Veracruz, a proponer medidas de atención ante el incremento de la epidemia de enfermos renales crónicos por la contaminación de los mantos freáticos del municipio de Tierra Blanca, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a cumplir la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como lo estipulado en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de restructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ramón Bañales Arambula, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suspender las obras de reubicación de la Plaza de Cobro La Joya, de la Autopista Zapotlanejo-Guadalajara. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Eloisa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional, para que las comisiones dictaminen en los plazos establecidos las iniciativas enviadas por las legislaturas locales. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Gastos Fiscales. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Mariana Trejo Flores y Modesta Fuentes Alonso, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Cultura, a la Procuraduría General de la República, y al Ejecutivo del estado de Nayarit, a fin de esclarecer y sancionar el atentado contra el Patrimonio Religioso-Cultural de la Isla del Rey en San Blas, Nayarit. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional, a fin de realizar una depuración de padrones. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, y a la Administración General de Aduanas, para que se tomen las medidas necesarias que regulen la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de América, y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en las entidades federativas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que integre y difunda el Padrón Nacional de la Microindustria, en los términos que lo ordena el artículo veinte de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para que, se acuerde la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se evite la huelga a la que está emplazado dicho Instituto. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de la Dirección de Caminos y Aeropistas del estado, se dé mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera de esa entidad. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la integración del Comité del Centro de Estudios para el para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Sexagésima Tercera Legislatura. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se condena el asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, el dos de marzo en Tegucigalpa, Honduras. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, relativo al asesinato de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Efrain Arellano Nuñez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a fin de revisar que los contratos de arrendamiento que tiene actualmente, cumplan con los requisitos de Ley y presenten las mejores condiciones económicas para el Estado Mexicano. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Yucatán y Quintana Roo, a fin de reconocer y difundir el número de feminicidios registrados durante los años dos mil quince y el actual, y se declare la alerta de género para disminuir este problema. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, y al Gobernador del estado de Nuevo León, a dar atención y seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares derivadas de lo suscitado en el Penal de Topo Chico, Monterrey, y otros penales. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que difunda las concesiones mineras vigentes. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a fin de cancelar la construcción del acueducto “Monterrey VI”. Se turna a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda las medidas que se están tomando para dar solución al desabasto de vacunas en el país y las acciones para proteger a la población infantil. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, al jefe de gobierno y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que difundan las condiciones actuales de la construcción de pozos de extracción de agua en la demarcación de Tláhuac. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Diputadas integrantes de Morena, relativo al alza de feminicidios en México. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice las acciones necesarias ante el Estado Hondureño para proteger y garantizar la vida del activista Gustavo Castro Soto, así como agilice los trámites que le permitan regresar cuanto antes a México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, por el que se exhorta a los congresos estatales, para que adecuen sus legislaciones a favor del matrimonio del mismo sexo. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves diez de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con tres minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, le solicito a usted sea retirado el registro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2016.— Diputada Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito, Sergio López Sánchez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente se sirva de instruir, a quien corresponda, que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que presenté el 6 de octubre de 2015 y que fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Sin más, por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada el pasado 8 de octubre de 2015 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado Mariano Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a esa Mesa Directiva sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal y de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados la cual presenté el 1 de diciembre de 2015, y que fue turnada a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2016.— Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, me permito informarle que el día 1 de diciembre de 2015 presenté iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía e Igualdad de Género.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con finalidad de dotar con mayores elementos a la mencionada iniciativa, solicito de la manera más atenta sea retirada.

Sin otro asunto en lo particular, agradezco su amable atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito respetuosamente el retiro de la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial; inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la sesión correspondiente al 1o. de diciembre de 2015.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y en mi calidad de promovente, le solicito de la manera más atenta sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5-A de la Ley del Seguro Social, lo anterior a efectos de realizar algunas modificación a la iniciativa en comento.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atención.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Evelio Plata Insunza (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y en mi calidad de promovente le solicito de la manera más atenta que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 64, fracción II, y 130 de la Ley del Seguro Social, a efecto de realizar algunas modificaciones a la iniciativa en comento.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atención.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, perdón, antes de que continúe, secretaria, sonido en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Gracias, presidente. Para mencionar nuestra preocupación y rechazo a lo que hace unos días pasó en el estado de Chiapas. Hace unos días en el norte del estado hubo un enfrentamiento entre militares y pobladores de una comunidad indígena.

Manifestamos nuestro total rechazo ante la militarización que está viviendo el estado de Chiapas y que se está dando sobre todo en lugares en donde la gente está siendo despojada de su tierra. No estamos de acuerdo con que se intimide y se siga persiguiendo a la gente que está defendiendo su territorio.

Eso sería todo, presidente. Seguimos manifestando esto, y pedimos y exigimos que se atienda pronto este caso. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan registradas sus expresiones, diputado Rafael Santiago. Continúe la Secretaría.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-4-266 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/554/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita llevar a cabo las acciones necesarias para implantar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2590/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud del país.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-1054-2016 y anexo, suscrito por la doctora Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/246/20 16, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud en el país.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2016.— Doctora Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2590/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país.

Con base en lo anterior, he de agradecer su valiosa intervención a fin de contar con la opinión de esa Subsecretaría respecto del punto de acuerdo en cuestión, de no existir inconveniente, en un término de 10 días.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud en el país.

Comentarios

En la norma oficial mexicana NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de defectos al nacimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 24 de junio de 2014, establece en el numeral 717 la obligatoriedad del tamiz neonatal que a su vez en el numeral 3.73 se define como:

3.73 Tamiz neonatal ampliado a los exámenes de laboratorio cuantitativos que puedan ser realizadas a la, o al recién nacido en busca de errores congénitos del metabolismo antes de que causen daño y que contemplar los siguientes grupos de enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, trastornos de los aminoácidos aromáticos, trastornos de los aminoácidos de cadena ramificada y del metabolismo de los ácidos grasos, galactosemia, fiebres quística, inmunodeficiencia combinada, hemoglobinopatías y otras si representan un problema de salud pública.

Derivado de lo anterior, se debe precisar que con la realización del Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado (TMNA), no se previenen enfermedades graves, irreversibles y en ocasiones mortales, como se señala en el punto número 2 del planteamiento presentado, sólo se detectan oportunamente, con la finalidad de otorgar el tratamiento que aminore los daños causados por estas enfermedades.

Este Centro Nacional, es el responsable de establecer los procedimientos administrativos, metodológicos y operativos para la adquisición y distribución de insumos del tamiz neonatal reactivos, papel filtro y pruebas confirmadas y de seguimiento). Sin embargo, para que tano esta norma oficial mexicana, como el artículo 61 de la Ley General de Salud, sean puestos en marcha es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1. Adecuar la infraestructura actual de los laboratorios de tamiz neonatal, ya que actualmente no se cuenta con espacios suficientes para la realización de las pruebas.

2. Garantizar la contratación, permanencia y capacitación del personal de los laboratorios para la realización del análisis, ya que el personal con el que se cuenta en la actualidad es limitado y por tanto insuficiente.

3. Asegurar la existencia de un laboratorio de pruebas confirmativas que realice el análisis para cada uno de los analíticos detectados mediante el TMNA.

4. Garantizar el abasto de fórmulas de inicio, así como los tratamientos para los pacientes detectados, lo cual no depende esta Secretaría, sino de las empresas dueñas de las patentes de estos insumos.

5. Asegurar la contratación, permanencia y capacitación de un equipo multidisciplinario de especialistas para el tratamiento integral de estos pacientes, entre los que se encuentran: neumólogos pediatras, nefrólogos pediatras, gastroenterólogos pediatras, neurólogos pediatras, nutriólogos, trabajadores sociales, genetistas, rehabilitadores físicos, especialistas en lenguaje, etc. Este equipo multidisciplinario solo está disponible en algunas entidades federativas.

Derivado de lo anterior, se estima una inversión anual aproximada de 600 millones de pesos, sólo para la realización de la prueba de detección en tamiz y las pruebas confirmadas para la población responsabilidad de la Secretaría de Salud.

Se debe considerar una inversión equivalente para cubrir el resto de las instituciones (IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex, etcétera,), en virtud de que esta secretaría, tiene a su a cargo aproximadamente 60 por ciento de los nacimientos en el país.

Cabe señalar que en los últimos años. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ha trabajado arduamente para incrementar el número de enfermedades que se pueden detectar en el tamiz neonatal, toda vez que el programa permaneció más de 20 años sólo con la detección de hipotiroidismo congénito. En agosto de 2012 se dio inicio con la realización del tamiz para 4 enfermedades: hipotiroidismo congénito.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente.

En respuesta a su oficio SPSS-CAS-0296-2016 con fecha del 22 de mayo del 2016, referente al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados, en donde se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que “Lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud del país”, adjunto los comentarios en formato libre, correspondientes del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de acuerdo con la ámbitos de competencia.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-270 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legis1ativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/553/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a modificar la denominación jurídica del Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto”, a efecto de convertirlo en un Hospital Regional de Alta Especialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2596/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un hospital regional de alta especialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la administración pública federal.

Al respecto me permito acompañar oficio CClNSHAE-DGCf-tRAE-DPIS-96-2016, suscrito por el doctor Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su similar UCVPS/239/2016 de fecha 8 de enero del año en curso, en que solicita opinión de esta Comisión Coordinadora con respecto del hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí para desahogar el punto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, relativo a exhortar al Ejecutivo federal para modificar la denominación jurídica, como “hospital regional de alta especialidad”, organismo descentralizado de la administración pública federal.

Por instrucciones del doctor Guillermo Ruiz Palacios, titular de esta Comisión Coordinadora, al respecto le reitero la opinión vertida en ocasiones anteriores:

Esta Comisión Coordinadora no considera conveniente la conversión a organismo público descentralizado, OPD, federal, ya que la falta de suficiencia presupuestal en el Capítulo 1000, Servicios Personales, de la Secretaría de Salud, impediría la creación del OPD federal.

Actualmente el hospital central “Doctor Ignacio Morones Prieto” recibe subsidios federales que en 2009 ascendieron a 134.9 millones de pesos; en el 2010 a 135.4 millones de pesos y en el 2012 a 156.8 millones de pesos, en 2015, tan sólo en capítulo 1000 ascendió a más de 146.88 millones de pesos, con independencia a los recibidos por otras fuentes de financiamiento como son el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FGC), Seguro Médico Siglo XXI y el Seguro Popular, tanto en gasto de operación, como para proyectos de infraestructura.

Adicionalmente, para complementar los recursos con los que es dotado anualmente el hospital se sugiere incrementar el número de intervenciones acreditadas en el FGC y en convenios específicos para el intercambio de servicios de alta especialidad, con instituciones públicas del sector.

Con anterioridad esta Comisión Coordinadora se ha pronunciado porque este hospital continúe siendo un hospital de carácter estatal, ya que su naturaleza jurídica no impide la buena prestación de servicios de salud a la población y la integración a la red de servicios.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Doctor Manuel de la Llata Romero (rúbrica), director general de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-6-0257 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/551/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita implementar a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2564/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0900-2016 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y oficio SIDSS/CAS/0164/2016, suscrito por la actuaria Sandra Orcí Gutiérrez, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/216/2016, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Salud, para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento.

Sin otra particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente.

En atención al oficio SELAP/UEL/311/2564/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento.

Con base en lo anterior, he de agradecer su valiosa intervención a fin de contar con la opinión de esa subsecretaría respecto del punto de acuerdo en cuestión, de no existir inconveniente, en un término de 10 días.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente.

En respuesta a su oficio SPPS-CAS-0387-2016, de fecha 26 de enero del año en curso, en relación al Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento, me permito enviar anexo al presente los comentarios a dicho punto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para .enviarle un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016.— Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentarios al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que implante a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias de acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y en su caso su posterior tratamiento

Con relación a las consideraciones, el exhorto es precisa en cuanto a aspectos técnicos relativos a epidemiología y fisiopatología del cáncer de mama, con un análisis objetivo y que se sustenta con información oficial, sin embargo las cifras son de 2012 y no reflejan el estado actual del Programa. Para 2015, se realizaron 2 millones 190 mil 299 en las instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que incluye las acciones coordinadas de las distintas instituciones con mastógrafos en las 32 entidades federativas.

Con relación al punta de acuerdo, es importante mencionar que la Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia ha establecido las estrategias para fortalecer la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama a través del Programa de Acción Específico de Cáncer de la Mujer, el cual tiene como segundo objetivo: “2. Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de mama y cuello uterino.”

El Programa de Acción de Cáncer de la Mujer está implementado en las 32 entidades federativas, incluyendo zonas marginadas, ya que su alcance es nacional y la planeación, programación y presupuestación se realiza considerando la totalidad del territorio nacional. Las zonas marginadas tienen metas específicas de detección de cáncer de mama y se atienden acorde a la accesibilidad geográfica. Las mujeres de áreas urbanas y rurales marginadas tienen acceso a servicios de mastografía fijos o móviles y se tiene garantizado el seguimiento y confirmación diagnóstica de los casos confirmados y su acceso a tratamiento. Las mujeres que viven en localidades a difícil acceso en las cuales no es posible movilizar unidades con mastógrafo, son tamizadas mediante exploración clínica de mamas en las unidades de salud y mediante las “Caravanas de la Salud”. Las mujeres can hallazgos clínicos son referidas para evaluación diagnóstica con imagen (mastografía a ultrasonido) a los servicios especializadas y en su caso, son referidas a tratamiento. También se ha impulsado en las 32 entidades estrategias para acompañar a las mujeres en el procesa y evitar el abandono por motivos económicas, por lo que hoy se tiene un 92% de seguimiento de mujeres can resultados anormales en la detección.

A pesar de que el Programa asegura la atención de las mujeres en áreas marginadas por su aplicación nacional, dentro de este objetivo se cuenta con la estrategia 2.2. Fomentar acciones de prevención y detección de cáncer del cuello uterino y de mama en grupos en situación de desventaja social, para intensifica acciones en poblaciones que requieren acciones focalizadas, como son:

• La realización de acciones con enfoque intercultural en población indígena.

• Estrategias dirigidas a mujeres con VIH, reclusas, migrantes y de la diversidad sexual.

Por lo anterior, se considera que la Secretaría de Salud federal en conjunto con las instituciones del sistema nacional de salud ha dado cumplimiento a este exhorto de manera anticipada.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/311/2016 referente al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el pasado 15 de diciembre de 2015, el cual se detalla a continuación:

Único. La Cámara de diputados exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente a nivel nacional, en las zonas marinadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección del cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento.

Al respecto, en el ámbito de competencia de la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, se informa lo siguiente:

• A través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, se realizan las siguientes acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención médica y odontológica, en el marco del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica:

- Se brindan servicios de primer nivel de atención a nivel nacional, mediante Unidades Médicas Móviles, a los habitantes de las localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, y localidades sin servicios de salud, ubicadas en municipios de ajo índice de desarrollo humano, en municipios con población predominantemente indígena y o en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los servicios incluyen pláticas dirigidas a la población de la sensibilizarla y capacitarla en la autoexploración de mama, e invitan a las mujeres a realizar su exploración clínica.

- De manera sistemática, a todas las mujeres que asisten a las Unidades Médicas Móviles para realizarse citología vaginal se les realiza exploración clínica de mama y cuando se detecta algún dato de sospecha, se refiere a la paciente a la Uneme Dedicam (Unidad de Especialidad Médica de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama) u hospital más cercano.

- El equipo itinerante de la Unidad Médica Móvil gestiona ante unidades médicas que cuentan con mastógrafo, la realización de mastografías a las mujeres mayores a 40 años (ya sea en grupo o individualmente), independientemente de los daros clínicos.

De esta manera, el programa contribuye a cerrar las brechas existentes en materia de promoción a la salud y prevención entre los diferentes grupos sociales y regionales del país, a través del mejoramiento de las condiciones de salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2016.— Actuaria Sandra Orcí Gutiérrez (rúbrica), coordinadora de asesores.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me es grato saludarle y a su vez informarle que el Congreso de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, fue enterado del oficio número LXI/CPCELR/202/2016, presentado con fecha 17 de febrero del año en curso, de la diputada Rocío Corona Nakamura, mediante el cual informa que este Poder Legislativo de Jalisco ha realizado ya la actualización normativa a su marco jurídico constitucional y legal, conforme a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al cual recayó el siguiente trámite:

Enterado con acuse de recibo y remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Adjunto a la presente copia del oficio antes mencionado.

Sin otro particular, propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 18 de febrero de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Jalisco.— Presente.

Relativo al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-251, de fecha 14 de enero del año en curso, remitido al Congreso de Jalisco por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputadlos del Congreso de la Unión y que contiene un exhorto a los órganos legislativos de las entidades federativas a armonizar su legislación con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo establecido e involucrando en la deliberación parlamentaria a la sociedad civil organizada conforme a las mejores prácticas vigentes, se le hace saber:

Primero. Turnado que fue a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos por la Mesa Directiva de este Congreso de Jalisco, se analizó el punto petitorio y se informa que:

El pasado 25 de agosto del año 2015 se aprobó por el pleno del Congreso del Estado, la minuta de decreto número 25437/LX/15, que reforma los artículos 9o., 35. 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y que fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el pasado 19 de diciembre de 2015.

Asimismo, que el 08 de septiembre de 2015 se aprobó la minuta de decreto número 25456/LXI15, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, ambas reformas en materia de transparencia y acordes a la reforma federal del año 2014, cuyas publicaciones se anexan al presente.

El jueves 22 de octubre de 2015, se aprobó por el pleno del Congreso del estado, la minuta de decreto número 25653/LX/15 que resuelve las observaciones del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco a la minuta de decreto número 25456/LXI2015 mediante el cual se re1forman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y que fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el pasado 10 de noviembre de 2015.

Segundo. De lo anterior se desprende que este Poder Legislativo del Estado de Jalisco ha realizado ya la actualización normativa a su marco jurídico constitucional y legal por lo que le solicita de la manera más 81tenta y respetuosa y con fundamento en lo establecido por los artículos 35, 36 y 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, se haga llegar el presente comunicado por su valioso conducto, a la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes.

Reciba usted un cordial saludo y mis más sinceras consideraciones y respeto.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 16 de febrero de 2016.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo.— Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En respuesta a su atento oficio número D.G.P.P. 63-II-3-472, dirigido al licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche y recepcionado en esta secretaría mediante oficio número DG/CO/639/2016 de la Dirección de Gestión de la Oficina del Gobernador, donde se hace del conocimiento del punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 3 de febrero de 2016, el cual a la letra dice:

Único.La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades y municipios del país, a mantener actualizados sus atlas de riesgos, asimismo a aquellos estados que DO cuenten con su atlas correspondiente, a que de manera inmediata inicien los trabajos para su elaboración, basados en los estándares y términos definidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Al tenor me permito informarle hacer de su conocimiento la siguiente información:

El estado de Campeche cuenta actualmente con sus atlas de peligros y riesgos naturales, los cuales fueron realizados en los años 2011 y 2013, respectivamente. Estos atlas fueron elaborados mediante el financiamiento de coparticipación estado-federación en el marco de Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y siguiendo la metodología y términos definidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Actualmente se realizan las gestiones y acuerdos para sus respectivas actualizaciones con la Universidad Autónoma de Campeche (instancia que los elaboró) y realizar los proyectos respectivos para solicitar su elaboración a través del financiamiento del Fopreden.

Asimismo, se están realizando las gestiones y exhortando a los 11 ayuntamientos de la entidad a elaboran sus respectivos atlas municipales de riesgos, proyectando que en 2017 todos los municipios cuenten con sus respectivos documentos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

San Francisco de Campeche, Campeche, a 17 de febrero de 2016.— Profesor Gonzalo Rene Brito Herrera (rúbrica), Secretario de Protección Civil.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo.— Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa, me permito dar respuesta a su atento oficio número DGPL 63-II-3-472, expediente 510, fechado el 3 de febrero pasado, mediante el que le comunica el exhorto de esa legislatura a los gobiernos estatales y los municipales “a mantener actualizado su atlas de riesgos” y a “los estados que no cuenten con su atlas correspondiente, a iniciar de inmediato los trabajos para elaborarlo, basados en los estándares y términos definidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres” (Cenapred).

Al respecto, le comento que ésa ha sido una prioridad desde el inicio de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Desde 2011 se dotó a los 212 municipios de sus respectivos atlas de riesgo, y en 2012 se creó el Sistema Integral de Atlas de Veracruz (Siaver), plataforma digital que aloja el atlas estatal de riesgos y que cuenta actualmente con más de 300 capas de información.

En ambos casos, como recomienda la Cámara, se siguieron los estándares y términos definidos por el Cenapred. Éste calificó los atlas municipales de “nivel básico”; y el estatal, de “nivel medio”, como consta en sendas comunicaciones que anexo.

El Siaver, operado desde la Secretaría de Protección Civil, nos ha permitido actualizar de manera permanente los atlas, sin costo para las finanzas municipales, y ofrecer a través de esta herramienta de planeación, prevención y toma de decisiones, un servicio de información abierta al público en general; y clasificada, para los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.

Actualmente, estamos en proceso de actualización tecnológica de la plataforma digital, mediante la migración hacia lenguajes y procesadores de punta, que implicará mejoras en la visualización, mayor número de mapas base, vínculo con otros prestadores de servicios de mapas –como el monitoreo de sismos del Servicio Sismológico Nacional y trayectoria de huracanes de la NOAA–, mejoras en las herramientas de navegación y de análisis e inclusión de nuevas aplicaciones, entre otros.

Si bien en la página electrónica de la secretaría (atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas), el atlas puede ser visualizado sólo en equipos de cómputo de escritorio con internet Explorer, versión 9 o anterior, activando el complemento Silverlight; terminada la migración, el Siaver podrá ser consultado de manera interactiva en la mayoría de navegadores (Internet Explorer 10 o más, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera), en equipo de escritorio y en dispositivos móviles como tabletas, y telefonía celular. Por ello, anticipando esas nuevas capacidades, está en diseño una estrategia para ampliar la cobertura de sus usuarios.

En suma, puedo asegurarle que Veracruz sí cuenta con atlas de riesgo, estatal y municipales, compatibles y con total sujeción a las directrices del Cenapred.

Al reconocerle, en nombre del gobernador Duarte de Ochoa –quien, dicho sea de paso, es coordinador de la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores–, su interés por promover que todos los estados y los municipios del país cuenten con atlas de riesgos, aprovecho la oportunidad para expresarle mi respeto y la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 16 de febrero de 2016.— Licenciada Yolanda del Carmen Gutiérrez Carlín (rúbrica), secretaria de Protección Civil.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos ahora con el capítulo de presentación de iniciativas, y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde el punto de vista del derecho la identidad hace referencia a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar o referenciar a una persona de manera precisa y objetiva.

Este conjunto de atributos permiten el desarrollo de las relaciones sociales y de los efectos jurídicos de las mismas respecto a lo que pudieran tener, lo cual se traduce en una serie de cualidades inherentes a una persona en lo específico, que permite su reconocimiento y capacidad para habilitarse en lo social.

En consecuencia, la atribución de una identidad permite establecer las posibilidades de una conducta para su autor, la imputación de una conducta a una o varias personas en el supuesto necesario para que hacia ella o ellas se dirijan los efectos que pudieran corresponder o derivarse. Es decir la identidad en el ámbito jurídico tiene una significación fundamentalmente vinculativa, relacional y atributiva.

En los últimos años en el plano internacional y en el plano nacional se han multiplicado los sucesos en los que especialmente los medios informáticos obtienen fraudulentamente datos personales, para luego llevar a cabo ciertos hechos y operaciones con tales datos fundamentalmente en el ámbito económico, imputándose falsamente a los verdaderos titulares de los datos. Es lo que se conoce como el robo de usurpación de identidad, considerado como el crimen por excelencia del siglo XXI.

Al respecto, la usurpación de identidad nos obliga a poner en marcha una serie de acciones legislativas que permitan establecer una serie de conductas típicas, antijurídicas, culpables y sancionables en las legislaciones sustantivas penales vigentes en nuestro país, en virtud de que en los instrumentos vigentes no es factible abordar un tratamiento jurídico penal en las conductas vinculativas a la suplantación de identidad y, por ende, no existe la certeza jurídica de dar con los delincuentes, comúnmente llamados de cuello blanco.

El robo de identidad es una de las actividades ilícitas de más rápido crecimiento en el mundo. En México no está considerado como delito hacer pasar a una persona por una persona en un blog o en una red social ni en cualquier otro medio electrónico.

Si bien la usurpación de identidad no está tipificada en el plexo normativo, es importante destacar que de este modo se cometen una gran cantidad de delitos que requieren de eta figura para su comisión. Es un claro acto preparatorio para otros excesos que se cometen.

El pedófilo utiliza la identidad falsa para hacerse pasar como un amigo, el extorsionador, para esconder sus verdaderos propósitos y amenazar a su víctima desde el anonimato.

El número de denuncias por robo de identidad presenta un importante crecimiento que llegó a ser del 40 por ciento. Durante el primer semestre de 2015, el número de denuncias crecieron de 20 mil a 168 mil denuncias respecto al mismo periodo de 2014, según datos de Condusef.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que México ocupa el octavo lugar en este delito. Según registros del Banco de México, el 67 por ciento de los casos de robo de identidad se da por pérdida de documentos.

Es por esta razón que pongo a consideración de este pleno, la presente iniciativa que adiciona un título Vigésimo Séptimo, denominado Delitos contra la identidad de las personas, un capítulo único para dicho título, denominado Usurpación de identidad y el artículo 430 del Código Penal Federal, consistente en tipificar la usurpación de identidad como un delito autónomo, solicitando el apoyo de este pleno para su dictaminación correspondiente y aprobación. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Gloria Himelda Félix Niebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título vigésimo séptimo, un capítulo único al mencionado título y el artículo 430 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La identidad surgió como un creciente interés por la individualización del ser humano en la sociedad de masas. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho, la identidad hace referencia a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar o referenciar a una persona de manera precisa u objetiva. Este conjunto de atributos de cada una de las singulares personas permiten el desarrollo de las relaciones sociales y de los efectos jurídicos que las mismas pudieran producir, mismos que se traducen en una serie de cualidades atributivo-informacionales inherentes a una persona en lo específico que permite su reconocimiento y capacidad para habilitarse en lo social.

En consecuencia, la atribución de una identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor. La imputación de un hecho o conducta o una o varias personas determinadas mediante su identidad es el presupuesto necesario para que hacia ella o ellas se dirijan los efectos que pudieran derivarse, es decir, la identidad en el ámbito jurídico tiene una significación fundamentalmente vinculativa, relacional y atributiva.

En la actualidad el internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica, identidad digital o identidad virtual, que fundamentalmente está constituida por datos personales sensibles que pueden incluir claves de acceso a cuentas bancarias o redes, mediante los cuales las personas se comunican u operan en redes informáticas o telemáticas y cuya circulación transfronteriza es potencialmente peligrosa ante su posible apropiamiento no autorizado. De igual forma, la identidad puede asumir distintas vertientes tales como: la identidad genética o biológica, la identidad sexual, la identidad cultural, entre otras. En palabras del académico Fabián Zambrano Viedma “la identidad virtual la constituye el conjunto de datos de identificación telemática, sustentados sobre la propia identidad oficial informatizada. En este orden de ideas, el profesor José Antonio del Cerro define a la identidad digital como toda aquella información de un individuo para un uso no presencial en medios telemáticos.

En los últimos años en el plano nacional e internacional, se han multiplicado los sucesos en los que, especialmente por medios informáticos o telemáticos, se obtienen fraudulentamente datos personales para luego llevar a cabo ciertos hechos u operaciones con tales datos, fundamentalmente en el ámbito económico, imputándose falsamente a los verdaderos titulares de los datos. Es lo que se conoce como “robo o usurpación de identidad”, considerado en ocasiones como el crimen por excelencia del siglo XXI.

Al respecto, la usurpación de identidad obliga a acciones legislativas que permitan establecer normativamente una serie de conductas típicas, antijurídicas, culpables y sancionables en las legislaciones sustantivas penales; en virtud de que con los instrumentos jurídico-penales vigentes en la mayor parte de los países incluyendo a México, no es factible abordar un tratamiento jurídico-penal de las conductas vinculadas a la suplantación de identidad y, por ende, no existe seguridad jurídica.

El robo de identidad es una de las actividades ilícitas de más rápido crecimiento en el mundo. En México no está considerado un delito hacerse pasar por otra persona en un blog, en una red social ni en cualquier otro medio electrónico.

Si bien existen figuras como el fraude o la falsificación de documentos, la figura del robo de identidad a través de un medio tecnológico no está tipificada.

No es un tema menor, ni patrimonio exclusivo de países en vías de desarrollo. Este tipo de conducta criminal está identificada como white collar crime (crimen de cuello blanco) en tanto sólo un grupo de conocedores de técnicas por cierto sofisticadas pueden llevarlos a cabo. De ahí que un profesional que recién comienza puede ganar aproximadamente 10 mil dólares al año, mientras un cracker puede aspirar a una cifra sesenta veces mayor.

El robo de identidad es una modalidad que se comete con más regularidad en los países donde el uso de internet es el medio común para realizar transferencias, compras, pagar impuestos y demás. En Estados Unidos de América, cada cuatro segundos es robada una identidad y se afecta alrededor de diez millones de personas por año, generando un perjuicio aproximado de 50 billones de dólares a los pasivos de este delito; la restauración de la identidad de una persona cuesta 8 mil dólares y se pierden 600 horas aproximadamente para realizar los trámites correspondientes.

Si bien la usurpación de identidad no está tipificada en nuestro plexo normativo, es importante destacar que a través de este modo se cometen gran cantidad de delitos que requieren de esta figura para su comisión. Es un claro acto preparatorio para otros excesos. Un pedófilo utiliza una identidad falsa para hacerse pasar por un amigo, un extorsionador para esconder sus propósitos y amenazar a su víctima desde el anonimato. Para tener una idea de su magnitud “el phishing” (robo de claves bancarias a través de internet) es un tipo de robo de identidad: un engaño pero donde se usurpa la identidad de una empresa de conocida trayectoria.

Sólo a efectos enunciativos podemos detallar algunos de las modalidades delictivas que se nutren del robo de identidad:

Ciberbulliying o ciberacoso: es el uso de información electrónica y medios de comunicación tales como correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, blogs, teléfonos móviles, buscas, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios, y puede constituir un delito informático. El ciberacoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infringido a través del medio informático.

Grooming: consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el denominado robo de identidad constituye una actividad ilícita con múltiples facetas que generalmente incluye una larga cadena de acciones criminales complejas y que en cada país tiene una categorización o estatus legal distinto. Sin embargo, para esta organización el ID theft o robo de identidad “ocurre cuando se transfiere, adquiere, posee o se utiliza información personal de una persona natural o legal de manera no autorizada con el intento de cometer o generar un fraude u otros crímenes.

En nuestro país, el número de denuncias por robo de identidad presenta un importante crecimiento pues llegó a ser de hasta 40 por ciento durante el primer semestre de 2015, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258 respecto al mismo periodo de 2014, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El número de denuncias por robo de identidad presenta un importante crecimiento que llegó a ser de hasta 40 por ciento durante el primer semestre de 2015, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258 respecto al mismo periodo de 2014 según la Condusef.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que México ocupa el octavo lugar en ese delito.

Según registros del Banco de México (Banxico), en 67 por ciento de los casos, el robo de identidad se da por pérdida de documentos, otro 63 por ciento es por robo de carteras y portafolios y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.

En días pasados, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer el caso de una joven de Nayarit, víctima de este delito, a la que le imputaron un adeudo fiscal por un monto de mil 800 millones de pesos.

De acuerdo con la procuraduría, se trata del caso de suplantación de identidad, cuyo monto es el más alto del que se tenga registro en el país y cuyo proceso inició en 2006, cuando los delincuentes falsificaron la credencial de elector de la joven.

Posteriormente, la joven fue dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como comerciante al por mayor en productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico, para lo cual proporcionaron un domicilio fiscal que le era totalmente ajeno.

Finalmente, abrieron una cuenta de cheques en una institución bancaria y durante 2009 hicieron depósitos por cerca de 800 millones de pesos, conducta que fue observada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con cifras de la Firma de Seguros y Manejo de Riesgos Oswald, en su infografía Identity Theft de mayo de 2015, a nivel internacional 34 por ciento de la información robada es de trámites de gobierno.

Otro 17 por ciento es de tarjetas de crédito, seguido de 14 por ciento por robo de teléfonos y servicios públicos; 8 por ciento del banco; 6 por ciento son datos de trabajo; y 4 por ciento de préstamos.

Además, la información obtenida de manera ilícita es usada para solicitar tarjetas de crédito, firmar cheques en blanco, hacer transferencias desde cajeros, comprar inmuebles y/o comprometer a otra persona en un arresto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de

Decreto

Único.Se adiciona un título vigésimo séptimo denominado Delitos contra la Identidad de las Personas, un capítulo único para dicho título denominado Usurpación de Identidad y el artículo 430 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Título Vigésimo SéptimoDelitos contra la identidad de las personas

Capítulo ÚnicoUsurpación de identidad

Artículo 430. Se sancionará con prisión de tres meses a siete años y multa de cien a cuatrocientos días a quien:

I. Por cualquier medio se atribuya la identidad de una persona o se haga pasar por esa persona o asuma su identidad ante otras personas, en público o en privado, con la finalidad de acceder a ciertos recursos o la obtención de créditos u otros beneficios en nombre de esa persona.

II. Realice la conducta descrita en la fracción anterior con la finalidad de perjudicar a una persona, produciéndole un daño moral.

III. De manera ilícita, haga propia, genere o utilice, la identidad de una persona física o moral, a través de internet, cualquier sistema informático o medio de comunicación, produciendo un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho, para sí o para otro, por la realización de dicha conducta.

IV. Al que transfiera, posea o utilice datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, favorecer o intentar cualquier actividad ilícita.

Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando el autor asuma la identidad de un menor de edad o tenga contacto con una persona menor de dieciséis años, con la finalidad de ejecutar cualquier acto sexual, aunque mediare su consentimiento.

Asimismo se incrementarán las penas cuando el autor de la conducta sea funcionario público en ejercicio de sus funciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Agencia Española de Protección de Datos. Robo de identidad y protección de datos.Ed. Arazandi-Thomson Reuters-Agencia Española de Protección de Datos. Universidad de Castilla La Mancha. Pamplona. 2010. P. 244.

2 Ibídem.

3 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Online Identity Theft. Ed. OECD, 2009. P. 16.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputadas y diputados: Gloria Himelda Félix Niebla,Carmen Salinas Lozano, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Ramón Bañales Arambula, Sofía del Sagrario De León Maza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Félix. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita también por los diputados Luis Augusto Rodríguez Torres y el diputado Exaltación González Ceceña, todos ellos del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, hoy los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hacemos uso de la máxima tribuna de la nación, para representar a nuestros productores agropecuarios nacionales, dejando muy en claro que deben ser una prioridad nacional.

El Estado mexicano debe proteger, generar condiciones de crecimiento y fortalecer las cadenas agropecuarias nacionales, y esto debe quedar firmemente especificado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En Acción Nacional somos sensibles ante la situación actual que atraviesa el campo mexicano, la desesperación y angustia de los pequeños y medianos productores agropecuarios, en particular, los productores de leche que están abandonando la actividad ante la falta de oportunidades, la competencia desleal, la excesiva importación de leche en polvo subsidiada y de mala calidad, y a la par son testigos de cómo un grupo de industriales crecen, se consolidan y se enriquecen a costa de ellos y aprovechando los vacíos que existen en la ley que no protege claramente a los productores nacionales.

Hoy estamos aquí para exigir de manera urgente que el gobierno federal y sus dependencias actúen y, además, nos presentamos como una oposición responsable, propositiva e incluyente. El problema del campo es de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor.

Venimos a proponer modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que exista certeza para nuestros productores agropecuarios en tres temas fundamentales: garantizar la soberanía alimentaria cuya base fundamental es el apoyo a la producción agropecuaria nacional. Proteger a los productores nacionales en el contexto internacional. No debemos permitir prácticas desleales del exterior. Y los programas de abasto a cargo del Ejecutivo federal deben dar prioridad de compra a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren.

Por estos motivos, el día de hoy ponemos a la consideración de esta soberanía una iniciativa que reforma los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo fundamento de la misma es la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y comercialización y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

Proponemos a la consideración de este pleno la modificación del artículo 110, ya que en el mismo se establece que la Comisión Intersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales.

En este sentido, la mayoría de los países productores de leche que exportan a nuestro país tienen apoyos de diversa índole por parte de sus gobiernos, lo que constituye un subsidio directo o indirecto a su producción, por lo que es necesaria una protección a nuestros productores nacionales cuando exista la competencia desleal.

También se propone reformar el artículo 111, ya que es conveniente hacer hincapié y dejar clara la importancia que deben tener los productores agropecuarios en el fortalecimiento de la cadena productiva nacional.

Esto en virtud de procurar el abasto de alimentos y productos básicos estratégicos para la población, mientras que la propuesta de modificación del artículo 178 busca que en el tema del abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos el Estado mexicano dé prioridad a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas que aplique el Ejecutivo federal en los temas de alimentación, nutrición y desayunos escolares, y así garantizar certidumbre a los productores y que les permita tener sinergia con otro tipo de programas de materia de financiamiento, tecnificación, capacitación, entre otros, para mejorar la productividad.

Derivado de lo anteriormente descrito, en esta iniciativa se propone un segundo transitorio, en donde se establece que el gobierno federal tendrá la obligación de establecer un porcentaje de compras que adquirirán los productores nacionales para cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares, el cual quedará establecido en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Y que se atiende el programa recurrente al lograr que Liconsa adquiera al menos el 90 por ciento de leche a productores agropecuarios nacionales, para las necesidades que tiene el Programa de Abasto Social de Leche, así como la obligación de transparentar el patrón de proveedores.

El día de hoy también he presentado a esta soberanía un punto de acuerdo en donde pido un exhorto a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, para que implementen campañas efectivas de consumo de la leche líquida de origen mexicano para incrementar el consumo por habitante y con ello coadyuvar a mejorar la nutrición de la población, y apoyar a productores nacionales afectados por la crisis actual del sector.

En este sentido la Secretaría de Economía debe ordenar el mercado de la leche y, conjuntamente con la Sagarpa y la Secretaria de Salud, promover el sano consumo de dicho alimento entre la población de todas las edades. Llevar a cabo campañas con éxito, como se han realizado en otros países.

Los diputados de Acción Nacional le recordamos al gobierno federal que tiene la obligación de apoyar a nuestros productores en los ámbitos nacional e internacional, fortalecer la soberanía alimentaria, garantizar el crecimiento en término de productividad y competitividad, y siempre buscar con acciones de impacto mejorar el nivel de vida de los productores y sus familia. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Gerardo Federico Salas Díaz, Luis Agustín Rodríguez Torres y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Gerardo Federico Salas Díaz, Agustín Rodríguez Torres y Exaltación Gonzalez Ceceña, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El pasado 3 de febrero de 2016, la Comisión de Ganadería celebró su cuarta reunión ordinaria, en donde asistieron diversos funcionarios públicos, representantes no gubernamentales y presidentes de asociaciones ganaderas, lo que nos llevo a los diputados integrantes de esta comisión a declarar que “conscientes del impacto de esta problemática en la economía y bienestar de millones de mexicanos, resulta necesario sumar esfuerzos entre las distintas instituciones del gobierno federal y gobiernos estatales para encontrar soluciones que permitan superar esta coyuntura que afecta principalmente a pequeños y medianos productores de leche en el ámbito rural de nuestro país”.

Como producto legislativo de dicha reunión, la Comisión de Ganadería emite una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el cual se solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal, establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

En razón de lo anteriormente expuesto y descrito en el citado punto de acuerdo, ponemos a consideración a esta Honorable Cámara de Diputados una iniciativa que reforma tres artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para lograr un apoyo de carácter integral a los productores agropecuarios de nuestro país y, en particular, a los productores de leche de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, en México se empieza la importación de leche en polvo con una cuota de 40,000 toneladas libres de pago de arancel, aunado a esto y sumado a la vecindad con Canadá y Estados Unidos, nuestro país ha tenido históricamente una gran diferencia en temas de tecnología, niveles de productividad y otros factores que propician abismos con los productores de leche de otros países.

Es una realidad que el campo mexicano a partir del TLC y los diversos acuerdos ratificados por el Estado Mexicano han obligado al sector primario de la economía a enfrentar la competencia en un entorno adverso y tener el reto de elevar su productividad y competitividad, como reconoce el propio Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.

Existe una gran asimetría entre las condiciones con que produce un segmento comercial altamente competitivo que exporta y otro segmento de productores de autoconsumo, subsistencia, pequeños y medianos productores que requieren una estrategia integral para mejorar su producción en condiciones más justas para lograr rentabilidad y su integración en la cadena de valor, lo cual incidirá en beneficio de la calidad de vida de sus familias, en la generación de empleo e ingreso y en el desarrollo y crecimiento nacional.

El problema de nuestros productores de leche es impostergable; la crisis en la cadena productiva motivada principalmente por una sobreproducción lechera a nivel internacional con precios de mercado por debajo de los costos de producción han hecho atractivo para los industriales la importación excesiva de leche en polvo, incumpliendo las reglas de los tratados de libre comercio y distorsionando el mercado nacional de la leche, aunado a esto, la competencia desleal de productos no lácteos que realizan las grandes empresas.

Ante la apertura comercial y la globalización de los mercados, la mayoría de los países productores de leche cuentan con mecanismos financieros y de administración de riesgo para proteger a sus productores, ante la caída de los precios o cuando los costos se elevan debido principalmente a la volatilidad de los precios de los comoditiescomo el maíz y pasta de soya, productos básicos de la alimentación para la producción de leche.

En México existen alrededor de 250 mil unidades de producción para la producción de leche, donde la mayoría son pequeños productores a nivel rural, que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias y alrededor del sector existe una gran cantidad de mano de obra directa e indirecta.

Con respecto a las compras que Liconsa realiza a productores nacionales, se encontró que en 2015 el Ejecutivo Federal anunció que se fortaleció el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN) operado por Liconsa. Así mismo, en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería de esta Cámara de Diputados manifiesta el titular del organismo que en 2015 se logró alcanzar los 878 millones de litros de compra de leche a productores mexicanos, lo que representa 200 millones de litros más que en el 2011 y que son 11 mil ganaderos beneficiados en 40 centros de acopio del país, lo que significa una reducción importante en las importaciones.

Pero, la empresa Liconsa informa que para el 2016, dejará de comprar el 25 por ciento de leche nacional a pequeños productores por falta de presupuesto. Esto ha propiciado que en los meses de enero y febrero de este año ya se hayan presentado manifestaciones por parte de los productores, sobre todo en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, entre otros.

Al ser Liconsa el comprador con mayor número de productores en México y al dejar de comprar leche, distorsiona el mercado nacional y afecta a los productores más pequeños, por lo que es urgente tener políticas públicas que impacten, apoyen, protejan y defiendan a los productores nacionales, fortaleciendo las cadenas de valor, generando crecimiento económico y ofreciendo oportunidades para la población.

Al ser recurrente la problemática para los primeros meses de cada año se ha exigido al gobierno federal la implementación de un plan maestro con cambios estructurales para que se dé certidumbre a los productores de leche en la venta de su producción, planear adecuadamente sus volúmenes de crecimiento e implementar programas e incentivos que repercutan en una mayor productividad, competitividad y sustentabilidad en la producción nacional de leche.

Uno de los objetivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 es incidir en la soberanía alimentaria, la cual en la ley se define como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.

Sin embargo, la dependencia agroalimentaria en nuestro país se ha incrementado en los últimos 20 años, pasando de 10 por ciento en 1994 a 35 por ciento en 2014, lo que significa también que aumentó el saldo negativo de la balanza agrícola. La FAO establece que hay dependencia alimentaria cuando 25 por ciento de alimentos proviene del exterior, y México está entre un 35 a un 60 por ciento en importación de alimentos. La FAO refiere que si nuestro país no cambia su política alimentaria, para el 2030 estará importando 80 por ciento de sus alimentos, convirtiéndose en el segundo país importador a nivel mundial.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como fundamento “la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural”.

De esta manera, esta ley establece en su artículo 3o. que la soberanía alimentaria estará basada fundamentalmente en la producción nacional, por lo cual el artículo 79 refiere que “el gobierno Federal otorgará, de acuerdo con sus disponibilidades y con los compromisos internacionales adquiridos por el país, apoyos para compensar las desigualdades de los productores nacionales respecto de los productores de los países con los que existen tratados comerciales”.

Por lo anteriormente descrito, en el artículo 110 se propone su modificación, ya que establece que “la comisión Intersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios, obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales”; en este sentido, la mayoría de los países productores de leche que exportan a nuestro país tienen apoyos de diversa índole por parte de sus gobiernos, lo que constituye un subsidio directo o indirecto a su producción, por lo que es necesario una protección a nuestros productores nacionales cuando existan factores de riesgo.

Es fundamental es que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable no sólo proteja, sino también incida en el crecimiento y fortalecimiento de los productores nacionales en el presupuesto anual, y que se emprenda con la participación de los productores afectados procedimientos no sólo de defensa, sino también de apoyo de los productores nacionales en el ámbito internacional

La obligación del gobierno federal debe ser el apoyar a los productores en el ámbito nacional e internacional, fortalecer la soberanía alimentaria, garantizar el crecimiento en términos de productividad y competitividad y siempre buscar con acciones de impacto mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias.

En el artículo 111 es conveniente hacer hincapié y dejar clara la importancia que deben tener los productores agropecuarios nacionales, ya que en situaciones como la problemática actual de los productores de leche debido a las negociaciones de acuerdos comerciales, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), siguen repercutiendo en una afectación directa y debilitando la cadena productiva nacional, por lo que los productores agropecuarios en nuestro país deben ser protegidos por parte del Estado Mexicano, como está asentado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esto en virtud de procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población.

Que se incluya que a los productores que se va apoyar por parte de la Comisión Intersecretarial son los productores agropecuarios nacionales cuando por dificultades de comercialización se tenga que definir los productos elegibles de estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de gobierno.

Mientras que la propuesta de modificación del artículo 178 busca que en el tema del abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos, el Estado mexicano dé prioridad a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique el Ejecutivo federal lo cual garantizará certidumbre a los productores de que ya tienen asegurada su producción y llevará con un padrón transparente de comercializadores confiables dedicados a la compra y venta de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y sus derivados como establece el artículo 115 Bis, a tener sinergia con otro tipo de programas en materia de financiamiento, tecnificación, capacitación, entre otros aspectos necesarios para mejorar la productividad de los productores nacionales.

Derivado de lo anteriormente descrito, en esta iniciativa se propone un segundo transitorio en donde se establece que el Gobierno Federal tendrá la obligación de establecer un porcentaje de compras que adquirirá a los productores nacionales para cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares, el cual quedará establecido en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.

Que se atienda un problema recurrente al lograr que Liconsa adquiera al menos el 90 por ciento de leche a productores agropecuarios nacionales para las necesidades que tiene el Programa Nacional de Abasto Social de Leche, con la obligación de transparentar el padrón de proveedores.

Con estas reformas propuestas se logrará incidir en el cumplimiento de las fracciones I y VIII del artículo 183 de la ley; particularmente, en “la identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación”, así como en “la aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garantice el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180”.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el sector agroalimentario debe ser considerado un tema de prioridad nacional, consideramos que las políticas públicas y todas las acciones de los tres niveles de gobierno deben poner en el centro a los ciudadanos y en particular en el tema que hoy nos ocupa, a los productores agropecuarios.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 110, 111 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 110. El Ejecutivo federal aplicará las medidas que los comités sistema-producto específicos, le propongan a través de la comisión intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección, crecimiento y fortalecimiento de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguardas, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

La Comisión Intersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios, obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales. El gobierno federal, a solicitud de los comités de sistema-producto o, en su defecto, del Consejo Mexicano, emprenderá con la participación de los productores afectados, las demandas, controversias, excepciones, estudios y demás procedimientos de defensa y apoyo de los productores nacionales en el ámbito internacional, coparticipando con los costos que ello involucre y tomando en cuenta la capacidad económica del grupo de productores de que se trate.

Artículo 111. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en su comercialización, que afecten el ingreso de los productores agropecuarios nacionales,creando estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las empresas consumidoras a las zonas de producción.

Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique el Ejecutivo federal.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. En cumplimiento al capítulo XVII –De la Seguridad y Soberanía Alimentaria–, el Ejecutivo federal tendrá la obligación de presentar en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal a la entrada en vigor de este decreto, el porcentaje de compras que adquirirá a los productores nacionales para cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares. En el caso del Programa Nacional de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV, el Ejecutivo federal deberá adquirir al menos el 90 por ciento de leche a productores agropecuarios nacionales, con la obligación de transparentar el padrón de proveedores.

Cámara de Diputados, a 10 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Gerardo Federico Salas Díaz, Agustín Rodríguez Torres, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto De la Fuente Flores, Cynthia Gissel García Soberanes, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Elba Lidia Valles Olvera, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Cambranis Torres, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Gretel Culin Jaime, Héctor Peralta Grappin, Herminio Corral Estrada, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berúmen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Julio Saldaña Morán, Karla Karina Osuna Carranco, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gámez, Lorena del Carmen Alfaro García, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Natalia Karina Barón Ortiz, Pedro Garza Treviño, René Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salas. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cynthia García, por favor. Allá a la izquierda. Ahí está.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Buenos días, presidente. Solamente para felicitar a mi compañero Gerardo Federico Salas y que me permita sumarme a su iniciativa, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Salas, la diputada Cynthia García solicita adherirse a su iniciativa.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia. Entonces está a disposición, diputada, y así para quienes la quieran suscribir. ¿Sí? Sonido ahí en la curul del diputado Peralta Grappin.

El diputado Héctor Peralta Grappin (desde la curul): Muchas gracias. Igual, solicitarle al diputado Salas, si podemos ahora sí que suscribir la iniciativa. La verdad es que es un tema bastante importante y bastante relevante la cuestión de la leche, algo que hemos venido trabajando ahí en la Comisión de Ganadería y se me hace bastante interesante la propuesta. Muchas gracias.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado reitera su disposición para que sea suscrita.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Luz Argelia Paniagua, por favor.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (desde la curul): Igualmente, para pedirle a los compañeros podernos suscribir en este tema tan importante que aqueja a los productores de leche, pero que también tiene que ver mucho con los temas de salud en nuestros niños. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paniagua. Entonces está aquí a disposición como lo habíamos expresado para quienes quieran suscribirla, previa aceptación manifestada por el diputado proponente.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Presento ante esta soberanía, iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En México, diputadas y diputados, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada. Esta se ha desarrollado a lo largo de varias décadas en nuestro país y ha logrado comunicar a todas las regiones del mismo, incluso comunidades lo reconocemos, muy alejadas de las capitales de los estados.

Contamos con más de 380 mil kilómetros a lo largo de nuestro país, sin embargo el 30, al 35 por ciento de estas redes carreteras se encuentran muchas en lamentables condiciones, por lo mismo requieren de mantenimientos mayores y en algunos tramos de su reconstrucción completa. Si consideramos que el 80 por ciento de la carga nacional y casi el 90 por ciento de los pasajeros se transportan a través de nuestras carreteras, es indiscutible que sus malas condiciones afecta nuestra competitividad y, más aun, cuando las cuota de peaje son más altas incluso que en países desarrollados como los europeos.

La infraestructura deficiente impacta en el crecimiento. Impacta en el crecimiento de nuestra economía, impacta en el crecimiento de nuestro turismo, impacta en el crecimiento del comercio, impacta en el crecimiento del mercado agroalimentario incluso hasta en un 35 por ciento, de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.

Nuestras carreteras federales no cuentan con las condiciones de seguridad y calidad que requieren millones de usuarios que transitamos diariamente por ellas y gran parte de la responsabilidad no ha sido asumida en relación a su adecuado mantenimiento por las empresas concesionadas.

La presente iniciativa, compañeras y compañeros, tiene por objeto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como resultado de un trabajo de un informe a cargo del Instituto Mexicano del Transporte, ajuste las tarifas en carreteras de cuota de acuerdo a la calidad de las mismas. Es decir, carreteras buenas, peajes justos. Carreteras malas, bajo costo o que no se pague.

Los parámetros que se deben tomar en cuenta son el sobrecosto operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes, desastres, así como el riesgo de transitar por una ruta con altos índices de inestabilidad y además con calidad superficial por muy por debajo de los estándares internacionales.

Según la Organización Mundial de la Salud, seis de cada 10 muertes en autopistas ocurren en 12 países, y México está entre ellos. Los daños materiales y los perjuicios directos e indirectos en estos siniestros equivalen al gasto del producto interno bruto en un cuatro por ciento, compañeras y compañeros.

En realidad las carreteras en nuestro país son pistas complejas y terrenos desafiantes y temerarios. Por citar algunos ejemplos vamos a señalar algunas carreteras que por sus propias características son altamente peligrosas. La autopista México-Puebla con un recorrido aproximado de tres horas 45 minutos, registra alrededor de mil 683 accidentes al año, de acuerdo al reporte del sistema nacional de información arancelaria.

La autopista México-Querétaro, con una longitud de 250 kilómetros, registra mil 46 accidentes; la carretera Tepic-Mazatlán, mil 490 accidentes por año. Esto nos debe de llevar a la necesidad de establecer mejores parámetros de calidad para las empresas concesionarias.

La Secretaría de Comunicación y Transportes debe de disminuir temporalmente el pago de peaje en aquellos tramos en los que no se garantice la seguridad, la rapidez y la clasificación de seguridad en la carretera correspondiente.

Por otro lado, millones de usuarios hemos quedado en estado de indefensión porque las cuotas de peaje se han venido incrementando sin que exista una justificación pública, objetiva y razonable al respecto.

Por lo tanto la presente reforma propone: que la Secretaría de Comunicación y Transportes mediante el resultado de los informes del Instituto Mexicano del Transporte, ajuste el sobrecosto actual de las tarifas en carreteras de cuota y de acuerdo a su nivel de calidad.

Es imprescindible tener en cuenta que la utilización de criterios científicos y de investigación aplicada relacionada con los índices de siniestralidad con los niveles de demora y de regularidad superficial, permitan un incremento en la competitividad de nuestras regiones, fortalezcan el turismo nacional e internacional y, sobre todo, protejan la integridad física de millones y millones de mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

En México, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada, la cual se ha desarrollado a lo largo de varias décadas comunicando a casi todas las regiones y comunidades del país.

México cuenta con 378 mil 923 kilómetros de ellas, sin embargo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala que entre 30 y 35 por ciento de esta infraestructura se encuentra en malas condiciones, requiriendo de mantenimiento mayor y en algunos tramos, reconstrucción.

El 80 por ciento de la carga nacional y casi 90 por ciento de los pasajeros se transporta a través de carreteras, lo anterior impacta la competitividad y más aún cuando las cuotas que se cobran llegan a ser hasta más caras que las fijadas en la Unión Europea.

La infraestructura deficiente de nuestras carreteras impacta negativamente hasta en 5 por ciento el crecimiento de la economía, llegando a dañar la industria, el turismo, el comercio y el mercado agroalimentario en 35 por ciento, de acuerdo con estudios de la OCDE.

Nuestras carreteras federales no cuentan con las condiciones de seguridad y calidad que requieren los millones de usuarios que transitamos diariamente por ellas y gran parte de la responsabilidad no ha sido asumida en relación a su adecuado mantenimiento por parte de las empresas concesionadas.

Los accidentes, generados por carreteras derivan además en la afectación de la economía nacional y el tránsito comercial haciendo más oneroso el transporte de mercancías y, por lo tanto, menos competitivo a nuestro país.

Por lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo al informe que presente el Instituto Mexicano del Transporte, ajuste las tarifas en carreteras de cuota, de acuerdo a la calidad de las mismas.

Los parámetros que se tomarán en cuenta son el sobre costo operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así como por el riesgo de transitar por una ruta con altos índices de siniestralidad y calidad superficial por debajo de los estándares correspondientes.

Argumentación

El estado físico de las carreteras en relación con la competitividad deja mucho que desear, a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es una de las dependencias que ha logrado constantemente aumentos presupuestales, y que la inversión en proyectos carreteros es particularmente importante para el desarrollo económico, porque 55 por ciento de volumen de carga y 81 por ciento de su valor total se mueven en autotransporte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 6 de cada 10 muertes en autopistas ocurren en sólo una docena de países, entre los cuales se encuentra México, por lo que sumando los daños materiales y los perjuicios directos e indirectos para los accidentados, éstos llegan a representar gastos equivalentes a 4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Anualmente ocurren más de 29 mil accidentes en carreteras federales y estos siniestros traen como consecuencia aproximadamente 5 mil defunciones y 32 mil lesionados, además de pérdidas materiales superiores a 34 mil millones de pesos.

Para la determinación de la reducción de tarifas, se debe valorar el sobrecosto para los usuarios en las demoras operacionales y de los riesgos derivados de los índices de siniestralidad, la calidad de la superficie de la vía, según los estándares de calidad reconocidos en el ámbito internacional.

La infraestructura carretera incide de forma determinante en el empleo y la colectividad, la construcción de carreteras promueve la reactivación de la industria, no sólo porque el gasto ejercido ayude a generar empleos y réditos para las empresas, sino porque los beneficios de largo plazo que produce como lo son la reducción en los tiempos de traslado de las mercancías, la disminución de precios y el mejoramiento en la calidad de los servicios logísticos.

México necesita infraestructura que reafirme su apertura comercial y vínculos con el mundo globalizado, pero existen grandes errores en la construcción de carreteras en México, tales como trazos inexactos, malos materiales, un deficiente mantenimiento y clasificación, por ello el Foro Económico Mundial ubica a México en el lugar 68 de 144 en el Índice de competitividad e infraestructura.

En realidad se ha planeado sin tener el derecho de vía, lo que impide garantizar una ruta sin complicaciones en el desarrollo de la obra y evitar retrasos en la construcción.

La planeación es tan deficiente que hay casos en los que no se dispone de una franja amplia de derecho de vía para impedir la circulación de vehículos en áreas cercanas a los inmuebles habitados, y así evitar accidentes como los que se han suscitado.

En esta planeación es necesario aplicar un verdadero sistema de criterios de seguridad vial, donde los procesos constructivos se verifiquen correctamente y no existan trazaos inexactos y malos materiales.

Una vez que la vía está en operación comienza el deterioro natural por el uso. Los especialistas coinciden en que la falta de mantenimiento es una de las condiciones que acrecientan el riesgo.

Las carreteras en nuestro país son pistas complejas y terrenos desafiantes. Según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, cada día mueren 55 personas a causa de percances viales y por cada individuo que fallece, dos sufren una discapacidad.

La autopista México-Puebla: con un recorrido aproximado de 3 horas 45 minutos, este camino administrado por Caminos y Puentes Federales registra alrededor de mil 683 accidentes anuales según un reporte del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Su longitud es de 130 kilómetros (km) y las pronunciadas curvas y ocasionales nevadas la han transformado en un desafío hasta para los conductores más experimentados.

La autopista México-Querétaro: esta es una de las más transitadas del país, cuenta con una longitud de 260 km y es administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Aunque su promedio de accidentes es bajo, tres por día, ésta suele ser muy traicionera, ya que al ser recta los conductores se confían y distraen del camino, principalmente los de tráfico pesado. Anualmente se registran mil 46 percances y constantemente se encuentra en mantenimiento. Por ella se puede llegar hasta el estado de Hidalgo.

La carretera Tepic-Mazatlán: con una media de cuatro accidentes al día, que equivale a mil 490 al año, esta autopista es una de las más volátiles del territorio nacional. Su falta de mantenimiento, mala ubicación de casetas de cobro y altas temperaturas convierten a este camino pavimentado en una trampa mortal. Está conectada con la autopista Durango-Mazatlán e incluye el puente más alto del mundo, El Baluarte.

La carretera y autopista México-Toluca: ambas son peligrosas sobre todo por la neblina que se acumula en la zona de la Marquesa. El granizo, el excesivo tráfico de lunes a domingo además de las constantes curvas, convierten a esta carretera en una de las más atrabancadas y desafiantes de todo México.

La autopista Querétaro-Irapuato: para garantizar la seguridad de los viajeros esta carretera se encuentra constantemente en obras de modernización. Entre los cambios que ha experimentado destaca la ampliación a cuatro carriles y la reconstrucción de otros 49 km. Aun así, al año suma 19 mil choques, a razón de tres accidentes por día aproximadamente.

La autopista Matehuala-Monterrey, que contrariamente a lo que se pudiera pensar, autopistas así de largas y rectas puede representar un peligro debido a su monotonía. Al no haber curvas, el conductor puede adormecerse y, en determinado momento, sufrir un percance.

La Rumorosa; esta carretera que cruza Baja California es muy peligrosa por los fuertes vientos y por su gran cantidad de curvas. Ha sido escenario de muchos accidentes.

Cumbres de Maltrata, una carretera famosa por los accidentes que ha cobrado.

La autopista México-Cuernavaca, otra de las vías más transitadas de nuestro país. Pese a que ha sido remodelada, ampliada y mejorada, continuamente sigue siendo una de las más peligrosas. Sobre esta cinta asfáltica se encuentra la tristemente célebre curva llamada “La pera”, que durante mucho tiempo cobró la vida de muchos incautos automovilistas que se confiaron, tomándola a velocidad excesiva.

La Sepultura, ubicada en el Cerro de la Sepultura, esta vía comunica a Tuxtla Gutiérrez con Ciudad Arriaga en el estado de Chiapas. Su peligrosidad se debe a que es muy estrecha y cuenta con muchas curvas situadas en medio de un barranco.

La presente propuesta de iniciativa de ley faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ordenar la disminución temporal del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, rapidez y clasificación carretera que corresponde.

Aunque se realicen acciones en materia de seguridad vial, la orientación se concentra en la prevención desde el punto de vista del conductor, lo cual influye a disminuir la siniestralidad, pero la otra gran causa de los percances automovilísticos son las malas condiciones de la infraestructura carretera.

El Presupuesto de Egresos de la Federación promedia 18 por ciento de recursos en infraestructura destinados a conservación y mantenimiento de la red carretera, lo cual termina siendo insuficiente. Lo anterior se aleja marcadamente del parámetro fijado por la OCDE y el Banco Mundial, que indica que las naciones deben invertir cuando menos 30 por ciento de su presupuesto carretero en mantenimiento, conservación y rehabilitación de dicha infraestructura.

Por un lado es claro que se debe aumentar la inversión en conservación carretera y al mismo tiempo se debe mejorar la calidad de los materiales utilizados, ya que al disminuir la calidad de las carreteras el costo de mantenerlas en buen estado se incrementa.

Actualmente el costo de mantenimiento ascienda a 5 millones de pesos por kilómetro, cuando hace dos décadas el costo promediaba 250 mil pesos.

Las cuotas de peaje han presentado incrementos sin que exista una justificación pública, objetiva y razonable al respecto. En los últimos años se han autorizado incrementos que van de los 2 a los 5 pesos en las diversas casetas, lo que ha generado el descontento de automovilistas, transportistas y organismos empresariales.

Otras legislaturas han tratado de facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión, pero tal medida debido a sus costos ha sido desechada.

De cualquier manera los millones de usuarios de carreteras federales de cuota seguimos en estado de indefensión, ya que tanto Capufe como los concesionarios de vías generales de comunicación, incumplen su obligación de mantener seguras, cómodas y rápidas las carreteras bajo su responsabilidad.

Frecuentemente sólo se habilita un carril por obras de mantenimiento y reparaciones, el número de casetas de cobro en operación son insuficientes, se provocan largas filas, pérdida de tiempo y daños económicos de consideración a los automovilistas, pasajeros y transportistas de carga, además de los accidentes, lesiones, muertes y averías en los vehículos de tránsito, ocasionadas en buena proporción por el mal estado de las carreteras.

La nueva facultad que se otorga a la SCT implica que la secretaría debe utilizar criterios científicos y de investigación, relacionados con los índices de siniestralidad, niveles de demora y la regularidad superficial.

De tal manera que será el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), órgano desconcentrado de la secretaría, quien realice un informe trimestral con investigación aplicada, para proponer el ajuste de tarifas en carreteras de cuota, de acuerdo a la calidad de las mismas.

El Instituto Mexicano del Transporte ha establecido parámetros con anterioridad para reducir al usuario en el peaje en más de 40 por ciento por el sobre costo operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así como por el riesgo de transitar por una ruta con altos índices de siniestralidad y calidad superficial por debajo de los estándares correspondientes.

De aplicarse esta disminución en el cobro de tarifas a carreteras de alta peligrosidad como las señaladas en la presente iniciativa, mejoraría la competitividad de nuestras regiones y se fortalecería el turismo nacional e internacional, a la vez de proteger la integridad física de nuestras familias que transitan cotidianamente por nuestros caminos y carreteras.

Así, para los ajustes a las cuotas de peaje en las autopistas concesionadas, la secretaría estará facultada a establecer disminuciones de tarifas de acuerdo al informe trimestral del Instituto Mexicano del Transporte, por el sobre costo operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así como por el riesgo de transitar por una ruta con altos índices de siniestralidad y calidad superficial por debajo de los estándares correspondientes.

En ese orden de ideas se impulsa el equilibrio de los criterios de utilidad del concesionario con los criterios de calidad de nuestras carreteras.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se adiciona un primer párrafo a la fracción VIII del artículo 5, recorriendo el original para quedar como segundo párrafo, y se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 70, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal las siguientes atribuciones:

I. a VII. ...

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Establecer los ajustes y disminuciones de las cuotas de peaje de las autopistas concesionadas, de acuerdo con el informe trimestral del Instituto Mexicano del Transporte, por el sobre costo operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así como por el riesgo de transitar por una ruta con altos índices de siniestralidad y calidad superficial por debajo de los estándares correspondientes.

...

IX. ...

Artículo 70. ...

...

El Instituto Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la secretaría, realizará un informe trimestral con investigación aplicada, para proponer el ajuste de tarifas en carreteras de cuota, con parámetros relacionados con el sobre costo operativo que resulta de las demoras por obras, accidentes, derrumbes o desastres, así como por el riesgo de transitar por una ruta con altos índices de siniestralidad y calidad superficial por debajo de los estándares correspondientes.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 OCDE. Estudios Territoriales. Estrategias y Políticas para el Desarrollo Territorial.

2 Ibídem. Nota 1.

3 Instituto Mexicano del Transporte. “Una metodología para el ajuste por calidad en las tarifas de carreteras de cuota”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: J. Guadalupe Hernández Alcalá, Ana Leticia Carrera Hernández, Cecilia Guadalupe Soto González, Daniel Ordoñez Hernández, Eva Florinda Cruz Molina, Francisco Xavier Nava Palacios, Héctor Javier García Chávez, Héctor Peralta Grappin, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Saludamos la presencia de un grupo de vecinas de la Delegación Benito Juárez, de aquí de la ciudad de México, invitadas por el diputado Federico Döring Casar. Bienvenidas a este recinto parlamentario, amigas.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Paloma Canales Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Paloma Canales Suárez:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, históricamente las mujeres han librado intensas batallas desde distintos sectores de la sociedad, buscando la defensa y respeto de sus derechos mediante la formulación de propuestas para transitar de una situación de franca desventaja, hacia el pleno ejercicio de sus derechos y libertades a través de una participación activa en los procesos de construcción democrática.

Los avances que se han logrado en la participación política y ciudadana de las mujeres en nuestro país, desde mediados del siglo XX, se debe al esfuerzo y compromiso de personas que han trabajado arduamente por la construcción de una sociedad con igualdad de género.

Durante varios años la vida de la mujer en todo el mundo se mantuvo limitada, únicamente se les permitía desempeñar roles impuestos por mentalidades primitivas sin que se reconociera su papel preponderante en el desarrollo de la sociedad.

En México, la situación de la mujer no fue diferente a la del resto del mundo; sin embargo, esta idea preconcebida de incapacidad mental, política y natural, fue enfrentada por mujeres mexicanas excepcionales como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Carmen Serdán, entre otras, que hoy siguen siendo ejemplo del espíritu libertario mexicano por la igualdad entre mujeres y hombres.

Es a finales del siglo XIX cuando mujeres a nivel internacional inician un movimiento que persiste en la actualidad. Se crearon diversas organizaciones internacionales mediante las cuales se exigieron mejores condiciones de vida, derechos laborales, reconocimiento político, así como acceso a la salud y a la educación.

En México, durante el movimiento armado de los primeros años del siglo XX, algunos de los hombres y mujeres que participaron señalaron la necesidad de que la revolución no se agotara únicamente con el derrocamiento del gobierno dictatorial, sino que también se lograra el cambio de roles en la mujer mexicana que desempeñaba hasta ese momento.

En 1916, el general Salvador Alvarado, en su calidad de gobernador del estado de Yucatán, inauguró los trabajos del Congreso feminista, la relevancia de este Congreso es que las mujeres mexicanas que lo integraron, se sumaron a los movimientos feministas europeos norteamericanos y latinoamericanos para expresar por primera vez su idea acerca del papel que desempeñaban en la sociedad, y también exigieran el reconocimiento de sus derechos, lo cual se convirtió en un importante precedente para la lucha de las mujeres mexicanas.

En este sentido, la presente iniciativa de ley pretende adicionar un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que anualmente se otorgue en sesión solemne, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una presea denominada “Mujeres del Congreso Feminista de 1916”, a aquellas personas físicas o morales que trabajan para alcanzar una sociedad igualitaria en beneficio de las mujeres de nuestro país.

En el Partido Verde Ecologista de México reconocemos el trabajo diario que se realiza para la construcción de una nueva sociedad con patrones de equidad entre mujeres y hombres, que nos permitan acceder con igualdad al pleno ejercicio de nuestros derechos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir del siglo XIX las mujeres han forjado una amplia tradición de lucha por la defensa y respeto de sus derechos a través de su participación activa en los procesos de construcción democrática, y desde los distintos sectores de la sociedad mediante la formulación de propuestas para avanzar en la visibilización cada vez con mayor profundidad de una situación de franca desventaja para el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Un reto fundamental en la construcción de una sociedad con perspectiva de género, es la consideración de lo privado como ámbito de lo político y lo público; por ello el interés de las mujeres por la participación política es obvio en el ejercido activo de su ciudadanía y en la ampliación de sus derechos.

Los avances que se han logrado en el ámbito de la participación política y ciudadana de las mujeres en nuestro país desde mediados del siglo XX deben mucho a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad, más equitativo entre géneros. En ese sentido, México ha sido referente en el ámbito internacional en la creación de una agenda de género, como fue evidenciado en el año de 1975 cuando se realiza en nuestro país la Primera Cumbre Internacional Sobre la Mujer.

La relevancia de la Cumbre Internacional de México en 1975 y las tres que se han derivado de la misma, incluyendo la de Beijín de 1995, radica en la consecución de una nueva concepción de la vida y de establecer patrones de equidad entre mujeres y hombres que permitan a las personas acceder con igualdad al pleno ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así, vasta dar un vistazo a la historia, para darnos cuenta que durante muchos siglos se creyó que el cerebro femenino no estaba dispuesto para el conocimiento y el aprendizaje y entendimiento de la lectura, pues al estimarse que era un cerebro débil, si se le forzaba a atesorar conocimiento, podría enloquecer.

Por ello, la creencia social que prevaleció en el mundo durante los siglos XVI al XVIII, es que la mujer era un instrumento del demonio; y por eso debían permanecer encerradas; tras las puertas de la casa; sólo ir a misa; no leer y estar sometidas a los mandatos de los sacerdotes y de los hombres a quienes debían obediencia; y las mujeres que violaban estas disposiciones eran enviadas a la hoguera o al destierro; es decir, eran condenadas a la muerte pues los hombres necesitaban “enemigos” para culpar a alguien de los males que acaecían. De hecho, el término “femenino”, deriva de la unión de las locuciones: fe y minus, esto es, poca fe o fe disminuida.

En consecuencia, la vida de la mujer y la cerrazón de la brutalidad masculina llevaron a imponer condiciones de minusvalía a ellas en su propia condición humana. La mujer mantuvo limitada su condición y se resignó a ocupar roles impuestos por las mentalidades misóginas y primitivas de la época, sin que en ello se reconociera su papel preponderante en la existencia de la propia humanidad, tal y como lo señaló en su momento Federico Engels en su libro “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”.

En México, la situación de la mujer no es diferente a las del resto del mundo en esos siglos, pero la idea preconcebida de incapacidad mental, política y natural de la mujer se enfrenta a una realidad de mujeres mexicanas excepcionales como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, entre otras muchas que hoy siguen siendo faros de luz y guías del espíritu libertario mexicano y por la igualdad entre mujeres y hombres.

Es a finales del siglo XIX, cuando las mujeres a nivel internacional inician un movimiento que al día de hoy no se ha detenido. A través de la creación de las uniones internacionales feministas, las mujeres de todo el mundo han expresado desde entonces sus principales reivindicaciones: mejores condiciones de vida, derechos laborales y reconocimiento político, derecho a la salud y educación, entre otros.

En cuanto a nuestro país, durante el movimiento armado de los primeros años del siglo XX, algunos de los hombres y mujeres que participaron en el mismo señalaron la necesidad de que la revolución no se agotara con el derrocamiento del gobierno dictatorial sino que ésta significara también un cambio en el rol que la mujer mexicana mantenía hasta ese momento en lo social y lo político.

Es en este contexto que, en 1916, el general Salvador Alvarado, en su calidad de gobernador y comandante militar de Yucatán inaugura los trabajos del Congreso Feminista con las siguientes palabras:

“es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe..., pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de las actividades humanas; que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia; y que el medio más eficaz de conseguir estos ideales, o sea los de libertar y educar a la mujer, es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado, para que ella misma se proteja”.

La relevancia del Congreso de 1916 es que las mujeres mexicanas se sumaron a los movimientos feministas europeos, norteamericanos y latinoamericanos para expresar públicamente, y por primera vez su idea acerca del papel que jugaban en la sociedad; y al mismo tiempo, exigieron que se les reconocieran no solamente sus derechos políticos, sino también como personas capaces de ejercer un dialogo con el Estado, lo que convirtió al mismo en un importante precedente para las luchas de las mujeres mexicanas de los años posteriores en nuestro país.

Ahora bien, según la Enciclopedia de México, los trabajos de este Congreso Feminista de 1916 tuvieron como objetivos y conclusiones los cuatro temas que se enlistan a continuación:

¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para liberar a la mujer del yugo de las tradiciones?

Respecto a este punto, se acordó dar a conocer en los centros de cultura la potencia y la variedad de sus facultades; el gestionar la modificación de la legislación civil para otorgarle mayores libertades; el fomentar los espectáculos que estimulen los ideales del libre pensamiento; así como darle una profesión u oficio que le permita ganarse el sustento; e inducirla a no tener otro confesor que su conciencia.

¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquélla tiene como finalidad preparar para la vida?

En la mesa de discusión sobre este punto, se acordó proponer la supresión de las escuelas verbalistas y sustituirlas por institutos de educación racional, en que se despliegue la acción libre y puedan orientarse las generaciones hacia una sociedad en que predominen la armonía y la conciencia de los deberes y derechos.

¿Cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentarse y sostenerse en el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso?

Como conclusiones de este tema, se acordó solicitar la creación de una academia de dibujo, pintura, escultura y decorado; el establecimiento de clases de música y de fotografía, peletería, trabajos de henequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotograbado, grabado en acero y en cobre, florería y cerámica en las escuelas vocacionales; y la multiplicación de las escuelas granjas mixtas.

¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad?

Se advirtió que deben abrírsele las puertas de todos los campos de acción y que “la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de la sociedad”.

Sin duda alguna, el Congreso Feminista de 1916 propició la construcción de caminos, la apertura de brechas y el rompimiento de esquemas en temas de tal relevancia como la participación de las mujeres en la política, la cual es hoy una realidad. Actualmente el 42 por ciento de la Cámara de Diputados está integrada por mujeres y afortunadamente podemos decir que esa misma representación se reproduce en la mayoría de los congresos de los estados.

Un claro ejemplo de la importancia que tuvo en la sociedad el Congreso Feminista de 1916 es que hizo posible que en el Código Civil de 1928, se reconociera jurídicamente la condición de persona con capacidad a las mujeres mexicanas, lo que fue un primer logro para alcanzar el status de ciudadanas, el cual ha sido ejercido por las mujeres de hoy gracias a la intensa lucha de quienes les precedieron.

Adicionalmente, el Congreso Feminista realizado en el estado de Yucatán representó y fue el primer logro para que las mujeres hoy cuenten con una ciudadanía plena de derechos, aunque aún no del reconocimiento social de los mismos, en donde la participación de los hombres resulta de primera importancia para el pleno ejercicio de los derechos en la sociedad.

Sobre lo manifestado en el párrafo anterior, es importante señalar que algunos de los contenidos estudiados por el Congreso de 1916 se mantienen vigentes en pleno siglo XXI no solamente en México sino a nivel mundial, tales como: brechas de desigualdad en temas como educación, trabajo, remuneración salarial, salud y procuración de justicia hacia las mujeres; es decir, siguen siendo áreas en las que diariamente personas de distintas creencias políticas, estratos sociales, culturales, intelectuales y académicos trabajan para lograr una agenda pública sobre temas que se discutían hace cien años y que son la realidad de la mujer a nivel mundial.

En ese sentido, la presente iniciativa de ley pretende adicionar el Reglamento de la Cámara de Diputados, para que de manera anual y en sesión solemne se entregue en el mes de marzo de cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una presea denominada “Mujeres del Congreso Feminista de 1916”, a las personas físicas o morales que trabajan para alcanzar una sociedad igualitaria y en beneficio de las mujeres de nuestro país.

Sin duda alguna, como representantes populares al reconocer el trabajo que día a día se hace en la consecución de una sociedad igualitaria, estamos declarando públicamente la valiosa aportación de hombres y mujeres que hace cien años hicieron que nuestro país se uniera a un movimiento internacional que establecía que el feminismo no se trataba sólo de conseguir el voto femenino, sino de realizar acciones por la igualdad jurídica y el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la administración de los bienes propios por las mujeres.

Se trata de reconocer al colectivo que en 1916 trabajó durante meses en la consolidación de una sociedad más justa y paritaria, entre quienes podemos destacar a:

“Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, Consuelo Ruz Morales, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Vadillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade, entre otras 600 mujeres y hombres que acudieron a la convocatoria de este Congreso”.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que los avances que se han logrado en la participación política de las mujeres de nuestro país son, en buena medida, gracias a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de una nueva sociedad, y por eso es que presentamos esta iniciativa de ley con el fin de establecer un reconocimiento al trabajo diario que se realiza en la construcción de una nueva concepción de la vida y de una nueva forma de establecer patrones de equidad entre mujeres y hombres que nos permita acceder con igualdad al pleno ejercicio de nuestros derechos.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para crear la medalla “Mujeres del Congreso Feminista de 2016”

Artículo Único. Se adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 261.

...

...

3. La Cámara otorgará la Medalla Mujeres del Congreso Feminista de 1916, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir el Reglamento correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Paloma Canales Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Gracias, diputada Canales. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos Prácticas Reglamentarias, para dictamen.

EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de los Alimentos.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su venia, señor presidente. La iniciativa que hoy presento se inscribe dentro de un gran movimiento mundial que lucha contra el desperdicio de los alimentos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, diariamente millones de toneladas de comida son desperdiciadas.

Gran parte de las cosechas de alimentos no llegan a los consumidores finales, se abandonan en los campos de cultivo, se pierden en el traslado, se echan a perder por la falta de sistemas adecuados de refrigeración y almacenamiento, son rechazados por los intermediarios debido a que no cumplen con criterios estéticos y de calidad exigidos, y los excedentes se destruyen para que el precio de los productos no baje.

En los supermercados los productos cercanos a su fecha de caducidad son exhibidos en los mejores lugares, en los pasillos de mayor circulación y en los mostradores de refrigeración más cercanos a la gente.

Sin embargo, a pesar de las políticas de conservación de alimentos, de las baratas y los descuentos, los productos alimenticios son dados de baja y se tiran indiscriminadamente, aun cuando cumplen con las normas sanitarias y nutricionales adecuadas.

Los alimentos que sufren alteraciones en el envasado o pierden las características que los hacen atractivos son considerados como residuos o desechos, a pesar de que son perfectamente comestibles. Enormes cantidades de comida preparada son arrojadas a la basura porque no se venden.

Una solución al desperdicio de alimentos es reducir su precio o donarlos a comedores públicos o bancos de alimentos. Sin embargo, los supermercados no consideran la posibilidad de disminuir drástica y permanentemente los precios, y no los donan porque consideran que podría perjudicar sus ventas. En nuestro país, millones de personas padecen hambre y miles de toneladas de alimento se desperdician. Vivimos en un país con hambre y despilfarro al mismo tiempo.

En 2014, de acuerdo a datos aportados por el Coneval, más de 27 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza alimentaria y el Inegi reporta que 23 personas mueren diariamente por hambre. El 75 por ciento son adultos mayores de 65 años.

La Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimento, que equivalen al consumo de 27 millones de personas. Casi la mitad de los alimentos desperdiciados son frutas y verduras, los cereales representan el 29 por ciento y los productos de origen animal, cárnicos, lácteos y pescado, el 25 por ciento.

Con el propósito de prevenir y reducir el desperdicio de alimentos al día de hoy presentamos esta propuesta de ley. Cuestiona un modelo de consumo que favorece falsas necesidades y genera hábitos equivocados, pretende trabajar sobre la mentalidad de la gente con la finalidad de promueve prácticas de consumo responsable. No intenta repartir a los pobres la comida que les sobra a los ricos, sino que busca la movilización de la sociedad con el propósito de disminuir la pobreza alimentaria y el hambre de millones de mexicanos que la padecen.

Se propone que la menor cantidad de alimentos o ninguna termine en la basura, mediante la participación de la sociedad con acciones que contribuyan a la formación de bancos de alimentos, comedores y organizaciones solidarias comprometidas con los millones de familias que hoy en día no puedan adquirir la canasta básica.

Propone esta ley que los supermercados adopten medidas para disminuir el desperdicio de alimentos donando los productos que aún pueden ser consumidos y no se vendan por diversos motivos. Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano deben ser donados para la alimentación animal, la fabricación de abonos agrícolas o combustibles biodegradables.

Enfrentar el desperdicio de alimentos ayudará a construir un futuro sustentable. Garantizar el derecho a la alimentación no será posible sin la participación consciente de la sociedad. Terminar con el hambre y la desnutrición que padecen millones de mexicanos es un compromiso de todos los mexicanos y Morena se suma a esto.

Es por ello, compañeros y compañeras diputados, que les pedimos su apoyo para que esta ley sea dictaminada en favor. Que estas son las acciones que necesitamos los mexicanos. Que estas son las acciones que la gente nos pide en los distritos que representamos, para eso llegamos aquí.

Es por ello que solicito que de manera urgente se dictamine en las comisiones asignadas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que crea la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diariamente, millones de toneladas de comida son desperdiciadas. Gran parte de las cosechas de alimentos no llegan a los consumidores finales: se abandonan en los campos de cultivo, se pierden en el traslado, se echan a perder por la falta de sistemas adecuados de refrigeración y almacenamiento, son rechazadas por los intermediarios debido a que no cumplen con los criterios estéticos y de calidad exigidos. Los excedentes se destruyen para que el precio de los productos no baje.

En los supermercados, los productos cercanos a su fecha de caducidad son exhibidos en los mejores lugares, en los pasillos de mayor circulación y en los mostradores de refrigeración más cercanos a la gente. Sin embargo, a pesar de las políticas de conservación de alimentos, de las baratas y los descuentos, los productos alimenticios son dados de baja aun cuando cumplen con las normas sanitarias y nutricionales adecuadas.

Los alimentos que sufren alteraciones en el envasado o pierden las características que los hacen atractivos son considerados como residuos o desechos, a pesar de que son perfectamente comestibles. Enormes cantidades de comida preparada son arrojadas a la basura porque no se venden.

Una solución al desperdicio de alimentos es reducir su precio o donarlos a comedores públicos o bancos de alimentos. Sin embargo, los supermercados no consideran la posibilidad de disminuir drástica y permanentemente los precios y no los donan porque consideran que podría perjudicar sus ventas.

La FAO ha señalado que en el mundo se producen alimentos suficientes para erradicar el hambre. Si se recuperan la mitad de los productos que se desperdician es posible alimentar a toda la población del planeta. Con este fin ha lanzado la iniciativa “Salvemos la Comida” que busca que los sistemas alimentarios de todos los países reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos.

México forma parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ha suscrito diversos instrumentos legales entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en donde se establece que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la alimentación.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4o. que: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado garantizará este derecho.

Sin embargo, en nuestro país, millones de personas padecen hambre, y miles de toneladas de alimentos se desperdician. Vivimos en un país con hambre y despilfarro al mismo tiempo.

En 2014, de acuerdo a datos aportados por el CONEVAL, más de 27 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza alimentaria y el INEGI reporta que 23 personas mueren diariamente por hambre, el 75 por ciento son adultos mayores de 65 años.

Además de hambre, la falta de alimentos provoca desnutrición y en los niños tiene severas consecuencias, los daños que provoca sobre su desarrollo físico y mental no podrán ser superados jamás.

La Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos que equivalen al consumo de 27 millones de personas, casi la mitad de los alimentos desperdiciados son frutas y verduras (46%), los cereales representan el 29% y los productos de origen animal, cárnicos lácteos y pescado el 25%.

Las cifras antes señaladas son estimaciones. Las empresas comercializadoras los grandes supermercados, los restaurantes, los hoteles y en general las empresas de alimentos no están obligados a informar el destino final de los productos que no venden. La destrucción de alimentos es una práctica oculta que intenta pasar desapercibida. Son muy pocas las empresas que actúan con responsabilidad social y tienen un compromiso en el cuidado del medio ambiente.

La propuesta que el día de hoy presentamos se inscribe dentro de un gran movimiento mundial que lucha contra el desperdicio de los alimentos. Todas las corrientes ideológicas y políticas con diferentes razones y argumentos se manifiestan en contra de que los alimentos terminen en los botes de basura. Hay quien considera que es una distorsión del mercado y un uso ineficiente de recursos, mientras otros cuestionan las implicaciones éticas de desperdiciar la comida en un mundo donde existen millones de personas desnutridas y hambrientas, además de las graves consecuencias ambientales.

La propuesta cuestiona un modelo de consumo que favorece falsas necesidades y genera hábitos equivocados. Pretende trabajar sobre la mentalidad de la gente, con la finalidad de promover prácticas de consumo responsable. No intenta repartir a los pobres la comida que les sobra a los ricos. Busca la movilización de la sociedad con el propósito de disminuir la pobreza alimentaria y el hambre de millones de mexicanos que la padecen.

Se propone que la menor cantidad de alimentos termine en la basura, mediante la participación de la sociedad con acciones que contribuyan a la formación de bancos de alimentos, comedores populares y organizaciones solidarias comprometidas con los millones de familias que hoy en día no pueden adquirir la canasta básica.

Propone que los supermercados adopten medidas para disminuir el desperdicio de alimentos, donando los productos que aún pueden ser consumidos y no se venden por diversos motivos como la cercanía de su fecha de caducidad o que haya pasado la de consumo preferente o por defectos estéticos.

Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano deben ser donados para la alimentación animal, la fabricación de abonos agrícolas o combustibles biodegradables.

Enfrentar el desperdicio de alimentos ayudará a construir un futuro sustentable. Tendrá importantes repercusiones sobre otros problemas como el desperdicio de energía, la disminución de emisiones de CO2, la contaminación y el despilfarro de agua, el empleo de pesticidas, el cambio en los usos del suelo. Es un compromiso que ayudará a preservar la salud de los ecosistemas, comparable a preservar la biodiversidad o combatir el calentamiento global.

Garantizar el derecho a la alimentación no será posible sin la participación consciente de la sociedad. Terminar con el hambre y la desnutrición que padecen millones de mexicanos es un compromiso de Morena.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, para quedar como sigue:

Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos

Capítulo I
Del Objeto

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto prevenir el desperdicio de alimentos.

Artículo 2.Con la finalidad de prevenir el desperdicio de alimentos las empresas comercializadoras, con una superficie superior a los 300 metros cuadrados y aquellas cadenas comerciales que se dediquen a la venta de alimentos preparados, deberán donar los alimentos que por diversas causas no pueden ser vendidos, pero aún pueden ser consumidos.

Artículo 3.Todos los integrantes del sector alimentario deberán establecer las siguientes prioridades en el manejo de sus productos:

I. Prevenir el desperdicio de alimentos;

II. Destinar a la donación o a la transformación los productos que no se han vendido y aún son adecuados para el consumo humano;

III. Recuperarlos y destinarlos a la alimentación animal;

IV. Aprovecharlos para producir composta o abonos para la agricultura; y

V. Destinarlos a la obtención de biocombustibles.

Artículo 4.Sin menoscabo de las normas relativas a la seguridad sanitaria de los alimentos, queda prohibido destruir o inutilizar para el consumo o el aprovechamiento los productos alimenticios que no fueron vendidos y aún pueden ser consumidos.

Artículo 5.Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Alimento: cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición;

II. Alimento excedente: cualquier alimento que no se puede vender, pero aún puede consumirse.

III. Banco de Alimentos: Organización sin fines de lucro cuyo objetivo es recuperar los excedentes alimenticios y redistribuirlos a organizaciones sociales o población vulnerable, evitando el desperdicio o mal uso.

IV. Comedor popular: Organización pública que tiene como fin proporcionar comida gratuita, o mediante una pequeña contribución, a personas de escasos recursos económicos.

V. Población vulnerable: grupos sociales en condiciones de pobreza y pobreza extrema; y

VI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

Capítulo IIDe la Comisión para Prevenir el Desperdicio de Alimentos

Artículo 6.Se declara de interés social la integración de una Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.

Artículo 7. La Comisión Nacional estará integrada por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Economía; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 8. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias así como representantes de organizaciones sociales y privadas. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico.

La Comisión Nacional sesionará cuando menos una vez por bimestre.

Artículo 9. La Comisión Nacional es una instancia de coordinación, concertación y colaboración, de los gobiernos federal, los de las entidades federativas, los municipales, las alcaldías, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:

I. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios, alcaldías, organizaciones sociales y privadas, así como empresas para evitar el desperdicio de alimentos;

II. Impulsar la formación de bancos de alimentos, comedores populares y organizaciones solidarias con el propósito de recibir donación de alimentos destinados a las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema;

III. Fomentar la participación de los ciudadanos, familias, organizaciones y, en general, de los sectores social y privado para el rescate de alimentos y su aprovechamiento;

IV.Promover y llevar a cabo campañas de información y sensibilización a través de diversos medios, incluyendo la comunicación masiva, para prevenir el desperdicio de alimentos; y

V. Promover que se incluyan contenidos educativos en las escuelas sobre el objeto de la presente ley.

Artículo 10. La Secretaría de Desarrollo Social coordinará a la Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos.

Artículo 11. - La Comisión Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos contará con un consejo de carácter consultivo, conforme a las normas que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Capítulo IIISanciones

Artículo 12. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, serán sancionadas con la imposición de una multa de 1,000 a 10, 000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, se difundirá la sanción señalando al infractor como una empresa que no tiene responsabilidad social.

Transitorios

Único. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Norma Rocío Nahle García,Alfredo Basurto Román, Ana Leticia Carrera Hernández, Ariadna Montiel Reyes, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Eva Florinda Cruz Molina, Francisco Xavier Nava Palacios, Guadalupe Hernández Correa, Héctor Javier García Chávez, Héctor Peralta Grappin, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Irma Rebeca López López, Jonadab Martínez García, Julio Saldaña Morán, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Ma. Victoria Mercado Sánchez, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Bárbara Botello Santibáñez, María Chávez García, Natalia Karina Barón Ortiz, Norma Xochitl Hernández Colín, Pedro Garza Treviño, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Roberto Guzmán Jacobo, Rogerio Castro Vázquez, Sandra Luz Falcón Venegas, Sergio René Cancino Barffuson, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín(desde la curul): Presidente

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido aquí, en la curul de la diputada Xochitl Hernández, por favor.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Para solicitar a la Presidencia nos pueda conceder la promovente adherirnos a su iniciativa. También lo tiene considerado la diputada Laura Esquivel. Ojalá nos permitan, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Nahle. La diputada Nahle, proponente de la misma manifiesta su aceptación para que así pueda hacerse y está a disposición entonces de quienes quieran suscribir esta iniciativa.

Saludamos la presencia de alumnos y personal de Nueva Escuela Tecnológica, del Estado de México, invitados por el diputado Gabriel Casillas Zanatta. Igualmente de alumnos y personal docente del Instituto Escuela del Sur, de Tlalpan de la Ciudad de México, invitados por la diputada Lorena Corona Valdés.

Y también a integrantes de la Asociación Civil Eslabón de Jóvenes, de Morelia, Michoacán, invitados por la diputada Daniela De Los Santos Torres. Sean todas y todos ustedes bienvenidos aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Virgilio Caballero, por favor. Sí, diputado.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Gracias, presidente. Es para adherirme a la importante iniciativa presentada por la diputada Rocío Nahle, porque es otra forma muy importante de atender el tema del hambre en nuestro país. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada reitera su aceptación y entonces aquí está, como lo habíamos dicho.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 66 Bis a la Ley General de Salud.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, mucho hemos hablado en esta Cámara acerca de la obesidad infantil, de las enfermedades crónico-degenerativas, pero poco se han mencionado acerca de la desnutrición y del estado de salud que guardan nuestros infantes, por esto, esta iniciativa tiene como objeto primordial iniciar un programa que nos permita determinar el estado de salud y nutricional de nuestros educandos antes de cada periodo escolar.

Es importante mencionar que cualquier programa aplicado al desarrollo social y/o educativo dirigido hacia los grupos más vulnerables queda corto, cuando nuestros infantes se presentan a las aulas con un estado de salud y nutricional deficiente, que inclusive desconocemos muchos de las autoridades que llevan a cabo estos programas.

Para lograr esto, debemos de llevar una cartilla donde se nos señalen todos los indicadores de su estado de salud y nutricional por lo menos de quienes asisten a la educación básica, esto es dirigir los esfuerzos desde el origen del problema de salud para a la larga no corregir curando, sino evitar un subdesarrollo de nuestros jóvenes para tener generaciones de mexicanos más sanos y con mayor calidad formativa.

Este tema no es un asunto de dinero, sino de voluntades para ir cambiando la forma de prestar la atención médica en México. ¿Cómo? Acercándolos nuestros sistemas de salud a las aulas, con todos nuestros médicos pasantes, psicólogos, nutriológicos, odontólogos, enfermeras, para que a través de su servicio social sea más efectivo y atiendan a sus futuros pacientes en la prevención y no nada más en la forma de curar en las enfermedades de padecimientos crónicos.

Los datos que arroja el Censo de Población de Vivienda de 2010 señala que existen más de 25 millones de niños y adolescentes cursando la educación de tipo básico, lo que representa que en el entorno escolar es un área de oportunidad inmejorable para llevar a cabo las acciones de prevención a las que me he referido.

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Salud y Nutrición de 2012, en México el grupo poblacional entre 5 y 11 años de edad presentan uno o más factores considerados de riesgo para desarrollar enfermedades no transmisibles, cifra que ha registrado un ascenso a lo largo del tiempo y que agrava, por la falta de actividad física y sedentarismo, a los niños y adolescentes en las enfermedades crónicas.

Al respecto, la encuesta del 2012 concluye que es necesario atenuar las tendencias que se observan por la existencia de diversos factores de riesgo y la falta de valoración médica oportuna en estos repercute de manera importante en la salud y en la calidad de vida del presente y del futuro de los niños y jóvenes, situación que constituye un gran reto para las autoridades sanitarias y cuya atención urgente es ineludible para disminuir este problema de salud pública.

Basta de esperar a los enfermos atrás del escritorio. Tenemos que llevar la prevención de la salud a las aulas para generar mejores condiciones a las familias y a nuestros propios estudiantes. Normemos la prevención de la salud aquí, hoy, esta es una herramienta para que lo ya institucionalizado funcione mejor. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 66 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 66 bis a la Ley General de Salud, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema, argumentos y fundamentación legal

A. Uno de los principales problemas a nivel mundial es el padecimiento de las denominadas enfermedades no transmisibles (ENT) y las graves consecuencias que estas tienen, en primer término, para la salud y calidad de vida de la población, pero de igual forma, para la viabilidad financiera de los sistemas de salud, debido al impacto económico del tratamiento de estas enfermedades e incluso a las repercusiones de las mismas en el ámbito productivo, por ausentismo o incapacidades de los trabajadores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las enfermedades no transmisibles como aquellas que “no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.”

De acuerdo a datos proporcionados por la propia Organización a la que me he referido, las ENT matan a 38 millones de personas cada año, de las cuales, el 75 por ciento ocurre en los países de ingresos bajos y medios.

La Organización Mundial de la Salud, en su “Informe Sobre la Situación Mundial de las Enfermedades No Transmisibles 2014”, establece que las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones por ENT, 17.5 millones cada año, seguidas del cáncer (8.2 millones), las enfermedades respiratorias (4 millones), y la diabetes (1.5 millones), grupo de enfermedades las anteriores que, en su conjunto, representan alrededor del 82 por ciento de las muertes por esta clase de enfermedades.

Entre las causas que generan mayor prevalencia al padecimiento de los cuatro grupos de enfermedades antes señaladas, la OMS indica en su informe, como factores de riesgo para padecerlas, a la inactividad física, la exposición al humo de tabaco o el uso nocivo del alcohol, así como una alimentación incorrecta o dieta malsana, aunado a que estas distintas enfermedades no son detectadas de manera oportuna y, por tanto, el tratamiento para combatirlas es tardío y, en muchas de las ocasiones, inefectivo.

Situaciones las anteriores que afectan a los adultos y ancianos, pero también a los niños, pues aunque la morbilidad y la mortalidad generadas por las enfermedades no transmisibles se manifiestan fundamentalmente en la edad adulta, la exposición a los factores de riesgo empieza en etapas más tempranas de la vida.

Desde un punto de vista económico, la Organización Mundial de la Salud estima que para el periodo comprendido entre 2011-2025, las pérdidas por ENT alcanzarán la suma de 7 billones de dólares sólo en los países de ingresos bajos y medios.

Las consecuencias en materia de salud pública y económica urgen a la implementación de alternativas de solución, sobre todo a nivel preventivo, ya que en gran medida, las ENT pueden ser combatidas mediante la modificación de hábitos nocivos, la sustitución de estos por prácticas saludables y la detección de los padecimientos en sus estadios iniciales, pues se ha demostrado mediante datos objetivos que la carga de enfermedades no transmisibles se puede reducir considerablemente si se aplican de forma efectiva y equilibrada medidas e intervenciones preventivas y curativas costo-eficientes.

Para alcanzar este fin, la Asamblea Mundial de la Salud en el año de 2013, aprobó la resolución A66/8, A66/9 y Corr.1 “Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020”, a través del cual se pretende contribuir a “reducir la carga prevenible y evitable de morbilidad, mortalidad y discapacidad debidas a las enfermedades no transmisibles mediante la colaboración y la cooperación multisectoriales en el ámbito nacional, regional y mundial, de modo que las poblaciones alcancen el grado más alto posible de salud y productividad a todas las edades y esas enfermedades dejen de suponer un obstáculo para el desarrollo socioeconómico.”

En dicho documento, se establecen nueve metas mundiales concretas de cumplimiento voluntario para 2025, que se resumen en las siguientes:

1) Reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25 por ciento.

2) Reducción relativa del uso nocivo del alcohol en al menos un 10 por ciento.

3) Reducción relativa de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 10 por ciento.

4) Reducción relativa de la ingesta poblacional media, de sal o sodio en un 30 por ciento.

5) Reducción relativa de la prevalencia del consumo actual de tabaco en un 30 por ciento en las personas de 15 años o más.

6) Reducción relativa de la prevalencia de hipertensión en un 25 por ciento, o contención de la prevalencia de hipertensión, en función de las circunstancias del país.

7) Detención del aumento de la diabetes y la obesidad.

8) Tratamiento farmacológico y asesoramiento (incluido el control de la glucemia) de al menos un 50 por ciento de las personas que lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

9) 80 por ciento de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, incluidos los genéricos, necesarios para tratar las principales enfermedades no transmisibles, en centros tanto públicos como privados.

Cómo se mencionó en párrafos precedentes, una parte importante de los esfuerzos y acciones para prevenir el surgimiento de ENT va encaminada a la prevención dirigida al sector de niños y jóvenes, quienes son una población de alto riesgo para la adquisición de hábitos y prácticas que conducen al surgimiento de dichas enfermedades en la vida adulta.

Al respecto, la “Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, emitida mediante resolución WHA57.17, señala que en el caso de las enfermedades no transmisibles, unos pocos factores de riesgo son responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad que se producen por las ENT, destacando entre ellos, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la escasa ingesta de frutas y hortalizas, el exceso de peso u obesidad, así como la falta de actividad física y el tabaco; indica además que cinco de estos factores de riesgo se encuentran vinculados a la mala alimentación y a la deficiencia de actividad física, razón por la cual esta estrategia aborda precisamente los dos últimos aspectos para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer.

Bajo este contexto, la proporción de personas con uno o más factores de riesgo es cada vez mayor en los países en desarrollo, donde los afectados son en promedio más jóvenes.

La meta número 7 del “Informe Sobre la Situación Mundial de las Enfermedades No Transmisibles 2014” al que me he referido, trata precisamente sobre la necesidad de llevar a cabo acciones para detener el aumento de la diabetes y demás factores de riesgo para incidir en la disminución de los padecimientos señalados

B.En México, la situación de las ENT no es ajena a la situación mundial que se ha expuesto. Como contexto para analizar la situación de estas enfermedades, es preciso comenzar citando datos reales.

En el documento “Mujeres y Hombres en México 2010” publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se menciona que cerca de seis por cada diez defunciones registradas en 2007 se debieron principalmente a las siguientes siete causas de muerte, ordenadas de mayor a menor frecuencia: diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades isquémicas del corazón; del hígado; cerebrovasculares; crónicas de las vías respiratorias inferiores y accidentes por transporte. La diabetes mellitus es la principal causa de muerte en mujeres y hombres, representa 16.2 por ciento y 11.7 por ciento, respectivamente; le siguen los tumores malignos (14.6 por ciento defunciones femeninas y 11.1 por ciento masculinas) y las enfermedades isquémicas del corazón (10.7 por ciento muertes de mujeres y 11 por ciento muertes de hombres). Esta última causa se asocia a la inactividad física, tabaquismo, sobrepeso e hipertensión arterial, causas que como se ha indicado, constituyen altos factores de riesgo de las ENT a las que nos hemos referido a lo largo de la presente iniciativa.

Con respecto a la población infantil, las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 indican que en nuestro país, la población de 3 a 15 años ascendió a más de 28 millones de habitantes, que representa un 25.4 por ciento del total de la población.

En el documento “Mujeres y Hombres en México 2010”, se establece que de acuerdo a la OMS los factores de riesgo a los que me he referido “se desarrollan generalmente en la infancia y adolescencia, y son factores de riesgo durante la edad adulta, en especial para padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus, artrosis y algunos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon).

De acuerdo con la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012”, en México el grupo poblacional entre 5 y 11 años de edad presenta uno o más factores considerados de riesgo para desarrollar enfermedades no transmisibles, concluyendo que es necesario atenuar la tendencia que se observa, pues la existencia de dichos factores y la falta de valoración médica oportuna de estos, repercuten de manera importante en la salud y calidad de vida presente y futura de este sector de la población, situación que constituye un gran reto para las autoridades sanitarias y cuya atención urgente es ineludible para disminuir este problema de salud pública.

C. Tal como se ha expuesto, tanto a nivel mundial como en el escenario nacional, las enfermedades no transmisibles asociadas a diversos factores de riesgo en niños y adolescente es uno de los problemas a resolver y de los grupos poblacionales que deben ser atendidos mediante acciones preventivas, para elevar la calidad de vida actual de los menores y disminuir a mediano y largo plazo la incidencia de los padecimientos vinculados a dichas enfermedades.

En el contexto internacional, se han discutido y acordado diversos compromisos para ello. Por ejemplo, el numeral 43 de la “Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, propone que las políticas y los programas escolares deben apoyar la alimentación sana y la actividad física, pues la escuela influye en la mayor parte de la vida de los niños; de igual forma, el numeral 45 del documento de referencia menciona que la prevención es un elemento esencial de los servicios de salud, por lo que se debe prestar apoyo y asesoramiento efectivo para ayudar a la población a mantener hábitos saludables.

Por su parte, con el fin de concretar lo establecido en el numeral 43 antes señalado, la Organización Mundial de la Salud emitió el documento que se denomina “Marco de Política Escolar. Ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, el cual, entre otras de las recomendaciones que genera, está la de establecer programas o acciones dentro de las escuelas que les permitan tener indicadores de resultados específicos y cuantificables, estableciendo programas de salud escolar que incluyan, entre otras acciones, lo siguiente: “observar medidas preventivas para reducir el riesgo de daño a los alumnos, establecer un entorno seguro y propicio para alumnos de todos los tamaños y aplicar estrategias para promover la actividad física y una alimentación saludable”. De igual forma, recomienda referir a los servicios de salud a los alumnos sobre la base de los resultados de los programas implementados, para recibir el tratamiento correspondiente y asignar recursos presupuestarios específicos para llevar a cabo dichas acciones.

Bajo el mismo contexto de promover la salud escolar para abatir el problema de los factores de riesgo en la población infantil y contribuir con la disminución de las enfermedades no transmisibles, la Organización Panamericana de la Salud, en consonancia con la iniciativa denominada “Escuelas Promotoras de la Salud” de la propia OMS, ha implementado una serie de medidas que se incluyen en el documento “Escuelas Promotoras de la Salud. Fortalecimiento de la Iniciativa Regional. Estrategias y Líneas de Acción 2003-2012”.

En primer término, define a este modelo de escuelas como una estrategia de promoción de la salud en el ámbito escolar que se fundamenta en el desarrollo articulado y sinérgico de tres componentes principales: educación para la salud con enfoque integral, creación y mantenimiento de entornos y ambientes saludables, así como provisión de servicios de salud, nutrición sana y vida activa.

En cuanto al tercer componente, la Estrategia y Líneas de Acción recomiendan que las escuelas promotoras de la salud, “orienten a la comunidad educativa para que los escolares accedan oportunamente a todas las acciones de prevención, tratamiento de la enfermedad, alimentación y nutrición a que tienen derecho dentro de los mecanismos previstos en el sistema sanitario vigente” de igual manera, “organiza, en coordinación con la red de servicios disponibles localmente, la prestación directa de servicios de salud dentro de la escuela, en los casos en que esto se considere pertinente y de acuerdo con las políticas establecidas, el modelo vigente para la prestación de los servicios sanitarios, los recursos disponibles para tal fin y el contexto sociocultural”, entre otras acciones que inciden en mejorar la salud de la población escolar mediante la prevención, la detección y la atención oportuna de padecimientos, incluidos los factores de riesgo de ENT.

D.Como se ha mencionado en las consideraciones precedentes, una tercera parte de la población entre 5 y 11 años de edad en el país presenta uno o más factores de riesgo para el desarrollo de ENT, situación que debe ser atendida para incidir en la disminución del problema de salud pública que esto representa.

Los datos que aporta el Censo de Población y Vivienda 2010 señalan que (con cifras a ese año) existen 25’596,861 niños, niñas y adolescentes cursando la educación de tipo básico, lo que representa que el entorno escolar es un área de oportunidad inmejorable para llevar a cabo acciones de prevención.

La obligación del Estado para prestar los servicios de salud encuentra su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala el derecho correlativo que toda persona tiene a la protección de la salud. Esta obligación constitucional se actualiza por medio de la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la salud en los términos del Artículo 4 de la Ley Fundamental, y en la cual se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

El artículo 3 de la ley en cita, en sus fracciones XII y XVI, establece como materia de salubridad general, lo relativo a la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; así como la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes, respectivamente.

Ahora bien, las acciones de control y prevención en las materias anteriores, referidas al ámbito escolar, se encuentran reguladas por el artículo 66, que a la letra dice:

Artículo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.

El artículo que se acaba de citar se encuentra en consonancia, de forma general, con el marco conceptual de los documentos emitidos por las organizaciones internacionales respecto a la prevención de enfermedades no transmisibles de niños y jóvenes en el entorno escolar.

De igual forma, la Secretaría de Salud, en acatamiento al mandato legislativo, emitió la “Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la salud escolar”, vigente a partir del 10 de diciembre de 2013.

Esta norma tiene por objeto establecer los criterios, estrategias y actividades de las intervenciones del personal de salud en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades, dirigidas a la población escolar del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de fomentar un entorno favorable y una nueva cultura de la salud, mediante la modificación de los determinantes de la salud en los siguientes aspectos:

a) El consumo de una alimentación correcta.

b) La adecuada higiene personal y bucal,

c) El incremento de la actividad física,

d) El conocimiento y práctica de una sexualidad responsable y protegida,

e) La modificación del entorno psicosocial para que sea un factor protector y preventivo de la violencia y de las adicciones,

f) La modificación del entorno físico que, básicamente, ofrezca alimentación correcta, agua potable segura para el consumo humano, saneamiento básico, acceso a escolares con capacidades diferentes y prevenga accidentes, y

g) El acceso a servicios preventivos, tales como: vacunación, vigilancia nutricional, detección de enfermedades frecuentes y referencia a las unidades de salud, teniendo para ello, como herramientas de apoyo, el servicio integrado de promoción de la salud y el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.

Los conceptos anteriores se desarrollan, de acuerdo a las disposiciones de la NOM, mediante cinco componentes llevados a cabo desde las escuelas, por el personal de salud de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con las autoridades estatales. Dichos componentes o ejes sustantivos de la promoción de la salud escolar son los siguientes:

• Educación para la salud y desarrollo de competencias,

• Acceso a los servicios de salud,

• Entornos favorables a la salud, y

• Participación social en salud.

Cada uno de estos componentes despliega una serie de acciones a cumplir por los involucrados, tanto del sector salud como del sector educativo. Incluso, en congruencia con la “Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, el “Marco de Política Escolar. Ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, así como con la iniciativa denominada “Escuelas Promotoras de la Salud” de la propia OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, la norma oficial incluye varias de las líneas de acción propuestas por los documentos anteriores, tales como la vigilancia nutricional, el fomento a una alimentación correcta, la modificación de hábitos de consumo de alimentos y bebidas, el desarrollo de actividad física, la referencia a los centros de salud de los niños que se detecten con problemas derivados de factores de riesgo, entre otros.

Asimismo, tal como lo proponen las organizaciones internacionales, la norma oficial mexicana contempla un apartado denominado “Proceso de Reconocimiento de Escuela Promotora de la Salud”, para aquellas escuelas que elaboren y lleven a cabo un plan de acción basado en los cuatro ejes sustantivos mencionados precedentemente.

E.Si bien la norma oficial mexicana prevé una serie de acciones encaminadas a promover la salud desde el ámbito escolar y así contribuir con la disminución de los diversos factores de riesgo, lo cierto es que este problema de salud no ha logrado disminuir en la proporción deseada, causando una grave afectación no sólo en la salud presente y futura de los niños y jóvenes, sino también en el rendimiento escolar de estos al no gozar de una salud plena; situación la anterior que hace replantear si el nivel normativo donde se encuentran algunas de estas acciones, como es su inclusión en la propia NOM, es el adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.

Al respecto, la prevalencia de alguno de los factores de riesgo en este sector de la población es de tal magnitud, que se requiere de una política pública específica para atenderlos que encuentre sustento normativo y presupuestal dentro de la propia Ley General de Salud. Lo anterior implica el consignar ciertas obligaciones jurídicas que, de acuerdo al contexto real en el que nos encontramos, puedan en la práctica llevarse a cabo por las instancias de salud y educativas competentes.

Dichas obligaciones constituyen un mínimo legal ineludible, para las cuales se prevé la asignación anual de recursos por parte de la federación en el Presupuesto de Egresos, con la finalidad de que el mandato legislativo pueda convertirse en programa operativo por parte de las instancias ejecutivas del Estado.

En concreto, la presente iniciativa propone la adición de un artículo 66 bis a la Ley General de Salud, para establecer una serie de disposiciones encaminadas a la realización de una valoración obligatoria anual del estado de salud y del estado nutricional de los escolares que cursen la educación de tipo básico y de esta forma se genere un antecedente para que aquellos escolares cuyos resultados se encuentren fuera de valores de referencia, sean canalizados a las unidades médicas o, de ser posible, reciban los servicios de tratamiento necesarios en el propio centro escolar; de igual forma, se incluye la obligación de dar el seguimiento a dichos alumnos, así como realizar campañas de información y actividades de prevención permanentes para el desarrollo de competencias en salud, todo ello encaminado a combatir los factores de riesgo en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Cabe mencionar que estas obligaciones, a cargo de las instituciones de salud y en coordinación con las autoridades educativas, se encuentran alineadas con los conceptos y metodología de la propia norma oficial mexicana a la que me he referido; no obstante, se reitera que, mediante la modificación a la ley, se busca establecer la obligación de llevarlas a cabo como política pública en materia de salubridad general, alcance que no le puede otorgar una norma oficial mexicana.

F. Asimismo, no omito mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en el Anexo 18 denominado “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” en la materia de salud, se etiquetaron catorce millones de pesos para la prevención y control de diversos padecimientos.

De igual forma, para los efectos antes señalados, también se presupuestaron recursos en el Anexo 13, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, por la cantidad de trescientos treinta y ocho millones ciento sesenta y ocho mil ochenta y tres pesos.

Lo anterior, nos muestra que existen recursos suficientes para solventar lo que se propone en la presente iniciativa, cumpliendo cabalmente con lo establecido por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala lo siguiente:

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

G. Soy consciente que lo propuesto en la presente iniciativa no constituye la solución única a la problemática de salud en niños y adolescentes, ni tampoco dichas medidas pueden ser ejercidas de forma aislada a un programa de manejo integral de la situación. Sin embargo, las propias recomendaciones de las instancias internacionales señalan que es mejor empezar, en la medida de las posibilidades humanas, materiales y presupuestales de los Estados, con acciones que en el corto plazo puedan ser implementadas pero que, a su vez, sirvan como base para acciones futuras dentro de un plan general de políticas públicas de promoción de la salud, en este caso, desde el ámbito escolar.

De ahí que la valoración del estado de salud y del estado nutricional, así como las demás acciones planteadas se circunscriban a los alumnos de educación de tipo básico, que está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria, de acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Educación.

Es mi deseo que estas acciones y las que en un futuro puedan ser incluidas en la propia legislación, contribuyan a disminuir los factores de riesgo para la salud de niños y jóvenes, así como el impacto que este problema tiene a nivel económico y de calidad de vida, en la población mexicana y en el propio sistema de salud, a consecuencia de las enfermedades no transmisibles asociados a los factores de riesgo ya mencionados.

Por lo antes expuesto y motivado, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un artículo 66 bis a la Ley General de Salud, para implementar acciones de promoción de la salud escolar, con relación a la valoración del estado de salud y del estado nutricional de los escolares que cursen la educación de tipo básico.

Artículo Único.Se adiciona un artículo 66 bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 66 bis.- En materia de promoción de la salud escolar, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las autoridades educativas, implementarán las siguientes acciones para todos los escolares de instituciones públicas o privadas que cursen la educación de tipo básico:

I. Llevar a cabo una valoración obligatoria anual del estado de salud y del estado nutricional de los escolares;

II. Referir a los escolares cuyos resultados se encuentren fuera de valores de referencia, a sus unidades médicas de adscripción o a las que regularmente asistan como usuarios del Sistema Nacional de Salud, para que reciban los servicios de tratamiento correspondientes, o en caso de ser posible, otorgar estos servicios en el propio centro escolar;

III. Dar seguimiento a los escolares a los que se haya brindado servicios de tratamiento para valorar su evolución; y

IV. Realizar campañas de información y actividades de prevención permanentes dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, para el desarrollo de competencias en salud.

Las acciones anteriores se implementarán de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables y de acuerdo a las disposiciones que, en materia de coordinación, emita la Secretaría de Salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y comenzará a surtir efectos a partir del ciclo escolar 2016-2017.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones en materia de coordinación a que se refiere el último párrafo del artículo 66 bis.

Tercero. Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financiaran las acciones derivadas del cumplimiento del presente decreto con los recursos que anualmente deberán preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin menoscabo de los recursos que para tales efectos aporten las entidades federativas.

Notas:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/

2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149296/1/WHO_NMH_ NVI_15.1_spa.pdf?ua=1&ua=1

3 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-sp.pdf#page=23 (Anexo 4)

4 http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_ spanish_web.pdf

5 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/sociodemografico/mujeresyhombres/2010/MyH_2010.pdf

6 OMS, (2009d), http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004 /pr81/es/ print.html, en “Mujeres y Hombres en México 2010”, INEGI

7 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales2Ed.pdf

8 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task= doc_view&Itemid=270&gid=17820&lang=es

9 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/813/92% 2075%2032448%204.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324923 &fecha=09/12/2013

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a la fecha de su presentación.— Diputado Carlos Lomelí Bolaños(rúbrica).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lomelí Bolaños. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mariano Lara Salazar del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, cuando pensamos en una prisión nos imaginamos a un adulto dentro de la cárcel, un culpable purgando una pena. Como primera reacción nunca llega a nuestra mente la cara de un niño. Sin embargo, ser prisionero sin haber cometido ningún delito es la realidad de miles de niños que viven en las cárceles de nuestro país cumpliendo una sentencia al lado de sus madres.

Los patios y corredores de una prisión, compañeras y compañeros, no deberían ser lugares comunes para ninguna niña o ningún niño, en Nueva Alianza estamos convencidos de ello.

Es por esto que de manera insistente hemos presentado iniciativas y puntos de acuerdo que buscan soluciones alternativas a este problema. Hoy nuevamente hago uso de esta tribuna para someter a su consideración esta iniciativa, que al igual que otras que hemos presentado buscan mejores condiciones de desarrollo físico y emocional de las hijas e hijos de las madres reclusas.

La propuesta es incorporar en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes el derecho a que protegiendo el interés superior de los menores se apliquen las medidas sustitutivas en las madres reclusas para que puedan convivir con sus hijos e hijas lejos de ambientes impropios para su desarrollo físico y mental.

El interés superior en la niñez es una garantía para preponderar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, a fin de combatir y superar cualquier condición de vulnerabilidad.

El Estado obliga a adoptar todas les medidas legislativas, administrativas, sociales, y educativas apropiadas para proteger al niño en sus derechos fundamentales. El deterioro y las malas condiciones de vida en los centros penitenciarios, donde continuamente se violan los derechos humanos, donde los menores viven hacinados, mal alimentados, con escasa educación, sin adecuados espacios para la recreación y siendo testigos de comportamientos violentos y conductas sexuales inapropiadas, no permite garantizar su correcto desarrollo.

Por el contrario, estas niñas y niños enfrentan condiciones que agravan su situación de vulnerabilidad. La niñez, principalmente en los primeros años de vida, es la etapa en la que se forman los valores, las ideas, los conceptos y se desarrolla la personalidad.

Dejar a los menores expuestos a esta vida carcelaria afecta de manera negativa su desarrollo psicoemocional y social. Recordemos que estos pequeños no socializan, no juegan con sus amigos en el parque o acuden a la escuela. Nunca han visto la calle ni las flores. La vida que ellos viven propicia actitudes hostiles y favorece su incursión en actos delictivos durante su adolescencia y madurez.

En Nueva Alianza tenemos la convicción de que podemos cambiar esa realidad. Por ello, buscamos a través de nuestro trabajo legislativo medidas alternas al tratamiento de mujeres de cruzas con hijos, para que puedan convivir fuera de los espacios carcelarios, que resultan por demás inadecuados para el desarrollo físico y mental de los menores.

En Nueva Alianza creemos en una nación sustentada en los valores, como lo son el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, a las libertades, a la tolerancia y a la justicia.

Compañeras y compañeros, no debemos ser una sociedad que estigmatiza, margina y olvida a los hijos de las mujeres que viven en prisión. Por el contrario, debemos evitarles peligros que pongan en riesgo su integridad, brindarles seguridad y protección; así como propiciar su desarrollo integral, que debe ser nuestra mayor responsabilidad en esta Cámara.

Compañeras y compañeros diputados, ¿nos ayudan a cambiar las cosas? Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Mariano Lara Salazar, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La niñez, principalmente en los primeros 8 años de vida, es la etapa en la que se forman los valores, las ideas, los conceptos y se desarrolla la personalidad; se reafirma la confianza en sí mismo, se crean los lazos afectivos con los familiares, principalmente con la madre, entre otras características.

Lamentablemente no todos los niños y niñas de nuestro país cuentan con las posibilidades de desarrollarse física y emocionalmente. Algunos de los aspectos fundamentales que impiden su sano crecimiento pueden ser económicos, culturales, demográficos o simplemente porque no se esté garantizando con plenitud el interés superior de las y los niños, en este caso nos referiremos concretamente a los hijos de madres reclusas.

Actualmente no existe una cifra oficial de cuántos niños y niñas se encuentran viviendo dentro de las cárceles junto a sus madres. Lo que sí sabemos, por diferentes estudios, es que la gran mayoría de las internas tiene un promedio de 3 a 3.5 hijos, muchas de ellas se embarazan en las visitas conyugales. 70 por ciento de las reclusas se encuentra en el rango de edad que oscila entre los 18 y 35 años de edad.

Tomando sólo como referencia, y para darnos una perspectiva del problema, en un artículo de El Financiero, en Santa Martha Acatitla se les permite a las reclusas tener a sus hijos con ellas siempre y cuando éstos hayan nacido dentro de las instalaciones. Asimismo, el artículo señala que 60 por ciento de las internas se embaraza en prisión, ahondando con ello la complejidad del tema en cuestión.

Otro dato a mencionar es que en el estudio Niños y niñas invisibles, hijos e hijas de mujeres reclusas, se señala que el delito por el que están purgando una pena las mujeres se distribuye de la siguiente manera: 36 por ciento por delitos relacionados por traslado de drogas; 33 por ciento por delitos relacionados con la propiedad; 14 por ciento por homicidio y 4 por ciento por lesiones; 3 por ciento robo de infante; 2 por ciento por secuestro; 2 por ciento por delitos sexuales y 6 por ciento restante por un conjunto de otros delitos.

También es importante apuntar que ante la falta de oportunidades para ingresar a la educación media superior y superior; y ante la falta de oportunidades de empleos bien remunerados, derivada del deficiente mercado interno y el bajo dinamismo de la economía, muchas mujeres con hijas e hijos delinquen por su precaria situación económica y el deseo de cubrir las necesidades básicas de sus hijos como son la comida, la salud, la vivienda y vestido y por supuesto, la educación.

Actualmente la población penitenciaria es del orden de 257 mil 291 internas e internos. Las entidades federativas que mayor población concentran son la Ciudad de México con 38 mil 668; el estado de México con 25 mil 98 y Jalisco con 18 mil 379 reclusas y reclusos.

De conformidad a las cifras presentadas por la Comisión Nacional de Seguridad a febrero de 2015, a nivel nacional hay capacidad para albergar internos de 203 mil 228 espacios en el Sistema Nacional Penitenciario; sin embargo, en dicho sistema existe una sobrepoblación de 26.6 por ciento, es decir, hay una saturación de casi 55 mil personas.

Del total de la población en el sistema penitenciario, sólo 5 por ciento, es decir, cerca de 13 mil personas, son mujeres. De esa cifra, 80 por ciento tiene hijos, es decir, 10 mil 400 mujeres tienen 3.5 hijos. Se estima que en las cárceles de nuestro país viven alrededor de 36 mil 500 hijos e hijas que se ven afectados por tener a la madre en prisión.

Actualmente, los centros penitenciarios son focos de infección. Las condiciones en que se “vive” en estos centros violan los derechos humanos de los presos. Los baños siempre se encuentran sucios, deambulan por doquier chinches, piojos, cucarachas; la comida está en pésimas condiciones y, sobre todo, existe mucha corrupción.

Por otra parte, para el ejercicio fiscal de 2016 se le asignaron al programa de Administración del Sistema Federal Penitenciario, recursos por 17 mil 972 millones de pesos. Las necesidades de las penitenciarías son alimentos, uniformes, agua, medicamento, servicios administrativos, de defensoría pública y trabajo social, costo por juicio, etcétera.

Dichos recursos son más que los que se pueden destinar a otros programas relativos a educación, salud, seguridad social, vivienda, de fomento a las Mipymes (tan sólo al Fondo Nacional del Emprendedor se le destina menos de la mitad de ese recurso), programas de capacitación para el trabajo, etcétera.

Además de los costos al erario público, se debe tomar en cuenta los gastos que realizan los familiares de los reclusos. En ese tenor, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión”, señala que las familias sufren todo tipo de afectaciones que van desde las emocionales hasta las monetarias. La autora, Catalina Pérez Correa, puntualiza algunas de las siguientes conclusiones:

• Costos Económicos: en el caso del recluso, se da por la pérdida de algún empleo en que se hubiera desempeñado. En el de los familiares, porque gastan (para sus internos) en comida, agua, ropa, cobijas, zapatos, tarjetas de teléfono, medicamentos, enseres para higiene personal, entre otros. En este sentido, entre algunos de los principales costos se encuentran:

- Tan sólo para llegar a los centros penitenciarios, 75 por ciento gasta 50 pesos y el restante entre 51 y 200 pesos.

- Cuotas por ingresar comida, ropa, enseres, etcétera, van desde los 5 a los 80 pesos.

- Para que el familiar pueda ingresar (y/o para ingreso de acompañante) se le piden entre 51 y 250 pesos.

- Las cuotas que se les piden a los familiares por cuestiones relacionadas con la vida de los internos dentro del reclusorio, oscilan entre 251 y 500 pesos, en algunos casos, hasta mil pesos.

Solamente tomando estos datos, un familiar del interno puede gastar hasta mil pesos por visitar a su interno, lo cual significa que con 3 o 4 visitas al mes se estaría gastando el ingreso equivalente a un salario mínimo, lo cual resulta insostenible.

• Costos Sociales: se refieren a aquellos que no son económicos, pero tienen que ver con estigmatización social y las formas de vida cotidiana a raíz de tener un familiar detenido, entre ellas:

- 41 por ciento perdió su trabajo o dejó de trabajar.

- 51 por ciento dejó de frecuentar amigos.

- 40 por ciento dejó de frecuentar vecinos.

- 50 por ciento tuvo que conseguir trabajo o tomar otro adicional.

- 18 por ciento se tuvo que mudar de casa.

• Costos de Salud: la encuesta refiere una afectación directa a la salud de una persona, como consecuencia del encarcelamiento de algún miembro de su familia. Se cita que “las cárceles han sido ligadas, a nivel mundial, con una prevalencia más alta que en la población general de ciertas enfermedades como el VIH/Sida, tuberculosis, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual”.

De lo cual podemos concluir que si estas enfermedades se asocian con la estancia en cárceles, los costos tanto para el sistema penitenciario nacional, como para los familiares inevitablemente tenderán a aumentar.

• Efectos en los hijos: aunque la misma autora reconoce que se debe hacer un estudio más profundo al respecto, los datos revelaron que 69 por ciento de los internos tiene hijos. Los efectos por encarcelamiento de padre/madre en los hijos son:

- 34 por ciento de los encuestados reveló haber tenido problemas en la escuela.

- 11 por ciento ha abandonado la escuela.

- 4 por ciento ha comenzado a consumir drogas.

- 8 por ciento ha tenido problemas con la autoridad.

- 27 por ciento ha tenido problema de salud.

- 34 por ciento ha tenido problemas de conducta.

- 27 por ciento sufre problemas ansiedad.

- 14 por ciento se ha visto obligado a trabajar.

- 15 por ciento ha sido discriminado.

Evidentemente, tales circunstancias afectan de manera negativa el desarrollo psico-emocional y social de los menores, convirtiéndose en un problema para ellos mismo y en el corto, mediano y largo plazo, para la sociedad.

La presente iniciativa busca coadyuvar para encontrar mejores condiciones de desarrollo físico-emocional de las hijas e hijos de madres reclusas, para que con ello puedan tener una mejor calidad de vida. La propuesta en concreto es incorporar en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes el derecho a que, protegiendo el interés superior de los menores, se apliquen las medidas sustitutivas en las madres con el objeto de que se salvaguarden los derechos de los menores a una vida libre de ambientes impropios para su desarrollo físico y mental.

Argumentación

El interés superior de la niñez está plasmado en el artículo 4 constitucional que a la letra dice: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral” . Las y los niños que viven dentro de los espacios carcelarios no están cobijados por este principio.

Actualmente no existen las condiciones mínimas de salud, de desarrollo emocional, de educación, de entretenimiento, de deporte, entre otras, para que los menores puedan tener una estancia en aceptables condiciones.

Julio Scherer, en su libro Las Cárceles, ya advertía de las penumbras que se suscitan al interior de los centros penitenciarios, señalándolos como unas verdaderas universidades del crimen, en donde abunda la corrupción y deambulan las enfermedades, cuánto dinero tienes es el la diferencia entre tener protección de otros reclusos y hacer llevadera la estancia en esos espacios que, en lo que menos ayudan, es en la readaptación.

El deterioro y las malas condiciones de vida en los centros penitenciarios, donde continuamente se violan los derechos humanos, y los relatos que salen a la luz son escalofriantes, son alaridos de reclamo, lo cual nos hace pensar que no hemos avanzado como sociedad.

En una publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) denominada La Cárcel una institución en crisisse señala que “pese a los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en prisión, la cárcel continúa siendo un mero lugar de exclusión y segregación, con altos costos financieros, poca readaptación, alta penetración de la droga, y problemas de salud relacionados principalmente con el VIH-Sida” derivado de los abusos sexuales entre internos, como lo vimos en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado por Catalina Pérez Correa.

Por lo anterior, el documento citado plantea la necesidad de analizar las diversas alternativas a los sistemas penitenciarios. Se parte del cuestionamiento a la pertinencia y eficacia del sistema en términos monetarios y como mecanismo de readaptación social, a saber:

Las vías de ejecución atenuada o más suave de la privación de libertad, entre las que se encuentran:

- El arresto domiciliario.

- La semilibertad.

- El tratamiento de libertad intermedio.

- La semidetención y la libertad controlada, y

- Toda suerte de arrestos discontinuos (de tiempo libre entre semana o de fin de semana).

Las instituciones probatorias, “que se iniciaron con la suspensión condicional de las penas breves de privación de libertad, y que, en la actualidad, señala el estudio, van desde determinados procedimientos como la suspensión a prueba del proceso hasta el indulto condicional, pasando por diferentes modalidades de probación y suspensión condicional”.

Las consistentes en la sustitución de la pena privativade libertad por otras penas, “que limitan menos un derecho tan fundamental como la libertad y resultan más favorables, por tanto, a la persona del delincuente y a la sociedad. Éstas son, en realidad, las verdaderas alternativas a la pena privativa de libertad en sentido estricto”.

Cabe señalar que en nuestro país ya contamos con las medidas de sustitución de las penas carcelarias, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 27 del Código Penal federal y en el artículo 8o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

En el sistema penitenciario mexicano, la población federal en libertad vigilada a febrero de 2015 muestra que los beneficiarios de la libertad anticipada son del orden de 22 mil 237 personas, y quienes se encuentran en sustitución de penas son 20 mil 534 personas. Es preciso mencionar que en la base de datos consultada no desagrega la información por género, por lo que se precisa en número de mujeres beneficiadas con estas medidas alternativas.

Se han realizado diversos estudios referentes a la situación que guardan las prisiones en el país. Por ejemplo, en El Informe EPU sobre Sistema Penitenciarios en México 2013 se destaca que:

- En cuanto a las condiciones carcelarias, del periodo 2006 a 2012, se duplicaron los centros penitenciarios, pero eso no solucionó el problema de cobertura, toda vez que como lo mencionamos la capacidad penitenciaria está sobrepasada por un 26 por ciento.

- Otro de los problemas asociados a la sobrepoblación es que de 2009 a 2012 los incidentes dentro de los centros penitenciarios se han multiplicado: en 2008 se reportaron 22 incidentes, mientras que en 2012 fueron 74. Entre 2010 y 2011, se registraron 887 incidencias que involucran a 5 mil 179 internos: 3 mil 269 en motines, 922 en riñas, 316 muertes y 320 en fugas, 52 homicidios, 83 suicidios, 60 en agresiones a terceros, 107 en huelgas de hambre, 11 intentos de suicidio, 14 autoagresiones, 10 en intentos de fuga, 8 en intentos de homicidio y 7 en violaciones.

- Los más recientes fueron en Tamaulipas que dejaron 7 lesionados y el enfrentamiento en Topo Chico, Nuevo León, con un saldo de 49 muertos, ambos en este mes de febrero.

- Además de la violencia entre reclusos se debe contabilizar la violencia de las autoridades hacia los reclusos. La afectación de los derechos humanos de los internos, corrupción, tratos crueles e inhumanos o degradantes.

- Es importante mencionar que otro de los problemas es que 41 por ciento de los internos se encuentra en espera de sentencia, lo que acrecienta el problema de sobrepoblación y profundiza los inconvenientes descritos, es decir, se vuelve un círculo vicioso.

- En México, 60 por ciento de las sanciones se relacionan con delitos menores y sólo 12 por ciento de las mismas se vincula con delitos graves como lo son el homicidio, violación y robo con violencia. Dicho estudio refiere que, dado que la gran mayoría de los delitos son menores, se deberían aplicar los mecanismos de justicia alternativa. Con ello, dice el estudio, se podrían enfocar los esfuerzos en la atención de los delitos graves.

- Las quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos se han multiplicado, la más común es sobre atención médica deficiente, irregularidades al otorgar libertades anticipadas y condicionamiento de visitas.

- Escasez de personal de custodia y seguridad. El promedio es de 7.3 reclusos por custodio, cifra que evidentemente no garantiza la función de los guardias en los centros penitenciarios.

- Un preso le cuesta al estado 150 pesos por día; mientras que en penales construidos bajo contratos de prestación de servicios, como los federales, cada interno cuesta 2 mil pesos al día, lo que significa que se destina más dinero a su manutención que lo que se destina a una familia por debajo de la línea de pobreza (20 millones).

- Los grupos vulnerables que sufren de discriminación son los indígenas, personas con discapacidad mental, integrantes de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTTTI) y las mujeres, a quienes no se les respetan sus derechos humanos.

- En cuanto a las mujeres, dice el estudio, sufren desde la detención abusos, violencia y corrupción. Las prisiones mixtas son un riesgo toda vez que comparten espacios con varones donde se les obliga a prostituirse.

En algunos centros penitenciarios las mujeres embarazadas no cuentan con servicios de ginecología y obstetricia. En otros centros se les somete a procesos anticonceptivos forzados.

Además de ser objeto de violencia, acoso y hostigamiento sexual, las mujeres sufren torturas con bolsas de plástico para que no puedan respirar, golpes, toques eléctricos en los pechos y violencia psicológica.

Al final una de las recomendaciones del estudio tiene que ver con la “elaboración de una estrategia a nivel nacional con criterios y acciones concretas para imponer medidas alternativas a la prisión preventiva, legislando que la privación de la libertad sea la última medida a adoptar garantizando el principio de presunción de inocencia”.

Así, en Nueva Alianza consideramos que se deben tomar en cuenta las normas ya establecidas en la legislación para que en la medida de lo posible no se rompa con la institución de la familia.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulado Sanciones alternativas a la pena de prisión, propuesta de reformas a la legislación penal mexicana, señala que los beneficios de las propuestas encaminadas a a) al trabajo en favor de la comunidad; b) tratamiento en libertad y c) la semilibertad, tendrían como consecuencia las siguientes ventajas:

• Se le permite al individuo, en este caso a los hijos de madres reclusas, permanecer con su familia, en su caso, no perder el trabajo y reparar el daño.

• Se contribuye a evitar el hacinamiento en las cárceles y los gastos en las mismas.

• Se coadyuva al proceso de reinserción a la sociedad toda vez que se cambia la imagen sobre los prisioneros, dejan de ser personas “negativas”, para pasar a ser recuperables.

• Impide el aislamiento, se le permite seguir funcionando en la sociedad, el preso ya no generará rencor hacia la sociedad.

Al realizar, trabajo en favor de la comunidad se estará pagando su deuda hacia a la sociedad.

Los internos que ingresaron por delitos menores ya no se contaminan de los malos hábitos que encontraran ahí adentro, las medidas alternativas servirán para que las cárceles dejen de ser las universidades del crimen, este último punto no lo señala el estudio, lo enunciamos nosotros.

Por lo antes expuesto, en Nueva Alianza consideramos que es imperativo el garantizar el interés superior de la niñez, para ello proponemos en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes se incorporen los conceptos que benefician a la madre reclusa para que ésta pueda convivir con ellos de una manera sana y se aleje de los vicios de los ambientes poco favorables para los menores.

Más aún, la niñez es la etapa más importante en la vida, para la Unicef los primeros 8 años son fundamentales, especialmente los tres primeros, que son la base de la salud,el crecimiento y el desarrollo de su futuro.

Es esa etapa los menores aprenden más rápido que en cualquier otra etapa, imaginemos las cosas que aprenderían dentro de los reclusorios, sin duda esto incide en la descomposición social en el presente y en el futuro.

Bajo la conceptualización de organismos internacionales se menciona que en relación con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y de las Reglas de Bangkok, la ONU complementa, en beneficio de las madres reclusas con hijos, con las directrices para el Tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de la libertad, no privadas de la libertad y medidas para las mujeres delincuentes, en este sentido se destacan las siguientes:

Regla 45. En la medida de lo posible, las autoridades penitenciarias brindarán a las reclusas opciones como la visita al hogar, prisiones abiertas, albergues de transición y programas y servicios de base comunitaria, a fin de facilitar su paso de la cárcel a la libertad, reducir la estigmatización y restablecer lo antes posible su contacto con sus familiares.

Regla 57. Las disposiciones de las Reglas de Tokio servirán de orientación para la elaboración y puesta en práctica de respuestas apropiadas ante la delincuencia femenina. En el marco de los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de los hijos.

Regla 58. Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 2.3 de las Reglas de Tokio, no se separará a las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, como medidas alternativas, y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la condena.

Regla 63. Al adoptarse decisiones relativas a la puesta en libertad condicional anticipada se tendrán en cuenta favorablemente las responsabilidades maternas de las reclusas y sus necesidades específicas de reinserción social.

Regla 64. Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan hijos a cargo, y se estudiará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presentes los intereses superiores del hijo o los hijos y velando por que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos hijos.

Dicho lo anterior, la experiencia internacional busca medidas alternas al tratamiento de mujeres reclusas con hijos buscando proteger su integridad, su seguridad, su sano desarrollo y su bienestar familiar.

Desde otra perspectiva, el Premio Nobel de Economía, el doctor Heckman, en su conferencia en esta Honorable Cámara de Diputados denominada Invierte temprano. Aportaciones para el Presupuesto Base Cero señaló: “las inversiones que se realizan en favor de la salud, nutrición y desarrollo de los niños en sus primeros cinco años de vida, son las que generan el mayor retorno y propician un mejor desarrollo económico de la sociedad a la que pertenecen”.

En esa idea se deberían definir varias de las políticas públicas. En Nueva Alianza estamos convencidos de ello y entendemos que los niños en ambientes carcelarios degradantes estarán lejos del principio que comenta el doctor Heckman.

Por lo antes expuesto, en Nueva Alianza sabemos que las y los niños no pueden seguir viviendo en tales condiciones por lo tanto nuestra propuesta va encaminada a coadyuvar, en la medida de lo posible, a que puedan tener un sano desarrollo físico y mental conviviendo con sus madres reclusas fuera de los espacios carcelarios que resultan inadecuados para su beneficio familiar.

La Unicef señala que el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes, es de los derechos más importantes que tienen, salvo las excepciones de ley. La familia se compone del padre y/o la madre. También la integran los tíos, los abuelos o alguien que se hace responsable por el cuidado de la niñez.

La familia es el espacio más seguro y afectivo. Es obligación de los padres garantizar el crecimiento y desarrollo integral, es decir, que se respeten todos y cada uno de los derechos que se tiene como niño, niña o adolescente. De los derechos que más se resaltan son los de la familia, la salud, la libertad, la recreación, el no trabajar, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, concluimos que se necesita actuar en beneficio de los hijos de madres reclusas. Los problemas que se busca aminorar son los gastos del erario público, los costos para los familiares que tienen que visitar a sus reclusos y de los gastos que tienen que erogar los propios internos y, sobre todo, el sano crecimiento de la niñez.

En Nueva Alianza pretendemos que con esta iniciativa se coadyuve a resolver dichos problemas garantizando el derecho a vivir en familia de los hijos de madres reclusas.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 23. ...

...

Para garantizar el derecho de niños y niñas a vivir en familia, el juez o la autoridad ejecutora competente podrá disponer para la madre reclusa las medidas alternativas establecidas en las normas correspondientes para cumplir la sentencia, siempre y cuando esta determinación no sea contraria al interés superior de la niñez.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La federación y las entidades federativas deberán realizar las modificaciones correspondientes de conformidad al presente decreto.

Notas:

1 La Unicef señala en un artículo denominado “Desarrollo Infantil y el Aprendizaje Temprano” (visto en http://www.unicef.org/spanish/ ffl/03/2.htm) señala que el contacto directo con la madre y al amamantamiento durante la primera hora después del nacimiento ayuda a los recién nacidos a lograr un mejor crecimiento y desarrollo y a establecer un vínculo con su madre.

2 “Niños y niñas invisibles, hijos e hijas de mujeres reclusas” visto en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100836.pdf

3 “Madres presas... hijos encarcelados”, visto en http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/madres-presas-hijos-encarcelados.html

4 “Niños y niñas invisibles, hijos e hijas de mujeres reclusas”, visto en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100836.pdf pp 33

Si bien el estudio es de 2001, se tomó como referencia porque hace una pertinente división porcentual para una mejor lectura de los datos. Sin embargo, la estructura en términos generales de los datos no se aprecia que cambie, al contrario un estudio publicado con cifras de 2008 a 2014 denominado “Las Cárceles de Mujeres en México: Espacios de opresión patriarcal”, señala el mismo orden de prelación de los delitos cometidos por mujeres, es decir, el delito que más cometen es contra la salud, seguido de robo, secuestro y extorsión.

5 Incluye fuero, situación jurídica y sexo.

6 El Sistema Nacional Penitenciario engloba cárceles del fuero común y federal así como población en proceso y sentenciados.

7 Datos tomados del informe mensual de la Comisión Nacional de Seguridad, visto en http://www.cns.gob.mx/ Febrero 15, 2016. Secretaría de Gobernación 2016. Es importante mencionar que el rubro de seguridad no estará sujeto a recorte presupuestal para 2016.

8 Cifras estimadas de elaboración propia.

9 Presupuesto de Egresos de la federación 2016

10 Visto en http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/ 150417-Las-mujeres-invisibles.pdf Febrero de 2016. El estudio radica en la realización de una encuesta basada en 1213 reactivos realizada entre el 22 de Mayo y el 21 de Junio de 2014, en siete Centros de Readaptación Social del Distrito Federal y cinco del Estado de Morelos en México con el objeto de identificar algunos de los efectos de los parientes que tiene internos e internas en el sistema penitenciario.

11 Julio Sherer, Cárceles 1998.

12 Visto en http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001120/112053so. pdf Febrero 2016.

13 Muchas mujeres son infectadas de VIH-SIDA en las visitas conyugales, generando un nuevo problema de salud que se extiende y que representa un nuevo gasto a las frágiles finanzas familiares.

14 Datos tomados del informe mensual de la Comisión Nacional de Seguridad, visto en http://www.cns.gob.mx/ Febrero 2, 2016. Secretaría de Gobernación 2016.

15 Incluye a) tratamiento preliberacional; b) Libertad preparatoria, c) Remisión de pena; d) arts. 68 o 75 del Código Penal Federal y d) libertad supervisada.

16 Incluye a) cadena condicional; b) Tratamiento en semilibertad; tratamiento de libertad; c) jornada de trabajo a favor de la comunidad; y d) bajo medidas de seguridad.

17 Visto en http://132.247.1.49/webEPU/images/stories/OSC/6_AsiloLegal.pdf

18 Visto en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reportan-rina-en-penal-de-ciudad-victor ia.html Se resalta que el penal tiene una capacidad para 900 reclusos, según esta nota, ay confinados 1337 internos, por lo que se está en una situación de sobrepoblación.

19 Visto en http://www.animalpolitico.com/2016/02/se-registra-un-motin-en-penal-de-topo-chi co-nuevo-leon/

20 Visto en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/22/preso-cuesta-mas-dia-que-lo-que- recibe-familia-pobre

21 Visto en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/ 81/art/art2.htm

22 Visto en Unifec http://www.unicef.org/spanish/ffl/03/

23 Visto en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BangkokRules.aspx

24 Congreso Internacional Invierte Temprano, Aportaciones para el Presupuesto Base Cero. H Cámara de Diputados, 2015.

25 Visto en http://www.relaf.org/Versionninos.pdf

26 En nuestra legislación tales derechos se encuentran enmarcados en el artículo 13 de la Ley General de Los Derechos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.— Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Damos la bienvenida a este Congreso de la Unión a 50 agricultores del estado de Jalisco, invitados por el compañero diputado Ramón Bañales Arambula. Bienvenidos.

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Compañeras y compañeros diputados, lamentablemente en México todavía existen personas o grupos que son víctimas de discriminación. Cotidianamente sufren desprecio por alguna de sus características físicas o bien por su forma de vida.

Es muy común que se hable de distintos tipos de discriminación en nuestro país, pero pocas veces se habla de la discriminación religiosa que miles de mexicanos siguen viviendo y sufriendo en México, desde una discriminación religiosa pasiva o cultural, por no pertenecer a las mayorías, hasta una mucho más activa y violenta que ha llevado a miles de mexicanos a vivir en la orfandad, en la persecución y en la tristeza.

No obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad religiosa como un derecho de todos los mexicanos, es muy común que desafortunadamente en nuestro país se sigan presentando situaciones de discriminación y exclusión social por este motivo.

Aunque actualmente en nuestro país se vive un escenario decreciente diversidad religiosa, la discriminación es un problema que afecta la pacífica convivencia entre ciudadanos, en comunidades rurales principalmente indígenas.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en 2005, muestra que el 80.4 de los encuestados consideró que hay discriminación hacia las minorías religiosas y 21.4 de los entrevistados se declararon víctimas de la discriminación debido a sus creencias religiosas.

También, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, en su diagnóstico sobre México han dado cuenta en un apartado especial sobre la intolerancia y la discriminación y libertad de conciencia, pero una gravedad a violaciones a derechos fundamentales que adquieren dimensiones muy preocupantes es en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y menormente en Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y el estado de México.

La iniciativa que el día de hoy a través de mi conducto el Partido Encuentro Social presenta ante esta soberanía tiene como objetivo modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el Código Penal, con la finalidad de proteger el derecho a la libertad de culto y tipificar como delito las acciones que atenten contra la dignidad humana o anulen el menoscabo de los derechos y libertades de las personas en razón de sus creencias religiosas.

Está en la plataforma política de Encuentro Social y está, porque por años hemos vivido y hemos convivido con gentes que han sido expulsadas de sus comunidades por sus creencias religiosas.

Creemos que ha llegado el momento que no solamente se inste a las autoridades, sino que aquellos perpetradores, aquellos que usan la violencia para marcar sus diferencias religiosas con personas absolutamente vulnerables, sean llevadas también al tipo penal y se les considere una violación de los derechos de otros mexicanos como mucho más grave que lo que hoy la actual legislación tiene en nuestro país.

Hemos de decir y lo decimos de manera realista, que hemos vivido con gente, que hemos convivido con personas que han sido víctimas sus familiares de homicidios por sus creencias religiosas. Que han sido expulsados de sus tierras. Que lamentablemente esto sigue sucediendo en nuestro país.

La semana pasada en el municipio de Las Margaritas nuevamente otra expulsión por motivos religiosos. Se acumulan y se acumulan miles de este tipo sin que desafortunadamente se haga nada.

Queremos pedir hoy a esta soberanía que cuando llegue el dictamen y después la aprobación, sea aprobada por el pleno de esta Cámara de Diputados esta importante modificación a la legislación que el día de hoy estamos presentando.

Por último, le quiero decir a todos aquellos identificados con las creencias religiosas que nosotros tenemos, que no están solos. Que aquí hay diputados dispuestos a defender los derechos constitucionales que ellos tienen y que esta es la razón por la cual nosotros estamos promoviendo esta iniciativa. No debe haber más en México discriminación por motivos religiosos. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de la honorableCámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso H) y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149 Ter, del Código Penal Federal y 1 y 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Exposición de Motivos

La religión ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, hasta el más alto nivel de progreso que se vive en nuestros días. Ha sido la piedra angular del desarrollo de las civilizaciones más antiguas y ha servido de respaldo importante para las sociedades contemporáneas, la sola idea de la existencia de una fuerza o energía superior que está por encima de nuestro entendimiento, ha sido suficiente para generar en los hombres la concordia y el respeto mutuo; además de crear lazos de identidad y sentido de pertenencia. En este sentido, la “religión” puede entenderse como un conjunto de opiniones, sostenidas por diversos motivos, acerca de la existencia de una dimensión invisible de la naturaleza humana (el alma o espíritu) y de un poder rector o ente superior en el orden interior de cada persona.

Asimismo, la libertad religiosa es, por su naturaleza, parte fundamental de los derechos del hombre. Es un derecho inalienable, un principio basado en la dignidad de la persona humana como sujeto de deberes y derechos individuales e inviolables, derivados de la naturaleza de ser pensante y libre.

De la misma manera, la libertad religiosa es un derecho civil afirmado e incorporado en casi todas las constituciones de los estados contemporáneos y tratados internacionales, fundamentalmente en la declaración universal de los derechos del hombre aprobada por la Organización de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 y que textualmente dice en su Artículo 18:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

No obstante, es menester señalar, que existe un sector de la población que considera como primarias las manifestaciones del ser religioso, propias de los más elementales estadios de desarrollo del ser humano, de mentes que no han alcanzado un elevado progreso, de culturas primitivas, del hombre que al decir de algunos filósofos modernos, no alcanzó su mayoría de edad.

Pese a tales posiciones (las que paradójicamente también se encuentran protegidas por el derecho a la libertad religiosa y de cultos, dado que constituyen claramente una posición frente a lo religioso) la dimensión religiosa del ser humano ha sido reconocida como inherente a la dignidad del mismo, como necesaria para la realización de su proyecto de vida y que por lo mismo ha merecido la consagración y protección jurídica.

Lo anterior, debiera dar pauta a una cultura de tolerancia, respeto y convivencia armónica con quienes piensan, actúan y creen diferente.

No obstante, la libertad religiosa y de cultos fue consagrada en varios documentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y del establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas.

Sólo la barbarie que caracteriza naturalmente a las guerras, abrió el camino para el establecimiento de verdaderos sistemas de protección de los derechos que esencialmente le corresponden a todas las personas por el mero hecho de serlo.

Es evidente, que se han realizado valiosos esfuerzos para celebrar convenios internacionales que posibiliten la eficaz protección de tan importantes derechos, los que a su vez se han suscrito y ratificado por la mayoría de los Estados. México no es la excepción, y que les obliga por lo mismo, al desarrollo de mecanismos internos tendientes a lograr su efectiva aplicación.

La libertad religiosa y de cultos fue consagrada tempranamente en tales instrumentos jurídicos, desde el mismo inicio de las Naciones Unidas se le reconoció como un derecho fundamental, hecho que apenas resulta lógico, necesariamente debía estipularse tal libertad, luego de la casi exterminación de una minoría como lo fue la comunidad judía, tan destacada, entre otras razones, por los enormes esfuerzos que ha realizado para mantener siempre vivas sus tradiciones y creencias religiosas.

Para reforzar lo anterior conviene tener presentes las disposiciones constitucionales que se relacionan a este caso en concreto, los artículos 24, 130 y 27, fracción II, que configuran el marco constitucional de la materia religiosa. El artículo central es el 24 constitucional que consagra el derecho de la libertad religiosa en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos.

Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

El referido artículo tutela lo que se considera como la piedra angular de los derechos humanos, que es el derecho a la libertad religiosa o como se le denomina en las disposiciones constitucionales libertad de creencias religiosas y libertad de cultos.

La libertad religiosa implica el derecho a la libre profesión de convicciones fundamentales, expresión que incluye de manera más explícita no sólo a las personas que asumen una confesión religiosa sino también a quienes no profesan ninguna.

Se ha asignado al derecho de libertad religiosa diversidad de fundamentos, no obstante, se puede decir que existe un consenso casi universal, el cual afirma que el sostén más exacto de la libertad religiosa se afirma en la dignidad de la persona humana, ya que al estar dotada de razón y voluntad, sobre ella recae la responsabilidad de tomar decisiones en ese campo.

Asimismo, debe recordarse que en la interpretación del derecho a la libertad religiosa, como en todos los derechos humanos, los principios hermenéuticos que deben aplicarse es el de pro libertatis, que significa que los preceptos en materia religiosa deben interpretarse en el sentido de que resulte más favorecida la libertad religiosa, y el pro homine, que consiste en que cuando una disposición jurídica admita dos o más interpretaciones debe adoptarse la solución que mejor garantice los derechos humanos.

Cabe también, hacer referencia al artículo 130 constitucional, que está estrechamente relacionado con el 24 de la propia norma suprema. Mientras este último se refiere al derecho individual de creencia religiosa, el otro regula, entre otros aspectos, el derecho colectivo de libertad religiosa, que se traduce en la existencia de comunidades religiosas, las cuales pueden adquirir personalidad jurídica mediante su registro constitutivo en la Secretaría de Gobernación.

Por otro lado, es evidente que la población mexicana por tradición es mayoritariamente católica; sin embargo, durante el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, la composición religiosa de nuestra población muestra cambios significativos, así, de acuerdo con los censos de población, los cuales son la única fuente de datos estadísticos nacionales para este tema, el catolicismo ha reducido su margen mayoritario, mientras que otros credos religiosos han incremento el número de sus adeptos, en particular las propuestas cristianas diferentes a la tradición católica, al igual que la población sin religión alguna.

Es pertinente señalar que no hay en nuestro país estudios integrales de la materia, sólo recientemente algunas instituciones han vuelto su mirada a lo religioso, debido en buena medida al gran número de grupos religiosos que se han erigido o han llegado a nuestro país, lo que puede ser considerado como una lógica consecuencia de pertenecer a un régimen de libertad religiosa, como el que ahora detenta el Estado mexicano; asimismo, la proliferación de grupos de cualquier índole, en este caso, religiosos, plantea nuevos retos, conlleva, en la mayoría de los casos, problemáticas, desafíos, en tanto que tienen repercusiones en el ámbito social, que merecen la atención y consecuente regulación jurídica, que a su vez posibilite la convivencia pacífica y armónica entre todos los grupos.

Por otro lado es importante destacar, que la libertad religiosa se refuerza y complementa con el concepto de tolerancia, a este respecto, el 16 de noviembre de 1995, los países miembros de la UNESCO adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la declaración afirma, entre otras cosas, “que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos”.

La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

A este respecto, en enero del año 2013, el Centro de Investigaciones Pew presentó un estudio sobre las hostilidades que enfrentan las personas en 198 países del mundo por sus creencias religiosas. El estudio se basa en dos índices: restricciones del gobierno y hostilidades sociales.

El primero mide la legislación, política y acciones que restringen las creencias y prácticas religiosas; tales como prohibir credos o conversiones, limitar las expresiones de culto o dar preferencia a algunos grupos religiosos sobre otros. El segundo índice, el social, mide la hostilidad y discriminación que llevan a cabo individuos, organizaciones o grupos; incluyendo los conflictos armados por razones religiosas, la violencia, la intimidación y la discriminación

Entre los principales resultados del análisis del Centro Pew resalta que en todas las regiones del mundo, con excepción del continente americano, las hostilidades sociales se incrementaron de manera sensible entre 2007 y 2012. El mayor crecimiento ocurrió en el Medio Oriente y el norte de África, así como en algunas naciones del área Asia Pacífico, en particular China. Respecto de las restricciones de los gobiernos, en 2012 no hubo diferencias significativas frente a años anteriores, con la única excepción de algunos países europeos y, nuevamente, Medio Oriente y norte de África.

Al combinar los dos índices, el Pew concluye que existen altas y muy altas restricciones en 43 por ciento de los países y que debido a que muchas de esas naciones, como China, son altamente pobladas, las sufre al menos 76 por ciento de la gente en el mundo (o 5 mil 300 millones de personas).

En cuanto a México, al analizar los cambios en las hostilidades sociales, el Centro Pew encontró que entre 2011 y 2012, nuestro país se encuentra en la lista de las 11 naciones en las que éstas aumentaron. En el informe se puede leer: “existe un país en la región (del Continente Americano) con un incremento notable en las hostilidades sociales -México- donde el nivel pasó de moderado a alto”.

Esta aseveración se reafirma con lo publicado en los últimos años por los medios de comunicación, en los que se ha dado a conocer varios casos de enfrentamientos y persecución religiosa en algunas comunidades de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.

Lamentablemente en México, hay personas o grupos que son víctimas de discriminación, cotidianamente sufren desprecio por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

La respuesta de los legisladores mexicanos ante la diversidad ha sido la protección de grupos desfavorecidos a través de un marco regulador que garantice la igualdad y el ejercicio de las libertades públicas, además de prohibir la discriminación.

Paralelamente, se han suscrito y ratificado diversos documentos internacionales que contemplan de manera expresa el respeto por los derechos y las libertades vinculadas, entre otros, a no recibir un trato discriminatorio; precisamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son algunos de estos documentos.

En 2001, con la adición del párrafo tercero (párrafo quinto, con la reforma de junio de 2011) al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció el principio de no discriminación y con la reforma al artículo 2o. constitucional, se estableció la redefinición constitucional de México como una nación pluricultural; además es importante destacar que a partir de noviembre de 2012, la República Mexicana es calificada como laica (art. 40 constitucional).

En ese orden de ideas, la “laicidad” de un Estado, puede ser entendida como “...la independencia que el Estado tiene respecto de cualquier religión o confesión religiosa...Es la separación...en la que se funda la tesis de que las potestades civil y religiosa son potestades separadas y mutuamente independientes en su orden propio”. Como Estado laico que es el mexicano, toda forma de confesionalismo religioso queda relegada, en efecto, el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia adoptar ninguna religión o iglesia como la suya, en su lugar se establece la plena independencia entre las denominadas potestad espiritual y civil, la protección de todas las formas de expresión religiosa y la igualdad entre las mismas, por tanto no privilegia a ninguna de ellas.

Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido, por consiguiente se debe velar porque estos preceptos sean respetados también por los gobernados.

A pesar de lo dispuesto por el máximo ordenamiento, en México se presentan situaciones de exclusión social, entre otras causas, debido a la intolerancia religiosa; recuérdese que el 89.3 por ciento de la población mexicana practica la religión católica, mientras que el 10.7 por ciento pertenece a otras religiones y sólo un 4.9 por ciento de la población no practica ninguna religión.1

Las opciones religiosas muestran diversificación en la geografía nacional.

En algunas regiones del país, el catolicismo se ha debilitado como preferencia dominante frente a las opciones de las iglesias cristianas no católicas y debido a las concepciones “que se autodefinen sin religión”; según los datos estadísticos, “Más de la mitad de los municipios 61 por ciento donde el catolicismo ha dejado de ser minoría se localizan en el estado de Chiapas, 24 por ciento en Oaxaca y 9 por ciento en Veracruz; el resto se distribuye proporcionalmente en Puebla, Campeche y Chihuahua”.

Aunque se vive en un escenario de creciente diversidad religiosa, la discriminación religiosa es un problema social que afecta la pacífica convivencia entre los ciudadanos, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales, principalmente indígenas.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en 2005, el 80.4 por ciento de los encuestados consideró que hay discriminación hacia las minorías religiosas y el 21.4 por ciento se declararon víctimas de la discriminación debido a sus creencias religiosas.

En 2008, 32 casos de discriminación a minorías religiosas correspondientes al sexenio del presidente Felipe Calderón estaban contabilizados por la Secretaría de Gobernación; 87 documentados por distintas instancias evangélicas en las que se argumentaban expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de servicios de agua potable y electricidad, marginación de los programas sociales y de apoyo contra la pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, homicidios, impedimento para usar los panteones municipales y la negación del servicio educativo a menores, entre otras violaciones, que –en su mayoría- quedaban impunes.

También la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó la existencia de evidencias de intolerancia religiosa, cuyas manifestaciones más violentas se presentaron fundamentalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, en su diagnóstico a México, dio cuenta en un apartado especial sobre intolerancia, discriminación y libertad de conciencia de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales que adquirían “dimensiones preocupantes” en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, además de presentarse en los estados de Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y México.

En Chiapas la historia de conflictos relacionados con diferencias religiosas tiene varios años y, según datos de distintas organizaciones, es un fenómeno en ascenso. Hay que recordar que es el estado del país con mayor diversidad religiosa, pues el porcentaje de católicos es de 58 por ciento (25 por ciento por debajo de la media nacional), sin embargo es bien sabido, la gran cantidad de festividades religiosas de corte católico que se celebran anualmente en la entidad, por lo que es común que se pidan apoyos económicos o de otra índole entre los habitantes de una comunidad para llevarlos a cabo.

Evidentemente, las personas que pertenecen a otra religión se niegan a entregar recursos para una festividad en la que no van a participar, esto genera reacciones violentas por parte de los organizadores, participantes y hasta de algunas autoridades que promueven la celebración.

Según algunas organizaciones civiles y religiosas del estado de Chiapas existen por lo menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque.

Entre las hostilidades están la prohibición (social) de acceder al agua, asistir a la escuela, recoger leña, cuidar y sembrar parcelas y el pastoreo de animales.

Seis de cada diez familias que huyen de sus hogares para evitar agresiones por conflictos religiosos en Chiapas sobreviven con el apoyo de los integrantes de sus congregaciones, pues no son reconocidas ni reciben ayuda del gobierno estatal, según documentos de la Coordinación de Organizaciones Cristianas.

No existen cifras oficiales sobre los desplazados internos en el estado debido a intolerancia religiosa, así que este grupo que reúne a organizaciones evangélicas y civiles se ha dado a la tarea de documentar casos de refugiados por este tipo de conflicto. En México, tres de cada diez personas son discriminadas por profesar una religión diferente a la católica

En total, 40 familias de las comunidades de San Gregorio y Chilil, en el municipio de Huixtán y de Yashtinin y Los Llanos de San Cristóbal de las Casas son atendidas por el gobierno estatal tras haber sido expulsadas de su lugar de origen por intolerancia religiosa.

Sin embargo, otras 69 familias refugiadas en diversos municipios de la entidad ubicada en el sureste del país no cuentan con la misma suerte. Según datos de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, durante el sexenio de Sabines (2006-2012) se logró “al 100 por ciento fortalecer la cultura de paz en materia religiosa” y se atendieron y resolvieron todas las controversias por intolerancia religiosa que hubo en la entidad.

Sin embargo la realidad parece ser otra, el 26 de junio del año pasado, 31 evangélicos que intentaron regresar a la comunidad de Los Llanos fueron retenidos por católicos. Después de este caso, la Coordinación de Organizaciones Cristianas envió una carta al gobernador Manuel Velasco para exigir que se provea todo lo necesario a los desplazados de las comunidades según lo establecido en la Ley para la Prevención y la Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, aprobada en febrero de 2012.

Las organizaciones religiosas pidieron al gobierno estatal investigar por qué a algunos de los refugiados en San Cristóbal de las Casas se les entregan “un poco de despensas” mientras que quienes están en otros municipios no tienen atención.

La ley de desplazamiento interno indica que las autoridades deben estar preparadas para brindar atención y soluciones duraderas a las víctimas de desplazamiento con la creación de un Registro Estatal de Población Desplazada, el cual, hasta el momento, no existe de manera oficial. El objetivo de ese registro es conocer a la población afectada y sus características, y mantener información actualizada sobre la misma para que ésta reciba asistencia humanitaria del Estado.

Estas organizaciones religiosas consideran que al menos hay otros 30 conflictos en Chiapas que podrían provocar más desplazamientos internos si no son atendidos a la brevedad, y temen que haya miles de refugiados sin contabilizar fuera de los registros de grupos civiles.

Chiapas es el estado del país con mayor diversidad religiosa. El 19.20 por ciento de la población es evangélica, el porcentaje más alto a nivel nacional, y doce puntos porcentuales superior a la media nacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el sureste del país residen el 66.9 por ciento de los evangélicos de México, en donde un alto porcentaje (47 por ciento) vive en localidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes.

Alejandro Díaz-Domínguez, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM y especialista en religión, explica que los conflictos y refugiados religiosos en Chiapas iniciaron en la década de 1980 cuando “se sobrepuso la religión a la identidad indígena”.

“La intolerancia religiosa se origina en un problema de identidad cultural que estalla con el proceso de conversión. En las comunidades empieza a haber familias que no están de acuerdo en ciertas actividades religiosas que cumplen con las costumbres de un pueblo, lo que provoca un conflicto con los usos y costumbres, pero también con la identidad”.

Las familias afectadas suelen abandonar sus comunidades después de que éstas, regidas por usos y costumbres, votan por expulsarlos a menos de que ellos acepten renunciar a su religión.

Pero también hay casos de violencia, como el que actualmente ocurre en Chenalhó, donde los católicos son minoría y los evangélicos se han opuesto a que construyan una ermita para tener un sitio donde profesar sus creencias.

Chiapas es la única entidad en México con diversos municipios en los que los católicos no son mayoría, como en Amatán, que son el 36.1 por ciento; Chalchihuitán, el 20.7 por ciento; Chenalhó, el 33.6 por ciento; Mitontic, el 38.3 por ciento; Pantelhó, el 44 por ciento y Simojovel, el 41.8 por ciento.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, resulta de extrema urgencia afrontar la realidad religiosa que se vive en México, cada vez es más la gente que busca una respuesta a sus necesidades espirituales fuera de la religión católica, es innegable que esta iglesia es parte de la herencia obligada que nos dejó el ser un país colonizado por los españoles, sin embargo, al igual que sucede con la clase política de nuestro país, esta institución ha ido perdiendo credibilidad y confianza por parte de sus adeptos, muchos de los cuales nacieron adscritos a este credo sin la posibilidad de elegir otro camino hasta su mayoría de edad.

Las innumerables historias de abusos o simplemente la carencia de los instrumentos filosóficos necesarios para llenar el anhelo de cercanía con la divinidad, han dado como resultado que en los últimos años exista una gran apertura a otro tipo de creencias y cultos religiosos.

Esta situación adquiere gran relevancia a la luz de los problemas de intolerancia y discriminación religiosa que se presentan al interior de varios estados del país, por lo que resulta apremiante regular y adecuar la legislación en la materia, para garantizar que todos los connacionales puedan ejercer sin limitación alguna el credo de su preferencia, ya que el debate no debe ser en torno a si se tiene el derecho de profesar cualquier credo religioso, ya que esto está sobreentendido desde hace muchos años, el debate debe ser sobre las garantías que el estado mexicano debe atender y brindar, para que ninguna persona sufra agresión alguna por el sólo hecho de profesar un credo distinto al mayoritario en una comunidad determinada.

En suma, intolerancia es cualquier acto u omisión que coarte o vulnere el ejercicio de la libertad religiosa, cometida por personas físicas, morales y también por las mismas asociaciones religiosas, y por las autoridades civiles o militares. En contra, la tolerancia es una virtud democrática indispensable en la sociedad moderna para vivir en la pluralidad de creencias; es la aceptación civilizada de las extremas diferencias.

Es preciso impulsar la cultura de la libertad religiosa, como esperanza de una vida más armónica frente a la cerrada cultura destructiva de la intolerancia. La federación, los gobiernos estatales y municipales, junto con los grupos religiosos que en determinado momento llegaran a sufrir las consecuencias negativas y represivas por motivo de su creencia religiosa, deben sumar esfuerzos y voluntades por encontrar salidas justas a los conflictos.

Se dice que las religiones fomentan la expresión de los valores supremos del hombre y de la misma sociedad; por ello afirmamos que el diálogo entre autoridades gubernamentales y los diferentes liderazgos religiosos debe ser permanente y fructífero; y que las relaciones Estado-Iglesias, si bien tienen campos de acción distintos, ello no significa que sean antagónicos. Porque el principio fundamental de las relaciones modernas del Estado Mexicano con las Iglesias es el Respeto Mutuo; a las Iglesias les corresponde la responsabilidad de buscar el mejoramiento moral y espiritual de sus creyentes; al Estado, por otro lado, le corresponde garantizar la libertad, igualdad, pluralidad, laicidad, tolerancia, desarrollo, bienestar y justicia social como objetivos y valores supremos de la Nación.

Por esta razón es indispensable, que los actos que constituyan violaciones al derecho de libertad de culto mediante el uso de la violencia, puedan ser tratados como lo que son, delitos, ya que actualmente el procedimiento para presentar una queja o demanda por ser objeto de discriminación religiosa es complicado y la mayoría de las veces no produce un resultado favorable para el agraviado, por lo que es necesario incluir la religión en el artículo 149 Ter, del Código Penal Federal, para garantizar que el derecho a la libertad de culto sea respetado en todos los niveles, ya que el no hacerlo constituiría un delito sujeto de sanción por las autoridades judiciales.

Asimismo, se deben ampliar algunos de los derechos y libertades religiosas que contempla la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en primer lugar se debe de reconocer en el cuerpo del artículo primero que toda persona es igual ante la ley. Y marcar de inicio la prohibición de toda acción u omisión que discrimine o ejerza violencia de cualquier tipo a una persona en razón de sus creencias religiosas, puesto que, el estado Mexicano reconoce la diversidad de las entidades religiosas en igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos obligaciones y beneficios.

En el artículo segundo se incluyen algunas garantías para ejercer los derechos religiosos, que actualmente no contempla la ley y que en determinado momento, pueden suponer actos de discriminación para personas que no practican la religión católica, como son: A impartir y elegir para sí, o para los menores o incapaces cuya representación legal ejerzan, la educación religiosa, moral y ética, conforme a sus propias convicciones, ya que en algunas comunidades, sobre todo con alta concentración de población indígena, es una condición que los niños asistan a las iglesias del pueblo a tomar la doctrina católica, para poder acceder a beneficios sociales como becas, despensas o servicios médicos.

Igualmente, a recibir asistencia de los ministros de su propia confesión religiosa, en particular, en los hospitales, asilos, cárceles o dependencias de las Fuerzas Armadas, ya que se dan los casos de que personas que se encuentran en fase terminal por alguna enfermedad o cualquier otra situación en los hospitales, o reos con inestabilidad emocional, o miembros de las fuerzas armadas preocupados por su futuro incierto en el cumplimiento de una misión, tienen la necesidad de acercarse a una persona que represente su fe religiosa, y si esta no es la católica, se corre el riesgo de no tener acceso a un ministro del culto de su preferencia, vulnerándose así su derecho a profesar libremente su religión.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 149 Ter del Código Penal Federal y 1 y 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Primero. Se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal y se adiciona una fracción IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, religión, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. a III. ...

IV. Despoje o atente contra la propiedad privada de las personas.

Segundo. Se reforma el artículo 1 para adicionar un tercer párrafo; y se adicionan dos fracciones h) e i) al artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar de la siguiente manera

Artículo 1o...

...

Toda persona es igual ante la ley. Queda estrictamente prohibido toda acción u omisión que discrimine o ejerza violencia de cualquier tipo a una persona en razón de sus creencias religiosas. El Estado mexicano reconoce la diversidad de las entidades religiosas en igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos obligaciones y beneficios.

Artículo 2o...

a) a f)

h) A impartir y elegir para sí, o para los menores o incapaces cuya representación legal ejerzan, la educación religiosa, moral y ética, conforme a sus propias convicciones;

i) A recibir asistencia de los ministros de su propia confesión religiosa, en particular, en los hospitales, asilos, cárceles o dependencias de las Fuerzas Armadas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Hugo Éric Flores Cervantes, Ana Guadalupe Perea Santos, Norma Edith Martínez Guzmán, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Flores Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para dictamen.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Norma Edith Martínez.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Sólo para solicitar al diputado Hugo Eric que me permita adherirme, esta iniciativa da respuesta a una necesidad profunda de nuestros pueblos que han sido violentados en su libertad religiosa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado da su consentimiento. Está la iniciativa a su disposición aquí en la Mesa para quienes deseen signarla.

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8o. y 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

El diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga:Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me presento ante esta tribuna para refrendar nuestro compromiso con los productores mexicanos y los organismos que intervienen en materia de economía social y solidaria.

Como presidente de una organización ganadera en el estado de Chihuahua, comprometida con el sector social y con los productores del campo, hoy estamos aquí trabajando por ellos.

El gobierno de la República encabezado por el presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha emprendido un trabajo intenso para dar origen al Pacto por México, en el que se integraron políticas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por medio de acuerdos sólidos de las distintas fuerzas políticas. Y me permito hacer énfasis en el numeral 2, México Incluyente, el Plan Nacional de Desarrollo, el cual sienta las bases de las acciones a emprender para disminuir los niveles de pobreza y reducir la brecha de la desigualdad, fomenta los objetivos y lograr una sociedad sin exclusión de género, participativa, y que vela por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños, los adultos mayores y demás grupos vulnerables.

Considero importante hacer un reconocimiento explícito de los derechos humanos dentro del sector de la economía social, mismos que han sido suscritos en instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Por eso es importante hacer un esfuerzo constante, para mantenerlos presentes en los fines que regulan al sector económico a través de la economía social y solidaria, pues la ausencia de éstos en nuestra normatividad, conlleva a una denigrante conducta de las autoridades frente a los ciudadanos.

De igual forma, el proceso de inclusión social debe ser reconocido explícitamente como uno de los valores que rigen dentro del artículo 10 de la Ley de Economía Social y Solidaria, para dar cabida en primer lugar, al fomento de la participación, consecuentemente al reconocimiento y al respeto de las oportunidades de los productores por parte de los organismos del sector, encargados de la aplicación de los principios regulatorios.

Precisamente el día de ayer el coordinador de mi grupo parlamentario, el doctor César Camacho Quiroz realizó importantes aportaciones en un taller sobre inclusión social, reforma urbana, por lo que hago un extenso reconocimiento a su esfuerzo en la promoción de temas que fortalezcan el compromiso con todos los mexicanos.

La confianza ciudadana aumenta cuando las garantías normativas para el ejercicio efectivo de sus derechos cuando la autoridad está obligada a reconocer a la integración como un principio esencial en lo individual y en lo colectivo, que genere oportunidades de competencia económica; que alejen a los ciudadanos de rezago, la carencia y el asistencialismo de bienes y servicios básicos; promover la organización y la participación de las políticas públicas del sector de la economía social.

Es importante implementar principios que la autoridad asuma de gran responsabilidad en una noble aportación para mejorar la calidad en la atención y la prestación de servicios de las autoridades en el sector de la economía social, así como incentivar el ánimo de los productores para impulsar contantemente proyectos productivos que impulsen el desarrollo de nuestro país.

Hoy, en el PRI estamos con los productores, estamos con el sector social. Hoy, estamos trabajando por ellos, para que sean incluidos, para que esa cadena de valor llegue a su máxima expresión. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma los artículos 8o. y 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a cargo del diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, fracción I y se adiciona la fracción XIV al artículo 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Alentados por su interés en la participación, así hemos conocido en registros históricos de la humanidad las causas de los movimientos sociales y de divisiones en los sectores de la sociedad que han sido propiciadas por la falta de inclusión e integración individual y colectiva en temas de su interés. La historia de México nos ha demostrado de forma reiterada lo importante que es para su desarrollo y bienestar en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural la integración en primer lugar del individuo a un sector o grupo y posteriormente de ese grupo con otros más para finalmente alcanzar una incorporación integral.

Un ejemplo de lo anterior se dio el 17 de febrero de 1947, cuando México inició uno de los procesos de integración político y social más importantes en la reciente historia del México regido por la Constitución de 1917, el presidente Miguel Alemán Valdés publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 Constitucional, para reconocer a las mujeres el derecho a votar en las elecciones de sus representantes.

Actualmente el gobierno de la república encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha emprendido un trabajo intenso para dar origen al Pacto por México, en el que se integraron políticas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por medio de acuerdos sólidos de las distintas fuerzas políticas, interesadas en participar en las principales acciones de gobierno; acuerdos que se fortalecieron y fueron impulsados por la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados para fortalecer el proceso sin precedentes que dio lugar a Reformas transformadoras que han traído beneficios significativos en la vida de todos los mexicanos.

Siguiendo la ruta trazada por los acontecimientos antes mencionados, y con el fin de dar continuidad a esta importante labor legislativa, me permito como integrante de la LXIII Legislatura hacer énfasis en el numeral II. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (página 43), el cual sienta las bases de las acciones a emprender para disminuir los niveles de pobreza y reducir la brecha de la desigualdad, fomenta los objetivos para lograr una sociedad sin exclusión de género participativa, y vela por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños, adultos mayores y demás grupos vulnerables.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en los últimos diez años, México está entre las naciones más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de Chile y la doceava en América Latina, originada de la mala distribución del ingreso en el país. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, se observa que la relación de ingresos entre el 10 por ciento de la población más rica y el 10 por ciento más pobre fue de 25 veces más de la primera a 1 de la segunda.

De conformidad con el actual Plan Nacional de Desarrollo, la desigualdad también se presenta en términos de regiones. Debido a que la concentración de los núcleos de crecimiento demográfico en las ciudades es un reflejo del relativo estancamiento económico que presenta el campo. Mientras que el 65 por ciento de las personas ubicadas en áreas rurales es pobre, la proporción disminuye al 40.5 por ciento en las zonas 45 urbanas. No obstante, muchas de las ciudades, independientemente de su tamaño, siguen manifestando patrones de crecimiento desordenado y socialmente excluyente, con carencias y desigualdad en su participación productiva como en la prestación de servicios básicos.

Con base en lo anterior, existe una preocupación constante en cuanto al reconocimiento, muy particular en el sector de la economía social, de los derechos humanos suscritos en Instrumentos Internacionales de los que México forma parte y de los que ha hecho un reconocimiento concreto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de forma genérica. Es importante hacer un esfuerzo por mantenerlos presentes dentro de los “fines” que regulan al Sector Económico a través de la Ley de la Economía Social y Solidaria; en muchos sectores sociales la ausencia de estos principios en leyes y reglamentos genera acciones de conflicto y denigra el actuar de las autoridades frente a los ciudadanos.

En cuanto al término inclusión,la Real Academia Española se refiere a “una conexión de alguien con otra persona”, por lo cual para fines institucionales se considera un proceso de interacción social en el que no importa la condición física, cultural o económica, con todo aquello que le rodea a un factor en igualdad de condiciones, teniendo así las mismas oportunidades en sus derechos y obligaciones para ingresar a todo lo que permita el desarrollo fundamental de la persona o grupo; La inclusión no se encuentra enumerada en el artículo 10 de la citada ley, por ello considero necesario implementar este término como valor que si bien es cierto se define como un proceso, mejoraría la visión y actuar de la autoridad apoyado de la “equidad” y los demás valores mencionados. Considero una obligación de los gobiernos en todos sus niveles garantizar su ejercicio eficaz y su ampliación en todos los sectores de la sociedad, se debe plantear como una herramienta que busque reducir la pobreza a través de la creación de espacios encaminados a fortalecer la productividad como vía para insertar a los grupos sensibles en círculos virtuosos que permitan mejorar de manera efectiva su nivel y calidad de vida.

Para el interés que nos ocupa este proyecto, el proceso de inclusión social debe ser reconocido explícitamente como uno de los valores que rigen en el artículo 10 de la Ley de Economía Social y Solidaria, para dar cabida en primer lugar al fomento de la participación, consecuentemente al reconocimiento y respeto bien definido para los organismos del sector encargadas de la aplicación como parte de sus principios regulatorios. La Inclusión Social no figura en todo el cuerpo normativo de la ley mencionada a diferencia de la Integración, para los organismos encargados de esta actividad (artículo 31); por otro lado el artículo 11, fracción XII hace referencia al actuar de los organismos del sector, pero solo como una forma de integracióny colaboración con otros organismos o autoridades pero no de inclusión social con los ciudadanos que presentan sus proyectos ante ellos.

La confianza ciudadana aumenta cuando existen las garantías normativas para el ejercicio efectivo de sus derechos sociales, con más razón cuando la autoridad está obligada en reconocer a la integración como un principio esencial en lo individual y en lo colectivo que genere oportunidades de competencia económica que alejen del rezago, la carencia o el asistencialismo de bienes y servicios básicos los ciudadanos. Promueve la organización y la participación en las políticas públicas del sector de la economía social, ambos fungen como elementos inherentes de la economía social que vinculados con la integración, son un factor de cohesión y crecimiento amplio que le dan solidez a la misma.

Implementar principios que la autoridad asuma de gran responsabilidad, es una noble aportación para mejorar la calidad en la atención y prestación de servicios de las Autoridades en el Sector de la Economía Social, al igual que en incentivar el ánimo de los productores para impulsar contantemente proyectos productivos para el desarrollo de las economías.

Es por ello que se considera necesario actualizar el marco normativo de la Economía Social, como aportación para el respeto de los principios constituidos en los documentos internacionales de los derechos humanos, al igual que del principio de Inclusión que tiene la función de brindar protección, seguridad y certeza en los mecanismos regulatorios de los Organismos. Así la presente iniciativa propone realizar una modificación y una implementación en la Ley de la Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo Octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, que los mantenga presentes como parte de una aplicación efectiva de las políticas de desarrollo económico y social que fortalezcan la cohesión social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, en sus artículos 8, fracción I, y se adiciona la fracción XIV al artículo 10

Único: Se reforma la fracción I del artículo 8, y se adiciona una fracción, que sería XIV al Artículo 10, todo de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social, para quedar como sigue:

Artículo 8. Son fines del sector social de la economía:

Promover el desarrollo integral del ser humano, considerando en todo momento el respeto a los derechos humanos e inclusión social.

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

...

XIII. Autogestión

XIV. Inclusión Social.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pág. 44

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pág. 44-45

3 http://dle.rae.es/?id=LFW63CN

4 http://www.un.org/es/documents/udhr/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hermosillo. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El fenómeno de la corrupción representa un cáncer para cualquier sociedad. Disminuye el crecimiento económico, genera pobreza y desigualdad, se nutre de la impunidad al tiempo que la promueve, y en no pocos casos, es un precursor del crimen organizado y la violencia. Para enfrentarla, es necesario partir del reconocimiento de que lejos de constituir un asunto cultural, la corrupción se enmarca dentro de la estructura de incentivos promovida por el diseño institucional prevaleciente en un país.

En este contexto, en el caso de nuestro país, abordar el problema de la corrupción, implica no sólo hacerlo desde la perspectiva de la percepción –tan extendida entre la población–, sino también desde la óptica de la racionalidad política y económica, pues cada peso que se “invierte” en ella, tanto por parte de ciudadanos como de funcionarios públicos, representa un peso que dejó de destinarse a rubros que mejoran su calidad de vida en el corto y largo plazos, tales como la educación y la salud y la recreación –en el caso de los primeros–; y la construcción de infraestructura, la implementación de diversos programas sociales y la inversión en ciencia y tecnología, entre otros –en el caso de los segundos–. Así, según con cifras del Banco Mundial, dadas a conocer a finales del año pasado, la corrupción en México equivale al 9 por ciento del producto interno bruto, PIB, mientras que, de acuerdo a medios internacionales, la imagen de México como un país altamente corrupto se ha agudizado durante los últimos años.

No obstante, a pesar de que la corrupción atraviesa clases sociales, sectores económicos, sector público y privado, particularmente corrosiva resulta la auspiciada desde el sector público, pues es en este espacio, en el que el funcionario que ejerce los recursos provenientes del erario, obteniendo paralelamente alguna ventaja o beneficio personal, origina ineficiencia en el destino del gasto o en su operación. Un caso muy evidente por las distorsiones que genera en el proceso de la toma de decisiones y por su impacto social, es el de la obra pública. Está documentado que en México y en el mundo, la construcción es el sector en el que se presentan la mayor incidencia de actos de corrupción.

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa, en el marco de la discusión y creación del Sistema Nacional Anticorrupción, plantea una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dirigida a acotar las excepciones al procedimiento de Licitación Pública, con la finalidad de evitar el manejo discrecional de los recursos públicos y, mediante ello, desincentivar las prácticas de corrupción.

Argumentación

La inversión pública en infraestructura –sobre todo si ésta cumple con los criterios de calidad y pertinencia– es fundamental para el crecimiento de una economía. Contar con carreteras, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, presas y canales de irrigación, por mencionar sólo algunos ejemplos, es indispensable para elevar la competitividad y productividad de las empresas, lo que se refleja en la ampliación de mercados, la disminución de costos de producción y, por ende, en la generación de empleos y en la reducción de precios. Así mismo, la construcción de hospitales, escuelas, centros culturales y recreativos, entre otros, permiten elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Aunado a lo anterior, en la construcción y mantenimiento de infraestructura, se generan importantes fuentes de empleo temporales, las cuales se suman a las que son resultado propio de la dinamización de las economías locales.

No obstante, si dicha inversión carece de eficacia en su asignación, construcción y mantenimiento como resultado de prácticas corruptas, tales beneficios se diluyen o desaparecen, pues al limitar la libre competencia vis á vis la expectativa de recibir un beneficio o ganancia personal o de grupo, se crean ineficiencias derivadas, principalmente, de: (i) la imposibilidad de contar con la mejor oferta en lo que al precio, calidad, financiamiento y otros rubros de las obras se refiere; (ii) los incentivos a emplear insumos de mala calidad, así como a establecer sobreprecios; y (iii) las demoras artificiales en los procesos de construcción, lo que genera pérdidas no sólo económicas, sino sociales.

Al respecto, de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa la última posición, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional. En el ranking general, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175, junto con Bolivia, Moldavia y Níger. En la comparación de México con los integrantes del G20, nuestro país se sitúa en la posición 16, solamente por delante de Argentina, Indonesia y Rusia. Por su parte, el Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project 2014, ubica a México en la lista de los veinte países con servidores públicos más corruptos.

Esto es, existe una amplia brecha entre México y las principales economías con las que comercia y compite, lo que no hace sino reflejar la urgencia de implementar reformas, políticas y mecanismos que coadyuven a avanzar en la erradicación de este flagelo.

En este contexto, la presente propuesta de ley tiene por objeto contribuir a la eliminación de este flagelo en lo que a obra pública se refiere, a través de acotar las excepciones a la licitación pública consideradas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de fortalecer los pesos y contrapesos establecidos en ella.

De acuerdo al artículo 134 de la Carta Magna, de la cual dicha ley es reglamentaria en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, señala a la letra:

Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

...

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. (Negritas añadidas.)

Esto es, de acuerdo con el citado artículo, la licitación pública es el mecanismo a través del cual se debe realizar la contratación de obra por parte de la Federación, los estados y los municipios, por lo que si bien es cierto, que es necesario considerar algunas excepciones, también lo es que éstas deben ser las menos y, en su caso, contar con supuestos claros y definidos y encontrarse, salvo casos específicos, enmarcadas en un sistema de pesos y contrapesos.

Lo anterior, que pareciera evidente, no se encuentra recogido en la referida ley en la materia, pues diversas de las disposiciones que regulan o pretenden regular las excepciones al procedimiento de licitación, resultan proclives a incentivar conductas o prácticas de corrupción, derivado de: (i) la ambigüedad del supuesto considerado o (ii) las exenciones a la obligación de contar con dictámenes previos de excepción por parte de los Comités de Obras Públicas, sin argumento razonable alguno.

En este sentido, se propone la eliminación de la fracción V, así como modificaciones a la fracción VII, ambas del artículo 42, las cuales establecen las siguientes excepciones al proceso de licitación:

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;...

En lo que respecta a la fracción V, la propuesta obedece a que en las fracciones II y III, se enmarcan los supuestos que pudieran encuadrar en dicha fracción, a saber:

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;

Es decir, la eventualidad que justificaría invocar la fracción V, necesariamente está relacionada con el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o el medio ambiente, y cualquier peligro o alteración a estos, derivados de caso fortuito o fuerza mayor, están considerados en la fracción II. Por otro lado, si no se tratara de alguna emergencia contemplada en la citada fracción, aquellas circunstancias que ameritarían no sujetarse a procedimiento de licitación pública, tendrían que generar pérdidas o costos adicionales importantes, supuesto contenido en la fracción III.

De este modo, mantener la ambigua e inacotada fracción V, implica continuar incentivando este flagelo, pues provoca, como la experiencia lo dicta, que servidores públicos lleven a cabo conductas de negligencia dolosa, en la que dejan pasar el tiempo para encuadrar la situación en dicha excepción y aplicar otro procedimiento, de este modo, de manera discrecional.

Al respecto, y para fines ilustrativos, cabe destacar, como ejemplo, el modus operandi del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en el marco de la referida conducta de negligencia dolosa. En este caso, los servidores públicos encargados de llevarlo a cabo, al tener la facultad de elegir a los contratistas a los que extenderán las invitaciones correspondientes, acuerdan prácticas de colusión, consistentes en informarles los montos que tienen asignados para la obra que se concursa, permitiéndoles ponerse de acuerdo para elaborar dos propuestas elevando los costos, y una más que reúne las especificaciones solicitadas, incluyendo el costo más bajo y el famoso “diezmo”, la cual será la favorecida.

En cuanto a la fracción VII, no es razonable aplicar la excepción ante la declaración de una licitación desierta, por una ocasión, toda vez que constituye un fuerte incentivo para que el servidor público manipule el proceso, declare desierta la licitación y pueda incurrir en conductas como la señalada en el párrafo anterior. En este marco, un nuevo proceso de licitación permitiría aumentar la probabilidad de que las proposiciones presentadas reúnan todos los requisitos solicitados en la convocatoria y, de este modo, que la licitación pública siga su curso, respetando así el procedimiento central establecido por el artículo 134 constitucional.

Finalmente, la iniciativa propone modificaciones al último párrafo del citado artículo, con el fin de fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, elemento central en todo ordenamiento democrático. Dicho párrafo establece que:

Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este artículo, no será necesario contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública.

En efecto, con la finalidad de asegurar la mayor objetividad y eficacia en las decisiones de los servidores públicos, como regla general, la aplicación de toda excepción debería estar supervisada por el Comité de Obras Públicas, salvo casos concretos y absolutamente justificables, lo que no sucede en la redacción actual del párrafo en comento, pues exenta a casi la mitad de los casos de excepción de la necesidad de contar con el dictamen correspondiente del Comité de Obras Públicas. Lo anterior, no resulta razonable ni proporcional, pues la elaboración del dictamen ni su periodo de emisión (para aquéllos casos de urgencia) interfieren con la pertinencia o aplicación oportuna de la mayor parte de los casos de excepción (fracciones II, V, VII y XIV actuales). Por el contrario, eximirlos de ese control contradice el espíritu del artículo 134 constitucional, pues lejos de propiciar un uso eficiente y transparente de los recursos, se promueve la discrecionalidad, la cual es, siempre, una de las antesalas de la corrupción.

Fundamento legal

El suscrito, licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo Primero: Se deroga la fracción V, se modifica la fracción VII y el párrafo último, todos del artículo 42, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. a IV. ...

V. Derogada

VI. ...

VII. Se haya declarado desierta dos veces consecutivas una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;

VIII. a XIV. ...

Tratándose de las fracciones IV y VI de este artículo, no será necesario contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Meana Sergio. “Corrupción representa 9 por ciento del PIB: Banco Mundial”. El Financiero, 5 de noviembre de 2015.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ corrupcion-representa-del-pib-banco-mundial.html

2 Gómez Durán Telma, “Corrupción: La pandemia que acaba al país”, Newsweek en español. 1 de noviembre de 2015. http://nwnoticias. com/#!/noticias/corrupcion-la-pandemia-acaba-al-pais

3 Jaime, Edna. ¿Una ley pro-corrupción? Excélsior, 25 de julio de 2015. http://www.excelsior.com.mx/opinion/edna-jaime/2015/07/25/ 1036588

4 Corona Jessica, “México, el país más corrupto de la OCDE”, diario Mileno, 4 de diciembre de 2014. http://www.milenio.com/politica/mexico_y_corrupcion-corrupcion_en_mexico-mexico _un_pais_corrupto-transparencia_0_421158060.html

5 Gómez Durán Telma, “Corrupción: La pandemia que acaba al país”, Newsweek en español. 1 de noviembre de 2015. http://nwnoticias. com/#!/noticias/corrupcion-la-pandemia-acaba-al-pais

6 De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tales procedimientos son: invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

Fuentes:

González Llaca, Edmundo, Corrupción patología colectiva, (en línea), primera edición, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, Disponible en internet

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1680.

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/ Publications/Convention/04-56163_S.pdf

Corona Jessica, “México, el país más corrupto de la OCDE”. Diario Mileno, 4 de diciembre de 2014. http://www.milenio.com/politica/mexico_y_corrupcion-corrupcion_en_mexico-mexico _un_pais_corrupto-transparencia_0_421158060.html

Meana Sergio. “Corrupción representa 9% del PIB: Banco Mundial”. El Financiero, 05 de noviembre de 2015.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ corrupcion-representa-del-pib-banco-mundial.html

Jaime Edna. “¿Una ley pro-corrupción?”. Excélsior, 25 Julio 2015. http://www.excelsior.com.mx/opinion/edna-jaime/2015/07/25/1036588

Gómez Durán, Thelma. “Corrupción: la pandemia acaba al país”. Newsweek en español (en línea). 1 noviembre de 2015. Consulta: 16 de enero de 2016.

http://nwnoticias.com/#!/noticias/ corrupcion-la-pandemia-acaba-al-pais

Transparencia mexicana

http://www.tm.org.mx/mexico-estancado-en-la-corrupcion/

Real Academia Española

http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3

Transparencia Internacional

http://www.transparency.org/news/pressrelease/ indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2014_el_crecimiento_transparente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de febrero de 2016.— Diputado Rafael Hernández Soriano(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Iniciativa que reforma los artículos 125, 127 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Es necesario que el Sistema Nacional de Protección Integral y particularmente la Secretaría Ejecutiva, cuente con todas las herramientas jurídicas necesarias para llevar adelante las atribuciones que se le asignan en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), por lo que se propone modificación del artículo 125, fracción XV, la adición de cinco fracciones al artículo 127, así como las fracciones XVI y XVII al artículo 130, recorriéndose las demás de manera subsecuente, para que, de esta forma, se coadyuve en la complementación de sus atribuciones y la operatividad del sistema.

Asimismo, la iniciativa busca dar cumplimiento a lo planteado en el documento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Punto III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones, numeral 12 en el que textualmente se indica:

12. El comité insta al estado parte a establecer de manera expedita el SNPI y a garantizar que este sistema sea proveído con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su efectivo funcionamiento a nivel federal, estatal y municipal. En particular, el comité recomienda al estado parte que:

• Establezca las secretarías ejecutivas a nivel federal, estatal y municipal;

• Establezca las procuradurías de protección especial a nivel federal y estatal y garantice que funcionen de acuerdo a los contenidos de la LGDNNA.

Argumentos

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adopta en la ciudad de Nueva York, la Convención sobre los Derechos del Niño, a quien se le reconoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia. En 1990, México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y con ello se comprometió a respetar, promover, proteger y garantizar todos los derechos de niñas, niños y adolescentes

Sus 54 artículos establecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que claramente exigen hacer valer principios como: el interés superior del niño; el derecho a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos; el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que pueden afectarlos y el derecho a disfrutar sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Como es sabido, con fecha 1 de septiembre de 2014, el Ejecutivo federal, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y de Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió al presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; solicitando fuera enviada a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales, señalando, ser considerada dicha iniciativa con carácter de trámite preferente.

Más adelante, el 4 de diciembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), entrando en vigor al día siguiente de su anuncio. Esta ley es un parteaguas en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia y, con ella, se marca el inicio de una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en México en la que gobierno y sociedad trabajarán coordinadamente, dando también cumplimiento a lo establecido en el artículo 4o. de la convención, donde se establece que “[los] estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención”.

Entre algunas de las bondades de la ley general, pueden señalarse las siguientes:

Por primera vez se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantiza su total ejercicio, respeto, protección y promoción.

Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

Establece que se tiene por objeto garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tomando como principios rectores, el interés superior de la niñez, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas niños y adolescentes; la igualdad sustantiva; la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y la transversalidad en las políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio pro persona; el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad.

Contiene un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que son: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho a la prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral: derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; derecho de participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; y los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Establece una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como para las personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia.

Integra mecanismos para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes. Por primera vez establece un sistema de rendición de cuentas, que incluye el monitoreo y la evaluación de las políticas, programas y acciones que impactan a la infancia.

Así también, dispone la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

La LGDNNA constituye un avance sin precedentes en México, ya que ordena por primera vez en la historia la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El sistema estará presidido por el presidente de la República, lo cual coloca a la infancia y adolescencia como un tema del más alto nivel político, y sus decisiones son obligatorias para todos los integrantes del propio sistema.

Las atribuciones del Sistema Nacional de Protección Integral se encuentran contempladas en el artículo 125 que a la letra indica:

“ Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos;

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal;

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el programa nacional;

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del programa nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente ley;

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta ley, y

XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.”

También este sistema, siguiendo el concepto de integralidad, realizará un trabajo transversal con las instituciones públicas federales, estatales y municipales que directa o indirectamente están relacionadas con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y modifica los parámetros para que las entidades en su conjunto desarrollen y ejecuten sus políticas, programas y prácticas, poniendo en el centro de sus acciones a las niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el sistema es un modelo institucional único que facilitará la comunicación, coordinación y la toma de decisiones entre las principales autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios, y asegurará la inclusión de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes en dicha toma de decisiones, con el fin de que actúen sin dilación para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

Los sistemas nacional, locales y municipales complementan el Sistema de Protección Integral y desarrollan la política nacional de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de manera concurrente de acuerdo con sus respectivas competencias y se coordinarán entre sí a través de sus secretarías ejecutivas. Las secretarías ejecutivas son las responsables de coordinar las acciones que se desarrollan en cada uno de los sistemas y tienen la responsabilidad de articularse entre sí.

La secretaría ejecutiva del sistema nacional debe comunicarse permanentemente con las secretarías ejecutivas de las entidades federativas, mientras que las secretarías ejecutivas locales deben coordinar las tareas de las secretarias de los municipios de su entidad.

Lo relativo a las atribuciones de la secretaría ejecutiva, se encuentra plasmada en el artículo 130 de la LGDNNA, el cual estipula lo siguiente;

“ Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de secretaría ejecutiva.

La secretaría ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la administración pública federal que deriven de la presente ley;

II. Elaborar el anteproyecto del programa nacional para someterlo a consideración de los miembros del sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;

IV.Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado;

XV. Coordinar con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta ley, y

XVI.Las demás que le encomiende el presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.”

Sin embargo, se denota la ausencia de algunas facultades que aprueben que la secretaría ejecutiva (SE), realice las acciones conducentes en materia administrativa que permitan un funcionamiento eficiente del sistema, sobre todo cuando el Sistema Nacional de Protección Integral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 de la ley, se reúne al menos dos veces al año. Dada esta periodicidad, se hace necesario que la SE cuente con facultades para operar acuerdos, planes, resoluciones y emisión de documentos.

Por lo que dada la relevancia y urgencia del cumplimiento de las tareas que se desprenden del marco de las atribuciones anteriormente señaladas, y ante la instalación y ejecución del sistema nacional y algunos estatales, se hace cada vez más notoria la necesidad de realizar modificaciones en el cuerpo de la LGDNNA para que la secretaría ejecutiva cuente con las capacidades necesarias para una eficiente, precisa y mayor operatividad que sea acorde con lo demandado para la ejecución efectiva de la ley.

Así también, como se ha mencionado con anterioridad, lo referente a las atribuciones del sistema se contempla en el artículo 125 de la ley, y en la fracción XV lo relativo al sistema de información a nivel nacional, indicando lo siguiente:

Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV. ...

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. a XVIII. ...

Es requerimiento, contar con puntualizaciones que permitan la integración del sistema de información nacional donde participen los tres órdenes de gobierno para detallar con información más precisa y objetiva, para lo cual se propone modificar la redacción de esta fracción.

Inclusión de organismos autónomos

En el artículo 127 donde se observa la conformación del sistema, se propone una modificación en el apartado B, inciso I, que se desprende del cambio jurídico del Distrito Federa a Ciudad de México, además se considera que existe en este artículo la ausencia de importantes organismos autónomos que, de acuerdo a sus tareas y la relación de ellos con los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben de ser incluidos en el sistema, encontrándose entre estos los siguientes:

INAI. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo constitucional autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. El INAI también se encarga de la protección de los datos personales en posesión del sector público y privado.

INE. Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal.

Además, contribuirá al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El INE se consolida como un organismo transparente y eficiente.

INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

Como se establece en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 26 de febrero de 2013 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se convirtió en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En esta nueva etapa, el INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Inegi. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), creado por decreto presidencial el 25 de enero de 1983, con su creación, el Inegi modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Conjuntó en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica.

Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) el 16 de abril de 2008, el Inegi cambió su personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Su nueva denominación es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva la misma sigla (Inegi).

El objetivo prioritario del Inegi es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Coneval. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión con la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social, sobre la medición de la pobreza y la evaluación de los programas y acciones de desarrollo social, cuya utilidad para mejorar la toma de decisiones en la materia.

El Coneval tiene las siguientes funciones:

• Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas;

• Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Atribuciones de la secretaría ejecutiva

Por otra parte, en el artículo 130, es necesario incluir dos fracciones donde se precisen las atribuciones de la secretaría ejecutiva, y con ello se superen los requerimientos administrativos y de coordinación en su desempeño.

Por lo anterior, es necesario modificar el artículo 125 en su fracción XV, así como en el artículo 127 modificar el inciso B fracción I y adicionar cinco fracciones, e incluir dos fracciones al artículo 130 de la LGDNNA, para que con ello, se permita a la secretaría ejecutiva una operación más rápida y expedita de su encomienda, a efecto de que sus actos y resultados de la gestión pública cumplan plenamente los objetivos de la ley, en coordinación con los sistemas nacional, locales y municipales.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa

Denominación del proyecto de decreto

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforman la fracción XV del artículo 125 y la fracción I del apartado B del artículo 127; se adicionan las fracciones IV; V; VI VII y VIII al artículo 127, y las fracciones XVI y XVII al artículo 130, recorriéndose las demás de manera subsecuente de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV. ...

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá para su elaboración con los diferentes órdenes de gobierno y con otros sistemas nacionales,en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI a XVIII. ...

Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por:

A. ...

B. Entidades federativas

I. Los gobernadores de los estados y el jefe del gobierno de la Ciudad de México.

C. Organismos públicos:

I. a III. ...

IV. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

V. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral;

VI. El titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

VII. El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y

VIII. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de secretaría ejecutiva.

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Implementar las acciones y lineamientos administrativos, así como emitir los documentos necesarios para dar cumplimiento pleno a los objetivos de la ley;

XVII. Establecer oficinas de representación en las entidades federativas para dar cumplimiento a las atribuciones de la secretaría ejecutiva, y

XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Adoptadas por el Comité durante su sesión sexagésima novena (18 de mayo al 5 de junio de 2015)

2 Convención sobre los Derechos del Niño,adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU); en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

3 Ibídem.

4 http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx

5 http://www.ine.mx/portal/

6 http://www.inee.edu.mx/

7 http://www.inegi.org.mx/

8 http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputado Rafael Hernández Soriano(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada García Soberanes, por favor.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Buenos días. Gracias, presidente. Gracias por permitirme el uso de la voz. Buenos días, compañeros diputados. Tomo un poco de su tiempo para solicitar un minuto de aplausos para un héroe anónimo, llamado Kevin de Jesús Calderón Díaz, quien se ahogó en las aguas del río Usumacinta al tratar de salvar a su hermano de 5 años y a su prima de 15, cuando los arrastraba la corriente en el Paso de los Pescadores en Tabasco.

Cabe destacar que Kevin fue víctima de bullying durante dos años y la autoridad de su estado jamás le hizo caso. Pido un minuto de aplausos para este niño que reconocemos su gran labor porque al querer salvar a sus hermanos, a su familia pues murió desgraciadamente. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

Si la asamblea no tiene inconveniente solicitaría a los compañeros diputados ponernos de pie y obsequiar este minuto de aplausos a este niño, un héroe infantil.

(Minuto de aplausos)

Muchas gracias. Un héroe infantil sin duda.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez. El primero, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y, el segundo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Honorable Asamblea

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Con fundamento en las facultades conferidas por los 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se procedió al análisis de la Minuta, presentando a la consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen en sentido positivo.

La Comisión dictaminadora se abocó al examen de la Minuta descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión celebrada el 9 de diciembre de 2014 en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentada por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. Con esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

III. El 23 de abril de 2015 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

IV. El 28 de abril de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

V. Con fecha 18 de febrero de 2016, el Pleno de esta Comisión valoró y discutió el dictamen presentado y como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen.

Contenido de la Iniciativa

La proponente sustenta su petición en el hecho de que en el mes de octubre de 2011 se construyó, aprobó y promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

A pesar de que son diversos elementos los que regula ese instrumento jurídico, es preciso recalcar que la mayor preocupación se enfocó en las medidas de seguridad y de protección civil con las que deben contar este tipo de centros, con el objeto de evitar algún siniestro.

Destaca que la intención de esa Ley se circunscribe al fomento de lo que se entiende por Protección Civil, la cual podemos conceptualizarla como:

Las acciones “cuyo objetivo es prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofes, proteger a las personas y los bienes cuando dichas situaciones se producen, así como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas”. En un sentido más puntual, la protección civil engloba un elemento trascendental en la construcción de una Ley como la que pretendemos modificar: la administración o gestión de riesgos.

La gestión de riesgos es: “Un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles”, lo cual quiere decir que la administración de riesgos involucra no sólo a las autoridades sino a la sociedad civil en general para crear conciencia y condiciones necesarias para, sobretodo, prevenir desastres tanto naturales como antrópicos, o bien, saber cómo actuar en caso de que algún evento de esa naturaleza ocurra. La gestión de riesgos, es incluso retomada en la Ley General de Protección Civil al señalar en la fracción XXVII del Artículo 2 que la Gestión Integral de Riesgos es:

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;

Hace mención que resulta imprescindible realizar medidas de seguridad adecuadas a los Centros de Cuidado Infantil, también debemos comprender que la prestación del servicio de Guardería es vital para la economía mexicana, así como para el desarrollo pleno de familias enteras, por lo que es necesario precisar algunos elementos de protección civil que se plasman en el artículo 42 de la Ley.

Destaca que el objetivo de la presente iniciativa es solventar varios problemas tales como:

1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos (especialmente en el caso contra incendios).

2. Permitir que los inmuebles que presten el servicio de guardería proteja a las niñas, niños, así como al personal que labora en el mismo de forma efectiva e inmediata en caso de algún siniestro, además de que dichas opciones sean sustentables para los encargados de los Centros de Atención y ello no les impida mantener la operación de los mismos.

3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad implementadas en los Centros sean las adecuadas considerando varios factores de riesgo que se señalen en reglamentos y normas oficiales especializadas en la materia, a través de una verificación y análisis de riesgo específico para cada uno de los inmuebles atendiendo a sus particularidades.

En este sentido, la minuta que nos ocupa señala que el trazado actual de la Ley establece, específicamente en su artículo 42, el tipo de instalaciones con las que deben contar los Centros de Atención en materia de Seguridad y Protección Civil, sin embargo, se consideró que dicha clasificación es limitativa ya que no se describe la infraestructura en la materia con base en otros ordenamientos que regulan aspectos de protección civil y gestión de riesgo, es decir, a pesar de la existencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, en la cual se delimitan los tipos de equipos contra incendio, (entre otras cosas relativas a la prevención de este tipo de contingencias), el artículo 42 del ordenamiento jurídico en comento hace una mención, a nuestro parecer, inadecuada de las instalaciones con las que deben contar los Centros, esto al señalar que los inmuebles donde se alojen deben tener instalaciones hidráulicas ; además de que no considera de qué forma o con base en que los lineamientos deberán establecer el tipo de riesgo de cada Centro de Atención.

Bajo este contexto a pesar de que otra Norma Oficial Mexicana, la NOM-032-SSA3-2010, hace una mención similar a la establecida en la ley, y se cree que lo más adecuado es ampliar la visión tal como lo hace la NOM-002- STPS-2010 en la ley, ya que, considerar como única instalación adecuada la denominada “sistema hidráulico” es limitante de otros sistemas que han probado una eficacia mayor y que elimina consecuencias desfavorables que con los sistemas hidráulicos no se pueden evitar, ejemplo de ello es evitar la destrucción de mobiliario o que obstaculice la evacuación del inmueble en caso de siniestro toda vez que un piso mojado será siempre peligroso para transitar.

Respecto de este tema, la propia NOM-002-STPS-2010, en su numeral 4.9, menciona los tipos de equipo contra incendio de la siguiente manera:

4.9 Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican:

a) Por su tipo en:

1) Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados manualmente, con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente;

2) Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente, y

3) Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación manual, semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego que se pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción manual a base de agua (mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros.

b) Por el agente extintor que contienen, entre otros:

1) Agente extintor químico húmedo: Son aquellos que se utilizan para extinguir fuegos tipo A, B, C o K, y que normalmente consisten en una solución acuosa de sales orgánicas o inorgánicas, o una combinación de éstas, y

2) Agentes extintores especiales: Son productos que se utilizan para apagar fuegos clase D.

De esta manera se considera de suma importancia que en la ley se establezca, por un lado, la amplitud para instalar equipos contra incendios que no sólo se circunscriban a instalaciones hidráulicas, sino que se permita la implementación y consecuente operación de otros dispositivos que han mostrado su eficacia y, por otro lado, la obligatoriedad de analizar y determinar el tipo de riesgo de que se trate no sólo con base en el número de población como lo marca la NOM-032-SSA3-2010, sino que, además se consideren los factores de riesgo señalados en la NOM-002-STPS-2010 y tengamos una clasificación de riesgo plena y adecuada en donde se vele por la seguridad de niñas y niños, y, al mismo tiempo, permitan que las personas encargadas de los Centros de Atención tengan la posibilidad de adecuar sus instalaciones para prevenir de forma adecuada la aparición de siniestros.

Expresados los elementos que la proponente consideró más importantes las Comisiones Unidas dictaminadoras de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos Segunda de la H. Cámara de Senadores, enmiendan la propuesta de la promovente para mantener la palabra “hidráulicas”, a fin de evitar omitir un tipo de instalación de suma importancia en todo inmueble y así ampliar la noción de lo que debe entenderse por instalaciones contra incendios en los centros de atención, y acordes no solo con los reglamentos federales y locales sino también con las normas oficiales mexicanas en la materia resulta pertinente y viable, en virtud de que no se contrapone a disposición alguna vigente, y en cambio introduce en el capítulo “Medidas de Seguridad y Protección” de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil una serie de precisiones necesarias y armónicas con la Ley General en la materia.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, se sometió a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para quedar como sigue:

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Consideraciones

Primero. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la minuta, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segundo. La Minuta en cuestión destaca la necesidad imprescindible de realizar medidas de seguridad adecuadas a los Centros de Cuidado Infantil, por un lado, la amplitud para instalar equipos contra incendios que no solo se circunscriban a instalaciones hidráulicas, sino que permita la implementación y consecuente operación de otros dispositivos que sean eficaces y, por otro lado, la obligatoriedad de analizar la clasificación de riesgo adecuada en donde se vele por la seguridad de niñas y niños.

Tercero. En efecto, la Minuta que se dictamina entre uno de sus propósitos es el de destacar que en años recientes, en la República Mexicana se han incrementado el número de establecimientos, tanto públicos, privados y mixtos dedicados a la prestación del servicio de cuidado infantil, este sector claramente es uno de los más importantes en nuestro país, son las niñas y los niños; si bien es cierto que a nivel constitucional se ha venido ampliado la protección de sus derechos, tomando en consideración esto es que debemos generar legislación que fortalezca y extienda esta protección, más aun en el ámbito de su respectivo derecho a crecer en un ambiente de seguridad, higiene y cuidados especiales entre otros, además de que estos cuidados deben de estar a cargo de personal capacitado y certificado para cumplir esas funciones, garantizando a los menores un ambiente que se encuentre libre de riesgos de su integridad física y emocional.

Cuarto. Siguiendo este orden de ideas, es de resaltar que en octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, tal y como lo menciona el artículo primero que a la letra dice:

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Es por ello y tomando en consideración adecuar nuestra normatividad con el objeto de que los Centros de Atención de Cuidado Infantil, se vean fortalecidos en los ámbitos de las “Medidas de Seguridad y Protección Civil”, habrá que retomar lo que nos menciona el Capítulo VIII, artículo 42 el cual dice:

Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

Parte de lo que se propone establecer, es que la legislación abarque no sólo como instalación permitida la hidráulica, ya que en atención a los lineamientos de la “NOM-002-STPS-2010”, se pueden implementar mecanismos para mitigar incendios, que no por ser portátiles o fijos no tengan la efectividad que marca la legislación para la protección de los menores.

Quinto. En concordancia con la proponente habrá que retomar los que nos menciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual nos hace mención de las acciones que debe tomar el Estado para velar por el principio del interés superior de la niñez.

Así mismo, es importante recordar lo que nos menciona el artículo 26 constitucional:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

Este artículo constitucional claramente establece que corresponde al Estado organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y que este desarrollo se va a dar con los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, este contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; no obstante, es importante destacar que corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y del Distrito Federal, elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa de la entidad en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, de conformidad con el objeto de la Ley y los fines del Consejo; así mismo, se considerarán las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; artículo 22 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Sexto. Coincidimos y tomamos en cuenta que a partir de que en el año 2011 cuando se promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la visión que se tenía acerca del cuidado y desarrollo infantil dio un giro, ya que en esta se plasmaron los principios básicos que deben regir las actividades de cuidado infantil así como la seguridad en los Centros de Atención, pero como toda ley siempre es susceptible de mejorar es por ello que las modificaciones plateadas satisfacen los requisitos de velar por el interés superior de la niñez, precepto conceptualizado en la “Convención sobre los Derechos del Niño” en su artículo 3o.:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Por todo lo anterior, y para los efectos del apartado A del artículo 72 constitucional, los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del senado de la república y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que reforma el artículo 42 de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Único. Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Alvarez Maynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios.

Continuamos entonces. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán para fundamentar los dictámenes que se han comentado, los dos dictámenes, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Con su permiso, señor presidente. Nada más en atención al tiempo toda vez que son dictámenes, son dos dictámenes, pediría su comprensión en el mismo.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a presentar a nombre de los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, dos dictámenes que aprobamos en la pasada reunión plenaria de la misma y que el día de hoy sometemos a su consideración.

El primero es el correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el cual se sustenta en la propuesta de incluir modificaciones para solventar acciones diversas que se presentan en los centros de atención y que en el armado de la actual ley n se contemplan, entre las que se destacan:

1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos, especialmente contra incendios.

2. Permitir que los inmuebles que prestan el servicio de guardería protejan a las niñas, niños, así como al personal que labora en el mismo de forma efectiva e inmediata, en caso de algún siniestro.

3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad implementadas en los centros sean las adecuadas considerando varios factores de riesgo que se señalan en los reglamentos y normas oficiales especializadas en la materia.

Al respecto, es importante mencionar que a partir del año 2009, la visión que se tiene acerca del cuidado y desarrollo infantil ha dado un giro y con la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se plasman los principios básicos que deben regir, tanto las actividades de cuidado infantil como la seguridad en los centros de atención.

En esa tesitura, nuestro país acorde a la dinámica mundial ha firmado un número considerable de acuerdos internacionales sobre derechos humanos y de la infancia. Estos acuerdos proveen una base normativa sólida para los servicios y programas de desarrollo infantil temprano, los cuales han sido elevados a un nivel jurídico equivalente con el objeto de ampliar la protección de la niñez en nuestro país, algunos de los cuales se plasman en la ley que se reforma.

Por ejemplo, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3 se establece como base fundamental el interés superior del niño, especialmente en la prestación de servicio adecuado o protección de los niños, misma que al respecto señala: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los estados aseguran que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños, cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como una relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que el Estado en todas las decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena su derecho a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En este sentido, la ley que se pretende modificar tiene por objeto regular el funcionamiento de los centros de atención infantil, cuya función principal de los mismos es prestar servicios de cuidado a las niñas y niños cuyos padres no pueden atenderlos por motivos laborales, sin dejar de lado que estos deberán ser prestados con calidad y profesionalismo, bajo medidas de seguridad e higiene necesarias para el buen desarrollo físico, psíquico y emocional de las niñas y los niños, atendiendo a las disposiciones legales aplicables y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Recordamos que la primera infancia, de los cero a los cinco años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niña y niño, siendo la etapa más vulnerable del crecimiento. En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a las niñas y niños desarrollar la seguridad de autoestima necesaria, para ello su entorno y los lugares en donde se les cuida son fundamentales.

Por ello, esta comisión, después del análisis de la minuta, consideró procedente aprobar la modificación a la ley en los términos establecidos, toda vez que garantiza ampliar la protección de los infantes que son beneficiados con esos servicios, a través de medidas de seguridad encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad.

Lo anterior, facilitará la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezca las capacidades de resistencia de la sociedad.

Compañeras y compañeros, aprobar el dictamen que hoy les presentamos contribuirá a garantizar que las medidas de protección y seguridad en los centros de atención infantil se incrementen y perfeccionen para que nunca más se vuelva a presentar una tragedia que atente contra la integridad de los infantes.

La ciudadanía exige que las estancias infantiles y las guarderías sean un lugar seguro donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer felices con toda seguridad. Estamos, desde luego, obligados a responder con hechos a esta legítima demanda.

Es importante que la sociedad, todos los niveles de gobierno y los poderes públicos sigamos trabajando unidos para seguir generando las leyes y las políticas que el país necesita, sólo así habremos de garantizar un futuro mejor para las niñas y los niños de nuestro país. Muchas gracias, es el primer dictamen.

El segundo dictamen que sometemos a su consideración, tiene como objetivo incluir el derecho a la paz en el cuerpo de la ley. El derecho humano a la paz, como se hace referencia en la iniciativa analizada, ha sido identificado dentro de la categoría de los derechos de solidaridad, entre los que se destacan: el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho de los pueblos y su riqueza, y el derecho al medio ambiente, que a su vez se interrelaciona con los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales.

La importancia de hacer visible esta subdivisión es para poner de manifiesto que el derecho humano a la paz solo puede alcanzarse a través de la protección y garantía de los demás derechos humanos, puesto que no solo debe verse como un derecho encaminado a proclamar la ausencia de violencia o intervenir cuando se está frente a ella, sino un derecho intergeneracional que se encuentra interrelacionado con otros derechos humanos.

Este precepto nos hace reflexionar que para cierto sector de la sociedad puede parecer n exceso o una abstracción hablar de derecho a la paz en un mundo en el que predomina la violencia, tanto en las relaciones individuales como en las colectivas.

Al respecto, en el seno de la Unesco se ha puesto de relieve la vinculación del derecho a la paz con otros derechos.

De este modo, en la Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz se analizan los vínculos cercanos entre la protección del derecho a la paz y otros derechos humanos, recordando, por un lado que paz, desarrollo y democracia forman un triángulo interactivo. Y por el otro, que la paz no es una abstracción, posee un profundo contenido cultural, político, social y económico, en especial se hace mención directa a la relación entre el derecho a la paz y los derechos culturales, el derecho a la paz y el respeto a la diversidad, a la relación entre la paz y el derecho al desarrollo.

Asimismo, entre los temas que se abordan en la Declaración, esta efectúa importantes consideraciones sobre la importancia de la educación para la paz y la necesidad de la utilización pacífica de los avances en el campo de la ciencia y la tecnología.

Bajo esa lógica estamos convencidos de que todo ser humano tiene ante su Estado y ante el marco jurídico del mismo, derecho a que se le permita en lo individual salvaguardar el bien más precioso de la naturaleza, la vida. Y como parte de la humanidad le sea posible preservar la supervivencia de la misma.

Por ello, en la dictaminadora coincidimos en la necesidad de integrar este derecho como parte fundamental del catálogo de derechos incluidos en la ley.

No debemos olvidar que el derecho a la paz no debe ser visto solo por su función preventiva de las guerras sino, sobre todo, por su carácter subjetivo como derecho fundamental de toda persona que implica, ante todo, un deber.

La paz en todos sus sentidos, tanto colectivos como subjetivos, no se construye con vulneración de derechos fundamentales sino con seguridad y garantía de los mismos. Vida digna, salud, educación entre otros.

Por ello, se considera que el derecho a la paz se debe tomar en serio a nuestro país, pues es premisa del disfrute de otros derechos y tiene que ver con el desarrollo de la libertad y la democracia.

El desenvolvimiento actual de la sociedad en México conduce a la creación de derechos que combinan lo individual con lo colectivo. Tal es el caso de vivir en paz. Se trata, pues, de construir un Estado de derecho para una vida digna. Solo así habremos de garantizar un mejor país y, por supuesto, un mejor futuro para nuestras niñas y nuestros niños. La paz es responsabilidad de todos. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su comprensión en el tiempo.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia.

Están a discusión en lo general y en lo particular. Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos una lista de compañeras diputadas y compañeros diputados.

Antes de ello, damos la bienvenida a amigas y amigos provenientes del municipio de León, Guanajuato, invitados por la diputada Bárbara Botello Santibáñez. Igualmente damos la bienvenida a adultos mayores provenientes del municipio de Guadalupe, Nuevo León, invitados por el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Siguiendo con la discusión de los dos dictámenes en una sola intervención, tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por tres minutos. A ver si lo logramos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Saludo a la Mesa Directiva. Compañeros diputados, “la niñez es el corazón de todas las edades”. Lucian Blaga. Tomo la tribuna para hablar a favor del dictamen por el cual se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que busca justamente fortalecer las medidas de seguridad y de protección civil con que deben contar los centros que atienden a los niños.

Este dictamen atiende a un reclamo social permanente. Como madre, me queda claro que lo que queremos es que nuestros hijos estén bien y uno de los puntos esenciales justamente es la seguridad de nuestros niños dentro de esos establecimientos.

De por sí para muchas madres es profundamente doloroso tener que dejarlos ahí, imagínense lo que significa que estos espacios no aseguren el bienestar, la tranquilidad y el desarrollo emocional afectivo de cada uno de sus hijos. Miles y miles de mujeres los dejan ahí, confían en que las instalaciones se encuentren en inmejorables condiciones, confían en que en esas instalaciones se esté realizando una supervisión de parte de las autoridades competentes para asegurar que cumplan los requisitos de las normas oficiales de la federación.

De acuerdo a una Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social en el 2013, las guarderías tanto públicas como privadas brindan atención a un poco más de medio millón de niños de entre cero y seis años de edad. Estos niños requieren que el Estado garantice el derecho a su integridad y a su seguridad.

No podemos permitir que se repita la historia de la Guardería ABC. No podemos permitir que se den de nuevo tragedias como ésta o muchas otras de las que hemos sido testigos, que a lo mejor no han sido tan renombradas, pero que de cualquier manera un solo niño que sea dañado debido a la falta de atención en las guarderías, merece que se le dé respuesta y merece por supuesto que su historia no se repita nunca más.

La fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social considera que es importante votar a favor del presente dictamen. Tenemos el firme compromiso con la niñez. Tenemos un firme compromiso con la familia. Y tenemos también un compromiso con el mismo personal de los centros, buscando generar una legislación que fortalezca su seguridad bajo un ambiente que se encuentre libre de riesgos.

Por otro lado también votaremos a favor del dictamen, en el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En este dictamen se busca, como lo dice el proponente, que se resguarde este derecho a la paz, traducido en una promoción de cultura de paz, con políticas públicas muy claras, que de acuerdo con la teoría sobre derechos humanos desde la década de los setenta se ubicó dentro de los llamados Derechos de Tercera Generación, particularmente el Derecho a la Solidaridad, incluido el Derecho a la Paz.

Compartimos y apoyamos esta propuesta, a fin de que eduquemos bajo una cultura de paz. Creemos que esto puede contribuir grandemente a disminuir e incluso a eliminar la violencia que hoy vivimos. En un mundo donde los valores se han desvirtuado, debemos fomentar, educar bajo esta cultura de la paz con el fin de que la sociedad esté libre de violencia.

Segura estoy, de que si a nuestros niños los educamos primero desde la familia y después a través de estas políticas públicas claras desde gobierno, se tendrá una conciencia profunda en la mente de nuestros niños de que la violencia no es el camino para resolver los problemas y que una sociedad que fomenta la paz tendrá un país justo y democrático. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Partido Nueva Alianza, también en relación a los dos dictámenes.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:El desarrollo integral de nuestras niñas, niños, adolescentes, debe ser una prioridad nacional si realmente aspiramos a construir un México próspero.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En esta oportunidad me refiero a los dos dictámenes que presenta la Comisión de los Derechos de la Niñez, los cuales abordan aspectos fundamentales para materializar los derechos humanos de nuestros infantes. Por un lado el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, garantizando las medidas para la prevención de accidentes en las guarderías y, por otro lado, el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

En primer lugar, manifestamos que los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen en que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

En Nueva Alianza consideramos necesario obligar a que en los espacios públicos o privados donde se presten servicios de cuidado y desarrollo integral infantil, se observe en todos los momentos clasificación de riesgos establecidos en la norma oficial mexicana. Ello con el propósito de garantizar condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de accidentes en los centros de cuidado infantil.

Con esta reforma los centros de atención infantil deberán tener no solo instalaciones hidráulicas, sino que ahora será obligatorio que cuenten con equipos contra incendios tanto fijos como portátiles. Así las guarderías y centros de desarrollo infantil deberán tener equipos de operación manual con extinguidores y demás dispositivos instalados de manera permanente como rociadores automáticos, mangueras o sistemas de espuma para el combate a incendios.

Las precisiones que se adicionan, velarán por los intereses superiores de la niñez y también darán tranquilidad a las madres y los padres, quienes podrán ir a trabajar con la certeza de que las instalaciones donde se brinda cuidado a sus hijas e hijos, cuentan con los estándares de seguridad suficientes para proteger la integridad de los infantes y reducir riesgos en caso de incendio.

No podemos permitir que vuelvan a suceder desgracias como la de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Nuestra responsabilidad como legisladores es establecer los criterios normativos para prevenir estas tragedias, pero también es responsabilidad de la autoridad competente aplicar la ley, y que nunca más la negligencia sea causa del dolor de los padres de familia.

En cuanto al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer en la norma el derecho a la paz que tienen nuestros infantes, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del mismo.

Una nación que aspira al progreso de su población, tiene la obligación de velar por el desarrollo integral de sus niñas, niños y adolescentes, obligación que debe traducirse en políticas que contribuyan a generar las condiciones óptimas y a partir de las cuales nuestros niños se desarrollen en ambientes armónicos que potencialicen su destreza, habilidad y capacidad; que los ayuden a convertirse en ciudadanos comprometidos con sus comunidades, porque nuestras niñas, niños y adolescentes no son el futuro de este país, son el presente, y tenemos la responsabilidad de velar por sus derechos humanos.

De acuerdo con la Red por los Derechos de los Infantes, se calcula que en México hay entre 30 y 50 mil niñas, niños y adolescentes que han sido incorporados a la delincuencia organizada; cientos de ellos han perdido la vida. Algunos son atraídos por grupos criminales que les asignan tareas específicas de acuerdo a su edad y sexo; otros más viven las consecuencias de la desintegración familiar. Tenemos un compromiso pendiente con todos ellos.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la paz no es sólo un deseo, es un esfuerzo consciente que se construye con acciones.

En esta tesitura consideramos que la propuesta que se somete a consideración de esta asamblea contribuye a reconocer el derecho a la paz como un derecho individual y colectivo para los niños, niñas y adolescentes, mismos que representa un elemento esencial para garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección y promoción de sus demandas y derechos humanos.

La renuncia generalizada a la violencia requiere el compromiso de toda la sociedad, por ello la paz no es el tema de gobierno, sino de la sociedad en conjunto. Reconocer que las personas menores de edad tienen derecho a la paz, es un compromiso de Estado que confirma que los derechos humanos sólo pueden hacerse efectivos en un ambiente de concordia, tolerancia y armonía.

La paz duradera es premisa y requisito fundamental para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. Con nuestro voto en estos dictámenes, Nueva Alianza refrenda su compromiso de velar por el futuro de México y asume su responsabilidad de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Quezada.

Saludamos la presencia de Lorenzo de Cima Dworak, presidente municipal de Guaymas, Sonora, invitado por la diputada Susana Corella. Bienvenido a este recinto parlamentario de San Lázaro, presidente municipal De Cima.

Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y los compañeros diputados, no basta decir que esperemos que con esta reforma legal, que hay que decirlo, no es que proponga cosas necesariamente nuevas, me refiero a la que tiene que ver con los centros de cuidado infantil, más bien armoniza una ley con la que ya se avanzó en la denominada Ley 5 de junio, que hay que reconocer a las madres, a los padres de familia de los niños fallecidos, lastimados y calcinados en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, por haber puesto en el ámbito y en el terreno legislativo esa discusión.

Pero no basta decir que esta reforma legal aspira a que no sucedan nunca más hechos como el de la Guardería ABC. Lo que sucedió el 5 de junio de 2009 no sucedió porque la ley estuviera de una manera u otra, hubo negligencia, hubo indolencia y ha habido impunidad.

Solamente hay que recordarle a este pleno que de los 22 procesados por el caso de la Guardería ABC todos, absolutamente todos, están en libertad, no hay un solo responsable pagando una pena por el Estado mexicano por su responsabilidad en los hechos.

Y que la hoy gobernadora del estado de Sonora prefirió escribir una carta de recomendación exonerando a los responsables que ponerse del lado de las familias. Y que la procuradora en el último aniversario de los hechos, en que fue convocada por los padres de familia a tener una reunión sobre el caso, prefirió ir al evento del Día de la Marina que a atender a los padres de familia. Y que los padres han acumulado 160 mil hojas de expedientes sobre el caso que no han servido para que la Procuraduría General de la República gire una sola sentencia y construya un caso que pueda ser sancionado por el Estado mexicano.

Por eso, el tema de la Guardería ABC es un crimen de Estado y hay corresponsabilidad y hay una sanción que se debe perseguir. Nosotros vamos a votar a favor de esta reforma legal y también de la que tiene que ver con el asunto de educación para la paz. Es una vergüenza que el enfoque del Estado mexicano, y particularmente del gobierno federal, siga siendo un esquema punitivo.

Hace unos días dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos que los cinco desaparecidos en Tierra Blanca fueron responsabilidad de la policía estatal, y pregunto: ¿Y así quiere el gobierno que le demos mando único a esas policías? ¿El gobierno quiere mando único para la policía de Javier Duarte que secuestra a jóvenes?

En el Índice para la Paz, en el índice Global para la Paz México aparece en el lugar 144. Nada más para darles tres ejemplos de con quién nos estamos midiendo, estamos abajo que Ruanda, estamos abajo del Congo y estamos debajo de Irán.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Álvarez, permítame un momentito. Sí, sonido ahí en la curul del diputado Cristopulos. Sí. ¿Con qué propósito, diputado Cristopulos?

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos(desde la curul): Nada más presidente para hacer la aclaración de que es prioridad para el gobierno del estado de Sonora y para la gobernadora Claudia Pavlovich atender el tema del acontecimiento tan trágico de la Guardería ABC. Y precisamente también señalar que el día de ayer se instaló una comisión de trabajo en este cuerpo legislativo, presidido por la diputada Sylvana Beltrones, para atender esta situación y que por parte del Poder Legislativo tenga toda atención y tenga obviamente el resultado que todos esperamos y que los sonorenses demandan.

Aquí que es un tema prioritario sin duda para el presidente de la República, para la gobernadora Claudia Pavlovich y para todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Primero reconocer, presidente, que usted abra el debate creemos que es un buen precedente. Nosotros aplaudimos el debate. Yo creo que el micrófono evidencia a cada quien. Hay quien se siente vocero de gobernador, hay quien ejerce su papel de contrapeso y su papel de interpretar la separación de poderes.

Miren. Tal es el compromiso del gobierno federal y el compromiso del gobierno del estado de Sonora, que van 81 meses de que sucedieron los hechos y no hay un solo sentenciado por el caso de la Guardería ABC. No hay uno solo...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo solicito al orador con todo respeto que se apegue al tema que estamos discutiendo, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: O sea que quien lo interpela a uno se puede no apegar al tema.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Fue indebida también la manera de participación de allá de la curul.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Habíamos enfocado ya el debate en el tema de educación para la paz. Yo creo que ése es el enfoque correcto, ésa es una visión de Estado que tenemos que promover, la visión preventiva, la visión de los derechos humanos y hay que poner el acento en las niñas y en los niños de México, para recuperar al Estado mexicano.

Finalmente quiero hacer un reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Educación, Hortensia Aragón, quien ayer precisamente hizo una referencia a la Ley General para las Niñas, Niños y Adolescentes de México en la reunión que tuvimos con el secretario de Educación. Es una reunión que lamentablemente fue privada, pero yo creo que poner en el centro a los niños y no a la escuela ni a las burocracias, poner en el centro a los niños es la solución de fondo para resolver los problemas de México. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Irma Rebeca López López:Con su permiso, señor presidente. La relación existe entre los derechos humanos y la paz ha conducido en los últimos años a una reclamación de la paz como un nuevo derecho humano, desde un concepto de paz que no se limita a definirla como la mera ausencia de guerra, los derechos humanos ocupan un lugar esencial en el concepto actual de paz, entendida como paz positiva.

En virtud de esta nueva comprensión de la paz, desde diferentes instancias se está proponiendo el reconocimiento de un derecho humano a la paz, como integrante de los derechos humanos de la tercera generación o derechos de la solidaridad.

El reconocimiento del derecho a la paz figura por primera vez en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 15 de diciembre de 1978. Después, en 1984, la Asamblea General volvió a reiterar el derecho a la paz, en el artículo Primero de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos de la Paz.

El único tratado internacional que reconoce de una manera explícita los derechos humanos de la tercera generación es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada en el ámbito de la Organización para la Unidad Africana, en 1981, cuyo artículo 23 dispone que todos los pueblos tendrán derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacional.

Finalmente, la Declaración de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 1993, reafirma una vez más el vínculo existente entre la paz y los derechos humanos, al señalar que los esfuerzos por lograr el respeto universal a la observancia de los derechos humanos y la de las libertades fundamentales de todos contribuye a la estabilidad y el bienestar necesario para que haya relaciones de paz y amistad entre las naciones.

Otra aportación importante a la vinculación entre los conceptos de paz y derechos humanos viene de la investigación para la paz.

En suma, la noción de paz ha pasado a englobar aspectos como la resolución de conflictos y el desarme, así como también el desarrollo socioeconómico, los derechos humanos e incluso, en los últimos años, los problemas medioambientales.

En la actualidad, es la UNESCO quien en el marco del Programa Cultural de Paz está trabajando con mayor vigor en pos del reconocimiento del derecho humano a la paz, entendido, entre otros, como el respeto a todos los derechos humanos, la potenciación del diálogo y el conocimiento entre culturas y religiones, a la promoción del desarrollo social y sostenible, a la promoción de las inversiones educativas sobre las militares, así como a la promoción de la educación para la paz y los derechos humanos.

Este dictamen de la iniciativa pretende incluir el derecho de la paz para niñas, niños y adultos. Sin embargo, al no estar considerado jurídicamente como un derecho no se ha adoptado una definición del mismo, mucho menos referido a la niñez, bajo este entendido es que Morena nos pronunciamos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada López. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

La diputada Claudia Villanueva Huerta:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, son libertad, justicia y paz, y se basan en el reconocimiento de la dignidad esencial de los derechos iguales e irrenunciables de todos los seres humanos.

Por este motivo, dichos principios universales son retomados en la Convención sobre los Derechos de la Niñez, donde se establece que la infancia debe estar plenamente preparada para una vida independiente en la sociedad, y educada con un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad e igualdad.

El primero de los dictámenes que el día de hoy se somete a consideración de este pleno tiene como objetivo dar a nuestra niñez, a esos más de 30 millones de personas, el derecho a la paz, el derecho a buscar ampliar el espectro de la protección de los infantes, en donde ahora los derechos colectivos se suman al ámbito de la seguridad de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes mexicanos.

Señoras y señores legisladores, la dinámica actual de la sociedad en todo el mundo nos obliga a crear derechos combinados, es decir, a garantizar la protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, salvaguardar las prerrogativas sociales, encontrándose dentro de esta clasificación al derecho a vivir en paz.

La relevancia de este dictamen es mucha, pues incluir el derecho de vivir en paz para nuestros niños, niñas y adolescentes no debe ser menospreciada o verse como algo intangible. Hoy más que nunca, este grupo vulnerable de la población se encuentra expuesto a distintos tipos de violencia, la cual obliga a los adultos, y en particular a nosotros legisladores, a no dar tregua a la lucha en contra de los peligros a que están expuestos los menores.

Por otra parte, con la aprobación del segundo de los dictámenes que se está discutiendo en nuestro país dará cumplimiento a lo establecido en la Carta de la Niñez para la Reducción de Riesgo y Desastre del año 2011, en donde se identificó como prioridad para la infancia que las escuelas tengan infraestructura comunitaria y sean seguras para los niños y niñas.

La anterior inquietud es señal clara que los niños en todo el mundo necesitan sentirse seguros.

Por ello, el objeto principal de las modificaciones propuestas por el proyecto de decreto de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención y Cuidado y Desarrollo Integral Infantil es poner nuestra legislación en concordancia con los principios dictados por la Unicef en materia de reducción y riesgos potenciales para la niñez.

Sin duda alguna, todos tenemos conocimiento y recordamos casos que nos han marcado como sociedad y como personas cuando hablamos de incidentes y guarderías infantiles, estancias y centros de estudios donde las víctimas son menores de edad.

El hecho de que se establezca en la ley obligatoria para que en los centros de atención se encuentren equipos portátiles y fijos contra incendios, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las normas oficiales mexicanas es una deuda que como legisladores tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, la existencia del marco legislativo adecuado y diseñado para salvaguardar la infancia de eventuales daños a su salud e integridad son elementos esenciales para la creación del entorno y protección de los derechos.

Por lo aquí expuesto, las legisladoras y los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México votaremos a favor de los dos dictámenes que pone a nuestra consideración la Comisión de los Derechos de la Niñez, pues con estas modificaciones, además de atender preocupaciones, manifestamos de este grupo vulnerable como órgano encargado de legislar.

Estamos garantizando el derecho al pleno desarrollo emocional, físico y psicológico de la niñez mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Villanueva.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Anexa a la Estic 111, del municipio de Valle de Chalco, estado de México, invitados por el diputado José Bernardo Quezada Salas; así como a integrantes del Colegio de Imagen Pública, de la licenciatura de imagenología, sexto semestre de la materia de marketing político, invitados por el diputado Ariel Enrique Corona. Bienvenidas todas, bienvenidos todos ustedes.

Tiene ahora la palabra la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, los centros de cuidado infantil de nuestro país se han caracterizado generalmente por no contar con las medidas de seguridad y de protección civil. Ello lo podemos constatar en diversos casos que se han presentado en nuestro país, con lamentables acontecimientos en los que se han perdido las vidas de personas y hasta la fecha estos hechos continúan impunes.

Sin embargo, estos hechos pudieron haberse previsto y evitado, siempre que se hubiera contado con equipo de seguridad y algunos elementos de protección civil, como son equipos portátiles y fijos contra incendios.

Uno de estos casos, es el que se registró el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, estado de Sonora, en el que por distintas acciones u omisiones la Guardería ABC se consumió en llamas, cobrando la vida de niños y niñas de entre cinco meses y cinco años de edad. Este hecho en la estancia infantil mencionada, es considerado como la peor tragedia que involucra a la niñez en México.

Cabe señalar que este espacio no contaba con las medidas mínimas de seguridad necesaria para la realización de la importantísima tarea que es el cuidado y desarrollo de los infantes, así como del personal que laboró en la Guardería ABC.

Por ello compartimos plenamente la indignación y la demanda de los padres, madres, familiares y de toda la sociedad, para que nunca se vuelva a registrar un siniestro en ningún centro de cuidado infantil del país, donde pierdan la vida las niñas y los niños, ni mucho menos que estos actos queden impunes, de ahí la importancia para el Partido de la Revolución Democrática que tiene en el presente dictamen.

Sin duda, estamos conscientes de que los centros de cuidado infantil del país requieren urgentemente de medidas de seguridad para otorgarles a las niñas y a los niños, la garantía más amplia de sus derechos humanos que es la protección a la vida y a su integridad personal.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que los derechos humanos y la garantía del interés superior es la niñez. El marco vigente en materia de protección civil para resguardar la seguridad de las niñas y niños que se encuentran nuestros centros de cuidado infantil.

Desde que nuestro país suscribió y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1990, han sido muchos los avances que se han producido en materia al respecto, en promoción, protección y defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia.

Sin duda, desde la Promulgación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quedó instaurado el firme compromiso de trabajar por la infancia y la adolescencia, por lo que ahora es una prioridad en la agenda política.

Hoy tenemos claro que el objetivo fundamental de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD es el cumplimiento de los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia en México.

Por ello ante el incremento considerable de los casos de bullying registrados en las escuelas del país, hemos considerado imprescindible incorporar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el derecho a la paz como una propuesta de una serie de medidas que se consideran ineludibles para la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus derechos.

Sabemos que el derecho a la paz significa un cambio sustantivo en la forma como vemos hoy la infancia y la adolescencia. Por tanto promover la paz tiene por objeto que la niñez y la adolescencia viva una vida libre de violencia en cualquier ámbito en el que se desarrolla.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen porque estamos convencidos y convencidas de que se trata de una reforma que viene a mejorar la intención y los alcances de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo cual las y los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez coincidimos plenamente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Beltrán.

Saludamos la presencia de amigas y amigos de Unidec de San José Iturbide, Guanajuato, invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos. Tiene ahora la palabra la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN hasta por tres minutos.

La diputada Jacqueline Nava Mouett:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil aborda temas como medidas de seguridad y protección civil, autorizaciones, inspección y vigilancia, así como la creación de un consejo de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en guarderías.

Entre sus principales objetivos está la de eliminar las irregularidades que provocan accidentes en guarderías y cualquier centro de atención a niñas y niños.

Las niñas y niños tienen el derecho de crecer en un ambiente de seguridad, higiene y cuidados especiales acorde a ellos. En el caso de los centros de atención, la ley establece que estos cuidados deben de estar a cargo del personal capacitado y certificado para cumplir esas funciones, garantizando a los menores de edad un ambiente que se encuentre libre de riesgos de su integridad física y emocional.

En Acción Nacional estamos convencidos de que debeos trabajar en la promoción y verificación del cumplimiento de este marco regulatorio vigente, a fin de satisfacer las necesidades que en materia de seguridad exigen las guarderías como centros de atención y cuidado infantil, evitando con ello accidentes de fatales consecuencias.

El dictamen de la minuta que hoy discutimos busca reforzar las medidas de seguridad de los centros de atención y cuidado infantil, estableciendo en la ley la obligatoriedad de dichos centros de contar con equipos portátiles y fijos contra incendios, lo cual debe hacerlo observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las normas oficiales mexicanas. Es por eso que estamos de acuerdo con la reforma que se propone en este dictamen que hoy se discute.

No debemos escatimar ningún esfuerzo en aras de la seguridad y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Coincidimos en la necesidad de establecer medidas de seguridad aún más estrictas y apegadas a la normatividad vigente con el objetivo de lograr un elevado nivel de calidad en el servicio que se presta en los centros de atención infantil. Debemos lograr en todas nuestras acciones y decisiones, que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos, y tenemos que trabajar para que este principio guíe en todo momento el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los niños y niñas.

Por otra parte el derecho de la niñez es un derecho que corresponde a toda la humanidad y que surgió como consecuencia de los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 12 de noviembre de 1984, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos a la Paz, en un marco de confrontaciones internacionales y de guerra nuclear que amenazaba la vida en el mundo.

La paz no significa únicamente la ausencia de violencia y la conservación de la vida, sino, además, que en esa vida sea mejor, no sólo persigue la abolición de la pobreza, sino también la consecución del bienestar.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia, derecho a construir un proyecto de vida en libertad. El Estado mexicano al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño tiene la responsabilidad de reconocer, respetar y proteger sus derechos. Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor también de este otro dictamen que reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la paz. Es cuanto.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Nava. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo parlamentario del PRI.

La diputada María Soledad Sandoval Martínez:Con su permiso, señor presidente. Estimadas compañeras legisladoras y estimados compañeros legisladores, parte de la naturaleza humana es que no aprender la importancia de nada hasta que se nos arrebata algo de nuestras manos. Malala Yousafzai.

La prevención es una acción que como sociedad debemos implementar en todas nuestras actividades cotidianas, la velocidad con la que se transforman nuestros escenarios nos permite y exige ir un paso adelante y corregir los errores u omisiones que hemos realizado como comunidad.

Difíciles experiencias nos dejan duras lecciones sobre la importancia de anticipar y prevenir escenarios posibles de perjuicio contra la integridad de los miembros de nuestra comunidad, obligándonos a crear mecanismos como el de protección civil para evaluar, controlar y reducir los riesgos que podrían llegar a enfrentar y que nos han permitido evaluar catástrofes y desgracias que pudieran ser mayores.

Una de las propuestas que hoy nos corresponde debatir rescata precisamente ese espíritu de prevención y de protección de la infancia, para evitar situaciones de peligro en el importante espacio donde se desarrolla, como son: los centros de atención infantil en el país; que nuestras niñas y niños que pasan la mayor parte de en esas instalaciones están seguros, y los padres tengan la certeza de que la institución contará ahora por ley con los requerimientos necesarios para garantizar la protección de los infantes.

La reforma al artículo 42 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil obligará a que los inmuebles donde se preste el servicio de guardería cuenten con las instalaciones hidráulicas y equipos portátiles y fijos contra incendios para evitar este tipo de siniestros.

Asimismo, esta reforma dota de un nuevo instrumento a las autoridades correspondientes para vigilar la aplicación de los protocolos de seguridad de las instalaciones, debido a que a partir de ahora etas deberán cumplir con la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la ley para tal efecto y que son una herramienta fundamental para la gestión de riesgos que nos permitirá tomar acciones dirigidas a prevenir y mitigar situaciones de desastre como preparar las instituciones para atender estos casos de incidente.

Estamos ciertos como grupo parlamentario, que es necesario fortalecer con propuestas como la que se presenta, las medidas y acciones para la seguridad de los niños y niñas en centros donde se atienden.

Vemos importantes decisiones gubernamentales al respecto, como la decisión tomada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que el pasado 11 de febrero puso en marcha el Sistema Nacional contra Incendios en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, el cual cuenta con modernos equipos aspersores, tomas de agua y sistemas hidráulicos.

Actualmente 80 estancias del ISSSTE de las 122 que hay en el país cuentan con este sistema, y hacemos votos porque se continúe con la implementación de este sistema para cubrir la totalidad de las estancias con las que cuenta este Instituto.

Otro aspecto fundamental si hablamos de seguridad y bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, es reconocer su derecho de desarrollarse en un ambiente de paz, tema de la importante reforma que también analizaremos el día de hoy.

La paz es un compromiso de todos; gobernantes y sociedad, que nos exige actuar a favor de un ambiente de seguridad, libertad y dignidad para todos, que nos permitirá fomentar en nuestras niñas, niños y adolescentes los principios de tolerancia y comprensión que les permita gozar de una vida libre de violencia.

La actual situación en la que estamos inmersos, donde la violencia se encuentra al alcance de todos y principalmente de los infantes, nos compromete como Legislativo a hacer todo lo que está en nuestras manos para preservar las condiciones de seguridad que este grupo requiere para su correcto desarrollo físico, moral y social.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene como objeto reconocer los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un instrumento que a pesar de tener menos de dos años de publicación es una pieza clave para transformar la realidad de la infancia mexicana.

La labor y propuesta legislativa como la reforma que nos convoca, enriquece y fortalece los marcos legales para darle la certeza de un mejor futuro a nuestra infancia y a nuestra juventud mexicana.

Señoras y señores legisladores, la Convención sobre los Derechos del Niño señala que todas las medidas correspondientes a los niños que realicen los órganos legislativos de los Estados parte deberá atender el interés superior del niño como un principio fundamental...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Soledad Sandoval Martínez: Es por ello que les invito a unirnos a favor de este dictamen, que sin duda alguna tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Sandoval. Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, particularmente mi participación quiero dedicarla a los niños y niñas que en este momento, dadas las condiciones climatológicas que vive nuestro país, están padeciendo de frío, de hambre y de algunos otros elementos por esta circunstancia sui géneris que vive nuestra República.

Con la anuencia de mi coordinador, el doctor César Camacho. Honorable asamblea, tengo el gusto de posicionar a favor y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Este dictamen se deriva de una iniciativa que un servidor presentó, con el firme objetivo de fortalecer la legislación vigente en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, para que puedan vivir en un ambiente que garantice su pleno desarrollo.

Compañeras y compañeros, con la aprobación de este dictamen modificaremos el artículo 13 de la ley citada, para incluir el derecho a la paz. En este artículo se enlistan de forma enunciativa, pero no limitativa, sus derechos y aunque establece que deben gozar de entornos libres de violencia para garantizar su seguridad personal, es necesario integrar al catálogo de derechos el referido a la paz.

Hay que tener presente que la paz no significa solamente ausencia de guerras y conflictos, sino que, de acuerdo con la teoría jurídica de los derechos humanos, la paz implica la primacía de la justicia en los ámbitos individuales y comunitarios, y debe derivar en condiciones concretas que mejoren su entorno.

Los tratados y convenciones internacionales de protección a niñas, niños y adolescentes tienen implícito este derecho, del cual derivan otros para el desarrollo de los menores, y la legislación mexicana no tiene que ser diferente, pues este sector de la sociedad requiere una atención especial del Estado, para que pueda desarrollarse en condiciones óptimas que le permitan tener una mejor calidad de vida.

Compañeras y compañeros, con este dictamen vamos a integrar el derecho a la paz para niños y adolescentes, y México va a estar a la vanguardia en la protección del desarrollo integral de los menores, lo cual sin duda repercutirá en su futuro personal, pero también, por qué no decirlo, en el de nuestro país por un bien que a todos nos conviene.

Tenemos grandes responsabilidades con los niños y los adolescentes. Tenemos la responsabilidad, en esa asamblea, de legislar a favor de ellos, para garantizarles un desarrollo pleno que les abra las puertas a mejores oportunidades y condiciones.

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importancia de este sector de la sociedad, que en muchos casos, tristemente, viven situación de vulnerabilidad y que necesita que el aparato jurídico del Estado ponga las bases para que tenga una mejor calidad de vida.

Quiero agradecer, desde esta tribuna, el interés de mis compañeras y compañeros legisladores, secretarios e integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, así como a su presidente el diputado Jesús Salvador Valencia, por presentar el día de hoy un dictamen que pone en primer término los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y, sobre todo, la importancia de establecer en las bases jurídicas el derecho a la paz.

Por todo lo anterior, compañeras diputadas y diputados, solicitamos a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a esta honorable asamblea, su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Cabrera.

Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.

(Votación)

Solicitamos el voto de viva voz del diputado Miguel Alva y Alva. Adelante, diputado.

El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul): A favor. Mi voto es a favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Si algún diputado o alguna diputada falta de emitir su voto lo puede hacer en este momento. Si alguna diputada o diputada falta de emitir su voto, el sistema electrónico de votación sigue abierto. Adelante, diputado. Diputado Zenteno Núñez, su voto de viva voz, por favor.

El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Ciérrese el sistema de votación.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 420 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43, 44 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 1o. de diciembre del 2015, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez para su estudio y dictamen.

Contenido de la Iniciativa

Hace mención el proponente que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene por objeto el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; permitir su pleno goce y promoción; la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la concurrencia de la federación, los estados y municipios en la protección y tutela de los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación particular aplicable.

El artículo 13 del mencionado ordenamiento establece de forma enunciativa, y no limitativa, los aquellos derechos para niñas, niños y adolescentes.

Destaca que si bien queda implícito que niñas, niños y adolescente deben gozar de entornos libres de violencia para garantizar su seguridad personal, es necesario integrar al catálogo de derechos el referido a la paz, hace mención que de acuerdo con la teoría sobre los derechos humanos, desde la década de los años 70 comenzaron a estructurarse los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad. Entre éstos se incluyen el derecho a la paz, el derecho al ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho a la asistencia humanitaria y el derecho al patrimonio común de la humanidad.

Cabe resaltar que la teoría jurídica de los derechos humanos indica que la paz no debe ser entendida solamente en el caso de ausencia de guerras y conflicto, sino que implica la primacía de la justicia en los ámbitos individuales y comunitarios. El derecho a la paz, por lo tanto, permite la conformación de la norma jurídica para devenir en realidades concretas en la comunidad a la que se pertenece. De esta forma, entidades públicas y privadas deben dedicarse a su consecución, entendiéndola como un derecho humano fundamental que origina la cultura de la paz, de manera que la sociedad esté libre de violencia y de conflicto, y existan los factores más idóneos para el desarrollo.

Del mismo modo las normativas internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes reiteran el cuidado y protección especiales a ellos por su falta de madurez física y mental, además de la protección y cuidados especiales antes y después del nacimiento.

Por ejemplo nos menciona que la jurisprudencia del Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 5, páginas 25-33, reitera la prevalencia del interés superior de la niñez como necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de los demás derechos. El Tribunal reitera así la obligación de las autoridades estatales de prestar especial atención a las necesidades y derechos de los niños.

Si bien la doctrina internacional aún no llega a consensos específicos sobre el derecho a la paz como derecho positivo, es claro que los tratados y convenciones internacionales de protección a niñas, niños y adolescentes tienen implícito este derecho como primero del cual derivan otros posibles para el desarrollo de los menores.

Al analizar lo anterior, y de integrarse al catálogo de derechos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, México estaría a la vanguardia para que en una legislación positiva y vigente se reconociera este derecho, especialmente para proteger el desarrollo integral de los menores en tiempos donde la violencia pone en riesgo las mínimas condiciones de seguridad de quienes pertenecen a estos grupos que deben gozar de especial protección de las instancias que comprenden los órdenes de gobierno.

Por las consideraciones anteriores, someto respetuosamente a esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforman los artículos 13, fracción I, y 16, y el título del capítulo primero, “Del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo” para ser “Del derecho a la vida, la paz, a la supervivencia y al desarrollo”; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;

II. a XX. ...

...

Capítulo PrimeroDel Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primero. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segundo. La Iniciativa en cuestión nos hace reflexionar sobre que, para cierto sector de la sociedad puede parecer un exceso o una extremadura abstracción, hablar del derecho a la paz en un mundo en el que predomina la violencia, tanto en las relaciones individuales, como en las colectivas. Sin embargo, debe apuntarse que es justamente en momentos en que la violación de un derecho se agudiza, cuando es preciso insistir en el análisis de los principios y normas jurídicas violadas.

El desenvolvimiento actual de la sociedad en México conduce a la creación de derechos que combinan lo individual con lo colectivo, tal es el caso del derecho a vivir en paz.

Claramente postula que todo ser humano tiene ante su Estado y ante el marco jurídico del mismo, derecho a que se le permita, en lo individual, salvaguardar el bien más precioso de la naturaleza, la vida y como parte de la humanidad, le sea posible preservar la supervivencia de la misma.

Coincidimos en que la paz requiere la creación de normas jurídicas apropiadas y de instituciones encargadas de vigilar su observancia, con miras a conformar una protección jurídica en México sobre el derecho a la paz, que incluye el derecho humano a vivir en paz.

Tercero. Esta dictaminadora considera que el hablar de derechos fundamentales de los niños es importante recordar lo que nos menciona la “Declaración de los Derechos del Niño”, a fin de que estos puedan tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y que luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente y teniendo como elemento medular el principio de:

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

Cuarto. Compartimos el interés de impulsar un derecho tan fundamental, el cual debe ser tutelado por el Estado pero es menester de esta dictaminadora tomar en consideración lo que nos menciona la “Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de la paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos”, que entre los puntos principales encontramos:

“ La juventud debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el respeto y la comprensión mutuos, a fin de promover la igualdad de derechos de todos los seres humanos y de todas las naciones, el progreso económico y social, el desarme y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.”

“ Todos los medios de educación, entre los que cuenta como elemento de suma importancia la orientación dada por los padres o la familia, y todos los medios de enseñanza y de información destinados a la juventud, deben fomentar entre los jóvenes los ideales de paz, humanismo, libertad y solidaridad internacionales, y todos los demás ideales que contribuyan al acercamiento de los pueblos, y deben darles a conocer la misión confiada a las Naciones Unidas como medio de preservar y mantener la paz y promover la comprensión y la cooperación internacionales” .

Estos elementos mencionados son base fundamental de un subjetivo derecho a la paz ya que estamos convencidos que la niñez en México desea que se asegure su porvenir, y de que la paz, la libertad y la justicia figuren entre las garantías principales para lograr sus aspiraciones de defender sus derechos, dado que estamos conscientes del importante papel que las niñas, niños y adolescentes desempeñan en todas las esferas de la actividad de la sociedad, y del hecho de que está llamada a dirigir los destinos de la humanidad y de la niñez de hoy en día.

Quinto. Consideramos positivo el hecho de contemplar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tan importante precepto, ya que es indispensable que este derecho no se maneje de manera implícita, si no que exista una reglamentación que tenga certeza jurídica ante la Ley.

En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora, con base a las consideraciones anteriores y el análisis de la misma Iniciativa, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Único. Se reforman los artículos 13, fracción I, y 16, y el título del capítulo primero, “Del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo” para ser “Del derecho a la vida, la paz, a la supervivencia y al desarrollo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;

II. a XX. ...

...

Capítulo PrimeroDel Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf)

2 http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/

3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/ INST%2014.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Alvarez Maynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Adelante, diputado coordinador. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul): Mi voto es a favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:¿Alguna diputada o diputado que falta de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 416 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 416 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

I. Metodología.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa de Ley.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora se expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 5 de noviembre de 2015, la diputada Erika Irazema Briones Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

2. En misma fecha, 5 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicho iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto reformar el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer dentro de la comunidad.

IV. Consideraciones

Primera.Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...”

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los Tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 como se menciona en la iniciativa.

Segunda.De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley...”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Tercera.La iniciativa en su primera idea expone “La violencia en la comunidad es un término muy amplio que incluye actos de violencia dirigidos a lastimar o denigrar a otros dentro de un contexto público o espacios determinados como tal.

Dicho tipo de violencia ha crecido dado lo dañado que se encuentra el tejido social de nuestro país, rasgos culturales y situaciones propias de cada región y cada entidad federativa nos hacen plantearnos los diversos problemas tan amplios que se engloban dentro de la violencia en la comunidad.”

La Comisión considera acertado y como una problemática social actual la violencia con motivo de género que enfrenta la mujer mexicana, esta situación vulnera de forma importante el libre ejercicio de los derechos que a través de la lucha social ha conseguido y que debería ejercer sin ningún menoscabo.

Continuando con su exposición la iniciativa remite “La discriminación desafortunadamente es un tema del cual las mujeres siguen siendo parte y de los grupos que más la padecen por el simple hecho de ser mujer.

México ratificó la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). EL (sic) 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país.”

La Comisión, consecuente con las dificultades que enfrenta la mujer día a día el desempeño de sus labores, come jefa de casa, profesionista, empresaria etcétera señala datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres actualizado al 10 de noviembre de 2015, señalan que el tipo más común de violencia perpetrada en contra de la mujer es la de índole psicológica y de igual manera señala que en estos casos el principal agresor suele ser un familiar.

Es por esto que la Comisión da cuenta del trabajo que aún falta realizar para disminuir el índice de casos de violencia en contra de la mujer, ya que una sociedad que discrimina a sus mujeres, es una sociedad estancada e imposibilitada para desempeñarse con su máximo de eficiencia. Aunado a esto, si se desea combatir la discriminación de la mujer en la sociedad, la primera línea de acción será la de combatir roles clasistas o de género al seno de la familia, ya que ésta es la estructura nuclear y primigenia de la sociedad mexicana.

Más adelante la iniciativa denota como “La discriminación es uno de los factores y conductas que lamentablemente más se repite en el ámbito de la comunidad, es por ello el énfasis en esta lamentable conducta, pero no es la única a la que se enfrentan mujeres y niñas en el país.”

Esta Comisión coincide en reconocer la gravedad de las conductas que tienen por objeto menospreciar o degradar a la mujer en cualquier forma por razón de su género, dichas conductas como bien señala la iniciativa no solo se retrotraen a situaciones particulares sino que abarcan una gama de actividades y omisiones que afectan la libertad social de la mujer, a este respecto, el INMUJERES en sus “Resultados de la Evaluación Estratégica con Perspectiva de Género de los Programas de Empleo y Proyectos Productivos” señala las estadísticas, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Aquí se aprecia claramente una de varias formas de discriminación que la mujer mexicana enfrenta día a día, una forma más de violencia que afecta de manera negativa su calidad de vida y la menosprecia con motivo de su género. Por lo que esta Comisión expresa su total rechazo a cualquier condición o actitud de la sociedad en general que tenga como consecuencia una afectación negativa a los derechos de la mujer.

Por último la iniciativa considera “La violencia en la comunidad está acompañada de varios delitos, como los mencionados en su definición así como aquellos ampliados y conjugados con otros tipos de violencia a los cuales están expuestos las mujeres en sus pueblos, comunidades o localidades.”

Por ello esta Comisión considera que las políticas públicas que existen hoy en día deben ser instrumentadas conforme a derecho e implementadas de manera exhaustiva, abarcando los sistemas de salud, educación, trabajo y todos aquellos donde exista presencia de la mujer, donde esta cumpla cualquier tipo de labor.

Cuarta.Por técnica legislativa y fácil comprensión de la iniciativa la Comisión elaboró un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

De este análisis podemos extraer criterios de técnica legislativa de los que adolece la presente iniciativa;

a) En un primer acercamiento se percibe que la iniciativa no solo reforma el artículo 17 de la Ley, sino que además añade a éste dos fracciones más quedando con una fracción IV y una V, además de recorrer el texto que se señala en su fracción III a la fracción V, por lo que la Comisión señala como una falta de técnica que dicha modificación no sea señalada en el cuerpo de la iniciativa.

b) En su segunda consideración, la Comisión considera redundante el texto propuesto en el primer párrafo:

“Artículo 17. Los tres órdenes de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas competencias...”

El hecho de que el ordenamiento a modificar tenga la denominación de “Ley General”, establece su obligatoriedad para los 3 niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, dentro del propio ámbito de competencia de cada uno, por economía legislativa y una comprensión clara y sencilla del texto legal es que resulta inoperante el texto propuesto. De igual manera esto ya se encuentra contemplado en el artículo 2 de la Ley.

“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.”

c) La Comisión dictaminadora coincide en que la elaboración de la iniciativa presenta deficiencias notables en materia de técnica legislativa como para considerarla procedente per se, como se constató en el cuerpo de este dictamen.

Quinta.El 24 de noviembre de 2015 la Dip. Patricia García García integrante de esta Comisión solicito mediante oficio, recibido en misma fecha, que se citara a la promovente con la finalidad de que esta retirara la presente iniciativa para enriquecerla.

En razón de lo anterior la Presidencia de esta Comisión llevo a cabo una reunión de trabajo con la proponente el día 16 de febrero del año en curso y de la cual se acordó modificar el texto propuesto para enriquecer y subsanar las deficiencias de la iniciativa.

De lo anterior esta Comisión, concordante con la situación que expone la iniciativa y su relevancia, considera pertinente realizar modificaciones expuestas a la proponente, en aras de conservar los preceptos viables. Dichas modificaciones están encaminadas a ubicar los temas de la iniciativa donde corresponden, de acuerdo a la estructura del cuerpo normativo, y se realizan con el objetivo de mantener las aportaciones positivas que presenta la iniciativa.

Quedando de la siguiente manera:

Como puede apreciarse claramente, el presente dictamen retoma los puntos importantes de la iniciativa y los retoma en una propuesta apegada a derecho y en respeto a la reglas de técnica legislativa, razón de lo cual se presente la modificación realizada a la iniciativa por la Comisión.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Único. Se reforma el artículo 17, fracción III; y se adiciona los artículos 17, con una fracción IV; 43, con una fracción IX recorriéndose la actual en su orden; 49, con una fracción XXV recorriéndose la actual en su orden; y 50, con una fracción XI recorriéndose la actual en su orden a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 17.- ...

I. ...

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres;

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. Es obligatorio para las Entidades Federativas proporcionar los datos necesarios para la alimentación de este Banco de Datos, de acuerdo con lo que establece esta legislación, y

IV. Implementar políticas públicas tendientes a garantizar espacios públicos libres de violencia.

ARTÍCULO 43.- ...

I. a VII. ...

VIII.Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

IX. Implementar campañas de sensibilización destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la comunidad, y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 49.- ...

I. a XXIII. ...

XXIV.Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;

XXV. Establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para las mujeres, y

XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

...

ARTÍCULO 50.- ...

I. a IX. ...

X.Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XI. Establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para las mujeres, y

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

3 http://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informac ion_Publica.aspx

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_ 171215.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), David García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Para fundamentar, hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El presente dictamen de la Comisión de Igualdad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Cabe señalar que el dictamen que el día de hoy se presenta en esta tribuna, es producto de la labor y trabajo en beneficio de la mujer y las mujeres mexicanas, como desde un inicio, desde la instalación de esta comisión, lo hemos hecho en ese sentido.

El presente dictamen tiene como objetivo implementar las campañas comunitarias para erradicar la violencia en contra de las mujeres, establecer espacios públicos libres de violencia hacia las mujeres, y también el promover transporte público de calidad, pero sobre todo libre del acoso hacia las mujeres mexicanas.

La iniciativa propone contribuciones importantes en la defensa de los derechos de las mujeres mexicanas, como el establecimiento, como lo mencioné, de esos espacios libres de violencia.

Cabe señalar que el segundo ámbito en donde las mujeres mexicanas sufren más violencia, es precisamente en el espacio público, en la comunidad, donde son víctimas de hostigamiento, de acoso, e incluso de violaciones.

Una vez agotado tanto en el pleno de la comisión como en la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, se culminaron con las siguientes modificaciones y adiciones que se presentan a su disposición en esta soberanía para votarse el día de hoy.

En primer término, la obligación de las entidades federativas para aportar información necesaria para que el funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia en contra de las Mujeres, mejor conocido como el Banavim, establece también la obligación de la Federación para implementar políticas públicas que garanticen a todas las mujeres mexicanas espacios públicos libres de violencia.

En tercer lugar faculte a la Secretaría de Desarrollo Social para crear campañas de sensibilización destinadas a prevenir, atender, para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres en el ámbito público.

Y, como cuarto lugar, obliga a los estados y a los municipios a garantizar que el transporte público sea un espacio seguro para nuestras mujeres mexicanas.

Cada una de las diferentes modificaciones realizadas al dictamen en cuestión, fortalece los mecanismos de prevención para poder alcanzar realmente la erradicación en un futuro no muy lejano de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito público, al obligar que las entidades federativas y los municipios aporten los datos para poder mantener la base de datos sobre los casos de violencia en contra de las mujeres en nuestro país, y contar con esta información actualizada que nos permita realizar el trabajo legislativo y el trabajo ejecutivo de mejor manera.

Además, busca conseguir que cada uno de los espacios públicos sean garantizados como espacios libres de violencia, y ya como lo mencionaba, es el segundo ámbito donde la mujer sufre más violencia después del hogar.

En última instancia, el transporte público de cualquier entidad es uno de los lugares donde se presentan más actos de violencia en contra de la mujer, y cada uno de estos diferentes actos de violencia difícilmente llegan a transformarse hacia una denuncia o una sanción para los agresores.

Es por esto que el día de hoy la Comisión de Igualdad de Género de esta honorable Cámara de diputadas y diputados somete a esta soberanía el siguiente dictamen, y para concluir, este dictamen que se pone a consideración busca incrementar las herramientas para la defensa y el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres mexicanas, por lo tanto sabemos y estamos seguras de que será aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios. Gracias, presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Plascencia.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y los siguientes diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por tres minutos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social. Esta Cámara de diputado le da la bienvenida al licenciado Felipe Gutiérrez Miranda, presidente municipal de Chilón, Chiapas, invitado por el Partido Verde Ecologista.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hoy vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el firme objetivo de garantizar la erradicación de violencia contra la mujer dentro de la comunidad de su localidad.

Amigas diputadas y amigos diputados, por supuesto que venimos a favor, es un tema esencial para el Partido Encuentro Social, es un tema prioritario hablar de la erradicación de la violencia en la mujer en su comunidad, en su localidad, es un tema que a todos interesa y a todos importa regular, por supuesto; y someter al marco jurídico nacional acciones que comprometan, como en este caso en este dictamen, a los tres niveles de gobierno a garantizarle a la mujer espacios públicos libres de violencia, a los tres niveles de gobierno, garantizarle a la mujer, a las niñas y a las mujeres que su movilidad de transporte público sea precisamente un transporte seguro.

Sabemos de antemano nosotros, como ciudadanos y como representantes populares, que hay encuestas. Por ejemplo, una de ellas, erradica o menciona mejor dicho la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Fíjense bien, el 82.2 por ciento de 24 mil mujeres encuestadas en sus comunidades y localidades confirman que han sido víctimas de violencia fundamentalmente psicológica.

Esto, amigas y amigos, nos lleva a reflexionar por supuesto que un país que no tiene la capacidad de erradicar la violencia para con sus mujeres y niñas fundamentalmente es un país que tiene como destino el subdesarrollo.

Hoy tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de brindarle al marco jurídico nacional la adecuación constitucional, como lo marca el 1 de la Constitución, como lo marca el 4 de la misma Ley Suprema. El varón y la mujer tienen los mismos derechos.

Por supuesto que por ningún motivo, por ninguna circunstancia debemos de permitir la discriminación, de ahí la importancia de que hoy para el Partido Encuentro Social venimos a votar a favor de este dictamen, que sin duda es trascendente para las mujeres que sufren de violencia en sus comunidades, en sus localidades; mujeres que desde luego son el pilar fundamental de su familia, son el pilar y la motricidad de la economía nacional. Para ellas va un voto a favor por el Partido Encuentro Social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Guízar.

La Cámara de Diputados les da la bienvenida a jóvenes de la Universidad Juárez, del estado de Durango, invitados por el diputado Otniel García Navarro. Asimismo, les da la bienvenida a los alumnos de postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con afecto y respeto. En Nueva Alianza estamos comprometidos con una causa que ha sido columna vertebral de nuestros principios políticos como partido; eliminar la violencia contra las mujeres.

En cualquiera de sus manifestaciones, la violencia física, sexual, psicológica, económica o moral contra las mujeres, es una vergonzosa realidad que se encuentra asentada en nuestra sociedad. Por principios y convicción, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza trabajamos para propiciar, fomentar y apoyar las acciones, instrumentos y leyes tendientes a eliminar esa violencia que daña no sólo a las mujeres, sino que nos lacera a todos como sociedad mexicana.

Por ello las diputadas y diputados aliancistas votaremos a favor de este dictamen, que tiene como finalidad erradicar la violencia que diariamente sufrimos las mujeres en nuestra comunidad.

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de una región o país, ni de grupos particulares de nosotros en la sociedad. Las conductas que conllevan menosprecio, degradación y discriminación hacia las mujeres abarcan una amplia gama de actividades y omisiones que afectan nuestra libertad social y vulneran de manera sistemática nuestros elementales derechos humanos.

Si bien en nuestra Constitución Política está inscrita la prohibición de la discriminación específica por género y México ha firmado numerosos acuerdos internacionales en contra de la violencia hacia las mujeres, la cruda realidad nos muestra que hay un abismo entre la norma y la práctica, realidad que responde a patrones socioculturales, que en los hechos impiden la aplicación plena de la ley.

Es urgente ampliar los instrumentos legales que hagan posible una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas y que de este derecho se respete su vida diaria y no solo se quede en letra muerta de una legislación.

Las reformas que el dictamen nos presenta están encaminadas a establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia políticas públicas que contribuyan a garantizar espacios públicos libres de violencia y un transporte público seguro para nosotras las mujeres.

Resulta denigrante que las mujeres en este país sean acosadas y violentadas en el transporte público. Cuántas historias conocemos de mujeres que fueron molestadas por hombres, que en un afán de perpetuar los estereotipos de la mujer subyugada se atreven a violentar verbalmente a una mujer.

Como mujeres, rechazamos y condenamos estos actos, que lejos de halagarnos nos ofenden y denigran como personas. Lo peor es que esta violencia verbal se traduce en agresiones físicas, que llevan a que el aumento a los tocamientos y violaciones en el transporte público sea una constante para millones de mujeres.

De acuerdo con los resultados del estudio Los sistemas de transporte más peligrosos para las mujeres, de la Fundación Thomson Reuters de la Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de acoso físico o verbal en el año 2014.

Compañeras y compañeros diputados, poner fin a la violencia contra las mujeres es una tarea pendiente. Hagamos un frente común a este gran problema que nos afecta, no sólo como género, sino como sociedad y como país.

En Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso de impulsar una igualdad sustantiva que permita el desarrollo pleno de nuestras niñas, adolescentes y mujeres, para que nunca más sean maltratadas y lastimadas en su esencia, cuerpo y mente. Todos los días, todos los derechos para las niñas, todos los derechos para las mujeres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Reyes.

La Cámara de Diputados le da la bienvenida a la Asociación de Cerveceros de la República Mexicana, que preside Elizabeth Rosas y Paz Austin, directora general, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa es de gran envergadura, pero no es porque aborde algo novedoso, es simplemente porque hace un llamado y una reiteración a cumplir lo que está en la ley, y en ese sentido quiero decirles que como universitaria que soy externo todo mi apoyo, desde esta tribuna, a la universidad veracruzana que hoy marcha en la capital para exigir el respeto pleno a su autonomía y a recibir los recursos que el gobierno del estado y el gobierno federal le tiene adjudicado. También repruebo que antier en Veracruz el secretario de Seguridad Pública haya organizado de festejo a las mujeres un estríper para las y los policías de esa entidad. Me parece no sólo una falta de respeto, sino patético que se hagan ese tipo de usos conmemorativos de un día tan importante como el 8 de marzo.

Esta iniciativa con proyecto de decreto por eso es tan importante, porque pone el acento en tres cosas, que para mí son básicas y que espero que para ustedes también y las votemos en conjunto.

Uno. Garantizar espacios libres de violencia en términos de lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice, y que son los espacios comunitarios. Es decir, el lugar en donde las mujeres caminan, trabajan y viven.

El segundo punto es el vinculado con garantizar espacios en el transporte público, porque además tenemos los datos que ya se han mencionado aquí, que es un alto índice de delitos contra las mujeres en el transporte público.

Y quiero decirles que es muy magro que haya un camión color rosita y que pase cada cinco horas, a que garanticemos que en todo el transporte público no se hostigue a las mujeres y no sufran violencia.

Y el tercer punto tiene qué ver con el banco de datos que ya existe, pero que las procuradurías de los estados no lo alimentan.

Y el día de ayer salió una nota de la Auditoría Superior de la Federación que dice precisamente eso. Que no se tienen políticas concretas de atención a la violencia contra las mujeres porque ese banco de datos no es alimentado.

Así que están obligadas las entidades federativas a abonar y a alimentar ese banco de datos para que todo el mundo sepa el impacto de la violencia contra las mujeres.

Quiero decirles que... Diputado, si usted tiene mucha prisa por aprobar esta iniciativa, ahorita la vamos a aprobar.

Quiero decirles además que sí votaremos a favor, pero que hacemos un llamado a tener que ir más allá de solamente hacer este tipo de recomendaciones. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ochoa. Sonido a la curul de la diputada Rocío Nahle. Se solicita al sonido de Cámara active el sonido de la diputada, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Ya está. Sí presidente, nada más para solidarizarme al exhorto que hace la diputada Candelaria sobre la Universidad Veracruzana. Hoy la diputada Ariadna Montiel y una servidora presentamos un punto de acuerdo para pedir al gobierno del estado que le pague el adeudo de 2 mil millones de pesos a la universidad. Con ello Morena se solidariza. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Continuamos con los oradores. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo de Morena.

Esta Cámara de Diputados les da la bienvenida a los presidentes municipales de Uriangato, Yuriria, San Felipe, Cuerámaro y al regidor de León, Guanajuato. Sean todos ustedes bienvenidos.

Un momento, diputada. Sonido en la curul del diputado Guízar.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solo para solidarizarnos con el comentario sobre la Universidad Veracruzana, diputado presidente. Hoy la UV ha sido atacada, hoy es totalmente despreciada por un gobernante que ni siquiera estudió en la Universidad Veracruzana y por eso entendemos que no quiere a la universidad...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: A ver, diputado, con todo respeto, estamos discutiendo de la Comisión de Igualdad y Género el dictamen.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Adelante, diputada Ariadna.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidente. Primero, decir que desde esta tribuna enviamos un saludo solidario con los estudiantes y las autoridades de la Universidad Veracruzana. El tema de la Universidad Veracruzana, como el de la educación en general no debe limitarse. Por eso desde aquí les decimos, desde el Grupo Parlamentario de Morena, que cuentan con el apoyo político desde esta Cámara en un tema tan importante.

¿Y por qué se toca hoy? Porque hoy está sucediendo la movilización. Y agradecemos a los estudiantes, a los jóvenes, que tengan esa disposición para luchar por su derecho a estudiar.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Serénese, diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes: Ya sé, diputado Marín. Calme sus ánimos. Pida la palabra, si así lo requiere.

La suscrita, diputada, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena me permito posicionar respecto a la aprobación del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por supuesto que vamos a favor de esta modificación.

Desafortunadamente en nuestro país, la infancia de muchas niñas se esfuma con la impunidad comprada por abusos y pensamientos retrogradas, incluso de propios familiares que por ignorancia y con toda alevosía disponen de ellas como si se tratase de algún objeto.

Estas historias se repiten en varias comunidades en nuestro país, a pesar de que el derecho a una vida libre de violencia ha sido incorporado a las leyes mexicanas y defendiendo ante organismos nacionales e internacionales, podemos afirmar que en su mayoría las autoridades no han cumplido con todas las obligaciones establecidas en las leyes.

Desconocemos los resultados del ejercicio presupuestal de las dependencias encargadas de atender, prevenir y garantizar una vida sin violencia, principalmente de las dependencias encargadas de administrar justicia y seguridad pública, así como del Poder Judicial.

Se considera que los feminicidios son la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pero no son prevenidos ni investigados, no hay acceso a la justicia para las víctimas, menos aún se atiende a las causas y consecuencias de esta violencia brutal en el tejido social y en la vida y seguridad de las mujeres y las niñas.

El mecanismo para detenerlos es la Alerta de género. Ha sido satanizado este mecanismo por las autoridades y su aplicación cuestionada o ausente de respuesta. Uno de los pretextos para atenderla ha sido la falta de estadísticas, por lo general en la mayoría de los casos son las organizaciones civiles las que tienen una base de datos a partir de la información de la prensa nacional y a pesar que en la ley se prevea el establecimiento de un banco de datos, éste no se lleva a cabo.

En la presente reforma se establece la obligación de las entidades federativas de alimentar el banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ello. Como se ha dicho aquí por la diputada Candelaria Ochoa, vamos a algo que ya está en ley, pero vamos a reiterar la obligación de hacerlo.

No hay convicción en los estados para alimentar este banco de datos, este instrumento primordial para erradicar otros problemas repetitivos que se han dado principalmente en varias ciudades de los estados de Chihuahua y el estado de México, como es el de la desaparición de mujeres en espacios públicos y sobre todo durante el traslado de sus casas a la escuela o al trabajo.

Esta iniciativa toca dicha problemática exhortando a las autoridades de los tres niveles a poner énfasis en establecer políticas públicas que garanticen espacios públicos libres de violencia y transporte público seguro.

Otra modificación referida en el dictamen –tan importante como las anteriores– se refiere a la obligación de realizar campañas de sensibilización.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya por favor, diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes: Como siempre, yo pediría que los diputados se sensibilicen en este tema, y si las mujeres ocupamos más tiempo de la tribuna se nos permita, porque además estamos hablando de un tema de suma importancia.

Se refiere a la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social de implementar campañas destinadas a prevenir, atender y a erradicar la violencia contra las mujeres en la comunidad.

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en otros estados del país, las comunidades indígenas...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya por favor, diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes: Sí, presidente, muchas gracias. Usted ha sido sensible en el tiempo con otras diputadas y diputados. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca y otros estados del país, las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres. Esta situación coloca a las mujeres en una situación de desventaja social y cultural que provoca la discriminación, la violencia y la violación de sus derechos humanos.

A pesar del reconocimiento de las mujeres como integrantes de sus comunidades no reciben igual trato de los hombres y sus derechos no son respetados. A diario viven los efectos de la violencia familiar y comunitaria.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya por favor, diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes: La discriminación y la poligamia y la venta de niñas es de todos los días. Tenemos el pendiente de la evaluación, cumplimiento y revisión de esta ley, pero Morena votará a favor porque consideramos que es un paso más para garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres.

Morena está a favor de esta iniciativa que es un avance hacia este mundo que aspiramos todas las mujeres y los hombres a vivir sin violencia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Montiel. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Paola Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Presidencia hace un llamado a los oradores a que se ciñan tanto en tiempo como en el tema por favor.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero expresar la solidaridad de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde con la periodista independiente Andrea Noel, quien fue agredida el 8 de marzo –sexualmente– en las calles de la ciudad de México. Esperamos que las autoridades detengan a su agresor a la brevedad, para evitar que este sujeto siga poniendo en peligro la seguridad y dignidad de las mujeres de esta capital.

Vengo a manifestar nuestro voto a favor del presente dictamen, pues estamos convencidos de que solamente a través de la inclusión de acciones que den seguridad a las mujeres podremos erradicar la violencia. La violencia en la comunidad representa una clara transgresión de los derechos fundamentales de las mujeres; el sentimiento de seguridad y acceso a los espacios públicos, a infraestructura, se pierde cuando existe agresión.

Por ello el que se reconozca la existencia de la violencia en la comunidad hacia las mujeres, como se señala en el dictamen, es el primer paso para reconocer que esta deriva en la comisión de otros delitos de más alto impacto como los feminicidios, las violaciones, lesiones y la trata de personas.

Con esta reforma se busca que ahora sea obligatorio que las entidades federativas proporcionen información para alimentar al banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a estas, lo cual nos permitirá a nosotros los legisladores y a las dependencias gubernamentales, contar con los datos reales de la situación de violencia que mantiene el país, siendo este un importante insumo para focalizar las políticas públicas en aras de que sean más efectivas.

Con este dictamen estamos apoyando acciones que conllevar a una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; el impacto de la violencia contra mujeres y niñas, es inmediato, pero también de largo alcance, pues esta tiene múltiples implicaciones psicológicas y físicas que en ocasiones pueden llegar a ser mortales. En este sentido cuando se ejerce violencia contra las mujeres, se afecta negativamente su bienestar y se le impide su pleno desarrollo en la sociedad.

Sin embargo la violencia no sólo implica consecuencias negativas para la mujer que la padece, también repercute en el ámbito de la familia, la comunidad y en el país. Por lo anterior resulta inaceptable que se siga tolerando la violencia en cualquiera de sus expresiones en contra de las mujeres. En congruencia con ello, votaremos a favor de la aprobación del presente proyecto de decreto. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias diputada Félix. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Erika Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Cámara de Diputados da un saludo al grupo de presidentes de colonia que nos visitan del municipio de Irapuato, Guanajuato, invitados por la diputada federal Lorena Alfaro García.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Con su permiso, señor presidente. La violencia en la comunidad ha crecido debido al daño que se encuentra el tejido social de nuestro país.

Rasgos culturales, situaciones propias de cada región y entidades federativas nos hacen plantearnos los diversos problemas tan amplios que se engloban dentro de este tipo de violencia.

Para precisar términos, los actos individuales o colectivos que trasgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación y marginación o exclusión en el ámbito público. Esto es violencia en la comunidad definida por la misma Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

En días pasados, una periodista de la Ciudad de México denunció en redes sociales la agresión sexual de la cual víctima, una agresión perpetrada a plena luz del día ante quizá los ojos de más personas, y que de una manera cobarde perpetraron este delito y después de este acto reprobable debemos agregar los comentarios misóginos que llovieron en grandes cantidades, lamentablemente esto revela los pocos frutos que ha tenido la perspectiva de género.

Ese es un ejemplo reciente, pero también están todos aquellos casos que son callados por el miedo, por la falta de confianza en las autoridades. No debemos ser sumisas ante los actos de violencia. Desde que México ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, estamos obligados a garantizar a las mujeres mexicanas entornos libres de violencia.

Compañeras y compañeros, la violencia en contra de las mujeres es un tema del cual no podemos desprendernos pese a los esfuerzos de organizaciones civiles, a los de legisladores, a los de organizamos internacionales que han sumado para erradicar la violencia en contra de las mujeres, una política de cero tolerancia a la violencia.

Por razones de género debe ser asumida como prioridad del Estado mexicano en su conjunto y para el Grupo Parlamentario del PRD lo es, y apoyar este dictamen es un compromiso que tenemos con todas las mujeres.

Y confiamos en que esta propuesta se debe traducir en políticas públicas, programas y de más vértices que garanticen espacios libres de violencia para las mujeres y niñas. Además que hace un hincapié en un problema cotidiano, del cual son víctimas muchas mujeres en zonas metropolitanas: los acosos en el transporte público.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, consideremos que esta iniciativa deberá ser obligatoria para las entidades federativas, el proporcionar la información necesaria para la alimentación de un buen banco de datos a fin de contar con la información suficiente para implementar políticas públicas tendientes a garantizar espacios públicos libres de violencia.

Asimismo, nuestra propuesta completa, que se deberá implementar campañas de sensibilización destinadas a prevenir, a atender y a erradicar la violencia contra las mujeres en la comunidad, así como establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para las mujeres.

Con ello, el PRD ratifica su vocación en contra de la denigración, discriminación y marginación, así como la exclusión; y con ello garantizar un Estado igualitario tanto en oportunidades como en el derecho y condiciones entre hombres y mujeres. Por ello, votaremos a favor de la presente propuesta.

Para finalizar, me llena de esperanza como proponente el saber que hoy se vota esta iniciativa que presenté en el pasado mes de octubre como una de tantas demandas sociales que existen

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor diputada.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias. Pero también de una manera recordarles a todas las mujeres del país que no somos menos y no somos más, todas somos iguales. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Briones.

La Cámara de Diputados les da la bienvenida a los alumnos del Centro Universitario de los Altos, campus Tepatitlán, de la Universidad de Guadalajara, invitados por la diputada Verónica Delgadillo García. Asimismo, les da la bienvenida a jóvenes estudiantes del servicio social de Coahuila, invitados por la diputada María Guadalupe Oyervidez Valdez. Sean todos ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Karina Padilla Avila:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, por violencia contra las mujeres se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.

Pese a que actualmente la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en el espacio público, sigue siendo un problema en gran medida desatendido, pobremente regulado y con escasas políticas para cometerlo y prevenirlo.

En nuestro sistema jurídico, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla como una modalidad de violencia a la violencia en la comunidad y la define como los actos individuales o colectivos que trasgreden derechos fundamentales de las mujeres, y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

No obstante lo anterior establece muy pocas acciones para su atención. Por ello, frente al hecho de que la violencia y el miedo a la violencia reducen la libertad de movimiento de las mujeres y los derechos de acceso a la educación, al trabajo, a la recreación y servicios esenciales participando en la vida política, Acción Nacional reconoce que de poco sirve que se proclamen nuestras libertades civiles y políticas, nuestro derecho a la educación o a la salud, si a las mujeres no se nos garantiza con anterioridad nuestro derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y psíquica, a la movilidad; es decir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.

Es por ello que hoy el Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia a favor de este dictamen a discusión, porque el mismo pretende consolidar las acciones que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres: la erradicación de la violencia en la comunidad.

Votaremos a favor, porque esta reforma reconoce que para erradicar ese lacerante problema es indispensable hacer un trabajo integral, en el que paralelamente a adoptar el establecimiento de espacios segregados o reservados en el transporte público para las mujeres, es necesario impulsar la transformación cultural, educativa, para combatir los roles y estereotipos de género que colocan a las mujeres en una posición de discriminación y vulnerabilidad.

Compañeras y compañeros, es tiempo de reconocer y establecer acciones concretas para atender el acoso sexual y otras formas de violencia a los espacios públicos; es tiempo de visibilizar esta violencia contra las mujeres con acciones concretas para su erradicación, porque tristemente esta violencia se ha convertido en una realidad vergonzosa, en una vivencia de todos los días para las mujeres y niñas mexicanas, una que tiene lugar en lugares tan concurridos por todos, en la calle, en el transporte público, en los parques, alrededor de las escuelas...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Karina Padilla Avila:... en lugares de trabajo y en otros espacios públicos de las áreas urbanas y rurales.

Defendamos conjuntamente la dignidad de todas y de todos los habitantes del país, pues la discriminación y la violencia son incompatibles en un Estado que se precia de ser moderno y democrático. Acción Nacional refrenda su compromiso de generar las acciones públicas necesarias para garantizar...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, diputada.

La diputada Karina Padilla Avila:... la igualdad y el respeto para la mujer, tanto en los ámbitos públicos como privados. Los invitamos a todas y a todos a hacer lo mismo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Padilla. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. En nuestro país se calcula que de los casi 120 millones de habitantes, el 51.2 por ciento son mujeres y 4.8 son hombres, esto no significa que las condiciones de vida sean iguales, ya que sigue existiendo desigualdad y marginación contra las mujeres, que se viven todos los días en el ámbito laboral, educativo, en el hogar, la comunidad y en las calles, y se traduce en discriminación en los diferentes tipos de violencia.

En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define a la violencia, en la comunidad, como aquellos aspectos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Cuando se ejerce la violencia en la comunidad, las mujeres estamos expuestas a sufrir diversas agresiones a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos civiles, o incluso, a nuestros derechos políticos.

La obligación del Estado, así como de los tres niveles de este gobierno, es garantizar el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres y niñas en las comunidades donde se desarrollan, mismas que deben propiciar un ambiente libre de cualquier tipo de violencia que fomenta el empoderamiento y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos.

La presente administración federal ha considerado un eje fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia un máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas en género en todos los ámbitos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el primero que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen. Coincidimos en que es viable la obligatoriedad para que las entidades federativas proporcionen los datos necesarios para la alimentación de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las diferentes instancias.

Es urgente implementar políticas públicas tendientes a garantizar espacios públicos libres de violencia e implementar campañas de sensibilización destinados a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres con la comunidad y aquellas que garanticen un transporte público más justo en donde haya un lugar para todos y todos sin distinción de género. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Covarrubias.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Vamos a pedir de viva voz el voto del diputado Alva y Alva. No, ya pasó. El diputado Zenteno Núñez.

El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Gracias. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? No. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 397 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Yulma Rocha Aguilar cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Carlos Barragán Amador cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Carlos Barragán Amador cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza cause baja como secretario de la Comisión de Cambio Climático.

• Que el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada Ximena Tamariz García cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Ximena Tamariz García cause alta como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Reciba un cordial saludo.

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause baja como secretario de la Comisión de Agua y Saneamiento.

• Que el diputado José de Jesús Galindo Rosas cause alta como secretario en la Comisión de Agua y Saneamiento.

• Que el diputado José de Jesús Galindo Rosas cause baja como integrante de la Comisión de Agua y Saneamiento.

• Que el diputado Édgar Spinoso Carrera cause alta como integrante en la Comisión de Agua y Saneamiento.

• Que el diputado Édgar Spinoso Carrera cause baja como secretario en la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause alta como secretario en la Comisión Jurisdiccional.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo en materia de desarrollo económico, con énfasis en un salario digno.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se promueven entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma Ley Orgánica, este órgano de gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

3. Que consciente de la urgente necesidad de tomar las medidas legislativas que permitieran mejorar el nivel de vida de las familias mexicanas, el poder revisor de la Constitución aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, en cuyos transitorios se estableció la obligación del Congreso de la Unión para realizar adecuaciones a la legislación vigente, a fin de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, así como para emitir la legislación reglamentaria que determine el valor de la unidad de medida y actualización;

4. Que la reforma constitucional antes mencionada rompió ataduras y representó un gran paso para que el salario mínimo avance a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida, hasta ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria de sus hijos;

5. Que el 14 de diciembre de 2015, el Pleno de esta soberanía aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo, mismo que, entre otros, tiene el propósito de crear un consejo técnico que regule y dirija los trabajos para realizar una profunda revisión del salario mínimo;

6. Que para dar cumplimiento a los artículos transitorios cuarto y quinto del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como para instrumentar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política referido, este órgano de gobierno estima conveniente la creación de un grupo de trabajo que, respetando las competencias legales y reglamentarias de las comisiones ordinarias, coadyuve en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de desarrollo social, con énfasis en un salario digno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el propósito de dar cumplimiento a los artículos transitorios cuarto y quinto del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,acuerda la creación del grupo de trabajo en materia de desarrollo económico, con énfasis en un salario digno.

Segundo.El grupo tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia de desarrollo económico, con énfasis en un salario digno, y faciliten la instrumentación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo, sin menoscabo de las competencias que legalmente corresponden a las comisiones ordinarias.

Tercero.El grupo de trabajo estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario; la designación o sustitución podrá realizarse en cualquier momento a petición de su coordinador.

Cuarto. El grupo de trabajo podrá contar con un coordinador, designado por los propios integrantes, quien convocará y moderará las reuniones.

Quinto.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a atender las afectaciones provocadas por los frentes fríos números 45 y 46, así como por la décimoprimera tormenta invernal.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, y 34, numeral 1 , inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios y demarcaciones del país que se han visto afectadas por la presencia de los frentes fríos números 45 y 46, así como por la décimoprimera tormenta invernal; asimismo se solicita se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y la salud de la población, y se inicie la reconstrucción por los daños ocasionados debido a estos fenómenos.

Segundo. Se exhorta a las autoridades locales a atender de inmediato las afectaciones provocadas por la presencia de los frentes fríos números 45 y 46, así como por la décimoprimera tormenta invernal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Secretario, continúe solicitando la votación, por favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobados. Comuníquense.

SECCIÓN INSTRUCTORA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Sección Instructora de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, incisos b) y c) y 40, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

Considerando

1. Que los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia, respectivamente;

2. Que el artículo 74, fracción V, de la Constitución Política señala que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren;

3. Que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, menciona:

“Al proponer la Gran Comisión de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las comisiones respectivas”;

4. Que el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo referente al procedimiento para la declaración de procedencia, establece que la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección determinará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado;

5. Que el artículo 40, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política, en materia de responsabilidades de los servidores públicos;

6. Que el 6 de octubre de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Comisión Jurisdiccional, actualmente conformada de la siguiente manera:

7. Que con el propósito de que la Cámara de Diputados esté en condiciones de ejercer las facultades que constitucional y legalmente le corresponden en materias de juicio político y de declaración de procedencia así como para dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Junta de Coordinación Política estima conveniente presentar al Pleno la propuesta de integración de la Sección Instructora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, integra la Sección Instructora encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Segundo. La Sección Instructora de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados se integrará por los siguientes legisladores:

Tercero. La Sección Instructora se instalará en el lugar que le sea asignado, y se le proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Cuarto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación, e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado. Désele formato de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer requiere tomar conciencia de los hechos ocurridos en el pasado para entender en toda su dimensión, resaltando que estos eventos fueron dolorosos sobretodo en razón a que las víctimas fueron mujeres y niños.

Baste con recordar dos de ellos que marcaron el 8 de marzo que sirvieron de base para que la ONU declarara su conmemoración de manera Internacional:

Primero. En 1908, en Nueva York, las mujeres trabajadoras de la Fábrica Cotton Textile Factory realizaron una huelga por las condiciones de explotación laboral que recibían, El dueño de ese establecimiento negó las peticiones planteadas por esas mujeres y ordeno cerrar la Fábrica así como solicito les fueron lanzadas bombas, provocando con ello un incendio donde murieron casi 146 mujeres y cientos más resultaron heridas.

Segundo. En el año 1917 se llevó a cabo una manifestación de mujeres viudas rusas contra la hambruna que padecían después de la primera guerra mundial, exigían comida para sus familias e hijos, lo que obligó al zar a abdicar.

Estos acontecimientos entre otros igual de relevantes, orillaron a que la Asamblea de la Naciones Unidas reconociera por un lado, la problemática que vivían desde entonces las mujeres aun en los países más desarrollados y el poco reconocimiento también de sus Derechos Humanos, por lo que después de varias convenciones y defensas, en 1975 se declara el Día Internacional de la Mujer.

Nuestro país no ha estado ajeno a estas luchas sociales para reconocer nuestros derechos, muchas han sido las activistas y precursoras para lograr que la participación de la mujer en la política se haya logrado. Mujeres ellas como Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Serdán, Elvia Carrillo Puerto, Frida Kahlo, Tina Modotti, Rosario Castellanos, Carmen Aristegui, etcétera; en diferentes momentos, espacios y expresiones, combatieron por ese respeto que las mujeres querían y queremos para ser iguales ante los hombres y quedara plasmado en las leyes; por lo que uno de los primeros logros fue el voto femenino que se consiguió en el año de 1955.

Sin embargo, la lucha de las mujeres aún continúa en nuestro país, la situación en general no ha variado de manera importante respecto de la del siglo pasado, persiste la desigualdad, discriminación, intolerancia, violencia de todo tipo, rezago, falta de oportunidades, descuidos, falta de seguridad social y educación para miles de niñas y mujeres.

El estudio que presenta el Coneval por lo que respecta a los indicadores de género, demuestra que las mujeres presentan más pobreza que los hombres e inequidad.

No obstante, se debe hablar también de algunos logros alcanzados por las mujeres en México y se reflejan más en el ámbito legislativo. Las últimas reformas a la Constitución y a la Leyes Electorales, han impulsado para que los partidos políticos den mayor participación a las mujeres para postularse a puestos de representación popular y se integren a la vida política de este país; con ello se busca que pueda crearse leyes sustantivas y políticas públicas con perspectiva de género. Hoy en día, la Cámara de Diputados está conformada por 212 mujeres de todos los partidos, representando un 42.4% del total de Diputados, derivado de las reformas impulsadas por mujeres ya indicadas, buscamos todavía que la paridad también pueda alcanzarse en los Gobiernos de los Tres órdenes así como en la distribución de los Presupuestos, queremos la transversalidad y paridad.

El Día Internacional de la Mujer no solo conmemora los logros y conquistas universales y de cada país, sino también los personales, aquellos que cada mujer ha alcanzado en su vida diaria.

Celebremos entonces; por aquellas que lograron ganar una lucha contra el cáncer, las que llegaron a terminar sus estudios, las que sacaron a sus hijas e hijos adelante, las que aportan científicamente a nuestra sociedad, las que ganan medallas olímpicas, las que escriben y son leídas, las que representan a nuestra cultura en otros países, a las profesoras que enseñan a los estudiantes, a las doctoras que tratan y cuidan a miles de pacientes, a las alpinistas que han alcanzado los picos más altos del mundo, a las campesinas que aportan nuestros alimentos diarios, a las barredoras que limpian nuestra ciudad, a las conductoras de los transportes públicos, a las enfermeras que están pendientes de sus pacientes, a las boxeadoras y luchadoras que muestran la fuerza física de nuestro género, a las mujeres de las tercera edad con experiencia y sabiduría que transmiten a sus generaciones, a las que esperan justicia en los tribunales y reclusorios, a las empresarias que apoyan a la clase trabajadora, a las periodistas por informar la realidad, a las jóvenes en sus actividades diarias, a las altruistas y a las niñas que son nuestra esperanza, en fin a todas y cada una de las mujeres.

Falta mucho por hacer, pero no debemos dejar de trabajar hasta hacer valer el mandato de nuestra Constitución: “Los Hombres y Mujeres son iguales ante la Ley”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.— Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (a las 15:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 15 de marzo de 2016 a las 11 horas.

————— O —————