ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Buenos días. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 11:22 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de octubre de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

Comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, bicamaral y de grupos de amistad.

Del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza

Solicita el retiro de iniciativa.

De la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

Comunica que la elección de su Mesa Directiva.

De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Remite los siguientes:

– El Informe Final y la posición institucional del Programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (P005),

– El Informe Final y la posición institucional del Programa de Prevención de Riesgos (S254) y

– Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de diversos programas.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma los artículos 44 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por las diputadas Maricela Contreras Julián del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 20, 29, 74 y 109 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. .

Que adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por las diputadas Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 11, 29 y 112 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada María Ávila Serna y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 10 y 28 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Kathia Maria Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga los artículos 3o., 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que adiciona los artículos 6o., 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma adiciona y deroga los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano..

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional..

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

De decreto para emitir una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fundación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, (Concanaco Servytur), a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Le General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Laura Mitzi Barrientos Cano y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 61, 111, 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 27, 28, 41 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Maricela Contreras Julián y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 54 y 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Víctor Manuel Sánchez Orozco y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 22, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Georgina Zapata Lucero y Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 359 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de Psicología y Psiquiatría, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 397 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de nutrición, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por las diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 336 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para incentivar la donación solidaria de alimentos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Población y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 203 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdéz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Mirza Flores Gómez y Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58, y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 10, 13 Bis, 27 y 55 de la Ley Minera, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y el 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 12, 13, 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 132, 133 y 995 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 11 y 14-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 42, 17-H, 33 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 164 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 140 y 141 de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Héctor Peralta Grappin, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 35 y 77 Bis 3 de la Ley General de Salud, 89 y 250-A de la Ley del Seguro Social, y adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 18 Bis, 52, 52 Bis y 87 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de perspectiva de género, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 13 y 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Sofía González Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de abril de cada año como el “Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón”, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona un Capítulo VIII Ter de los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 Bis y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el Capítulo Décimo De los Observatorios Urbanos a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VI y un artículo 234 Bis al Título Sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

De la Comisión de Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional del Defensor Ambiental”.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo 13, y se adiciona una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales de las 32 entidades federativas, para que no destinen en su presupuesto de egresos, recursos públicos al financiamiento de escuelas taurinas, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, para que contribuya a fortalecer y garantizar el servicio de asistencia técnica y mecánica en toda la red de carreteras de la República Mexicana, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE, a que los lineamientos y directrices generales del convenio aplicado al caso de los usuarios deudores del servicio de energía eléctrica en el estado de Tabasco, se repliquen en beneficio de los deudores en condiciones semejantes en el resto del país, en materia de infraestructura, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los diputados que fueron designados Constituyentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a que soliciten licencia al cargo de Legislador Federal durante el tiempo que dure la discusión y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP, a suspender cualquier acción encaminada a detener y terminar la operación del programa de Educación Inicial Modalidad No Escolarizada, en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, impulsen la creación de sus respectivos institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad como organismos públicos descentralizados de su administración, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se le solicita a la SE, Sener, SHCP, Sedatu y la CFE, la revisión del marco tarifario, y del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda existente, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al uso de glifosato y otros químicos tóxicos durante las fumigaciones en la franja de derecho de vía en las carreteras, así como la zona de protección o derecho de vía de tren, como entre el riel, silleta clavo y traviesa de madera, a cargo del diputado Ángel II Alanis Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SFP y a la ASF, a investigar y difundir el estado de las denuncias interpuestas contra el exalcalde del municipio de Valladolid, Yucatán, sobre el desvío de recursos federales destinados a proyectos municipales, suscrito por los diputados Rogerio Castro Vázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP, a reanudar la operación del Programa Alternativas de Atención de la Educación Preescolar Rural en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al impuesto de importación de mercancías utilizadas en la producción del sector Textil y de la Confección, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a los mecanismos para la libertad de los presos políticos y de conciencia que existen en Oaxaca, así como la anulación de las órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales perseguidos y a la promoción de acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, de la CIDH, de la ONU y de la OEA, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la SCT, consideren la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-La Paz, se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí, a elaborar y publicar a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, el programa del Plan de Manejo del Parque Urbano “Paseo de la Presa” ubicado en el Municipio de la capital, suscrito por los diputados María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y a la Conagua, a garantizar y asegurar el Derecho Humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para la población, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, para que atienda las necesidades médicas para salvarle la visión al abogado Librado Baños Rodríguez y se instale una mesa de trabajo entre las autoridades del gobierno de la entidad para cumplir con la recomendación sobre la Detención Arbitraria, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que instruya a todas las concesionarias de tramos carreteros en el país realicen las obras de incorporación a todas las comunidades, en especial a las comunidades de Zoyatzingo, Ozumba y Tepetlixpa, en el estado de México, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, SHCP, Secretaría de Salud y el INM, se de solución integral y pronta respecto de la ocupación temporal de ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en el Municipio de Tijuana, Baja California, suscrito por los diputados José Máximo García López y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al cumplimiento a la resolución emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1314/2016-v, por la que se concede la suspensión provisional, para el efecto de que se siga ejercitando el programa social “Programa Comedores Públicos” referente al comedor comunitario identificado con el número y nombre 306 “Estrella” ubicado en calle Fresnos, número 3, colonia San Andrés Tomatlán, demarcación Iztapalapa, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la colegisladora, a que dictamine la minuta, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar y acoso escolar, remitida al Senado de la Republica el 29 de abril de 2013, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a investigar y transparentar algunos procesos de contratación pública, a promover una desconcentración de los contratos de la administración y a impulsar orientaciones generales para mejorar la calidad de los contratos públicos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para implantar las acciones necesarias para disminuir la inseguridad pública en la entidad, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del 8 de octubre, Aniversario de la Conversión de territorio a estado libre y soberano de Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 10 de octubre “Día Mundial de la Salud Mental”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos once diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cuatro minutos del martes cuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por el que comunica que el treinta de septiembre se recibieron las siguientes minutas con proyecto de decreto que fueron turnadas de inmediato a comisiones:

• Por el que se reforman los artículos ciento cuarenta, y ciento cuarenta y uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen; y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, reforma y adiciona el artículo cuarenta de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y reforma el artículo tercero de la Ley de Planeación, la cual se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Comisión Bicameral para el dialogo y la conciliación para el estado de Chiapas, por el que informa que el veinte de septiembre del año en curso, se instaló el grupo de trabajo con fin de evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas, respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas. De enterado. Comuníquese.

c) Se da cuenta con quince solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria de las diputadas y los diputados: Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional; María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena; María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional; Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional; Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional; Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido de Encuentro Social, Jorgina Gaxiola Lezema, del Partido Verde Ecologista de México; Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Ramírez Ramos, del Partido Acción Nacional; Paloma Canales Suarez, del Partido Verde Ecologista de México; y Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la atención brindada por el Director General Adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Conmemoración del Día Mundial sin Automóvil. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Dos por los que se exhorta a las Secretarías de Estado del Gobierno Federal, a los órganos desconcentrados, a los gobernadores y a los presidentes municipales a certificarse con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

e) Del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los pozos de extracción de agua y hundimientos y agrietamientos del suelo en Tláhuac. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Informa la modificación del calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

• Comunica que el senador Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, se integra a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. De enterado.

• Comunica que el senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, se integra a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. De enterado.

• Remite siete proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil diecisiete, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciséis, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de dos mil quince, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite la Recomendación General 28/2016 Sobre la Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y Distritales de la República Mexicana. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

i) Iniciativa del Congreso del estado de Hidalgo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

j) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo octavo de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Félix González Canto, y suscrita por senadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Gobernación:

• Por el que se declara el tres de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.

• Por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como “La Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

b) Salud:

• Por el que se reforma la fracción primera, apartado B del artículo trece, y se adiciona una fracción cuarta Bis Tres al artículo tercero de la Ley General de Salud.

• Por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo doscientos doce de la Ley General de Salud.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido de Encuentro Social; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Jesús Serrano Lora, de Morena; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con veintiún minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados.

Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional; Antonio Tarek Abdala Saad, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: mil sesenta y ocho Bis; y mil trecientos noventa Ter Dos, del proyecto. En votación nominal por trescientos ochenta y cinco votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados del proyecto de decreto, al diputado y a la diputada:

• Juan Romero Tenorio, de Morena, al artículo mil sesenta y ocho Bis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo mil trecientos noventa Ter Dos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos veintidós votos a favor; y ochenta y nueve en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados: mil sesenta y ocho Bis; y mil trecientos noventa Ter Dos, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente hace un pronunciamiento para condenar el cobarde y artero crimen de miembros de las Fuerzas Armadas, acaecido el pasado primero de octubre de dos mil dieciséis, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

b) De Protección Civil, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Orantes López, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido de Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza;

La Presidenta saluda la presencia en el Salón de Sesiones de una delegación de diputados de la Región Baja Sajonia de la República Federal de Alemania, encabezado por el diputado Christian Dürr, que participó en un encuentro de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad México-Alemania.

Continúa la fijación de posturas de las diputadas y de los diputados: Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena; José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional; y Carlos Sarabia Camacho, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul realiza comentarios el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.

La Presidencia informa a la Asamblea que se recibió de la Comisión dictaminadora propuestas de modificación del proyecto de decreto a los artículos segundo fracción treinta y dos, y treinta y nueve, e instruye a la Secretaria a dar lectura de la misma. En votación económica se aceptan. Sin oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinticuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Vivienda, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se concede el uso de la palabra a la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios las diputadas y los diputados: Abdies Pineda Morín, del Partido de Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; Francisco Alberto Torres Rivas, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolución Democrática; Eloísa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Presidente hace entrega de un reconocimiento a Elena Sánchez Algarín, Directora General de Proceso Legislativo, de esta Honorable Cámara de Diputados, por sus cincuenta y cinco años de labor ininterrumpida en esta soberanía; quien ha sido testigo de diecinueve legislaturas.

Se continúa con la votación nominal que por unanimidad de cuatrocientos catorce votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente refiere nuevamente el tema relativo a los lamentables y muy condenables hechos que se vivieron en Badiraguato, Sinaloa. Desde su curul realizan comentarios sobre el tema los diputados: Jesús Enrique Jackson Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; y Patricia Sánchez Carrillo, del Partido Acción Nacional.

Desde su curul el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, realiza comentarios referentes a los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. El Presidente dirige unas palabras e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por quienes perdieron la vida en dicho evento.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, que reforma diversas disposiciones de veintinueve ordenamientos legales, para actualizar el término “Distrito Federal” por el de “Ciudad de México”. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintiséis Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento cuarenta y dos de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marisol Vargas Bárcena y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

– Que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de Ley de Petróleos Mexicanos, y de la Ley de Transición Energética.

– Que reforma los artículos veintinueve, y ciento doce de la Ley de Migración.

– Que reforma los artículos: séptimo, ciento dieciocho, y ciento veintisiete de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

– Que reforma diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Expropiación, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de la Ley sobre Delitos de Imprenta y de la Ley General de Partidos Políticos.

– Que reforma los artículos diecisiete y cuarenta de la Ley General de Desarrollo Social.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

– Que reforma diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

Se turnan a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

Desde su curul el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario, especialmente los que representamos al estado de Nuevo León, expresa el más sentido pésame a los familiares y amigos del señor Guillermo Zambrano Lozano, quien fue empresario y que puso muy en alto el nombre de México y del estado Nuevo León. El Presidente se une a las expresiones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Ana María Boone Godoy, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un capítulo quinto Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ciento noventa Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Elida Castelán Mondragón, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo catorce, y adiciona un artículo quince E a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma los artículos trescientos noventa y tres de la Ley General de Salud, y sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos Humanos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos cuatrocientos ochenta y tres y cuatrocientos ochenta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena:

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento once, ciento doce, y ciento trece, y adiciona un artículo ciento trece Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Carlos Lomelí Bolaños, a nombre propio y del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, de los partidos de Movimiento Ciudadano, y de Acción Nacional, respectivamente, que reforma y adiciona los artículos doscientos diez, y doscientos doce de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ángel García Yánez, de Nueva Alianza, que adiciona una fracción quinta al artículo once de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo diecinueve de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Óscar Valencia García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara el día diecinueve de abril de cada año, como el “Día Nacional del Tequio”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma, adiciona y deroga los artículos cincuenta y cuatro, noventa, noventa y tres y ciento cincuenta y cinco de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo ciento noventa y cinco del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

• Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona al artículo séptimo de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

– Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Minera. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, a nombre propio y del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, que adiciona una fracción al artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona los artículos veintiséis, veintiocho, veintinueve, y treinta y cuatro de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Para presentarla se concede el uso de la palabra al diputado Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones inicie las investigaciones correspondientes, para determinar la legalidad del monto que se pagó por la terminación de la relación laboral del extitular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza. En votación económica no se considera de urgente u obvia resolución, por lo consiguiente se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, por el que se declara el diecisiete de julio como el “Día Nacional del Defensor Ambiental”. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República, con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que agilice la entrega de recurso del Fondo de Desastres Naturales a los municipios de Durango y Canatlán, de Durango. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente comparte a la Asamblea la invitación hecha por la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, Secretaria de la Mesa Directiva, para asistir a la presentación del documental Dulce Agonía, el día de mañana a las doce del día, en el Auditorio Ala Norte, edificio A, referente al tema de la diabetes en nuestro país.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro, ciento setenta y seis, y ciento setenta y siete, y se adiciona un ciento setenta y siete Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Noemí Zoila Guzmán Lagunés, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos federal y local, a dar seguimiento a las investigaciones para conocer las causas que originaron el incendio del buque tanque Burgos y se proceda contra quienes resulten responsables, así como mitigar y remediar los daños materiales y ambientales generados. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdéz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que instrumente las medidas necesarias con el objetivo de esclarecer y, en su caso, sancionar a los funcionarios responsables de las irregularidades que no permitieron la participación de los deportistas paralímpicos, en la competencia de natación de relevo de cuatro por cincuenta metros mixtos, en los Juegos Paralímpicos de Río dos mil dieciséis, y a su vez instrumentar acciones necesarias para lograr una efectiva coordinación con el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a generar acciones y condiciones para cumplir los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mol dieciocho, en materia de infraestructura. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Alma Lucía Arzaluz Alonso y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que expida una Norma Oficial Mexicana en materia de contaminación odorífera. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a Petróleos Mexicanos, para que se revise la Reforma Energética y se dé una solución al problema de desempleo que enfrenta Tabasco y Campeche. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, relativo a la inclusión de la Hipertensión Pulmonar y sus cinco tipos derivados, en el catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Catálogo Universal de Servicios de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, difundir la información sobre los daños y afectaciones ocurridos por el derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán, en el municipio de Manzanillo, Colima, así como a realizar las acciones emergentes correspondientes. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para actualizar el Reglamento de Asociación de Padres de Familia. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones, por el que se exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, a que sometan a consideración del Pleno, el Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención

• Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a las tarifas eléctricas, en Matamoros, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Gabriela Ramírez Ramos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, determine las causas por las que en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se ha disparado el índice de enfermedades de carácter renal y se apliquen las medidas preventivas y correctivas necesarias. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, difunda el estado que guarda la distribución de libros de texto gratuitos en sistema braille. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Alma Lucía Arzaluz Alonso y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implantar acciones necesarias para la conservación y preservación del jaguar. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a ejercer acción penal, y en su caso consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el dos de Octubre de mil novecientos sesenta y ocho. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, a agilizar las resoluciones migratorias de las personas alojadas en las estaciones migratorias. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que, continúen impulsando el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD), promovido por dicha Secretaría, a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Gabriela Ramírez Ramos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se modifique el tope del ingreso por concepto de pensión contributiva como requisito para ser beneficiario del Programa Pensión para Adultos Mayores. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• María Ávila Serna y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades migratorias correspondientes, implantar acciones necesarias para agilizar el tránsito de personas en los cruces fronterizos de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a implementar medidas de prevención, control y vigilancia a través de la ejecución de programas estructurales en todos los planteles de educación pública y privada con el fin de disminuir y combatir los índices de discriminación y racismo en las escuelas mexicanas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a revisar los reportes de accidentes carreteros que implementa la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, con el fin de obtener datos precisos que permitan identificar las causas que originan los accidentes carreteros que involucran a los tractocamiones. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, relativo al funcionamiento del centro de arraigo El CERESITO, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Yaret Adriana Guevara Jiménez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a implementar un modelo de arrendamiento de vivienda, en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a tomar las medidas necesarias, en el ámbito de sus facultades, para evitar actos ilegales de despojo de la titularidad o administración del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera de la República Mexicana “Bridgestone Firestone”. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, instalen de manera permanente centros de atención integral a mujeres y niñas que han sufrido violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a que emita los lineamientos y criterios de ejecución de la Estrategia Nacional de Inclusión y a difundir sus acciones, resultados y presupuesto ejercido al día de hoy. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades sanitarias federales y estatales, a implementar programas de actualización y capacitación al personal de salud, para fortalecer la prevención, detección y diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, para que los procesos penales instaurados en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Indígena del estado de Michoacán, se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, presunción de inocencia y respeto a los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, dar solución a los conflictos generados entre los ganaderos de Huajimic y las autoridades de la comunidad Wixárika (huicholes). Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través del Servicio de Administración Tributaria, difunda los avances y concluya la investigación abierta en contra de las empresas Publicidad Rentable y Máxima Vallas; por los delitos de evasión y defraudación fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José de Jesús Galindo Rosas y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, la creación del Grupo de Amistad México-Taiwán. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no realice más aumentos a los precios de la gasolina magna, premium y diésel, y a través de la Secretaría de Gobernación a tomar medidas, a efecto de aumentar los niveles de seguridad en los caminos federales y las vías ferroviarias. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Estado de Nuevo León, a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves seis de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

Continúe diputada secretaria.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en las integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Hernán Cortés Berumen cause alta como secretario de la Comisión de Justicia

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Susana Osorno Belmont cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Susana Osorno Belmont cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Armenia.

• Que el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Estonia.

• Que el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Ghana.

• Que el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Kenia.

• Que el diputado Jesús Emiliano Álvarez López cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Libia.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las modificaciones en las integraciones de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Delia Guerrero Coronado cause baja como integrante de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Delia Guerrero Coronado cause alta como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes cause alta como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause alta como secretario de la Comisión de Derechos Humanos

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza cause alta como secretario en la Comisión de Cambio Cimático.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de grupos de amistad, que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática.

• Que el diputado David Jiménez Rumbo cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Arabia Saudita.

• Que el diputado David Jiménez Rumbo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Austria.

• Que el diputado David Jiménez Rumbo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologísta de México.

• Que el diputado Juan Manuel Celis Aguirre cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Juan Manuel Celis Aguirre cause alta como secretario en la Comisión de Juventud.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral de Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

• Que el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobadas. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Distinguido señor presidente:

El suscrito diputado federal, Luis Alfredo Valles Mendoza, autor de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expresión legislativa que propone, entre otras cosas, que los procesos de licitación de inicio a fin, sean más transparentes, objetivos e imparciales, presentada ante el pleno de este órgano legislativo el pasado 15 de marzo de 2016, y publicada en la misma fecha en la Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4489-IV.

Con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago de su conocimiento mi deseo por retirar la referida iniciativa. Lo anterior para que se hagan los trámites correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2016.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tiene por retirada, actualícese el registro parlamentario.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido en la curul de la diputada Eloisa Chavarrias, ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Únicamente para comentarles, compañeros, y hacerle una solicitud al presidente de la República, porque Colima está siendo dañado hoy por un fenómeno natural, no por la delincuencia organizada. El año pasado sufrimos los embates del huracán Patricia. Hoy el volcán de fuego de Colima está en erupción desde el 30 de septiembre y ya se anunciaron recursos del Fonden por 12 millones que anunció el señor gobernador, pero creo que son insuficientes. Hoy vi que Protección Civil no permite que las personas tomen agua de los manantiales que hay por ahí en la Yerbabuena y en la Becerrera. Son comunidades muy pobres, entonces hay que atenderlas.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, el asunto no está en el orden del día, le solicito que a través de su grupo parlamentario se pueda integrar en el orden del día.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas (desde la curul): Con mucho gusto. Nada más es que el presidente de la República exhorte al secretario de Gobernación, por favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. Continúa la sesión. Por favor, diputado secretario.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

De conformidad con lo que disponen los artículos noveno transitorio, fracción I, inciso a), del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México y, 8 y 16, numeral 2, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente, comunicamos a usted, que en sesión celebrada en esta fecha la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, eligió a su Mesa Directiva, quedando de la siguiente forma

Presidente:

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

Vicepresidentes:

Clara Marina Brugada Molina

Irma Cué Sarquis

Mauricio Tabe Echartea

Secretarios:

Margarita Saldaña Hernández

Bertha Elena Luján Uranga

Aída Arregui Guerrero

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.— Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que los programas especificados en los anexos la y 2a deberán llevar a cabo evaluaciones en materia de diseño, al numeral 10 del PAE 2016 en el cual se mencionan las instancias a las que se le deben presentar los informes finales de las evaluaciones; y al oficio 419-A-16-0881 (anexo) en el cual se informa a esta unidad sobre la aprobación de la prórroga para la entrega de la evaluación del programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio (POO5), me permito enviarle anexo al presente, el informe final y la posición institucional del programa mencionado anteriormente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.— José Orozco Martínez (rúbrica), titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional.»

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al numeral 23 del Programa Anual de Evaluación 2016 CPAE 2016), emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que los programas especificados en los anexos 1a y 2a deberán llevar a cabo evaluaciones en materia de diseño coordinadas por la SHCP y el Coneval, al numeral 10 del PAE 2016, en el cual se mencionan las instancias a las que se le deben presentar los informes finales de las evaluaciones y al oficio VQZ.DGAE.093/16 (anexo) en el cual se informa a esta Unidad sobre la aprobación de la prórroga para la entrega de la Evaluación del Programa de Prevención de Riesgos (S254), me permito enviarle anexo al presente, el informe final y la posición institucional del programa mencionado anteriormente, el cual está a cargo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.— José Orozco Martínez (rúbrica), titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional.»

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al numeral 27 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2016), emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que los programas especificados en el anexo 2b deberán elaborar internamente una ficha de monitoreo y evaluación (FMyE 2015-2016) y al numeral 10 del PAE 2016, me permito enviarle las FMyE 2015-2016 de los programas a continuación citados:(1)

(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

• Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural (E-003)

• Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (U-003)

Programa de Prevención de Riesgos (S-254)

• Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (S-213)

• Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (S-255)

• Programa de Infraestructura (S-273)

• Programa de Apoyo a la Vivienda (S-274)

• Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales (S-177)

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2016.— José Orozco Martínez (rúbrica), titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítanse a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

Esta Presidencia informa a la asamblea que el pasado martes 4 de octubre se dio cuenta de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación. Se recibió y se obsequia la petición para ampliar el turno y quedar como sigue. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen; y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Metropolitano, para opinión.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma los artículos 44 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por las diputadas Maricela Contreras Julián y Minerva Hernández Ramos, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PAN, respectivamente

Planteamiento del problema

La construcción del Estado moderno es uno de los procesos jurídicos y normativos mediante el cual la administración y ejecución del poder se limita a través de funciones e instituciones que se encargan de que este no sea utilizado para fines personales o a voluntad de quien lo ejerce. Sus alcances y funciones así como el entramado normativo se ha perfeccionado y especializando desde su establecimiento como modelo de gobierno.

Durante años, la reflexión, el pensamiento y la formación de mecanismos institucionales se concentró en torno a limitar los abusos de poder heredados del modelo monárquico; sin embargo, en años recientes donde la democracia representativa y participativa prevalece sobre otras formas de gobierno, la reflexión gira en torno a la evaluación y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

De acuerdo con Guillermo O’Donell, hay dos tipos de rendición de cuentas: la horizontal y la vertical, la primera “referida a las relaciones de control y vigilancia que establecen entre sí las agencias del Estado, para limitar y a la vez garantizar el ejercicio de sus facultades, como advirtieron los clásicos que imaginaron la división de poderes, y otra, la vertical, entendida como los medios que tiene en sus manos la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes, incluyendo el acceso y el uso de la información pública, la presión social o mediática y las sanciones electorales”.

Desde la perspectiva horizontal, el Estado ha creado instituciones especializadas que tienen la atribución de revisar, evaluar y sancionar en un marco de autonomía y transparencia aunque “la verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende, a la vez, de obligaciones legales y públicas; del principio de legalidad y de un propósito democrático”.

En México, los mecanismos de rendición de cuentas son recientes y comenzaron en la década de 1980. “... cuando se introdujo un nuevo tipo de órgano regulador “independiente”, tanto para regular sectores industriales estratégicos que estaban siendo privatizados o desregulados, como para el diseño del nuevo entramado institucional propio de una economía de mercado”.

Entre las instituciones creadas en las décadas de 1990 y de 2000 como órganos autónomos que adquirieron funciones de vigilancia y seguimiento, atribuciones que originalmente tenían en las secretarías se hallan éstas:

• La Comisión Reguladora de Energía;

• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

• La Comisión Federal de Telecomunicaciones;

• La Comisión Federal de Competencia;

• La Comisión Federal de Mejora Regulatoria; y

• El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

A más de 30 años de experiencias y adecuaciones sigue existiendo la necesidad de perfeccionar y adecuar el andamiaje jurídico, sobre todo a fin de garantizar la autonomía en el proceso, “no es suficiente que los actores que rinden cuentas expliquen que? hacen y por que? lo hacen; también deben asumir las consecuencias de sus acciones, incluso la eventual imposición de sanciones cuando hayan actuado fuera de las facultades que les otorga el marco jurídico”.

La fiscalización del gasto, más que una facultad y un mecanismo de control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos, debe ser un compromiso ético de todos los gobiernos y un instrumento que permita recobrar la confianza, legitimidad y credibilidad del Estado en medio de la crisis institucional que vivimos en México.

Sostenemos con firmeza que necesitamos un cambio de fondo, con servidores públicos comprometidos, que se alejen de las tentaciones de corrupción, de preocuparse sólo por obtener beneficios personales y privilegios a costa del erario y que gozan de la complicidad de uno de los peores males: la impunidad.

Argumentos

Si bien contamos con un sustento normativo sólido y con una instancia consolidada en materia de fiscalización, no es suficiente; nos enfrentamos a una resistencia institucional que limita el avance de la rendición de cuentas, evita las sanciones a los responsables, niega la transparencia y, lo peor del caso, solapa actos ilícitos y pretende sumir en la normalidad conductas a todas luces contrarias a un Estado democrático.

Los trabajos para concretar el actual esquema de vigilancia y fiscalización a través de un órgano autónomo se concretaron entre 1999 y 2000 cuando se modifican los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política y se promulga Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Desde su creación se ha ido modificando hasta llegar al esquema actual.

La primera fue la Ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada en diciembre de del 2000 y abrogada en 2009 para dar paso a la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación emitida en mayo de 2009 y abrogada en 2016 en el marco del denominado Sistema Nacional Anticorrupción, de esa manera está en vigor la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Aun cuando se ha perfeccionado el marco jurídico e incluso se ha ampliado y homologado las acciones, aún existen elementos hay que integrar para evitar que al revisar la cuenta pública quedé sin cumplir su objetivo primordial; hacer más eficiente el gasto y que los funcionarios cumplan las obligaciones.

Sin embargo, el número de denuncias penales que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la Auditoría Superior de la Federación no corresponde con un compromiso real en contra de la impunidad y el abuso del poder.

En 17 años de fiscalización ha habido sólo 19 consignaciones de funcionarios públicos, en contraste con las 656 denuncias presentadas; es decir, prácticamente 1 sanción por año y, otra vez, lo peor del caso, contra servidores que no son precisamente los de más alto rango, sino más bien un chivo expiatorio y no los llamados “peces gordos”.

Se necesita eficacia de nuestras instituciones y cumplimiento pleno de nuestras leyes y más tratándose de la fiscalización en el sector público, como principio de un ejercicio democrático del gobierno, la cual concebimos como un instrumento que permite recobrar la confianza y legitimidad del Estado en medio de una crisis institucional que vivimos en el país.

Pero ¿cómo recobrar esa confianza si en esta Cámara de Diputados, somos los primeros que incumplimos la ley? A la fecha tenemos ocho Cuentas Públicas pendientes de dictaminar, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013; es decir, ocho años incumpliendo la ley.

Esto es muy grave, pues de existir irregularidades en el ejercicio del gasto, desvío de recursos o responsabilidades de las y los funcionarios públicos, estamos contribuyendo a la impunidad y opacidad al no dictaminar la correspondiente Cuenta Pública.

Por ello proponemos un procedimiento específico, que fije plazos y fechas límite donde la Cámara de Diputados cumpla el dictamen de la Cuenta Pública y no la deje durmiendo el sueño de los justos, con la clara intención de cubrir las posibles irregularidades en el manejo del presupuesto.

En ese sentido, planteamos que en este proceso de dictamen participen de manera conjunta las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lo anterior se sustenta en que justo es la Comisión de Vigilancia la que proporciona los elementos técnicos para dictaminar la Cuenta Pública y actualmente se excluye sin razón de este proceso.

Con las propuestas formuladas tendremos fechas límite para dictaminar la Cuenta Pública: el 30 de septiembre de cada año para que las comisiones presenten el dictamen y, como marca la Constitución, el 31 de octubre para que el pleno apruebe la Cuenta Pública correspondiente.

Las modificaciones son las siguientes:

Fundamento legal

Las suscritas, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 44 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Único. Se reforman los artículos 44 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 44. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales, en su caso, de los informes específicos, y del Informe General y lo enviará a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión. A este efecto y a juicio de las comisiones, se podrá solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara una opinión sobre aspectos o contenidos específicos de dichos informes, en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

El análisis de las comisiones podrá incorporar las sugerencias que juzgue n conveniente s y que haya hecho la Auditoría Superior de la Federación, para modificar disposiciones legales que pretendan mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 46. La Comisión y la Comisión de Presupuesto después de analizar el contenido de la Cuenta Pública correspondiente, conforme a los procedimientos aplicables, elaborarán en forma conjunta el proyecto de dictamen correspondiente, y lo someterán a votación de sus integrantes a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente en que se presentó la Cuenta Pública y remitirlo de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La votación del pleno al dictamen correspondiente se realizará a más tardar 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión y en la Comisión de Presupuesto,para ello acompañará a su dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la comisión.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 López Aylon, S. Merino, Mauricio. La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos,Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México, 2006, página 5.

2 Ibídem, página 9.

3 http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/ Vol.XVI_No.I_1ersem/Sergio_Lopez_Ayllon_y_Ali_Haddou_Ruiz.pdf

4 http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/ Vol.XVI_No.I_1ersem/Sergio_Lopez_Ayllon_y_Ali_Haddou_Ruiz.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20, 29, 74 y 109 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lorena Corona Valdés y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración, al tenor del siguiente

Exposición de Motivos

México, por su ubicación geográfica, ha sido históricamente país de tránsito, de origen y de destino para migrantes que buscan mejores oportunidades de vida. En los flujos migratorios hay cada vez más niñas, niños y adolescentes (NNA) que viajan solos para cruzar la frontera de Estados Unidos de América. Estos NNA migran por motivos diversos, con fines de reunificación familiar, por búsqueda de mejores condiciones económicas o sociales, por falta de oportunidades o por la violencia o explotación sexual que enfrentan en sus países de origen, ya sea México o países centroamericanos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2014 se presentaron ante la autoridad migratoria 23 mil 96 NNA. De ellos, 10 mil 943 fueron no acompañados. Por su parte, en 2015 se presentaron ante la autoridad migratoria 38 mil 514 NNA, de los que 18 mil 650 fueron no acompañados. Y en 2016, a mayo se habían presentado ante la autoridad migratoria 13 mil 287 NNA, de los que 6 mil 490 eran menores no acompañados.

Según información del Sistema Nacional DIF, los NNA migrantes no acompañados que fueron canalizados por el INM para su alojamiento y atención en los módulos y albergues operados por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y Municipales DIF y organizaciones de la sociedad civil durante 2014 alcanzaron la cifra de 2 mil 479 y en 2015 fueron 3 mil 535.

Los 2 mil 479 y 3 mil 535 NNA migrantes no acompañados canalizados por el INM para su alojamiento y atención en los módulos y albergues operados por el Sistema Nacional DIF contrastan con el universo de NNA migrantes no acompañados recibidos por el INM en 2014 y 2015, que ascendieron respectivamente 10 mil 943 y 18 mil 650, lo que denota una falta de cumplimiento a la Ley de Migración conforme a la cual debe considerarse excepcional el alojamiento en las estaciones migratorias de NNA migrantes no acompañados.

Los NNA migrantes, que se encuentren en México, les es aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención es fundamental, ya que protege a todos los NNA menores de 18 años, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio.

No debemos olvidar que los NNA son titulares de los derechos humanos que corresponden a todos los seres humanos y gozan, además, de derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado.

El aumento del flujo migratorio de niñas, niños y adolescente no acompañados por el territorio nacional, evidencia la necesidad de proteger a este grupo vulnerable no por su calidad de migrantes sino por su calidad de niñas y niños.

Ante esa realidad, en México hemos tenido importantes avances legales en materia de protección de los derechos de la niñez:

• El 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Migración, que consagra derechos para la niñez migrante.

• El 12 de octubre de 2011, mediante decreto publicado en el DOF, se elevó a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez, conforme al cual “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. ... Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”; y

• El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el DOF la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce los derechos de NNA migrantes, estableciendo un capítulo específico al efecto.

Los NNA no acompañados son sujetos de derechos especiales por el hecho de ser menores de edad, al tiempo que comparten los derechos de todos los migrantes que se encuentran en nuestro país. Cuando hablamos de la “niñez migrante” se da relevancia a la protección especial a la que se obligó el Estado mexicano al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este instrumento internacional establece la obligación de los Estados Parte de respetar los derechos enunciados en la Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. Asimismo, dispone que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las “autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (artículo 3, párrafo 1).

En el caso de los NNA migrantes, el país que los recibe tiene toda la responsabilidad internacional de asistirlos y protegerlos acorde con el interés superior de la niñez. No obstante, el INM devuelve de forma sistemática a los menores detenidos en México. Según la estadística migratoria, en 2014, 23 mil 96 menores fueron asegurados y 18 mil 169 devueltos a sus países de origen (78 por ciento) y en 2015 se presentaron ante la autoridad migratoria 38 mil 514 NNA 4 y fueron devueltos a sus países de origen 36 mil 921 5 menores (95 por ciento).

Aun cuando contamos con una de las legislaciones más avanzada en materia de protección de migrantes, menos de 1 por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias mexicanas son reconocidos como refugiados.

La Ley de Migración (LM) regula los procedimientos que deben seguirse en el aseguramiento y la devolución de los NNA migrantes no acompañados. De los artículos 11, 29, 74, 109, fracción XIV, 112 y 120 de la LM se desprende:

• Debe considerarse excepcional el alojamiento en las estaciones migratorias de NNA migrantes no acompañados y, en su caso, contar con áreas separadas de los adultos para alojarlos.

• Personal del INM, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica.

• En el Reglamento de la Ley de Migración se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes (LGDNNA) dispone en los artículos 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 98, en su parte conducente:

• En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades federativas, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé la LGDNNA y demás disposiciones aplicables.

• El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes.

• Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.

• Los NNA migrantes no acompañados tienen derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamentada.

• Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior.

• En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar medidas de protección especial.

De lo expuesto se desprende que en un procedimiento migratorio corresponde al INM determinar el interés superior de la niñez migrante no acompañada (artículo 74, párrafo segundo de la LM).

El título séptimo, capítulo primero, del Reglamento de la Ley de Migración (RLM) dispone en el artículo 172 que “en todos los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el Instituto valorará su interés superior, a través de personal especializado y capacitado en la protección y derechos de la infancia quienes les practicarán una entrevista. El objeto de dicha entrevista será el de allegarse de elementos sobre su identidad, país de nacionalidad o residencia, situación migratoria, la localización de sus padres o de otros miembros de la familia y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica”.

En términos del artículo citado, corresponde a los oficiales de protección a la infancia, que son funcionarios del Instituto Nacional de Migración capacitados para garantizar la protección de los derechos de la niñez migrante no acompañada, “valorar el interés superior de la niñez a través de una entrevista”.

Conforme a las cifras citadas en el texto de la presente iniciativa, es evidente que los NNA migrantes no acompañados, que son presentados ante la autoridad migratoria, son en su mayoría devueltos a sus países de origen, por lo que probablemente dicha autoridad no está atendiendo puntualmente las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que disponen que en todos los procesos migratorios la consideración fundamental de los menores migrantes será su interés superior.

El Comité de los Derechos del Niño ha especificado que “la determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección”. La obtención de dicha información se debe realizar mediante un procedimiento que tome en cuenta la diferenciación de niñas y niños con adultos y el tratamiento sea acorde a la situación.

De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño “el ‘interés superior del niño’ es un derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta. Al evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión sobre una medida concreta, se deberían seguir los pasos que figuran a continuación: a) En primer lugar, determinar cuáles son los elementos pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso, para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás y b) En segundo lugar, para ello, seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho.

Entre los elementos que el Comité ha determinado que deben tenerse en cuenta al evaluar el interés superior de la niñez se encuentran la opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, cuidado, protección y seguridad del niño, situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud y el derecho del niño a la educación.

El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados deben establecer procesos oficiales, con garantías procesales estrictas, concebidos para evaluar y determinar el interés superior del niño en las decisiones que le afectan, incluidos mecanismos de evaluación de los resultados. Los Estados deben establecer procesos transparentes y objetivos para todas las decisiones de los legisladores, los jueces o las autoridades administrativas, en especial en las esferas que afectan directamente al niño o los niños.

En consecuencia, la autoridad administrativa debe poner especial énfasis en las circunstancias en que los NNA migrantes no acompañados pueden encontrarse, quienes siempre tienen una situación de vulnerabilidad la que conlleva un riesgo de que sus derechos sean vulnerados.

La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada desde la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en diversos instrumentos internacionales, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

La Declaración de los Derechos del Niño señala que éste “por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados especiales proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

En este marco de protección especial a que tiene derecho el niño, la determinación del interés superior adquiere gran importancia, al ser un instrumento para asegurar el bienestar de un NNA ante la situación migratoria irregular en que se encuentra.

En consideración de lo expuesto, a través de la presente iniciativa se propone que en los procedimientos administrativos que se sigan para determinar la condición migratoria de los menores no acompañados, debe participar en la determinación del interés superior de la niñez un órgano interinstitucional presidido por autoridades de protección a los derechos de la infancia.

Lo anterior, porque dada la condición vulnerable en que se encuentran los NNA migrantes no acompañados resulta fundamental que sean atendidos por servidores públicos especializados en psicología infantil, protección de la infancia y derechos humanos de las niñas y los niños.

Al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia realiza acciones encaminadas a mejorar la situación vulnerable de NNA y prestan servicios asistenciales que contribuyen a la protección y atención de grupos vulnerables como los NNA, por lo que se propone reformar el artículo 74 de la LM para establecer que en el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado, el Instituto Nacional de Migración deberá atender la resolución que emitan los Sistemas DIF y que en todo caso, el INM deberá expedir un protocolo de actuación para la determinación del interés superior de la niñez migrante no acompañada.

Esta reforma encuentra su fundamento en la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar que la valoración que se realice considere los estándares de participación efectiva y características particulares de la infancia conforme a lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19), Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión consultiva OC-17/02, párrafos 53, 54 y 60; y Comité de los Derechos del Niño, observación general número 14, Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, párrafos 85, 86 y 87.

Asimismo, la reforma que se propone con esta iniciativa toma en consideración la obligación que tiene el Estado Mexicano de garantizar que la opinión del NNA sea debidamente tomada en cuenta, en términos de lo previsto por Comité de los Derechos del Niño, observación general número 14, Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, párrafos 85, 86 y 87 y Comité de los Derechos del Niño, observación general número 12, El derecho del niño a ser escuchado, párrafo 28.

El Sistema Nacional DIF en 2015 emitió un protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentren albergados; sin embargo, el mismo consiste en un proceso de evaluación del interés superior de los NNA que se aplica permanentemente para todas las NNA que se encuentren bajo el cuidado y protección de las instancias de atención que operan el protocolo pero que no constituye un procedimiento para realizar la determinación del interés superior de las NNA migrantes no acompañados o separados.

En el mismo protocolo se señala que la evaluación del interés superior de la NNA que establece es realizada por el personal de los SEDIF y del DIF DF y no sustituye, en ningún caso, la necesidad de realizar una determinación de su interés superior, la cual necesariamente deberá contar con la participación de las diversas instituciones que han atendido a las NNA antes de su arribo a los módulos y albergues, o que le atenderán después de su estancia en dichos espacios. No obstante, los SEDIF y el DIF DF comparten sus valoraciones y sugerencias a través de un “oficio de coordinación interinstitucional sobre el interés superior de la NNA”.

Con el propósito aprovechar el trabajo que realiza el Sistema DIF y a fin de fortalecer el trabajo que realiza el INM se estima necesario que la información sobre el interés superior de la NNA que envían los SEDIF y el DIF Ciudad de México, tenga carácter vinculante con la autoridad migratoria, lo que permitirá obtener 2 beneficios, i)el primero que efectivamente se cumpla lo previsto en la LM y en la LGDNNA que dispone que en tanto el INM determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades federativas, según corresponda, deberá brindar protección y ii) que deberá considerarse excepcional el alojamiento en las estaciones migratorias de NNA migrantes no acompañados y, en su caso, contar con áreas separadas de los adultos para alojar a los menores no acompañados.

Por último, se propone reformar la última fracción del artículo 109, a efecto de no limitar los derechos de los presentados en una estación migratoria a lo previsto en el precitado artículo o en las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Gobernación; es decir, se propone que también se consideren los derechos que prevén otras leyes, como sería cuando de forma excepcional un menor no acompañado sea alojado en una estación migratoria, resultaría aplicable la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 92 prevé las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Por lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración

Único. Se adicionan una fracción X al artículo 20, recorriéndose las demás en su orden, y una fracción IV al artículo 29, recorriéndose las demás en su orden; y se reforman los artículos 74 y 109, fracción XV, de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

I.a VIII. ...

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Elaborar el protocolo de actuación para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado; y

XI. Las demás que le señalen esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 29....

I.y II. ...

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes;

IV. Coadyuvar con el Instituto en la elaboración de una opinión vinculante que valore las circunstancias específicas de la la niña, niño o adolescente migrante no acompañado que esté bajo su cuidado y protección; y

V. Las demás que señalen esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 74. ...

Se determinará el interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado de acuerdo con el procedimiento que determine esta ley y su reglamento.

El procedimiento deberá considerar cuando menos lo siguiente:

I. Dar tratamiento acorde a su condición de niña, niño o adolescente.

II. Los funcionarios públicos que intervengan en el procedimiento deberán ser especializados y debidamente capacitados, de forma que puedan identificar las necesidades especiales de protección de la niña, niño o adolescente.

III. Observar las garantías de debido proceso en todo momento.

IV. Realizar una evaluación previa de todos los elementos del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante, entre ellos, obtener información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar, si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional;

V. Considerar en sus decisiones la opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones siempre que no contravengan su interés superior, el cuidado, protección y seguridad del niño, la situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud y el derecho del niño a la educación.

VI. Será obligatoria la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, según corresponda.

La intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, según corresponda, consistirá en emitir una opinión vinculante para el Instituto que evalúe y valore las circunstancias específicas de la la niña, niño o adolescente migrante no acompañado que esté bajo el cuidado y protección del Instituto, y se realizará para asegurar que todas las decisiones que se tomen para su atención estarán basadas en su interés superior.

Artículo 109. ...

I. a XIV. ...

XV. Las demás que se establezcan en esta ley, otras disposiciones jurídicas aplicables y en lasdisposiciones de carácter general que expida la Secretaría.

Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas:

I. a VII. ...

Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución e inhabilitación, la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Nacional de Migración deberá generar los protocolos necesarios para determinar el interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados a que se refiere la presente ley en un plazo de 180 días naturales.

Notas:

1 Disponible en página web: http://www.politicamigratoria.gob. mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos

2 Adoptada el 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el DOF el 25 de enero de 1991.

3 “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración o en necesidad de protección internacional”, opinión consultiva OC-21/14, del 19 de agosto de 2014, Corte Interamericana de Derechos Humanos [en línea], disponible en página web: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9758.pdf?view=1

4 3.1.5. Eventos de menores presentados ante la autoridad migratoria, según continente, país de nacionalidad, grupos de edad, condición de viaje y sexo, 2015, disponible en página web: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devuelt os_2015

5 3.2.8. Eventos de retorno asistido de menores según continente, país de nacionalidad, grupos de edad, condición de viaje y sexo, 2015, disponible en página web: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/ SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2015

6 La figura de los oficiales de protección a la infancia fue creada en marzo de 2008, y el 12 de enero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la circular número INM/001/2010, mediante la cual se oficializa la creación de la figura de los oficiales de protección a la infancia.

7 Comité de los Derechos del Niño, observación general número 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 2005, párrafo 20 [en línea], disponible en página web: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/nuevo_sitio/2010/ conferencia/3.%20Background%20Information%20on%20Mixed%20Migration/The%20Protec tion%20of%20Unaccompanied%20Children/Comite%20-%20Observacion%20General% 20No.%206.pdf?view=1

8 Cfr. Opinión consultiva OC-17/2002, “Condición jurídica y derechos humanos del niño”, del 28 de agosto de 2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 96 [en línea], disponible en página web: http://www.derechoshumanosdf.gob.mx/work/models/DOCDH/Resource/151/OP%2017-02.p df

9 Cfr. Observación general número 12, El derecho del niño a ser escuchado [en línea], disponible en página Web: http://www.unicef.cl/ web/informes/derechos_nino/14.pdf

10 Cfr. Observación general número 12, El derecho del niño a ser escuchado, párrafo 87 [en línea], disponible en página web: http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/14.pdf

11 Opinión consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La familia es el primer espacio donde los niños se desarrollan y aprenden. Los cambios sociales que se han vivido en las últimas décadas, han permitido la paulatina inserción de las mujeres en el campo laborar, dejando parcialmente, el cuidado de los hijos en el hogar. Este cambio de paradigma trajo consigo una nueva búsqueda de soluciones, en esta ocasión para acercarse a la conciliación entre la vida familiar y la carrera profesional y/o laborar, dando lugar a lo que hoy se conoce comúnmente como guarderías o centros de atención infantil.

Si bien, estas circunstancias han cambiado la dinámica familiar, se estima pertinente crear mecanismos de participación y de evaluación dentro de los centros de atención, en donde cuidadores, maestros y padres de familia de manera organizada, contribuyan a la mejora de la educación, atención y seguridad en los mismos.

La participación de los padres de familia ha adquirido relevancia en la educación de los hijos, más en etapas tempranas, incluso estando ciertos de que la influencia que aquellos pueden ejercer antes del nacimiento del hijo, en el modelaje del cerebro prenatal y la adquisición posterior de lenguaje. “El aprendizaje comienza con el nacimiento. “Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia. Estos requerimientos pueden enfrentarse a través de medidas que involucren programas para familias, comunidades o instituciones, según sea conveniente”.

Históricamente las guarderías en México han tenido un desarrollo muy lento y poco eficiente. “En 1973 el Estado mexicano empezó a invertir realmente en ese rubro cuando se incorporó a la Ley del Seguro Social.”

A través de los años las instituciones encargadas de los servicios de cuidado infantil han sido el IMSS, el ISSSTE, el DIF, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quienes brindan el servicio de la siguiente forma:

“Los tipos básicos de guardería en México son tres: el de acceso restringido a hijos de trabajadores derechohabientes (como las del IMSS, ISSSTE o de empresas privadas); el de guarderías con algún tipo de apoyo económico por parte del DIF, alguna delegación política u organización no gubernamental, dirigidas principalmente a la población más desprotegida económicamente; y las particulares o privadas, que son establecimientos con fines de lucro”, al hablar del servicio de guarderías nos referimos al cuidado de niños desde 43 días de edad hasta los 5 años 11 meses.

Otro ejemplo de servicio de guarderías, lo tiene la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes otorgan un apoyo mensual cuando no exista cupo en sus guarderías, el cual se entrega a las madres trabajadoras, así como a los trabajadores viudos, divorciados y en general a aquellos que por resolución judicial tengan la custodia de los hijos.

Actualmente, todas estas modalidades se encuentran regidas bajo la vigente Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2011, siendo una norma que respondió a una tragedia por todos conocida hace más de cinco años, la cual prevé de acuerdo con el artículo primero, que se debe garantizar el acceso de los menores de edad a esos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas.

De acuerdo con el documento “Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo”, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que “Respecto a otros países en América Latina, México está rezagado en dos dimensiones: la tasa de participación laboral femenina es una de las más bajas y el alcance de los programas de desarrollo infantil temprano es limitado, con apenas 4% de uso, entre los niños entre 0 y 5 años de edad.”, mientras que países como Chile, Colombia y Brasil sobrepasan el 30%.

Los cambios culturales que ello representa, nos insta a generar normas legales en donde se logre la conciliación, la responsabilidad y participación de los padres de familia, a través del binomio familia-educación, por tanto, es trascendental emprender acciones en donde se inserte de manera eficiente al núcleo fundamental de nuestra sociedad en la educación y cuidado de los menores de edad en los Centros de Atención.

De acuerdo con los estudiosos en la materia la “Participación de la familia en la educación, entendida como la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la preocupación por participar es el niño concebido en su integralidad y como sujeto de derechos, puede implicar actuar tanto en el campo educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo.”

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), documento ratificado por nuestro país en 1990, señala en diversos artículos el importante papel que tiene la familia respecto de la protección, crianza y educación de los niños, ejemplo de ello lo señala en su preámbulo, al indicar que:

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”

En su artículo 3o. señala que: “Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley”.

En el artículo 5o. plantea que: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.”

En el artículo 8o. se ratifica la importancia de que “Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.”

De acuerdo al documento “La participación de los padres y de la sociedad circundante en las instituciones educativas” de José María Parra Ortiz, señala en el apartado denominado “La escuela infantil, un espacio educativo privilegiado para la participación: análisis de algunos modelos” que:

“La influencia de la familia en el desarrollo y aprendizaje del niño durante el periodo infantil. Dicha influencia es insustituible en aquellas funciones formativas de carácter primario como la educación de los sentimientos, de las actitudes y de los valores y la adquisición del lenguaje.

La concepción del cuidado infantil como un espacio formativo que continúa el proceso de crecimiento físico, socio-afectivo y cognitivo iniciado por la familia. Desde esta perspectiva los centros de educación infantil han de constituirse y organizarse como una auténtica prolongación del hogar familiar.

La corresponsabilidad familia-escuela en el proceso educativo del niño obliga a que la función que desempeña la familia y el centro educativo hayan de coordinarse y armonizarse con objeto de aproximar e integrar los diversos influjos que ambos ambientes pueden introducir.”

Es así que, la familia debe participar en el cuidado, desarrollo y evaluación en la educación desde la primera infancia para alcanzar los logros de aprendizaje y destrezas, mediante la colaboración directa coordinada, desde visitas a las instalaciones para ver el tema de seguridad, colaborar en las dinámicas educativas formativas, así como en los ejes temáticos de la educación, entre otros.

Si bien, en la educación básica se instituye la participación social de los padres de familia en los Centros de Atención no se establece claramente teniendo en cuenta que estos atienden a niños desde los 43 días de nacidos.

Diversos estudios sobre el tema, han comprobado que los padres de familia que se incorporar a los procesos escolares influyen positivamente en sus hijos, al darle valor a su educación y a la vez, coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Más allá de lo que la Ley de los Centros de Atención instituye, pudimos observar que no se estableció la participación activa de los padres de familia como los primeros responsables en el cuidado y educación de sus hijos, señala por ejemplo, en su artículo 52 fracción V que el programa de trabajo debe contener: Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia, o quien sea responsable del cuidado y crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la atención, cuidado y desarrollo integral de la niña o niño, así mismo, en su artículo 53, se establece que se consideran como actividades de la institución la información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños, nunca su participación.

Con las presentes adiciones estaremos devolviendo la potestad que tienen los padres de familia con relación a la educación y cuidado de sus hijos. Consideramos que en la medida en que se establezca que son los padres los primeros educadores, siendo los cuidadores y maestros de los Centros de Atención colaboradores en esta función

Pugnar por un mejor cuidado infantil desde la familia, la escuela y en la sociedad desde la primera infancia, para tener como resultado un México competitivo que puedan enfrentar su entorno con habilidades y conocimientos cimentados en el respeto de la dignidad humana.

Por tanto, con las presentes adiciones, segura estoy de que la relación entre familia y educador tendrá un desarrollo positivo para los niños.

Por lo expuesto, someto a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XI al artículo 12 y se adiciona la fracción VIII al artículo 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. a X.

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y atención.

Artículo 19. La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los siguientes objetivos:

I. a VII.

VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http.//unesdoc.unesco.org./imágenes/0008/000861/086117s.pdf

2 Una mirada hacia la infancia y la adolescencia en México, Unicef.

3 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6650/NotaMexicoMMy %20LRC06122014.pdf?sequence=1

4 http:Profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos¬_04/guarderías_jul0 4.pdf

5 http://www.oei.es/inicial/articulos/participacion_familias.pdf

6 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

7 http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2004_09_07.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por las diputadas Maricela Contreras Julián y Minerva Hernández Ramos, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PAN, respectivamente

Planteamiento del problema

La construcción del Estado moderno es uno de los procesos jurídicos y normativos mediante el cual la administración y ejecución del poder se limita a través de funciones e instituciones que se encargan de que este no se utilizado para fines personales o a voluntad de quien lo ejerce. Sus alcances y funciones así como el entramado normativo se ha perfeccionado y especializando desde su establecimiento como modelo de gobierno.

Durante años, la reflexión y el pensamiento así como la formación de mecanismos institucionales se concentró en torno a limitar los abusos de poder heredados del modelo monárquico; sin embargo, en años recientes donde la democracia representativa y participativa prevalece sobre otras formas de gobierno, la reflexión gira en torno a la evaluación y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

De acuerdo con Guillermo O’Donell, hay dos tipos de rendición de cuentas: la horizontal y la vertical, la primera “referida a las relaciones de control y vigilancia que establecen entre sí las agencias del Estado, para limitar y a la vez garantizar el ejercicio de sus facultades, como advirtieron los clásicos que imaginaron la división de poderes, y otra, la vertical, entendida como los medios que tiene en sus manos la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes, incluyendo el acceso y el uso de la información pública, la presión social o mediática y las sanciones electorales”.

Desde la perspectiva horizontal, el Estado ha creado instituciones especializadas que tienen la atribución de revisar, evaluar y sancionar en un marco de autonomía y transparencia aunque “la verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende, a la vez, de obligaciones legales y públicas; del principio de legalidad y de un propósito democrático”.

En México, los mecanismos de rendición de cuentas son recientes y comenzaron en la década de 1980 “... cuando se introdujo un nuevo tipo de órgano regulador “independiente”, tanto para regular sectores industriales estratégicos que estaban siendo privatizados o desregulados, como para el diseño del nuevo entramado institucional propio de una economía de mercado”.

Entre las instituciones creadas en las décadas de 1990 y de 2000 como órganos autónomos que adquirieron funciones de vigilancia y seguimiento, atribuciones que originalmente tenían en las secretarías, se hallan éstas:

• La Comisión Reguladora de Energía;

• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

• La Comisión Federal de Telecomunicaciones;

• La Comisión Federal de Competencia;

• La Comisión Federal de Mejora Regulatoria; y

• El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

A más de 30 años de experiencias y adecuaciones sigue existiendo la necesidad de perfeccionar y adecuar todo el andamiaje jurídico sobre todo en términos de garantizar la autonomía en todo el proceso, “no es suficiente que los actores que rinden cuentas expliquen que? hacen y por que? lo hacen; también deben asumir las consecuencias de sus acciones, incluso la eventual imposición de sanciones cuando hayan actuado fuera de las facultades que les otorga el marco jurídico”.

La fiscalización del gasto, más que una facultad y un mecanismo de control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos, debe ser un compromiso ético de todos los gobiernos y un instrumento que permita recobrar la confianza, legitimidad y credibilidad del Estado en medio de la crisis institucional que vivimos en México.

Sostenemos con firmeza que necesitamos un cambio de fondo, con servidores públicos comprometidos, que se alejen de las tentaciones de corrupción, de preocuparse sólo por obtener beneficios personales y privilegios a costa del erario y que gozan de la complicidad de uno de los peores males: la impunidad.

Argumentos

Si bien contamos con un sustento normativo sólido y con una instancia consolidada en materia de fiscalización, no es suficiente; nos enfrentamos a una resistencia institucional que limita el avance de la rendición de cuentas, evita las sanciones a los responsables, niega la transparencia y, lo peor del caso, solapa actos ilícitos y pretende sumir en la normalidad conductas a todas luces contrarias a un Estado democrático.

Los trabajos para concretar el actual esquema de vigilancia y fiscalización a través de un órgano autónomo se concretaron entre 1999 y 2000, cuando se modificaron los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política y se promulga Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Desde su creación se ha ido modificando hasta llegar al esquema actual.

La primera fue la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en diciembre de 2000 y abrogada en 2009 para dar paso a la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emitida en mayo de 2009 y abrogada en 2016, en el marco del denominado Sistema Nacional Anticorrupción. De esa manera, está en vigor la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Aun cuando se ha perfeccionado el marco jurídico e incluso se ha ampliado y homologado las acciones, aún existen elementos que hay que integrar para evitar que al revisar la Cuenta Pública quede sin cumplir su objetivo primordial; hacer más eficiente el gasto y que los funcionarios cumplan las obligaciones.

Sin embargo, el número de denuncias penales que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la Auditoría Superior de la Federación no corresponde con un compromiso real en contra de la impunidad y el abuso del poder.

En 17 años de fiscalización ha habido sólo 19 consignaciones de funcionarios públicos, en contraste con las 656 denuncias presentadas; es decir, prácticamente 1 sanción por año y, otra vez, lo peor del caso, contra servidores que no son precisamente los de más alto rango, sino más bien un chivo expiatorio y no los llamados “peces gordos”.

Se necesita eficacia de nuestras instituciones y cumplimiento pleno de nuestras leyes y más tratándose de la fiscalización en el sector público, como principio de un ejercicio democrático del gobierno, la cual la concebimos como un instrumento que permite recobrar la confianza y legitimidad del Estado en medio de una crisis institucional que vivimos en el país.

Pero ¿cómo recobrar esa confianza si en la Cámara de Diputados somos los primeros que incumplimos la Ley? Pues a la fecha tenemos ocho Cuentas Públicas pendientes de dictaminar, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013; es decir, ocho años incumpliendo la ley.

Esto es muy grave, pues de existir irregularidades en el ejercicio del gasto, desvío de recursos o responsabilidades de las y los funcionarios públicos, estamos contribuyendo a la impunidad y opacidad al no dictaminar la correspondiente Cuenta Pública.

Por ello proponemos un procedimiento específico, que fije plazos y fechas límite, donde la Cámara de Diputados cumpla el dictamen de la Cuenta Pública y no la deje durmiendo el sueño de los justos con una clara intención de cubrir las posibles irregularidades en el manejo del presupuesto.

En ese sentido, planteamos que en este proceso de dictamen participen de manera conjunta las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lo anterior se sustenta en que justamente la Comisión de Vigilancia proporciona los elementos técnicos para dictaminar la Cuenta Pública y hoy se excluye sin razón de este proceso.

Con las propuestas formuladas, tendremos fechas límites para dictaminar la Cuenta Pública: el 30 de septiembre de cada año para que las comisiones presenten el dictamen y, como marca la Constitución, el 31 de octubre para que el pleno apruebe la Cuenta Pública correspondiente.

Las modificaciones son las siguientes:

Fundamento legal

Las suscritas, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se reforman los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 227.

1. Es facultad exclusiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Para ello, deberá n considerar el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública; el análisis que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregue en términos del artículo 224, numeral 2 de este Reglamento, así como el contenido de la Cuenta Pública.

Artículo 228.

1. La revisión de la Cuenta Pública deberá concluir a más tardar, el 31 de octubre del año siguiente a su presentación, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión Vigilancia de la Auditoría Superiordeberá naprobar el proyecto de dictamen y presentarlo al pleno, para su votación y aprobación, a más tardar en esta fecha.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 López Aylon, S. Merino, Mauricio. La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México, 2006, página 5.

2 Ibídem, página 9.

3 http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/ Vol.XVI_No.I_1ersem/Sergio_Lopez_Ayllon_y_Ali_Haddou_Ruiz.pdf

4 http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/ Vol.XVI_No.I_1ersem/Sergio_Lopez_Ayllon_y_Ali_Haddou_Ruiz.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2016.— Diputadas: Maricela Contreras Julián(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11, 29 y 112 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada María Ávila Serna e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada María Ávila Serna y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11; se reforman el párrafo primero y la fracción I del artículo 29; se reforma la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 112 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La migración, como objeto de estudio, es definida por diferentes ciencias o disciplinas que resaltan de ésta características, causas y consecuencias. Sin embargo, en términos simples puede establecerse que es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro, generalmente por causas económicas o sociales y que pueden ser internas o externas.

En el caso de la demografía se enfatiza en entenderla como un conjunto de desplazamientos que conllevan un cambio de residencia. A partir de esto, se pueden dimensionar y proporcionar escenarios sobre zonas geográficas expulsoras, receptoras o con una nula movilidad humana.

El conocimiento del comportamiento del fenómeno migratorio proporciona insumos para diseñar políticas públicas, por ejemplo, para poder estimar –junto con la fecundidad y la mortalidad- el crecimiento poblacional e identificar las necesidades de las futuras generaciones.

A nivel internacional, son dos los instrumentos que regulan el derecho de los migrantes. La Declaración de los Derechos Humanos y, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, en donde se establece el derecho al desarrollo de la persona; así como su movilidad territorial.

Así, bajo la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, en lo relativo a los individuos no nacionales, los migrantes en una situación regular tienen diversos derechos, sin embargo, la mayoría de las legislación a partir del principio de la Soberanía Territorial del Estado impone restricciones a los derechos a los migrantes, tal y como lo establece su artículo 2, punto 1.

“Artículo 2

1. Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sentido de legitimar la entrada ni la presencia ilegal de un extranjero en cualquier Estado. Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos.

2. La presente Declaración no menoscabará el goce de los derechos otorgados por la legislación nacional ni de los derechos que, con arreglo al derecho internacional, todo Estado está obligado a conceder a los extranjeros, incluso en los casos en que la presente Declaración no reconozca esos derechos o los reconozca en menor medida”.

Sin embargo, el “orden público” el cual difícilmente define en términos precisos el tema migratorio, esto deja un gran margen de acción para la interpretación, aumentando el sentimiento de inseguridad para los migrantes, en especial para quienes no tienen el status de residencia permanente y ello los refrena de participar activamente en asociaciones para defender sus derechos.

Claro ejemplo de ello, es la República de Sudáfrica misma que tiene una de las Constituciones más progresistas e inclusivas en el mundo y en donde se garantiza los derechos y libertades fundamentales a toda persona que viva en su jurisdicción. Pero una encuesta reciente mostró que sólo el 55 por ciento de quienes respondieron habían escuchado de la Declaración de derechos de su país y más de la mitad de los encuestados pensaba que los derechos que garantizaba la Constitución eran sólo para los sudafricanos.

La protección de los derechos de los migrantes y una administración efectiva de la migración (en el sentido de asegurar que los traslados sean ordenados y predecibles y por tanto más manejables) están estrechamente entrelazadas. En contraposición, la violación de los derechos humanos con frecuencia desemboca en flujos migratorios desordenados y no deseados; y cuando los traslados son desordenados y no deseados (como lo son la mayoría) el riesgo de una violación posterior de los derechos humanos es mucho mayor. Además, cuando eso pasa, la administración de la migración se hace más difícil y costosa, tanto en términos humanos como financieros para el país receptor.

Hoy, a nivel mundial la migración internacional es uno de los mayores desafíos del siglo XXI lo que puede haberse convertido en un cliché pero eso es más verdad que nunca.

La movilidad humana, en términos de la cantidad de personas que participan y la intensidad de los traslados, nunca ha sido tan alta como lo es en la actualidad. Una cifra que se sitúa al menos entre los 19 y los 20 migrantes cruza fronteras cada minuto en el mundo actual. Muchos más están en espera, deseosos y ansiosos por trasladarse. Por eso es paradójico que vivamos también en una época en que cada vez más países, ricos y pobres, equipados insuficientemente para administrar constructivamente estos flujos, se muestran cada vez menos dispuestos a admitir nuevos migrantes.

Esta contradicción de normatividad internacional sobre el derecho a la movilidad territorial a las personas, y el derecho de los Estados a restringir en sus espacios la movilidad y recepción de ellas frecuentemente produce efectos perversos. Actualmente, un número creciente de personas cruza las fronteras desafiando las leyes y prácticas nacionales existentes.

En todo el mundo, se estima que existe un tráfico de personas de entre 30 y 40 mil millones de dólares anuales. También, la pérdida de valiosas vidas humanas –ya sea en el mar Mediterráneo o en la frontera México-Estados Unidos o en otra parte– se ha convertido en un acontecimiento cotidiano., y en fechas recientes, por las olas de refugiados y asilados se está incrementando las tensiones entre las naciones, e incluso dentro de ellas.

En Estados Unidos, por ejemplo, la cifra de los migrantes irregulares fluctúa alrededor de los 12 millones; a menos que se detenga esta tendencia, la razón entre los inmigrantes irregulares y los regulares pronto puede ser de 1 a1. Se calcula que unos dos punto cinco millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de tráfico de personas; y al menos el 20 por ciento de toda la mano de obra forzada es consecuencia de ese tráfico.

Se estima que el número total de migrantes internacionales en todo el mundo, en 2010, asciende a 214 millones de personas. Entre 2005 y 2010 esa cifra ha permanecido relativamente estable como porcentaje de la población mundial, registrándose sólo un 0,1 por ciento de aumento, del 3,0 al 3,1 por ciento, entre 2005 y 2010

En otro orden de ideas, el hombre históricamente ha sido migrante, a pesar de convertirse en sedentario, pues siempre buscará rodearse de las mejores condiciones para su sobrevivencia y la de su familia. Pero como fenómeno social, cultural y económico tiene solamente doscientos años su estudio, análisis de los impactos que tienen en los países que reciben a los migrantes.

Así, las primeras teorías se concentraron en tratar de comprender el fenómeno de la migración desde un punto de vista social y antropológico, sin importar mucho los impactos económicos que estos cambios poblacionales produjeron en el país receptor y expulsor.

Sin duda alguna, las teorías señaladas fundamentalmente establecen criterios y primicias sobre el frágil equilibrio que la migración ya sea por mejorar las condiciones del individuo, e incluso preservar su vida, como en el caso de la Unión Europea como ocurre en la actualidad, que más que buscar una mejor calidad de vida para las personas, hoy lo que se pretende es solamente la sobrevivencia de las personas, la situación política de países como Siria han orillado a las personas a abandonar sus casas, trabajos y su estabilidad económica.

En la actualidad, el fenómeno migratorio ha tomado otras aristas que tiene que ver con el traslado de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, bajo dos visiones; la primera tiene que ver con el ejercicio del uso de la visa de reunificación familiar que de acuerdo a los tratados internacionales todos los países deben asignar de manera anual, para dar cumplimiento a la Convención de Derechos de la Niñez sobre el derecho de los infantes a vivir con su familia. La otra tiene que ver, con los niños migrantes no acompañados ilegales.

Sobre este último punto, los niños migrantes no acompañados cuyos traslados son ilegales existe un grave problema, pues en el mejor de los casos estamos ante la presencia del tráfico ilegal de la personas. Pero en muchos casos se presenta el tráfico con fines de explotación sexual y/o laboral, principalmente de los menores, siendo las diferencias más importantes de estas dos actividades las que se detallan a continuación:

En el caso de México, además de las personas que migran a los Estados Unidos de Norteamérica, la posición geográfica en que se encuentra lo ha convertido en un territorio de transito de migrantes, legales e ilegales, a los cuales se les deben brindar toda la protección legal de respeto a sus derechos humanos, por lo que los impactos económicos que se tienen afectan no solamente a las personas que transitan en el territorio mexicano, sino también impactan en negativo o positivo a las personas que viven en las zonas de tránsito.

En el caso de los niños migrantes no acompañados, ya nuestro país ha incluido en la Ley de Migración la protección que el Estado mexicano debe brindar a este grupo vulnerable, aunque aún queda por armonizar esta ley de movilidad de personas en el territorio con el tema de resguardo y garantiza de vigilancia de la protección de la niñez que se encuentra en el territorio del país.

De acuerdo a estudios realizados por el Colegio de la Frontera Norte, en los últimos 15 años los flujos migratorios han generado un impacto en las principales ciudades y municipios del norte del país, tal y como se muestra en los siguientes cuadros

Con base en lo señalado, es que consideramos necesario armonizar la Ley de Migración con lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, relativo a la vigilancia que la Procuraduría Federal y Estatales de Protección de la Niñez, para que esta autoridad pueda realizar aquellas acciones que sirvan para brindar una verdadera defensa de los derechos de los niños migrantes no acompañados.

En ese sentido, la presente iniciativa de ley busca:

a) Refrendar la obligación del Estado Mexicano cuando se trate de niñas, niños y adolescentes migrantes solos, las autoridades deberán en todo momento salvaguardar su integridad evitando exponerlos a ningún tipo de riesgos y provean su subsistencia.

b) Incorporar también la atención jurídica como un derecho de los niños migrantes no acompañados.

c) En todos los casos, la Procuraduría de Protección Federal y las Procuradurías de Protección locales deberán coordinarse en términos de lo que establece el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de vigilancia de los espacios donde se encuentren los niños migrantes no acompañados.

Con estas reformas se pretende frenar el tránsito y tráfico de niños con fines de explotación a que se ven sometidos al realizar su travesía por el territorio mexicano sin compañía de un adulto y reiterar el compromiso de México de vigilancia y protección de la infancia y respeto de los derechos humanos de todas las personas.

Sin duda alguna, esta modificación permitirá crear un impacto en el largo plazo sobre el éxodo de niños migrantes solos, ya sea con fines de reunificación o en busca de un mejor trabajo; e incluso, desplazados dentro del territorio mexicano para alcanzar una mejor educación o calidad de vida, que se refleja en el tejido social de las comunidades a las que llegan

Por lo anterior someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11; se reforman el párrafo primero y la fracción I del artículo 29; se reforma la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 112 de la Ley de Migración

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 11; se reforman el párrafo primero y la fracción I del artículo 29; se reforma la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.

Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes migrantes solos, las autoridades deberán en todo momento salvaguardar su integridad evitando exponerlos a ningún tipo de riesgos y provean su subsistencia.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México:

I. Proporcionar asistencia social y jurídica para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;

II. a III. ...

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México,con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. ...

III. ...

IV. ...

...

...

En todos los casos, la Procuraduría de Protección Federal y las Procuradurías de Protección Locales deberán coordinarse en términos de lo que establece el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

V.y VI. ...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las acciones que realicen para dar cumplimiento al presente decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Notas:

1 Véase; Programa Latinoamericano de Actividades de Migración. Carlos Welti. Editor. Demografía I. Capítulo VI. Pág. 124.

2 Véase. “Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven”, adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 40/144, 13 de diciembre de 1985.

3 Consúltese. Panorama Mundial de la Migración. Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. ONU. Pág. 125.

4 Consúltese. (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2009). Panorama mundial de la migración. Gráfico 1: Países con las mayores poblaciones de nacidos en el extranjero, en 2010 (millones) Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes octubre de 2016.— Diputada y diputado: María Ávila Serna, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10 y 28 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 10 y se adiciona una fracción IV al artículo 28, ambos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como el Protocolo contra la trata de personas) es un trabajo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y es uno de los tres documentos adoptados por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en el año 2000.

El Protocolo de Trata de Personas entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y a la fecha ha sido ratificado por 169 países. México ha firmado y ratificado este acuerdo internacional desde el 4 de marzo del 2003. El protocolo compromete a los firmantes a prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo y asistiendo a las víctimas y promoviendo la cooperación entre los países.

Una de las formas de utilización y explotación de las personas, es lo que se ha llamado: “maternidad subrogada”, “alquiler de vientres”, “gestación por sustitución” o “maternidad de alquiler” que es el proceso en el que se establece un acuerdo entre una persona o una pareja que por diversos motivos no puede embarazarse (solicitantes), y una mujer dispuesta a facilitar su cuerpo para gestar a un bebé con el compromiso de entregarlo al nacer. Para generar estos acuerdos, normalmente existe un pago de por medio que ha dado paso a un negocio redituable a nivel mundial; es por ello que considero que la maternidad subrogada puede llegar a ser un tipo de explotación y mi intención es colaborar para que mediante la regulación de la misma eso no ocurra.

Podemos encontrar diversas opiniones respecto al tema que tratamos: quienes lo defienden y quienes lo condenan. Mi propuesta es regularlo, para evitar que se comentan abusos y no se caiga en la trata de personas.

El proceso más común para que se lleve a cabo este acto de explotación de las mujeres, inicia cuando la parte solicitante contacta a una agencia o clínica, que es la encargada de “reclutar” a la gestante. Es evidente que uno de los principales motivos, si no es que el único, por lo que las mujeres están dispuestas a rentar su vientre es el económico; por lo tanto, son las mujeres en situación de pobreza o necesidad extrema quienes están más propensas a este tipo de abusos. También es fácil entender que el intermediario obtiene una recompensa económica importante y que el acto es claramente un caso de trata de personas. Los pagos por este servicio oscilan entre los $850, 000 y $1, 750, 000 pesos.

Para que la madre gestante pueda embarazarse, se utiliza la fecundación in vitro o la inseminación artificial, dependiendo del caso. En estos procedimientos, la gestación del bebé puede ser de dos tipos:

1. Tradicional, cuando la gestante aporta también su óvulo, pero el espermatozoide proviene del padre solicitante o de un donante.

2. Gestacional, cuando el óvulo y espermatozoide son aportados por los solicitantes o por donantes.

Desde hace un par de años, la maternidad subrogada se lleva a cabo en nuestro país pero no existe una regulación legal a esta práctica. Clínicas y agencias que se dedican a esta actividad, se han enfocado en crear “acuerdos” entre personas que tienen solvencia económica, tanto nacionales como extranjeros, para rentar el cuerpo de mujeres mexicanas, en su mayoría de condición económica baja.

Por lo general esta práctica es segura y sin complicaciones; sin embargo, la maternidad subrogada genera una serie de dificultades para cada uno de los involucrados: los solicitantes puede enfrentar complejas situaciones, desde ser víctimas de una estafa por parte de clínicas o agencias hasta que la mujer gestante se negara a entregar al bebé sin importar el pago o el contrato. Las madres gestantes pueden no recibir el pago acordado, o ser tratadas de forma inhumana, alejándoles de sus familias y viviendo en condiciones deplorables para estar supervisadas día y noche; como si estuvieran secuestradas con su consentimiento. También es posible y muy probable que la puedan obligar a realizarse distintos tratamientos para lograr el embarazo y no le informen que pone en riesgo su salud, e incluso su vida; que por el embarazo y sus complicaciones, quede con secuelas físicas o incluso muera, dejando huérfanos al sus otros hijos o que sufra afectaciones emocionales y psicológicas por el dolor y shock de desprenderse de su bebé.

Hay quienes plantean que al regular los vientres de alquiler debe hacerse sin fines comerciales. Es fácil de imaginar que si eso ocurriera, existirían formas para disfrazar los pagos o compensaciones, simulando un acuerdo sin beneficios económicos. Incluso, aumentaría el abuso hacia las madres biológicas de parte de las clínicas o intermediarios.

El fenómeno social del que hablamos genera otros problemas como la falta de claridad y definición en las leyes, la ausencia de la autoridad y la simulación de quienes se dedican a este negocio, que complica aún más la identificación del acto. Una de las consecuencias negativas de esta opacidad, es que cada vez existen más personas que se enriquecen con un negocio que ve a las mujeres, para decirlo de forma clara y sencilla, como fábricas de niños y a los bebés como productos. Por ello debemos poner reglas claras y regularlo.

Actualmente la maternidad subrogada está permitida oficialmente sólo en países como Rusia, Canadá, India y ocho estados de Estados Unidos.

Existen algunos casos emblemáticos que han hecho que las personas comiencen a ser más conscientes de los problemas que la maternidad subrogada puede causar a los niños, porque puede ocurrir:

1. Que los solicitantes abandonen al bebé por tener una enfermedad o problema de nacimiento, como en el caso de Baby Gammy.

2. Que sean vistos como un objeto para satisfacer la necesidad de una persona, como en el caso de Mitsutoki Shigeta, un millonario japonés de 24 años que pagó para que 16 mujeres en Tailandia tuvieran a sus hijos.

3. Que después de problemas entre los solicitantes, se quede sin padres y sin identidad, como en el caso de Baby Manji, en el que la pareja se divorció y ahora tiene 3 madres: la gestante, la que donó el óvulo y quien solicitó el embarazo subrogado que está peleando con su ex esposo, la custodia del bebé.

Un país respetuoso de la dignidad humana no puede consentir que las personas, en especial las mujeres y los niños, sean tratados como objetos y no como sujetos que necesitan protección. Por ello insisto en que debemos regular con mucho cuidado esta manera de gestar una vida.

Tengo conocimiento de que el Senado de la República analiza en comisiones una reforma a la Ley General de Salud para regular la gestación por sustitución, comúnmente conocida como maternidad subrogada o vientre de alquiler; de aprobarse, mi propuesta de reformar la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas se fortalecería y complementaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción IX del artículo 10 y se adiciona una fracción IV al artículo 28, ambos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

...

I. a VIII...

IX. El matrimonio forzoso o servil, o el embarazo forzado, en los términos del artículo 28 y 28 Bis de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29.

X...

XI...

Artículo 28. ...

I. a III...

IV. Obligue o imponga un embarazo forzado para separar a la mujer de su hijo producto de la concepción propia o ajena, después de nacido y se entregue a un tercero.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

(1) https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY& mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en

(2) http://subrogacioncefam.com/comparativa-precios-3/

(3) http://earlyinstitute.org/enfoque-early/maternidad-subrogada-en-mexico/ ?gclid=Cj0KEQjw2KyxBRCi2rK11NCDw6UBEiQAO-tljQaVqb1SuCDG33_ MAvHNf67uH7iGn7Q0RH5BWJJ0FN8aAlFx8P8HAQ

(4) http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/baby-gammy-australian-fathe r-who-abandoned-down-syndrome-surrogate-child-now-tries-to-access-funds-1026191 6.html

(5) http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/02/national/surrogate-offers-clues-int o-japanese-with-16-babies/

(6) http://archivehealthcare.financialexpress.com/201112/editorial01. shtml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputada Kathia María Bolio Pinelo(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, para dictamen.

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El diputado José Máximo García López(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido en la curul del diputado Máximo García López, ¿para qué objeto?

El diputado José Máximo García López (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Con el objeto de solicitarle al gobierno federal la urgente intervención en lo que está sucediendo en la ciudad de Tijuana y en Mexicali con la llegada de miles de migrantes y que desafortunadamente esta semana están durmiendo 500 en la calle y que necesitamos un plan emergente para que se atienda desde la salud de estas personas, de jóvenes, niños y bebés que están llegando a esta franja fronteriza.

Queremos solicitarle también la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su urgente intervención con el gobierno norteamericano, para determinar qué va a suceder con todos estos migrantes, ya que están siendo ya deportados algunos de los cientos y miles que están en esta frontera.

Y para culminar, solamente solicitarle al gobierno federal una urgente investigación. Están llegando de manera sistemática, algunos con recursos, llegan en camión, los están recibiendo en Chiapas, se trasladan en cuatro días a la ciudad de Tijuana y nos interesa mucho que esto no se esté dando en términos de corrupción y se resuelva de manera inmediata.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se registra su intervención, diputado.

El diputado José Máximo García López: Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: No está en el orden del día. A través de su grupo parlamentario.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el objeto de condenar los asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el martes por la tarde. Estamos en una situación extrema de inseguridad en Guerrero y son estudiantes además de la misma normal en la que ocurrieron los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, exigiendo a las autoridades tanto del estado de Guerrero como federales que tomen cartas en el asunto para detener la violencia en Guerrero y los ataques a los estudiantes de las normales en todo el país.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Queda registro de su expresión, diputada. Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa. ¿Para qué propósito?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde su curul): Diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados. Hoy se cumplen 203 años que José María Morelos refrendó la abolición de la esclavitud y la desaparición de castas, y hoy todavía las mujeres y muchos hombres en condición de vulnerabilidad seguimos viviendo esclavitudes modernas. La trata, la prostitución; la explotación sexual en todos sus niveles, la pobreza, la desigualdad, la marginación siguen siendo hoy prácticas de esclavitud moderna.

Ojalá que esta Cámara sea histórica para combatir esas desigualdades a través de buenas leyes para las mujeres y los hombres de ese país.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates, diputada Ochoa. Sonido en la curul del diputado Edgar Romo.

El diputado Edgar Romo García(desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para solicitar a esa Presidencia que se lleve a cabo una moción del orden en el pleno para continuar con el orden del día y prosigamos ya con lo acordado previamente de esta sesión. Que se cumpla con el orden del día, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Se toma nota de su comentario. Continuamos con la sesión.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Tiene la palabra.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza:Con el permiso de la Mesa Directiva. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, tiene por principal objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición de en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas:

Desde siempre, disfrutar de una vivienda es una condición indispensable para sobrevivir y desarrollarse como ser humano en términos de seguridad, independencia y autonomía. Pues bien, uno de los principales problemas que experimentan los trabajadores derechohabientes del Infonavit, sobre todo aquellos que se encuentran pagando su crédito por el cual fue posible adquirir su vivienda, se origina cuando por alguna razón hubieren dejado de percibir ingresos salariales dado que para evitar correr el riesgo de perder su vivienda, tienen la obligación de solicitar las prórrogas de espera que se mencionan en el artículo 41 de la Ley del Infonavit, con las funestas consecuencias legales que en él se precisan y que tienen obligación de aceptar para no perder su vivienda.

En efecto, conforme al artículo referido de la Ley del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, deben distinguirse los siguientes supuestos:

Primero. El trabajador tiene el derecho de elegir la vivienda nueva o usada a la que se aplica el importe del crédito que reciba con cargo al Infonavit, que podrá ser o no parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho fondo.

Segundo. El importe de ese crédito será pagado por el trabajador a través de descuentos o retenciones de su salario, efectuadas por el patrón conforme lo establece la fracción III del artículo 29 de la Ley del Infonavit.

Tercero. Ahora bien, puede darse el caso de que un trabajador con crédito otorgado haya dejado de percibir ingresos salariales y por ende no se reporte pago alguno al instituto. Luego entonces el párrafo segundo del artículo 41 en cita, refiere acertadamente, que en estos casos el instituto le otorgará, a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios.

Sin embargo para que se concedan esas prórrogas, el trabajador acreditado deberá presentar su solicitud al instituto dentro del mes siguiente a la fecha que deje de percibir ingresos salariales. Lo anterior provocará la siguiente consecuencia legal: durante dichas prórrogas los pagos de principal y los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito. Es decir, que al solicitarse la prórroga, de manera automática se autoriza por el trabajador que los pagos de principal y los intereses ordinarios que no se hicieran por encontrarse desempleado, se capitalizarán al saldo insoluto del crédito, siendo ellas, compañeras y compañeros diputados, que se encuentra prohibido en el artículo 2397 del Código Civil Federal en los siguientes términos: Artículo 2397 “Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses”.

En ese contexto no podemos seguir permitiendo que una legislación que organiza y reglamenta la garantía social de la vivienda en beneficio de los trabajadores, permita la práctica del llamado anatocismo en la documentación de sus créditos.

La iniciativa que hoy se presenta, pretende contribuir a la armonización de la regulación de las bondades que deben implicarse con la seguridad social y que se contienen en la Ley del Infonavit con las prohibiciones del Código Civil Federal en beneficio de los trabajadores derechohabientes de dicho Instituto para asegurarse lo siguiente:

1. No se permitirá más que se capitalicen los intereses al importe del saldo y con ello se evitará que el adeudo crezca de tal forma que se torne impagable.

2. Certeza de que se podrá continuar con el otorgamiento de las prórrogas necesarias, dado que el supuesto de encontrarse desempleado no depende del propio trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, propongo que el artículo que el artículo 41 de la Ley del Infonavit se realicen las adecuaciones necesaria para que se elimine la posibilidad de capitalizar los intereses ordinarios no pagados, dado que es una figura prohibida en la legislación que regula los contratos civiles que documentarán los créditos otorgados por el Instituto, afectando gravemente el bolsillo de los trabajadores derechohabientes del Instituto, y además porque se pudiera convertir en cuentas impagables estas operaciones.

La propuesta anterior no implica modificación alguna que restrinja o elimine la posibilidad de seguir autorizando por el Instituto las prórrogas que sean necesarias y que solicite al trabajador acreditado cuando, por alguna razón, deje de recibir sus ingresos salariales.

La anterior propuesta, compañeros, que se somete a su consideración del pleno en esta honorable Cámara de Diputados resulta trascendental porque el derecho de la vivienda es un tema básico de la seguridad social.

Compañeras y compañeros legisladores, les invito, pues, a que revisemos el tema que hoy se plantea, pues abordarlo fortalece en gran medida, los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Rebollo. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.

La diputada María Eloísa Talavera Hernández:Con la venia, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la presente iniciativa forma parte del trabajo legislativo que he venido impulsando a favor de las mujeres, para que puedan vivir una vida libre de violencia en todos los sectores, entre ellos el laboral.

En México, el trabajo constituye un derecho protegido y contemplado tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por leyes secundarias y tratados internacionales, cuyos preceptos exigen respeto a la dignidad, a los derechos y libertades de las personas en el desempeño de sus funciones o actividades, independientemente de la edad, situación económica, género, preferencia sexual, origen étnico, discapacidad, religión, condiciones de salud, estado civil o cualquiera que éste sea.

Dichos preceptos establecen condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas en el ámbito laboral sean reales y efectivas, y se desempeñen libre de cualquier tipo de violencia. Las personas tienen un rol social que deben cumplir, que es la generación de un bien común traducido en un orden social. Y cualquier alteración de las personas como integrantes en el rol social altera el orden, destruye la paz e impide el desarrollo pleno de los demás, especialmente en su rol como jefes, como trabajadores o como líderes de proyectos.

No obstante de contar con un marco jurídico en la materia, que promueve el respeto a los derechos de los trabajadores, de acuerdo con los datos de una encuesta de Inegi, sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, del 2011, se señala que los espacios laborales son el tercer lugar donde las mujeres son violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada 100 mujeres asalariadas que trabajaron enfrentaron actos de discriminación laboral, de éstas más del 19 por ciento de las mexicanas fueron víctimas de acoso y hostigamiento sexual.

El hostigamiento y acoso sexual en los lugares de trabajo son en realidad parte de las muchas formas en que se expresa la violencia contra las mujeres en el país. Es así que en el estudio del Colegio Jurista del año 2012 se señala que 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual en sus trabajos. Esto es, estamos hablando del 10 por ciento de la fuerza de la población económicamente activa.

Este tipo de conductas de hostigamiento y acoso sexual atentan contra el ejercicio, disfrute de varios derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral, la libertad sexual, el derecho al trabajo, a la salud integral, así como repercusiones en la salud laboral, familiar, económica e institucional, lo que llega a provocar el abandono de su trabajo en muchas de ellas.

La violencia en contra de la mujer tiene muchas manifestaciones, incluyendo las formas físicas y sexuales. Esta violencia ocurre en varios escenarios tanto públicos como privados, en los centros de trabajo o en las instituciones manejadas por el Estado.

Sobra decir que México enfrenta un nuevo desafío en materia de hostigamiento y acoso sexual, que hace necesario diseñar propuestas en beneficio de la seguridad de la ciudadanía, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Es por eso que hoy necesitamos desarrollar alternativas a favor de las mujeres a fin de que se desempeñen realmente y vivan y se desarrollen en un ambiente libre de violencia.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos la imperante necesidad de plantear soluciones para eliminar las prácticas discriminatorias y de violencia para transformarlas en espacios laborales en los que imperen los principios de democracia, equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano.

Derivado de lo anterior, el objetivo de la iniciativa que ahora presento tiene como finalidad establecer como obligación a los titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión, del gobierno de la Ciudad de México y diversas instituciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás que establece el artículo 1 de la ley, el que implementen medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual.

Todos los sectores requieren que el trabajo de nosotros como legisladores, se traduzca en formas trascendentes que cobren sentido en la correlación positiva y ascendente en el nivel de vida de las y los trabajadores de México que mantienen la actividad del sector público. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Eloísa Talavera. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Esta Presidencia da la bienvenida y saluda a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, que fueron seleccionados para representar a dicha universidad en el Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática de la UNAM, invitados por la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Victoriano Wences Real:Con su venia, presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, uno de los problemas más recurrentes que presenta la población indígena en nuestro país, que se encuentra sujeta a procesos penales, es tener un servicio de defensa pública con defensores que no hablen una lengua originaria, por lo que la falta de esto genera mucha injusticia a este sector. Los argumentos que soportan la procedencia jurídica por el que se adicionan los párrafos octavo y noveno del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está sustentada bajo la siguiente exposición de motivos.

El artículo 17 de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la defensa pública gratuita. La población penitenciaria indígena debe merecer una atención significativa, en razón de que muchos de ellos han sido sentenciados de manera injusta. Lo anterior, derivado de una mala defensa jurídica.

Esto debido a que los abogados que están al frente de su defensa, además de no hablar alguna lengua originaria, no conocen el entorno social en que se desenvuelve su defendido. Esto es, desconocen su cultura, sus costumbres y otras características peculiares de dicho sector.

En México se estima que la población penitenciaria es alrededor de 260 mil personas, de las cuales el 3.4 por ciento se estima que es una población indígena. Hace falta contar con abogados litigantes que hablen alguna lengua originaria, para que de esta forma pueda existir una mejor comunicación con los indígenas que son sometidos a procesos penales, esto resulta vital para ejercer una defensa jurídica adecuada que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías individuales del sector indígena.

La iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo octavo y noveno al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la siguiente.

Único. Se adiciona un octavo y noveno párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose el último párrafo para quedar como sigue.

Artículo 17 continúa igual, del párrafo uno al siete continúa igual.

Octavo. Tratándose de población indígena, la federación y los estados garantizarán que el servicio de defensoría pública se brinde en las lenguas que hable el ciudadano solicitante del servicio.

Noveno. Tratándose del fuero federal, la federación garantizará el servicio de defensoría pública de la población indígena a través de un instituto autónomo especializado, cuyos defensores deberán de autoadscribirse como indígenas y hablar alguna lengua indígena.

De la misma forma los estados, tratándose del foro común, garantizarán este derecho. Asimismo, la federación garantizará que dicho instituto tenga peritos especializados y preferentemente sean indígenas o hablen alguna lengua originaria.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, aprovechar este espacio de la máxima tribuna de la nación para comentar lo siguiente.

Es de todos nosotros conocido la marginación y el abandono en que viven nuestros pueblos originarios, por ello debemos encaminar las políticas públicas para poder mitigar esta brecha social que existe en contra de este vulnerable sector de la población, y es que resulta lacerante que el gobierno federal pretenda en el proyecto de presupuesto 2017 quitarle a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, más del 52 por ciento del presupuesto, por lo que resulta imperativo unir esfuerzos para salvaguardar los derechos de los que menos tienen, ya que lo anterior resulta, por ende, una acción por demás incoherente, ventajosa, discriminatoria para nuestros hermanos indígenas.

Compañeros diputados y diputadas, pedirles su apoyo, su sensibilidad a esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Wences Real. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECLARA EL 5 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN”

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sharon Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de abril de cada año como el Día nacional contra el cáncer de pulmón. Suscrita por ella y diversos integrantes de su grupo parlamentario.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Con el permiso, señora presidenta. Buenas tardes, honorable pleno. Las muertes anuales a nivel mundial causadas por enfermedades crónicas no transmisibles son del 63 por ciento. Estas enfermedades son cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes y cáncer.

La Organización Mundial de la Salud indica que estas enfermedades causan en conjunto 38 millones de defunciones al año, de las cuales el 75 por ciento se concentran en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el cáncer provoca cerca de 8 millones de decesos anualmente, convirtiéndola en la principal causa de muerte a nivel mundial.

Esta enfermedad desarrolla diversos males que pueden afectar cualquier parte del organismo. Su característica es la multiplicación rápida de células anormales, conocida como metástasis. Esta enfermedad tiene mayor incidencia en los adultos, comparado con niños y jóvenes. Es un padecimiento que no hace distinción de razas, nivel socioeconómico ni sexo.

Se identificó el año pasado por la Organización Mundial de la Salud que los tumores malignos de pulmón, próstata, colorrectal, estómago e hígado son los más comunes entre los varones, mientras que en las mujeres son cáncer de mama, colorrectal, pulmón, cuello de útero y estómago.

Si bien no hay una causa directa que origine la aparición de dicha enfermedad, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer clasifica los agentes cancerígenos en tres grupos: físicos, químicos y biológicos.

Esto originado por factores ambientales, genéticos, estilo de vida, consumo de tabaco, ingesta de alcohol, alimentos ricos en grasas, etcétera. Mismos que son los que causan dicha enfermedad. Por lo cual se calcula que el consumo de tabaco provoca el 70 por ciento de las muertes a nivel mundial por cáncer en el pulmón.

De lo anterior se desprende que esta enfermedad es más común en todo el mundo y es la que más muertes provoca.

Existen dos tipos de cáncer de pulmón: el cáncer pulmonar en células pequeñas y el cáncer en células no pequeñas.

El primero representa el 20 por ciento de los casos, y el segundo, el 80 por ciento restante. De estas cifras podemos concluir que los tipos de cáncer de pulmón son una causa importante en el número de decesos a nivel mundial.

En México cada día son 22 personas las que pierden la vida por dicha enfermedad, según la clínica de cáncer de pulmón y tumores torácicos del Instituto Nacional de Cancerología. En este sentido, en nuestro país se ha convertido en la segunda causa de muerte por tumores malignos en el hombre y la octava en las mujeres, siendo la enfermedad más importante atribuible al tabaquismo.

Para el año 2010 a nuestro país se le estimaron más de 10 mil muertes por esta causa, incrementándose en 50 por ciento en tan solo una década, generando altos costos económicos, tanto para instituciones del sector de Salud como para el sector productivo un costo anual promedio por paciente mayor a 100 mil pesos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos preocupamos por los temas de salud, por ello es que reconocemos que esta enfermedad, el cáncer de pulmón, es un problema que nos concierne a todos; tanto al gobierno como a la sociedad civil.

Es por eso que estoy proponiendo en esta iniciativa que sumemos los esfuerzos para que declaremos el 5 de abril la fecha en la que se realizó la primera neumonectomía exitosa para extirpar el cáncer de pulmón, como el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, lo cual va a permitir concientizar a la sociedad y disminuir las cifras que he mencionado. Es cuanto. Gracias.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sharon Cuenca Ayala. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud.

La diputada Marbella Toledo Ibarra:Con su permiso, diputado presidente. El Consejo de Salubridad General es, después del titular del Poder Ejecutivo de la nación, la máxima autoridad sanitaria de nuestro país, presidido por el secretario de Salud.

El consejo, por disposición constitucional, tiene el mandato de emitir disposiciones obligatorias en materia de salubridad general y, en apego a ello, el ámbito de acción del consejo abarca todas las organizaciones públicas y privadas que constituyen el sistema nacional de salud y toda aquellas que estén relacionadas con este, incluyendo las autoridades administrativas, federales, estatales y municipales.

Esta premisa nos permite concluir la importancia que reviste al consejo, al ser éste el encargado de emitir disposiciones de carácter obligatorio en materia de salubridad general en todo el territorio mexicano, mediante la definición de prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones del Poder Ejecutivo federal para fortalecer la rectoría y la articulación del sistema nacional de salud hacia el cabal cumplimiento del artículo 4o. de nuestra Ley Suprema.

Sin embargo, pese a la importancia del Consejo de Salubridad, el mecanismo para su integración previsto por el artículo 15 de la Ley General de Salud, resulta obsoleto de cara a las democracias modernas. La redacción actual de la norma federal establece que los integrantes del consejo serán designados y removidos por el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Esta situación por si misma entraña una debilidad al no garantizar el propósito del sistema democrático del Estado mexicano.

Luego entonces, si tomamos en consideración que el consejo emite disposiciones generales en materia de salubridad, por lo que sus determinaciones son obligantes para todos, incluyendo la minoría que encuentra que estas decisiones son contrarias a sus opiniones o intereses.

Es evidente que la elección de sus integrantes debe buscar promover como miembros a hombres y mujeres que posean la mayor capacidad para discernir dentro de la materia de salubridad, pero sobre todo que sean aquellos que guarden la mayor virtud para perseguir el bien común de la sociedad mexicana.

Esto explica la necesidad de elegir a los integrantes del consejo de salubridad general, como una alternativa a la designación directa. La meta de la reforma que hoy se expone, es instaurar un mecanismo de elección para la integración del consejo de salubridad general en que sus miembros representen los intereses de la sociedad, no los suyos ni los de alguna minoría a la que puedan estar vinculados o comprometidos.

Por ende, consideramos que si bien el consejo estará integrado por un presidente que será el secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, de los cuales dos serán el presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, el resto deben ser electos y removidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo dc la federación.

Es importante destacar que se propone que sea la Cámara de Diputados quien elija a los demás integrantes del consejo, debido a que a ésta, acorde con la teoría moderna y de la democracia representativa, refleja el interés de los ciudadanos.

Resulta preciso subrayar que a través de este sistema de integración se combinan mejor las precauciones para asegurar que los miembros del consejo de salubridad general salvaguarden el interés del bien común de la sociedad, rompiendo con la dependencia vertical de los integrantes del consejo que se contempla en la actualidad.

Igualmente, el sistema de integración que se propone, equilibra activamente la actuación como autoridad del consejo de salubridad general frente a los intereses de los ciudadanos, de forma tal que juntos terminan actuando de acuerdo con los mejores intereses de los mexicanos.

La afirmación se basa en que a diferencia de la designación, la elección y remoción de los integrantes del consejo de salubridad general por parte de un poder distinto a aquél que por disposición constitucional es su superior jerárquico, garantiza que la actuación de sus miembros será acorde al mejor interés del pueblo.

En consecuencia, los diputados ciudadanos proponemos reforma al artículo 5o. de la Ley General de Salud para quedar como sigue: El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción 16, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Está integrado por un presidente que será el secretario de Salud, un secretario y 13 vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional Mexicana de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía; y los vocales que su propio reglamento determine.

Los miembros del consejo serán designados y removidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a propuesta del presidente de la República, quien deberá integrar una lista de aspirantes a ocupar dichos cargos con profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias en ese país.

De esta manera, con el mecanismo de elección propuesto se favorece a la legitimidad de la segunda autoridad sanitaria del país, garantizando la salvaguarda de los derechos e intereses de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

Movimiento Ciudadano saluda a El Universal y a don Juan Francisco Ealy Ortiz.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Toledo. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

RECONOCIMIENTO AL PERIODICO “EL UNIVERSAL”

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputadas y diputados, medios de comunicación, personas, ciudadanos que nos ven y escuchan a través del Canal del Congreso. Esta Presidencia saluda la presencia de Juan Francisco Ealy Ortiz, director general del periódico El Universal. De la misma forma, saluda a la señora Perla Díaz de Ealy, su señora esposa; a su hermana, la señora María Teresa Ealy; bienvenida. Bienvenidos todos sus invitados especiales y por supuesto su apreciada familia. Sean bienvenidos a San Lázaro.

Para los integrantes de la LXIII Legislatura es un honor reconocer los primeros 100 años de vida de El Universal, y la trayectoria de un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al ejercicio del periodismo. Es un placer contar con la presencia en este recinto legislativo, de don Juan Francisco Ealy Ortiz. El Universal y la Cámara de Diputados tienen una historia ligada. Hace 30 años el diario a su digno cargo y por decisión del licenciado Ealy Ortiz, donó la rotativa donde se imprimió el primer tiraje masivo de la Constitución Política de 1917, y que hoy es símbolo en este recinto legislativo, y parada obligada de cualquier visitante a esta Cámara.

No es una coincidencia la celebración de los 100 años de El Universal con el centenario de nuestra Constitución Política; tampoco es una coincidencia que su fundador fuera un integrante del Congreso Constituyente de Querétaro, Félix Fulgencio Palavicini.

La Carta Magna y El Universal, han sido testigos del gran cambio institucional del último siglo en México; el cambio de un régimen autoritario en donde la libertad de expresión estaba sujeta a los intereses de los políticos, a un sistema democrático en donde la pluralidad política es una realidad que se vive día a día en este recinto legislativo, y en donde la libertad de expresión se ha convertido en uno de los pilares de nuestra vida institucional.

Vale la pena citar las palabras pronunciadas por el licenciado Ealy Ortiz en este lugar hace tres años “El disenso no es detenido a base de opresión; una idea se combate con una mejor idea y la mejor idea que una nación puede tener es la libertad para todos”.

Las páginas de El Universal han dado espacio a las más diferentes formas de pensamiento, voces como las de Amado Nervo, José Vasconcelos, Gilberto Rincón Gallardo, doña Rosario Ibarra de Piedra y la del entrañable Carlos Castillo Peraza, han sido muestras de la pluralidad en su línea editorial.

Celebramos gustosamente el centenario de ejercicio periodístico del gran diario de México, ya que el mérito no es llegar a sus primeros 100 años de vida, sino llegar fuerte y con liderazgo en la industria editorial del país.

El Universal ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, al papel de la era digital; ese es su mérito, conservar al público tradicional y conquistar a nuevas audiencias. Mi más sincero reconocimiento por un ejercicio de vigencia y de vanguardia.

No debemos olvidar que los medios de comunicación realizan un papel fundamental. En México han ayudado a transparentar el ejercicio público, y a servir como un verdadero contrapeso entre el ciudadano y el gobernante.

Sin duda, México requiere un ejercicio periodístico con mayor seguridad para los periodistas, pero los medios también tienen una gran responsabilidad para ejercer un periodismo ético ajeno a los intereses de la clase política.

Ése es el verdadero reto que tenemos ambas instancias. El Estado debe ser garante del ejercicio periodístico y de la seguridad de los periodistas, y los medios de comunicación de un ejercicio ético y responsable de su labor. Ambos tenemos la obligación de generar una relación basada en el respeto y la dignidad.

Muchas gracias, enhorabuena por estos primeros 100 años y felicidades a la gran familia de El Universal.

Vamos a proceder, a nombre de esta Cámara de Diputados, a entregar un reconocimiento al señor director general de El Universal, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz. Ustedes pueden apreciar en los tableros la foto del primer ejemplo que tiró El Universal, precisamente con la noticia de la edición de nuestra Constitución.

Muchas gracias a todas y a todos. A las compañeras diputadas y a los compañeros diputados que han acompañado al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, les pedimos hacer lo propio en el momento en que el licenciado decida retirarse de este recinto. Muchas gracias.

Esta Presidencia saluda a alumnos y docentes del Instituto para la Educación Integral de Bachiller, del municipio de Toluca, estado de México, invitados por la diputada Martha Hilda González Calderón. Bienvenidos.

Igualmente, a alumnos de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, del municipio de Cuautitlán Izcalli, invitados por el diputado Jesús Serrano Lora. Bienvenidos.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 56 y el artículo 74 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 56, todos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la garantía de audiencia dentro de los procedimientos administrativos que una autoridad instruya frente a particulares, sean personas físicas o sean personas morales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente, en su artículo 14, la garantía del debido proceso. Los actos y actuaciones de las autoridades deben ajustarse, no solo al ordenamiento legal, sino también a los preceptos constitucionales y, de este modo, garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la emisión de actos administrativos que no sean arbitrarios y así salvaguardar en todo momento las prerrogativas de los gobernados.

Cuando la autoridad realiza un procedimiento administrativo con el objeto de imponer una sanción a un particular, este tiene que cumplir con todas y cada una de las diferentes etapas procesales, siguiendo estas un orden que le permita al probable infractor una debida y una correcta aplicación de la normatividad por parte de la autoridad.

Así, se busca garantizar el derecho de audiencia con el que se insta a la autoridad sustanciadora del procedimiento administrativo a escuchar a las partes y valorar las pruebas ofrecidas antes de emitir la resolución con la que se ponga fin al procedimiento.

A qué nos referimos cuando hablamos de la garantía de audiencia. La Suprema Corte de Justicia nos proporciona una respuesta al señalar que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Dichas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y se traducen en los siguientes requisitos.

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La oportunidad de alegar. Y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Cuando estos requisitos no se respetan se incumple con el fin de la garantía de audiencia, que consiste en evitar la indefensión del afectado.

A pesar de lo anterior, aún podemos encontrar disposiciones que no cumplen a cabalidad con estas condiciones, este es el caso de los artículos 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la lectura de estos artículos se puede entender que existe una incongruencia normativa entre ambos preceptos, ya que en el primero se dispone que los alegatos se presentarán una vez concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar resolución.

Mientras que en el segundo, se refiere a que el particular será oído y desahogará las pruebas ofrecidas, y hecho lo anterior se procederá a emitir resolución. Esto nos lleva a entender que la tramitación del procedimiento no ha concluido y que los alegatos se encuentran aún en la etapa de desahogo.

Es por ello, que someto a consideración de esta asamblea la reforma del artículo 56, a efecto de que se señale que una vez concluido el periodo probatorio y no la tramitación del procedimiento administrativo, como lo señala el texto vigente, las actuaciones se pondrán a disposición de los interesados para que eventualmente se formulen alegatos y que estos sean considerados por la autoridad al dictar la resolución respectiva. Además, en caso de que el interesado manifieste su intención de no presentar alegatos, se tendrá por concluido el periodo correspondiente.

Del mismo modo se establece que concluido el periodo de alegatos se tendrá por acabado el trámite conducente a las substanciación del expediente y en consecuencia, se procederá a dictar por escrito la resolución que corresponda, con lo que concluirá el procedimiento administrativo.

La reforma al artículo 74 busca adecuar dicho precepto al texto del artículo 56 y acotar de forma clara y expresa la secuencia procesal, garantizando el derecho de audiencia del interesado, el desahogo de las pruebas y la conclusión del periodo de alegatos. Una vez hecho esto, la autoridad procederá, dentro de los 10 días siguientes, a dictar la resolución respectiva.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que se pueden efectuar enormes avances en cuanto al respeto del debido proceso. Esta forma contribuirá a conseguir dicho objetivo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mirna Isabel Saldívar. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea y medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, un fenómeno de suma importancia que está sucediendo alrededor del mundo es el incremento de la población adulta mayor como consecuencia del descenso de la mortalidad y el crecimiento demográfico.

Los adultos mayores en México son asociados con enfermedades, baja productividad laboral e incapacidad debido a los prejuicios, generando discriminación y limitando el goce de sus principales derechos humanos.

El maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores es un serio problema, se presenta no solo por el daño físico sino también por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales, que traen como consecuencia daños irreversibles, lo que genera miedo para pedir ayuda o en su caso, para denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos.

Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, Conapo, para 2050 habrá 150.8 millones de mexicanos, y la esperanza de vida promedio será de 79.4años, la más alta de la historia. Sin embargo, los adultos mayores tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas posibilidades de vivir la vejez de forma digna.

Datos de la encuesta realizada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, Inegi, indican que en México hay 119 millones 530 mil 753 habitantes, de los cuales 7.2 por ciento son personas que tienen 65 años o más.

En este orden de ideas y entendiendo que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el pleno respeto a los derechos de este sector de la población y que el Código Penal Federal, en su artículo 335, se tipifica como delito el abandono de las personas incapaces de cuidarse a sí mismos, solo cuando se trata de menores o personas enfermas, sin tomar en cuenta a las personas adultas mayores incapaces de cuidarse a sí mismas, es necesario reformar el artículo ya mencionado, con objeto de respetar y garantizar la protección de sus derechos.

El Estado es el encargado de prevenir y atender cualquier tipo de violencia sobre las personas adultas mayores y generar un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo de actos.

En razón de lo anterior, hablo en nombre de todas aquellas personas adultas mayores que se encuentran en situación de abandono, que no cuentan con ningún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido indolentes y abusan de sus condiciones provocándoles deterioro físico, mental, psicológico e incluso la muerte, cuyas conductas quedan impunes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.

Único. Se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal para quedar de la siguiente manera:

Artículo 335. Al que abandone a un niño o a un adulto mayor incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión –si no resultare daño alguno– privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

En razón de lo anterior, en Encuentro Social seremos la voz de nuestros adultos mayores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Mucho se ha hablado en esta tribuna de los derechos de los indígenas para integrarse a la vida en nuestro país. Los indígenas han padecido la exclusión social desde la llegada de los españoles y la siguen padeciendo 500 años después.

La reforma en telecomunicaciones que se impulsó en la presente administración, considera concesiones de uso social para las comunidades indígenas, pero no es suficiente si se pretende dar cumplimiento al precepto constitucional en materia de derechos indígenas que se consagra en el artículo 2o. de la Carta Magna.

Actualmente la legislación prevé la posibilidad de que las concesionarias que están en manos de las comunidades indígenas y los pueblos originarios tengan la posibilidad de obtener el financiamiento a partir de la venta de publicidad que estados y municipios destinan a comunicación social; sin embargo, el gobierno solo puede destinar hasta el primero de ese monto, el uno por ciento. Es casi una limosna, pero es la primera vez que se establece jurídicamente ese derecho, el problema es que la Secretaría de Gobernación no tiene el control de los gastos en materia de comunicación social que se generan en los estados y municipios en donde se localizan las concesiones de uso social, de tal manera que las comunidades no pueden exigir los recursos de ese uno por ciento, porque no saben a cuánto asciende.

La presente iniciativa es el primer paso, porque se establecería la obligación de generar un padrón que deberá ser público y accesible a la consulta para que las concesionarias de uso social indígenas puedan acceder a la información que les permite ejercer el derecho al financiamiento.

Solicito a esta asamblea su apoyo para obtener el voto favorable a la iniciativa que hoy les presento. Muchas gracias. Por cierto, compañeros, que yo vengo de un barrio de Azcapotzalco.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Me está pidiendo la palabra el diputado Hernández de la Piedra; ¿Con qué objeto, diputado? Sonido en la curul por favor. Curul 328, sonido. Adelante

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (desde la curul): Gracias, presidente. Solo para pedirle al diputado Virgilio si me permite suscribirme a su iniciativa por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Excelente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Virgilio da su venia, está a su disposición en el trámite acostumbrado aquí en la Mesa de la Secretaría. Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Turismo

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente No. 1410 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo en materia de seguridad para todos los turistas nacionales y extranjeros, presentada por la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de diciembre de 2015, la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo, en materia de seguridad para todos los turistas nacionales y extranjeros.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Turismo para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 19 de enero 2016, la Comisión de Turismo recibe copia del expediente 1410, el cual contiene la iniciativa en turno.

4. El 30 de marzo de 2016, la Comisión de Turismo solicitó a la Mesa Directiva la autorización de prórroga para dictaminar la iniciativa referida.

5. Con fecha 5 de abril de 2016, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-741, la Mesa Directiva envío respuesta autorizando a la Comisión de Turismo la prórroga para dictaminar la presente iniciativa.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La autora de la iniciativa inicia con la argumentación de la misma refiriendo que el 2 de enero de 2013, se publicó el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27, fracción XII, mediante el cual desaparece la Secretaría de Seguridad Federal y se faculta a la Secretaría de Gobernación como la instancia encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Asimismo se reformo la fracción XIII Bis donde se establece que la misma secretaría deberá proponer acciones para asegurar la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posteriormente presenta cifras relevantes de lo que el turismo contribuye en el ámbito económico a nivel nacional y reconoce la importancia del sector. Sustenta además que el turismo es una importante herramienta para reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo comunitario en las diferentes regiones del país, pues emplea aproximadamente a 3.1 millones de personas.

Un punto importante que menciona es que la incidencia delictiva es un factor que debilita exponencialmente al sector turístico en varias entidades federativas, provocando pérdida de competitividad respecto a otras naciones; basta mencionar que la incidencia delictiva creció un 79% de 2007 a 2015, teniendo como máximo de referencia el 2012, cuando la diferencia con respecto a 2007 era del 140.4%, y que del 2013 al 2014 hubo una disminución de la recepción de turismo extranjero del 3.44%

Por lo anterior la autora sostiene que es clara la relación inversa que existe entre el aumento de la incidencia delictiva y la disminución del turismo, lo cual también ha sido evidenciado a través de las alertas de viaje emitidas por algunos países. Tan solo en 2015 se emitieron 19 alertas para el mismo número de destinos en la república mexicana, entre los cuales se encuentra Cancún, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, principales zonas turísticas del país.

Considerando que Estados Unidos emite el 53% del turismo que se recibe en el país, dichas alertas de viaje afectan directamente en sectores como el empleo e indirectamente a los agregados macroeconómicos más importantes como el PIB y la balanza de pagos.

Por otra parte el Consejo de Promoción Turística de México está atrayendo turistas de países de Sudamérica, Europa y Rusia; sin embargo el mercado natural de turistas de Estados Unidos, principal visitante a nuestro país continúa disminuyendo por la percepción de la seguridad y la violencia, según afirmaciones del presidente de la Coparmex.

En ese sentido y para no obstaculizar el desarrollo e inversión en la industria turística, es necesaria la creación de programas, proyectos y acciones especiales en materia de seguridad para los turistas nacionales y extranjeros. No obstante para hacer frente a la problemática social, se propone una reforma a la Ley General de Turismo, para que las entidades federativas y los municipios contemplen mecanismos urgentes que incentiven la seguridad para el turismo.

Por lo anterior se somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS INTEGRALES CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y ASEGURAR UNA COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

Artículo 7, fracción IX y fracción IX BIS de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

• ARTÍCULO 7, FRACCIÓN IX. Analizar, fomentar, mejorar y coordinar con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias de seguridad adscrita a la misma, los programas, proyectos y mecanismos ya existentes que favorezcan las condiciones de seguridad necesaria para favorecer el turismo así como las acciones encaminadas a salvaguardar la integridad física de los turistas nacionales y extranjeros;

• ARTÍCULO 7, FRACCIÓN IX BIS. Coadyuvar y agilizar la información con el Instituto Nacional de Migración adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para alimentar en tiempo y forma el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM).

Artículo 9, fracción XIII BIS de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

• ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XIII BIS. Promover, mejorar, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y acciones integrales ya existentes entre la Secretaría de Gobernación y demás dependencias de seguridad adscritas a la misma y las instancias estatales de seguridad y de la Ciudad de México a fin de brindar la protección necesaria y salvaguarda física de los turistas nacionales y extranjeros y proyectar un ambiente de mayor seguridad;

Artículo 10, fracción VIII BIS de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

• ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VIII BIS. Promover, mejorar, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y acciones integrales ya existentes entre la Secretaría de Gobernación y demás dependencias de seguridad adscritas a la misma y las instancias municipales de seguridad a fin de brindar la protección necesaria y salvaguarda física de los turistas nacionales y extranjeros y proyectar un ambiente de mayor seguridad;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Gobernación contarán con un plazo de 90 días para emitir los lineamientos a los que hace referencia el artículo 7, 9 y 10 del presente decreto.

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 21 que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Así, a través de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se estipula que será la Procuraduría General de la República quien “... ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos”.

De igual manera la LOAPF en su artículo 27 fracción XIX establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación “Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables”.

Asimismo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de enero de 2016, de las reformas a nuestra Carta Magna se estipuló en su artículo 21, párrafo noveno que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Con esta reforma se obliga en lo sucesivo a que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) ...

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública”.

Asimismo el párrafo segundo del Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) señala que:

“ ...

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”;

Por otra parte el artículo 10 LGSNSP precisa quienes integran el referido sistema:

Artículo 10.- El Sistema se integrará por:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Turismo no es la Dependencia de gobierno competente para el diseño de políticas públicas que atiendan la prevención de delitos, como sí lo son otras dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, quienes están obligadas a coordinarse para definirlas, toda vez que como se mencionó, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 así lo establece expresamente al constituir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalar quienes son sus integrantes y sus objetivos de manera cierta y clara, como la materia penal debe de ser construida por el poder público que tiene al gobernado frente a sí en el ejercicio de sus facultades de autoridad.

No obstante lo anterior, la Ley Federal para prevenir la Discriminación en su artículo 1 estipula que sus disposiciones “son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato” y en su fracción III define que la discriminación ”se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Con base en lo anterior, el establecer programas, categorías o distinciones exclusivas para los “turistas”, en lo referente a la seguridad publica implicaría violentar el marco jurídico vigente, por lo que esta Comisión dictaminadora determina que son improcedentes las modificaciones propuestas tal y como lo establece la autora de la iniciativa.

Finalmente es importante destacar la necesidad de armonizar la Ley General de Turismo, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, derivada de la reciente reforma a ésta última (LOAPF), por la que se faculta a la Secretaría de Gobernación para atender el despacho de los siguientes asuntos: “Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.

Lo anterior permitió formalizar la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones se entienden referidas a la Secretaría de Gobernación.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:

I. a VIII. ...

IX.Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Gobernación, en los casos en que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas;

X.a XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1 segundo párrafo.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo 21 párrafo noveno.

3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículo 27 fracción XII.

Palacio de San Lázaro, México, DF, a 27 de abril de 2016.

La Comisión de Turismo, diputados:Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Maricela Emilse Etcheverry Aranda (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 3 de marzo de 2016, la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXIII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta la diputada Rocío Matesanz muestra preocupación por la participación de la comunidad escolar dentro del Sistema Educativo Nacional. Para la diputada promovente, la educación es “el motor que promueve el bienestar de un país”, ya que el nivel de educación que posee cada uno de los ciudadanos les permite demostrar sus conocimientos, valores y habilidades en el desarrollo de tareas, ya sea en el ámbito laboral como en el personal.

Por ello, la educación es de gran importancia para el progreso del país, “es una tarea que afecta a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a las familias”.

En la actualidad, en México se está viviendo uno de los momentos significativos del país con la Reforma Educativa, de ahí que este proceso requiera de la participación pro-activa de las autoridades, los maestros y padres de familia, con el fin de crear “canales y hábitos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre los tres sectores básicos del sistema educativo nacional”.

No obstante, es necesario señalar que los padres de familia son “los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar y confiar en sus decisiones”. Así como lo menciona Fernando Martínez en su investigación, donde determina que las prácticas familiares son el factor que influye en el desempeño del estudiante.

La promovente hace mención que en el Panorama Educativo de México 2014 publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), muestra que sólo dos a tres alumnos de diez que estudian el tercer grado de primaria, son apoyados en sus hogares con las tareas escolares. Además, el INEE, “asegura que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes”.

En Estados Unidos de Norteamérica, desde el 2005, el Departamento de Educación distribuye un documento titulado “Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar”, con esto pretende que los padres de familia se involucren en las actividades escolares de sus hijos para que éstos tenga mayor éxito en sus estudios. Además, de que es indispensable que participen con los profesores y autoridades en los planteles escolares.

Por otra parte, la Ley General de Educación “tras la reforma de septiembre de 2013, tiene entre sus principales objetivos, asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes”.

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las líneas de acción del apartado México con Educación de Calidad, determina que se debe “actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y los alumnos”, y “Definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles educativos”.

Además la diputada en su iniciativa, realiza un comparativo de las Leyes de Educación Española y de Chile, y observa que existe un énfasis “en la obligatoriedad de la participación de los padres de familia en los consejos o centros de padres y apoderados, así como la obligatoriedad de respetar y fomentar el respeto a las autoridades y componentes de la comunidad educativa”.

Por ende, la promovente tiene el firme propósito de que la educación de calidad es una responsabilidad tanto del estado como de la sociedad para “lograr ciudadanos plenos; pero al mismo tiempo, cambiar la inercia de centralizar en autoridades educativas y maestros, el proceso educativo”.

La finalidad de esta propuesta es fortalecer la participación de los padres de familia, ya que éstos “no visualizan la importancia de su relación con la escuela como un medio que favorece el desempeño académico de los hijos. Y por otra parte, se puede afirmar que el punto más crítico de la participación de los padres está referido a su relación con los docentes”.

III. CUADRO COMPARATIVO

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, son de interés los dos temas que la propuesta de la diputada Rocío Matesanz presenta; uno es el fortalecimiento de la participación de la comunidad escolar en los programas o actividades que llevan a cabo las autoridades educativas en los planteles escolares, y el segundo, sobre las obligaciones que tienen los padres de familia dentro del proceso educativo de los hijos.

Participación Social

En lo que respecta a la participación social, desde los años 90 ha jugado un papel muy importante dentro del ámbito educativo, ya que el concepto hace referencia a la actuación y colaboración de las autoridades educativas escolares, locales y federales, padres de familia, sociedad civil, entre otros, en la organización, seguimiento y supervisión de las actividades que se desarrollan en la escuela. La Participación Social es una “vía para lograr una mayor relevancia, pertinencia y calidad de la educación que se imparte en los planteles educativos”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoce que la educación es un compromiso a nivel mundial. Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, las autoridades escolares, los estudiantes y padres de familia están colaborando para que la educación sea un “derecho fundamental y como tal, un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI”. Por ende, la UNESCO menciona que es necesario crear y legitimar los canales de comunicación y consulta que faciliten la articulación de actividades y la mejora de los procesos de gestión escolar entre los diversos actores de la educación.

“El involucramiento de nuevos actores en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas educativas permite que la sociedad esté representada, otorgando una visión plural que contribuya al diseño de políticas legitimadas y sostenibles, que promuevan una mayor calidad de la educación con igualdad de oportunidades”.

En lo que respecta a la participación de los padres de familia en la educación, la UNESCO indica que la participación de las familias en la actividades escolares de sus hijos, es un tema que se viene discutiendo, por la importancia que genera el vínculo familia-escuela-desempeño escolar de los estudiantes, por el reconocimiento de los padres como primeros educadores en la vida de su hijo y porque la familia es un espacio esencial para el aprendizaje. Por tanto, la participación de la familia en la educación es entendida como:

“la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la preocupación por participar es el niño concebido en su integralidad y como sujeto de derechos, puede implicar actuar tanto en el campo educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo”.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se menciona que la Reforma Educativa permite “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, además de fomentar que la educación sea una tarea compartida entre directivos, docentes, alumnos y padres de familia. En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se señala que la educación es responsabilidad de todos. “Autoridades, maestros, alumnos, padres de familia, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, grupos filantrópicos y la sociedad en su conjunto habremos de trabajar armónica y constructivamente para el mejoramiento educativo que el país requiere”.

En el Marco Normativo Mexicano, en el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) se determina que el sistema educativo nacional debe “asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7º”. En el artículo 10 de la ley en mención, los padres de familia constituyen parte del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, en dicha ley, se instituyen dos figuras importantes para la participación de los padres de familia en la educación: los Consejos Escolares de Participación Social y las Asociaciones de Padres de Familia.

Como puede observarse la participación de la comunidad escolar es uno de los temas esenciales en el ámbito educativo, donde directivos, profesores, alumnos y padres de familia pueden contribuir de manera conjunta en las actividades escolares con el fin de lograr una mejora educativa.

Cabe señalar, que dentro de la política educativa de este Gobierno, existen programas estratégicos que tienen como objetivo lograr una educación incluyente y de calidad. Estos programas prioritarios de la educación son: el de inclusión digital, reforma educativa, escuelas de tiempo completo, inclusión y equidad educativa, convivencia escolar, fortalecimiento de la calidad educativa, entre otros. Todos ellos, requieren de la participación de toda la comunidad escolar.

No obstante, rescatando la importancia de impulsar y promover la participación de la comunidad escolar en estos programas estratégicos, las autoridades federal y locales, de manera concurrente, deben tener como atribución la de “informar a la comunidad escolar sobre la importancia, los beneficios y las modalidades de participación”, para que los directivos, profesores, alumnos y padres de familia participen de manera activa en la mejora educativa y se fortalezca la relación de la escuela con su entorno.

Obligación de los Padres o Tutores

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen derechos y obligaciones para todos los mexicanos; dentro de las obligaciones los mexicanos deben “hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior” (fracción I, artículo 31).

Esa obligación crea un vínculo importante con la escuela, ya que la escuela y la familia son dos instituciones esenciales para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. No obstante, se espera que los padres de familia participen y actúen en la tarea educativa, no solo por la obligación que se establece en la Carta Magna, sino por la concientización de la trascendencia que tiene la educación en el ser humano. “Tomar conciencia significa entonces, darse cuenta de los aspectos disfuncionales, identificando sus causas y proponiendo alternativas de solución para superar las situaciones indeseables” Sin embargo, los padres de familia se integran a la escuela de manera circunstancial (por los hijos en edad escolar), y en ese momento “se contraen las obligaciones inherentes a la recepción de un servicio gratuito, además de los derechos que llevan implícitos dichas obligaciones”.

Una de las obligaciones que la Diputada propone, es que la participación y colaboración de los padres de familia en los consejos de participación social sea una obligación, pero este, es un derecho que ellos tienen, ya que la asociación de padres y los consejos de participación social son dos figuras que permiten la participación democrática en el sistema educativo como lo señala la fracción IV del artículo 66, que a la letra dice: “formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social”.

Otra de las obligaciones que propone la diputada Matesanz, es que los padres de familia inculquen a sus hijos el respeto por las autoridades escolares y las normas de convivencia, con esto se reforzaría una de las actividades establecidas en el artículo 33 de la Ley General de Educación que es la de apoyar y desarrollar “programas, cursos y actividades que fortalezcan (...) el respeto a sus maestros” (fracción XV) y uno de los criterios de la educación “contribuir a la mejora de la convivencia humana”. Además los padres de familia, estarían colaborando para que la escuela recupere “el respeto y el apoyo al quehacer de los maestros, esenciales para el logro de los fines de la educación”, como lo menciona el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14 y 66 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo Único. Se adicionan una fracción XII Sextus al artículo 14 y la fracción VI al artículo 66 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XII Quintus. ...

XII Sextus. Informar a la comunidad escolar los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas;

XIII. ...

...

Artículo 66. ...

I. a III. ...

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos, y

VI. Inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a las autoridades escolares y a las normas de convivencia en la escuela.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Observatorio Ciudadano de la Educación (2008) Participación social en educación. Recuperado el 16 de mayo de 2016, desde: http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/205/11_educacion_participacion%20 social.pdf

2 UNESCO (2000) Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147 s.pdf

3 UNESCO. Participación y compromiso social. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=8114 &URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

4 UNESCO (2004) Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf

5 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://pnd.gob.mx/

6 SEP (2013) Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Recuperado el 15 de mayo de 2016, desde: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIA L_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

7 Rodríguez Lares, Juan José (1998) Tesis “La participación de los padres de familia en la escuela primaria pública: naturaleza y perspectiva”. Pág. 84. Recuperado el 16 de junio de 2016, desde: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Juan%20Jose%20Rodriguez%20Lares.pdf

8 Ibídem. 85

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de agosto de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Matías Nazario Morales (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez, Carlos Gutiérrez García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Adolfo Mota Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de las leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 68; artículo 80, numeral 1; artículo 81, numeral 1; artículo 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración el presente dictamen, bajo la siguiente:

I. METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

II. En el apartado “Contenido de la Minuta”, se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la Minuta en estudio.

III. En las “Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras”, se exponen los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. El 28 de noviembre de 2013, en la sesión del Pleno del Senado de la República los senadores Isidro Pedraza Chávez y Angélica de la Peña Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

Tercero. El 27 de noviembre de 2014 las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron dictamen de la iniciativa de referencia.

Cuarto.El 2 de diciembre de 2014 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa de mérito.

Quinto. En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-1P3A.-5671 el Vicepresidente del Senado, Luis Sánchez Jiménez remitió a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sexto. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de diciembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó copia del expediente 5660 con la minuta en estudio, a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, para estudio y dictamen.

Séptimo. El 5 de diciembre de 2014 se recibió en esta Comisión el oficio N° D.G.P.L. 62-II-2-1747, remitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el cual turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género para dictamen, copia del expediente 5660 con la Minuta de referencia.

Octavo. En fecha 23 de abril de 2015, mediante oficio CAI/089/2015, fue remitido dictamen aprobado por comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, para los trámites legislativos subsecuentes.

Noveno. Mediante oficio Bo. D.G.P.L. 62-II-2-2166, de fecha 15 de mayo de 2015, se devuelve Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción XIX al artículo 2, una fracción V al artículo 6 de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en atención al acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2015.

Décimo.Con fecha 14 de octubre de 2015 se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas, oficio de la Mesa Directiva número D.G.P.L. 63-II-8-0103, haciendo del conocimiento de estas Comisiones dictaminadoras que la Minuta en comentó, con número de expediente 5660 de la LXII legislatura, se encontraba pendiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En el dictamen de la minuta la colegisladora señala lo siguiente:

a. En lo general

Efectivamente, el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 20 de diciembre de 2007, por la Asamblea General de ese organismo, que establece:

Artículo 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas (Sic) en la aplicación de la presente Declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993, determina en su artículo 3°:

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona; el derecho a igual protección ante la ley; el derecho a verse libre de todas las formas de discriminación; el derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar; el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a no ser sometida a tortura, ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

De la misma forma, la colegisladora enfatiza lo que disponen los artículos 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), ratificado por nuestro país en fecha 19 de enero de 1999, a saber:

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo los siguientes:

...

Disposiciones que indican que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, los estados parte condenan todas las formas de ésta.

Posteriormente, en el dictamen de la colegisladora, se da cuenta del análisis y la valoración jurídica realizados a la iniciativa que dio origen al mismo, señalando que es pertinente integrar a la CDI al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pues participará, por ley, en la conjunción de esfuerzos e instrumentos.

De igual manera, se propone incluir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y viceversa; que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas integre el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

III. CONSIDERACIONES

Las Comisiones Dictaminadoras, compartimos con lo señalado por la colegisladora sobre la imperante necesidad de legislar para hacer frente a una realidad social, la violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas indígenas.

En esta tesitura, estas dictaminadoras consideramos pertinente realizar las siguientes precisiones respecto a la Minuta, por lo cual procedemos a analizar dividiéndola en dos apartados: Primero, las adiciones que se aprueban en sus términos y Segundo, las adiciones que se aprueban con modificaciones.

1. Análisis de las adiciones que se aprueban en sus términos.

a. La adición de la fracción XII al artículo 36, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la CDI sea parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se muestra en los términos siguientes:

En esta tesitura, se considera importante aprobar en sus términos la adición de la fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que en materia de derechos humanos de las mujeres indígenas, en su artículo 41 dispone que la Federación está obligada a asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, además que vigile que los usos y costumbres de toda sociedad no atenten contra sus derechos. Considerando que el artículo 36 se reformó en el lapso de la recepción de la minuta a la aprobación de este dictamen se estima pertinente recorrer la subsecuente fracción XX vigente y adecuar la redacción.

Considerando lo antes señalado y en congruencia con su participación de instancia coordinadora de las políticas y acciones en materia indígena, con una visión de inclusión, es que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), también se obliga para que de manera conjunta con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, coadyuve en garantizar acciones a favor de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres indígenas y que sean respetados sus derechos, en este sentido, es que se hace necesaria la incorporación de la CDI al Sistema.

2. Análisis de la adición que se aprueba con modificaciones.

Las Comisiones dictaminadoras, en uso de nuestras atribuciones constitucionales como Cámara revisora, consideramos pertinente hacer las siguientes precisiones:

a. La Minuta que nos ocupa establece la adición de la fracción XIX, del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos:

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en aprobar la adición de una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para establecer que la CDI tenga como función el coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dar seguimiento a las acciones de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

Al respecto, estas dictaminadoras consideran que dicha reforma legal ayudará a que la CDI coordine esfuerzos y coadyuve con los tres órdenes de gobierno para que se implementen políticas públicas tendientes a eliminar la violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas.

Así también, y de conformidad con lo mandatado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma que nos ocupa, encuentra sustento jurídico en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, tales como:

La Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 22 numeral 2 que dispone que los estados adoptarán, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Del mismo modo, encuentra sustento en diversas disposiciones legales establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención de Belém do Pará, entre otros, por lo cual constituye una obligación para el Estado mexicano, llevar a cabo las medidas necesarias para eliminar cualquier práctica discriminatoria y de violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas.

Asimismo, en atención a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero de 2016, respecto del cambio de denominación del Distrito Federal por Ciudad de México, establecido en los artículos 40, 41, 43, 44 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, estas Comisiones Dictaminadoras consideran pertinente actualizar el texto de la minuta, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas;

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

En virtud de lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran viable y procedente adicionar una fracción XIX al artículo 2, recorriendo la subsecuente de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas vigente a la fecha.

Con relación a la adición de una fracción II al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es de mencionar que el dictamen que aprobaron las Comisiones Unidas del Senado, era referente a la adición de un inciso n) a la fracción II del artículo 6, pero en la discusión de la Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2014, este fue modificado para que se precise que esta adición se inserte en una fracción III al artículo 6, recorriéndose las subsecuentes en su orden, en virtud de que INMUJERES no es una Secretaría de Estado.

En este orden de ideas y siguiendo con el estudio de la Minuta que nos ocupa, transcribimos a continuación el texto recibido por la colegisladora:

Artículo 6. ...

I. ...

II...

a) a m) ...

III. El titular del Instituto Nacional de las Mujeres;

IV. El presidente del Consejo Consultivo, y

V. El director general de la comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a que se refiere la fracción II, cada miembro propietario contará con un suplente, que deberá tener un nivel jerárquico de subsecretario de Estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y IV tendrán derecho a voz y voto. El presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente con relación al asunto por tratar, sólo con derecho a voz.

En este sentido y después de realizar las precisiones antes señaladas, estas Comisiones dictaminadoras, llegan a las siguientes conclusiones:

Observamos que en la propuesta de incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se establece el alcance de su participación en este órgano de Gobierno, quedando a la libre interpretación; por lo que a la luz del principio de legalidad, el legislador no está regulando en modo alguno el actuar de esta dependencia, dejando así, un vacío legal con amplia discrecionalidad.

Por lo anterior, se considera necesario precisar la forma en que participará el INMUJERES en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno de la CDI.

Así también, es de señalar que es de considerar que el espíritu de la propuesta es loable, en virtud de que la perspectiva de género en el tema indígena es de suma importancia y de interrelación estrecha, por ello es necesario que mediante mandato legal se establezca y no por convenio institucional.

Bajo estos términos, es que estamos de acuerdo en que el Instituto Nacional de las Mujeres sea parte de la Junta de Gobierno, a fin de que coadyuve con sus valiosas aportaciones en las acciones a favor de las niñas y mujeres indígenas, haciendo hincapié de que el INMUJERES tendrá derecho a voz en su participación en la Junta de Gobierno de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Por otra parte, siguiendo con el análisis de la propuesta de adición al artículo 6 de la Ley que nos ocupa, se establece una relación de jerarquía entre quienes integran la Junta de Gobierno; en los términos siguientes:

I. Presidente del Órgano de Gobierno;

II. Los titulares de las Secretarias de Estado y los subsecuentes, el Presidente del Consejo Consultivo y el Director General de la Comisión, sucesivamente.

Por lo que, siendo congruentes con esta prelación del texto vigente y tomando en consideración que el Instituto Nacional de las Mujeres, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 1, 3, 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, del artículo 2 y demás relativos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, es un Organismo Público Descentralizado que pertenece a la Administración Pública Paraestatal, es que proponemos que la adición del INMUJERES se inserte como fracción V, del artículo 6 de Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas vigente, que es la que sigue en su orden, sin afectar las fracciones I y II, ni el último párrafo del artículo en comento, quedando la redacción siguiente:

En conclusión, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, acuerdan aprobar en los términos de la Minuta original, la adición de una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y actualizar su redacción.

Asimismo, acuerdan aprobar con modificaciones, la adición de una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose la subsecuente, y la adición de una fracción V, al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan una fracción XIX, al artículo 2 recorriéndose la subsecuente y una fracción V, al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas;

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 6....

I. y II. ...

III. El Presidente del Consejo Consultivo;

IV. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz, y

V. Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, solo con derecho a voz.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XII, recorriéndose la subsecuente al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a X. ...

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y

XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

TRANSITORIO

ÚNICO.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a nueve de febrero de 2016.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas, Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López, secretarios; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Janette Ovando Reazola, Álvaro Rafael Rubio, Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica); Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Gretel Culin Jaime (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo con modificacionesal tenor de los siguientes:

Antecedentes:

I.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en fecha 1° de marzo de 2016, el diputado Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5°; se adicionan una fracción XII del artículo 3°; la literal h de la fracción I del artículo 5°; y una fracción XXI del artículo 10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

II.- En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades, y mediante oficio No., instruyó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

III.- Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura, procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la Iniciativa:

El diputado Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone dar oportunidad a las personas adultas mayores y a sus familias de que cuenten con un espacio en que reciban asistencia integral, mientras sus familiares tengan que ausentarse del domicilio para realizar sus actividades laborales. Un espacio en el que reciban atención médica, alimentación, que puedan desarrollar actividades recreativas y culturales.

Por lo que resulta necesario hacer reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que se brinde este servicio a las personas adultas mayores y sus familias.

Señala que dar este tipo de apoyo a la población mexicana, sin duda representará un detonador de bienestar social y crecimiento económico, en virtud de que las familias no tendrán que dejar de realizar sus actividades laborales para dedicarse al cuidado de las personas de la tercera edad.

Refiere que actualmente, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), presta diversos servicios para las personas adultas mayores, como son los albergues, las residencias de día, los centros de atención integral, los centros culturales y clubes.

La población de 60 años y más, irá en aumento paulatino, que entre los factores de este proceso de envejecimiento de la sociedad mexicana, se encuentran el aumento de la esperanza de vida; el descenso de la fecundidad; mejores condiciones de vida; el avance en la medicina, entre otros. Por lo que se debe tomar seriamente en cuenta lo anterior, para el diseño de políticas públicas, de salud, seguridad social y asistencial.

Cuidar a las personas adultas mayores no resulta sencillo para las familias, en ocasiones tienen que dejar sus actividades cotidianas para enfocarse al cuidado de ellos; o también tiene que dejar su empleo, lo que se refleja en una disminución de los ingresos. Lo peor de las consecuencias de esta problemática, es el abandono de las personas de la tercera edad, quienes sufren descuido y falta de interés de sus familiares, lo que tiene efectos devastadores en ellos, como la depresión, el detrimento de su calidad de vida y de su salud.

Por ello, contar con el apoyo del Estado para aligerar el trabajo que representa el cuidado de las personas mayores, resulta de primera necesidad, ya que contar con un espacio al que se pueda llevar a los adultos mayores, no solamente permitirá poder continuar con las actividades laborales e incluso sociales o de cualquier otra índole, sino que ellos podrán tener también un espacio digno en el que podrán socializar, realizar actividades culturales, contar con servicios geriátricos, entre otros.

En virtud de lo anterior, el diputado iniciante propone la siguiente reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 3o.; se adiciona la literal h a la fracción I del artículo 5o., se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5o.; y se adiciona una fracción XXI al artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Residencias de día. Lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno según corresponda; en los que se brinda a las personas adultas mayores, atención integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. a g. ...

h. A tener acceso a las residencias de día en las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.

II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. a c. ...

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores; así como brindarles el apoyo necesario para que las personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las residencias de día;

IV. a IX. ...

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Impulsar la creación y operación de residencias de día a fin de que las personas adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones:

1.- Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a dictamen y determinó que es procedente su dictaminación en sentido positivo.

2.- En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración que lo que ha planteado el Diputado Waldo Fernández González, es viable y procedente, toda vez que efectivamente, es fundamental que las personas adultas mayores cuenten con un espacio digno en el cual reciban asistencia integral, permitiendo a la vez que sus familiares puedan ausentarse para cumplir y realizar sus labores cotidianas, ya que de lo contrario, éstos serían susceptibles de perder sus empleos, complicando la ya situación precaria y difícil, trayendo como consecuencia, en muchos de los casos, el no poder atender con dignidad a las personas adultas mayores, sufriendo el abandono e indiferencia de sus propios familiares y de la misma sociedad.

3.- Esta Comisión Legislativa considera apropiado y procedente establecer la definición de las Residencias de Día, como aquellos lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, según su competencia y en los cuales, se les brindará atención integral de conformidad con lo establecido en la propia Ley. En este sentido es importante saber la naturaleza y el objetivo de la Residencia de Día.

4.- De igual manera, esta Comisión considera viable la propuesta en el sentido de que la Ley garantice a las personas adultas mayores el derecho de tener acceso a las residencias de día, en las cuales se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación; derecho humano que resulta fundamental para la subsistencia digna de las personas adultas mayores.

5.- Asimismo, se considera procedente la propuesta para que las familias reciban el apoyo necesario para que las personas adultas mayores puedan acudir a las residencias de día; lo cual constituye un derecho básico, tanto para las familias, permitiéndoles acudir a sus centros laborales; y para las mismas personas adultas mayores, para que sean atendidas con dignidad y decoro.

6.- En relación a la propuesta que establece que uno de los objetivos de la Política Nacional sobre las personas adultas mayores es la de impulsar la creación y operación de residencias de día a fin de que las personas adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral, esta Comisión considera que para que sea viable, es preciso suprimir los términos relativos a impulsar la creación y operación de las residencias de día, toda vez que dichos términos implican y sugieren que exista un impacto presupuestario para el establecimiento de residencias de día, es decir, se requieren recursos financieros para la creación y operación de las mismas.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera necesario que la redacción de la propuesta, solamente establezca que el objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas mayores estribe en “difundir residencias de día...”, para el efecto de que no tenga el citado impacto presupuestario.

7.- Es importante mencionar que esta propuesta tiene como antecedentes la atención que algunos Gobiernos estatales en coordinación con Autoridades Municipales han creado y puesto al servicio de los adultos mayores, algunas estancias temporales a las que les han asignado denominaciones diversas, pero que en el fondo se ocupan de prestar servicios de salud, alimentación, estancia e incluso recreación, de manera temporal es decir; algunas horas del día, estableciendo diversos requisitos para tener derecho y acceso a los beneficios que se aportan; algunos de esos ejemplos, se suceden en los estados de Puebla, Veracruz, Campeche.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten al Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5o.; se adicionan una fracción XII al artículo 3o., un inciso h a la fracción I al artículo 5o. y una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y

XII. Residencias de día. Lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno según corresponda; en los que se brinda a las personas adultas mayores, atención integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. a g. ...

h. A tener acceso a las residencias de día en las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.

II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. a c. ...

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores; así como brindarles el apoyo necesario para que las personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las residencias de día.

IV.a IX. ...

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX.Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y

XXI. Difundir residencias de día a fin de que las personas adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 30 de marzo de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Fernando Mesta Soule, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule: Con la venia del presidente y de los diputados presentes. “Una sociedad que no entiende a sus mayores, es una sociedad sin futuro” –decía el político argentino Sergio Massa–. En cambio una sociedad que valora a sus mayores, se enriquece, tiene memoria y está sembrando en tierra fértil para su futuro.

La familia sigue siendo el primer lugar de encuentro en el ser humano recién nacido, y debe de ser el último lugar para su despedida en la ancianidad. El hogar es el espacio donde se atiza el calor humano, se da soporte, afecto y seguridad a las personas de cualquier edad.

Sin embargo en una sociedad como la nuestra, complejizada con los horarios laborales, con las distancias y tiempos de traslado, las familias reducidas y la soledad que azota y pone en riesgo la seguridad física y emocional de las personas mayores, ha sido necesario buscar soluciones que tomen en cuenta ambas realidades: envejecer en familia y permitir a los que pueden continuar con sus actividades productivas en beneficio de todos sus integrantes.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presenta este día un dictamen que está dirigido a proteger a poco más de 5 millones de personas que por su edad avanzada deben recibir una atención por el Estado para asegurar su bienestar.

En nuestro país, por las características de la familia, uno de cada cinco hogares cuenta con una persona mayor a los 70 años. ¿Quiénes de nosotros no tenemos un padre, una madre, una abuela, un abuelo que se ajusta a este supuesto?

No obstante los datos anteriores, no debemos perder de vista que el enfoque de la Ley de Derechos a las Personas Mayores, y de las figuras que emanen de ellas, deben ceñirse a los principios de autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente. Por lo tanto las residencias de día deberán ser espacios dignos que funcionen a partir de las necesidades de las personas adultas mayores y que promuevan y garanticen su desarrollo.

Es necesario que con nuestra actuación legislativa, generemos condiciones que propicien la realización de los adultos mayores como seres humanos sujetos a derechos, que garanticemos que efectivamente los espacios y políticas públicas que se diseñen para ellos y ellas se hagan con miras a su plena realización, inclusión e integración social.

En condiciones de Igualdad, reconocimiento de utilidad y sus aportaciones a la vida pública del país y no como espacio de aislamiento o de abandono. Recordemos que los adultos mayores son miembros activos de nuestra sociedad, con responsabilidad de todos y todas nosotros, y son parte viva y activa de nuestras comunidades.

Es necesario que sigamos trabajando en la búsqueda de mecanismos y alternativas creativas interinstitucionales y multidisciplinarias como estas residencias de día que mantengan o faciliten su reintegración a la vida social, política, cultural y económica del país.

Estas residencias de día deben ser supervisadas y monitoreadas en forma permanente para su buen funcionamiento, la transparencia de sus recursos, la calidad y calidez de sus servicios profesionales y de quienes funcionen como sus cuidadores.

Las residencias de día deben proveer espacios donde el adulto mayor sea escuchado y comprendido, donde se le brinde la oportunidad de hacer una vida integral, en otras palabras, atención a sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales.

Las residencias de día bien organizadas pueden llegar a ser un magnífico espacio donde el mayor se sienta con oportunidades donde pueda socializar y expresarse: el arte; encontrar sentido a la vida y ser felices.

Agradezco a los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables su trabajo para lograr el consenso necesario para llevar a buen puerto este dictamen.

Ahora corresponde al pleno votar por un tema que además de unirnos, nos permite ser parte de una solución mediante la creación y regulación de las residencias de día, donde el adulto mayor encuentre una opción para vivir durante el día con dignidad y compañía, de sus contemporáneos la última etapa de su vida, regresando diariamente a su hogar, con los suyos.

Está en puerta la ratificación en el Senado de la Convención Interamericana sobre este tema y nos estamos adelantando, pero hace falta aún más. Votemos a favor de este dictamen y faltará un poco menos, en sus distritos y entidades federativas se los agradecerán. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Mesta. Está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y los siguientes diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social; la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario del PAN; y la diputada María Monserrath Sobreyra Santos, del Grupo Parlamentario del PRI.

En ese sentido tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Esta Presidencia saluda a estudiantes y profesores de la Universidad de Quintana Roo, invitados por el diputado José Luis Toledo Medina. Así como saludamos al presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, quien viene acompañado de su cuerpo edilicio, invitados por los diputados de Baja California Sur. Bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes. Saludo con entusiasmo a mis compañeros diputados. En el Partido Encuentro Social queremos que a tantos millones de mexicanos adultos mayores, esos que están a nuestro alrededor, les lleguen la atención, el cuidado y la tranquilidad de ver cubiertas sus necesidades. Es decir, la igualdad de oportunidades en vida y no esperar para ver realizada esa igualdad hasta ese lugar donde todos somos iguales.

Es por ello que la iniciativa de crear residencias de día para personas adultas mayores es tremendamente oportuna y positiva. Y, aclaro, la iniciativa por sí sola no podría realizar ese ideal de justicia para las personas adultas mayores, ni siquiera en el ámbito concreto de las necesidades básicas.

Por sí sola no, pero es un gran avance y nuestros queridos viejos, como así solemos llamarles de cariño, particularmente los que por sus circunstancias no podrían tener otra opción, nos lo agradecerán con esas frases y refranes de sabiduría cuasi centenaria que solo ellos podrían formular.

Aclaro que no basta porque una iniciativa como esta, que propone residencias de día para personas adultas mayores, podría ser recibida por los mexicanos para bien o para mal. Por un lado podrían estar aquellos que están cansados de cumplir con una responsabilidad generacional y que son omisos a los cuidados que en justicia merecen nuestros ancianos, pero también habrá quien aproveche esta oportunidad para sacar de la soledad y de la dificultad, del abandono total y de la inanición a su gran sabio, a su papá, a su mamá, a esa persona querida y llevarla subsidiada por el Estado a una residencia donde sí cuiden de él o de ella.

A veces puede ser cuestión de indiferencia y falta de amor, pero en la mayoría de los casos es un tema de necesidad que ha sido sentenciada por las duras jornadas de trabajo, turnos dobles, distancias considerables, trabajos no sólo necesarios sino literalmente vitales. Para esos casos y no para los primeros, es para los que está diseñada esta excelente iniciativa que hoy votamos de manera favorable.

En el Partido Encuentro Social estamos a favor de que nuestros abuelitos, nuestras personas adultas mayores sean cuidadas, amadas y atendidas en su propia familia, pero también estamos a favor de que el Estado haga lo suyo y brinde oportunidades de calidad y cubra bajo los principios de la seguridad social las situaciones en las que lo primero no ha sido posible.

El cariño y el amor a nuestros abuelos se enseña y se vive en la familia, pero es el Estado a quien le toca garantizar ese mínimo social, el bienestar y el cuidado de nuestras personas adultas mayores.

A esta iniciativa el Ejecutivo deberá añadir complementariamente campañas de concientización para que la atención a los miembros más sabios de nuestra sociedad, que sí es cuestión de orden público, sea vista sí como una obligación, pero más que como esto sea vista como un privilegio de nuestro México, no como una carga, como una cuestión de justicia, de equidad generacional el devolver a ellos lo que tanto nos dieron.

Hace unos días leía la biografía de Gabilondo Soler y el impacto que su abuela tuvo para toda la creatividad, para toda la riqueza, para todo ese bagaje cultural que nos dejó este genio de nuestros tiempos. Fue la abuela, ese ser lleno de sabiduría y de creatividad, que le enseñó a don Gabilondo cómo plasmar en esa música toda la riqueza de nuestra nación.

Es por ello que en el Partido Encuentro Social estamos a favor de este dictamen y lo votaremos así, refrendando nuestro compromiso de ser la voz de los que no tienen voz, de los más desfavorecidos y vulnerables, para quienes se suele legislar con eufemismos, que solo buscan su rápida partida, su muerte asistida, su voluntad anticipada, quienes aislados y amordazados por sus propias dificultades verbales o físicas, o por la cruel indiferencia de sus propios deudos más entrañables, son silenciados, impedidos para decir tan solo tengo sed.

Somos la voz de los que no tienen voz y hoy, junto con André Maurois afirmamos: el verdadero mal de la vejez no es el debilitamiento del cuerpo, sino la indiferencia del alma. No seamos indiferentes y no promovamos como Estado la indiferencia, porque entonces la pregunta obligada sería, ¿quién ha envejecido realmente? Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con afecto.

Para Nueva Alianza promover la igualdad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos es un principio que rige nuestra labor legislativa. Congruentes con esos principios, las y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen, que busca fomentar entre las familias con adultos mayores el que se les brinde una atención integral y satisfactoria.

En primer lugar, asentando el concepto de residencias de días, entendidas como los lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, según su competencia, en los cuales se les brindará atención integral a los adultos mayores.

Se estima que en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total. Las personas adultas mayores conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, misma que se incrementa al contar con alguna limitación. Aproximadamente 26 de cada 100 adultos mayores presentan una discapacidad, estamos frente a una nueva realidad, en donde los derechos de las personas mayores no deben ni pueden estar ausentes.

Cuidar a las personas adultas mayores no resulta sencillo para las familias, quienes en muchas ocasiones tienen que dejar sus actividades cotidianas, o bien, abandonar su empleo, lo que repercute de manera directa en el bienestar económico de todos los integrantes de esos hogares.

Para Nueva Alianza garantizar a las personas adultas el acceso a las residencias de día, donde se otorguen servicios de atención integral adecuada a las necesidades propias de su edad, es una justa retribución a lo que han aportado a esta sociedad.

De igual manera, coadyuvaría a que las familias mantengan su bienestar económico y emocional, pues al tener la seguridad de que su familiar estará bien cuidado no tendrían que dejar de realizar sus actividades laborales para dedicarse al cuidado de las personas de la tercera edad.

En Nueva Alianza estamos convencidos que con acciones como estas mejoramos las condiciones para que los adultos mayores puedan disfrutar de una vejez digna y tranquila. Ese es nuestro compromiso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Reyes Ávila. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, con su permiso. Hoy para mí es un día muy especial, mi padre hoy cumple 21 años de muerto y quisiera dedicarle mi intervención, padre te amo y te amaré siempre.

El día de hoy vengo a exponer las razones por las cuales el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La posibilidad de dignificar la vida de los adultos mayores de nuestro país, es una realidad que nos motiva, ya que representa devolver algo a las generaciones que han invertido su tiempo, trabajo y esfuerzo en materializar la realidad nacional que hoy vivimos.

Por ello, nos corresponde a nosotros, legisladores, el devolver en políticas públicas algo de lo mucho que este país le debe a esas generaciones. Pero además, compañeros, debo decirles que el velar hoy por la tercera edad es garantizar nuestro futuro.

Más allá del discurso demagógico al que estamos acostumbrados, esta Cámara está pasando a los hechos. Con esta iniciativa se ve concretada la buena voluntad de este Congreso, por ello es dable reconocer el buen oficio de las y los diputados para lograr acuerdos que construyan un marco jurídico que fortalezca los derechos de las personas de la tercera edad, como lo es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y en concreto, la figura de las residencias diurnas, mismas que brindarán asistencia en salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación a este sector poblacional.

El promover la dignidad en este tipo de espacios garantizará que sus miembros reciban asistencia integral, permitiendo de esta forma que las personas de quienes dependen puedan cumplir con sus deberes laborales y realizar sus actividades cotidianas, sin que esto represente abandono o descuido.

En suma, por las consideraciones anteriormente expuestas, Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen.

Amigos diputados y diputadas, los invito a que sigamos redoblando esfuerzos por construir de manera sostenida las condiciones que favorezcan la garantía de una vejez segura, y los que tienen a sus ancianitos, a su padre, a sus abuelos, bisabuelos, cuídenlos, después los van a extrañar. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Garzón Canchola. Tiene el uso de la tribuna la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Irma Rebeca López López:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, con el tiempo los adultos mayores adquieren la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y de mover, embellecer y transformar su realidad. Son ellos las que nos enseñaron a convertirnos en seres racionales, críticos y éticamente comprometidos con la sociedad. Por ello, las políticas públicas encaminadas a apoyar a los adultos mayores son indispensables para cualquier nación que pretenda un desarrollo armónico, vigoroso y sostenido.

México se encuentra sumergido en un proceso de crecimiento acelerado de su población adulta. Actualmente en el país la población mayor de 60 años se ubicó en 13 millones 928 mil 310 personas, que equivale a más de 10 por ciento de la población total.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo del primer trimestre de 2016, las proyecciones del Consejo Nacional de Población dicen que la población de la tercera edad se mantendrá en continuo crecimiento y que aumentará de 6.9 millones a 36.5 millones en 2050.

Se supone que la ley debe prever calidad de atención para este grupo, pero la situación es muy diferente. Existen datos tan claros en cuanto a las desventajas en que se encuentra la atención a los adultos mayores, que no solo está relacionada con el acceso a los sistemas de salud públicos, sino también con la capacidad de desenvolverse en un sistema que no crea los mecanismos necesarios e ideales para ello.

Por ello, este dictamen debe garantizar a los adultos mayores un espacio en donde pudieran realizar actividades productivas durante el día y no escatimar presupuesto para ello. Que no sea un pretexto la falta de fondos para negarles a los adultos mayores el ejercicio de sus derechos.

Si cada uno de nosotros hace conciencia de lo importantes que son los adultos mayores. Es probable que las cosas cambien, en especial cuando los que tenemos la capacidad de decisión les garanticemos el goce pleno de sus derechos para brindarles la calidad de vida que se merecen.

No basta con conocer el problema que los afecta o cuestionarse, si se brinda atención o no, lo realmente importante es lograr que legislemos en favor de ese grupo, que la propuesta sea adecuada con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

En Morena, reconocemos las necesidades de los adultos mayores y legislamos para ello. Es por esto que nuestro voto es a favor de este dictamen. Morena está también a favor de un presupuesto con sentido social que apoye a los grupos vulnerables. Es cuanto, señor presidente. Por cierto, yo provengo de un barrio de Iztapalapa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada López López.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la carrera de administración pública y ciencias políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Invitados por el diputado Alejandro Armenta Mier. Igualmente, saludamos a alumnos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Invitados por la diputada María García Pérez. Y a alumnos de la Universidad de San Cristóbal de las Casas, Facultad de Derecho. Invitados por el diputado Enrique Zamora Morlet. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo el 11 por ciento de la población está integrada por personas adultas mayores. En México el 11 por ciento está integrada por personas de 60 años y más.

En nuestro país hay más adultos mayores que niños menores de cinco años. Las proyecciones indican que el envejecimiento demográfico es irreversible, por eso necesitamos implementar acciones inmediatas para su debida atención.

De acuerdo con las proyecciones de población que estima Conapo, para el 2025 el número de adultos mayores en México aumentará 17.2 millones y en 2050 aumentará a 32.4 millones. La esperanza de vida en promedio será casi de 80 años, por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde se suma al presente dictamen para su impulso y su aprobación.

Este dictamen señala las dificultades que tienen los adultos mayores en las familias. Aun a pesar de estar viviendo con sus hijos y con sus nietos, sufren largos periodos de soledad. Esto es debido a las dinámicas que actualmente les genera a sus familiares la vida laboral y escolar, sin embargo debemos de reconocer que incluso en el medio familiar debemos de hacer acciones que los beneficien.

Amigas y amigos, el hogar es la célula básica de la organización social. Es ahí donde ocurren los procesos que permiten la convivencia cotidiana y generacional de la población, además de que en éste se desarrollan las principales funciones de socialización del individuo.

El hogar genera entre sus miembros lazos de solidaridad y afectividad que crean un instinto de protección, lo cual es de vital importancia a fin de alcanzar el bienestar y potenciar las aptitudes de quienes lo conforman. En este contexto, este dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables es una respuesta a una situación social cada vez más común.

Debemos superar la mentalidad de recoger o recibir a los adultos mayores y, en cambio, integrarlos plenamente a una dinámica social que respete su fuerza, su salud, sus intereses y su vocación.

Actualmente el gobierno federal está implementando la creación de estancias de día para los adultos mayores en donde se les alimenta y se les cuida, al tiempo que tienen la oportunidad de convivir con personas de su edad y realizar actividades que los ayudan a cuidar su salud física y mental.

Abonando a esta política inclusiva, el dictamen obliga a que sea considerado como uno de los objetivos de la política nacional el promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral de los adultos mayores.

El Grupo Parlamentario del Verde celebra que hoy podamos elevar a rango de ley un programa que ha impulsado el gobierno del presidente Peña Nieto, para lograr la meta de un México incluyente.

Los adultos mayores han aportado mucho a lo largo de su vida, y es necesario que el Estado y la sociedad dignifiquen su posición. Nuestros adultos tienen el derecho a seguir ejerciendo en plenitud su derecho a la salud, a la vivienda digna y a la familia; pero también tienen derecho al esparcimiento, al conocimiento, a la cultura. En mi grupo lo sabemos, lo entendemos, y del mismo modo trabajamos para lograrlo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia de la diputada SharonMaría Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Waldo Fernández González:Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con relación al dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En nuestro país habitan más de 12 millones de personas mayores de 60 años, adultos mayores que en su mayoría ya no pueden valerse por sí mismos, y que tienen que recurrir en una de esas ironías de la vida, al manto protector de sus hijos o de sus familiares. De esta población de adultos mayores, el 57 por ciento viven con alguno de sus hijos o familiares, que implica que al menos 5 millones de mexicanos que salieron de la actividad productiva y que desgraciadamente no tienen cómo valerse por sí mismos, acudan a esta ayuda.

Esta situación de vida produce muchas veces un efecto devastador para la economía de las familias. Es común que algún miembro de la familia tenga que abandonar su actividad económica productiva, para hacerse cargo del cuidado del papá o de la mamá, de la abuelita o del abuelito.

Con el dictamen que hoy estaremos aprobando, millones de adultos mayores en México podrán disfrutar del principal beneficio que esta reforma plantea, que son las residencias de día en las cuales recibirán asistencia para la salud, alimentación, aseo, actividades recreativas y culturales, para después volver a casa con sus familias para seguir integrando este núcleo familiar y protegiendo a la familia, en cualquiera de sus formas.

Pero además, esta reforma detonará un beneficio colateral, ya que millones de mexicanos que actualmente sacrifican su estabilidad económica y muchas veces su realización personal, para poder así cuidar a quienes les dieron vida y pagar esta deuda familiar, podrán volver a reintegrarse a la fuerza productiva de nuestro país.

Además, la reforma que estaremos aprobando establece como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores el difundir y operar las residencias referidas por parte de los tres órdenes de gobierno.

Éste es un paso definitivo para consolidar nuestro futuro, pues si hoy apenas rebasamos los 12 millones de adultos mayores, para 2020 la población será de 14 millones, y para 2050, 32 millones de mexicanos estarán en esta condición.

En definitiva, lo que aprobaremos el día de hoy tendrá un impacto real y positivo en la sociedad, porque de este presente que estamos construyendo hoy, y por lo que está por venir.

Con esto refrendamos nuestro compromiso de construir desde este recinto legislativo el entramado jurídico que asegure un mejor presente y un mejor futuro para todas y todos los mexicanos. Pocas veces podemos, desde esta tribuna, hacer justicia, y hoy estamos haciendo justica con nuestro pasado para enfrentar nuestro futuro.

Les agradezco a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, por aprobar este dictamen y puedan estar seguros que en el futuro, ésta será una de esas acciones por la cual nuestra gente nos reconocerá. Muchas gracias, y enhorabuena.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Lilia Arminda García Escobar:Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, es un hecho que las personas adultas mayores son vulnerables a los malos tratos, son personas con cierto grado de dependencia y pérdida de autonomía, por lo que se encuentran en una situación de alto riesgo.

Este sector de la población constantemente es víctima de desventajas, exclusiones e inequidad, de aquí la necesidad de promover la participación, las oportunidades y la igualdad. En la actualidad las personas adultas mayores tienden a ser discriminadas y marginadas, con esto, sus derechos corren peligro de ser violados y ser rechazados por la misma sociedad, por lo que la única manera de proteger y respetar esos derechos es reafirmando y respetando la normas previamente establecidas en los distintos ordenamientos nacionales e internacionales.

En la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento se planteó la necesidad de mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social, combatir la pobreza y la desigualdad, velar por que ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo, que no padezcan de violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para que no padezcan de carencia alguna. En general, se debe mejorar la capacidad institucional para garantizar los derechos de los adultos mayores.

Esta situación nos plantea el reto no solo de instrumentar mejores políticas públicas, sino también de crear legislación más avanzada que responda a las necesidades que derivan del envejecimiento de la población. Y uno de estos retos es la difusión de lugares en donde los adultos mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral.

En este orden de ideas, coincidimos con la propuesta de que se les garantice a las personas adultas mayores el derecho a tener acceso a las residencias de día, en las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, actividades culturales y recreación. También tenemos que adoptar medidas destinadas a que nosotros mismos, en el seno de la familia, en la población en general, tomemos consciencia sobre los derechos de las personas de edad.

Por ello resulta relevante que las familias reciban el apoyo necesario para que las personas adultas mayores puedan acudir a las residencias de día, pero también todos nosotros debemos trabajar en acciones positivas para que de una vez por todas se reconozca la autoridad, la sabiduría, la productividad y otras contribuciones importantes de las personas adultas mayores a la sociedad, la promoción de un trabajo digno y respetuoso para ellas y de una imagen positiva, realista del envejecimiento y la eliminación de los estereotipos.

Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos de que las mujeres y los hombres adultos mayores tienen los mismos derechos que todas las personas. Todos nacemos iguales y esto no cambia en medida de que envejecemos. Por todo ello votaremos a favor de las reformas y adiciones que se proponen a través del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que hoy discutimos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada María Monserrath Sobreyra Santos, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María Monserrath Sobreyra Santos:Gracias. Como te ves me vi, como me ves te verás. Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes amigas diputadas y diputados.

La dignidad de una sociedad es reflejo del trato que ofrece a los más vulnerables. La vejez es una de las etapas más incomprendidas, pocos la aceptan como la consecuencia lógica de la vida humana y muchos la ven como una condición que jamás ha de llegar.

El acelerado crecimiento de la población de adultos mayores representa un reto para los diferentes sectores gubernamentales y sociales, pues no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector de la población ni la capacidad humana para atender profesionalmente sus muy diversas necesidades.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, residen más de 7 millones de personas de 65 años o más, lo que representa el 6.3 por ciento de la población total. De ellos, 3.8 millones son mujeres y 3.2 son hombres.

El crecimiento de este sector poblacional ha sido considerable en los últimos 30 años. En 1970 las personas de 65 años o más sumaban 1.8 millones y el índice de envejecimiento era de ocho adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. En 2000 esta cifra incrementó cerca del doble, con 13.7 por cada 100, y en 2010se incrementó con respecto a los datos obtenidos la década anterior 21.4 por cada 100.

La fragilidad histórica que vive esta población repercute en la vida diaria de sus familias, sobre las cuales frecuentemente recae la responsabilidad de su cuidado.

La situación del adulto mayor en México y en la mayoría de los países se caracteriza generalmente por problemas de salud asociados a la vejez, una escasa protección y profundas desigualdades sociales.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos comprometidos con las causas y conquistas sociales, es por ello que en nuestro programa de acción proponemos que México debe ser un país de iguales, donde todas y todos, incluidos por supuesto los adultos mayores, ejerzan plenamente sus derechos humanos.

Para alcanzar dicho objetivo, nuestro principal aliado es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su eje denominado México Incluyente, establece las bases para integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, donde se busca el desarrollo humano integral de los adultos mayores, procurándoles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable.

Los diputados priistas votaremos a favor del presente dictamen, porque queremos mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y permitir que, sin descuidarlos, sus familias sigan atendiendo sus actividades diarias para continuar produciendo.

Estamos convencidos que las residencias de día son la mejor opción y reconocerles este derecho es nuestra obligación. Aunque estas son una realidad en algunas entidades federativas, debemos multiplicar los esfuerzos para brindarles a todos ellos la atención integral que merecen.

Nos reiteramos a favor de una ciudadanía que reconozca y apoye el esfuerzo, la experiencia y las virtudes de nuestros adultos mayores. Nos pronunciamos por una sociedad que respete, promueva y defienda sus derechos.

Amigas y amigos, se trata de generar tranquilidad a un segmento de la población al que todos reconocemos y apreciamos. Pero aún más importante, se trata de regresar un poco de lo mucho que ellos nos han regalado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera diputada que falte por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 394 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 394 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y Dictamen correspondiente, el expediente No. 74 C.P. que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de Turismo, en materia de reconocimiento del Derecho al Turismo, presentada por la Dip. Gretel Culin Jaime del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de mayo de 2016.

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de mayo de 2016, la diputada Gretel Culin Jaime presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de Turismo en materia de reconocimiento del Derecho al Turismo.

2. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Turismo para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 13 de mayo de 2016, la Comisión de Turismo recibe copia del expediente No. 74 C.P., el cual contiene la iniciativa en turno.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La autora de la iniciativa define primeramente el planteamiento del problema, mismo que motiva la presentación de su iniciativa, el cual consiste en la ausencia dentro de la legislación turística, del reconocimiento del derecho al turismo que todo individuo tiene derivado del derecho humano al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, que se garantizan en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 7, fracción d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que ambos México es parte.

Como parte de la exposición de motivos cabe señalar que con la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, es decir la admisión de tratados internacionales e incorporación de los mismos con rango constitucional en materia de derechos humanos, ha generado un cambio en la interpretación y aplicación del derecho en este rubro, colocando éstos en primer término, lo que implica adoptar medidas de carácter interno que reconozcan las normas internacionales.

Por lo anterior la autora considera necesario llevar a cabo reformas legislativas que permitan una adecuada aplicación y reconocimiento de los derechos humanos.

Por ello, el control de convencionalidad es una interpretación de derechos y libertades acordes a tratados, que significa que los jueces nacionales están obligados a: 1) Observar los tratados internaciones; 2) Aplicar los tratados internaciones en materia de derechos humanos como el derecho interno que es; 3) No interpretar en contra del contenido, objeto y fin de los tratados internacionales; 4) Hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en los tratados internacionales y 5) Observar como pauta de interpretación la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Derivado de ello, uno de los principios interpretativos que se incorpora es el de pro persona, que consiste en el deber de las autoridades del Estado de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de la forma que más favorezca a las personas.

Y si bien es cierto, que el Poder Legislativo no lleva a cabo la aplicación del derecho como en el caso del Poder Judicial, si tiene la facultad y responsabilidad de elaborar leyes, que sean acordes con la protección y reconocimiento de los derechos humanos.

En ese sentido, la reforma propuesta pretende esa situación, llevar a cabo el reconocimiento del derecho al turismo derivado de un derecho humano.

SEGUNDO.- Los derechos humanos están implícitos al individuo y se adquieren por el simple hecho de ser humano, los cuales deben ser reconocidos y respetados en cualquier lugar donde se encuentre el sujeto, y el turismo además de que es considerado como un derecho, no debe presentar obstáculos para cumplir y hacer valer estos principios, no solo concentrándose en el turista, sino también en las comunidades donde se practican las actividades propias del turismo, en los servidores turísticos, y cualquier otra persona que forme parte e impulse esta rama económica, de esta manera se respeta el objetivo fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es la justicia social, conservando la integridad del ser humano, contra los excesos de poder.

Ahora bien, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, éste es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Siendo una actividad a la que todos deben tener acceso para lograr el integro desarrollo de la persona, y fomentar el intercambio cultural, generando con ello la integración social.

El sustento principal del derecho al turismo se encuentra en el derecho humano a la libre circulación y el derecho al descanso, al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones, contemplados en los artículos 13 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“ Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

Además, en el artículo 7, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se adhirió el 23 de marzo de 1981, establece que:

“ Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”

De igual forma, mediante resolución A/RES/406 (XIII) de la decimotercera Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (Santiago de Chile 1999), se adoptó EL Código Ético Mundial para el Turismo.*

El cual es un marco de referencia para el turismo responsable y sostenible, pues contiene un conjunto de principios que sirven para guiar el desarrollo del turismo y como marco de referencia para los diferentes actores en el sector del turismo.

En dicho Código, se contempla en su artículo 7 el Derecho al turismo, entendido bajo los puntos siguientes:

“ 1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno.

2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales...”

En ese sentido, el derecho al turismo debe ser respetado y reconocido en nuestra legislación, en concordancia con los instrumentos internacionales, lo que permitirá que la propia Ley General de Turismo garantice que todas las personas tengan libertad de practicarlo sin distinción de raza, género, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, o social, posición económica, nacimiento, condiciones físicas o cualquier otra condición, poniendo en primer término al ser humano.

TERCERO.-El turismo en nuestro país es un instrumento positivo que contribuye en la disminución de la pobreza y mejora la calidad de vida de todas las personas, pues detona el desarrollo económico y social.

Por tal motivo, la propia La ley General de Turismo señala que los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional, sin embargo, en todo su articulado no contempla una referencia o concepto sobre el derecho al turismo, quedando atrasados conforme a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. Y si bien, la materia turística es un tema de interés nacional, se debe dar prioridad a la elaboración de leyes que contribuyan en un mejor entendimiento y concepción del turismo.

Nuestra legislación, contempla lo que comprende la materia turística, siendo esta los procesos que se derivan de las actividades que se realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual con fines de ocio y otros motivos, establece bases generales de coordinación, bases para políticas, planeación, programación, mecanismos de conservación, planeación, reglas, procedimientos etc. Empero, no reconoce el derecho al turismo como parte de un derecho humano que todo individuo tiene.

Por ello nuestra propuesta es que se incluya en el artículo 2 de la Ley General de Turismo, como un objetivo de la ley, la de reconocer el derecho al turismo: Entendido como la posibilidad que tiene todo individuo de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.

Considerándose como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales.

Tal y como lo reconocen y establecen instrumentos internacionales de los cuales México es parte, y que de acuerdo con la reforma constitucional de 2011, debe regir siempre en beneficio de las personas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó mediante resolución A/RES/56/212, del 21 de diciembre de 2001, el Código Ético Mundial para el Turismo e invitó a los “ gobiernos e interesados del sector turismo a estudiar la posibilidad de introducir, según proceda, el contenido del Código Ético Mundial para el turismo en las correspondientes leyes, normas y prácticas profesionales...”

En ese sentido, adoptar la idea básica del derecho al turismo contemplado en el Código Ético Mundial para el turismo, en la reforma propuesta, contribuirá en generar las acciones necesarias para reconocer derechos básicos de todos los mexicanos.

Por lo anterior se propone reformar la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Turismo, recorriéndose en el orden las subsecuentes para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Reconocer el Derecho al Turismo, entendido como la posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.

Debe considerarse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales.

II. – a XVI.-...

CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por la autora de la iniciativa, en el sentido de reconocer plenamente en la Legislación Turística de México, el derecho al turismo, el cual se entiende como la libertad que tiene todo individuo de tener el acceso directo y personal a las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país.

La madurez alcanzada hoy en día de los derechos sociales ha derivado en el reconocimiento del derecho al descanso y al ocio, mismo que se complementa con el derecho laboral a contar con vacaciones pagadas y periódicas, con fundamento en la legislación nacional.

Asimismo, este derecho también es reconocido por los Tratados Internacionales de los que México es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de todo individuo a tener un desarrollo económico, social y cultural y la Declaración de Amman en la Cumbre Mundial sobre la Paz a través del Turismo, que reconoce que el derecho de las personas a viajar, es un derecho humano fundamental que debe ejercerse sin restricción, incluyendo la facilitación de los viajes.

Cabe mencionar que en la opinión de la Secretaría de Turismo Federal, respecto a la presente iniciativa, se menciona que a la fecha el derecho al turismo no se regula de manera específica, situación que de hacerse, posicionaría al turismo en su justa dimensión, tanto en su calidad de derecho, como en su calidad de base de las grandes estrategias y programas que la misma Secretaría ha venido impulsando, como lo es el segmento de turismo social.

Dicho segmento, se ha colocado como parte del impulso al recientemente lanzado programa “Viajemos Todos por México”, que tiene como objetivo fundamental dinamizar la actividad turística nacional durante la temporada baja, permitiendo que más mexicanos viajen, descubran las riquezas de la nación, disfruten su país, fortalezcan su identidad y conviertan al turismo en un eje de integración y cohesión social.

Lo anterior, en congruencia con el Artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho al descanso, disfrute del tiempo libre”.

Todo el patrimonio tangible e intangible hace de México un país único e irrepetible, y resulta imprescindible que el Estado promueva entre los mexicanos, el aprendizaje de nuestra historia y el conocimiento pleno de nuestra riqueza natural y cultural, así como del potencial turístico con el que contamos.

La identidad es un elemento ineludible en la construcción de un País, que hace a los individuos parte de una comunidad nacional en razón de los vínculos históricos, étnicos, lingüísticos, culturales y económicos que les unen.

Asimismo esta Comisión Dictaminadora considera que si bien, el derecho al turismo no es un derecho humano como tal, si debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es por esta razón que se considera apropiado que el reconocimiento del derecho al turismo, se realice en la legislación turística nacional y no a nivel Constitucional.

Por otro lado, se considera necesario que el reconocimiento del derecho al turismo dentro de nuestra legislación nacional, sea delimitado hacia los turistas nacionales y extranjeros dentro de nuestro territorio, toda vez que este no es posible garantizarse para los habitantes del planeta dentro de la legislación nacional.

Por otro lado se considera que la iniciativa, cumple su objetivo de reconocer el derecho al turismo, sin embargo es necesario para una mejor estructura y técnica legislativa adicionar una nueva fracción I al artículo 2, estableciendo únicamente como objetivo de la Ley, el reconocimiento del derecho al Turismo, y posteriormente adicionar una nueva fracción VIII, al artículo 3, para establecer la definición de lo que deberá entenderse por derecho al turismo, recorriéndose en su orden las siguientes fracciones, lo que permite mantener el espíritu y fondo del proyecto inicial.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura, concluyen en aprobar con modificaciones la presente iniciativa sometiendo a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único. Se adicionan una fracción I al artículo 2, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, y una fracción VIII al artículo 3, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Reconocer el Derecho al Turismo;

II. a XVI. ...

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Derecho al Turismo: La posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, derivado del derecho al descanso, al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales;

IX. a XXII. ...

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Nieto Castillo, Santiago, “Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, 1ª edición, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, pág. 47.

2 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico.

3 El 10 de diciembre de 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos con el voto a favor de 48 estados, incluyendo a México.

4 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

5 http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo

6 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.

La Comisión de Turismo, diputados:Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Azul Etcheverry Aranda (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica en contra), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Verónica Agundis Estrada para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María Verónica Agundis Estrada:Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Señoras y señores diputados, el dictamen que se encuentra a discusión surge de la iniciativa presentada por nuestra compañera del Partido de Acción Nacional Gretel Culin, a quien hoy felicitamos por tan valiosa propuesta.

Quiero comentarles que la Comisión de Turismo entregará un addendum, previo a la votación de este dictamen. El objetivo es que se reconozca al turismo como un derecho en el que las personas tengan la posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y recreativas; derivado del derecho al descanso, al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas. Esto, de conformidad con la legislación nacional y los tratados internacionales.

Desde una perspectiva jurídica, el artículo 1o. constitucional señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion y en los tratados internacionales. Por lo tanto, el turismo debe ser concebido como un derecho, ya que en su desarrollo no se deben presentar obstáculos para cumplir y hacer valer los principios constitucionales. No solo concentrándose en el turista, sino también en todas aquellas comunidades en donde se practican las actividades propias del turismo, en los profesionales turísticos y en cualquier otra persona que forme parte e impulse esta importante rama económica.

En el Partido de Acción Nacional coincidimos en que el turismo, al considerarse como un derecho, debe ser garantizado con el fin de que las personas tengan toda la libertad de ejercerlo, sin distinción de género, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, origen social, posición económica, nacimiento, condiciones físicas o cualquier otra condición.

La actividad turística hace posible un distanciamiento de la vida diaria, del trabajo, de las obligaciones a las que estamos necesariamente sometidos y de la cotidianeidad de las actividades productivas. Por ello, es necesario establecer este derecho ya que el turismo se ha convertido en nuestro país en una actividad prioritaria por su alta contribución a la economía y por el beneficio que genera a las personas, así como al desarrollo regional y al desarrollo social.

Les agradezco su atención, y por supuesto el Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos.

Como se los comenté, compañeros, al inicio de la presentación, aquí ya viene nuestro compañero Héctor, se está presentando un adendum a esta iniciativa, previo a la votación. Y ahorita bueno, pues escucharemos a nuestros otros compañeros. Gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Dé cuenta la Secretaría de la propuesta de modificación que presenta la Comisión de Turismo.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: La modificación propuesta:

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión de Turismo.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por la compañera diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado secretario. Le solicito repetir la votación por favor y, pleno, que en consecuencia emita el razonamiento de su voto. Estamos consultando una propuesta de modificación al dictamen que se ha presentado. Repita la votación por favor, diputado secretario.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se aceptan e incorpórense al dictamen. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuetas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Buenas tardes, compañeros diputados. En atención a lo señalado hace algunos minutos sobre lo que comentaba un diputado por la crisis migratoria que estamos viviendo en las ciudades de Tijuana y Mexicali, me permito solicitar se exhorte al ciudadano gobernador de Baja California para que de inmediato haga uso del Fondo de Apoyo al Migrante que le fue entregado por la federación...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido, diputada, se ciña al tema que estamos discutiendo.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: ...y que asciende a la suma de 8 millones de pesos.

Honorable asamblea, a quienes hacemos e integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, nos preocupa y ocupa fortalecer la institución familiar, sabemos de su importancia como núcleo sobre el que se funda y desarrolla toda sociedad. Por tal razón celebramos la propuesta contenida en el dictamen que nos encontramos discutiendo, para incorporar en la Ley de Turismo el reconocimiento de este como un derecho.

Asumir al turismo como una posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación en nuestro país, permite el gozo simultáneo del derecho de descanso a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas bien remuneradas.

El dictamen que habremos de votar busca que nuestra legislación termine con el insostenible rezago que el reconocimiento explícito o tan menospreciado al derecho, el que ya se encuentra garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con dicha reforma impulsamos el desarrollo de la industria sin chimeneas por el acceso al turismo a un mayor número de mexicanos, particularmente a aquellos de escasos recursos. De tal forma que estamos abonando a mejorar la calidad de vida de una gran mayoría de mexicanos y contribuyendo al sano desarrollo e integración familiar, pues con esta propuesta legislativa favorecemos la convivencia familiar a través del ocio y el sano esparcimiento de sus integrantes.

Por otra parte con las pretendidas modificaciones de la Ley General de Turismo, se verá ampliada la oferta turística de nuestro país para atender el mercado de turismo nacional y de manera particular y de carácter social.

Además de lo anterior, es indispensable reconocer el hecho que hoy en esta industria turística ha cobrado una destacada importancia económica para las finanzas nacionales ante el desplome del precio de los hidrocarburos y la inestabilidad económica internacional.

Por tal razón, resulta necesario continuar creando las condiciones necesarias para apuntalar el desarrollo de nuestra industria turística y convertir a México en uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Por lo antes expuesto, votaremos a favor del dictamen que hoy nos ocupa, pues consideramos necesario el que nuestra legislación reconozca y garantice el derecho al turismo para favorecer el mejor de los encuentros, el Encuentro Social. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada García. Tiene a continuación el uso de la palabra, el diputado Ángel García Yáñez, del Partido Nueva Alianza.

La diputada María Luisa Sánchez Meza(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Dígame, diputada. La diputada María Luisa Sánchez. Adelante, sonido en su curul, por favor.

La diputada María Luisa Sánchez Meza (desde la curul): Soy diputada María Luisa Sánchez, soy de Baja California, nada más para comentarle a mi compañera diputada Cynthia García Soberanes, en relación a lo que comenta, de los haitianos, que están llegando a Baja California, comento que el Fondo de Apoyo a Migrante está etiquetado, que bajó por la Federación, ya está en el estado, entiendo que no está ahorita en el tema pero está etiquetado para los repatriados connacionales mexicanos. No es un fondo para migrantes extranjeros. Nada más para hacer mención de eso.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Diputada, el dictamen que tenemos a discusión, es el dictamen correspondiente a la dictaminación inherente a la Comisión de Turismo. Por ende, se registran sus apreciaciones en el Diario de los Debates, muchas gracias. Adelante, diputado Ángel García Yáñez.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, cuya finalidad es reconocer y definir en el texto de la Ley de Derecho al Turismo.

En Nueva Alianza, somos un partido progresista, entendemos que en los derechos sociales deben ser incorporados nuevos conceptos y mayores alcances. En este sentido, consideramos que, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 2011, es primordial que nuestro país adecúe su marco jurídico para que así se ajusten los compromisos internacionales de los que México es parte.

En este sentido, el dictamen busca actualizar el texto de la Ley General de Turismo, a fin de incorporar un concepto que ya es parte del Código Ético Mundial para el Turismo y que, en su artículo 7, numeral 2, establece que el derecho al turismo debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio; y, en particular, a la limitación razonable de la duración del trabajo y de las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de los mexicanos, por ello creemos que es necesario incorporar la visión de un derecho que hoy se encuentra en la ley.

La Ley General de Turismo tiene como uno de sus objetivos el promover y vigilar el desarrollo del turismo social, proporcionando el acceso a todos los mexicanos al descanso y la recreación, sin embargo no se estipula una definición del derecho al turismo.

Si pretendemos que nuestro país tenga un avance efectivo en el ejercicio de los derechos de sus habitantes, es preciso expandir nuestra visión y concepto de los mimos. No se pretende que el derecho al turismo se establezca como un derecho humano, sino como una extensión y consecuencia del ejercicio de otros, como el derecho al descanso, al ocio y a las vacaciones remuneradas.

En este sentido, es propicio que el reconocimiento del derecho al turismo se haga al texto de la ley secundaria en materia y, en este modo, se especifique que el derecho al turismo es la posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, derivado del derecho al descanso, al ocio y a la limitación razonable de la duración del trabajo, y de las vacaciones pagadas periódicas, de conformidad con la legislación nacional y de los tratados internacionales.

Para Nueva Alianza el motor y fundamento de la acción política descansa en el bienestar de la población. Para elevar el nivel de vida de los mexicanos es preciso establecer metas mayores, no podemos conformarnos con el mínimo de derechos para la población.

En Nueva Alianza así lo entendemos y sabemos que el reconocimiento de este derecho se convertirá en un círculo virtuoso que conducirá a un mayor desarrollo para nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Luis Ernesto Munguía González:Con su venia, señor presidente. Compañera y compañeros diputados, los integrantes de la Comisión de Turismo de esta Cámara hemos considerado necesario subsanar una omisión en la ley de la materia para incluir el reconocimiento del derecho al turismo que debe gozar todo individuo, así como establecer una definición clara de lo que ello significa. De este modo lograremos congruencia entre nuestro derecho interno y los tratados internacionales de los que México es parte.

Este reconocimiento debe interpretarse sólo como un comienzo. El ciudadano trabajador aventaja muy poco si se le dice tienes derecho al turismo, pero sus ingresos no le alcanzan para costear unas vacaciones en compañía de su familia, en las que realice un verdadero descubrimiento de las riquezas naturales y culturales de nuestro país. Poco se gana si se le dice tienes derecho al turismo, pero sólo seis días al año, seis días de vacaciones que van aumentando a cuentagotas con cada año de antigüedad laboral.

México es uno de los países de América Latina que menos vacaciones otorga por ley a sus trabajadores. Por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina reconocen el derecho a 15 días hábiles de vacaciones desde el primer año, mismos que van aumentando con la antigüedad laboral, y por ejemplo, Panamá, Perú, Brasil, reconocen 30 días naturales desde el primer año.

México, comparado únicamente con el resto de los países latinoamericanos sin contar a los países de primer mundo, se queda muy rezagado y con una deuda muy grande para con sus trabajadores. Desde el punto de vista del derecho comparado, así como por respeto a la dignidad de nuestra clase trabajadora, debemos asumir como un asunto de suma prioridad, el aumentar la cantidad de días de vacaciones a por lo menos el doble para estar apenas en el mínimo aceptable.

Es por eso que este reconocimiento del derecho al turismo debe ser visto únicamente como un comienzo y debemos de asumir, como legisladores, el compromiso urgente de mejorar las condiciones que permitan a los ciudadanos hacer efectivo este derecho de forma digna.

Por otra parte, aprovecho para señalar y pedir a la Auditoría Superior que revise la errática aplicación de recursos, supuestamente utilizados en la producción de una política por más de 140 millones de pesos, que solo sirvieron para menos de un minuto de exposición mediática de nuestro país y la marca México.

Los diputados ciudadanos no podemos permitir que, por un lado, hoy se nos plantee un recorte presupuestal por más del 50 por ciento en el rubro del turismo y que, por otro lado, despilfarremos en proyectos experimentales fallidos.

Así también reconocemos que hoy tenemos más turistas visitándonos a lo largo y ancho de nuestro país que en años pasados, pero desde luego que es gracias a la calidez de la población de nuestros mexicanos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Munguía González. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Esta Presidencia saluda al Excelentísimo señor Jalal Kalantari, embajador de la República Islámica de Irán, en México, invitado por los diputados del Grupo de Amistad México-Irán, que preside el diputado Sergio López Sánchez. Bienvenido, señor embajador. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Muy buenas tardes. El turismo en México es una actividad económica importante para el país y una de las mayores en el mundo.

Ciudadano presidente, compañeras y compañeros legisladores, es lastimoso e inaceptable que países, como Estados Unidos y Canadá, están visualizando a sus connacionales para no realizar viajes a México, llegando al grado de prohibirles, como es el caso de Estados Unidos, a sus empleados de gobierno viajar, por ejemplo, a Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, siendo desde el 2001 a la fecha en aumento los estados que se suman a las recomendaciones de estos países, para no viajar a nuestro país, bajo el criterio de ser nuestros destinos turísticos una amenaza para su seguridad.

El Departamento de Estados Unidos constantemente renueva su advertencia sobre el peligro de viajar a ciertos lugares del país.

No se puede permitir que se siga lastimando, y la Secretaría de Relaciones Exteriores debe actuar ante estas constantes alertas y resaltar que gran parte del problema de la violencia en nuestro país se encuentra respaldado por los ciudadanos estadounidenses, que forman el tráfico de armas, las cuales provienen en gran medida de nuestro vecino país y no por ello se divulga a sobremanera este hecho, porque sabemos la afectación que ocasionaría.

Es un hecho que el turismo extranjero es una fuente potencial y fuente de trabajo para nuestros ciudadanos, incrementar esta fuente de empleo. Otros países nos desacreditan dirigiéndonos esos turistas potenciales a otros países, a otros destinos.

Como en todos los países, México tiene el problema de inseguridad y narcotráfico, pero no hay prueba de que los grupos criminales organizados vayan contra los ciudadanos extranjeros, basándose en sus nacionalidades.

Seamos claros, las áreas turísticas en México no ofrecen los niveles de crimen y violencia relacionados con las drogas, por citar un ejemplo como sucede en las regiones fronterizas o en las áreas situadas a lo largo de las principales rutas de inseguridad.

El gobierno tiene que velar por la seguridad nacional, se deben atender los aspectos internacionales que arriesgan la viabilidad de la nación, sin distraerse en hacerse cada vez más ricos o buscar forma de enriquecerse más.

Se requieren acciones diplomáticas y de gobiernos concretos, que mitiguen estas campañas negativas donde buscan bloquear la influencia de turismo a nuestro país, estas alertas son una contradicción para nuestro país.

Recomendamos que para que el turismo sea una industria exitosa se necesita la paz, seguridad y, sobre todo, estabilidad política, a esto se debe apostarle al Estado mexicano. Nuestros prestadores de servicios turísticos nos están gritando allá afuera, hagamos algo, han algo, nos están dejando sin empleo, sin dinero para mantener a nuestras familias. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena pugna para que se refleje el trabajo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exigiendo una firmeza para que paren esos ataques, pero al mismo tiempo ofrecer seguridad para los turistas nacionales y extranjeros, que desquiten sus ostentosos sueldos, que se realicen acciones en mancomunidad y que no de la forma unilateral, que nos respeten, para lograr certidumbre y mayor fluidez al flujo de turismo.

Por lo que votaremos a favor de este dictamen, ya que el turismo necesita todo nuestro respaldo para generar fuentes de empleo y así evitar bajar en gran mayoría la inseguridad que existe en nuestro país. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guzmán Jacobo. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para nuestro país el turismo se constituye como una de las principales actividades económicas, cada año ingresan alrededor de 19 millones de turistas extranjeros al territorio nacional, la cual genera una derrama económica de alrededor de 6 mil 500 millones de dólares.

Las cifras señalan que el turismo aporta alrededor del 9 por ciento del producto interno bruto nacional, promueve la inversión privada, genera una balanza comercial favorable e impulsa la creación de empleos directos. Luego entonces, estamos hablando de una de las industrias más importantes de México, la cual debe, más bien, debemos fortalecer.

Es por lo anterior que el Partido Verde Ecologista de México coincide con los planteamientos esbozados a la presente reforma a la Ley General de Turismo en materia de reconocimiento del derecho a éste, el cual se entiende como la libertad de todo individuo de tener acceso directo y personal a las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país.

Lo anterior es una excelente oportunidad para no quedarnos rezagados en lo que respecta a la promoción turística, con lo cual debemos aprovechar el amplio potencial y la abundancia de sitios y de lugares de interés para los visitantes, al tiempo que debemos consolidarnos como un Estado congruente con los principios que inspiran los derechos sociales.

Cabe destacar aquí que el derecho al turismo es un concepto de última generación derivado del reconocimiento del derecho al descanso y complementando con el derecho laboral a contar con vacaciones pagadas y periódicas.

Reconocidos ambos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para el Partido Verde el derecho al turismo representa la oportunidad de todo individuo a tener acceso al desarrollo económico, social y cultural, tal como lo menciona la Declaración de Amman en la Cumbre Mundial sobre la Paz a través del Turismo. Documento que reconoce el derecho de las personas a viajar como un derecho humano fundamental, el cual debe ejercerse sin restricción, inclusive incluye buscar la facilitación de los viajes a nuestra gente.

También consideramos que la reforma que hoy se pone a nuestra consideración vendría a subsanar la ausencia del derecho al turismo en nuestro orden jurídico, hecho que hasta ahora ha impedido apreciar al turismo en su justa dimensión, es decir, en su calidad de derecho fundamental cuya promoción debe extenderse a toda la población.

El objetivo no es otro más que democratizar el turismo y hacerlo accesible para todas las clases sociales, fomentando así que más ciudadanos puedan viajar, descubrir las riquezas de nuestro país, su cultura e identidad en un marco de integración y cohesión social.

Es por esta razón que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos apropiado el presente dictamen y, en consecuencia, votaremos por el reconocimiento del derecho al turismo para todos los mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Couttolenc. Tiene el uso de la tribuna la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, por cinco minutos.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con el permiso de la Presidencia. En primer lugar quiero agradecer siempre la disposición de la diputada Gretel, presidenta de la Comisión de Turismo, para que podamos discutir y llegar a consensos en nuestra comisión.

En el PRD concebimos al turismo como un derecho y no como un privilegio. Bajo este enfoque, celebramos que estemos discutiendo este dictamen, pues ver al sector turístico desde un enfoque de derechos humanos implica promover un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. Sobre todo, ser más sensibles a la dinámica social y no solamente a la dinámica del mercado.

El turismo es una tarea fundamental del Estado, pues es un mecanismo no solo de crecimiento de nuestra nación, sino motor del desarrollo de las comunidades y de las economías locales. Esto es muy importante porque hace falta impulsarlo frente a los proyectos transnacionales que subsumen a nuestros connacionales que se dedican a la actividad turística.

En la agenda nacional, después de tantas carencias y rezagos, pareciera que el impulso al turismo no constituye una prioridad. De esto baste ver el recorte que se está planteando en este proyecto de presupuesto que se ha presentado a esta Cámara de Diputados, sin embargo, consideramos que debiera ser una prioridad, pues representa la oportunidad de reapropiarnos del espacio público, del territorio y de la activación de la economía.

Justo este dictamen plantea reconocer el turismo como un derecho, como lo plantea el Código Ético Mundial para el Turismo, que se traduce en el derecho al descanso, al ocio, al libre tránsito, además del uso y disfrute de la prestación de servicios turísticos, es una oportunidad para garantizar a las personas que disfruten de la basta riqueza cultural y ambiental de nuestro país, y desde nuestro punto de vista debe imprimirse un enfoque social con la cual se potencia la capacidad de las personas para su desarrollo a partir de la acción del acceso a los bienes y atractivos turísticos de México.

Estamos frente a esta reforma, pero es importante mencionar, que no solo es establecerlo en la ley, sino garantizarlo. Creo que éste es uno de los puntos donde siempre tenemos dificultades, pues no hay recursos que alcancen y no hay suficientes proyectos y programas que garanticen a toda la sociedad en su conjunto y no solamente a quienes puedan pagarlo.

Por ello, manifestamos nuestro rechazo al recorte que se propone hacer al sector turístico planteado en la propuesta del Presupuesto de Egresos para 2017 que asciende a casi dos mil millones de pesos, con lo cual se ignora que el turismo es una actividad prioritaria y se corre el riesgo latente de provocar un freno al avance de este sector en México.

De permitir este retroceso presupuestal estaremos siendo incongruentes con lo que aquí estaremos aprobando pues le decimos a la población que tiene derecho al turismo, pero al mismo tiempo estamos desalentando esta actividad que genera miles de empleos a jóvenes, mujeres y a hombres de nuestro país.

Necesitamos enmendar esta propuesta y no permitir el recorte presupuestal. Debemos regresar a los cinco mil 500 millones de pesos para esta actividad turística del país que garantice el derecho al turismo, a las y los mexicanos. De esa manera vamos a procurar que México vuelva a ser visto como un destino turístico seguro y cálido, a un pueblo amigo con una clara vocación de compartir su riqueza cultural, su potencial natural y grandeza de tradiciones y que de manera prioritaria sea disfrutado por nuestra propia gente.

Insistimos, el turismo es un derecho, no es un privilegio, por tal razón tenemos que impulsar el turismo social. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Contreras Julián. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Presidencia saluda a maestros jubilados pertenecientes al municipio de Nicolás Romero en el estado de México, invitados por la diputada María Monserrath Sobreyra Santos.

Igualmente, saludamos a los señores Mario Herrera y José Antonio Carrera, promotores deportivos del Triatlón Challenge en México, invitados por el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola. Bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Gretel Culin Jaime:Con la venia, diputado presidente. Ningún ser humano debe de estar impedido al acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo. Esta afirmación constituye el pleno reconocimiento del derecho al turismo que hasta el día de hoy no se contempla en nuestra legislación turística nacional.

Con fecha 4 de mayo de 2016, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Turismo, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de Turismo en materia de reconocimiento del derecho al turismo.

Partiendo de que para la Organización Mundial del Turismo esta actividad significa un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales, de negocios o profesionales, resulta imperante que el turismo sea entonces una actividad a la que todos debemos tener acceso para lograr el íntegro desarrollo de la persona y fomentar el intercambio cultural generando con ello la integración social.

En este sentido, el dictamen de la comisión que me honro presidir referente al proyecto de decreto en comento, mismo que hoy ponemos a consideración de esta honorable asamblea legislativa, plantea reconocer el derecho al turismo estribado al derecho humano garantizado en el artículo 13 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que nuestro país es parte y que el artículo 7, incido d) del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales al cual México se adhirió desde el 23 de marzo de 1981.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tenemos claro que el turismo es una actividad económica preponderante para México, sin embargo la legislación actual en materia turística contempla los procesos regulatorios y normativos que se desprenden de la misma, pero hasta el día de hoy no dan certeza al ser humano por derecho de conocer nuestro territorio, de manera que pueda descubrir nuestras bellezas naturales, la riqueza cultural, la pluralidad y multiculturalidad de los pueblos originarios, nuestra historia nacional y nuestros espacios de recreación, englobando así a todo lo tangible y lo intangible en nuestro país.

En México el turismo ha dado una muestra de ser una actividad que mejora la condición económica de las familias mexicanas, ya que es un detonante para el desarrollo social y económico; esta es una realidad que queda de manifiesta en diversas entidades federativas, las cuales sin esta importante actividad su condición fuera muy diferente a la que conocemos actualmente, tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Colima, Jalisco, Yucatán, la propia ciudad de México, sólo por citar ejemplos del turismo que ocupa un lugar protagónico para su economía.

Hoy en día el derecho al turismo no se regula de manera específica y como consecuencia de hacerlo estaríamos posicionando en su justa dimensión al turismo propiciando a su vez la mejora de programas que se impulsan en el sector, principalmente aquellos enfocados al turismo social como ha sido el recientemente llamado Viajemos todos por México, cuyo objetivo es explotar la actividad turística nacional todo el año y especialmente en temporada baja, permitiendo así que un mayor número de mexicanos se trasladen de un lugar a otro.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional invita a los compañeros diputados a que aprobemos esta iniciativa que es necesaria porque debemos de realizar reformas de vanguardia que alcancen a los tratados internacionales que México ha venido signando, que cumplamos a cabalidad con lo que nos comprometemos.

El mundo está cambiando, el entorno económico el entorno social, el entorno político, y por supuesto el entorno turístico, y este último lo debemos modernizar en nuestra legislación porque tenemos la oportunidad aquí y ahora. Es necesario ya que representa un tema muy importante en la vida económica de nuestro país y en los bolsillos de los ciudadanos, y que debe de ser atendido como un derecho a consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de las horas de trabajo y que todos y cada uno de los mexicanos tengamos por derecho el derecho al turismo.

Asimismo aprovecho esta tribuna para pronunciarnos en contra del recorte del gasto público que ha propuesto el Ejecutivo federal para el turismo. Si bien es cierto que de manera generalizada se ha propuesto un recorte de aproximadamente el 30 por ciento para diversos ramos, la situación del Ramo 21 Turismo, se agudiza si tomamos como referencia el monto autorizado para el ejercicio 2015, y éste sólo en dos años del 2015 al 2017, de aprobarse el Presupuesto de Egresos como lo ha propuesto el Ejecutivo, el sector estaría sufriendo un recorte de poco más del 52 por ciento.

Resulta inusitado que la Secretaría de Turismo haya sufrido un recorte de más de la mitad de su presupuesto en el transcurso de dos años, lo cual es una muestra clara de su carácter como actividad estratégica y prioritaria que ha quedado atrapada en el discurso.

Ya basta de que el turismo sea estandarte de muchos y responsabilidad de nadie al momento de asignar presupuestos. Reconozcamos lo que el turismo significa para la economía de nuestro país, y reflejémoslo en un presupuesto justo y a la altura de necesidades del sector. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gretel Culin. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás:Gracias. Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a todos los presentes y a quienes nos ven a través del Canal del Congreso.

Como lo señala el programa Ética y Responsabilidad Social de la Organización Mundial del Turismo, en su página web oficial, marco fundamental de referencia para el turismo responsable y sostenible, el Código Ético Mundial para el Turismo, es un conjunto de principios concebidos para orientar a los principales actores del desarrollo turístico.

Dirigido a gobiernos, empresas turísticas, comunidades y turistas por igual. Su objetivo es ayudar a maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades alrededor del mundo.

Aprobado en 1999 por la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, su reconocimiento dos años después por las Naciones Unidas, alentó abiertamente a la Organización Mundial del Turismo a promover el cumplimiento real de sus disposiciones.

He de resaltar que los 10 principios del Código incluyen los componentes económico, social, cultural y ambiental de los viajes y el turismo; y entre ellos se destaca el derecho al turismo.

En ese orden de ideas, como acertadamente lo señala el doctor Miguel Carbonell en uno de sus estudios, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 tiene como uno de sus ejes estructurales la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, con todo lo que ello supone, recepción de los tratados e incorporación de los mismos al derecho interno con rango constitucional, pero también reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados y de la jurisprudencia, que ha sido reconocida por el Estado mexicano entre muchas cuestiones.

Asimismo, en su opinión, explica que se dio a conocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a cambiar la forma en la que entiende e interpreta el derecho mexicano, resulta por el pleno de la Corte en diciembre del año 2013. En ella se señalan dos cosas de la mayor relevancia: que en México las personas tenemos los derechos que nos concede la Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales; pero además establece que entre esas dos fuentes de los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una especie de bloque de regularidad constitucional, dentro del cual los jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora.

Compañeras y compañeros, muchos hemos legislado en materia de turismo, y mucho se ha legislado, sin embrago en ningún ordenamiento jurídico se ha reconocido explícitamente el derecho al turismo.

En el PRI coincidimos plenamente con el dictamen que hoy se está considerando, pues creemos que el derecho al turismo debe entenderse como un derecho social, consecuencia lógica del derecho al descanso.

En el Plan Nacional de Desarrollo se concibe al turismo como una herramienta para crear empleos e incrementar los mercados. Por ejemplo, el 87 por ciento de la población que vive en municipios turísticos, de acuerdo con el Coneval, tiene un nivel de marginación muy bajo, mientras que las cifras equivalentes en los municipios no turísticos son del 9 por ciento. Sin duda el turismo es un detonante para el crecimiento económico de nuestras regiones.

Hoy en día el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado una campaña de posicionamiento denominada Viajemos Todos por México, la cual ha dado abundantes y buenos resultados.

Se trata de una campaña ambiciosa, que además de resaltar los destinos turísticos abre paso a la inclusión de las economías locales y por lo tanto en el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor, porque así lo propusimos en nuestra plataforma electoral 2015, señalando la necesidad de impulsar la consolidación de nuestros destinos turísticos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Alfredo Bejos Nicolás. Suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones aprobadas por la asamblea.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Secretaría.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Allá atrás. ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 389 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Quiero solamente recalcar a mis compañeras y compañeros diputados, que repartimos camisetas y gorras, con el propósito de que todos hagamos una campaña, invitando a nuestros connacionales y decirles a los amigos o a los familiares que tengamos en Estados Unidos que voten. Quisiera invitarlos a todos.

Esta campaña es de la sociedad civil organizada. No tiene color, no tiene tinte político. Invitamos a que todos se pongan la camiseta, como me la estoy poniendo en este momento, y es invitar a la comunidad latina y decirles que salgan a votar. Invitamos a todos nuestros compañeros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada, quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.

La diputada Azul Etcheverry Aranda (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Azul Etcheverry.

La diputada Azul Etcheverry Aranda (desde la curul): Gracias, presidente. Agradecer a todos los diputados por haber aprobado esta iniciativa, que fue impulsada por su servidora. Muchas gracias, diputados. Gracias, Gretel Culin, por subirte. Y muchas gracias a todos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Quedan registradas sus expresiones, diputada.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mariana Benítez. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Gracias, presidente. Sumarme al comentario de la diputada Mirza, en el sentido de que es importante que nuestros compañeros legisladores se sumen a esta iniciativa de Diles que Voten, es una iniciativa que pretende llamar, concientizar al voto a millones de latinos y en particular de mexicanos, que tienen en sus manos la posibilidad de incidir, no sólo en las elecciones próximas de los Estados Unidos, sino también en una agenda que favorezca a –dije ya– millones de latinos.

Son 27 millones de latinos que aún no están registrados para votar, del total de los latinos que viven en Estados Unidos el 60 por ciento son mexicanos, aquí estamos legisladores de muchos estados, que son los estados que más migrantes tienen en Estados Unidos, así que creo que es una iniciativa en la que todos nos debemos de sumar. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Benítez.

La diputada Lia Limón García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Lia Limón. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Lia Limón García (desde la curul): El Partido Verde Ecologista de México también se suma a la iniciativa Diles que Voten, y hacemos un llamado a todos los diputados a que hagamos un trabajo en estas semanas que nos quedan, para impulsar que aquellos mexicanos que tienen familiares o amigos en el extranjero los impulsen a votar y participar en la próxima elección.

Hay ya 17 millones registrados, pero aún pendientes 10 millones de registrarse, históricamente los latinos tienen una menor participación de la que tienen los afroamericanos y también los norteamericanos blancos.

Es un momento en que la comunidad latina y particularmente los mexicanos, que como bien dijo la diputada Benítez somos el 60 por ciento allá, podemos jugar un papel crucial en la próxima elección. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lia Limón.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. A todas y a todos los diputados les pedimos que pudiéramos hacer un exhorto, a nivel nacional, para nuestros migrantes que pudiéramos tener de origen de nuestros diversos estados de la República, para invitarlos a participar en esa jornada.

Así lo haremos los hidalguenses y por eso hacemos este exhorto para que todos nos sumemos en forma solidaria y poder corresponder a lo que nosotros pedimos como mexicanos en bien, para que nos traten mejor, para que nos respeten y más en la condición de un adversario como el que ya conocemos todos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Moctezuma. Le pediríamos enviar su solicitud a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que pudiera existir algún pronunciamiento de esta Cámara.

DECLARA EL 3 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR”

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Gobernación. El primero con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como Día nacional del emprendedor. El segundo con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana nacional de la cultura física y el deporte. Y el tercero con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año como Día nacional del defensor ambiental.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Emprendedor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año, “Día Nacional del Emprendedor”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 29 de junio de 2016, el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año, “Día Nacional del Emprendedor”.

En fecha de 21 de julio de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.

El expediente con la iniciativa de mérito fue turnado a la Comisión de Gobernación el 25 de julio de 2016, para efectos de su análisis y discusión.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

Declarar el día 3 de octubre de cada año como “Día Nacional del Emprendedor”.

Motivación:

El proponente señala que uno de los principales objetivos que busca la declaración del día 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Emprendedor, es generar una cultura emprendedora para toda la sociedad mexicana, impulsando la creación de diversos empleos, aportando un crecimiento económico inigualable al país.

Define a los emprendedores como las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa, a partir de una idea emprendedora o innovadora.

Argumenta que busca incidir en las transformaciones de innovaciones, ya sea en empresas establecidas o nuevas, siendo la innovación un proceso cuya finalidad es la resolución de un problema.

Menciona que es relevante innovar debido a los beneficios y ventajas importantes para la sociedad, lo cual surte como efecto la generación de retornos a la inversión, la creación y aumento de empleos, marcando tendencias dentro del mercado.

Señala que el primer reconocimiento formal de este término fue realizado por Alfred Marshall, en 1890, en su Tratado “Principios de Economía”, en el cual afirma que hay cuatro factores de producción: tierra, trabajo, capital y organización.

Expone que en la actualidad y en épocas de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida (o, al menos, una posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo. En un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en sus presunciones; pero si acierta, la implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado y el mercado le premia con beneficios, si falla, ha malgastado ese recurso y no le queda más que soportar las pérdidas de su fallida actuación.

Enfatiza que las empresas son factores claves de un sistema nacional de innovación, porque utilizan los avances científicos y tecnológicos en la producción para desarrollar nuevos productos, procesos y mejorar los existentes, lo que permite aumentar la producción y la competitividad.

Destaca que, a junio de 2014, del total de emprendedores, el 71% fueron seriales, es decir tenían un segundo emprendimiento y generaron el 76% de los ingresos totales de las empresas; y solo el 14% de las conexiones entre emprendedores fue de inversión y de fondeo. En ese sentido, el objetivo primordial es apoyar a los emprendedores para así generar mecanismos que deriven la creación de empleos.

Reitera que el desarrollo es prioridad para México ya que éste tiene un efecto multiplicador en la economía, mayor a cualquier otro sector, ya que existe evidencia de una mayor productividad en las empresas que han sido apoyadas por capital emprendedor, las cuales logran crecer hasta 1.5 veces más rápido que las empresas tradicionales.

En consecuencia, manifiesta la necesidad de declarar el Día Nacional del Emprendedor para fomentar los mecanismos que deriven en la creación de empleos, así como en el desarrollo económico y social del país.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Después de haber realizado un estudio de la propuesta que se dictamina esta Comisión coincide con el proponente en la importancia de declarar el 3 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Emprendedor”, atendiendo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA. La economía de nuestro país tiene diversos factores a través de los cuales se fortalece y desarrolla día a día, aunado a ello son los múltiples factores los que ponen en marcha estos elementos y sorprendentemente esta maquinaria no sólo es puesta a trabajar por los tres niveles de gobierno, sino principalmente por las y los mexicanos que deciden iniciar un negocio.

Ello resulta relevante, pues de acuerdo a cifras del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años, lo que nos hace centrar esfuerzos en el apoyo a la juventud mexicana, para que ésta sea capaz de desarrollarse plenamente en materia laboral, sentando las bases para que en el futuro, este grupo de la sociedad, opte por el autoempleo a través de sus propias empresas.

Programas como Crédito Joven, han otorgado más de 426 millones de pesos, distribuidos en 1,094 proyectos, que en conjunto con proyectos como “Jóvenes Emprendedores Prosperando”, cuyo objetivo es impulsar a los jóvenes de PROSPERA de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca a desarrollar proyectos productivos que les permitan mejorar el ingreso de sus familias, el cual, en solo 3 meses, ha apoyado 241 proyectos por un monto de 11.4 millones de pesos; los cuales permiten avanzar positivamente en el fomento a este sector, que por sus características especiales, se encuentra tradicionalmente en situación de desventaja frente a otros grupos sociales.

En ese mismo sentido, a principios de 2016 se estableció el Programa Mujeres PYME, “el cual ofrece financiamiento y asesoría a micro, pequeñas y medianas empresas formales lideradas por mujeres, tanto personas físicas como morales, de cualquier giro en comercio, industria o servicios en todo el país, complementando así a distintos programas de gobierno, como las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor que han apoyado 17,896 proyectos exclusivos de mujeres, por un monto de 602 millones de pesos.

Otro de los sectores de la población que se ha visto favorecido a través del desarrollo que provén los programas sociales encaminados al fortalecimiento de MIPYMES, es el sector rural, que a través del Programa de Asistencia Técnica al Micro financiamiento Rural (PATMIR), ha beneficiado a 41,763 localidades en 2,326 municipios del país.

SEGUNDA. Sea cual fuere la característica de la empresa que deciden comenzar, es a través de ella que el sistema económico del país se pone en marcha, ejemplo de ello son las famosas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que según datos de INEGI, representa aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales existentes en México, de las cuales 99.8% son Pequeñas y Medianas Empresas que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.

Lo anterior coloca a México en la necesidad de mantener el fomento a este tipo de empresas, prueba de ello es que, de acuerdo a lo señalado en el 4° Informe de Gobierno, “el 27 de octubre de 2015 se presentó el reporte “Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria”, elaborado por el Banco Mundial (BM)”, el cual ubicó a México en el lugar 65 de 189 países en el tema “Apertura de una empresa”, tomando como parámetro de evaluación la regulación nacional y si estas favorecen o limitan la actividad empresarial, lo que constituye un adecuado parámetro para medir la competitividad de México a nivel global, indicando que si bien vamos por buen camino, es necesario mantener y generar nuevas políticas de Estado que promuevan el desarrollo de nuevas empresas, para posicionar a México en lugares más competitivos, generando mayor riqueza y estableciendo las bases para que la población tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.

TERCERA. Son las y los mexicanos que deciden establecer una sociedad mercantil a quienes conocemos como emprendedores y a quienes les debemos agradecer la fuerza económica de la nación y el impulso laboral que generan con las empresas, siendo necesario reconocer a todas aquellas personas que con su esfuerzo, logran generar riqueza y trabajo para cientos y miles de mexicanos, consolidando no solo una sociedad, sino los hogares de millones de personas, apoyando el desarrollo familiar y sobre todo emprendiendo un mejor presente para nuestro país.

En ese sentido, consideramos que los tres Poderes de la Unión, pero particularmente, el Poder Legislativo, debe propugnar siempre por mantener e impulsar el crecimiento de la economía nacional a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, generando y actualizando instrumentos legales como la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enfocados a impulsar el desarrollo regional, así como fomentar la competitividad de este tipo de industrias, al ser conscientes de que la productividad es fundamental para ampliar y mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las y los mexicanos, en aras de un crecimiento económico más equitativo.

CUARTA. Quienes dictaminamos, consideramos que a través del recordatorio permanente de este tipo de fechas, así como con la celebración de actividades como el “2º Taller de Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2016”, desde el Poder Legislativo, reforzamos la labor de instituciones como el Comité Nacional de Productividad (CNP), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y demás autoridades relacionadas, en un acto de responsabilidad social, pues los legisladores estamos al tanto del difícil panorama económico global y somos conscientes de que el establecimiento de este tipo de fechas contribuye directamente al fomento de las políticas públicas de promoción al desarrollo de proyectos emprendedores que innoven en la generación de nuevas tecnologías, y el inicio de cientos de historias de éxito en el autoempleo.

Mediante el recordatorio permanente de este tipo de efemérides, podremos propiciar una mayor cultura del emprendedor, que impacte positivamente en el actual ambiente de negocios, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

En virtud de las consideraciones expuestas, coincidimos en que es indudable que las MIPYMES constituyen un pilar fundamental para el sustento del mercado interno y el desarrollo social, al generar más empleos y ofrecer diversas oportunidades de crecimiento, siendo necesario establecer un día específico para reconocer los logros de cientos de emprendedores que han puesto su esfuerzo y recursos en su capacidad innovadora, considerando idóneo establecer tal conmemoración el 03 de octubre de cada año, en virtud de que tradicionalmente, los eventos para emprendedores son durante el mes de octubre, por lo que debe ser a principios de mes cuando se conmemore tal día, a efecto de darle promoción a las actividades antes señaladas.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Disponible en: http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental- para-el-crecimiento-en-mexico.html, fecha de consulta: 12 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo, a 13 de septiembre de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho, Édgar Spinoso Carrera, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los tres dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, para fundamentar los tres dictámenes de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de los Diputados. Adelante, diputado.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores, de acuerdo a las cifras del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, alrededor de la mitad de la población mexicana se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años, lo que hace necesario que México y nosotros como legisladores fomentemos nuevas fuentes de empleo en la creciente fuerza laboral que viene.

Según datos del Inegi, las Mipyme representan aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales en nuestro país, de las cuales el 99.8 por ciento son pequeñas y medianas empresas que generan el 52 por ciento del producto interno bruto y 72 por ciento del empleo formal del país.

Lo anterior coloca a México en la necesidad de mantener el fomento a este tipo de empresas, pues son ellas quienes promueven el desarrollo de nuevas tecnologías que posicionan a México en lugares más competitivos, generando mayor riqueza y estableciendo las bases para que la población tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.

Así, nuestra tarea es centrar esfuerzos para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, buscando nuevos métodos y mecanismos para que la juventud mexicana sea capaz de desarrollarse plenamente en materia laboral, sentando las bases para que en el futuro este grupo de la sociedad opte por el autoempleo a través de sus propias empresas.

En ese sentido, consideramos que los tres Poderes de la Unión, pero particularmente el Poder Legislativo, debe propugnar siempre por mantener e impulsar el crecimiento de la economía nacional a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, generando y actualizando instrumentos legales como la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa, enfocados en impulsar el desarrollo regional, así como fomentar la competitividad de este tipo de industria.

Por ello es que la Comisión de Gobernación, quienes discutimos, consideramos que a través del recordatorio permanente del 3 de octubre, como fecha para el Día Nacional del Emprendedor, reforcemos la labor de instituciones como el Comité Nacional de Productividad y el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, y demás autoridades relacionadas con este tipo de hechos, en un acto de responsabilidad social, pues los legisladores estamos al tanto del difícil panorama económico mundial y somos conscientes de que el establecimiento de este tipo de fechas contribuye directamente al fomento de políticas públicas, de promoción al desarrollo de proyectos emprendedores que aporten innovación para la generación de empleos en nuevas tecnologías y el inicio de cientos de historias de éxito en nuestro país a través de la generación de autoempleo.

Asimismo, en la Comisión de Gobernación aprobamos declarar la primera semana de octubre de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, al coincidir con la proponente en la importancia de garantizar por parte del Estado la práctica permanente de la educación física y el deporte como un elemento esencial de nuestro sistema educativo.

Efemérides como esta vienen a sumarse a programas federales que buscan disminuir las adicciones, disminuir la obesidad y el sobrepeso a nivel nacional, sumando esfuerzos a programas como el Muévete, que desde 2015 promueve el deporte en la población de 4 a 65 años, a través de la movilización mediante la actividad física, destinando y recuperando espacios públicos para darles un uso más social y más responsable.

El deporte no solo es un asunto de salud, también es una herramienta efectiva en la educación, pues a través de él se fomentan valores y habilidades, particularmente en la niñez y en la juventud mexicana.

El deporte debe entenderse entonces, como una herramienta para la formación, el desarrollo y el mejoramiento de las capacidades físicas de una persona, así como el mejor desarrollo para el manejo adecuado de sí mismo dentro de su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos.

Por último, un tema relevante que se encuentra también en esta comisión y que estamos dictaminando y presentando el día de hoy, es el Día Nacional del Defensor Ambiental, que sea el día 17 de julio de cada año. Es un llamado a la acción. Es exhortar a participar a todas las personas para proteger y cuidar y racionalizar nuestros recursos naturales, así como emplear medidas para prevenir y disminuir la criminalización hacia los defensores ambientales.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. En ese sentido es indispensable que, como establece el propio artículo, sea el Estado garante de ese derecho. Igualmente, seamos todas las personas promotoras al cuidado del medio ambiente.

Quienes dictaminamos consideramos de gran importancia promover y conmemorar el trabajo que día a día realizan estos defensores para concientizar a la sociedad en la difusión de la conservación y el aprovechamiento sustentable de ecosistemas y su biodiversidad, previniendo la contaminación con el objetivo claro de minimizar el impacto que la huella del hombre tiene en materia de cambio climático, ya que atentar contra el medio ambiente es atentar contra la vida en todas sus formas.

Es por lo anterior, que la comisión considera procedente y necesario pronunciarse en sentido positivo, respecto de los tres dictámenes antes mencionados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Domínguez Domínguez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario para los tres dictámenes, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno: la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario, del PRD; la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRI.

En ese sentido, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la escuela preparatoria oficial número 100 del estado de México, invitados por el diputado Waldo Fernández González y a los amigos abogados del estado de Morelos que hoy nos visitan. Sean bienvenidos todas y todos ustedes. Adelante, diputada.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes. Saludo a quienes hoy nos visitan y a mis compañeros legisladores. En el Partido Encuentro Social estamos conscientes de que nuestra sociedad necesita mejores líderes; mejores líderes empresariales, sociales, de opinión pública, académicos, religiosos y por supuesto políticos. Líderes que tengan todos ellos legitimidad y autoridad ganada a pulso por su emprendurismo y después por su tenacidad, audacia y visión.

La formación de este liderazgo y su consolidación no surgen en el joven o el adulto como fruto de una llamada intempestiva. El liderazgo y el emprendurismo se siembran desde muy temprana edad en la tierra fértil de la primera infancia. Las estructuras mentales sembradas en esa edad serán abundantemente cosechadas en etapas posteriores.

En ese sentido es que necesitamos redoblar esfuerzos. No basta celebrar una vez al año, es necesario formar y forjar a aquellos que merecerán tal calificativo. Festejar un día y al mismo tiempo invertir en la primera infancia, eso sí que tiene sentido.

En el Partido Encuentro Social festejamos y nos congratulamos con sus promoventes y los animamos a todos ustedes en este honorable recinto a impulsar con más compromiso y convicción el apoyo y la inversión a la primera infancia, pero también el respaldo a estas excelentes ideas a lo0s proyectos de los jóvenes a celebrar este día.

Éste es apenas el primer paso, pero un excelente y tremendo paso. Además, se trata del desarrollo económico, brillante para que nuestro país. Como decía Romano Plutarco: El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. De eso se trata y nos unimos favorablemente a este primer dictamen.

Por otro lado, respecto al segundo dictamen, el de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, consideramos que aunque pareciera disímil, no podrían estar más ligadas ambas propuetas. El liderazgo no es tal cuando se es candil de la calle, pero oscuridad de la casa; y la casa empieza por uno mismo, por la buena salud, por la actividad productiva y dignificadora, por los hábitos positivos que un líder proyecta en los demás.

Una semana nacional de activación física y deporte en nuestro país, cuya población en un 56 por ciento vive en el más peligroso sedentarismo. Eso es una excelente idea en un país en donde casi el 59 por ciento de los niños menores de 14 años no ha realizado nunca ninguna actividad física organizada por más de un año y donde el 23 por ciento de nuestros adolescentes son inactivos, y loa adultos invierten 16 horas de su día en dormir, transportarse sin esfuerzo y estar al frente de una pantalla.

Esta es una excelente propuesta, pero además es una propuesta urgente, extremadamente necesaria. Es urgente porque al menos 7 de cada 10 mexicanos tienen exceso de peso, y 3 de cada 10 presentan problemas de obesidad, siendo los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio la causa de esta problemática.

Felicitamos a los diputados que han aportado tan importante iniciativa y nos sumamos a ella confiados en que el Ejecutivo responderá con políticas públicas nacionales contundentes y estudiadas durante esta semana y también durante todo el año para comenzar a revertir estas cifras escalofriantes.

Finalmente, en cuanto al tercer dictamen, respecto al establecimiento del 17 de junio como Día nacional del defensor ambiental, se trata de un tema noble. ¿Quién podría oponerse?

El medio ambiente, el ecosistema que nos rodea, los recursos naturales, los seres vivos y en general el gran regalo de Dios, que es la naturaleza, son el marco físico que nos permite seguir respirando, creciendo y viviendo.

El derecho a la vida se complementa con el cuidado que debemos de tener del medio ambiente, más nunca se conflictúan o enfrentan ambos conceptos. El derecho a la vida nunca estará peleado con la defensa del medio ambiente y al mismo tiempo el segundo siempre deberá ir encaminado al primero.

Estamos en el Partido Encuentro Social, a favor del cuidado responsable y comprometido del medio ambiente y concordamos en que es necesario una defensa del mismo por parte de personas que por vocación personal han decidido dedicar sus esfuerzos a ellos.

Sin embargo también habrá que decir se trata de una defensa ambiental centrada en el respeto a toda vida humana y al lugar que juega cada ser vivo en su ecosistema, colocando al hombre como centro de la naturaleza, como centro que debe atender bajo su cuidado todo lo que ocurre con respecto al medio ambiente. Jamás la defensa del medio ambiente podría justificar un paso del ser humano en contra de sí mismo.

Termino diciendo junto con un sabio de nuestros días “La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿Cómo podremos escucharlas en medio del ruido constante de la distracción permanente y ansiosa o del culto a la apariencia? Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Martínez. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, respecto a los tres dictámenes en discusión, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el mundo es cada vez más globalizado, por lo que el entorno económico internacional que se vislumbra complicado, repercute de manera directa en México.

Para ser frente a los retos por venir, se requiere crear casi 9 millones de nuevos empleos antes del año 2020. La actual dinámica económica muestra que ya no son las grandes empresas las únicas y principales generadoras de empleo. Los emprendedores se han vuelto cada vez más un eje fundamental de las Finanzas Nacionales.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en México existen aproximadamente 4 millones, 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas, y generan el 52 por ciento del producto interno bruto y 72 por ciento del empleo en el país.

En Nueva Alianza estamos convencidos que impulsar y fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial, propicia el crecimiento económico de México favoreciendo nuestra estabilidad y bienestar.

Con esa misma visión es que ahora respaldamos el primer dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación para declarar el Día 3 de octubre de cada año, como Día Nacional del Emprendedor.

En lo que respecta al segundo dictamen que nos presenta la comisión, como bien dijo Mandela: el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales.

Coincidimos en la importancia de reforzar con acciones afirmativas la salud y los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos. Las estadísticas nacionales son alarmantes en materia de salud pública, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad preescolar fue de 16.7 por ciento, en escolares de 26.2 por ciento y en adolescentes de 30.9 por ciento. En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos la encuesta nos da cifras de 39.7 y 29.9 por ciento respectivamente.

Se ha demostrado que la práctica regular y sistemática de una actividad física contribuye al mejoramiento de la salud, reduciendo enfermedades relacionadas con la obesidad, las enfermedades cardiacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y la depresión. Por ello votaremos a favor del dictamen, cuyo objeto es declarar la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte.

Finalmente queremos referirnos al dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el día 27 de enero de cada año Día Nacional del Defensor Ambiental. La protección de los recursos naturales es, para Nueva Alianza, un tema fundamental, así lo hemos establecido en nuestra agenda legislativa.

En congruencia con ello confiamos en que la conmemoración de quienes dedican su tiempo, energía y esfuerzo a defender el medio ambiente conduzca no solo a su reconocimiento, sino a sumar voluntades para la preservación de nuestro planeta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Valles. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Mirza Flores Gómez para fijar el posicionamiento de los tres dictámenes en discusión, por parte de su Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Mirza Flores Gómez:Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Señora presidenta, con su venia. Como diputada ciudadana me es grato fijar la postura de mi fracción parlamentaria, respecto de los tres dictámenes que presenta la Comisión de Gobernación.

De una vez adelanto que mi fracción votará a favor estas tres iniciativas. La primera porque, como sociedad mexicana, reclama a este gobierno la falta de oportunidades y trabajos dignos. Es necesario replantearnos el modelo laboral y de emprendurismo que impera en nuestro país.

Por ello la bancada de los diputados ciudadanos estamos conscientes, que las reformas impulsadas en materia laboral sólo merman los derechos de los trabajadores. Por ello, desde la Cámara de Diputados debemos impulsar leyes que favorezcan la creación de pequeñas y medianas empresas.

Compañeras y compañeros, estamos haciendo de México un país de mano de obra barata, no de emprendedores. Tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo para consolidar un nuevo modelo de productividad. Basta de voltear al mundo a importar productos, debemos de hacer de nuestro país un país líder en producir productos de servicios y patentes. En este sentido, mi bancada votará a favor de declarar el 3 de octubre de cada año como el Día Nacional del Emprendedor.

La segunda es que la Comisión de Gobernación propone declarar la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y del Deporte.

Es muy loable que dediquemos una semana del año para promover el deporte, pero sinceramente las políticas del deporte en nuestro país han sido vergonzosas y le han dejado a deber a nuestro país. En las ciudades se ha optado por una política de desarrollo urbano que privatiza los espacios, y basta con ver la precariedad en la que se encuentran las unidades deportivas en la mayor parte del país. No existen espacios dignos adentro de las escuelas y en muchísimas de las ocasiones tampoco hay profesores de educación física que impartan un modelo integral, que realmente les preocupe que los niños y jóvenes practiquen un deporte en este país.

Tampoco el Estado mexicano se ha preocupado en invertir para que saquemos a las niñas, niños y adolescentes de las calles y los pongamos a hacer deporte. Es por eso que la fracción de Movimiento Ciudadano vota a favor, pero no solamente para que sea una semana del deporte, sino para que llame nuestra atención en estas siguientes semanas que estaremos votando el Presupuesto. Ahí veremos no solamente que votamos a favor de que se nombre una semana, sino que vamos a estar votando a favor de designar presupuesto para que se destine con un motivo focalizado y responsable, no como vimos lamentablemente el resultado más reciente, que lo vimos el resultado de las Olimpiadas.

En los periódicos, los titulares de toda la prensa decían: México fracasó en las Olimpiadas. México no tiene medallas y el premio a esto fue que la respuesta ante este caótico escenario fue ratificar al titular de esta dependencia, en lugar de cambiar el rumbo de las políticas públicas del deporte y dejando de esta manera a los atletas en grave estado de indefensión.

Este dictamen, los invito a que junto con nosotros lo votemos a favor, pero como una preocupación genuina, llamándonos a todos a la acción.

Por último, me pronuncio respecto de la declaración del 17 de junio de cada año, como el Día del Defensor Ambiental.

Al respecto, la Comisión de Gobernación argumentó que los defensores ambientales constituyen un pilar fundamental para el sustento del medio ambiente y el desarrollo social, siendo necesario establecer un día específico.

Vuelvo a hacer un análisis. De nada sirve utilizar las horas que tenemos para debatir leyes y acciones concretas respecto de temas de interés nacional, si vamos a votar por un Día del Medio Ambiente y generamos desde aquí políticas públicas en retroceso.

Por eso, pues sí, hay que votar, no solamente por ese día, sino para que de nuevo destinemos los recursos focalizados y responsables a cuidar y proteger nuestro medio ambiente.

Hago un llamado para que a la hora que votemos el Presupuesto, gastemos e invirtamos el dinero de los mexicanos con responsabilidad, y así construir ciudades incluyentes, seguras y resilientes, porque como lo he venido diciendo, un México prevenido en todos los sentidos, vale por dos.

Si ustedes tienen amigos o familia en los Estados Unidos, diles que voten. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Flores. Tiene a continuación el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena respecto a los tres dictámenes, la diputada Delfina Gómez Álvarez.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, personas ciudadanos que nos honran con su presencia, muchas gracias.

En Morena vemos con agrado que se declare un Día Nacional del Defensor Ambiental, ya nos habíamos tardado. Digo esto porque existe un gran número de casos de defensores del medio ambiente en nuestro país que se encuentran encarcelados o que han perdido la vida frente a los grandes depredadores del medio ambiente.

México está viviendo, desde hace varios años, una etapa de promoción e implementación de megaproyectos centrados de manera fundamental en la explotación de los recursos naturales disponibles en el territorio nacional, sin medir debidamente las consecuencias que tenemos a corto, mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad de los recursos naturales, las especies y los ecosistemas.

Pululan los megaproyectos desde presas hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, permisos para la liberación de organismos genéticamente modificados, permisos para descargas de agua residuales y muchos otros casos, siendo un caso particular el de la llamada reforma energética, aprobada desde 2014, la cual representa una modificación normativa que busca fomentar los proyectos de explotación de hidrocarburos por agentes privados.

Estos megaproyectos afectan de manera directa a territorios indígenas y a comunidades rurales, que sufren desde el despojo de sus recursos naturales hasta una profunda discriminación institucionalizada, ya que con frecuencia se aprueban los proyectos mediante permisos administrativos amañados o fraudulentos, sin realizar consultas previas e informadas en la que se permita la participación de los afectados, a pesar de que así lo requieren los tratados internacionales y los artículos constitucionales relevantes, con la consecuente violación a los derechos humanos de las personas y comunidades que viven en ese lugar.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala, en su segundo informe anual, sobre ataques a personas defensoras ambientales, un continuo ascenso de los casos de ataques y agresiones a defensores ambientales desde 2010, en donde se registran 10 ataques. En 2011, 16; en 2012, 23; en 2013, 53 ataques, y durante el 2014, 87 casos. Sólo durante el periodo de mayo de 2014 a junio de 2015 sumaron 109 casos. Es decir, un total de 240 ataques en cinco años.

Morena es un partido comprometido con la conservación y preservación del ambiente, ya que está plenamente seguro que de esto depende nuestra supervivencia como especie y que está vinculado con el desarrollo sustentable, el cual debe ser incluyente, distribuyendo la riqueza generada y no el modelo de desarrollo que hoy nos avasalla, que ha llevado a nuestro país a incrementar el número de pobres, para pasar de 52 millones en el 2010 a más de 55 millones en el 2014.

Si bien, nos parece totalmente adecuado el tener un día al año en que honremos a los defensores del medio ambiente, también vemos que parece una postura hipócrita por parte de esta Cámara querer festejar a los defensores ambientales el 17 de julio por ser el día en que se conmemora la defensa del manglar Tajamar, cuando los puntos de acuerdo presentados en esta soberanía por Morena, quien pidió justicia por este ecocidio y que fueron desechados sin ser dictaminados, al igual que la de otros grupos parlamentarios que no se comportan como comparsas del grupo mayoritario de esta Cámara.

El 16 de enero, en ese año, a las 2 de la madrugada, cuando más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a destruir Tajamar, esto con el respaldo de elementos de la policía municipal y federal en un acto verdaderamente delictivo.

Lo anterior nos lleva a sugerir y a pensar que por qué no otro día para este homenaje, por ejemplo, el 12 de agosto del presente año que fue puesto en libertad Idelfonso Zamora, defensor indígena ambientalista, quien fue encarcelado como presunto responsable del delito de robo en noviembre de 2015.

Idelfonso Zamora es reconocido por su labor de defensa de los bosques y de la comunidad indígena tlahuica de Ocuilán, estado de México. En esta lucha recordemos que su hijo fue asesinado el 15 de mayo de 2007.

Desafortunadamente, el Movimiento Ambientalista Mexicano cuenta con héroes verdaderos, muchos mártires cuyos casos bien podrían servir para fijar el día en que lo conmemoramos.

Morena va a votar a favor este dictamen y los otros dos, el Día nacional del emprendedor y la Semana Nacional de Cultura Física y el Deporte. Y solamente hacemos la reflexión de que ojalá y lo que decía nuestro jefe piel roja cuando un presidente de Estados Unidos quiso comprarle su tierra, y que decía: nosotros, o sea, refiriéndose a los pieles rojas, estamos seguros de esto, la tierra no es del hombre sino que el hombre es de la tierra.

Ojalá y que no lleguemos en algún momento a preguntarnos qué ha sucedido con las plantas. Están destruidas. Qué ha sucedido con el águila. Ha desaparecido. Y que no lleguemos a la conclusión triste de que de hoy en adelante la vida ha terminado, ahora empieza la sobrevivencia. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Delfina Gómez. Y a continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento de los tres dictámenes por parte del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Sofía González Torres.

La diputada Sofía González Torres:Muchas gracias, presidenta. El día de hoy se encuentran a discusión tres dictámenes de la Comisión de Gobernación que tocan tres materias que aparentemente no tienen nada entre ellas, pero tienen un tema en común de suma relevancia para nuestro país, nuestro futuro.

En relación al primer dictamen que declara el 3 de octubre que declara el 3 de octubre como el Día nacional del emprendedor, hay que decirlo con claridad, los emprendedores son clave del crecimiento económico de los países en desarrollo.

Casi el 100 por ciento de las empresas en territorio nacional, el 99 por ciento de ellas están catalogadas como Pyme, generan 7 de cada 10 empleos del país y además contribuyen a casi 50 por ciento del PIB de este.

El reto consiste en lograr que estas empresas sobrevivan en el tiempo, generen más y mejores empleos y sobre todo compitan a nivel internacional. En aras de lograr esta meta, coincidimos con la Comisión de Gobernación. Es necesario realizar acciones que reconozcan, estimulen y fortalezcan los proyectos de emprendimiento en este país.

El Partido Verde aplaude y se une a las acciones que impulsan a los emprendedores a fin de que las buenas ideas tengan mayores posibilidades de prosperar, concretarse en proyectos y favorecer el desarrollo de este país.

Por lo que hace al segundo, se declara la primera semana de octubre la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, para sensibilizar a la ciudadanía sobre combatir estilos de vida sedentarios.

Actualmente al menos 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad física que es necesaria para mantenerse en un estado de salud aceptable. En nuestro país el estado de sedentarismo es muy grave, se vincula a enfermedades crónicas que representan una carga para los servicios de salud y para las economías de las familias.

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2015 había 8.6 millones de mexicanos con diabetes, sobrepeso y obesidad, menos de la mitad de estos tenían un diagnóstico correcto. Esto es, menos de la mitad de estos sabían que tenían la enfermedad y no se podían tratar.

Se reportan aproximadamente 59 mil muertes cada año por este padecimiento y se estiman costos que ascienden hasta a 85 millones de pesos por gastos médicos. Muchas de las principales enfermedades en nuestro país pueden evitarse y controlarse mediante la actividad física, lo cual representa una actividad para que tomemos consciencia y seamos responsables del cuidado para nuestro cuerpo.

En mi fracción parlamentaria estamos convencidos de que hoy discutimos una medida útil para que las personas se mantengan sanas y adopten mediante la práctica de algún deporte valores como la disciplina, el compromiso, el gusto por el trabajo en equipo y la perseverancia; por lo que también votaremos a favor de este dictamen.

Finalmente, está a consideración el dictamen referente a la declaración del Día Nacional del Defensor Ambiental. Su aprobación permitirá reconocer a todas aquellas personas que de manera desinteresada y con recursos ilimitados realizan acciones a favor del medio ambiente, en ocasiones poniendo en riesgo su integridad y su vida misma.

En el Partido Verde sabemos que la riqueza de un país no se limita a su producción económica o a su patrimonio cultural, la riqueza de un país también es el reflejo de la preservación de sus ecosistemas y los seres vivos que en ellos habitan.

El deterioro medioambiental y la reducción de la biodiversidad impactan la capacidad del país para impulsar su desarrollo sustentable y garantizar el bienestar de su población, también limita la capacidad del país para hacer frente al cambio climático. Por ello, creemos que es oportuno reconocer la destacada labor que desempeñan los defensores medioambientales, su labor da ejemplo de liderazgo, de compromiso social, de respeto por la vida y sobre todo de respeto por los recursos naturales.

En vista de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, también votará a favor de este dictamen. Muchas gracias, presidente.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputada Sofía. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar el posicionamiento respecto a los tres dictámenes en discusión.

El diputado Leonardo Amador Rodríguez:Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En relación a la Declaratoria del 3 de octubre como Día Nacional del Emprendedor, nuestro grupo parlamentario reconoce la labor sustantiva que realizan los emprendedores como sujetos que innovan, impulsan, es decir, que hacen lo que el sistema no hace. Es el sujeto que cotidianamente aporta su esfuerzo y talento para mejorar las condiciones de un sistema económico excluyente, no es quien aprovecha las oportunidades, es quien las crea. Es por ello, que en el PRD vamos a favor de este dictamen.

En relación a la Declaratoria de la Semana del Deporte, queremos afirmar que el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso del ser humano es un derecho fundamental que debe incluirse en cualquier sistema educativo. Tenemos que construir y sostener un verdadero sistema deportivo nacional y regional, en el que la investigación y la evaluación sean partes indispensables del desarrollo, tanto de la educación física como deportiva de las niñas, niños y adolescentes.

Con la presente declaratoria, el PRD votaremos a favor, ya que sin duda coadyuvará para concentrar los esfuerzos institucionales, tanto privados, como públicos, para concretar estas acciones con una perspectiva diferente de la educación física y la promoción de la cultura física como un valor colectivo de las y los mexicanos. Un país que impulsa el deporte tiene mejor salud y mayores posibilidades de desarrollo.

En cuanto a la declaratoria del Día del Defensor del Medio Ambiente, quisiera rápidamente recordar que en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2004 denominada ambientalistas bajo fuego, decía como terrible premonición: Hoy, ser ambientalista es un negocio peligroso. En democracias y en dictaduras, en economías desarrolladas y en vías de desarrollo, derechos humanos de activistas ambientales están siendo violados.

Creemos firmemente que el desafío de la próxima década será el de defender a la gente que lucha a favor del medio ambiente, por los derechos de aquellos que arriesgan su vida para proteger a nuestro planeta.

Recordemos que en México el encarcelamiento de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel y su posterior liberación en 2001 ante la presión internacional y nacional de organizaciones de derechos humanos y grupos ambientalistas, debió dejar claro que no se deberían permitir más injusticias, más muertes, más torturas y más persecuciones por defender los bosques de Guerrero.

Hoy, lamentablemente, algunos dentro y fuera de las instituciones públicas requieren tener presente esto para que no se persista con estas prácticas que en distintos momentos han colocado a México como símbolo del terror contra los defensores ambientalistas.

Se trata de no volver a ser parte de los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales por el grado tan atroz de violación de los derechos humanos en el país y nos enorgullece en el PRD ser el primer grupo parlamentario en voltear a ver el esfuerzo de los ambientalistas. Es por ello que vamos a favor de ese dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Leonardo. Tiene a continuación el uso de la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento del Partido Acción Nacional la diputada Jacqueline Nava Mouett.

La diputada Jacqueline Nava Mouett:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputados y diputadas. Hoy en esta Cámara estamos hablando en un mismo idioma. Estamos unidos todos para un mismo objetivo, un mismo acuerdo nacional, un mismo mensaje y es declarar la Semana Nacional de Cultura Física y el Deporte.

Subo también a esta tribuna como deportista y celebro con mucho entusiasmo y profunda alegría que la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte sea un puente de encuentro y de acuerdos desde que presenté la iniciativa; reconozco y agradezco el apoyo, la sensibilidad y el compromiso de todos los que se han sumado a esta causa, porque aprobar este dictamen significa provocar una sinergia en cada rincón de México en la que todos participemos de la cultura física y la práctica del deporte, se ponga al centro como prioridad de las políticas públicas de la iniciativa privada y de la sociedad.

La Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, significa un detonante que articula entre los gobiernos local y el federal, todas las acciones necesarias para que año tras año se difunda y se ponga en práctica en nuestro país la preservación de la salud física y mental para las personas, prevenir enfermedades, abatir los altos índices de obesidad y sobrepeso, y demás padecimientos que son consecuencia de una vida sedentaria, la prevención del delito y combate frontal a la violencia desde su raíz, así como la prevención de las adicciones y erradicar el uso de sustancias tóxicas en el cuerpo, la protección de nuestro medio ambiente, reforzar la cuestión del tejido social mediante la sana convivencia, y fomentar la adopción de hábitos para una vida más saludable con el objetivo común de elevar el nivel de vida social y cultural de las familias, y así construir condiciones para el bien común de las personas.

Con la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, se refuerza la aplicación de la ley general en todas sus disposiciones, finalidades, principios y definiciones; también se refuerzan los objetivos y alcances del deber de la administración pública, además de provocar que con el paso del tiempo se definan estrategias a largo plazo para la aplicación de una política transversal que trascienda administraciones.

Animar a la población para que participe en la Semana Nacional, es incluir a todos sin distinción; es romper distancias y hacer conciencia de un bien común que beneficia a cada familia, a cada persona y su eminente dignidad; que desde una edad temprana signifique el desarrollo de confianza en sí mismos y da como resultado personas con mucho ánimo, entusiasmo y autorrealización y motivación en cada aspecto de su vida cotidiana; que las personas, las familias, desde su comunidad, con las autoridades, las escuelas y centros de estudios de todos los niveles, las empresas, todos los centros de trabajo privados y de gobierno, los sindicatos, las cámaras nacionales de diversas industrias de nuestro país, las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, toda la sociedad aprovechen al máximo las actividades y programas, y que al participar en la Semana Nacional de la Cultura Física y Deporte, signifique beneficios que trasciendan el tiempo y generaciones como una tradición nacional.

Por tanto, se hace imperativo darnos a la tarea de propiciar condiciones que articulen y coordinen las políticas públicas en la que participen los sectores social y privado, reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, incrementar la masificación del deporte y la cultura física, así como la conservación y protección del tejido social.

Es por lo anterior que las diputadas y diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen para la creación de una agenda nacional que potencialice la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, para propiciar las condiciones necesarias que incentiven y motiven a las autoridades, a la sociedad, a la iniciativa privada para diseñar e implementar, reforzar programas institucionales como la participación ciudadana dirigidos estratégicamente para acrecentar la cultura física, el deporte y la recreación en sana convivencia; reforzar la aplicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte, fomentar de manera permanente beneficios para la población de nuestro país, y así contribuir al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte, un derecho de todos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el deporte no tiene color. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputada Nava. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Adelante, diputado.

El diputado Alejandro Juraidini Villaseñor:Con su venia, señora Presidente. Compañeras y compañeros diputados, ¿qué es emprender? Decía Nolan Bushnell, el creador del Atari, que un verdadero emprendedor no es alguien que sólo sueña, es alguien que hace las cosas.

Hoy, se vive un momento decisivo en México. Somos un país de jóvenes que día a día queremos innovar, crecer, aprender, replantearnos el mundo en el que vivimos, y crear nuevos conceptos y experiencias. Somos un México de jóvenes con sueños ideales.

Nos platican nuestra padres de cómo era su vida y es sorprendente el cambio que ha sufrido la sociedad en los últimos 50 años. Los escuchamos contarnos cómo era vivir sin medios digitales, sin teléfonos inteligentes, y para algunos incluso, sin computadoras.

Hoy somos un México cada vez más y mejor comunicado, protagonista en un mundo globalizado, en donde no hay límites para nuestra imaginación. Hacer reconocimiento de esta creatividad es lo que hoy me tiene frente a ustedes en esta, que es la más alta tribuna del país.

En un contexto mundial de grandes desafíos económicos México está llamado a tener una participación de liderazgo en términos productivos y de generación de conocimiento. Cómo vamos a lograr ese salto que nos coloque entre los primeros del mundo, si no damos la oportunidad a las miles de mentes brillantes que hoy se preparan en las aulas, que hoy se imaginan y diseñan las soluciones para los problemas de nuestra sociedad.

A través del impulso a la creatividad y el emprendimiento es como cambiaremos nuestra vocación productiva, para poder transitar de un país de grandes y poderosas manufacturas a uno donde la generación de conocimiento sea nuestro diferenciador y valor agregado.

Instituir el Día Nacional del Emprendedor es promover que todos los mexicanos con ganas y deseos de innovar encuentren un momento para coincidir, para abrir nuevas oportunidades, para platicar experiencias exitosas, compartir errores y fracasos, para aprender y para crecer. Al hacerlo estaremos construyendo un mejor presente y futuro para nuestro país.

Por ello, el Día Nacional del Emprendedor nos recordará la importancia de promover una cultura de creatividad, esfuerzo y constancia, que nos permita demostrar nuestra capacidad y potencial como mexicanos.

Gracias a los emprendedores se fomenta la creatividad y la imaginación, se identifican nuevas oportunidades que pueden ser exitosas y hacerse realidad, sin dejar de mencionar que el emprendimiento es el motor más importante para la creación de empleos.

Estoy seguro que en algo coincidimos todos los aquí presentes: el mexicano es creativo por naturaleza, pero muchas veces esa creatividad es frenada por no encontrar los mecanismos y el camino correcto para hacer de una idea una realidad. Hoy está en nuestras manos decretar un momento en donde la creatividad, el financiamiento, los medios y el camino correcto se junten para nuestros emprendedores.

El Día Nacional del Emprendedor dará comienzo a una serie de eventos que permitirán que se conozcan las mejores prácticas, casos de éxito, tendencias nacionales e internacionales y formas de financiamiento. Todo esto ayudará a que los emprendedores cierren la brecha entre su idea y un modelo de éxito.

Es importante que los mexicanos sepan que como gobierno, encabezados por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, estamos construyendo las bases y creando políticas públicas que fomentan la creación de nuevas empresas que lleven a México a ser cada vez un mejor país. Un país que cree en su gente, que reconoce sus capacidades y que genera las condiciones para construir el México que queremos. Creo en nosotros los jóvenes, creo en los emprendedores y creo en México.

Así también, un tema no menos importante es declarar la primera semana del mes de octubre como la Semana Nacional de la Cultura Física y Deporte. Nuestro Estado mexicano nos garantiza, a través del artículo 4 constitucional, la práctica permanente de la educación física y el deporte como un elemento esencial de nuestro sistema educativo.

Al promover dentro de las políticas públicas la salud y el deporte, se hace conciencia entre toda la población para buscar disminuir las adicciones, la obesidad y el sobrepeso, dado que las estadísticas en materia de salud pública son alarmantes. Reconocer, promover y fomentar la importancia de la cultura física y deporte en todos los sectores de la población es una de las prioridades de todos nosotros como legisladores.

De igual forma, los diputados priistas seguiremos trabajando de la mano con el gobierno de la República, para hacer del derecho a un medio ambiente sano un hecho. Por ello también estamos a favor de declarar el 17 de julio de cada año Día Nacional de Defensor Ambiental, para concientizar a los mexicanos sobre la importante labor social que realizan los defensores ambientales, quienes día a día luchan por proteger y mejorar nuestro entorno natural. Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros, que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de estos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del primer proyecto de decreto, por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Emprendedor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Mientras transcurre la votación, esta Presidencia saluda a abogados del estado de Chiapas de la Universidad Valle del Grijalva, invitados del diputado Hernán Orantes López.

Igualmente, damos la bienvenida y saludamos la presencia en el salón de los catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, don Raúl Leopoldo Canosa Usera y don Alfonso Fernández Miranda Campoamor, quienes el día de hoy hay intercambiado experiencias en una reunión organizada por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se les recuerda a las diputadas y diputados que vamos a proceder de inmediato a dos votaciones más por tablero, para que no abandonen el salón.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 388 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: ¿Alguien más faltó de votar? Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos...A ver.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:De viva voz, diputada, de favor el sentido de su voto.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguien más? Señor presidente, se emitieron 391 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 391 votos, el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como Día nacional del emprendedor. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DECLARA A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “LA SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara la primera semana de octubre de cada año como Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 39, y 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 69, numeral 2, 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en, los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 6 de septiembre de 2016, la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó iniciativa con proyecto de decreto para declarar la primera semana del mes de octubre de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno dicha iniciativa para su análisis y dictamen a esta Comisión, siendo recibida el día siguiente.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene los siguientes objetivos:

• Declarar a la primera semana de mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Fisca y el Deporte”.

Basada sustancialmente en lo siguiente:

Que “la “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 20ª reunión en Paris, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”

Que “la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos”, pues “la educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación”, ya que “los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales”, pues “la enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado”, además de que “para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados”.

Que “la investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte”.

Que “las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte”, además de que “la cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte”.

Que “la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte”.

Que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera”.

Señala también que el “Informe Final de la V Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte”, determina compromisos y recomendaciones para los Estados, señalando en concreto que el acceso al deporte debe entenderse como un derecho fundamental para todos”.

Que se debe “fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población”, en pro de la “preservación de la salud física y mental, así como la prevención de enfermedades” y del delito, promoviendo “la erradicación del uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo”.

Que mediante el establecimiento de “la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, se persigue la “implementación de estrategias claras y periódicas mediante la coordinación institucional en la que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados”.

III. CONSIDERACIONES

Después de haber realizado un estudio de la propuesta que se dictamina esta Comisión coincide con la proponente en la importancia de garantizar por parte del Estado, la práctica permanente de la educación física y el deporte como un elemento esencial de nuestro sistema educativo.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hace énfasis al señalar que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”. En tanto la Fracción XXIX-J del Artículo 73 Constitucional contempla que el acceso a la práctica del deporte y al desarrollo de la actividad física en instalaciones adecuadas es un derecho de todos los mexicanos. La promoción, así como el fomento al deporte y la cultura física son responsabilidades del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aunado a esto los beneficios de la salud que favorecen a la convivencia, cooperación y otros valores de la sociedad.

La importancia del dictamen no solo es la promoción dentro de las políticas públicas de salud al deporte, sino también la concientización de la población de un estado promotor que beneficie a la comunidad de manera integral.

Efemérides como ésta, vienen a sumarse a programas federales y locales que buscan disminuir las adicciones, la obesidad y el sobrepeso a nivel nacional; ejemplo de lo anterior es el Programa Muevete en 30 (30M), que desde 2015 promueve el deporte en la población de 4 a 65 años a través de la movilización mediante la actividad física, destinando y recuperando espacios públicos para darles un uso más social y responsable.

Consideramos que el establecimiento de este tipo de medidas son necesarias y urgentes en nuestro país, pues las estadísticas nacionales son alarmantes en materia de salud pública, ejemplo de lo anterior es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, la cual arrojó cifras preocupantes, particularmente en niños y adolescentes, donde se observó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares fue de 16.7%; en escolares, de 26.2%, y en adolescentes, de 30.9%; de igual manera otorgó cifras sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos que fue de 39.7 y 29.9%, respectivamente.

A partir de este tipo de diagnósticos, hemos podido identificar claramente la necesidad de contar con una política integral, y con una coordinación efectiva para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física que permitan la prevención de enfermedades crónicas y la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población.

En este sentido reconocemos la importancia de promover y fomentar la cultura del deporte con la participación de todos los sectores de la población.

Somos conscientes de que el trabajo por delante es mucho, sin embargo, también nos mantenemos positivos respecto a que es posible avanzar y disminuir en gran medida este tipo de problemáticas, pues la experiencia internacional demuestra que mediante el establecimiento de dicha clase de políticas públicas, se pueden lograr objetivos a largo plazo.

Por ejemplo, durante las pasadas olimpiadas de Río de Janeiro, fuimos testigos del éxito de los atletas del Reino Unido quienes superaron a China en medallas de oro, para quedar en segundo lugar de la tabla solo por detrás de Estados Unidos, cuando hace apenas 20 años, ello hubiera resultado imposible de imaginar.

Esta experiencia, sirve como ejemplo de la importancia de implementar políticas públicas efectivas, en las que participen los tres órdenes de gobierno, así como los tres Poderes de la Unión y la sociedad civil, para la consecución de objetivos comunes que repercutan en el bienestar social, físico y emocional de las y los mexicanos.

Todo ello pues consideramos que el deporte no solo es un asunto de salud, también es una herramienta efectiva en la educación, pues a través de él se fomentan valores y habilidades, y si bien, ya existen programas gubernamentales como el Programa Muévete Escolar, dirigido a niños y jóvenes, que durante 2015 ha atendido a casi 1.4 millones de alumnos de nivel básico y jóvenes de educación media superior, y superior de 6,002 escuelas en 21 entidades federativas a través de 533 promotores con el fin de promover e implementar una cultura física del deporte; es necesario mantener las acciones que impacten positivamente en generar una mayor cultura del deporte, particularmente en la niñez y juventud mexicana.

El deporte debe entenderse como una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona así como el mejor desarrollo para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos.

Es por todo lo anterior que esta Comisión considera procedente y necesario, pronunciarse en sentido positivo respecto de la propuesta contenida en la Iniciativa que declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara a la primera semana del mes de octubre de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

TRANSITORIO

UNICO.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Disponible en: https://www.insp.mx/produccion-editorial/publicaciones-anteriores-2010/660-encu esta-nacional-de-salud-y-nutricion-2006-ensanutef-2006.html, fecha de consulta 12 de septiembre de 2016

Palacio Legislativo, 13 de septiembre de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández, David Sánchez Isidoro, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho, Édgar Spinoso Carrera, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana nacional de la cultura física y el deporte.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 371 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. De viva voz el diputado Sesma.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿Algún otro diputado?

El diputado Matías Nazario Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (desde la curul): A favor.

La diputada Azul Etcheverry Aranda (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Sáenz Soto (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿La diputada Azul? Ya tomamos el de la diputada Azul.

El diputado Renato Josafat Molina Arias (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul): A favor.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Nada más. Señor presidente, se emitieron 382 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL 17 DE JULIO DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DEL DEFENSOR AMBIENTAL”

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional del Defensor Ambiental”.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del tercer proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año, como Día nacional del defensor ambiental.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? ¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue el sistema abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 383 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 votos el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año como Día Nacional del Defensor Ambiental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDES

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

«Efeméride con motivo del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 10 de octubre de 2016, habrá de celebrarse el Día Mundial de la Salud Mental, conmemoración que busca hacer conciencia sobre la importancia de estar libre de cualquier patología de orden mental. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental de la siguiente manera:

“La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»”.

La enfermedad mental no es percibida en muchas ocasiones, sin embargo el daño que causa lo es como el de cualquier enfermedad física; incidiendo en la productividad de las empresas, en el desempeño escolar y en la convivencia familiar, ya que es una enfermedad que no solo afecta a personas con trastornos de orden psiquiátrico que los ha llevado a perder su consciencia con la realidad y que permanecen recluidos en centros de salud para su atención, o que vagan por las calles, las deficiencias en el orden mental abarcan también a miles y miles de personas que padecen de stress, depresión, entre otras manifestaciones de quien carece de una salud mental efectiva, por lo tanto es un problema que marca a las sociedades modernas, en donde el dinamismo que imprime el modelo económico de producción hace que la tranquilidad que se manejaba en décadas pasadas se sustituya por un modelo en donde el ritmo de vida hace que el organismo se vea afectado por todo aquello que percibe y en el que se involucra cotidianamente.

Esta es enfermedad que se contrapone con la promoción del bienestar en general, por lo que la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos es necesaria para el buen desempeño de las personas que padecen de patologías de orden mental.

En consecuencia la atención de los trastornos mentales debe ser por lo tanto una de las prioridades del sector salud en México, y debe atender a las necesidades que se presentan en la actualidad, enfocándose desde lo más vasto del conocimiento científico y cuidando los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, pero al mismo tiempo que estos y sus familias sientan la debida confianza en la lucha contra el estigma, el aislamiento y la discriminación, alentándoles a encontrar ayuda en los programas que el estado promueva a través de los sistemas de salud y seguridad social con los que cuenta, buscando a la par abrir espacios de participación a las instituciones de salud del sector privado, así como, la participación de las instituciones educativas de nivel superior del país, para que de manera coordinada, bajo la rectoría del estado, se busque atender la demanda de servicios de salud mental existente en el país, en estos momentos en que por razones de la llamada “disciplina fiscal” se pretende reducir el presupuesto al sector salud en aproximadamente 10,82% en comparación a lo que se aprobó para el año 2016. Año en el que también se aplicó una disminución al presupuesto de este mismo sector.

Lo cual significa desde luego un acto de tremenda inconsciencia social por parte del gobierno de Peña Nieto para con los más desvalidos y necesitados del país, aquellos que de no ser por los servicios médicos públicos dejarían de atenderse. Este presupuesto regresivo y lo es porque afecta a los más pobres como ya se dijo, pero no solo afecta al sector salud afecta al crecimiento y desarrollo económico y social del país. ¿En dónde queda el derecho de los millones de mexicanos a gozar de servicios de salud, establecidos en la constitución?

El argumento de que los recortes obedecen a evitar catástrofes financieras mayores queda en entre dicho cuando a los grandes corporativos empresariales se les ha condonado parte de sus adeudos con el fisco, y cuando el gobierno sigue sin trasparentar de manera real y efectiva el ejercicio del gasto publico. Muchos analistas financieros lo han dicho se gasta mal, sin planeación, pero si con claros objetivos personalistas, y de grupo, como siempre lo ha hecho el viejo régimen político que lucra y medra con los derechos de los mexicanos.

Desde luego la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental debe ser una oportunidad para hacer un llamado a las autoridades sanitarias a esforzarse por dar más y mejor atención con menos recursos a quienes padecen esta enfermedad y todas aquellas enfermedades a las que hoy da cobertura el sistema de salud y que se ven en riesgo por estos adversos recortes; pero al mismo tiempo es un reclamo a la cerrazón, y visión miope del gobierno federal. Cancelar recursos al sector salud es cancelar el progreso y desarrollo de México.

Notas:

1 Salud mental en http://www.who.int/topics/mental_health/es/.

2 Mas recortes en salud para el 2017, en

http://eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2016/09/30/ mas-recortes-en-salud-para-el-2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica p.a).»

El diputado Juan Romero Tenorio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Romero Tenorio. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Señor presidente, con el objeto de señalar que mañana se cumple un aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez, y para ello cito unas de sus palabras durante el informe de Victoriano Huerta:

“La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes.

“La revolución se ha extendido en casi todos los estados; muchas naciones que antes eran buenas amigas de México, rehúsan a reconocer a su gobierno por ilegal; nuestra moneda se encuentra depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa de la república amordazada”.

Son palabras de Belisario Domínguez en respuesta a Victoriano Huerta. El día de mañana no puede pasar desapercibido este aniversario luctuoso de don Belisario, por lo que solicito que se tome en cuenta para efemérides.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 15:47 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 11 de octubre del 2016 a las 11 horas.

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