Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

ASISTENCIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla(a las 12:07 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de marzo de 2017

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De los diputados Sara Latife Ruiz Chávez, Omar Ortega Álvarez y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez

Solicitan el retiro de iniciativas y proposición con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Remite once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de febrero de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2016.

Informa que durante el mes de febrero de 2017, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, numismáticos y dos animales entre otros.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 A de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De la Comisión de Igualdad de Género

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7o. Bis y 7o.. Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 78 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como “El Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional” a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 y 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 11 Bis y reforma el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández Leon, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 90, 91 y 92 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César Camacho e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo Décimo Transitorio del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 74 y 146-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de armonización legislativa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Alberto Blanco Zaldívar y Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús S. Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 213 y 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o. y 28 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Rodrigo Abdala Dartigues y Magdalena Moreno Vega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 322, 323 y 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Elías Ojeda Aquino, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Derechos Culturales, a cargo de diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, así como a Capufe, a realizar las acciones necesarias a efecto de que se realice el descuento conducente al peaje de las autopistas del país, cuando éstas se encuentren en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco, a emprender diversas acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas estancias de la administración pública federal, a intervenir y resolver de manera coordinada y conjunta, la situación de pobreza y abandono que presentan los habitantes de la meseta de Cacaxtla, Sinaloa, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Efeméride con motivo del CCXI Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez García, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, para que atiendan de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en el Estado de Quintana Roo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sistemas nacional y estatales del DIF, a implementar campañas de información dirigidas a las comunidades de mexicanos que se encuentran dentro de territorio de los Estados Unidos de América, a efecto de que cuenten con un plan preventivo de custodia para aquellos menores que pudieran ser separados de sus padres, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, a que hagan públicos los motivos del recorte de más de nueve mil millones de pesos del programa presupuestal de administración de agua potable correspondiente a la Conagua del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y garanticen el no aumento de tarifas por su suministro, suscrito por los diputados Oscar Ferrer Abalos, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la “Subestación Eléctrica Culhuacan” en la Colonia Cerro de la Estrella, en la Demarcación Iztapalapa de la CDMX, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha zona, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del ejército contra el Dr. José Manuel Mireles; así como al Juez Federal quinto en materia penal, a dictar su traslado al penal de Morelia, Michoacán, para resolver de manera expedita su situación jurídica, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, para que se realice la actualización correspondiente a los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple para los pensionados y jubilados, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhortar al Ejecutivo federal, a que permita la libre circulación en todo el territorio nacional de vehículos traídos al país por mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América hasta por dos años previos a su regularización, suscrito por los diputados Juan Carlos Ruiz García y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, incluya en la revisión a la Cuenta Pública 2016, una auditoría con enfoque vertical a los contratos que la empresa brasileña Odebrecht ha celebrado con las empresas productivas del estado, desde el 2010 a la fecha; asimismo, se solicita al titular de Pemex a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo, a abstenerse de intervenir en la vida sindical de sus trabajadores y a reconocer diversos derechos del Sindicato Independiente de Trabajadores, Técnicos y Profesionistas de dicha institución, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la evaluación de resultados y procedimiento operativo del 2017, para la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a realizar campañas con carácter permanente de impulso y difusión de los destinos con el sello distintivo denominado: Paraísos Indígenas, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta diversas instituciones federales y de la CDMX, a emprender coordinadamente acciones urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos en dicha entidad debido al aumento de feminicidios, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a aumentar la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios de enseñanza en educación básica y media superior, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la publicación de los lineamientos de operación del fondo de apoyo al migrante, así como a dar prioridad en la asignación de recursos a las entidades federativas con mayor recepción de migrantes y repatriados, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF, a incrementar el número de centros de asistencia social para atender las necesidades de la población infantil, especialmente la migrante; asimismo, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a supervisar que los centros de asistencia social den cumplimiento a los requerimientos que enmarca la normatividad a nivel nacional e internacional, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero, a exentar del pago del impuesto sobre tenencia en 2018, a los automóviles cuyo valor sea menor a 400 mil pesos y a abrogar de su legislación el cobro de ese impuesto a partir de 2019, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la SRE, a desarrollar estrategias integrales relacionadas con la defensa de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos de América y la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al Gobierno del estado de Oaxaca, a ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de infraestructura carretera en la región mixteca oaxaqueña, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 21 de marzo, Aniversario del natalicio de Benito Juárez García, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo de los 20 años de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 21 de marzo, “Día Mundial del Síndrome de Down”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 6 de abril, “Día Mundial de la Actividad Física”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 21 de marzo, Día Mundial de los Bosques, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 21 de marzo, Natalicio de Don Benito Juárez García, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría, consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del segundo año de ejercicio de la sexagésima tercera legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y seis diputadas y diputados, a las doce horas con veintidós minutos del jueves dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios las diputadas y el diputado: Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena. La Presidenta hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

La Presidenta informa a la Asamblea que se recibió escrito de las ciudadanas Maribel Martínez Ruiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gabriela Moreno Mayorga, con el que presentan iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en diez pesos; así como diez cajas cerradas y selladas que dicen contener las firmas que la respaldan, y que de conformidad con el artículo ciento treinta y dos, numeral uno, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remitió al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley. De enterado.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por diputados integrantes de Morena, el dos de marzo de dos mil diecisiete, la cual se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen; y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De las diputadas y los diputados:

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, presentada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

• Patricia García García, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios dos iniciativa con proyecto de decreto:

– Por el que adiciona una fracción vigésima primera al artículo cuarenta y uno de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, y una fracción décima quinta al artículo cuarenta y dos de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada el dos de septiembre de dos mil dieciséis.

– Por el que se reforma el artículo tercero, fracción sexta, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción sexta del artículo cuarenta y siete y un segundo párrafo al artículo ochenta y ocho de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el tres de agosto de dos mil dieciséis.

• Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento cuatro de la Ley General de Salud, para establecer el registro nacional de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Suscrita por los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, presentada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria, y a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, a iniciar una investigación sobre la contratación efectuada por Pemex Exploración y Producción, al amparo de la licitación pública internacional con TLC 18575004-519-13, a favor de empresas propiedad de Maclovio Yáñez Mondragón, ex subdirector de la región norte de Poza Rica de dicha empresa, presentada el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el diecinueve de junio de dos mil dieciséis en diversas localidades del estado de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, presentada el nueve de marzo de dos mil diecisiete.

Se tienen por retirados los asuntos, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

• Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a realizar las acciones necesarias a fin de prevenir y restaurar las afectaciones al medio ambiente, ocasionadas por el derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán, el día tres de agosto pasado, en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar las acciones y medidas necesarias a fin de incrementar el turismo social en México. Se remite al promovente.

d) De la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del estado de Veracruz, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover la cultura de la denuncia de los actos violentos en contra de las niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) Del Consejo de la Judicatura del estado de Hidalgo, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incluir en su legislación la alienación parental como forma de violencia familiar. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se diseñen políticas estatales en materia de cambio climático. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

g) Del Gobierno del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para diseñar políticas públicas en materia de cambio climático. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

h) Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se difunda el calendario de las convocatorias dirigidas a instituciones de educación superior y personas interesadas en participar en los diferentes programas de fomento y apoyo a los investigadores del país. Se remite a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.

i) De la Secretaría de Desarrollo e Integración del estado de Jalisco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para redoblar esfuerzos en materia de políticas y programas sociales encaminados a atender a los adultos mayores. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra en el Salón de Sesiones el licenciado Pascal Beltrán del Río, director del periódico Excélsior, así como a los distinguidos invitados que lo acompañan. La Presidenta dirige unas palabras con motivo del Centenario de la aparición del primer ejemplar de dicho periódico, y acto seguido hace entrega de un reconocimiento a nombre de la Cámara de Diputados.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones la ciudadana Fabiola Rosas Cuautle, diputada federal electa por el Segundo Distrito Electoral del estado de Tlaxcala. Se designa una comisión que la acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios la diputada y los diputados: Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional; Karina Padilla Ávila y Jorge Ramos Hernández, ambos del Partido Acción Nacional.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:

• Lia Limón García e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un tercer párrafo al artículo cuatrocientos setenta y nueve del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés e integrantes del Partido Verde Ecologista de México., que reforma los artículos ciento nueve, y ciento cuarenta de la Ley de Migración Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Daniela de los Santos Torres e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que adiciona un Capítulo Octavo al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Por el que se declara el día veinte de marzo de cada año como el “Día del Internacionalista Mexicano”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Santos Garza Herrera, y suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo quince de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Eloísa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional, que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, y quien acepta una pregunta del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Paloma Canales Suárez e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento veinticinco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Blandina Ramos Ramírez, y suscrita por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

A las trece horas con veinticinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintiún diputadas y diputados.

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen,

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona los artículos diez, y treinta y seis de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Energía, por el que se adiciona una fracción cuarta al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. No habiendo oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En votación nominal por cuatrocientos cuatro votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la Efeméride con motivo del dieciocho de marzo, "Día de la Expropiación Petrolera". Se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Norma Rocío Nahle García, de Morena; Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Moran, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional; y Alfredo Anaya Orozco, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidencia lamenta el sensible fallecimiento de los agentes federales Noé Carrasco Cruz, y Jorge Alberto Zavala Martínez, así como de los rescatistas Roberto Carlos Murguía Medina y Roberto Caloca, acaecidos el trece de marzo del presente año, en cumplimiento de su deber durante una operación de rescate en Mexicali, Baja California, e invita a la Asamblea ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Aragón Castillo, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano; Magdalena Moreno Vega, de Morena; Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional; y Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra Patricia Aceves Pastrana, de Morena. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de decreto. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: doce, catorce, treinta y tres, cincuenta y seis, sesenta y tres; y quinto transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos sesenta y seis votos a favor; cinco en contra; y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

La Presidenta informa a la Asamblea que el diputado David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, retira su reserva al artículo doce, fracción novena, por lo que dicha disposición se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a las diputadas y a los diputados:

• Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo catorce, fracción tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha la disposición y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos catorce, fracción tercera; treinta y tres, fracción décima primera bis; y sesenta y tres, cuarto párrafo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan las disposiciones y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, a los artículos: catorce, fracción tercera; y sesenta y tres, primer párrafo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan las disposiciones y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, a los artículos catorce, fracción tercera; cincuenta y seis, párrafo primero; sesenta y tres, párrafo cuarto; y quinto transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan las disposiciones y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular. En votación nominal por doscientos ochenta y tres votos a favor; cuarenta en contra; y cinco abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos: doce, catorce, treinta y tres, cincuenta y seis, sesenta y tres; y quinto transitorio, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Desde su curul realizan diversos comentarios las diputadas María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional; y Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza. La Presidenta hace aclaraciones.

Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se rechaza las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, John Kelly, en las que afirma que los niños que crucen la frontera de México-Estados Unidos de manera indocumentada podrían ser separados de sus padres. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional.

– Que adiciona el artículo cincuenta y dos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

– Que reforma los artículos sesenta y cuatro bis uno de la Ley General de Salud, treinta y uno bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y ochenta y nueve de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Carmen Pinete Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Energía, y a Petróleos Mexicanos, que definan el estado actual del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, relativo a la resolución de las controversias constitucionales en posesión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovidas por el presidente de la República y por el Senado de manera pronta y expedita, a fin de generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, (BANSEFI), a difundir los principales motivos por los que se incrementó en ochenta y uno punto seis por ciento, las reclamaciones al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), y el porcentaje de éstas que son relativas a la entrega de apoyos de los programas federales, así como las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo para reparar las deficiencias de la institución. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, por el que se exhorta al Congreso del estado de México, a tomar medidas necesarias para reducir los gastos de campaña de los partidos políticos en el proceso electoral de la entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Clemente Casteñeda Hoeflich, del Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y a los organismos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un setenta por ciento los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental para el presente ejercicio fiscal dos mil diecisiete, para que dichos recursos se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos y a programas de apoyo y reinserción de los mexicanos repatriados. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Pablo Basáñez García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, a las legislaturas locales, a los presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, realicen las acciones necesarias para cumplir con los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a definir acciones concretas para determinar el nivel de cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Magdalena Moreno Vega, de Morena, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres, a que respete los derechos constitucionales de sus docentes y a que ninguna manera se vulnere lo establecido en el apartado A, del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, del Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la demarcación territorial Venustiano Carranza, para que de manera inmediata lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y La Merced. Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

• Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los congresos locales de diversas entidades federativas, a homologar sus legislaciones locales con los principios constitucionales de derechos humanos, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano para eliminar el matrimonio infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con las autoridades locales, con el objetivo de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Policía Federal, para que evalúen la implementación, instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y cinco-D y ciento noventa, en la zona conocida como "La Ventosa", en el municipio de Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños, del istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la implementación de políticas públicas que concienticen a la población indígena a respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas de la región de La Montaña, Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados, y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones en contra de su voluntad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

• Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, de Morena, relativo al incremento de feminicidios en el estado de México. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

• Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para opinión.

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de martes veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría, por favor, con el capítulo de comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo que hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, me permito solicitar respetuosamente con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa que adiciona y reforma los artículos 25, 128, 128 Bis y 128 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por una servidora con fecha 7 de marzo de 2017, la cual fue turnada a la Comisión de Economía. Lo anterior con el objeto de fortalecer su contenido y presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi alta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo que hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, me permito solicitar respetuosamente con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por una servidora con fecha 9 de marzo de 2017, la cual fue turnada a la Comisión de Economía. Lo anterior con el objeto de fortalecer su contenido y presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi alta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Quien suscribe, Ornar Ortega Álvarez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita atentamente que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, turnado a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial que da seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, y que aparece en el número 8 del orden del día 14 del mes y año en curso.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

El que suscribe, diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-1499 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510. 11/ 2191/ 2017 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así como a seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir la incidencia de estos padecimientos entre la población en general.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 147/ 17, por el cual remitió el punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, a que continúen informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así como a seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir, la incidencia de estos padecimientos entre la población en general.

Al respecto, adjunto copia simple de oficio número CNP/ 230/ 2017, signado por la ingeniera Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrolloo Social.— Presente.

En atención a su similar número DG.510.11/ 1999/ 2017 mediante el cual remite la proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así carpa a seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir, la incidencia de estos padecimientos entre la población en general. Anexo al presente el documento en donde se expone la opinión de la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social sobre el tema en referencia.

Lo anterior, con el propósito de que esta opinión se incorpore en la respuesta institucional que, por su conducto, se prevé enviar a la Secretaría de Gobernación.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Ingeniera Paula Hernández Olmos (rúbrica), coordinadora nacional.»

«Comentarios a punto de acuerdo del Senado de la República, en el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras, a que continúen informando sobre las acciones de prevención y atención de enfermedades respiratorias, así como seguir incrementando dichas acciones a efecto de disminuir la incidencia de estos padecimientos entre la población en general

Componente de Salud de Prospera Programa de Inclusión Social

Prospera Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo federal, en el marco de una política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.

El componente de salud aplica para las familias asignadas al esquema de apoyos con corresponsabilidad y opera bajo tres estrategias específicas:

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES. El cual constituye un beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona.

b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria. en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de las niñas y niños desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición. así como de la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un año y del control de los casos de desnutrición.

c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el sujetarse a los tratamientos de pacientes crónicos.

Estas acciones tienen carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos, así como promover la mejor nutrición de la población beneficiaria. y fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad.

Corresponsabilidades del Componente de salud de Prospera

En el ámbito del Componente de Salud de Prospera, el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de las familias beneficiarias, asignadas al esquema de apoyos con corresponsabilidad, es esencial para el logro de los objetivos del Programa en lo concerniente a Salud y es requisito indispensable para que reciban sus apoyos monetarios:

• Registrarse oportunamente en la unidad de salud que les sea asignada al momento de incorporarse o cuando se les reasigne una unidad de salud.

• Todas las personas integrantes de la familia beneficiaria deben asistir a sus citas programadas en los servicios de salud, incluyendo los adultos mayores.

• Participar en los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud, de acuerdo al modelo rural o urbano (4 en Modelo Urbano y 6 en el Modelo Rural) del componente de salud que reciba la familia, preferentemente por parte del o la integrante de la familia beneficiaria de 15 hasta 60 años de edad que sea citado (a). Los talleres de estimulación temprana se otorgarán preferentemente a las madres y padres o cuidadores de las niñas y los niños menores de cinco años. Se eximirá del cumplimiento de esta corresponsabilidad a los y las integrantes de la familia beneficiaria que presenten. en la unidad de salud a la que están asignados (as). un certificado médico expedido por el sector salud que haga constar que cuentan con una condición de discapacidad que impida su asistencia a los talleres comunitarios.

La participación de un miembro de la familia en otros cursos y talleres de capacitación a voluntarios organizados por el personal de salud.

La participación del algún miembro de la familia en acciones comunitarias emprendidas por el personal de salud por ejemplo en caso de brotes epidemiológicos en la localidad (influenza, dengue, diarreas. etcétera).

En el caso del modelo rural, en ausencia de acciones obligatorias de salud en el bimestre, la certificación se realizará con la asistencia del o la integrante citada (o) de 15 a 60 años a la sesión del taller comunitario programado para el autocuidado de la salud.

Las acciones de salud de beneficiarios que reciben los apoyos de Educación Superior del Programa, de las Familias asignadas al esquema de Apoyos con Corresponsabilidad, preferentemente deberán programarse en los periodos vacacionales de dicho nivel educativo.

Las acciones de salud de la persona adulta mayor, preferentemente deberán programarse en los meses de mayo-junio y noviembre-diciembre, es decir, en el último bimestre del semestre a certificar.

Cuando una familia beneficiaria esté integrada sólo por personas adultas mayores, el cumplimiento de esta corresponsabilidad sustentará la emisión de los apoyos alimentario, alimentario complementario y el de adultos mayores.

Capacitación para el autocuidado de la salud

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante las consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud.

Los temas de los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud son definidos por el Sector Salud pudiendo variar de una entidad federativa a otra o de una región a otra en razón de la situación epidemiológica de riesgo o estacional de la región.

Los temas de los talleres se presentan a continuación y se resalta lo relativo a infecciones respiratorias agudas:

Asimismo, en lo relativo al Paquete Básico Garantizado de Salud y en las 27 Intervenciones de Salud Pública del CAUSES que se proporcionan a las familias Prospera el Componente de Salud, se incluye lo relativo a enfermedades respiratorias y acciones de prevención:

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1860, signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UR 120 JOS/ CECU/ 0447/ 17, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, y de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a utilizar en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos un lenguaje incluyente; reforzar las acciones de capacitación del personal docente en materia de derechos humanos de mujeres y niñas; e incorporar esta perspectiva en los programas educativos de todos los niveles, a fin de promover el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres.(1)

(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 048/ 17, del 11 de enero del presente año, por el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la oficina del secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados referido al exhorto para que en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos se utilice un lenguaje incluyente.

Sobre el particular, remito copia de los oficios números SEB/ UR 300/ 226/ 2017, firmado por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica; 605, firmado por el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior; y 500/ 2017.- 0090, firmado por el doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior, que dan respuesta al punto de acuerdo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Mauricio Dávila Morlotte, titular de la Jefatura de Oficina del Secretario.— Presente.

Me refiero al oficio número UR 120 JOS/ CECU/ 0087 /17, dirigido a esta subsecretaría, por el que se solicitó emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que señala:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a utilizar en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos un lenguaje incluyente; reforzar las acciones de capacitación del personal docente en materia de derechos humanos de mujeres y niñas; e incorporar esta perspectiva en los programas educativos de todos los niveles, a fin de promover el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres, como establecen las fracciones VI y VII del artículo 45 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Al respecto, una vez revisado y analizado el presente punto de acuerdo, me permito informarle que la SEP, a través del plan y los programas de estudio vigentes para la educación básica y en los libros de texto gratuitos, considera un lenguaje incluyente que enfatiza el respeto de la igualdad de derechos para mujeres y hombres, lo cual se desarrolla con un enfoque pedagógico y didáctico pertinente para la formación de ciudadanos con una perspectiva de género basada en el respeto, la reciprocidad y la igualdad de género, para enriquecer la convivencia sana entre mujeres y hombres. Ello se mantiene y enriquece en el modelo educativo y la propuesta curricular de 2016.

Asimismo, en colaboración con las autoridades educativas estatales, se han implantado acciones para integrar una oferta formativa que propone la transmisión de herramientas necesarias para que el personal educativo desarrolle en el aula ambientes libres de violencia, con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.

Agradeciendo su amable atención, le envío cordiales saludos.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Maestro Javier Treviño Cantú (rúbrica), subsecretario de Educación Básica.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-8-2754, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/2198/2017 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para el cumplimiento del acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/31l/2452/16, por el cual remitió el punto de acuerdo en el que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para el cumplimiento del acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa.

Al respecto, adjunto copia simple de oficio número 613.UPRI/DGAPL/028/20l7, signado por la licenciada Cel1y Martínez Camacho, directora general adjunta de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios.— Presente.

Hago referencia a su oficio número DG.51O.1l/2000/2017, en el que se solicita formular comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el cumplimiento del acta de acuerdos de fecha 7 de enero de 2015, en favor de las personas expulsadas de sus comunidades por intolerancia religiosa.

Al respecto, me permito comentarle que la Secretaría de Desarrollo Social tiene como misión contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física, religiosa o de cualquier índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno. Para lo anterior, cuenta con diversos programas que buscan contribuir a la reducción de carencias sociales, corno lo son Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal, Atención a Jornaleros Agrícolas, 3X1 para Migrantes, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Coinversión Social, Estancias Infantiles, Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y Comedores Comunitarios.

Cabe mencionar que la Sedesol otorga los apoyos de dichos programas con estricto apego al respeto por la diversidad étnica o religiosa, sin hacer ningún tipo de distinción, siempre y cuando la persona cumpla con los criterios de elegibilidad de los programas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Licenciada Cel1y Martínez Camacho (rúbrica), directora general Adjunta de Planeación.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-3-1766, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/319/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/270/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados; celebrada día 9 de febrero del mismo año, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y pos-parto en el estado.”

Al respecto, me permito enviar el oficio SPPS-CAS-0999-2017, suscrito por la maestra Georgina Rodríguez Elizondo, asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/985/2017, que refiere:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Salud para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, amplié y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2017.— Georgina Rodríguez Elizondo (rúbrica), asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS. Firma en ausencia del coordinador de asesores de la SPPS, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentario

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Salud para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.

En cuanto a grupos vulnerables el país, para mejorar la calidad de la atención obstétrica fortaleciendo entre la población indígena la credibilidad y confianza en los servicios de salud a través del encuentro respetuoso entre las diversas culturas de las usuarias hablantes de lengua indígena y el personal de salud, en 2016 se destinaron recursos presupuestarios para la contratación de traductores hablantes de lengua indígena en Durango, Morelos, Tlaxcala, Veracruz. Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Nayarit y Yucatán, ubicados en unidades hospitalarias que atienden a mujeres embarazadas, cubriendo 16 lenguas indígenas.

Asimismo, se realizaron talleres para la traducción escrita y oral materiales informativos dirigidos a la población sobre temas de salud materna y perinatal y embarazo en adolescentes (señales de alarma durante el embarazo, parto y puerperio, elaboración del plan de seguridad para la toma de decisiones asertivas al momento del parto o ante una emergencia obstétrica, derechos de las mujeres durante la atención del parto, lactancia materna, ácido fólico, etcétera) los materiales fueron traducidos a 22 variantes lingüísticas que se hablan actualmente en 250 municipios de los estados de Chiapas, Yucatán, estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Jalisco y Veracruz.

Asimismo, se ha impulsado la instalación de Posadas de Atención a la Mujer Embarazada, que integran espacios físicos ubicados cerca de hospitales resolutivos, donde las mujeres que residen en localidades dispersas o que se ubican a más de dos horas de distancia de los servicios de salud pueden recibir hospedaje, alimentación e incluso apoyo en el cuidado de sus hijas/os mientras se atiende su salud. Del total de posadas operando al cierre de 2016 (120), 97 posadas se encuentran en municipios con población indígena que han albergado a 2,250 embarazadas y puerperas indígenas.

También se promueve la articulación de autoridades municipales de salud, de grupos de la sociedad civil y comunidad en general que se integran en redes sociales de apoyo a las mujeres embarazadas, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud, sobre todo ante una emergencia obstétrica, y contribuir al abatimiento de la mortalidad materna y perinatal.

Esta estrategia se ha desarrollado principalmente en municipios con alta incidencia de muerte materna y de alta marginalidad. Las acciones fundamentales para el desarrollo de esta estrategia, parten de la capacitación brindada en talleres específicos que enfatizan y sensibilizan a los diferentes actores sobre la mortalidad materna y perinatal, la importancia de su articulación y del trabajo comunitario, así como sobre la responsabilidad de todos sobre el tema.

Asimismo, se ha impulsado la identificación dentro de la comunidad de personas dispuestas a acompañar a la gestante durante el control prenatal, la atención del parto y la vigilancia del puerperio, con el propósito de orientada y apoyada en el cuidado de su salud. A estos personajes se les denominó “madrinas y padrinos comunitarios” y reciben capacitación por parte del personal de salud para realizar un acompañamiento efectivo. 2,660 son hablantes de lengua indígena. Esta estrategia opera en 140 municipios con población indígena.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores.

En atención a su oficio SPPS-CAS-0843 2017, fechado el, 21 de febrero de 2017, mediante el cual informa que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Salud para que, en el ámbito de su competencia, amplíe y refuerce las acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad en mujeres indígenas durante el embarazo, parto y posparto en el estado de Oaxaca, considerando campañas de difusión sobre la importancia del derecho a la salud de las mujeres para recibir una atención médica de calidad en las unidades de salud.

Adjunto los comentarios en formato libre, correspondiente al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de acuerdo al ámbito de competencia.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.— Doctor Eduardo Pesqueira Villegas (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.63-II-3-918, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0445/17, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil, así como promover y proteger el derecho a la protección de la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar dicha epidemia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/990/16 del 18 de mayo de 2016, por el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que refiere al exhorto para revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil.

Sobre el particular, remito copia del oficio número SEB/UR300/231/2017, firmado por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, que informa que la SEP contempla en los planes y programas de estudio vigentes la prevención de la salud, con temas como: alimentación correcta, nutrición, activación física, consumo de agua, entre otros. Asimismo, el 16 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, que busca favorecer la salud de los estudiantes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Mauricio Dávila Morlotte, titular de la Jefatura de la oficina del Secretario.— Presente.

Me refiero al oficio UR 120 JOS/CECU/0387/16, dirigido a esta subsecretaría, por el que se solicitó emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que señala:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social para revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil, así como promover y proteger el derecho a la protección de la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar la epidemia de obesidad infantil.”

Al respecto, una vez revisado y analizado el presente punto de acuerdo, me permito informarle que la SEP contempla en los planes y programas de estudio vigentes, la prevención de la salud, con temas como: alimentación correcta, nutrición, activación física, consumo de agua, entre otros. Asimismo, el 16 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, mediante lo cual se busca favorecer la salud de los estudiantes.

Agradeciendo su amable atención, le envío cordiales saludos.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Maestro Javier Treviño Cantú (rúbrica), subsecretario de Educación Básica.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Para: Licenciado Héctor Ramírez del Razo, coordinador de asesores.

De: Profesor José Luis Márquez Hernández, Director General Adjunto.

Por instrucciones del profesor Germán Cervantes Ayala, director general de Desarrollo de la Gestión Educativa, en atención a la atenta nota número SEB/UR300/CAS/ 0173/2016, en la que solicita emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con respecto a lo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social para revisar y fortalecer las políticas públicas existentes instauradas para el combate de la obesidad infantil, así como promover y proteger el derecho a la protección de la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar la epidemia de obesidad infantil.”

Sobre el particular, le informo que esta Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ámbito de sus atribuciones tendientes a coadyuvar en la información integral de las niñas, niños y adolescentes que cursan estudios en el nivel básico para que desarrollen competencias, actitudes y valores para la vida, considera valioso el exhorto realizado, dada la importancia que reviste la adopción de estilos de vida saludable para prevenir problemas de salud, toda vez que las condiciones óptimas de salud de esa población etaria repercuten favorablemente en su desempeño escolar.

Atendiendo al mandato del artículo 3o. constitucional, la secretaría ha configurado un marco normativo, pedagógico y organizativo bajo el cual se orienta entre otras cuestiones, la educación y promoción de la salud en la población escolar, desde un enfoque preventivo, a partir del cual las autoridades educativas estatales y escolares, implementan mecanismos, acciones y medidas para dar cumplimiento a lo establecido en esa normatividad.

Con base en este marco, la promoción de la salud en ñas comunidades escolares, se aborda desde los planes y programas de estudio, en cuyos contenidos educativos destacan los relacionados con la preservación de la salud alimentación correcta, nutrición, activación física, consumo de agua simple potable, entre otros, con lo que se pretende fortalecer en las y los alumnos, la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre las conductas y hábitos saludables que inciden en su bienestar integral, y en la prevención de enfermedades y factores de riesgo como la obesidad, referida en el punto de acuerdo.

Asimismo, le comento que como parte de las estrategias y acciones que esta dependencia instrumenta para coadyuvar al fortalecimiento de políticas públicas existentes en torno a la prevención, contención y disminución del problema de sobrepeso y obesidad, se publicó, el 19 de mayo de 2014, el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, mediante el cual se busca favorecer la salud de los estudiantes.

En esta normativa se establecen disposiciones relacionadas con la promoción del consumo y disponibilidad de alimentos preparados y procesados que cumplan con criterios nutrimentales que favorezcan la calidad de vida de los educandos y las condiciones dentro de los planteles escolares para coadyuvar en su salud, y por consiguiente, en su rendimiento escolar y mejora de aprendizajes.

Destaca que, a través del trabajo intersectorial SEP-Ssa, con el apoyo de autoridades educativas locales y escolares, se llevan a cabo acciones para informar, sensibilizar y orientar sobre los aspectos técnicos nutricionales prioritarios que aborda el acuerdo.

En estas actividades, se ha tenido especial atención para que las acciones que la Secretaría de Salud desarrolla con la participación de padres y madres de familia no contravengan o reduzcan el tiempo real estimado para la labor educativa de las escuelas, ni distraiga a los docentes de su tarea educativa sustantiva, en cumplimiento a disposiciones normativas vigentes, relativa a lograr la normalidad mínima de funcionamiento de los planteles escolares, a fin de mejorar los aprendizajes de los alumnos de educación básica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.— Profesor José Luis Márquez Hernández (rúbrica), director general adjunto.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-6-1697, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/ 320/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar a la derechohabiencia el suministro de medicamentos, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 236/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada 9 de febrero del mismo año se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar a la derechohabiencia el suministro de medicamentos, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica.

Al respecto, me permito enviar copia del oficio número CNPSS- DGAF- DGAN- 489- 2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/ 973/ 2017, por medio del cual solicita de esta comisión nacional respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017 y que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar a la derechohabiencia el suministro de medicamentos, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica.

Respecto al ámbito de competencia de este órgano desconcentrado, se informa en primera instancia que el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) no cuenta con un programa presupuestario destinado al otorgamiento de vales de medicina. Con el objetivo de delimitar el ámbito de competencia entre federación y las entidades federativas, por lo que a la operación del sistema se refiere, conviene recordar que éste es un mecanismo de financiamiento por el que el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de sus beneficiarios, como establece la Ley General de Salud (LGS) en el artículo 77 Bis 1:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este título.

En este sentido, es necesario considerar que existen competencias en la obligación de proveer servicios de salud a la población; para el caso concreto del SPSS tanto la provisión de los servicios contemplados en el mismo como la garantía del suministro de medicamentos corresponden a las entidades federativas, como establece la fracción I del Apartado B del artículo 77 Bis 5 de la LGS:

Artículo 77 Bis 5. La competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) ...

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales

I. Proveer los servicios de salud en los términos de este título y demás disposiciones de esta ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y garantizando el suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad.

Para materializar lo anterior, la federación transfiere a las entidades federativas recursos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal; esto, con base en el número de personas que se encuentren incorporadas al SPSS en cada una de ellas.

En el financiamiento otorgado a las entidades federativas, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se contempla que hasta 30 por ciento de ese financiamiento, sea destinado a la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al sistema:

Artículo 38. La ejecución y operación del Sistema de Protección Social en Salud deberá sujetarse a lo establecido en la Ley General de Salud, a las disposiciones reglamentarias de dicha ley, así como a las disposiciones de carácter general o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

A. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, llevará a cabo lo siguiente:

I. a III. ...

IV. Emitir disposiciones generales o lineamientos sobre

a) El destino de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, conforme a las siguientes bases:

i. Hasta 40 por ciento, por concepto de remuneraciones del personal ya contratado directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema;

ii. Hasta 30 por ciento, por concepto de adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al sistema;

iii. Al menos 20 por cierto, para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que están contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes);

iv. Hasta 6 por ciento, para el gasto operativo y el pago de personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud correspondiente a cada entidad federativa.

Sólo en casos plenamente justificados o excepcionales, la composición de dichos porcentajes se podrá modificar, siempre que las características de afiliación, financieras y de servicios de salud estatales lo ameriten, en el entendido de que dichas modificaciones deberán acreditarse y ser aprobadas por la Secretaría de Salud por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud; y

A partir de 2014 se implantó el mecanismo conocido como “Vales de medicinas”, en cumplimiento del compromiso de gobierno CG-266, inciso 6, “10 compromisos con tu economía familiar: 6) Vales de medicina en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos”.

Actualmente, el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con mecanismos para que las entidades federativas puedan garantizar el abasto de los medicamentos asociados al Causes.

Los mecanismos citados se encuentran previstos en las siguientes disposiciones:

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

• Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Causes y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016, y su modificación el 17 de noviembre de 2016.

• Acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

• Anexos IV, “Conceptos de gasto”, relativos a los citados acuerdos de coordinación.

• Criterios generales para la programación y el ejercicio de las aportaciones federales transferidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud.

En dichas disposiciones se prevé lo siguiente:

En el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los lineamientos para la adquisición de medicamentos se establece que de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, hasta 30 por ciento se destinará para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los beneficiarios del SPSS, y que se podrá aplicar hasta 5 por ciento de esos recursos para la subrogación de medicamentos, con objeto de asegurar el surtimiento total de recetas a través del otorgamiento de vales para medicamentos.

En los acuerdos de coordinación, suscritos por la Secretaria de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, se acordó que los Ejecutivos estatales garantizaran, entre otros servicios, los medicamentos asociados al Causes.

En los anexos IV de los citados se estableció el vale de medicamento como un mecanismo complementario de abasto eficiente, distribución y entrega de los medicamentos asociados al Causes, que permita el suministro completo y oportuno de los medicamentos prescritos a los beneficiarios del SPSS, cuyo detalle sobre uso y procedencia se estructura en los criterios generales.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud ha instaurado mecanismos que permiten a las entidades federativas garantizar el suministro oportuno y completo de medicamentos a los afiliados del sistema.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.— Licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez (rúbrica), director general adjunto.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-1840 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 323/ 2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a incluir la diabetes Tipo 1 y II para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico.(2)

(2) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “B”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/ UEL/ 311/ 279/ 17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada día 9 de febrero del mismo año, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la diabetes Tipo I y l/para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico.

Al respecto, me permito enviar copia del oficio CSG-1415- 2017, suscrito por doctor Jesús Ancer Rodríguez, secretario del Consejo de Salubridad General y oficio CNPSS- OGAF- DGAN- 499- 2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/ 988/ 2017, el cual es relativo a la solicitud de opinión por parte de esta Comisión Nacional, respecto del Punto de Acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017 y que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y der Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la diabetes tipo I y 11 para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico. “

Al respecto, y dentro del ámbito de competencia de esta Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es importante en primera instancia, considerar lo establecido en el artículo 77 Bis 1 de la Ley Generar de Salud:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de Conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de materia integral las necesidades de salud; mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Ahora bien, en la actualidad la diabetes tipo I y 11, no se encuentra considerado como gasto catastrófico, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, y 9 fracción XVI del Reglamento Interior del Consejo General de Salubridad, es esta autoridad quien cuenta con la facultad para definir el tratamiento y medicamentos asociados a la diabetes tipo I y II como gasto catastrófico.

En consecuencia, no se considera necesario incluir la diabetes dentro de la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo anterior debido a que dicho padecimiento se encuentra contemplado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud, mediante las siguientes intervenciones:

84. Diagnóstico y tratamiento de prediabetes y diabetes melljtus tipo 2

124. Diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus tipo I

147. Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética

En razón de lo anterior, la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud que padece diabetes tipo I o II, cuenta con acceso al tratamiento y surtimiento de los medicamentos asociados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto. En términos del artículo 55, en relación con el 2, Apartado C, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en firma en suplencia por audencia del director general adjunto de Normatividad el director de Legislación y Consulta, licenciado Vicente Olguín Spriu (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejo de Salubridad General.

Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

En atención a su oficio UCVPS/ 987/ 2017 recibido por este consejo el lunes 20 de febrero de 2017, relacionado con el oficio SELAP/ UEL/ 311/27/ 17 de fecha 10 de febrero de 2017, donde el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, comunica el punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 09 de febrero de 2017, que a la letra indica:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la diabetes Tipo I y II para su tratamiento, a través de una categoría como gasto catastrófico.

Le informo que esta autoridad sanitaria se rige bajo un estricto orden legal y actuando dentro del ámbito de su competencia manifiesta con fundamento en el artículo 73, fracción XVI, base primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción II, y 15 de la Ley General de Salud, y 1 a y 9, fracción XVI, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, es un órgano colegiado dependiente del presidente de la República sin intervención de ninguna secretaría de Estado manifiesta lo siguiente:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 20 de la Ley General de Salud; así como en los artículos 7, 8 a y 9, fracción V del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, hago de su conocimiento que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016, destinado a promover la atención integral de la salud acorde a las secuencias y alcances de cada intervención, ya incluye la diabetes tipo I y II como parte de la cartera del Catálogo Universal de Servicios de Salud: Diagnóstico y Tratamiento de Prediabetes y Diabetes Mellitus Tipo 2 y Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo l.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 1o. de marzo de 2017.— Doctor Jesús Ancer Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-1521 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 321/ 2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar un protocolo urgente de atención a las necesidades de salud, condiciones sanitarias y prevención de enfermedades, incluyendo la incorporación a los programas de vacunación con que se cuenta para la población nacional en las instituciones de salud y albergues, para personas migrantes del municipio de Tijuana, Baja California, a fin de evitar el riesgo de crisis humanitaria del que han alertado diversos organismos internacionales.(3)

(3) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “C”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/ 300/ 3098/ 16, de fecha 20 de diciembre de 2016, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada miércoles 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

A la Secretaría de Salud, para que implemente un protocolo urgente de atención a las necesidades de salud, condiciones sanitarias y prevención de enfermedades, incluyendo la incorporación a los programas de vacunación con que se cuenta para la población nacional en las instituciones de salud y albergues, para personas migrantes del municipio de Tijuana, Baja California...

Al respecto, me permito enviar copia del oficio DGAJ.205.000.00/ 081/ 2017, suscrito por el licenciado Francisco Javier Guevara García, director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, oficio CNPSS-DGAF-234-2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, Director General Adjunto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y oficio SPPS-CAS-0997-2017, suscrito por la Mtra. Georgina Rodríguez Elizondo. Asesora de la Coordinación de Asesores de la SPPS.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-3259 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/2267/2017 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a asegurar la asignación de los recursos que etiquetó la Cámara de Diputados respecto al anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, especialmente el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su atento oficio número SELAP/300/544/17, por el cual hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otra, asegure la asignación de los recursos que etiquetó la Cámara de Diputados respecto al anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, especialmente el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y con el fin de que sean entregados de manera íntegra a los estados, a fin de cumplir el propósito para los que fueron designados “El Fortalecimiento y Empoderamiento de las Mujeres”, “La Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer”.

Al respecto y por instrucciones del licenciado David Garay Maldonado, abogado general y comisionado para la Transparencia, adjunto copia simple del oficio número DOO100/524/2017, signado por la licenciada María Angélica Luna y Parra, directora general del Instituto Nacional de Desarrollo Social, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado David Garay Maldonado, abogado general y comisionado para la transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Asunto: Comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se asegure la asignación de recursos que etiquetó, respecto al anexo 13 que señala; especialmente; el referente al PAIMEF.

Estimado David:

En respuesta al oficio número DG.510.11/2108/2017, de fecha 9 de marzo del presente, recibido en este instituto el día siguiente, al que se anexa el similar con número SELAP/300/544/17, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, en el que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 2 de marzo del presente, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otra, asegure la asignación de los recursos que se etiquetó, respecto al anexo 13:

“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; especialmente; el referente al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, y con el fin de que sean entregados de manera integra a los estados, a fin de cumplir el propósito para los que fueron designados “El Fortalecimiento y Empoderamiento de las Mujeres”, “La Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “La Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer”.

Al respecto, me permito emitir los siguientes comentarios sobre el punto de acuerdo enviado por la Honorable Cámara de Diputados.

En referencia al punto de acuerdo que lograron las legisladoras de todos los partidos en la Cámara de Diputados, creo que es importante conocer los siguientes antecedentes:

Cabe destacar que un gran número de diputadas han sido titulares de las instancias de mujeres en las entidades federativas o miembros de asociaciones civiles, que defienden los temas de género, por lo que son muy sensibles a los problemas de violencia.

Nos enorgullece mucho que este programa PAIMEF que se opera desde el Indesol, como parte de la Sedesol, esté posicionado, ya que formamos parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ponemos en su ejecución un gran empeño.

Aprovecho este conducto para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Licenciada María Angélica Luna y Parra (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-1492 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-116/2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a hacer públicos los permisos para construir, administrar, explotar y operar un helipuerto en el predio de la avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, y verificar que el mismo se ajuste a las normas internacionales básicas de seguridad del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/UEL/311/2522/16, a través del cual remitió para su atención, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo segundo exhorta a esta secretaría a hacer públicos los permisos para construir, administrar, explotar y, en su caso, operar un helipuerto en el predio de avenida Universidad número 2014, así como verificar que el mismo se ajuste a lo establecido en las normas internacionales básicas de seguridad.

Al respecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha informado mediante oficio 4.1.675, mismo que se adjunta, que a la fecha no se ha emitido permiso para la administración, operación o explotación del helipuerto en comento, en virtud de que la empresa interesada en obtenerlo aún no subsana las observaciones que esa dirección general emitió dentro del procedimiento administrativo correspondiente, al amparo de la Ley de Aeropuertos y demás disposiciones normativas vigentes.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), Director General de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la oficina del Secretario.

Hago referencia a su oficio número DGV/FMD/1.3.-018/2017, dirigido a la maestra Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transporte, en referencia al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2013, mediante el cual en su resolutivo segundo manifiesta lo siguiente:

“Segundo. La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haga públicos los permisos para construir, administrar, explorar y, en su caso, operar un helipuerto en el predio de avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, así como verificar que el mismo se ajuste a lo establecido en las normas internacionales básicas de seguridad, en particular el anexo 14, volumen II Helipuertos, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.”

Al respecto comento a usted que a la echa del presente, esta Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), no ha emitido permiso para la administración, operación y explotación del helipuerto, ubicado en avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, toda vez que el promovente se encuentra en el proceso de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 22 de la Ley de Aeropuertos; 1 y 17, en relación con el 8 y 9, del Reglamento de la Ley de Aeropuertos; cabe señalar que mediante oficio 4.1.2.3.857/2752/VUS del 31 de mayo de 2016 (se adjunta copia para pronta referencia), girado por la Dirección de Aeropuertos dependiente de esta DGAC, se emitió opinión favorable para el proyecto de emplazamiento del citado helipuerto, analizándose desde la perspectiva aeronáutica, tomando en cuenta elementos como posibles trayectorias de llegada y salida e infraestructura para el mismo.

Es importante mencionar, que en todo momento se verificará que el promovente dé cabal cumplimiento a las disposiciones normativas antes señaladas, así como a los lineamentos internacionales (anexo 14, volumen II) y nacionales (CODA 05/07R1), con objeto de garantizar que, en el caso autorizar las operaciones en el helipuerto, se apeguen a los estándares de calidad, eficiencia y sobre todo seguridad.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Miguel Peláez Lira (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-1876 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-327/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a cumplir con el convenio de ejecución de recursos para el desarrollo del campo mediante el Programa Especial Emergente de Apoyo a productores veracruzanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del secretario, referente a su atento oficio número SELAP/UEL/311/264/17 de fecha 10 de febrero del año en curso, mediante el cual el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017, anexo al presente me permito enviarle la respuesta que nos hizo llegar la Dirección General Adjunta de Control Operativo de la Coordinación General de Delegaciones, mediante oficio número 113.01.-0208/2017 de fecha 9 de marzo de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto.— Presente.

En atención al oficio 112.02.-190/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, en referencia al oficio, SELAP/UEL/311/ 264/17, de fecha 10 de febrero del año en curso, signado por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envía punto de acuerdo signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión el 9 de febrero de 2017.

“Único.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a cumplir de manera inmediata con el convenio de ejecución de recursos para el desarrollo del campo mediante el Programa Especial Emergente de Apoyos a Productores Veracruzanos”.

Me permito comentar que el delegado de la Sagarpa en el estado de Veracruz, ingeniero Octavio Legarreta Guerrero, remitió información correspondiente al avance de pagos a productores veracruzanos (Se anexa informe). Llevando un avance de pago de $48, 941,738.00 de pesos de un total de $198, 000,000.00 de pesos correspondientes a 24.72 por ciento a la fecha.

Sin otro particular, sirva la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de marzo 2017.— Licenciado José Francisco de la Peña de la Peña (rúbrica), director general adjunto de Control Operativo.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones, a las entidades federativas correspondiente a febrero de 20l7, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a febrero de 2016.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Vanessa Rubio Márquez (rúbrica), subsecretaria.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante febrero de 2017.

Por lo anterior, se destinaron por conducto de las autoridades aduaneras bienes aptos para su uso y consumo siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, numismáticos y dos animales entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de febrero de 2017 fue de 6,342 los cuales se encuentran contabilizados en la unidad de medida kilogramos, litros, piezas y cabeza, anexo al presente el detalle respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Licenciada Verónica Díaz Oliveros Vallarino (rúbrica), administradora central de Destino de Bienes.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

INICIATIVA DE SENADORES

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional de Migración es el encargado de llevar a cabo acciones y programas para nuestros paisanos que por alguna razón o circunstancia han dejado nuestro país y que estén en posibilidad de regresar, es por eso que este Instituto debe tener recurso suficiente para llevar a cabo todas y cada una de las medidas necesarias para recibirlos y poder orientarlos en su nueva estancia dentro de nuestro México.

El Instituto Nacional de Migración ha creado diversos programas como lo es “Estrategia Somos Mexicanos”, que tiene como objetivo brindar a los mexicanos que han retornado voluntaria e involuntariamente una atención integral, a través de un modelo interinstitucional y coordinado que contribuyan en el corto plazo a su integración social. La misión de la Estrategia Somos Mexicanos es facilitar la reinserción social y económica de las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos. Lo anterior, conjuntando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida nacional. Consolidarse como un sistema completo y eficaz que integre los esfuerzos de las dependencias y organismos a nivel nacional que lleven a cabo acciones que beneficien la integración y el bienestar familiar de las y los migrantes mexicanos repatriados. Lo anterior, para el desarrollo regional y nacional.

Sus principales objetivos son, integrar y coordinara los distintos actores que cuenten con acciones en beneficio de los mexicanos en retorno, brindar información y canalización a los programas y apoyos gubernamentales, organismos de la sociedad civil o iniciativa privada, das atención personalizada a mexicanos repatriados y personas que regresan de manera involuntaria y voluntaria, ser un canal de comunicación entre la población repatriada y sus familias en México y la difusión.

“Somos Mexicanos” surge el 26 de marzo de 2014 por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, tiene su fundamento jurídico en los siguientes instrumentos:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El artículo 1 expresa que todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos que ingresan, transitan, salen y retornan a territorio nacional gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

2. Ley General de Población: En su artículo 83 señala que la Secretaría de Gobernación está facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados.

3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: El artículo 27, fracción XLI indica que se debe impulsar políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación.

4. Ley de Migración: El artículo 2 establece como principio fundamental de la Política Migratoria del Estado mexicano facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

5. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Constituye como parte de la Meta Nacional V. México con Responsabilidad Global, el Objetivo la 5.4.2., referente a la creación de mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecimiento de los programas de repatriación.

6. Plan Sectorial de Gobernación 2013-2018: Dentro del objetivo “Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos”, señala como estrategias fortalecer el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, e impulsar iniciativas para crear fuentes de empleo e incorporar mano de obra calificada dirigidas a connacionales repatriados.

7. Plan Especial de Migración 2014-2018: Objetivo 1. Fomentar una cultura de legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración:

Estrategia 1.2 Promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, de los distintos actores en la atención del fenómeno migratorio.

Línea de Acción 1.2.4 Promover mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales que articulen las acciones federales y locales en materia migratoria.

Línea de Acción 1.2.5 Generar mecanismos para el fortalecimiento institucional y participación corresponsable de organizaciones de sectores privado, académico, social, migrantes y sociedad civil.

Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familias:

4.1.4 Fortalecer las redes sociales y asociativas promotoras de la integración social y cultural

Estrategia 4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, cultural y política de las personas migrantes y sus familiares. (INM, 2017)

Asimismo existe el programa Paisano del INM, que garantiza que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

Derivado de la necesidad de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos en contra de connacionales en su ingreso al país, se unieron organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos para presentar una propuesta al Gobierno de México.

El 6 de abril de 1989 el Ejecutivo Federal expidió el Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país. El acuerdo fue conocido como “Programa Paisano”, en donde estaban involucradas ocho dependencias gubernamentales.

La primera operación del Programa Paisano se realizó en diciembre de 1989.

Actualmente opera bajo la figura de la Comisión Intersecretarial, en donde se coordinan los esfuerzos de 21 dependencias, cuenta con dos Comités Técnicos, una Dirección Nacional, tres representaciones en Estados Unidos y 32 Comités estatales a nivel nacional, dirigidos a brindar información y atención a connacionales que visitan México, así como a brindar facilidades para su ingreso al país.

Los principales objetivos son; asegurar un trato digno y apegado a la ley para quienes ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de las siguientes acciones/informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos, proteger su integridad física y patrimonial, sensibilizar y capacitar a servidores públicos y sociedad civil y atender y dar seguimiento a quejas y denuncias.

Se conforma por la Dirección Nacional del Programa Paisano, Un Enlace del Programa Paisano por Estado, Tres representaciones en EU (Chicago, Los Ángeles y Houston), 21 Dependencias y Sociedad Civil.

El programa es permanente, sin embargo se hacen muchos esfuerzos con la realización de tres operativos especiales en los periodos de mayor afluencia de connacionales al país: Semana Santa, Verano e Invierno. Durante estos periodos, las dependencias intensifican las labores de atención, supervisión, observación, orientación y asistencia.

En dichos operativos se extiende una amplia convocatoria a la sociedad civil, con el objetivo de integrar a la ciudadanía como parte de esta iniciativa del Gobierno y coadyuvar a salvaguardar los derechos de las y los mexicanos que viven en el exterior y visitan México. Se ubican a lo largo de diferentes puntos en todo el territorio nacional, logrando fortalecer la presencia del Programa durante los operativos especiales.

Estos son los programas que el Instituto Nacional de Migración que actualmente emplea para el apoyo a nuestros connacionales, por lo que se considera se debe poner atención y brindar más recursos financieros, para el mejor desarrollo de los mismos y la implementación de nuevas estrategias que beneficien a los ciudadanos que regresan a nuestro país, veamos las siguientes notas informativas que denotan la afectación que están sufriendo debido a que el día 20 de enero de 2017, asume la presidencia de Estados Unidos de América, el mandatario Donald J. Trump, quien ha enfatizado en la repatriación de los migrantes mexicanos, por lo que debemos tomar las medidas y estrategias para denunciar y contrarrestar las acciones violatorias de derechos humanos, así como programas que permitan a los ciudadanos que regresan a México, poder tener acceso a educación, salud, vivienda, trabajo, que les permita continuar con una vida digna y respetando los derechos que les confiere nuestra Constitución General de la República.

Ahora Ley Federal de Derechos, fue reformada el 7 de diciembre de 2016, en su artículo 8, con la finalidad de incrementar el impuesto de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, donde antes de la reforma se establecía un impuesto de $390. 00 (trescientos noventa pesos moneda nacional) y actualmente se paga $500.00 (quinientos pesos moneda nacional). Es decir aproximadamente un 28 por ciento adicional. De acuerdo al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, el 80 por ciento de la recaudación del impuesto mencionado anteriormente se canaliza al Consejo de Promoción Turística de México y sólo el 20 por ciento se dirige al Instituto Nacional de Migración, lo cual es preocupante, ya que en la actualidad se requieren más recursos para impulsar los programas para nuestros connacionales migrantes repatriados, si bien es cierto la promoción turística es importante y ayuda en gran medida al ingreso de turistas internacionales y nacionales, así como al ingreso de divisas, también es importante apoyar el tema de hoy en día que es la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, con la reforma antes señalada, hay un ingreso extra, que sirve para poder dirigir un porcentaje mayor al Instituto Nacional de Migración, lo que representaría mejores condiciones para nuestros paisanos.

Un dato que es importante señalar y que genera más ingreso para el Consejo de Promoción Turística de México y con base en el Cuarto Informe de Gobierno, el turismo se ve reflejado en las siguientes cifras:

“Turismo En 2015, México se ubicó como el noveno país con mayor llegada de turistas internacionales, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT). Ese año, nuestro país recibió a 32 millones 100 mil personas, esto es 37 por ciento más que en 2012. El crecimiento del turismo en México representa más del doble que el incremento del turismo a nivel mundial durante este periodo, y es el mayor entre los 10 países más visitados del mundo en 2015.

En 2016, la tendencia del número de visitas se mantiene: en el primer semestre llegaron a México 17 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de 8.6 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015. En 2015, México logró un nuevo máximo histórico en ingresos de divisas por visitantes internacionales: 17 mil 700 mdd. Con ello, escaló cinco posiciones en la clasificación de la OMT, pasando del lugar 22 al 17. En los primeros 3 años de esta administración, se han recibido por este concepto 9 mil 300 mdd más, con respecto al mismo periodo de la administración anterior como se ve en la siguiente tabla:

Conforme a lo antes mencionado se concluye que el Consejo de Promoción Turística de México es importante y se le deben seguir aportando recursos, sin embargo hoy en día debemos atender la problemática migratoria que existe en nuestro país con Estados Unidos de América, además, como se explicó anteriormente, el aumento al impuesto de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de $390.00 a $500.00, representa aproximadamente un 28 por ciento adicional, por tal motivo propongo que se canalice el 40 por ciento al Instituto Nacional de Migración para que cumpla con las políticas públicas y programas que ayuden el regreso de los migrantes nacionales.

Por tal motivo considero de suma importancia la presente reforma, ya que es un tema sensible y que se tiene que atender de una manera firme y oportuna, para mejor referencia, el siguiente comparativo:

Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable soberanía la siguiente iniciativa que se reforma el artículo 18-A, de la Ley Federal de Derechos y, con ello el Instituto Nacional de Migración cuente con mayor recursos para mejorar los programas y estrategias, que ayuden a contrarrestar las políticas y la violencia que se ha generado a raíz de la nueva presidencia de Estados Unidos de América.

Proyecto de Decreto

Único:Se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 40% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 60% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración. Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “Artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos

Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas $500.00

2 “Artículo 18-A. de la Ley Federal de Derechos

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de marzo de 2017. — Senadores: Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), Francisco Búrquez Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero Arroyó, Gabriela Cuevas Barron, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Héctor David Flores Ávalos (rúbrica), Juan Fernández Sánchez Navarro, Martha Elena García Gómez, Andrea García García, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Hermosillo y Celada, . Fernando Herrera Ávila, Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jorge Luis Lavalle Maury, Irma Patricia Leal Islas, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, José María Martínez Martínez, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, Ernesto Ruffo Appel, José de Jesús Santana García, Fernando Torres Torres Graciano (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert, Salvador Vega Casillas, María del Rosario Guzmán Avilés, Juan Carlos Romero Hicks, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta (rúbrica), Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

MINUTO DE SILENCIO

El diputado Fernando Uriarte Zazueta (gdesde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Fernando Uriarte, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Uriarte Zazueta(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para decir que estos son momentos de una enrome tristeza para toda la legislatura, pero de manera muy marcada para la bancada de Chihuahua, por el terrible accidente que sufrió nuestro compañero Carlos Hermosillo, y que le costó la vida. Una noticia absurda, un sin sentido de la vida que conduce a la muerte.

Carlos, un compañero, un legislador joven, de 39 años. Quienes lo conocimos y convivimos con él lo vamos a recordar como un hombre de familia, como un padre amoroso, como un hombre trabajador, de espíritu alegre y generoso.

Deja a una familia que está en estos momentos destrozada. A su madre Carmen, a su esposa Mayra y a sus cuatro hijos: a Karla, a Dariana, a Carlos Saúl y a Johan, de 14, de 12, de 8 y de 6 años. Queremos mandarles desde aquí, desde su lugar de trabajo, desde su curul, un mensaje a la familia. Un abrazo, el abrazo más fuerte y solidario, repito: a Dariana, a Karla, a Carlos Saúl y a Johan.

Y a nuestro amigo Carlos, a ti, Charly, como te decíamos, como te decía Tony, como te decía Brenda, como te decía Alex Le Baron, Alejandro Domínguez. Como te decía María Ávila también; como te decíamos todos. El saludo más afectuoso y el abrazo más cariñoso.

Es una pérdida irreparable, estamos muy tristes. Decía que no tenía claridad porque convivimos mucho con él. Eran prácticamente de tres a cuatro días a la semana. Era un hombre cargado de proyectos, cargado de sueños. Sueños de vida con su familia. Solo pido un minuto de silencio para nuestro gran compañero y amigo.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Fernando Uriarte. En atención a lo manifestado por usted y la bancada de Chihuahua, esta Cámara de Diputados, representada en su LXIII Legislatura, por conducto de esta Mesa Directiva hacemos patente nuestro apoyo y solidaridad a la familia de nuestro compañero diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acaecido el día de ayer en su natal Chihuahua.

Para esta Cámara de Diputados es motivo de gran pesar el fallecimiento de nuestro compañero diputado, quien fue un hombre estudioso y preparado, profesional de la administración y que puso su profesión y sus conocimientos al servicio de sus semejantes.

Reconocemos plenamente su entrega, su vocación de servicio y compromiso con su estado, de quien fue servidor público por más de una década. Y con la nación, nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos por esta pérdida irreparable.

A su esposa Mayra y sus hijos, nuestro más sentido pésame, solidaridad y afecto en estos momentos difíciles. Esa legislatura tuvo el privilegio de contar con Carlos, de conocer sus puntos de vista, sus razonamientos como legislador, de debatir sus propuestas en el pleno y en comisiones, de conocer sus iniciativas y de compartir una cotidianeidad que nos hizo compañeros y nos hizo amigos. Descanse en paz nuestro amigo y compañero, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

Esta Mesa Directiva, invita respetuosamente a la asamblea, a ponernos de pie y a guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

Se recibió comunicación de la Comisión de Igualdad de Género. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Comisión de Igualdad de Género.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Las que suscriben, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicitamos sea retirado el siguiente dictamen:

1. Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Lo anterior con objeto de someter el tema a un estudio y análisis más profundo en beneficio de las y los mexicanos.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente, nos es grato, quedar de usted.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2017.— Por la Comisión de Igualdad de Género, diputadas: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta, Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos, Angélica Reyes Ávila (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidenta, buenos días, gracias. Compañeras, compañeros diputados. Solo quiero que quede claro que se discutió este dictamen sin el consenso de la mesa directiva. A mí no fue consultado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación, diputada.

En consecuencia, devuélvase a la Comisión de Igualdad de Género el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sonido en la curul de la diputada Cecilia Soto. Adelante, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Con el objeto, diputada presidenta, de proponer a la Comisión de Igualdad de Género y asimismo a la Comisión de Salud, que se invite al actual secretario de Salud a comparecer, compartir diagnósticos sobre el tema que trata el dictamen que la junta directiva propuso regresar.

Es claro que se trata de un tema delicado, es claro que se trata de un tema profundo y es un tema que no se arregla con medidas punitivas, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla, como ha venido sucediendo, la Norma 046.

Yo creo que sería muy benéfico que las integrantes de la Comisión de Salud, los y las integrantes de la Comisión de Género entablaran un diálogo fértil y productivo con el secretario de Salud para establecer el mejor camino para aumentar el cumplimiento de esta norma.

Es importante recordarle al pleno que desde 1931 el Código Penal Federal incluye como causal no penal el tema del aborto en caso de embarazo por violación. Es obvio que encontramos un problema y es importante resolverlo de manera constructiva. Esa es mi propuesta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cecilia Soto. Se recoge su participación y será canalizada de manera íntegra a las comisiones a las cuales ha hecho referencia.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Cristina Ismene Gaytán, por favor. ¿Con qué objeto?

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Con respecto de este dictamen, presidenta, es una pena que esta Cámara de Diputados habiendo ya un acuerdo mayoritario de la Comisión de Igualdad, de presentar el dictamen, habiéndose presentado ya este dictamen, tengamos solamente tácticas dilatorias para no hacer valer los derechos de las mujeres.

Esto es triste porque se nos convocó a diversas reuniones para construir este acuerdo; llegamos a una serie de acuerdos y sin más se dejan de lado, no se respetan, y además se presentan, como ya se ha dicho, sin autorización siquiera de la Comisión de Igualdad, el retiro de este dictamen.

Ojalá y las flores blancas y las felicitaciones y la conmemoración y el reconocimiento de los derechos de la mujer, se pueda hacer realidad en esta Cámara de Diputados cuando en esta primera legislatura tenemos 42 por ciento de mujeres.

Y pido también que se respete el derecho a decidir de las diputadas, y no a que estos acuerdos cupulares nos lleven a esta penosa posición de eliminar de la discusión un dictamen que garantiza los derechos de las mujeres y evita también esta terrible violencia hacia las mujeres, se siga ejerciendo.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación, diputada Cristina Ismene Gaytán.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado, desde su curul, la palabra el diputado Ramírez Marín. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, diputada. Solamente para que quede registrado que para la fracción del PRI es importante apoyar la propuesta como fue presentada por la diputada Cecilia Soto.

Nos parece que debe haber explicaciones, estudios, comparecencias, reuniones, reuniones de trabajo; por supuesto destacamos la importancia al tema; nos solidarizamos con su petición. Y sí quisiera decir que es imperdonable que no se haya tomado en cuenta a la diputada Candelaria Ochoa, quien fue una de las más activas participantes en este tema; que reciba una disculpa, que quede constancia de ella en el libro de actas, y por supuesto esperemos que pueda participar, y mucho, en lo que sigue de este tema. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación en el Diario de los debates, diputado Ramírez Marín.

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruíz Chávez, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 25, recorriéndose la subsecuente, y un tercer párrafo al artículo 128 Bis; y se reforma la fracción V del artículo 128 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección al consumidor en nuestro país es un asunto relativamente nuevo pero ha ido tomando mayor relevancia con el paso de los años, en particular durante la presente administración. Los organismos de protección como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encargan de regular y mantener los ámbitos de protección a los consumidores dentro de los límites establecidos por la ley. Sin embargo, también es cierto que los abusos son una constante y que es necesario dotar de mayores facultades a la procuraduría para que el régimen de defensa se extienda e imperen las transacciones justas. En este sentido, queda claro que los consumidores son una parte desprotegida que se encuentra en la disyuntiva entre sufrir el abuso u obtener el bien o servicio deseado.

Por ello, es imprescindible que los agentes que obtienen un lucro por la venta de sus productos se encuentren ante panoramas en los que haya nulos incentivos para aprovecharse de la necesidad de los usuarios. En el mundo se ha convertido en una cuestión popular la lucha contra grandes empresas que monopolizan los mercados de forma silenciosa como los productores de alimentos procesados, las gasolineras, los proveedores de electricidad, las empresas de telecomunicaciones, los bancos, las casas de empeño y, en general, los regímenes de adhesión en los que la voluntad del consumidor queda desplazada. Con base en ello, a continuación se argumentará por qué es imprescindible expandir tales facultades con miras a un intercambio más justo para los compradores finales en materia de combustibles y casas de empeño.

Régimen de casas de empeño

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios informó que, durante 2014, sus afiliadas otorgaron 58.4 millones de préstamos, equivalentes a 34 mil millones de pesos. La cartera promedio de estos lugares se compone en un 15 por ciento por vehículos, 29 por ciento en joyería y 56 por ciento en un conjunto de electrónicos, herramientas, juegos, muebles, electrodomésticos y demás. El préstamo promedio brindado es por la cantidad de 1,013 pesos. Los plazos suelen variar, pero, la mayoría es por un mes (68 por ciento), el 28 por ciento semanal y el 11 por ciento a plazo quincenal, bimestral o trimestral. En cuanto al cumplimiento de los clientes en el pago requerido para recuperar la cosa dejada en prenda, 80 por ciento de los usuarios cumple.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2011 y 2012, 33.7 por ciento de las personas entre 18 y 70 años solicitaron un crédito informal (préstamos entre particulares o con instituciones no financieras), de ellos, 6.7 por ciento acudió a una casa de empeño para financiarse, número equivalente a más de cuatro millones y medio de personas. La mayoría de los casos las personas recurrieron a estos servicios para cubrir necesidades básicas como pago de alimentos, servicios, salud y educación. Aunque los mexicanos suelen recurrir a ellos por falta de asequibilidad a créditos formales, 40 por ciento de ellos contó con uno al momento del empeño.

El documento regulador de las casas de empeño es la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 para servicios de mutuo con interés y garantía prendaria.Su objetivo es establecer los requisitos necesarios de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, aunado a los elementos de información del contrato que medie la formalización de tales servicios. Su aplicación es obligatoria en México para todas las personas físicas o morales que no sean reguladas por las leyes financieras y que se dediquen de manera habitual o profesional a operaciones de este tipo. Las disposiciones generales decretan que la información proporcionada por el proveedor debe ser veraz, comprobable, sin textos, diálogos o sonidos e imágenes que induzcan al error o confusión de consumidor por ser engañosas o abusivas. Esta debe ser en español y con letra clara y legible. El proveedor tiene prohibido utilizar las prendas con fines distintos a los que se hayan pactado en el contrato.

Igualmente, deberán hacer transparentes sus operaciones mediante publicidad permanente y visible en una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo en los establecimientos abiertos al público. Esta publicidad al menos debe contener el porcentaje del préstamo conforme el avalúo de la prenda; las prendas aceptadas; los días y horario de servicio y atención de reclamaciones; la tasa de interés sobre los saldos insolutos, el costo anual total y los gastos por almacenaje; el plazo de pago y requisitos para el desempeño de la prenda; la cantidad de referendos a los que tiene derecho el consumidor, sus requisitos y condiciones; el procedimiento de comercialización de la prenda, sus requisitos y condiciones; el gasto de almacenaje en caso de no recoger la prenda desempeñada y sus condiciones; y las condiciones de venta de la prenda.

En cuanto a los contratos, éstos tienen requisitos específicos para no ser afectados con nulidad. Para su validez deben establecerse por escrito, en español y sus caracteres deben ser legibles a simple vista. El contrato se debe establecer en moneda nacional, aunque es posible hacerlo en moneda extranjera; el pago deberá solventarse entregando el equivalente en moneda nacional con el tipo de cambio en la fecha que se haga el pago. Todos los contratos deberán registrarse ante la procuraduría y estar a la vista en el establecimiento.

La Ley Federal de Protección al Consumidor entiende como casas de empeño a los proveedores en su calidad de personas físicas o como sociedades mercantiles no reguladas por normas o autoridades financieras que, de manera habitual o profesional, realicen y oferten públicamente operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria que tienen prohibido llevar a cabo actividades reguladas para el sistema financiero. Éstas deben inscribirse en un Registro de Casas de Empeño, así como los contratos de adhesión que celebren con sus clientes a cargo de la Profeco. La falta del registro anterior se considera infracción grave y se sancionará con la clausura total o parcial hasta por noventa días y con multa de entre 147,000 a los 4’105,000 pesos (artículo 128 Bis). También deben informar a la procuraduría cualquier cambio en los requisitos esenciales mediante un aviso dentro de los treinta días naturales a la fecha del cambio. Igualmente deben establecer procedimientos que garanticen al pignorante la restitución de la prenda, en caso de robo o extravío deberán reintegrar el valor, siendo metales preciosos éste no podrá ser menor al del valor en el mercado al momento de la reposición. En caso contrario, la multa será igual a la anterior.

No obstante la especificidad normativa de ambos preceptos, la realidad es otra. Las casas de empeño, a pesar de dichas regulaciones, suelen incumplir con sus obligaciones. Esto implica que las sanciones no son suficientemente efectivas para evitar los abusos al consumidor final. Una encuesta realizada en 2013 a 115 establecimientos de empeño develó que no se cumplen con las exigencias establecidas.

Tabla 1: Proporción de instituciones que mostraron la información obligatoria

En este sentido se puede apreciar que la ley establece sanciones que podrían favorecer a los establecimientos de empeño en cuanto a que el cálculo de la sanción establecida sea menor al de la infracción cometida por la operación irregular. Al tratarse de lugares que lucran con la necesidad de las personas, las infracciones correspondientes deben ser lo suficientemente severas para desincentivar la usura en detrimento de los consumidores. Lo primordial sería que existiera un registro total de las personas físicas o morales dedicadas al préstamo con intereses y garantía prendaria para poder perseguir las irregularidades que perjudican tanto al conjunto social, además de conocer y regular los contratos adhesivos que los usuarios se ven obligados a firmar, aun cuando el interés sea mayor al valor equivalente de los bienes dejados como garantía prendaria.

Régimen de combustibles

Las sanciones establecidas para productos básicos de consumo generalizado como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precios máximos o mínimos son consideradas especialmente graves por la Ley de Protección al Consumidor. La norma oficial para despacho de gasolina y otros combustibles líquidos tiene como objetivo establecer las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que se aplicarán, de manera preventiva, a los sistemas de despacho y medición de gasolina y otros combustibles líquidos comercializados en el territorio mexicano.

Los sistemas de clasificación aceptados por la norma son de computadoras que registran el volumen de combustible líquido, el importe de la venta y el precio por litro, y de contadoras que sólo registran el volumen de combustible líquido; ambos abastecidos por bombas remotas que abastecen a presión constante. El error máximo tolerado entre la lectura dada por el medidor y el volumen se obtiene con una ecuación en la que la repetibilidad no puede ser mayor a 20 mililitros (ml) más 2 ml por litro servido.

Todos los sistemas de medición y despacho deben contar con un dispositivo totalizador en el que el computador o contador indique el volumen de combustible líquido acumulado entregado que sea verificable visualmente. El ajuste volumétrico del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos se debe realizar únicamente mediante los dispositivos previstos para tal efecto, debiendo hacerse el ajuste de forma directamente en el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y nunca en forma remota a través de algún otro dispositivo. La verificación de correspondencia de lo establecido por la norma respecto de los combustibles líquidos le corresponde a la Profeco.

En 2010 la Profeco visitó a 83 por ciento de las gasolineras y a 61 por ciento de las plantas almacenadoras de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país. Casi 30 y 70 por ciento, respectivamente, fueron evaluadas con anomalías. Como consecuencia se aplicó la medida precautoria de inmovilización a los instrumentos de medición para despacho de gasolina, cilindros de gas LP, vehículos repartidores y básculas de llenado; esto por no contener el volumen que aparecía o por implicar riesgos de accidentes. Así, se obtuvieron multas por 54.2 millones de pesos.

Al igual que en el caso de las instituciones de empeño, las empresas encargadas de proveer gasolina y otros combustibles a la población se caracterizan por operar en la irregularidad, a pesar de las reglas establecidas en las normas oficiales. En este sentido, los consumidores son víctimas directas de la falta de sanciones efectivas que erradiquen los abusos con los que operan. La exigencia de encontrar soluciones contra los atropellos debe ser inmediata y bastante para que las personas dedicadas a estos ramos no tengan opción distinta a la de ofrecer servicios transparentes en los que el intercambio corresponda con el equilibrio debido entre el bien obtenido y el precio pagado.

Clausuras temporales

Ahora bien, de los dos casos expuestos anteriormente se desprende que es imperativa la inclusión de supuestos adicionales entre las faltas que deben ser considerados “casos particularmente graves”.

Sin embargo, es necesario también que, como un paso o medida previa, la ley contemple entre las medidas de apremio–tendentes a hacer cumplimentar las determinaciones de la Profeco– la posibilidad de la clausura temporal hasta por 15 días.

Actualmente, la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla la posibilidad de una clausura total o parcial, que se puede extender hasta por noventa días, ante casos definidos por la ley como particularmente graves.

Esta disposición podría resultar (i) sumamente gravosa para el proveedor porque el margen de discrecionalidad para la autoridad es muy amplio o, (ii) insuficiente para el consumidor porque los tribunales otorgan con relativa facilidad una suspensión en un juicio de amparo cuando se puede vulnerar la economía de un proveedor por una clausura desmedida.

En efecto, el artículo 128 Bis de la ley en comento, establece a la letra:

Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $146,620.98 a $4’105,387.31.

En ese contexto, es necesario dotar a la autoridad de facultades más precisas y establecer la posibilidad de clausuras limitadas a la temporalidad de 15 días, plazo en el que la autoridad puede lograr instar a los proveedores a cumplimentar mandatos extra judiciales que emite la Profeco y garantizar que, aun cuando no se trate de casos particularmente graves, pero que sea necesaria la protección de las colectividades de consumidores, se prevenga una afectación mayor.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se reforma el artículo 25, fracciones I, II, III y IV; las fracciones IV y VI, así como los párrafos último y penúltimo del artículo 25 Bis; el artículo 128; el primer párrafo del artículo 128 Bis; la fracción VIII del artículo 128 Ter; un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 128 Bis; se adicionan las fracciones IX y X del artículo 128 Ter; todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 25.La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar cualquiera delas siguientes medidas de apremio:

I. El auxilio de la fuerza pública;

II. Ordenar arresto administrativo hasta por 36 horas;

III. Clausura temporal hasta por 15 días;

IV. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta Ley;

V. Multa de $231.42 a $23,142.38;

VI. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por $9,256.95 , por un periodo no mayor a 180 días; y

VII. Apercibimiento.

Artículo 25 Bis.La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

I. a III. ...

IV.Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya determinado fehacientemente que ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores;

V.Colocación de sellos e información de advertencia ;

VI.Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta Ley ;

VII. Clausura temporal por el tiempo que duren las circunstancias que afecten o puedan afectar la vida, la salud y la seguridad de las personas;

VIII. Emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes y de servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor;

IX. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando puedan poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los consumidores;

X. Ordenar el llamado a revisión de bienes o productos cuando presenten defecto o daños que ameriten ser corregidos, reparados, o reemplazados.

Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto en los artículos 14,57 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la vida, la salud, la seguridad ola economía de una colectividad de consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 Ter de la presente ley o cuando se violen otrasdisposiciones de la misma.

Las medidas precautoriasse levantarán una vez que el proveedoracredite el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto.

En el caso de las medidas precautorias a que se refieren las fracciones VIII, IX y X de este precepto, la Procuraduría podrá requerir al proveedor que informe sobre el número de consumidores notificados, cantidad de productos o servicios involucrados y su distribución geográfica, las acciones, plazos, calendarios, programas de mantenimiento o de pago, cartas compromiso, presupuestos o cualquiera otra medida dirigida a cumplirlas, y podrá supervisar la disposición de los productos o servicios involucrados y los avances en la atención a los consumidores.

Artículo 128.Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 25 Bis, 25 Ter,44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 64, 64 Bis, 64 Ter, 64 Quáter,65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis 11, 76 Bis 14,80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con multa de $664.88 a $2 ?600,449.22.

Artículo 128 Bis.En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de ciento veintedías y con multa de $138,854.28 a $3 ?887,919.91.

... La Procuraduría sancionará con clausura definitiva, en los siguientes casos:

a) El operar sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño,

b) El operar sin la inscripción en el Registro de Tiempos Compartidos,

c) Las violaciones reiteradas de esta ley y de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de combustibles relativas a gasolina, diésel y gas licuado de petróleo.

La clausura será total cuando se impida la actividad comercial de todo el establecimiento del infractor y parcial, cuando se limite a determinadas áreas, lugares o instalaciones del establecimiento respectivo.

Asimismo, se considera que la violación a los derechos de los consumidores contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a las disposiciones de carácter general que emite la Procuraduría en cumplimiento a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, son casos particularmente graves y se sancionarán en términos del primer párrafo de este artículo.

Artículo 128 Ter.Se considerarán casos particularmente graves:

I. a VII. ...

VIII.Aquellas conductasque vulneren los derechos contemplados en el título segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

IX. Aquellas conductas que vulneren los derechos contemplados en el título noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y

X. Aquellas conductas que vulneren las disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza emitidas por la Procuraduría en términos del artículo 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Édgar Amigón, Revista Proteja su dinero de la Profeco, enero del 2016. Disponible en: http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2016/190/casa.pdf.

2 Jesús Balcázar Conde, Sí, nos empeñamos en informarte: préstamos con garantía prendaria, Brújula de compra, Profeco, 10 de febrero del 2015. Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/ bruj_2015/bol298_Pr%C3%A9stamos_con_garant%C3%ADa_prendaria.asp.

3 Francisco Ramos Gómez Director General de Normas, NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, México, 5 de octubre de 2007. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/2846/SEECO3/SEECO3.htm.

Aunado a ello debe contener:

6.1 Nombre, denominación o razón social, domicilio, y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor del servicio.

6.2 Nombre, domicilio, número del documento oficial con que se identifica el consumidor, beneficiarios y, en su caso, el nombre del cotitular.

6.3 Descripción de la prenda.

6.4 Nombre o clave interna del valuador y monto del avalúo.

6.5 Fecha en que se realiza la operación, y número de referencia.

6.6 El monto del préstamo expresado en números y letra y porcentaje que representa del avalúo.

6.7 Tasa de interés en términos anuales sobre saldos insolutos del préstamo por los días efectivamente devengados, en su caso, gasto de almacenaje, Impuesto al Valor Agregado, y demás gastos necesarios y útiles que hiciere el proveedor para conservar la prenda, que el consumidor debe cubrir al desempeño.

6.8 Plazo máximo para desempeño, forma de pago y opciones de refrendo. En caso de que el vencimiento corresponda a un día inhábil, se considerará el día hábil siguiente.

6.9 Información completa sobre la fecha de inicio de comercialización de la prenda no desempeñada, y fecha límite para el finiquito. Así como, procedimiento y términos para finiquito, y en su caso, remanente.

6.10 Firma del consumidor al empeñar y al desempeñar y firma del proveedor o representante legal, o por el encargado o responsable del establecimiento abierto al público. En este caso, dichas firmas podrán estar contenidas en el reverso del contrato.

6.11 El reverso del contrato debe apegarse a lo siguiente:

6.11.1 Fecha y número de registro de contrato otorgado por la Procuraduría. En este caso, dichos datos podrán estar contenidos en el anverso del contrato.

6.11.2 Manifiesto del consumidor donde reconoce expresamente que es el legal, legítimo e indiscutible propietario de la prenda y de todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde.

6.11.3 Forma de responder por la pérdida o deterioro de los bienes dados en prenda y el procedimiento para resarcir los daños.

6.11.4 Garantías que se ofrezcan, en su caso, y cobertura y los mecanismos mediante los cuales el consumidor puede hacerlas efectivas.

6.11.5 Causas de terminación del contrato.

6.11.6 Las penas convencionales a las que, en su caso, se hace acreedor el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

6.11.7 El consumidor podrá exigir a proveedores y a empresas que utilicen información con fines mercadotécnicos o publicitarios que la información relativa a él mismo, no sea cedida o transmitida a terceros, ni que se le envíe publicidad sobre bienes o servicios; su manifestación deberá estar firmada o rubricada en cláusula visible a simple vista en el anverso del contrato de adhesión.

6.11.8 Relación de los derechos y obligaciones de las partes, señalando los términos y condiciones estipuladas para la prestación del servicio.

6.11.9 Instancias, procedimientos y mecanismos de información para la atención de reclamaciones, reposición del contrato por pérdida o destrucción, señalando los lugares, días y horarios de servicios.

6.11.10 El plazo que tiene el consumidor para recoger la prenda y, en su caso, los gastos para recoger la misma una vez transcurrido este plazo.

4 Ley Federal de Protección al Consumidor, Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1992. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf.

5 Jesús Balcázar Conde, Sí, nos empeñamos en informarte: préstamos con garantía prendaria.

6 Christian Turégano Roldán Director General de Normas, NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, 30 de marzo del 2012. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5241707&fecha=30/03/2012.

7 Dirección General de Comunicación Social, Comunicado 2, PROFECO da a conocer los resultados de sus acciones de verificación y vigilancia de combustibles en 2010, PORFECO, 7 de enero del 2011. Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa11/enero11/ bol2.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez(rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruíz Chávez, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Procuraduría Federal del Consumidor protege y promueve los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para la población consumidora.

Lo anterior en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución y menciona en su apartado IV. Un México Prósperobuscar la creación de una cultura de consumo responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la protección del consumidor, la incorporación de nuevos métodos de atención y servicio a los ciudadanos, y el fortalecimiento de la presencia de las instituciones y la certidumbre en los procesos constituyen desafíos para un Estado que busca incentivar la competencia y a la vez fortalecer la equidad respecto a las relaciones entre los consumidores.

Entre las distintas actividades desarrolladas en PROFECO acordes al Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018, encontramos:

Actividades de protección de los derechos del consumidor en materia de prevención y corrección de prácticas que afectan al consumidor.

•Teléfono del Consumidor

• Teléfono del Consumidor en línea

• Buró comercial

• Módulos de asesoría e información

• Comportamiento comercial de proveedores

• Asesorías (correo electrónico, fax y escritos)

• Programa de Citas por Teléfono

• Quejas y conciliación

• Concilianet

• Registro Público para Evitar Publicidad

• Registro Público de Contratos de Adhesión

• Procedimientos por Infracciones a la Ley en materia de Servicios

• Arbitraje

• Dictamen

• Monitoreo de Publicidad

• Acciones Colectivas

Actividades de verificación y vigilancia

• Análisis de información comercial

• Asesoría en información comercial

• Capacitación en Información Comercial

• Comportamiento Comercial

• Normas Oficiales Mexicanas

• Servicio de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición

• Red de Alerta Rápida

• Verificación de Estaciones de Servicio y Plantas de Gas L.P.

• Política preventiva de calibración

• Estudios de Calidad

• Pruebas de laboratorio

Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente

Quién es Quién en los Precios

Quién es Quién en los Créditos a Pagos Fijos

Quién es Quién en el Envío de Dinero

Monitoreo de tiendas en línea

Resultados de encuestas y sondeos

Revista del consumidor

Programa de TV

Programa de radio

Redes sociales

Atención a grupos de Consumidores de forma presencial

Con la finalidad colaborar con la meta de desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover la confianza de los consumidores en los mismos, se pretende fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras, dotándola de mayores recursos y capacidad de coacción para cumplir su objetivo a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Actualmente el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor menciona que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

La problemática radica en que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) no tiene facultades para el cobro de las multas que impone, por lo que las mismas son remitidas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria y las Secretarias de Finanzas en cada estado acorde al Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, el Artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por inconsteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Con base en el fundamento legal anterior el Servicio Administración Tributaria y la Secretarias de finanzas de los gobiernos de los estados, regularmente cancelan las multas que emiten el conjunto de Instituciones que inciden desde sus ámbitos de competencia en la protección y promoción de los derechos del consumidor como lo es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Situación que impide cualquier tipo de fuerza coercitiva por parte de la Procuraduría, para evitar abusos o prácticas comerciales desleales en el abastecimiento de productos o servicios.

Es importante recordar que la función de las sanciones son el medio coercitivo con el que cuenta la norma jurídica para forzar su cumplimiento en caso de que el gobernado incumpla sus obligaciones y que el derecho no es eficaz sin la existencia de disposiciones coercibles y como una forma de asegurar el cumplimiento que tienen los mismos ciudadanos con respecto a la sociedad. La sanción en forma de multa se aplica para obtener la observancia de la norma infringida y con la finalidad de obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al debe jurídico incumplido.

La procuraduría Federal del consumidor está facultada para imponer multas en las siguientes áreas:

• Quejas y Conciliación: como medidas de apremio derivado del procedimiento conciliatorio.

• Verificación y Vigilancia: a establecimientos comerciales (empresas de bienes y servicios), derivadas de infracciones por comportamiento comercial, metrología y normalización.

• Verificación de Combustibles: derivadas de las visitas de verificación realizadas a Gasolineras y/o Empresas Gaseras.

• Procedimientos: como resultado de un Procedimiento por Infracción a la Ley.

Por citar un ejemplo:

Durante el 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) verificó 6356 estaciones de servicio (gasolineras) y emitió 1012 multas por un total de 316,000,000 millones de pesos, sin embargo no se tiene certeza del cobro de las mismas de las amonestaciones que impone.

La finalidad de la propuesta que hoy se pone a su consideración consiste en adicionar una fracción V al artículo 23 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que el patrimonio de la Procuraduría Federal del Consumidor también estará integrado por los ingresos provenientes de las multas que imponga y cobre en ejercicio de sus atribuciones, y modificar la fracción XII del artículo 24, para establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor tenga como atribuciones la de celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal, entidades paraestatales y empresas productivas del Estado y todos los que resulten necesarios para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y beneficio de los consumidores, tales como convenir el cobro y asignación de los recursos obtenidos por dichas sanciones.

Es importante mencionar que la Procuraduría Federal del consumidor, ya cuenta con capacidad instalada para realizar esta gestión a través del personal en sus 56 delegaciones y subdelegaciones en el territorio nacional así como el sistema en línea “PROFECO-MULTIP@GOS” donde recibe los pagos por concepto de calibraciones y las suscripciones a la Revista del consumidor, este sistema ofrece seguridad, legalidad y apego a la Ley. Por lo que

Estoy convencida de que la presente propuesta coadyuvará a aminorar las percepciones que la población tiene sobre los servicios públicos e instituciones del país, como abandono, insatisfacción, vulnerabilidad, desinformación, falsas expectativas, desconfianza, incredulidad y procesos truncos y fortalecerá la cultura de la legalidad tanto al interior de las instituciones, como en los distintos sectores que protegen, a fin de garantizar que, sin excepción, todos los actos que emitan a se apeguen a Derecho, para que la población tenga certeza jurídica y confianza en la actuación de las distintas autoridades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 23. El patrimonio de la Procuraduría estará integrado por:

I. Los bienes con que cuenta;

II. Los recursos que directamente le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Los recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal;

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los términos que señale la ley de la materia; y

V. Los ingresos provenientes de las multas que imponga y cobre en el ejercicio de sus atribuciones;

VI. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I a XI...

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno de la Ciudad de Méxicoy entidades paraestatales y empresas productivas del Estado, necesarios para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y todos los que resulten necesarios para elbeneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

XIII. a XVIII. ...

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

XX. ...

XX Bis.En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia Económicala denuncia que corresponda;

XXI. a XXII. ...

XXIII.Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables ;

XXIV. Emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor;

XXV. Ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos a proveedores y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor;

XXVI. Prohibir la comercialización y retirar del mercado productos defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del consumidor;

XXVII. Ordenar la reparación o sustitución de los bienes, productos o servicios que no reúnan las especificaciones correspondientes o representen un riesgo para la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, y en su caso, ordenar la inutilización de los mismos, a fin de evitar que sean comercializados;

XXVIII. Ordenar a los proveedores la difusión por sus propios medios de información relacionada con sus bienes, productos o servicios que afecten o puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor, así como la forma en que se bonificará o compensará al consumidor;

XXIX. Informar a las autoridades aduaneras, fiscales, judiciales, así como a las cámaras, asociaciones, u otros organismos internacionales sobre bienes, productos o servicios que afecten o puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor;

XXX. Podrá emitir lineamientos sobre la publicidad dirigida a los consumidores, en especial, aquella dirigida a niñas, niños y adolescentes;

XXXI. Declarar la invalidez de las cláusulas inequitativas o abusivas o aquellas que contravengan las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, contenidas en los contratos de adhesión celebrados entre proveedores y consumidores;

XXXII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con sujeción a las normas de esta ley, del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables, y

XXXIV.Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda norma que se oponga al presente decreto.

Tercero. Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto antes de la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su determinación.

Cuarto. Los montos obtenidos por el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias, durante el primer año, se dividirá entre Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de Administración Tributaria al 50 por ciento.

Quinto. La Procuraduría celebrará convenios con el Sistema de Administración Tributaría, para que sea este organismo el que realice los procedimientos de ejecución coactiva de las sanciones pecuniarias que imponga, los cuales se harán conforme a los establecido en el Código Fiscal de la Federación; y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se realicen las ampliaciones líquidas a su presupuesto, durante el primer año.

Sexto. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá adecuar el Estatuto Orgánico del descentralizado dentro de los 60 días siguientes a la publicación a la reforma del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Séptimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las acciones necesarias para dotar a la procuraduría Federal del Consumidor de los recursos suficientes para la creación y funcionamiento de las áreas que ejecutarán coactivamente las sanciones que imponga dicha cantidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruíz Chávez, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los viajes a destinos turísticos generalmente se realizan mediante el hospedaje en un hotel. Sin embargo, tanto en México como en otros países, existe como alternativa el servicio de tiempo compartido. Éste de acuerdo con la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), es el derecho a usar semanas o intervalos de un Desarrollo Turístico durante un periodo específico, es la compra anticipada de una vacación por determinado número de años.

La propiedad de un tiempo compartido debería ser similar a la propiedad de un condominio excepto que los derechos de uso están limitados a cierta semana o intervalos durante el año. El concepto básico consiste en dividir la unidad de hospedaje en 52 intervalos de uso para ser vendidos individualmente.

Acorde al artículo 64 da Ley Federal de Protección al Consumidor la prestación del servicio de tiempo compartido, independientemente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente, consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de éstos.

En los últimos años, organizaciones tradicionalmente hoteleras se incorporaron al mercado del tiempo compartido, por ejemplo, Marriott, Omni, Posadas de México, Melía, Sheraton, Hilton y la Gran Corporación Disney entre otras.

De 1974, año en que se inició la operación del primer proyecto de Tiempo Compartido en México hasta el año de 1996, han operado bajo esta modalidad 359 programas turísticos, para el año del 2000 existían 311 desarrollos turísticos activos y para el año del 2015 se contaba con 549 desarrollos turísticos con la modalidad de Tiempo Compartido.

Este gran crecimiento, fue la causa que impulsó a las Autoridades a conformar una reglamentación para establecer los requisitos de información comercial y elementos normativos a que deben sujetarse los proveedores del servicio de tiempo compartido, derivado de los trabajos emprendidos se elaboró norma oficial mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido.

Acorde a esta norma, el prestador y/o el prestadores intermediario de servicios de tiempo compartido, son los únicos responsables aun cuando éstos, el comercializador u operador contraten con terceros la prestación de los servicios de tiempo compartido que se proporcionen a los usuarios o al establecimiento y deben adoptar las medidas necesarias para evitar la sobreventa, de tal manera que su volumen de contrataciones nunca debe rebasar su capacidad de servicio.

Asimismo constituyen prácticas comerciales que contravienen la NOM, todos aquellos actos o estrategias que tengan por objeto:

- Utilizar información o publicidad cuyo contenido sea falso, confuso o contrario a las condiciones estipuladas en el contrato y reglamento registrados ante la Profeco.

- Emplear mecanismos promocionales como son rifas, regalos, premios, certificados de hospedaje, ya sea por medios escritos o mediante llamadas telefónicas, con el intento de ofrecer o presentar sus servicios, sin especificar de manera clara e inequívoca el propósito de hacer dicha oferta.

- Emplear por cualquier medio, sin autorización, el nombre o logotipo de la Secretaría, de la Profeco o de cualquier dependencia de la administración pública federal, estatal o municipal, para la comercialización de servicios de tiempo compartido.

Contrario a lo anterior, una de las principales técnicas utilizadas en los módulos de venta de los tiempos compartidos principalmente en aeropuertos, son: ofrecer transportación gratuita u ostentarse como la trasportación contratada de origen (sin serlo), se hacen pasar como representantes de hoteles que NO representan, tours gratuitos, cenas, etc.

Los vendedores suelen evadir lo que realmente representan y hacen parecer que es una invitación a una presentación de ventas de tiempo compartido, en la que a cambio ofrecen múltiples regalos, los cuales agregan valores a los que se encuentran en el mercado.

El mercado mexicano

En México el promedio anual de Desarrollos Afiliados desde 2009 es del 4%. Históricamente 2015 ha sido el año con el mayor número de Semanas/Intervalos vendidos (209,010), 6% más que en 2008, año en que se alcanzaron cifras récord previo a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos.

México es el segundo país en ventas a nivel mundial de semanas o membresías de Tiempo Compartido así como en número de desarrollos, solo detrás de los Estados Unidos de Norteamérica. Le sigue Canadá en tercer lugar.

Los principales desarrollos se encuentran en centros turísticos como:

1. Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen

2. Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta

3. Los Cabos

4. Mazatlán

5. Acapulco

6. Ixtapa

Problemática

Este crecimiento no ha sido acorde a la calidad de los servicios ofrecidos, según los datos abiertos de la Procuraduría Federal del Consumidor el número de quejas contra empresas de Tiempo Compartido tan solo en enero del presente año fue de 310 y durante el 2016 se registraron 2004 quejas, lo anterior sin considerar las cancelaciones de contratos que se realizan todos los días dentro de los 5 días siguientes a la contratación y que no llegan al trámite de queja, y que diversas empresas se registran bajo el nombre de agencias de viajes y no como empresas de tiempos compartidos.

Siendo los principales motivos de reclamación:

• Negativa a la rescisión del contrato

• Negativa a la entrega del producto o servicio

• Negativa a la devolución de depósito

• Descripción del producto o servicio no clara

• Negativa a cambio o devolución

• Negativa a corregir errores de cobro

• Modificación o rescisión sin aviso ni autorización

• Descripción del producto o servicio errónea

• Incumplimiento de plazos para la entrega del servicio

En la mayoría de los casos, el verdadero problema no lo representan los comercializadores y desarrolladores de tiempo compartido legalmente establecidos y afiliados a asociaciones tales como Acluvaq Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo o Amdetur Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos.

Los fraudes provienen de falsas compañías que rentan salones, atrayendo a la gente con prácticas abusivas, bajo promesa de cenas de regalo sin compromiso de compra, ofrecen tiempos compartidos a precios muy atractivos. Cuando logran la transacción y llega la hora de que el comprador solicita hacer uso de la propiedad vacacional, se dan cuenta que la venta fue un fraude.

Esto representa un problema para los compradores ya que no cuentan con algún sustento que demuestre la legalidad de tal empresa por lo que resulta imposible interponer una queja ante Profeco o denuncia por fraude ante el Ministerio Público, significando también una competencia para los negocios bien establecidos, repercutiendo directamente en el sector turístico.

En este sentido, la única institución que monitorea a través de verificaciones que lo que los proveedores lo que establecen en sus contratos de adhesión sea acorde a la realidad, es la Procuraduría Federal del Consumidor.

Sin embargo la Sub Procuraduría de Verificación de la Profeco tiene a su cargo la verificación de establecimientos comerciales de todos los sectores y programas especiales de verificación en fechas clave para los consumidores tales como, fiestas decembrinas, fiestas patrias, regreso a clases y días espéciales como el día de las madres, día de muertos, 14 de febrero, etcétera.

Siendo los programas de verificación vacacionales turísticos sólo un pendiente más en su programa anual de trabajo, adicionalmente, el giro de los tiempos compartidos es a la vez, sólo uno más de la gama de servicios turísticos que se deben verificar tales como lo son el transporte, las agencias de viajes, los hoteles, tour operadores, restaurantes etcétera.

Y la norma oficial mexicana NOM-029-SCFI-2010, Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido es también una norma adicional a la lista de Normas Oficiales Mexicanas que otorgan competencia a Profeco creadas por diferentes Dependencias del Gobierno Federal como:

• Secretaría de Economía

• Secretaría de Turismo

• Secretaría de Energía

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social

• Secretaría Salud

Propuesta

Se propone la creación del Registro Público de Tiempos Compartidos en el que se deberán de inscribir los proveedores de servicios de tiempos compartidos y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con los consumidores. Y será La Procuraduría Federal del Consumidor la que estará a cargo de dicho registro.

Lo anterior va acorde al Plan Nacional de desarrollo en su estrategia 4.7.5 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras.

A través de:

• Modernizar los sistemas de atención y procuración de justicia respecto a los derechos del consumidor.

• Desarrollar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que integre y coordine las acciones de los gobiernos, poderes y sociedad civil, para que el ciudadano cuente con los elementos necesarios y haga valer sus derechos en cualquier circunstancia.

• Fortalecer la Red inteligente de Atención al Consumidor como un medio para que el Estado responda eficientemente a las demandas de la población.

• Establecer el acuerdo nacional para la protección de los derechos de los consumidores, buscando una mayor participación y compromiso de los actores económicos en torno a las relaciones comerciales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de está honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 64; los artículos 64 Bis, 64 Ter y 64 Quáter, de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 64.La prestación del servicio de tiempo compartido, independientemente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente, consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de éstos.

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir los proveedores del servicio de tiempos compartidos y los contratos de adhesión que celebren con los consumidores.

Los proveedores del servicio, para poder operar, requieren de su inscripción en el Registro de Tiempos Compartidos ante la Procuraduría.

La operación de los proveedores del servicio de tiempo compartido sin la inscripción en el Registro de Tiempos Compartidos se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

Artículo 64 Bis.- Para obtener el registro para operar como proveedor del servicio de tiempo compartido, se requiere:

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría, con los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social del proveedor, y, en su caso, de su representante legal;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración del proveedor o contratar el servicio;

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

e) Fecha y lugar de la solicitud;

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del solicitante. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su representante; y

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría, que se utilizará para las operaciones de servicio de tiempo compartido, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se establezcan por alguna norma oficial mexicana.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de los servicios de tiempo compartido quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. La violación a esta disposición se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis y con la cancelación definitiva del registro.

La Procuraduría, en su caso podrá emitir el resto de las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, y considerará también las causales de suspensión y cancelación del mismo.

Artículo 64 Ter. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación.

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el registro y emitir la constancia correspondiente.

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido la resolución, se entenderá que la misma es en sentido negativo al solicitante.

Artículo 64 Quáter. Los proveedores del servicio de tiempo compartido deberán informar por escrito a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la información a que se refiere el artículo 64 BIS de la presente ley, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

Transitorio

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En México existe un grave problema de corrupción política en todas las esferas del poder público, que tiene que ver con el ejercicio del poder mismo, amparado en la cultura de la discrecionalidad, del favor político, de la prebenda, del privilegio, de la opacidad, de la falta de controles reales de la función pública, de la falta de la rendición de cuentas eficaz; y esta práctica se nutre y recrea en los espacios del sector privado, sobre todo entre los particulares proveedores de bienes y servicios para los aparatos públicos de los tres niveles de gobierno de los tres poderes de la Unión.

Nos acabamos de dar, a través de la aprobación de reformas constitucionales, legales e incluso de la expedición de nuevas leyes, -las cuales tardaron en elaborarse y consensarse varios años, a lo largo de dos legislaturas-, un interesante y muy intrincado Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, el gran defecto de este Sistema, o el más visible y evidente, es que al final de todo el proceso de señalamiento, demostración y persecución de alguna práctica corrupta que configure un hecho delictivo cometido por un servidor público, de primer nivel, la acción justiciera se diluye al momento en que se topa con la inmunidad constitucional de la que goza. Mientras exista este gran obstáculo, es decir, la inmunidad constitucional, seguirá siendo cotidiana la impunidad en el ejercicio del poder de los servidores públicos, y la fuerza del Sistema Nacional Anticorrupción estará bajo sospecha, y sin duda querrá legitimarse propinando castigos a mandos burocráticos medianos, dejando inmunes e impunes a quienes normalmente tienen la mayor parte de la responsabilidad en estos casos.

Argumentos

Los servidores públicos de alto nivel, los representantes populares, los titulares de los órganos autónomos, así como los ministros y magistrados, gozan del privilegio exclusivo de la inmunidad constitucional que les permite evitar el ejercicio de la acción penal cuando exista un proceso abierto en su contra. Pese a que la Constitución Política establece un mecanismo para retirar la inmunidad y con ello permitir que el servidor público inculpado pueda ser juzgado, este mecanismo es tan largo y tortuoso que en los hechos funciona como un obstáculo para la acción de la justicia.

Además, la definición en torno a la pertinencia de juzgar o no a un funcionario inculpado, depende, paradójicamente, no del delito que se le impute al inculpado, sino de quién sea el personaje en cuestión. Es decir, si es un amigo del régimen, pues invariablemente tendrá la protección de la mayoría política en el Congreso, y con ello, asegurará su inmunidad y eventualmente su impunidad. Si se trata de un servidor público incómodo, ya sea un opositor, o una voz incómoda, un disidente del partido oficial o un crítico del gobierno, pues entonces es más probable que sí le sea retirada la inmunidad constitucional y se proceda penalmente contra esta persona, como ha sucedido en contadas ocasiones en México. El mecanismo de desafuero ha probado ser estrictamente un instrumento de linchamiento o de vendetta en contra de los servidores públicos incómodos para el régimen, y de connotados opositores al mismo.

La Cámara de Diputados en su función de Jurado de Procedencia, lleva a cabo un juicio sumario y emite una sentencia condenatoria en contra del funcionario en cuestión aún antes de que la autoridad competente haya resuelto si el inculpado es responsable o inocente de los actos que se le imputan, y siempre ha sido un mecanismo que castiga políticamente, reiteramos, a personajes críticos al gobierno.

No olvidemos que la inmunidad constitucional fue originalmente concebida para salvaguardar los actos de los servidores públicos y para protegerlos de acusaciones sin fundamento, la inmunidad estaba concebida como un instrumento protector que les garantizara asumir su responsabilidad sin temor a las represalias que pudieran derivar de las decisiones vinculadas con actos que afectan intereses privados.

Lamentablemente, desde hace ya muchos años, la inmunidad de los servidores públicos se ha pervertido al grado que se ostenta como un permiso para delinquir y un derecho exclusivo para no ser juzgado.

La acción de la Justicia no debe estar determinada por una decisión política, ninguna persona debe gozar de una prerrogativa especial para cometer actos ilícitos y no ser juzgado. Por eso proponemos que los servidores públicos que sean acusados por cometer delitos del orden penal, enfrenten su proceso en libertad y sin necesidad de abandonar sus cargos y que sea hasta el momento en el que la autoridad judicial emita sentencia condenatoria, cuando el servidor público esté obligado a retirarse del cargo y ponerse a disposición de las autoridades competentes que lo requieran sin tener que transitar por ningún acuerdo político de por medio que le permita evadir la justicia.

En la LXI Legislatura, la Cámara de Senadores fungió como cámara de origen en la aprobación del dictamen con proyecto de decreto que contiene la reforma constitucional en materia de inmunidad constitucional.

En el decreto se estableció que los servidores públicos a los que hace referencia el artículo 111 de la Constitución, no pueden ser privados de su libertad y que cuando se fundamente la presunta responsabilidad penal por parte de los servidores públicos y el juez decretara el auto de vinculación a proceso penal, éste presentaría una solicitud a la Cámara de Diputados para el retiro de la inmunidad del servidor público.

En esa propuesta, se suprimió el requisito de la declaratoria de procedencia y se dispuso que bastaba con la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados para poder retirar la inmunidad al servidor público en cuestión. En caso de que el pleno de la Cámara votara en contra de la solicitud del juez, el servidor público podía mantener su inmunidad y enfrentaría su proceso una vez concluido su encargo.

El dictamen aprobado por los senadores también incluyó un recurso para que los servidores públicos tuvieran la opción de acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ésta resolviera sobre su vinculación a proceso. Así mismo, aprobaron el procedimiento para que las dos cámaras del Congreso participaran en un procedimiento para el retiro de la inmunidad constitucional del presidente de la República.

Finalmente, el dictamen aprobado por los senadores incluyó un procedimiento en el que se prevé la participación de la Cámara de Diputados y de los Congresos Locales en la resolución del retiro de la inmunidad de los servidores públicos de las entidades federativas. En estos casos, la Cámara de Diputados es responsable de resolver sobre la solicitud del juez y posteriormente la envía a los congresos locales para que éstos definan en última instancia.

Este dictamen fue recibido en la Cámara de Diputados en diciembre de 2011 y se mantuvo rezagado durante más de dos años. Fue hasta febrero de 2013, cuando el pleno de la Cámara finalmente lo desahogó, sin embargo modificó partes esenciales del decreto que vulneraron el acuerdo político que lo respaldaba y la reforma naufragó.

Dentro de las modificaciones que los diputados hicieron a la Minuta, destacan la supresión del procedimiento para retirarle la inmunidad constitucional al presidente de la República, también eliminaron la posibilidad de que los servidores públicos recurrieran ante la Suprema Corte de Justicia; suprimieron la participación de la Cámara de Diputados en la definición sobre la procedencia de vinculación a proceso; y finalmente llama la atención la propuesta que prevé que la separación del cargo de los servidores públicos procede cuando se dicte sentencia condenatoria y que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo en términos de las fracciones III y IV del artículo 38 de la Constitución que a la letra dice:

“ Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

y II. ...

Durante la extinción de una pena corporal;

Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes...”

El dictamen a la minuta en materia de inmunidad constitucional, si bien tiene el defecto de haber eliminado aspectos progresistas, también incorporó nuevos conceptos que sin duda enriquecen la reforma y que por lo tanto no deben desdeñarse.

Esta Legislatura tiene la oportunidad de recuperar las disposiciones progresistas que los diputados de la legislatura pasada suprimieron del texto original de la Minuta que habían aprobado los senadores y de retomar este importante tema que está congelado en la Cámara de Senadores desde hace casi cuatro años.

En un ánimo de retomar este importante tema y darle un nuevo impulso, el conjunto de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ponemos a su consideración la presente iniciativa la cual propone conservar la inmunidad constitucional para los legisladores, entendida ésta como el fuero que protege y garantiza el derecho y la libertad de expresar sus opiniones y realizar adecuadamente su trabajo que invariablemente puede afectar intereses poderosos tanto de particulares como de servidores públicos, pero también establece el mecanismo mediante el cual les es retirada la inmunidad constitucional a legisladores y servidores públicos con la sola declaratoria del presidente de la Cámara, una vez que éste haya sido notificado sobre la expedición de una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial en contra de cualquier integrante de la misma cámara legislativa, o de cualquiera de los servidores públicos aludidos en el artículo 108 de la Constitución.

Con las reformas propuestas al artículo 109, en esta iniciativa se precisa que los servidores públicos en funciones no sean objeto de privación de la libertad, ni de medidas cautelares, sin embargo, deberán responder ante las acusaciones de índole penal que se les imputen y podrán defenderse en libertad, pero si como consecuencia del proceso penal, el juez de la causa dicta sentencia condenatoria en primera instancia, el servidor público deberá separarse inmediatamente de su cargo, mediante el procedimiento aludido en el párrafo anterior y deberán ponerse a disposición de las autoridades, a fin de no obstruir la acción de la justicia.

También se establece que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.

En el mismo artículo 109 fracción tercera, se actualiza el término de Distrito Federal y se sustituye por el de Ciudad de México, acorde con el texto de nuestro máximo ordenamiento.

También proponemos en esta iniciativa, que en el artículo 112 quede establecido que para que el servidor público condenado pueda continuar con su defensa, es requisito indispensable haberse separado del cargo, el cual sólo podrá volver a asumir con sentencia firme y definitiva que declare su inocencia.

Esta reforma constitucional que ponemos a su consideración le confiere facultades exclusivas a la Cámara de Senadores para conocer y resolver sobre las acusaciones que se le hagan al Presidente de la República, ya que el Titular del Ejecutivo se incluye como servidor público y sujeto de responsabilidad en los artículos 109, 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política.

Por último, proponemos, en el artículo 114 de la Constitución Política que, en cuanto a la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, ésta será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, los cuáles no serán inferiores a cinco años, además de que los plazos de prescripción no se interrumpirán en tanto el servidor público desempeñe algún cargo público.

En el cuadro comparativo plasmamos con toda claridad las reformas, adiciones y derogaciones que estamos proponiendo en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Inmunidad Constitucional

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1, Numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometemos a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 61, 74, 76, 109, 110, 111, 112 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO. Se reforman el segundo párrafo del artículo 61; el segundo párrafo del artículo 108; el párrafo sexto de la fracción III del artículo 109; el primer párrafo del artículo 110; los párrafos primero, cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 111; los párrafos primero y segundo del artículo 112; el párrafo segundo del artículo 114, se derogan la fracción V del artículo 74, los párrafos segundo, tercero y séptimo del artículo 111, se adiciona un tercer párrafo al artículo 61; un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 76; un segundo párrafo a la fracción II del artículo 109, recorriéndose el segundo párrafo del texto vigente al tercero, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inmunidad constitucional de quienes integran la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

El presidente de cada Cámara declarará que habiendo una sentencia condenatoria en contra de cualquier integrante de la misma, o de cualquiera de los servidores públicos aludidos en el artículo 108 de esta Constitución, procederá inmediatamente el retiro de la inmunidad constitucional del servidor público de que se trate.

Artículo 74. ...

I a IV. ...

V. Derogado

...

VI. a IX. ...

Artículo 76. ...

I a VI. ...

VII. ...

Conocer y resolver sobre las acusaciones que se le hagan al Presidente de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos 109, 110 y 111 de esta Constitución y la legislación penal aplicable.

Artículo 108. ...

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado, por traición a la patria, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común.

...

...

...

Artículo 109. ...

I. ...

...

II. ...

Los servidores públicos al cometer un delito durante su encargo podrán ser procesados y seguir en funciones hasta que el juez dicte sentencia condenatoria de primera instancia, momento en el que deberán separarse de su encargo.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. ...

...

...

...

...

Los entes públicos estatales y municipales, así como de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV. ...

...

...

...

...

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

...

...

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Artículo 111. El presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, durante su encargo gozan de inmunidad constitucional con el objeto de salvaguardar únicamente los actos derivados de sus responsabilidades. Para proceder penalmente en su contra, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, bastará con denunciarlos por la vía ordinaria penal, sin embargo, no podrán ser privados de su libertad ni serán objeto de medidas cautelares y será hasta que el juez dicte sentencia condenatoria de primera instancia, cuando los servidores públicos deberán separarse de su encargo quedando a disposición de las autoridades competentes conforme a lo dispone la Ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos de los artículos 109, 110 y 111. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirán los principios establecidos en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de la Cámara de Senadores se hará para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

(Séptimo párrafo) Se deroga

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración alguna.

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Artículo 112. Los servidores públicos federales a los que hace referencia el primer párrafo del artículo 111 que sean procesados por delitos penales durante el tiempo de su encargo, enfrentarán su proceso sin que haya necesidad de separarse de su cargo. Sin embargo, si derivado de dicho proceso el juez dicta sentencia condenatoria de primera instancia, deberán separarse de su cargo de manera inmediata.

Para que el servidor público condenado pueda continuar su defensa, es requisito indispensable haberse separado del cargo, al que solo podrá volver con sentencia firme y definitiva que declare su inocencia.

Artículo 114. ...

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, l os cuáles no serán inferiores a cinco años. Los plazos de prescripción no se interrumpen en tanto el servidor público desempeña algún cargo público.

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Transitorio

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para aprobar las modificaciones correspondientes a la legislación secundaria a efecto de reglamentar su contenido.

TERCERO. Las solicitudes y procedimientos de declaración de procedencia, presentados en la Cámara de Diputados, antes de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, seguirán su desahogo conforme a las disposiciones anteriores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Agustín Basave Benítez, Alberto Martínez Urincho, Ana Leticia Carrera Hernández, Ángel Alanís Pedraza, Araceli Madrigal Sánchez, Araceli Saucedo Reyes, Armando Soto Espino, Arturo Santana Alfaro, Carlos Hernández Mirón, Cecilia Soto González, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Daniel Hernández Ordoñez, David Gerson García Calderón, David Jiménez Rumbo, Diego Valente Valera Fuentes, Elio Bocanegra Ruiz, Erika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Rubio Quiroz, Fidel Calderón Torreblanca, Francisco Martínez Neri, Francisco Xavier Nava Palacios, Guadalupe Acosta Naranjo, Guadalupe Hernández Alcalá, Héctor Javier García Chávez , Hortensia Aragón Castillo, Ivanova Pool Pech, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Jesús Valencia Guzmán, Jesús Zambrano Grijalva, José Antonio Estefan Garfias, José Santiago López, Julio Saldaña Morán, Karen Hurtado Arana, Karen Orney Ramírez Peralta, Lluvia Flores Sonduk, Lucía Virginia Meza Guzmán, Luis Maldonado Venegas, María Concepción Valdés Ramírez, María Cristina Teresa García Bravo, María Elida Castelán Mondragón, María Luis Beltrán Reyes, Maricela Contreras Julián, Natalia Karina Barón Ortiz, Nicanor Martínez Olguín, Norberto Antonio Martínez Soto, Olga Catalán Padilla, Omar Ortega Álvarez, Óscar Ferrer Ábalos, Rafael Hernández Soriano, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Sergio López Sánchez, Tania Victoria Arguijo Herrera, Tomás Octaviano Félix, Victoriano Wences Real, Waldo Fernández González, (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Alejandro Armenta Mier(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Alejandro Armenta. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Alejandro Armenta Mier (desde la curul): Muchas gracias presidenta. En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua es preciso denunciar lo que ocurre en Puebla respecto a este vital líquido.

En 2013, el gobierno del estado inició un proceso de privatización en 25 municipios a través de una maquinación política y económica que beneficia a la empresa concesiones integrales por un contrato de 60 años, a partir de este hecho, el costo del servicio de agua en Puebla se ha incrementado en un 300 y 400 por ciento afectando la economía familiar.

El día de ayer un medio de comunicación dio a conocer lo que ha estado sucediendo en este desfalco que es igual grave, porque es un robo para los ciudadanos. La potestad de esta empresa no solamente que hoy tiene el servicio concesionado, sino que el exgobernador Rafael Moreno Valle aprobó junto con el Congreso facultades para poder embargar a los morosos usuarios, esto significa que además de que se privatiza el agua, hoy se pueden iniciar procedimientos administrativos de ejecución, y obviamente afectar la economía de las personas.

Presenté un exhorto a esta soberanía, a efecto de que el gobierno del estado de Puebla transparente las bases y modalidades mediante las cuales se entregó la concesión del servicio de agua en 25 municipios por 60 años, y de igual forma se transparente lo que hoy se está obligando al resto de los municipios del estado, a que se centralice el servicio de agua para que posteriormente se privatice en perjuicio de lo establecido en el artículo 4o., fracción C, donde se establece que el agua potable es un derecho humano y que el Estado mexicano tiene la obligación de otorgarlo. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación, diputado Alejandro Armenta.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., artículo 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, para vincular de manera estrecha sus fines a los de la Ley de Protección Civil, de tal modo que la política social se constituya también en una de las vías para la reducción del riesgo de desastres en México.

Así se hizo ya con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y con la de Cambio Climático. Se trata ahora de avanzar en esa misma dirección, con la de Desarrollo Social, por las razones que me permito exponerles.

Ambas leyes, la de Desarrollo Social y de Protección Civil, comparten propósitos comunes. En la Ley General de Desarrollo Social el propósito es la reducción de la pobreza, en materia de protección civil la pobreza es un factor de vulnerabilidad y por lo mismo una de las causas subyacentes del riesgo.

Por eso, como lo expreso en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, las condiciones de vulnerabilidad y la exposición a peligros naturales y antrópicos que enfrenta la población, particularmente aquella ubicada en los municipios más pobres, obliga a establecer un vínculo estrecho de la política del desarrollo con las políticas de reducción de riesgo y de atención eficaz a las emergencias, ello hace necesario incorporar también el concepto de resiliencia entendida como la capacidad de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos.

El objetivo es hacer que la política social explícitamente contribuya a reducir la vulnerabilidad que es el factor esencial del riesgo. Esos cambios están en armonía con el marco de acción de Sendai 2015-2030, adoptado por la comunidad internacional y por México para reducir las pérdidas de vidas, patrimoniales y el gasto catastrófico por los desastres.

Con ese fin, todos los países miembros asumieron el compromiso de adoptar una estrategia nacional para la reducción del riesgo, y de impulsar una estrategia a escala local. Este es uno de los puntos fundamentales que se plantearon durante los trabajos de la Quinta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo, celebrada la semana pasada en Montreal, Canadá, en la que tuve la oportunidad de participar.

La prioridad es asegurar una aplicación trasversal para que todo el aparato público y los sectores social y privado se obliguen a reducir la vulnerabilidad de la región de las Américas, y aumentar la resiliencia.

La presente iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, sería parte sustantiva de la agenda de cambios previos a la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, que sesionará en México en mayo próximo. Ahí, el Congreso de la Unión tiene un papel fundamental al legislar y dar un carácter vinculatorio e ineludible a la reducción del riesgo de desastres.

Por ello les pido que apoyen esta iniciativa que salva vidas, patrimonio, entorno de los mexicanos. Construyamos desde la ley entornos más seguros parar todos los mexicanos. Por su atención y apoyo, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Zoila Guzmán Lagunes. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, suscrita por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero y el diputado Renato Josafat Molina Arias, todos del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputada presidenta. El ejercicio periodístico puede efectuarse libremente solo cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

Los actos de violencia que se cometen contra los periodistas violan su derecho a expresar sus ideas, emitir opiniones y divulgar información. Pero, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y la sociedad en general, a ser informados con ideas plurales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, pues juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y la conciencia social de la ciudadanía.

Las radios comunitarias en sus comunidades han cumplido con esta labor, pues son capaces de formar redes de participación ciudadana en los lugares más alejados de los centros de población, integrando a la vida social a grupos vulnerables, como indígenas y mujeres en actividades que reditúan en beneficio individual y colectivo.

Lamentablemente, aun cuando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce a estos medios de comunicación, en la realidad no se ha podido radicar su criminalización y saqueo.

Desde hace años, los medios de comunicación comunitarios e indígenas han sido perseguidos, estigmatizados y criminalizados, por no contar con concesión, siendo que la intención de estas estaciones no es aprovecharse del espectro radioeléctrico ni seguir lucrando con él, sino simplemente generar un canal de comunicación en su comunidad, en beneficio de la población.

La Ley Federal de Telecomunicaciones establece como sanción la pérdida de los bienes en favor del Estado de estos medios cuando operan sin concesión.

En Morena pensamos que esta disposición es contraria a lo establecido en el artículo 7o. constitucional, por el cual en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito.

Consideramos que el artículo 305 de la Ley de Telecomunicaciones contraviene a la garantía constitucional, pues al hacer una interpretación más amplia del artículo 7o. ningún instrumento utilizado para la difusión de información debería ser secuestrado.

Todos aquí hemos sido testigos de la difícil situación que viven los periodistas en México, por ello el Estado no debe despojar a las radios comunitarias de sus bienes, con ello lo único que hace es ocultar la realidad política, económica y social que viven las comunidades que se benefician de estos medios.

Se encasilla en la ilegalidad a radios que responden a necesidades de información locales, que los medios masivos de comunicación no satisfacen. La actuación del gobierno respecto a los medios comunitarios e indígenas no debe recudirse a la persecución de los comunicadores, sino a fomentar, promover e incentivar su labor.

Las personas que se benefician del trabajo de las radios comunitarias regularmente son grupos sociales tradicionalmente marginados y discriminados, que se encuentran en estado de indefensión y por ello son sistemáticamente excluidos del debate público, situación que ha privado también a la sociedad de conocer sus intereses, necesidades y propuestas, lo cual ha producido el silencio de estas comunidades un efecto similar al de la censura que sufren los periodistas.

Es por todo lo anterior, que debemos cobijar a estos medios de comunicación con todas las garantías de protección posibles, sólo así podemos garantizar el derecho de la libertad de expresión de los comunicadores y el acceso a la información de toda la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hernández de la Piedra. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Lorena Barón.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Karina.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Karina Barón, adelante, diputada.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Gracias, presidenta. Es para pedirle al diputado que hizo uso de la voz en tribuna, para ver si me permite suscribir su iniciativa, ya que en mi estado, el estado de Oaxaca, pues las radios comunitarias son más más comunes, inclusive, que las radios comerciales.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Hernández de la Piedra, ¿tiene algún inconveniente? Está a su disposición, diputada, en la Secretaría de esta Mesa Directiva.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Lorena Corona Valdés:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. En México la participación de las mujeres en el mercado laboral ha ido en incremento. Del 17 por ciento en 1970, el 41 por ciento en el 2011. A su vez, según cifras arrojadas por el Inegi, en el 2014, dentro del sector privado laboraron 22 millones de personas, de las cuales el 42 fuimos mujeres.

Lo anterior denota el incremento de los índices de participación de la mujer en el mercado laboral en nuestro país, mismas que a su vez somos madres. Es por eso que debemos reconocer el doble error que casi siempre desempeñamos las mujeres como madres y como trabajadoras.

En esta lucha constante por garantizar nuestros derechos, las mujeres gozamos de diferentes prerrogativas, entre ellas, la licencia de maternidad, que es un derecho de las madres trabajadoras durante la última fase del embarazo y después del parto.

La licencia de maternidad prenatal, que está encaminada a proteger el desarrollo del feto y permitir el nacimiento de un bebé sano, y la pos parto, que se relaciona con el periodo de lactancia.

Lo anterior toma relevancia a partir de que el Estado mexicano, de conformidad con el artículo 4o. constitucional tiene la obligación de garantizar condiciones igualitarias entre hombres y mujeres, tomando en cuenta que esta equidad debe ser diferenciada debido al papel de la mujer que durante el proceso reproductivo tiene de dar a luz.

Diferentes organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo aseguran que las embarazadas y las madres en periodo de lactancia requerimos una especial protección para evitar daños a nuestra salud y a la de nuestros hijos.

Necesitamos, por un lado, de un tiempo adecuado para dar a luz y recuperarnos, y por el otro, el de la lactancia. Al mismo tiempo requerimos una protección que nos garantice que no vamos a perder nuestro empleo por el solo hecho de estar embarazadas, o de la incapacidad por maternidad.

La licencia de maternidad es un derecho de las madres trabajadoras durante la última fase del embarazo y después del parto.

Actualmente, la Constitución establece que la mujer goza de 12 semanas de licencia, seis previas y seis posteriores al parto. Sin embargo, dicha regla se encuentra por debajo de los estándares internacionales, pues conforme al Convenio 183, relativo a la protección de maternidad, de la OIT, toda mujer tendrá derecho a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas. Sí, de 14 semanas, dos más que las establecidas en nuestra Constitución.

De un estudio realizado por la OIT a 185 países, solo 53 por ciento cumple con la norma internacional. Compañeros diputados, la presente iniciativa busca estandarizar nuestra Constitución a lo que prevé el Convenio 183 de la OIT; por lo que es necesario reformar el artículo 123, Apartado A, fracción V, y Apartado B, fracción IX, inciso c) constitucional, aumentando la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tomando en cuenta que el embarazo, el parto y el periodo de posparto son etapas de especial atención para la salud de la madre y el bebé.

Ante la mayor participación de nosotras en el mercado laboral, requerimos de un constante compromiso que nos garantice la protección de nuestros derechos. Es nuestro deber legislar y formular leyes más justas que contemplen otorgarles a las mujeres trabajadoras las facilidades necesarias para desempeñarse integralmente y de forma igualitaria en todos los ámbitos.

Es por eso que también me encuentro trabajando en otra reforma al artículo 123, referente a los descansos extraordinarios durante el periodo de lactancia, extendiéndolos de 30 a 60 minutos.

Los enormes beneficios de la lactancia materna a lo largo de los primeros meses del bebé traen consecuencias inmediatas y futuras en cuanto a la salud de la madre y el hijo.

De forma paralela, tiene efectos positivos en la economía de las empresas ya que asegurar la salud del pequeño se traduce en reducción del 30 al 70 por ciento en faltas; reduce el costo de atención a la salud y el número de permisos para asistir a consulta médica o ausentarse por enfermedad.

Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de representar los intereses y necesidades de los mexicanos. Es por eso que los invito a tomar conciencia. El aumento de 12 a 14 semanas de licencia de maternidad garantiza la salud de las mujeres embarazadas y de las madres en periodo de lactancia, así como de sus pequeños y la protección contra discriminación en el trabajo, lo cual es fundamental para constituir un México más próspero y moderno, que vele por futuras generaciones más sanas y competitivas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Corona Valdés. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el diputado José de Jesús Galindo Rosas. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a presentar una iniciativa para reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la prohibición del matrimonio infantil en todas las entidades federativas.

Quiero decirles que desde hace muchos años, México ha participado muy activamente en las convenciones internacionales por la defensa de los derechos de los menores, de los niños, las niñas y los adolescentes. Incluso, desde el año de 1989, el gobierno de nuestro país suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y con ello se comprometió a cumplir una serie de medidas para garantizar en todo el país la protección y el bienestar de las personas menores de 18 años.

Posteriormente, como parte de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano a nivel internacional, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 4o. y 73 para establecer que el Estado mexicano velaría por el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez y garantizaría de esa manera plena el ejercicio de sus derechos.

Esta reforma constitucional salvaguardó los derechos de los menores y también ordenó al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la federación y las entidades federativas, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando, insisto, por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México forma y es parte.

En cumplimiento de su deber constitucional, el Congreso de la Unión expidió en el año 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ella estableció principios generales y disposiciones muy específicas que mandata a las legislaturas locales de las entidades federativas de nuestro país a reformar sus ordenamientos en un plazo de 180 días naturales, a fin de establecer como requisito para contraer matrimonio el contar con la mayoría de edad.

De manera significativa y simultánea, con este esfuerzo legislativo, la Conago, la Comisión Nacional de Gobernadores, también emprendió acciones para impulsar acuerdos a nivel local, a fin de homologar las legislaciones locales con los principios de los derechos humanos plasmados en la Constitución y con las disposiciones de la Ley General.

Como fruto de estos acuerdos, varios congresos locales ya actualizaron su marco jurídico y aprobaron reformas para proteger el interés superior de la niñez y establecer, dentro de los requisitos para contraer matrimonio, el contar con los 18 años de edad.

Sin embargo, compañeros y compañeras, a pesar de estos acuerdos, aun existen nueve entidades federativas en nuestro país que se resisten a cambiar sus ordenamientos y aun mantienen el matrimonio infantil dentro de sus códigos civiles y familiares.

Tal es el caso de los estados de Sonora, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León y, aunque no lo crean –con todo y su nueva Constitución–, la Ciudad de México, en donde el matrimonio infantil es legal, lo cual es muy lamentable porque representa una violación a los derechos humanos y una transgresión a la dignidad y al desarrollo de los menores.

Además, coloca a nuestro país como el ejemplo de la vergüenza mundial, porque al mantener el matrimonio infantil en por lo menos nueve entidades del país, estamos siendo omisos con principios fundamentales y estamos consintiendo una situación que es considerada por las Naciones Unidas como abuso infantil y explotación en contra de los menores, y lo peor, que esto se lleve a cabo bajo el amparo y al margen de la ley.

Por todo lo antes expuesto, considero que es indispensable establecer a rango constitucional la prohibición del matrimonio infantil, ya que como legisladores federales tenemos la responsabilidad de proteger el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes de este país.

Así que yo hago voto, compañeros y compañeras, porque las cámaras de este Congreso tengan la sensibilidad suficiente para avalar dicha reforma. Es cuanto, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Juárez Blanquet. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García:Con su venia, presidenta. Compañeros diputados y diputadas, en los últimos años se han consolidado diversas reformas estructurales, entre ellas la reforma energética y la reforma del combate a la corrupción.

La primera pretende fortalecer las instituciones del Estado, encargadas de la dirección de la política energética para optimizar y potencializar la capacidad que tiene México en este rubro, garantizando el control que tiene el Estado en todas las etapas de la producción de hidrocarburos y generación de energía.

Es así que se fortalecieron las atribuciones tanto de la Secretaría de Energía, como rectora de la política pública, como de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía.

Para ello también se transformaron a dos de las principales paraestatales del gobierno federal en empresas productivas del Estado, por lo que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, tienen ahora mayor independencia en su gestión, sin dejar de rendir cuentas al Ejecutivo federal.

Por su parte y de manera fundamental, para generar desarrollo y sobre todo en los tiempos como los actuales, el manejo de los recursos energéticos debe llevarse a cabo con la mayor eficiencia y con total transparencia y responsabilidad.

Es por ello que el día de hoy propongo ante esta tribuna que tanto los titulares de las empresas productivas del Estado como los comisionados que integran los órganos reguladores, coordinados en materia energética, sean sujetos de juicio político. Los titulares de las empresas productivas del Estado no deben quedar exentos de la vigilancia por parte de esta soberanía, y ello es lógico en atención a lo siguiente:

Primero, las empresas productivas del Estado son del gobierno federal, y sus titulares son nombrados por éste y aunque tienen un régimen especial, el Congreso de la Unión no puede mantenerse ajeno al ejercicio eficiente sus funciones.

Por otro lado, los comisionados de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, fueron nombrados a propuesta del presidente de la República por el Senado, y ello implica una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, pues de hecho son los árbitros en las diversas decisiones que deben tomarse para propiciar mayor y mejor competencia en el mercado de hidrocarburos y electricidad, y que se refleje en beneficio de los consumidores.

En síntesis, la relevancia del trabajo que desempeñan estos servidores públicos y el impacto que tienen en el desarrollo nacional hacen necesario nuevos mecanismos de escrutinio público.

De aprobarse esta propuesta, los comisionados que integran los órganos reguladores coordinados en materia energética, estarían sujetos a juicio político al igual que los comisionados del INAI, los encargados del banco central y los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional debemos señalar que la administración y la poca transparencia con la que se ha conducido el actual gobierno en lo relativo a la política energética, deja mucho que desear.

Como ejemplo tenemos el caso del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, quien durante su encargo se dedicó a sangrar la paraestatal a través de gastos excesivos y a todo lujo. Esto está documentado en el informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2015, entregado a esta Cámara y al cual estaremos dando puntual seguimiento.

En el PAN creemos que a la luz de las reformas en materia de combate a la corrupción, los entes públicos mencionados en el rubro energético no pueden quedar exentos de responsabilidades y menos de sanciones ejemplares por aquellas acciones u omisiones que llegaren a realizarse en perjuicio de los intereses públicos nacionales.

En este sentido, la iniciativa que hoy presento cobra gran relevancia, porque constituye un acto que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Alfaro García. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda, la diputada Verónica Delgadillo García y el diputado Carlos Lomelí Bolaños, todos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Verónica Delgadillo García:Gracias, señora presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros, señoras y señores, para poder hablar del bienestar de la humanidad resulta muy importante también hablar de los mecanismos para garantizar un medio ambiente sano para todos nosotros, para el planeta y para todos los que habitan en él.

En México, a pesar de que contamos con diferentes leyes, instituciones y organismos para la protección del medio ambiente, resulta claro y evidente que no contamos con una política eficaz para proteger al medio ambiente. Los esfuerzos que se han llevado hasta el día de hoy han sido insuficientes y lamentablemente en muchas ocasiones estos esfuerzos se han politizado y partidizado, todo esto e detrimento de la calidad del medio ambiente de nuestro país.

Es por esta razón que, aunque México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en biodiversidad, nuestra riqueza de biodiversidad se encuentra amenazada por muchísimos factores, pero sin duda uno de ellos y que puede ser controlado se debe a los desechos y residuos de plásticos que se generan todos los días.

Para dimensionar el tamaño del daño que le estamos haciendo a nuestra naturaleza, al medio ambiente, es importante reflexionar cómo cada día en México y en el mundo entero desechamos muchísima muchísima basura. Este daño implica que todos los días utilizamos bolsas de platico como ésta, indiscriminadamente, llegamos al súper, una, dos o cinco bolsas que nos entregan por solo ir a hacer las compras, o también como vasos de este tipo o de este tipo o los popotes. Todos ellos, todos estos materiales van a dejar una huella contaminante que va a permanecer en este planeta mucho más tiempo que todos nosotros. Esa huella contaminante puede tardar incluso hasta mil años en desaparecer en el caso de los vasos de unicel.

En México, para que tomen nota, cada año se generan 6.1 millones de toneladas de residuos plásticos, y de esos, 270 mil toneladas van directamente a nuestros mares dañando la vida de todas las especies que ahí habitan.

Además del evidente daño que nosotros estamos generando al medio ambiente, estos residuos plásticos que son altamente contaminantes, afectan la salud de todos nosotros. Y para que tomen en cuenta, se dice, lo dice el Imco, que 5 mil muertes y 700 millones de pesos al año son generados por cuestiones relacionadas con los contaminantes que generan este tipo de plásticos, con los contaminantes que generan este tipo de productos y desechos.

Es por eso que el día de hoy mis compañeros, Clemente Castañeda, Carlos Lomelí y su servidora, presentamos esta iniciativa que busca fundamentalmente dos cosas. La primera es prohibir el uso de bolsas de plástico, que ya lo han logrado algunos otros países, como Marruecos, Mauritania, Uganda, entre otros. También prohibir el uso de popotes, que son altamente dañinos, algunos de ustedes pueden acceder a videos en internet, en los que estos productos son extraídos de tortugas o de ballenas, y también de prohibir el uso del material de unicel, que como les decía tarda hasta mil años en desaparecer de la tierra.

Esta es la primera parte de la iniciativa, y la segunda busca crear un programa nacional de manejo y sustitución plásticos, que reemplace todos estos productos por otros que hayan sido hechos con materiales biodegradables, que no van a dañar a nuestro medio ambiente.

Esta propuesta se suma a una serie de iniciativas que ya hemos presentado en Movimiento Ciudadano, que sin duda buscan proteger y cuidar el medio ambiente y también la salud de todos nosotros.

Señoras y señores, es realmente increíble cómo objetos como estos, que los usamos solo por fracciones mínimas de tiempo, que además no son indispensables para nuestra vida, vayan a permanecer en este planeta mucho más que civilizaciones enteras.

Es indignante que por nuestro egoísmo como seres humanos y por nuestra irresponsabilidad, la vida de especies animales esté en peligro, debido a todas las toneladas de basura de desecho plástico que lanzamos a nuestros mares y a nuestras tierras. Los seres humanos tenemos la responsabilidad ética de cuidar el medio ambiente.

Compañeros y compañeras, hagamos que nuestro legado, que el legado de nuestra civilización no sean toneladas de basura, y en tanto que se aprueba esta iniciativa, los invito a que conscientes del daño que tiene para el deterioro del medio ambiente, de la naturaleza, de los animales que habitan en ella e incluso el deterioro a nuestra salud, cada que lleguemos a un espacio comercial, a un supermercado, podamos contestar, sin olvidar que todos los esfuerzos que estamos haciendo pueden transformar la realidad de este planeta y que cada que lleguemos a estos espacios, no nos olvidemos de decir: sin bolsa, por favor. La naturaleza nos lo agradecerá, muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Delgadillo García. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor. ¿Con qué objeto?

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Con la solicitud a mi compañera Verónica Delgadillo, de adherirme a su iniciativa, ya que es un compromiso y, sobre todo, que tan acertadamente el día de hoy le toca presentarla, que es el Día Internacional del Árbol y es el compromiso que debemos tener de cuidar nuestros árboles, nuestros mares y, sobre todo, el planeta.

No tenemos otro planeta los seres humanos a dónde irnos, así que es nuestra responsabilidad cuidar este que tenemos. Gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La diputada ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Francisco Javier Prieto... Pinto.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Estoy medio prieto, dicen aquí mis compañeros. Presidenta, nada más con la molestia de solicitarle a nuestra compañera Verónica si nos permite también, de igual manera, adherirnos a su iniciativa. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muy bien, diputado Pinto. Está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la democracia es un elemento fundamental para el desarrollo y bienestar de una nación.

Para vivir en democracia es indispensable contar con una verdadera representatividad en los órganos de poder público, que prepondere la inclusión, la pluralidad política y el respeto a los derechos políticos de las minorías.

El signo más claro de una democracia sana lo vemos en la composición de este Congreso, donde diferentes voces de la ciudadanía se encuentran representadas y son escuchadas a través de los partidos políticos y, ahora también, de los legisladores independientes.

La pluralidad significa aceptar opiniones, debatir ideas e ideologías diversas, como consecuencia directa de nuestro sistema político mexicano.

En los últimos meses los partidos políticos de antaño han suscrito diversas propuestas en materia político-electoral, con las que pretenden reconfigurar el régimen político en esta Cámara de Diputados, pretenden callar las voces que difieren, las voces que proponen.

En Nueva Alianza no coincidimos con estas pretensiones que atentan contra la democracia, sabemos que es insoslayable una reforma, México lo requiere, estamos comprometidos a llevarla a cabo, pero pugnamos porque esta no socave la representatividad, sino que aliente la participación de todas las expresiones que conforman el mosaico ideológico mexicano.

La representación proporcional da lugar a la participación de las minorías políticas en el Poder Legislativo, al abrir espacio a la diversidad y garantizar la incidencia electoral de los ciudadanos, la cual es de suma importancia para construir gobernabilidad.

La actual democracia mexicana, esencialmente plural, no se explicaría ni se entendería sin este elemento. Sabemos que el trabajo que desarrollamos las y los legisladores, atraviesa por una crisis de credibilidad derivada de un desprestigio ante la ciudadanía que, en muchos casos, se ha dado debido a la falta de productividad, la falta de consensos y la tardanza en el proceso para aprobar las iniciativas, leyes y decretos que coadyuvarán a la conducción de nuestro país. Todo ello aunado a los altos costos que representa la burocracia legislativa.

En Nueva Alianza nos hemos propuesto recobrar la confianza perdida y dignificar la labor legislativa. Creemos que México está preparado para construir un sistema virtuoso en el que prive la política de altura y los debates no se pierdan en la ambigüedad y la política barata.

Lo que proponemos es atender la legítima demanda ciudadana de hacer más eficiente el Poder Legislativo, transformándolo en un sistema unicameral, con un menor costo económico que atienda con prontitud los cambios que exige nuestra sociedad, erradicando la duplicidad de los asuntos legislativos, generando más y mejores consensos políticos, eliminando intereses sesgados y subsanando la situación económica y social por la que atraviesa el país.

Hablamos de comenzar de cero y crear un cuerpo legislativo único, con 500 integrantes electos por mayoría relativa y representación proporcional, donde todos y cada uno de los ciudadanos se sientan realmente representados.

Buscamos construir un Congreso federal fuerte y fresco, que se abra al debate para convertirse en un real equilibrio del Poder Ejecutivo, donde no tengamos legisladores de primera y de segunda, sino congresistas comprometidos con el pueblo de México, guiados por una agenda 2.0.

Sin duda alguna, la representación proporcional nos ayuda a la consecución de esta meta, al responder estrictamente a la voluntad plural del electorado y eficientar y profesionalizar las labores llevadas a cabo por este nuevo Congreso.

Si hablamos de aspectos económicos, con dicha transformación se tendría un ahorro de casi cinco mil millones de pesos al año, más un adicional que representa cada seis años el proceso de elección. Con dicha propuesta trabajaremos para lograr la construcción de más hospitales, abastecimiento de medicamentos y atención para tu salud.

Fortalezcamos los programas del campo. Crearemos nuevos centros de desarrollo regional para que el ciudadano encuentre trabajo con un salario digno y, asimismo, impulsaremos más educación, la construcción y equipamiento de más escuelas y universidades. Porque solo con educación de calidad, con equidad, podremos abatir la pobreza y la desigualdad social.

Compañeras y compañeros legisladores, como partido comprometido con las causas sociales, nuestra génesis es reformista y entendemos que esta propuesta constituye un avance en el sistema político mexicano.

Nueva Alianza pugnará por una agenda plural que fortalezca la representación de todas las ideas en nuestras instancias decisoras de gobierno. Buscamos que nadie se quede sin ser escuchado, haciendo posible que la voz de las minorías se encuentre presente en las decisiones de las mayorías. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Valles Mendoza. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de nuestra compañera diputada Saldívar. Adelante, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicitarle a nuestro coordinador, el diputado Valles, nos permita adherirnos a esta iniciativa, donde propone un nuevo sistema unicameral.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: ¿Tiene algún inconveniente?

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (al pie de la tribuna): No.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado Mendoza Valles ha aceptado. Por lo tanto, está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo, diputada presidenta, para cubrir la formalidad de solicitarle aquí en el pleno al diputado Ángel de la Piedra, que hace unos momentos leyó una iniciativa que favorece a las radios comunitarias del país, que nos permita a algunos miembros de la bancada adherirnos. Se leyó hace nos momentos. Solamente que le pudiera preguntar y cubrir esa formalidad.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ya el diputado ha aceptado la suscripción y está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva, diputado.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto, de alumnos de la Universidad de Tecamachalco, Puebla. Invitados por la diputada Lilia Arminda García Escobar. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario. De igual forma, saludamos la presencia de alumnos de la Preparatoria Número 4, ubicados en la comunidad de Vidal Castañeda y Nájera, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Invitados por el diputado José Santiago López. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE DERECHOS CULTURALES

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Cristina Gaytán Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Derechos Culturales, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, presidenta. El día de hoy, a nombre de la Comisión de Cultura y Cinematografía, presento la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Culturales. Esta iniciativa surge del compromiso establecido entre el Ejecutivo y el Legislativo para construir la reforma cultural más importante de los tiempos recientes para nuestro país.

Dicha ruta inició con la creación de la Secretaría de Cultura y su segundo paso trascendental sería discutir y aprobar una ley general para definir el rumbo que debe seguir la Secretaría de Cultura y nuestra política cultural.

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fecha 17 de marzo de 2016, emitió el acuerdo para la discusión y elaboración de la iniciativa de la Ley Reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4o. de la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho acuerdo estableció la celebración de 10 audiencias de carácter público con el objeto de debatir, discutir y tomar decisiones respecto a los temas que integrarán la iniciativa de una ley de cultura. Las y los diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía, a partir de las conclusiones obtenidas en dichas audiencias públicas, convocamos a un consejo redactor que elaboraría de manera honorífica un documento orientador, fungiendo como herramienta fundamental en esta iniciativa.

Así, después de 10 audiencias, más de 200 ponencias, nueve sesiones de trabajo del consejo redactor y habiendo entregado como trabajo final el documento orientador hacia una Ley General de Derechos Culturales, hoy presentamos a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Derechos Culturales.

Quiero aprovechar esta tribuna para agradecer a nombre de la comisión el trabajo y compromiso con esta tarea que sin lugar a dudas será referente de colegiación con especialistas y protagonistas de la cultura de nuestro país.

Agradecemos al consejo redactor y a la representación del consejo que se encuentra hoy aquí. A Lucina Jiménez, a Cecilia Genel, a Eduardo Nivón y también a Enrique Márquez Almazán su presencia, y a todo el consejo redactor.

A Carlos Lara, a Carlos Villaseñor, a Celso José Garza Acuña, a Eduardo Cruz, a Eduardo Nivón, a Enrique Manuel Márquez, a Eduardo Piedras, a Juan Gerardo Cazares, al maestro Flavio Marlino Guzmán, al diputado constituyente José Alfonso Suárez del Real, a Lucina Jiménez –de nuevo– y particularmente también a la representación de la Unesco en la persona de Nuria Sanz Gallego, que acompañó todo el tiempo estos trabajos. También a Raúl Ávila, que sin lugar a dudas formó parte muy importante de este proceso.

Si bien este documento resume largas y dedicadas sesiones de nuestro consejo redactor, resume también la experiencia de años de trabajo y estudios de la vida, instituciones y políticas culturales en este país.

Dentro de los aportes que tiene esta iniciativa queremos resaltar que establece un marco conceptual de principios que dará vida a una visión de los derechos culturales y de la política cultural, acorde a las necesidades del siglo XXI.

En esta iniciativa se reconoce la diversidad cultural y la interculturalidad como elementos centrales de la vida cultural. Reconoce los derechos fundamentales, define los derechos culturales y su indivisibilidad y da cauce a su más amplio ejercicio.

Reconoce y vuelve viable la complementariedad de los aspectos culturales, económicos, ambientales y sociales del desarrollo; la coordinación también de la federación, estados y municipios.

Da prioridad al vínculo educación-cultura, respetando las competencias establecidas con el sistema educativo, reconocer el papel de artistas, promotores culturales, técnicos y profesionales del sector cultural y artístico, además de reconocer la obligatoriedad de la actualización de la infraestructura cultural.

Establece las bases para la definición de políticas fiscales y mecanismos de consolidación de fondos como el Fonca, establece las bases para promover el acceso y la producción de contenidos en audiovisuales y digitales, además de reconocer y dar cauce a la solidaridad y la cooperación internacionales, a la promoción de las expresiones de la diversidad cultural de México y los mexicanos fuera del país.

Los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados, estamos convencidos de que la iniciativa para crear la Ley General de Derechos Culturales, permitirá la suma de esfuerzos institucionales, sociales y políticos para hacer de México un ejemplo internacional en materia de cultura y desarrollo sustentable, así como convertirse en la garantía del más pleno ejercicio de los derechos culturales, lo cual redundará en el engrandecimiento de nuestra diversidad cultural y en la mejora de la calidad de vida, la convivencia y la paz de todas las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Gaytán Hernández. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322, 323, y 324, de la Ley General de Salud.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos: Con su venia, presidencia; compañeras, compañeros diputados, el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes una iniciativa que ha quedado pendiente en el debate de esta honorable asamblea. La donación de órganos es un tema en el que confluyen diversas opiniones, y su debate seguramente generará algunas pasiones.

La iniciativa que vengo a proponer hoy, es con el fin de que el marco legal en materia de salud genere las condiciones para hacer un nivel superior de la donación de órganos. Es evidente que entre los mexicanos nos ha faltado solidaridad para temas de tanta delicadeza como lo es la donación de órganos y tejidos, los cuales pudieran salvar cientos o miles de vidas.

Debemos ser contundentes y firmes ante este tipo de problemáticas en la salud del país, y construir leyes que garanticen la donación de órganos a plenitud. Para ilustrar y mejorar la problemática, expreso algunas cifras oficiales.

El informe anual del sistema informático del Centro Nacional de Trasplantes señala que 7 mil 486 personas se encuentran registradas en el Cenatra, en espera de corneas solamente, y desde el año 2005, las donaciones del tejido han venido a pique hasta llegar a un 45 por ciento de posibilidades de ser receptor beneficiado.

El mismo informe anual señaló que existen 12 mil 477 personas en espera de donación y trasplantes de riñón, y no obstante, que las posibilidades de recibir un trasplante es casi el 10 por ciento solamente, 852 donaciones provinieron de persona fallecidas.

El año pasado 376 personas estuvieron en la lista de espera de hígado. Sin embargo, sólo se llevaron a cabo 178 donaciones y trasplantes del mismo, el resto sigue en espera y la cifra de personas ha aumentado a 384 en este año.

Respecto al corazón, un órgano con menos pacientes en espera de trasplantes es el más difícil de poder encontrar donadores. El año pasado el Cenatra registró 49 personas en espera de corazón, y de ellas solamente se atendieron 34 personas que pudieron ser sometidas a cirugía y este año la cifra ya asciende a 52 solicitudes; esto cabe señalar que son únicamente los registrados que Cenatra tiene.

Es notable, entonces, que la demanda supera por mucho las posibilidades de oferta de donación y que año con año, día a día se reportan fallecimientos de potenciales donadores a los que se les aprovecha la oportunidad de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.

Países como España han modificado ya su marco legal, haciendo de la donación un aspecto obligatorio y hoy por hoy son el país con mayor donación de órganos en todo el mundo. Creo firmemente que como sociedad hemos cambiado, y nuestro pensamiento evolucionado nos permitirá contar en nuestro marco legal con las donaciones obligatorias, sin que por ello se trasgreda la voluntad o garantía del ciudadano.

Los artículos que propongo modificar, son los artículos 322, 323, 324 de la Ley General de Salud y que en ellos se garantice a plenitud la donación de órganos en nuestro país.

Quiero, por último, expresar que estamos perdiendo año tras año, mes tras mes, día tras día recursos muy valiosos, que es el recurso humano por falta de solidaridad. No por ello olvido las libertades de las que gozamos. Y en la reforma que propongo también se garantiza la libertad como derecho universal.

Siendo consecuente con este ideal hemos respetado en la reforma las decisiones de las personas que no deseen donar, pero también creemos que gobierno y sociedad debemos elevar nuestra consciencia y plasmar nuestra solidaridad a esta reforma que propongo. En el pasado hemos cambiado para bien y creo el futuro muy esperanzador no sólo para enfermos en espera de alguna donación, sino para todos los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Barrientos Ríos. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Javier Herrera. ¿Con qué objeto, diputado? Si me ayudan, por favor, Servicios Parlamentarios, para tener sonido en la curul del diputado.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Básicamente para adherirnos a la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Ángel, pero también aprovechar para hacer un exhorto a la Comisión de Salud.

Hay sendas iniciativas, por lo menos que recuerde, una presentada por el Partido Verde, otra por el Revolucionario Institucional, otra por Movimiento Ciudadano, en todas en el mismo sentido, con el mismo matiz, intentar buscar por una donación de órganos que sea más acorde con la realidad del país.

El exhorto es hacia la Comisión de Salud, que apure y recoja estos dictámenes, y la dictamine. Hay consenso como pocas iniciativas en el ámbito político el día de hoy. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Barrientos Ríos, ¿tiene algún inconveniente en que sus compañeros suscriban la iniciativa?

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (desde la curul): Adelante. No tengo inconveniente, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada María Cristina García. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Cristina Teresa García Bravo (desde la curul): Presidenta, con su permiso. Para pedirle, por favor, al diputado que acaba de presentar su iniciativa que si nos permite adherirnos como grupo parlamentario a la misma. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada García. El diputado ha aceptado la suscripción y está a disposición en la Secretaría de esta Mesa Directiva, para la suscripción correspondiente.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Javier Herrera Borunda. Dicha iniciativa, la primera, es con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, suscrita por los diputados integrantes del Partido Ecologista de México.

Una segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeros, en un régimen democrático la legitimidad es un elemento indispensable para gobernar, y más aún para transformar al país. Lamentablemente, la configuración del sistema político actual, dada la correlación de fuerzas hace que los procesos electorales sean más un factor de división y de desgaste para el Ejecutivo, que un incentivo para la unidad nacional de los mexicanos.

Hoy, sin duda se ha abierto un debate en el escenario nacional sobre cuáles deben de ser los mecanismos que se deben de adoptar para reforzar nuestro sistema político. Hemos visto ya en esta tribuna las propuestas de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, pero también en casi todas las mesas de debate las propuestas y las expresiones de todos los partidos políticos, el común denominador es cómo legitimar los Poderes, cómo transparentar su actuar y sobre todo eficientar su ejercicio.

Por eso reconocemos que es el momento óptimo para adentrarnos en una reforma político de gran calado. No hacerlo representa un obstáculo para que la diversidad de ideas que hoy caracteriza a la sociedad mexicana, esté bien representada ante el Estado. No sentirse bien representado lleva al enojo social, compañeros, lleva al estancamiento nacional, lleva al inmovilismo político y por ende lleva a la ingobernabilidad.

En este contexto procedo a exponer las iniciativas que el Partido Verde presenta, una al texto constitucional y otra más a la ley secundaria, con la esperanza de responder a esos reclamos de la sociedad.

Proponemos, en concreto, establecer una segunda vuelta electoral en comicios electorales presidenciales, así como los gobiernos de coalición en el ámbito federal, pero con unas salvedades que a continuación enuncio.

En la democracia actual del país, el que gana la elección a la Presidencia lo hace en el mejor de los casos con un tercio de la votación; es decir, dos terceras partes de los que acuden a las urnas no votaron por ellos, sobre todo son esas dos terceras partes la mayoría. Por eso, desde un principio, el proyecto de nación que encabeza el ganador nace trunco y va contracorriente y muchas veces naufraga.

En tal virtud, proponemos que para ser electo presidente de México se deberá ganar con más del 50 por ciento de la votación. En el supuesto que de ningún candidato a la Presidencia obtenga el porcentaje de votación señalado, el candidato con el mayor número de votos deberá informar al INE, por escrito, si opta por establecer un gobierno de coalición o ir a una segunda vuelta electoral.

¿Cómo funcionaría el gobierno de coalición? Se deberá integrar con los partidos políticos que representan más del 50 por ciento de la integración de la Cámara que está por iniciar su periodo.

El gobierno de coalición será establecido mediante la suscripción de un convenio, que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, que se encuentren presentes en esa sesión.

El convenio correspondiente deberá contener el nombre de los partidos políticos coaligados; el programa de gobierno; el nombre de los ciudadanos propuestos para ocupar las titularidades de las secretarías de Estado y también de las empresas productivas del Estado; la agenda legislativa en común que tendrán los partidos coaligados; el acuerdo y los acuerdos necesarios que deberán tener para desempeñar un buen gobierno.

En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe la conformación del gobierno de coalición, el INE llevará a cabo la segunda vuelta electoral.

Ahora bien, si ningún candidato a la Presidencia obtiene el 50 por ciento de la votación y el candidato con el mayor número de votos informa al INE que opta por la segunda vuelta, en esta contenderá también el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la primera elección.

En este supuesto no será necesaria la integración de un gobierno federal de coalición, pero sí nuestra iniciativa establece un esquema para la rectificación de los miembros del gabinete del Ejecutivo federal, donde participa el Congreso de la Unión con un espíritu de pesos y contrapesos, excluyendo claramente de esta ratificación a los titulares de Defensa Nacional y de la Marina, por las características tan estratégicas que representan su nombramiento para el Ejecutivo federal.

Asimismo proponemos que la Secretaría de Gobernación transite hacia una que sea organizadora del gabinete, cuyo titular se deberá denominar jefe de gabinete y se desempeñará como coordinador de todas las secretarías de Estado.

La reforma, como pueden ver, compañeros, es robusta, contempla mecanismos, contempla varios detalles, que en el texto de la misma los invito a que la lean, pero no solo que la lean, las comenten y la construyan junto con nosotros.

Es tiempo de cambiar para lograr que la conformación de los proyectos de nación en la que participamos todos esté mejor representada. En esa misma medida construyamos gobiernos más fuertes, con un amplio respaldo social que permitan al Ejecutivo y al Legislativo compartir responsabilidades para gobernar. Hoy gobernar también es legislar. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Herrera Borunda. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso de la diputada presidenta. Hay un tema que sorprendente se ha analizado poco y que me parece fundamental para que podamos tener un uso eficiente de los recursos públicos y realmente avanzar en el combate a la corrupción, y tiene que ver con la profesionalización y la independencia de los órganos de fiscalización superior. Es decir, los órganos técnicos de los poderes legislativos locales en materia de fiscalización del gasto.

La experiencia de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal no es mala, la calidad de la auditoría es aceptable, las reformas que se han aprobado van en el sentido correcto, justo de poder encontrar en dónde sí existen responsabilidades penales y la mayor parte de los desvíos.

Vamos a ver si en los próximos años estas nuevas atribuciones que le dimos a la Auditoría Superior de la Federación realmente se pueden concretar en hallazgos importantes y en poder combatir a la corrupción.

Pero los órganos de fiscalización locales, prácticamente en un cien por ciento son controlados por el Poder Ejecutivo en turno. Ahí hay cero independencia y poca calidad en la auditoría que se realiza.

Es por eso que podemos tener hoy casos como el de los Duarte, casos como el del Chihuahua, como el de Veracruz, como el de Quintana Roo, donde evidentemente los órganos encargados de fiscalizar los recursos no hicieron ni la décima parte de la tarea que les corresponde.

Ahí hubo una falla muy seria de quien estaba encargado de fiscalizar el ejercicio de los recursos y los podemos ver en las irregularidades enormes que se cometieron y que muchas de ellas, por cierto, sí fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación hace algunos años de anticipos.

Por eso la reforma que estoy proponiendo, utilizando las facultades que hoy tiene esta Cámara en materia de fiscalización y de evaluación de los recursos públicos locales. Por eso hoy la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar las participaciones, que en teoría son los recursos que las entidades reciben porque renunciaron a potestades tributarias, el famoso pacto de coordinación fiscal, pues también las tendría, en todo caso, de poder normar las atribuciones y las características de los órganos de fiscalización locales.

Esos tendrían que ser órganos que de manera obligatoria tendrían que fiscalizar las mayores áreas de riesgo en la administración pública, y que tendrían que pasar por un proceso de selección que garantice la independencia de las personas que los están encabezando.

Si no somos capaces de que a nivel local se fiscalicen de manera precisa los recursos públicos, todo el andamiaje que estamos construyendo en materia de combate a la corrupción tendrá una falla muy seria.

Habría que decir que la mayoría de las auditorías que la propia Auditoría Superior de la Federación realiza del ejercicio de los recursos federales en los estados y en los municipios, en realidad las realiza en coordinación con las auditorías superiores locales. Lo cual, eso nos genera un problema de falta de capacidad de poder detectar las irregularidades, debido a que estos órganos no tienen la capacidad técnica ni la independencia ni los incentivos para hacerlo.

Así como hemos legislado para que los órganos estatales de transparencia tengan mayores estándares y tengan mayores garantías en cuanto a su independencia, el énfasis debe estar en este momento en que a nivel local los órganos superiores de fiscalización sí sean independientes y sean capaces.

Si esto lo hubiéramos tenido en este país, los enormes e increíbles escándalos que sucedieron en Veracruz, en Chihuahua y en Quintana Roo, prácticamente no hubieran sucedido o cuando menos no hubieran sucedido en esta magnitud.

Vivimos una terrible crisis institucional en la fiscalización del gasto público a nivel local y podemos resolverlo, en parte, con mayores atribuciones a órganos como la Auditoría Superior; pero sobre todo, con independencia y con capacidad técnica de los órganos locales de fiscalización.

Creo que tendremos que iniciar una ruta en este sentido y poder ver en el mediano plazo órganos superiores de fiscalización local que sean independientes y que sean capaces. En ese sentido va mi propuesta de reforma.

Es algo en lo que habíamos insistido en el momento en que dispusimos la Ley de Fiscalización, que es la ley que norma a la Auditoría Superior de la Federación. Pero al no ser una ley general, esa ley no podía normar necesariamente a los órganos locales.

Por lo tanto, el camino que proponemos es que sea la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción la que establezca una serie de requisitos en el nombramiento de los auditores superiores locales y en las propias facultades de los mismos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Llerenas Morales. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. y adiciona el artículo 7 Bis y 7 Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Con la venia de la Presidencia. Con motivo del llamado gasolinazo, atendiendo a la demanda de los ciudadanos, presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara interpusieron un amparo para dar marcha atrás al aumento diferenciado entre los combustibles en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a las autoridades municipales que no procedía el instrumento legal promovido por no ser una persona jurídica que haya sido afectada por el alta de los combustibles. Es decir, los municipios solo pueden solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se les afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

Sin embargo, considero que una parte importante de respetar las instituciones es que éstas puedan ser utilizadas por la ciudadanía para que representen a los votantes que las eligieron y los defiendan ante actos de otra autoridad.

Uno de los grandes avances en materia de amparo fue el interés colectivo precisamente, sin embargo le faltó a la ley prever a los presidentes municipales y que estos o los gobernadores quienes han sido electos por la mayoría de los habitantes que representan del lugar de residencia de estos, deban tener la personalidad para poder interponer a nombre de la ciudadanía, un amparo ante actos de la federación o, en su caso, de los gobernadores aludiendo al interés colectivo.

Es decir, si ya los elegimos para que nos gobiernen al ser responsables de garantizar nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra educación, nuestros derechos humanos, deban estar facultados también para defender cualquier tipo de derecho de sus gobernados, es decir, que cualquier presidente municipal o gobernador puedan o deban actuar ante violaciones de nuestros derechos plasmados en la Constitución.

Con esta iniciativa pretendo elevar la discusión y debatir respecto de nuevas facultades para que nuestros gobernantes estén a la altura de las demandas ciudadanas y no se limiten a ser testigos de lo que otras autoridades puedan hacer en detrimento de la calidad de vida de los conciudadanos, ésta sería una herramienta más que le daría fortaleza a los ciudadanos y permitiría que los gobernantes en cada uno de sus niveles dejen de ser espectadores y se conviertan en verdaderos representantes ante la federación de los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Zamora Zamora. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Ramón Bañales Arambula:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Un saludo a los que nos ven por el Canal del Congreso, el día de hoy vamos a presentar una iniciativa de interés para todos los mexicanos.

Quiero agradecer a mis compañeras diputadas y diputados que suscribieron la presente iniciativa. Con la venia de la Presidencia y de la Mesa Directiva, el día de hoy vengo a presentar esta iniciativa que es producto de una inquietud personal, pero también del reclamo de muchas personas que día con día trabajan en la vida privada del país y que buscan mejores condiciones laborales para ellos.

En fechas recientes se ha señalado que diversos funcionarios públicos y algunos representantes populares derrochan el dinero del erario público sin control ni rendición de cuentas.

Cuando el gasto de los recursos públicos es ilegal, se debe combatir hasta llevar frente a la justicia a quienes han traicionado la confianza de la gente. Sin embargo, en ocasiones el malgasto de los recursos públicos se genera a través de entramados legales que permiten el otorgamiento de bonos, pagos extraordinarios y demás prerrogativas que superan considerablemente que se otorgaría a cualquier trabajador en el servicio privado o, digámoslo más claro, el que se otorga al personal operativo de las propias dependencias públicas.

Por ello, es urgente tomar medidas que pongan fin a estos fenómenos que solo muestran una profunda indolencia ante la situación económica que padece la mayoría de los mexicanos.

Es cierto, ante la compleja situación económica que vive México y el mundo, muchas instancias de gobierno federal, estatal y algunos organismos públicos descentralizados o autónomos, han tomado medidas de austeridad extraordinarias. Estos esfuerzos sin duda son plausibles y de reconocerse, pero son insuficientes.

Por mencionar solo algunos datos, la revista Expansión publicó recientemente que las prestaciones extraordinarias de los trabajadores, sin contar con los sueldos, equivalen a dos por ciento del gasto total del gobierno, que es del orden de 95 mil 260 millones de pesos. Estas percepciones extraordinarias se insertan en rubros que la mayoría de los trabajadores no pueden presumir como ayuda económica para uso de vehículo, ayuda para juguetes, dote matrimonial o incluso compensación por vida cara.

No obstante, nuestra Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los lineamientos que establecen medidas de austeridad en el gasto de la administración pública federal dispone que el gasto deberá enfocarse para cumplir en tiempo y de modo eficiente los objetivos de los programas.

Estos instrumentos reiteran que el ejercicio del presupuesto debe considerar medidas de racionalización del gasto que se destina a las actividades administrativas de apoyo sin que sea afectado el cumplimiento de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Con los lineamientos se han tenido avances: se limitaron los viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos de las dependencias y entidades de la administración pública.

No obstante, en un contexto de austeridad la ley también debería de establecer mecanismos de mesura en todos los planos de la operación con recursos del erario. Por eso la iniciativa que presento persigue el objetivo de reformar la fracción V del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para eliminar el otorgamiento de bonos y percepciones extraordinarias a los mandos medios y superiores que laboren dentro de la administración pública federal.

Por supuesto, no se pretende afectar derechos laborales adquiridos ni mucho menos al personal operativo de la administración. En este último caso, serían autorizadas las percepciones consistentes en incentivos y pagos relacionados con el cumplimiento de metas sujetas a evaluación, y por supuesto, pago de horas de trabajo extraordinario.

En otras palabras, le permitiría el otorgamiento de estímulos e incentivos de productividad, justificados por los resultados obtenidos, y por supuesto, limitado a los servidores públicos de carácter operativo.

Insisto, esto lo quiero dejar muy claro, mi propuesta es para disminuir los costos de la burocracia de alto rango en el Poder Ejecutivo de nuestro país; en ningún sentido afecta a los trabajadores.

Por ello la nueva normatividad cree aplicable a las nuevas contrataciones de la administración pública a fin de no afectar en ningún sentido los derechos y la estabilidad laboral de los funcionarios contratados con anterioridad a la eventual aprobación de esta propuesta.

Compañeras y compañeros, debemos continuar con las medidas que equilibren los ingresos de los funcionarios y la alta burocracia; debemos de impulsar medidas incluyentes y progresivas por la equidad y justicia laboral; debemos reducir la brecha entre mandos y operativos para dignificar la función pública.

Por ello agradezco el apoyo que pudieran dar a esta propuesta, y los invito a suscribir esta iniciativa que sin duda vendrá también a dar respuesta a lo que la gente allá afuera cuando caminamos en nuestros distritos, nos demanda. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Bañales Arámbula. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Esta Mesa Directiva desea saludar la presencia en este recinto de alumnos procedentes de Uruapan, Michoacán, invitados por el diputado José Antonio Salas Valencia. Sean ustedes bienvenidos este recinto parlamentario.

De igual forma saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad Panamericana, de Guanajuato, invitados por la diputada Lorena del Carmen Alfaro García. Les damos también, a su vez, la más cordial de las bienvenidas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos a la Vivienda.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados. Ciudadanos que amablemente nos ven en el Canal del Congreso, medios de comunicación, todos ustedes, muchas gracias.

Sin duda, la inversión más importante que como persona podemos hacer a favor de nuestro patrimonio es la adquisición de una vivienda. El acceso a una vivienda digna, adecuada, es un derecho social universal consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en México, en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Asimismo, nuestra máxima norma establece en su artículo 123, la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, razón por la cual se crearon el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste, para quienes trabajaban para lo particular, y para quienes trabajábamos para gobierno, respectivamente.

Estos dos organismos han sido la principal fuente de créditos para los trabajadores quienes a través de ellos han podido comprar o adquirir o construir su casa. Tan solo el año pasado Fovissste otorgó más de 110 mil créditos hipotecarios, obviamente, mientras que el Infonavit dio 244 mil 753 sólo al cierre de agosto.

Cuando hablamos del derecho de la vivienda, es necesario establecer que éste no se debe reducir al solo hecho de tener a esa persona, de otorgarle cuatro paredes para resguardarse de las inclemencias del tiempo, no. Lo que estamos proponiendo aquí es este derecho de garantizar además la disponibilidad de los servicios públicos básicos que les permitan gozar de una salud física, de una salud mental, emocional, de tener privacidad, pero también de tener seguridad. Todo ello proporcionaría el pleno y adecuado desarrollo de un ser humano sin menoscabo de algo muy importante, que es su economía.

En mi grupo parlamentario, Nueva Alianza, tenemos el firme compromiso de legislar teniendo como principal propósito mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. En ese sentido pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma disposiciones de los apartados A y B del artículo 123 constitucional, en materia de derecho a la vivienda.

El propósito consiste en proporcionar a los trabajadores viviendas dignas, decorosas, adecuadas y asequibles, con el objeto de garantizar que la adquisición de la misma no represente una carga incosteable que impida la satisfacción de sus necesidades. Para Nueva Alianza es un compromiso impulsar las mejores formas de protección y reconocimiento de los derechos humanos, por ello buscamos establecer las condiciones que propicien la protección afirmativa de todos sus derechos

Compañeras y compañeros, sin lugar a duda nuestros esquemas de financiamiento tienen que ser también restructurados. Si ustedes platican con cualquier ciudadano que ha adquirido su casa, a través del Infonavit o a través del Fovisssste, lo primero que nos dirán es que se paga de dos o hasta tres veces la vivienda que adquieren.

Compañeras y compañeros legisladores, entrémosle a los temas que verdaderamente nos exige la gente cuando andamos en la calle. Entrémosle a dar en esta ocasión a las y los mexicanos una vivienda que no sólo sea digna, sino que también tenga las características que ya mencionamos. Es cuanto, señora presidenta. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Javier Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 12 de octubre de 2016, el diputado Renato Josafat Molina Arias, la diputada Rocío Nahle García del Grupo Parlamentario de MORENA, y otros diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. Con fecha 12 de octubre de 2016, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 14 de diciembre de 2016 mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1558, la mesa directiva se autorizó prórroga para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone: el establecimiento de un procedimiento sencillo, claro y ágil, para determinar si se declaran o no las Alertas de Violencia de Género solicitadas, dado que se trata de un mecanismo con el que se pretende enfrentar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres que se están presentando en un territorio determinado, por lo que la implementación de este mecanismo no puede esperar a tramites tortuosos y burocráticos.

De igual forma propone adicionar un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un procedimiento sencillo y con plazos puntuales para eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en este sentido la iniciativa plantea que en caso de que la solicitud para declarar alerta de violencia de género sea aceptada, el grupo que se conformaría para estudiarla y analizarla tendría hasta 30 días naturales para determinar si es procedente o no declararla, de esta forma la Alerta de Violencia de Género se estaría declarando en un término mucho más breve.

Así mismo propone una nueva integración para el grupo que estudiaría y analizaría la solicitud, así además de especialistas, lo integrarían representantes de las dependencias que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también serían invitados a participar representantes de la entidad federativa y del o los municipios sobre los que se solicita declarar la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres.

Para una mayor difusión a la declaratoria, se propone que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Para reconocer formalmente la participación que los gobiernos municipales deben de tener en este tema, se propone reformar el artículo 25 para hacer mención expresa a los Ayuntamientos que deberán ser notificados también de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Para un análisis más escrupuloso por parte de la Comisión se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Consideraciones:

Primera.Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.

Segunda. De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación desigual que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer en todos los ámbitos: social, laboral, económico, de salud, etc.

Tercera. Los promoventes hacen las siguientes observaciones:

“ La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres “es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia... es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo...”1

El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que: “Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

Por su parte en el artículo 23 del mismo ordenamiento se dispone que: “La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.”

En el artículo 24 se menciona que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se emitirá cuando:

“ I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”

Y el artículo 25 dispone que “Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.”

Todo el procedimiento para que se pueda eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género queda regulado en el Capítulo I del Título III del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Conforme a dicho procedimiento los plazos para que pueda ser declarada la mencionada Alerta, son muy amplios o imprecisos, por lo que la Alerta puede llegar a declararse hasta incluso después de un año de haber sido presentada la correspondiente solicitud:

a) Desde la presentación de la solicitud y hasta la admisión de la misma pueden transcurrir hasta 8 días hábiles (casi dos semanas);

b) Desde la admisión de la solicitud y hasta la conformación y primera reunión del Grupo de Especialistas que estudiará y analizará la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud dan lugar a la declaratoria, pueden transcurrir hasta otros 5 días hábiles (una semana);

c) Para la realización del estudio y análisis antes mencionados, el Grupo de especialistas contará con 30 días naturales (un mes), emitiendo un informe;

d) En el artículo 38 del Reglamento se dispone que: “La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe.... a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, para su análisis.” (no se menciona ningún plazo para realizar este análisis);

e) En el cuarto párrafo del artículo 38 se dispone que “En caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, su aceptación. (tres semanas);

f) Si el titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa acepta las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo tendrá seis meses para implementar las acciones propuestas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo (Seis meses);

g) Al término de los seis meses mencionados en el punto anterior el titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá rendir un informe sobre las acciones realizadas el cual deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud de esa información. (una semana);

h) Una vez recibido el informe de la entidad federativa, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre dicho informe en lo concerniente al cumplimiento o incumplimiento de las acciones propuestas, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que ésta a través de la Comisión Nacional, determine si la entidad federativa implementó o no dichas propuestas. (No se menciona plazo para la emisión del dictamen de cumplimiento o incumplimiento).

i) En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.

j) Si a juicio del Grupo de Trabajo y de la Secretaría de Gobernación, si fueron atendidas e implementadas las acciones propuestas en las conclusiones del Grupo de Trabajo, no se declarará la Alerta de Violencia de Género.

Como puede observarse se trata de un procedimiento largo, contrario a la celeridad con que debiese de emitirse la declaratoria, ya que se trata de un mecanismo de emergencia, ante violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, así basta señalar que hasta la presente fecha se han emitido sólo tres declaratorias de Alerta de Violencia de género, las cuáles se declararon hasta después de un año de que fueron solicitadas:

a) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el estado de México.- El 28 de abril de 2014 dio inicio la investigación para la declaratoria, la cual se emitió hasta el 31 de julio de 2015.

b) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el estado de Morelos.- la solicitud se presentó el 27 de mayo de 2014 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, después de todo el procedimiento ya referido, la Declaratoria finalmente se emitió hasta el 10 de agosto de 2015.

c) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el estado de Michoacán.- La solicitud se presentó el 19 de diciembre de 2014 por la organización Humanas Sin Violencia, después de todo el procedimiento ya referido, la Declaratoria finalmente se emitió hasta el 27 de junio de 2016.

El 2 de febrero de 2006 se presentó en la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue suscrita por las entonces diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, presidentas de las Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidios de la República Mexicana y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, respectivamente. En la exposición de motivos de la citada iniciativa es posible observar que las proponentes destacaron como una de las aportaciones más relevantes de su iniciativa la incorporación e implementación de la alerta de género:

“ En este sentido una de las aportaciones más relevantes de la Ley, es sin duda la implementación del concepto alerta de género, contemplado en el Capítulo VII de dicho título, cuyo objetivo es ubicar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres, lo que permitirá detectar en que órdenes de gobierno no se cumple la Ley, además de la zona en la que más se violentan los derechos de la mujer; y de esa manera sancionar a quienes la transgredan.

Y sobre todo implementar las acciones que desalienten la violencia, y que permitan suspender la declaratoria de alerta de género, que es vista como una circunstancia temporal, con la intervención de un consejo de integración nacional que asuma la responsabilidad de la violencia de género en una zona determinada.

...

No obstante, el título cuarto está dirigido a un consejo nacional asesor de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que estaría conformado por representantes de las entidades federativas, para que el presente ordenamiento sea debidamente aplicado al contar dicho consejo con facultades y obligaciones expresas, destacando la operatividad de la declaratoria de alerta de género y lo relacionado con el agravio comparado”2

Es evidente que la intención de las proponentes de esta ley en cuanto a la Alerta de Género, era que ésta fuese un mecanismo que permitiera implementar acciones que desalentaran la violencia, “destacando la operatividad de la declaratoria de alerta de género”. Finalmente en la ley no se recogió esta visión y lo que ahora tenemos es un procedimiento no operativo, largo y tortuoso para que pueda declararse una Alerta de violencia de género, muestra de ello es que, como ya se mencionó, desde la publicación hace ya casi 10 años (en febrero de 2007) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo se han declarado tres Alertas de Género: la primera el 31 de julio de 2015 para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del estado de México; la segunda el 10 de agosto de 2015 para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec del estado de Morelos y la tercera el 27 de junio de 2016 para los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío del estado de Michoacán.

En el informe 2015 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pueden encontrarse las solicitudes de Declaración de Alerta de Género, que aún están en trámite:

“ Nuevo León . La solicitud fue presentada 13 de enero de 2012 por Arthemisas por la Equidad. Durante 2015 se impulsó un proceso de investigación para determinar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

• Chiapas. La solicitud fue presentada el 25 de noviembre de 2013 por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Durante 2015 se impulsó en proceso de investigación para determinar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

• Colima. La solicitud se presentó el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la Fundación Ius Género. El 4 de noviembre de 2015, venció el plazo de seis meses para que el gobierno del estado implementara las propuestas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno estatal presentó el informe sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo; información que está siendo valorada para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

• Baja California . La solicitud se presentó el 27 de enero de 2015 por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. El 12 de diciembre de 2015, venció el plazo de los seis meses para que el gobierno del estado implementara las propuestas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno estatal presentó el informe sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo, el cual está siendo valorado para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

• Sonora. La solicitud se presentó el 25 de mayo de 2015 por Manitas por la Equidad y No Violencia, A.C., y Alternativa Cultural por la Equidad de Género, A.C. El 9 de noviembre de 2015, se notificó el informe elaborado por el grupo de trabajo al gobierno estatal y a la organización solicitante. El 1º de diciembre de 2015, el gobierno del estado remitió la aceptación formal a las conclusiones y propuestas del grupo, el cual cuenta un plazo de seis meses para cumplir con las propuestas del grupo de trabajo.

• Veracruz. La solicitud se presentó el 9 de septiembre de 2015 por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C. El 22 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo encargado de la investigación correspondiente y el 21 de octubre de 2015 se entregó a la Segob el informe final.

• Querétaro. La solicitud se presentó el 29 de octubre de 2015 por Salud y Género Querétaro, A.C., y Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C. Del 11 de noviembre al 10 de diciembre, el grupo de trabajo integró el informe respectivo y lo notificó a la Segob.

• San Luis Potosí. La solicitud se presentó el 23 de noviembre de 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. El 2 de diciembre de ese año, se instaló el grupo de trabajo encargado de elaborar el informe y los días 3 y 4 del mismo mes se llevaron a cabo las visitas in situ. El 31 de diciembre de 2015 se entregó a la Segob el informe final del grupo de trabajo.

• Quintana Roo . La solicitud se presentó el 4 de diciembre de 2015 por el Consejo Estatal de las Mujeres en Quintana Roo y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. El 31 de diciembre de 2015 se admitió la solicitud y los primeros días de 2016 se instalará el grupo de trabajo encargado de estudiar y analizar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.”3

Ante esta situación se requiere de un procedimiento sencillo, claro y ágil, para determinar si se declaran o no las Alertas de Violencia de Género solicitadas, se insiste que se trata de un mecanismo con el que se pretende enfrentar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres que se están presentando en un territorio determinado, la implementación de este mecanismo no puede esperar a tramites tortuosos y burocráticos.

De esta forma se propone adicionar un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un procedimiento sencillo y con plazos puntuales para eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en este sentido la iniciativa plantea que en caso de que la solicitud para declarar alerta de violencia de género sea aceptada, el grupo que se conformaría para estudiarla y analizarla tendría hasta 30 días naturales para determinar si es procedente o no declararla, de esta forma la Alerta de Violencia de Género se estaría declarando en un término mucho más breve.

Por otra parte se propone una nueva integración para el grupo que estudiaría y analizaría la solicitud, así además de especialistas, lo integrarían representantes de las dependencias que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también serían invitados a participar representantes de la entidad federativa y del o los municipios sobre los que se solicita declarar la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres.

Para una mayor difusión a la declaratoria, se propone que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Para reconocer formalmente la participación que los gobiernos municipales deben de tener en este tema, se propone reformar el artículo 25 para hacer mención expresa a los Ayuntamientos que deberán ser notificados también de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.

“ Las acciones tendentes a la atención y prevención de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y sobre todo la que se ejerce en su expresión más extrema que es el feminicidio, no pueden esperar largos plazos para su implementación, son acciones que con el carácter de urgente deben de ser implementadas, que mucho menos deben de estar sujetas a consideraciones de índole política.

La Alerta de Violencia de Género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno, para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita, sin dilaciones, la violencia feminicida en un territorio determinado, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos”. (sic)

Cuarta. Considerando que la iniciativa en estudio tiene dos vertientes, 1) Por un lado el reformar el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres el cual refiere que: “Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa” agregándole “ y a los Ayuntamientos de que se trate”.

Al respecto y toda vez que la alerta de violencia de género constituye en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, aunado a que obedece a una situación de violencia feminicida entendida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Aunado que como hace referencia la proponente, dicha medida finalmente se ejecuta en un territorio integrado ya sea por uno o varios municipios de una entidad federativa; luego entonces y a efecto de guardar congruencia con lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la letra establece: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”. Es viable dictaminar en sentido positivo la propuesta de iniciativa en estudio, estrictamente en lo concerniente al presente considerando, dado que el Ayuntamiento es el órgano colegiado de gobierno integrado por un Presidente, uno o más síndicos y regidores según corresponda en proporción a la población que lo integra; y el Municipio es el ente abstracto conformado por un territorio, población y gobierno (ayuntamiento).

2) Y por otro lado la propuesta versa en adicionar un artículo 25 Bis, en el que en términos generales establece un nuevo procedimiento para la emisión de la declaratoria, tal y como se ha hecho constar en el considerando que antecede; en tal sentido y toda vez que por técnica legislativa los enunciados lingüísticos que propone la iniciativa en estudio, no obedecen a estipular una orden, mandato, imposición, prohibición, permiso o facultad, lo cual en términos de la doctrina en materia de fuentes del derecho, establece para el caso de las leyes, el cual se lleva a cabo a través del proceso legislativo en el que el protagonista es el legislador; sino por el contrario se desprende una regulación meramente procedimental, la cual es facultad del poder ejecutivo a través del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tal y como lo señala Gabino Fraga el “reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el poder legislativo”. Se trata de un “acto de carácter meramente administrativo que emana generalmente de una autoridad administrativa y es un medio para la ejecución de las leyes.”

Por lo que se torna necesario en primer término definir lo que es la ley y lo que es un reglamento:

“La palabra “ley” proviene de la voz latina lex, que, según la opinión más generalizada, se deriva del vocablo legere, que significa “que se lee”. Algunos autores afirman que lex se deriva de ligare, haciendo resaltar el carácter obligatorio de las leyes”. La ley es una regla general escrita, como consecuencia de una operación del procedimiento (legislativo), que hace intervenir a los representantes de la nación, que declara obligatorias las relaciones sociales que se derivan de la naturaleza de las cosas, interpretándolas desde el punto de vista de la realidad.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos les es “la norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la formación de las leyes”.

La Ley tiene cierta preferencia, que consiste en que sus disposiciones no pueden ser modificadas por un reglamento; sin embargo, el reglamento basa fundamentalmente su existencia en la ley.

En tal orden de ideas, el reglamento según la Real Academia: “es la colección ordenada de reglas o preceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación o de una Dependencia o un servicio”.

Por su parte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizando sus características lo define como una norma de carácter general, abstracto e impersonal, expedido por el titular del Poder Ejecutivo para proveer la exacta aplicación de una ley previa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el Reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, participa de los atributos de la ley, aunque solo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza, impersonal, general, abstracta misma en la que dos características separan de la Ley del Reglamento en sentido estricto este último emana del ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa de la exacta observancia de la ley, pero aun en lo que parece común en los ordenamientos, de carácter general y abstracto, se separa por la finalidad que en el área del Reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán implementarse para aplicar la ley a los casos concretos, atribuciones asignadas por la ley de la materia a determinados organismos de la administración pública.

Es decir, si bien la propuesta versa sobre el establecimiento de enunciados lingüísticos normativos tendentes a formar parte del contenido dogmático de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también lo es que material y pragmáticamente hablando en su esencia constituye una serie de enunciados normativos que en su caso regularían el aspecto adjetivo sobre la declaración de la alerta de violencia de género, por lo que a consideración de esta comisión dictaminadora la vía procesal legislativa sería otra, dado que nos encontramos ante una norma cuyo objeto es la exacta observancia respecto de la declaración de la alerta de violencia de género, plasmada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A mayor abundamiento a continuación se transcribe la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 166655

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, agosto de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 79/2009

Página: 1067

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.

La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.

Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el número 79/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.

Cabe destacar de la tesis anterior lo relativo a que la importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, así como el principio de que los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley; lo cual aplicado a contrario sensu significa que la ley no puede contener cuestiones que son exclusivas de los reglamentos, como es el caso que nos ocupa relativo al establecimiento del procedimiento para el caso de la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.

Máxime que es el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que establece dicho procedimiento dentro del contenido de los artículos 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 Bis, 36 Ter, 37, 38 y 38 Bis.

Quinta. Por todo lo anteriormente analizado y argumentado, esta Comisión con fundamento en el numeral 1 del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, aprueba con modificaciones la propuesta de origen base del presente dictamen, sometiendo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo Único.Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTICULO 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, así como a los Ayuntamientos de que se trate, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Título Tercero del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

2 Para consulta en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/7.pdf

3 Fraga Gabino “Derecho Administrativo” Editorial Porrúa. México 1993.

4 Para consulta en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/9.pdf

5 GAXIOLA MORAILA, Federico Jorge, “Ley”, Diccionario Jurídico mexicano, México, Porrúa 1996 t. III, p.1963

6 Opinión Consultiva número 6, párrafos 23 y 32. Informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Washington, D.C., 1997, p. 65.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano, Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karina Padilla Ávila, (rubrica), Karen Orney Ramírez Peralta, Sasil Dora Luz de León Villard, María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime, David Gerson García Calderón (rúbrica en abstención), Patricia García García (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica en abstención).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para fijar la postura tiene el uso de la voz la diputada Cynthia Gissel García Soberanes.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para las y los diputados federales de Encuentro Social resulta prioritaria la promoción de y para los hombres y mujeres del respeto, protección y garantía de los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese orden de ideas tenemos la clara necesidad de crear los mecanismos jurídicos y proveer a las políticas públicas necesarias, tales que contribuyan a alcanzar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, que posibilite toda forma de adelanto de estas; salvaguardar los derechos de las mujeres en esa tarea ardua, pero necesaria si queremos materializar el viejo anhelo de igualdad económica, política y social de todos los mexicanos, con independencia en su género.

Con tal fin, el presente dictamen busca reforzar el andamiaje jurídico que regula la alerta de género, de tal suerte que cuando la Secretaría de Gobernación declare una alerta de violencia de género no solo notifique a los Ejecutivos de las entidades federativas, sino lo haga saber a los municipios interesados.

En ese sentido, con la reforma que habremos de aprobar, la Secretaría de Gobernación, a estar también obligada a dar aviso a las autoridades de los ayuntamientos afectados, esto dará fortalecimiento al pacto federal y haciendo cumplir el mandato de seguir escrupulosamente la normatividad que para tal efecto establece el propio reglamento de la ley.

La importancia de la alerta de violencia de género radica en el hecho que constituye el conjunto de las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género, incluso los feminicidios, que es la forma más extrema de violencia de género, ejercida por individuos o comunidades en un territorio determinado.

La intención primera y última de la alerta es proteger a las mujeres de la violación de los derechos humanos en el ámbito público y privado, mediante el señalamiento, persecución y protección de conductas misóginas, con la clara y única intención de erradicar la impunidad social y estado.

Nuestro grupo parlamentario reconoce como un acierto la idea de incluir dentro de la ley la obligación de la Secretaría de Gobernación para extender la alerta a los ayuntamientos donde las mujeres se encuentren siendo objeto de violencia a causa de su género.

Las y los diputados federales del PES creemos que la reforma habrá de contribuir a una mejor y más pronta atención de las víctimas de violencia de género, así como a una más efectiva persecución y castigo de los que infringen dicha y despreciable violencia.

Por lo antes expuesto, las y los legisladores de Encuentro Social habremos de votar a favor del presente dictamen, pues consideramos necesario robustecer el marco jurídico nacional para dotar a nuestras autoridades de más y mejores medios jurídicos para la protección de los derechos humanos de las mujeres en los tres niveles de gobierno. Hagámoslo nosotros. Es todo, señora presidenta, gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Por favor, sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta, en esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena, quien es quien la presenta, habíamos contemplado y habíamos hecho una propuesta con varios grupos parlamentarios para ponerle tiempos a la declaratoria de alerta de género, que son 60 días naturales a partir de la solicitud correspondiente. No aparece así en la adenda y en el dictamen que se está presentando.

Aquí la pregunta es si podemos, exactamente, mientras estamos consensando pasar al siguiente dictamen, a pesar de que ya haya subido la compañera.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Mire, efectivamente, diputada, sé que es una adenda que se está todavía platicando. El acuerdo era continuar con los posicionamientos y en el transcurso nos llegue la adenda ya para hacerla valer y que pueda ser votada con la modificación que se propone.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido nuevamente en la curul de la diputada Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): No se presentó el dictamen por la comisión y, efectivamente, ¿cómo posiciono si no tenemos la adenda ya definida? Entonces, no sé si tenemos otro dictamen, darle entrada a otro dictamen, mientras podemos inscribir la adenda con el acuerdo de las diferentes fracciones parlamentarias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Nahle, tenemos alrededor de media hora de posicionamientos en lo que se define el término en definitiva de la adenda y desde luego ya se nos informó de esta adenda, que se está incluso revisando, y estaríamos en la espera en el momento en que nos la hagan llegar, para que fuera con esta adenda como finalmente se votara el dictamen, y continuaríamos con los posicionamientos que tenemos, pues prácticamente media hora para poderla concretar la adenda.

La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Hortensia Aragón.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Primero, expresar que no entiendo por qué los temas tan simples que tienen que ver con los dictámenes de género se atoran de esta manera y sobre todo este que ya había avanzado en una serie de acuerdos; primero.

Y segundo, considerando también lo que el Reglamento establece, no estaría yo pidiendo jamás otra cosa, pudiera valorarse la posibilidad de la solicitud que ha hecho la diputada Nahle como proponente de esta iniciativa, dado que es muy difícil para los grupos parlamentarios posicionar, porque nosotros lo haríamos en el sentido en el que viniera el dictamen, y en este momento no sabemos en qué sentido va a venir el dictamen. Y los posicionamientos tienen que ir siempre llamando al grupo parlamentario a votar en el sentido de un dictamen.

Por lo tanto, no habiendo dictamen va a ser muy complicado para nuestro grupo parlamentario fijar una posición.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para decirle que nos están entregando una adenda que ya se había integrado al dictamen. Y que en realidad, los tiempos que deberían ser la adenda formal es lo que no se está votando. Entonces, nos entregan algo que es precisamente hacer del conocimiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los estados, que eso ya lo habíamos acordado en la Comisión. Esta no es la adenda, la otra discusión, que es la de debate, es los tiempos para declarar la alerta. Así que este no es el dictamen que estamos votando, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En atención a la solicitud de varios de los grupos parlamentarios, la Presidencia suspende y difiere la discusión de este asunto y pasamos al siguiente punto a discusión, para retomarlo cuando tengamos el dictamen consensuado.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continuando con el orden del día, en tanto podemos continuar posteriormente con el punto que fue suspendido, el siguiente punto es la discusión del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología

HONORABLE PLENO:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 182, numeral 1, artículo 183, numerales 1 y 2 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para la elaboración del presente dictamen y de la iniciativa anterior en la materia.

II. En el capítulo referido al CONTENIDO DE LA INICIATIVA se expone el objetivo de la propuesta y la exposición de motivos de la misma.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión.

IV. En el capítulo de RESOLUTIVO se exponen los resolutivos que acordó la Comisión.

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 29 de abril de 2016, la diputada Mirza Flores Gómez presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Segundo. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen”. Oficio número D.G.P.L. 63-II-5-1039.

Tercero. Con fecha 23 de mayo de 2016, la Comisión de Ciencia y Tecnología recibió el expediente 2990 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Cuarta. Con fecha 11 de junio de 2016, la Comisión de Ciencia y Tecnología solicitó prórroga para emitir dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva, misma que fue autorizada el día 26 de julio de 2016 mediante el oficio DGLP 63-II-5-1161.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta la diputada Mirza Flores Gómez destaca que la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable y México debe hacer frente de diversas maneras, a fin de que permitan reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven, dado que México contribuyó en 2011 con el 1.4 por ciento de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles, respecto a la emisión de CO2 y, por tanto, de acuerdo con estas cifras, México es el decimosegundo país con mayores emisiones del mundo.

La proponente apunta en la iniciativa que el cambio climático y por tanto los desastres ocasionados en consecuencia conllevan problemas sociales, económicos y ambientales que ya afectan a su población, su infraestructura y a sus sistemas productivos. Por ejemplo, se destaca el caso del fenómeno de “El Niño”, cuya actividad dio como resultado una alta acción ciclónica con consecuencias trágicas para la sociedad.

De esta manera, la iniciativa en análisis destaca que este fenómeno nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos ante los impactos potencialmente adversos,así como reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, pues el equilibrio del ecosistema depende de varios factores, entre los que destacan la radiación solar o los ciclos de la órbita, la composición química de la atmósfera o los ciclos del agua y el carbono.

En la iniciativa se expone que los desastres naturales ocurridos por acción del cambio climático nos enfrentan a un doble desafío, tanto a México como a los países del mundo entero, pues se requiere de nuestra actuación en dos niveles: la mitigación y la adaptación, y exigen una transformación profunda de nuestros actuales modelos energéticos y productivos; y un compromiso desde la escala local y territorial más próxima, hasta la escala global al más alto nivel.

Por ello, la planificación se convierte en una medida de adaptación, y tanto los conceptos, como las herramientas de los sistemas de producción climáticamente inteligentes, a través de los conocimientos generados por la ciencia, tecnología e innovación, deben ser parte integrante de un marco legal que permita hacer una contribución genuina y sostenible para afrontar retos como la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático o el aumento de capacidades en los países en vías de desarrollo.

La iniciativa propone específicamente que el eje central sea el fomento de la resiliencia en la investigación científica y tecnológica desde las diferentes áreas de conocimiento, como la herramienta que permita contribuir y responder de forma eficaz ante los retos del cambio climático.

II. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta comisión dictaminadora realizó el estudio de la iniciativa con proyecto de decreto que agrega la fracción IX al artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el proceso se analizaron las diferentes posturas sobre el tema de los organismos y entidades consultadas y fueron consideradas. Así mismo, se realizó una reunión entre la diputada y especialistas en el tema, se aclararon las dudas respecto al alcance de la propuesta y se estableció que era de prioridad alta el fomento de la resiliencia en la investigación científica y tecnológica.

Derivado de lo anterior se proponen cambios en la redacción de la propuesta original y de esta manera, de acuerdo con los argumentos analíticos y jurídicos analizados esta Comisión considera la presente propuesta viable.

SEGUNDA. Un desastre se define como el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontece en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad. En este sentido, en la Comisión de Ciencia y Tecnología compartimos con la proponente la certeza que han brindado las investigaciones en el tema respecto a que los desastres naturales efectivamente pueden deberse a la acción del cambio climático. Sin embargo, aquellos desastres derivados de la acción humana directa, por ejemplo, una explosión en un complejo petrolero o el derrame accidental de petróleo en las costas constituyen también un desastre.

En este sentido, esta Comisión considera que la propuesta original de la proponente no distingue con claridad este precepto, y la interpretación literal de la propuesta puede limitar la resiliencia a los efectos ocasionados por el cambio climático, por lo que se propone adicionar los conceptos: desastres naturales y antropogénicos.

De esta manera, la propuesta en análisis resultaría complementaria, sin duplicar, el artículo 5o. de la Ley General de Cambio Climático, que a la letra reza: “La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.”

TERCERA. Al entender a la resiliencia como “la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible” y como “La de la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior”, es posible dimensionar que para tener dicha capacidad es necesaria la interacción entre los diferentes actores institucionales, entre ellos la academia, la cual puede aportar desde la investigación una contextualización de la realidad y líneas de acción, como el desarrollo tecnológico, la publicación y la divulgación de artículos, la formación de masa crítica en torno al tema, y el fomento de un intercambio de experiencias entra la academia y la sociedad que permitirá el desarrollo de planes de mitigación y de adaptación al cambio climático. Según la CONAP (2015) “Aumentar la resiliencia de los ecosistemas y socioecosistemas, disminuye su vulnerabilidad frente a las perturbaciones”

CUARTA.La propuesta es una pieza que pretender servir como andamiaje jurídico para dar cumplimiento en lo propuesto en el la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente al objetivo 13 el cual convoca a “fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países”. Esto con el fin de crear estrategias de prevención que permitan dar respuestas tempranas ante los diversos escenarios de riesgo producto de las interacciones naturales del ambiente y las interacciones de carácter antropogénico.

Aunado a lo anterior, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), México se comprometió a realizar una serie de acciones pautados para cumplimentar los retos del desarrollo sostenible, destacando la necesidad de aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción. Por lo que se debe adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias: comprensión del riesgo, fortalecimiento de la gobernanza, inversión en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastres.

Continuando con el análisis de lo dispuesto por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Prioridad 1 establece que “las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno. Esos conocimientos se pueden aprovechar para la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y mitigación y para la elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz para casos de desastre.

Para lograr lo anterior, a nivel nacional e internacional, de acuerdo al documento citado supra, es necesario que los Estados Partes impulsen el desarrollo de las capacidades vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia para el caso de desastres naturales y antropogénicos.

De igual forma, dentro de la prioridad 4, para aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, los Estados parte reconocen que tienen la responsabilidad general de reducir el riesgo de desastres, sin embargo, se trata de una responsabilidad compartida entre los gobiernos y los actores pertinentes. En particular, los actores no estatales desempeñan un papel importante como facilitadores del apoyo proporcionado a los Estados, con arreglo a las políticas, leyes y regulaciones nacionales, en la aplicación del presente Marco a nivel local, nacional, regional y mundial. Su compromiso, buena voluntad, conocimiento, experiencia y recursos serán necesarios.

En este sentido, el sector académico y las entidades y redes científicas y de investigación (en su calidad de actores pertinentes) deben centrarse en factores y las situaciones hipotéticas de riesgo de desastres, incluidos los riesgos emergentes de desastres, a mediano y largo plazo, aumentar la investigación para la aplicación regional, nacional y local, apoyar las iniciativas de las comunidades y las autoridades locales, y apoyar la interacción entre las políticas y la ciencia para la toma de decisiones.

QUINTA. De igual forma, la Comisión considera que la presente propuesta de modificación al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología no contraviene ninguna otra disposición jurídica, por el contrario, busca apoyar y abonar a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que acertadamente, el titular del Ejecutivo, Lic. Enrique Peña Nieto, quien con una visión de futuro estableció el objetivo 1.6 “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”, específicamente la línea de acción “Impulsar la Gestión Integral de Riesgos como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social”.

SEXTA. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 se muestra que los costos de la variabilidad climática natural, asociada a fenómenos hidrometeorológicos extremos, “han pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999 a 21,950 millones de pesos para el periodo 2000-2012” y que para 2013 de los 2,456 municipios del país, existen 1,385 se encuentran en la categoría de alto riesgo de desastre y en estos municipios concentran alrededor de 27 millones de habitantes. Por lo tanto es prioritario diseñar “una mejor estrategia de comunicación social climática, incluyendo un sistema de información actualizado de cambio climático, que permita a los tomadores de decisiones, investigadores, docentes y público en general, contar con estudios, inventarios, registros y evaluaciones entre otros” que permitan hacer un uso racional de los recursos económicos.

SÉPTIMA. Esta Comisión dictaminadora considera necesario el impulso a las vocaciones y eventualmente, la preparación de recursos humanos con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y la reducción de riesgos para el caso de desastres, pues actualmente la falta de una masa crítica que permita realizar estas investigaciones ha requerido la necesidad de buscar recursos humanos calificados en el extranjero, lo cual constituye una seria preocupación pues la nación debe contar con sus propios ciudadanos calificados que permitan una soberanía intelectual frente a otras naciones.

Por último, es importante mencionar que, del 22 al 26 de mayo de 2017, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se llevará a cabo la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, considerado el foro mundial más importante en la materia y a través del cual se fomenta la acción coordinada de la comunidad internacional para disminuir los daños ocasionados por las amenazas naturales.

El objetivo es dar continuidad a la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual representa el mayor acuerdo internacional adoptado por todos los países miembros y que establece metas específicas para la reducción de pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales ocasionadas por fenómenos naturales que derivan en desastres, por lo anterior, ésta Comisión Dictaminadora considera que la presente propuesta de reforma coadyuvará al cumplimiento de los compromisos hechos por el Ejecutivo con la comunidad internacional.

Por las consideraciones que anteceden, esta comisión dictaminadora establece que es de aprobarse con modificaciones el contenido de la iniciativa, y por encontrarlo debidamente fundado y motivado, se presenta a consideración esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Artículo Único.Se adiciona una fracción IX al artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2

...

I. a VI. ...

VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, e

IX. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y reducción de riesgos para el caso de desastres naturales y antropogénicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2015. Estrategia de cambio climático desde las áreas naturales protegidas: Una convocatoria para la resiliencia de México (2015-2020). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México

2 ONU_HABITAT. Resiliencia. http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/resiliencia/

3 CONANP, 2015. Estrategias de cambio climático desde las áreas naturales protegidas. México. 60 pág.

4 Objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos para transformar nuestro mundo http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

5 Reporte Mexicano de Cambio Climático GRUPO II Impactos, vulnerabilidad y adaptación. 2015http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/722.pdf

6 Reporte Mexicano de Cambio Climático GRUPO III EMISIONES Y MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 2015 http://www.pincc.unam.mx/libro_reportemex/reporte_mexicano_vol_III.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 30 de 2016.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Carlos Gutiérrez García (rúbrica), presidente; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Bernardino Antelo Esper (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Federico Eugenio Vargas Rodríguez (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica), José Máximo García López, Gerardo Federico Salas Díaz, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Mirza Flores Gómez (rúbrica), secretarios; Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Héctor Javier García Chávez, Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Alfredo Javier Rodríguez Ávila, Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, para fundar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy me honra estar aquí con ustedes como portavoz de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cual me honro en presidir, para poder presentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

El dictamen que hoy presentamos ante ustedes, se refiere a la importancia de coordinar y prever acciones frente a los desastres, ya sean por causas naturales o antropogénicas, reto que resulta impostergable y al cual México debe hacer frente de manera decidida. De acuerdo con la Ley Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un desastre se define como el resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores, severos y/o extremos, concatenados o no de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontece en un tiempo y en una zona determinada causan daños y que por su magnitud excede en la capacidad de respuesta de la comunidad.

Es decir, un desastre puede deberse a la acción del cambio climático o bien a la acción o inacción del ser humano. Por ejemplo: una explosión en un complejo petrolero o el derrame accidental de petróleo, sea cual sea el origen debemos contar con las herramientas que nos permitan hacer frente, y sobre todo estar preparados para otro posible desastre natural.

Así bien, de ello trata este dictamen, de que la planificación se convierte en una medida de adaptación con ayuda de herramientas científicas y tecnológicas desarrolladas para tal fin. Lo que se está proponiendo es que el eje central sea el fomento de la resiliencia y es que al entender a la resiliencia como la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible o la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior.

Es posible dimensionar que para tener dicha capacidad es necesaria la interacción entre los diferentes actores institucionales, entre ellos la academia, la cual puede aportar desde la investigación una contextualización de la realidad y líneas de acción como el desarrollo tecnológico, la publicación y la divulgación de los artículos, la formación de masa crítica en torno al tema y el fomento de un intercambio de experiencias entre la academia y la sociedad, que permitirá el desarrollo de planes de mitigación y de adaptación al cambio climático.

El dictamen que hoy ponemos a consideración incluye en la Ley de Ciencia y Tecnología este concepto, de manera tal que nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos ante los impactos potencialmente adversos.

Consideramos que esta reforma es una pieza que servirá de andamiaje jurídico para dar cumplimiento a la propuesta de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente el objetivo 13, el cual convoca a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Eso, con el fin de que haya estrategias de prevención que permitan dar respuestas tempranas ante los diversos escenarios de riesgo, producto de las interacciones naturales del ambiente y aquellas de carácter antropogénico.

Consideramos que esta reforma ayudará también a la imperante necesidad de pensar en el bienestar de los mexicanos que viven en sitios calificados como peligrosos, y es que en el Reporte Mexicano de Cambio Climático Grupo 2, Impactos, vulnerabilidad y adaptación 2015, se muestra que tan solo en 2013, de los dos mil 456 municipios del país, mil 385 de ellos se encontraba en la categoría de altos riesgos de desastre. Es decir, más del 56 por ciento de los municipios del país se encuentran en eminente riesgo debido a fenómenos hidrometeorológicos, sumado a que estos municipios concentran alrededor de 30 millones de habitantes.

Por otro lado, los costos asociados a la atención de esos desastres han pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999, a 21 mil 950 millones de pesos para el periodo 2000-2012. Es decir, el costo ha aumentado tres mil veces.

Por tanto, coincidimos en que se requieren esfuerzos multidisciplinarios para la atención integral y la prevención de riesgos, por lo que esta comisión dictaminadora considera necesario el impulso a las vocaciones y eventualmente a la preparación de recursos humanos con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y la reducción de riesgos para el caso de desastres, pues actualmente la falta de una masa crítica que permita realizar estas investigaciones ha requerido la necesidad de buscar recursos humanos calificados en el extranjero, lo cual constituye una seria preocupación, pues la nación debe contar con sus propios ciudadanos calificados que permitan una soberanía intelectual frente a otras naciones.

Y para finalizar, por las razones antes expuestas, los invito a todos a apoyar este dictamen por el bien de México y las futuras generaciones. Asimismo felicito a la diputada Mirza Flores Gómez, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a su equipo de trabajo, por la propuesta, y a toda la Comisión de Ciencia y Tecnología por los aportes que se hicieron para lograr el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez García.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario los diputados y diputadas siguientes, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la presidencia, honorable asamblea, en Encuentro Social tenemos la claridad en el sentido de que los desastres naturales en nuestro país han cobrado muchas vidas. Por ello encontramos en el dictamen que hoy nos ocupa, una atención loable a distintos desafíos, como la falta de expertos en las tecnologías para prevenir desastres naturales, tanto en sentido estricto como antropogénicos.

Ciertamente uno de los grandes problemas que exigen de nuestra atención en el país, es la falta de recursos humanos calificados que realicen investigaciones y desarrollen tecnologías para poder prevenir los fenómenos naturales. Hoy día la mano de obra calificada la debemos traer del extranjero para que resuelvan las lagunas técnicas que debemos enfrentar.

El marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, es un texto de avanzada, aprobado en la III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo del 2015, en Japón.

De acuerdo con él, México ha adoptado una postura proactiva en la que continuará buscando cumplir una serie de acciones oportunas al efecto, como el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la gobernanza, y finalmente la más importante y en la cual se basa el dictamen, la inversión en la comprensión y reducción del riesgo de desastres para proveer a una mayor y mejor fortaleza, así como para aumentar la preparación para casos de su actualización.

Lo anterior es pertinente para mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana brindando certeza de cómo proceder en casos de desastres, utilizando nuestros propios recursos humanos, lo que habrá de ser lo mejor capacitados posibles.

Con el dictamen que hoy discutimos se abre un abanico de oportunidades para que miles de jóvenes interesados en las tecnologías de la información aprovechen sus talentos al servicio de la ciudadanía, implementando ideas novedosas que puedan beneficiar y prevenir desastres naturales.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social entendemos que la reducción del riesgo de desastres naturales es un tema fundamental para fortalecer la confianza con la ciudadanía. Nos preocupamos y ocupamos por apoyar toda iniciativa que pretenda beneficiar la integridad de las familias mexicanas.

Por ello las y los legisladores de Encuentro Social votaremos en favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Ana Guadalupe Perea Santos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Mirza Flores Gómez.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy no es ocioso volver a repetir que es el Día Mundial Forestal o el Día Mundial del Árbol.

Y eso nos pone definitivamente en una situación de centrarnos en lo que nos hace falta, tanto como legisladores como ciudadanos mexicanos, de implementar políticas públicas en beneficio de nuestro medio ambiente. Y por eso vengo a posicionar esta iniciativa, que se ha venido trabajando como parte de una agenda sumamente integral, que es en materia de resiliencia.

La iniciativa dice, concretamente en el artículo 2, fracción IX: impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y reducción de riesgos para el caso de desastres naturales y antropogénicos.

¿Qué quiere decir esto? Pues estamos proponiendo que dentro de la gama de las políticas de Estado, en donde se tiene que invertir para la investigación, sea una parte fundamental el cuidado y la prevención respecto del cambio climático que deben tener nuestras ciudades.

Al inicio de esta legislatura, la fracción de los diputados ciudadanos me designó como representante del grupo parlamentario dentro de la comisión de ciencia, tecnología e innovación, y desde ese momento supe que no era una responsabilidad menor.

Me enorgullezco mucho de pertenecer a esta comisión porque todos y cada una las compañeras diputadas y diputados que estamos en las labores de dictaminación lo hacemos con mucha responsabilidad, pero sobre todo en donde nos hemos caracterizado por que la mayor parte de las veces desdibujemos los colores y nos unamos en favor de México para fortalecer los vínculos que debe tener el Estado con el apoyo a la inversión de ciencia, tecnología e innovación, en donde creemos que en este país es la columna vertebral para el desarrollo y la verdadera prosperidad. No la prosperidad de los discursos, la prosperidad de las oportunidades.

Es una responsabilidad doble cuando se nos presenta la votación del Presupuesto de Egresos de 2017, y nos vemos ante la frustración de ver el recorte presupuestal, por lo que las diputadas y los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología pues no hemos dejado de trabajar para lograr que algún día se tenga la promesa del presidente Peña, de lograr el uno por ciento de inversión a ciencia y tecnología.

Como siempre lo he dicho, un país que no invierte en ciencia y tecnología es un país condenado al fracaso y, peor aún, a ser el patio trasero y sucio de los países desarrollados. No basta con invertir y asignar presupuesto si la comunidad académica y científica se ve limitada en cuanto a sus facultades de investigación.

En México aún tenemos un sistema jurídico que en la mayoría de los casos se queda corto, el legislador no puede prever todas las situaciones de hecho y legislarlas, por lo que en la medida que evoluciona la sociedad se ha venido haciendo necesaria la incorporación de la exigencia de la sociedad actual en las agendas legislativas y políticas.

La resiliencia y la reducción de riesgos para caso de desastre forma parte de la agenda internacional, y no solo eso, forma parte de la agenda del presidente Peña, quien en el Plan Nacional de Desarrollo se compromete a llevar a cabo todas las políticas públicas necesarias para tal efecto. Pues entonces la Cámara de Diputados debemos de actuar en consecuencia y generar una plataforma para que México, como Estado parte, logre cumplir con los acuerdos de Sendai. Estos acuerdos que la comunidad internacional firmó en marzo de 2015, y en donde se comprometen a poner todo de su parte los países, para reducir los riesgos en casos de desastres naturales.

En México se gastan o se pierden más de mil millones de dólares anuales, solamente por desastres de lluvias, de ciclones, huracanes, tormentas tropicales o sequías. Todo lo que tenga que ver con agua genera pérdidas para nuestro país, porque no lo tenemos previsto.

Es necesario que se invierta a la comunidad científica para que se aboquen al tema del cambio climático, sus efectos y los riesgos que corremos, pero sobre todo que estemos en capacidad de recuperarnos con mayor rapidez sin que esto implique que se pierda dinero de los mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Mirza Flores. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Moreno Vega.

La diputada Magdalena Moreno Vega:Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Cada 19 de septiembre nuestro país cae en la cuenta de que estamos asentados en un territorio expuesto a desastres naturales, se trata de una amenaza natural, aunque también debemos considerar que las grandes concentraciones poblacionales, la falta de planeación de los desarrollos habitacionales y la corrupción que acompaña la licitación de diversos proyectos que se aprueban sin estudios técnicos previos ni supervisiones especializadas, son aspectos que incrementan los riesgos.

Estos desastres minan la estructura física de un país, afectan la salud, desarticulan comunidades, perpetúan condiciones de subdesarrollo y progreso y, lo más importante, cobran vidas.

Este contexto conduce a la necesidad de tener una visión integral sobre la gestión del riesgo de desastres, cuyo propósito sea fortalecer la capacidad de las sociedades para enfrentar las catástrofes y tener la capacidad de recuperarse. Es decir, se trata de fomentar la resiliencia de las comunidades frente a los desastres naturales, los cambios climáticos y sociales.

Es un esfuerzo que involucra a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado y a la comunidad científica.

La iniciativa presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, tiene la virtud de reconocer que al generar conocimiento especializado sobre el tema, en este caso la resiliencia frente a los desastres naturales y antropogénicos se está en la posibilidad de diseñar mejores políticas públicas y lograr que los gobiernos sean más asertivos en la materia que aprovechen e impulsen en el conocimiento científico y las capacidades de su planta académica y de investigación.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de la iniciativa y esperamos que la tarea de impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para la investigación de la resiliencia, vaya acompañado de recursos suficientes que materialicen las voluntades y se extienda e reconocimiento y el impulso a otras redes científicas y de investigación cuyo trabajo contribuya por igual a generar conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Magdalena Moreno. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar:Con su venia, señora presidenta. Es un hecho de que honor a quien honor merece, de que hay cosas que están estrechamente ligadas, de que están concatenadas y tal es el caso, por referencia, como lo hizo mi compañera la diputada Mirza, de que hoy se debe de rendir homenaje, como siempre debe hacerlo la humanidad, como hijos de eso que se llama madre naturaleza, aquello que es prodigioso y que es verde, que el verde es vida y que sin vida no habría legisladores, hablo de aquél invento fantástico que se reproduce por sí solo y que es el árbol.

Lo he manifestado, de que no es necesario rendirle un homenaje póstumo en un ataúd lleno de inconciencia, en donde el depredador número uno que es su hijo, que es la humanidad, vea postrado en su lecho de muerte al último árbol.

Se dice que las arengas destinadas a convencer una colectividad se hace necesario invocar razones, pero antes hay que hacer vibrar los sentimientos. Que sin duda alguna las fábricas de agua, los pulmones de la humanidad que mantienen de pie al mundo entero, son los árboles. Que es necesario la conciencia de la necesidad de devolver a la naturaleza el gran valor que tiene y que nosotros como depredadores les hemos quitado. De que es indiscutible que es necesario prevenir para no vivir las consecuencias lamentables en la que está de por medio la vida de uno. Que el hombre perdona, que Dios hay veces, pero que la naturaleza nunca, eso es cierto.

De que hay múltiples amenazas por la falta de conciencia de la humanidad y la utilización de los recursos, en donde ningún esfuerzo, recurso alguno es suficiente, para que la humanidad persista.

De que hay emisiones que no solo son de gases, sino que también hay emisiones que son SOS, en donde la madre naturaleza nos está pidiendo que nosotros como sus hijos hagamos un frente común para defenderla de nuestra falta de conciencia.

Me toca hoy fortalecer como integrante del Partido Verde Ecologista el posicionamiento en donde se tiende a que más y mayores recursos sean canalizados en el ámbito de la investigación y la innovación para prevenir desastres múltiples que en su momento tienden y amenazan con la desaparición de gran parte de nuestro querido planeta.

El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha manifestado que el calentamiento del planeta es una realidad, y que la intervención humana en el sistema climático es definitivamente incuestionable.

En virtud de lo anterior, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, cuyo objeto es impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, con la finalidad de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y reducción de riesgos para el caso de desastres naturales y antropogénicos.

Recordemos que más allá de lo anterior que represente un buen ejercicio de armonización jurídica entre nuestras legislaciones existentes, así como el cumplimiento a los diversos compromisos internacionales adoptados por nuestro país en materia de cambio climático, resulta también un camino seguro para seguir estableciendo bases sólidas en la construcción de programas, planes y políticas públicas en beneficio de la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan cada uno de sus componentes. Y sobre todo, en beneficio de las personas que debido a la degradación de la naturaleza se verán afectados por los impactos negativos del cambio climático.

Por eso, es necesario, piensa verde, piensa en ti. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Guirao Aguilar. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, hasta por cinco minutos.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera:Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy nuestro grupo parlamentario votará a favor de qué. De una importante modificación en el artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que se propone como eje central el fenómeno de resiliencia en la investigación científica.

Para los que no saben qué es, ya lo han repetido pero lo digo nuevamente, es la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse de cualquier peligro.

Por su ubicación geográfica, México está sujeto al impacto de gran cantidad de fenómenos naturales y antrópicos que anualmente causan importantes daños, pérdidas económicas y, lamentablemente, vidas humanas.

Todos en nuestros estados hemos sufrido este fenómeno por diversas causas y sabemos cuánto tardamos en recuperarnos. En mi experiencia, cuando nos pegó el huracán Alex, en 2010, casi todo Nuevo León era un caos, y para muestra, un botón. Ahora veamos cómo está diseñado el sistema vial, que ha sido poco eficiente y todo porque no hay una revisión e investigación que no solo nos haya hecho recuperarnos, sino que no estábamos preparados y el huracán se llevó consigo avenidas, puentes y demás construcciones. Aunado a eso, sin energía eléctrica y agua. Literalmente era un caos.

Existe la necesidad de contar con nuevas herramientas y enfoques que los mismos gobiernos y ciudadanos fortalezcan para una mejor protección de los recursos humanos, económicos y naturales de nuestros pueblos y ciudades.

La resiliencia frente a la crisis no solo contempla la reducción de riegos y daños de catástrofes, como pérdidas humanas y bienes materiales, sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Por ello, insisto en que la ciencia y la tecnología deben ser prioridad para el país, pues de ahí se derivan ventajas sociales y económicas que necesitamos ya.

Celebro que haya investigadores mexicanos que ya están trabajando en este tema, pero no es suficiente. Démosles las herramientas con esta reforma de ley para que se fortalezca su trabajo y arrojen resultados inmediatos. Y, de ser posible, programas para prevenir en la medida de lo posible los daños causados tanto por eventos catastróficos naturales como por los antropogénicos.

México se encuentra en el decimoprimer lugar en generar emisiones de gases contaminantes que da vergüenza. Así que, compañeros, atendamos el tema, ahorita es la resiliencia, al rato será otro tema ambiental y todo es importante.

En el Grupo Parlamentario del PRD, estamos comprometidos tanto con los temas ambientales como con la ciencia, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para las personas. Pretender que el cambio climático no es real, no hará que desaparezca. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Arguijo Herrera. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, hasta por cinco minutos.

El diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Como ya se dijo aquí, el desarrollo científico y tecnológico es factor fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. De dicho conocimiento se derivan propuestas de acción que los gobiernos pueden aplicar para resolver los problemas nacionales.

Precisamente uno de los retos más apremiantes que enfrenta nuestro país y el mundo en general, es el cambio climático, este desafío cobra cada día mayor relevancia ante los actos, costos económicos y humanos. En este sentido, es fundamental reconocer que el tema ambiental ya es un tema de urgencia para todos. Debemos recordar que los costos económicos y sociales asociados a la falta de atención frente al cambio climático son enormes y las medidas que se requieren tomar para enfrentar ese cambio climático son imprescindibles e improrrogables.

Año con año los mexicanos tenemos que hacer frente a no pocos desastres naturales en diversas entidades federativas del país, huracanes, lluvias en exceso, heladas, sequias, fríos, desbordamiento de ríos y presas, entre otros que han afectado a miles de familias.

Por otro lado, día a día tenemos noticias de desastres provocados por el factor humano como incendios, explosiones, derrumbes, derrames petroleros, etcétera, que causan pérdidas humanas y económicas invaluables.

En este contexto, se hace necesario establecer un marco jurídico operativo que permita actuar con la mayor oportunidad para prevenir, mitigar y atender los estragos ocasionados por los riesgos de esos desastres naturales que han incrementado su intensidad por acción del cambio climático; también de aquellos desastres ocasionados por la acción del hombre, definidos en esta iniciativa como antropogénicos –que realmente en castellano debería de ser el término correcto antrópicos– y que ahora estamos proponiendo a todos ustedes.

Para Acción Nacional es importante que se apruebe el presente dictamen que reforma el artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de establecer como política de Estado que sustente la integración del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, para incrementar la resiliencia y la reducción de riesgos en los desastre naturales y en los provocados por el ser humano.

Este concepto, que ya se ha insistido aquí, resiliencia, lo entendemos como la capacidad de una comunidad para hacer frente, resistir y recuperarse en el menor tiempo posible de un riesgo, peligro o desastre.

Nuestro país ha asumido en los últimos años un compromiso con el medio ambiente, un liderazgo en la lucha contra el calentamiento global y ha participado y contribuido con propuestas y experiencias en los foros mundiales sobre la reducción de riesgos de desastres.

México se comprometió, en el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre este tema celebrada en marzo de 2015 en Sendai, Japón.

En ese Marco de Sendai, se comprometió México a realizar las acciones necesarias en la inversión del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastres.

Por lo anterior, la adición de una fracción IX al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología otorga la condición de prioritarias a las políticas que se relacionen con el cambio climático como puede ser el uso racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales.

Medidas de esta naturaleza, sin lugar a dudas, contribuyen a alcanzar un desarrollo sustentable en nuestro país y a combatir el deterioro ambiental a causa del cambio climático y sus consecuencias nocivas para la humanidad y las futuras generaciones.

Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Como país necesitamos reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente; con la resiliencia y reducción de riesgos en los desastres naturales y antropogénicos. Nuestro país y el mundo en general, estamos reaccionando tarde para hacer frente al calentamiento global y así prevenir o mitigar los efectos del cambio climático.

Y hoy precisamente en el Día Mundial del Árbol, la Comisión de Cambio Climático nos hizo llegar esta pluma que tiene semillas para plantar un árbol; celebremos con la aprobación de este dictamen.

México, todos nosotros, tenemos la obligación de hacer las adecuaciones normativas necesarias con la convicción de que México sea un país sustentable, que aporte además, soluciones y alternativas a los problemas ambientales que son de todos nosotros, de toda la humanidad. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Leonel Cordero Lerma. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Bernardino Antelo Esper.

El diputado Bernardino Antelo Esper:Muy buenas tardes, con su permiso, señora diputada presidenta. Velar por el mañana. Como sociedad, el sistema climático evoluciona y el futuro de la primera dependerá en gran medida de las decisiones y acciones que se tomen en el presente para prevenir los eventuales desastres del segundo.

Compromiso con el México de hoy y mañana; prudente, convencido del valor de la prevención, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha establecido en el Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018, para incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático; ha adoptado los lineamientos de la ONU para la reducción de desastres, conocido como Marco de Sendai; ha creado el Programa de Atención a Problemas Nacionales para que los investigadores se enfoquen al estudio y solución de desafíos como la mitigación del cambio climático y el desarrollo urbano inteligente, entre otros.

Ha impulsado el primer proyecto para la señalización de riesgo de tsunami en ciudades de las costas del Pacífico en coordinación con la UNAM. Modernizó el procedimiento para la evaluación del impacto de sismos a fin de agilizar la atención de las declaratorias de emergencia y ha fortalecido los fondos de prevención de desastres para disminuir el impacto destructivo de los fenómenos naturales.

En nuestra plataforma electoral, los diputados del PRI nos comprometimos por un México preparado con capacidad de respuesta para enfrentar las consecuencias adversas. Por eso, hemos reformado la Ley General de Protección Civil para garantizar que las instituciones públicas y particulares incorporen innovaciones tecnológicas y digitales en la elaboración de sus programas de protección civil, y asegurar que los responsables de crear planes internos de protección los vinculen con los atlas de riesgos nacional, estatal y municipal que correspondan.

Ahora debemos votar para fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia en aras de reducir los riesgos por eventuales desastres.

Complicado el pronóstico para el futuro, la resiliencia es la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro o afectación. La agenda 20-30 para el desarrollo sostenible de la ONU, convoca a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Responsable con el programa, el gobierno de la República ha comenzado a dimensionar los costos económicos derivados del cambio climático en México, pues tan solo entre 2001 y 2013, estos ascendieron a más de 338 mil millones de pesos.

Además, con base en cifras aportadas por el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, sabemos que 319 municipios, es decir 13 por ciento del total en el país son vulnerables a impactos por el cambio climático, en particular a las sequías, inundaciones y deslaves.

Por otro lado, entre 2015 y 2039 incrementará la temperatura anual hasta en dos grados centígrados en el norte del país, y entre uno y 1.5 grados en el resto del territorio nacional. Asimismo, durante el mismo período disminuirán entre 10 y 20 por ciento las lluvias en el país, lo cual podría traer consecuencias económicas, sociales y ambientales importantes.

Legislar para impulsar la resiliencia. La Ley General de Cambio Climático mandata en su artículo 5 que la Federación, las entidades federativas y los municipios, trabajarán conjuntamente para la mitigación y adaptación del cambio climático. De conformidad con la distribución de competencias prevista en nuestro marco jurídico.

El cambio climático y los desastres que ocasiona se traducen en graves problemas sociales, económicos y ambientales, afectando severamente la población, infraestructura y sistemas productivos en las diferentes localidades.

En la actualidad, la falta de recursos económicos y humanos que permitan realizar investigaciones en materia de resiliencia y reducción de riesgos nos ha obligado a optar por buscarlos en el extranjero, desperdiciando el enorme potencial de los mexicanos.

Votaremos a favor del presente dictamen para impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, así como para fomentar la investigación en materia de resiliencia y reducción de riesgos para el caso de los desastres naturales y antropogénicos. Votaremos a favor pues, como dijera Emile de Girardin, porque gobernar es prevenir. Muchas gracias. Y es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Antelo Esper. Está a discusión en lo general y en lo particular. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se solicita a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 399 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 399 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ya había fijado la posición de su grupo parlamentario la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Candelaria Ochoa Avalos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. La reforma al artículo 25 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no sólo es importante, sino una necesidad urgente.

Y así como hoy podemos decir que es una reforma que va a beneficiar a todas las mujeres, incluidas a las que estamos aquí, pero también a los hombres, por eso acortar el tiempo a 75 días para declarar una alerta de género, es una necesidad imperante para prevenir los asesinatos de mujeres, pero además para atender de manera muy puntual que las mujeres queremos seguir viviendo, y esta Cámara de Diputados y el Estado mexicano está obligado con el 52 por ciento que somos las mujeres. Por eso me da mucho gusto que finalmente hayamos consensado acortar los tiempos.

Exigir nuestros derechos no es un delito, exigir nuestros derechos es literalmente un derecho y hoy espero que todavía como producto de este 8 de marzo que estamos aquí refrendando el compromiso de las y los diputados con las mujeres.

Yo presenté un punto de acuerdo en marzo del 2016, para que la alerta de género se hiciera del conocimiento del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, desafortunadamente no fue votado a favor, pero el que hoy esté en la iniciativa que la alerta de género debe dar conocimiento a los tres Poderes, es precisamente el engranaje legal y jurídico que necesitamos tener para que las vida de las mujeres sea protegida.

Este marco que haya siete mujeres asesinadas al día nos debe escandalizar, por eso la iniciativa de ahorita es para que la violencia en todas sus modalidades y espacios en los que se presente sea atendido, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia comunitaria, la violencia institucional.

Por eso, esta iniciativa del Grupo de Morena viene a atender de manera oportuna lo que viene a ser, finalmente, un logro para las mujeres.

Si ahorita, actualmente tenemos once solicitudes de alerta de género, y podríamos decirlo, como en la Comisión Permanente lo propuso el senador Zamora, casi todos los estados, los 32, deberían tener alerta de género, porque no se necesita matar a una, a cinco o a quinientas, la vida de una mujer es igual de importante para todos los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano. Por eso la vamos a votar a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca que la notificación de alerta de violencia de género se haga tanto en los ayuntamientos como en las entidades federativas.

Es un tema sensible y que debe de haber corresponsabilidad en todos los niveles de gobierno.

Mucho hemos hablado de la violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y niñas de todo el país.

Precisamente por esa razón tuvo que crearse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objeto es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar que se viva libre de violencia, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca el desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de la no discriminación en contra de las mujeres y niñas.

De este modo, ante estas preocupantes cifras de violencia de género en diversas regiones del país, por medio de la ley se comenta y se crea la figura de alerta de género, misma que define el artículo 22 como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, por la propia sociedad.

Cabe señalar que la violencia feminicida se entiende como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado, y puede culminar en un homicidio u otras formas de muerte violenta en contra de las mujeres.

¿Qué estamos haciendo los legisladores y las legisladoras por darles certeza a una vida libre de violencia a las mujeres? Lo que se pretende con esta reforma es que, dado que el municipio es la primera instancia de gobierno, la más cercana a la ciudadanía, a la comunidad, resulta no solo deseable sino necesario que también a los ayuntamientos se les haga la notificación de alerta de género por violencia.

Compañeras y compañeros, no podemos ser mezquinos en este tema y hoy más que nunca se escuchan las voces de todas las mujeres en el país, y desde luego desde esta Cámara, con la sensibilidad y el compromiso social que tenemos todas y todos. Porque debe ser todas y todos, de realmente darles certeza para que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia en todos los aspectos y en todos los sentidos.

Ese es un tema contundente y hoy este punto lo vamos a votar a favor porque es un tema que les debemos a las mujeres mexicanas y hoy es un compromiso que debemos cifrar.

De la violencia contra las mujeres en México no solo son indignantes las cifras, sino son vergonzosas. De 2013 a 2015 cada día fueron asesinadas siete mujeres en el país, siete vidas que se privaron y no hicimos nada en ningún orden de gobierno.

En Nueva Alianza hemos sido reiterativos en este tema, por eso cumpliremos el compromiso de poner un alto definitivo a la vida de violencia que han sufrido muchas mujeres en diferentes puntos y rincones del país.

Compañeras y compañeros, cumplamos lo que hemos establecido como una prioridad, que hablamos de igualdad y hablamos de que no quede nada más plasmado, que sea una práctica diaria el respeto y sobre todo reitero: una vida libre de violencia para las niñas y mujeres de este país. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez:Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, manifiesto nuestra aprobación al sentido del presente dictamen, a través del cual se pretende establecer que también se notifique a los ayuntamientos cuando se emita una declaratoria de alerta de violencia de género en su territorio, puesto que hoy solo se da aviso de manera formal al gobierno de la entidad federativa correspondiente.

Recordemos que la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos del género femenino, único en el mundo y que consiste en la implementación de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La alerta de violencia de género también procede cuando se da la existencia de un agravio en contra de las mujeres, ejercido de manera individual o colectiva, equiparable con el feminicidio, que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos en un territorio determinado, sea a nivel municipal o estatal.

No debemos pasar por alto que la alerta de violencia de género es una herramienta exclusiva de nuestro país, la cual ha sido reconocida por organismos internacionales, dado su carácter integral, ya que ésta contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y recomendaciones respecto a la realización de diversas acciones de política pública, así como reformas para eliminar la desigualdad en la legislación.

Cabe destacar que hasta hoy todos los casos de solicitudes de alerta de violencia de género han sido presentados por organizaciones de la sociedad civil, son estos colectivos de mujeres los que han registrado, documentado y visibilizado la violencia contra el género femenino y han alzado la voz para pedir que se active el mecanismo.

Como todos sabemos, los principios de objetivos de las alertas de violencia de género se encuentran plasmados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que los requisitos que deben cumplirse, así como lo relativo a la conformación y publicación del decreto están estipulados en el reglamento del ordenamiento referido.

En este contexto resulta sensato, como lo plantea el decreto puesto a nuestra consideración, incluir en la ley la obligación de notificar a los ayuntamientos cuando se emita una alerta de género que abarque su territorio, tal y como ya lo establece el reglamento, lo cual servirá, entre otras cosas, para que las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo se ejecuten en menor plazo y de manera más eficaz.

Recordemos que en la lucha en contra de la violencia de género no hay tiempo que perder, y la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno resulta fundamental para que este flagelo no siga cobrando víctimas.

Por todo lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Karen Hurtado Arana.

La diputada Karen Hurtado Arana:Con su venia, señora presidenta. Acudo a esta tribuna a presentar la posición del Grupo Parlamentario del PRD al dictamen que propone reformar el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta ley contiene, entre otros dispositivos, la alerta de violencia de género contra las mujeres como un mecanismo que permite el accionar urgente de los diversos niveles de gobierno; a fin de atender una grave situación de violencia de género en un territorio determinado para su operación, se ha expedido el reglamento.

La iniciativa en comento propone adicionar la mención del cumplimiento del reglamento de los contenidos desde esta ley. Al respecto, hay que señalar que esta ley la determinan los contenidos del reglamento, no viceversa, como lo propone el dictamen en comento. En su caso, lo correcto sería incorporar enunciados generales con los contenidos propuestos, los cuales serían desarrollados en el reglamento. Su incorrecta incorporación no aporta absolutamente nada en esta ley.

Por otra parte, hemos señalado insistentemente a lo largo de las intensas reuniones que se han debatido de este dictamen, las prioridades de acortar los tiempos de implementación de la alerta de género a fin de restablecer en el menor tiepo posible la seguridad e integridad de las potenciales víctimas de violencia de género y eliminar un ambiente feminicida en un territorio determinado.

Tres años es el tiempo promedio que le ha tomado a la Secretaría de Gobernación emitir las alertas de género en los seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía de que esto ocurra en todos los casos. En el Estado de México tardó cinco años, para Veracruz la espera fue sólo de un año, y tanto en Colima y Sonora, desde donde se solicitó antes de que en Veracruz, el procedimiento sigue en trámite.

La primera solicitud de alerta de violencia de género data del 2008 con motivo de la violencia feminicida y los secuestros de niñas y mujeres en zona triqui de Oaxaca; después vendrían las de Guanajuato en 2009; el emblemático Estado de México en 2010, y fue hasta el 2015 que la Secretaría de Gobernación emitió por primera vez una alerta de género en 11 municipios del Estado de México.

Cinco años después de la presentación de la solicitud de alerta de violencia de género, si esa declaración se hubiera dado con la prontitud que el caso ameritaba, se hubieran evitado cientos de muertes y asesinatos y miles de desapariciones de mujeres en los diferentes estados.

Conforme a esas condiciones, desde nuestro punto de vista el presente dictamen no aporta avances significativo a favor de las potenciales víctimas de violencia de género. Por esa razón el grupo parlamentario del PRD votará en abstención. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Hurtado Arana. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, señora presidenta. El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la alerta de violencia de género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Sin embargo esta no es la realidad, sobre todo si hablamos de emergencia, ya que a pesar de que el reglamento de la misma ley se reformo en 2013 para establecer un nuevo proceso de emisión de la alerta de violencia de género para hacerla efectiva y rápida. El procedimiento sigue siendo muy largo e ineficiente, pues no responde a la urgencia que debería.

La propuesta que hizo Morena para reformar el artículo 25 y adicionar el 25 Bis establece un procedimiento ágil y claro para emitir la declaratoria, en lugar del trámite tortuoso y burocrático que se ha seguido hasta el día de hoy.

No se debe olvidar que el feminicidio es la expresión más extrema y cruel de esta violencia, y desafortunadamente cada día vemos el aumento de la comisión de estos crímenes de odio contra mujeres en varias regiones del país, lo cual nos indica que la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres, es una política fallida en gran medida porque los recursos que se destinan a la atención y prevención de la problemática son mínimos, de hecho vimos cómo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal fue eliminado el Anexo 26 correspondiente a principales programas, Ramo 4 Gobernación, el relativo a la promoción de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, además de que se redujo el presupuesto destinado a este rubro.

El gobierno federal se ha caracterizado por su insensibilidad y falta de compromiso para con estos temas. Así es en cuanto a la alerta de género, tal parece que desde la Secretaría de Gobernación se realizan importantes esfuerzos para que estas alertas no se declaren, además de como ya se señaló el procedimiento que actualmente está vigente en el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, está diseñado para alargar, entorpecer y evitar se declare.

Y eso es precisamente lo que Morena proponía, se corrigiera con la iniciativa presentada por la diputada Rocío Nahle y por el de la voz, y que fue apoyada en su momento por legisladores y legisladoras de otros grupos parlamentarios.

El gobierno federal y los de muchas entidades federativas tienen una idea muy equivocada de lo que es la alerta de género. Este mecanismo no es para acusar a nadie, la alerta de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita sin dilaciones. La violencia feminicida en un territorio determinado, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos.

Recodamos cómo lamentablemente el gobernador del Estado de México estuvo durante más de cuatro años litigando en medios de comunicación y tribunales federales, con el objetivo de evitar la implementación del mecanismo de alerta de violencia de género, ya que como también lo entendió en su momento Enrique Peña Nieto consideraron la alerta como una maniobra política para descalificarlos. Ahora, en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera lo entiende igual y pese a que en esta capital los feminicidios van a la alza se niega a declarar alerta de género.

Las acciones tendientes a la atención y prevención de la violencia que se ejercen contra las mujeres y sobre todo la que se ejerce en su expresión más extrema, que es el feminicidio, no pueden esperar largos plazos para su implementación, son acciones que con carácter de urgente deben ser implementadas, que mucho menos deben estar sujetas a consideraciones de índole política.

Las alertas de género no están funcionando por lagunas jurídicas, como la que se pretende enmendar con la iniciativa que Morena presentó; y tampoco funcionan, debemos decirlo, por falta de voluntad política. Así basta mencionar el caso del Estado de México, en donde a pesar de contar con alerta en 11 de sus municipios los feminicidios no han bajado, así el año pasado en la entidad mexiquense se contabilizaron oficialmente 266 feminicidios.

Con toda esta información nuestra compañera que pidió licencia, Delfina Gómez, el año pasado organizó un foro, que se denominó Estado de México feminicida. Es evidente que no hay voluntad política del gobernador Eruviel Ávila para atender esta problemática.

Es muy preocupante que en el 40 por ciento de los feminicidios, este dato es fundamental y espero me escuchen los que están gritando, es muy preocupante que el 40 por ciento de los feminicidios cometidos en el Estado de México las víctimas habían denunciado sufrir violencia. Es decir, de cada 10 mujeres, cuatro habían dicho que sufrían violencia y ahora están muertas. ¿Qué se hizo ante esto? Pues evidentemente poco o nada. Ahora esas mujeres que denunciaron ya están muertas.

Bien. Les informo, compañeras y compañeros, Morena declina las reservas y nos sumamos a los acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Molina Arias. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Moya Marín.

La diputada Angélica Moya Marín:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres. Hablar de violencia feminicida es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por el Estado, en el ámbito público y privado.

De acuerdo con la publicación La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 1985-2014, de ONU Mujeres, el Inmujeres y la Secretaría de Gobernación, tan solo en 2014 ocurrieron dos mil 289 casos de defunciones femeninas con presunción de homicidio.

En el año anterior, 2013, las estadísticas señalan la ocurrencia de dos mil 594 mujeres asesinadas en México, pero hoy el caso que más preocupa en todo el país es el caso del Estado de México. En los últimos años, la ola de feminicidios en el Estado de México ha alcanzado dimensiones sumamente alarmantes. Lamentablemente, la tendencia creciente no se ha revertido y el gobernador, Eruviel Ávila, se ha dedicado a minimizar este grave problema social. Quisiéramos ver al gobernador de la entidad mexiquense anunciar qué se ha hecho en contra de la violencia hacia las mujeres y para frenar los feminicidios, y en cambio estamos viendo que anuncian muchísimas cosas más que está haciendo el gobierno, pero de este tema hace silencio total.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, de 2005 a la fecha cerca de mil 500 mujeres fueron asesinadas con exceso de violencia en esta entidad, convirtiéndola en el estado más peligroso para las mujeres, tan solo en el último año la cifra de homicidios de mujeres en la entidad fue de 263. Es un dato verdaderamente inaceptable y no lo decimos por cuestiones estadísticas, sino porque el gobierno no puede hacerse de la vista gorda ante el asesinato de tantas mujeres pretender que no pasa nada o se trata de casos aislados.

Por ello es que a nivel nacional se implementó uno de los mecanismos más importantes para prevenir, atender y sancionar esta violencia extrema contra las mujeres en nuestro país, que es la alerta de violencia género. Este mecanismo está instituido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y regulado por su reglamento y se define como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea que esta sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

De acuerdo con información oficial, el día de hoy se ha declarado la alerta de violencia de género en 11 municipios del Estado de México, ocho municipios del estado de Morelos, 14 del estado de Michoacán, siete de Chiapas, cinco de Nuevo León y 11 de Veracruz.

No obstante que el mecanismo de la alerta de violencia de género se ha aplicado para instituir acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida a nivel municipal, lo cierto es que la ley vigente señala que la Secretaría de Gobernación hará la notificación de la declaratoria de alerta de violencia de género al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, dejando de lado a la autoridad municipal correspondiente.

Acción Nacional reconoce la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a garantizar en el ámbito municipal el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su igualdad de acceso a las mismas oportunidades que los hombres.

Por ello, coincidimos con la propuesta de dictamen que se busca instituir que a la Secretaría de Gobernación ya no solo corresponda notificar la declaratoria de alerta de violencia de género al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, sino también a los ayuntamientos correspondientes.

Estamos ciertos de que lo anterior sin duda evitará que algún orden de gobierno pretenda hacer caso omiso a sus responsabilidades, producto de tal declaratoria y, junto con ello, las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, a garantizar la seguridad de las mismas, al cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por normatividades que agravien sus derechos.

Compañeras y compañeros, la experiencia nos ha hecho ver que de poco nos sirve se proclamen nuestras libertades civiles y políticas, nuestro derecho a la educación o a la salud, si no se nos garantiza con anterioridad, nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica. Es decir, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.

Es esencial que nuestro orden jurídico haga partícipe a todos los órdenes de gobierno en los mecanismos para detener la violencia de la que son víctimas muchas mujeres, para sancionar a quien resulte responsable, pero también para prevenir nuevos actos de violencia en su contra y así lograr erradicar este lacerante mal social.

Admitámoslo, no se trata de un asunto moral, hay que crear instituciones, hay que despertar una ética política que disuada y castigue la violencia contra las mujeres.

Por todo lo anterior, votaremos en favor del dictamen, esperando, por supuesto, que los estados, los municipios en donde se ha declarado la alerta de género, como los municipios mexiquenses, sean conscientes de todo lo que está sucediendo en contra de las mujeres, y por eso vayamos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Angélica Moya. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Guerrero Esquivel.

La diputada Araceli Guerrero Esquivel:Con su permiso, señora presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento el posicionamiento del dictamen que reforma el artículo 25, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en tres puntos.

Primero. La violencia contra una nos afecta a todos. La cultura de la no violencia es una condición indispensable para el desarrollo humano pleno y un componente básico de la democracia moderna, por eso mientras una sola mujer se vea violentada, la sociedad entera es herida, la prosperidad se cancela y la paz es vulnerada.

En ese sentido ser solidario con la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, significa ser partidario de una sociedad justa, democrática y en paz, entendiendo este concepto en el más amplio sentido ético.

Es decir, la paz comprendida como categoría que permite en un contexto social concreto una etapa fructífera de realizaciones culturales, de progreso y desarrollo bajo el principio de equidad e igualdad de género.

Número dos. Por un México seguro para las mujeres. Tenemos que pugnar y seguir empeñando el esfuerzo de todos por un México más justo y más libre de violencia en contra de las mujeres.

Hoy es menester reconocer que la más cruel de las violencias de género es la violencia sistémica que se produce y manifiesta en terribles condiciones de pobreza, desigualdad y marginación en contra de miles y millones de mujeres que por obligación moral tenemos que reducir, modificar y revertir si es que queremos una nación más moderna y próspera.

Esa es la responsabilidad que frente a sí tiene la sociedad política, y en específico el Estado mexicano.

Es importante afirmar que, a pesar de los avances registrados en los últimos tres años, todavía falta mucho por hacer. Pero también hay acciones que podemos destacar. El Estado mexicano comprometido con las mujeres y niñas en los últimos años ha logrado construir 23 centros de justicia para las mujeres en el país, donde se brinda asistencia psicológica y legal.

En el ámbito jurídico se ha promovido la tipificación del feminicidio en los códigos penales de las entidades federativas. México se sumó en estos tiempos a la campaña Nosotros por ellas, de la Organización de las Naciones Unidas. Se avanzó en la alerta de género con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, sumado a ese esfuerzo, las y los diputados de la LXIII Legislatura federal consolidamos la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fortaleciendo la coordinación entre niveles de gobierno. Se consolidó la elaboración del protocolo especializado de atención a víctimas de violencia de género.

Ahora nos corresponde a las y los legisladores votar para hacer más eficiente la alerta de género, tercero, por una vida libre de violencia para todos.

Nuestra Carta Magna señala en su artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales del Estado mexicano de los que es parte, así como de las garantías de su protección.

La Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto coordinar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en las tareas de prevenir, sancionar y erradicar conductas que atenten con la integridad de la mujer. Define, además, los mecanismos a este corte jurídico institucional para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio geográfico determinado mediante la declaratoria de alerta de violencia de género.

Actualmente corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la correspondiente alerta, notificando al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. Pero vigilar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres requiere de una mayor coordinación entre todas las autoridades.

Como fracción, reconocemos la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto en la defensa de los derechos de las mujeres y ratificamos nuestro compromiso de votar a favor del presente dictamen, que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que en caso de declaratoria de alerta de género, se notifique a los ayuntamientos involucrados.

Hoy nos corresponde expresar nuestra posición de manera clara y responsable, y será a través de un voto a favor de las mujeres de México y del respeto absoluto a su dignidad humana. Muchas gracias. Votos sí, flores también.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Araceli Guerrero Esquivel. Previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Modificaciones propuestas a nombre de la comisión.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueban las modificaciones planteadas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. Se aprueba y se incorpora al dictamen

La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Hortensia Aragón.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Primero, reconocer el esfuerzo que se realizó en el transcurso del día de hoy para corregir este dictamen. La aceptación de varias de las propuestas que se vinieron haciendo, no solo por el Partido de la Revolución Democrática sino por otros institutos políticos.

En este sentido, el transitorio que establece los 45 días, decir que hemos considerado en el Partido de la Revolución Democrática, votar a favor de este dictamen y al mismo tiempo hacer un exhorto a la Comisión de Igualdad de Género, para que le dé seguimiento al reglamento que tendrá un plazo de 45 días a partir de esto y que tengamos claro que de lo que se trata es de que la alerta de género se pueda declarar en el menor tiempo posible, en razón de ello el PRD votará a favor.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Aragón. Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de Debates.

La diputada Karina Padilla Avila(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Karina Padilla.

La diputada Karina Padilla Avila (desde la curul): Gracias, señora presidenta. De igual manera, reconocer el esfuerzo que se ha realizado en este tema de alerta de género tan importante para todos los estados en el país, pero además también solicitar y exhortar desde esta misma curul el trabajo que se tenga que realizar de reeditar de manera integral todo el procedimiento de alerta de género.

En el Grupo Parlamentario del PAN lo hemos solicitado, desde el inicio de la legislatura, se revise el procedimiento y se escuche a las asociaciones civiles que son las verdaderas aliadas también en este tema de la alerta de género y por supuesto, de la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Karina Padilla. Quedan asentadas sus expresiones en el Diario de Debates. Sonido por favor en la curul de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Muchísimas felicidades al pleno reiterando este gran trabajo en favor del voto para lograr que esta iniciativa prospere por la alerta de género.

Sin embargo, presidenta, aprovecharía este pequeño espacio para comentarles que también se comete otro tipo de abuso en contra de las mujeres. Me refiero a Ana María Cervantes Méndez, una paciente que necesita hemodiálisis tres veces a la semana en una clínica de Veracruz, en Poza Rica y que ni siquiera hemos tenido la atención de que el director general nos acepte las llamadas para ver qué está pasando. Esa también es violencia en contra de las mujeres.

También necesitamos alertar en contra de esos abusos en razón de cuando te encuentras enfermo, indistintamente de tu género, por lo que solicitamos al Seguro Social, al director general Mikel Arriola, que determine de inmediato la atención no solamente para Ana María Cervantes, sino para todos aquellos pacientes que reclaman la atención con excelencia de todas las unidades médicas de este país. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Quedó asentada su expresión en el Diario de Debates. Sonido por favor en la curul de la diputada Irma Rebeca López.

La diputada Irma Rebeca López López (desde la curul). Con su venia, señora presidenta. Morena agradece el apoyo y esfuerzo a todas las fracciones para sacar este dictamen propuesto por Morena en beneficio de todas las mexicanas. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada Irma Rebeca López. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Se solicita a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 25 con las modificaciones presentadas por la comisión y acepadas por la asamblea.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 383 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado el artículo 25 con las modificaciones aceptadas por la asamblea, por 383 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pase al Senado para sus efectos constitucionales.

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN

EXHORTO PARA QUE SE REALICE EL DESCUENTO CONDUCENTE AL PEAJE DE AUTOPISTAS CUANDO ESTÉN EN OBRAS O EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puente Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a realizar las acciones necesarias a efecto de que se realice el descuento conducente al peaje de las autopistas del país cuando éstas se encuentren en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación.

La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, las autopistas y puentes de cuota han sido factor fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural de México.

La infraestructura carretera ha integrado y comunicado a las diversas regiones del país, constituyendo un importante detonador para el desarrollo de los estados y los municipios, además ha traído beneficios inmediatos a los usuarios como menor consumo de combustibles y desgastes de vehículos; seguridad; comodidad, eficiencia y ahorro en los tiempos de recorrido.

En suma, la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social están íntimamente vinculados a la cobertura y calidad de la infraestructura carretera. En nuestro país, el transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos, el 67 por ciento del movimiento doméstico de carga y el 90 por ciento de pasajeros se desplazan por esta red.

Cada año pasan por autopistas y puentes de cuota más de 426 millones de vehículos. En el actual periodo de gobierno se han concluido 26 autopistas, los esfuerzos están a la vista, de ahí que la modernización de la infraestructura carretera ha constituido un parteaguas para el desarrollo que ha traído innumerables beneficios. Sin embargo, a veces los resultados en términos de cobertura no siempre han logrado traducirse en calidad y satisfacción de los usuarios.

Por ello, en el centro de este punto de acuerdo que hoy pongo a consideración están los ciudadanos y sus derechos. Ustedes saben del sin número de quejas en todo el país sobre las condiciones de las autopistas y el costo de éstas, particularmente debido a las permanentes obras de reparación, mantenimiento o modernización, en cuyo caso el precio pagado no corresponde al servicio esperado.

En este sentido hay que precisar que, cualquiera que sea la causa de las obras, éstas forman parte del contrato entre el gobierno y el concesionario; y sus costos están previstos en el esquema de negocio convenido.

Como lo señaló un constructor, las autopistas que están maduras son un negocio de ganar-ganar, tanto para el gobierno como para la iniciativa privada. Y yo agregaría: un negocio en donde los usuarios también tienen que ganar, o cuando menos no tienen por qué perder.

Es claro que cuando las obras estén terminadas con la calidad requerida, resultarán en beneficio de los usuarios, no obstante, mientras se están llevando a cabo existen afectaciones en el tiempo de traslado, las condiciones de seguridad, así como en los costos asociados a estas eventualidades, costos que no solo van en detrimento de la economía de los ciudadanos, sino también de las empresas y de su competitividad.

Bajo este orden de ideas, es necesario entender y asumir que los usuarios tienen una categoría de ciudadano consumidor, la cual debe ser respetada así como todos los derechos que le son inherentes, y es a nosotros, compañeras y compañeros legisladores, que en nuestra calidad de representantes populares nos corresponde velar por sus derechos. Lo anterior implica garantizar que los servicios se otorguen en las condiciones y con el precio pactado.

En este sentido es que se propone exhortar a la SCT y a Capufe para que se realice el descuento conducente al peaje cuando las autopistas estén en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación. Dicho descuento deberá ser proporcional a los kilómetros afectados, así como al tiempo estimado de demora para los usuarios.

Es factor fundamental para seguirle apostando al desarrollo y progreso de este país, así como estipular reglas claras y justas para impulsar y sano y libre crecimiento económico que nos permita ser competitivos ante los retos que nos depara el mundo globalizado, medida que lleva implícito el reconocimiento y respeto a los derechos de los usuarios, así como la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los concesionarios. De ahí que les pido, compañeras y compañeros, su voto a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta.

Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados, hasta por tres minutos: por el Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, hasta por tres minutos.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas:Con la venia de la asamblea. Siempre en toda historia de la humanidad los caminos han sido el medio de desarrollo de toda civilización.

Actualmente no podemos imaginarnos una sociedad moderna sin buenas carreteras y autopistas, como tampoco podemos imaginar a una sociedad moderna sin agua, sin electricidad, sin teléfono o internet. Por eso podemos decir que el sistema de carreteras, autopistas y puentes de nuestro país bien pudiese compararse como un sistema nervioso del territorio nacional.

Cabe precisar que gran parte de las autopistas de nuestro país se financian por el pago de peaje de los usuarios que utilizan estas carreteras. En este sentido, es justo reconocer el enorme esfuerzo que hace nuestra gente por pagar las casetas, como se le conoce a este peaje.

La gente por lo regular, la gente por lo regular no reniega el pagar casetas cuando las autopistas están bien hechas. Es decir, no reniegan en pagar una cuota de peaje cuando las autopistas están en buen estado.

Yo creo que es recíproco que también, y justo también, que la SCT y Capufe les otorguen descuentos de pago también a los automovilistas cuando las autopistas están deterioradas o se encuentran en reparación.

Yo creo que es lo más justo, que se les hagan descuentos a todos los automovilistas que pasan por una autopista en deterioro. Por eso es importante este punto de acuerdo, pero que no vaya nada más a la SCT y Capufe, también que vaya a los concesionarios, que hagan descuentos, que se le cobre lo justo al automovilista.

No podemos permitir que le sigan cobrando grandes cantidades cuando la autopista está en deterioro o en reparación, puesto que eso les genera incomodidad y también tardanza para llegar a sus puntos de origen.

Creo que esto debe de ser justicia a los automovilistas y es una demanda generalizada de todos los que usan el automóvil en las autopistas, por qué me cobra el gobierno o por qué me cobra Capufe la misma cantidad cuando la autopista está fregada, cuando la autopista está en reparación. Creo que es injusto.

Por eso, compañeras y compañeros, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos de acuerdo con este punto de acuerdo, para que la SCT y Capufe deban implementar un descuento al usuario de las autopistas de cuota, por los kilómetros que se encuentren en obras, por las pérdidas que los retrasos pudieran ocasionar, acción que indudablemente sería de fundamental justicia y respeto.

Tarifas completas sí, en autopistas que se encuentran en excelentes condiciones. Tarifas reducidas en autopistas deterioradas o en reparación. Igual a lo que es igual. Desigual a lo que es desigual. Es cuanto. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Omar Noé Bernardino Vargas. Para hablar sobre el tema tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Araceli Saucedo Reyes:Gracias, diputada presidenta. Primero quiero felicitar a nuestra compañera, la diputada Rosa Chávez por presentar este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Una felicitación.

Pues hoy como Grupo Parlamentario del PRD vemos que existen enormes coincidencias en trabajar sobre esta materia, debido a que hace algunos meses se presentó una iniciativa de nuestra compañera, la diputada Cristina García, que iba en ese mismo sentido.

Por eso hoy felicitamos al Grupo Parlamentario del PRI por preocuparse y por estar trabajando en este tema.

Los beneficios económicos que genera una red carretera en buen estado, sin duda son enormes. Nos ayuda a tener un mejor desarrollo económico, un mejor tránsito en materia de turismo, en materia agrícola, en materia comercial. Y esto, sin duda, trae grandes beneficios en materia económica.

Desafortunadamente, hoy vemos en nuestro país que las grandes carreteras y esas grandes autopistas, pues no todas se encuentran en buenas condiciones. Existe un gran sinnúmero de ellas que hoy enfrentan una situación muy difícil debido al desgaste de esa pintura que marca estas vialidades.

Hoy vemos un asfalto en mal estado, una falta de alumbrado también y todo ello afecta, sin duda, la seguridad de quienes transitamos en ellas, generando sin duda los accidentes de tránsito día a día.

La proposición que se somete a la consideración del pleno expresa un balance en los beneficios que el sistema carretero de peaje tiene para el desarrollo regional del país, pero resulta dentro de su diagnóstico una situación que del Grupo Parlamentario del PRD ha expresado y que a la letra dice: “Los expertos explican que el problema sin duda se debe a tres razones fundamentales: la primera, los recursos que destina el gobierno son insuficientes para mantener la calidad de toda la red carretera. La segunda se debe a los pesos, que rebasan sin duda los camiones y el transporte que día a día circulan por ellas. Y una tercera es los materiales baratos que se utilizan en la construcción y en la aplicación de ellas”. Esto tiene que ver con un tema de corrupción en nuestro país.

Este reconocimiento nuevamente sitúa el problema en su debido lugar, construir carreteras con dinero público para concesionarlo después, convirtiéndolo en un negocio de privados termina siempre en un rescate carretero, o bien, en altos costos del peaje para los usuarios.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD considera que tanto el diagnóstico que hemos citado, como el punto de acuerdo que contiene, responde a una necesidad urgente de que las cuotas deben reducir sus costos cuando estas se encuentren en mal estado o en deterioro.

Por supuesto que esta medida, por la que hoy estamos exhortando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el órgano descentralizado de Caminos y Puentes Federales, no son suficientes. Lo correcto sería insistir en los puntos que hoy la diputada nos propone para la reflexión, como la calidad de los materiales y esa corrupción imperante que existe hoy en nuestro país.

Por esto es importante y votaremos a favor este punto de acuerdo. Este será, sin duda, un paso importante. Estaremos todos atentos para que la Secretaría y Caminos y Puentes Federales ofrezcan una respuesta razonable y justa, y no aceptaremos ninguna negativa ante esta exigencia. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Araceli Saucedo. Para hablar del tema, tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Diputada presidenta, muchas gracias. Desde luego que para el Partido Encuentro Social es un punto de acuerdo de elemental justicia, es Veracruz un estado de una gran autopista que conecta a México con el sureste del país; sin embargo, compañeras diputadas y compañeros diputados, la autopista desde Córdoba a Villahermosa, siempre se encuentran en mal estado, pero más allá e incluso violentando el artículo 11 constitucional, de tener libertad de tránsito, de poder viajar al interior de la República sin problemas, sin burocracias.

Se atenta, en el caso específicamente de Nanchital, Veracruz, Coatzacoalcos o al sector industrial, Nanchital, todos los que viven en ese municipio, tienen una caseta, que hemos luchado siempre para erradicarla. Esa caseta violenta la Constitución y por supuesto no cumple con los requisitos porque no tienen ninguna alternativa de carretera libre, es decir, para que exista una autopista de cuota debe de haber una alternativa de carretera libre.

Aquí en Nanchital, Veracruz, no se cumple con ese requisito y se les cobra peaje a esas personas distinguiéndolas, discriminándolas, atentando y diciéndoles que son ciudadanos de segunda. No solamente vamos a favor de este punto de acuerdo importante para que la SCT, para que Caminos y Puentes, tengan una atención especial en los tramos carreteros de autopistas en mal estado, no solamente descuentos.

Si hay concesiones en el tema debe de ser motivo de cancelar la concesión, porque si alguien debe disfrutar el tránsito y el buen estado de las carreteras no son los empresarios ni es el gobierno, invariablemente debe de ser el usuario, el ciudadano. Eso es lo que tenemos que ir más allá de este punto de acuerdo, que por supuesto iremos a favor.

Pero en el caso, por ejemplo, de Nanchital, Veracruz, regreso al tema, es una injusticia. Pedimos aquí, en esta máxima tribuna de la nación, que esas cosas desaparezcan en el sureste del país. No pueden estar pagando peaje o, como sinónimo de no pagar peaje, hay que reunir requisitos burocráticos innecesarios.

Es una vergüenza que un habitante de Nanchital, Veracruz, un residente de ese municipio, tenga que reunir requisitos ante la concesión que dio el estado a la empresa para poder salir y no poder pagar peaje. Es una vergüenza y por eso aprovechamos este punto de acuerdo para ir a favor y para ir más allá. Ya basta de que en Nanchital los habitantes sean tratados como de segunda. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Gonzalo Guízar. Sonido por favor en la curul del diputado Antonio Amaro.

El diputado Antonio Amaro Cancino(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Creo que vale la pena hacer algunas precisiones que pueden estar de acuerdo en lo general.

Seguramente la afectación de todo transeúnte en esas pistas debe de ser atendida. Pero no podemos dirigirnos exclusivamente a autopistas o carreteras en mal estado sin decir que el problema que se está suscitando de tránsito es porque se están reparando.

Hoy tenemos caminos a la altura de la Balastrera, del Fortín, del kilómetro 300 en el entronque Tinajas vía libre y por supuesto en el entronque a Cuitláhuac y Veracruz vía libre y vía carretera de la autopista. Vale la pena que se hagan los señalamientos, pero también es importante que se reconozca que es en el marco del esfuerzo.

Me sumo, sí, a la idea de que se genere mejor agilidad a las carreteras y al tránsito, pero que se reconozca también el esfuerzo que el gobierno del presidente Peña está haciendo en esa importante autopista. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión. Sonido por favor en la curul de la diputada Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Sí, presidenta. El punto de acuerdo es muy noble y efectivamente es invitar al gobierno federal, primero, a que revise las concesiones, las casetas; está lleno este país de casetas y entonces para qué pagamos impuestos. Si pagamos impuesto es para tener educación, salud, y tener vías de comunicación, y efectivamente hay casetas por todos lados. Y me sumo a lo que dice el compañero diputado, que Veracruz está lleno de casetas. Esta caseta del puente de Coatzacoalcos Uno, tiene más de 35 años, que ya se pagó tres veces o cinco veces ese puente. Ya no tiene razón de ser esa caseta. Y ojalá que el gobierno del estado, porque es quien tiene la concesión, elimine esa caseta. Ese y muchos casos más.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputada Nahle. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Gracias, presidenta, agradezco el tiempo que me otorga. Para hacer del conocimiento de este pleno que por el 9 de diciembre de 2015, pasadito el siniestro de un huracán que azotó las costas de Jalisco, presenté una iniciativa para que en caso de siniestros se abrieran las casetas para favorecer el desalojo de las personas que pudieran estar en riesgo. Sin embargo, desde el año pasado por estas fechas, se encuentra ya aprobada por la Comisión de Protección Civil, y es fecha que al día de hoy no se le ha dado salida para continuar su proceso legislativo y votarse en este pleno para enviarse al Senado, por lo que hago un llamado para que todas esas iniciativas que es trabajo legislativo, que merece tiempo y quehacer de los diputados que merecemos respeto, sean puestas a consideración de este pleno y se desaloje este trabajo, de por sí tenemos números rojos en productividad, y lo poquito que se aprueba ni siquiera tenemos la capacidad de votarlo aquí. Muchas gracias, presidenta, por su atención. Gracias, compañeros diputados.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Quedan asentadas sus expresiones. Continuamos con la discusión de este tema. Por el Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Cuitláhuac García Jiménez.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, diputada presidenta. Aplaudo la iniciativa sobre el punto de acuerdo, y al menos abre un poco el debate sobre el punto peculiar de la red carretera privatizada en este país.

Como hemos visto en varias expresiones que han hecho compañeros diputados y diputadas, no significa el privatizar a mejores condiciones en nuestras carreteras. Después de abandonar y privatizar la red ferroviaria del país, ahora el 80 por ciento de las cargas que se mueven en nuestro territorio y el 98 por ciento del movimiento de pasajeros, se hace por nuestras carreteras.

Pero esta importancia no la tiene cuando se habla de destinar recursos a esa área el desarrollo de infraestructura carretera del país. En el cuarto informe del gobierno del Ejecutivo federal se deja entre ver que entre los ejercicios fiscales de 2013 a 2015, se generaron subejercicios acumulados por más de 25 mil millones de pesos en infraestructura carretera.

Ese es uno de los problemas graves que tenemos en nuestro país, que se ha optado por dar prioridad a la infraestructura carretera hecha por privados, pero peor aún, como bien sabemos, existen varios ejemplos que se han hecho concesiones bajo corrupción.

Por ello, pues al menos incipientemente este punto de acuerdo podrá exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que intente hacer un descuento en el cobro del peaje, pero nuestra postura sería incluso, que no se cobrara en aquellas a las que hace referencia, o sea, las que están en construcción o no han concluido obra o están en un pésimo estado.

Veracruz, yo creo que no ha de ser la excepción en el país. Nos sobran ejemplos como los que acabamos de oír, bastaría recorrer de norte a sur mi estado y darse cuenta que aún, en las de cobro, existen grandes baches, partes no terminadas, desviaciones que hay que librar, y ese ha sido el camino, no solamente de este gobierno sino de otros gobiernos atrás y nos da clara idea de que la privatización de la realización de la obra pública no es el camino correcto. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Cuitláhuac García Jiménez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene el uso de la palabra el diputado Jorge López Martín.

El diputado Jorge López Martín:Saludo a la Mesa Directiva. Con la venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde el gobierno y desde la oposición en Acción Nacional hemos procurado que la inversión en infraestructura sea un elemento esencial para el desarrollo de nuestro país.

En particular creemos que la infraestructura carretera ha sido factor fundamental para el crecimiento económico, pues ha permitido integrar y comunicar a las distintas regiones del país, todos los días transitan por autopistas y puentes de cuota más de un millón 100 mil vehículos.

El ahorro en los tiempos del recorrido en combustible y la mayor seguridad y eficiencia que ofrecen hacen de estas vías de comunicación un elemento al que debe prestársele especial atención.

En suma, la red carretera, las autopistas, los puentes y túneles han resultado fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de una gran variedad de sectores económicos, al tiempo que han permitido mejorar la movilidad y el acceso de los ciudadanos.

Las concesiones, amigas y amigos, para la construcción de autopistas de cuota son sin duda un medio eficiente para que los gobiernos cumplan con sus objetivos en materia de infraestructura, además permiten dar a las vías de comunicación el mantenimiento necesario; pero, en contraste, no debemos permitir que las concesiones sean un cheque en blanco para los amigos del gobierno.

Hace algunos días el diputado César Camacho, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, se refirió a que cuando nacen los dictámenes y pasan por esta asamblea pues estos dictámenes se convierten en elementos de solución necesarios e indispensables para los ciudadanos que representamos, y este punto de acuerdo no es la excepción.

Con este punto de acuerdo esta asamblea está recuperando el prestigio de los legisladores cuando trabajan por soluciones que le exigen a las autoridades el cumplir con su deber, y por eso es que estamos exhortando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estamos exhortando a Capufe, para que no permitan que los retrasos y las demoras provocadas en las autopistas de nuestro país sigan afectando a la población.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que las autopistas que se encuentran en obras por mantenimiento o porque las están reparando, modernizando o ampliando, y que generan inconvenientes para quienes las utilizan, ya sea por el mayor tiempo en los traslados o incluso por las condiciones de seguridad, deben de ser sancionados.

Como legisladores es nuestra responsabilidad velar por los usuarios de estas vías de movilidad, para que puedan beneficiarse de los mejores servicios de infraestructura, con la mejor calidad y a un precio justo. Ya sea por reparaciones, mantenimiento o modernización, las obras carreteras beneficiarán a los usuarios una vez que estén terminadas con la calidad requerida, y no antes.

En este sentido, es viable y conveniente que se apliquen los descuentos al peaje para los usuarios que circulen en autopistas que se encuentran en obras, y que además estos descuentos sean proporcionales a los kilómetros afectados, asimismo como al tiempo estimado de demora para los usuarios. No obstante, debe de mencionarse que en especial para los vehículos de transporte de mercancía, esta medida no reintegra las pérdidas ocasionadas.

Señoras y señores diputados, en Acción Nacional estamos convencidos de que sobre todo en tiempos como los actuales, con un crecimiento mediocre en la economía, los gobiernos tienen la obligación de proteger el bolsillo de los mexicanos.

Para concluir quiero mencionarles que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo para que se realicen las acciones necesarias a efecto de que se aplique el descuento al peaje de las autopistas del país, cuando éstas se encuentren en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación. Es cuanto, señoras presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jorge López Martín. Sonido, por favor, en la curul donde se encuentra el diputado Javier Bolaños.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Únicamente para reconocer la pertinencia de este punto de acuerdo que se ha presentado el día de hoy, que tiene que ver con solicitar descuento en el peaje de aquellas autopistas que estén en reparación o no se encuentren en condiciones óptimas para su circulación. Sobre todo porque nos permite evidenciar la falta de un proyecto efectivo, tanto en SCT como en Capufe.

Si logramos que este punto de acuerdo trascienda, entonces tenemos que revisar, primero, qué va a pasar con la autopista México-Acapulco, que permanentemente está en reparación y no conocemos en este momento a cuánto asciende el monto de las mismas.

Pero también la presentación de este punto de acuerdo me permite hacer una denuncia pública sobre lo que está ocurriendo en el libramiento que se conoce como Paso Exprés en Cuernavaca. Una obra que está mucho muy atrasada, que ya ha costado decenas de vidas en accidentes, que por la falta de señalización y la pésima supervisión han generado consecuencias funestas, a la par de que se han atropellado los derechos de las personas que viven en las inmediaciones de esta obra e incluso se han provocado daños a la infraestructura municipal de Cuernavaca, sin que SCT se haga cargo de las mismas. Muchas gracias, presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Bolaños. Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

EXHORTO PARA QUE SE INTERVENGA Y RESUELVA LA SITUACIÓN DE POBREZA Y ABANDONO DE LOS HABITANTES DE LA MESETA DE CACAXTLA, SINALOA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias de la administración pública federal, a intervenir y resolver de manera coordinada y conjunta la situación de pobreza y abandono que presentan los habitantes de la Meseta de Cacaxtla, Sinaloa.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Comparativamente cada peso que invierte el gobierno federal en áreas naturales protegidas aportan a la economía cuando menos 56 pesos. Juan E. Bezaury Creel.

Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nivel mundial aproximadamente 190 gobiernos están comprometidos en construir sistemas efectivos en áreas naturales protegidas, pero no basta decretar su creación, pues su sana funcionalidad está en función de su administración, que no es otra cosa que evaluar y mediar los costos económicos, sociales y culturales, así como los beneficios e impactos que implica establecerlas.

Incuestionablemente nos brindan muchos beneficios vinculados a la biodiversidad, generación de empleo, ecoturismo, producción de alimentos orgánicos, además constituyen una reserva segura de agua, de flora, de fauna, plantas medicinales, entre otros. Estos territorios de resguardo fungen como guardianes de valores culturales, arqueológicos y espirituales, que sin ello corren alto riesgo de ser exterminados.

En Nueva Alianza nos preocupamos por seguir promoviendo la ampliación de territorios protegidos y sobre todo una vez decretado, a velar para que sirvan de instrumento económico y ambiental para mejorar la calidad de vida y bienestar de los mexicanos y de sus habitantes.

Es por eso que hoy hago uso de la tribuna, para exponerles la grave situación que enfrentan los habitantes de las comunidades de la región denominada Meseta de Cacaxtla, en Sinaloa, hace casi ya 17 años, que por decreto presidencial se creó el área natural protegida denominada área de protección de flora y fauna, en la Meseta de Cacaxtla, ubicada en los municipios de San Ignacio y Mazatlán, Sinaloa, con más de 50 mil hectáreas y que constituye un área de captación de las principales precipitaciones pluviales de la región, recargando los acuíferos que benefician al puerto de Mazatlán.

Cuenta además, también, con un invaluable ecosistema de especies endémicas y conforma un corredor biológico que vincula ecosistemas simbióticos, uniendo las costas y selvas de Sinaloa con Durango.

Más de tres decenas de especies, entre ellas el jaguar que había en esta área natural, presentan alguna categoría de riesgo, al igual que toda la riqueza ecológica de la zona.

El problema surge porque en Cacaxtla se ha cumplido la ley a medias. En cuanto a la creación de programas de fomento al desarrollo de las unidades de producción y de infraestructura social y económica, lo que ha resultado ser perjudicial para los intereses económicos, sociales y mucho más, en los ambientales, de los pobladores y sus comunidades, quienes además de no ser considerados para los programas, dejándolos sin opciones de desarrollo económico, han sido sancionados a veces, cuando por necesidad debieron de utilizar algunos de los recursos considerados en estatus de protección. Peor aún, son testigos los mismos habitantes de cómo organizaciones ajenas son quienes se benefician de los programas y recursos federales.

Sin duda, proteger el medio ambiente y propiciar un crecimiento sostenible es una obligación, pero también lo es de dotar a la población de los medios necesarios para cubrir sus necesidades de bienestar.

Por ello, respetuosamente se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura, así como de los titulares responsables de las Procuradurías Federal de Protección y Ambiente, y General de la República, a intervenir y resolver de manera coordinada y conjunta la situación de la pobreza y abandono que presentan los habitantes de la Meseta de Cacaxtla en el estado de Sinaloa, y que en aras de propiciar un desarrollo integral están en ese abandono. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada Carmen Victoria Campa Almaral.

El diputado David Epifanio López Gutiérrez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado David López Gutiérrez.

El diputado David Epifanio López Gutiérrez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Únicamente para sumarnos como bancada de sinaloenses todos los diputados a este punto de acuerdo que acaba de presentar la diputada Campa, porque va a generar beneficios para la región de Mazatlán y de San Ignacio, en Sinaloa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado David López Gutiérrez. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para hablar sobre el tema la diputada María Chávez García, por el Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Chávez García:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, entre los instrumentos de la política ambiental que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente crea, sobresale por su importancia para la conservación y preservación de los ecosistemas, al igual que para la continuidad de los servicios ambientales que estos nos proporcionan.

La figura de las áreas naturales protegidas para lograr los objetivos para los cuales se forman estas áreas es fundamental que las mismas cuenten con su plan de manejo, pero de las 177 áreas naturales protegidas que tenemos, cuando menos 66 de ellas no tienen o no cuentan con su programa, cuyo resumen debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, de entrada, es una trasgresión por parte de la Semarnat, de la propia LGEEPA, ya que este ordenamiento jurídico obliga a la Secretaría a formular dicho programa dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación de la declaratoria de creación de la propia área.

El punto de acuerdo que en este momento analizamos es un ejemplo claro de importancia que tiene dicho instrumento para el adecuado funcionamiento de un área natural protegida y el bienestar de la población que en ella habita. El programa de manejo es el documento que contiene y da sustento a la normatividad del área, en la práctica posibilita que se puedan realizar determinadas actividades productivas dentro de ella, ya que la declaratoria por sí misma da pocos elementos para posibilitar la gestión sustentable de los recursos naturales, lo cual puede perjudicar seriamente a sus habitantes, como es el caso que hoy nos ocupa.

De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por medio de la recomendación general número 26, sobre la falta y/o actualización de programas de manejo de estas áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, ha dejado en claro que la falta de elaboración o publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de competencia federal trasgreden los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y legal, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

A decir de la Comisión, este programa contribuye a garantizar la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano en virtud de las características propias de cada área al sentar las bases de manejo y administración en materia de desarrollo sustentable y conservación y preservación.

Asimismo, la ausencia del respectivo programa conlleva a una incertidumbre respecto a la densidad e intensidad con la cual los particulares pueden realizar obras o actividades dentro del área, al posibilitar un desmedido margen discrecional por parte de las autoridades, quienes arbitrariamente podrían estar en condiciones de negar o autorizar la realización de obras o actividades; entonces que decretado el área de protección de flora y fauna, Meseta de Cacaxtla, corresponda al año 2000 y su programa de manejo se haya emitido hasta octubre de 2015.

En contravención de la ley que fue una clara violación a los derechos humanos de los residentes de este sitio, indudablemente afectó sus actividades productivas y con ello su calidad de vida.

Por otra parte, el que la LGEEPA permita que transcurra un año entre la declaratoria del área natural protegida, la elaboración de su programa de manejo y la publicación del resumen de éste, equivale a permitir que por efectos de dicha ley se permita por un año la transgresión de los derechos humanos.

Por lo mismo, para subsanar esta grave deficiencia de la Ley General del Equilibrio Ecológica y Protección al Ambiente, el 8 de septiembre de 2016 su servidora presentó una iniciativa, misma que buscaba el que la Semarnat, al momento de decretar el área natural protegida, ya tenga hecho, con la participación de los habitantes de la misma, su respectivo programa de manejo. Es por lo anterior que se debe resarcir a los habitantes de esa área. Morena votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada María Chávez García. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado José de Jesús Galindo Rosas.

El diputado José de Jesús Galindo Rosas:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Para el Partido Verde, entre los instrumentos regulatorios aplicables con una dimensión territorial, es indispensable concentrar la atención en las áreas naturales protegidas. Estas definen el uso de suelo y establecen prohibiciones y limitaciones explícitas al uso de los recursos naturales dentro de un poligonal o territorio claramente delimitado.

Puede decirse que las áreas naturales protegidas son verdaderas instituciones, ya que permiten establecer reglas para crear bienes públicos fundamentales relacionados con la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas.

Tal es el caso del área de protección de flora y fauna Meseta de Cacaxtla, ubicado en el municipio de San Ignacio de Mazatlán, en mi estado de Sinaloa, una zona con riqueza de flora y fauna que aporta recursos pluviales beneficiando la recarga de los acuíferos del puerto de Mazatlán; representa para Sinaloa la posibilidad de reconciliar la integridad de este sistema natural biológicamente valioso, cuya conservación y uso tendrá que ser sustentable, sin olvidarse de sus habitantes quienes requieren programas de fomento económico para propiciar su desarrollo comunitario acorde con la declaratoria oficial de esta área natural protegida.

Las áreas naturales protegidas crean una matriz institucional para iniciativas regionales o territoriales de conservación y desarrollo sustentable; son el inicio de actividades ambientales diversas como por ejemplo el turismo ecológico.

Crear un área natural protegida no es fácil, pues requiere no sólo de visión y compromiso conservacionista, sino de una buena dosis de habilidades técnicas, jurídicas, y sobre todo políticas. Y es de reconocer que el gobierno federal actual ha sido dinámico en la creación de nuevas áreas, destacando en el ámbito mundial con un mayor número de lugares naturales inscritos en la lista de patrimonio mundial de la humanidad.

La fuente primordial de complejidad para crear un área natural protegida, es que siempre hay tensión entre la conservación de bienes públicos y los intereses de los usuarios de los recursos naturales.

Atendiendo a ello coincidimos con la promovente, el exhorto para que sea nombrado a la brevedad el director de esta área natural protegida de Cacaxtla para que lleve a cabo el programa de manejo del área.

También reiteramos que se piensan ejecutar acciones que abonen a la coordinación institucional a beneficio del desarrollo integral de los habitantes de la meseta, lo que contribuirá a mejorar sus condiciones de vida a través del uso respetuoso, autorizado y sustentable de los recursos naturales del área natural protegida.

Es por ello que los verde ecologistas apoyamos el exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Turismo, y de Cultura, para que desarrollen proyectos y programas de fomento económico a beneficio de la población de la zona, generar diversas actividades que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y se intensifique la vigilancia del área natural protegida por la autoridad correspondiente, y con ello se mitiguen actos delictivos contra los recursos naturales de Cacaxtla.

Por lo anteriormente expuesto a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, anuncio nuestro voto a favor de la presente proposición con punto de acuerdo, reafirmando nuestra vocación y nuestro compromiso con la protección ambiental de nuestro territorio. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado José de Jesús Galindo Rosas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado, comuníquese.

EFEMÉRIDE

CON MOTIVO DEL CCXI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENITO JUÁREZ GARCÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de los 211 años del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados quienes tendrán uso de la palabra, hasta por cinco minutos:

Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, nuestro país y su gente dentro y fuera del territorio vivimos momentos complejos y llenos de fuertes desafíos en lo económico, en lo político y en lo social.

En el aniversario CCXI del Natalicio de Benito Pablo Juárez García, es pertinente abordar una arista de su pensamiento y que tiene que ver con su frase más conocida y con presencia en los más augustos recintos públicos de este país, la que establece que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Fue el 15 de julio de 1867, hace casi 150 años, con el triunfo de la república y el fin de la intervención francesa, lo que hizo posible que se restableciera el gobierno nacional en la Ciudad de México, que Juárez expidiera su Manifiesto a la Nación, del que se ha extraído la frase en cuestión.

Hoy día el respeto al derecho ajeno entre los individuos está escaso, basta con abrir los periódicos, consultar el internet, asomarte a las redes sociales o encender la televisión para descubrir que la tolerancia por el pensamiento diverso, la observancia de las leyes y la diferencia hacia las instituciones de la República se van perdiendo lenta, pero dolorosamente.

Entre las naciones la situación no es mejor, y tenemos que experimentar en cabeza ajena, al norte del Río Bravo el populismo, la intolerancia, la cerrazón y la cortedad de visión en el quehacer público. No obstante su evidente peligrosidad, llegando al poder se convierte en una experiencia lastimosa de gobierno que se traduce en amenazas a la paz mundial –gracias– y al comercio internacional.

En Encuentro Social queremos ser parte de la solución para México y creemos que es indispensable honrar sin sacar del contexto el espíritu y la letra de la planteado por Juárez en el manifiesto que hemos hecho referencia.

Mexicanos, encaminemos ahora nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Confiemos en que todos los mexicanos aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra cooperaremos en el bienestar y prosperidad de la nación, que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo.

Para Encuentro Social tal ideario juarista hoy día merece ser rescatado y promovido. Cerremos filas para recuperar la confianza, el respeto y la consolidación ciudadana hacia las instituciones de la República, las autoridades legalmente electas y el orden jurídico nacional de un México saludable, fuerte, unido, para todos y en paz, nos una. Hagámoslo nosotros. Es cuanto. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Refugio Garzón Canchola. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez.

El diputado Ángel García Yáñez:Libre, y para mí sagrado, es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos, Benito Juárez García.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, referirnos a Benito Juárez García es hablar de un ícono de nuestra historia patria y un referente mundial del liberalismo del siglo XIX. Su vida es ejemplo de tenacidad, firmeza y perseverancia.

Don Benito Juárez García logró superar las condiciones de exclusión económica, social y educativa que prevalecían en el naciente México independiente, donde su origen étnico zapoteca no le auguraba una vida fácil. Contra corriente logró salir de su natal Guelatao, recibir una instrucción académica que le permitió titularse como licenciado en derecho, alcanzar una curul en el Congreso local, una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia y una gubernatura en su natal Oaxaca. Fue el primer presidente indígena de nuestro país.

Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de nuestra historia, liderando un periodo de transformación que dio forma al México liberal y democrático que llevó a la consolidación de la nación como república.

Ilustre estadista, con una gran convicción impulsó las Leyes de Reforma, sostuvo el laicismo como principio de gobierno, luchó contra el imperio francés y su archiduque austriaco, y fue innovador en materia de derecho de las mujeres y en educación.

En Nueva Alianza coincidimos con su pensamiento liberal y reformista. Estamos seguros, al igual que él, que la educación es la base de la prosperidad de un pueblo. Sabemos que a través de ella podremos acceder a mejores niveles de bienestar y justicia social, que nos hagan ciudadanos más libres.

A 211 años de su nacimiento, su lucha incansable por un país de libertades fundamentales y dignidad humana aún tienen retos por vencer. Prueba de ello es el respeto a las mujeres, por una igualdad que no se concreta frente a una discriminación permanente por la falta de soluciones eficaces a las demandas de la sociedad.

Compañeras y compañeros, el saber juarista en cuanto al pleno reconocimiento de la diversidad ética y la pluralidad política, la igualdad, la educación, el respeto y la dignidad humana, deben hacerse presente en las discusiones cotidianas, en un permanente esfuerzo por encontrar puntos de coincidencia.

En Nueva Alianza nos sentimos orgullosos de tener hoy la oportunidad de servir a México y de poder honrar a Juárez, al impulsar acciones que propicien la inacabada justicia e igualdad social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, hasta por cinco minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Como hijo del pueblo nunca podré olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad, Benito Juárez García.

Hace casi dos centurias, cuando México se encontraba aún a la merced de fuerzas imperialistas europeas y existía en occidente la idea de que nuestro país era botín de ejércitos invasores, Benito Juárez reivindicó la dignidad del pueblo de México, mediante la reconstrucción de sus instituciones y la instauración de una cultura del Estado de derecho.

Hoy se hace necesario luchar contra los invasores de pensamiento y de acción, tanto las Leyes de Reforma como la lucha contra los imperios, así como su paso por la Suprema Corte, demostraron al pueblo de México, y al mundo, que Juárez encarnaba el arquetipo del ser político, que al tiempo que revoluciona a las instituciones, es capaz de mantener el cauce de la propia institucionalidad y de fortalecerla.

En tiempos como los actuales, en que México padece una severa crisis institucional de representatividad y de confianza, en que además existe angustia y tribulación para muchos de nuestros ciudadanos de este y el otro lado de la frontera norte, resulta imperioso que rescatemos aquél espíritu juarista, que reclama el arrojo ante tiempos difíciles, pero que mantiene la cordura institucional como medio óptimo para reencausar la vida política.

En este tiempo, Benito Juárez también es venido a la historia porque comprendió que no podían abatirse ni las amenazas externas ni las internas, sin antes reformular las relaciones entre el Estado y sus gobernados, sin antes reparar, desde el interior, las fracturas que existían en la sociedad mexicana y la desconfianza en las instituciones.

Por ello, Juárez señalaba como de suma importancia una renovación del pacto social y, sobre todo, una renovación de la clase política, que hoy mucha falta nos hace y que medraba al amparo de las instituciones para su enriquecimiento personal, concediéndolas como patrimonio propio y no de la república.

En aquél entonces como hoy, vuelven a cobrar una asombrosa vigencia las palabras del presidente Juárez: “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disposición, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”. Hoy como ayer, esa es una demanda justa de la sociedad mexicana.

Frente a los grandes retos que enfrenta México, que obligan a una reconstrucción de las instituciones y a poner en alto los valores democráticos, la fracción ciudadana desea retomar ese espíritu juarista como una brújula que debe ser adoptada por una clase política que parece naufragar ante la tentación del poder y la connivencia con la descomposición de la vida pública.

Solo mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones y la consecuente expulsión de la idea generalizada de que éstas son botín del poder político en turno podremos estar en condiciones de enfrentar con absoluta dignidad los retos que tiene nuestra nación. Los retos frente al exterior y también los retos para reencauzar nuestras instituciones políticas del lado de las y los ciudadanos.

Como señaló el presidente Juárez a su arribo a la Ciudad de México, el 15 de julio de 1867, que en nuestras libres instituciones el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Por el Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Elías Ojeda Aquino.

El diputado Elías Ojeda Aquino:Con su permiso, diputada presidenta. Un 21 de marzo, pero hace 211 años, San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca, fue testigo del nacimiento de un niño zapoteco que habría de convertirse en uno de los personajes más ilustres de nuestra historia. Un niño que con una fascinante historia personal de esfuerzo y dedicación que lo habrían de llevar a ser presidente, y el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Ese niño se trata de don Benito Juárez García, cuyo pensamiento, obra y acción están vigentes hoy más que nunca y son enarbolados por Morena, como parte fundamental de los principios de nuestro movimiento.

En San Pablo Guelatao solo se hablaba el zapoteco y si en pleno siglo XXI la pobreza sigue lacerando y consumiendo a los pueblos de la sierra oaxaqueña, no resulta difícil imaginar cómo era la situación en el siglo XIX. Se trataba de los pobres entre los pobres, quienes, al igual que hoy, carecían de oportunidades reales que les permitieran romper ese cerco de miseria.

Juárez tuvo la fuerza para hacerlo y a los 12 años de edad se dirigió a la ciudad de Oaxaca con la idea de estudiar y aprender español, así lo refiere en sus Apuntes para mis hijos. De esta forma, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca recibió una sólida formación que le permitió años más adelante convertirse en un connotado jurista cuyas convicciones de justicia, libertad e igualdad rigieron siempre su actuar.

Tuvo una importante y prolífera carrera política. Fue integrante de la Suprema Corte, diputado, gobernador interino y constitucional de su estado natal, Oaxaca, hasta llegar a ocupar la Presidencia de la República.

A Juárez le tocaría vivir una de las etapas más turbulentas de nuestra historia: la lucha entre los liberales y los conservadores, la invasión de potencias extranjeras, el estallido de una guerra civil y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

Para Justo Sierra, en esa época encrespada, dolorosa, desfalleciente y aniquiladora, la roca inquebrantable que sostuvo el edificio nacional fue don Benito Juárez García. Juárez fue un gran estadista que durante la guerra de reforma dictó y aprobó la más importante legislación de la historia moderna de México, las leyes de reforma con las que se estableció la división definitiva entre la iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes de la iglesia, el registro de los nacimientos, casamientos y defunciones y la instauración de la educación laica, su legado es enorme, valioso e incalculable.

A lo largo de su carrera pronunció importantes discursos como gobernador de Oaxaca, el 2 de julio de 1852, ante el Congreso local señaló que bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden improvisar fortuna ni entregarse al ocio, a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala, palabras, hoy en día ignoradas y despreciadas por quienes mal gobiernan este país.

No entienden en absoluto lo que es vivir en la justa medianía y por lo contrario se otorgan sueldos onerosos y ofensivos, se ponen a su servicio flotillas de helicópteros y aviones, se muestran como faraones, como reyes despóticos que han maltratado y humillado al pueblo con sus propuestas económicas, sus contrarreformas, su conducción de la vida pública y su insensibilidad frente a las necesidades más apremiantes y básicas de la población, mientras en México a diario miles de familias piensan si podrán comer. Quien gobierna este país tiene una casa blanca valorada en siete millones de dólares y adquiere un avión con un costo millonario.

En Morena se seguirá pugnando, como seguramente Juárez lo haría, porque se revise el funcionamiento de todo el gobierno para eliminar gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Esto es ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana.

Otro mérito del presidente Juárez fue su gran interés por expandir en todo el país la educación pública con carácter gratuito y laico.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Elías Ojeda Aquino: Así lo señaló: libre y para mí sagrado, es el derecho a pensar –ya concluyo–. La educación es fundamental y para la felicidad social es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado.Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez:Con su permiso, diputada presidenta. Rendir homenaje al Benemérito de las Américas, es retomar nuestra responsabilidad cívica, es reafirmar en nuestra conciencia los ideales que Juárez encarnó. Es un modo de reformar nuestra vocación por la justicia y el derecho. Significa reconocer que la unidad de los mexicanos es condición

sine cua nonde la soberanía nacional.

Recordar al Juárez universal es luchar para hacer prevalecer los derechos superiores del hombre y de cada nación en un mundo que se torna cada vez más sombrío y agobiante, pero al cual habremos de sobreponernos si marchamos juntos los mexicanos en un ambiente de paz, democrático y de trabajo, usando como vehículo a las instituciones que nos hemos dado.

Nuestra nación se ha forjado ante grandes retos y es ante esos desafíos en los que la historia y los personajes que la hicieron se convierten en el asidero institucional para enfrentar el presente.

Hoy recordamos al Juárez estadista, al indígena oaxaqueño que se convirtió en gobernante visionario, que instauró un proyecto modernizador de la nación, que postuló el orden dentro de la ley, la paz basada en la justicia y la convivencia entre las naciones regulada no por la fuerza sino por el derecho, el que reafirmó, además, la organización del Estado laico, con la formulación de las leyes de reforma, fortaleciendo el ideal republicano del mismo.

En la compleja actualidad nacional, es menester honrar la memoria del gran reformador, reafirmando nuestro compromiso de luchar contra la pobreza y de lograr que en nuestro país se multipliquen los casos como el de Juárez, un oaxaqueño indígena que gracias a la educación y a su esfuerzo, pudo superarse. Llegó a ser presidente y se convirtió en hombre universal.

En nuestra Constitución están contenidos expresamente los principios juaristas que gobiernan nuestras relaciones con el extranjero, y dentro de ellos destaca la no intervención en los asuntos internos de nuestro país, que sintetiza la máxima del benemérito. Así como México cumple fielmente este principio, exige que se respeten nuestras decisiones internas.

Es igualmente importante señalar que entre la rispidez internacional que pone a prueba la unidad de los mexicanos el gobierno de la república no ha hecho más que aplicar la norma constante de conducta juarista, suscribirse a los límites de una prudente moderación, abstenerse de todo acto delictivo y prepararse cuanto no queda de otro remedio a repeler la fuerza con la fuerza.

Los mexicanos no admitimos ni de adentro ni de afuera, nada que trate de colocarse sobre nuestra autoridad soberana, por eso decimos que nuestro sistema democrático tiene por base esencial la observancia estricta de la ley; ni el capricho de un solo hombre ni el interés de ciertos grupos de la sociedad pueden transformar su esencia.

Nuestra carta Magna consagra la herencia juarista, asegura y protege la libertad de creencia, porque cada individuo en su conciencia puede creer en lo que estime ético, individual y socialmente conveniente. Por ello, el texto constitucional no acepta diferencias en el ejercicio del derecho en lo religioso, como tampoco acepta diferencias en las desigualdades o privilegios individuales por razones de tipo étnico, económico, geográfico, social, profesional o político.

El pensamiento de Juárez está vigente en el fortalecimiento de las instituciones, en la consolidación de la democracia y en la preservación de las libertades, la independencia, la soberanía y la paz.

En este aniversario del natalicio de don Benito Juárez, su obra se levanta incólume en la conciencia de las y los mexicanos libres, independientes y soberanos, que trabajan todos los días por salir adelante y hacerse con ello dignos merecedores del legado histórico que heredamos del gran reformador republicano. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Eva Florinda Cruz Molina.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:Con su permiso, diputada presidenta. Los oaxaqueños nos sentimos orgullosos al nombrar al gran Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.

Hoy 21 de marzo celebramos el natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Reconozcamos aquí al estadista que mantuvo la dignidad de la nación frente a la intervención francesa y la persecución conservadora. La historia del México del siglo XIX, no se entiende sin sus esfuerzos para salvaguardar a nuestro país de los conflictos armados, de las revueltas y la intervención extranjera.

Benito Juárez García fue el prócer de la patria que encarnó la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia.

Benito Juárez fue el principal promotor en la construcción del estado laico que impulsó las llamadas Leyes de Reforma, que es el pilar fundamental de los constitucionalistas liberales de 1857. Cómo olvidar la Ley Juárez que suprimió los privilegios del clero y del Ejército, y declaró a todos los ciudadanos iguales ante la ley.

En nuestro Grupo Parlamentario del PRD consideramos que debemos conservar el espíritu constitucionalista, democrático, laico y republicano de nuestras instituciones. Hoy el legado juarista debiera ser parte de nuestra fortaleza histórica de nuestro país, que el Juárez de ayer nos enseñe cómo enfrentar al presente de nuestro país, que como nunca está en juego hoy con un derrotero incierto y de gran vulnerabilidad frente a las amenazas de un gobierno norteamericano que nos anuncia su pretensión de retroceder en la historia hasta el siglo XIX, volver a imponer la doctrina Monroe y la proclama del Destino Manifiesto con la que se pretendían adueñar de todo el continente.

Frente esta grave amenaza racista y totalitaria del vecino del norte en estos momentos, el gobierno mexicano luce inferior al tamaño de este enorme desafío.

Mientras que Juárez dejó un legado claro, contundente, que debe ser revalorado porque trasciende su época hasta nuestros días, Peña Nieto en la viva, en la viva imagen del pasado oscuro del apátrida, entreguista y conservador.

Por ello el PRD estaremos muy atentos en los próximos meses sobre su desempeño, no permitiremos ninguna clase de cesión de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales o de nuestros derechos. Lucharemos por conservar el Estado laico, soberano, republicano e independiente. Es la tarea de todos los verdaderos mexicanos y mexicanas.

Por eso, a Benito Juárez se le recuerda como el hombre que dio batalla cuando estaba en las batallas que defendió en el siglo XIX. Se le recuerda a Benito Juárez García el gran hombre de la época y que con su gran: entre los individuos como entre los mexicanos, y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es Benito Juárez el hombre de Oaxaca, un hombre oaxaqueño que luchó y ganó todas las batallas que se le presentaron en aquel entonces. Gracias, compañeros, y gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Eva Florinda Cruz Molina. Para hacer uso de la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene derecho de la voz hasta por cinco minutos el diputado Ricardo del Rivero Martínez.

El diputado Ricardo del Rivero Martínez:Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores diputados, muchos de los historiadores de la reforma y la historia oficial difundida por los gobiernos postrevolucionarios han colocado al presidente Juárez como una de las figuras más importantes de la historia de México.

Han encontrado en el entorno adverso de aquellos años, las causas y explicaciones de su obra de gobierno. Las sólidas razones para promulgar las Leyes de Reforma y para asegurar la hegemonía del Partido Liberal, la gloria de derrotar la intervención francesa y al segundo imperio, y en el cual estamos de acuerdo.

En el PAN reconocemos el tiempo de la etapa de la reforma junto con la independencia, la revolución, la transición democrática, que esos son los cuatro pilares de la historia de México.

En términos objetivos, es indudable que el balance final sobre la obra juarista, donde debe de incluirse el rescate a la soberanía nacional y a la supervivencia misma de México, la separación de la Iglesia y el Estado, la noción constitucional de organizar a la república conforme a los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del sistema federal, la democracia y la división de Poderes, así como la construcción de instituciones, cuya función para gestionar el bienestar que prevalece hasta hoy en nuestros días, es bastante para que el presidente Juárez ocupe merecidamente el lugar que tiene en nuestra historia.

El logro de la paz y la consolidación de la República en aquellos tiempos unieron al país y pusieron a México en un camino de modernización económica y también de agudización de los contrastes sociales, que darían lugar a la Revolución Mexicana.

Fue desde esta perspectiva histórica un paso decisivo, tal lo fue que la construcción del movimiento revolucionario terminaría por reproducir la esencia de la República y los principios liberales de la organización del Estado, que definieron en los periodos presidenciales de Benito Juárez.

Compañeras y compañeros, como en antaño, los mexicanos hoy estamos llamados a fortalecer y proteger la soberanía nacional y a garantizar por todas las vías los derechos y libertades que hoy se materializan en nuestra Constitución Política y en todo nuestro enramado jurídico nacional.

Es rescatable para afrontar los desafíos que nos imponen en las nuevas realidades, insistir en la inspirada determinación y la congruencia, que no se doblega ante las circunstancias y triunfa ante las adversidades. Ante los riesgos y amenazas que ponen en vilo la estabilidad del Estado mexicano, lo importante es que los políticos de hoy, de la mano con la sociedad, busquemos el fortalecimiento de la República, el equilibrio y el respeto entre los Poderes e instituciones y el combate a la corrupción que garantiza a los derechos humanos, conjugar libertad y justicia en el marco de la democracia. Estas son las causas de los políticos humanistas que asumimos el día a día, que nos mueve y que nos motiva a trabajar en favor de México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ricardo del Rivero. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Amaro Cancino.

El diputado Antonio Amaro Cancino:Con su permiso, presidenta, y transmitiendo un afectuoso saludo del pueblo de Oaxaca a todos quienes nos escuchan en esta importante tribuna. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Hombre de Estado en el sentido cabal de la expresión, pues dedicó toda su vida a la nación. Benito Juárez fue como lo describiera Bernardo Reyes, el niño huérfano y desvalido, que a fuerza de empeño, con voluntad inquebrantable se instruyó, se elevó y ocupó, al ser hombre, los más altos puestos, salvó a las instituciones, decretó la reforma, triunfó contra la invasión, derrocó el imperio y dejó respetada, libre e independiente a la patria mexicana.

Siendo muchos sus atributos y tantos más sus méritos, podemos recordar a Benito Juárez como un militante de la libertad, un hombre de leyes, un patriota probo y un político de principios e ideales, como lo describieron Justo Sierra, Enrique Krauze, Francisco Javier Guerra y Antonio Caso, determinándolo como un político de principios e ideales, que dirigió a aquellos hombres que parecieran gigantes.

Esa generación de mexicanos que les dio a la patria una sólida tradición de libertades cívicas, con las Leyes de Reforma, Juárez y los hombres de la Reforma, acometieron y realizaron piedras angulares en la transformación socioeconómica del país, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la protección de la libertad de culto público, la institución del matrimonio como un contrato civil reconocido por el Estado, la creación del Registro Civil, la laicización de la enseñanza, la supresión del latifundio religioso y la secularización de las instituciones públicas, como hospitales y establecimientos de beneficencia.

Transcurrida así la guerra fratricida que puso fin al segundo imperio y restauró la república, Juárez se impuso en el principio de la legalidad. Se hizo patente de la genuina división y autonomía de poderes. Se dio paso al Estado laico. Se confirmó un proyecto de nación y se planteó un programa de gobierno democrático y federal.

En pocas palabras, se sentaron las bases del México moderno, que aunque tardarían en fraguar se consolidarían posteriormente en la Constitución de 1917.

Esta nueva época transformadora fue posible, en gran medida, gracias al zapoteco, que sería reconocido no solo como apóstol de la reforma sino patriarca de la libertad y segundo libertador de México, gracias al incansable liderazgo y perenne compromiso del mexicano más universal, aquel, como lo llamó Adolfo López Mateos, el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.

Las lecciones de su obra, de su gran pasión por México, su defensa de la soberanía, su concepción de la ley como lo más sagrado, como la expresión más elevada de las aspiraciones humanas, su convicción democrática fue inquebrantable en la nación y en la República, son legado y son también, más que nunca, camino a seguir.

Así entendió el legado de Benito Juárez, Luis Donaldo Colosio hace 23 años. Y así reconocemos los priistas a quien además de todo fuera el primer gran reformador de este país. Ya lo dijo nuestro presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, el legado de Benito Juárez perdura y alienta nuestros compromisos para seguir construyendo una sociedad en la que todos los derechos que consagran nuestra Constitución alcancen a todos los mexicanos.

Como Juárez, los diputados del PRI estamos convencidos de que contra la patria nunca se tendrá la razón. Por eso, siempre legislaremos privilegiando el interés superior de la nación.

Respetuosamente, aprovecho este espacio en la tribuna para exhortar al señor presidente del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que pueda tomar en consideración documento entregado por importantes abogados en la cuenca del Papaloapan, para poder crear el juzgado de distrito que atenderá a ciudadanos del estado de Veracruz y de Oaxaca.

Y hago alusión a un cartel que pretende dar uso político al nombre de Juárez. Si Juárez viviera, apoyando las reformas y uniendo al pueblo de México estuviera. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado Antonio Amaro.

Continúe, por favor, la Secretaría.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que presente un proyecto de reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en el que se derogue la fracción II del artículo 75 de dichas reglas que establezca el apoyo económico otorgado a pequeños productores beneficiarios del Programa de Incentivos para Maíz y Frijol a $2,200.00 por hectárea para insumos para la producción (fertilizantes) y que es exactamente lo que se aportaba en el ejercicio 2016.

La Junta de Coordinación política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que presente un proyecto de reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en el que se derogue la fracción II del artículo 75 de dichas reglas.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que establezca el apoyo económico otorgado a los pequeños productores beneficiarios del programa de Incentivos para Maíz y Frijol a $2,200.00 por hectárea para insumos para la producción (fertilizantes) y que es exactamente lo que se aportaba en el ejercicio 2016.

Dado en el Palacio Legislativo, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause baja como integrante de la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause alta como secretaria en la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México.

• Que la diputada Xitlalic Ceja García cause baja como secretaria de la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México.

• Que la diputada Xitlalic Ceja García cause alta como integrante en la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Edgar Romo García cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Edgar Romo García cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobados. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES

CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DOBLE NACIONALIDAD

«Efeméride con motivo de los 20 años de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

El 20 de marzo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de doble nacionalidad.

Con esta medida, el Estado Mexicano tomó la importantísima decisión de que aquellos mexicanos que nacieran en otro país o que fueran hijos de mexicanos nacidos en país extranjero, aun cuando residieran en el extranjero y adquirieran otra ciudadanía o nacionalidad, lo pudieran hacer sin perder la nacionalidad mexicana.

Dicha reforma fue de enorme trascendencia debido a que durante la década de los años noventa del siglo pasado, los mexicanos que habían emigrado comenzaron a enfrentar el endurecimiento de las políticas anti-migratorias de las naciones receptoras, fundamentalmente Estados Unidos, en donde se concentra la mayor parte de las y los connacionales.

El periodo previo a dicha reforma constitucional fue una época de ausencia de administración bilateral de la migración y en el que el flujo neto de migrantes creció de manera muy notoria, despertando en la Unión Americana una ola de rechazo socia1 generalizado a los migrantes en general, y en particular a los indocumentados, especialmente hacia los de origen mexicano.

Para las autoridades mexicanas, ante la unilateralidad de Estados Unidos, solo una vía se planteaba como viable: el fortalecimiento de las medidas unilaterales de protección legal y de asistencia consular.

Nacionalidad y protección diplomática

Para el ejercicio de la protección diplomática, la nacionalidad del Estado reclamante ha sido y es uno de sus requisitos fundamentales. A través de la protección diplomática, el Estado protege sus propios derechos. Pero simultáneamente, los derechos que se consideran vulnerados, de manera inmediata, de una persona física o jurídica. La protección diplomática se convierte así, en un derecho de Estado, por cuyo ejercicio se protegen derechos individuales. Eso sí, solo puede hacerlo respecto a sus propios nacionales.

Si bien la nacionalidad es requisito para que el Estado ejerza la protección diplomática, en las relaciones internacionales es también requisito que en materia de nacionalidad también se cumpla el criterio de efectividad. Si bien todos los Estados son libres de otorgar la nacionalidad, el ejercicio de ese derecho es materia del derecho interno. Para reclamar la nacionalidad de una persona ante otros Estados, especialmente para ejercer la protección diplomática, es necesario que se cumpla con el principio de que la nacionalidad es efectiva, es decir, que exista un vínculo real entre el individuo y el Estado.

Las reformas constitucionales en materia de doble nacionalidad 20 años después

La hostilidad y la animadversión que ha expresado reiteradamente la administración del presidente Donald Trump en contra de nuestros connacionales nos exige elevar la voz de protesta y entablar una estrategia común para hacer frente, de manera inteligente y constructiva, a las amenazas que se ciernen contra las y los migrantes mexicanos.

La conmemoración de esta reforma es también ocasión propicia para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos dejar de exigir a las y los mexicanos de segunda y tercera generación la renuncia de su nacionalidad de origen para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, ya que implica una transgresión a sus derechos humanos.

Sostenemos que no hay razones válidas para obligar a una persona a que abandone y deje de lado sus raíces culturales y sociales que le dieron una identidad.

De acuerdo con la Constitución mexicana, la nacionalidad mexicana adquirida por naturalización, se pierde por las siguientes causas, según el artículo 37 de nuestra Carta Magna.

“Artículo 37. ....

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2017.—Diputada Cecilia Soto González (rúbrica).»

“DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN”

«Efeméride con motivo del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

“Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad.”

Julio Verne

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

Sin embargo, en el año 2011 la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprobó una resolución para establecer que a partir del 2012 el día 21 de marzo se conmemore como el “Día Mundial del Síndrome de Down”. La fecha elegida no es casual, ya que el 21-3 (mes 3, día 21) hace referencia a la triplicación del cromosoma 21, llamado comúnmente “síndrome de Down”.

De acuerdo a este organismo internacional, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa en 1 de cada 1,000 personas, y se calcula que cada año de 3,000 a 5,000 niños nacen con ese trastorno cromosómico.

En México, lamentablemente no existe un número oficial, pues las estadísticas refieren a personas con discapacidad en su conjunto. Sin embargo, por información de algunas organizaciones de la sociedad civil o de hospitales del Sistema Nacional de Salud se sabe que alrededor de 250 mil personas con esta discapacidad viven en nuestro país y en promedio nacen al año 62 mil niños y niñas Down.

Un tema de gran importancia para las personas con síndrome de Down es el relativo a su salud. Sobre el particular, la Organización Mundial de la Salud ha evidenciado que las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas oculares que quienes no tienen esta alteración genética. Además, que entre el 60 al 80 por ciento tienen un déficit auditivo; y del 40 al 45 por ciento padecen alguna enfermedad cardíaca congénita.

Otro motivo de preocupación con esta enfermedad se relaciona con factores nutricionales, por ejemplo, los infantes con síndrome de Down presentan generalmente anomalías intestinales con mayor frecuencia que el resto. En el caso de la obesidad, la misma se presenta durante la adolescencia y la edad adulta temprana.

Otras afectaciones a la salud que padecen son: factores inmunológicos, leucemia, Alzheimer, trastornos convulsivos y cutáneos, además de apnea del sueño, por citar solo algunos. En ese sentido, el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

Sin duda, el hecho de que desde el año 2012 a nivel internacional se dedique un día a tomar conciencia de que las personas con síndrome de Down merecen todo nuestro respeto y que pueden dar valiosas contribuciones a la sociedad, nos obliga a continuar los esfuerzos para adecuar nuestros marcos legales a fin de crear sociedades más incluyentes.

Hoy, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México queremos retomar el primer compromiso de la Asamblea General de la ONU sobre esta enfermedad que busca aumentar la conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

También queremos resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones, siendo el lema del año 2016 con motivo de esta conmemoración: “Mis Amigos, Mi Comunidad. Los beneficios de los entornos inclusivos para los niños del presente y de los adultos del mañana”.

Sobre este punto, la sociedad mexicana ha avanzado en la incorporación de las personas con síndrome de Down en la vida social, claro ejemplo de ello es la información aportada por una casa encuestadora, la cual reveló que el 86% de los entrevistados está de acuerdo con que las personas con este padecimiento sean integradas a la sociedad; mientras sólo el 5% está en desacuerdo. Además de que el 91% de quienes respondieron la encuesta dijeron no tener ningún inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con dicha condición, mientras un 7% dijo no estar de acuerdo en convivir con ellos.

Sin duda, en el mundo y en México aún están presentes grandes rezagos en la atención social e inclusión de las personas con síndrome Down y debemos reconocer que existen sectores sociales en los que aún se carece de sensibilidad al considerar a este grupo vulnerable como motivo de vergüenza familiar o social.

Para el Partido Verde Ecologista de México es importante en estos tiempos de turbulencia política, enfrentamiento social y polarización de los géneros hacer una pausa y darnos cuenta que en nuestro país habitan cerca de 300 mil personas con síndrome de Down, quienes requieren ser incluidos y valorados porque su participación también es importante para crecer como sociedad y superarnos como nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2017.— (Rúbrica).»

“DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN”

«Efeméride con motivo del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“No tengo complejos de ninguna clase; la vida sigue y yo también. Lo único que quiero es que me miren con dignidad”

El Día del síndrome de Down es una celebración mundial que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 21 de marzo, en donde se tiene por finalidad concientizar a la sociedad sobre el humanismo que se debe tener para con personas con discapacidad, el respeto y la igualdad, propósitos claros y que fueron la base fundamental con la que se buscó tanto llegar a este día, claramente esto se deduce en informar y hacer partícipe a la sociedad sobre el síndrome de Down o también conocido como Trisomía 21,que es una alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que origina retraso mental y de crecimiento y produce determinadas anomalías físicas.

Este síndrome, tiene antecedentes desde el siglo VII según estudios que se realizaron a cráneos sajón, pero fue hasta 1932 cuando se hace referencia a que las personas con ese síndrome tienen un reparto a normal de cromosomas, es decir tienen 47 en vez de 46.

Esta discapacidad que sufren muchas personas, no tiene cura, puesto que no existe una manera previa de evitarlo pues realmente no se conocen con exactitud las causas que lo provocan, solo se tiene investigado por científicos que la probabilidad de que un bebe pueda obtener esta discapacidad es, cuando las mujeres mayores de 30 años conciben; pues datos revelan que 1 entre cada 1000 sufre síndrome de Down, pero a nivel global se aproxima que es 1 de cada 700.

Un dato muy fuerte que se tiene sobre esta discapacidad es, de que esta discapacidad se engloba en ser la más frecuente pues representa aproximadamente el 25% de todas las discapacidades cognitivas existentes, pero no todo es malo, pues gracias a la ciencia existen tratamientos que mejoran la calidad de vida de estas personas, pues aumenta su esperanza de alcanzar más años de vida. Pero si bien son cierto los únicos tratamientos que han demostrado una influencia realmente significativa son los programas de atención Temprana que se deben realizar dentro de los primeros 6 años.

Es por ello que se pretende que esta fecha llegue a ser del conocimiento de toda la sociedad, para que se le dé la importancia debida y sobre todo el reconocimiento a cada una de estas personas que sufren de esta discapacidad, haciéndonos conscientes de que no son diferentes a nosotros y que buscan las mismas oportunidades, el mismo respeto, que cualquiera, pues todos debemos de estar informados sobre este tema, para poder así ayudar a nuestros semejantes a llevar una vida Normal y también poderlo evitar, y de la misma forma unir fuerzas y poder así lograr la unión de todos sin diferencia.

Nuestra convocatoria a todos los mexicanos de hoy es estar atentos y consientes de la importancia que tienen las personas que sufren de cualquiera discapacidad, siendo constantes en información, investigación y sobre todo tener el propósito de ayudar, para que todas las personas que sufren de esta discapacidad, no decaigan en desesperanza y desamparo total, y menos se sientan discriminados o diferentes a cada uno de nosotros y sobre todo se busque el reconocimiento de sus Derechos Humanos como personas con capacidades diferentes y que sean respetados por el simplemente hecho de ser seres humanos.

Notas:

i Título síndrome de Down, consultado en http://www. downgranada.org/el-sindrome-de-down/historia el día 27 de febrero del 2017

ii Título síndrome de Down, consultado en https://www.google.com.mx/search?q=sindrome+de+down &oq=sindrome+de+down&aqs=chrome..69i57j0l5.2653j0j1 &sourceid=chrome&ie=UTF- el día 28 de febrero del 2017

iii Ibídem

iv Título síndrome de Down, consultado en http://www.downgranada.org/el-sindrome-de-down/historia%20EL%20DIA% 2026%20DE%20FEBRERO%20DEL%202017 el día 1 de marzo del 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2017.—Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

“DÍA MUNDIAL DEL AGUA”

«Efeméride con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra, pues 70 por ciento del planeta está conformado por ésta. Igualmente, tanto el ser humano como la mayor parte de las demás especies están constituidos por un porcentaje similar del vital líquido.

De ahí que en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera la importancia de dicho recurso, declarando al 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, conmemoración que se replica en la mayoría de los países a través de la realización de una serie de actividades para crear conciencia sobre el cuidado y uso eficiente de la misma.

Para conmemorar dicho día en este 2017 se eligió el tema Aguas Residuales ¿Por qué desperdiciar agua?, con el objetivo de evitar el desperdicio del vital líquido, además de reducir y reutilizar hasta 80 por ciento del agua que malgastamos en nuestras casas y ciudades, así como en la industria y la agricultura.

En este sentido, resulta urgente que aumentemos la recolección y tratamiento del agua desperdiciada y la reciclemos de una forma segura, en la búsqueda de cumplir con el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual nos obliga a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.

A pesar de lo anterior, al día de hoy más de 663 millones de personas en el mundo viven sin suministro de agua potable cerca de casa, esto los compromete a pasar gran parte de su tiempo haciendo fila o a recorrer grandes distancias tratando de conseguir dicho líquido, así como hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.

También nos preocupan los siguientes datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según la cual:

• Más de 80 por ciento del malgasto de agua que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.

• Mil 800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por heces fecales, poniéndolos en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El agua no potable, una infraestructura sanitaria deficiente, así como la falta de higiene, causan alrededor de 842 mil muertes cada año.

En este sentido, y dada la temática propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideramos relevante que nuestro país empiece a considerar las diversas opciones para aprovechar y explotar el agua que se desperdicia, es imprescindible utilizar el agua tratada como una alternativa segura para allegarnos de este recurso de forma sostenible, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

No podemos soslayar que en nuestro país se sigue desperdiciando el agua, lo anterior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual explica que en 2016 nueve ciudades mexicanas perdieron grandes cantidades de agua a causa de las fugas.

Por ejemplo, la Ciudad de México pierde más de 40 por ciento de su agua disponible gracias a las fugas, la principal razón de estas pérdidas, se debe, según la OCDE y otras organizaciones civiles nacionales, a la arcaica y abandonada red de infraestructura hidráulica.

El Reporte de Gobernabilidad sobre el Agua, elaborado también por la OCDE, representa un valioso instrumento para la elaboración de estrategias nacionales que nos permitan reducir el desperdicio de este valioso recurso.

“Una infraestructura vieja, obsoleta (o la falta de ella) es el factor que más afecta (hasta 92 por ciento) a un adecuado suministro de agua en las 48 ciudades de la encuesta. Varias ciudades mexicanas, Hermosillo, Veracruz, Toluca y Chihuahua, muestran los niveles más bajos de aguas residuales tratadas”, señala el informe.

Otra de las preocupaciones sobre el agua en nuestro país, es el acceso a la misma y a los servicios sanitarios, que a escala nacional es de 89 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Es nuestro deber como legisladores cambiar la situación que impera en nuestro país en lo concerniente al agua, no podemos permitir que una sola persona en México no ejerza su derecho de acceso al vital líquido, pues se trata de un derecho humano fundamental.

De lo aquí expuesto podemos concluir que no sólo se trata de reconocer la importancia de nuestros recursos naturales en fechas específicas, sino de generar un compromiso de trabajo constante para cuidar e impulsar proyectos que se sumen a la lucha contra el deterioro ambiental.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hacemos un exhorto a los demás legisladores y a la sociedad en general para que, sin distinción partidista, nos sumemos a la concientización del inminente deterioro que ha sufrido nuestro medio ambiente y los recursos naturales, en especial el agua, y generar cambios que nos permitan construir el camino para lograr un verdadero equilibrio ecológico y desarrollo sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— (Rúbrica).»

“DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA”

«Efeméride con motivo del 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El dolor es señal de que el músculo está trabajando

El Día Mundial de la Activación Física se celebra cada 6 de abril, desde 2002, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud, que describe como objetivo unánime difundir los beneficios que se tienen al realizar actividad física, buscando que la sociedad se vea entusiasmada a llevar acabo esta práctica, así como la buena alimentación, creando de esta manera países sanos y mundo con una calidad de vida mejor.

Esta práctica se lleva acabo a fin de que la sociedad no se vea involucrada cada vez más en miles de enfermedades existentes por la falta de ejercicio y la mala alimentación, algunas de ellas que atacan día a día de manera descontrolada a nivel mundial son: enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, cáncer de colon y complicaciones con el sobrepeso y la obesidad.

Según datos impresionantes de por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2014 se detectó que 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos.

Por ello, todos los países con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud se ven alertados ante esta gran catástrofe, y es como se buscaron estrategias para poder combatirla, y para ello la primer forma de hacerlo, es informando a la ciudadanía de lo que la mala alimentación y falta de ejercicio puede provocarles, sin importar edad, sexo o clase social.

Se sabe que actualmente se vive una situación muy desconcertante puesto que México se encuentra en primer lugar con problemas de obesidad, a causa de la falta de cultura física y la pésima alimentación que se tiene, en donde datos rojos delatan que son los menores quienes son más preponderantes en esta situación pues pese a que deberían tener más entusiasmo y fuerza, son los más ociosos y negativos al querer realizar ejercicio.

Nuestra invitación a todos los mexicanos de hoy es a hacer conciencia sobre esta situación, y hacerlos partícipes de realizar esta práctica y hacerla cotidiana en su vida diaria, pues el beneficio es propio. Éste es un pretexto idóneo para crear en el país una cultura rápida y eficaz de realizar deporte, sea cual sea, para así lograr que todos tengamos una calidad de vida buena y saludable.

Notas:

1 Activación física. Consultado en

http://extension.unicen.edu.ar/salud/6-de-abril-dia-internacional- de-la-actividad-fisica/ el 10 de marzo de 2017.

2 Ibídem.

3 Activación física. Consultado en http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs311/es/ el 13 de marzo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

“DÍA MUNDIAL DE LOS BOSQUES”

«Efeméride con motivo del 21 de marzo, Día Mundial de los Bosques, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que abarcan 32 por ciento del territorio nacional. Adicionalmente, el país cuenta con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de vegetación hidrófila.

Dichos ecosistemas son de enorme riqueza e importancia ya que contienen alrededor de 70 por ciento de la biodiversidad del planeta; proveen de bienes y servicios esenciales, ambientales, sociales y económicos para el ser humano; contribuyen a la seguridad alimentaria; mejoran la calidad del agua; protegen el suelo; absorben el dióxido de carbono, como uno de los elementos indispensables para lograr el equilibrio climático; permiten alcanzar las condiciones óptimas de humedad; favorecen el equilibrio ambiental y purifican el aire.

Los problemas principales del sector forestal a nivel mundial son: la inseguridad en la tenencia de la tierra, la organización insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal comercial; la sobreexplotación de los recursos; un comercio exterior de productos forestales con balance negativo; un sector privado con una crisis de competitividad internacional; degradación del medio ambiente; y un inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal sustentable, lo cual resulta en altos costos de transacción. El sector forestal se caracteriza además por una falta de continuidad administrativa y en la implementación de políticas públicas.

Como parte de las acciones internacionales para proteger mejor los bosques y selvas del mundo, en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, cuya finalidad es generar conciencia respecto a la importancia y necesidad de establecer mecanismos de acción y participación conjunta, entre autoridades y ciudadanía, en beneficio de la protección eficaz de los recursos forestales.

Nuestro país no es ajeno a la conmemoración de dicha fecha, las autoridades ambientales del actual gobierno de la República han dirigido parte importante de sus labores en la consolidación de políticas públicas encaminadas a fortalecer la protección y preservación de nuestros bosques.

En el Partido Verde Ecologista de México nos hemos comprometido a impulsar propuestas que definan las bases para robustecer la protección de los recursos forestales en todo el territorio nacional, ejemplo de ello es la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, instrumento jurídico que busca reorientar esfuerzos en el uso sustentable de los recursos forestales, pretendiendo la conservación de los bienes y servicios que proporcionan dichos ecosistemas, fortaleciendo la generación de empleos en las zonas forestales, a través de la oferta de productos y la integración de la cadena productiva forestal.

Asimismo, en 2016 logramos integrar en la legislación en materia forestal una restricción para que no se otorgue ninguna autorización de cambio de uso del suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que el ecosistema se haya regenerado en su totalidad. Lo anterior, con la finalidad de evitar que la voracidad de los intereses económicos, fundamentalmente inmobiliarios, destruya de manera intencional nuestros bosques.

Si bien los ejemplos citados son disposiciones muy valiosas, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para garantizar la preservación de los recursos forestales en nuestro país.

Como cada año, la conmemoración de este día elige un tema a resaltar, siendo el de 2017: Los bosques y la energía, cuya finalidad es llamar la atención respecto a la necesidad de lograr un uso sostenible de la madera, siendo los bosques una fuente de energía natural.

Sabemos que nuestros bosques y selvas nos aportan diversos y muy valiosos servicios ambientales, necesarios para mantener la calidad de vida no sólo de los propios ecosistemas, sino también de nuestra vida, a través de sus aportaciones a la salud humana.

Por los motivos señalados, el aprovechamiento sustentable de los bosques es un tema trascendental para la conservación de los ecosistemas y es fundamental garantizar la promoción de una mayor conciencia en aras de modificar los malos hábitos que se tienen actualmente en el manejo de los recursos forestales provenientes de fuentes legales.

Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entendemos la conmemoración de esta fecha como una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia que implica trabajar coordinadamente en la atención y protección de los recursos forestales, por ser estos elementos indispensables para el equilibrio ambiental del planeta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— (Rúbrica).»

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA

«Efeméride con motivo del 21 de marzo, aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

“Todos estamos contigo. Será inútil injuriarte o rebajarte. La diatriba será un remusgo, que hará espuma en torno al arrecife inconmovible y pasará y morirá, celebrando los ritos de nuestra religión cívica. Y cada generación dirá a la generación que se levante y llegue: Perseverad como él, quered como él, creed como él.... y le entregará la antorcha de una inextinguible luz”.

Así se refería don Justo Sierra al Benemérito de las Américas.

Rendir homenaje a Benito Juárez, es retomar nuestra responsabilidad cívica; es reafirmar en nuestra conciencia los ideales que Juárez encarnó; es una manera de entender en esta hora nuestro destino; es un motivo para volver a identificar nuestra esencia; es un modo de reformar nuestra vocación por la justicia y el derecho; es reconocer que la unidad de los mexicanos es condición sine qua non de la soberanía nacional.

Recordar al Juárez universal, es luchar en lo nacional y en lo internacional para hacer prevalecer los derechos superiores del hombre y de cada nación, en un mundo sombrío y agobiante; pero al cual habremos de sobreponernos si marchamos juntos los mexicanos en un ambiente de paz, democrático y de trabajo para acelerar el paso de nuestras instituciones democráticas hacia el encuentro de nuestro destino y de la convivencia fraternal de los mexicanos.

Nuestra nación se ha forjado ante grandes y graves retos. Es ante esos desafíos en los que la historia y los personajes que la hicieron se convierten en el asidero institucional para enfrentar el presente.

Hoy recordamos al Juárez estadista, al indígena oaxaqueño que se convirtió en gobernante visionario, con proyecto de nación, que postuló el orden dentro de la Ley, la paz basada en la justicia y la convivencia entre las naciones reguladas por el derecho. El que reafirmó, además, la organización del Estado con intervención de los ciudadanos, en la formulación de las denominadas Leyes de Reforma, fortaleciendo así a la República.

Ante una actualidad nacional e internacional delicada, debemos honrar su memoria. El proceso transformador que caracteriza este tiempo mexicano ha traído sin duda retos económicos y sociales de gran envergadura. Hoy nuestro país cada vez más inmerso en el mercado internacional es sujeto de la inestabilidad económica mundial. Por eso la lucha contra la pobreza es el enemigo a vencer.

Asimismo, enfrentamos una rispidez internacional que pone a prueba la unidad de los mexicanos. Hoy el Gobierno de la República no ha hecho más que aplicar su norma constante de conducta en las relaciones internacionales: circunscribirse a los límites de una prudente moderación, abstenerse de todo acto agresivo y prepararse a repeler la fuerza con la fuerza.

Benito Juárez está vigente a partir de su pensamiento y de su defensa de la nación, en el fortalecimiento de las instituciones, la consolidación de la democracia y la preservación de las libertades, la independencia, la soberanía y la paz.

En nuestra Constitución están contenidos expresamente los principios juaristas que gobiernan nuestras relaciones con el extranjero; y dentro de ellos destaca la no intervención en los asuntos internos de otros países, que interpreta el apotegma del Benemérito. Así como México cumple fielmente este principio, exige que se respeten nuestras decisiones internas. Los mexicanos, no admitimos, ni de adentro ni de afuera, nada que trate de colocarse sobre nuestra autoridad soberana.

Por eso decimos que nuestro sistema democrático tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertos grupos de la sociedad, forman su esencia.

El Estado, que representa la voluntad soberana nacional, no permitirá que ningún otro poder sectario, teocrático o económico se le sobreponga. Nuestra Carta Magna consagra la herencia juarista: asegura y protege la libertad de creencias, porque cada individuo, en su conciencia, puede creer en lo que estime ético, individual y socialmente conveniente.

Nuestro concepto constitucional no acepta diferencias en el ejercicio del derecho en lo religioso, como tampoco acepta las desigualdades o privilegios individuales por razones de tipo étnico, económico, geográfico, social, profesional o político. Explotar los sentimientos del hombre con fines diferentes, es violatorio a la filosofía de nuestra nación.

En este 201 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, su obra se levanta inconmovible en la conciencia de las y los mexicanos libres, independientes y soberanos, que trabajan todos los días por salir adelante y hacerse con ello dignos merecedores del legado histórico que heredamos del gran reformador republicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2017.— (Rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 17:48): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 23 de marzo de 2017 a las 11 horas.

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