Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 275 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:37 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 31 de marzo de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Por el que comunica que se recibió acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se tienen por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos relacionadas con el proceso de examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

En relación con modificación de turno de iniciativa.

Del diputado Salvador Zamora Zamora

Por el que solicita el retiro de proposición con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las personas internas en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2016, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2015, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2016.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Con el que remite el Primer Reporte Bimestral, sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Solicitud de licencia

Del diputado Alberto Silva Ramos.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 18 y 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 66 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, y por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10-Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que considere el establecimiento de un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo, estado de Chihuahua, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa y a la Conagua, para que vigile el cumplimiento de la normatividad y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el Río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes se atienda la situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que promueva a nivel nacional el uso de los sistemas de captación de agua pluvial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la celebración de Convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, e incentivar el abasto de leche nacional para los programas de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que elabore los estudios técnicos justificativos para la declaratoria de Área de Refugio para tiburón ballena, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, se intensifique la protección de la vaquita marina y la totoaba, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atienda las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, relativo a las demandas penales dirigidas en contra de pasadas administraciones federales, y revisar las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez en 2006, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, a fin de actualizar su Código Penal y para que en la impartición de justicia de la entidad se observe la aplicación de Jurisprudencia y Tratados Internacionales en las resoluciones que emiten, y evitar que se presenten casos como el de Walter Suk, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la SEGOB, para que realicen un registro de solicitantes de Asilo Político y Asilados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que difunda la opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de Puebla, respecto al cambio de uso, para la realización del Proyecto Inmobiliario y Club de Golf Cola de Lagarto, ubicado en Atlixco, Puebla, suscrito por la diputada Lorena Corona Valdés y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de diversas entidades federativas, para que difundan las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de solicitar a la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), una Comisión Especial para la Evaluación del Modelo de Adquisiciones en México, suscrito por los diputados Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano.

Con el punto de acuerdo relativo al estado actual de los atlas de riesgo y la implementación de acciones para actualizar y difundir los mismos, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que garanticen y respeten la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de crear un programa para la detección oportuna del VIH/SIDA en mujeres embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a los Sistemas Operadores de Agua de los estados, a garantizar el acceso, cantidad y calidad de agua que reciben los habitantes del país, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del SAT, del SAE, de la PGR y de la CNBV, para que difundan las medidas que están llevando a cabo para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, y a la Fiscalía General de esa entidad, a consignar al juez de la causa en turno, el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que en coordinación con las Procuradurías de los estados, inicie un proceso de simplificación y armonización de los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga el caso de la averiguación previa por el delito de abuso sexual de menores de edad contra Walter Suk, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Tamaulipas, implemente las acciones necesarias para mejorar el índice de seguimiento de denuncias, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Consar, a instrumentar las vías para lograr que las Afores eficienticen sus sistemas de información, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramirez Nachis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a implementar medidas para prevenir y detener la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público, a cargo del diputado Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 2 de abril, Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con motivo del Aniversario del Natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 31 de marzo, Aniversario del Natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 31 de marzo, Aniversario del Natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles treinta de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veinte diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta minutos del miércoles treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Oficio del diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo sesenta Bis de la Ley General de la Vida Silvestre, presentada el quince de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se solicita implementar y reforzar las campañas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil; así como promover modificaciones a los reglamentos municipales para que se prohíba y sancione el uso de aparatos comunicación móvil mientras se conduce vehículos, en aquellos reglamentos en que aún no se prevé. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

• Por el que se solicita realizar las gestiones necesarias a fin de construir un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz, para atender las necesidades de la población de la región, a fin de combatir el rezago y las carencias en materia de salud. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una Norma Oficial Mexicana en materia de Unidades Médicas Móviles para la prevención, Diagnóstico y Atención del Cáncer de Mama, en la cual se establezcan los procedimientos mediante los cuales se regulará, autorizará, certificará y vigilará las citadas Unidades Móviles, salvaguardando en todo momento los derechos de las mujeres. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se solicita a fortalecer los planes y programas, así como la coordinación entre instituciones educativas y de salud, a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales de la salud para áreas rurales y de difícil acceso en el país; y se realicen las medidas adecuadas para promover programas y brindarles apoyo e incentivos económicos. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se solicita intensificar las acciones de atención, manejo clínico y vigilancia epidemiológica de la enfermedad provocada por el virus del Zika, especialmente a las mujeres embarazadas; así como destinar mayores recursos a la implementación de programas informativos de prevención y atención, que permitan controlar y reducir la propagación de esa enfermedad. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Informe del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que contiene el desglose de las operaciones efectuadas por motivos de las transferencias de bienes del Gobierno Federal. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

d) Del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Quinto Distrito Electoral del estado de Hidalgo, a partir del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto la ciudadana María Hadad Castillo, diputada federal electa en el Segundo Distrito Electoral del estado de Quintana Roo. El Presidente designa una comisión que la acompaña en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena; Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo veintiocho de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta, setenta y siete, y setenta y ocho de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley del Salario Mínimo, y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se continúa con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto por parte de las siguientes diputadas y diputados:

• Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Lucia Virginia Meza Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Omar Noé Bernardino Vargas, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos: tercero, cincuenta y cinco, y cincuenta y nueve, de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

A las doce horas con treinta minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y uno diputadas y diputados.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos doce, trece, y diecinueve de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarto de la Ley Federal de Consulta Popular. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

– Que reforma los artículos veinte, y veintiuno de la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Gustavo Enrique Madero Muñoz, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables, que reforma el artículo doscientos ochenta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento dos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rene Cervera García, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cuarto sexto, y sesenta y dos de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Ángel García Yañez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Martha Lorena Covarrubias Anaya, y Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y tres, y adiciona un artículo treinta y cuatro Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

• Leticia Amparano Gamez, y suscrita por el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veinticinco, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José de Jesús Galindo Rosas, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cincuenta y seis, y cincuenta y siete de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, y suscrita por el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veintisiete, veintiocho, y ciento cuarenta y ocho de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma los artículos quinto, y dieciséis, y adiciona el artículo cuarenta y uno Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos séptimo, y cuarenta y ocho de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos séptimo, y treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de la diputada María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano:

• Que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Continúan haciendo uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto las siguientes diputadas y diputados:

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiocho de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos cuarenta y dos, y cuarenta y nueve, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento veintitrés de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por que exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a salvaguardar la integridad del connacional Gustavo Castro Soto, al cual no se le permite abandonar el país de Honduras. Desde su curul realiza comentarios sobre el acuerdo la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar mañana jueves treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con diez minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibió acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se tienen por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos relacionadas con el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016(1), mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

(1) El acuerdo solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Se tienen por atendidas, actualícense los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica la modificación de turno de iniciativa.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, presentada por la diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, el 10 de marzo de 2016.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.”

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. En consecuencia, actualícense los registros parlamentarios.

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La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, por favor.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias, señor presidente. En relación a lo que aprobó la Junta de Coordinación Política para la visita de los padres, que se considere la posibilidad de hacer uso del pleno aunque no sea en sesión, dado que están solicitando que estén presentes los 500 diputados y no tenemos ninguna instalación en la Cámara donde quepamos los 500 diputados.

Por otro lado, quisiera decir que el gobierno federal, a través del Secretario de Gobernación ha dicho que no se renovará el período del GIEI y que se considere que el acuerdo firmado con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos requiere el acuerdo de las víctimas, la permanencia del GIEI. Sería todo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Quedan, desde luego registradas las expresiones de la diputada Araceli Damián, y debo decir que en relación con el primer punto la Junta de Coordinación Política tomó un acuerdo en el que se está, precisamente haciendo las consultas correspondientes con el propósito de llegar a un acuerdo, que pueda permitir atender de manera esencial la petición que han hecho los padres de los muchachos desaparecidos. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de ser retirada de los registros parlamentarios la “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, a fin de instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Ocotlán”, presentada por el suscrito en la sesión del 10 de marzo de 2016.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:De la Secretaría de Gobernación, con el que remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0529, signado por la diputada María Bárbara Botella Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/CNS/ 0076 /2016, suscrito por el licenciado Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal instruya a las dependencias a su cargo a que continúen y refuercen los operativos de prevención y persecución del delito, que fortalezcan la seguridad pública del estado de Oaxaca, en especial la región mixteca.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Distinguido subsecretario Solís:

En atención al oficio número SELAP/300/262/16, por medio del cual comunicó el contenido del punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 3 de febrero del año en curso, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, instruyan a las dependencias a su cargo a que continúen y refuercen los operativos de prevención y persecución del delito, que fortalezcan la seguridad pública del estado de Oaxaca, en especial la región mixteca.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Policía federal, que analice el envío de elementos de la División de Gendarmería Nacional a la región mixteca del estado de Oaxaca, para fortalecer los esfuerzos llevados a cabo por las fuerzas adscritas a la región de manera permanente.”

Al respecto, me permito informar lo siguiente:

La oficina del comisionado nacional de Seguridad a través del órgano administrativo desconcentrado de la Policía Federal, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 8 de la ley que la rige, lleva a cabo acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las zonas de jurisdicción federal, así como prevenir la comisión de delitos en todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia.

En ese contexto, realiza labores de vigilancia, seguridad e inspección en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de revisión aduaneros, recorridos perimetrales de verificación en los cruces internacionales y a lo largo de las fronteras, asimismo, mantiene patrullaje permanente en la red carretera federal del país.

Actualmente, la Policía Federal mantiene en el estado de Oaxaca, un despliegue operativo de 1,650 elementos, de los cuáles 582 pertenecen a la Gendarmería; lo que ha permitido reforzar las tareas de vigilancia y proximidad social en beneficio de la ciudadanía.

Grupo de Coordinación Estatal

Cabe resaltar, que la Policía Federal participa conjuntamente con la Sedena, Semar, PGR, CISEN, y las autoridades estatales, en las reuniones del Grupo de Coordinación Oaxaca, que preside el gobernador de la entidad; donde se generan los acuerdos para la planeación, implementación y/o reorientación de estrategias, acciones y operativos coordinados, que se consideran pertinentes para atender la problemática local en materia de seguridad.

Asimismo, en el ámbito de competencia, la Policía Federal se encuentra trabajando de manera permanente en el estado de Oaxaca, llevando a cabo acciones en materia de seguridad pública, prevención del delito y proximidad social; asimismo, ha instrumentado y/o participa conjuntamente con autoridades federales, estatales y municipales, en diversos programas y operativos Institucionales e Interinstitucionales, entre los que destacan los siguientes:

Operativo antiasalto

Se han reforzado e incrementado las acciones de seguridad y vigilancia en carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que viajan en vehículos y autobuses, así como del traslado de cargas por los caminos nacionales de jurisdicción federal; para ello, se han implementado puntos de revisión del autotransporte de carga y de pasajeros, en lugares y horarios estratégicos, lo que ha contribuido a inhibir la comisión de los delitos de robo y asalto en carretera, así como a generar un clima de mayor tranquilidad para la población.

Principalmente en los puntos identificados como zona de riesgo para los usuarios de las carreteras, en los límites de los estados de Puebla y Veracruz con Oaxaca, respectivamente; así como en los pasos superiores a las vías, a fin de evitar que sean utilizados por delincuentes para acechar y arrojar objetos a los vehículos, con la intención de que detengan su marcha.

Programa Cuadrantes Carreteros

Se mantiene la aplicación del Programa de Cuadrantes Carreteros, que son puntos de revisión estratégicos instalados con la finalidad de reducir los índices de siniestralidad y procurar seguridad a la integridad física y patrimonio de la población que circula por la red carretera federal, así como reducir los índices de siniestralidad, inhibir la comisión de delitos y acotar los espacios de operación de las organizaciones delictivas.

El estado de Oaxaca cuenta con 2 cuadrantes, que abarcan 135.57 kilómetros:

En este sentido, se han incrementado las acciones de seguridad en tramos carreteros de mayor afluencia vehicular, a través de esquemas de vigilancia móvil, estacionaria y mixta, con el propósito de prevenir accidentes, proporcionar auxilio vial; así como para disuadir las conductas delictivas.

Operativos migratorios

En el marco del Operativo Contención Frontera Sur, se coadyuva con el Instituto Nacional de Migración (INM), brindando apoyo en la seguridad perimetral, así como en el rescate, resguardo y traslado de los migrantes a las estaciones migratorias, ello, durante las labores de control, verificación y vigilancia, que el INM efectúa en los transportes de pasajeros, en la zona de San Pedro Tapanatepec, en los límites con el estado de Chiapas.

Proximidad social

Las tareas de proximidad social se llevan a cabo a fin de fortalecer la seguridad en la entidad, promover el acercamiento con la población, mejorar la precepción ciudadana, salvaguardar a las personas y sus fuentes de empleo, reactivar el ciclo productivo del turismo e inhibir los delitos patrimoniales, narcomenudeo y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esto mediante la impartición de pláticas, conferencias y talleres en centros educativos de nivel primaria hasta licenciatura, dirigidas a estudiantes, docentes, padres de familia, adultos mayores, comerciantes, así como a los diversos sectores de la sociedad, sobre temas en materia de prevención del delito, prevención de adicciones, delitos cibernéticos, seguridad vial, valores, cultura de la legalidad, cuidado de datos personales en internet, promoción de la denuncia ciudadana, equidad y género, y otros más.

En este rubro se ha brindado atención al Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, Colegio de Bachilleres de Oaxaca (planteles números 34, 46 y 65), Escuela Secundaria Técnica No. 6. Instituto Renacimiento del Valle, Instituto de Estudios de Bachillerato número 271, Casa del Adulto Mayor “Los Tamayo”, Coordinación Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Hospital de Alta Especialización de Oaxaca, Instituto de la Juventud del estado de Oaxaca, Instituto Euroamericano Humanista y Comité Estatal contra las Adicciones, entre otros.

De igual manera, se llevan a cabo reuniones con la comunidad, integrantes de los sectores académico, empresarial, industrial, turístico, automotriz, transportistas, instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios, y demás grupos de la sociedad civil, a fin de conocer sus inquietudes y necesidades en materia de seguridad, para el análisis e implementación de estrategias orientadas a atender la problemática planteada.

Bajo este esquema, se han realizado reuniones con la Fundación arte y manos oaxaqueñas. Corporativo Pepsico, Grupo Oxxo, hotel La Casona del Llano, Cinemex, Cervecería Cuauhtémoc, Grupo Gamesa, Transportes Urbanos del Sur, Consejo Regulador del Mezcal, Coppel. Asociación de Artesanos, Yakult, Walmart, Femsa, y las agencias automotrices Subarú, Mazda, Dinastía Ford, Hundai, Chevrolet, entre otras.

En lo que va del presente año, elementos de Gendarmería de la Policía Federal, han mantenido presencia y desplegado acciones en los siguientes municipios:

Ánimas de Trujano, Ayoquezco de Aldama, San Pedro Mártir Yucuxaco, Ocotlán de Morelos, San Antonio Castillo de Velasco, Mitla, Montealbán, San Antonio de la Cal, San Pedro Ixtlahuaca, San Dionisio Ocotepec, San Agustín de las Juntas, San Sebastián Teitipac, Santa Cruz Xoxocotlán, San Bartolo Coyotepec, Santa María del Tule, San Martín Lachilá, San Jerónimo Tlacochahuaya, Zimatlán de Álvarez, Villa de Etla, Asunción de Nochixtlán, Magdalena Apasco, Matías Romero A ven daño, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Salina Cruz, Oaxaca de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Pablo Etla, Pinotepa de Don Luis, Santiago Pinotepa Nacional, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa María Colotepec, Villa de Tamazulapam del Progreso, San Pedro Tapanatepec.

También se efectúan vigilancias estacionarias en puntos fijos en tramos carreteros, acciones de seguridad perimetral, patrullajes CRP y pie tierra en instalaciones del aeropuerto internacional de Oaxaca, en las de Pemex, así como en el andador turístico en la capital de la entidad, donde se concentra el turismo en su mayor parte.

Asimismo, durante la celebración de festividades regionales de amplia concurrencia, como es el caso de la Guelaguetza, se intensifican los recorridos pie tierra en puntos estratégicos como parte de las labores de prevención del delito, con el propósito de brindar orientación y apoyo a la población.

Es importante señalar que durante las tareas de vigilancia, que se realizan en las comunidades y zonas urbanas del estado de Oaxaca, la Policía Federal atiende las solicitudes de auxilio de la población, derivado de ello, se ha logrado el aseguramiento de presuntos responsables de los delitos de robo a transeúnte, robo de vehículos, narcomenudeo, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. secuestro y extorsión, entre otros; contribuyendo con ello al fortalecimiento de la seguridad de la población oaxaqueña.

Cada una de estas acciones se llevan a cabo en cumplimiento a las facultades y obligaciones conferidas en la Ley de la Policía Federal, y en un marco de respeto a las atribuciones y ámbito de competencia. entre las instancias de la federación, los estados y los municipios, de conformidad a lo establecido en los artículos 21, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 7 fracción X de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Resulta evidente el interés y compromiso que tiene la Policía Federal en brindar el mayor apoyo posible a la entidad, toda vez, que ante las distintas problemáticas y situaciones complejas, ha actuado con determinación, responsabilidad, oportunidad, proporcionalidad y pleno respeto a los derechos humanos, a fin de salvaguardar la seguridad de la población, así como a mantener el orden y la paz públicos.

Ahora bien, resulta importante tomar en consideración, que la Policía Federal se encuentra acotada en su disponibilidad operativa, que mantiene un despliegue itinerante de sus integrantes en las entidades federativas, y que este se realiza en función del estado de fuerza con que cuenta la institución, las prioridades establecidas por el Gobierno de la República, así como las actuales responsabilidades y retos en materia de seguridad pública, que día a día se atienden en todo el territorio nacional, con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos.

Finalmente, se refrenda el compromiso y disposición de la Policía Federal, para mantener una participación activa y coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en acciones que contribuyan a fortalecer las condiciones de seguridad pública en el estado de Oaxaca, y a atender el fenómeno delictivo en el ámbito de competencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2016.— Licenciado Renato Sales Heredia (rúbrica), Comisionado Nacional de Seguridad.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-8-0945, signado por el diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/636/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita incluir la detección, la atención y el tratamiento médico oportunos del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/496/16, de fecha 09 de marzo de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 08 de marzo del 2016, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya la detección, la atención y el tratamiento médico oportunos del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.

Al respecto me permito acompañar oficio CNPSS-DGAF-DGAN-645-2016, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto de Normatividad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 22 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/601/2016, el cual es relativo a la solicitud de opinión por parte de esta Comisión Nacional, respecto del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el pasado 8 de marzo de 2016, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya la detección, la atención y el tratamiento médico oportuno del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular”.

Al respecto, y dentro del ámbito de competencia de esta Comisión Nacional de Protección social en Salud, me permito comentarle que conforme a lo establecido en el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) es un mecanismo de financiamiento por el que el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicos –quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de sus beneficiarios; las intervenciones actualmente cubiertas, son seleccionadas de forma prioritaria tomando en consideración la sustentabilidad financiera del Sistema.

Ahora bien, se informa que en la actualidad, el cáncer de ovario epitelial, es una patología clasificada como gasto catastrófico por el Consejo de Salubridad General, por lo que esta Comisión Nacional está llevando a cabo las gestiones necesarias para su incorporación en la cobertura del Sistema de Protección Social en Salud.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.— Licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-3-259 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/612/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita intensificar, en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres.

Sin otro, particular, aprovechó la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2567/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo; que a continuación se transcribe:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, intensifique en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres; con especial atención, en aquéllas que epidemiológicamente se encuentren en mayor riesgo de padecer alguna de ellas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice con la mayor brevedad la evaluación de los programas y acciones en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.”

Al respecto me permito acompañar oficios CCINSHAE-DGCINS-205-2016 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y SPPS-CAS-0420-2016 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2016— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia a su oficio número UCVPS/221/2016, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, intensifique en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres; con especial atención en aquéllas que epidemiológicamente se encuentren en mayor riesgo de padecer alguna de ellas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice con la mayor brevedad la evaluación de los programas y acciones en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.”

Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio número INC.DM.DOC.016.023, suscrito por el director médico del Instituto Nacional de Cancerología Ignacio Chávez, doctor Juan Verdejo París, mismo que vierte algunos comentarios al citado punto de acuerdo, con el propósito de coadyuvar a fijar una postura institucional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

Por instrucciones del doctor Marco A. Martínez Ríos, director general de este instituto y en atención al oficio de referencia CCINSHAE-DGCINS-88-2016, de fecha 22 de enero del presente año, mediante el cual hace referencia al escrito UCVPS/221/2016 emitido por el titular de la Unidad de Vinculación Social y Participación Social, doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2015, me permito informar a usted, que una vez autorizadas las propuestas realizadas por el Consejo de Salud de la Cámara de Diputados, estamos de acuerdo, tanto en su contenido como en su desarrollo, aunque ambos se encuentran enmarcados en los planes de trabajo de las instituciones y a su vez en el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Doctor Juan Verdejo París (rúbrica), director médico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/220/2016, que refiere:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, intensifique en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres; con especial atención en aquéllas que epidemiológicamente se encuentren en mayor riesgo de padecer alguna de ellas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice con la mayor brevedad la evaluación de los programas y acciones en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de enero de 2016.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En respuesta al oficio SPPS-CAS-0198-2016 con fecha 14 de enero de 2016, el cual hace referencia al oficio SELAP/UEL/311/2567/15, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, me permito enviarle en documento anexo los comentarios correspondientes al punto de acuerdo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Jesús Felipe González Roldán (rúbrica), Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

En relación con la exposición de motivos, al acuerdo legislativo que se expone en el oficio SPPS-CAS-0198-2016, se desprenden los siguientes comentarios:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, intensifique en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres; con especial atención en aquéllas que epidemiológicamente se encuentren en mayor riesgo de padecer alguna de ellas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice con la mayor brevedad la evaluación de los programas y acciones en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.”

Con relación a la exposición de motivos, al punto de acuerdo se desprenden los siguientes comentarios:

En el Plan Nacional de Desarrollo, en la meta nacional, México Incluye, Estrategia 2.3.2: incluye el “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención en eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, está contemplado “Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión”; así como “Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes”.

En el año 2013 se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que contempla acciones de promoción de la salud, educación en salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y seguimiento de las personas con factores de riesgo o que ya padecen de estas enfermedades.

El Centro Nacional de Programas Preventivos de Control de Enfermedades tiene a su cargo el Programa de Acción Específico Prevención y Control de Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, a través del cual se realizan acciones de prevención, detección oportuna, ingreso a tratamiento, control y seguimiento en población de 20 años y más. El programa contribuye al cumplimiento de la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género del PND 2013-2018 al enfocar las acciones de alimentación y actividad física saludables en mujeres y hombres reconociendo sus diferencias biológicas, físicas y sociales.

“Que el acuerdo puede aprobarse, dado que en nuestros programas en rectoría ya se contempla la sugerencia propuesta”.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63–II–6–0256, signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/628/2016 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derechos humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2563/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre de 2015, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS–CAS– 1280–2016 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 18 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/215/2016, que refiere:

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaria de Salud, a que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores.

En atención a su oficio SPPS–CAS–1302–2016 fechado el 22 de enero de 2016, mediante el cual informa respecto del punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Senadores que refiere:

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

Anexo al presente encontrará en formato libre las acciones que se promueven y vigilan en este Centro Nacional a mi cargo.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

La mortalidad materna es un indicador básico del desarrollo de un país, las intervenciones oportunas y coordinadas de prevención, promoción de la salud, atención prenatal, seguimiento a embarazos de alto riesgo incluidos aquello que ocurren en la población adolescente, y la mejora en la atención de las emergencias obstétricas, han contribuido a este gran logro.

En el marco del Programa de Acción Específico 2013–2018 de la Secretaría de Salud y, en relación al Programa de Salud Materna y Perinatal se llevan a cabo las siguientes líneas de acción:

– Contribuir a mejorar la calidad y la seguridad en la atención, con base en evidencia científica y mejores prácticas, eliminando intervenciones nocivas e innecesarias.

– Implemetar el desarrollo de intervenciones comunitarias y participativas para mejor la salud materna, perinatal y paternidad responsable.

– Promover, mantener y mejorar la salud de las embarazadas y de sus recién nacidos con un enfoque intercultural y género.

– Contribuir al fortalecimiento de acciones para prevenir la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita.

– Identificar oportuna riesgos en el embarazo para la emergencia oportuna a la evaluación especializada y contrareferencia efectiva.

– Fortalecer la atención oportuna y de calidad en emergencias obstétricas considerando redes interinstitucionales efectivas de servicios.

– Fortalecer y desarrollar acciones específicas para la prevención detección y manejo de los defectos al nacimiento.

– Fomentar la alimentación de calidad con micronutrientes que favorezcan la salud materna y fetal.

– Impulsar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses.

– Fortalecer el manejo nutricional del prematuro extremo sustentado en evidencia científicas actuales y buenas prácticas.

– Favorecer la disponibilidad de personal capacitado para la atención preconcepcional, prenatal, parto, puerperio, las emergencias obstétricas y neonatales.

– Sensibilizar y capacitar al personal, para brindar atención materna y perinatal segura, competente y respetuosa de los derechos humanos.

– Favorecer el acceso de métodos anticonceptivos efectivos en mujeres y hombres con enfermedades que incrementan riesgos en el embarazo.

– Promover acciones efectivas en el embarazo y el postparto para acceder a métodos anticonceptivos acordes a su condición.

– Promover la adquisición de insumos y equipo estratégico para la atención materna y neonatal priorizando localidades de alta marginación y concentración.

– Apoyar la implantación de las unidades de atención de parto centradas en necesidades y preferencias interculturales.

– Contribuir al fortalecimiento y vinculación de los sistemas de información y vigilancia de la salud materna y perinatal.

–Fortalecer e impulsar los comités para el estudio de la muerte materna, morbilidad severa y muerte perinatal para identificar deficiencias y corregirlas.

– Supervisar el desarrollo del programa y dar seguimiento a las desviaciones y recomendaciones emitidas.

– Dar seguimiento al uso eficiente de los recursos y su vinculación con resultados.

La Secretaría de Salud, ha tenido una activa participación en el diseño e instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, presentada por el presidente de la República el 23 de enero de 2015.

En apoyo a esta Estrategia, operan en la Secretaría de Salud, mil 278 Servicios Amigables para Adolescentes, espacios creados en unidades médicas de la institución, en donde se proporciona información y servicios por personal empático, sensibilizado y capacitado, en un clima de confidencialidad y privacidad con absoluto respeto a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.

En este sentido el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el marco del Programa de Acción Específico 2013-2018, lleva a cabo el Programa Salud Sexual y Responsabilidad para Adolescentes con las siguientes líneas de acción.

– Difundir los derechos sexuales y reproductivos y el respeto a la diversidad sexual de la población adolescente.

–Promover la educación integral en sexualidad en coordinación con diversas instancias de la Secretaría de Educación Pública.

–Realizar y difundir campañas para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida, en población adolescente.

–Establecer coordinación con instituciones de Salud y educación para homologar los contenidos educativos en la materia.

–Implementar tecnologías de información y comunicación de vanguardia para la difusión de mensajes educativos entre la población adolescente.

– Implementar campañas de información, educación y comunicación sobre salud sexual y reproductiva que atiendan las necesidades particulares de adolescentes.

– Promover la formación de redes comunitarias de promotores juveniles en materia de salud sexual y reproductiva.

– Promover la formación de redes comunitarias de promotores juveniles en materia de salud sexual y reproductiva.

– Diseñar e instrumentare un modelo de atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes indígenas, con perspectiva intercultural.

– Fomentar la coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para prevenir embarazos no planeados e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el VIH en áreas rurales e indígenas.

– Genera diversas modalidades para brindar servicios específicos de atención a la salud sexual y reproductiva de la población adolescente.

– Reducir las barreras institucionales y culturales que limitan el acceso efectivo de adolescentes a servicio de salud sexual y reproductiva.

– Promover la disponibilidad de servicios específicos de salud sexual y reproductiva para adolescentes en todas las instituciones públicas de salud.

– Desarrollar estrategias comunitarias para ampliar la cobertura del programa.

– Fortalecer la coordinación institucional, interinstitucional e intersectorial, así como con OSC, en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

– Fortalecer la competencia técnica y humanista del personal que proporciona servicios específicos de la salud sexual y reproductiva para adolescentes.

– Fomentar la oferta de paquete básico de salud sexual y reproductiva en los servicios de atención a adolescentes.

– Impulsar la implementación del modelo de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes en instituciones públicas de salud.

– Mejorar el abasto de anticonceptivos y ampliar la gama de opciones, incluyendo anticonceptivos de emergencia, para prevenir embarazos e ITS.

– Promover la atención del embarazo en adolescentes como embarazo de alto riesgo, particularmente en menores de 15 años.

– Fortalecer la infraestructura de servicios específicos para este tipo de población.

– Promover la prueba de VIH entre mujeres con factor de riesgo y fortalecer la orientación consejería en este tema.

– Impulsar la implementación de sistemas de información institucionales homogéneos para monitorear y dar seguimiento a las acciones del programa.

– Favorecer la rendición de cuentas, así como la evaluación y seguimiento de compromisos nacionales e internacionales en la materia.

– Gestionar el desarrollo de proyectos de investigación para apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia científica.

– Establecer mecanismos de supervisión y asesoría continua a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

– Elaborar informes periódicos sobre la operación y avance del programa.

– Sensibilizar a actores clave de la población para favorecer el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes.

– Capacitar al personal de salud en aspectos técnicos basados en evidencia científica y en las mejores prácticas.

– Difundir el marco jurídico y normativo de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente.

– Favorecer la aplicación de leyes que regulan los usos y costumbres que transgreden los derechos humanos de la población adolescente.

– Colaborar en acciones interinstitucionales para propiciar el desarrollo económico y social de la población adolescente.

– Impulsar la implementación de normas oficiales y lineamientos técnicos en la atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes.

– Fomentar la capacitación de docentes y personal de salud para identificar y referir casos de abuso y violencia sexual entre adolescentes.

– Propiciar el acceso oportuno a métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia a toda adolescente en situación de violencia sexual.

– Establecer procedimientos institucionales para la realización del aborto médico, de conformidad con lo previsto en la ley.

– Incentivar la búsqueda intencionada de casos de violencia sexual en toda adolescente embarazada, principalmente en menores de 15 años de edad.

– Impulsar la aplicación de la normatividad sobre violencia, en unidades que proporcionan servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

– Promover la investigación sobre las formas de violencia sexual contra adolescentes.

En el marco de los derechos humanos y con base en la “Guía para la aplicación del enfoque de derechos humanos a la salud materna”, del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en México se ha puesto en marcha a través de su difusión en el Comité Nacional de “Arranque Parejo en la Vida” y en el Subcomité de Evaluación y Seguimiento de referido Comité Nacional, lo cual:

1. Permite ocuparse de la salud en general y no de enfermedades aisladas.

2. Promover la mejora la calidad de la atención en salud materna y no solamente evita defunciones o la morbilidad asociadas a la maternidad.

3. Deja de ver a las mujeres como receptoras pasivas de tratamiento médico, para verlas como agentes activas con el derecho a participar en las decisiones que se toman sobre sus cuerpos y sus vidas.

4. Empodera a las mujeres para que reivindiquen sus derechos.

5. Logra transformar al sistema nacional de salud de un aparato administrativo de intervenciones e insumos básicos, a un sistema justo y efectivo de la salud.

6. Implica que los servicios de salud se otorgan como parte de las obligaciones

Jurídicamente vinculantes que tiene el Estado, para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

7. Incluye la entrega de servicios de salud oportunos, resolutivos y de calidad que satisfacen las necesidades de las mujeres al mismo tiempo que garantizan el derecho a la salud, a la no discriminación, al consentimiento informado, al buen trato, entre otros.

8. Implica adoptar medidas para garantizar la totalidad de los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva.

9. en el caso de México, implica adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, la violencia basada en el género, el matrimonio precoz y/o forzado, el embarazo a temprana edad y, otras prácticas nocivas que aún se mantienen vigentes en muchas de nuestras comunidades.

Lo anterior, favorece a crear un entorno propicio para que las mujeres reclamen sus derechos, lo que implica:

– Garantizar el acceso a la educación integral de la sexualidad, el acceso a información sobre salud sexual reproductiva, y la eliminación de las leyes y prácticas.

– Trabajar a favor del acceso universal a los servicios de salud materna, incluyendo los servicios de anticoncepción y planificación familiar, lo que implica.

• La cobertura universal de los servicios para toda la población, incluyendo a las personas que viven en situación de pobreza y las/los adolescentes.

• La expansión de los servicios para que éstos lleguen a todas las localidades incluyendo aquellas aisladas y dispersas.

• Asegurar que las instalaciones, bienes y servicios, estén disponibles, accesibles, aceptables y de buena calidad.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado federal:

Con fecha 16 de marzo del año en curso, con fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracciones VII, VIII, XII Y XIII, así como 15, fracción VIII, de la ley que rige la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que la faculta para impulsar acciones encaminadas a reforzar la protección y observancia plena de los derechos humanos, a través de recomendaciones, diagnósticos y opiniones, entre otros documentos que constituyen un referente para ello, se emitió el Pronunciamiento sobre el derecho a la protección de la salud de las personas internas en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.(2)

(2) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Derivado de lo anterior, me permito enviarlo anexo al presente, en espera de que éste contribuya a orientar las políticas públicas que garanticen el respeto por los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros de reclusión.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a febrero de 2016.(3)

(3) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Asimismo se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregadas por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con febrero de 2015.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para febrero de 2016.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo décimo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 150, numeral 1, fracción VIII, y 157, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta el reporte siguiente:

Aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2016.— Diputado Alfredo del Mazo Maza (rúbrica), Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

SOLICITUD DE LICENCIA

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, en su carácter de diputado federal integrante de la LXIII Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite exponer:

Que con base en lo establecido en los artículos 6o., fracción XVI, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted licencia para separarme del ejercicio de mi encargo, a partir del 29 de marzo del presente año y por tiempo indefinido.

Por lo expuesto, solicito que se dé el curso legal que corresponda a mi solicitud. Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.— Diputado Alberto Silva Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A la Secretaría pido dar cuenta con los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alberto Silva Ramos, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el tercer distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

MINUTA

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 1-A; la fracción III del artículo 7; las fracciones I y II del artículo 13; los párrafos primero y segundo de la fracción I y último párrafo del artículo 14; el párrafo primero del artículo 17; el párrafo primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 19; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 24; el párrafo primero del artículo 25; el artículo 26; el primer párrafo y se elimina el segundo párrafo del artículo 27; las fracciones III y IV y se elimina el tercer párrafo del inciso b) de la fracción II del artículo 28; el artículo 47; el párrafo segundo, inciso a), fracción I del artículo 48; el primer párrafo del artículo 49; los párrafos segundo y sexto del artículo 52; el último párrafo del artículo 53; la fracción II y se eliminan los párrafos penúltimo y último del artículo 57; el último párrafo del artículo 58; el artículo 58-J; el artículo 58-2; el artículo 58-13; el artículo 59; el artículo 65; el artículo 66; el párrafo primero, la fracción II y el párrafo segundo del artículo 67; el artículo 68; el primer párrafo del artículo 75; el primer párrafo del artículo 77. Se adicionan la fracción III Bis del artículo 1-A; el segundo párrafo del artículo 4, recorriéndose el subsecuente; un párrafo tercero al artículo 5, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 7 Bis; la fracción XVI al artículo 8, recorriéndose la subsecuente; un cuarto párrafo al artículo 19; el artículo 28 Bis; un párrafo segundo a la fracción I y los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 43; un párrafo segundo al artículo 58-12; la fracción X al artículo 63; un tercer y cuarto párrafo al artículo 67. Se DEROGAN: la fracción X del artículo 1-A; el párrafo segundo del artículo 27; la fracción III del artículo 52; las fracciones III y IV del artículo 67; y el artículo 69, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1-A. ...

I. y II. ...

III. Boletín Jurisdiccional: Medio de comunicación oficial electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

III Bis. Aviso electrónico: Mensaje enviado a la dirección de correo electrónico de las partes de que se realizará una notificación por Boletín Jurisdiccional.

I. a IX. ...

X. (Se deroga)

XI. a XVI. ...

Artículo 4o. ...

Las personas morales para presentar una demanda o cualquier promoción podrán optar por utilizar su firma electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal; en el primer caso, el titular del certificado de firma será la persona moral.

Artículo 5o. ...

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el Sistema de Justicia en Línea de demandas o promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral, la hizo el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al momento de la presentación.

Artículo 7o. ...

I. y II. ...

III.Informan el estado procesal que guarda el juicio a personas que no estén autorizadas por las partes en los términos de esta Ley, salvo que se trate de notificaciones por Boletín Jurisdiccional o en los supuestos en que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, disponga que tal cuestión deba hacerse de su conocimiento.

...

Artículo 7o Bis. Las partes, representantes legales, autorizados, delegados, testigos, peritos y cualquier otra persona, tienen el deber de conducirse con probidad y respeto hacia sus contrapartes y funcionarios del Tribunal en todos los escritos, promociones, oficios, comparecencias o diligencias en que intervengan; en caso contrario, el Magistrado Instructor, los Magistrados Presidentes de las Secciones o el Magistrado Presidente del Tribunal, previo apercibimiento, podrán imponer a la persona que haya firmado la promoción o incurrido en la falta en la diligencia o comparecencia, una multa entre cien y mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento en que se incurrió en la falta. De igual manera, podrá imponerse una multa, con esos parámetros, a quien interponga demandas, recursos o promociones notoriamente frívolas e improcedentes.

Artículo 8o. ...

I. a XV. ...

XVI. Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones.

XVII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa.

...

Artículo 13. ...

I.De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:

a)...

b)...

II.De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo.

III. ...

...

...

...

Artículo 14.

I. El nombre del demandante, domicilio fiscal, así como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, y su dirección de correo electrónico.

Cuando se presente alguno de los supuestos a que se refiere el Capítulo XI, del Título II, de esta Ley, el juicio será tramitado por el Magistrado Instructor en la vía sumaria.

II. a VIII. ...

...

...

...

...

...

Cuando no se señale dirección de correo electrónico, no se enviará el aviso electrónico que corresponda.

Artículo 17. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

I. a V. ...

Artículo 18. El tercero, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio mediante escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto.

Artículo 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

...

...

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el tribunal, así como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes puedan promover juicio de lesividad, deben registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contencioso administrativos, para el efecto del envío del aviso electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea.

Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor.

La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta ley.

Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta ley.

Artículo 25. El acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, deberá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, en dicho acuerdo se ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de setenta y dos horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

Artículo 26. El magistrado instructor podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo.

Artículo 27. En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, el Magistrado Instructor las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar, mediante indemnización, los daños y perjuicios que con ellas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio; garantía que deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y quedará a disposición de la Sala Regional que corresponda. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se requerirá a las partes afectadas para que proporcionen todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía.

Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el Tribunal, considerando las circunstancias del caso, podrá no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno, deberá condenarla a pagar la indemnización administrativa que corresponda.

Artículo 28. ...

I....

a)...

b)

II. ...

a)...

1. ...

2. ...

b)En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable.

En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

c)...

d)...

III. ...

a)La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva.

b)...

c)El magistrado instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud.

d)El magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes.

IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el magistrado instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

V. ...

Artículo 28 Bis. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes:

I.Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

II.Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria;

III.Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o

IV.Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente.

No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por el Magistrado Instructor.

Artículo 43....

I....

Los peritos deberán rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer sus razones o sustentos en los que se apoyan, por lo que no deberán sustentar su dictamen en las respuestas expuestas por otro perito, ni remitirse a ellas para justificar su opinión técnica.

II. a V. ...

El magistrado instructor, dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del acuerdo que tenga por rendido el dictamen del perito tercero, podrá ordenar que se lleve a cabo el desahogo de una junta de peritos, en la cual se planteen aclaraciones en relación a los dictámenes. El acuerdo por el que se fije el lugar, día y hora para la celebración de la junta de peritos deberá notificarse a todas las partes, así como a los peritos.

En la audiencia, el magistrado instructor podrá requerir que los peritos hagan las aclaraciones correspondientes, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente.

En el caso de la Sala Superior del Tribunal, el magistrado ponente podrá ordenar directamente la reapertura de la instrucción del juicio, a efecto de que la junta de peritos se realice en la Secretaría General o Adjunta de Acuerdos o en la Sala Regional, la cual podrá llevarse a cabo a través de medios electrónicos.

Artículo 47. El magistrado instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia; dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión a la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley.

Artículo 48. ...

I. ...

a)...

Tratándose de la cuantía, el valor del negocio será determinado por el pleno jurisdiccional de la Sala Superior, mediante la emisión del acuerdo general correspondiente.

b)...

II. ...

a) a d)...

Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo 9o de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

...

...

...

Artículo 52. ...

I. y II. ...

III. (Se deroga)

IV. y V. ...

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme.

...

...

...

Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

...

...

Artículo 53.

I. a III. ...

A partir de que quede firme una sentencia y cause ejecutoria, correrán los plazos para el cumplimiento de las sentencias, previstos en los artículos 52 y 58-14 de esta ley.

Artículo 57. ...

I. ...

II.En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley.

Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

Artículo 58. ...

I. a IV. ...

Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición.

Artículo 58-J. Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal en términos del presente capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas electrónicas avanzadas de los magistrados y secretarios de acuerdos que den fe según corresponda.

Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

I. a V. ...

Para determinar la cuantía en los casos en los incisos I), III), y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

La interposición del juicio en la vía incorrecta no genera el desechamiento, improcedencia o sobreseimiento. En todos los casos, y en cualquier fase del procedimiento, mientras no haya quedado cerrada la instrucción, el magistrado instructor debe reconducir el juicio en la vía correcta, debiendo realizar las regularizaciones que correspondan, siempre y cuando no impliquen repetir alguna promoción de las partes.

Artículo 58-12.

En el momento en que el Magistrado Instructor advierta que el expediente se encuentra debidamente integrado, otorgará a las partes un término de tres días para que formulen alegatos, quedando cerrada la instrucción una vez fenecido dicho plazo, con o sin la presentación de dichos alegatos.

Artículo 58-13. Una vez cerrada la instrucción, el magistrado pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes, salvo en los casos en que se haya ejercido facultad de atracción, o se actualice la competencia especial de la Sala Superior, supuestos en los cuales, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, inciso d), de esta Ley, a efecto de que sea resuelto por el Pleno o la Sección respectiva, con los plazos y las reglas correspondientes a ello, de conformidad con esta ley.

Artículo 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate.

Artículo 63. ...

I. a IX. ...

X. Que en la sentencia se haya declarado la nulidad, con motivo de la inaplicación de una norma general, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad realizado por la sala, sección o pleno de la Sala Superior.

...

...

...

...

Artículo 65. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico institucional según sea el caso, de que se realizará la notificación, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el Boletín Jurisdiccional.

Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos.

Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado la notificación por Boletín Jurisdiccional, podrán apersonarse en el Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez realizada la notificación por Boletín Jurisdiccional, las partes, cuando esto proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin la entrega de los traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. El Actuario o el Secretario de Acuerdos, en todos los casos, previo levantamiento de razón, entregará los traslados de ley.

La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones designadas por el Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por el artículo 67 de esta ley.

Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el caso del emplazamiento, el escrito de demanda correspondiente.

Artículo 66. La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o Sala, se publicará en el Boletín Jurisdiccional.

En el Boletín Jurisdiccional deberá indicarse la denominación de la Sala y ponencia del magistrado que corresponda, el número de expediente, la identificación de las autoridades a notificar y, en términos de la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales, en su caso, el nombre del particular; así como una síntesis del auto, resolución o sentencia. El Boletín Jurisdiccional podrá consultarse en la página electrónica del Tribunal o en los módulos ubicados en la Sala en que estén radicados los juicios.

La Junta de Gobierno y Administración, mediante lineamientos, establecerá el contenido de la síntesis del auto, resolución o sentencia, así como las áreas, dentro del Tribunal, en las cuales serán entregados los traslados de ley; y en su caso, los mecanismos que permitan a las partes conocer el auto, resolución o sentencia correspondiente.

Artículo 67. Las notificaciones únicamente deberán realizarse personalmente, o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de las resoluciones siguientes:

I. ...

II.La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

En los demás casos, las notificaciones deberán realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional.

Para los efectos señalados en las fracciones anteriores, una vez que las partes y el testigo se apersonen en el juicio, y el perito haya comparecido para aceptar y protestar el cargo, deberán señalar dirección de correo electrónico, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en los términos del artículo 14, último párrafo, de la presente ley.

El magistrado instructor podrá, excepcionalmente, ordenar la notificación personal, por oficio o por correo certificado con acuse de recibo a las partes, atendiendo a su situación concreta, para lo cual deberá fundar y motivar esa determinación en el acuerdo respectivo.

Artículo 68. El actuario deberá asentar razón de las notificaciones por Boletín Jurisdiccional, de las notificaciones personales o del envío por correo certificado, atendiendo al caso de que se trate. Los acuses de recibo del correo certificado se agregarán como constancia al expediente.

Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta obligación, se le impondrá una multa de una a tres veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, sin que exceda del 30 por ciento de su salario. Será destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso de reincidencia.

El tribunal llevará en archivo especial las publicaciones atrasadas del Boletín Jurisdiccional y hará la certificación que corresponda, a través de los servidores públicos competentes.

Artículo 69. (Se deroga)

Artículo 75. Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por el Pleno de la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete Magistrados, constituirán precedente, una vez publicadas en la Revista del Tribunal.

...

...

Artículo 77. En el caso de contradicción de sentencias, interlocutorias o definitivas, cualquiera de los magistrados del tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciar tal situación ante el presidente del Tribunal, para que éste la haga del conocimiento del Pleno el cual, con un quorum mínimo de siete Magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.

Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo, de esta Ley, las dependencias, organismos o autoridades contarán con un plazo de tres meses para registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contencioso administrativos, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todas las referencias hechas al Boletín Electrónico, se entenderán realizadas al Boletín Jurisdiccional.

Quinto. Respecto de los montos señalados en la presente Ley, para determinar la cuantía de los juicios que se tramitan en la vía sumaria, así como para fijar las multas que se impondrán en caso de no cumplimentar lo estipulado en el articulado de la presente Ley, dejará de considerarse al salario mínimo como unidad de medida una vez que entre en vigor la Ley Reglamentaria al “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de enero de 2016.

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta;senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El siguiente capítulo es el referido a la presentación de iniciativas de diputadas y diputados.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Fomento para la Lectura y el Libro, y Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Brenda Velázquez Valdez, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27, se adicionan el inciso E al artículo 5, y el último párrafo al artículo 27 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Exposición de Motivos

El libro es uno de los pilares de la cultura y una de las bases de la civilización. En el libro se plasma y se difunde el conocimiento, las artes y el progreso científico. Este instrumento cultural es un derecho, y lo conforman la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. Nadie debe quedar excluido de la oportunidad de leer y de participar en la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen. Así lo garantiza nuestra Carta Magna. Es obligación del Estado promover a lectura y velar porque se cumplan estos preceptos constitucionales.

Para cumplir este propósito, que nos beneficia a todos, las editoriales independientes juegan un papel fundamental: hacen posible la publicación y difusión de los bienes literarios, creados por mexicanos que, de lo contrario, difícilmente llegarían a ser publicados por las editoriales comerciales. Y es que las editoriales independientes ofrecen muy buenos contenidos culturales. Lo hacen, porque no forman parte de ninguna cadena exclusivamente mercantil. Por tanto, no predominan en ellas los criterios de rentabilidad. Esta es una ventaja para la diversidad cultural. Y es una ventaja para el público lector.

Esta es la razón por la que las editoriales independientes son consideradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como industrias de gran valor cultural. Y en México tenemos muchas y muy buenas. Leo algunas cifras del Informe Estadístico de Librerías, 2014, que presentó la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana: de un total de mil 204 puntos de venta de libro encuestados, 62 por ciento son librerías tradicionales, 19 por ciento editoriales independientes y 7 por ciento librerías universitarias.

Como puede verse, en México hay menos editoriales independientes que librerías tradicionales. Esta disparidad no es casual; se debe a que aquí no existe libre competencia. Las editoriales comerciales más poderosas brindan mayores descuentos a las librerías tradicionales, dejando fuera de estas ventajas a las editoriales independientes. Si no hacemos algo, si no legislamos al respecto, a la larga las editoriales independientes terminarán por desaparecer del mercado, desplazadas por la competencia mercantilista. No podemos aceptarlo.

Recordemos que la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro señala, en su artículo 22, que: “El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”. Sin embargo, en la práctica, no hay un precio único para la venta del libro. El suelo no es parejo; muchas editoriales no respetan esta ley. La competencia entre editoriales comerciales e independientes es injusta y desigual. Predominan los intereses comerciales sobre los culturales.

Hace falta legislar para sancionar a quienes violen el artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Hace falta que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las sanciones correspondientes a quienes incumplan la ley. Hace falta garantizar la permanencia de las librerías de editoriales independientes. Tengamos claro que está de por medio el derecho a la libre expresión de las ideas. Y, sobre todo, la preparación y la cultura que debemos inculcar a nuestros hijos.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, se presenta el siguiente

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27, se adicionan el inciso E al artículo 5, y el último párrafo al artículo 27 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 1.Se propone reformar el primer párrafo del artículo 27, se adicionan el inciso E al artículo 5, y el último párrafo al artículo 27 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 5.Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley en el ámbito de sus respectivas competencias:

..

E. La Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo 27. Las acciones para detener y reparar las violaciones al precio único establecido en esta ley pueden ser emprendidas por cualquier competidor, por profesionales de la edición y difusión del libro, así como por autores o por cualquier organización de defensa de autores, y por consumidores o por cualquier organización de defensa de consumidores.

...

Siendo la Procuraduría Federal del Consumidor el organismo competente para proteger y vigilar la venta de libros a los consumidores, y recibir las denuncias de violaciones al precio único establecido en esta ley y, en su caso, aplicar las sanciones y medidas correspondientes aplicables previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 2. Se propone adicionar la fracción XIII Bis al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar de la siguiente manera;

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a XIII. ...

XIII Bis. En el caso del precio único del libro, vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en la materia previstas en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y, en su caso, aplicar las sanciones y demás medidas aplicables establecidas en esta ley;

XIV. a XXIV. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Economía, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, del Artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.En los últimos años, y al día de hoy, tenemos en México un fuerte estancamiento de la economía causado entre otros factores por la pérdida de inversión derivada de la baja confianza empresarial y el tipo de cambio del dólar.

II. Por otra parte la industria de la construcción ha venido con una racha negativa en los últimos años, con constantes caídas y una gran volatilidad. Siendo que desarrolladoras como ARA han tenido que salir del índice de precios y cotizaciones (IPC), y otras como GEO, han caído en concurso mercantil.

III. La política de vivienda ha intentado incrementar el número de créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, buscando un dinamismo en el sector de la vivienda. Sin embargo, a partir del año 2008 ha venido aumentando la cartera vencida hipotecaria para casi todas las instituciones que otorgan este tipo de crédito y dado que ni el empleo ni el crecimiento económico han aumentado, las personas que adquirieron un crédito, y quedaron desempleadas, dejaron de pagarlo y de aportar sus cuotas.

IV. Como sector estratégico, el sector de la construcción aporta cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y participa en la generación de casi 6 millones de empleos, según datos del INEGI, por lo cual, para reactivar al sector y a su vez lograr que las familias tengan acceso a una vivienda, es necesario reactivar las expectativas de las empresas y la generación de empleos formales que permitan que los créditos sean pagados.

V. Por otro lado, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece para la deducción de los inmuebles que adquieren las personas físicas o morales, para la realización de sus actividades profesionales o empresariales, el sistema de depreciación; es decir, el costo por la adquisición de un inmueble no se recupera en el ejercicio en que se eroga sino que se va recuperando a lo largo del tiempo.

VI. En relación con lo anterior, los artículos 33, 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, establecen los porcentajes máximos de deducción que son aplicables a los distintos activos fijos que pueden deducir las personas físicas y morales con actividades profesionales o con alguna actividad comercial, al encontrarse dentro del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que regula la tributación de las personas morales y por remisión del propio Título Cuarto de la Ley en comento, que para el caso que nos ocupa estable lo siguiente:

Artículo 34.Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I.Tratándose de construcciones:

a)10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

b)5% en los demás casos.

Como se puede observar este porcentaje es muy bajo, considerando la situación de recesión y estancamiento económico que vive el país, pues si un comerciante adquiere un inmueble para realizar un negocio tardaría 20 años en recuperar el costo.

VII. La recesión obliga a tomar medidas para reactivar la economía y fomentar el comercio. En éste contexto, y siendo que el gasto público a lo mucho representa cerca del 20% del PIB, y el gasto familiar alcanza el 80% restante, la lógica sería fortalecer el ingreso familiar e incentivar el consumo de bienes y servicios.

VIII. Tenemos también que contrario a la lógica esperada, para la Reforma Fiscal que entró en vigor a partir de enero de 2014, se aumentaron impuestos a asalariados, profesionistas y pequeños comerciantes, entre otros; es decir, al sostén de la economía. Asimismo, en vez de buscar impuestos con una tendencia de “expensig” o depreciaciones aceleradas a fin de fomentar el consumo, la tendencia fue a desaparecer las deducciones aceleradas en las Leyes Fiscales. Esta no es una medida que ayude a fomentar el consumo y la economía

IX. En esa misma lógica se propone que se regrese a un sistema que fomente las deducciones aceleradas, entendiendo “aquellas que se realizan de tal forma que el activo fijo de que trate quede completamente deducido en el ejercicio en que se adquiere”; o bien, a un sistema mixto como el que se contenía el la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013 y que es “aquel en donde un porcentaje importante del activo fijo de que se trate se deduce en el ejercicio en que se adquiere”, dejando el resto del porcentaje a recuperarse por depreciación durante los años siguientes.

El objetivo de lo anterior es que el contribuyente pueda recuperar una mayor parte de su costo en el ejercicio en que se eroga, dándole a las compra de activos fijos y demás inversiones la modalidad de un impuesto que fomentará el consumo, tal y como en su momento lo hacía el Impuesto Empresarial a Tasa Única actualmente derogado, y considerando que: Ingreso = Consumo (+) Ahorro.

X. Para tales efectos y buscando un equilibrio que no afecte negativamente y de golpe la recaudación, se propone que el tiempo en que los comerciantes puedan recuperar el costo de los inmuebles que adquieren para realizar su negocio se reduzca de 20 años a 10 años, y que, tratándose de inmuebles que se vayan a destinar a la construcción de casa habitación, el contribuyente pueda recuperar su costo en solo 4 años.

Por estas razones, propongo reformar la fracción I, del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, modificando el inciso a y b), y adicionar un inciso c), para ampliar el porcentaje máximo de deducción para la adquisición de inmuebles y estableciendo un nuevo porcentaje para la adquisición de inmuebles que se destinen a la construcción de vivienda.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción I, del Artículo 34, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34.Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. Tratándose de construcciones:

a) 20% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

b) 25% para inmuebles que hayan de destinarse a la construcción de casa habitación.

c) 10% en los demás casos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo señalado dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los numerales 6, 77 y 78, es de someter a consideración de este pleno iniciativa de decreto, para reformar el Artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, dejando exento del pago a los vehículos eléctricos e híbridos de este impuesto, para lo cual presento la siguiente

Exposición de Motivos

El transporte es el mayor causante de la contaminación atmosférica y la cantidad de vehículos particulares que transitan por nuestras ciudades y carreteras hacen que este problema se incremente día con día, en las grandes y medianas ciudades de nuestro país el problema de como resultado semanas de contingencia ambiental grave, por lo tanto este fenómeno es el principal culpable de la mala situación de la calidad del aire, lo cual significa que el uso del coche provoca en gran medida el grave problema de contaminación.

Nuestras actividades cotidianas se han organizado en relación con el transporte, tanto particular o público, no entenderíamos el funcionamiento de nuestras ciudades sin estos elementos, a medida que hemos ido tecnificando nuestro entorno, los medios de transporte han adquirido un carácter más mecanizado, buscando satisfacer dos tendencias básicas, por un lado aumentar las velocidades y por otro propiciar la independencia relativa del usuario, somos una sociedad que ha buscado una mayor comodidad y eficiencia pero, por otra parte, hemos originado un crecimiento en muchos casos intolerable de los impactos ambientales y sociales asociados a esta actividad, entre ellos la contaminación del aire y un tráfico desquiciado.

Si atendemos al transporte por carretera y en ciudad, el coche privado consume menos de la mitad de los recursos energéticos totales que se consumen en el país, mientras que el transporte público únicamente el 10 por ciento aunque este último es mucho más contaminante, emite entre el 30 y el 40 por ciento de los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión, son también responsables de la mayoría de las emisiones de dióxido de azufre, este transporte circula tanto en carreteras como en las ciudades, lo que genera un gran problema, se ha demostrado que la atmósfera puede albergar sustancias contaminantes, aunque en cantidades menores pueden ser eliminadas sin afectar a su capacidad de regeneración, sin embargo, a partir de determinado nivel de concentración se pueden producir efectos nocivos, sobre los seres vivos y también sobre los materiales.

La contaminación generada excede la capacidad de la atmósfera para procesarla, dando lugar a una concentración amenazante para la vida, las personas que viven en las grandes ciudades o con mucha contaminación, presentan más síntomas de enfermedades respiratorias y altas posibilidades de sufrir infartos, algunos estudios científicos afirman que existe una correspondencia directa entre el aumento de las partículas contaminantes y el engrosamiento de la pared interna de las arterias, y puede llegar a provocar afecciones cardiovasculares como el infarto. Otros efectos que observamos en la salud y tristemente en los casos de niños, es la bronquitis y lento crecimiento pulmonar, también es un factor que algunas mujeres embarazadas, que viven en zonas contaminadas, tuvieron bebés con menos peso de lo esperado.

Para los que vivimos en las grandes ciudades es muy común sentir estos síntomas, irritación de ojos, nariz y garganta, dificultad e infecciones respiratorias, ataques de asma y taquicardias, sabemos que no es algo normal, pero estamos resignándonos a vivir con estos efectos que a la larga nos acarrearán enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, el costo de la contaminación es muy alto, debemos ser conscientes y ponderar la diferencia entre la acción recaudatoria de la Ley a reformar, con la prevención y conservación de la salud.

Los más vulnerables frente a la contaminación atmosférica son los niños, los ancianos, las embarazadas y los enfermos de las vías respiratorias, señores legisladores es nuestra obligación estructurar políticas públicas que generen un impacto benéfico en la población, el hacer un medio ambiente más sano, de mejor calidad y prevenir enfermedades, estaríamos cumpliendo con esta misiva, al reformar la Ley en comento daríamos el pequeño incentivo de adquirir vehículos más amigables con el entorno, este incentivo no debería ni siquiera ponerse en la balanza de costo beneficio; La Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, es de carácter recaudatoria, su frutos son repartidos entre las entidades federativas, pero el beneficio de obtener un ambiente limpio y sin carga contaminante directamente beneficia toda la población y al mundo entero en sí.

El índice medio de ocupación de los vehículos privados es de 1,2 personas por coche, la mitad de los desplazamientos que se realizan en coche son para recorrer menos de 3 kilómetros, y un 10 por ciento para menos de 500 metros, si tuviéramos la mayoría de vehículos eléctricos e híbridos el índice de contaminación seria mínimo y la misma naturaleza en encargaría de eliminar los excedentes, los vehículos eléctricos se dividen en dos tecnologías principales, los coches eléctricos de baterías (BEV siglas en inglés para referirles) y los de pila de combustible (FCEV) y los vehículos híbridos (HEV), que no son más que un coche que combina dos tipos de propulsión, combustión interna y eléctrica.

Los beneficios de los vehículos eléctricos es que no producen ninguna emisión contaminante en su entorno a la hora de estar en uso, solo se produce contaminación en los lugares de generación la energía eléctrica, pero en mucho menor escala a la que se produciría en el desplazamiento del carro con combustión interna, para producir electricidad se realiza en lugares aislados de las poblaciones, controlados y en menor cantidad de contaminación, lo que le da la oportunidad a la naturaleza de hacer la labor de regenerativa y si sumamos que el origen de la energía sea renovable solar, eólica, mareomotriz, o geotérmica las emisiones serian mínimas, por otra parte, estos vehículos son lo más eficiente que hay, convierten en movimiento más del 90 por ciento de la energía que consumen, siendo un beneficio mucho mayor.

Los autos híbridos cuentan con dos tipos de motores uno eléctrico y una de combustión interna y funcionan intercambiando estas dos tecnologías lo que hace que sean muy eficientes, ya que el motor eléctrico se utiliza para mover el coche con o sin el motor de combustión y el motor eléctrico está en función cuando se encuentra inerte el carro y con poca aceleración y el de combustión entra en operación cuando requieres una mayor aceleración, este cambio se realiza lo más suave posible, en automático alcanzando cierta velocidad, haciendo muy económico el consumo de combustible y por lo tanto disminuyendo considerablemente la contaminación emitida.

El cambio climático es uno de los males que la humanidad debe afrontar, sin vacilación, la electricidad es el futuro, se puede sacar de cualquier lado y la naturaleza la da todos los días, debemos comenzar a incentivar la compra y producción de este tipo de vehículos, al realizar esta reforma estaríamos en sintonía con un beneficio sin precedentes para nuestra vida y las futuras generaciones, los coches híbridos tendrán un compromiso entre las ventajas de los dos mundos el actual y el futuro y pocos inconvenientes, es necesario ocuparnos realmente de nuestro medio ambiente y dejar a un lado la demagogia y entrar en acción.

Por lo anteriormete expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IV de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Artículo Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:

De 1 a 7 ...

Artículo 8o.No se pagará el impuesto establecido en esta ley, en los siguientes casos:

I. . . .

II. . . .

III. . . .

IV. En la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, a los vehículos eléctricos o híbridos, sea cual fuere su precio, capacidad de carga, cilindraje, y actividad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2016.— Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en una sola intervención. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Con su permiso, señor presidente. Presento iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y se adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Como una forma de fortalecer la protección a los derechos humanos previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales, resulta necesario que los criterios y principios en los que se basa dicha tutela sean incorporados a toda la legislación de nuestro país.

Se observa que en el Código Civil federal aún se regulan las causales de divorcio y, por consecuencia, su acreditamiento es indispensable para disolver el vínculo matrimonial que une a los interesados, lo cual constituye una carga procesal que condiciona el ejercicio de su dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, como derechos humanos, lo cual es preocupante, razón por el que el texto legal debe modificarse para eliminar aquellas disposiciones anacrónicas.

En la misma situación se encuentra el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya redacción actual también se propone modificar mediante esta iniciativa, para hacer corresponder con los ajustes que se hagan al Código Civil federal.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente se ha pronunciado sobre el particular, mediante una jurisprudencia y diversas tesis aisladas, los cuales son criterios que refieren que las causales de divorcio, como una figura inconstitucional, por lo que resulta indispensable que toda la legislación sea ajustada a la realidad.

Asimismo presento otra iniciativa con proyecto de decreto también del Código Civil federal, que si bien es cierto que la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cuyo artículo 41 establece la prohibición de contraer matrimonio a los menores de 18 años, también es una realidad que existen pendientes al respecto, ya que no toda la legislación se encuentra armonizada en dichos términos, tal como sucede en el Código Civil federal. Por lo que es necesario que este ordenamiento sea ajustado. Así, dicha iniciativa busca derogar y reformar aquellas disposiciones del Código Civil federal para prohibir que los menores de 18 años contraigan matrimonio y, de esta manera, armonizar con el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, situación que fortalecerá dicha prohibición y ampliará sus efectos.

Tal propuesta encuentra sustento en una recomendación emitida en el 2015 por el Comité de los Derechos de las Niñas de las Naciones Unidas, lo cual señala que el Estado mexicano debe tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar la eficaz implementación de dicha prohibición legal.

De aprobarse esta iniciativa, se estaría contribuyendo a la protección de la juventud mexicana, al robustecer la tutela de sus derechos fundamentales y sumarse al combate contra aquellos factores que la perjudican y ponen en riesgo su bienestar. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Civil Federal, y Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado federal Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por la que se derogan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, así como también se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La promoción, respeto, protección y garantía que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en territorio nacional, ha significado un cambio de paradigma para el sistema jurídico mexicano, puesto que se han ampliado los márgenes de esa protección, misma que se debe efectuar bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en términos de lo previsto en el artículo 1o. de la referida Carta Magna, generándose implícitamente la obligación para que todas las autoridades se apeguen a ello, y para que dichos estándares se armonicen y prevalezcan en la legislación ordinaria.

En ese sentido, es importante que el espíritu de esa protección constitucional a los derechos humanos sea incorporado a la legislación federal, local y normatividad municipal, con la finalidad de que dicha obligación que tienen todas las autoridades de nuestro país, también sea visible en los ordenamientos en los que fundamentan el ejercicio de sus facultades, lo cual puede repercutir en la simplificación de los tramites, ejercicio de sus derechos o en los procedimientos o recursos legales previstos en las diferentes ordenamientos.

Así, la redacción de aquellas disposiciones que aún regulan las causales de divorcio en el Código Civil Federal, violentan la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, como derechos humanos de las personas, puesto que imponer como carga procesal su acreditación en juicio, constituye un condicionamiento para que las personas puedan decidir libremente sobre la conducción de su vida, y en este rubro se encuentra la decisión de disolver el vínculo matrimonial, lo cual puede responder a diversas causas, pero siempre buscando eliminar toda circunstancia que sea nociva para las personas inmersas en ese núcleo o que obstaculice su desenvolvimiento como persona, para generar nuevas circunstancias en las que sea posible su bienestar.

En ese sentido, debemos comprender a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad en términos del siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

Época: Novena

Época Registro: 165822

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Civil, Constitucional

Tesis: P. LXVI/2009 Página: 7

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende.De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

En ese orden de ideas, la propuesta que el suscrito realiza, tiene como finalidad la armonización de diversas disposiciones del Código Civil Federal, con el contenido del artículo 1º Constitucional, derogando aquellas disposiciones que aun regulen las causales de divorcio, así como reformar aquellas otras en las que se haga referencia a las mismas, al ser un impedimento para que las personas puedan ejercer libremente sus derechos humanos sin restricción alguna, máxime si se trata de la conducción y de su proyecto de vida.

El libre albedrío de las personas y sus manifestaciones de su voluntad, siempre serán un presupuesto del goce y disfrute de sus derechos humanos, puesto que al contar con un proyecto y planes de vida, pueden decidir la forma de conducirla, por lo que así como pudieron haber decidido contraer nupcias con determinada persona, de ese mismo modo pueden decidir dar por terminada la unión en comento, independientemente de la causa en la que basen su determinación, lo que es aún más justificable cuando se trata por conflictos o desgaste en el vínculo, dejando a salvo los derechos de tercero para poder resolver jurídicamente las consecuencias inherentes de la ruptura matrimonial, como es el caso de los alimentos que deben recibir los menores de edad, la guarda custodia, así como el régimen de visitas y convivencias al que deben sujetarse con alguno de sus padres.

En muchas de las ocasiones la decisión de disolver el vínculo matrimonial, puede obedecer a la existencia de circunstancias que hacen imposible la consecución de las finalidades de dicha unión y que han generado un desgaste en los lazos afectivos que deben existir en ella, razón por la que resulta justificable que ante tales circunstancias, se opte por el divorcio, lo cual evitara la existencia de un ambiente inapropiado para los cónyuges, y más aun de los menores de edad que hayan procreado, si es el caso.

A pesar de que también se encuentra regulada la disolución voluntaria del matrimonio, al firmarse conjuntamente una demanda por ambos cónyuges, es necesario que también se prevea la posibilidad en la que debido a la ausencia de condiciones, sea sólo uno de los cónyuges el que presente la demanda de divorcio para resolver la problemática familiar en la que se encuentra inmerso, sin que ello implique la obligación procesal de acreditar las referidas causales y la calidad de cónyuge culpable de su contraparte.

La problemática de mantener esta redacción en el Código Civil Federal, radica en que sí a consideración del juzgador, el promovente del divorcio no logra acreditar durante la secuela procesal las circunstancias o aquellos aspectos que tengan repercusiones negativas, no sólo en su persona, sino también en los hijos que se hayan procreado, sí es el caso, dicho vinculo seguirá existente y ese núcleo familiar continuara envuelto en esas circunstancias negativas, prologándose en el tiempo los daños y repercusiones que pudieran seguirse ocasionando en el sano desarrollo físico y mental tanto de los menores de edad, como de los aun cónyuges.

Tal situación es preocupante, ya que se desnaturaliza el objetivo primordial de las leyes, al darle prioridad a una rigidez procesal, en lugar de buscar proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en un núcleo familiar desgastado y que no garantiza un ambiente apto para el sano desarrollo físico y mental de las menores de edad, cuando es el caso, además de someter a los cónyuges a la continuidad de un vínculo proclive a la agudización de los conflictos.

Este tipo de propuestas, forman parte de una modernización que se debe de realizar en la regulación de este tipo de figuras, mismas que se encuentran previstas en ordenamientos federales, por lo que toda la legislación en su conjunto, debe guardar consonancia con la Carta Magna, tal como lo refieren los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismos que a la letra dicen lo siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2009591

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 20, Julio de 2015, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.)

Página: 570

Divorcio necesario. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones análogas). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de abril de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época

Registro: 2010495

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I

Materia(s): Civil

Tesis: 1a. CCCLXVI/2015 (10a.)

Página: 975

Divorcio necesario. La inexistencia de la categoría de cónyuge culpable no incide en las instituciones del derecho familiar (legislación del estado de Jalisco). Esta Primera Sala ha establecido que el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco, en el cual se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges para divorciarse, resulta inconstitucional, pues constituye una medida legislativa que restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ende, el juzgador debe decretar el divorcio sin necesidad de acreditar la figura de “cónyuge culpable”. La eliminación de dicha categoría no incide en las instituciones del derecho familiar, como alimentos, guarda y custodia, compensación, etc., en tanto que estas instituciones deberán tramitarse y resolverse de acuerdo a su propia naturaleza y características, funcionando de manera independiente al sistema de causales de divorcio.

Amparo directo en revisión 3979/2014. 25 de febrero de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época

Registro: 2010056

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III

Materia(s): Constitucional

Tesis: XX.2o.2 C (10a.)

Página: 2067

Divorcio necesario. El artículo 263 del Código Civil para el estado de Chiapas, al exigir, en el régimen de disolución del matrimonio, la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad en el ordenamiento jurídico mexicano y conforme a los lineamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmados en la tesis aislada P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: “Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende.”, es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. Por tanto, el artículo 263 del Código Civil para el Estado de Chiapas, al exigir, en el régimen de disolución del matrimonio, la acreditación de causales, cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y lo restringe injustificadamente, toda vez que no resulta idóneo para perseguir alguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público, por lo que es inconstitucional. En consecuencia, los Jueces de esta entidad no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal; de tal manera que, para decretarlo, basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. Sin embargo, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencia con el padre, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Amparo directo 341/2015. 25 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Sánchez Montalvo. Secretario: Luis Alfredo Gómez Canchola.

Amparo directo 413/2015. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Sánchez Montalvo. Secretaria: Irma Elizabeth Monzón Velasco.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época

Registro: 2009512

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 19, Junio de 2015, Tomo III

Materia(s): Constitucional

Tesis: III.2o.C.25 C (10a.)

Página: 2076

Divorcio. El artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco al exigir la acreditación de una causal para disolver el vínculo matrimonial vulnera el derecho de libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, de la dignidad humana. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la dignidad humana resulta fundamento de cualquier institución jurídica y social; por ello, en la interpretación constitucional, el parámetro constante y clave es la justificación y solución del conflicto jurídico, teniendo en cuenta, en todo momento, el principio de la dignidad humana, como base que edifica la entidad del sistema jurídico y orienta su formación, comprensión y ejecución. El derecho a que se respete la dignidad de todo ser humano, es fundamental, pues ello salvaguarda el incuantificable valor que tiene toda persona por el solo hecho de serlo, lo que condiciona el disfrute de los demás derechos. Existe una serie de derechos que tienen por objeto que la dignidad humana sea garantizada y, por tanto, permiten que toda persona alcance un estado de plenitud física y mental, entre ellos, se encuentra el libre desarrollo de la personalidad, derecho fundamental superior que, de acuerdo con Anabella del Moral Ferrer, en su obra “El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia constitucional colombiana”, Cuestiones Jurídicas, Vol. VI, Núm. 2, julio-diciembre, 2012, pp. 63-96, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, se integra por tres elementos: 1) La libertad general de actuar; 2) La autonomía (que implica la autodeterminación); y, 3) La libertad de elección u opción. Lo anterior incluye la libertad de hacer o no hacer lo que se considere conveniente para la existencia de cada ser humano, como el contraer o no matrimonio. Su propia naturaleza precisa que el Estado no sólo se abstenga de interferir en el desarrollo autónomo del individuo; sino por el contrario, demanda que garantice y procure las condiciones más favorables para que todos los habitantes alcancen sus aspiraciones y, por tanto, su realización personal y de vida. Con base en ello, si la libre voluntad de las partes es un elemento esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio. Así, el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana, al exigir la acreditación de una causal de divorcio para disolver el vínculo matrimonial, pues la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las causales que invocó en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y dignidad humana; por tanto, la única causa determinante que puede considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre voluntad que expresó en su demanda, con independencia de que dicha decisión haya sido motivada o no, por alguna de las conductas que enumera el citado precepto de la legislación civil de Jalisco.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

Amparo directo 553/2014. 25 de noviembre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Jáuregui Quintero. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Uno de los beneficios que se traería con esta propuesta, es la reducción procesal, es decir, los procedimientos en los que se disuelvan los vínculos matrimoniales serían muy abreviados, en los que únicamente se tendría que notificar del procedimiento al otro cónyuge, otorgándole un plazo para que conteste la demanda hecha valer en su contra, ratificar la misma por la parte actora, y tratar de resolver las consecuencias inherentes al divorcio, tales como los alimentos que deben recibir los menores de edad, la guarda custodia, así como el régimen de visitas y convivencias al que deben sujetarse con alguno de sus padres, las cuales podrían quedar pendientes para su posterior resolución vía incidental, sólo para el caso de que no haya acuerdo sobre el particular, sin que ello impida la disolución del vínculo matrimonial mediante la pronunciación de una sentencia por parte del juzgador; una vez iniciado el procedimiento, el cónyuge promovente sería la única persona que mediante su desistimiento, podría dejar sin efectos la demanda interpuesto, siempre que ello sea antes de que se cite a sentencia a las partes.

Lo anterior también implicaría efectuar modificaciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, con la idea de que los ajustes propuestos al Código Civil Federal, sean operativos y los beneficios descritos, sean materializados en la pronta resolución de las controversias suscitadas con esta naturaleza.

No se omite mencionar, que para la redacción que se propone en los artículos referidos en el decreto de la presente iniciativa, se tomó en consideración la regulación que sobre el particular se realiza en el Código Civil del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza, haciéndose los ajustes necesarios en el decreto de la propuesta planteada por el suscrito.

Como parte de los esfuerzos que se vienen realizando desde el Congreso de la Unión para fomentar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, es que presento la iniciativa de mérito, con la finalidad de abonar al fortalecimiento y armonización de la legislación de nuestro país, lo cual se encuentra sostenido en los argumentos expuestos, mismos que se complementan con los criterios hechos valer tienen guardando consonancia con las diferentes disposiciones citadas a lo largo del presente documento.

Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforman los artículos 266, 267 y 281 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Uno de los cónyuges o ambos, podrán manifestar su intención ante la autoridad judicial, para no continuar con el vínculo matrimonial que los une, y solicitar su disolución, sin que le sea requerido señalar y acreditar la causa en la que basa su petición, siempre que cuando menos, haya transcurrido un año desde su celebración.

Se decretará el divorcio siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el siguiente artículo.

Artículo 267. El cónyuge que promueva la solicitud de divorcio, deberá adjuntar a su escrito inicial, una propuesta de convenio en el que se regulen cada una de las consecuencias inherentes a la disolución del matrimonio, debiendo contener los siguientes requisitos:

I. La designación de la persona a la que le será otorgada la guarda y custodia de los hijos menores de edad o incapaces;

II. Un régimen de visitas y convivencias en el que el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los menores de edad o incapaces, podrá convivir con ellos, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos, quedando en libertad los divorciantes para establecer las reglas y los términos bajo los cuales se ejercerá este régimen;

III. El monto, la forma, lugar y fecha de pago de la pensión alimenticia para cubrir las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, así como la forma en que se deberá garantizar su cumplimiento;

IV. Designación del cónyuge que podrá disfrutar del domicilio conyugal, si es el caso, así como su menaje;

V. La forma en que se administrarán los bienes que formen parte de la sociedad conyugal durante el procedimiento, mientras se liquida, así como la forma de liquidarla, para lo cual será necesario exhibir las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición, siempre que ello sea pertinente;

VI. Cuando el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes, el promovente deberá señalar la compensación que propone le sea entregada al cónyuge que no haya acrecentado su patrimonio durante el matrimonio, por haber realizado preponderantemente actividades del hogar y/o al cuidado de los hijos, prestación que no podrá ser inferior al 50% del valor de los bienes que el otro cónyuge haya adquirido. Si no hay acuerdo al respecto entre los divorciantes, el juzgador resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.

En el caso de que el divorcio sea solicitado voluntariamente por ambos cónyuges, de igual forma, deberán adjuntar a su escrito inicial los requisitos señalados en las fracciones anteriores, sólo que será necesario que su solicitud sea ratificada ante la presencia jurisdiccional, para que la disolución del vínculo matrimonial sea decretada.

Artículo 281. El cónyuge que haya promovido el divorcio puede desistirse del mismo con la finalidad de que subsista el vínculo matrimonial, hasta antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento.

Segundo.Se derogan los artículos 268, 269, 270, 277, 278, 279, 286 y los párrafos segundo y tercero del artículo 289 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 268. Derogado.

Artículo 269. Derogado.

Artículo 270. Derogado.

Artículo 277. Derogado.

Artículo 278. Derogado.

Artículo 279. Derogado.

Artículo 286. Derogado.

Artículo 289. ...

Derogado.

Derogado.

Tercero.Se adiciona una fracción V al artículo 322, recorriéndose la actual en un orden progresivo, un párrafo segundo al artículo 329, un párrafo segundo al artículo 333, un artículo 336 bis, al Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 322. ...

I. a IV. ...

V. Cuando se trata de asuntos de divorcio, deberá adjuntarse al escrito inicial de solicitud, la propuesta de convenio en los términos que se establece en el artículo 267 del Código Civil Federal, con excepción de lo establecido en la fracción III del presente artículo, debiendo ofrecer las pruebas conducentes, únicamente para acreditar la procedencia del convenio propuesto; y

VI. ...

Artículo 329. ...

En los asuntos de divorcio, el demandado podrá manifestar su conformidad con el convenio propuesto por su contraparte, o en su caso, presentar una contrapropuesta, debiendo relacionar las pruebas conducentes respectivas relacionadas con la misma.

Artículo 333. ...

En los asuntos de divorcio, si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto al convenio propuesto, el juez pronunciara un acuerdo en el que se decrete la disolución del matrimonio, así como la aprobación del convenio, sin que haya necesidad de pronunciar una sentencia.

Artículo 336 Bis. En los asuntos de divorcio, no se abrirá el periodo probatorio a que se refiere el artículo 337 de este código, toda vez que las pruebas relacionadas con el convenio propuesto se deben ofrecer al momento de presentarse el escrito inicial de solicitud de divorcio y, en su caso, la contestación a la misma, por lo que únicamente se ordenará su preparación y se señalará fecha para que tenga lugar su desahogo en el incidente correspondiente.

El divorcio podrá ser decretado por el juez, una vez que se haya contestado la solicitud presentada o en su defecto, haya precluido el término para contestarla. En caso de que no exista acuerdos entre los convenios propuestos por las partes, el juez las citará para tratar de avenir los intereses y procurar un acuerdo que resuelva en definitiva la controversia, dentro de los cinco días siguientes. De no ser así, se procederá en los términos del artículo 358 de este ordenamiento.

Transitorios

Primero.Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.Por lo que hace a los juicios de divorcio en trámite, será decisión de las partes optar por la aplicación de las reformas establecidas en el presente decreto, o en su caso, seguir la tramitación del procedimiento bajo las disposiciones vigentes anteriores a la publicación del presente decreto, hasta su total conclusión.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.— Diputados y diputadas: Francisco Saracho Navarro,Armando Luna Canales, Flor Estela Rentería Medina, María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saracho. Túrnese a la Comisión de Justica, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El diputado Francisco Saracho Navarro:

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado federal Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el último año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue aprobada y expedida la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, lo cual ha constituido uno de los grandes logros legislativos más recientes en lo que hace a la protección de los derechos humanos de ese sector poblacional, quienes por su propia naturaleza puede ser un grupo vulnerable, debido a las diversas circunstancias que los rodean.

En ese sentido, al ser una materia concurrente en términos de la fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional, los tres órdenes de gobierno tendrán en dicho ordenamiento, un instrumento jurídico en el que se establece una base mínima de protección, respeto y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, a la luz de la Carta Magna y de los Tratados Internacionales, además de que en dicha regulación se observaran los principios rectores y criterios de la política nacional en la materia, así como la creación y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que deberá operar en todo el país, por lo que dichas acciones se emprenderán no sólo desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito administrativo.

Es importante señalar que en términos del artículo 5 de la referida Ley General, se establece que serán considerados como niñas y niños los menores de 12 años de edad, mientras que los que se encuentren entre 12 y 18 años de edad serán considerados como adolescentes; al respecto, la Convención sobre los Derechos de los Niños señala que todos los menores de 18 años serán considerados como niños.

De ese modo es que dicha ley busca combatir y erradicar aquellas circunstancias que generen afectaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y que por ende, obstaculizan su sano desarrollo, llegando a comprometer su integridad física e incluso su vida.

Así, es importante que toda la legislación, criterios y demás normatividad que regulen los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, tanto a nivel federal, como local, sea armonizada con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para hacer un combate más efectivo a esas circunstancias que colocan en riesgo o vulnerabilidad a ese sector de la población, buscando mejorar su calidad de vida y propiciarles condiciones para acceder a un desarrollo integral durante esa etapa, así como en su vida adulta.

Debido a que es una obligación del Estado mexicano garantizar la máxima protección de los derechos fundamentales de los menores de edad, es imperioso eliminar de la legislación, aquellas disposiciones cuyo contenido ha permitido que sus derechos hayan sido vulnerados por décadas, tal como sucede al momento de que se ven involucrados en la celebración de un matrimonio, ya sea que se celebre entre menores de edad o entre un adulto y un menor de edad, situación que aún es regulada en diversos preceptos del Código Civil Federal, a pesar de que el artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe que el matrimonio se efectúe con menores de edad involucrados; dicho artículo dice lo siguiente:

“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

El espíritu de esta disposición se encuentra basado en el principio del interés superior de la niñez, mismo que tiene el carácter de garantía constitucional de los menores de edad e “implica el desarrollo de los menores de edad y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”, así como también podemos entenderlo como “el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral”, con la finalidad de que “los menores de edad vivan en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”, lo cual se encuentra previsto en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Asimismo, durante 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha encomendado a México:

“A la luz de la observación general número 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.”

Al momento de que los menores de edad tienen un sano desarrollo durante dicha etapa, existen mayores probabilidades para que durante su adultez accedan a mejores condiciones de vida, en términos del artículo 43 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La tendencia a prohibir la celebración del matrimonio a los menores de edad es acertada, puesto que busca evitar que estos adquieran prematuramente aquellas obligaciones legales y morales que de dicha figura se emanan, ya que al asumir este tipo de cargas les impediría acceder y disfrutar de aquellos derechos y circunstancias propias de su edad, generando el riesgo de que su desarrollo personal pueda quedarse inconcluso, colocándolos en una situación de desventaja a corto plazo, puesto que es muy común que abandonen sus estudios, y que sean más propensos a sufrir problemas de diversa índole que afectan su desarrollo y posibilidades de progreso a mediano plazo; además de que es una edad en la que no se ha alcanzado una madurez mental suficiente para dimensionar la gran responsabilidad que implica un matrimonio, o lo que realmente se busca de una pareja y de la vida misma, lo que resulta contrario a lo establecido en el numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La participación de menores de edad en el matrimonio, ha sido muy común en nuestro país por décadas, lo cual ha sido propiciado por aspectos de tipo social y cultural, propias de la idiosincrasia de nuestro país o determinadas regiones del territorio nacional, ya que las mismas familias de los menores o incluso, los usos y costumbres que se llevan a cabo en algunas comunidades indígenas de donde son originarios éstos, han fomentado dicha práctica, sin embargo, ello ha sido motivo para que se cometan abusos o conductas tipificadas como delitos sobre dichos menores, tales como la trata de personas u otras conductas análogas a la esclavitud, lesiones, incluso poniendo en riesgo su vida.

Desafortunadamente las niñas, por su sola condición, son quienes podrían ser las principales víctimas debido a la discriminación por razón de género que se sigue presentando, lo cual contribuye para el desarrollo de diversos problemas tales como el abandono de sus estudios, embarazos prematuros, mortalidad materna, mortalidad neonatal, transmisión intergeneracional de la pobreza y la limitación de oportunidades de niñas, niños y adolescentes, entre otros, circunstancias que se agudizan en el caso de las niñas que son pertenecientes a grupos étnicos.

En ese sentido, es importante señalar que la emancipación de los menores de edad implica que estos se independizarán respecto de quien ejerce sobre ellos, la patria potestad o tutela, lo cual puede obedecer a diversas circunstancias, siendo la del matrimonio la principal y la más común, por lo que resulta necesario que también se deroguen, o reformen, en su caso, aquellas disposiciones que la prevean, puesto que a través de dicha figura jurídica, la misma ley acepta los alcances de un matrimonio entre menores de edad, lo cual ya se encuentra prohibido por la Carta Magna y la legislación secundaria, como parte de la tutela a los derechos fundamentales de los menores de edad.

En apoyo a la propuesta que plantea el suscrito, el numeral 2 del artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado por México y, por tanto derecho válido, establece que no surtirán efectos jurídicos los matrimonios entre menores de edad, y señala la necesidad de que los estados que sean parte de dicha convención, como es el caso de nuestro país, establezcan una edad mínima para celebrar los matrimonios, lo cual implicaría tomar medidas de carácter legislativo, mismas que ya han empezado a tomarse y ya han sido plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el supra citado artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las cuales darán la pauta para que la legislación federal y la de las entidades federativas, se uniformen en lo que hace a dicha protección y que de esa manera, tal mandato sea diseminado en todo el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, establecer de manera expresa en el Código Civil Federal, la prohibición a los menores de edad para contraer matrimonio, contribuirá a la paulatina solución de diversos problemas que actualmente afrontan los jóvenes mexicanos, como lo es el embarazo prematuro y diversas consecuencias inherentes a ello, tal como lo ha establecido el Gobierno Federal a través de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), implementada en enero de 2015 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En ese tenor, la legislación secundaria debe guardar sintonía con la Carta Magna y la referida Ley General, por lo que con la finalidad de reforzar la regulación y protección que realiza tal ordenamiento, es que esta iniciativa presentada por el suscrito, propone derogar y reformar aquellas disposiciones legales que permiten celebrar el matrimonio entre menores de edad, lo cual constituirá un paso más en la defensa y protección de los derechos de este sector de la población.

Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto

Único.Se derogan el artículo 93, las fracciones II y VII del artículo 98, las fracciones IV y V del artículo 103, los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, la fracción II, así como el último párrafo del artículo 156, 173, 181, el segundo párrafo del artículo 187, el segundo párrafo del artículo 209, 229, 237, 238, 239, 240, la fracción II del artículo 443, 451, la fracción II del artículo 624 y 641 del Código Civil Federal; Se REFORMAN, la fracción I del artículo 31, la fracciones I y V del artículo 98, el artículo 100, la fracción II del artículo 103, el segundo párrafo del artículo 113, el artículo 148, la fracción I del artículo 156, el artículo 172, el primer párrafo de artículo 187, el primer párrafo del artículo 209, el artículo 265, el primer párrafo del artículo 272, todos del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 31. ...

I. Del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;

II. a IX. ...

Artículo 93. Derogado.

Artículo 98. ...

I.El acta de nacimiento de los pretendientes, así como una identificación oficial con la que se acredite su mayoría de edad;

II. Derogado.

III. a IV. ...

V.El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

...

VI. ...

VII. Derogado.

Artículo 100.El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado.

Artículo 103. ...

I. ...

II. La mayoría de edad de los contrayentes.

III. ...

IV. Derogado.

V. Derogado.

VI. a IX. ...

Artículo 113. ...

También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten, y a los médicos que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 98.

Artículo 148. Para contraer matrimonio, tanto el hombre, como la mujer, necesitan haber cumplido dieciocho años de edad;

Artículo 149. Derogado.

Artículo 150. Derogado.

Artículo 151. Derogado.

Artículo 152. Derogado.

Artículo 153. Derogado.

Artículo 154. Derogado.

Artículo 155. Derogado.

Artículo 156. ...

I.La falta de edad requerida por la ley;

II. Derogado.

III. a X. ...

Derogado.

Artículo 172.El marido y la mujer, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173. Derogado.

Artículo 181. Derogado.

Artículo 187.La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos.

Derogado.

Artículo 209.Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la sociedad conyugal.

Derogado.

Artículo 229. Derogado.

Artículo 237. Derogado.

Artículo 238. Derogado.

Artículo 239. Derogado.

Artículo 240. Derogado.

Artículo 265.Las personas mayores de edad que contraigan matrimonio con algún menor de edad, a sabiendas de tal circunstancia, serán sancionadas con las penas establecidas en la legislación penal aplicable.

Artículo 272.Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

...

Derogado.

...

Artículo 443. ...

I. ...

II. Derogado.

III. ...

Artículo 451. Derogado.

Artículo 624. ...

I. ...

II. Derogado.

Artículo 641. Derogado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ver en 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F. y su gaceta; Tomo 1, Diciembre de 2012; Página 334.

2 Ver Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño...

3 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Disponible en:

http://recomendacionesdh.mx/recomendaciones/ descargar/CDN_2015_Traducci%C3%B3n_no_oficial/pdf

4 Ver en Artículo 16. ... 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio....

5 Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, consultado 7 de marzo de 2016 en

http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/ documentos/noticias/ llamado%20a%20la%20accion%20unete%202015_19_nov.pdf?v=1 &d=20151119T225223

6 Ver en Artículo 16. ... 2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración de matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

7 Dicho Tratado Internacional fue ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981, mismo que publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo siguiente, y entró en vigor el 3 de septiembre de ese mismo año.

8 Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), página 66, consultado 7 de marzo de 2016 en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a diez de marzo de dos mil dieciséis.— Diputados y diputadas: Francisco Saracho Navarro,Armando Luna Canales, Flor Estela Rentería Medina, María Guadalupe Oyervides Valdez, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justica, para dictamen.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE MANUEL GÓMEZ MORÍN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín.

La diputada Claudia Sánchez Juárez:Con su venia, diputado presidente. La presente iniciativa tiene por objeto inscribir en letras de oro en el Muro de Honor de este Palacio Legislativo el nombre de un mexicano excepcional, un mexicano de instituciones, el nombre de don Manuel Gómez Morín.

Manuel Gómez Morín nació el 27 de febrero de 1897 en Batopilas, Chihuahua. Abogado de formación, egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1915. Fue alumno de José Vasconcelos y de Antonio Caso, entre otros.

Asimismo, Manuel Gómez Morín formó parte del grupo denominado Los Siete Sabios de México, en el que también participaban Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Jesús Moreno Vaca, Teófilo Olea y Leyva, y Alberto Vázquez del Mercado.

Tras recibirse como abogado en 1919, fue nombrado secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ese mismo año trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en 1920 fue secretario de Hacienda del presidente Álvaro Obregón.

A los 24 años ascendió al cargo de subsecretario de Hacienda bajo el mandato de Adolfo de la Huerta. En 1924, Alberto J. Pani, secretario de Hacienda lo invitó a formar parte de la comisión encargada de redactar la Ley Constitutiva del Banco de México, en donde además fungió como presidente del Consejo de Administración durante el periodo 1925 a 1929. En 1926 participó como ponente en la comisión que creó la Ley de Crédito Agrícola y el banco del mismo nombre, institución que a la fecha lleva el nombre de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero.

Dentro del gobierno callista preparó un proyecto para la creación del IMSS. En 1931 participó en la creación y presidió el Consejo de Administración del Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, hoy Banobras.

En 1933 hubo una polémica crucial para la vida institucional de nuestra máxima casa de estudios. En ese año el gobierno encabezado por el presidente Abelardo Rodríguez y Vicente Lombardo Toledano se confrontaron siendo este último director de la Escuela Nacional Preparatoria. Este propuso la inclusión de la orientación socialista como exclusiva perspectiva de estudio.

Antonio Caso, también integrante del grupo de los siete sabios defendió la libertad de cátedra, contando siempre con el apoyo incondicional de don Manuel Gómez Morín.

Como resultado de este conflicto entre el gobierno y Toledano dio como resultado que en 1945 se redactara la nueva Ley Orgánica, en donde se le da autonomía a la máxima casa de estudios, defendiendo así como rector de la propia Universidad la autonomía que es tan apreciada en estos días.

Esta lucha por la autonomía y la libertad de cátedra abrió rutas para que cualquier doctrina pudiera enseñarse en la Universidad, siempre y cuando rigiera la metodología rigurosa y el pensamiento crítico.

La libertad de cátedra hizo posible que Lombardo Toledano impartiera su clase de derecho obrero con un enfoque marxista, Gómez Morín la clase de derecho púbico con uno liberal. Y Alfonso Caso las suyas con otros socialistas.

En el ámbito cultural don Manuel Gómez Morín impulsó la creación de editoriales como Editorial Polis, el Fondo de Cultura Económica y en la música la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Musical de México, AC.

Hasta su muerte en la Ciudad de México, el 19 de abril de 1972 don Manuel Gómez Morín fue un incansable luchador y formador de instituciones culturales, políticas, económicas y sociales que han sido fundamentales en la creación de este México moderno y de entre sus frases no olvidemos que nuestro deber es permanente, no una lucha de un día sino una brega de eternidad.

Y es aquí, en este recinto legislativo donde se discuten las leyes que transforman este país y que día a día hacen de esta nación una nación más grande y vigorosa. Esta brega de eternidad debe ser permanente.

En 2004 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. En noviembre de 2013 fue entregada por unanimidad del Senado de la República la medalla Belisario Domínguez, post mortem.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor de este Palacio Legislativo el nombre de Manuel Gómez Morín.

Artículo Único. Inscríbanse con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la ceremonia correspondiente.

Muchísimas gracias por su atención, compañeros diputados.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de

Antecedentes

El marco histórico y revolucionario de la época de 1915, no era nada favorable al nacimiento y desarrollo de la cultura, pero bajo este marco empezaron a actuar Los siete sabios de México, nombre que provino de sus siete integrantes, que conformaron una sociedad llamada Sociedad de Conferencias y Conciertos, con el fin de propagar la cultura entre los estudiantes de la Universidad Nacional de México y que fueron discípulos de celebres ilustres como Antonio Caso y José Vasconcelos, quienes fueron maestros de los siete jóvenes que constituyeron la generación de Los siete sabios.

La generación de 1915, que corresponde a la época armada de la Revolución Mexicana y que integraban el grupo de Los siete sabios de México se encontraba conformada por: Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Jesús Moreno Baca, Teófilo Olea y Leyva y Alberto Vázquez del Mercado, todos estudiantes de derecho, en la antigua Facultad Nacional de Jurisprudencia y con diversas trayectorias, pero distinguidos en las especialidades que cultivaron. Su obra fue individual, no de conjunto, y en lo personal dejaron una huella perdurable y trascendente.

Lo que definía a estos hombres era su actitud ante los problemas nacionales, sostiene Krauze. Su intelecto no se quedó en el terreno de las ideas: fue llevado a la práctica siempre con una visión humanística, misma que les fue heredada por el Ateneo de la Juventud, grupo surgido durante el Porfiriato e integrado por pensadores como Antonio Caso, Justo Sierra y Pedro Henríquez Ureña.

Por lo que me antecede, presento la siguiente

Exposición de Motivos

Octavio Paz escribió en El Laberinto de la Soledadque durante la Revolución no todos los jóvenes tuvieron la oportunidad de tomar un rifle; a algunos –como a Los Siete Sabios– les tocó luchar desde la trinchera académica. Sus pensamientos fueron las balas constructoras de instituciones y colegios.

Manuel Gómez Morín, uno de los llamados Siete Sabios, formó parte de esa generación de 1915, cuya vocación fue la de fundar y construir, haciéndose cargo de reconstruir un país en ruinas, como lo cita Krauze.

Manuel Gómez Morín, chihuahuense nacido el 27 de febrero 1897, vivió su primera infancia en Parral, Chihuahua, y en León, Guanajuato, donde realizó sus primeros estudios. En 1913 se trasladó a la Ciudad de México donde concluyó la preparatoria. Ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1915, donde fue alumno de José Vasconcelos, Ezequiel A. Chávez y Antonio Caso entre otros. Al mismo tiempo que desarrolló su vida estudiantil, fue escribiente en un juzgado; profesor de la Universidad Popular y empleado de la Secretaría de Fomento; además corrector de pruebas en El Demócrata y en La Vanguardia, e inició actividades periodísticas en El Heraldo de Méxicoy en El Universal, a veces con el pseudónimo de Manuel Castillo.

Tras recibirse como abogado en 1919, con la tesis Ensayo crítico a la escuela liberal en el derecho y en la política, fue nombrado secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y profesor de derecho administrativo y teoría del estado. Ese mismo año trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de la caída de Carranza, en 1920, fue secretario particular de Salvador Alvarado, secretario de Hacienda del presidente Obregón y colaboró en la revista México Moderno.

En 1921 laboró en la Agencia Financiera del gobierno mexicano en Nueva York, en la que se intentó negociar la deuda externa mexicana; ahí realizó estudios de economía en la Universidad de Columbia.

En el gobierno de Álvaro Obregón fue designado oficial mayor de la Secretaría de Hacienda; poco tiempo después, a los 24 años, ascendió al cargo de subsecretario de esa dependencia gubernamental, bajo las órdenes de Adolfo de la Huerta. Ahí desarrolló una intensa actividad: participó en la desincautación de los bancos intervenidos desde tiempos revolucionarios; proyectó una serie de medidas para dar orden al régimen fiscal del país de las cuales surgiría el impuesto sobre la renta

Regresó a la Universidad, en la que desempeñó el cargo de director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia a partir del 19 de mayo de 1922. Realizó la primera reforma sustancial en el plan de estudios; estableció las bases para las carreras de licenciado y doctorado en economía y para algunas especialidades como juez, secretario de sociedades, trabajador social, organizador, funcionario de cooperativas y actuario; elevó el número de horas de clases impartidas; creó nuevos sistemas para apreciar el aprovechamiento de los alumnos; enriqueció la planta de profesores; realizó cursillos y conferencias con destacadas personalidades; reformó y amplió la biblioteca . Así, la antigua escuela fue elevada por primera vez a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El 11 de enero de 1925 dejó el cargo, tras una brillante gestión.

En 1924 Alberto J. Pani, secretario de Hacienda lo invitó, junto con Elías S.A. de Lima y Fernando de la Fuente, a formar parte de la comisión encargada de redactar la Ley Constitutiva del Banco de México como banco único de emisión que se fundó en 1925. Gómez Morín fue presidente del Consejo de Administración de 1925 a 1929. En 1926 participó como ponente en la comisión que creó la Ley de Crédito Agrícola y el banco del mismo nombre.

Con la llegada a la presidencia de Plutarco Elías Calles volvió a la Secretaría de Hacienda, como asesor de Alberto Pani, donde pronto se convirtió en un pilar de proyectos fundamentales para la reconstrucción económica del país: diseñó el impuesto sobre la renta, organizó la primera Convención Nacional Fiscal, fue el autor de la legislación que dio vida al Banco de México y de la primera reforma de las instituciones de crédito, además de la creación del Banco de Crédito Agrícola.

En su trabajo dentro del gobierno callista, también preparó un proyecto para la implantación del seguro social. Fue el primer presidente de la Junta Directiva del Banco de México, puesto al que renunció al parecer como protesta por los excesivos créditos otorgados a una empresa propiedad del general Calles. Después fue delegado ante la Liga de las Naciones y delegado fiscal de la Liga de las Naciones en México.

En las elecciones presidenciales de 1929, apoyó a José Vasconcelos recaudando recursos para la campaña, sin embargo, no confiaba en el triunfo y escribió a Vasconcelos: “En resumen: ¿vale más lanzarse a una lucha que pueda llevar a los grupos contrarios al exterminio, para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo, o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que sólo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?”. Aconsejando a Vasconcelos la formación de una organización política que de manera permanente desarrollara actividades, pues de otro modo, la fuerza adquirida durante la campaña se desmoronaría . Vasconcelos no siguió su consejo y Manuel Gómez Morín, tras la derrota electoral, salió del país durante algunos meses.

Tras la Revolución Mexicana, los sistemas financiero y bancario mexicanos se encontraban en una situación que impedía el desarrollo de la nación en la posguerra, así que fue necesario capacitar al personal que se encargaría de la administración de la banca así como de su operación.

El 10 de marzo de 1929, Manuel Gómez Morín, encabezando el Banco de México, funda con otros reconocidos personajes de la época la Escuela Bancaria del Banco de México, que impartía la capacitación a los funcionarios del banco. De 1925 a 1929 formó parte del Consejo General del Banco de México.

En 1931 participó en las reformas que otorgaron al Banco de México funciones estrictamente de banco central: la regulación de la moneda y la regulación del crédito. Asimismo fue asesor del secretario de Hacienda, Luís Montes de Oca, para quien redactó la Ley Monetaria y participó en la creación del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, cuyo consejo de administración presidió.

Participó en la redacción de la Ley de Liquidaciones de los Antiguos Bancos de Emisión. También tuvo intervención en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito de 1897, figuras importantes de la política monetaria de ese periodo.

El 23 de octubre de 1933, Gómez Morín fue nombrado rector provisional por una junta de profesores y alumnos. Nombramiento que fue ratificado por el primer Consejo Universitario Autónomo, en el ejercicio de la nueva prerrogativa que le concedía la ley. Aceptó el cargo bajo el lema “Austeridad y Trabajo”, impulsó una serie de reformas académicas, docentes, de investigación y financieras con un nulo o casi nulo aporte del gobierno federal a la institución, logró obtener recursos económicos a través de donativos y cuotas de los alumnos, así como de la generosa solidaridad de muchos profesores.

En julio de 1934, los generales Calles y Cárdenas, éste último presidente electo, hicieron declaraciones acerca de la importancia de implantar una educación de acuerdo con las necesidades populares para que el clero y los reaccionarios no se apoderaran de la conciencia de la juventud. Volvió la agitación por la posibilidad de que la educación socialista se extendiera a nivel universitario y el 30 de julio siguiente, el rector Gómez Morín declaró su oposición a que dominara en las aulas universitarias una sola corriente de pensamiento, oposición que fue respaldada por el Consejo Universitario. Sin embargo, el debate renació, la agitación estudiantil se extendió, la represión policíaca retornó y el 16 de octubre de 1934 la Escuela Superior de Comercio y Administración se declaró en huelga en contra de la educación socialista y dos días después la Facultad de Medicina también; otras escuelas siguieron su ejemplo. A pesar de que el presidente Abelardo Rodríguez ratificó públicamente su respeto a la autonomía universitaria y su rechazo a la represión policíaca, y de que ya había sido aprobada la educación socialista sin comprender el nivel universitario, la huelga se extendió. Entonces Gómez Morín desautorizó la huelga y ante la persistencia de la misma dimitió, pero su renuncia no fue aceptada; entonces convocó a un plebiscito para reanudar labores, el que ganó con el apoyo de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. De todos modos volvió a renunciar el 20 de octubre, pero el Consejo Universitario no lo aceptó y lo nombró “rector honoris causa”, pero sustituido por el doctor Fernando Ocaranza. Posteriormente fue miembro de la Junta de Exrectores en 1944 y de la Junta de Gobierno de la Universidad de 1945 a 1946.

En el ámbito cultural, Gómez Morín se relacionó con artistas de diversos ámbitos, pintores, escritores, músicos. Impulsó la cultura en México al formar parte de la creación de editoriales, como la Editorial Jus, Editorial Polis, Editorial Cultura y el Fondo de Cultura Económica, y en música, la Orquestas Sinfónica Nacional y Música de México, AC.

Hasta su muerte en la Ciudad de México, el 19 de abril 1972, Manuel Gómez Morín fue un incansable luchador y fundador de instituciones culturales, políticas, económicas y sociales que han sido fundamentales en la creación del México moderno, de entre sus frases resalto “No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad”.

En el año 2004 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.

En noviembre de 2013, le fue entregada por unanimidad la medalla Belisario Domínguez post mortem, el máximo reconocimiento otorgado por el Senado de México, la cual fue recibida por su hija Margarita Gómez Morín de Romero de Terreros.

A 44 años de su fallecimiento, estos muros están esperando en letras de oro el nombre de Manuel Gómez Morín, incansable luchador, visionario de un país democrático, fundador de instituciones culturales, políticas, económicas y sociales, creadoras del México moderno. Merecedor post mortem de la medalla Belisario Domínguez, reconocido como una persona ilustre de la Rotonda, en cuyo sepulcro descansa una esfera de piedra, horadada en su centro, cuya simetría simboliza el equilibrio de sus convicciones democráticas.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín.

Artículo Único.Inscríbanse con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se instruye a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la ceremonia correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Claudia Sánchez Juárez,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Noemí Reinoso Sánchez, Angélica Moya Marín, César Augusto Rendón García, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Ingrid Kraseopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Jorge Álvarez Maynez, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Karina Padilla Ávila, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Luisa Sánchez Meza, Mariana Arámbula Meléndez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nadia Aidee Vega Olivas, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, René Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Santiago Taboada Cortina, Santiago Torreblanca Engell, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Gracias, presidente. Por supuesto para unirnos todos los diputados del PAN a la iniciativa que acaba de presentar mi compañera y añadir un asunto fundamental para nosotros, porque no cabe duda que don Manuel fue creador de instituciones.

Y si bien se han mencionado muchas en la exposición de mi compañera Claudia, sí puedo decir con mucho orgullo que la joya de la corona de las instituciones fundadas por don Manuel se llama precisamente el Partido Acción Nacional. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero. Desde luego que asumimos la decisión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para suscribirla y está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva para que hagan lo correspondiente.

Saludamos la presencia de estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, invitados por el diputado Jorge López Martín. Bienvenidas, bienvenidos, amigos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Álvarez Maynez, por favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Presidente, para solicitarle a la diputada proponente suscribir la iniciativa. El legado liberal de Manuel Gómez Morín es uno de los legados nacionales que hay que conservar en este recinto legislativo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. ¿Diputada?

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Desde luego.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que desde luego. Entonces, se reitera lo que ahorita dictábamos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado, Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Compañeros y compañeras, diputados, diputadas. La crisis de inseguridad que padece nuestro país debido a que se ha agudizado la violencia, la presencia del crimen organizado y del narcotráfico en vastas regiones, se ha convertido en los últimos años en una verdadera tragedia humanitaria.

Esto debido en gran medida, a que nuestro marco jurídico vigente no cuenta con los instrumentos jurídicos adecuados para proteger a la población en general frente al embate de las organizaciones criminales y a que miles de personas se han visto forzadas a desplazarse fuera de sus lugares de residencia.

Por lo que consideramos indispensable, como una estrategia de atención directa a todas estas personas que son víctimas de la violencia en nuestro país, que se inserte en nuestra Carta Magna los Principios Rectores internacionales que establecen la responsabilidad del Estado para garantizar la atención, la seguridad y la debida restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente.

Debido sí, a diversas causas, pero fundamentalmente en atención a quienes fueron forzadas o quienes fueron obligadas a escapar o huir de sus hogares, de sus colonias, de sus ciudades, de sus pueblos para evitar los efectos de las situaciones –insisto— de violencia generalizada a causa del crimen organizado y el narcotráfico; un tema que ha afectado a amplias regiones de nuestro país, o bien por las arteras violaciones a los derechos humanos, catástrofes causadas incluso por la naturaleza o bien provocadas por el ser humano.

Es evidente entonces, compañeros, que se necesita ampliar la base constitucional de los derechos humanos y garantías consagrados en el Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacer cumplir a la letra lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1o. que establece que en nuestro país, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni podrá suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

En este sentido –para concluir– esta iniciativa pretende colocar nuestra legislación a la vanguardia en el reconocimiento de estos derechos que están íntimamente ligados con el principio de protección e interpretación más amplia de los derechos humanos en el mundo, que ya reconoce nuestra Constitución desde su artículo 1o. y que obliga al Estado mexicano a protegerlos de manera irrenunciable.

Ojalá que pudieran suscribir junto conmigo este proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir en síntesis los principios rectores del derecho internacional en materia de desplazamiento interno. Es cuanto, compañeros y compañeras, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La crisis de seguridad que padece nuestro país, debido a que se ha agudizado la violencia, la presencia del crimen organizado y del narcotráfico, en vastas regiones, se ha convertido en los últimos años, una verdadera tragedia humanitaria, esto debido en gran medida a que nuestro marco jurídico no cuenta con los instrumentos jurídicos adecuados para proteger a la población en general frente al embate de las organizaciones criminales, y a que miles de personas se han visto forzadas a desplazarse fuera de sus lugares de residencia, por lo que consideramos indispensable como una estrategia de atención directa a todas estas personas que son víctimas de la violencia, que se inserten en nuestra Carta Magna los principios rectores internacionales que establecen la responsabilidad del Estado para garantizar la atención, la seguridad, y la debida restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente, debido a diversas causas, pero fundamentalmente en atención a quienes fueron forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de las situaciones de violencia generalizada causa por el crimen organizado y el narcotráfico que ha afectado a grandes regiones de nuestro país, o bien por arteras violaciones de los derechos humanos, catástrofes causadas por la naturaleza o bien provocadas por el ser humano.

Argumentos

Es evidente que se necesita ampliar la base constitucional de los derechos humanos y garantías consagrados en el Titulo Primero de nuestra Constitución Política y hacer cumplir a la letra lo dispuesto en primera instancia en el primer párrafo del Artículo 1o que establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en las tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

En ese sentido, ésta iniciativa pretende colocar nuestra legislación a la vanguardia en el reconocimiento de estos derechos que están íntimamente ligados con el principio de protección e interpretación más amplio de los derechos humanos, que ya reconoce nuestra Constitución desde su artículo 1o y que obliga al Estado Mexicano a protegerlos de manera irrenunciable.

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido según la definición del párrafo número 2 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, del 11 de febrero de 1998, que se entenderá por desplazados internos a aquellas: “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Que esta definición proviene del ámbito del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que tienen relación con otros instrumentos internacionales como por ejemplo, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos de 1977, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 1994, y desde luego, los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos arriba citados.

Cabe hacer la aclaración que esta categoría del derecho internacional humanitario difiere de la de refugiado, ya que aun cuando en ambos casos las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados, con derecho a la protección específica que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia.

Los principios rectores contemplan normas aplicables al fenómeno del desplazamiento en su conjunto, dado que reconocen el abanico de posibilidades que van desde la protección contra desplazamientos arbitrarios, es decir, las acciones preventivas para evitar el desplazamiento, la situación concreta del desplazamiento, cuando éste ya se ha manifestado, así como las normas que se aplicarían al regreso y la reintegración a sus lugares de origen.

Es importante destacar que estos principios representan un mínimo de normas aplicables en la materia como estándares reconocidos por el derecho internacional, que son declaraciones moralmente vinculantes que, sin embargo, los gobiernos nacionales deben reconocerlas como obligaciones que surgen del derecho internacional y que sirven de referencia para la necesaria armonización de las legislaciones nacionales a su letra y espíritu como es el principal objetivo de esta iniciativa.

Cabe hacer mención, a manera de antecedente, que ante la magnitud del problema que reviste en el mundo la situación de desplazamiento interno de millones de personas, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU requirió a su secretario general, la designación de un representante especial para los desplazados internos, quien realizó una visita oficial a México del 18 al 28 de agosto del 2002, por invitación del gobierno.

En aquél entonces se reconocieron como causas del desplazamiento forzoso en México, el conflicto de Chiapas así como las disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y los desastres naturales que por aquél entonces se habían registrado en Oaxaca, Tabasco y Sinaloa, pero también reconoce que no existían en esos años estadísticas oficiales sobre su número, ubicación, sus necesidades, así como las posibles respuestas institucionales para atenderlos.

Sobre la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente esta problemática, se reconoció que “es urgente que estas autoridades aceleren el enunciado, la adopción y la aplicación de políticas sobre los desplazados internos. Estas políticas deben estar vinculadas a otros planes, políticas y programas de derechos humanos. Con ellas hay que procurar resolver cuestiones de protección frente a desplazamientos arbitrarios, cubrir las actuales necesidades de protección y ayuda y plantearse las posibilidades de un retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un modo seguro y digno”, fin de la cita.

Por otro lado, también reconoce en la parte que tiene que ver con los mecanismos de coordinación que “los esfuerzos de las autoridades estatales para abordar el problema de los desplazados internos se ha iniciado sin mucha coordinación con las autoridades federales. En algunos casos, las autoridades de los Estados han establecido cierta coordinación con la sociedad civil; esa colaboración hay que ampliarla. Es importante establecer mecanismos de coordinación en el seno del gobierno federal, entre éste y los gobiernos de los estados y con organizaciones no gubernamentales humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo, así como con la comunidad internacional, para abordar de manera más eficaz la crisis de los desplazamientos,” fin de la cita.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un diagnóstico sobre los derechos humanos en México, en el cual se “pretende identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México, con base en un análisis no coyuntural”. Asimismo, el diagnóstico “recoge demandas que constituyen un clamor de la sociedad mexicana, y que en la mayoría de los casos también están reflejadas en las recomendaciones y diversos informes que en materia de derechos humanos han realizado sobre el país la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, por medio de sus distintos mecanismos de protección, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales”.

Sin embargo, esta situación lejos de atenderse o mejorar, se ha agudizado, por motivo de la aparición de nuevas causas de desplazamiento, como es la que se relaciona con la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, la cual ha impactado en las familias, afectando sobre manera a los jóvenes y sobre todo a aquellos que carecen de oportunidades de educación y desarrollo.

Aunque estimamos que no es una cuestión de números o de estadísticas sino de una verdadera tragedia humanitaria de incalculables proporciones podemos citar algunos ejemplos en varios Estados de la República:

En Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha registrado alarmantes decrementos de su población así como de su actividad económica, como se desprende de los datos del censo del Inegi, se estima que podrían sumar más de 230 mil personas que huyendo de la criminalidad, se movilizaron hacia Estados Unidos o bien se desplazaron a otros estados como Coahuila, Durango y Veracruz.

En 2011 la violencia de los cárteles que se disputan territorios desplazo alrededor de 280 mil personas, la mayoría de siete estados, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán Guerrero, según el Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego de Refugiados, (NRC).

Este informe afirma que pese a que el gobierno ha enfrentado este conflicto contra los cárteles de la droga, todavía no ha reconocido la existencia del desplazamiento asociado a este fenómeno, que sirviera de sustento de programas específicos que ayuden a mitigar los efectos del incremento de la violencia ligados a su intervención, mecanismos de vigilancia de los desplazamientos, así como la debida protección física y jurídica de las personas y sus bienes o apoyos para que se reinserten en sus nuevos lugares de residencia.

Existe el problema adicional que hasta el día de hoy, no existe un censo sobre la población desplazada que provea de información desagregada para conocer las causas del desplazamiento, el origen y el destino, la edad y el sexo de los desplazados para estar en condiciones de tomar decisiones sobre sus necesidades y la debida asistencia, que más allá de utilizarse como parte de un debate sobre conceptos, cifras o la responsabilidad del estado, deben ser un instrumento claro para determinar la magnitud del fenómeno y establecer en su momento cuáles son las obligaciones del Estado mexicano.

Aunque existen datos aislados o asociados de alguna manera con este fenómeno que nos sirven como parámetros de aproximación como por ejemplo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-Inegi-2011), la cual nos arroja que al menos una de cada mil personas que cambiaron su residencia durante 2010 lo hicieron por motivos de inseguridad, otra Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe-Inegi, 2013, 2014, 2015) indican que de 2011 a 2014 entre el 1.3 por ciento y 1.5 por ciento de los hogares mexicanos cambiaron su residencia como consecuencia de la inseguridad. Otros datos los tiene la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid-Inegi-2014) que arroja que en el 2014 el 6.4 por ciento del total de la migración interna se dio por violencia, es decir, 185 mil personas; de las cuales 22.5 por ciento salieron de Veracruz y 9.2 por ciento del Estado de México.

Detrás de estas cifras, existe un panorama desolador e incontables historias de dolor, de mutilación social, destrucción del tejido social, de pueblos desiertos, de abandono de las actividades productivas, de la pérdida del presente y del futuro de miles de familias.

Familias que sufren las condiciones de inseguridad e impunidad que se profundizaron en el presente sexenio como es el caso de estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Michoacán, en donde de manera particular se dio la creación de autodefensas que operaron primero, al margen de la ley y luego, bajo el amparo del gobierno federal, que acabo por reclutar a varios de ellos como efectivos de una fuerza rural que no acabo por consolidarse.

Ante esta grave situación, la respuesta del gobierno mexicano, ha sido prácticamente la negación de la existencia de este fenómeno y la nula aceptación de su responsabilidad para enfrentarlo, lo que ha dejado en una situación de gran vulnerabilidad a miles de mexicanos que requieren urgentemente la atención de sus necesidades y la salvaguarda de su integridad y sus derechos humanos.

En la pasada legislatura el 3 de junio de 2015, la diputada Amalia García Medina, presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 11 que planteaba introducir esta materia a nombre de nuestro grupo parlamentario, la cual estimamos necesario retomar como valioso antecedente para darle vigencia al tema en comento.

Con este propósito, retomamos los datos más recientes del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, con sede en Ginebra, que desde hace años ha venido haciendo estudios y emitiendo alertas sobre el alarmante incremento del desplazamiento en nuestro país, y de las cada vez más graves consecuencias que le acompañan señalando que “... En México existen un total de 281 mil 400 desplazados internos, debido a la violencia ligada al tráfico de droga; sin embargo, el gobierno ‘no reconoce oficialmente el desplazamiento interno’... La mayor causa... en México y el triángulo norteño centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la violencia criminal vinculada al tráfico de droga y a las actividades de pandillas urbanas (Maras)... y junto con Colombia) tienen 19 de las 50 Ciudades con el mayor índice de criminalidad del mundo” En México, prosigue, “...la violencia criminal ha causado el desplazamiento de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país ... Los traficantes de drogas y otros grupos criminales en México son responsables de miles de muertes y secuestros de civiles, aterrorizando a las poblaciones locales... no reconoce oficialmente el desplazamiento interno, y las respuestas dadas son fragmentarias e insuficientes...”.

Aceptando que no existe en nuestro país el andamiaje conceptual, legal e instrumental para enfrentar esta situación, como tampoco la voluntad política para asumir las responsabilidades del Estado mexicano, es que se propone la presente reforma constitucional, si bien es cierto que cuenta con una serie de garantías individuales consagradas en la Carta Magna que inciden de manera directa en el fenómeno de desplazamiento interno, no son las herramientas institucionales adecuadas para poder enfrentar esta problemática, debido fundamentalmente, como lo reconoce el propio informe del Representante Especial, a que se carece de los elementos mínimos para propiciar una coordinación intergubernamental adecuada.

Por lo que en principio, estamos proponiendo introducir una nueva categoría del derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, que no está contemplada hasta ahora, puesto que trata de reconocer la gravedad de esta situación y la responsabilidad del Estado para atender sus causas como sus consecuencias.

El Grupo Parlamentario del PRD, considera que es imprescindible contar en nuestra Constitución con la figura del desplazamiento interno dentro de nuestro sistema jurídico, para garantizar como mínimo, un conjunto de derechos a la atención, la seguridad y la restitución de derechos de las personas que han sido desplazadas internamente debido a que, han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada o de violaciones de los derechos humanos, pero también por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, dentro de sus fronteras.

Con la presente reforma a los artículos 11 y 73 de nuestra Constitución pretendemos por un lado, introducir dichos principios rectores del derecho internacional humanitario, y por otro, dar el primer paso para reglamentar en la ley la responsabilidad concurrente del Estado, tanto de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe diputado Erik Juárez Blanquet, integrante del Grupo Parlamentario del PRD someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

...

Es responsabilidad del Estado con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y conforme lo disponga la Ley de la materia, garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de los derechos de las personas que para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sean desplazadas internamente de su lugar de residencia.

Artículo 73. ...

I a XXIX.- W ...

XXIX - X.- Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas y municipios en materia de desplazamiento interno.

XXX. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para aprobar la legislación correspondiente en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2015.— Diputado Erik Juárez Blanquet(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos la presencia de vecinos de las colonias Juárez y Culturas de la zona centro del municipio de Chalco, estado de México, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández; e igualmente de estudiantes de la Universidad de Occidente de Sinaloa, invitados por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez. Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todas y a todos mis compañeros diputados, y a quienes nos siguen desde el Canal del Congreso.

La iniciativa que hoy vengo a presentar, tiene por objeto facilitar el derecho para promover la acción de responsabilidad ambiental. Para lo anterior propongo reformar la fracción I y la fracción IV del artículo 28, así como el numeral 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Lo que se pretende es, primeramente, eliminar para efectos de la materia ambiental, el obstáculo impuesto en la fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la cual señala que “para promover una acción colectiva, se debe tener un respaldo de por lo menos 30 miembros”. El requisito señalado ha dejado en estado de indefensión a las colectividades pequeñas que no alcanzan a sumar dicha totalidad de miembros.

Como ejemplo les puedo recordar la tragedia ambiental, humana y económica, que sucedió hace aproximadamente 19 meses por la irresponsabilidad de una empresa minera en los ríos Sonora y Bacamuchi. En ese entonces se hablaba de siete municipios afectados, más de 5 mil hectáreas siniestradas, más de 320 pozos de agua suspendidos, así como de un impacto ambiental y económico incuantificable.

No obstante esos daños el juez que conoció de la acción de responsabilidad ambiental intentada por miembros de las comunidades afectadas, determinó desechar dicha demanda bajo el argumento de que el representante de la colectividad no tenía el soporte de al menos 30 miembros.

Con lo anterior, se vulnera el artículo 17 de la Constitución federal, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Es por ello que propongo que cualquier persona de la comunidad adyacente al sitio que ha sufrido daño o deterioro ambiental, esté legitimado para poder demandar la responsabilidad ambiental.

Además en esta iniciativa se plantea la legitimación autónoma de las procuradurías o instituciones públicas estatales que ejerzan funciones de protección ambiental para que éstas puedan accionar de manera independiente procedimientos de responsabilidad ambiental, y con ello coadyuvar con las autoridades federales.

Conagua ha señalado que el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación. En los últimos años se han registrado muchos derrames petroleros. Por ejemplo en Nuevo León, en Tabasco y Veracruz. También se ha sabido de vertido de agua con cianuro en municipios de Durango, en específico el municipio de El Oro, Durango.

Estoy convencido, compañeras y compañeros, de que las acciones de responsabilidad ambiental deben de tener un trato preferente y especial, ya que su finalidad es garantizar el derecho a gozar de un medio ambiente sano, el cual, además está reconocido en el párrafo quinto del artículo 4o de nuestra Constitución Política federal.

Ahora bien, me permito hacer una pausa para compartirles que esta iniciativa es producto de una incubadora de leyes del estado de Coahuila, desde donde me puse a trabajar en conjunto con estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente de la Facultad de Derecho, así como también con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de mi estado natal.

Iniciativas como éstas, compañeras y compañeros diputados, contribuyen a crear un canal de comunicación efectivo con el Poder Legislativo federal, porque si de algo todos estamos conscientes es que el daño al medio ambiente nunca debe quedar impune.

Para el Partido Verde un sistema de protección y procuración de justicia debe de ser amplio, dinámico y de sencillo acceso que responda a las necesidades y a las expectativas de la población mediante una atención oportuna y una atención de calidad.

Por lo anterior les pido que todos sumemos esfuerzos para que esta iniciativa pronto sea una realidad en pro de todas y de todos los mexicanos que en algunas ocasiones se ven afectados en su medio ambiente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 28, así como el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de legitimación para interponer acciones judiciales por responsabilidad ambiental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano, a partir de los compromisos asumidos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Cumbre de Río de 1992, ha venido desarrollando legislación y mecanismos jurídicos que permitan una efectiva reparación de los daños generados al medio ambiente y a las personas por la actividad industrial o del ser humano. Sin embargo, en la práctica se han presentado distintos obstáculos para la aplicación de estos mecanismos jurídicos, pues los mismos contemplan requisitos o candados para poder acceder a la justicia ambiental, o bien, se concentra la potestad para ejercer una acción de responsabilidad ambiental en una sola autoridad, dejando al arbitrio de ésta el acceso efectivo a una eventual reparación de daños ambientales o a la salud de los mexicanos.

Dentro de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de responsabilidad de daños ocasionados al ambiente, en la Declaración de Río se destaca el contemplado en el principio número 13, mismo que a la letra establece:

“Principio 13

Los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.”

En ese sentido, con gran acierto, nuestro país, a través de sus órganos legislativos, se dio a la tarea de redactar una legislación que contemplase la obligación de reparar los daños ambientales e indemnizar a los afectados por daños ocasionados al ambiente, con lo cual se llegó a la elaboración de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siendo ésta un cuerpo normativo que representa grandes avances, entre los cuales destaca una nueva forma de entender la procuración de justicia ambiental.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental desde esta nueva perspectiva, contempla nuevos mecanismos de justicia en la materia, involucrando al Poder Judicial en la resolución de controversias ambientales, del mismo modo que incorpora nuevos principios ambientales internacionales como el de internalización de costos, entre otros.

Si bien es cierto que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental implica un gran avance en materia de protección al ambiente y a los recursos naturales, también lo es que hasta ahora la misma no ha sido utilizada por las autoridades ni por la sociedad en general, pues de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hasta el año 2015, esta ley no había sido aplicada en ningún procedimiento administrativo ventilado ante dicha autoridad, y sólo se iniciaron tres procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental de los contemplados en el capítulo tercero de dicho cuerpo normativo, no obstante que éste se encuentra vigente desde el 7 de junio de 2013.

Consideramos que uno de los factores que influyen en el limitado ejercicio de esta ley se debe a las restricciones que presenta en sí misma para ejercitar las acciones en materia de responsabilidad ambiental contempladas en su capítulo tercero, en específico las contenidas en los artículos 28 y 43.

El artículo 28 de la multicitada ley establece que las personas físicas, jurídicas y/o públicas que cuentan con legitimación para promover ante los tribunales judiciales una acción por responsabilidad ambiental, limitando el acceso a este procedimiento de la siguiente manera:

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La federación a través de la procuraduría, y

IV. Las procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Del texto antes citado, se desprende que la legitimación para accionar este tipo de procedimiento es exclusivo de: i) los habitantes de comunidades adyacentes al sitio en donde se realizó el daño ambiental, ii) Las personas morales sin fines de lucro cuyo objeto social sea el de proteger el medio ambiente, iii) La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y iv) Las procuradurías ambientales de las entidades federativas con la anuencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,limitando a las autoridades estatales el acceso a la vía jurisdiccional en materia de responsabilidad ambiental.

En ese mismo orden de ideas, el artículo 43 de esta misma ley establece lo siguiente:

Artículo 43. Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.

El hecho de remitir al Código Federal de Procedimientos Civiles la legitimación activa para intentar una acción por responsabilidad ambiental representa un grave obstáculo para que cualquier persona pueda acceder a los mecanismos de impartición de justicia ambiental; esto es así debido a que si bien el legislador reguló una forma de representación para los afectados, también es cierto que las acciones de responsabilidad ambiental y las acciones colectivas en materia ambiental deben tener un trato preferente y especial ya que su finalidad es garantizar un derecho colectivo, el derecho a gozar de un medio ambiente sano.

No podemos pasar por alto que existen pequeñas comunidades en nuestro país en donde habitan menos de 30 personas, por lo cual sería imposible para ellos llevar a cabo una acción por responsabilidad ambiental ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles exige en su artículo 585 un mínimo de 30 miembros de la colectividad para iniciar una demanda colectiva.

Por lo anterior es que se propone eliminar la limitación contemplada en el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto al número de personas que pueden iniciar una acción de responsabilidad ambiental, dejando abierta la posibilidad para que cualquier persona de la comunidad adyacente al sitio que ha sufrido un daño o deterioro ambiental pueda exigir la reparación del daño en favor de todos los habitantes y en especial del medio ambiente.

Relativo a la fracción I del artículo 28

En relación a la fracción I del artículo 28 citado con anterioridad, la legitimación planteada para los habitantes de comunidades adyacentes que han resentido un daño ambiental se ha visto coartada en distintos procedimientos jurisdiccionales en los que se intenta la acción de responsabilidad ambiental (al no reunir el mínimo de miembros mencionados en el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Un claro ejemplo se desprende de la acción de responsabilidad ambiental intentada en contra de una empresa del ramo minero por la grave y lamentable contaminación a los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora. En este caso en particular el juez que conoció de la acción de responsabilidad ambiental intentada por miembros de las comunidades afectadas, desechó la demanda, ya que consideró que la misma debía cumplir con la condición establecida en la fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles 1,artículo que regula la legitimación para intentar acciones colectivas y que establece como requisito que la acción sea intentada por cuando menos 30 personas. Lo cual resulta totalmente inadecuado pues nuestra Carta Magna establece en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, no se debe de coartar ni hacer gravoso el acceso a la justicia y menos el acceso a la justicia ambiental cuyo objeto como ya se ha mencionado es el de garantizar el acceso a un medio ambiente sano tal y como lo dispone el párrafo quinto del artículo 4o. de nuestra Constitución federal.

De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de realizar la reforma a este artículo para así permitir a cualquier ciudadano afectado, accionar los mecanismos legales que busquen restablecer el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente.

En este mismo sentido, no podemos permitir que el acceso a las acciones por responsabilidad ambiental que contempla la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental sea limitada a que un grupo de personas (mínimo 30) decida si es que intenta exigir la reparación de daños causados al medio ambiente, sino que debe bastar con que una sola persona habitante de la comunidad adyacente exija la reparación del daño a su ecosistema para así accionar los mecanismos de justicia que con tanto trabajo ha consolidado el Estado mexicano.

Así pues, proponemos la adecuación a la fracción primera, para que de esta manera cualquier persona habitante de la comunidad adyacente al sitio afectado pueda exigir por sí misma la reparación o remediación del daño causado.

Relativo a la fracción IV del artículo 28

Como ya ha quedado asentado, la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental limita a las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia ambiental a contar con la anuencia de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, para poder iniciar una acción por responsabilidad ambiental, esto entorpece el fácil acceso a la justicia ambiental y genera un control concentrado en la federación para el uso de una herramienta creada para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano contemplado en el artículo 4o. constitucional.

El sistema jurídico nacional se ha ido trasladando de un control de constitucionalidad concentrado a uno difuso, en donde a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional del año 2011 resulta una obligación para todas las autoridades judiciales, administrativas, y legislativas aplicar el control de convencionalidad y garantizar el respeto a los derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna, así como en tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo cual el hecho de que la fracción IV en comento limite a las autoridades locales para accionar mecanismos tendientes a garantizar un derecho humano, resulta a todas luces contrario a dicho principio.

Por las razones expuestas, proponemos la legitimación autónoma de las autoridades locales para poder accionar procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental por sí mismas y así robustecer y coadyuvar con las autoridades federales en la procuración de justicia en materia ambiental, dotando de más y mejores herramientas legales a las autoridades públicas estatales para poder garantizar los derechos contemplados en el artículo 4o. constitucional, en específico: el acceso a un medio ambiente sano.

Con la finalidad de facilitar la comprensión de las reformas propuestas se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Para el Partido Verde Ecologista de México un sistema de protección y procuración de justicia ambiental debe de ser amplio, dinámico y de sencillo acceso para responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población con una atención oportuna y de calidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 28 y el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Artículo Único.Se reforman las fracciones I y IV del artículo 28 y el artículo 43, ambos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título a:

I. Cualquier persona física habitante de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente , sin restricción de número.

II. y III. ...

IV.Las procuradurías o instituciones públicas estatalesque ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas en el ámbito de su circunscripción territorial.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 43. Para promover acciones de responsabilidad ambiental o acciones colectivas en materia ambiental, no se requerirá un número mínimo de demandantes de la colectividad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Artículo 585. Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:

I. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia;

II. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros;

III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y

IV. El Procurador General de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: José Refugio Sandoval Rodríguez,Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Celis Aguirre, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Juan Antonio Meléndez, por favor.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Gracias, presidente. Solicitando al diputado Sandoval, a nombre del diputado Alejandro Domínguez y su servidor Juan Antonio Meléndez, suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Manifiesta su aquiescencia, y desde luego que queda a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Sofía del Sagrario de León Maza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Sofía de León, por favor. Sí, diputada.

La diputada Sofía Del Sagrario de León Maza (desde la curul): Nos adherimos a la propuesta del diputado del Partido Verde.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Ha manifestado ya su aquiescencia para que pueda ser suscrita por quienes la compartan y así lo quieran hacer.

EXPIDE LA LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD DEL ESTADO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. El 26 de agosto pasado Artículo XIX y Fundar presentaron el informe Libertad de expresión en venta acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial. Es un diagnóstico que detalla los abusos de la publicidad oficial. La opacidad persiste, la rendición de cuentas es disfuncional y el diseño institucional y legal permite prácticas contrarias al buen ejercicio democrático y a la libertad de expresión e información.

El informe da cuenta de que, solo a nivel federal, en sus dos primeros años de gobierno el presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones de pesos en publicidad, cantidad que rebasa por mucho a cualquiera de sus antecesores.

También indica que más de la mitad de los estados gastaron más recursos de los que originalmente presupuestaron y que la mayoría de estos, aunque reportaron gastos totales, no dieron a conocer en qué medios y campañas se gastaron más de 2 mil 413 millones de pesos.

En la actualidad sigue prevaleciendo un criterio de absoluta discrecionalidad y de opacidad del Estado mexicano para disponer a entera conveniencia los recursos públicos que integran ese presupuesto. La asignación arbitraria de publicidad oficial con el objetivo de premiar o castigar a comunicadores y/o medios de comunicación en relación a sus líneas editoriales e informativas atenta, sin duda, contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibido y regulado en la ley.

Los recursos públicos en México que se destinan a los medios de comunicación siguen siendo manejados como un instrumento por parte del gobierno en mucho de sus casos para inhibir a empresas de comunicación crítica opuestas a sus políticas, o por el contrario, para recompensar a aquellas afines a sus programas e intereses.

Muchos son los casos en nuestro país que se han documentado, antes Excélsior, Proceso, el Diario de Irapuato, Canal 40, Radio Monitor. Crónica de Mexicali, Cuarto Poder de Chiapas, el Sur, periódico El Centro, junto con muchos otros medios locales y nacionales. Para poner un ejemplo de esos tiempos, el programa de radio de la periodista Carmen Aristegui, ¿Les suena?

Legislar sobre esta materia es tarea inaplazable para evitar que la publicidad del Estado siga siendo una herramienta de presión y manipulación, a fin de compensar y castigar a las expresiones de los medios de comunicación en función de su contenido.

Sostenemos que el Estado debe y puede asumir un rol activo para asegurar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación sin desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno. Sólo así se garantizará un debate amplio y realmente democrático, y propiciaría mayores posibilidades de circulación de noticias e ideas de opinión.

Específicamente el proyecto que presentamos propone regular la publicidad del Estado, considerado ésta en su más amplia acepción; los tres Poderes y los órganos autónomos en los tres niveles de gobierno, determinar los contenidos de la publicidad oficial considerando que deben de cumplir una función de interés público.

Indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo porcentajes por tipo de medios de comunicación, electrónico, impreso y otros, como los de impacto comunitario.

Determinar las tarifas únicas para la adquisición de publicidad aplicables a todos los medios y modalidades de contratación, con el fin de que las variaciones de pago se deban exclusivamente a un tiraje o un auditor mayor.

Establecer un cuerpo ciudadano honorario, que vigile el cumplimiento de las normas de distribución de la publicidad y programar la aplicación de estímulos a medios de comunicación cultural y comunitario.

Determinar las soluciones aplicables a los servidores públicos responsables en caso de violación a las normas de distribución, asignación, contratación y pago de la publicidad oficial y crear un juicio de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, competente en caso de violación a las normas de distribución, asignación, contratación o pago de publicidad oficial.

Compañeras, compañeros, la falta de lineamientos legales claros y concretos en la regulación del gasto público en medios de comunicación atenta contra la transparencia, favorece la discrecionalidad que tanto daña la aspiración del pueblo de México, para avanzar a un régimen genuinamente democrático.

Es por lo anterior que vengo a presentar esta iniciativa, mediante la cual se expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley que regula la Publicidad del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado.

La iniciativa se presenta tomando en consideración los razonamientos vertidos en la siguiente:

Exposición de Motivos

La reforma constitucional electoral publicada el 13 de noviembre de 2007 incluyó, en materia de garantías para la libertad de expresión, el derecho de réplica, la prohibición de contratación de propaganda electoral en radio y televisión a partidos políticos, la prohibición para intervenir en los procesos electorales de cualquier forma a particulares y la regulación básica de la publicidad oficial.

En estos casi nueve años que lleva de aprobada la reforma, el gasto arbitrario en publicidad oficial se sigue disparando. Urge emitir la normatividad secundaria que haga posible que este gasto sirva a la sociedad y garantice la pluralidad informativa evitando la censura previa.

El objeto de esta iniciativa es proponer una ley que regule la publicidad pública con apego a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional reformado.

I. Antecedentes

Con fecha 13 de noviembre de 2007, en el marco de una reforma electoral, se reformó el artículo 134 constitucional, para añadir los siguientes párrafos:

Artículo 134. ...

...

...

...

...

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

En su transitorio tercero, el decreto señala:

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

De 2002 a la fecha, se han presentado en el Congreso de la Unión 20 iniciativas para regular la publicidad del Estado, provenientes prácticamente de todos los grupos parlamentarios:

a) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental, en Materia de Prensa, Radio y Televisión, presentada por la diputada Lorena Beaurregard de los Santos (PRI), el 19 de marzo de 2002;

b) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala (PRD), el 2 de diciembre de 2003;

c) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental a la Ciudadanía, presentada por la senadora Dulce María Sauri Riancho (PRI), el 8 de diciembre de 2005;

d) iniciativa con proyecto de decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Jacinto Gómez Pasillas (Nueva Alianza), el 14 de mayo 2007;

e) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en Materia de Gasto en Publicidad Gubernamental, presentada por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu (PRD), el 11 de julio de 2007;

f) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado, presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama y el senador Carlos Sotelo García (PRD), el 23 de octubre de 2007;

g) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales que regula la publicidad del Estado, presentada por el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), el 1 de diciembre de 2009;

h) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional, presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI), el 22 de febrero de 2011;

i) iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentada por el senador Pablo Gómez Álvarez (PRD), el 29 de marzo de 2011;

j) iniciativa con proyecto de decreto que Reforma el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Prohibir la Propaganda en la Comunicación Social que Difunda el Poder Público en sus tres Órdenes de Gobierno, presentada por el diputado Jesús María Rodríguez (PRI), el 31 de marzo de 2011;

k) Iniciativa de Ley de Equidad y Transparencia para la Publicidad Gubernamental del Estado de Guerrero y sus Municipios, presentada por el diputado Victoriano Wenses Real (Nueva Alianza), en Marzo de 2011;

l) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Comunicación Gubernamental, presentada por el diputado Javier Corral Jurado (PAN), el 26 de abril de 2011;

m) iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentada por el senador Pablo Gómez (PRD), el 7 de febrero de 2012;

n) Iniciativa de reforma a la artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular el gasto en publicidad que realizan los gobiernos de los estados, presentada por el diputado Óscar González Yáñez (PT), el 23 de febrero de 2012;

o) iniciativa con proyecto de decreto que Reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 6o. y 134 Constitucionales, que regula la publicidad del Estado, presentada por el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), el 11 de julio de 2012;

p) iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentada por el senador Armando Ríos Pitter (PRD), el 6 de noviembre de 2012;

q) iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un tope a los gastos en propaganda gubernamental, presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), el 19 de junio de 2013;

r) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de Propaganda Gubernamental, presentada por los senadores Fernando Herrera Ávila (PAN) y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), el 24 de julio de 2013;

s) iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, para prohibir la contratación de publicidad gubernamental y propaganda electoral en favor de gobiernos y de partidos políticos, candidatas y candidatos, durante los periodos de precampañas y campañas electorales en las salas de cine, presentada por los diputados Purificación Carpinteyro Calderón y José Valentín Maldonado Salgado (PRD), el 15 de octubre de 2013; y

t) iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, reglamentaria de los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada por el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, el 19 de marzo de 2014.

1. A partir del derecho a la libertad de expresión contenido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, contenida en su artículo IV, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó en 1997 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que ha ido emitiendo criterios de interpretación del derecho a la libertad de expresión en cada uno de sus aspectos. Específicamente sobre publicidad oficial ha generado los siguientes documentos:

a) En octubre de 2000, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, cuyo principio 13 está dedicado a la publicidad oficial.

b) En 2001, emitió los “Antecedentes e interpretación de la Declaración de Principios”, que incluyen los primeros criterios de interpretación de cada uno de los principios.

c) El Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003 incluyó una amplia evaluación del estado de la publicidad oficial en el continente americano.

d) El 7 de marzo de 2011, emitió los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión, relacionados con: 1. Establecimiento de leyes especiales, claras y precisas; 2. Objetivos de la publicidad oficial; 3. Criterios de distribución de la pauta estatal; 4. Planificación adecuada; 5. Mecanismos de contratación; 6. Transparencia y acceso a la información; 7. Control externo de la asignación publicitaria y 8.Pluralismo informativo y publicidad oficial

2. La situación de la publicad oficial ha sido observada como crítica en México por su uso abusivo, arbitrario, propagandístico de fines particulares y directamente utilizado para premiar o castigar a los medios de comunicación.

Desde 2009, los organismos civiles Article 19 y Fundar, Centro de Investigación y Análisis A.C., vigilan el gasto en publicidad oficial federal, estatal y municipal con información pública. En 2011 publicaron el estudio Abuso del gasto en publicidad oficial y en 2013, El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas,así como Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto.

II. Consideraciones

1. Como se cita textualmente en el numeral 1 del apartado anterior, el decreto de reforma electoral que contiene la regulación a la publicidad oficial en el artículo 134 señala que debieron haberse realizado “las adecuaciones que correspondan en las leyes federales” a más tardar el 14 de diciembre de 2007. Sin embargo hasta la fecha no se ha legislado para hacer posible el cumplimiento de la reforma en este tema específico.

2. Como se menciona en el numeral 2 del apartado de Antecedentes de esta iniciativa, por lo menos desde 2002 ha sido un tema de recurrente preocupación en este Congreso de la Unión la regulación de la publicidad oficial.

De las 20 iniciativas que se han presentado desde entonces sobre el tema, cuatro han correspondido a legisladores del PRI; ocho del PRD; dos del Nueva Alianza; tres del PT; dos del PAN, y una conjunta PRD-PAN.

Esta iniciativa recoge las que en la LX Legislatura presentó la diputada Valentina Batres Guadarrama y en la LXI Legislatura presentó el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Publicidad oficial

Como se señaló antes, Reporteros sin Fronteras ha hecho constar el deterioro que vive la libertad de expresión en México, enviándolo, en ocho años, del lugar 75 en 2002 al 136 en 2010 de su clasificación. Uno de los 50 criterios bajo los cuales se realiza dicha clasificación es el de la “Utilización del boicot publicitario (el Estado deja de comprar espacios publicitarios en determinados periódicos, o presiona a las empresas privadas para que boicoteen a algunos medios de comunicación)”.

El “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en México que presentan Organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, entregado en julio pasado a ese organismo internacional, sintetiza las razones que generan nuestra deficiente calidad democrática en términos de información:

... la falta de pluralidad informativa [...], así como la utilización de controles indirectos para limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, aunados a la ausencia de regulación de la asignación de la publicidad oficial y la carencia de armonización legislativa en materia de transparencia y acceso a la información pública, ponen en evidencia las graves deficiencias que impiden el ejercicio pleno del derecho de la información.

[...]

La ausencia de legislación especializada, así como con criterios transparentes y objetivables para la asignación de publicidad gubernamental, aunados a la percepción de los gobernantes de que la publicidad oficial obedece a “favores políticos” vinculados a los criterios editoriales, ha posibilitado que factores de tipo discrecional, frecuentemente en función de la coyuntura política –a manera de premios y castigos–, sean los que definan los linderos y la dinámica de esta relación viciada entre el aparato gubernamental y los medios informativos de nuestro país.

Así, el otorgamiento de publicidad gubernamental suele convertirse en una discrecional forma de censura, que puede causar autocensura para garantizar la existencia de algunos medios.

En este contexto, la existencia de medios independientes y publicaciones vinculadas a sectores diversos de la sociedad civil, académica y gremial ?particularmente las culturales, académicas y de divulgación, ajenas a las entidades gubernamentales o a los grandes grupos mediáticos?, hoy día se torna vulnerable por la falta de regulares ingresos publicitarios, pese a abordar temas de indudable aporte social, político y cultural. De hecho, frente a la hegemonía de los grandes medios de comunicación y de los principales grupos de poder político en México, este tipo de foros representan una mirada crítica y alternativa a nuestra realidad política, cultural y económica.

Ésta censura indirecta del gobierno, incluye una serie de acciones destinadas a influir en los medios de comunicación, además de las clausuras, encarcelamientos, censura directa de contenidos específicos, y ataques físicos a periodistas o instalaciones de medios de comunicación. Como son los aspectos financieros de la censura oficial indirecta: presiones para influir en la cobertura de noticias y moldear el amplio panorama mediático o las líneas editoriales de medios de comunicación específicos o periodistas a través de una asignación arbitraría y convenenciera de la publicidad gubernamental; de las subvenciones estatales y gubernamentales a los medios; y de otros instrumentos financieros similares.

De tal forma, la asignación de la publicidad oficial se convierte en la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral del complicado panorama mediático del país. Sin reglas claras y precisas, permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas. Los gobiernos federal y locales utilizan la publicidad oficial para dar forma a la línea editorial de los medios de comunicación y empujar agendas partidistas. La asignación opaca y arbitraria de la publicidad oficial restringe el pluralismo y la diversidad de voces mediante la financiación selectiva de medios de comunicación que apoyan a los funcionarios y sus políticas. Además de que algunos dueños de medios se asocian con servidores públicos en una relación basada en la corrupción que genera beneficios y poder para ambos.

Sumado a lo anterior, los medios de comunicación se enfrentan a grandes dificultades, los ataques físicos cada vez son más frecuentes y violentos. México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde 2000, más de 77 periodistas han sido asesinados y otros 17 han desaparecido.

El 18 de marzo pasado, Artículo 19 da cuenta en su informe M.I.E.D.O. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad), que 2015 ha sido el año más violento para la prensa en México, al registrar 1 agresión cada 22 horas. Fueron 397 agresiones, incluyendo 7 asesinatos de periodistas, 21.8% más que en 2014. Este documento también revela que el 46.9 % de estas agresiones, provienen de algún servidor público. El impacto de estos ataques conduce claramente a la autocensura generalizada.

Las organizaciones civiles han hecho énfasis en que:

...el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar el respeto y el fomento del derecho a la información de los ciudadanos mediante los recursos jurídicos a su alcance para así evitar se vulneren los propósitos medulares de toda democracia: la pluralidad ideológica, la participación social, el debate razonado y, ante todo, el ejercicio crítico y responsable de las libertades de expresión e información.

Y este objetivo sólo será posible con la regulación de la publicidad oficial.

La intervención del Estado en los medios de comunicación a través de la publicidad oficial

En México, el control de los medios de comunicación por parte del gobierno se ha dado de diversas maneras. Durante las siete décadas que gobernó continuamente el PRI, se ejercía fundamentalmente a través de subsidios directos, como el pago a las empresas de comunicación o a determinados directivos, reporteros, articulistas y columnistas, como documentó el periodista Jacinto Rodríguez con información extraída directamente del Archivo General de la Nación proveniente de los años sesenta a ochenta. En su libro La otra guerra secreta: Los archivos prohibidos de la prensa y el poder,documenta cómo granparte de los directivos de las empresas y el gobierno se ponían de acuerdopara determinar los contenidos, los reporteros, los articulistas o columnistas y hasta qué noticias se publicaban. Es decir, la censura era autocensura, y la libertad de expresión apenas ocupaba los pequeños espacios que al gobierno no le interesaban o no podía dominar.

Igualmente, mediante la Productora e Importadora de Papel (PIPSA), organismos paraestatal del Gobierno Federal, decidía a qué medio le vendía el papel para imprimir y a cuál no.

Aunque no existe información para indicar a partir de cuándo el Estado ha buscado controlar o censurar a los medios de comunicación por medio de la compra de publicidad oficial, específicamente, sí se puede advertir cómo se ha llevado cabo en los últimos treinta años a partir de la denuncia que algunos medios de comunicación han hecho pública en diversas partes de la República. Estos casos son de frecuencias radiofónicas, televisivas y la prensa escrita.

Dos casos de boicot publicitario del Estado utilizado como castigo contra medios de comunicación muy ampliamente documentados por su afán en hacer un periodismo independiente han sido los de Excélsiory Proceso.A ellos sumamos el de El Diario de Irapuato.

Excélsior

La historia del golpe a Excélsiorha sido escrita por varios periodistas. Por la forma y el momento en que sucedió, se trató de la mayor agresión que vivió la libertad de expresión en el siglo pasado mexicano, después de la Revolución.

Aquí reproducimos algunos fragmentos de la narración de Humberto Musacchio sobre aquellos días:

...Como toda libertad, la de prensa no era una gracia de los gobernantes, sino la consecuencia del movimiento social. Algunos periódicos le tomaron la palabra a Echeverría y abrieron sus páginas a colaboradores jóvenes o menos rutinarios, capaces de disentir y de señalar errores, desviaciones y corruptelas. A la cabeza de esa aventura periodística marchaba Excélsior, donde el grupo dirigente entendió las palabras de Echeverría como un compromiso hecho ante la nación.

Julio Scherer García había llegado a la dirección de Excélsioren agosto de 1968, cuando el periódico todavía se revolcaba en el anticomunismo pagado, el chantaje tan canallesco como redituable al estilo de Carlos Denegri y el embute o chayotecomo práctica generalizada. Era la joya del periodismo más representativo del viejo régimen, ese periodismo alimentado por las complicidades con el poder, los aplausos pagados y los silencios igualmente rentables.

Excélsiorllegaría a ser vanguardia del periodismo nacional, pero en 1968 publicó algunos desplegados de solidaridad con el movimiento estudiantil, pero rechazó muchos otros que hallaban cabida en El Día, cotidiano al que se supondría más atado al interés gubernamental. Años después, Scherer reconocería que escamoteó a los lectores –dicho con sus palabras– “capítulos enteros de la historia de esos días”, pese a lo cual despertó la rabia de Díaz Ordaz, quien consideraba como traición a la patria el tibio manejo de la información.

Las páginas del cotidiano se llenaron de denuncias y realidades poco gratas al poder. El reportaje volvió a ocupar su sitial de género mayor, se le concedió espacio a la crónica y la columna política cobró un alcance sin precedente en manos de Ángel Trinidad Ferreira. En una extensa red de corresponsales destacaba en Washington el veracruzano Fausto Fernández Ponte, mientras en Roma estaba el cura Miguel López Saucedo, quien daba cuenta de todos los movimientos del papa. A los corresponsales se sumaban constantemente los enviados, que estaban siempre en el lugar preciso y el momento oportuno, ya fuera en el proceso chileno encabezado por Salvador Allende o en el golpe de Estado de Pinochet, en la revolución portuguesa de los claveles o en la muerte de Francisco Franco.

[...]

Ataques gubernamentales

Una gran variedad de servicios informativos internacionales completaba el menú y llevó a Excélsiora ser considerado como el mejor periódico de habla española y uno de los diez mejores del mundo.

Era tan bueno, que el poder lo empezó a ver como un riesgo, como una competencia indeseable, un espejo en el que no quería mirarse el despotismo presidencial. Ese mismo espejo estimulaba el narcisismo de los habitantes de la casa con imágenes deformes, agigantadas. “Si el poder ataca es que nos considera sus iguales”, pudo decir alguno de ellos. Y el poder atacó.

Primero fue el boicot de anunciantes promovido por el presidente Echeverría en 1972 y después las maletas de dinero que enviaba el mismo farsante para aparecer como el salvador (“Las maletas no eran tan grandes”, me dijo un funcionario de aquel gobierno). Luego, el uso de un liderzuelo agrarista al servicio del demagogo de San Jerónimo y la afectación del patrimonio de los cooperativistas.

[...]

...había un trabajo periodístico profesional y concienzudo que irritaba al poder. En 1975 las ocho columnas anunciaban que el gobierno preparaba un impuesto al patrimonio de los mexicanos. El secretario de Hacienda, José López Portillo, contestó indignado que Excélsiorsacaba sus noticias de la basura, pues se trataba sólo de un proyecto desechado, según decía el futuro presidente. Ya en 1976, el motivo de los entripados de Echeverría eran los artículos de Gastón García Cantú, que una y otra vez arremetían contra el presidencialismo y contra el presidente, ante la aprobación de los lectores que se habían tomado en serio la libertad de prensa. Tan fuertes eran los textos de Gastón, que el Ejecutivo, como quien vende protección, le dio a entender a Scherer García que podía llegarse al avenimiento si se quitaba el apellido, el segundo, que era el mismo de García Cantú, lo que el director de Excélsiorrechazó.

Se habían roto las hostilidades y en 1976 era evidente que Luis Echeverría había decidido doblegar a Scherer o echarlo del periódico. La injusticia estaba a la vista de todos y quienes en otros impresos trataban de aprovechar los pocos y limitados resquicios que se habían abierto a la libre expresión, se sintieron amenazados e intentaron escribir sobre el problema que enfrentaba Excélsior, pero el empeño resultaba estéril. A fin de evitar el cesto de la basura, el asunto tenía que abordarse en términos tan abstractos que sólo podían entenderlo los enterados, lo que restaba toda eficacia a esos textos, pues los otros diarios, bajo la divisa de que “perro no come carne de perro”, hipócritamente consideraron el asunto como algo ajeno a sus intereses, como si no significara un peligro para todos, o quizá porque no lo era para empresas que ganaban con el servilismo y la venta de silencios.

Echeverría y sus peones terminaron la tarea y defenestraron a Julio Scherer, Hero Rodríguez Toro y otros cinco cooperativistas. Para el periodismo mexicano se trataba de la noticia más importante de la segunda mitad del siglo XX. Pero no hubo diario, televisora o estación de radio que informara con veracidad de los hechos, pues optaron por silenciarlos, minimizarlos o deformarlos hasta lo grotesco. Tanto como el interés en metálico se impuso la actitud rastrera ante el poder y el miedo a un tipo tan atrabiliario como Echeverría, quien podía aplastar de un manotazo a quien se atreviera a solidarizarse con los agraviados de Reforma 18.

El 8 de julio de 1976, con la salida de Scherer y 300 periodistas de la casa Excélsior, se inició una diáspora que daría lugar al surgimiento de Proceso, Unomásuno, Vuelta, Razonesy otros órganos derivados de éstos.

...en esa efeméride del oprobio pocos recuerdan que fue desde agosto de 1972 –esto es, cuatro años antes de la maniobra que expulsó a Scherer García de la dirección del matutino– cuando los grupos empresariales, auspiciados por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, suspendieron la compra de espacios para anunciarse en las páginas del que fuera considerado en su momento uno de los cinco mejores periódicos del mundo.

Proceso

De Excélsior,el boicot pasó a Proceso,como narra José Carreño Carlón, quien fue director de comunicación social del gobierno de Carlos Salinas de Gortari:

Todavía en el sexenio de Echeverría, Scherer y sus seguidores pusieron en circulación otra publicación, el semanario Proceso,lo que constituía un desafío sin precedente al poder presidencial, particularmente en la zona más rígida, podría decirse, intocable, del modelo de subordinación, en tanto vino a mostrar que en México podía haber vida (periodística) más allá del veto presidencial. Lo habían hecho al margen de los tradicionales apoyos financieros y de otro orden del gobierno, característicos del surgimiento de los nuevos medios a lo largo del periodo de vigencia del modelo.

Y eso no era todo. Al cambio de sexenio, el nuevo gobierno trató de congraciarse con la nueva publicación y la incorporó a las pautas tradicionales de la publicidad oficial. Sólo que Procesoterminó también por traspasar el umbral de tolerancia del presidente José López Portillo, quien personalmente se encargó de justificar el retiro de la publicidad oficial a la revista con una frase memorable que vino a erigirse en una especie de prueba confesional, no sólo del carácter discrecional, arbitrario, propio del modelo de subordinación, del manejo de la publicidad oficial, sino, incluso, el carácter patrimonialista del uso de los recursos públicos en la relación con los medios: No pago para que me peguen.

Rafael Ocampo documenta ese boicot, que señala como “el momento más difícil” registrado en la historia de la revista Proceso,que se presentó en 1982:

Ese año, la empresa tuvo que hacer un recorte de personal ?el único de su historia? que afectó a no menos de 40 empleados, entre ellos una decena de reporteros. Por tal medida desapareció la agencia de noticias CISA, que surtía de información a unos 50 diarios de provincia y estaciones de radio.

El Diario de Irapuato

Otro caso que se puede documentar de censura de un medio de publicidad durante el régimen priista es el de El Diario de Irapuato,dirigido por Rafael Loret de Mola. En 1981, el periodista “encabezó una denodada campaña que terminó con la caída de un gobernador priista y el inicio de un nuevo despertar político en Guanajuato”, según narra la biografía de Loret de Mola disponible en internet. La reacción del gobierno no se hizo esperar: “por causa de un boicot publicitario, armado desde el gobierno estatal, terminó descapitalizándose y cerrando su cotidiano de Irapuato”.

Durante el breve régimen panista, sin duda el caso más impactante de boicot publicitario del Estado fue el de Radio Monitor, por la importancia e influencia de dicha empresa comunicadora, pero a éste se suman por lo menos dos casos más de importancia nacional: el de Canal 40 y el de Proceso,nuevamente. Se encontraron también acciones de censura contra El Financieroy varios casos de gobiernos locales que también castigan la crítica con retiro de publicidad.

Canal 40

Bajo boicot publicitario en un principio y más adelante sometido a una burda intervención gubernamental en apoyo a TV Azteca, fue el caso de Canal 40 ,que en diciembre de 2002 fue tomado por un comando armado.

De acuerdo con la narración de Milenio Diario, la madrugada del 27 de diciembre de 2002, “unos 30 hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, ocuparon las instalaciones de CNI Canal 40, en el cerro de Chiquihuite, para controlar la emisión de señales de la televisora. Siete trabajadores que se encontraban en la planta transmisora fueron amagados con armas de fuego y obligados a tirarse al piso, esposados y amordazados tras ser obligados a recibir dinero y firmar un documento” (...)

Meses antes de la toma, en febrero de 2002, Raúl Trejo Delarbre narraba que en mayo de 1997 Canal 40 difundió testimonios de algunos sacerdotes retirados o en activo que aseguraron haber sido agredidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. Esas denuncias ocasionaron “un boicot publicitario organizado por el propietario de la corporación industrial Bimbo, el señor Lorenzo Servitje”. De acuerdo con Trejo Delarbre, el “empresario aseguró que por haber transmitido el reportaje sobre las denuncias contra Maciel, el Canal 40 perdería medio millón de dólares en anuncios que ya no recibiría”.

El gobierno no sólo no sancionó el allanamiento de Canal 40, sino que aprovechó el conflicto que mantenía con TV Azteca para acabar con un espacio crítico, de acuerdo con la opinión de Alternativa Ciudadana:

La actuación del Gobierno Federal ante este conflicto marcó, una vez más, la tendencia de acabar con los espacios críticos, sobre todo porque canal 40 se distinguía por sus noticieros, que brindaban un panorama distinto al “oficial”.

Cuarto Poder

También en 2002, el periodista Conrado de la Cruz, propietario del diario Cuarto Poder, denunció una campaña de hostigamiento del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, contra su periódico, con insultos, cooptación de reporteros con puestos oficiales y cancelación de contratación de publicidad oficial.

Programa “Consensos” de Radio Korita

En su informe 2003, el relator especial para la Libertad de Expresión informó de las acusaciones contra el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, por censurar el programa “Consensos” de Radio Korita, “que había sido crítico de su administración, mediante el uso discriminatorio de la publicidad oficial”. El 31 de enero de 2003, cuando iba a salir al aire el programa “Consensos”, se suspendió la señal de la estación de radio. “Espinoza Vargas, director de Radio Korita, declaró que se le había dicho que el corte de la señal se debió a ‘órdenes del Gobernador’ y que ello era ‘una condición para que se renovara la publicidad por un año’”. Antes del corte de la señal, Espinoza Vargas había denunciado fraude en la administración de mercados del estado por las autoridades, según menciona el Informe.

Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca

El 17 de junio de 2005, el diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxacafue objeto de una huelga estallada por aproximadamente 600 personas afiliadas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Empleados de Noticiasacusaron al gobernador Ulises Ruiz de buscar desaparecer el diario, ya que los huelguistas, dirigidos por el diputado local priista David Aguilar Robles, no pertenecían a la empresa comunicadora.

En agosto siguiente, de acuerdo con la revista Zócalo,el director del diario denunció que había sido hostigado desde 2000 para seguir la línea editorial que el gobierno estatal le había indicado. Por ello, en 2004, se le había retirado la publicidad gubernamental del estado:

Proceso

Nuevamente, en el sexenio de Fox, Procesofue objeto de una “embestida desde el poder”, como denunció Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista, en marzo de 2006:

...el autoritarismo que encarnó el expresidente Luis Echeverría Álvarez, artífice del golpe al Excélsiorconducido por Julio Scherer, se está reproduciendo en el gobierno de Vicente Fox.

Hoy vivimos, infortunadamente, ecos de aquella época. Hoy, al filo de sus 30 años de vida, Procesoestá sometido a una nueva embestida desde el poder. [...] A la demanda civil que emprendió contra Procesohace casi un año la señora Marta Sahagún, se ha unido una torpe campaña de boicot publicitario orquestada desde la casa presidencial...

La Jornada de San Luis Potosí

Otro gobierno estatal que ha ejercido la censura indirecta contra un medio de comunicación a través del retiro de publicidad es el de San Luis Potosí.

La Jornada de San Luis Potosí denunció esta situación en sus editoriales. El gobierno del estado, como respuesta, rechazó la existencia de un boicot publicitario, aunque contradictoriamente defendió la capacidad arbitraria del gobierno a contratarla con el medio que decida, indicando que la libertad de los medios radica en subsistir con o sin publicidad oficial:

El Financiero

En un informe que organizaciones no gubernamentales presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la situación de la libertad de expresión en México, se mencionan acciones de retiro de publicidad en El Financiero,denunciadas por la periodista Carmen García Bermejo, como castigo por información publicada en el diario:

...La Presidencia de la República, también en el sexenio de Vicente Fox, en mayo de 2006, retiró cuatro planas de publicidad sobre la inauguración de la Biblioteca José Vasconcelos, después de que la reportera fue obstaculizada en su quehacer y señalada como activista política interesada en destruir a las instituciones, y de que publicara un reportaje sobre los recursos públicos que utilizó Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para esa construcción. Además de censurar la nota de la periodista y al diario mismo, García Bermejo informó que funcionarios de Conaculta y del INAH trataron de amedrentar en varias ocasiones a los directivos del rotativo a fin de que la despidieran.

Radio Monitor

El 29 de junio de 2007, la opinión pública se conmocionó ante la noticia de que Radio Monitor salía del aire, después de 41,100 emisiones: 33 años de transmitir ininterrumpidamente. El director general de Grupo Monitor, José Gutiérrez Vivó, denunció en su último programa el estado de insolvencia causado por el bloqueo publicitario impuesto desde el gobierno de Vicente Fox y mantenido en el de Felipe Calderón.

El 15 de marzo de 2007, en una reunión que sostuvo con la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, en la propia Cámara de Diputados, Gutiérrez Vivó había pedido cambiar el esquema de publicidad oficial:

El director de Grupo Monitor, José Gutiérrez Vivó, propuso a la Cámara de Diputados modificar los esquemas de otorgamiento de publicidad oficial, porque el vigente es “una arma para controlar a la opinión pública.

Si seguimos en este plan, será cada vez más producto de arreglos políticos” en el que la divisa será: “si estás conmigo, tienes publicidad; si no, muérete de hambre”.

[...] “existe una mano invisible que impide obtener una libertad de expresión amplia, que aprieta donde sea necesario”, en este caso con las partidas destinadas a la publicidad.

[...] También dijo que fue Vicente Fox quien ordenó sacar sus transmisiones del aire, porque no soportó que Andrés Manuel López Obrador “destapara” su candidatura presidencial en su noticiario.

Contralínea

El caso de Contralínea representa el primer antecedente de una interpretación respecto del alcance del derecho a la libertad de expresión protegido internacionalmente, particularmente en materia de publicidad oficial. Fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que intervino en este caso.

En 2008, el gobierno federal retiró la publicidad oficial a la revista, luego de que la periodista Ana Lilia Pérez exhibió irregularidades en la asignación de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos firmados a Juan Camilo Mouriño y César Nava.

El 12 de septiembre de 2008, Ana Lilia Pérez Mendoza, Marcela Yarce Viveros, Nydia Egremy Pinto y Agustín Miguel Badillo Cruz presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a sus derechos humanos cometidas en su agravio y de la revista.

Del análisis lógico-jurídico de los hechos y las evidencias que integran el expediente de queja CNDH/5/2008/4462/Q –concluyó el ombudsman–, esta Comisión Nacional acreditó que fueron vulnerados los Derechos Humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión, en agravio de Ana Lilia Pérez Mendoza, Agustín Miguel Badillo Cruz e integrantes de la revista Contralínea.

La CNDH, señala la recomendación, “acreditó que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la asignación de publicidad oficial. Lo anterior, toda vez que de la información proporcionada a esta Comisión Nacional se documentó que en la suspensión en la contratación de publicidad oficial a la revista Contralíneano se observaron criterios objetivos por parte de Petróleos Mexicanos, como serían los de cobertura, circulación o periodicidad.”

“De esta manera, se acreditó que la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de Petróleos Mexicanos para la contratación de publicidad oficial deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la distribución de recursos públicos con objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo informativo y el debate público, ambos elementos esenciales de una sociedad democrática, sino que también se violan los derechos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión”, sentenció el organismo defensor de los derechos humanos.

El caso de Carmen Aristegui

Luego de que Aristegui diera a conocer: 1. el escándalo de un posible conflicto de intereses por la compra de una mansión “la Casa Blanca” de Angélica Rivera, esposa del Presidente de México, a la empresa Higa, empresa favorecida con contratos millonarios por Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México. 2. La compra irregular de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, de una mansión a la empresa Higa. 3. La red de prostitución que manejaba el ex Presidente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. 4. El caso Tlatlaya, en el que murieron civiles durante un operativo del Ejército de México.

Así como, abriera los micrófonos a los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos dando puntual seguimiento a las protestas que se manifestaron en todo el país. El 15 de marzo de 2015, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga e Irvin Huerta son despedidos por MVS.

Sobre el caso artículo 19 manifestó:

El despido por parte de MVS configura un agravio a la libertad de expresión en el que se involucra el uso del espectro radioeléctrico, bien público, del cual la empresa de comunicación es un concesionario. La explicación dada por la empresa es a todas luces insuficiente. Contrario a lo que ha señalado MVS, el tema es de interés público y no del ámbito exclusivamente privado.

Estas medidas trascienden los intereses privados de la empresa y configuran un mecanismo de censura indirecta contra un espacio periodístico que se ha caracterizado por exhibir importantes casos de corrupción y mal gobierno. Las características de la información difundida por la periodista y su equipo constituyen un discurso especialmente protegido por tratarse de temas de interés público.

(...)

La campaña desplegada por MVS, como respuesta a la integración de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias en la plataforma MexicoLeaks, fue una forma desproporcionada y hostil de dar a conocer, a partir del 10 de marzo, un presunto uso indebido de su marca. Tal como lo subrayó Gabriel Sosa Plata, Ombudsman de MVS, realizar este tipo de pronunciamientos públicos, “utilizando palabras como ‘abuso de confianza’ o ‘intereses particulares’ podrían devenir en la pérdida del desempeño periodístico, al dañar su credibilidad y honra”, argumentando que los descalificativos no abonan a la libertad de expresión; más bien la limitan.

La respuesta desproporcionada de campaña mediática contra los periodistas, la publicación de lineamientos que limitan la libertad de expresión del medio y el despido de Aristegui y su equipo, así como el desdén para con el Ombudsman de MVS, genera suspicacia sobre presiones externas debido a los temas de corrupción gubernamental que fueron exhibidos de manera puntual y contundente en dicho espacio noticioso. Un elemento importante es el puesto que hoy tiene Eduardo Sánchez, director de comunicación social de Los Pinos, y su pasado como abogado de MVS.

También, resulta sumamente grave el uso de la esfera privada para actualizar el efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión mediante la judicialización del conflicto. Es decir, además del ámbito laboral utilizado para justificar el despido, la empresa de comunicaciones ha demandado civilmente a Carmen Aristegui. Dichas actuaciones son graves dado que esta vía se ha utilizado en otros casos para inhibir la labor informativa de los periodistas, forzándolos a entrar a la dinámica procesal y de desgaste legal. En suma, la empresa no se conformó con despedir a los comunicadores en razón de su ejercicio sino que busca restringir su labor profesional fuera de la misma.

La publicidad oficial

A través de los medios de comunicación masiva, el Estado difunde mensajes por medio de publicidad pagada o haciendo uso de lo que se ha denominado “tiempo del Estado” y “tiempo fiscal”.

Publicidad pagada

Los recursos públicos que se ejercen en publicidad han sido escasamente transparentes, ya que se erogan por medio de los distintos poderes y organismos autónomos, a nivel federal, estatal y municipal, y dentro de la administración pública, se distribuyen entre las diferentes dependencias, empresas paraestatales y organismos descentralizados que la integran, mediante partidas específicas para comunicación social, pero también mediante otros rubros de gasto, como las partidas secretas, fundamentalmente la del presidente de la República.

La publicidad que actualmente contrata el Estado cubre toda clase de objetivos: desde la proyección personal de personajes que incluso contratan medios nacionales cuando su responsabilidad es local, hasta la proyección de logros de programas cuya publicidad podría ser más cara que los programas mismos, pasando por el abierto subsidio a empresas de comunicación determinadas.

Para ilustrar la arbitrariedad con que el Estado distribuye la publicidad, en 2005, Marco Levario señalaba:

Ahora en México, los grupos Televisa y TV Azteca concentran cerca de 45 por ciento del total del erario destinado al rubro que es de poco más de tres mil millones de pesos, mientras que la prensa capta no más de 18 por ciento; el resto lo reciben, sobre todo, cinco cadenas de radio.

En 2006, decía Javier Darío Restrepo: En México la mayor parte de los 79 millones de dólares que el gobierno federal gastó en publicidad institucional, la mayor parte ?más de 50 por ciento? fue a dar a dos cadenas de televisión, mientras los medios públicos apenas si recibieron las migajas.

Libertad de expresión y a la información, derechos fundamentales

Luigi Ferrajoli afirma que la libertad de información incluye dos derechos: la libertad de manifestación del pensamiento, que abarca el derecho a informar, por un lado, y el derecho a lainformación, es decir, a recibir información, por el otro:

El primer derecho es un derecho individual de libertad que consiste en la inmunidad ante prohibiciones o censuras o discriminaciones; el segundo es un derecho social que consiste en la expectativa de recibir informaciones veraces, lo más completas posibles y que no se encuentren deformadas por condicionamientos que respondan a intereses concretos. Uno es un derecho de los que quieren expresar opiniones y difundir informaciones y es esencial para el carácter liberal de un sistema político; el otro es un derecho de todos los ciudadanos y constituye otro presupuesto fundamental de la democracia.

Esas dos connotaciones de la libertad de expresión ?libertad de información y derecho a la información? son constantemente amenazadas tanto por el mercado como por el Estado, pues su ejercicio llega a ser francamente adverso a sus intereses.

Siguiendo a Ferrajoli, durante la discusión de junio de 2007 en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la llamada Ley Televisa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro David Góngora Pimentel criticó la tendencia de anteponer los intereses del mercado sobre la libertad de expresión:

Luigi Ferrajoli, a propósito de una sentencia de la Corte Constitucional Italiana y de la Ley Gasparri, ambas en relación con la concentración de medios en manos del ex premieritaliano, critica la prevalencia que se dio a la libre competencia sobre el pluralismo informativo de la siguiente manera:

Para enfrentar este acto vergonzoso se apela únicamente a la ley del mercado (del mercado de la información y del consenso político, que a su vez, es gobernado por el mercado de la publicidad): como si la libertad de información sólo fuera un corolario de la ley del mercado y del principio de la libre competencia [...] ¿Se trata únicamente de antitrusto también y en primer lugar [de] un problema autónomo de libertad y de democracia?

Para mí, la respuesta a la pregunta de Ferrajoli es sencilla: Como lo dije desde el inicio y lo ordena la Constitución, la libertad de expresión es la brújula que debe guiar nuestros pasos.

Es importante la acotación que tanto Ferrajoli como el ministro Góngora Pimentel realizan distinguiendo la existencia mercantil de los medios de comunicación, cuya finalidad obvia es la obtención de ingresos, los cuales provienen preponderantemente de la publicidad, y la existencia de los medios como transmisores de ideas, cuyo fin es permitir el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión:

He venido sosteniendo que las libertades de expresión, información y prensa consagradas en los artículos 6º y 7º constitucionales incluyen necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión que puedan difundir ideas, especialmente los medios masivos de comunicación como son la radio y la televisión, por lo que existe un derecho constitucional de acceso equitativo a estos medios.

En seguida, el ministro Góngora se pronuncia por que el Estado asuma un papel activo en la defensa de la libertad de expresión, para garantizar su ejercicio:

Tales derechos no se limitan a un deber de abstención del Estado, sino que necesariamente llevan implícitos un deber de promoción, que hoy en día es incluso más importante, pues las fuerzas económicas están en mayor aptitud de violentarlos que el propio Estado. Así, la garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información exige de los poderes públicos la emisión de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.

No podemos ignorar que la televisión es el medio masivo de comunicación que tiene mayor influencia sobre los ciudadanos, y que ocupa por ello una posición especial en el proceso de formación de la opinión pública, pues no se limita a transmitir noticias, opiniones, programas musicales, culturales, lúdicos u otros; elige qué se va a transmitir y cómo se va a transmitir, lo que le da la posibilidad de dirigir la atención del público en una determinada dirección, actuando no sólo como medio sino como factoren el proceso de la comunicación, el cual impacta, incluso de manera definitiva, en la legitimación o deslegitimación de los poderes públicos.

La televisión afecta en términos sustantivos la vida diaria del individuo, lo que implica que quienes tengan acceso al uso del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, tendrán la posibilidad de permear el tejido social y de encauzar el derrotero del grupo o comunidad que toman como “objeto”, afectando y determinando sus patrones y modos de vida.

Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa desde el punto de vista de los receptores; es decir, desde la perspectiva de la dimensión social de este derecho.

De allí que para el ministro sea fundamental que el Estado garantice la pluralidad en los medios, específicamente en el caso de la radio y la televisión, a que él aludía:

Así, tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, el legislador está obligado a regularlo de manera tal que garantice la igualdad de oportunidades para su acceso, y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la democracia y la cultura.

Bajo esta perspectiva, ¿cómo conciliar la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro, con el refrendo automático e ilimitado?

¿Cómo lograr el pluralismo en los medios de información cuando el refrendo perpetuo impide que nuevas voces se integren a la polifonía de la libertad? ¿Cómo hablar de competencia entre los concesionarios perpetuos de los espacios de radio y televisión, y todas las demás personas?

[...]

El equilibrio y el pluralismo demandan que haya “de todo un poco”: no se trata de borrar del mapa a ningún sector de la radiodifusión, porque eso sería pasar de un extremo a otro. Lo que debe establecerse es un marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administración del espectro, de manera que en él tengan cabida la mayor cantidad de voces de las tantas que conforman a nuestra Nación pluricultural, y que por su medio se pueda satisfacer de la mejor manera posible la mayor cantidad de necesidades sociales.

Otro elemento con el que se debe cuidar la pluralidad de la manifestación de ideas en el ámbito del mercado de los medios de comunicación, es en la subsistencia misma de los medios, impidiendo su monopolización.

En el marco de la exposición del ministro Góngora, las concesiones de radio y televisión no podrían quedar sometidas a una subasta en la que las empresas más poderosas podrían concentrar el espectro. Al respecto, dice:

Si aplicamos los principios del artículo 134, se asegurarán mayores ganancias al Estado, pero se propiciará un régimen de radio y televisión que privilegie al mejor postor, generando un déficit de libertad intolerable que llevará a la quiebra del sistema democrático.

Por otro lado, dijimos que la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información no sólo se ven amenazados por el mercado, cuyo interés es obtener un lucro, sino también por el Estado, cuyo interés es permanecer de manera estable, para lo cual, en un régimen que se pretenda democrático, requiere legitimación y, por lo tanto, legitimidad.

En los regímenes de corte autoritario, cuando un medio de comunicación se expresaba crítico al gobierno, bastaba con ordenar su cierre, incluso con la fuerza pública, para acallarlo. Dado su costo político, que es justamente contraproducente a la intención de que el medio no interfiera para obtener la legitimación que la crítica le dificulta, ese método se sustituyó por el chantaje o boicot a los ingresos por publicidad. Así, ante una quiebra, parecería que la empresa no tiene solvencia, es decir, que se produjo por un problema mercantil y no por su posición crítica, es decir, la censura política.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de la censura indirecta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2000 la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. En ésta afirma:

Principio 13

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

La regulación de publicidad oficial en curso

Después de que los organismos internacionales han abordado de manera especial el tema de la publicidad oficial, en diversos países se ha comenzado a legislar al respecto. Incluso un poco antes, se habían empezado a generar juicios y sentencias favorables a la no discriminación de medios de comunicación de la distribución de publicidad oficial, tal es el caso de España, Argentina y Puerto Rico.

En México, también se han ido sumando las voces de estudiosos, periodistas,organismos civiles y medios de comunicación sobre la importancia deque se legisle al respecto.

Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira, Rafael Rodríguez Castañeda, José Gutiérrez Vivó, Ernesto Villanueva, Marco Levario, Javier Darío Restrepo, Juan Angulo, Asaín Mandujano y Blanch Petrich entre otros periodistas o analistas, han abordado la necesidad de legislar sobre la publicidad oficial como ya se hace en otros países.

El contenido de la legislación necesaria

Se parte del hecho de que la contratación de publicidad por el Estado no posee un carácter comercial, ni puede poseerlo, ya que su magnitud quebranta cualquier equilibrio en la competencia mercantil entre las empresas mediáticas.

Por esa razón, en vez de generar el subsidio de empresas determinadas o el castigo de las que mantienen puntos de vista críticos al gobierno, dependencia o entidad que ejerce presupuesto en medios, como viene sucediendo, se busca distribuir dicho subsidio equitativamente, sin perder los objetivos de difusión del Estado.

Se asume que el Estado, además de cumplir con sus objetivos propagandísticos, puede interferir positivamente en la libertad de expresión por medio de la publicidad oficial.

Asimismo, al determinar normas de contratación con base en criterios objetivos, se busca separar la asignación de publicidad de la línea editorial de los medios, garantizando con ello el derecho a la información de los ciudadanos, con contenidos plurales, críticos y abiertos.

Se pretende que el Estado otorgue un trato equitativo a los medios de comunicación, eliminando tratos preferenciales o discrecionales, posibilitando que cualquier medio acceda a la publicidad, de acuerdo con la cobertura.

En síntesis, los intereses superiores que se han de salvaguardar son la libertad de manifestación y el derecho a la información, y al mismo tiempo cubrir un objetivo de eficiencia en la adquisición de publicidad.

Específicamente, se propone:

1. Regular la publicidad del Estado, considerado éste en su más amplia acepción: los tres poderes y los órganos autónomos, en los niveles federal, estatal y municipal;

2. Determinar los contenidos de la publicidad oficial, considerando que debe cumplir una función de interés público;

3. Indicar los criterios para la distribución de publicidad, estableciendo porcentajes por tipo de medio de comunicación: electrónico (televisión, radio e internet), impreso (diarios, revistas y folletos) y otros como los de impacto comunitario (folletos, volantes, carteles y espectaculares), considerando su cobertura y características de la audiencia;

4. Determinar tarifas únicas para la adquisición de publicidad aplicables a todos los medios y modalidades de contratación, con el fin de que las variaciones de pago se deban exclusivamente a un tiraje o auditorio mayor;

5. Establecer un cuerpo ciudadano honorario que vigilará el cumplimiento de las normas de distribución de la publicidad y propondrá la aplicación de estímulos a medios de contenido cultural y comunitario;

6. Determinar las sanciones aplicables a los servidores públicos responsables en caso de violación a las normas de distribución, asignación, contratación y pago de la publicidad oficial, que irán desde la suspensión del servidor público, hasta el pago de la publicidad no asignada indebidamente y la inhabilitación hasta por diez años en caso de reincidencia;

7. Crear un juicio de responsabilidad ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa procedente en caso de violación a las normas de distribución, asignación, contratación o pago de la publicidad oficial;

Los criterios de distribución de publicidad oficial propuestos se encuentran sintetizados en el siguiente cuadro:

Marco legal

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

• Ley Federal de Radio y Televisión

• Ley Federal de Telecomunicaciones

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

• Ley sobre Delitos de Imprenta

• Código Civil Federal y códigos civiles de los estados

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y códigos electorales de los estados

• Código Penal Federal y códigos penales de los estados

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas, en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se crea la Ley que Regula la Publicidad del Estado

Único.Se expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado, para quedar como sigue:

Ley que Regula la Publicidad del Estado

Capítulo IDe las disposiciones generales

Artículo 1.La presente Ley tiene por objeto proteger las libertades de expresión y de información y el derecho a ser informados con pluralidad establecidos en el artículo 6o. constitucional, regulando la publicidad que el Estado contrata en los medios de comunicación masiva.

Asimismo, busca garantizar que la publicidad del Estado corresponda al interés público y coadyuve en la construcción de los valores democráticos constitucionales del pueblo mexicano.

Artículo 2.Son objetivos específicos de la presente Ley:

I. Determinar el contenido de la publicidad que el Estado puede contratar, con el fin de que comunique al Estado con la población y cumpla una función de interés social;

II. Establecer los mecanismos de distribución de publicidad del Estado sobre criterios de equidad, objetividad y transparencia, para impedir su uso como censura o premio a medios de comunicación, y determinar en qué casos se podrá asignar publicidad como estímulo;

III. Realizar la contratación eficiente, transparente y unitaria de la publicidad del Estado, estableciendo procedimientos sencillos de distribución, asignación, contratación e información sobre la publicidad contratada, y

IV. Establecer como principal medio de control del cumplimiento de la ley el juicio de responsabilidad a los servidores públicos.

Artículo 3.El conjunto de dependencias, órganos y entidades que integran los poderes públicos en sus órdenes federal, estatal o del Distrito Federal y municipal o delegacional, así como sus organismos federales o locales autónomos se encuentran obligados a cumplir con las normas establecidas en el presente ordenamiento sobre contenido, distribución, contratación, transparencia y control de la publicidad que contraten en cualquier medio de comunicación, electrónico o impreso.

Artículo 4.Las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán respecto de cualquier publicidad contratada con recursos públicos, tanto por las instituciones del Estado mencionadas en el artículo anterior como por cualquier otra, así sea privada, que destine recursos públicos al pago de publicidad en medios de comunicación masiva. También serán aplicables, en cuanto al contenido de la publicidad, respecto de cualquier otro medio utilizado para la difusión de mensajes o imágenes oficiales.

Artículo 5.Se sujetará a lo dispuesto por el presente ordenamiento, en cuanto a su contenido y control, la publicidad difundida en tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, así como la transmitida en espacio oficial.

Artículo 6.La presente Ley tendrá carácter supletorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de propaganda y publicidad electoral.

Artículo 7.Ningún organismo o entidad de carácter privado que contrate publicidad con recursos públicos podrá adquirirla a un costo mayor que las tarifas que logren los sujetos públicos obligados.

Artículo 8.Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley todas las resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones públicas que deban difundirse por mandato legal.

Artículo 9.Para efectos de esta ley se entiende por:

Instituciones del Estado.Las señaladas en el artículo 3 de la presente Ley;

Padrón.Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que se integra por los datos que cada medio de comunicación, nacional, estatal o municipal o delegacional, electrónico o impreso, entrega a la Secretaría de Gobernación para recibir publicidad oficial;

Publicidad oficial o del Estado.Toda forma de comunicación que realizan los sujetos obligados por medio de un pago, en tiempos fiscales y en tiempos del Estado;

Recursos públicos.Aquellos incluidos en el rubro de Comunicación Social del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Secretaría.La Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal;

Sujetos obligados.Los señalados en los artículos 3 y 4 del presente ordenamiento;

Tiempos de Estado:Los referidos en el artículo 59 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 15 de su Reglamento; y

Tiempos fiscales:Los referidos en el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federacióndel 10 de octubre de 2002.

Capítulo II
Del contenido de la publicidad

Artículo 10.El contenido de la publicidad del Estado deberá ser claro, objetivo, necesario, útil y relevante para la sociedad mexicana, o fragmento de ésta a la que se dirige.

Artículo 11.Específicamente, los sujetos obligados sólo podrán contratar publicidad cuyos objetivos sean:

I. Transmitir información que afecte directamente a la ciudadanía, relacionada con:

a) El ejercicio de sus derechos individuales o sociales;

b) El cumplimiento de sus obligaciones;

c) El acceso a servicios públicos;

d) La prevención o medidas extraordinarias ante fenómenos naturales o sociales que pongan en riesgo la integridad, la salud o la seguridad de las personas;

e) La historia y el patrimonio cultural y social de los mexicanos, y

f) Los valores y principios constitucionales;

II. Informar los aspectos relevantes de las funciones de las instituciones del Estado y los servicios que proporcionan a la población;

III. Difundir el contenido de disposiciones jurídicas recién aprobadas o cuyo impacto social exija un amplio conocimiento de la sociedad, y

IV. Apoyar a los mexicanos en el exterior, tanto en la protección y defensa de sus derechos humanos, como en las actividades económicas que desarrollen.

Artículo 12.La publicidad oficial debe transmitirse en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes.

Artículo 13.Las instituciones del Estado respetarán, en la publicidad oficial, la pluralidad de la nación mexicana, en cuanto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa y lingüística, así como su riqueza geográfica.

Igualmente, contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y, en general, una convivencia armónica entre los mexicanos.

Artículo 14.En comunidades indígenas, la publicidad oficial se difundirá en la lengua o las lenguas correspondientes.

Artículo 15.En la publicidad oficial queda prohibido cualquier contenido:

I. Dirigido a polemizar con o a desprestigiar a cualquiera de los demás sujetos obligados;

II. Que incluya imagen, voz o nombre de cualquier persona física;

III. Que no contenga el logotipo y nombre de la institución del Estado que paga el mensaje publicitario, es decir, cualquier texto en forma de “gacetilla”, reportaje, nota periodística u otros que no indique claramente que se trata de publicidad oficial;

IV. Que haga proselitismo directo o indirecto en favor de algún partido político, candidato a puesto de elección popular o servidor público, y

V. Distinto de los señalados en la fracción anterior o que viole de cualquier forma las normas establecidas en la presente ley.

Artículo 16.La publicidad en tiempos del Estado o en tiempos fiscales se deberá adecuar a las normas señaladas en el presente capítulo, en cuanto a su contenido.

Capítulo III
De la distribución, asignación y contratación de la publicidad

Artículo 17.Las instituciones del Estado deberán cumplir con la distribución, asignación y contratación de la publicidad del Estado únicamente conforme a las reglas señaladas en el presente capítulo.

Artículo 18.Podrán participar en la asignación de publicidad oficial los medios de comunicación que se encuentren inscritos y mantengan al día sus datos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Artículo 19.El Padrón Nacional de Medios de Comunicación se integrará con, cuando menos, los siguientes datos de los medios de comunicación:

I. Razón social;

II. Denominación comercial;

III. Director o directora;

IV. Características del medio impreso (tamaño, material, número de páginas promedio) o del programa televisivo o radiofónico (horario, tema, duración);

V. Cobertura (municipios, estados o nacional);

VI. Circulación o audiencia;

VII. Periodicidad, y

VIII. Tarifa comercial de publicidad promedio que sostuvieron el año inmediato anterior;

Dichos datos serán proporcionados por los propios medios de comunicación y deberán ser actualizados en el mes de enero de cada año o cuando se modifiquen.

Artículo 20.La Secretaría de Gobernación será la responsable de recibir, sin mayor trámite, la información, organizarla y actualizarla conforme le sean notificados cambios en cualquiera de los datos proporcionados.

Artículo 21.La segunda semana de enero, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federaciónel Padrón Nacional de Medios de Comunicación correspondiente al ejercicio fiscal en curso, en el que señalará las tarifas de publicidad que pagarán las instituciones del Estado de acuerdo con el artículo 31 de este ordenamiento.

Artículo 22.Los sujetos obligados con competencia nacional distribuirán el presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:

I. 45% entre programas de medios de comunicación electrónicos con cobertura nacional, del cual 20% corresponderá a radio, 20% a televisión y 5% a internet;

II. 45% a medios de comunicación impresa de cobertura nacional, del cual 22.5% corresponderá a diarios y 22.5% a revistas, y

III. 10% a otros medios de comunicación, de los cuales 1% corresponderá a anuncios espectaculares, 3% a folletos, 3% a volantes y 3% a carteles.

Artículo 23.Los sujetos obligados con competencia estatal distribuirán el presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:

I. 20% a programas de medios de comunicación electrónicos de cobertura estatal, del cual 9% corresponderá a radio, 9% a televisión y 2% a Internet.

Tratándose de los gobiernos estatales o del Distrito Federal, deberán destinar 2.5% a programas de cobertura nacional con el único fin de promover el turismo en la entidad federativa, del cual 1% se destinará a radio, 1% a televisión y 0.5% a internet. El 17.5% que se invertirá en programas de medios de cobertura estatal se distribuirá en un 8% en radio, 8% en televisión y 1.5% en internet;

II. 70% a medios de comunicación impresa de cobertura estatal, del cual 35% corresponderá a diarios y 35% a revistas.

Tratándose de los gobiernos estatales o del Distrito Federal, deberán destinar 3% a medios impresos de cobertura nacional con el único fin de promover el turismo en la entidad federativa, del cual 1.5% se destinará a diarios y 1.5% a revistas. El 37% que se invertirá en medios de cobertura estatal se distribuirá en 33.5% en diarios y 33.5% en revistas, y

III. 10% a otros medios de comunicación, de los cuales 1% corresponderá a anuncios espectaculares, 3% a folletos, 3% a volantes y 3% a carteles.

Artículo 24.Los sujetos obligados con competencia municipal distribuirán el presupuesto asignado a publicidad de la siguiente forma:

I. 20% en programas de medios de comunicación electrónicos con cobertura municipal, si los hubiera, o estatal, en caso de considerarse indispensable, del cual 9% corresponderá a radio, 9% a televisión y 2% a internet;

II. 20% a medios de comunicación impresa de cobertura municipal, si los hubiera, o estatales si se considera indispensable, del cual 10% corresponderá a diarios y 10% a revistas, y

III. 80% a otros medios de comunicación, de los cuales 5% corresponderá a anuncios espectaculares, 30% a folletos, 30% a volantes y 5% a carteles.

Artículo 25.Una vez realizada la distribución anterior, el presupuesto asignado a publicidad se deberá dividir de la siguiente forma:

I. El presupuesto asignado a medios electrónicos:

a) 70% corresponderá a programas en medios de comunicación electrónica cuya audiencia rebase la media registrada para su tipo (radio, televisión o internet) en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, y

b) 30% a programas en medios de comunicación electrónica cuya audiencia sea inferior a la media registrada para su tipo (radio, televisión o Internet) en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

II. El presupuesto asignado a medios impresos:

a) 70% corresponderá a diarios o revistas cuya circulación rebase la media registrada para su tipo en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, y

b) 30%, a diarios o revistas cuya circulación sea inferior a la media registrada para su tipo en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Artículo 26.El presupuesto que resulte de estas dos divisiones será distribuido en orden descendiente en idéntico porcentaje del número de ejemplares vendidos que hayan registrado, de la suma del total de los medios correspondientes.

Artículo 27.Los programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica, científica y cultural, así clasificadas por el Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia en la Publicidad Oficial, recibirán dos puntos porcentuales más que la parte que le corresponda resultante de las normas anteriores, mismos que serán restados al resto de los medios antes de asignar de manera específica la publicidad.

Artículo 28.La última semana de enero, las instituciones del Estado publicarán en el Diario Oficial de la Federaciónla asignación de publicidad que cada medio de comunicación recibirá durante el año, de acuerdo con la distribución señalada en el presente capítulo.

Artículo 29.Durante el mes de febrero se firmarán los contratos correspondientes de acuerdo con la planeación que realizó la institución para la presentación del presupuesto correspondiente.

Artículo 30.Las tarifas que las instituciones del Estado pagarán se definirán de la siguiente forma:

I. La primera semana de enero la Secretaría recibirá las modificaciones de tarifa comercial que los medios registraron en el ejercicio inmediato anterior;

II. Una vez transcurrido dicho término, se asumirán como vigentes las tarifas que se tengan registradas, hayan sido o no actualizadas;

III. La Secretaría extraerá de dichas tarifas el promedio de costo por anuncio de características iguales por ejemplar o programa, y

IV. Junto con la publicación del Padrón a que se refiere el artículo 22 anterior, la Secretaría publicará la tarifa que resulte como única a pagar por tipo de medio.

Capítulo IVDe la transparencia de la publicidad

Artículo 31.La Secretaría de Gobernación deberá mantener el Padrón de Medios de Comunicación en un portal para el conocimiento del público en general.

Artículo 32.Cada uno de los sujetos obligados incorporará un informe trimestral sobre el gasto en publicidad oficial en su portal de transparencia, que por lo menos contenga:

I. Presupuesto asignado a publicidad;

II. Distribución del gasto publicada en el Diario Oficial de la Federación;

III. Contratación concertada hasta el momento, y

IV. Pago realizado y número de anuncios publicados o transmitidos en los medios de comunicación.

Capítulo VDel Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial

Artículo 33.El Congreso de la Unión convocará a periodistas, académicos, editores y representantes de universidades y organismos civiles dedicados al estudio de los medios de comunicación, con el fin de crear el Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial, y proveerá las facilidades necesarias para su funcionamiento.

Artículo 34.Dicho Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Definir qué programas o revistas dedicadas a la difusión tecnológica, científica y cultural recibirán el estímulo señalado en el artículo 28 de esta ley;

II. Emitir un informe sobre el cumplimiento de la presente ley;

III. Proponer la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la Ley, y

IV. Proponer mecanismos complementarios a los señalados por este ordenamiento para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la publicidad oficial.

Capítulo VI
De las sanciones

Artículo 35.El servidor público responsable de la demora en la publicación del Padrón será acreedor a 50 días multa por cada día que se demore de conformidad con el artículo 22 de esta ley.

Artículo 36.El servidor público responsable de la demora en la publicación de la asignación será acreedor a 50 días multa por día que se demore, de conformidad con el artículo 29 de esta ley.

Artículo 37.A los medios de comunicación que mientan respecto de alguno de los datos proporcionados al Padrón les será retirada la publicidad de manera inmediata a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la falsedad y hasta el cierre del ejercicio. En caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente.

Artículo 38.El servidor público responsable de la demora en el pago a alguno de los medios de comunicación será acreedor a la destitución e inhabilitación durante un año.

Artículo 39.El servidor público responsable de la asignación o del pago de publicidad prohibida en la presente ley será acreedor a la destitución e inhabilitación durante tres años.

Capítulo VII
Garantías

Artículo 40.Contra la asignación de la publicidad los interesados cuentan con 15 días para solicitar la modificación o anulación, de acuerdo con la ley del procedimiento administrativo correspondiente.

Artículo 41.Cualquier persona podrá solicitar la cancelación inmediata o la rectificación de la publicidad oficial cuando se incurra en alguna de las prohibiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 42.Las sanciones señaladas en el capítulo anterior serán determinadas en juicio de responsabilidad seguido ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa o de lo Contencioso Administrativo correspondiente.

El inicio de dicho juicio no interrumpe el derecho de presentar cualquier otro tipo de quejas ni juicios.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión tendrá 60 días a partir de la publicación de la presente ley para convocar a la integración del Consejo Observador de la Equidad y Transparencia de la Publicidad Oficial.

Notas:

1 Organización de Estados Americanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp.

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” Recuperado de: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm.

3 CIDH, “Antecedentes e interpretación de la Declaración de Principios”. Recuperado de: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle. asp?artID=132&lID=2.

4 CIDH, “Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003”. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showDocument.asp?DocumentID=47.

5 OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 6/12, 7 de marzo de 2011. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docListCat.asp?catID=22&lID=2.

6 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. y ARTICLE 19, Abuso del gasto en publicidad oficial, México, 2011. Recuperado de: http://www.censuraindirecta.org/web_files/download/publicaciones/archivo/Abuso- del-gasto-en-publicidad-oficial-Hoja-de-Datos-pdf-1640.pdf.

7 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. y ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, Abuso del gasto en publicidad oficial, abril de 2013, México. Recuperado de: http://publicidadoficial. com.mx/v2/pdf/P.O.FINAL.pdf.

8 19 y Fundar, Centro de Investigación y Análisis AC, Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto, mayo de 2014. Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/224190666/Publicidad-Oficial-Recursos-Publicos-Ejercid os-Por-El-Poder-Ejecutivo-Federal-en-2013-Primer-Ano-Del-Presidente-Enrique-Pen a-Nieto.

9 Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado, Presentada por el senador Carlos Sotelo García en la Comisión Permanente, Gaceta del Senado, 23 de octubre de 2007.

10 Diputado Jaime Cárdenas Gracia, Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 6o. y 134 Constitucionales, que regula la publicidad del Estado, Gaceta Parlamentaria, 11 de julio de 2012.

11 Reporters sans Frontières [en línea]: http://www.rsf.org/article. php3?id_article=19398 [citado 10-08-07].

12 “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en México que presentan Organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 128º Periodo Ordinario de Sesiones”, julio de 2007, pp. 3 y 14.

13 Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta: Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, México, Debate, 2007.

14 Humberto Musacchio, “El Excélsior de Scherer”, en Revista Mexicana de Comunicación, núm. 100, México agosto-septiembre de 2006 [en línea]: <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/ fmb/foromex/scherer.htm> [consultado el 6 de agosto de 2007].

15 7 José Carreño Carlón, “Cien años de subordinación: Un modelo histórico de la relación entre prensa y poder en México en el siglo XX”, en Revista Mexicana de Comunicación, México, marzo-abril de 2000 [en línea]: http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/fmb/foromex/modelo.htm [consultado el 6 de agosto de 2007].

16 Rafael Ocampo, “El Proceso de Julio Scherer”, Revista Mexicana de Comunicación, núm. 46, noviembre de 1996-enero de 1997 México [en línea]: http://www.fnpi.org/premio/2001/ganadores/homenaje/ ocampo.doc [consultado el 10 de agosto de 2007].

17 9 Rafael Loret de Mola, “Biografía” [en línea]: http://www.rafaelloretdemola.com/dnn322/Inicio/tabid/36/ctl/Edit/mid/347/Biogra f%C3%ADa/tabid/54/Default.aspx [consultado el 1° de agosto de 2007].

18 Milenio Diario, México, 28 de diciembre de 2002, citado en “La toma del Chiquihuite”, Boletín 21, núm. 42, enero de 2003, Alternativa México [en línea]: http://www.alternativa21.org.mx/boletines/contenidos.asp?bol=42 [consultado el 10 de agosto de 2007].

19 Raúl Trejo, “Ni angélicos, ni impunes. Marcial Maciel y Los Legionarios de Cristo”, en La Crónica, México, 19 de abril de 2002 [en línea]: http://sociedad.wordpress.com/2005/12/12/ni-angelicos-ni-impunes-marcial-maciel -y-los-legionarios-de-cristo/ [consultado el 10 de agosto de 2007].

20 Informe México, 58 Asamblea General, Sociedad Interamericana de Prensa, Op. Cit.

21 “Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003”, Op. Cit.

22 Fabiola Martínez y Víctor Ruiz, “Croquistas estallan huelga en el periódico Noticias de Oaxaca. Unos 600 tomaron la sede en la madrugada para asegurar el paro; retienen a 31 trabajadores. Empleados dicen que ya no pertenecen a ese gremio; acusan a Ulises Ruiz de buscar desaparecer el diario”, en La Jornada, México, 18 de junio de 2005 [en línea]: http://www.jornada.unam.mx/2005/06/ 18/031n1est.php [consultado el 8 de agosto de 2007].

23 “¿Rehenes de los dineros oficiales? Discriminación en asignación publicitaria, forma de inhibir libertad de expresión”, en revista Zócalo, núm. 66, agosto de 2005, México [en línea]: http://www.revistazocalo.com.mx/texto.shtml?cmd%5B14%5D=x-14-96125f8e607835 f107a1825c8b6b2bdd&cmd%5B23%5D=c-2-66 [consultado el 13 de agosto de 2007].

24 Mayolo López, “Ven nuevo ataque contra Proceso. Denuncia director del semanario boicot publicitario del Gobierno”, Comité Coordinador Empresarial en el Estado de Veracruz, 5 de marzo de 2006 [en línea]: http://www.cceveracruz.com/index?op=imprimir&id=219 [con- sultado el 10 agosto de 2007].

25 Hugo Becerra, “Insensato, acusar al gobierno de un boicot publicitario, dice Ríos Medrano. Ser autofinanciables garantiza su independencia y autonomía, considera”, en La Jornada de San Luis Potosí, 6 de mayo de 2006 [en línea]: <http://www.lajornadasanluis.com.mx/ 2006/05/06/pol2.php> [citado 10-08-07].

26 “Informe: Situación de la Libertad de Expresión en México que presentan Organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 128º Periodo Ordinario de Sesiones”, Op. Cit. Señala el informe que “Dicho testimonio puede consultarse en el ‘Recuento de Daños: Un acercamiento al estado de la libertad de expresión y de información en México, 2006’ elaborado por la Fundación Manuel Buendía, Centro Nacional de Comunicación Social Cencos, Artículo 19-Sección México y el Sindicato Nacional de Redactores de la prensa, 2007”, p. 15.

27 Rosa Elvira Vargas y Carolina Gómez, “Muere Monitor a causa de boicot desde el gobierno: Gutiérrez Vivó. Fox impuso bloqueo publicitario contra el noticiario, que continuó con Calderón, afirma. La salida del aire del programa radiofónico se precipita por emplazamiento a huelga del STIRT”, en La Jornada, México, 30 de junio de 2007 [en línea]: <http://www.jornada.unam.mx/2007/06/30/ index.php?section=politica&article=003n1pol> [consultado el 20 de julio de 2007].

28 Enrique Méndez y Roberto Garduño, “Gutiérrez Vivó pide cambiar esquema de publicidad oficial. Es una arma para controlar la opinión pública, dice”, en La Jornada, México, 15 de marzo de 2007 [en línea]: http://www.jornada.unam.mx/2007/03/15/index.php?section=politica &article=010n2pol [consultado el 25 de julio de 2007].

29 Recomendación No. 57/2009 sobre el caso de los señores Agustín Miguel Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza e integrantes de la Revista Contralínea [en línea]: <http://www.cndh.org.mx/recomen/ 2009/057.pdf>

30 “En una investigación publicada en 1997, Sergio Aguayo muestra cómo los presidentes durante los 15 años entre 1983 y 1997 gastaron ‘secretamente’ casi mil 342 millones de dólares. Se destaca que ‘Miguel de la Madrid ejerció diariamente en promedio 160 mil dólares; Carlos Salinas de Gortari, 390 mil, y Ernesto Zedillo lo redujo a 145 mil por día, durante 1995 y 1996’. En total, Miguel de la Madrid ejerció 352’ 739,170 dólares (58’ 789, 862 dólares por año en promedio) entre 1983 y 1988; mientras que Carlos Salinas de Gortari superó la cifra por más de dos veces al ejercer 857’751,170 dólares (un promedio de 142’ 958, 530 dólares por año) entre 1989 y 1994; Ernesto Zedillo, por su parte, ejerció un total de 106’ 076, 150 dólares (53’ 038, 075 anuales en promedio) entre 1995 y 1997. Por supuesto, el destino de este dinero no fue llamado a rendir cuentas”. David Dávila Estefan, Juan Antonio Cepeda y Jorge Romero León, ¿Cómo fortalecer la participación de la Cámara de Diputados en el Gasto Público? Agenda de reformas presupuestarias que modifican el papel del Legislativo en las finanzas públicas, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2005 [en línea]: http://www.fundar.org.mx/index.html/files/gastopublico.pdf. Se refiere a: Sergio Aguayo, “El presupuesto federal bajo la lupa. La ‘partida secreta’”, en Reforma, México, 18 de agosto de 1997.

31 Marco Levario Turcot, “La publicidad, razón de Estado”, editorial, Etcétera, México, octubre de 2005 [en línea]: <http://www.etcetera. com.mx/pag03ane60.asp> [consultado el 9 de julio de 2007].

32 Javier Darío Restrepo, “Dilemas de la publicidad oficial”, en Etcétera, México, agosto de 2006 [en línea]: http://www.etcetera.com. mx/pag48-51ane70.asp [consultado el 9 de julio de 2007].

33 Luigi Ferrajoli, Libertad de información y propiedad privada. Una propuesta no utópica, trad. Pedro Salazar Ugarte [en línea]: http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/el_blog_de_jess_silva_her/files/ferraj oli_libertad_informacin.doc [consultado el 23 de julio de 2007].

34 David Genaro Góngora Pimentel, “9. Constitucionalidad de las condiciones y términos para la obtención del refrendo de una concesión en materia de radiodifusión. (Considerando Décimo, páginas 247 a 263.) Artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión”. Dictamen del ministro Genaro David Góngora Pimentel, en relación con la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, promovida por senadores integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión [en línea]: http://www.scjn.gob.mx/Ministros/ministroGongoraPimentel/Ley%20de%20Radio%20y%2 0Televisi%C3%B3n/Votos%20Particulares%20relevantes/Confirmados/9.pdf.

35 Luigi Ferrajoli, Op. Cit.

36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” [en línea]: http://www.cidh. oas.org/Basicos/Basicos13.htm [consultado el 19 de julio de 2007].

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Norma Xochitl Hernández Colín,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Delfina Gómez Álvarez, Guadalupe Hernández Correa, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Modesta Fuentes Alonso (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Saludamos la presencia de estudiantes provenientes del estado de Chihuahua de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de este estado. Bienvenidas, bienvenidos, invitados por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez.

VOLUMEN II

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia. Dice el filósofo canadiense Charles Taylor, que el no reconocimiento o la mala interpretación del reconocimiento puede infligir daño, puede ser una forma de opresión y puede llevar a las personas a una falsa y distorsionada visión de su propia identidad. Esto es justamente lo que ha sucedido con las comunidades indígenas en México durante muchos años.

Trece millones de mexicanos hablan alguna de las 68 lenguas indígenas y afortunadamente hace un par de días esta Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 230 de la Ley de Telecomunicaciones, para impulsar el reconocimiento de todas las lenguas nacionales en el espectro de la radiodifusión, para evitar la discriminación, para evitar su confinamiento y para dar un paso adelante en la defensa y el empoderamiento de los pueblos indígenas.

Aún queda un gran camino por recorrer en esta materia, en la construcción de una verdadera política de reconocimiento que les otorgue a los pueblos indígenas el lugar que merecen en la vida pública de México, para ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía y sus derechos colectivos y culturales.

Por ello, el día de hoy estoy presentando una iniciativa que buscar darle a la cultura indígena un espacio central dentro de la política cultural del Estado. Una iniciativa que busca empoderar, por caminos no políticos, sino culturales, o si se quiere por camino político en el sentido más amplio del término a los pueblos indígenas.

El artículo 2o. de la Constitución establece que somos una nación pluricultural. Y el artículo 4o. establece que todos los mexicanos tienen el derecho al acceso a la cultura. Esto debería significar, nada más y nada menos, que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar y defender la composición pluricultural de nuestro país.

Que la recientemente creada Secretaría de Cultura debe convertirse en un prisma capaz de difundir y fomentar las distintas expresiones artísticas, y capaz de armonizar los distintos registros culturales de México, independientemente de su lengua.

La iniciativa que presento el día de hoy busca establecer en el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que la Secretaría de Cultura fomente la literatura en lenguas indígenas mediante la traducción de las manifestaciones literarias actuales e históricas de los pueblos y culturas indígenas y mediante su difusión gratuita, porque en tanto que esta es una nación pluricultural no existen expresiones artísticas de primera y de segunda clase.

El Estado debe tener la misma responsabilidad y el mismo compromiso con todas, independientemente de su lengua. Lo decimos con claridad y con respeto, la sistemática y exclusiva traducción de obras en castellano a las lenguas indígenas no es el gran logro de la pluriculturalidad. Por el contrario, es la renovación de un monólogo paternalista y es la ausencia de verdaderas políticas de reconocimiento.

Un verdadero fomento del pluriculturalismo debe ser recíproco, debe ser un diálogo y un encuentro en donde las lenguas indígenas también sean capaces de trascender y llegar hacia otros, hacia nosotros. A donde también esté presente y también sea parte de la política cultural del Estado.

Las implicaciones de esta reforma no son menores, porque la construcción de la identidad, y por lo tanto, el inicio de cualquier política de reconocimiento tiene qué ver con la lengua.

Reconocer los derechos lingüísticos es el primer paso para el respeto a la construcción de la identidad de los pueblos indígenas y para alcanzar la justicia.

El respeto a la identidad y la autenticidad son las esferas fundamentales para la construcción de una política de reconocimiento justa y democrática.

La iniciativa que presentamos el día de hoy busca contribuir a terminar con estas ideas absurdas que pretenden invisibilizar y negar los derechos y la cultura indígena porque una nación democrática tiene la responsabilidad de representar a todos los pueblos y a todas las lenguas, incluido a través de la literatura, que es el vehículo que utilizan todos los pueblos para representar el mundo y su concepción del mismo.

El gran objetivo, compañeras y compañeros diputados, de esta iniciativa, es que dejemos de ver a las culturas indígenas desde la óptica reduccionista, que solo atiende al folclor de los usos y costumbres y seamos capaces de generar condiciones para empoderar a sus pueblos mediante el ejercicio de sus derechos, mediante la defensa de su libertad y autodeterminación. Y por supuesto, como una condición indispensable mediante la defensa del uso de sus lenguas. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Cuando muere una lengua

entonces se cierra

a todos los pueblos del mundo

una ventana, una puerta,

un asomarse

de modo distinto

a cuanto es ser y vida en la tierra.

...

Cuando muere una lengua,

ya muchas han muerto

y muchas pueden morir.

Espejos para siempre quebrados,

sombra de voces

para siempre acalladas:

la humanidad se empobrece.

Miguel León Portilla

I. México cuenta con una inconmensurable riqueza lingüística, testimonio vivo del encuentro del ser humano con el continente, que cristalizó en las lenguas que durante siglos fueron el diapasón con que se interpretada el universo en este lado del mundo. Por lo que resulta un deber fundamental la salvaguarda y promoción de la expresión artística en dichas lenguas.

El artículo 2o. de la Carta Magna está dedicado a consagrar una serie de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y establece en tal sentido en su apartado A, fracción IV, el derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

Por otro lado, el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consagra lo siguiente

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas del 14 de agosto de 2001, nuestro país se reconoce como una nación de composición pluricultural, así lo estableció el segundo párrafo del artículo 2o. constitucional:

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En dicho sentido, fue promulgada en 2003 la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y el artículo 4o. reconoció a todas las lenguas indígenas habladas en nuestro país el mismo estatuto que a la lengua española, estableciendo que son todas “lenguas nacionales”:

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte.

II. En diciembre de 2015 fue creada la Secretaría de Cultura, como un organismo de la administración pública federal encargado de garantizar el derecho al acceso a la cultura establecido por el artículo 4o. de la Carta Magna, cuyo penúltimo párrafo reza así:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

Por otro lado, según datos del último censo de población y vivienda de 2010, un total de 6 millones 913 mil 362 mexicanos mayores de tres años, habla alguna de las 68 lenguas indígenas reconocidas en México, lo que representa casi 7 por ciento de los 104.7 millones de mexicanos de la misma edad. A lo que hay que añadir que según el criterio de autoadscripción reconocido constitucionalmente, la población indígena de nuestro país asciende a 15.7 millones de personas.

Ahora bien, en la medida en que la reforma constitucional de 2001 reconoció el carácter pluricultural de nuestro país, sustentado en los pueblos indígenas, y en vista de que su cultura no sólo forma parte integral de la historia mexicana, sino que sus lenguas vivas continúan siendo habladas por un porcentaje considerable de la población; por lo tanto el derecho al acceso a la cultura reconocido en el artículo 4o. constitucional implica el derecho al acceso a las culturas indígenas y la nueva Secretaría de Cultura debe en tal sentido garantizarlo.

La nueva Secretaría de Cultura debe asumir el carácter constitucional de México como una nación pluricultural, y en esa medida no debe privilegiar la expresión, fomento o difusión de una cultura por sobre otra, pues ello representaría un ejercicio discriminatorio hacia una cultura en particular y por lo tanto una especie de censura.

III. En vista de la histórica y violenta discriminación que han padecido las lenguas indígenas desde la llegada de los europeos en el siglo XV, resulta necesario para garantizar la continuidad pluricultural de la nación mexicana, establecer una serie de medidas de discriminación positiva hacia la expresión en lenguas indígenas, con el objetivo de revalorar su riqueza cultural.

Las posibilidades de expresión literaria que toda lengua tiene no son sin embargo uniformes en todas ellas, pues cada lengua posee un particular registro simbólico cuya genealogía milenaria hacen posibles el surgimiento de tropos y recursos literarios únicos que no sólo no pueden producirse en otras lenguas sino que resultan en ocasiones intraducibles.

En definitiva, cada lengua constituye un instrumento particularísimo para la expresión humana, insustituible e invaluable, y representa por lo tanto un patrimonio cultural de la humanidad que debe ser resguardado ante la amenaza de su desaparición.

Es por ello que la Secretaría de Cultura debe asumir la tarea fundamental de resguardar la riqueza cultural de las lenguas indígenas y su literatura, así como elaborar traducciones de calidad accesibles para aquellos que no las dominan, con el objetivo de integrar a la expresión literaria en lengua indígena como elemento fundamental de una nueva política cultural en México.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se añade la fracción XXIII y se recorren las posteriores, al artículo 41 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXII. ...

XXIII. Fomentar la expresión literaria en lenguas indígenas y elaborar traducciones de las manifestaciones literarias, actuales e históricas, de las culturas indígenas, así como difundirlas gratuitamente;

XXIV. y XXV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ONU, 13 de septiembre de 2007, http://www.un. org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

2 Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_p3mas

3 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup. php?codigo=5343116

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: José Clemente Castañeda Hoeflich,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Cynthia Gissel García Soberanes, Delfina Gómez Álvarez, Eloisa Chavarrias Barajas, Guadalupe Hernández Correa, Kathia María Bolio Pinelo, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Lilia Arminda García Escobar, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Candelaria Ochoa Avalos, María del Rosario Rodríguez Rubio, Modesta Fuentes Alonso, René Cervera García, Salvador Zamora Zamora, Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo. Ahí está.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para felicitar a mi compañero y coordinador Clemente Castañeda por la iniciativa, y también pedir a nombre de mis compañeros el poder sumarnos a esta iniciativa. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Castañeda manifiesta su aceptación para que pueda suscribir.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Laura Esquivel, por favor. Sí, ahí está.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (desde la curul): Sí, para lo mismo, señor presidente. Me gustaría preguntarle al diputado Castañeda si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta igualmente su aceptación para que así pueda ser, diputada Esquivel. Gracias.

Bien. Sonido en la curul de la diputada Modesta Fuentes. Acá está. Sí, diputada.

La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): Presidente, pedirle al compañero si podemos adherirnos a su iniciativa.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera igualmente su aceptación. Sonido acá en la curul del diputado Santiago Taboada, por favor.

El diputado Santiago Taboada Cortina (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle al diputado Clemente Castañeda que nos permita adherirnos. Y de igual manera pedirle por su conducto que la Mesa Directiva pudiera solicitar el turno de opinión a la Comisión de Cultura y Cinematografía para esta iniciativa.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Castañeda manifiesta también su aceptación. Sonido en la curul del diputado Álvarez Maynez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): En el mismo sentido del diputado Santiago Taboada, presidente, solicitar la ampliación del turno a la Comisión de Cultura.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En relación con estas peticiones que han hecho los diputados Taboada y Álvarez, les ofrecemos hacer de inmediato aquí la correspondiente consulta reglamentaria y espero que en el curso mismo de la sesión podamos darles atención a la petición que han formulado.

LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El manejo de los residuos peligrosos continúa enfrentando graves problemas en el País. En principio la resistencia a revalorizarlos y con ello, promover su reúso o reciclado corre el riesgo de enmascarar su peligrosidad al pretender intencionadamente desclasificarlos y manejarlo como especiales o en su caso designarlos materiales peligrosos y desvirtuar la naturaleza tóxica del desecho.

La diversidad y naturaleza de los residuos se tornado bastante compleja de modo que la definición inicial del concepto resulta insuficiente. Lo anterior se vuelve confuso cuando un residuo independiente de su peligrosidad puede ser reinsertado a las corrientes de proceso, por lo que se convierte en un insumo o subproducto. Este y otros términos como los de Responsabilidad extendida y la Agencia requieren ser incluidos en el glosario de definiciones de la Ley.

En el contexto de los principios de política sobre el manejo de residuos es importante considerar un nuevo principio que incluya la responsabilidad extendida de los generadores de residuos.

Con el propósito de incentivar la revalorización de los residuos resulta pertinente establecer expresamente en la Ley que la disposición final de los residuos peligrosos se limitará exclusivamente para las corrientes de desechos que hayan agotado las opciones de reuso y reciclado.

La identificación de los residuos peligrosos deberá especificarse en las normas oficiales mexicanas incluyendo listados exhaustivos que puedan actualizarse periódicamente.

La ley requiere además, precisar que los residuos derivados de la industria petrolera deberán ser de competencia Federal y su regulación estaría a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. De este modo los lodos de perforación volverían a ser residuos provenientes del sector hidrocarburos.

Como resultado del avance tecnológico se genera una amplia diversidad de residuos de naturaleza electrónica y eléctrica que habrá de tipificarlos en el manejo de residuos peligrosos.

Se precisa profundizar, por otra parte, en los procesos de sensibilización social a efecto de que la ciudadanía deje de percibir los sitios de disposición final de los residuos peligrosos como amenazas directas para la salud pública. Fomentar que cada entidad federativa maneje y disponga de sus residuos peligrosos en los perímetros de sus territorios y se eliminen los onerosos traslados hacia los distantes y escasos centros de disposición hoy existentes, para reducir los eventos de accidentes por fugas y derrames en el transporte.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción 1, numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, quien suscribe, diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Único. Se adicionan y modifican diversas disposiciones de los artículos 7, 16, 17 BIS, 18, 31, 42 y 56, de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son facultades de la federación:

I. y II. ...

II. Bis. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos provenientes del sector petrolero;

III. a XXIX. ...

Artículo 16. La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas y los que sean catalogados como tales en el artículo 31, que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.

Artículo 17 Bis. Los residuos de la industria petrolera considerados como residuos peligrosos y de manejo especial, son de regulación y competencia federal, su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta ley o en las normas oficiales mexicanas específicas.

Artículo 19. ...

...

VIII. Residuos de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

Artículo 31. ...

I. a X. ...

XI. Residuos provenientes del sector hidrocarburos, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos;

XII. a XV. ...

XVI. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos.

Artículo 42. ...

...

...

Un residuo será considerado como subproducto si se demuestra técnica y económicamente que puede ser reutilizado o reusado, y para ello deberá obtener el registro ante la secretaría.

Artículo 56. La secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para el almacenamiento de residuos peligrosos, las cuales tendrán como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, evitar su incompatibilidad, el arrastre por el agua de lluvia o por el viento de dichos residuos, incendios, explosiones y acumulación de vapores tóxicos, fugas o derrames.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento actualizado en un plazo de 80 días, a partir de la publicación del en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2016.— Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

DICTAMÉNES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Salud. El primero, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. El segundo con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud. Y el tercero, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud en materia de bancos de leche.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, somete a consideración de ésta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

II. En el apartado “CONTENIDO”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

III. En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de noviembre de 2014, las senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de Guías de Práctica Clínica.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 18 de septiembre de 2015, se aprobó en la Cámara de Senadores el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios legislativos sobre la iniciativa en comento.

4. El 24 de septiembre de 2015, se recibió la Minuta en la Cámara de Diputados.

5. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de expediente 222/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Las senadoras proponentes señalan que las guías de práctica médica se definen como recomendaciones desarrolladas de forma sistemática con el fin de ayudar al profesional de la salud y al paciente a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas.

Para que los profesionales tomen las mejores decisiones deben disponer de información de calidad, de fácil interpretación y aplicación. De la suma de necesidades en salud y el avance del conocimiento ha surgido la medicina basada en la evidencia, lo que ofrece recomendaciones de ayuda en la toma de decisiones.

Del escenario actual de los servicios de salud en México deriva la prioridad de implementar estrategias que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de los individuos y de la sociedad en su conjunto, a través de la oferta de mejores alternativas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, al mismo tiempo que se optimizan los recursos disponibles.

Este escenario actual de la salud en nuestro país, habla de la necesidad y expectativa de los individuos y de la sociedad para ofrecerles mejores alternativas en salud.

Las senadoras proponente plantea incluir en el artículo 32 de la Ley General de Salud, a las Guías de Práctica Clínica, como uno de los elementos básicos para llevar a cabo la atención médica.

III. CONSIDERACIONES

A) Los integrantes de la Comisión de Salud coincidimos con la colegisladora en que toda persona tiene derecho a la protección de la salud acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal.

B) En el sexenio anterior, a partir del Programa Nacional de Salud 2007-2012, se estableció la necesidad de desarrollar acciones para lograr una atención médica con calidad técnica y segura para los pacientes.

A partir de ello se delimitó el objetivo primordial de la elaboración de las Guías de Práctica Clínica, para ofrecer información basada en la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud del país y así fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, a fin de contribuir con ello a la mejora de la calidad y seguridad de la atención médica.

C) De acuerdo con la “Estrategia para la Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud”, las Guías de Práctica Clínica, (GPC), son documentos técnicos desarrollados de forma sistemática por un grupo de expertos que resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología, emitiendo recomendaciones concretas para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de salud; por ello, para el sistema de salud, representan una herramienta de consulta para el personal, que le permite tomar decisiones acertadas y disminuir la variabilidad en el diagnóstico y tratamiento.

De esta manera, se inició la estructuración de las GPC, tomando en cuenta la siguiente metodología:

• Pertinencia

• Magnitud

• Trascendencia

• Vulnerabilidad

• Factibilidad

• Evaluación económica

D) Dicha estrategia se constituyó a partir del Acuerdo Secretarial publicado en junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación; para su elaboración interviene un Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, Instituciones de Salud –tanto del ámbito público como privado– en México, Academias Nacionales y Asociaciones de Escuelas y Facultades de Medicina, con la finalidad de armonizar dichas guías para la atención médica.

E)Para la materialización de las GPC, se cuenta con el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que es un órgano asesor de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, integración de GPC, de nueva creación y de actualización, así como su difusión y utilización en las instituciones del Sistema Nacional de Salud; asimismo, es el encargado de proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación.

Dicho órgano sesiona trimestralmente y desde su creación en 2008 a la fecha se han celebrado 27 reuniones, donde ha logrado la aprobación de 699 GPC, para su publicación y difusión en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica.

F) Ahora bien, para una mejor redacción y por cuestiones de técnica legislativa es necesario realizar una modificación al texto propuesto por la colegisladora, esto para que sea entendible la intención de la legisladora, por lo que esta Comisión dictaminadora propone la siguiente redacción:

Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

ylos medios electrónicos de acuerdo con las NOM que al efecto emita la Secretaría de Salud.

G)Por las consideraciones anteriores, estimamos que debe aprobarse en los términos establecidos por esta Comisión dictaminadora y regresarse al Senado de la República para sus consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ésta dictaminadora emite su dictamen y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Para efectos del párrafo anterior los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica ylos medios electrónicos de acuerdo con las NOM que al efecto emita la Secretaría de Salud.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los tres dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios al respecto. Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, para fundamentar los dictámenes de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez: Con la venia del Presidente. Compañeros y compañeras diputadas. La Comisión de Salud presenta este día tres dictámenes para su discusión y aprobación.

Se trata de modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Salud relativos a Guías de Práctica Clínica, aplicación de Tecnologías de la Información al Sector Salud y Bancos de Leche.

En lo que respecta a la primera modificación, ésta busca que los prestadores de servicio de salud se apoyen en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, que para tal efecto emite la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la Estrategia para la Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud, éstas se definen como documentos técnicos desarrollados de forma sistemática, con el fin de ayudar al profesional de la salud y al paciente a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas.

Estas guías serán una nueva herramienta de consulta para los profesionales de la salud, que les permitirá disponer de información de calidad, de fácil interpretación y aplicación para mejorar la toma de decisiones y el cuidado de la salud.

La importancia de las Guías de Práctica Clínica ha llevado a su estructuración de acuerdo con metodologías estrictas que pretenden hacer las pertinentes, trascendentes y eficaces.

La segunda reforma permitirá a los prestadores de servicio de salud, usar las nuevas tecnologías para implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica para efectos de identificación de los pacientes, incluyendo a derechohabientes de organismos de seguridad social.

Así, esta reforma fortalecerá la Estrategia Digital Nacional que articula las políticas públicas tendientes a fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual es una prioridad nacional por los efectos económicos y sociales derivados de la digitalización.

Esta digitalización, de igual forma permitirá mejorar la información de los expedientes clínicos y por consiguiente los servicios de salud que se brindan a los usuarios y derechohabientes.

En lo que respecta a la tercera modificación a la ley que hoy votaremos, se propone fomentar la creación de bancos de leche humana en cada entidad federativa del país. Con esta reforma estaremos promoviendo la alimentación exclusiva con leche materna a todos los bebés prematuros y hospitalizados, y en el mediano plazo esperamos contribuir a la disminución de la morbimortalidad neonatal y que es, de acuerdo al documento, un modelo de cooperación internacional de la Organización Panamericana de la Salud.

Los bancos de leche humana tienen un impacto positivo en el desarrollo de los bebés prematuros y repercuten en el mayor crecimiento y mejor desarrollo de los recién nacidos. Esto significa que la lactancia materna beneficia tanto a la madre al reducir la incidencia de cáncer de mama como al bebé, al disminuir el riesgo de enfermedades virales, diabetes, obesidad, complicaciones cognitivas, entre otras.

Por estas razones, compañeras y compañeros, es que la Comisión de Salud solicita su voto a favor de estos tres dictámenes, toda vez que con estas modificaciones a la Ley General de Salud estaremos dando un paso adelante para ofrecer mayor protección a la salud de la población. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López.

Están a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con nuestro Reglamento, ya se han registrado para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios diputadas y diputados. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con los indicadores de salud del Inegi, en 1994 la cantidad promedio de consultas por médico al año era de mil 508 y para 2012 esta cifra alcanzó las mil 572 consultas por médico.

Sin embargo hay entidades como Guerrero e Hidalgo, en que los médicos atienden más de dos mil consultas. Esto, aun cuando el Estado ha hecho esfuerzos importantes para incrementar el número de doctores en el sector público, llegándose prácticamente a duplicar en los últimos 18 años.

En efecto, el número de médicos ha pasado de 112 mil 383 en 1994, a 214 mil 191 en 2012. Siendo así la situación, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votará a favor de toda iniciativa que cree las condiciones necesarias para otorgar una atención médica ágil, eficiente y segura. En este sentido la reforma al artículo 32 y la adición del artículo 53 Bis de la Ley General de Salud, apuntan hacia esa dirección.

Por un lado la reforma al artículo 32 da la posibilidad a los médicos para que atiendan a la población, teniendo como marco de referencia las 763 guías de práctica clínica con las que actualmente se disponen. Dichas guías son una herramienta muy útil tanto para los médicos como para los pacientes, ya que condensan la mejor evidencia empírica y científica disponible para diagnosticar y tratar enfermedades, avanzando hacia la estandarización de la práctica médica.

Por su parte la incorporación del artículo 53 Bis permite a los médicos, para la identificación de los pacientes, la utilización de registros biomédicos como por ejemplo: las huellas dactilares, iris o la geometría de la mano, entre otros. Con esta disposición, además de agilizar la atención médica, se le está dando al paciente un mayor grado de seguridad.

Respecto al decreto que reforma la fracción II del artículo 64, de igual manera Encuentro Social votará a favor, ya que se establece que en cada entidad federativa se instale al menos un banco de leche humana, en los cuales se recolecta, analiza y conserva la leche sobrante de madres en lactancia.

Pese a su importancia en 2014 sólo había 10 bancos de leche humana en nuestro país ubicados en el Distrito Federal, estado de México, Zacatecas, Tabasco, Veracruz y Jalisco.

De este modo con esa disposición se les brindará a los recién nacidos y particularmente a los prematuros, a aquellos que nacieron con bajo peso o con alguna enfermedad y que por cualquier circunstancia sus mamás no los pueden alimentar, el beneficio de ese alimento único.

Esta reforma es de gran impacto por su pertinencia, ya que los indicadores referentes a la lactancia materna, mostraron un franco deterioro, según la última Encuesta Nacional de Salud en 2012.

El porcentaje de lactancia materna exclusiva en menores de seis meses bajó entre el 2006 y el 2012, de 22.3 por ciento, a 14.5 por ciento, la caída más drástica en las zonas rurales, ya que pasó de un 36.9 por ciento, a 18.5 por ciento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres. Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

Me referiré a los tres dictámenes que presenta la Comisión de Salud. En Nueva Alianza estamos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud en materia de Guías de Práctica Clínica.

De acuerdo con las estrategias para la difusión e implementación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud, las Guías de Práctica Clínica son documentos técnicos desarrollados de forma sistemática por un grupo de expertos que resume la evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el manejo de una patología, emitiendo recomendaciones concretas para apoyar en el tema de decisiones de médicos y pacientes acerca de los cuidados de la salud.

Por ello, para el sistema de salud representa una herramienta de consulta para el personal, ya que permite tomar decisiones acertadas y disminuir la variabilidad en el diagnóstico y en el tratamiento.

Del escenario actual de los servicios de salud en México deriva la prioridad de implementar estrategias que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de los individuos y la sociedad en su conjunto a través de la oferta de mejores alternativas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, al mismo tiempo que se optimizan los recursos disponibles.

El objetivo primordial de la elaboración de las guías de práctica clínica es ofrecer información basada en la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud en el país para fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, a fin de contribuir con ello a la mejora de la calidad y seguridad en la obtención médica.

De igual forma votaremos a favor del dictamen que adiciona el artículo 53 bis de la Ley General de Salud, para efecto de identificación de los usuarios de los servicios de salud y de derechohabientes de los organismos de seguridad social puedan implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

Actualmente contamos con un esquema de salud que continúa utilizando sistemas para la identificación de sus usuarios que ya son obsoletos, lo que origina un servicio ineficiente y tiempos de espera prolongados.

La Ley General de Salud no considera, por ejemplo, la utilización de registros biométricos para efecto de identificación de pacientes o asegurados. En Nueva Alianza estamos seguros de que, con la implementación de tecnologías de información y comunicación, coadyuvará a incrementar la calidad y seguridad de la información y del servicio, pero también a propiciar un significativo ahorro económico.

Finalmente votaremos a favor del dictamen que reforma el artículo 64, fracción II Bis, de la Ley General de Salud, que surge de una iniciativa presentada por Nueva Alianza para establecer bancos de leche humana en los establecimientos de alud que cuenten con servicios neonatales.

Con la apertura de los bancos de leche humana lo que buscamos en Nueva Alianza es que los menores que no puedan ser amamantados por sus madres reciban todos los beneficios de la leche materna, principalmente los bebes prematuros y enfermos que se encuentran hospitalizados.

Si bien actualmente operan 17 bancos de leche materna, estos no son suficientes. Por ello la necesidad de crear por lo menos un banco de este tipo en cada entidad federativa. Con las reformas aprobadas damos un paso más para cumplir con nuestra responsabilidad como legisladores al propiciar el bienestar y la salud de todos los mexicanos y mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, presidente. Compañeros, este recinto hoy debe estar de fiesta porque en la Comisión de Salud hemos avanzado convencidos de que no hay colores, convencidos de que no hay partidismo, convencidos de que nuestro único que hacer es ir en pro de la salud del pueblo mexicano.

Por eso los dictámenes que hoy aquí estamos presentando para su aprobación van encaminados directamente a mover esa sensibilidad de cada uno de ustedes, van encaminados a lograr que cada uno de los diputados y de las diputadas que formamos parte de la LXIII Legislatura tengamos la visión bien puesta en el servicio para el pueblo de México.

Por eso la referencia que hoy hacemos a la reforma al artículo 32, en donde se pretende que sea oportuna la consulta de cada una de las prácticas profesionales que se encuentran avaladas por el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, sean en beneficio de la atención oportuna del pueblo de México y sobre todo sean perfectamente atinadas en el desarrollo de cada uno de los quehaceres de los que hacen de la medicina una profesión.

Asimismo, me referiré al artículo 53, en donde se pretende que tengamos los avances que han venido implementándose en este día, en cuanto a los registros biométricos para poder fortalecer la atención oportuna, la atención confiable, que inmediatamente ese paciente que demanda la atención pueda ser escaneado, se podría decir, y conocer cada uno de los antecedentes que puede haber en su vida, a través de su vida para el tratamiento de sus enfermedades.

En este caso yo celebro que tengamos esa visión de poder fortalecer para brindar la mejor atención médica a cada uno de los que lo requieren.

En cuanto a los bancos de leche, qué les puedo decir. Cómo se puede objetar o cómo se pudiera ir en contra de la salud de los que más lo necesitan, que son los infantes. Por eso celebramos en Movimiento Ciudadano la gran oportunidad de que esos bancos de leche se implementen al menos uno en cada entidad, porque el posicionamiento de nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respecto de cada una de las adhesiones o modificaciones que hoy estamos viendo que inciden en los artículos de la Ley General de Salud, nos manifestamos con congruencia y con compromiso a favor de los ciudadanos y nuestro voto será a favor, como pedimos que sea del de todos ustedes.

Estamos conscientes de que falta muchísimo por hacer, pero celebro y agradezco a la Comisión de Salud la acertada coincidencia del trabajo articulado en pro de la salud del pueblo de México. Por ello les agradezco esta gran oportunidad y les invito a que conjuntemos esfuerzos para que vayamos día a día construyendo una mejor condición en todos los ámbitos para el pueblo de México. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto nuestra posición de declararnos a favor de legislar para fortalecer nuestro sistema de salud, lo cual indudablemente traerá beneficios directos a la población de quienes más lo necesitan.

Apoyamos sin duda el exhorto al Ejecutivo federal para que se acelere la creación de la Red Nacional de los Bancos de Leche Materna, porque sabemos y conocemos los índices de mortalidad infantil, el incremento de las alergias y de la obesidad de la población infantil que vive nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud, en el año 2001, destacó que los bancos de leche humana son una de las mejores estrategias sanitarias en la disminución de la morbimortalidad infantil y en la protección del amamantamiento.

Es fundamental que todas nuestras instituciones de salud, donde cuenten con servicios neonatales, instituciones de salud donde se cuente con estos servicios, tengan instalado y debidamente funcionando un banco de leche humana, pues estos tienen la finalidad de ayudar a los bebés de diferentes edades y condiciones.

Recordemos que la leche materia es el alimento más completo que puede recibir a los bebés en determinadas edades y de diferentes patologías, que pueden salvar directamente la vida.

Entendemos los principios científicos de la medicina, pero también apoyamos las investigaciones científicas, dado que la medicina evoluciona. Por ello, apoyamos la medicina basada en evidencias.

Se pretende optimizar la toma de decisiones integrada debidamente por la experiencia clínica individual. Las guías prácticas de clínica son un instrumento que permiten mejorar la atención sanitaria, ya que se adaptan a las necesidades individuales de cada persona, familia o colectividad, para obtener mejores resultados.

Todo sistema de salud puede funcionar adecuadamente, si no se unifican criterios, más tratándose del control y del registro. Entendemos que es una gran ventaja tener disponibilidad de la información sanitaria de cada una de las personas las 24 horas del día, consultar en línea los servicios que se han brindado y así trabajar o cubrir más el rubro de prevención.

Para los profesionales de salud sería un lenguaje común basado en las normas oficiales mexicanas, como lo marca la número 168 de salud, del expedite clínico electrónico apoyado en esta adición para reconocer que nos encontramos aún lejos de eso, aunque es lo óptimo.

En México hay que reconocer que hay una crisis grave en salud, nuestras instituciones públicas se desboronan, hablando de la infraestructura, insumo, equipo médico. Es decir, de los problemas de los profesionales de salud que se sienten abandonados y hostigados cuando se les pide brindar calidad y calidez, cuando no se cuentan con los medios mínimos para brindar una atención médica adecuada.

En Morena compartimos esta preocupación, por ello reitero que siempre estaremos a favor de las adiciones o reformas que mejoren nuestro sistema de salud, pero no olvidemos que no hemos resuelto de las necesidades básicas, se debe priorizar y atender. Recordemos que la salud en el país es fundamental para el desarrollo del mismo. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guzmán. Tiene ahora la palabra la diputada Wendolin Toledo Aceves, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Wendolin Toledo Aceves:Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados, respecto al primer dictamen de la Comisión de Salud que nos corresponde discutir, la Secretaría de Salud define a las guías de práctica clínica como elementos de rectoría en la atención médica, cuyo objetivo es establecer un referente nacional para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención médica.

En este sentido, el dictamen de la minuta en comento propone reformar el artículo 32 de la Ley General de Salud, a fin de incluir expresamente la facultad de los prestadores de servicios de salud para apoyarse en las guías de práctica clínica en el desempeño de sus funciones diarias.

Por lo anterior, coincidimos con el presente dictamen en cuanto a la importancia que tienen que brindar los instrumentos necesarios a los profesionales de este rubro tan fundamental, para que estén en posibilidad de tomar mejores decisiones sustentadas en información de calidad, de fácil interpretación y aplicación.

En cuanto al segundo dictamen, referente a la inclusión de los registros biométricos como medio de identificación de pacientes y sin dejar de reconocer los avances recientes en este ámbito, actualmente el sistema nacional de salud enfrenta grandes retos derivados de los cambios registrados en el perfil epidemiológico y demográfico de la población, así como su estructura fragmentada.

Sobre este aspecto debe reconocerse el papel tan importante que la tecnología desempeña al día de hoy en prácticamente todos los campos, siendo preciso mencionar a la estrategia digital nacional sustentada en el decreto de reforma constitucional, promulgado el 10 de junio del 2013. Que prevé en sus objetivos contar con un gobierno más cercano a la gente, abierto y eficaz.

Por los argumentos expuestos y tomando en consideración que actualmente la Ley General de Salud no contempla de forma explícita la utilización de los registros biométricos u otros medios electrónicos en la identificación de los pacientes, el Partido Verde se pronuncia a favor de que se incluyan estos mecanismos con el objeto de modernizar la legislación buscando una mayor calidad en la atención médica.

Por último, abordaremos un tercer dictamen, cuya finalidad es la correcta nutrición durante la infancia, misma que resulta esencial para permitir que los niños crezcan y se desarrollen de manera óptima. Todo ello mediante la creación de bancos de leche humana en la República Mexicana.

Es indudable que la lactancia materna durante los primeros meses de vida aporta enormes beneficios tanto al niño como a la madre, pues además de fortalecer naturalmente el crecimiento del recién nacido garantiza su protección frente a las diferentes infecciones, y por consiguiente reduce su mortalidad neonatal.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre las madres pueden amamantar a sus hijos, por tanto, resulta necesario recurrir a la solidaridad de otras madres, quienes luego de extraerse la leche para sus propios hijos donan sus excedentes a los bancos de leche humana para que se les brinde a otros niños y niñas. Lo cual ha generado nacional e internacionalmente una experiencia bondadosa, por lo que según informes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se tiene contemplado el establecimiento de 30 bancos en las diferentes entidades federativas.

Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México se suma a la propuesta de cobertura mínima de este servicio sustancial, con el objeto de que en la organización y operación de los servicios de la salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades competentes establezcan al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa dentro de las instituciones de salud que presten servicios neonatales. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Toledo. Tiene ahora la palabra la diputada Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para presentar la posición del Grupo Parlamentario del PRD respecto a tres dictámenes de la Comisión de Salud a minutas enviadas por la Cámara de Senadores, que modifican la Ley General de Salud.

El primer dictamen considera incluir en el artículo 32 el uso de las guías de práctica clínica en atención médica. Y el segundo, que adiciona el artículo 53 Bis introduce la implementación de registros biométricos y otros medios de identificación electrónica de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social.

El tercero incorpora la fracción II Bis al artículo 64, para establecer al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa de nuestro país en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales.

Las guías de práctica clínica establecen lineamientos que facilitan la toma de decisiones en la atención médica frente a diversos escenarios clínicos. El registro biométrico proporciona certeza de máxima calidad en la identificación de usuarios y derechohabientes, moderniza y hace más eficiente esta operación de los prestadores de servicios de salud.

Por su parte, los bancos de leche humana constituyen un súper avance en el movimiento de incrementar la lactancia materna en nuestro país, que atraviesa por una grave crisis.

Lograr al menos uno de estos bancos en cada entidad federativa significa un salto enorme en este esfuerzo nacional por asegurar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de los niños y niñas y la lactancia complementaria hasta los dos años de edad.

Los tres dictámenes ofrecen bondades sin par en los procesos de mejora continua en la presentación de los servicios médicos del sector salud.

Las guías son herramientas eficaces para manejar problemas de salud con elevado impacto en la salud de los pacientes y en la economía familiar, por sus implicaciones en el alto consumo de recursos.

El aprovechamiento de los registros biométricos por el sector salud, son la innovación tecnológica que dará certeza, información precisa y pura sobre usuarios y derechohabientes que ahorrarán enormes recursos y elevará en máximo, eficacia y eficiencia.

En cuanto al tercer dictamen, quién puede estar en contra, si todos somos hijos de la leche materna. Y en una visión sustentable, esta Cámara de Diputados con su aprobación la garantiza para las generaciones presentes y las asegura para las generaciones futuras en nuestro país.

Por esto todos nosotros, los que formamos el Grupo Parlamentario del PRD, estamos a favor de estos tres dictámenes enviados por la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cruz. Tiene ahora la palabra, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los servicios de salud deben prestarse en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia, con procedimientos estandarizados y atendiendo a protocolos y directrices aceptados.

El día de hoy se presentan a discusión tres dictámenes con un común denominador, están relacionados con un tema fundamental, la salud.

Los dos primeros a los que me referiré, precisamente están relacionados con la calidad, la seguridad y eficiencia, así como con la aplicación de procedimientos estandarizados en la prestación de los servicios de salud.

El primero de ellos se refiere a la implementación de registros biométricos y otros medios de identificación electrónica para la identificación de asegurados y usuarios.

Esto, compañeros, se traduce en seguridad. Seguridad para el paciente, seguridad en los procedimientos y la seguridad es parte esencial del fortalecimiento de la calidad. Es utilizar las tecnologías de la información para un beneficio directo a cada usuario de los servicios de salud.

En el segundo dictamen se establece la utilización de las guías de práctica clínica como un instrumento que los profesionales de salud pueden utilizar para poseer mayor certeza acerca de la atención que están proporcionando a un paciente.

Debo recordarles que en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, se estableció la necesidad de desarrollar acciones para lograr una atención médica con calidad técnica y segura para los pacientes. A partir de ello se delimitó el objetivo de elaborar las guías de práctica clínica para contar con información que tuviera como base las evidencias clínicas más avanzadas y actualizadas respecto a los problemas de salud. En pocas palabras, se atendió y se estandarizaron procedimientos y se atendieron de manera general en base a protocolos y directrices aceptadas por expertos.

Los beneficios de utilizar las guías van desde ofrecer seguridad y certeza en el tratamiento hasta tener mejores mecanismos de fármaco vigilancia y de medición de efectividad de los tratamientos de los padecimientos de mayor morbilidad en nuestro país.

En Acción Nacional celebramos que las bases cimentadas en la pasada administración federal sean hoy consideradas para ser elevadas a nivel Ley General de Salud y que con ello los buenos programas se institucionalicen para beneficio de cada mexicano.

Y no menos importante, la Comisión de Salud presenta otro dictamen que pretende establecer la operación en servicios de salud destinados a la atención materno infantil, para que se establezca al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es el alimento más adecuado y natural para aportar a los niños pequeños los nutrientes necesarios para su crecimiento, desarrollo nutricional, inmunológico y emocional.

Por todos los beneficios que representan estas reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de estos dictámenes porque fortalecer la calidad, la seguridad y la estandarización en la prestación de los servicios de salud, así como fortalecer el regreso a la primera acción preventiva en salud, como es la lactancia materna, es dicho en forma sencilla actuar proactivamente para lograr evitar el dolor evitable. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Lizárraga. Y tiene ahora la palabra la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María Verónica Muñoz Parra:Con su venia, señor presidente. Estimadas compañeras diputadas y diputados, vengo a nombre de las diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del PRI a fundamentar tres dictámenes en positivo. El primero relativo a las guías de práctica clínica. El segundo, del uso e identificación electrónica en la prestación de los servicios de salud. Y el tercero, de bancos de leche materna.

El primer dictamen se concentra específicamente en el desarrollo y uso de guías de práctica clínica, retos a los que se enfrentan actualmente los servicios de salud. Las guías de práctica clínica se definen como recomendaciones desarrolladas de forma sistemática con el fin de ayudar al profesional de la salud y al paciente, a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas.

La minuta atiende al interés de los profesionales de la salud a tomar las mejores decisiones con base en información de calidad y de fácil interpretación y aplicación, con el objetivo de brindar la mejor atención posible a los pacientes.

El segundo dictamen se fundamenta en los aspectos que dan origen a esta minuta. Son muchos, pero entre los principales es el proceso de envejecimiento de la población, el sedentarismo, la mala nutrición y otros aspectos y desafíos que nos han llevado al predominio de enfermedades crónico degenerativas como son los padecimientos cardiovasculares, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y los tumores malignos.

Con esta propuesta lograremos una transformación que permita generar una atención en nuestro sistema de salud, optimizando los recursos que se encuentran disponibles con el objetivo de garantizar la equidad y la calidad de los servicios de salud.

La minuta se enfoca a la utilización de registros biométricos y otros medios electrónicos para efecto de identificación de pacientes o asegurados. Esto permitirá la modernización y la eficiencia en la operación de los procesos internos creando bases sólidas de conocimiento y habilidades que serán utilizadas para identificar a la población que cuenta con algún seguro público, privado o social de salud.

Con lo anterior, se evitará la duplicidad de la prestación de los servicios de salud y el gasto adicional de las propias instituciones.

El tercer y último dictamen tiene un sustento en la Organización Mundial de la Salud, la cual recomienda la lactancia materna como un alimento primordial para el desarrollo de nuestras niñas y de nuestros niños. Es decir, es la forma más natural que aporta todos los nutrientes y anticuerpos necesarios para su supervivencia en sus primeros meses de vida. La leche humana está compuesta de un 88 por ciento de agua, la carga renal de solutos es tres veces menor a de cualquier fórmula comercial, lo que permite que el riñón del bebé mantenga una función adecuada.

El presente dictamen está enfocado a implementar al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales, su función esencial de dicho centro especializado será recolectar, clasificar, analizar, pasteurizar y almacenar, y posteriormente distribuirla a los recién nacidos de alto riesgo.

En la actualidad en nuestro país, ya operan 17 bancos de leche humana, y el gobierno federal dentro el Plan Nacional de Salud creará 13 nuevos bancos más en 12 de estados de la República, esto con el firme objetivo de disminuir la desnutrición crónica de nuestros menores, ya que actualmente se encuentran 1.5 millones de menores en esta situación, misma que se traducen en anemia, en sobrepeso, en obesidad, dando lugar a enfermedades crónicas agudas, y en algunos casos, inclusive, condicionando la muerte.

Es de resaltar que en mi estado de Guerrero, con el actual apoyo del gobernador y de su esposa, éste es pionero en la creación de uno de los bancos de leche humana en el estado. Está ubicado en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerenses, en la ciudad de Chilpancingo, y tengo que decirles que es un caso de éxito, acopia aproximadamente 80 litros al mes resolviendo el problema de desnutrición y así salvando vidas de bebés prematuros que por alguna causa no pueden ser amamantados, o porque aquellos se encuentran hospitalizados en las áreas con cuidados intensivos y en terapia intensiva neonatal.

Derivado de lo anterior, estimados compañeros, es tarea de todos nosotros, legisladoras y legisladores, implementar acciones necesarias y medidas eficaces con el fin de atender estos problemas prioritarios para asegurar el derecho al desarrollo pleno de nuestras niñas y de nuestros niños, al igual que brindar más y mejores servicios de salud a todos los mexicanos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, pocas cosas unen más que la salud. Quiero decirles a ustedes que, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, los invito a sumar voluntades a favor de estos dictámenes, para que transformemos historias de dolor en historias de éxito, y juntos podamos mejorar la calidad de vida de millones y millones de mexicanos. Muchas gracias, estimados amigos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Muñoz. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Y se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.

Se les recuerda que se discutieron en paquete los tres primeros dictámenes de la Comisión de Salud y los votaremos por separado, para que no se nos vayan a desbalagar cuando voten.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Una vez más preguntamos si falta alguien por emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 423 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos, el proyecto de decreto... A ver, antes de terminar de... a ver, está cerrado el sistema, entonces de viva voz el diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá estaba otro voto.

El diputado Luis Fernando Antero Valle (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El voto del diputado Fernando Antero es a favor. Señor presidente, se emitieron 425 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, somete a consideración de ésta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

II. En el apartado “CONTENIDO”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

III. En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al Pleno de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53 Bis y 83 Bis, de la Ley General de Salud presentada por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. El 13 de noviembre de 2014 la Mesa Directiva emitió excitativa para que las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos presenten el dictamen correspondiente.

4. El 20 de enero de 2015, las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos solicitaron a la Mesa Directiva prórroga para presentar el dictamen correspondiente.

5. Con fecha 27 de enero de 2015 la Mesa Directiva autorizó la prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el párrafo I del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen.

6. Con fecha 23 de abril de 2015 el dictamen presentado por las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos aprobado previamente el 22 de abril quedó de primera lectura.

7. El 18 de septiembre de 2015, el dictamen fue sometido a discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores, que lo aprobó en votación nominal y se remitió a la Cámara de Diputados para efectos del artículo 72 Constitucional.

8. El 24 de septiembre de 2015, mediante oficio No. DGPL-63-II-1-0042, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, turnó la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud para dictamen a esta Comisión de Salud, con número de expediente 223/LXIII.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

De acuerdo con la Minuta, la Senadora proponente plantea adicionar los artículos 53 Bis y 83 Bis a la Ley General de Salud, con la intención de que los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de asegurados y usuarios, puedan implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica, por lo que deberán contar con la firma electrónica avanzada.

De la misma manera, propone que la Secretaría de Salud y las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia determinen el uso de firma electrónica avanzada en la prestación de servicios de salud.

III. CONSIDERACIONES

1. La minuta materia del presente dictamen propone que los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social, podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

2. Ésta dictaminadora, ha analizado a fondo la Iniciativa de la senadora promovente, así como el estudio realizado por la colegisladora; y hace suya la propuesta sobre los requerimientos del sector salud, en específico una transformación que genere salud, mejorando así los servicios a los usuarios y derechohabientes.

3. La materia de este dictamen es la aplicación de tecnologías de la información al sector salud. Al respecto es preciso señalar que existe una Estrategia Digital Nacional. El 10 de junio de 2013, el titular del poder Ejecutivo Federal, promulgó el Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica.

4. Las reformas y adiciones a la Ley General de Salud presentada por la senadora María Cristina Díaz Salazar son viables en el marco de la Estrategia Digital Nacional, coordinada desde la Presidencia de la República, misma que pretende, entre sus objetivos, un gobierno más cercano a la gente, abierto y eficaz; así como asegurar el derecho de acceso a las telecomunicaciones a la población.

5. La Estrategia Digital Nacional articula las políticas públicas tendientes a fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Dicha estrategia es una prioridad nacional dados los efectos económicos y sociales positivos derivados de la digitalización. A partir de su objetivo general la Estrategia, como instrumento de política pública, se integra de cinco objetivos ligados a las metas nacionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

6. Existe congruencia entre los propósitos de la Minuta y los cinco objetivos de la Estrategia Digital Nacional que destaca, primero, la Transformación Gubernamental que debe permitir la construcción de una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, centrada en la experiencia del ciudadano como usuario de servicios públicos, mediante la adopción del uso de las TIC en el Gobierno de la República.

De ahí la necesidad de dotar a los prestadores de los servicios de salud de las atribuciones que les permitan implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica de usuarios y derechohabientes según corresponda a sus particularidades.

7. Además, la reforma que se pretende realizar es acorde con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012, en la que se define el Expediente Clínico como un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud del paciente; además de incluir, en su caso datos acerca del bienestar físico, mental.

8. Finalmente, coincidimos con el sentido de la colegisladora y estimamos conveniente aprobar en sus términos la Minuta, toda vez que la reforma cuenta con un marco normativo en el que se fundamenta su viabilidad y congruencia y no contraviene ni duplica ninguna disposición del orden jurídico que rige al sector salud y su aprobación permite dar cumplimiento a mandatos constitucionales y/o legales que no se han regulado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora ratifica el sentido de la minuta enviada por el Senado, por lo que para efectos de lo dispuesto en el apartado A del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Único. Se adiciona un artículo 53 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 53 Bis. Los prestadores de servicios de salud, para efectos de identificación de usuarios de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes de los organismos de seguridad social, podrán implementar registros biométricos y otros medios de identificación electrónica.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de ciudadanas y ciudadanos que nos visitan de San Luis Potosí, invitados por el diputado Antonio Gama Basarte. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

(Votación)

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya estamos a punto de cerrarlo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Una vez más se pregunta si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se ve que haya movimiento.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 419 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 64, fracción II Bis, de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche, presentada por la diputada Dora María Guadalupe Talamantes Lemas a nombre de la diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la LXII Legislatura.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta Comisión somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA:

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de mayo de 2014 la diputada Dora María Guadalupe Talamantes Lemas a nombre de la diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 fracción II Bis de la Ley General de Salud.

2. Con fecha 11 de julio de 2014 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.

3. Con fecha 19 de noviembre de 2014, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 fracción II Bis de la Ley General de Salud. El dictamen fue aprobado por 345 votos a favor, 2 abstenciones, cero en contra.

4. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el dictamen aprobado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

5. Con fecha 25 de noviembre de 2014, en sesión celebrada por la Cámara de Senadores, se comunicó a su Pleno que fue recibida la citada minuta y turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

6. Con fecha 23 de abril de 2015, quedó de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 fracción II Bis de la Ley General de Salud.

7. Con fecha 18 de septiembre de 2015, la Cámara de Senadores presentó y aprobó en lo general con 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y turnó con modificaciones este dictamen. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores lo remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

8. Con fecha 24 de septiembre de 2015, se comunicó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que se recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 fracción II Bis de la Ley General de Salud.

9. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta rescata los principales argumentos de la iniciativa que le da origen y se enfoca principalmente a la Protección de la Salud a la que tienen derecho todos los mexicanos por mandato Constitucional.

La Cámara revisora hace énfasis en un acuerdo de la Organización Panamericana de la Salud denominado “Un modelo de cooperación horizontal”, en el que describen la importancia que tienen los Bancos de Leche Humana en el desarrollo de los bebés prematuros y enfermos hospitalizados.

Describe como beneficios y objetivos de los Bancos de Leche Humana (BLH), contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad neonatal, y mejorar su crecimiento y desarrollo con la alimentación de leche materna, entre otros.

Dicha minuta menciona que la lactancia materna beneficia tanto a la madre, ya que reduce la incidencia del cáncer de mama; como al bebé, al reducir el riesgo de enfermedades virales, diabetes, obesidad y complicaciones cognitivas, entre otros.

Asimismo, establece que derivado de la aprobación por el Congreso de la Unión de una reforma al artículo 64 de la Ley General de Salud, de fecha 9 de febrero de 2012, se emprendieron acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimiento de salud que cuenten con servicios neonatales y se construyeron 11 bancos de leche en diversos estados de la República Mexicana.

La propuesta señala que las autoridades no sólo realizarán labores de promoción para los bancos de leche, sino que garantizarán la existencia de, por lo menos, uno en cada entidad federativa; así, se verá reflejada la protección de la salud de los infantes mediante el abasto de leche humana.

Dicha minuta resalta que, de acuerdo con la Secretaria de Salud, la introducción de alimentos distintos a la leche materna durante los primeros seis meses de vida puede ser causa de al menos el 10% de las enfermedades, por ello se sugiere reformar la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. De acuerdo con el estudio y análisis a los argumentos esgrimidos en las “consideraciones” de la Minuta en comento, esta dictaminadora hace suyo el tema primordial del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del anterior artículo se desprende que el Estado garantizará el derecho a la salud a través de políticas gubernamentales, programas sociales o instituciones públicas, con el fin de satisfacer esa necesidad pública primordial.

Un ejemplo y aplicación del derecho a la protección de la salud, se encuentra en lo señalado en jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima instancia de justicia en este país, que interpreta el artículo de esta manera:

SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL...

La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna , establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II , que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad;...

Amparo en revisión 2231/97. José Luis Castro Ramírez. 25 de octubre de 1999. Unanimidad de siete votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número XIX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

La minuta en análisis refiere un interesante documento de trascendencia elaborado por la Organización Panamericana de la Salud denominado “Un modelo de cooperación horizontal: La Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana”, en él se describe la promoción, fomento y protección del amamantamiento, esta instancia dictaminadora coincide con dicho estudio, sustento de la minuta, y la complementa con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dentro de la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño”, que tiene por objetivo revitalizar las medidas para fomentar, proteger y apoyar una alimentación adecuada del lactante y del niño pequeño, dentro de los cuales resaltan los siguientes puntos:

*Todos los gobiernos deberían formular y aplicar una política integral sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, en el contexto de las políticas nacionales de nutrición, salud infantil y reproductiva, y reducción de la pobreza.

*Los gobiernos deberían examinar los progresos de la aplicación nacional del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y considerar la posibilidad de promulgar nuevas leyes o medidas adicionales para proteger a las familias de las influencias comerciales negativas.

*Los gobiernos deberían promulgar leyes imaginativas para proteger el derecho a la lactancia materna de las mujeres trabajadoras u establecer medios para aplicar esas leyes de conformidad con las normas laborales internacionales.

Esta comisión dictaminadora coincide con el espíritu de la minuta y hace énfasis en el sustento jurídico internacional, es decir, en los acuerdos entre naciones de los que México forma parte, mismos que ayudan a facilitar relaciones políticas y sobre todo a coadyuvar en temas que benefician a los ciudadanos como es la alimentación infantil por medio de Bancos de Leche Humana. Lo anterior refleja lo señalado por la Convención de los Derechos del Niño de 1990, cuyo artículo 24 señala lo siguiente:

“Artículo 24.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;”

SEGUNDA. De acuerdo con la experiencia internacional en Bancos de Leche Humana entre los países de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, entre otros, se pueden rescatar grandes beneficios en la aplicación de, por lo menos, un banco de leche en cada entidad federativa de la Republica Mexicana, como lo señala la minuta que hoy nos ocupa:

• Promover la alimentación exclusiva con leche materna a todos los bebés prematuros y enfermos hospitalizados.

• Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad neonatal de los bebés prematuros hospitalizados, mejorar su crecimiento y desarrollo por medio de la alimentación con leche materna suministrada en el banco de leche; y

• Contribuir a reducir costos de funcionamiento.

Dichos beneficios a los cuales la suscrita comisión está completamente de acuerdo con la Cámara revisora, ya que el beneficio primordial esta a primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, esto representa según la UNICEF una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del crecimiento.

Asimismo, datos de dicha organización, en esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima necesarias.

TERCERA.Esta Comisión coincide en fomentar la creación de bancos de leche humana ya que conlleva muchos beneficios; según información de la Organización Mundial de la Salud es el primer alimento natural de los niños, proporciona energía y nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida.

Cabe destacar que la leche humana está compuesta con el 88% por agua, la carga renal de solutos es 3 veces menor a la de cualquier fórmula comercial lo que permite que el riñón (que sólo tiene una capacidad de filtración del 25%), mantenga su función adecuadamente y el bebé no requiere ser hidratado con agua, té, jugos o fórmulas aún en lugares muy calurosos.

Al igual que la leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas, también, reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad.

CUARTA. Esta Comisión coincide con los argumentos en torno a las acciones y avances que ha implementado el Gobierno Federal en la creación de bancos de leche humana; hasta el momento, según informes de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se tiene contemplado el establecimiento de 30 bancos en las diferentes entidades federativas y, actualmente, operan 17 bancos, para este objetivo se estableció que en la región exista un mínimo de tres mil nacimientos por año y que la unidad disponga de un nutriólogo, un pediatra y un trabajador social.

QUINTA. Esta dictaminadora coincide con la modificación aprobada por los Senadores, dicha propuesta da un amplio espectro con el objetivo primario de crear, al menos, un banco de leche por entidad federativa, sin limitarlo; es decir, se puede extender este objetivo a todos aquellos hospitales que cuenten con servicios neonatales, siempre y cuando cumplan con los requisitos ya señalados en las líneas anteriores.

Para mayor descripción y análisis a continuación se muestra la transformación de la reforma que tiene su origen en la Cámara de Diputados:

De acuerdo con el cuadro anterior, esta Comisión dictaminadora lo que trata de garantizar es que la cobertura del servicio que brindan los bancos de leche humana atienda primordialmente la urgente demanda.

Esta Comisión reitera el compromiso con la protección a la salud de las niñas y los niños mexicanos en torno a su alimentación. Conscientes del beneficio de esta minuta, estamos seguros que en los próximos ejercicios fiscales construiremos acuerdos para que esta iniciativa alcance todos los rincones y atienda a los que más necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera oportuno y pertinente aprobar en sus términos la Minuta. Por los argumentos antes esgrimidos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN II BIS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64....

I.a II. (... )

II Bis. Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales;

III. a IV. (... )

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y funcionamiento de los bancos de leche humana.

Asimismo las acciones que deban realizar las entidades federativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en sus presupuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez, Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para las amigas y amigos que nos visitan, ahorita estamos, como se dan cuenta, votando mediante un sistema electrónico y cada diputada o diputado lo hace desde su curul y tiene su huella dactilar identificada ahí en el sistema electrónico, entonces, solamente así puede votar, a menos que no funcione y pida a viva voz que se registre su voto y el sentido del mismo.

Saludamos también la presencia de amigas y amigos provenientes del estado de Hidalgo, invitados por la diputada Marisol Vargas Bárcenas. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Pregunten, pregunten.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero no por mucho tiempo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Nuevamente se les pregunta si falta alguien de emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se ve a nadie aquí entre corriendo. Allá. Todavía está abierto. Gracias. Ya.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 422 votos a favor 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se informa que con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, esta Presidencia, tomando en cuenta también las peticiones que se hicieron por dos diputados, dicta el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

A la Comisión de Salud, le fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente la iniciativa que reforma el artículo 177 de Ley General de Salud, en materia de atención médica propuesta por el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Vista y estudiada la iniciativa, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, de acuerdo a la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada con fecha 15 de octubre del año 2015, el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno la Iniciativa de ley que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud, en materia de atención médica.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su estudio, análisis y posterior dictamen, con número de expediente 664.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El diputado proponente explica que el tamiz auditivo debe realizarse durante el primer mes del recién nacido, a efecto de poder detectar de manera oportuna a bebés con pérdida auditiva o sordera. 16.5% de la población nacional que posee algún tipo de discapacidad corresponde a la auditiva, pero uno de cada diez son niños.

Que el implante coclear es el dispositivo que ha permitido a los niños con discapacidad auditiva recuperar este sentido.

Ese dispositivo es la mejor alternativa para permitir que personas con sordera profunda escuchen, estudien, trabajen y tengan una vida social plena. La mayoría de los candidatos a implante coclear son niños con sordera profunda de nacimiento diagnosticada a temprana edad, en este caso es necesario realizar la cirugía lo antes posible para que el bebé pueda adquirir lenguaje, cuanto más tiempo pase, más complicada será su integración social.

También afirma que el futuro debe ser más esperanzador para nuestra sociedad, con los avances científicos los implantes serán cada vez más pequeños, sin componentes externos con una mayor estimulación auditiva, de tal suerte que su costo será más accesible y evitará molestias a los bebés, pero hoy tenemos que obligarnos con los bebes que están naciendo en este momento con este problema.

Por ello considera que los servicios de atención médica integral, que son proporcionados adecuada y oportunamente, se constituyen en un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La reglamentación actual sobre el planteamiento que nos ocupa, no es clara, mucho menos detalla el supuesto previsto en la iniciativa objeto de análisis, más aún, sólo se limita a la aprobación de programas que están lejos de garantizar a los niños su derecho universal a la salud.

Es por ello que el marco jurídico vigente requiere el establecimiento de una política pública tan importante.

Por estas razones propone reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES:

En México, la demanda de implantes cocleares es altísima debido a que el 16.5% de la población tiene discapacidad auditiva. Entre 2 y 3 niños de cada mil que nacen en el país, padecen pérdida auditiva.

El implante coclear es una intervención quirúrgica realizada por especialistas en otorrinolaringología, mediante la cual se implanta un transductor artificial, ajeno al cuerpo humano, que tiene por objeto convertir las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Estas señales eléctricas son procesadas a través de las diferentes integrantes del implante coclear, las cuales se dividen en externas e internas, según informes de los especialistas.

De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2012) alrededor de 6 mil niños nacen en México con alguna discapacidad auditiva sin embargo, de esa población, sólo 2 mil 400 niños requieren de un implante coclear, recomendable antes de los 3 años de edad por la efectividad presentada después de hacer los estudios pertinentes de tamiz auditivo y pruebas de sordera crónica.

En México, según datos del INEGI, nace alrededor de 1 millón 500 mil niños al año, es decir, el porcentaje de la población infantil que nace con sordera parcial es del 1.6% de la población; entonces, sólo dos niños de 100 recién nacidos tienen sordera o discapacidad auditiva, de los cuales uno de cada 1000 nacidos tiene sordera crónica aguda y es candidato a un implante coclear.

Niños y adultos sordos o con graves dificultades auditivas pueden ser candidatos para recibir implantes cocleares. Según datos del año 2005 de la Food and Drug Administration (Administración de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés), alrededor de 100,000 personas en todo el mundo han recibido implantes. En los Estados Unidos, unos 22,000 adultos y cerca de 15,000 niños tienen implantes. Generalmente, los implantes cocleares pueden beneficiar a los adultos que han sufrido pérdida de audición completa o parcial a lo largo de sus vidas. Ellos aprenden a asociar los sonidos que recuerdan con las señales captadas por los implantes. Con frecuencia, esto incrementa la habilidad del usuario para entender conversaciones, escuchando solamente por medio del implante, sin la necesidad de indicadores visuales, como leer labios o el leguaje gestual.

Los implantes cocleares, en conjunto con terapia intensiva postimplantación, pueden ayudar a los niños a recobrar su habilidad lingüística y mejorar sus aptitudes sociales. La mayoría de los niños que reciben implantes tienen entre dos y seis años de edad. El implante temprano proporciona una exposición a los sonidos que puede ser útil durante el período crítico en el que los niños aprenden a hablar y adquieren habilidades lingüísticas.

La FDA recomienda que el implante en los menores se proporcione antes de los 3 años de edad, por el desarrollo de lenguaje que pueden realizar a lo largo de su vida y las características desarrolladas en los casos de éxito del 97% del total de implantes aplicados en 2014 a niños menores de 3 años.

La implantación en niños menores de tres años, permite un desarrollo normal del infante en todos aspectos: social, comunicativa, educativa, deportivo, etc. Un niño con un implante antes de los tres años, desarrolla una vida normal (FDA).

El precio promedio de un procesador coclear junto con la cirugía de implantación y la terapia de recuperación por niño, ronda en los 30 mil dólares. El tratamiento de implantes cocleares a 2400 niños mexicanos, recién nacidos durante un año, tiene un impacto actual de 1 mil 296 millones de pesos (72 millones de dólares), el presupuesto de salud en México es en promedio de 135 mil millones de pesos (PEF 2016) a ejercerse directamente entre los 117 millones de mexicanos (INEGI).

La crisis financiera por la que atraviesa el sistema de salud nacional, es una limitante para brindar atención a todos los niños que nacen con esta discapacidad (discapacidad auditiva) tomando en cuenta que se tiene una población altamente demandante por enfermedades crónico degenerativas, lo cual limita la capacidad de acción de la salud pública en materia de atención a problemáticas como la presentada en ésta iniciativa.

A manera de conclusión, podemos manifestar los integrantes de la Comisión de Salud, que aun cuando la propuesta es muy noble y necesaria, reconocemos que el presupuesto federal destinado al rubro de salud, es insuficiente para atender toda la demanda de atención médica en el país, por lo cual, ante la necesidad de resolver poco a poco la problemática de la salud de la infancia de nuestro país y, con el compromiso que esta Comisión de Salud de la LXIII Legislatura Federal tiene con la salud del pueblo de México, se hace necesario incorporar a la redacción de la propuesta del diputado en un segundo transitorio, de la siguiente forma: Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.”

Lo anterior con la intención de brindar la atención gratuita a los niños menores de tres años, que presenten discapacidad auditiva, mediante los avances científicos existentes e implantes cocleares, siempre y cuando la Secretaría cuente con recursos para cubrir la demanda en comento.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud someten a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 177. ...

En el caso de la discapacidad auditiva, se garantizará a los niños menores de tres años, atención gratuita y prioritaria mediante los avances científicos existentes e implantes cocleares.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Nota:

1. http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2005-08-18_1587. html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Octavio Iñiguez Mejía, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía:Muy buenas tardes a todas y a todos los diputados. Quisiera llamar un poco la atención de los diputados que están en el pleno, porque el tema que vamos a tocar hoy, y que la comisión agradezco que hubieran votado de manera unánime.

Porque el problema de la audición de implante coclear, de lo que estamos tratando ahorita en este momento, decirles que la audición para todos nosotros –y que les pido tengamos un poquito de tiempo para escuchar– es la función más importante y refinada del ser humano, pero además es la fundamental para la adquisición del lenguaje.

Por eso el tema del implante coclear, el sentido auditivo periférico es completamente funcional desde el momento del nacimiento de cualquier persona, pero además presenta periodos de maduración durante el primer año de vida, así es que nuestros niños en este siglo XXI no pueden seguir padeciendo sordera a causa de ser o estar descuidados y no darnos cuenta que no es suficiente la audición o no tienen –más bien– la manera de escuchar.

El primer año de vida es un periodo crítico, ya que el desarrollo del lenguaje depende de la estimulación auditiva antes desde los 18 meses de edad. La carencia o déficit puede condicionar daños importantes, ya que al no existir una señal sensorial y propiedades funcionales de las neuronas se pueden dañar.

La pérdida total o parcial que ocurre al nacimiento, ocasiona alteraciones en la adquisición del lenguaje, del aprendizaje y finalmente un deterioro individual, además de la discapacidad, que tenemos que estar obligados a estar legislando sobre este punto. Un niño que es diagnosticado antes de los dos años puede colocarse un implante coclear.

Diputadas y diputados, podemos ayudar a que nuestros niños cuenten con este apoyo, pero además se pueda tomar un tamiz auditivo neonatal que es muy barato para las dependencias de salud de nuestro país.

Actualmente creemos o pensaríamos que no existe esta discapacidad. La discapacidad auditiva tiene grandes posibilidades de revertirse cuando se detecta en forma temprana, debido a que después de seis años el cerebro ya no fue capaz de desarrollar el lenguaje. Un estudio realizado por médicos especialistas otorrinos, dice que los niños con dispositivos colocados antes de los dos años registraron un nivel parecido al de los niños de su misma edad sin problemas auditivos. Los menores cuyos implantes se fijaron después de los dos años, no presentaron tanta mejoría.

Por eso, compañeras y compañeros, según la Organización Mundial de la Salud, entre ocho y 10 millones de mexicanos sufren de algún grado de sordera. Por eso es importante que el día de hoy votemos el que la secretaría, el IMSS y el ISSSTE puedan apoyar a tanto niño y ya no tengamos en México ningún niño con discapacidad auditiva.

De la eficiencia de los programas de detección temprana dependerá la oportuna intervención y por consiguiente se van a minimizar los efectos nocivos del trastorno auditivo.

Aquellos niños que tengan la fortuna de recibir un implante coclear en sus primeros años de vida, pero además que también –eso sí, hay que ser muy específicos— cuenten con una rehabilitación integral, tendrán una altísima probabilidad de desarrollar una comunicación eficiente y podrán llevar una vida normal y productiva en su edad adulta.

Si se toman en cuenta los beneficios de una intervención temprana, la relación costo-beneficio de un implante coclear es altamente favorable. Ante la exigente aplicación de los criterios de selección de los pacientes, los programas de implante coclear tendrán sobradas razones para mantenerse y ampliar cada vez más su cobertura.

Les agradezco a todos los miembros de la Comisión de Salud, diputadas y diputados. Muchas gracias por ese esfuerzo que hicimos para votar en conjunto y por decisión unánime esta iniciativa del compañero Guadalupe Hernández. Por estas razones, la Comisión de Salud, el día de hoy que se están aprobando –y se van a aprobar– cinco dictámenes, les agradece la confianza otorgada a la comisión.

Bien lo decía una compañera diputada que estuvo antes que yo en la tribuna: En la Comisión de Salud nos hemos puesto a trabajar y más que nada nos hemos unido para fortalecer y para decirles a los mexicanos que la Comisión de Salud, hoy más que nunca, luchará sin distinción de colores y por una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Íñiguez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, de conformidad con nuestro Reglamento, ya tenemos integrada una lista de compañeras y de compañeros diputados. En consecuencia tiene la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro social.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.

Para Encuentro Social es prioritario velar para que nuestra niñez pueda acceder a un verdadero servicio integral de salud durante la primera infancia, con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo de los niños. Por tal razón coincidimos con el sentido de la reforma que nos ocupa.

Hoy día los problemas de audición pueden ser examinados desde el primer día de vida del infante, lo cual posibilita una temprana y oportuna detección de la pérdida auditiva en infantes.

Es importante señalar que el diagnóstico temprano de estos padecimientos es fundamental para que el uso de implantes cocleares, junto con la rehabilitación, sean efectivos. De no hacerse la detección, no sólo se comprometen las capacidades auditivas del niño, sino que también se pone en peligro el desarrollo de su lenguaje, y en general, el proceso intelectual del menor, lo cual repercute en forma grave en su adaptación social y posterior vida escolar y laboral.

La detección temprana de los trastornos auditivos es vital, sin embargo se debe acompañar de una atención médica oportuna, eficiente y efectiva en la intervención quirúrgica para colocar el implante coclear, ya que con dicho implante se reducen significativamente los efectos nocivos de la pérdida auditiva.

Hoy sabemos que la discapacidad auditiva causa la pérdida de los neurotransmisores químicos y la degeneración de las células del nervio auditivo. De ahí la urgencia de hacer un diagnóstico temprano de cualquier trastorno auditivo y realizar el implante coclear a la menor edad posible, pues de esta manera estaremos minimizando los efectos degenerativos y posibilitando una más pronta y mejor rehabilitación, de lo contrario los beneficios de un implante coclear en edades más avanzadas son muy limitados en comparación con los menores que tuvieron acceso al mismo durante su primera infancia. Estos últimos aprendieron a partir de las experiencias cotidianas, sin necesidad de estructuras rígidas de enseñanza y de escuelas de educación especial.

Con esta reforma programática nuestros niños podrán recibir un implante coclear en sus primeros años de vida, lo que posibilitará que desarrollen una comunicación eficiente y puedan llevar una vida normal y productiva en su edad adulta, habida cuenta que la relación costo-beneficio de un implante coclear en la primera infancia resulta altamente favorable para todos los involucrados.

Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Encuentro Social habremos de votar a favor el presente dictamen, pues estamos comprometidos y convencidos de la importancia de atender el desarrollo y la salud de nuestros niños desde la primera infancia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres. Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Buenas tardes compañeras, compañeros. Oír es vivir, y vivir con dignidad. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el 25 de febrero del presente año se celebró el 59 aniversario de la realización del primer implante coclear en el mundo. Actualmente estos implantes posibilitan la audición a más de 325 mil personas a nivel mundial con sorderas profundas neurosensoriales bilaterales.

En México, el 16.5 por ciento de la población nacional posee algún tipo de discapacidad y de los cuales uno de cada diez son niños. En nuestro país este tipo de cirugías son insuficientes, motivo por el cual el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen.

La propuesta estriba en establecer que la Secretaría de Salud cuando detecte una discapacidad auditiva en un menor de tres años, garantice la atención gratuita y prioritaria mediante los avances científicos existentes de implantes cocleares.

En Nueva Alianza estamos seguros que la atención médica temprana que les brindemos a nuestros niños y nuestras niñas mejorará su calidad de vida en un futuro, teniendo un impacto positivo en el desarrollo de las y los niños de nuestro país.

Hoy en día la tecnología y la medicina han dado pasos agigantados, la vía de investigación y desarrollo están afortunadamente a otro nivel, contando con implantes sin cables o, incluso, sumergibles.

La gran evolución que ha experimentado esta técnica ha permitido minimizar los implantes y mejorar su audición, de forma que ha sido posible implantar dispositivos en niños muy pequeños, demostrando que la detección precoz del trastorno auditivo y la implantación es u fundamental para el desarrollo normal de los efectos, según datos recopilados por los expertos. Una intervención temprana tiene un 95 por ciento de satisfacción y de garantía de calidad de vida.

Al aprobar el presente dictamen estaremos comprometidos con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que cuente con los recursos públicos necesarios para que la Secretaría de Salud pondere la atención temprana a los niños y a las niñas de México que sufren ese problema auditivo.

Compañeros diputados, por los niños y las niñas de México Nueva Alianza votará a favor de esta propuesta. Los resultados se inician con opciones, iniciemos el día de hoy, es el exhorto que les hace Nueva Alianza. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Muchísimas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pequeño dispositivo del que hablamos, que viene hacer la función de estimular los filamentos ciliares en el oído.

Tiene una función realmente de alto impacto, porque viene a significar la gran diferencia entre un pequeño que tiene la gran oportunidad de desarrollar íntegramente todas sus habilidades o de vivir condenado quizás a un especie de retraso mental por la falta de estimulación a su cerebro generado por la sordera o, en su defecto, también este chiquito está condenado a no hablar.

Por ello, en Movimiento Ciudadano, tenemos firmemente precisado que cada uno de los impulsos y que cada uno de los trabajos que se ejecuten en pro del beneficio de estas criaturitas es una gran inversión.

Para nosotros tal vez no signifique gran importancia porque tenemos la gran oportunidad de escuchar, y de escuchar bien, aunque a veces nos queramos hacer los sordos, pero para esos infantes la gran diferencia entre poder apreciar una calidad de vida digna y poderse desarrollar íntegramente está en ese implante coclear que el día de hoy, a través del apoyo de todos ustedes, vamos a lograr que se convierta en una obligación para la Secretaría de Salud, para tener oportunidad de que estas criaturas vivan una vida íntegra y completa.

Aunque no lo creamos, de cada 100 discapacitados, 16 tienen una discapacidad relacionada con la audición. Por ello Movimiento Ciudadano participa a favor del bienestar de esos pequeñines y necesitamos del apoyo y del conjunto de todos nosotros para lograr seguir avanzando en este mismo sentido, porque esos niños lo merecen y porque es nuestra obligación velar por la seguridad y las mejoras de cada uno de los habitantes del país. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ramírez. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Jorge Tello López, de Morena.

El diputado Jorge Tello López:Con su venia, señor presidente. Posicionamiento de Morena en relación a los implantes cocleares, nuestro voto sin duda será a favor.

Compañeras y compañeros legisladores, la hipoacusia, conocida comúnmente como sordera, es la incapacidad para oír claramente los sonidos. Puede presentarse en uno o en ambos oídos y puede ser total o parcial. Es un trastorno que tiene causas variadas y puede presentarse en cualquier etapa de la vida.

En México, se estima que aproximadamente 10 millones de personas tienen problemas auditivos; 400 mil presentan sordera total y cerca de 4 mil personas nacen con sordera congénita. El tamiz auditivo neonatal que se practica a los recién nacidos es esencial para la identificación temprana de la hipoacusia.

Estudios recientes muestran que los niños a los que se les han diagnosticado la sordera y reciben una atención apropiada antes de los seis meses de edad, desarrollan mayores habilidades del lenguaje. Cuando más tardíamente se detecte la sordera mayor será la probabilidad de que se presente la mudez.

La hipoacusia puede ser tratada mediante medicamentos, dispositivos o mediante la inserción de un implante coclear. Dependiendo de la causa o intensidad del problema de audición, un implante coclear es una prótesis auditiva que se inserta en el oído interno o coclea y transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo.

Los implantes cocleares han demostrado ser efectivos en niños y adultos; los implantes son capaces de comprender la mayoría de las palabras, son capaces de reconocer un gran número de sonidos ambientales, controlar el uso de la voz e incluso mantener una conversación telefónica. Esto hace que los pacientes se sientan más seguros e independientes, mejorando su integración en el ámbito familiar, social, en la escuela y en el trabajo.

Por las razones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del proyecto de decreto en el que se establece que en el caso de discapacidad auditiva se garantizará a los niños menores de tres años atención gratuita y prioritaria, mediante los avances científicos existentes e implantes cocleares. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Tello. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Amigas y amigos diputados, desde que se inició a discutir este dictamen en el seno de la Comisión de Salud, todas y todos los integrantes de dicha comisión llegamos a un primer acuerdo, el acuerdo de darle la importancia necesaria que tiene este problema en nuestro país.

Sin embargo, teníamos que darle forma, teníamos que hacer esta iniciativa funcional, teníamos que hacerla operativa, teníamos que lograr que quienes tienen que ponerla en práctica, o sea, la Secretaría de Salud, pudiera tener una iniciativa de reforma que pudiera ser realmente benéfica para todos y para todas las niñas de nuestro país.

Por eso, felicito a todas y a todos mis compañeros diputados de la Comisión de Salud, que independientemente del partido político al que representan logramos llegar a acuerdos, porque no fue fácil, se presentó, se retiró, se enriqueció, se volvió a retirar y la trabajamos durante mucho tiempo, todos conscientes de la importancia de atender este caso.

Hoy esta comisión presenta ante ustedes, diputadas y diputados, un dictamen enriquecido, un dictamen que con el debido respeto que el Poder Ejecutivo tuvo hacia con nosotros nos ayudó y cooperó para darnos información necesaria para que este dictamen fuera una realidad hoy y el día de mañana una realidad para beneficiar a las y a los niños mexicanos. Por eso yo felicito y aplaudo a mis compañeros diputados.

¿Qué es lo que busca este dictamen? Ya lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra. ¿Qué busca? Que se contribuya a perfeccionar el andamiaje jurídico en materia de salud, que se brinde la posibilidad que nuestras niñas y que nuestros niños que nacen con una discapacidad auditiva se pueda mejorar su calidad de vida mediante un implante coclear y que puedan desarrollar un lenguaje de manera similar al que tiene un bebé que nace escuchando.

Eso es lo que busca el dictamen y era urgente atenderlo, ¿por qué? Porque entre la población infantil, en nuestro país, la sordera es el defecto congénito más frecuente, supera incluso al síndrome de Down y a la parálisis cerebral infantil. Es por eso que nuestro país, según datos del Inegi, alrededor de 6 niños nacen con discapacidad auditiva, de los cuales cerca de 2 mil 500 requieren de un implante coclear.

Por eso, qué bueno que hoy todos los partidos políticos en esta Cámara de Diputados estamos de acuerdo en aprobar este dictamen. Que quede claro que el Partido Verde hoy y siempre apoyará e impulsará este tipo de iniciativas para buscar un fin común, una mejor calidad de vida para todas y para todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Sandoval. Tiene el uso hasta por tres minutos el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. El debate y los trabajos sobre la instrumentación de una política pública dirigida a niñas y niños recién nacidos hasta los tres o cuatro años con discapacidad auditiva ha sido un esfuerzo loable, grande, enorme de la Comisión de Salud y de los diputados que la integramos.

A la distancia podemos ver cómo ha sido posible el desarrollo de un esfuerzo conjunto entre los diversos grupos parlamentarios.

Hemos demostrado que podemos llegar a acuerdo. Sabemos que el Congreso de la Unión es una arena de encuentros y desencuentros. Sin embargo, hoy nos une una causa común, el hecho de que las niñas y los niños que en este momento tienen de uno a cuatro años van a tener derecho a tener un dispositivo en el oído interno, ya se ha dicho, una microcomputadora que les va a permitir escuchar a aquellos que no escuchan mediante una cirugía altamente especializada. Ese dispositivo electrónico se llama implante coclear.

Y para ello pues, quiero agradecer el trabajo de las diputadas y diputados de la Comisión de Salud. Sobre todo, a todas y a todos, pero fundamentalmente, y lo digo con respeto para todos, a mi presidente, Elías Íñiguez, que ha sido un colaborador importantísimo en que esta iniciativa salga.

Mi compañero diputado del Verde Ecologista que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente tiene la razón, no fue sencillo, fue una iniciativa que se subió, se trabajó por meses, se retiró, se enriqueció incluso con datos económicos. Por eso hoy le asumo la razón, está esta iniciativa enriquecida.

He de agradecer también al doctor Javier Mena Rodríguez, presidente de la Federación de Sociedades de Otorrinos de este país. Al doctor Regino Montoya, al doctor Antonio Herrera y al doctor Francisco Gallardo, presiente de la Sociedad de Otorrinos de México, por su apoyo científico a esta iniciativa.

Hoy, con el apoyo de ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestro país está dando un salto importante a la modernidad en temas de salud.

Hoy, a partir de ahora nuestros niños y niñas que van a nacer, a partir de ya no van a ser o estar en el ostracismo, en la oscuridad de la sordera, van a pasar al mundo de los normoyentes y de eso solamente hay políticas públicas en lugares como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania en lugares desarrollados.

Ahora ya estamos a la altura de esa circunstancia. El dispositivo electrónico conocido como implante coclear es el equipo de vanguardia de alta tecnología que permite que un niño que va a ser sordomudo recupere la audición, aprenda a hablar y, en consecuencia, se inserte en el desarrollo social de las mexicanas y los mexicanos. Se trata de la mejor alternativa que permite que quienes nacen con sordera profunda, repito, escuchen y aprendan a hablar.

Ya se ha dicho aquí que uno de cada diez niños recién nacidos con discapacidad auditiva amerita este tratamiento. Hoy asumimos la responsabilidad de hacer valer el derecho constitucional para que este sector vulnerable ya no lo sea.

Cabe decir que el costo del procedimiento y del equipo, que oscila entre 250 mil pesos y 300 mil, se va a redituar por sí solo, ya que generará productividad importante en el desarrollo de la vida de cada uno de los niños que operemos.

Abatir la sordera congénita, por tratarse de un problema de salud pública, beneficia en general las expectativas de nuestro país para brindar una mejor calidad de vida a nuestra población actual y futura.

En ese orden de ideas, la presente reforma logra que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llegue a su cometido de otorgar la protección de la salud mediante la atención integral que prioriza la gratuidad de este equipo; no solamente a los niños de la Secretaría de Salud o del Seguro Popular, también a los del IMSS, a los del ISSSTE, a los de Semar. A todos los nacidos en nuestro país.

Por eso, del precepto en que se reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud se derivan acciones necesarias para lograr que la protección a la salud sea un bien jurídico tutelado, y que se delimite y se traduzca en un elemento de urgente justicia social.

Por ello, compañeras y compañeros, me congratulo a nombre de la fracción parlamentaria del PRD y mío propio de haber presentado esta iniciativa y sé que aquí va a pasar y va a beneficiar a miles y miles de niñas y niños mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya:Muy buenas tardes. Con su permiso, mi presidente, a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación.

El día de hoy estuve en el Senado de la República representando a la Comisión de Salud, en la cual con un tema muy serio que fue o que es el cáncer invisible, y dejé muy claro que en el Congreso de la Unión, en la Comisión de Salud no manejamos colores ni partidos, que la única bandera que manejamos es la bandera blanca para todo el beneficio de los mexicanos. Y, por lo cual, quiero felicitar a mi amigo Elías Íñiguez, el presidente y a todos los que forman esta Comisión de Salud.

La atención oportuna de la enfermedad se ha convertido en un tema prioritario para la salud pública, pues se ha comprobado que la mejor manera de evitar complicaciones de enfermedad y lograr mejores resultados con el tratamiento de la mayoría de los padecimientos.

Con la atención oportuna se evita problemas de salud pública que generan un impacto económico de grandes dimensiones para el Sistema Nacional de Salud.

Uno de los problemas de salud que limitan el desarrollo de personas es la sordera, cuya atención en tiempo oportuno puede marcar la diferencia entre vivir en condiciones óptimas o vivir en proceso de vulnerabilidad permanente frente al resto de la sociedad.

El dictamen elaborado por la Comisión de Salud que hoy se presenta a este pleno, propone reformar el artículo 177 de la Ley General de Salud, para garantizar la atención gratuita y prioritaria a los niños menores de tres años que sufren de discapacidad auditiva, mediante el procedimiento científico conocido como implante coclear.

Este dispositivo de alta tecnología consiste, en un transformador de señales acústicas en señales eléctricas, que estimulan el nervio auditivo y el cual permite que las personas con sordera profunda mejoren considerablemente la calidad de vida.

La mayoría de los candidatos al implante coclear son niños con sordera profunda de nacimiento diagnosticada a temprana edad, en cuyo caso es necesario realizar la cirugía lo antes posible para que el bebé pueda adquirir el lenguaje sin ningún contratiempo ni efectos negativos derivados de la sordera.

En México dos de cada 100 niños poseen sordera o discapacidad auditiva, y uno de cada mil nacimientos posee sordera crónica aguda. Ellos serían los candidatos idóneos para el implante coclear. Este equipo auditivo, complementando con un proceso de terapia de lenguaje, puede ayudar a que los niños afectados mejores sus aptitudes de comunicación en la sociedad.

Es por ello que los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen porque consideramos que elevar a rango de ley esta intervención, pueda significar una diferencia muy significativa a un cambio radical en calidad de vida a los niños con sordera. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Rocío Díaz Montoya:Si algo va contra lo humano; si algo es inhumano, es la indiferencia –Jesús Reyes Heroles–. Con la venia del diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El proyecto de decreto que se pone a consideración de este pleno representa la respuesta a una necesidad específica de atención para los niños y las niñas que sufren de discapacidad auditiva en nuestro país.

La adición de un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud garantiza a los menores de tres años con discapacidad auditiva la atención gratuita y prioritaria mediante los avances científicos existentes e implantes cocleares.

El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su respaldo a ese proyecto de decreto presentado por la Comisión de Salud, ya que nuestro partido siempre ha estado al lado de las mayorías, de aquellos quienes más lo necesitan. El nuestro es el partido de la justicia social.

El Partido Revolucionario Institucional ha impulsado y continuará impulsado desde la manera más decidida las acciones necesarias en búsqueda de un sistema de salud universal, y más aún queremos promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades y de esa manera reducir los riesgos de salud y costo sociales.

Hoy en día entre dos y tres de cada mil niños que nacen en nuestro país, padecen pérdida auditiva, pero muchos de ellos pueden desarrollarse en una vida normal con un desarrollo social comunicativo, educativo y deportivo mediante el implante coclear si se realiza antes de los tres años de edad.

Yo como mujer, como madre, como abuela, reconozco que esta iniciativa significa un paso más hacia el estado de equidad y de igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Los diputados del PRI que integramos esta LXIII Legislatura, no somos indiferentes, no somos indiferentes ante el fortalecimiento de los derechos de los niños, por el contrario nos sumamos para fortalecer el presente de esta gran nación; el presente es la niñez mexicana.

Con acciones como esta, México va en el camino correcto para garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad y no discriminación. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Díaz. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, y en consecuencia se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto. Adelante, diputado Marko, está abierto el sistema electrónico, desde su curul, por favor. El sistema electrónico está abierto, pueden hacer la votación desde sus curules.

El sistema electrónico está abierto, sigue abierto, si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto lo puede hacer. Adelante, diputado. Se encuentra abierto el sistema electrónico, diputado, adelante.

El sistema electrónico de votación sigue abierto, si alguna diputada o algún diputado falta de votar. Adelante, diputada. Adelante, en su curul, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya estamos.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Muy bien. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 414, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 414 votos, es decir por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

DICTAMEN:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 10 de noviembre de 2015, el Diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 11 de noviembre de 2015, a través del oficio No.D.G.P.L.63-II-6-150, de fecha 10 de noviembre de 2015 y mediante el número de expediente 838.

3. La Junta Directiva de la Comisión de Deporte, solicitó a la Mesa Directiva, prórroga para realizar el análisis de la iniciativa motivo del presente dictamen, la cual fue concedida con plazo hasta el 29 de abril de 2016.

4. Con fecha 25 de febrero de 2016, la Comisión de Deporte aprobó el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

1. El diputado José Adrián González Navarro, plantea que en México, uno de cada diez personas tiene 60 años o más de edad, lo que constituye un total de 10, 055, 379 adultos mayores y representan 9.06 por ciento de la población. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre el año 2000 a 2010, la población de personas adultas mayores creció una tasa anual de 3.8 por ciento y derivado de la tasa de crecimiento en la década señalada se tiene previsto que esta población se duplique en 18.4 años por lo que en 2029 tendremos por lo menos 20 millones de personas en ese rango de edad y para 2050 la cuarta parte de nuestra población se integrará de ancianos y ancianas.

De este segmento de población por cada 100 mujeres hay 87 hombres, indicador que confirma la sobremortalidad masculina en dicha población. Respecto de la dependencia por vejez; por cada 100 personas en edad productiva hay 9.7 personas dependientes por tener 60 años o más. Por lugar de residencia, el citado censo del Inegi, evidenció que 74.0 por ciento de la población adulta mayor vive en localidades urbanas y 26.0 por ciento en rurales; las entidades federativas con el mayor número de habitantes adultos mayores son el Distrito Federal con 11.3 por ciento, seguido por Oaxaca con 10.7 por ciento y Veracruz con 10.4 por ciento y los estados de la República que menos concentran población adulta mayor son Baja California Norte con 6.8 por ciento de población, Baja California Sur con 6.6 por ciento y Quintana Roo con 4.8 por ciento.

2. Asimismo sostiene, que en lo que respecta a la esperanza de vida de las personas que hayan cumplido 60 años, en el caso de las mujeres se tiene previsto que vivan por lo menos 22.9 años y en caso de los hombres 20.9 años. En materia de discapacidad, 20.7 por ciento o 2,078,540 de los adultos mayores tienen al menos una discapacidad; es decir, alguna dificultad derivada de la edad les impida caminar, moverse, subir o bajar; ver aun usando lentes; hablar, comunicarse o conversar; oír, aun usando aparato auditivo; vestirse, bañarse o comer; poner atención o aprender cosas sencillas o alguna limitación mental. Lo anterior de acuerdo con datos del Censo 2010 del INEGI y el documento Numeralia de los Adultos Mayores en México 2012, del doctor César Luis Cárdenas Varela y César Alfredo González González del Instituto de Geriatría.

3. De igual forma, establece que en 2012 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reveló que 43 por ciento de las personas adultas mayores que viven en nuestro país se encuentran en situación de pobreza multidimensional; es decir, cuando los ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, de conformidad con los Lineamientos y Criterios Generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de junio de 2010.

4. Por otro lado, la Encuesta Nacional Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), segunda edición 2013, Resultados nacionales, del Instituto Nacional de Salud Pública, páginas 111 y 120 que para 2050 se estima que los adultos mayores conformarán cerca de 28.0 por ciento de la población. El envejecimiento acelerado de la población representa un reto importante para el sector salud, ya que concomitante a este fenómeno aumentarán también de forma acelerada la demanda de atención a la salud y por consiguiente el gasto en este rubro. Al mismo tiempo este fenómeno requerirá de un modelo de atención específico del sector salud, para contender adecuadamente con las nuevas necesidades de esta población, tanto en lo que se refiere a servicios asistenciales y residenciales, como en lo que respecta a la alta prevalencia de discapacidad y dependencia, las cuales afectan predominantemente a los adultos mayores.

En el apartado de conclusiones la ENSANUT, considera que el envejecimiento actual en México y sus implicaciones para la salud demanda atención especial e inmediata. Ya no es suficiente con tan sólo procurar la sobrevivencia en edades avanzadas. Es imperativo promover el envejecimiento sano y activo de la población, mismo que es susceptible de ser planeado y sustentado, al igual que se hace para otras etapas de la vida. La persecución de una vejez sana y activa implica fortalecer los programas de promoción, prevención y diagnóstico oportuno en el ámbito de la atención primaria de la salud, en etapas tempranas.

5. Derivado de la radiografía estadística en materia de adultos mayores y tomando en consideración el Perfil epidemiológico del adulto mayor en México 2010 de la Secretaría de Salud, se concluye que este grupo poblacional es altamente vulnerable debido a la edad avanzada, las enfermedades no transmisibles o crónicas (ENT) y las discapacidades que tienen como efecto la disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales.

6. En este marco, el diputado promovente coincide con el reto que debe asumir el Estado mexicano en el sentido de garantizar una vejez activa y saludable a la población con 60 años o más cumplidos y con ello, transitar de un modelo de envejecimiento discapacitador al de envejecimiento activo. Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en su calidad de organismo rector de la política nacional en materia de derechos de las personas adultas mayores, cuenta con una serie de servicios como el de asesoría jurídica; capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre; servicios de atención médica de primer nivel (detección, control y seguimiento de enfermedades comunes en las personas adultas mayores); centros culturales; clubes INAPAM; albergues y residencias diurnas; vinculación laboral para personas adultas mayores y educación para la salud. Sin embargo, en ninguno de los citados servicios se contempla el relativo a la práctica de algún deporte.

7. Por lo anterior, el promovente fundamental garantizar a las personas adultas mayores que viven en nuestro país, un envejecimiento activo a través del impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas a su desarrollo e integración, por lo que se propone reformar la fracción II del artículo 19 y de igual forma se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objeto que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, formule programas para promover la cultura física y la práctica de algún deporte entre las personas adultas mayores.

8. En tal sentido, en su calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa motivo del presente análisis, la cual pretende hacer un reconocimiento a cada una de las personas adultas mayores que viven en México y visibilizar el envejecimiento activo a través del derecho fundamental a la cultura física y la práctica del deporte.

9. La iniciativa propone reformar la fracción II del artículo 19 Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto que la Junta Directiva de la CONADE, establezca conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores. De igual forma, se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, formule programas que promuevan la cultura física y deporte entre las personas con sesenta años o más de edad.

La iniciativa se presenta en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 30 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Único. Se reforman las fracciones II del artículo 19 y XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Conade relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte;

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad y adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

I. a XVII. ...

XVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales en los términos previstos de la presente reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha las y los diputados integrantes analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, coincidiendo que la iniciativa objeto del presente dictamen presenta congruencia con el marco normativo vigente.

En ese tenor, coincidieron en que uno de los fines de todo individuo, es llegar a la vejez con buena salud, bajo riesgo de enfermedad y con excelente estado funcional tanto físico como mental; en otras palabras, disfrutar de una “vejez exitosa”. Ahora bien, si a ésta le añadimos la consecución de una actitud positiva ante el propio proceso de envejecimiento y una vinculación y participación social activa, conseguiremos llegar de forma activa a esta importante etapa de la vida.

La Organización Mundial de la Salud, en su documento “Envejecimiento activo: un marco político”, define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen; permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados”.

En razón de esta definición, la OMS impulsa 5 pautas que cada persona debe alcanzar, para la consecución de un envejecimiento activo, las cuales consisten en:

1. Tener una buena salud: prevención y promoción de la salud.

2. Tener un buen funcionamiento físico: mantener la actividad física y realizar ejercicio físico. Los efectos beneficiosos del ejercicio regular, hacen que constituya la acción con mayor soporte de evidencia para promover el envejecimiento activo saludable.

3. Tener un buen funcionamiento mental: mantenimiento de la capacidad mental y de aprendizaje.

4. Ser independiente y autónomo: prevención específica de la discapacidad y la dependencia.

5. Vinculación y participación social: promover y mantener la actividad y la participación social.

Los puntos anteriores hacen indispensable la creación e impulso de acciones y políticas públicas, con un seguimiento y evaluación pormenorizado, que den atención a las personas adultas mayores, considerando la diversidad de las condiciones de vida que presentan en esta etapa de su vida.

En lo que se refiere al punto número dos y siguiendo las recomendaciones de la OMS, es fundamental para enfrentar el envejecimiento en óptimas condiciones, comprender la importancia de adquirir hábitos y estilos de vida saludables a lo largo de toda la vida, ya que el desarrollo de cada persona en particular, es el resultado de sus propias circunstancias sociales, económicas, educativas y políticas y de igual forma influyen los factores biológicos, psicológicos y genéticos.

Por ello, es preciso enfocar los esfuerzos de los programas y acciones gubernamentales, a potenciar políticas en favor del cuidado y la promoción de la salud, a partir de los primeros años de vida, que impulsen en la población la adopción del valor que implica el mantener una vida activa a lo largo de todas las etapas, para avanzar a lo largo de los años con buenos hábitos nutricionales y un desarrollo físico sano, las personas adultas mayores mayor seguirán así manteniendo sus hábitos saludables, no sólo con la realización de las actividades de la vida diaria, sino también con la colaboración activa en la vida colectiva.

Además de lo anterior, es preciso tener en cuenta que la actividad física y la práctica del deporte, hoy soy derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es deber del Estado garantizar a través de sus diversos órganos, las acciones y programas dirigidos a la población, el ejercicio de este derecho; independientemente del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil.

Lo anterior se traduce en la importancia que reviste la creación y promoción de programas de cultura física y deporte que estén dirigidos a la población adulta mayor, que les permita dar atención adecuada a las diferentes realidades, expectativas, necesidades y motivaciones de este importante sector de la población.

En este orden de ideas, es preciso desde las instancias de gobierno, generar en la sociedad, la concepción de aprender a “vivir” el ejercicio y la práctica del deporte, como una actividad gratificante, reconfortante y placentera; lo cual debe traducirse a todos los grupos sociales y en especial a los adultos mayores, lo que impulsará a la sociedad a la adopción de una filosofía de vida donde la práctica regular de actividad física y deporte, sea el eje o soporte de la vida diaria.

En la actualidad, los avances tecnológicos, las largas jornadas laborales y la escasez de tiempo para conciliar la vida laboral y personal, ha cambiado la realidad de las sociedades, lo anterior ha traído como consecuencia la necesidad de modificar la visión gubernamental, con la que se crean los programas y políticas públicas; hoy las y los mexicanos demandan acciones que les permitan envejecer de manera activa, para cumplir con los roles que la vida cotidiana les imponen, por lo que el envejecimiento activo constituye uno de los principales retos de la sociedad, afrontar dicho cambio; tanto a nivel social mediante el envejecimiento de las poblaciones, como a nivel individual, en tanto nos referimos al envejecimiento de cada persona, requiere que como individuos tengamos acceso a la práctica regular de actividad física y deporte como parte de nuestros hábitos de desarrollo, la anterior nos permitirá formarnos como una sociedad en la que el bienestar físico, afectivo, mental y social sean una constante en nuestra evolución.

En virtud de las consideraciones expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte han considerado someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido aprobatorio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA:

Las y los integrantes de la Comisión de Deporte, se dieron a la tarea de efectuar una revisión en torno a las modificaciones que la iniciativa pretende realizar al texto vigente de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En relación con la modificación propuesta que se encuentra plasmada en el decreto, en la fracción XVIII del artículo 30, el promovente propone hacer la inclusión de las palabras “adultas mayores” a la facultad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, respecto de la formulación de programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad.

No obstante lo anterior; el texto vigente de la fracción XVIII del artículo 30, se refiere a la facultad de CONADE, para verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de gobierno y representación así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables.

Sin embargo; las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, estimaron conveniente subsanar este error involuntario, al asegurar que la reforma planteada debería encontrarse plasmada en la fracción XXVIII del artículo en cuestión, el cual hace referencia a la formulación de estos programas en los que el promovente resalta la importancia de incluir a las personas adultas mayores para que sean sujetas de este beneficio y a la cual se hace referencia en la exposición de motivos que realiza el diputado promovente para dar sustento a esta iniciativa de reformas.

Una vez hechas las modificaciones antes mencionadas al texto original de la iniciativa y en virtud de las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 30 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo Único. Se reforman los artículos 19, fracción II y 30, fracción XXVIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. ...

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad y adultas mayores;

III. a XXXIV. ...

Artículo 30. ...

I. a XXVII. ...

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad y adultas mayores;

XXIX. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales en los términos previstos de la presente reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días del mes de de dos mil dieciséis.

La Comisión de Deporte, diputados: Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez (rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Ramírez Peralta Karen Orney.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Fidel Kuri Grajales para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Me están señalando que hay un cambio en la propuesta del diputado que va a fundamentar el dictamen, y se trata del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Esperemos que haya servido de mucho el cambio de argumentador.

El diputado Alejandro Juraidini Villaseñor:Con su venia, señor presidente. En un México incluyente es necesario implementar políticas públicas y sociales de nueva generación, es decir una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos, que giren en torno al ciudadano ubicándolo como un agente de cambio protagonista de su propia superación, a través de una organización y participación activa.

De acuerdo el Censo de Población y Vivienda 2006, del Inegi, entre 2000 y 2010 la población de personas adultas mayores creció 3.8 por ciento y derivado de la tasa de crecimiento de la década señalada se tiene previsto que esta población se duplique en 18.4 años, por lo que en 2029 tendremos por lo menos 20 millones de personas de rango de edad que para 2050 la cuarta parte de nuestra población se integrará de personas adultas mayores.

Un México con educación de calidad no se puede entender sin la cultura y el deporte. La cultura coadyuva a la formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su potencial intelectual. El deporte, además de ser esencial para contar con una sociedad saludable, es un vehículo de cohesión social.

El impulso al deporte constituye un fin en sí mismo con implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad. Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro.

En virtud de lo anterior, el dictamen que hoy discutimos propone reformar la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto de que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte impulse políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores, y se formulen programas que promueva la cultura física y deporte entre los adultos mayores.

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos a través del acceso a servicios básicos, así como un esparcimiento que garantice un capital humano que permita un desarrollo plenamente como individuos. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El que suscribe diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la reserva sobre el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito, la reserva mediante la cual se propone la adición de un artículo tercero transitorio.

Dice:

Transitorios

Debe decir:

Transitorios

Tercero. El presente decreto no debe incidir en la creación de nuevos programas, sino la incorporación a los ya existentes, por lo que no se considerarán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 adicionales a los ya aprobados, así como para los ejercicios fiscales subsecuentes

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados: Alejandro Juraidini Villaseñor, José Adrián González Navarro (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juraidini. Se hizo entrega de una propuesta de modificación, que se nos informa ha sido consensada en el seno de la comisión. Entonces, solicito a la Secretaría dé lectura a la misma.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Tercero transitorio. El presente decreto no debe incidir en la creación de nuevos programas, sino la incorporación a los ya existentes, por lo que no se considerarán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 adicionales a los ya aprobados, así como para los ejercicios fiscales subsecuentes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretario. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Juraidini a nombre de la comisión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado promovente a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos integrada la lista de diputadas y diputados que harán uso de la palabra. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, el tema de los adultos mayores es un tema importante, es un tema que a todos nos debe de llamar la atención, porque todos los que estamos aquí a más tardar en 20 años vamos a ser adultos mayores, la gran mayoría de los que estamos aquí, y vamos a formar parte de ese grupo que vamos a estar en México, que va a necesitar servicios médicos, servicios de salud y vamos a ocupar un presupuesto creciente cada día más por parte del gobierno mexicano.

Por eso lo importante de esta reforma. Es una reforma sencilla, de anexarle a dos artículos el tema de adultos mayores, para que los programas educativos en el tema deportivo se implemente acciones para incluir al adulto mayor en todos los programas de acciones deportivas.

Por eso Encuentro Social lo ve bien que empecemos a armonizar nuestras leyes para ir incluyendo al adulto mayor en todos aquellos casos que podamos ayudar a impulsar y que todos los órdenes de gobierno pongan atención a este tema.

Es un tema de Estado, es un tema prioritario, porque si lo reflejamos al tema de salud y el tema de salud lo reflejamos al tema presupuestario, se van a ocupar grandes cantidades de dinero si no atendemos desde ahorita el tema del adulto mayor.

Se estima que en el año 2050 el 25 por ciento de la población vamos a ser adultos mayores, por eso es la importancia, la importancia de dedicarle un tiempo y recursos a este gran tema.

Y es por eso que Encuentro Social apoya esta reforma, a estos dos artículos, y pedimos a todas las comisiones que revisemos, los que tengan que ver con el tema social, que revisemos para poder apoyar todos aquellos programas de adultos mayores. Muchas gracias. Enhorabuena.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la cultura física y el deporte no son privativos de la juventud. Las personas adultas mayores merecen ser incluidas en los programas que promueven estas actividades.

El dictamen que estamos discutiendo pretende reformar las fracciones II del artículo 19 y XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de que se integre a los adultos mayores en los programas que para estos efectos establece la Comisión Nacional del Deporte.

En Nueva Alianza estamos a favor de este dictamen porque es coincidente con nuestra percepción de desarrollo humano y de igualdad para todos los ciudadanos. Incluir hábitos de vida saludables es la mejor forma de prevenir los problemas de la salud pública de las y los mexicanos, particularmente cuando nos referimos a las personas ancianas.

Las políticas públicas en materia de cultura física y deporte se han enfocado por costumbre a la población joven de nuestro país, y eso, compañeras y compañeros, para Nueva Alianza es un error que se debe enmendar.

Hoy las circunstancias demográficas nos imponen acercarnos a la vejez con una nueva perspectiva, las estadísticas lo demuestran, México envejece. En el año 2000 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimaba que en 2020 la esperanza de vida promedio de los mexicanos sería de 78 años y para 2050 de 81.

En 2014 la esperanza de vida promedio en el país fue casi 75 años. Las mujeres vivían en promedio hasta 77.5, mientras que los hombres en promedio de 72 años. Para variar nos siguen ganando, compañeros.

Datos de la encuesta intercensal del Inegi, en 2015, refieren que la población en edad avanzada representa el 7.2, lo que implica un incremento del 1 por ciento respecto a 2010.

A pesar de lo anterior, el texto vigente de la Ley General de Cultura Física y Deporte excluye por completo a este segmento de la población, razón por la cual la Comisión de Deporte ha decidido subsanar esta omisión.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que es posible concebir a la vejez de una manera distinta y por ello apoyaremos las medidas que coadyuven a conseguir un envejecimiento activo de más y mejores mexicanos.

Podemos mejorar, compañeras y compañeros, hagámoslo. Hagamos y pintemos un México mejor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Luis Ernesto Munguía González:Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, cuando el legislador pone su atención en lo concerniente a los derechos de los adultos mayores debe tener en claro que no se trata de regular a un sector de la población, sino también el futuro al que todos nos dirigimos, si tenemos suerte y sin importar nuestras particularidades y diferencias. Debemos procurar el bienestar en todas las etapas del desarrollo del ser humano, pero quizá con más ahínco durante la edad avanzada, puesto que en ella nos encontramos más vulnerables.

Uno de los pasajes de más de belleza de la tradición literaria de Occidente es cuando en la Odisea Ulises, al volver a casa luego de 20 años errante, encuentra a su padre doblegado por la vejez y con gran pena en su interior. Entonces, el héroe griego se esconde bajo un peral para liberar su llanto.

Otra hubiera sido su reacción si encontrara que durante su ausencia en Ítaca se implementó un programa de envejecimiento activo y, entonces, muy seguramente hubiera encontrado al viejo Laertes en un estado menos lamentable. Y nos hubiéramos ahorrado las lágrimas de Ulises.

En la bancada de los ciudadanos recibimos con entusiasmo la iniciativa de facultad a la Conade y a su junta directiva para impulsar las políticas específicas en materias de cultura física y deporte, destinadas al desarrollo e integración de los adultos mayores. Sin embargo, creemos que la calidad de vida que se pueda tener en edad avanzada es algo que se cultiva durante toda la vida y que los programas que impulse la Conade deben ser diseñados con esta visión.

En ese sentido, la cultura física y el deporte deben ser un camino hacia una edad avanzada sustentable, saludable y autosuficiente, y no solo un remedio tardío que llegue cuando el deterioro de la salud ya es irreversible.

Estamos ante una iniciativa en consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, dado que tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida y facilita a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital.

Los integrantes de la Comisión de Deporte de esta Cámara, coincidimos en que uno de los fines de todo individuo es llegar a la vejez con buena salud, con bajo riesgo de enfermedad y con excelente estado funcional, tanto físico como mental, en otras palabras, disfrutar de una vejez exitosa.

Confío en que no será difícil encontrar ese mismo consenso en el resto del proceso legislativo, al garantizar a nuestros adultos mayores, mejores índices de salud y bienestar trabajamos para nosotros y para las generaciones por venir. Muchísimas gracias.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra también, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López:Con su venia de la Mesa Directiva. El presente dictamen que aprobamos en la Comisión del Deporte es un gran paso para el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores.

Aplaudimos que esta iniciativa ponga por delante la visión, cumpliendo el derecho de otorgarle a los adultos mayores un pleno ejercicio de sus derechos y también en el tema de los deportes. Sin embargo aun la visión del gobierno federal de apoyar a este sector, ha estado lejos.

Recordemos que en esta Ciudad de México hace más de 15 años el jefe de Gobierno en aquél entonces, Andrés Manuel López Obrador puso en práctica una Ley de Adultos Mayores que en esta ciudad se le beneficia a todos y cada uno de ellos.

Esta modificación a la Ley de Cultura Física y Deporte, por mínima que parezca, también da un paso más hacia la necesidad de modificar el deporte en nuestro país. Vemos con buenos ojos que desde esta Cámara se esté potencializando a la masificación del deporte en el país, porque estamos muy preocupados por el actuar de quien conduce Conade. No ha hecho bien las cosas.

Estamos a unos meses de ir a los Juegos Olímpicos, y cuando uno recuerda la gestión de Castillo, al frente de Conade, solamente se nos viene a la mente malas cosas. Se nos viene a la mente su conflicto con las federaciones deportivas y asociaciones, se nos viene a la mente Rommel Pacheco cantando el Himno Nacional a capela y con una playera de Popeye. Ese no es el ejemplo que queremos dar a los jóvenes de este país. Queremos un deporte sano donde estemos en los primeros lugares, donde los deportistas que lleguen al medallero puedan cantar su himno nacional y puedan ver su bandera.

Por eso hace algunas semanas vino Alfredo Castillo y le dijimos que si no podía con la tarea al frente de Conade mejor renunciara. No pudo con la tarea en Michoacán y no vemos que vaya a poder con la tarea para los juegos olímpicos. Por eso pedimos que por favor deje las riendas del deporte nacional porque nos ha metido en un grave problema. Estamos hablando del deporte. Claro, es del deporte, es del deporte.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No haga diálogos, señor diputado.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Por último les recordamos que en Morena estamos del lado de los adultos mayores. Siempre hemos velado por sus intereses y este es un ejemplo más porque vamos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Claudia Villanueva Huerta:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. El Partido Verde afirma la necesidad de instaurar formas democráticas de convivencia en la sociedad, así como entre gobernantes y gobernados. Queremos contribuir a formar una cultura genuinamente democrática que sea práctica regular en los distintos niveles del quehacer colectivo.

En cuanto a los adultos mayores, tomando en consideración su perfil epidemiológico, sabemos que este grupo poblacional es altamente vulnerable debido a la edad avanzada, las enfermedades no transmisibles o crónicas de discapacidades que tienen como efecto la disminución o pérdida de las facultades físicas y mentales.

Para las diputadas y los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México son muy importantes los derechos de los adultos mayores, y en este sentido concebimos que el Estado mexicano debe de garantizar una vejez activa y saludable a la población con más de 60 años, y con ello transitar de un modelo de envejecimiento discapacitador, a un envejecimiento activo.

De acuerdo con este enfoque coincidimos en que es fundamental impulsar políticas específicas en materia de cultura física y de deporte destinadas al desarrollo e integración de los adultos mayores, por lo que coincidimos con la comisión en el presente dictamen cuyo fin es promover la cultura física y la práctica de algún deporte entre las personas adultas mayores.

En este tenor el Partido Verde Ecologista de México ratifica su compromiso para impulsar una vejez con buena salud, riesgo bajo de contraer enfermedades y con excelente estado funcional tanto físico como mental. En otras palabras, se trata de garantizar a nuestros adulos mayores que disfruten de una vejez exitosa y cómoda.

Ahora bien, el fenómeno del envejecimiento de la población cobra cada vez mayor relevancia a nivel internacional, y México no es la excepción. En nuestro país el nivel de cultura física y las bajas tasas de práctica deportiva entre los adultos mayores, arroja como resultado una mayor cantidad de problemas físicos, enfermedades crónicas degenerativas y dependencia social asociada a la vejez.

En este sentido es muy importante la consecución de una actitud positiva ante el propio proceso del envejecimiento y una vinculación y participación social activa durante la importante etapa de la vida.

En aras de conseguir una mejor calidad de vida para los adultos mayores que decidimos votar a favor del dictamen en comento, por tres razones fundamentales.

Primera. Porque con esta visión nuestro instituto político que se manifiesta a favor de los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud para la promoción de un envejecimiento activo que permitirá a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental, a lo largo de todo su ciclo vital, y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que se les proporciona protección.

Y finalmente, por lo que es preciso que desde las instancias de gobierno se genere en la sociedad la concepción de aprender a vivir. El ejercicio y la práctica del deporte con una actividad gratificante, reconfortante y placentera. Gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Villanueva. Tiene ahora la palabra la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Olga Catalán Padilla:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros, el envejecimiento es un proceso de cambio constante que tiene lugar a lo largo de toda la vida. Es un proceso personal y multidimensional en el cual intervienen factores como la genética, la herencia, hábitos de vida, higiene, actividad y alimentación; pero también el medio ambiente, la cultura y la educación, así como las adaptaciones que se producen en nuestro organismo con el paso del tiempo, de tal manera reviste de gran importancia los hábitos saludables a lo largo de toda la vida para conseguir un envejecimiento en óptimas condiciones.

Todos deseamos llegar a la vejez con buena salud, un bajo riesgo de enfermedad y con excelente estado funcional tanto físico como mental. Si le añadimos la consecución de una actitud positiva ante el propio proceso de envejecimiento y una vinculación y participación social activa, conseguiremos el envejecimiento activo al cual hace mención la Organización Mundial de la Salud en su documento Envejecimiento activo, un marco político, al cual define como el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida, a medida que las personas envejecen.

Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados.

En general, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que en comparación con los adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente activas, presentan una mayor salud funcional y menores tasas de mortalidad por causas como hipertensión, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2.

Se deben entonces potenciar políticas partiendo de los beneficios que reporta el mantener una vida activa a lo largo de todas las etapas para envejecer de forma progresiva y activa, de tal manera que cuando la práctica diaria de actividad física o deporte pasa a formar parte de los hábitos diarios, la sociedad en su conjunto habrá conseguido un reto importante y en consecuencia se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, así como en una disminución de los gastos en sanidad y servicios sociales.

Es por ello y en este marco que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor de la presente iniciativa, pues consideramos que las reformas a los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte tienen por objeto impulsar políticas sociales y proyectos interdisciplinarios que promuevan programas de cultura física y deporte, específicamente para la población adulta mayor, con la suficiente variedad para atender las diferentes realidades, expectativas, necesidades y motivaciones de este colectivo de edad. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Catalán. Tiene ahora la palabra la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna para todo persona y es considerada una de las actividades que desarrolla armónicamente todas las facultades del ser humano.

Es por ello que debemos formar parte desde aquí, del legislativo, para realizar la construcción y perfeccionamiento de las leyes secundarias para este desarrollo para la realidad de todos los mexicanos.

En México por lo menos el 10 por ciento de la población tiene 60 años de edad, lo que significa que hay más de 10 millones de personas adultos mayores. Se calcula que para el año 2050 esta población representará el 25 por ciento de la población nacional.

Bajo este panorama el acceso a la cultura física y deporte a favor de los adultos mayores resulta imperativo para nuestra sociedad, pues en un futuro la atención de la salud para este grupo ocupará una buena parte de los recursos destinados a la atención médica.

Es urgente que se realicen estrategias y acciones para asegurar que nuestros adultos mayores cuenten con un futuro sano, activo y con un estilo de vida saludable.

La fracción XI del artículo 2, y la fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte señalan que en esta materia no debe impedirse el acceso sin distinción de edad, sin embargo consideramos que ello es insuficiente para la consolidación de un marco jurídico que permita el ejercicio pleno a la cultura física y al deporte a favor de este sector de la población.

En Acción Nacional reconocemos la necesidad de que se impulsen políticas públicas destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores, que las hagan visibles en el contexto del derecho a la cultura física y al deporte, para lo cual es indispensable que la Conade formule programas de promoción entre las personas que integran este grupo poblacional.

Es por ello que he de reconocer el trabajo realizado de mi compañero de bancada, el diputado José Adrián González, quien con gran responsabilidad presentó la iniciativa que hoy se dictamina, con la cual propone reformar los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto de que la Conade en el ámbito de sus atribuciones impulse en el programa sectorial y en otros programas para promover la cultura física y la práctica de algún deporte entre las personas adultas mayores.

Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen por considerar indispensable que nuestros adultos mayores cuenten con las condiciones idóneas para lograr un entorno en el que se desenvuelvan de manera armónica y sana, con el acceso al deporte como parte del importante desarrollo en esta etapa de su vida. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Elizarraraz. Tiene hora la palabra el diputado Fidel Kuri Grajales, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fidel Kuri Grajales:Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. El Estado mexicano no puede sustentarse de la realidad y menos de la realidad social.

La Comisión del Deporte de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados y el Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 y 45, numerales, inciso e) y f), además relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, 82, numeral 1, 85 y 157, numeral fracción I (Sic).

La décima parte de la población tiene más de 60 años. En 15 años seremos por lo menos 20 millones de viejitos, incluyéndome un servidor. Personas en ese rango de edad para el 2050, la 40 parte de nuestra población se integrará de ancianos y ancianas. De este segmento de población, por cada 100 mujeres hay 87 hombres, indicador que confirma la sobremortalidad masculina en dicha población respecto a la dependencia por vejez.

Por cada 100 personas en edad productiva, hay 9.7 personas dependientes por tener 60 años o más. Por lugar de residencia, en el citado censo del Inegi evidenció que el 74 por ciento de la población adulta mayor vive en localidades urbanas y el 26 por ciento en las rurales.

La iniciativa propone reformar la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto que la Junta Directiva de la Conade establezca, conforme al programa sectorial lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte, destinadas al desarrollo e integración de las personas adultas mayores.

De igual forma, se propone reformar la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, formule programas que promuevan la cultura física y deporte entre las personas con 60 años o más de edad.

La iniciativa se presenta en los siguientes términos. Modifica el artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades.

Primero. Establecer en congruencia y con programa sectorial las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Conade, relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte.

Segundo. Establecer conforme al programa sectorial lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte, destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad, adultas y mayores de edad.

Tercero. Se modifica el artículo 30 para darle una nueva atribución a la Conade, con el propósito de que pueda formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad y adultas mayores.

Que nadie por sentirse hoy joven le niegue el derecho a quienes ya no lo son, pensemos con futuro y hagamos que la ley y el instrumento para hacerlo sean estas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Kuri. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, con las adiciones admitidas por la asamblea.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular con la adición presentada por la comisión y aceptada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, por lo que se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en los términos admitidos por la Asamblea.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se pregunta nuevamente, ¿alguna diputada o algún diputado falta por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 385 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Gobierno federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter nacional denominado Olimpiada Nacional 2016, publicada el 30 de octubre de 2015 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, a garantizar el cumplimiento del principio constitucional del interés superior de la niñez, con la participación de todos los niños y niñas contemplados en las categorías correspondientes a las disciplinas deportivas de natación, racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter nacional denominado Olimpiada Nacional 2016, publicada el 30 de octubre de 2015, y remita a esta soberanía los mecanismos, disciplinas, categorías, tiempos, formatos y procedimientos propuestos por el Pleno del Sinade para la celebración de la Olimpiada Nacional 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombran los diputados que habrán de integrar el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículo 33, 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 269, 270, 272, fracción III; 274, numeral 1, y 276 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas para alcanzar acuerdos;

2. Que conforme al artículo 269 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diplomacia parlamentaria es la actividad desarrollada por la Cámara, por sí o como parte del Congreso de la Unión; que realizan los legisladores con sus contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales, con el objetivo de coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior;

3. Que el artículo 272 del mismo Reglamento señala las siguientes expresiones de la diplomacia parlamentaria:

“I. Las que desempeñe el Presidente o, en su caso, alguno de los vicepresidentes en representación de la Cámara en el ámbito internacional;

II. Las que desempeñe la Comisión de Relaciones Exteriores;

III. Las que desempeñan las delegaciones permanentes de diputadas y diputados ante organismos parlamentarios multilaterales mundiales, regionales, temáticas y bilaterales;

IV. Las que consuetudinariamente se han puesto en práctica por las delegaciones de diputadas y diputados en reuniones interparlamentarias, y

V. Las que llevan a cabo los Grupos de Amistad.”

4. Que nuestro país se ha sumado al creciente interés internacional por consolidar, mediante medidas legislativas y políticas públicas, hábitats urbanos que ofrezcan mejores condiciones de vida y desarrollo para las personas; y

5. Que conforme al artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 274, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones con órganos de carácter multilateral, observando los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados reconoce en el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat a una agrupación de carácter nacional con vinculación internacional, que actúa coordinadamente con el Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, organización internacional fundada en 1996, cuyo propósito es promover la expedición, revisión y actualización de ordenamientos jurídicos que regulen y fortalezcan la base institucional para la ordenación de los asentamientos humanos sustentables.

Segundo.La Junta de Coordinación Política, con base en los artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 274, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, propone a los siguientes diputados para integrar el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat:

Tercero.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se consulta si se aprueba. Los ciudadanos diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

El diputado José Adrián González Navarro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado José Adrián González, por favor. Sí, diputado.

El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): Señor presidente, solo para celebrar el exhorto que se le hace el día de hoy a la Conade, para el cumplimiento de la convocatoria del 20 de octubre del año pasado.

Yo creo que toda aquella persona que haya sido merecedora de participar en esa justa, pues tienen derecho aún, y después hayan decidido cambiar las categorías. Yo creo que aquellos que atenten con los sueños de nuestros niños y niñas mexicanas atentan contra el desarrollo de México. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros.

Solamente para hacer mención que el día de hoy presenté una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como al fiscal del estado Luis Ángel Bravo. Para que determine, integre de manera apropiada y rápida, así como consigne a la brevedad al juez de la causa en turno del expediente 592/15/1 Especial Veracruz, en la quinta mesa, para que se realicen las diligencias, a fin de esclarecer los hechos de una menor de nombre Daphne, presuntamente ultrajada.

Necesitamos que se tomen cartas en el asunto de manera pronta y expedita. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Quedan consignadas sus expresiones y ya sabemos cuál es el camino para el turno correspondiente.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Compañeras, compañeros diputados. Afortunadamente parece que el exhorto que hicimos ayer va a tener frutos y lo que quiero solicitarles de la manera más atenta, es que le demos un seguimiento muy puntual al regreso de Gustavo Castro. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, la diputada Ochoa.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Jorge Ramos Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 30 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo con los artículos 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicarle la designación de la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que habrá de desempeñarse como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

• Que la senadora María del Pilar Ortega Martínez cause baja como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE.

• Que la senadora Luisa María Calderón Hinojosa cause alta como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 2016.— Luis Molina Robles, secretario ejecutivo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las que se encuentran enlistadas como de posible tratamiento de urgente u obvia resolución, que tendrán un tratamiento de carácter prioritario en el orden del día de la próxima sesión.(*)

EFEMÉRIDES

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE OCTAVIO PAZ

«Efeméride con motivo del aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Celebrar y honrar a los intelectuales en cada país, es una práctica común en muchas democracias del mundo, más aún cuando el legado cultural de esos intelectuales ha dejado huella significativa en la cultura mundial.

El 31 de marzo de 1914 nacía en un México convulsionado por una guerra revolucionaria, quien es considerado el máximo exponente mundial de la cultura mexicana, Octavio Irineo Paz y Lozano.

A los diecisiete años publica sus primeros poemas en la revista Barandal (1931). Posteriormente dirige las revistas Taller (1939) e Hijo pródigo (1943). Es durante un viaje a España donde al conocer a distintos intelectuales de la época, donde recibe una fuerte influencia poética.

Estudió en las facultades de leyes y filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y amplió sus estudios en Estados Unidos. Tras concluir la Segunda Guerra Mundial (1939-45), recibió una beca de la fundación Guggenheim y posteriormente ingresó al servicio exterior mexicano.

Su incursión en la diplomacia de México le permitió estrechar lazos importantes en el mundo intelectual y cultural, tal es el caso que durante su estancia en París, Francia, conoció al poeta, ensayista y teórico del surrealismo André Breton e intensificó su relación con el poeta Benjamín Péret. En 1955, formó un grupo poético llamado “Poesía en Voz Alta”, al tiempo que comenzó a colaborar con la Revista Mexicana de Literatura y El corno emplumado. A través de las publicaciones de aquella época, defendió las posiciones experimentales del arte contemporáneo.

En 1962 fue nombrado embajador de México en la India, actividad diplomática que dio por terminada en 1968, cuando en un acto de protesta por lo sucedido con la muerte de estudiantes en Tlatelolco, renunció a ser embajador.

Los años venideros los dedico a seguir escribiendo y a difundir su obra, lo que le permitió fundar dos importantes revistas dedicadas a las artes y la política: Plural (1971-1976) y Vuelta (1976-1998).

A lo largo de su trayectoria fue merecedor de numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Cervantes (España), el Premio Ollin Yoliztli (México) y el Premio Thomas Stearns Eliot (EUA).

En 1990, y después de toda una vida dedicada a las letras y un sin número de reconocimientos recibidos alrededor de todo el mundo, Octavio Paz se convirtió en el primer mexicano en recibir el premio nobel de literatura, distinción que ningún otro connacional ha recibido.

Octavio Paz muere en la Casa de Alvarado, en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México.

A ciento dos años del natalicio de quien podría ser el principal personaje de la cultura contemporánea en nuestro país, aún nos falta inscribir su nombre en el Muro de Honor de este recinto legislativo él. Falta mucho por reconocer y honrar su labor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE OCTAVIO PAZ

«Efeméride con motivo del 31 de marzo, aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

El fragmento anterior condensa de forma muy clara el pensamiento del hombre a quien hoy recordamos . En paz, poema celebre del literato, no solo es poesía, sino una filosofía de vida; nos abre una ventana con cristales transparentes en donde uno puede juzgarse a sí mismo a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer.

Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, en una casa que como dijo, se desmoronaba físicamente pero los libros eran sus cimientos. El hombre que fue galardonado con el premio nobel de literatura en 1990, habló y escribió sobre diversos temas: política, cultura, amor, erotismo, sexo, poesía, vida, arte, México, el mundo, y más.

En el marco de la conmemoración de su natalicio, los Diputados Ciudadanos recordamos el contenido crítico de sus escritos sobre la realidad política mexicana y sus actores, la democracia y el papel de los intelectuales.

A pesar de que este literato mexicano hizo carrera en el Servicio Exterior Mexicano, Paz no fue un político ni su carrera literaria estuvo vinculada al poder o partido alguno. Tampoco fue su faceta de ensayista la más reconocida, ni abordó la política desde una trinchera académica.

No obstante, dedicó textos en sus libros y artículos en revistas y periódicos a explorar la realidad política de México y el mundo, así como las interrelaciones entre los países; a analizar cómo han evolucionado los sistemas políticos a través de la historia hasta nuestros días, y a adelantar posibles vías de solución a los problemas de las sociedades.

El historiador Enrique Krause, escribió al respecto: “Octavio Paz no era un santo, y para muchos no era un santo de su devoción (...) fue un gran poeta del amor, pero también fue un gran poeta en prosa que amó mucho a su país. Y lo exasperaba su país, lo decepcionaba; a veces lo deslumbraba y no pocas lo hacía feliz”

Paz renunció a ser embajador de México tras la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, también criticó el “dedazo”, como se conoce a la práctica presidencial realizada por la partidocracia que sometió a México en un falaz sistema democrático durante 70 años, “El dedo señala a los criados”, indicó el escritor en Cuestión de Palabras en 1943.

Criticó la falta de líneas de acción del Partido Acción Nacional, al no haber formulado un proyecto nacional nuevo y viable que se ofrezca como una opción distinta a la del Partido Revolucionario Institucional. “El crecimiento del PAN expresa no tanto una tendencia ideológica como el descontento de muchos ciudadanos”, indicó Paz en su columna Hora Cumplida, publicada en la Revista Vuelta en octubre de 1988.

En “Pequeñas Crónicas de Grandes Días” describió puntualmente lo que sucedía al interior de la incipiente izquierda mexicana, “el nuevo partido (el Partido de la Revolución Democrática que fue fundado en 1989) está amenazado de división por su misma heterogeneidad (...) Son un catálogo de sentimientos, gustos, disgustos y obsesiones”, dijo al respecto.

Podría seguir citando ejemplos del pensamiento de Octavio Paz en todas las disciplinas que incursionó, pero ese no es el objetivo de esta efeméride, por el contrario, en el marco de la conmemoración de su natalicio, debemos hacer conciencia de que muchos de los problemas sociales y políticos de México y el mundo descritos en prosa o poesía aún están vigentes, hoy es tiempo de reflexionar y poner manos a la obra, para que el próximo nobel de literatura que tenga México, no sea por las críticas hacia el Estado, sino por el reconocimiento del esfuerzo de todos los grupos políticos para construir una nación libre de corrupción, amigable con el medio ambiente y con una justa distribución de la riqueza.

Hoy los invito a que nos acerquemos a las bibliotecas públicas, a las librerías o que descarguemos a través del internet las obras de Octavio Paz; es obligación de todos los mexicanos leer: El laberinto de la soledad, Luna silvestre, Salamandra, Blanco, Libertad bajo palabra, El ogro filantrópico, Conjunciones y disyunciones, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe; sólo entonces, podemos exclamar:

¡Vida nada me debes, vida estamos en Paz!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE OCTAVIO PAZ

«Efeméride con motivo del 31 de marzo, aniversario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El día 31 de marzo se conmemora el natalicio de Octavio Paz Lozano. El escritor, ensayista, poeta y diplomático mexicano nació durante el periodo de la Revolución Mexicana en la ciudad de México en el año de 1914.

Durante su infancia fue criado por su madre, tía y abuelo. Éste último, un soldado intelectual. La causa de su padre, Octavio Paz Solórzano, lo llevó a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que “junto con otros intelectuales progresistas, se unió a la sublevación agraria dirigida por Emiliano Zapata”.

Su formación académica incluyó la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, Berkeley y una etapa en España, periodo en el que se “sumó a la lucha antifascista en plena Guerra Civil”. Paz participó en la fundación de la revista Taller, “que marcó el surgimiento de una nueva generación de escritores en México, así como una nueva sensibilidad literaria”.

Concluido este periodo, Octavio Paz tuvo una etapa en la que participó como diplomático en diversos países entre los que podemos mencionar Japón, India y Francia. Durante su estadía en el país galo, Paz escribió su mítica obra El laberinto de la Soledad,en la que reflejó, de manera fiel, la identidad y sentir de los mexicanos.

En 1968, decidió renunciar a su nombramiento como diplomático del servicio exterior mexicano debido a la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. En 1971 y 1976 fundó las revistas Plural y Vuelta, respectivamente. Y en 1980 fue nombrado Doctor honoris causa por la Universidad de Harvard. Entre otros de sus premios destacados se encuentran “el Miguel Cervantes en 1982, el más importante del mundo de habla hispana, y el Nobel de Literatura en 1990”.

Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano consideramos que, hacer lo correcto, es conmemorar el natalicio de Octavio Paz lozano, un mexicano ilustre que a través de la riqueza del contenido de sus obras se convirtió en “uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los más importantes poetas hispanos de la historia”.

Notas:

1 Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Octavio Paz: Aporte a la Salud Intelectual del País. URL:

http://www.cultura.df.gob.mx/centenarios/ index.php/octavio-paz

Consultada en línea el día 20 de marzo de 2016.

2 Ibídem.

3 Universidad Nacional Autónoma de México, Premios Nobel Mexicanos: Octavio Paz. URL: http://www.nobel.unam.mx/octaviopaz/biografia.html

Consultada en línea el día 20 de marzo de 2016.

4 Ibídem.

5 Biografías Cortas, Octavio Paz. URL: http://www.biografiascortas. com/2012/08/biograf-de-octavio-paz.html

Consultada en línea el día 29 de marzo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:16 horas): Por lo tanto se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 5 de abril de 2016 a las 11 horas. Buena tarde.

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