SUMARIO
De la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a los siguientes asuntos:
– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, presentada por la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 16 de marzo de 2017. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión
– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 21 de marzo de 2017. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Protección Civil, para opinión
Se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios
De la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, por la que solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo relativo al incremento de feminicidios en el Estado de México
Del diputado Juan Manuel Celis Aguirre, del PVEM, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 68 Bis a la Ley Agraria
Del diputado Luis Fernando Antero Valle, del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica
Del diputado Ramón Bañales Arámbula, del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 15 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Del diputado Alejandro González Murillo, del PES, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 5 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de MC, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios
De la Cámara de Senadores, por medio de la cual comunica que la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores y la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados realizarán trabajos en conferencia en relación con el proyecto de Ley de Cultura. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento
De la Cámara de Senadores, con la que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. De enterado. Se turna a la Comisión de Pesca, para su atención
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por la que remite el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento
Del despachoErnst & Young,con la que remite copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por medio de la que remite el Sexto Reporte Bimestral sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, genere un acercamiento conAirbus Safran Launchersy otras empresas que desean invertir en nuestro país, a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y analizar la pertinencia de modificar el acuerdo secretarial número 117, con objeto de ampliar el espacio físico para la realización de la actividad pesquera, privilegiando en todo momento la sustentabilidad de esta actividad y el cuidado del hábitat de las especies del Golfo de México. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar los estudios necesarios al agua para uso y consumo humano suministrada al municipio de Tierra Blanca en el estado de Veracruz, para verificar que la calidad del agua se ajuste a lo señalado por el acuerdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que intervenga para verificar sobre el riesgo sanitario existente en el municipio de San José de Iturbide del estado de Guanajuato, y en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a estudiar y analizar la viabilidad de instalar infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, municipio de Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con las acciones de vigilancia de los precios de los productos que componen la canasta básica. Se remite al promovente
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo una campaña de verificación al funcionamiento de las casas de empeño, dado el incremento en la demanda de crédito en la denominada “cuesta de enero”. Se remite al promovente
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar las verificaciones para la venta en línea de las denominadas “copas menstruales”. Se remite al promovente
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
– Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a las y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento
– Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán, para que, en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrátiva para cerciorarse que la obra y giro que se realiza en el domicilio ubicado en avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en materia de obras, desarrollo urbano y uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica, protección civil, y resuelvan de conformidad. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento
– Por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas a que incrementen la coordinación entre sus respectivas unidades de protección civil y gestión de riesgos para llevar a cabo medidas de mitigación de riesgos; así como la salvaguardia de la integridad física y vida de la población, y la disminución de eventos adversos, originados por el almacenamiento, uso, comercialización, manejo, detonación y combustión de fuegos pirotécnicos, en ferias y festividades tradicionales y patronales. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento
De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, por la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para proteger a las especies en peligro de extinción. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas diseñen políticas en materia de cambio climático. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento
Del diputado Fidel Kuri Grajales, se recibió solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como diputado federal, a partir de esta fecha. Aprobada, comuníquese
MINUTA
De la Cámara de Senadores se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
Se recibió del Congreso de Baja California la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Se recibió del Congreso de Baja California Sur la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
Se recibió de las diputadas Lorena Corona Valdés, Lia Limón García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Se solicita el retiro de la misma, actualícense los registros parlamentarios
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud y 33 de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
El diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Se recibió de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley General de Protección Civil y reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha ley y del Código Penal Federal. Se turna a la Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Justicia, para dictamen
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como “El Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 303 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
DICTAMEN A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
A discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
– El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de MC
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:
– La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
– El diputado Francisco Javier Pinto Torres, de NA
– El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC
– El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena
– El diputado Luis Gerardo Izquierdo Rojas, del PVEM
– El diputado David Gerson García Calderón, del PRD
– La diputada Claudia Sánchez Juárez, del PAN
– El diputado Samuel Alexis Chacón Morales, del PRI
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen
La secretaría da cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que propone la terna de candidatos para ocupar el cargo de Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
A discusión el acuerdo, hace uso de la palabra:
– La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, en contra
– La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD, a favor
– El diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, en contra
– El diputado José Hernán Cortés Berumen, del PAN, a favor
– El diputado Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, en contra
– El diputado Edgar Romo García, del PRI, a favor
La Presidencia realiza la declaratoria correspondiente a la de elección de los ciudadanos Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez como nuevos consejeros electorales del INE para el periodo que comprende del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. Désele forma de decreto. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y notifíquese al Instituto Nacional Electoral, al Senado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Federal Electoral
Cambios de integrantes de comisiones ordinarias, especiales, comités, de consejeros electorales y de juntas directivas. Se aprueba. Comuníquense
La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes
EFEMÉRIDES
De la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió efeméride con motivo del 25 de marzo, “Día Internacional para la Conmemoración del 200 Aniversario de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos”
De la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena, se recibió efeméride con motivo del 30 de marzo, “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”
De la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo del 2 de abril, “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publica la votación del dictamen:
– De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en lo general y en lo particular)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 30 de marzo de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1; y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Muy buenas tardes. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 12:00 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 30 de marzo de 2017
Lectura del acta de la sesión anterior
Comunicaciones oficiales
De la Mesa Directiva
Comunica modificación de turno de iniciativas.
De los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Juan Manuel Celis Aguirre, Luis Fernando Antero Valle, Ramón Bañales Arámbula, Alejandro González Murillo y Germán Ernesto Ralis Cumplido.
Solicitan el retiro de iniciativas.
De la Cámara de Senadores
Comunica que la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores y la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, realizarán trabajos en conferencia en relación con el Proyecto de la Ley de Cultura.
Comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Remite el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Del Despacho Ernst & Young
Remite copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Remite el Sexto Reporte Bimestral sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.
De la Secretaría de Gobernación
Remite nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para proteger a las especies en peligro de extinción.
De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas diseñen políticas en materia de cambio climático.
Solicitud de licencia
Del diputado Fidel Kuri Grajales.
Minuta
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Iniciativa del Congreso de Baja California
Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.
Iniciativa del Congreso de Baja California Sur
Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativas
Que expide la Ley General de Cultura, suscrita por los diputados Lorena Corona Valdés, Lía Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De Decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como “El Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional”, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo Décimo Transitorio del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena,y Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, y el diputado José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús S. Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.
Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 22 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.
Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado David Mercado Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Batallas de Celaya”, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 166 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 303 del Código Civil Federal, en materia de alimentos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que modifica la denominación de la Ley General de Protección Civil y reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha Ley y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz León Villard e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona y deroga el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 9o. y adiciona un 15 Décimus a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara la tercera semana de mayo de cada año, la “Semana Nacional del Reciclaje”, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Trasplantes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Encuentro Social.
De Decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año, como “Semana Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 6o., 13, 14, 15 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 5o. y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear un fondo de aportación para la educación profesional técnica, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Dictámenes de declaratoria de publicidad
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.
De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Dictámenes a discusión de leyes o decretos
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en materia de maternidad y lactancia.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en materia de permisos de paternidad.
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.
Proposiciones de urgente resolución
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conagua ejecutar diversas acciones en el contexto de la construcción de la presa el Zapotillo, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León y a los municipios del área metropolitana de Monterrey, para que de forma conjunta, formalicen la creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en el estado de Baja California y en toda la República, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que les presenten, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario el Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a informar a la opinión publica el ejercicio de los recursos aprobados en el PEF 2015 anexo 30, destinados al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a que garantice en el dictado de sus resoluciones, el interés superior de los menores, tratándose de prácticas de castigo corporal como medida disciplinaria, de corrección de la conducta o de formación educativa, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Segob y en coordinación con las autoridades del gobierno del estado de Nuevo León, tomen las medidas necesarias para despresurizar la saturación y hacinamiento en los penales de dicho estado procurando el respeto a los derechos humanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Colima, a declarar la Alerta de Violencia de Género y a emprender las acciones correspondientes, preventivas e informativas, para evitar más feminicidios y desaparición de mujeres en dicha entidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que fortalezca las acciones para la protección de la flora y la fauna en las zonas fronterizas de nuestro país, suscrito por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo relativo a las acciones conducentes de fiscalización y vigilancia de los recursos públicos ejecutados por el Congreso del estado de Morelos en favor de los trabajadores sindicalizados y de confianza de dicha institución, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a reforzar los operativos de seguridad pública en las zonas consideradas como focos rojos por la delincuencia en la CDMX y el Estado de México, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, a vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asistencia Social, subrayadamente, en lo referente a las personas consideradas como indigentes, suscrito por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a la realización de campañas permanentes de esterilización, así como medidas y mecanismos necesarios para el control de la población de perros y gatos que nacen, viven y se reproducen en las calles del país, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a robustecer las políticas públicas para que permitan el crecimiento del mercado interno que fomente la competitividad y la generación de empleos para los mexicanos, suscrito por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad”, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, a esclarecer las acusaciones sobre la presunta responsabilidad de la Dra. Rocío Arely Rojas Jaime, en el fallecimiento del joven residente Gabriel Apolo Aco Miranda; así como tomar las medidas necesarias para que se eliminen todas las conductas de abuso y acoso por parte de los médicos encargados de los residentes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT para que el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se siga denominando como hasta ahora, “Aeropuerto Internacional Benito Juárez García”, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a implementar el programa de apoyos a pequeños productores en su componente de atención a siniestros agropecuarios, para resarcir los daños producidos por la torrencial granizada en la región montañosa central del estado de Veracruz, suscrito por los diputados Miguel Ángel Sedas Castro e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea y se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a realizar las diligencias necesarias para esclarecer el caso y capturar a los responsables, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, a investigar e iniciar proceso penal por la posible comisión de delitos de crueldad animal, agonía y privación de la vida que ocurrieron en la localidad de San Juan Teposcolula, Oaxaca, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conafor, para que, en coordinación con las autoridades competentes del Estado y municipios de Oaxaca, evalúe el diseño, la ejecución y reforzamiento de los programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos naturales afectados por los incendios forestales en dicha zona geográfica, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de San Luis Potosí, a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, a la STPS y al Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ), para que resuelvan el conflicto planteado por la revisión salarial de los trabajadores citado Instituto, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tamaulipas a que anexe a la Cuenta Pública 2016, información analítica que permita a cualquier interesado verificar la evaluación del ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los programas 2016, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía conmemora el Cincuentenario de la primera edición de la novela “Cien Años de Soledad” y se instruye al Consejo Editorial para los efectos correspondientes, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Estatal, asuma su responsabilidad legal y social con el cuidado y conservación del medio ambiente y la salud de las personas, para que de modo urgente realice los estados de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a revocar la sentencia del amparo 159/2017-IV y resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y al CJF a llevar a cabo una investigación en torno al Juez Anuar González Hemadi, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Salud, a ampliar y fortalecer las acciones inherentes a la prevención del cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conducef, para que emita las recomendaciones y lineamientos necesarios para que las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano, brinden información y resuelvan cualquier aclaración, queja o reclamación a través de módulos físicos de atención a los usuarios en sucursales, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las dependencias gubernamentales, al uso eficiente del aire acondicionado dentro de las instalaciones, y así evitar posibles enfermedades contagiosas y bronco-respiratorias, a cargo de la diputada Ma, Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a incrementar la seguridad dentro de los servicios de transporte público de la CDMX, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Efemérides
Con motivo del 25 de marzo, “Día Internacional para la Conmemoración del 200 Aniversario de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos”, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del 30 de marzo, “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con motivo del 2 de abril “Día Mundial de la Concientización del Autismo” a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del martes veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De la Mesa Directiva por la que comunica la modificación de turnos de:
• La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, remitida por la Cámara de Senadores, el catorce de marzo de dos mil diecisiete, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos cometidos por razones de Género, para opinión.
• La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia, difundan el estado de avance relativo al primer año de aplicación y el plan operativo aplicable para el año dos mil diecisiete, de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesqueros y agropecuarios, presentada por el diputado Álex Le Barón González, del Partido Revolucionario Institucional, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
• La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, remitida por el Congreso del Estado de Baja California, el siete de marzo de dos mil diecisiete, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Actualícense los registros parlamentarios.
b) De las diputadas y los diputados:
• Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios las iniciativas con proyecto de decreto:
– Que reforma y adiciona los artículos once, veintinueve, y ciento doce de la Ley de Migración, suscrita por la diputada María Ávila Serna, e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, presentada el seis de octubre de dos mil dieciséis.
– Que adiciona el artículo diecisiete de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por los diputados José de Jesús Galindo Rosas e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, presentada el quince de noviembre de dos mil dieciséis.
• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.
• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Juventud, presentada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.
• Luis Agustín Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación en materia de cursos y talleres educativos para la planificación familiar y educación sexual, presentada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.
• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios las iniciativas con proyecto de decreto:
– Que reforma los artículos dieciséis y veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el trece de septiembre de dos mil dieciséis.
– Que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el capítulo cuarto del título segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada el dos de febrero de dos mil diecisiete.
• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a combatir la violencia y discriminación de género que se presenta en publicidad comercial, presentada el siete de marzo de dos mil diecisiete.
Se tienen por retiradas las iniciativas y la proposición, actualícense los registros parlamentarios.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el asesinato de la señora Emma Gabriela Molina Canto, así como otros temas, las diputadas y los diputados: Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita a la Presidenta un minuto de silencio en su memoria; Kathia María Bolio Pinelo, Exaltación González Ceceñas, ambos del Partido Acción Nacional; y Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates, e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
c) De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con la que remite el informe de resultados respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. De enterado.
d) De la ciudadana Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
e) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite quince contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes según corresponda.
f) Del Gobierno del estado de Michoacán, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para impulsar la creación de organismos locales descentralizados para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
g) Del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incluir en su legislación la alienación parental como forma de violencia familiar. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
h) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
• Por el que se exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las y los Presidentes Municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, fortalezcan y brinden las facilidades necesarias para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que observe el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicado en Gaceta Oficial de esta Ciudad el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con el propósito de que no se lleven a cabo despidos injustificados de trabajadoras y trabajadores que han venido prestando sus servicios bajo los Lineamientos del Acuerdo mencionado. Se remite al promovente.
i) De la Comisión Bancaría de Valores, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar que los bienes activos y cuentas bancarias de los mexicanos que residen en Estados Unidos de América, sean entregados a sus legítimos propietarios ante la eventualidad de que sean deportados. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
j) De la Secretaría de Educación del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento
k) Del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el informe de Labores dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.
l) De la Agencia de Noticias del Estado de Mexicano, con la que remite su Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Radio y Televisión, para su conocimiento.
m) De la Cámara de Senadores con la que:
• Remite Acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados y a diversos organismos, establecer mesas de trabajo con la finalidad de identificar montos requeridos y planificar, con miras al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la asignación de recursos para la atención del cáncer de próstata desde el Anexo trece “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Se remite a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
• Comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el Proyecto de Decreto que adiciona un artículo diecisiete bis a la Ley de Puertos. De enterado, queda concluido el proceso legislativo.
• Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos Constitucional, los siguientes expedientes con proyecto de decreto:
– Por el que se reforman los artículos cuarenta y seis, primer párrafo y cuarenta y ocho, fracción primera de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.
– Por el que se reforma la fracción décima primera del artículo ciento noventa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para dictamen.
Desde su curul la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, realiza comentarios relativos al portal de internet del Congreso de Morelos. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.
– Por el que se reforma el último párrafo del artículo cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Con la que remire minutas con proyecto de decreto:
– Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el diez de abril de cada año, como el “Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
– Por el que se reforma el artículo cuarto de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.
– Por el que se reforma el artículo cincuenta y cinco de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.
– Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el veintiséis de octubre de cada año, como el “Día Nacional de Prevención de Quemaduras”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
– Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el veintinueve de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
– Por el que se reforman los artículos tercero, cuarto, sesenta y dos, sesenta y cuatro, y sesenta y ocho de la Ley de Aviación Civil, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
– Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:
– Por el que se reforma el artículo doce de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
– Por el que se reforman los artículos treinta y cuatro de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Yolanda de la Torres Valdez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Igualdad de Género, para dictamen.
– Por el que se adiciona el artículo doscientos cinco de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de la diputada y de los diputados:
• María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Integrantes de los Partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, que adiciona el artículo sexto de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:
• Alberto Silva Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
• Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo cuarenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cuarenta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quince-C, y quinientos cuarenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• Mario Machuca Sánchez, y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que deroga la fracción trigésima del artículo veintiocho de la Ley del Impuesto sobre la Renta. se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, que reforma y adiciona los artículos setenta y cuatro, y ciento cuarenta y seis-A del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos noveno de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y tercero de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que reforma los artículos cuarto, y veintiocho de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
A las quince horas con cuarenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y tres diputadas y diputados.
• Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Partido Revolucionario Institucional:
– Y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma los artículos veintinueve, setenta y tres, y ciento doce de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.
– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio y Televisión, para dictamen.
• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática:
– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
– Que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
• Sara Paola Gálico Félix Díaz, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México; y del diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, que adiciona el artículo cuarenta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
• Adán Pérez Utrera, a nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento treinta y dos, y ciento cuarenta y seis de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ciento treinta y cinco, y ciento cincuenta y uno de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
• Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo setenta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios integrantes y de juntas directivas en comisiones, en virtud de que se encuentran disponibles en las pantallas de las curules, y en particular mención del nombramiento del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social. En votación económica se aprueban. Comuníquense.
De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:
a) Iniciativas con proyecto de decreto:
• Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social:
– Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
– Que adiciona los artículos cuarto de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y séptimo de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.
– Que adiciona el artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
– Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de armonización legislativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para dictamen.
– Que reforma el artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.
– Que reforma el artículo séptimo de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
• Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
b) Proposiciones con puntos de acuerdo:
• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta soberanía realiza un pronunciamiento ante la situación legal de los llamados dreamers mexicanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a intensificar sus acciones de promoción ante las autoridades educativas, para que los planes y programas de estudio oficiales aplicables y obligatorios en la República Mexicana, incluyan contenidos temáticos de protección civil y de la gestión integral de riesgos. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que en coordinación con la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Salud, se atienda el caso de muertes de mujeres jóvenes en Las Tazas, Ocosingo, Chiapas. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen; y a la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para opinión.
• José de Jesús Galindo, e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaria de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo de Cultura Económica, promuevan la recuperación del español como lengua de comunicación científica, mediante promoción, reedición y nuevos títulos de la colección “La Ciencia para Todos”. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.
• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a establecer medidas precautorias con el fin de evitar una crisis humanitaria en Tijuana, Baja California, debido al fenómeno migratorio de miles de haitianos y africanos varados en la frontera. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que haga público un informe sobre el número de casos de crímenes de odio y de actos de discriminación y violencia institucional, en contra de mexicanos dentro de los Estados Unidos de América, a partir del día veinte de enero de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de Banxico, para fortalecer la difusión del programa Directo a México entre los connacionales que habitan en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, investigar, conocer y resolver el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, ocurrido la madrugada del sábado catorce de enero, en virtud de que existen irregularidades en las investigaciones. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que impulse acciones ante el G20 para que se implementen herramientas como el financiamiento, la investigación y el tratamiento eficaz que ayuden a la erradicación de la tuberculosis. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobiernos Federal y del Estado de México, para que se abstengan de intervenir en el proceso electoral de la entidad, y que las autoridades electorales restablezcan los principios de legalidad y de equidad en el mismo. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Yucatán, a transparentar el ejercicio de los recursos públicos implicados en la compra de los inmuebles adquirido para oficinas de diversas dependencias del gobierno estatal. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• Cuitláhuac García Jiménez y Juan Romero Tenorio, de Morena, relativo a las fosas clandestinas encontradas en el municipio de Alvarado, Veracruz. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, relativo a la conformación de los programas de atención a la población en condiciones de emergencia (APCE) de las treinta y dos entidades federativas y sus respectivos Municipios, y Alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a los titulares de autoridades educativas a nivel federal, para que establezcan de manera coordinada las medidas orientadas a fortalecer la capacitación a docentes, con el objeto de que se reincorporen a la sociedad mexicana las niñas, niños y adolescentes que sean eventualmente deportados. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a todas aquellas entidades federativas que todavía no adecuan sus leyes de protección civil, conforme a las directrices y principios de la ley general del ramo, a que lo hagan cuanto antes. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
• Luis Fernando Mesta Soulé, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscriba la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a promover que las Comisiones Ordinarias de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social dictaminen a la mayor brevedad la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibida el tres de septiembre de dos mil quince. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.
• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y de la Secretaría de Salud, a diseñar estrategias para reducir y prevenir los embarazos en adolescentes. Se turna a la Comisión Salud, para dictamen.
• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos locales y municipales, para que diseñen y ejecuten políticas públicas que fomenten, promuevan y garanticen la planeación regional y de cooperación interinstitucional a través de los institutos municipales de planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Nora Liliana Oropeza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que instrumente y ejecute una estrategia para reducir tiempos de espera en los hospitales y clínicas del sector público. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a emitir un pronunciamiento técnico de fondo, sustentado en torno a la compatibilidad y viabilidad de diversas disposiciones de las iniciativas en materia de Seguridad Interior relacionadas con la materia objeto de su mandato. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Pública, para opinión.
• Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, para a hacer públicas las medidas tomadas para investigar y sancionar las irregularidades encontradas en la administración de la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a destinar el uno por ciento del gasto autorizado en comunicación social en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil diecisiete, a la compra de publicidad a radios comunitarias e indígenas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, relativo a difundir entre la ciudadanía, acciones de medicina preventiva para buscar la disminución de la incidencia de aquellos padecimientos cuya ocurrencia es posible prevenir. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Jesús Serrano Lora, de Morena, relativo al riesgo ambiental y de salud por la presencia de arsénicos y fluoruros en el agua de Zimapán, Hidalgo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen; y a la Comisión de Protección Civil, para opinión.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que haga públicos los instrumentos técnicos y operativos mediante los que realiza las labores de inspección y vigilancia de las áreas contractuales licitadas en aguas someras, terrestres y aguas profundas. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
• Integrantes de Morena, relativo a la presunta compra y coacción del voto en el Estado de México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Mario Ariel Juárez Rodríguez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Juan Romero Tenorio, de Morena, relativo al cumplimiento al laudo del juicio laboral 472/2004, dictado por la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad, hace más de doce años, respecto de los trabajadores Primo Jaime Sánchez Martínez y Saúl Martínez Villareal. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de jueves treinta de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.
Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica la modificación de turno de iniciativas.
COMUNICACIONES OFICIALES
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a los siguientes asuntos:
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, presentada por la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 16 de marzo de 2017.
“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 21 de marzo de 2017.
“Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Protección Civil, para opinión”.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados se modifica el turno de las iniciativas mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe por favor, la Secretaría.
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción VII, solicito el retiro de la proposición con punto de acuerdo relativo al incremento de feminicidios en el estado de México, suscrito por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, todos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 16 de marzo del año en curso y turnada a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, y a la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para opinión.
En espera de contar con su valioso apoyo, reciba usted mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2017.— Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica).»
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que sea retirada la siguiente iniciativa, presentada el 29 de noviembre de 2016 y turnada a la Comisión de Reforma Agraria:
• Que adiciona el artículo 68 Bis a la Ley Agraria, a fin de crear un programa notarial social con cobertura en las regiones rurales del país. Suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI.
Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2017.— Diputado Juan Manuel Celis Aguirre (rúbrica).»
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto reciba un cordial saludo, al mismo tiempo y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada el 4 de noviembre de 2016 ante el pleno de esta soberanía y turnada en la misma fecha a la Comisión de Competitividad para dictamen.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2017.— Diputado Luis Fernando Antero Valle (rúbrica).»
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito solicitar su apoyo a fin de que se retire la iniciativa que fue presentada por un servidor en la cual se reforman los artículos 6, 14, 15 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Agradeciendo de antemano y en espera de su acuerdo favorable, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 marzo de 2017.— Diputado Ramón Bañales Arambula (rúbrica).»
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva esta misiva para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de la Comisión de Fomento Cooperativo, así como de los registros parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 5 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de un servidor, diputado Alejandro González Murillo, presentada en el pleno y turnada a comisión el 23 de febrero de 2017.
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este medio y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el que suscribe, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4712, el jueves 2 de febrero de 2017.
Sobre el particular, solicito a usted, dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de la Cámara.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores por los que se comunica lo siguiente:
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Para los efectos correspondientes, me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva, en reunión celebrada en esta fecha, dio cuenta de la comunicación del senador Gerardo Sánchez García, por la que anuncia que la Comisión de Cultura de esta Cámara y la Comisión de Cultura y Cinematografía de la colegisladora realizarán trabajos en conferencia en relación con el proyecto de Ley de Cultura.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que expresan su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con lo que su proceso legislativo queda concluido.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Túrnese a la Comisión de Pesca, para su atención.
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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
A fin de dar cumplimiento al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social y de contribuir con información para mejorar el desempeño de la política de desarrollo social en México y la rendición de cuentas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016.
El documento está integrado por cuatro apartados principales: el primero presenta la evolución de la pobreza multidimensional y de sus componentes en el periodo que comprende de 2012 a 2016 y hace una evaluación general de la política de desarrollo social; en el segundo se examinan las acciones de política pública realizadas a escalas federal y estatal en el mismo periodo, así como sus principales resultados; el tercer capítulo aborda algunos de los retos identificados con la política pública desarrollada a partir de elegir un indicador específico como centro de la estrategia (la medición multidimensional de la pobreza); el cuarto capítulo incluye una propuesta de indicadores complementarios de desarrollo social, cuyo propósito es ir más allá del cumplimiento de pisos mínimos de pobreza y distinguir tanto el acceso real y efectivo de los derechos sociales como la inclusión de todos los grupos sociales al desarrollo.
Finalmente, se incluye un apartado de conclusiones y recomendaciones, que hacen un recuento del análisis presentado a partir de los avances y retos identificados, así como posibles cursos de acción para la mejora de la política pública.
Esperando que le sea de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña, me permito enviarle el documento que podrá encontrar en la siguiente dirección electrónica: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/ Documents/IEPDS_2016.pdf
Asimismo, le envío anexo un resumen con la descripción general del informe.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»
«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Resumen
La política social del país ha sido amplia desde hace varias décadas. Pero sólo a partir de la firma de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 2004, ésta ha empezado a institucionalizarse. La LGDS señala áreas prioritarias, como el acceso efectivo a los derechos sociales, crea instancias de coordinación y de evaluación y genera un indicador concreto para medirla y evaluarla: la medición multidimensional de la pobreza.
Este informe destaca la importancia que para la política pública de los últimos años ha tenido el indicador de pobreza que señala la LGDS, pues otorga la posibilidad de plantearse un objetivo claro, medible y común. Hoy por hoy, tanto el gobierno federal como diversos gobiernos locales, han tomado el indicador de pobreza como elemento central de la política social.
El hecho de que el indicador de pobreza incluya los siguientes elementos: ingreso de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria, ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos. Entre las principales estrategias destacan éstas: a) la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para redireccionar el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); b) la Estrategia Nacional de Inclusión; y c) la reagrupación de programas presupuestales para priorizar el presupuesto de programas con una contribución directa a alguno de los indicadores de carencia considerados en la medición de la pobreza. Estos esfuerzos se han traducido, en diversas ocasiones, en que las carencias se hayan reducido, al menos hasta 2015, e incluso que el poder adquisitivo del ingreso haya aumentado, al menos hasta 2016.
No obstante el reconocimiento de estas estrategias y el avance que han significado en materia de política pública, este informe señala que aún existe camino por recorrer para alcanzar el desarrollo social en su acepción más amplia. El informe enfatiza que diversos grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas, políticas y sociales similares a las de los demás.
Entre los retos de mayor complejidad que el informe señala está el enfoque de la política de desarrollo social que se ha centrado en los indicadores de pobreza y que necesita establecer una visión más amplia del desarrollo. Los indicadores de pobreza son sólo un primer paso, un piso mínimo en la ampliación de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos sociales. Reducir la pobreza medida así será benéfico para la población, pero será insuficiente para la ampliación de sus oportunidades. El enfoque de la política pública debe seguir incluyendo la eliminación de la pobreza y la pobreza extrema, pero con un enfoque central de igualdad de oportunidades, que pasa necesariamente por el acceso efectivo a los derechos.
Por ello parece necesaria la evolución de la política de desarrollo social hacia un enfoque de inclusión amplio en tanto no sólo se trate de proveer bienes, sino que potencialice el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los segmentos de la población y busque garantizar la inclusión de todos los grupos para el ejercicio pleno de sus derechos.
El informe señala también que otros retos importantes de la estrategia actual de política social tienen que ver con la coordinación y la generación de instrumentos de información. Si bien la coordinación ha mejorado a partir de tener un indicador común bien establecido, todavía existen algunos retos. Ejemplo de lo anterior es la persistencia de un gran número de programas (5 mil 491) federales, estatales y municipales lo cual implica mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno y también la concurrencia de similitudes al no existir mecanismos mediante los cuales se comparta información precisa sobre los beneficiarios y los objetivos, entre otras cosas.
El reto radica en la búsqueda continua de la coordinación interinstitucional y de los instrumentos de generación de información y construcción de padrones que promuevan la acción pública. La Sedesol ha estado generando información para relacionar mejor los apoyos que se otorgan con la población que los recibe. El informe observa que aún hay retos para que la información de los dos ámbitos sea precisa. En el caso de la cartilla social, se advierte que el instrumento debe pasar por un proceso de evaluación y auditoría social para generar mayor certidumbre entre todos los actores.
Es de destacar que hoy se utilice como elemento central de política social el indicador de pobreza que señaló la LGDS desde 2004, así como sus instancias de coordinación (Comisión Nacional de Desarrollo Social, Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social). Todos los partidos políticos de ese momento avalaron dicha ley. Este informe muestra esos avances, pero también los retos que debemos superar.
Principales hallazgos
Capítulo 1. El desarrollo social en México a partir de la medición de pobreza 2012-2016
• De acuerdo con los resultados de la medición de pobreza 2014, el porcentaje de pobreza aumentó de 45.5 a 46.2 respecto a 2012; este cambio, aunque no fue estadística mente diferente de cero, representó un aumento de dos millones de personas en esta condición.
• En contraparte, la pobreza extrema se redujo de 9.8 a 9.5 por ciento en 2014; el número estimado de personas que dejaron esta condición fue de unas 87 mil.
• La población vulnerable por carencias sociales se redujo de 28.6 a 26.3 por ciento (equivalente a 2 millones de personas) en el mismo periodo.
• La población vulnerable por ingresos tuvo un alza estadísticamente significativa, de 6.2 a 7.1 por ciento (más de 1 millón de personas).
• La población no pobre y no vulnerable se acrecentó al pasar de 19.8 por ciento a 20.5.
• El ingreso laboral real, es decir, el poder adquisitivo del ingreso laboral, se incrementó entre 2015 y 2016, con lo cual se recuperó el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares mexicanos, que había caído entre 2007 y 2014.
• Al comparar el tercer trimestre tanto en 2015 como en 2016 se observa una recuperación de 3.6 por ciento, mientras que con respecto a 2014 la recuperación alcanzó 8 por ciento.
• Las tasas de inflación relativamente estables de 2015 y 2016 han permitido que el ITLP disminuya y, por tanto, que el aumento del ingreso laboral se refleje en un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores.
• Entre 2010 y 2015, todas las carencias presentaron disminución en el porcentaje de población.
Capítulo 2. Estrategias gubernamentales de desarrollo social: utilización de la medición de pobreza como directriz de política pública
El segundo capítulo examina a detalle las acciones de política pública realizadas a escalas federal y estatal en el mismo periodo, ligadas al indicador de pobreza multidimensional, así como sus principales resultados.
Cruzada Nacional contra el Hambre
• La cruzada incorporó los indicadores de pobreza establecidos por el Coneval, los cuales se han utilizado tanto para definir los municipios a ser atendidos y determinar a la población objetivo (personas en pobreza extrema con carencia alimentaria) como para monitorear y dar seguimiento a los resultados obtenidos por la cruzada.
• Los indicadores de la medición se utilizan también para realizar diagnósticos, focalizar los recursos y programas a la población más vulnerable y mejorar la coordinación entre la federación y los estados para la planeación y ejecución de programas.
Estrategia Nacional de Inclusión
• La Sedesol presentó en 2016 la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI). La ENI surgió a partir de una instrucción presidencial del 17 de febrero de 2016, en la que se instruyó a las dependencias del gabinete especializado México Incluyente (GEMI) a intensificar las acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
• La ENI no cuenta con recursos adicionales, es un mecanismo de coordinación de los recursos que ejercen los programas adscritos a cada secretaría que forma parte del GEMI. Asimismo, las entidades federativas que participan en la ENI aportan sus recursos mediante las acciones locales que realizan, dirigidas a la reducción de carencias sociales.
• En 2017 se diseñó un nuevo mecanismo de colaboración con las entidades federativas en el marco de la ENI, utilizando la cooperación establecida en el marco de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, donde se busca generar la misma dinámica de dirección de recursos hacia la reducción de las carencias sociales.
• Igual que la cruzada, esta estrategia se basa en un proceso de coordinación interinstitucional que incluye la participación de los sectores público, privado y social y le apuesta a la integración de programas presupuestarios.
• En el marco de la ENI, además de la formación del GEMI y de las mesas transversales que la Sedesol coordinó para cada una de las dimensiones de la pobreza multidimensional, la dependencia celebró convenios con instituciones del sector público y privado con el objetivo de involucrarlas en el proceso del combate de la pobreza. El Banco Nacional de Obras, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Banco Nacional de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial son algunos organismos que tienen un convenio con la Sedesol. En la mayoría de los convenios el objetivo es establecer acciones de colaboración que contribuyan a abatir el rezago social, disminuir las carencias sociales y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.
FAIS
• En 2014 se emitieron nuevos lineamientos Generales para la operación del FAIS, a fin de que los recursos del fondo se destinaran a la disminución de las carencias sociales de la medición de pobreza.
• Se modificó la fórmula de distribución de los recursos. La nueva fórmula considera el uso de los indicadores de pobreza multidimensional como una medida para repartir los ingresos a los estados y municipios.
• Estas modificaciones del FAIS han tenido implicaciones importantes en el uso de los recursos del fondo por parte de los gobiernos locales, pues reducen los recursos disponibles para proyectos que no incidan en la reducción de las carencias sociales.
Cambios en el PEF
• El gobierno federal ha realizado esfuerzos presupuestales para priorizar programas presupuestarios que pudieran incidir con mayor claridad en la reducción de la pobreza.
• En términos de la clasificación funcional, para 2017 la mayor proporción del gasto programable del PEF se planea destinar al gasto funcional en desarrollo social (63 por ciento), seguido por 27.6 por ciento al gasto de desarrollo económico y 9.4 por ciento al gasto de gobierno. Esta proporción es relativamente constante de 2015 a la fecha.
• En 2015, el presupuesto asignado a los programas prioritarios representaba 39.2 por ciento del presupuesto total en el inventario del Coneval. Para 2016 este porcentaje incrementó a 69.6. Esta estructura es similar para 2017.
• Los programas prioritarios para la atención de la pobreza y los derechos sociales han incrementado en presupuesto o al menos han permanecido constantes en términos reales en el periodo analizado (2015-2017), a pesar de la reducción en el gasto programable. Esto revela una estrategia de la administración actual para atender las carencias sociales de la población, redireccionando la forma en la que se gastan los recursos.
Capítulo 3. Retos de la estrategia gubernamental de desarrollo social
El capítulo tres detalla algunos de los retos identificados con la política pública que se ha desarrollado a partir de elegir un indicador específico como centro de la estrategia.
Retos de coordinación
• Hay un gran número de programas sociales que de forma individual cumplen sus objetivos y atienden a sus beneficiarios, pero que en una perspectiva de integralidad respecto al objetivo más amplio (el desarrollo social) se contraponen con otros programas, no se complementan o dejan vacíos.
• El Coneval ha identificado, con información hasta 2016, 5 mil 491 programas y acciones de desarrollo social. De ellos, 233 son federales que operaron en 2015. Del Inventario Estatal 2014 se identificaron 2 mil 528 programas y acciones de desarrollo social y a nivel municipal se identificaron 2 mil 730 intervenciones en materia de desarrollo social en 2014-2015.
• El reto radica en la búsqueda continua de la coordinación interinstitucional, dado que su ausencia es costosa y lograrla implica el esfuerzo deliberado de distintos actores, la inversión de tiempo de los funcionarios así como de recursos administrativos de los gobiernos.
Retos de información y padrones
• El Sifode presentó fallas en el registro de domicilios o ubicación geográfica de los hogares con información registrada en 2015.
• El Sifode registró información heterogénea. En 2015 no fue posible conocer los desagregados de todas las carencias en los hogares analizados en la encuesta Panel (Coneval 2015), lo que impidió identificar cambios en las carencias y programas recibidos.
• Se encontraron inconsistencia entre la información registrada en el Sifode y los hogares analizados en la encuesta panel (Coneval 2015). Se encontraron casos en los que a pesar de la ubicación del hogar, algunos datos de los integrantes del mismo no coincidían.
• También se encontró una falta de mecanismos de actualización permanentes de la información.
• La Sedesol implantó en 2016 la cartilla social, la cual se integró con la información de 25 padrones de programas federales de siete dependencias y 82 padrones de programas de 21 estados que otorgan apoyos monetarios o en especie. En su primera entrega se repartieron 8.03 millones de cartillas sociales.
• Se reconoce el esfuerzo de la Sedesol al implantar la cartilla como un paso en la construcción de un padrón único de beneficiarios. Sin embargo, es necesario generar información sobre el objetivo de la cartilla, la problemática que busca atender, así como el contexto en el que se diseñó a fin de implantar un mecanismo de seguimiento y evaluación.
• Validar la información de la cartilla en campo para identificar posibles errores de los datos de los programas.
• Consolidar mecanismos de validación de los padrones provenientes de las dependencias federales y gobiernos que brindan información para la cartilla.
• Informar claramente a la población cómo se calcula el monto en pesos de los ingresos que reciben, para que cualquier ciudadano pueda replicar el cálculo.
• Fortalecer el ejercicio ciudadano de inclusión y participación social, al informar los derechos de los beneficiarios y los mecanismos que tienen para ejercerlos.
• Identificar causas de la no entrega del total de cartillas.
• Retroalimentar a las dependencias y a los gobiernos estatales sobre la integración de sus padrones y las razones de la no utilización de algunos.
• Se recomienda que la cartilla tenga un proceso de mejora continua, de evaluación y de transparencia total para generar mayor certidumbre entre todos los actores.
Fragilidad económica: inflación en el corto plazo
• La razón más importante del incremento del poder adquisitivo del ingreso entre 2014 y 2016 fue la menor inflación observada, al menos hasta septiembre de 2016. Sin embargo, el mismo efecto positivo que se observa en la recuperación del ingreso cuando la inflación es baja, se puede revertir cuando los precios de los bienes y servicios aumentan mucho más que los ingresos.
• Mantener una inflación baja depende de que las señales que se envíen al mercado, al menos en el ámbito de la política pública, sean las adecuadas para la formación de expectativas futuras de baja inflación. Acciones en otro sentido pueden generar efectos poco deseables en la evolución de los precios con los consecuentes efectos negativos en la pobreza.
Enfoque acotado de la política social limitado a la pobreza
• El desarrollo social implica necesariamente una visión más allá de la medición de pobreza. El bienestar y la calidad de vida son factores importantes en el análisis de los derechos sociales.
• Es importante reconocer que los umbrales de pobreza (conforme a cualquier metodología) implican pisos mínimos que denotan prioridades de política pública hacia los hogares más desfavorecidos de la sociedad. En un país tan desigual como lo es México, la prioridad de reducir la pobreza es innegable. Pero la reducción de la pobreza, precisamente dados 105 niveles de desigualdad, nunca será suficiente para tener un país con pleno desarrollo.
• El enfoque de derechos tiene una orientación hacia la inclusión social, en cuanto enfatiza que no existen fórmulas únicas para el cumplimiento del mismo derecho universal entre grupos diferentes, por lo tanto los grupos con capacidades especiales o desiguales requieren acciones de política pública diferenciada por el Estado.
• La discriminación hacia grupos como mujeres, indígenas, jóvenes y ancianos genera brechas que limitan sus libertades y protecciones fundamentales, así como su acceso a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades, e impiden el ejercicio efectivo de sus derechos sociales.
Indígenas
• En 2014, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza; y de éstas, 3 de cada 10, en pobreza extrema. Lo mismo pasa con los hablantes de lengua indígena: alrededor de 8 de cada 10 estaban en pobreza; y de éstos, 4 de cada 10 en pobreza extrema.
• En 2014, 8 de cada 10 indígenas se encontraban en empleos informales, mientras que en la población no indígena se insertaban 6 de cada 10 en este tipo de empleos.
• La mitad de los indígenas nunca ha cotizado a la seguridad social, lo cual significa que no contará con una pensión o jubilación al fin de su vida laboral y podría depender sólo de los programas sociales. El problema se agudiza en el caso de indígenas que habitan en zonas rurales, donde aproximadamente 92 por ciento nunca ha cotizado a la seguridad social.
Adultos mayores
• En 2014, 45.9 por ciento de los adultos mayores de 65 años se encontraba en situación de pobreza (37.4 moderada y 8.5 extrema), mientras el porcentaje de la población nacional era de 46.2 (36.6 moderada y 9.5 extrema).
• Un adulto mayor que recibe ingresos provenientes únicamente del Programa de Adultos Mayores (708.46 pesos) no podrá cubrir el costo de una canasta básica alimentaria y no alimentaria mensual individual (2 mil 684.65 pesos urbana, mil 734.56 rural).
• Los adultos mayores que continúan trabajando pese a su edad lo hacen en condiciones de desventaja: alrededor de 8 de cada 10 empleados lo son informales.
Mujeres
• Pese a que las mujeres estudian en la misma proporción que los hombres y se titulan en mayores proporciones, siguen siendo contratadas para ocupar los niveles más bajos de investigador.
• Aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre géneros en sus candidaturas al Poder Legislativo federal y local (artículo 41, fracción 1), el porcentaje alcanzado en 2015 continuaba estando por debajo de lo establecido (en la Cámara de Diputados fue de 41.4; y en la de Senadores, de 34.1).
Jóvenes
• De acuerdo con la ENOE, en el segundo semestre de 2016, de cada 10 jóvenes 6 trabajaban en empleos informales con salarios bajos, inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de salud y seguridad social.
• El desempleo de los jóvenes con mayores niveles educativos, es una nueva tendencia que representa un desafío de todos los órdenes de gobierno.
• Sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta licenciatura se encuentran ocupados (53.9 por ciento) y pese a estar empleados, 57.7 por ciento no tiene acceso a servicios de salud, y 4 de cada 10 trabajan en empleos informales.
• Durante 2014, el MCS-ENIGH reportó que en México 626 mil 936 niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años de edad fueron madres. De éstas, 8 mil 676 tenían entre 12 y 14 años de edad.
• De cada 10 mujeres jóvenes que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, 3 tenían rezago educativo en 2014, mientras que sólo alrededor de 1 de cada 10 jóvenes que no tuvieron hijos tenía rezago.
• En los últimos años, la violencia se ha incrementado en México, con un efecto especialmente negativo en jóvenes. Entre 2008 y 2010, la mortalidad en la población de 15 a 29 años aumentó considerablemente: casi se duplicó. Entre la población de 15 a 19 años pasó de 18 homicidios por 100 mil hombres en 2008 a 35.4 en 2010; por su lado, entre los hombres de 20 a 24 años se registró un aumento de 36.8 en 2008 a 70.7 en 2010; y para los de 25 a 29 años pasó de 44.6 a 87.4 en el mismo periodo.
Capítulo 4. Hacia la inclusión a través del acceso efectivo a los derechos sociales
El cuarto capítulo incluye una propuesta de indicadores complementarios de desarrollo social cuyo propósito es ir más allá del cumplimiento de pisos mínimos de pobreza y distinguir tanto el acceso real y efectivo de los derechos sociales como la inclusión de todos los grupos sociales al desarrollo.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Del despacho Ernst & Young.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de México, nos complace enviar a usted copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, mismos que ya fueron presentados ante la Junta de Gobierno de ese banco central. (1)
(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Gabriel Alejandro Baroccio Pompa (rúbrica), socio de Auditoría Mancera, SC, integrante de Ernst & Young Global Limited.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo décimo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 150, numeral 1, fracción VIII, y 157, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta el siguiente reporte:
SEXTO REPORTE BIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS PLAZOS Y COMPROMISOS DE INFORMACIÓN PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
Aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Presidente.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-3295 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGV/FMD/1.3.124/2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia para que en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, genere un acercamiento con Airbus Safran Launchers y otras empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 27 de marzo 2017.— El titular de la Unidad Maestro Valentín Martínez Garza.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP /UEL/311/ 426/17, a través del cual remitió para su atención el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta secretaría, en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, a que genere un acercamiento con Airbus Zafrán Launchers y otras empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial.
Al respecto, la Dirección General de la Agencia Espacial Mexicana ha informado, mediante oficio AEM-DG/2017/077, mismo que se adjunta, que ya se han realizado diversas reuniones de trabajo para conocer y analizar la propuesta de la empresa Airbus Zafran Launchers, en conjunto con el gobierno del estado de Querétaro, cuyo principal objetivo es la creación de un corredor espacial Q@TS (Quick Access To Space), misma que se considera viable y que por el momento se encuentra en proceso de desarrollo.
Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de marzo 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.
En atención a su oficio DGV/FMD/1.3.-115/2017 sobre el punto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados donde se exhorta a nuestro señor secretario maestro Gerardo Ruíz Esparza para que, en conjunto con esta Agencia Espacial, genere un acercamiento con Airbus Safran Launchers (ASL) y otras empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial.
Primeramente, a nombre de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), le manifiesto nuestra plena disposición al cumplimiento de las instrucciones de nuestra coordinadora de sector SCT, cuya probada vocación es impulsar a México a su máximo potencial mediante innovadoras estrategias de gobierno, como percibimos que es ésta, para el uso y desarrollo en México de este gran recurso que es el espacio, para el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país, a través del impulso al sector espacial, aprovechando así las inmensas oportunidades que el espacio ofrece en productos, sistemas y aplicaciones en comunicaciones, observación del territorio, navegación global, exploración, lanzamientos, experimentación y producción en órbita, y muchos otros.
Sobre el particular, me permito informar que la AEM, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene dentro de sus atribuciones plasmadas en la Ley que crea a la AEM, en las Líneas Generales de la Política Espacial de México y en el Programa Nacional de
Actividades Espaciales, el fomento al desarrollo de la industria espacial, que también está contemplado en la propuesta de Política Satelital de México, que actualmente promueve la SCT. En este sentido, la AEM mantiene comunicación regular con diversas empresas internacionales del sector (aero)espacial y ha realizado actividades de fomento al emprendimiento y colaborado con gobiernos de los estados en programas para el desarrollo de la industria espacial, sobre todo en los que operan “clusters” aeroespaciales, así como apoyado proyectos de empresas del sector espacial a través del fondo sectorial que convocamos conjuntamente con el Consejo Nacional de Ciencia V Tecnología (Conacyt), con recursos “semilla”, que en fases subsecuentes estimamos podrán irse incrementando en virtud de sus positivos resultados.
Conocimos el antecedente de la propuesta de ASL de julio de 2016 cuando el señor gobernador del estado de Querétaro anunció que había firmado una carta de intención con Safran para instalar una planta de fabricación de satélites, pues mantenemos contacto regular con los funcionarios del estado de Querétaro, que ha convocado a la empresa, y con quienes hemos sostenido reuniones donde nos compartieron el proyecto de un “corredor espacial” Q@T$ ( Quick Access To Space) que consiste en invertir en una cantidad de vuelos espaciales (aproximadamente 10) de un lanzador en desarrollo y obtener además toda la tecnología y asesoría para el establecimiento de un centro de producción de pequeños satélites en México; se ha propuesto a la AEM como el socio gubernamental del nivel federal, al gobierno estatal de Querétaro y un inversionista que, según nos informaron, ya ha manifestado su interés, para llevar a cabo la firma de un MOU del proyecto mencionado, en junio de 2017.
Nuestra opinión técnica respecto a la propuesta de ASL es que se trataría de un proyecto viable que, correctamente operado, podría devenir en un detonador para la industria espacial en México, como una prolongación natural del sector aeronáutica, como esta empresa lo realizó en su momento en su matriz europea. Proponemos que adicionalmente se materialice una importante transferencia de tecnología e incorporación de empresas nacionales en las cadenas de valor, tanto para los satélites nacionales como para los lanzadores y satélites de la empresa internacional promotora del proyecto Q@TS. Asimismo que en un futuro cercano algunos lanzamientos se lleven a cabo desde territorio nacional: la AEM tiene ya identificados potenciales localizaciones de posibles astropuertos mexicanos; y, por supuesto, el involucramiento de los sectores académico, científico y tecnológico en las etapas del programa. Éste sería entonces un escenario de inversión extranjera en un programa de muy alta tecnología que requeriría de los mejores recursos humanos formados en México, y que podría contribuir de manera significativa a la creación de empleos de alto nivel; asimismo seguramente permitiría repatriar a profesionales mexicanos e insertarlos en la cadena productiva, aportando así a la competitividad de este sector en México; generando un efecto multiplicativo con otras empresas del sector,
Un tema importante sería la discusión de la oportunidad de los “offsets” (política de retornos), que la AEM ha promovido para las grandes adquisiciones nacionales de sistemas satelitales, equipo de segmento terrestre, aplicaciones espaciales, imágenes y datos espaciales por parte del país, con el fin de contar con importantes recursos de inversión para el desarrollo de la industria espacial en México. Finalmente, derivado de la lectura de la propuesta de ASL, no omitimos observar que esta empresa está proponiendo el proyecto para la región de Latinoamérica, con lo que queda abierta la posibilidad de que otros países pudieran manifestar su interés de ser el receptor de este proyecto.
Sin otro particular, ruego a usted aceptar la expresión de mis consideraciones las más distinguidas.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II- 2-1377 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/ FMD/ 1.3.-126/ 2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a revisar y analizar la pertinencia de modificar el acuerdo secretarial número 117, con objeto de ampliar el espacio físico para la realización de la actividad pesquera, privilegiando en todo momento la sustentabilidad de esta actividad y el cuidado del hábitat de las especies del Golfo de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2507/ 16, a través del cual remitió para su atención, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta Secretaría en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a revisar y analizar la pertinencia de modificar el acuerdo secretarial número 117.
Al respecto, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ha informado mediante oficio 7.0.1./ 37/ 17, que se adjunta, que el acuerdo antes mencionado ha sido sustituido por el acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, cuyos alcances atienden las inquietudes plasmadas en el punto de acuerdo que nos ocupa.
Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación.— Presente.
Me refiero a su atento similar número DGC/ FMD/ 1.3.-016/ 2017, de la oficina del secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hace referencia al oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2507/ 16, el cual solicita la Unidad de Enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, se emitan los comentarios respecto del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016.
Sobre el particular, esta Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, le comunica que el acuerdo secretarial número 117, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 11 de septiembre de 2003. fue sustituido por el acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanos, publicado en el DOF de fecha 11 de octubre de 2016, cuyo artículo segundo transitorio abroga el referido acuerdo secretarial número 117, estableciendo zonas de seguridad para navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de instalaciones petroleras y para aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas lo que constituye un avance en la formalización del proceso de apertura y re activación económica y desarrollo productivo, cumpliendo con esto con lo establecido en el punto de acuerdo a que se hace referencia.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017.— Licenciado Hugo Cruz Valdés (rúbrica), director general adjunto.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-1588 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00. 00.01. 081 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de Asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Comisión a realizar los estudios necesarios al agua para uso y consumo humano suministrada al municipio de Tierra Blanca en Veracruz, para verificar que la calidad del agua se ajuste a lo señalado por el acuerdo de la norma oficial mexicana NOM-127-SSAl-1994.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 251/17, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el siguiente punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a que realicen los estudios necesarios al agua para uso y consumo humano suministrada al municipio de Tierra Blanca en el Estado de Veracruz, para verificar que la calidad del agua se ajuste a lo señalado por el acuerdo de norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994.”
Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores.— Presente.
Me refiero a su memorando número B00. 00.01. -070, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), comunicó a nuestro director punto de acuerdo en el cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que realicen los estudios necesarios al agua para uso y consumo humano suministrada al municipio de Tierra Blanca en Veracruz, para verificar que la calidad del agua se ajuste a lo señalado por el acuerdo de norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994.
Al respecto, atendiendo a su solicitud, anexa al presente estoy enviando a usted la nota técnica “Calidad del agua como fuente de abastecimiento de agua potable, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz”, que contiene la opinión de esta Subdirección General sobre dicho punto de acuerdo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2017.— Doctor Víctor Hugo Alcocer Yamanaka (rúbrica), subdirector general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Nota técnica
Calidad del agua como fuente de abastecimiento de agua potable, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz
Referencia: Oficio SELAP/ UEL/ 311/ 251/17, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Segob, mediante el cual se hizo del conocimiento al director general, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Conagua y a la Cofepris, a que realicen los estudios necesarios al agua para uso y consumo humano suministrada al municipio de Tierra Blanca, en Veracruz, para verificar que la calidad del agua se ajuste a lo señalado en la NOM-127-SSA1-1994.
Al respecto se informa lo siguiente:
La Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca) de este órgano desconcentrado, por no ser su atribución, no realiza la medición de los parámetros de la NOM-127-SSAl-1994. Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano; ya que la verificación de la calidad del agua que consume la población, después de su potabilización es responsabilidad de Secretaría de Salud, a través de la Cofepris.
La Conagua tiene a su cargo el monitoreo sistemático de los cuerpos de agua nacionales, ríos, arroyos, lagos, lagunas, zonas costeras, manantiales y pozos, que en algunas casos son utilizados como fuentes de abastecimiento, es decir, la Conagua mide la calidad del agua en las fuentes antes de cualquier proceso de potabilización y entrega a la población.
Tomando en cuenta lo anterior, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, la Renameca cuenta con cuatro sitios de medición, dos sitios en las lagunas de María Lizamba (OCGCE3447 y OCGCE3177), un sitio en el río Blanco (OCGCE3173) y un sitio en un pozo de la localidad del La Gloria (OCGCE3468).
Para determinar si un agua puede ser utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable, se lleva a cabo la comparación de las concentraciones medidas directamente en el cuerpo de agua con las concentraciones de los niveles máximos establecidos en los Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua (CE-CCA-001/89., también incluidos en la Ley Federal de Derechos sobre las disposiciones aplicables en materia de aguas nacionales en el artículo 224. Para la interpretación de su calidad también se utilizaron los indicadores de calidad del agua.
En este sentido, la evaluación del cumplimiento de los Límites Máximos permitidos de los parámetros regulados para el uso como Fuente de Abastecimiento de Agua Potable, se presentan en la tabla 1. Los resultados obtenidos indicar que el agua del pozo de la localidad de La Gloria (sitio OCGCE3468), cumple con los criterios y podría ser utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable y puede ser potabilizada después de un proceso de desinfección.
En caso de pretender ser utilizadas como fuente de abastecimiento de agua potable, el agua de las lagunas de María Lizamba (en los sitios OCGCE3447 y OCGCE3177), se informa que requiere de un proceso de potabilización convencional, con especial énfasis en la remoción de coliformes fecales (desafección) y turbiedad (sedimentación/floculación), El fósforo no tiene efectos en la salud pero puede ser el factor de desarrollo de algas en las plantas potabilizadoras y provocar el taponamiento de filtros. El río Blanco (en el sitio OCGCE3173), que de acuerdo a la ley Federal de Derechos está destinado al uso agrícola, no es recomendable su uso como fuente de abastecimiento debido a que requiere de un proceso de potabilización avanzado, como consecuencia de que su calidad está afectada por color verdadero parla presencia de sustancias disueltas difícile~ de remover con procesos convencionales, por metales (Níquel) , detergentes (SAAM), compuestos orgánicos no biodegradables (Demanda Química de Oxígeno) que en conjunto provocan que el agua presente toxicidad; además, está afectada en los aspectos microbio1ógicos por altas concentraciones de coliformes fecal es, Escherichia colí, así como en sus características físicas .por turbiedad y sólidos suspendidos totales.
En caso la Cofepris decida realizar alguno otro estudio, Conagua coadyuvará en su realización, en el ámbito de su competencia; asimismo, en caso de ser necesario se apoyará al municipio en potabilización del agua a través de los programas federalizados de esta comisión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-2065 signado por la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/ CECU/ 0485/ 17 suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/311/ 260/ 17 del 10 de febrero del presente año, por el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la oficina del secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que refiere al exhorto para implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez.
Sobre el particular, remito copia del oficio número SEB/ UR300/ 229/ 2017, firmado por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, que informa que la SEP, mediante los planes y programas de estudio vigentes, promueve la salud desde una perspectiva preventiva y fomenta la adquisición de hábitos saludables, como la buena alimentación, el ejercicio frecuente y el descanso adecuado.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de enlace.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Maestro Mauricio Dávila Morlotte, titular de la jefatura de la oficina del Secretario.— Presente.
Me refiero al oficio UR 120 JOS/ CECU/ 0258/ 17, dirigido a esta subsecretaría, por el que se solicitó emitir opinión al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que señala:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a efecto de que implemente campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez.
Al respecto, una vez revisado y analizado el presente punto de acuerdo, me permito informarle que, la SEP a través del Plan y Programas de Estudio vigentes promueve la promoción de la salud desde una perspectiva preventiva, encausando los conocimientos y habilidades de los estudiantes en beneficio de una formación integral. Asimismo fomenta la adquisición de hábitos saludables como, una buena alimentación, ejercicio frecuente y el descanso adecuado de acuerdo a la edad de los estudiantes, entre otros temas, que conllevan a estilos de vida saludables. En ese contexto, se reconoce que el uso de nuevas tecnologías en la educación es una herramienta necesaria para el desarrollo de los alumnos, sin embargo, su uso debe supervisarse con la finalidad de no alterar la salud de los menores y prevenir con ello futuros percances; como podría ser el trastorno del sueño.
Agradeciendo su amable atención, le envío cordiales saludos.
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Maestro Javier Treviño Cantú (rúbrica), subsecretario de Educación Pública.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Héctor Ramírez del Razo, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica.— Presente.
Por instrucciones de la maestra Elisa Bonilla Rius, directora general de Desarrollo Curricular y con relación a la atenta nota número SEB/ UR300/ CAS/ 044/ 2016, hago llegar los comentarios derivados de la revisión del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, que señala: Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que implanten campañas mediáticas, para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, en el ámbito de competencia de esta Dirección General.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, 23 de febrero de 2017.— Maestra Claudia del Pilar Ortega González (rúbrica), directora general adjunta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Punto de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que implemente campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez.
La Secretaría de Educación Pública, a través del plan y los programas de Estudio vigentes plantea la promoción de la salud en la perspectiva del desarrollo de los seres humanos a lo largo de la vida y en el marco de una cultura de la prevención. En ésta confluyen diversos temas relacionados con los principales determinantes de la saluden la población mexicana infantil y adolescente: alimentación correcta, actividad física y descanso, entre otros. A lo largo de la educación básica la temática se aborda con distintos niveles de acercamiento, como se describe de manera general a continuación.
Preescolar
En esta etapa infantil se estimula el inicio de la toma de conciencia acerca de las acciones que pueden realizar las niñas y los niños para mantenerse saludables, por ejemplo la aplicación de medidas de higiene y acciones a su alcance.
Primaria
Se avanza en el fortalecimiento de valores y actitudes de autocuidado y autorregulación. Se promueve la práctica de hábitos saludables y la previsión de situaciones de riesgo, así como las causas y consecuencias de los excesos en el funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano.
Secundaria
Se propicia la participación activa, responsable e informada en la toma de decisiones orientada a la promoción de su salud, con base en el estudio del funcionamiento integral del cuerpo humano y de la cultura de la prevención, para el mejoramiento de la calidad de vida.
El enfoque de los programas de estudio plantea diversas metodologías para el manejo de situaciones en las que participan los estudiantes y que demandan, por tanto, tomar decisiones responsables e informadas a fin de anticipar riesgos y consecuencias para su vida personal y social. Esto se relaciona estrechamente con la capacidad para elegir un estilo de vida sano, pleno y responsable, basado en la autoestima.
Conclusiones
• En lo que compete a la Dirección General de Desarrollo Curricular, el plan y los programas de estudio de educación básica se orientan al desarrollo de la cultura de la prevención y la promoción de la salud, los cuales consideran la importancia del descanso y la valoración de riesgos asociados a cualquier exceso. En ese sentido, en lo general contribuyen a la prevención de diversos trastornos.
• En el marco del modelo educativo, como parte del componente de autonomía curricular, el ámbito 3 nuevos contenidos relevantes, abre oportunidades para incorporar el tratamiento de contenidos para enfrentar retos del mundo actual que revelan situaciones emergentes, como las implicadas en el uso desmedido de dispositivos electrónicos.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-2050, signado por la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.084, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a que intervenga para verificar sobre el riesgo sanitario existente en el municipio de San José de Iturbide, del estado de Guanajuato, y en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/256/17, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el siguiente punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relacionado con el municipio de San José Iturbide en el estado de Guanajuato:
“...
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que intervengan para verificar sobre el riesgo sanitario existente en ese y otros municipios del estado de Guanajuato, y en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala.”
Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores de la Dirección General.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores.— Presente.
Me refiero a su memorando con número B00.00.01.-069, mediante el cual hizo del conocimiento de esta subdirección general técnica que mediante el oficio DGPL 63-II-5-2052, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, hace llegar al director general el punto de acuerdo el cual contiene el siguiente resolutivo.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que intervengan para verificar sobre el riesgo sanitario existente en ese y otros municipios del estado de Guanajuato, y en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala.
Asimismo, solicitó elaborar una nota sobre el asunto que se menciona y enviarla a esa coordinación de asesores.
Al respecto, adjunto al presente se envía la nota solicitada.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Doctor Víctor Hugo Alcocer Yamanaka (rúbrica), subdirector general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.
Nota técnica
Referente al punto de acuerdo que contiene el siguiente resolutivo: Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que intervengan para verificar sobre el riesgo sanitario existente en ese y otros municipios del estado de Guanajuato, y en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala.
Sobre esta solicitud se informa lo siguiente:
La Comisión Nacional del Agua no tiene competencia para la verificación del riesgo sanitario que se solicita debido a que es una atribución de la Comisión Federal para la Atención de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Esta instancia establece en su reglamento lo siguiente:
Cofepris
Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes atribuciones:
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de:
i. Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud;
n. Efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana;
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios;
IX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes;
XI. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos;
Artículo 11. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas de la Comisión Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias:
IV. Proponer la realización de investigaciones dirigidas a identificar y evaluar los riesgos sanitarios y a evaluar la eficiencia de las medidas regulatorias, de fomento y control sanitarios;
Artículo 12. Corresponde a la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos:
l. Identificar y evaluar los riesgos a la salud, en las materias a que se refiere el artículo 3, fracción I del presente Reglamento (Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; Efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana).
V. Establecer los métodos, parámetros y criterios para determinar la exposición a riesgos sanitarios de los diversos grupos poblacionales, y apoyar a la Comisión de Fomento Sanitario en la determinación de las oportunidades para reducir la exposición a los riesgos sanitarios en los grupos poblacionales vulnerables y para proponer su protección específica;
VI. Establecer, en coordinación con la Comisión de Operación Sanitaria, los lineamientos para el diagnóstico de la situación sanitaria municipal, estatal o nacional, ya sea en condiciones ordinarias o situaciones de emergencia;
No obstante lo anterior, esta Comisión Nacional del Agua, ha estado al tanto de la información difundida por los medios informativos y principalmente a las declaraciones de la Asociación Civil Mayoye Ángeles Guerreros, quien sin pruebas científicamente comprobables, dio a conocer la posible presencia de radiación alfa en agua de uso y consumo humano en un pozo ubicado en la comunidad La Cantera, municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.
Dicha información, hacía referencia al análisis aparentemente realizado en una muestra de agua del pozo de abastecimiento ubicado en la Comunidad La Cantera, Municipio de San José de Iturbide. A partir del cual se mencionó la posible presencia de radiación “300%” por encima de los límites tolerables para el consumo humano establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM)”.
Ante esta situación, se realizaron análisis por dos instancias: Laboratorios ASC Analitic (ASC) e Ingeniería y Estudios Ambientales, SA de CV (Inesa), para realizar análisis de radioactividad en el mismo pozo en septiembre de 2015. El Laboratorio ASC Analitic volvió a muestrear el mismo pozo en octubre de ese año.
Para determinar si una muestra cumple con el requerimiento de ser potable en relación con la radioactividad, se comparan los valores obtenido en el análisis con el que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 modificada en el 2000 de la Secretaría de Salud.
Los resultados fueron los siguientes:
A partir de esta referencia normativa, se concluyó que los tres resultados cumplieron con los Límites Máximos Permisibles establecidos en México por la Secretaría de Salud.
No obstante lo anterior, la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud, midió a través de su Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz (LESP), si el agua del pozo La Cantera cumplía con la NOM-127-SSA1-1 994. Modificada 2000.
Los resultados indicaron lo siguiente:
Nuevamente, se corroboró que el pozo La Cantera cumplió con los límites máximos permisibles, por lo que no se confirmó la supuesta presencia de radioactividad en niveles peligrosos para la población.
Ante la insistencia de la prensa, la Conagua, a través de laboratorios privados de México y Estados Unidos, la Cofepris y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de la Secretaría de Energía, realizaron de forma conjunta y con presencia de notario público, un nuevo muestreo y medición de la radioactividad en el pozo la Cantera.
La selección de estos laboratorios fue por lo siguiente:
- Los Laboratorios ASC, Analitic, por realizar los análisis de radioactividad en Laboratorio General Engineering Laboratories de Estados Unidos que tiene reconocimiento internacional y está certificado para medición de radioactividad en agua.
- Al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por ser la autoridad en materia radiológica, y
- A la Cofepris por ser la autoridad en la materia de agua potable y riesgos a la población.
El muestreo se llevó a cabo el viernes 10 de abril de 2016 y consistió en la obtención de cinco muestras, tomadas en los siguientes horarios: 09:25, 10:25, 12:00, 15:00 y 17:30 horas. El volumen de agua obtenido fue dividido, en cada horario, en tres partes con el propósito de que fueran analizadas por cada laboratorio. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en el pozo la Cantera por parte de la Cofepris para los cinco muestreos realizados.
No se detectó Radioactividad Alfa Global. En las cinco muestras analizadas, la Radioactividad Beta Global fue inferior al límite máximo permisible regulado por la NOM-127 de 1.85 Bq/L.
De la misma manera, los resultados obtenidos por el Laboratorio General Engineering Laboratories de Estados Unidos de América, en ningún caso se detectaron valores superiores a los Límites Permisibles para agua de consumo regulados por la Secretaría de Salud de 0.56 y 1.85 Bq/L, para Radioactividad Alfa y Beta, respectivamente:
El Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares obtuvo los siguientes resultados:
Los resultados del ININ también indicaron que en ningún caso se rebasaron los Límites Máximos Permisibles de la NOM-127-SSA1-1994- Modificada en el 2000.
De lo anterior, con fundamento en los resultados del monitoreo realizado por personal técnico de la Comisión Nacional del Agua y analizados por un laboratorio con reconocimiento internacional, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Federal para Prevención de Riesgos Sanitarios que cuentan con amplia experiencia en la medición e interpretación de datos para determinar la calidad del agua, se concluyó que la información difundida por los medios de comunicación sobre la presencia de radiación en agua de uso y consumo humano en el pozo la Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, fue una declaración sin sustento y sin rigor técnico.
Es indispensable informar que para el caso de la muestra entregada al ININ por investigadores de la UNAM, que fue la que detonó la nota periodística, se verificó que no tiene rastreabilidad que asegure que se haya tomado del pozo La Cantera.
Por otra parte, la Cofepris no encontró asociación de las enfermedades de la población con la posible presencia de contaminación radioactiva.
Asimismo, derivado del análisis geológico de la zona se desprende que no existe evidencia que las distintas capas del subsuelo presenten contaminación radiactiva.
Por todo lo anterior, se informa que no existe evidencia científica de algún problema de contaminación radiactiva presentada en el pozo la Cantera y por lo tanto, no es necesaria ninguna remediación.
De cualquier manera, en caso que la Cofepris decida realizar algún otro estudio adicional, esta Conagua coadyuvará en su realización, en el ámbito de su competencia.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-1691 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-125/2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a estudiar y analizar la viabilidad de instalar infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, municipio de Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— El titular de la Unidad Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP /UEL/311/2 74/17, a través del cual remitió para su atención, el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta secretaría, en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a que analicen la viabilidad de instalar infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, municipio de Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz.
Al respecto, la Coordinación de Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Comunicaciones de esta dependencia ha informado mediante oficio 2.102.026/2017, mismo que se adjunta, que en apego a lo establecido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del pasado 11 de junio de 2013 así corno a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corresponde al IFT la vigilancia y otorgamiento de los títulos de concesiones en materia de telecomunicaciones, por lo que se deberá dar seguimiento al proceso correspondiente ante dicha instancia, a través del licenciado Eduardo Álvarez Ponce, coordinador general de Vinculación Institucional (5015 4000 extensión 4267 / eduardo. alvarez@ut.org.mx)
Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.
Me refiero al oficio DGV /FMD/ 1.3.-086/2017 con fecha 16 de febrero de 2017, por medio del cual la Dirección General de Vinculación requiere responder a la solicitud de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en tomo al siguiente Punto de Acuerdo:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas competencia, estudien y analicen la viabilidad de instalar infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, municipio de Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz”.
Con el objetivo de responder a dicha solicitud, la coordinación a mi cargo realizó la consulta a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión y como resultado me permito informarle lo siguiente:
-El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, en dicho documento se estableció la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano constitucional autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijen las leyes.
-A efecto de cumplir con el mandato constitucional el 14 de julio de 2014 se publicó en el DOF la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), mediante la cual se delimitaron las funciones que corresponden ejercer al Instituto y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCI) en materia de te1ecomunicaciones y de radiodifusión.
-Específicamente el artículo 15 de la LFFR establece las atribuciones que le corresponden al instituto, entre las que se encuentran las siguientes:
XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio instituto.
XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
XLIII. Establecer a los concesionarios las obligaciones de cobertura geográfica, poblacional o social de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal, en los términos previstos en esta ley. Para estos efectos el instituto considerará las propuestas de la secretaría conforme a los planes y programas respectivos:
En ese orden de ideas, toda vez que la provisión de servicio solicitado podría darse de conformidad con los títulos de concesión de la red pública de telecomunicaciones y los títulos de bandas de frecuencias para uso determinado, otorgados a los diversos prestadores de servicios de telefonía inalámbrica fija o móvil, corresponde al IFT realizar las gestiones pertinentes a fin de atender la solicitud en cuestión.
Por anterior, me permito enviar una copia de esta comunicación al licenciado Eduardo Álvarez. Ponce, coordinador general de Vinculación Institucional del IFT.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— El coordinador Diego Martínez Cantú (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II- 3-1691 signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113. 2017. DGVP. 138 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar con las acciones de vigilancia de los precios de los productos que componen la canasta básica.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio, SELAP/ UEL/ 311/ 151/ 17 de fecha 27 de enero de 2017, a través del cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cuyos resolutivos se transcriben a continuación:
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía a la Procuraduría Federal del Consumidor para que continúe con las acciones de vigilancia de los precios de los productos que componen la canasta básica.
Al respecto esta Secretaría de Economía (SE) informa lo siguiente:
En atención al punto de acuerdo de mérito, se manifiesta que de conformidad a 1o establecido en el artículo 1, fracciones III y VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), son principios básicos en las relaciones de consumo la información adecuada y clara sobre los diferentes productos, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
En este sentido, la Profeco por conducto de la Subprocuraduría de Verificación, instrumenta de manera permanente acciones de verificación y vigilancia en materia de productos básicos, cuyo objetivo es vigilar y verificar que los proveedores que comercializan dichos productos ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la LFPC y que los instrumentos de mediación que son utilizados en las comerciales cumplan con los requisitos metro1ógicos establecidos en la normatividad aplicable, entregando productos completos por los que paga el consumidor.
Dichas verificaciones, tienen su fundamento en lo dispuesto por fracciones XIII, XIV y XIV Bis del artículo 24 de la LFPC, que establecen lo siguiente:
Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para logar la eficaz protección de los intereses del consumidores y, a la vez evitar duplicación defunciones;
XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;
XIV Bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
...
De igual forma, el artículo 96 de la LFPC, señala que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la citada ley, y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías. Para la verificación de las normas oficiales mexicanas lo hará de conformidad con la LFMN, para lo cual esta Institución podrá actuar de oficio, conforme a lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Por otro lado, en términos del artículo 97 de la LFPC cualquier persona podrá denunciar ante la Profeco las violaciones a las disposiciones de ley en cita, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, la cual se podrá presentar por escrito, de manera verbal, vía telefónica, electrónica o por cualquier otro medio.
La denuncia tendrá por objeto realizar una visita de verificación a los proveedores a fin de corroborar que no se esté afectando la economía de una colectividad de consumidores o que no se estén violando disposiciones de la LFPC, por conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como. El incumplimiento de precios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad o información engañosa. En caso que en dicha visita de verificación se detecte algunos de los supuestos señalados, se aplicarán, en su caso, las medidas precautorias que correspondan, sin perjuicio de iniciar el procedimiento por infracciones a la Ley correspondiente.
Con las atribuciones anteriores, la Profeco puede constatar que alimentos como: arroz, azúcar, carne de res, de pollo y cerdo, huevo, jamón y tortillas, que se venden a granel, sean pesados en básculas calibradas correctamente y los productos pre envasados, por ejemplo: chiles, leche, atún, etc., contengan las cantidades señaladas en la etiqueta correspondiente.
Asimismo, Profeco, podrá sancionar como casos particularmente graves, aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o dificultad en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio, conforme lo establece el artículo 128 Ter, fracción IV, de la LFPC.
En este sentido, esta Institución instrumentó el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos 2017, para asegurar que el comportamiento comercial de los proveedores de productos básicos de consumo generalizado, se ajuste a lo dispuesto por la LFPC, evitando la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como no exhibir de manera visible los precios o no respetados, condicionar o negar la venta de productos básicos en existencia, así como la manipulación de precios sin causa justificada, verificando, además, el correcto funcionamiento de las básculas empleadas para el despacho de producto a granel, para asegurar que los consumidores reciban la cantidad de producto por la que pagan.
Las acciones de verificación se desarrollan a nivel nacional, en establecimientos con venta de este tipo de productos e incluyen a productores, distribuidores, y comercializadores; establecimientos de venta al menudeo y detalle de diversos productos básicos, así como en mercados públicos, centros de abasto y tiendas de autoservicio, por medio de los cuales se vigilan los productos considerados dentro de la canasta básica (arroz, azúcar, carne de res, de pollo y cerdo, huevo, jamón y tortillas). Estas acciones también se han replicado a los eslabones primarios de las cadenas de consumo.
La vigilancia se realiza con la aplicación de órdenes de verificación mixtas, a partir de las cuales, en un solo acto o visita, se verifica que el comportamiento comercial de los proveedores se ajuste a lo dispuesto por la LFPC, así como en materia metrológica, a efecto de que los instrumentos de medición (básculas, por ejemplo) utilizados en las transacciones comerciales cumplan con lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM- 010- SCFI -1994, Instrumentos de Medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos Técnicos y Metrológicos.
En acato a las atribuciones de la Profeco, durante el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos 2017, se han implementado a nivel nacional las siguientes acciones:
Es importante recordar que actualmente en México no existen precios oficiales, no obstante las acciones de vigilancia de la Profeco, mantiene el monitoreo permanente de precios, mismo que se difunden a la población consumidora a través de la página de esta institución www.gob.mx/ profeco que permite conocer los precios mínimos y máximos de los productos considerados dentro de la canasta básica, que se registran en diversos estados del país, para una mejor decisión de compra.
Como una estrategia de contención de precios de los productos la Profeco, realizó 26 mil 700 requerimientos de información a comercios de todo el país, por medio del cual requirió un informe sobre las variaciones de precios, inventario de productos y servicios que comercializan.
Asimismo, se reforzarán las acciones de verificación y vigilancia a los establecimientos mercantiles a nivel nacional, a fin de prevenir y sancionar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos, así como el incremento injustificado en el precio de los alimentos que conforman la canasta básica, y en caso de detectar conductas infractoras, aplicar lo que a derecho corresponda. Este conjunto de acciones continuará desarrollándose de manera permanente, para evitar que se afecten los derechos de los consumidores.
Para materializar las acciones derivadas del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado el 9 de enero de 2017 por el presidente de la República y las organizaciones empresariales, sindicales y productores del campo, el cual pretende fortalecer el mercado interno y hacer frente a la crisis económica en el país, revitalizando el mercado interno y vigilar que no haya una escalada en precios.
La Profeco y las principales organizaciones empresariales acordaron el funcionamiento de una mesa de diálogo y análisis para dar seguimiento al comportamiento de los precios de la canasta básica y determinar puntualmente el impacto real del componente “combustible” en la cadena de producción, revisando Casos concretos y producto por producto, para detectar y evitar incrementos injustificados.
En ese sentido, con fundamento en el artículo 24 fracción XI de la LFPC el 8 de febrero del año en curso, esta institución celebró convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope Servytur Ciudad de México), con el objeto de instrumentar acciones para promover mejores prácticas comerciales que garanticen el respeto a los derechos de los consumidores interesados en acceder a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas asociadas a Canacope Servytur.
En dicho convenio de colaboración Canacope Servitur se compromete a garantizar que los precios exhibidos en los establecimientos de los agremiados, sean los efectivamente cobrados al consumidor. Asimismo, realizará las acciones necesarias para evitar que sus agremiados realicen actos u artificios que tengan como objeto el alza de los precios de los bienes o productos de consumo generalizado, mediante los cuales obtengan un lucro excesivo, indebido o desproporcionado.
Continuando con las acciones preventivas el 31 de mayo de 2016 esta Procuraduría firmó convenio de colaboración con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) Con el objeto de promover mejores prácticas comerciales, frenar la venta de productos que se expenden al margen de la ley y prevenir irregularidades que afectan a los consumidores.
En el contexto de la reunión de Consejo Directivo de la Concanaco, el gobierno de la república creó un grupo de trabajo en el que participan, la Procuraduría General de la República, la Cofepris, el Sistema de Administración Tributaria y la propia Profeco, para detectar las mercancías que no cumplen con las normas oficiales mexicanas, en las 49 aduanas ubicadas en puntos estratégicos del país, en los que a través de operativos conjuntos se han verificado más de 1.5 millones de artículos.
Por otro lado, como un mecanismo de protección para los consumidores se ha establecido la canasta básica, la cual se integra por 82 productos y servicios, en la cual se consideran los gastos en alimentos, vivienda, vestido, mobiliario, equipamiento, educación, transporte y diversos conceptos adicionales.
Igualmente, para cumplir con su obligación de protección al consumidor, la Profeco, a través del programa Quién es Quién en los Precios (QQP), reporta precios de 32 productos considerados en la canasta básica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en igual forma, aunque también reporta otros que no forman parte de dicha canasta.
Por lo que, en materia de precios los objetivos de Inegi y la Profeco son diferentes; a saber:
a) El Inegi es la única autoridad facultada para medir la inflación que se registra en el país.
b) Esta procuraduría recopila y difunde precios con el mayor detalle posible de presentación, marcas y tienda donde se encuentran para orientar consumidores y proveedores y, de esta manera, apoyar el funcionamiento eficiente de los mecanismos de mercado.
En este sentido, Quién es Quién en los Precios es un programa que recaba y difunde de forma sistematizada información de precios al menudeo de diversos productos de consumo generalizado, recopilados diariamente en los principales establecimientos de los diferentes giros comerciales, para que los consumidores puedan comparar precios y tomar decisiones de compra informada.
Dicho programa es monitoreado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco y operado conjuntamente con las delegaciones y subdelegaciones en el interior de la República Mexicana.
El programa QQP durante 2015 captó difundió 16.2 millones de precios de productos de consumo generalizado, resultado de visitas semanales a supermercados, pescaderías, tortillerías, farmacias, papelerías, tiendas especializadas en electrodomésticos y departamentales, en 68 ciudades del país en que opera dicho programa. El QQP recopila información adicional en fechas de alto consumo, como cuaresma, el regreso a clases) la temporada decembrina.
En el mismo sentido, durante 2016 se captaron y difundieron 16.2 millones de precios, dicha información puede ser consultada en
http://www.profeco.gob.mxlprecios/canastaldefault.aspx
Las ciudades más importantes del territorio nacional se encuentran dentro de la cobertura del programa QQP, por lo que se registran precios de los productos contenidos en los catálogos y establecimientos de dichas ciudades que son publicados y pueden ser consultados vía internet y a través de la App móvil del programa.
Por cuanto hace a alimentos, el programa QQP tiene precios de 773 productos alimenticios (alimentos, bebidas). Para recabar dicha información se visitan 302 supermercados, 28 mercados centrales, 59 pescaderías, 29 panaderías y 529 tortillerías.
El programa opera en 31 estados de la República Mexicana y en la Ciudad de México. Lo que representa que se obtenga información de precios en 68 ciudades y 13 delegaciones políticas de la Ciudad de México.
El QQP permite al consumidor buscar el precio de un producto específico, conocer el precio mínimo y máximo en distintas tiendas comerciales, saber cuál es el costo total de una lista de productos y en qué establecimiento comercial el consumidor pagará menos.
En el portal institucional de la Profeco http://www.g-ob.mx/profeco, se encuentra el banner mediante el cual se accede al programa QQP como se muestra en la siguiente pantalla:
No obstante lo anterior, fortaleciendo los esfuerzos de la Profeco, sobre el derecho de la información, los consumidores pueden consultar en dónde comprar más barato; a través de los siguientes mecanismos:
a) Marcando al Teléfono del Consumidor: 55688722 o 018004688722. La atención se brinda los 365 días del año en horario de 9 a 19 horas de lunes a viernes y de 10 a 18 horas los sábados, domingos o días festivos. Este medio de difusión existe desde la creación del QQP, es decir, a partir de 1977.
b) Por internet en la página institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor desde 2002, consultando la dirección web
http://www.profeco.gob.mx/precios/menu qq1.asp. o bien, la página http://www.gob.mx/profeco.
c) A través de internet en el portal del consumidor desde 2012, consultando la dirección electrónica http://www.profeco.gol>.mx/precios/canasta/default.aspx
d) A través de la aplicación móvil de Quién es Quién en los Precios, disponible a partir de 2012, para plataformas Android e iOS.
La información recabada por la Profeco, es difundida a través de comparativos de precios que se publican en la Revista del Consumidor o en los boletines electrónicos Brújula de Compra, según el tema de que se trate.
Asimismo, se precisa que la Revista del Consumidor difunde mensualmente dos estudios de calidad que realiza el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, dedicado a elaborar evaluaciones de productos de consumo generalizado y de impacto en la nutrición, seguridad y economía. Con esta información el consumidor puede hacer mejores elecciones de compra, ya que en dichos estudios se evalúan distintos productos y se constata que cumplan con los requerimientos establecidos para considerarse seguros, que proporcionen información veraz, que no sean un riesgo para la salud y que contengan la cantidad e ingredientes que ostentan, entre otras variables.
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, adscrito a la Subprocuraduría de Verificación de esta Institución, se encuentra a la vanguardia en su género y está certificado en la norma NMX-ISO- 9000-2000 y acreditado en la NMX-ISO-1702S-2005, estándares que dan validez internacional a los resultados de sus análisis.
Del mismo modo, Profeco a través de la Coordinación General de Educación y Divulgación, en el ámbito de sus atribuciones, ha realizado las siguientes acciones relacionadas con el punto de acuerdo citado.
1. Revista del Consumidor. Con un tiraje promedio de 40 mil ejemplares a nivel nacional, en la Revista del Consumidor, se han publicado, entre otros, los siguientes artículos:
2. Contenidos audiovisuales en línea. A través de la Revista del Consumidor en Línea, la Revista del Consumidor Webcast y el canal de youtube de Profeco, cuya cobertura es vía internet, se realizaron las siguientes publicaciones:
Dicho lo anterior, para la Profeco, el derecho a la información es de suma importancia, toda vez que permite al consumidor conocer las características de los productos, bienes o servicios que ofrece el proveedor en razón de que, en su momento tomará una decisión respecto de cuáles adquirirá o rechazará.
3. Grupos de consumidores. A través de la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores de esta Procuraduría, se refuerzan las sesiones educativas que imparte esta Institución, con temas de mayor interés para las y los consumidores.
El programa de Educación para un Consumo Responsable que se imparte en sesiones educativas dirigidas a Grupos de Consumidoras y Consumidores, tiene como fin ofrecer consejos sencillos a través de guías y folletos para que la población consumidora esté informada sobre temas relativos a la canasta básica.
Dichos materiales se difundieron en redes sociales y en el Portal Oficial, sección de esa Dirección General en: http://www.profeco.gob.mx/educ/div/educ-org-nvo.asp
En el actual Programa, se abordan los tópicos: Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y Derechos del Consumidor; Profeco y sus Servicios y el curso especializado Queja y Denuncia, donde se da a conocer a los consumidores, a través de las estrategias educativas que imparten los promotores del Departamento de Educación y Divulgación, en las 38 delegaciones, 13 subdelegaciones y 5 Unidades de Servicio, la forma en que esta Procuraduría protege a los consumidores, sus derechos básicos e incluso enseña cómo hacer una denuncia o queja en contra de proveedores que incumplan la normatividad vigente. Dichos temas se encuentran publicados en el sitio web portal de promotores Profeco, en las siguientes ligas:
• http://promotores/.profeco.gob.mx/wp-content/ uploads/2014/02/curso-especializado-quien-denuncia2.pdf
• http://promotores/.profeco.gob.mx/wp-content/ uploads/2013/10/Cursos-especializado_consumo_ responsable-v-derecho-del-consllmidor. pdf
• http://promotores/.profeco.gob.mx/wp-content/ uploads/2013/10/VlI-Profeco-y-sus-servicios.pdf
Adicionalmente, y con el objetivo de promover el consumo responsable en la alimentación, se han considerado en los contenidos en materia de .educación para el consumo, la recomendación de una dieta correcta, en la cual se comprende el consumo de alimentos de los tres grupos que se clasifican en “El Plato del Bien Comer”: 1. Verduras y frutas, 2. Cereales y 3. Leguminosas y alimentos de origen animal.
Dichos textos se han incluido en materiales de difusión como se enuncian a continuación:
• Guía de educación dirigida y enviada de forma electrónica a las y las, promotores de Profeco en los Departamentos de Educación y Divulgación de las 51 delegaciones y subdelegaciones de Profeco que atienden a grupos de consumidoras y consumidores organizados, como es el caso de la Guía para la Educación para el Consumo en temporada 2015 (Tus derechos y Consejos Profeco), publicado también en el portal destinado a dicho personal para su consulta e impresión http://promotores.profeco.gob.mx/index.php/lo-nuevo/
• Guía del Día Mundial de los Derechos del Consumidor Derecho a una Alimentación Saludable, publicada desde marzo de 2015 en el portal oficial http//promotores.profeco.gob.mx/index.phpque-hacemos/tips-pedagogicos/temas-de- temporalidad/ dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor/, donde además se promueve el micrositio Consumo Saludable. Esta última publicación en el portal de los promotores en la sección Lo nuevo http://consumosaludable.profeco.gob.mx/
• Tríptico ¡Un consumo saludable!, dirigido a la población infantil, enviados de forma electrónica a las y los promotores de Profeco y publicado en el portal destinado a dicho personal para su cultura e impresión http//promotores.profeco.gob.mx/wp-contents/uploads/2013/10/Tríptico-Consumo-Sa ludable-corregido-oct-2015.pdf
• Díptico de Cuaresma 2016 (Del 10 de febrero al 27 de marzo de 2016 para la temporada de Cuaresma, cuyo objeto es ayudar a realizar un consumo responsable en la compra de pescados y mariscos.
http//promotores.profeco.gob.mx/wp-contents/uploads/2013/ 10/Diptico-Cuaresma-2016.pdf
• Decálogo de cuaresma 2016 al comprar pescado, ponte trucha con estos 10 consejos podrás realizar un consumo en la temporada de cuaresma.
http//promotores.profeco.gob.mx/wp-contents/uploads/2013/ 10/Decalogo-de-Cuaresma.pdf
• Guía Tus Derechos y consejos para la Cuaresma 2015, enviada a los departamentos de educación y divulgación de las delegaciones y subdelegaciones de esta Procuraduría, para la planificación de sesiones educativas dirigidas a los grupos de consumidoras y consumidores y dado de alta en el portal de Promotoras y Promotores de educación en materia de consumo.
http//promotores.profeco.gob.mx/wp-contents/uploads/2013/10/ Tus-derechos-y-Consejos-Profeco-para-lacuaresma-pdf
• Guía titulada Canasta Básica, cuyo documento contiene una introducción del origen de la canasta básica, así como una lista de los principales productos que la componen. esta última publicación puede sr consultada en el portal de los promotores en la siguiente liga de internet
http//promotores.profeco.gob.mx/wp-contents/uploads/2013/10/Canasta.Basica.pdf
• Guía de Consumo Responsable Para cuidar tus finanzas personales, documento que hace referencia a las esferas del consumo responsable, Planeo y Analizo mi Consumo y Presupuesto Familiar. Esta última publicación en el portal en la siguiente liga en internet: http:/www.profeco.gob.mx/cms/unploads/ attachment/file/70018/Consumo_responsable_para_cuidar_tus finanzas-2015.pdf.
• Tríptico Profeco siete derechos básicos del consumidor, en el cual se encuentran las garantías esenciales que brinda la LFPC, misma que puede consultarse en: http://www.profeco.gob.mx:leduc div/educ y org cons/documentos/poliptico%207%20derechos%2020 16%20SIN%20MOVER%20MEX.pdf
4. Sitio web oficial de la Profeco http://www.gob. mxlprofeco
5. Boletines de prensa. Esta Procuraduría ha emitido diversos boletines relativos respecto al Punto de Acuerdo, mismos que se pueden consultar en la página Institucional.
Cabe precisar, que en el abastecimiento de los productos básicos de consumo los proveedores deberán acatar lo que señala el artículo 74 de la LFPC, mismo que a la letra dice:
Artículo 74. Los proveedores deberán efectuar la entrega física o real del bien materia de la transacción en el plazo pactado con el consumidor y de acuerdo con las especificaciones previamente establecidas u ofrecidas.
Por otra parte, la Profeco a través de la Dirección General de Quejas y Conciliación, tiene como atribución, entre otras, la de procurar la solución de diferencias entre consumidores y proveedores, sustanciando el procedimiento conciliatorio, en el cual se programa una audiencia a la que acuden las partes ante un conciliador de esta Procuraduría, con el fin de encontrar la mt:jor solución a la qut:ia presentada.
Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la LFPC, los requisitos para presentar una gut:ja, son los siguientes:
I. Señalar nombre y domicilio del reclamante;
II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos;
III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione el reclamante;
IV. Señalar el lugar o firma en que solicita se desahogue su reclamación;
V. Para la atención y procedencia de quejas o 1as reclamaciones grupales, se deberá acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedores la personalidad del o los representantes del grupo de quejosos; que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral, y
VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales deberán acreditar además:
a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes;
b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los consumidores;
c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido;
d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar parte de la misma;
e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar dicha circunstancia;
f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y
g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral.
Por su parte, el artículo 105 de la LFPC, establece que el término para presentar las reclamaciones ante la Profeco, es de un año a partir de que se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada; de que se pague el bien o sea exigible el servicio, total o parcialmente, a partir de que se reciba el bien, o se preste el servicio, o a partir de la última fecha en que el consumidor acredite que directamente requirió al proveedor el cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas por éste.
Además, la Profeco, a través de la Dirección de Concilianet de la Subprocuraduría de Servicios, pone a disposición de todos los consumidores que hayan sido afectados por incumplimientos de proveedores, una plataforma de solución de controversias denominada Concilianet, en la siguiente dirección de página web bttp:l/concilianet.profeco.gob.mx/ Concilianetlinicio.jsp, en la cual puede presentar reclamaciones o quejas por internet, logrando que el trámite sea más ágil y rápido, ya que permite a los consumidores presentar la queja desde su hogar o cualquier otro lugar con acceso a internet. Las audiencias de conciliación se llevan a cabo mediante audiencias virtuales (tipo chat), en la cual el consumidor, el proveedor y esta Procuraduría interactúan con el fin de encontrar una solución a la problemática planteada.
Asimismo, es oportuno precisar que la LFPC contiene un marco regulatorio de protección a los derechos de las y los consumidores, incluidos los relativos a la información, la educación y elección, toda vez que de conformidad a lo establecido en el artículo 1, fracciones III y VII, de la LFPC, son principios básicos en las relaciones de consumo la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
Robustece lo anterior, el hecho de que toda obligación invariablemente otorga ciertos derechos a favor de los consumidores, siendo el caso que en 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las Directrices de la ONU para la Protección del Consumidor, con lo que se logró el reconocimiento internacional, entre otros, de los siguientes derechos:
1. Derecho a la información: La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo que compramos.
2. Derecho a elegir: Al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo que no queremos o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
3. Derecho a la educación: Podemos recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizamos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.
En este sentido, dichas directrices (de las que existe la versión ampliada de 1999), en el artículo 32 de la LFPC, establecen que “la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”.
El artículo 32 citado, exige que la información o publicidad reúna cuatro requisitos fundamentales:
a) Que sea veraz, es decir, que los datos que contengan sean verdaderos, fidedignos, que correspondan a las condiciones reales de los bienes o servicios anunciados;
b) Que sea comprobable, lo que significa que las características de los productos y servicios anunciados deben ser susceptibles de verificación, de confirmación;
c) Que sea clara, es decir, de fácil comprensión y entendible en su expresión, y
d) Que sea precisa, es decir, exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas.
En el mismo precepto legal, se define a la información o publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
De igual manera es oportuno mencionar que, el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2012, tiene por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir la Procuraduría Federal del Consumidor al analizar y verificar la información o publicidad, con el objetivo de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva a la que se refiere el artículo 32 de la LFPC.
En efecto, la información y publicidad que se realice sobre bienes, productos o servicios debe cumplir con los principios y requisitos previstos en el artículo 32 de la LFPC, que prevé que deberá ser veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir al error o confusión por engañosas o abusivas.
Asimismo, en la resolución A/RES/ 70/186 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015 de la cual México es parte, en su numeral 20 refiere que, los Estados miembros deben tratar de que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de alcanzar las metas consistentes en el establecimiento de normas de producción y funcionamiento satisfactorias, métodos de distribución adecuados, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado. Asimismo, en su numeral 70 señala que deben mantener, formular o mejorar las medidas de seguridad alimentaria, incluidos, entre otros, los criterios de seguridad, las normas alimentarias y los requisitos nutricionales y los mecanismos efectivos de vigilancia, inspección y evaluación.
Dicho lo anterior, para la Profeco el derecho a la información es de suma importancia, toda vez que permite al consumidor tomar decisiones de consumo razonadas, conscientes y adecuadas. Garantizando de esta forma, el acceso a los consumidores a una información eficaz que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a sus deseos y necesidades.
En este sentido, Profeco, tiene mecanismos de información, orientación, asesoría y solución de consultas que brinda la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Subprocuraduría de Servicios, ofreciendo información, orientación, asesoría y solución de consultas a través del Teléfono del Consumidor relacionada con los derechos de las y los consumidores.
Los datos de contacto del teléfono del consumidor son los siguientes:
- Teléfono del consumidor: (55) 55688722 en la Ciudad de México y área metropolitana y 01 8004688722 en el interior de la República.
- Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.
- En las redes sociales, en las cuentas de twitter: @profeco y facebook: /ProfecoOficial.
Asimismo, en la página oficial de la Profeco también se encuentra un enlace al Teléfono del Consumidor en línea, que ofrece orientación, asesoría y solución de consultas en tiempo real, en el que se dispone de tres opciones de acercamiento con los asesores: (i) envío de correo electrónico, (ii) hablar con un asesor, (iii) chatear con un asesor; también puede accederse directamente en la dirección: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
A su vez, las y los consumidores pueden presentarse en una delegación o subdelegación de la Profeco para recibir información, orientación o asesoría respecto a sus derechos en materia de consumo, así como para, en su caso, presentar una queja. Para conocer el domicilio de las Delegaciones y Subdelegaciones, los consumidores pueden visitar la página de internet http://www.profeco.gob.mx/delegaciones/delegaciones.asp
Otro medio de información y orientación se encuentra el sitio de internet o página oficial al que puede accederse en la dirección electrónica http://www.gob.mx/profeco, donde los consumidores pueden encontrar diversa información que resulta de utilidad en sus relaciones de consumo. Sólo por mencionar, el enlace de la Revista del Consumidor en línea, en la dirección http://revistadelconsumidor.gob.mx; esta opción se puede obtener también en su versión impresa, programa de radio y televisión. Igualmente en el sitio: http://www.profeco.gob.mx/educ div/consejos profeco.asp los consumidores pueden obtener información, consejos, puntos de referencia y antecedentes de diversos temas de consumo.
Asimismo, la Profeco cuenta con mecanismos de información oportuna y de calidad en los que la ciudadanía encontrará datos relevantes que le proporcionen las herramientas necesarias para una mejor toma de decisiones de consumo. A continuación, se mencionan los más importantes:
Datos Abiertos: (http://datos.profeco.gob.mx/) se encuentra disponible para su uso, reutilización y redistribución, información sobre más de 600 mil quejas registradas en esta Procuraduría a nivel nacional de 2011 al tercer trimestre de 2016, además de los motivos de reclamación, estados procesales, montos reclamados y recuperados, proveedores, entre otros. Información que se actualiza mensualmente.
Buró Comercial:
(http://burocomercial.profeco.gob.mx) herramienta informática en la que podrá consultar información relevante de los proveedores de bienes y servicios referente a: Quejas recibidas, porcentaje de conciliación, motivos de reclamación, sanciones impuestas y contratos de adhesión registrados.
Con base a las atribuciones ya citadas que tiene la Profeco continuará verificando y vigilando que los proveedores no cometan abusos en el comercio, ante la liberación de los precios de gasolinas y combustibles, asimismo, conforme a las acciones que realiza, seguirá informado por los diversos medios a la población consumidora respecto de los precios de alimentos de la canasta básica.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento del Honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1747, signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2017.DGVP.140, suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidora llevar a cabo una campaña de verificación al funcionamiento de las casas de empeño, dado el incremento en la demanda de crédito en la denominada “cuesta de enero”.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.
Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/156/17, de fecha 27 de enero de 2017, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo se transcriben a continuación:
Único.La Comisión Permanente Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para llevar a cabo una campaña de verificación al funcionamiento de las casas de empeño, dado el incremento en la demanda de crédito en la cuesta de enero.
Al respecto esta Secretaría de Economía (SE) informa que:
Respecto del punto de acuerdo debemos señalar que la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, de conformidad con la fracción III del artículo 6o. del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es el área encargada de aplicar la normatividad para organizar y operar el Registro Público de Contratos de Adhesión, motivo por el cual atiende las solicitudes de registro obligatorio de los modelos de contratos de adhesión de mutuo interés y garantía prendaria.
El registro obligatorio de los modelos de contratos de mutuo interés y garantía prendaria se encuentra establecido dentro de los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCF/-2007 (Servicios de mutuo interés y garantía prendaria), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007. En el punto 2 del citado ordenamiento legal, en el rubro de campo de aplicación, se indica que “la presente NOM es de observancia general en la República Mexicana y es aplicable a todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.”
El acto de registro del modelo de contrato de adhesión de mutuo interés y garantía prendaria se cumple al tiempo que el proveedor solicita la adhesión al contrato tipo que la Profeco ofrece a los proveedores, contrato tipo que por estar alineado a lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y la NOM-179-SCFI-2007, prevé el cumplimiento a la normatividad correspondiente y por lo tanto el registro de esa solicitud al Registro Público de Contratos de Adhesión como modelo de contrato debidamente registrado; o en su defecto, también cumple, cuando el proveedor somete, ante esa Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, el estudio correspondiente de un modelo de contrato de adhesión (vía dictamen), con la finalidad de obtener el registro del mismo, situación que sólo se logra cuando el proveedor comprueba que cumple con todas las disposiciones legales.
El mencionado ejercicio de control de modelos de contratos de adhesión, ya sea mediante la utilización del modelo de contrato tipo o a través de la revisión de los contratos vía dictamen, aunado a la obligatoriedad del registro de este tipo de contratos, ofrece al público consumidor la certeza jurídica dentro de la relación de consumo, ya que los modelos de contratos de adhesión registrados en el Registro Público de Contratos de Adhesión cumplen con las disposiciones legales vigentes en materia de protección al consumidor.
Adicionalmente a lo expuesto, mediante reforma a la LFPC (artículos 65 Bis al 65 Bis 7), publicadas en el Diario Oficial de la Federación 16 de enero de 2013, se condicionó la operación de las casas de empeño a la inscripción de éstas en el Registro Público de Casas de Empeño; procedimiento de inscripción que se encuentra también dentro de las atribuciones de esa Dirección General, de conformidad con la fracción XVII del artículo 6 del Estatuto Orgánico de la Profeco.
Mediante las referidas reformas, la Profeco, tiene, entre otras, la atribución de vigilar y verificar que las casas de empeño transparenten sus operaciones, colocando la debida publicidad en sus establecimientos, a fin de que mediante una pizarra o medio electrónico informativo, den a conocer a los consumidores sobre los que se deben de expresar en tasas de interés sobre el monto de lo prestado términos y condiciones en los contratos, así como el costo diario totalizado) costo mensual totalizado, mismos
Entre otras acciones se tienen como objetivos constatar que los prestadores del servicio de mutuo con interés informen lo siguiente:
• Porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda.
• Precio por gramo para el empeño de metales preciosos.
• Monto total a pagar en intereses, cargos y comisiones.
• Requisitos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda.
• Requisitos para el desempeño de la prenda.
• Requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda. Cantidad de refrendo a los que tiene derecho el consumidor.
• Ramo de prendas aceptadas.
• Que el contrato utilizado para las transacciones comerciales se encuentre registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
En este orden de ideas, el consumidor se encuentra protegido en su esfera jurídica mediante la operación de los Registros Públicos de Contratos de Adhesión y de Casas de Empeño en los términos antes descritos.
En consecuencia a lo antes expuesto, sendas atribuciones, a cargo de esa Dirección General, en su cumplimiento, tiene la finalidad de generar seguridad y certidumbre jurídica en los consumidores dentro de las relaciones de consumo en materia de préstamos con interés y garantía prendaria.
Por otra parte, la Profeco a través del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2017, sigue reformando sus acciones de verificación, para vigilar y verificar que los proveedores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria, también denominadas casas de empeño, ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la LFPC y la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 y el acuerdo N002/2014 por el que se da a conocer el modelo de contrato de mutuo con interés y garantía prendaría para casas de empeño; proporcionando a los consumidores en todo momento, de manera clara y veraz, los elementos informativos para una adecuada transacción comercial, y evitar que los instrumentos de medición (balanzas), que se utilicen para determinar el monto o porcentaje para el avalúo, se encuentren debidamente ajustados y calibrados conforme los métodos de prueba establecidos por la NOM-010-SCFI-1994 Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos.
Las acciones de verificación están siendo desarrolladas a nivel nacional, tanto por la Subprocuraduría de Verificación como por las delegaciones y subdelegaciones de esta Procuraduría, derivado de las acciones realizadas durante este 2017 se registran las siguientes:
El Programa de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2017, comprenden acciones que se reforzarán en los periodos o temporadas de mayor demanda de los servicios, iniciando la primer etapa a partir de enero y febrero por el termino de las festividades decembrinas y compras del día de reyes, en lo que se conoce como la cuesta de enero y la segunda etapa se dará en los meses de julio y agosto por la temporada vacacional y regresos a clases, aunado a lo anterior, se realizan acciones de verificación en atención a las denuncias ciudadanas cuando así correspondan.
Por otro lado, la Profeco a través de la Coordinación General de Educación y divulgación, en el ámbito de sus atribuciones, ha realizado las siguientes acciones relacionadas con el punto de acuerdo citado.
1. Contenidos audiovisuales en línea. A través de la Revista del Consumidor en línea, la Revista del Consumidor Webcast y el canal de Youtube de Profeco, cuya cobertura es vía intemet, se realizaron las siguientes publicaciones:
Para la Profeco, el derecho a la información es de suma importancia, toda vez que permite al consumidor conocer las características de los productos, bienes o servicios que ofrece el proveedor en razón de que, en su momento tomará una decisión respecto de cuáles adquirirá o rechazará.
2. Grupos de consumidores. A través de la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores de esta Procuraduría, se refuerzan las sesiones educativas que imparte esta Institución, con temas de mayor interés para los consumidores.
El programa Educación para un Consumo Responsable que se imparte en sesiones educativas dirigidas a grupos de consumidoras y consumidores, tiene como fin ofrecer consejos sencillos a través de guías y folletos para que la población consumidora esté informada sobre temas relativos a la canasta básica.
Dichos materiales se difundieron en redes sociales y en el Portal Oficial, sección de esa Dirección General en
http://www.profeco.gob.mx/educ div/educ_org_nvo.asp
En el actual programa, se abordan los tópicos “‘Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y Derechos del Consumidor”; “Profeco y sus servicios” y el curso especializado “Queja y denuncia”, donde se da a conocer a los consumidores, a través de las estrategias educativas que imparten los promotores del Departamento de Educación y Divulgación, en las 38 delegaciones, 13 subdelegaciones y 5 unidades de servicio, la forma en que la Profeco protege a los consumidores, sus derechos básicos e incluso enseña cómo hacer una denuncia o queja en contra de proveedores que in cumplan la normatividad vigente. Dichos temas se encuentran publicados en el sitio web portal de promotores Profeco, en las siguientes ligas:
http://promotores.profeco.gob.mxlwp_content/uploads/2014/ 02/curso_especializado_queja_denuncia2.pdf
http://promotores.profeco.gob.mx/wp-content-uploads/2013/10/ Cursos-especializado_consumo-responsable-y-derecho-del-consumidor.pdf
http://promotores.profeco.gob.mx/wp-content/uploads/2013/ 10VII-Profeco-y-sus-servcios.pdf
3. Boletines de prensa.Profeco ha emitido diversos boletines relativos respecto al punto de acuerdo, mismos que se pueden consultar en la página institucional.
La Profeco, a través de la Dirección General de Quejas y Conciliación, tiene como atribución, entre otras, la de procurar la solución de diferencias entre consumidores y proveedores, sustanciando el procedimiento conciliatorio, en el cual se programa una audiencia a la que acuden las partes ante un conciliador de esta Procuraduría, con el fin de encontrar la mejor solución a la queja presentada, los requisitos para presentar una queja, son los siguientes:
Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los requisitos para presentar una queja son los siguientes:
I. Señalar nombre y domicilio del reclamante;
II. Descripción del bien o servicio que se reclama y la relación sucinta de los hechos;
III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o el recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione el reclamante;
IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación;
V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la personalidad de los representantes del grupo de quejosos; que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral, y
VI. Las asociaciones y las organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales deberán acreditar, además:
a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes;
b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los consumidores;
c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido;
d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar parte de lo mismo;
e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir la verdad, se haga constar dicha circunstancia;
f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y
g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral.
El término para presentar las reclamaciones ante la Profeco es de un año a partir de que se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada; de que se pague el bien o sea exigible el servicio, total o parcialmente, a partir de que se reciba el bien, o se preste el servicio, o a partir de la última fecha en que el consumidor acredite que directamente requirió al proveedor el cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas por éste, Lo anterior conforme lo dispuesto por el artículo 105 de la LFPC.
La Profeco, a través de la Dirección de Concilianet, de la Subprocuraduría de Servicios, pone a disposición de todos los consumidores que hayan sido afectados por incumplimientos de proveedores, una plataforma de solución de controversias denominada Concilianet, en la siguiente dirección de página web http://concilianet.profeco.gob. mx/Concilianet/inicio.jsp, en la cual puede presentar reclamaciones o quejas por internet, logrando que el trámite sea más ágil y rápido, ya que permite a los consumidores presentar la queja desde su hogar o cualquier otro lugar con acceso a internet. Las audiencias de conciliación se llevan a cabo mediante audiencias virtuales (tipo chat), en la cual el consumidor, el proveedor y esta Procuraduría interactúan a fin de encontrar una solución a la problemática planteada.
Asimismo, es oportuno precisar que la LFPC contiene un marco regulatorio de protección a los derechos de los consumidores, incluidos los relativos a la información, la educación y elección, toda vez que de conformidad a lo establecido en el artículo 1, fracciones III y VII, de la LFPC, son principios básicos en las relaciones de consumo la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios,con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
Robustece lo anterior, el hecho de que toda obligación invariablemente otorga ciertos derechos, en este caso a favor de los consumidores, siendo el caso que en 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las directrices de la ONU para la protección del consumidor, con lo que se logró el reconocimiento internacional, entre otros, de los siguientes derechos:
1. Derecho a la información: La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo que compramos.
2. Derecho a elegir: Al decidimos por un producto o servicio, nadie puede presionamos, condicionamos la venta a cambio de comprar algo que no queremos o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
3. Derecho a la educación: Podemos recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizamos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.
En este sentido, dichas directrices (de las que existe la versión ampliada de 1999), en el artículo 32 de la LFPC, establecen que “la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o firma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error, confusión por engañosas o abusivas”.
El artículo 32 citado exige que la información o publicidad reúna cuatro requisitos fundamentales:
a) Que sea veraz, es decir, que los datos que contengan sean verdaderos, fidedignos, que correspondan a las condiciones reales de los bienes o servicios anunciados;
b) Que sea comprobable, lo que significa que las características de los productos y servicios anunciados deben ser susceptibles de verificación, de confirmación;
c) Que sea clara, es decir, de fácil comprensión y entendible en su expresión; y
d) Que sea precisa, es decir, exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas.
En el mismo precepto legal, se define a la información o publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
De igual manera, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el análisis y verificación de la información y publicidad, publicado en el Diario Oficial del 24 de julio de 2012, tiene por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir la Profeco al analizar y verificar la información o publicidad, con objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva a la que se refiere el artículo 32 de la LFPC.
En efecto, la información y publicidad que se realice sobre bienes, productos o servicios debe cumplir con los principios y requisitos previstos en el artículo 32 de la LFPC, que prevé que deberá ser veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir al error o confusión por engañosas o abusivas.
La resolución A/RES/70/186, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, de la cual México es parte, en su numeral 20 refiere que, los Estados miembros deben tratar de que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de alcanzar las metas consistentes en el establecimiento de normas de producción y funcionamiento satisfactorias, métodos de distribución adecuados, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado. Asimismo, en su numeral 70 señala que deben mantener, formular o mejorar las medidas de seguridad alimentaria, incluidos, entre otros, los criterios de seguridad, las normas alimentarias y los requisitos nutricionales y los mecanismos efectivos de vigilancia, inspección y evaluación.
Para la Profeco el derecho a la información es de suma importancia, toda vez que permite al consumidor tomar decisiones de consumo razonadas, conscientes y adecuadas. Garantizando de esta forma, el acceso a los consumidores a una información eficaz que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a sus deseos y necesidades.
En este sentido, la Profeco tiene mecanismos de información, orientación, asesoría y solución de consultas que brinda la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Subprocuraduría de Servicios, ofreciendo información, orientación, asesoría y solución de consultas a través del Teléfono del Consumidor relacionada con los derechos de los consumidores.
Los datos de contacto del Teléfono del Consumidor son los siguientes:
• Teléfono del consumidor: (55) 55688722 en la Ciudad de México y Área Metropolitana y 01 800 4688722 en el interior de la República.
• Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.
• En las redes sociales, en las cuentas de Twitter: @profeco y Facebook: /ProfecoOficial
En la página oficial de la Profeco, también se encuentra un enlace al Teléfono del Consumidor en línea, que ofrece orientación, asesoría y solución de consultas en tiempo real; en el que se dispone de tres opciones de acercamiento con los asesores: (i) envío de correo electrónico, (ii) hablar con un asesor, (iii) chatear con un asesor; también puede accederse directamente en la dirección: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
A su vez, los consumidores pueden presentarse en una delegación o subdelegación de la Profeco para recibir información, orientación o asesoría respecto a sus derechos en materia de consumo, así como para, en su caso, presentar una queja. Para conocer el domicilio de las delegaciones y subdelegaciones, los consumidores pueden visitar la página de internet http://www.profeco.gob.mx/delegaciones/ delegaciones.asp
Otro medio de información y orientación se encuentra el sitio de internet o página oficial al que puede accederse en la dirección electrónica http://www.gob.mx/profeco donde los consumidores pueden encontrar diversa información que resulta de utilidad en sus relaciones de consumo. Sólo por mencionar, el enlace de la Revista del Consumidor en línea, en la dirección http://revistadelconsumidor.gob.mx; esta opción se puede obtener también en su versión impresa, programa de radio y televisión. Igualmente en el sitio http://www.profeco.gob.mx/educ_div/consejos_profeco.asp los consumidores pueden obtener información, consejos, puntos de referencia y antecedentes de diversos temas de consumo.
La Profeco cuenta con mecanismos de información oportuna y de calidad en los que la ciudadanía encontrará datos relevantes que le proporcionen las herramientas necesarias para una mejor toma de decisiones de consumo. A continuación, se mencionan los más importantes:
Datos Abiertos: (http://datos.profeco.gob.mx/) se encuentra disponible para su uso, reutilización y redistribución, información sobre más de 600 mil quejas registradas en esta Procuraduría a nivel nacional de 2011 al tercer trimestre de 2016, además de los motivos de reclamación, estados procesales, montos reclamados y recuperados, proveedores, entre otros. Información que se actualiza mensualmente.
Buró Comercial:
(http://burocomercial.profeco.gob.mx) herramienta informática en la que podrá consultar información relevante de los proveedores de bienes y servicios referente a quejas recibidas, porcentaje de conciliación, motivos de reclamación, sanciones impuestas y contratos de adhesión registrados.
Finalmente, la Profeco seguirá aplicando el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2017 y en caso de que se detecte que algún proveedor cometa violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento del Honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1523 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2017.DGVP.139 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar las verificaciones para la venta en línea de las denominadas “copas menstruales”.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/054/17 de fecha 12 de enero de 2017, a través del cual se remitió el punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión cuyos resolutivos se transcriben a continuación:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en el ámbito de sus atribuciones realice las verificaciones para la venta en línea de las denominadas “copas menstruales” a fin de que se cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Al respecto esta secretaría informa lo siguiente:
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las y los consumidores.
Al respecto, el artículo 24, fracción IX Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) mandata que la Profeco tiene como atribución promover en coordinación con esta secretaría, la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores que incorporen los principios previstos por la LFPC respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Ahora bien, la Profeco en ejercicio de sus atribuciones realizó el monitoreo de información publicitaria del producto denominado “copas menstruales”. Derivado del resultado del monitoreo se llevarán a cabo procedimientos de investigación requiriendo información a los proveedores que comercializan dicho producto y, en el supuesto de existir infracciones a la LFPC, se iniciarán los procedimientos correspondientes.
Asimismo, se remitió a la Comisión de Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el monitoreo mencionado, a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, inicie los procedimientos que considere pertinentes.
Por otro lado, en atención a la cláusula del instrumento de actualización de compromisos en materia sanitaria y de protección al consumidor, celebrado el 5 de octubre de 2016, por Profeco y Cofepris, se convocará a un grupo de trabajo técnico para coordinar acciones para la investigación y sanción de prácticas publicitarias que no se adecuen a la legislación y regulación aplicable.
Cabe señalar que la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco realiza el monitoreo de tiendas virtuales, que consiste en la revisión a las tiendas que comercializan en México sus productos y/o servicios a través de internet, observando que cumplan con lo estipulado en el artículo 76 Bis de la LFPC.
Los resultados del monitoreo se publican quincenalmente en el portal institucional de esta procuraduría, a través de reportes donde se muestra cuáles son los sitios que no cumplen con los elementos que garantizan la seguridad en las compras y la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras.
En estos reportes quincenales se muestra el nombre y dirección del sitio, para cada sitio monitoreado se detalla si cumplió o no con presentar el público consumidor información sobre políticas de privacidad y seguridad, que incluye datos personales y financieros, datos generales como domicilio físico, número telefónico, correo electrónico, descripción detallada de los bienes y servicios, costos totales e impuestos, y condiciones de entrega, de cancelación o cambio.
En el año 2016, se revisaron mil 603 tiendas virtuales, y la información puede ser consultada en la página de internet: http://www.gob.mx/profeco/documentos/monitoreo-de-tiendas-virtuales-34676?state =published
Asimismo, de conformidad con la información del punto de acuerdo en cita, se enfatizará la inclusión de los sitios de internet que refiere el mismo en el programa de Monitoreo de Tiendas Virtuales.
Por otra parte, la Profeco, a través de la Coordinación General de Educación y Divulgación, en el ámbito de sus atribuciones, ha realizado las siguientes acciones:
1. Contenidos en línea. A través de la Revista del Consumidor en línea, la Revista del Consumidor TV, webcast, podcast, cuya cobertura es vía internet, se realizaron las siguientes publicaciones:
Cabe mencionar que en los links http://revistadelconsumidor.gob.mx/?tag=compras-por-interner y http://revistadelconsumidor.gob.mx/?tag=toallas-sanitarias se encuentra el compendio de los productos informativos mencionados.
2. Boletines de prensa. Esta procuraduría ha emitido diversos boletines de prensa relativos al tema en cita, mismos que se pueden consultar en la página institucional.
3. Grupos de consumidores. A través de la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores de esta procuraduría, se refuerzan las sesiones educativas que imparte esta institución, con temas de mayor interés para las y los consumidores.
En el actual Programa de Educación para el Consumo, se abordan los tópicos: LFPC y Derechos del Consumidor; Profeco y sus servicios y el curso especializado Queja y denuncia, donde se da a conocer a los consumidores, a través de estrategias educativas que imparten los promotores del Departamento de Educación y Divulgación en las 51 delegaciones y subdelegaciones, la forma en que esta procuraduría protege a los consumidores a través de la ley antes citada, los derechos básicos y cómo hacer una denuncia o queja en contra de proveedores que incumplan la normatividad vigente. De igual forma, se orienta al consumidor al uso del Servicio de Conciliación en Línea (Concilianet).
Dichos temas se encuentran publicados en el sitio web portal de promotores de la Profeco, en las siguientes ligas:
• http://promotores.profeco.gob.mx/wp_content/ uploads/2014/02/curso especializado queja denuncia2. pdf
• http://promotores.profeco.gob. mx/wp-content/ uploads/2013/10/Cursos-especializado consumo-
• http://promotores.profeco.gob. mx/wp-content/ uploads/2013/10/VII-Profeco-sus-servicios.pdf
4. Brújula de compra. Boletín electrónico gratuito que se difunde con la finalidad de ofrecer a los consumidores artículos sobre conceptos económicos de uso común, finanzas personales, comparativo de precios y descripción de distintos sectores, con el fin de orientar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra. En Brújula de Compra, cuya difusión se realiza vía internet.
Por otra parte, la Profeco tiene como atribución, entre otras, la de procurar la solución de diferencias entre consumidores y proveedores, sustanciando el procedimiento conciliatorio, en el cual se programa una audiencia a la que acuden las partes ante un conciliador de la Profeco, con el fin de encontrar la mejor solución a la queja presentada.
Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la LFPC, los requisitos para presentar una queja, son los siguientes:
“I. Señalar nombre y domicilio del reclamante;
II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos;
III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione el reclamante;
IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación;
V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la personalidad del o los representantes del grupo de quejosos; que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral, y
VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales deberán acreditar, además:
a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes;
b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los consumidores;
c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido;
d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar parte de la misma;
e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar dicha circunstancia;
f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y
g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral”
Así, el artículo 105 de la LFPC, establece que el término para presentar las reclamaciones ante la Profeco, es de un año a partir de que se expida el comprobante que ampare el precio o la contra prestación pactada; de que se pague el bien o sea exigible el servicio, total o parcialmente, a partir de que se reciba el bien, o se preste el servicio, o a partir de la última fecha en que el consumidor acredite que directamente requirió al proveedor el cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas por éste.
Además, la Profeco a través de la Dirección de Concilianet de la Subprocuraduría de Servicios, pone a disposición de todos los consumidores que hayan sido afectados por incumplimientos de proveedores, una plataforma de solución de controversias denominada Concilianet, en la siguiente dirección de página web http://concilianet.profeco.gob.mx/ Concilianet/inicio.jsp, en la cual puede presentar reclamaciones o quejas por internet, logrando que el trámite sea más ágil y rápido, ya que permite a los consumidores presentar la queja desde su hogar o cualquier otro lugar con acceso a internet.
Las audiencias de conciliación se llevan a cabo mediante una sala de audiencias virtual (tipo chat), en la cual el consumidor, el proveedor y esta Procuraduría interactúan con el fin de encontrar una solución a la problemática planteada.
Asimismo, es oportuno precisar que la LFPC contiene un marco regulatorio de protección a los derechos de las y los consumidores, incluidos los relativos a la información, la educación y elección, toda vez que de conformidad a lo establecido en el artículo 1, fracciones III, VII y VIII de la LFPC, son principios básicos en las relaciones de consumo la información adecuada clara sobre los diferentes productos servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen; y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios; la real efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados.
Robustece lo anterior, el hecho de que toda obligación invariablemente otorga ciertos derechos, en este caso a favor de los consumidores, siendo el caso que en 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las Directrices de la ONU para la Protección del Consumidor, con lo que se logró el reconocimiento internacional, entre otros, de los siguientes derechos:
1. Derecho a la Información: La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo que compramos.
2. Derecho a Elegir: Al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo que no queremos o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
3. Derecho a la Educación: Podemos recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarnos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.
En este sentido, dichas directrices (de las que existe la versión ampliada de 1999), en el artículo 32 de la LFPC, se establece que “la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”.
El artículo 32 citado, exige que la información o publicidad reúna cuatro requisitos fundamentales:
a) Que sea veraz, es decir, que los datos que contengan sean verdaderos, fidedignos, que correspondan a las condiciones reales de los bienes o servicios anunciados;
b) Que sea comprobable, lo que significa que las características de los productos y servicios anunciados deben ser susceptibles de verificación, de confirmación;
c) Que sea clara, es decir, de fácil comprensión y entendible en su expresión, y
d) Que sea precisa, es decir, exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas.
En el mismo precepto legal, se define a la información o publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
De igual manera es oportuno mencionar que, el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y Publicidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2012, tiene por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir la Profeco al analizar y verificar la información o publicidad, con el objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva a la que se refiere el artículo 32 de la LFPC.
En efecto, la información y publicidad que se realice sobre bienes, productos o servicios debe cumplir con los principios y requisitos previstos en el artículo 32 de la LFPC, que prevé que deberá ser veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir al error o confusión por engañosas o abusivas.
Asimismo, la resolución A/RES/70/186, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, se hace reconocimiento del comercio electrónico, en el cual refiere que los estados miembros deben esforzarse por fomentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, mediante la formulación constante de políticas de protección del consumidor transparentes y eficaces, que garanticen un grado de protección que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio.
Dicho lo anterior, para la Profeco el derecho a la información es de suma importancia, toda vez que permite al consumidor tomar decisiones de consumo razonadas, conscientes y adecuadas. Garantizando de esta forma, el acceso a los consumidores a una información eficaz que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a sus deseos y necesidades.
En este sentido, la Profeco tiene mecanismos de información, orientación, asesoría y solución de consultas que brinda la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Subprocuraduría de Servicios, ofreciendo información, orientación, asesoría y solución de consultas a través del Teléfono del Consumidor relacionada con los derechos de las y los consumidores.
Los datos de contacto del Teléfono del Consumidor son los siguientes:
• Teléfono del consumidor: (55) 55688722 en la Ciudad de México y Área Metropolitana y 01800 4688722 en el interior de la República.
• Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.
• En las redes sociales, en las cuentas de Twitter: @profeco y Facebook: /ProfecoOficial
Asimismo, en la página oficial de la Profeco también se encuentra un enlace al Teléfono del Consumidor en línea, que ofrece orientación, asesoría y solución de consultas en tiempo real, en el que se dispone de tres opciones de acercamiento con los asesores: (i) envío de correo electrónico, (ii) hablar con un asesor, (iii) chatear con un asesor; también puede accederse directamente en la dirección: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
A su vez, las y los consumidores pueden presentarse en una delegación o subdelegación de la procuraduría para recibir información, orientación o asesoría respecto a sus derechos en materia de consumo, así como para, en su caso, presentar una queja. Para conocer el domicilio de las delegaciones y subdelegaciones, los consumidores pueden visitar la página de internet http://www.profeco.gob.mx/delegaciones/delegaciones.asp
Otro medio de información y orientación se encuentra el sitio de internet o página oficial al que puede accederse en la dirección electrónica http://www.gob.mx/profeco donde los consumidores pueden encontrar diversa información que resulta de utilidad en sus relaciones de consumo. Sólo por mencionar, el enlace de la Revista del Consumidor en línea, en la dirección http://revistadelconsumidor.gob.mx; esta opción se puede obtener también en su versión impresa, programa de radio y televisión. Igualmente en el sitio: http://www.gob.mx/consumidor, los consumidores pueden obtener información, consejos, puntos de referencia y antecedentes de diversos temas de consumo.
Asimismo, la Profeco cuenta con mecanismos de información oportuna y de calidad en los que la ciudadanía encontrará datos relevantes que le proporcionen las herramientas necesarias para una mejor toma de decisiones de consumo. A continuación, se mencionan los más importantes:
Datos Abiertos: (http://datos.profeco.gob.mx/) se encuentra disponible para su uso, reutilización y redistribución, información sobre más de 600 mil quejas registradas en esta procuraduría a nivel nacional de 2011 al tercer trimestre de 2016, además de los motivos de reclamación, estados procesales, montos reclamados y recuperados, proveedores, entre otros. Información que se actualiza mensualmente.
Buró Comercial: (http://burocomercial.profeco.gob. mx) herramienta informática en la que podrá consultar si el proveedor cuenta con su contrato de adhesión debidamente registrado ante la Profeco.
Finalmente, en caso de que la Profeco detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la LFPC, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número DAM/106/2017, de fecha 16 de febrero de 2017, signado por la licenciada Clementina Facundo Reyes, directora de Atención a la Mujer en la delegación de Cuajimalpa, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3-1538, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a las y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, por parte de servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.
Por medio del presente y en atención al oficio SG/ SSPDYRVP/ 032.4/ 2017, mediante el cual nos informa sobre el punto de acuerdo, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, en el que:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTI), por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sanciones a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de los miembros de la comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden mexicano.
Al respecto, me permito informar a usted que este órgano político administrativo a través de la Dirección General de Desarrollo Social en coordinación con la Dirección de Atención a la Mujeres la encargada de promover actividades así como desarrollar mecanismos y estrategias para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias contra la comunidad LGBTTTI. A continuación se citan las actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2016.
Sin otro particular, quedo de usted reiterándole nuestro compromiso por servirle.
Atentamente
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.— Clementina Facundo Reyes (rúbrica), directora de Atención a la Mujer.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
Licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez, jefe delegacional en Cuajimalpa.— Presente.
Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaria de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:
Derivado del punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitido mediante oficio DGPL 63-II- 3-1538, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones, mismas que se detallan en las documentales anexas:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los Presidentes Municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de los miembros de la comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y majas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden mexicano.
En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve, sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al Órgano Legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.
Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de enero de 2017.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
———————— o ————————
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número INVEADF/ CJSL/ DCEI/ 491/ 2017, de fecha 15 de marzo de 2017, signado por el licenciado Luis Javier Calderón Rivera, director de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II -4-1493, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán, para que en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y giro que se realiza en el domicilio situado en avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en materia de obras; desarrollo urbano y uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica, y protección civil, y resuelvan de conformidad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
Maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, Apartado A, Sección Cuarta, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y en atención al oficio SG/ CEL/PA/029.3/2017 de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete y recibido en este Instituto el diecisiete del mismo mes y año, mediante el cual hace del conocimiento del oficio DGPL 63-II. 4.1493 en el que el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión remitió el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo que a la letra señala lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán, para que en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y giro que se realiza en el domicilio situado en avenida Universidad 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en la materia de Obras; Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Protección civil, y resuelva de conformidad.
Al respecto, le comunico que mediante oficio INVEADF/ CJSL/ DCEI/147/ 2017, se solicitó a la Coordinación de Verificación Administrativa informará sí se cuenta con visita de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano y uso del suelo dirigida al inmueble situado en Avenida Universidad número 2014, en la colonia Copilco Universidad en la delegación Coyoacán. En ese sentido, le comunico que se recibió oficio INVEADF/ DCSAVD/ 057/ 2017 suscrito por el Director de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora de las Delegaciones en el que informa que en los archivos a su cargo se encontró que la delegación Coyoacán emitió un procedimiento administrativo con número de expediente DGJG/ SVR/ O/ 107/16, en materia de Construcciones y edificaciones al inmueble antes señalado.
En ese mismo orden de ideas, le informo que se recibió oficio INVEADF/DVMAC/1840/2017 signado por el Director de Verificación de las Materias del Ámbito Central en el que informa que derivado del Informe de Evidencias de Reconocimiento de Premape (preservación del medio ambiente y protección ecológica), asociado al proceso de reconocimiento de objeto a verificar, realizado por el personal especializado en funciones de verificación adscrito al Instituto, en relación al inmueble de trato, se desprendió que se trata de un inmueble conformado por planta baja y tres niveles, con fachada de color blanco y número visible, ...sin que se observe poda o tocón, poda muy reciente, se advierte interferencia de los eucaliptos con cableado de alumbrado público”, por lo anterior la Dirección a cargo del antes mencionado no cuenta con elementos suficientes para la emisión de la orden de visita de verificación en materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica. Asimismo, informó que por lo que hace a la materia de desarrollo urbano y uso del suelo, competencia de este Instituto, y después de una búsqueda en los archivos que resguarda se desprende registro relacionado con el inmueble de mérito, al que le correspondió el número de expediente INVEADF/OV /DUYUS/ 2131/2016.
Por otro lado le comunico, que esta Dirección remitió oficio INVEADF/CJSU027/217 a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Coyoacán, por ser la competente en materia de Construcciones y Edificaciones así como de la materia de Protección Civil, para que ordene y ejecute visita de verificación administrativa en el ámbito de sus atribuciones y con el objeto de que se atienda el punto de acuerdo que nos ocupa, lo anterior tiene fundamento en el artículo 7 apartado B fracción I incisos c) y f) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.
Sírvase encontrar adjunta copia simple de los oficios en mención.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Licenciado Luis Javier Calderón Riera (rúbrica), director de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
Maestro Omar Jiménez Cuenca, coordinador Jurídico y de Servicios Legales.— Presente.
En atención a su oficio número INVEADF/ CJSL/ 028/ 2017, de fecha 19 de enero del presente año, mediante el cual se refiere al oficio SG/ CEL/PA/ 029.3/ 2017, de fecha cinco de enero de 2017, por medio del cual el Subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación General de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informa que a través del similar número DGPL 63- II-4-1493 el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión remitió el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en el que se requirió lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegación en Coyoacán, para que en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y giro que se realiza en el domicilio situado en avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en la materia de obras; desarrollo urbano y uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica y protección civil, y resuelvan de conformidad.
Al respecto, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se informe a esta Unidad Administrativa si se cuenta en los archivos de esa área con visita de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano y uso del suelo dirigida al predio situado en avenida Universidad número 2014, Colonia Copilco Universidad en la Delegación Coyoacán; en caso de no ser afirmativa su respuesta, le solicitó se ordene y ejecute visita de verificación administrativa a dicho inmueble...
En virtud a lo anteriormente expuesto, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos con que cuenta esta Dirección, se encontró que la Delegación Coyoacán emitió un procedimiento administrativo con número de expediente DGJG/ SVR/O/ 107/16, en materia de Construcciones y Edificaciones al inmueble ubicado en avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad en la delegación Coyoacán, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes.
No omito mencionar que la información que se encuentra en los archivos de esta Dirección, en los cuales se realizan las consultas correspondientes, se encuentran alimentados por los informes que remite el personal especializado en funciones de verificación asignados a las delegaciones en cumplimiento a lo establecido en las normas reguladoras de este instituto.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Licenciado Luis Manuel Torres López (rúbrica), director de Coordinación y Supervisión de la Actividad Verificadora de las Delegaciones.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
Maestro Omar Jiménez Cuenca, coordinador Jurídico y de Servicios Legales.— Presente.
Por medio del presente y en atención a su oficio INVEAOF/CJSL/028/2017, mediante el cual se refiere al diverso SG/CEUPA/029.3/2017, signado por el Subdirector de Información y Análisis Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual se refiere al similar D.G.P.L. 63-II-4-1493, del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por el cual se remitió el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de ese Órgano Legislativo, en el que se requirió lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en Coyoacán, para que en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y giro que se realiza en el domicilio situado en avenida Universidad, número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en la materia de obras; desarrollo urbano y uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica y protección civil, y resuelvan de conformidad.
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que del Informe de Evidencias de Reconocimiento de Premape (PODA, Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica), Asociado al Proceso de Reconocimiento de Objeto a Verificar, realizado por personal especializado en funciones de verificación adscrito a este Instituto, en relación al inmueble de mérito, se desprende que se trata de un inmueble conformado de planta baja y tres niveles, con fachada color blanco y número visible, respecto a la materia que nos ocupa: “...se observan dos ejemplares de eucalipto en la banqueta de 15 metros aproximados más de nueve arbustos diversos en ubicación distinta dos ejemplares ficus en macetón o contenedor transportable de 2.5 metros aproximadamente vivos con follaje caducifolio (que pierde sus hojas cada año) y en buen estado, sin que se observe o poda o tocón, poda muy reciente, se advierte interferencia de los eucaliptos con cableado de alumbrado público.
De lo anterior se desprende que, esta dirección a mi cargo no cuenta con elementos suficientes para la emisión de la orden de visita de verificación en materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica.
Por lo que hace a la materia de desarrollo urbano y uso del suelo, competencia de éste instituto, se informa que de la búsqueda realizada en los archivos y registros que obran en esta dirección, relacionados a las órdenes de visita de verificación, se desprende registro relacionado con el inmueble que nos ocupa, bajo el número de expediente INVEADF/ OV/ OUYUS/ 2131/ 2016.
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales que haya lugar.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2017.— Licenciado Omar Antonio López Parada (rúbrica), director de Verificación de las Materias del Ámbito Central.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
Salvador Frausto Navarro, director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Coyoacán.— Presente.
Me refiero al oficio SG/ CEL/PA/ 029.3/ 2017 de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete: y recibido por este Instituto de Verificación Administrativa el día diecisiete del mismo mes y año, mediante el cual el Subdirector de información y Análisis Legislativo en la Coordinación General de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informa que a través del similar número, DGPL 63. II.4. 1493 el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión remitió el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en el que se requirió lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán, para que en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y giro que se :realiza en el domicilio situado en avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en la materia de obras: desarrollo, urbano y uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica y protección civil, y resuelvan de conformidad.
Al respecto y con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que a la letra señala lo siguiente:
Artículo 5. Las áreas competentes en las delegaciones para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben contar con un profesional calificado con registro vigente de director responsable de obra, con objeto de que emita las opiniones especializadas que le sean requeridas.
Atento a lo anterior, y teniendo en cuenta que la materia de Construcciones y Edificaciones, así como la de Protección Civil, son de competencia exclusiva de las Delegaciones, el personal de este Instituto adscrito a ese Órgano Político Administrativo está a su disposición, para que en caso de emitir Órdenes de Visita en las materias antes señaladas, estás sean ejecutadas de manera eficaz y eficiente; lo anterior de conformid.ad con lo dispuesto en el Artículo 7 apartado B fracciones I incisos c) y f), y III de La Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México a 19 de enero de 2017.— Maestro Omar Jiménez Cuenca (rúbrica), coordinador Jurídico y de Servicios Legales.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del. jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SPC/ 0113/ 2017, de fecha 9 de marzo de 2017, signado por el ingeniero Fausto Lugo García, Secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-1490, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas, a que incrementen la coordinación entre sus respectivas unidades de protección civil y gestión de riesgos para llevar a cabo medidas de mitigación de riesgos; así como la salvaguarda de la integridad física y vida de la población, y la disminución de eventos adversos, originados por el almacenamiento, uso, comercialización, manejo, detonación y combustión de fuegos pirotécnicos, en ferias y festividades tradicionales y patronales.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»
«Gobierno de la Ciudad de México.
Maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.
En respuesta a su similar SG/ CEL/ PA/ 009/ 2017, donde adjunta el oficio número DGPL 63-II-4-1490 de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, el cual hace de conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno del órgano legislativo federal.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas, a que incrementen la coordinación entre sus respectivas unidades de protección civil y gestión de riesgos para llevar a cabo medidas de mitigación de riesgos; asi como la salvaguarda de la integridad física y vida de la población, y de disminución de eventos adversos, originados por el almacenamiento, uso, comercialización, manejo, detonación y combustión de fuegos pirotécnicos, en ferias y festividades tradicionales y patronales.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para perfeccionar el Reglamento respecto del uso de explosivos con fines civiles y artefactos pirotécnicos, y se contemple la estabilidad física y química de los explosivos en todas las condiciones medioambientales a que puedan estar expuestos y genere las normas oficiales respecto al uso, manejo, traslado, comercialización, almacenamiento, detonación y combustión de materiales explosivos...
En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 23 bis, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Distrito Federal, artículo 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 33, 34, 95 y 96 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; informo las acciones de la Dirección General de Prevención y la Dirección General de Emergencias Mayores:
• En el marco del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México, se encuentra operando el Comité Técnico, que depende de la Comisión de Coordinación del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, en el cual participan de manera activa las 16 unidades de Protección Civil Delegacionales, en el cual se generan los mecanismos de coordinación entre las Unidades de Protección Civil, la Secretaría y demás integrantes del sistema; en el referido órgano, se tratan diversas problemáticas que requieren de una solución integral.
• Para el uso, manejo, traslado, comercialización, almacenamiento, detonación y combustión de materiales explosivos, se ha invitado a este Comité a personal de la Secretaría de la Defensa para fomentar los canales de comunicación, definir funciones, atribuciones y conocer los alcances de lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los bienes, la vida y el entorno de la población,
• Asimismo de conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil para la Ciudad de México en sus artículos 95 que la letra dice:
Toda persona que pretenda realizar alguna actividad o espectáculo en el que se programe el uso de fuegos pirotécnicos tendrá la obligación de presentar un programa especial con independencia de contar con un programa interno o especial y se estará al cumplimiento de las Normas Técnicas Complementarias que sean aplicables.
Artículo 96. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la secretaría o la delegación según corresponda, analizará y resolverá la autorización del evento en su caso, en apego al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia y las normas técnicas.
Cabe mencionar que el día 2 de marzo de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la norma técnica complementaria (NTC-010-PIROTECNIA-2017) Instalación y Quema de Artificios Pirotécnicos en Espectáculos Públicos y Tradicionales en la Ciudad de México.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Ingeniero Fausto Lugo García (rúbrica), secretario de Protección Civil.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría General de Gobierno de Puebla.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vcepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al D.G.P.L. 63-II-2-1387, de fecha 15 de diciembre de 2016, me permito informar que el director general Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, dio a conocer las acciones que sobre el particular realizan las áreas en cuyo ámbito de competencia incide la atención del presente asunto.
En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta Entidad Federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 2 de marzo de 2017.— José Montiel Rodríguez (rúbrica), subsecretario jurídico.»
«Secretaría General de Gobierno de Puebla.
Ciudadana Ivonne Mateos Báez, directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.— Presente.
Con un atento saludo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 42, fracción I, y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, párrafo primero, y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17, fracción VII, 19 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 3, 4, fracción IV, 11, fracción X, y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; en atención al oficio SGG/SJ/DGAJ/DPL/0072/2017 por medio del cual remite a esta dirección general el
• Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y educativas de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación, tendientes a proteger las especies en peligro de extinción en el país.
Al respecto, se tienen las siguientes consideraciones:
• Las Áreas Naturales Protegidas de Jurisdicción Estatal, que tiene a su cargo la Dirección de Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales de esta dependencia son las Reservas Estatales “Sierra del Tentzo” y “Cerro Zapotecas” en las que se realizan diversas acciones para impulsar el desarrollo sustentable a través de la prevención y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como la implementación de las actividades previstas en sus respectivos Programas de Manejo.
• A efecto de ampliar la protección de la flora y fauna con importancia ecológica en la entidad, esta secretaría tiene en proceso de declaratoria una nueva área natural protegida denominada “Cerro Colorado”, asimismo se están integrando propuestas para nuevas zonas de protección.
• De la misma manera se realizan actividades de colaboración y se proporcionan distintos apoyos a favor de las direcciones de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal ubicadas en el estado de Puebla, en específico con las zonas denominadas “Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl” , “Parque Nacional la Montaña Malinche o Matlelcuéyatl”, “Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicuitlán” y “Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” , dentro de sus actividades destacan por su trascendencia las siguientes:
1. En el “Parque Nacional la montaña Malinche o Matlelcuéyatl”, en la “Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” y en la “Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicuitlán”, se tienen colocadas cámaras de foto trampeo para el monitoreo de la fauna existente, a fin de contar con mayor evidencia que coadyuve a su protección mediante vigilancia comunitaria.
2. En la “Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicuitlán” se implementó, de octubre de 2015 a marzo de 2016, el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Iniciativa de Aprovechamiento Sustentable y Conservación de la Biodiversidad en el Municipio de Zapotitlán, Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicuitlán” mediante el cual se impulsaron procesos de tránsito hacia el desarrollo sustentable, coadyuvando al cuidado y mejoramiento del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales existente.
3. En la “Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” en el mes de septiembre de 2016, se iniciaron acciones de monitoreo de la biodiversidad de alta resolución SAR-MOD del corredor ecológico sierra madre oriental (CESMO) dirigido por la Comisión Nacional para el Conocimiento Uso y Diversidad (Conabio) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
San Andrés Cholula, Puebla, a 8 de febrero de 2017.— Ciudadano Javier Julián Rodríguez (rúbrica), director general Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL-63-II-3-1784, expediente número 4767, del 9 de febrero del año en curso, por el que comunica la aprobación del acuerdo de esa Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:
«Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo de los 31 entidades federativas y de la Ciudad de México para que diseñen políticos estatales en materia de cambio climático y se destinen poro su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los Estados con lo finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y puedo enfrentar sus efectos adversos.
Segundo.»
Al respecto, le comunicamos que nuestra visión para el año 2018 es que Guanajuato sea un estado con calidad de vida, saludable, educado, justo, equitativo y con un desarrollo sustentable. Un estado que garantice los derechos humanos y donde sus habitantes tengan acceso a los bienes y servicios esenciales de agua, salud, formación socioeducativa, vivienda digna y alimentación. De manera prioritaria en las zonas marginadas del estado, para lograr un desarrollo individual y comunitario integral, el cual permita mejorar el nivel de vida de manera sustentable en un territorio ordenado.
En lo concerniente al tema de su atento exhorto, le informamos que el 2 de octubre de 2007 se creó con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Guanajuato, como el órgano encargado de coordinar que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal impulsen, promuevan, planifiquen y ejecuten acciones articuladas y concertadas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático para lograr un desarrollo regional sustentable en el estado.
En noviembre de 2008 se expidió el documento denominado «Hacia una estrategia estatal de cambio climático en Guanajuato», con el cual se ofreció un panorama general de la situación del estado de acuerdo a estudios realizados a nivel nacional, así como identificar áreas de oportunidad inmediatas que permitiesen establecer paralelamente acciones para la integración de metodologías adecuadas, cuyo propósito era identificar en el corto y mediano plazo el impacto de las medidas de adaptación y mitigación, así como la implementación de las acciones inmediatas correspondientes.
En octubre de 2011 se concluyó el «Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio Climático en el Estado de Guanajuato», cuyo objetivo es evaluar la vulnerabilidad y el riesgo actual y futuro al cambio climático y proponer medidas de adaptación de los diferentes sectores y regiones prioritarias en el estado, así como de sus diferentes sistemas: hídrico, ambiental y social a partir de diferentes escenarios alternativos de cambio climático a nivel regional y microrregional.
También en octubre del 2011 se expidió el «Programa Especial de Cambio Climático del Estado de Guanajuato (PECCG)», instrumento máximo de política pública de atención al fenómeno en el estado, que busca iniciar acciones en tres aspectos estratégicos fundamentales: la mitigación de emisiones, la adaptación y la educación ambiental.
En noviembre de 2013 se expidió la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, la cual entró en vigencia el 1 de enero del 2014, en la que se prevé la elaboración del Registro Estatal de Emisiones y Reducción de Gases de Efecto Invernadero y se definen como instrumentos de planeación de la política estatal de cambio climático: La Estrategia Estatal de Cambio Climático; el Programa Estatal de Cambio Climático y los programas de acción climática municipales.
Durante el año 2014, se llevó a cabo la Actualización del «Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio Climático en el Estado de Guanajuato» y de la «Estrategia Estatal de Cambio Climático de Guanajuato (ECCG)», documentos cuya publicación se prevé se realice en el presente año.
Por otra parte, en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2035, en la Dimensión 4 Medio Ambiente y Territorio, se prevé en el Componente Cambio Climático, los siguientes objetivos y líneas de acción:
Componente 1: Cambio climático
Objetivo Estratégico 1. Mitigar los impactos del cambio climático e impulsar medidas de adaptación a sus efectos.
Objetivo particular 1.1. Incrementar las capacidades de adaptación de la población al cambio climático.
Adaptación
1. Promover la separación de drenajes pluviales y de aguas residuales en las principales ciudades del Estado.
2. Implementar las cosechas de agua de lluvia en comunidades rurales y urbanas, en edificios públicos y particulares, viables para la instalación de los sistemas de captación.
3. Garantizar la seguridad alimentaria con particular atención a los pequeños núcleos campesinos y comunidades locales.
4. Contar con normas técnicas ambientales en atención y observancia a las Normas Oficiales Mexicanas para impulsar un programa de vivienda sustentable con elementos de arquitectura bioclimática, cosechas de agua y fuentes de energía renovable.
• Capacitación e información
5. Recuperar y fomentar el uso de saberes locales y prácticas tradicionales como medidas de mitigación a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
6. Proporcionar capacitación e información a las comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales en temas relacionados al acceso de financiamiento climático, mercados de carbono y metano, asimismo en cómo mitigar y adaptarse al cambio climático.
• Prevención
7. Fortalecer las capacidades de adaptación, preparación, alerta y respuesta ante las consecuencias adversas del cambio climático.
8. Promover en los municipios el desarrollo y actualización de atlas de riesgo y dirigir el reordenamiento poblacional hacia zonas de menor vulnerabilidad de acuerdo con la información disponible en los atlas.
9. Integrar la dimensión demográfica en la formulación de políticas públicas a fin de reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los impactos adversos de la variabilidad climática y el cambio climático.
10. Incorporar criterios de prevención ante desastres y de adaptación de largo plazo ante el cambio climático en las políticas de población, para reducir la exposición a riesgos, particularmente por eventos meteorológicos e hidrometeorológicos extremos.
11. Contar con una cultura de prevención e incorporar planes de atención a contingencias ambientales y epidemiológicas.
12. Robustecer los sistemas de salud pública a través de alianzas estratégicas e instrumentos de planeación.
Objetivo Particular 1.2. Mitigar las emisiones de Gas de Efecto Invernadero en el Estado.
• Sistemas de movilidad
1. Contar con políticas de inversión pública y privada para el desarrollo de sistemas de movilidad con tecnologías de mínimas emisiones.
2. Mejorar la calidad del sector de transporte terrestre y de la aplicación de la normativa existente.
3. Revitalizar el uso de trenes como medio de transporte alternativo para la movilidad intermunicipal e intermodal de pasajeros y mercancías.
4. Fomentar la renovación del parque vehicular para contribuir a una mayor eficiencia energética del sector transporte.
• Suelo agrícola
5. Instrumentar una política de reducción de GEI por prácticas sin manejo adecuado de emisiones en el suelo agrícola.
• Residuos sólidos
6. Evitar emisiones no controladas de metano en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
• Aire
7. Reducir el impacto contaminante de las plantas termoeléctricas.
8. Generar incentivos fiscales y subsidios de fomento a la sustentabilidad o renovación del parque automotor.
9. Vigilar la aplicación y las disposiciones de la Norma Técnica Ambiental sobre las emisiones contaminantes derivadas del sector ladrillero.
10. Minimizar las emisiones asociadas a la producción, transporte y distribución de gas natural.
11. Incrementar la inversión para el mejoramiento de caminos y calles que contribuyan a la reducción de la emisión de contaminantes.
12. Capacitación técnica y difusión continua en los municipios sobre el mejoramiento de la calidad del aire.
13. Actualizar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de calidad del aire, colegiando los procesos de aplicación, seguimiento y sanción de las acciones ambientales.
14. Adoptar estándares internacionales de emisiones vehiculares y continuar con el programa de verificación vehicular.
15. Contar con políticas enfocadas al monitoreo y mejora de la calidad del aire en las zonas urbanas del estado.
• Coordinación y vinculación
16. Realizar con el sector industrial sus inventarios de emisiones GEI por sector empresarial y elaborar su estrategia de cambio climático.
El Programa de Gobierno 2012-20 18 constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el mediano plazo y el camino de acción integrada de todas las áreas del Gobierno del Estado para su consecución. Además, toma como base la visión establecida.
Con la formulación del Programa de Gobierno 2012-2018 se incorporó un nuevo modelo de gestión gubernamental que promueve la transversalidad de las políticas públicas orientadas esencialmente a la persona. Dicho instrumento contempla 4 ejes: Eje Calidad de Vida; Eje Economía para las personas; Eje Guanajuato Educado y Eje Guanajuato Seguro.
Las atribuciones significativas del Eje Calidad de Vida en materia de calidad ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos son:
• Impulsar el desarrollo sustentable del estado a través de una política y gestión ambiental eficiente y eficaz.
• Definir y promover la normatividad ambiental.
• Procurar la defensa y protección del derecho de toda persona a un medio ambiente propicio para su bienestar y desarrollo, mediante la vigilancia y verificación normativa de las actividades humanas en el marco del sistema de gestión ambiental.
• Desarrollar grandes proyectos de infraestructura hidráulica que modifiquen las condiciones de escasez mediante la importación de caudales y la ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades.
Con el proyecto estratégico -1.6 Calidad Ambiental se busca reducir el impacto ambiental de las actividades y prácticas culturales de la sociedad. Para ello se implementaron los proyectos estratégicos como el Programa de Calidad de Aire, con el cual se busca, mediante el cumplimiento de la norma de la calidad del aire, mejorar las condiciones del ambiente en las ciudades de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao de la Victoria.
Entre las acciones que se han emprendido en materia de cambio climático se encuentran la actualización del Programa Estatal de Cambio Climático, en el que se definen las estrategias y acciones para atender este fenómeno que afecta global y localmente al desarrollo.
Se desarrolló el sistema de información de Gases de Efecto Invernadero, GEI, plataforma que integra información oportuna para definir las políticas en materia de mitigación del cambio climático. Con ello, se da cumplimiento a los compromisos derivados de la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
Se sentaron las bases para el registro del GEI en el estado de Guanajuato, que tiene la finalidad de promover el desarrollo, el registro y monitoreo de proyectos enfocados a mitigar los efectos del cambio climático entre los diferentes sectores productivos del Estado.
Se realizó la proyección a [...] inventario de GEI para Guanajuato, herramienta que permite conocer la tendencia del estado en cuanto a la generación de este tipo de gases, con base en la prospectiva de desarrollo de las diferentes actividades económicas.
En la actualización 20/6-20/8 del Programa de Gobierno se prevé el proyecto específico PE-V.2 Cambio Climático, cuyo objetivo es reducir los impactos del cambio climático e incrementar medidas de adaptación a sus efectos; se prevén los siguientes proyectos específicos:
V.2. 1 Mitigar las emisiones de gas efecto invernadero
Objetivo: Implementar proyectos de energía con fuentes renovables, acciones de eficiencia energética y proyectos comunitarios para contribuir a la reducción de emisiones per cápita de gases de efecto invernadero
V.2.2 Adaptación al cambio climático
Objetivo: Reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las zonas rurales y urbanas marginadas en el estado mediante la adaptación a sus efectos y corrección de conductas que degradan el ecosistema.
Ahora bien, por lo que hace a los recursos presupuestales destinados a la ejecución de acciones en la materia de cambio climático, le informamos sobre los proyectos realizados en los últimos años:
Reciba un saludo y, a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.
Notas:
1 Mediante la publicación del decreto gubernativo número 53 mediante el cual se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Guanajuato, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 158, Tercera Parte, del 2 de octubre de 2007 y que entró en vigor el 6 de octubre del mismo año.
2 [En línea] localizable en la siguiente dirección: hllp://coclima.guanajualo.gob.mx/archtvoslftle/Cambio%20Climalico.pdf
3 [En línea] localizable en la siguiente dirección: file:///C:/Users/JOSE%20FADERlCO/Downloads/Diagnostico_Climalologico%20(l). pdf
4 Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 183, Quinta Parte, del 15 de noviembre de 2013.
5 En el Capítulo X denominado precisamente como «Registro Estatal de Emisiones y Reducciones de Gases de Efecto Invernadero».
6 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 188, Cuarta Parte, del 23 de noviembre de 2012.
7 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 41, Tercera Parte, del 12 de marzo de 2013.
8 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación e16 de junio de 2012.
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013.
10 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 1888. Tercera Parte, del 24 de noviembre de 2015
Respetuosamente
Guanajuato, Guanajuato, a 9 de marzo de 2017.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.
SOLICITUD DE LICENCIA
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo, solicitarle de la manera más atenta y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o., fracción XII; 6o., fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; y 13, numeral 1; del Reglamento de la Cámara de Diputados, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal propietario por el distrito XV de Orizaba, Veracruz, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, a partir del 30 de marzo de 2017.
Sin más por el momento, gracias por sus atenciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2017.— Diputado Fidel Kuri Grajales (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fidel Kuri Grajales, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el décimo quinto distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada. Comuníquese.
MINUTA
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 12; 41 en el inciso d) de su fracción I; 46; 73; 77 en sus fracciones I, III y IV; 79 en su segundo párrafo; 82; 84 en su fracción I; 84 Bis en su primer párrafo; 85 Bis en sus fracciones I, II y III y SE ADICIONAN los artículos 6o Bis, 56 Bis; las fracciones V y VI al artículo 77; un último párrafo al artículo 84; las fracciones de la IV a la X así como un último párrafo al artículo 85 Bis; todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:
Artículo 6o Bis. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
a)Arma de fuego. Toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, con excepción de las armas de fuego antiguas o sus réplicas.
b)Piezas y componentes. Todo objeto o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;
c)Cartuchos y Municiones. Las vainas, cebos, carga propulsora, balas, balines o proyectiles, utilizados como carga de las armas de fuego.
d)Marca distintiva. Conjunto formado por símbolos geométricos, códigos numéricos y/o alfanuméricos, que permiten la identificación de las armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, indicando cuando menos, el fabricante, lugar de fabricación y número de serie.
Artículo 12. Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código Penal Federal.
Artículo 41. ...
I. ...
a) a c) ...
d). Las piezas y partes componentes de las armas anteriores.
II. a V. ...
Artículo 46. Los fabricantes tendrán obligación de imponer a toda arma de fuego, así como piezas, componentes, cartuchos y municiones, una marca distintiva, adoptando las medidas tendientes a prevenir y evitar su supresión, clonación o alteración.
Artículo 56 Bis. Toda arma de fuego, piezas, componentes, así como cartuchos y municiones que sean importados, deberán contar con una marca distintiva que permita identificar, cuando menos, su fabricante, el país de origen y número de serie.
Los requisitos señalados en el párrafo anterior no serán aplicables en los casos de importación temporal a que se refiere el artículo 59 de esta Ley.
Artículo 73. Las fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y establecimientos comerciales que fabriquen, produzcan, ensamblen, organicen, reparen, almacenen o vendan armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, deberán contar con un registro interno de dichos objetos.
En el registro interno se asentarán además, las marcas distintivas a que se refieren los artículos 46 y 56 Bis de esta Ley.
Los permisionarios a que se refiere este Título están obligados a cumplir con las medidas de información, control y seguridad que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional, con sujeción a esta Ley.
Artículo 77. ...
I.Quienes adquieran o posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional;
II....
III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley. En este caso, además de la sanción, se asegurará el arma;
IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50 de esta Ley;
V. Quienes omitan dar el aviso a que se refiere el artículo 14 de esta Ley; y
VI. Los servidores públicos que omitan dar el aviso a que se refiere el artículo 18 de esta Ley.
...
Artículo 79. ...
Se equipara al delito de robo y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 370 del Código Penal Federal, al servidor público que asegure o recoja un arma y no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.
Artículo 82. Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien fabrique, venda, entregue, adquiera, intercambie o transfiera una o más armas de fuego, o sus piezas, componentes, cartuchos o municiones sin el permiso correspondiente.
Las penas señaladas en el párrafo anterior aumentarán en una tercera parte cuando dichos objetos no cuenten con marcas distintivas en los términos que señalan los artículos 46 y 56 Bis de esta Ley.
La reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al artículo 85 Bis de esta Ley.
Artículo 84....
I.Al que participe en la exportación o introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, sus piezas y componentes, así como municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta Ley;
II.y III. ...
Las penas señaladas en el presente artículo aumentarán hasta en una mitad cuando las armas de fuego, sus piezas, componentes, cartuchos o municiones no cuenten con marcas distintivas en los términos que señalan los artículos 46 y 56 Bis de esta Ley.
Artículo 84 Bis. Al que exporte o introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, o sus piezas, componentes cartuchos o municiones, se le impondrá de tres a diez años de prisión.
...
Artículo 85 Bis.
I. A quienes fabriquen o ensamblen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;
II. A los comerciantes en armas que sin permiso vendan, entreguen, adquieran, intercambien o transfieran los objetos a que se refiere la fracción I;
III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea;
IV. A quienes fabriquen o ensamblen armas de fuego utilizando piezas, componentes, cartuchos o municiones que no cuenten con marca distintiva, ni con un documento que acredite su legítima procedencia;
V. A los fabricantes de armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones que omitan asentar en ellas la marca distintiva a que se refiere el artículo 46 de esta Ley;
VI. A quien altere, modifique o suprima una marca distintiva, o imponga una falsa a un arma de fuego, piezas, componentes, cartuchos o municiones;
VII. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que no cuente con el registro a que se refiere el artículo 73 de esta Ley;
VIII. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que deliberadamente imponga a un arma de fuego una marca distintiva que no concuerde con su registro interno;
IX. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que dolosamente omita notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional sus registros, operaciones o transacciones relacionadas con armas de fuego, o cuando la información que proporcionen sea falsa o deliberadamente incompleta; y
X.Al fabricante, comerciante, exportador o importador que falsifique sus registros o los permisos o autorizaciones para fabricar, importar, exportar, venta de las armas de fuego, piezas, partes componentes, cartuchos y municiones.
Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del presente artículo, no se considerarán falsas las marcaciones o remarcaciones que haga la Secretaría de la Defensa Nacional a las armas aseguradas o decomisadas.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso de Baja California.
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Por este conducto, me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la honorable XXII Legislatura constitucional de Baja California, celebrada el 9 de marzo del año en curso, se aprobó remitir al Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 74, 108, 111 y se deroga el 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al fuero constitucional, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se aprueba al Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61. (...)
El presidente de cada Cámara velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. a IV. (...)
V. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución.
VI a la IX. (...)
Artículo 108. (...)
Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal electoral, los consejeros de la judicatura federal, los secretarios de Despacho, el fiscal general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional electoral, así como contra gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de la Judicaturas locales, y los miembros de los órganos a los que las Constituciones locales otorgue autonomía, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, bastará con la notificación de vinculación a proceso que realice el juez que conozca de la causa penal, al servidor público de que se trate en términos de la ley, para que proceda de inmediato a la separación temporal del servidor público en los términos de ley, durante el tiempo que dure el proceso penal.
Una vez notificado el servidor público de que se trate, el juez de la causa deberá realizar la notificación a los titulares de los órganos de control correspondiente y tratándose de la Cámara de Diputados, la de Senadores o de los Congreso de las entidades federativas, deberá darse parte también al presidente del órgano correspondiente.
El servidor público que se encuentre sujeto a proceso penal, únicamente podrá ser separado del cargo si se trata de delitos catalogados como graves de conformidad con esta Constitución. En este caso el juez de la causa procederá a la separación del cargo, salvaguardando sus derechos.
En el caso de los servidores públicos de elección popular, el presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o de la Legislatura local de que se trate, hará la declaratoria de separación temporal del cargo, en los términos de su Ley Orgánica.
Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el servidor público inculpado que haya sido separado, podrá reasumir su función, en el caso de los representantes de elección popular y los de designación por cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o de Congreso de la entidad federativa correspondiente; solo reasumirán su cargo, si aún no ha fenecido el plazo por el cual fueron electos designados.
Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, se procederá de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución de Penas para que cumpla su sentencia.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como de los Congresos de las entidades federativas, son inatacables.
Las sanciones penales se aplicarán con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
Por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos el artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores, resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Artículo 112. Se deroga.
Artículo Transitorio
Único. Aprobadas que sean las presentes reformas por este Congreso de Baja California, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la presente iniciativa al Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda.
Sin otro particular, y agradecimiento de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Mexicali, Baja California, a 9 de marzo de 2017.— Diputado Ignacio García Dworak (rúbrica), Presidente del Congreso del Estado.»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso de Baja California Sur.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, el Honorable Congreso del estado aprobó un Punto de Acuerdo (se anexa copia) consistente en el siguiente resolutivo:
Único. El Congreso del estado de Baja California Sur remite, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que concede a las Legislatura de los estados el derecho de iniciar leyes o decretos, al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando se inicie el trámite que corresponda.
Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
La Paz, BCS, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Maritza Muñoz Vargas (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»
«Congreso de Baja California Sur.
Iniciativa con Punto de Acuerdo
Diputado Edson Jonathan Gallo Zavala, Presidente de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año ee Ejercicio constitucional de la XIV Legislatura al Honorable Congreso del estado de BCS.— Presente.
Honorable asamblea
Edson Jonathan Gallo Zavala, en mi carácter de diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la XIV Legislatura al Honorable Congreso del estado de Baja California Sur, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 57, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y 101, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, someto a consideración de esta honorable asamblea, Punto de Acuerdo mediante el cual se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de motivos
El principio jurídico de igualdad supone que todas las personas son sujetos a derecho en la misma medida, y consecuentemente reciben de la ley la misma protección y las mismas prerrogativas.
En nuestro país tenemos una deuda en esta materia con nuestros ciudadanos, nuestras leyes, ya que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la del estado de Baja California Sur, otorgan a determinados servidores públicos, prerrogativas que no son concedidas a todos los .ciudadanos del país y de nuestro estado, una de ellas, se reconoce de manera común, como fuero constitucional, al que podríamos llamar también fuero político, el que indudablemente constituye un ataque al principio de igualdad ante las leyes y una figura jurídica que permite la impunidad, pues mientras el ciudadano común es perseguido y sometido a proceso penal sin trámite previo, que no sea el investigatorio, el servidor público que goza de esta prerrogativa no podrá ser sometido a proceso penal, a menos que exista declaratoria de procedencia que emita el Legislativo.
El fuero tiene su origen en la Asamblea Nacional francesa en 1790, estableciéndose el día 26 de junio de ese año la facultad del cuerpo legislativo para decidir si conceder o no autorización para procesar a un parlamentario, en razón de que existía desconfianza de un Poder Judicial contrarrevolucionario, reaccionario y notoriamente dominado por el antiguo régimen, por lo que, mediante esta figura, se garantizaba, que la composición originaria de la Cámara fuera respetada, denegando la petición de procesamiento de los parlamentarios, si ésta era motivada por persecución política.
En México, el fuero constitucional fue consignado en los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de 1917, cuyo texto original disponía, en relación al primero: “No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la federación por los delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el empleo, cargo o comisión pública, que hayan aceptado durante el período en que, conforme a la ley, se disfrute de fuero”, mientras que en el segundo, se establecía el procedimiento de desafuero para los delitos del orden común cometidos durante el encargo público.
En nuestra Constitución de 1917 nace el fuero constitucional no precisamente en los términos establecidos por la Asamblea Francesa de 1790, pues mientras ésta sólo protegía a los parlamentarios con el propósito de que no fueran procesados con motivos políticos a efecto de garantizar la composición de la Cámara, la Constitución de 1917 protegía a los altos funcionarios de la federación, no sólo a los legisladores.
En la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos contiene disposiciones relativas a la declaratoria de procedencia, que no es otra cosa que a lo que en antaño se le llamo desafuero, cuyo término sigue utilizándose de manera coloquial, para referirse a la posibilidad de que los servidores públicos que gozan de esta prerrogativa, puedan ser procesados durante su encargo, y al que podemos definir como: el acto del Poder Legislativo mediante el que resuelve a petición del Ministerio Público, si los servidores públicos que señala la Constitución serán o no puestos a disposición de la autoridad judicial, a fin de que sean procesados y juzgados por delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, lo que no implica prejuzgar sobre su posible responsabilidad.
La Constitución General de la República, en relación con la declaración de procedencia, establece en el artículo 111, párrafo primero, que: “Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la república, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Debemos precisar que, además de este fuero constitucional, que se refiere a que los servidores públicos que se enumeran en la Constitución General de la República, los diputados federales y senadores de la república gozan del fuero parlamentario, el cual consiste en que son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, disponiéndose en los artículos 61 de la Constitución General de la República, lo siguiente:
“ Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.”
Ahora bien, es indudable que los ciudadanos del estado y de la república se han manifestado en contra de que siga persistiendo la figura jurídica del fuero constitucional, porque esto implica una notable desigualdad.
Los ciudadanos que no gozan de estas prerrogativas y que son sometidos a procesos penales sin mediar ningún procedimiento previo que no sea la denuncia, su ratificación y la investigación del probable delito, no entienden por qué algunos servidores públicos no pueden ser juzgados o procesados en los mismos términos en los que ellos lo son, sino que además de la denuncia o querella, su ratificación e investigación de la conducta y probable responsabilidad, se requiere de una declaratoria emitida por el Poder Legislativo para proceder en su contra, lo que además, dicen, constituye una forma de evadir responsabilidades penales y de facilitar la impunidad, y que en la mayoría de los casos beneficiará a quienes ostentan la mayoría parlamentaria o el poder.
El origen de esta iniciativa es la creciente inconformidad ciudadana en contra de estas prerrogativas. Por ello, atendiendo sus peticiones, las que mayoritariamente son en contra del fuero constitucional, propongo esta iniciativa, cuyo objetivo es el de que sean excluidas todas aquellas disposiciones que otorgan esta prerrogativa a los servidores públicos, con lo que estaremos sin lugar a dudas estableciendo la pauta para lograr la igualdad jurídica de todos los ciudadanos mexicanos.
Quiero que quede bien claro, que el objetivo de estas reformas es la extinción del fuero constitucional, a fin de que los servidores públicos que cuentan con él puedan ser procesados por los delitos que cometan durante su encargo, sin que sea necesaria la declaración de procedencia a que se refieren el mismo artículo 111 de la Carta Magna . Sin embargo, ello no implica que los diputados federales y senadores pierdan el fuero parlamentario, que, como lo he explicado en párrafos anteriores, consiste en la inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, por las que jamás podrán ser reconvenidos, prerrogativa que en nuestro concepto debe conservarse, pues, tal y como lo dispuso la Asamblea Nacional francesa en 1790, garantiza que los legisladores no sean acusados por motivos políticos durante el desempeño de su encargo.
Es por ello que proponemos Iniciativa con Punto de Acuerdo, que contiene Iniciativa con proyecto de decreto, para que en uso de las facultades que otorga a esta Legislatura la Constitución General de la República en su artículo 71, fracción III, sea remitida al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la iniciativa que contiene reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando a la honorable Asamblea su voto aprobatorio para el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Congreso del estado de Baja California Sur remite, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que concede a las Legislatura de los estados el derecho de iniciar leyes o decretos, al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando se inicie el trámite que corresponda para el siguiente:
Proyecto de Decreto
Se reforma el segundo párrafo del artículo 61, el artículo 111 y se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma el último párrafo del artículo 7, se reforman los artículos 31, 36 y 38 y se derogan los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y se reforma el último párrafo del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 61, el artículo 111 y se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se reforma el segundo párrafo del artículo 61, el artículo 111 y se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61. ...
El presidente de cada Cámara velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra el presidente de la república, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la república, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, sólo se requerirá la presentación de la denuncia o querella correspondiente y que ésta sea ratificada.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo.
Ejercida la acción penal en contra del inculpado, éste de manera inmediata será separado de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
Artículo 112. Se deroga.
Artículo Segundo. Se reforma el último párrafo del artículo 7, se reforman los artículos 31, 36 y 38 y se derogan los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se reforma el último párrafo del artículo 7, se reforman los artículos 31, 36 y 38 y se derogan los artículos 25, 26, 27, 28 Y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 7. ...
De la I a la VII ...igual
VIII. ...
...
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo.
Capítulo IIIProcedimiento para la declaración de procedencia
Artículo 25.Se deroga.
Artículo 26.Se deroga.
Artículo 27.Se deroga.
Artículo 28.Se deroga .
Artículo 29.Se deroga.
Artículo 31. Las Cámaras enviarán por riguroso turno a las Secciones Instructoras las acusaciones que se les presenten.
Artículo 36. Tanto el inculpado como el denunciante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva o ante las Cámaras.
...
...
Artículo 38. Las Cámaras no podrán erigirse en Jurado de Sentencia sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor y el denunciante han sido debidamente citados.
Artículo Tercero. Se reforma el último párrafo del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se reforma el último párrafo del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 45.
Del punto 1 al 6 ...igual
7. ...
Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político, sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Dado en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón” del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, a los dieciséis días del mes de marzo del año 2017.— Diputado Edson Jonathan Gallo Zavala, integrante de la XIV Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Han solicitado el uso de la palabra diversos diputados para llevar a cabo intervenciones. Sonido, por favor en la curul de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos.
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos(desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero hacer mención a todos los legisladores de esta Cámara, que el día de ayer perdió la lucha por la vida, la maestra Cecilia Solís Flores, tras permanecer más de dos meses luchando en un hospital de la localidad de Monterrey.
Después del suceso lamentable sucedido en el Colegio Americano del Noreste, que todos ustedes y nosotros sabemos lo que sucedió, quiero a nombre de la fracción parlamentaria del PRI y muy especialmente de los compañeros legisladores de Nuevo León, dar las más sentidas condolencias a la familia de la maestra, quien ha mostrado ser un ejemplo de maestra, al tener momentos de lucidez y en un muy puro acto de amor perdonó a su alumno agresor y pidió orar a todos por él.
Es por eso que nos sumamos todos unidos a darle el bálsamo que requiere la familia para que salga adelante de esta sensible pena. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cavazos. Quedan asentadas sus expresiones. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Patricia Aceves Pastrana.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana(desde la curul): Presidenta, como presidenta de la Comisión Especial de Autismo de esta Cámara de Diputados, deseo hacer mención que el próximo 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Esta efeméride tiene como propósito promover el desarrollo de una cultura sobre el autismo, a fin de mejorar las condiciones de los ciudadanos que presentan este trastorno y también promover la inclusión de las personas que presentan esta discapacidad con el propósito de que puedan desarrollarse en su infancia dentro de las escuelas, dentro de comunidades escolares, que sean conscientes y que sean inclusivas y también en su edad adulta dentro de los empleos en los que puedan desarrollarse y funcionar plenamente.
Se estima que en México existen alrededor de 400 mil niños con autismo. Esta cifra es una cifra sumamente elevada y es una alarma —digámoslo así— que tenemos en el sistema de salud y se tiene que atender. Es urgente que se atienda porque todos sabemos que en la actualidad no se está haciendo nada; ni siquiera hay un presupuesto destinado a atender a las personas con este trastorno.
Desde aquí quiero expresar mi reconocimiento a las instituciones y organizaciones que participarán en la marcha que se llevará a cabo el domingo en pro de las personas con autismo que se realizará aquí en la Ciudad de México.
También quiero expresar mi respeto a las familias y a los ciudadanos que presentan autismo. Deseo resaltar que ellos llevan a cabo día con día una lucha muy fuerte en contra de la discriminación y también desarrollan esfuerzos —tanto ellos como sus familiares— para poder adaptarse y ser funcionales. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputada Patricia Aceves. Sonido por favor en la curul del diputado Nicanor Martínez Olguín.
El diputado Nicanor Martínez Olguín(desde la curul): Buenas tardes, diputada presidenta, muchas gracias por darme la palabra. Quiero condenar y expresar nuestro apoyo al reportero Armando Arrieta Granados, jefe de Redacción de uno de los periódicos más importantes de la zona norte del estado de Veracruz, del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien el día de ayer fue víctima de un lamentable atentado. Afortunadamente sigue con vida.
Desde aquí exijo que se le brinden todas las garantías para salvaguardar su integridad física y de la de su familia. Así también pido al gobierno federal que envíe la gendarmería al municipio de Poza Rica, Veracruz, para garantizar la seguridad de todos sus habitantes y se establezca un operativo específico para la protección de todos los periodistas, en particular de aquellos que están siendo amenazados.
También mi más enérgico rechazo. Debemos de detener estas atrocidades contra la libertad de expresión. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Pedro Luis Noble; queda asentada su expresión. Sonido, por favor; perdón, Nicanor Martínez, queda asentada su expresión. Sonido, por favor, en la curul del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Gracias, presidenta. Es para, primero, reconocerle a la directiva, a usted, que haya cumplido con lo que dice la Constitución de la República, con la Ley Orgánica y con el Reglamento de la Cámara de Diputados, al respetar y hacer valer el principio de inviolabilidad del recinto parlamentario.
Como dice la ley, el Reglamento, el recinto no es únicamente el salón de plenos, es cada uno de los edificios desde la reja exterior hasta donde está la Presidencia de la Cámara; por eso el reconocimiento a ese ejercicio republicano de respeto a los poderes y a lo que usted pudo privilegiar respetando el principio de inviolabilidad.
Segundo, para comentar que lo que se ha dicho en medios de comunicación, diversos, me refiero a los de Chihuahua que han tenido una caja de resonancia nacional, la falta de apoyo al gobierno de Chihuahua no es tal. En el propio decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, se contienen sumas que rebasaron a las del año pasado en 5.7 por ciento. Y esto lo hago porque Ciudad Juárez, donde tenemos familia, están verdaderamente aterrados por lo que está pasando.
Yo quiero desde aquí invitar, no exhortar, invitar al gobernador Javier Corral, a que haga un trabajo de coordinación y colaboración intergubernamental con los municipios, con la federación, en un marco de federalismo, y que dejemos ya de frivolidades y de crear cortinas de humo como la que vimos recientemente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputado Noble. Sonido, por favor, en la curul del diputado Jorge Ramos.
El diputado Jorge Ramos Hernández(desde la curul): Sí, presidenta, para el mismo tema. Coincidir en la urgente necesidad que existe de generar una verdadera coordinación entre los tres órdenes de gobierno para estabilizar Chihuahua y en particular Ciudad Juárez.
Pero es importante dejar muy claro que el nuevo gobierno heredó estructuralmente un problema de seguridad de fondo; que en un gobierno municipal hace aproximadamente dos trienios habíamos logrado pacificar Ciudad Juárez, y se había —con estrategias del Gobierno federal anterior— hecho inversiones que no tienen precedente en ningún otro sexenio para el estado.
No se trata de exculpar al nuevo gobernador, ni tampoco se trata de inculpar al anterior gobierno; se trata de concentrarnos en el problema fundamental de Chihuahua de que se requiere unidad de todos los partidos y no medrar con el tema de seguridad. Se trata de darle apoyo al nuevo gobernador que ha demostrado independencia, carácter y resolución para poder estabilizar ese estado, y sobre todo, para que quienes contribuimos con Ciudad Juárez hace seis años para estabilizarla, sin importar partidos ni colores; hoy exigimos lo mismo de otros partidos con nuestro gobernador. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Jorge Ramos. De igual manera queda asentada su expresión en el Diario de los Debates. Sonido, por favor, en la curul del diputado Fernando Moctezuma.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Amigas y amigos diputados, es necesario hacer una recomendación a todas los titulares de las áreas de la SCT y particularmente Caminos y Puentes, en relación a que cuando existe un accidente en carretera federal, en las casetas hay posibilidades de informar a los usuarios de las carreteras si existe algún bloqueo, algún accidente, y tal parece que no se hace, pues para que nadie deje de desviarse u omitir el pago de las casetas.
Lo digo porque en muchas ocasiones a varios usuarios les ha venido pasando, y se enteran vía electrónica, pero ya casi en el momento en donde ya queda uno entrampado en el accidente, y esto hace que afecte a miles de familias, en algunos casos se han perdido vidas por quedarse atorados en ese lugar y no dan margen de maniobra.
Solicito a través de la representación en la Cámara de Diputados, sea tomado esto en cuenta para evitar en lo sucesivo que estas áreas que pueden ser de utilidad, de información, no nada más casetas de cobro, para que informen a la sociedad previo a la toma de esa vía tan importante, de acceso para las comunicaciones, se les informe a todos los usuarios y evitemos precisamente, este tipo de asuntos.
Hoy por la mañana, lo acabo de vivir, dos horas y media entrampado en el mexiquense, por un accidente que sucedió a las 7:00 de la mañana y todavía no había información relacionada con el despeje del área. Así como a nosotros le pasa a muchísima gente.
Solicito amablemente, a través de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sea tomado este punto para hacerlo llegar a las autoridades competentes. Muchas gracias, presidenta. Muy amables.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Fernando Moctezuma. Sonido, por favor, en la curul del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco(desde la curul): Gracias, presidenta. El día de ayer se consignó en los medios de comunicación que fue detenido en los Estados Unidos el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, acusado por tres delitos de narcotráfico; y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha pedido decomisar algo así, a este exfuncionario, como 250 millones de dólares que en pesos mexicanos representarían más menos cinco mil millones de pesos.
Lo grave es que a estas alturas la PGR no ha dado ningún sentido de declaración y no sabemos si tiene alguna investigación en este caso, que nos parece delicado. Sorprende también que el gobernador del estado de Nayarit haya señalado que las acusaciones que se le están haciendo a su funcionario son especulaciones y que incluso no se trata de delitos nacionales o estatales.
Desde aquí le hacemos un llamado enérgico al procurador de la República, para que investigue al gobernador de Nayarit y a toda la red de corrupción que seguramente tejió este fiscal, para que se haga justicia, porque no es posible que de un alto funcionario como el fiscal de Nayarit no tuviera conocimiento el gobernador de sus actividades ilícitas. Y tampoco es posible que el procurador de la República tenga iniciada ninguna investigación.
Somos vergüenza internacional porque es el gobierno norteamericano el que sí investiga la corrupción y a los delincuentes y narcotraficantes políticos de este país. Desde aquí le reiteramos al procurador que haga su trabajo. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Víctor Manuel Sánchez. Queda asentada su expresión en el Diario de los Debates. Continuamos con el orden del día de la sesión.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY GENERAL DE CULTURA
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura, suscrita por las diputadas Lorena Corona Valdés, Lia Limón García, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Paola Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud, y 33 de la Ley General de Educación.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela: Con su permiso, diputada Presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, audiencia del Canal del Congreso, a quienes nos siguen por los medios de las redes sociales, al público en general.
Nutrirse significa aportar los insumos necesarios para darle fuerza al cuerpo, no para restarle. Si la primera riqueza que tenemos las personas es la salud, esta se deberá en gran medida a una alimentación de calidad.
A pesar de los avances que hemos tenido en materia de alimentación en nuestro país nos enfrentamos ante el doble reto de solucionar el problema de la desnutrición por un lado, y de la obesidad infantil por el otro.
De acuerdo con datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, mientras que la desnutrición crónica en niños de cinco a 14 años es de 7.25 por ciento, esto en las zonas urbanas, porque la cifra se duplica en las zonas rurales.
Tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad afectan de manera importante el desarrollo y crecimiento de nuestras niñas, niños y adolescentes, así como en su autoestima. Además, la desnutrición los hace más susceptibles de contraer enfermedades y aumenta el riesgo de muerte, mientras que el sobrepeso y la obesidad contribuyen a desarrollar diabetes, problemas cardio-vasculares, cáncer, depresión, enfermedades musculares y articulares, fragilidad en los huesos, hipertensión arterial y altos niveles de colesterol. Esto desde la adolescencia hasta la edad adulta.
Niños, niñas y adolescentes se exponen diariamente a la ingesta de alimentos de alto contenido en grasas, sodio, azúcares y otros edulcorantes calóricos dentro de la escuela y en la propia dieta familiar, donde las diversas culturas, hábitos y costumbres alimentarias se van transmitiendo de padres a hijos, desde la manera en que se seleccionan y preparan los alimentos hasta la forma en la que se consumen.
En este contexto, resulta una tarea primordial cerciorarse y vigilar en cada una de las escuelas que se promueva la ingesta de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta y que disminuyan los riesgos de obesidad, sobrepeso y una alimentación no adecuada. Además, se gasta la tercera parte de los recursos destinados a salud en el tratamiento de la obesidad y las enfermedades que se derivan de estas, habiéndose aumentado el costo directo del tratamiento por un 61 por ciento solamente del año 2000 al 2008.
La asistencia social es un derecho de todas y de todos los mexicanos, corresponde al Estado garantizar su cumplimiento a través de instrumentos, como la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social.
Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia (DIF), es la entrega de apoyos alimentarios y orientación a la población de escasos recursos, así como aquella que habita en zonas marginadas.
Considerando que la alimentación es uno de los factores que determinan el crecimiento y el desarrollo de nuestras niñas y de nuestros niños y que los hábitos alimenticios, ya sean correctos o no, se mantendrán durante toda la vida, podremos afirmar que los desayunos escolares son una de las mayores áreas de oportunidad que existen en la batalla contra la desnutrición y la obesidad infantil.
Por esta razón, someto a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud y el artículo 133 de la Ley General de Educación, con el propósito de procurar y fomentar entre la población una alimentación rica y sana. Esta propuesta busca fomentar el consumo de alimentos saludables, tanto en los hogares como en las escuelas, considerando primero aquellos de mayor y más alta calidad proteica, que además se producen de manera local, como lo son los de origen acuático.
Resulta relevante destacar que los pescados y mariscos, tanto de captura directa como de cultivo deben ser incluidos tanto en la dieta familiar como en los programas escolares, pues de esta manera se contribuirá a subsanar, y en mucho, el déficit nutricional que existe en nuestro país.
En este sentido, el consumo de pescados y mariscos resulta benéfico, pues son ricos en proteínas de alto valor nutritivo, fuente valiosa de ácidos, omega 3, que reducen el colesterol y los triglicéridos, poseen un bajo contenido en grasas y una alta en proteínas y minerales, necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Son ricos, además, en vitaminas liposolubles A, D, E, y en vitaminas hidrosolubles, como la B6 y la B12, indispensables para el crecimiento y desarrollo. Además, se dirigieren con mayor facilidad que las carnes y son bajos en sodio.
De tal manera, que esta medida busca, entre otros objetivos, procurar una alimentación apropiada para la población en lo general y en lo particular para los alumnos del sistema de educación básica, al reglamentar la incorporación de alimentos sanos y ricos en nutrientes producidos localmente, tanto en los hogares como en los centros educativos.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar la salud y la alimentación de nuestras niñas, niños y adolescentes, garantizando un adecuado crecimiento y desarrollo que los convierte en adultos sanos y productivos.
Apoyar esta iniciativa significa pues, en primer lugar, mejorar la dieta de los estudiantes de educación básica a través de los desayunos escolares. En segundo lugar, enseñar a las familias mejores hábitos alimenticios. Y en tercer lugar, fomentar la producción local de alimentos sanos y ricos en nutrientes, como los pescados y mariscos.
Compañeras y compañeros diputados, les pido su voto para asegurar una alimentación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes, así estaremos vaticinando hoy con mucha certeza un México sano mañana.
Dijera Thomas Alva Edison que los médicos del futuro no tratarán la enfermedad con medicinas, sino las curarán con nutrición. Si legislar es prevenir, nosotros estamos a tiempo de garantizar una vida sana para las y los mexicanos más jóvenes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
«Iniciativa que reforma los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada Pola Iveth Gárate Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud y el artículo 33 de la Ley General de Educación, con el propósito de procurar y fomentar entre la población una alimentación rica y sana, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosEn México, garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos y bebidas que faciliten una nutrición correcta en las escuelas, es responsabilidad del sector público y de la sociedad en general.
Cerciorarse y vigilar que en cada escuela se promueva la ingesta de alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta y que disminuyan los riesgos de obesidad, sobrepeso y una alimentación no adecuada, es una tarea prioritaria.
Tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad afectan el crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como su autoestima. Además, la desnutrición los hace más susceptibles de contraer enfermedades y aumenta el riesgo de muerte, mientras que el sobrepeso y la obesidad contribuyen a desarrollar diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer, depresión o problemas musculares y articulares, fragilidad en los huesos, hipertensión arterial y altos niveles de colesterol desde la adolescencia y en la edad adulta.
Los alumnos se exponen a la ingesta de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares y otros edulcorantes calóricos y sodio dentro de la escuela y desde la propia dieta familiar, en la que la cultura y los hábitos o tradiciones alimentarias frecuentemente se basan en conocimientos adquiridos por experiencias y costumbres de cada comunidad. Estos conocimientos y costumbres se aplican y transmiten de familia a hijos y van desde la manera en que seleccionan y preparan los alimentos hasta la forma en que se consumen.
La coordinación interinstitucional entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los sistemas estatales del organismo, impulsada a partir del año 2001, ha permitido la definición de programas y acciones encaminados a brindar asistencia social alimentaria y fortalecer el desarrollo comunitario de la población vulnerable. La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria es el principal resultado de ello, y sus lineamientos constituyen el instrumento de coordinación más importante al respecto. (Gobierno Federal, SEP y SALUD, 2010).
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, establecen que, en 2014, una de cada dos niñas, niños y adolescentes en México era pobre y uno de cada nueve se encontraba en pobreza extrema.
Un 53.9 por ciento de la población de 0 a 17 años de edad (21.4 millones) carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales (educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la adecuada alimentación). Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
El 11.5 por ciento de la población infantil y adolescente en el país (4.6 millones) se encontraba en pobreza extrema, al tener carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insuficiente para adquirir los alimentos necesarios a fin de disponer de los nutrientes esenciales. En 2014, tres de cada diez personas de 0 a 17 años de edad, si bien no estaban en pobreza, eran vulnerables por carencias sociales o por ingreso.
La asistencia social es un derecho de todos los mexicanos y corresponde al Estado garantizar su cumplimiento a través de instrumentos como la Ley General de Salud, Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social. Esta última confiere al Sistema DIF, la facultad de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y fijar las bases sobre las cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones del mismo, integrado, entre otras instancias, por los Sistemas Estatales y Municipales. Con estos, el SNDIF se coordina para la operación de programas, prestación de servicios y la realización de acciones en materia de asistencia social. En este contexto, uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos alimentarios y orientación correspondiente a la población de escasos recursos, así como a aquella que habita en zonas marginadas .La historia de este tipo de apoyos se remonta a 1929 con el programa “Gota de Leche”, que a fines de los años setenta el DIF retoma con los Programas de Raciones Alimentarias y de Asistencia Social Alimentaria a Familias en Desamparo. Hasta 1997 operaron de manera centralizada desde el SNDIF.
A partir de la descentralización de los programas alimentarios en 2001, el SNDIF convocó a los SEDIF para desarrollar un proyecto de coordinación de aquellos, a través de comisiones de trabajo. El resultado fue el desarrollo de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria que reúne una nueva estructura de cuatro programas con actividades de focalización, orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad. El principal objetivo de la estrategia fue, hasta 2007, el de contribuir a mejorar el estado de nutrición de los sujetos de asistencia social, el cual ha evolucionado de acuerdo al contexto actual de salud y nutrición.
La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, está conformada por cuatro programas, a saber:
1. Desayunos escolares: cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes, desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos,
2. Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados: que busca contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria que incluyan prácticas de higiene a sus padres,
3. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables: que tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos, y;
4. Asistencia alimentaria a familias en desamparo: cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de las familias en condición de emergencia, a través de apoyos alimentarios temporales, diseñada con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad alimentaria. (DIF Nacional, 2016).
La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la persona es la infancia, y la alimentación es uno de los factores más importantes que determina el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. Las necesidades de los menores van variando dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del grado de maduración de cada organismo, de la actividad física, del sexo y también de la capacidad para utilizar los nutrientes de los alimentos consumidos durante la infancia. Es por eso que una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar permiten a la niña y al niño crecer con salud. De esta forma, adquirir una educación alimentaria nutricional, debe ser uno de los principales objetivos para familias y docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit como por exceso, puede tener resultados indeseados a corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que en la infancia es cuando se comienzan a formar los hábitos alimenticios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida. La población infantil es un grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero también especialmente receptivo a cualquier modificación y educación nutricional, por lo que la merienda y el almuerzo escolar pueden y deben ser, una oportunidad para que en el día a día, niñas y niños conozcan de forma práctica las recomendaciones para una alimentación y nutrición saludables y mantener así una buena salud y estado nutricional adecuado mediante la práctica de hábitos alimentarios saludables.
En razón de estas consideraciones, podemos enunciar en consecuencia que los desayunos escolares son una de las mayores áreas de oportunidad que existen en la batalla contra la obesidad infantil.
En otro orden, es preciso referir que México tiene la segunda tasa más alta de obesidad y sobrepeso entre adultos en todo el mundo. Desde 2008, la prevalencia del sobrepeso se ha triplicado, afectando a un 70 por ciento de la población adulta, (Gutiérrez et al., 2012). Un tercio de los niños y de los adolescentes está en sobrepeso. A la vez, el rezago de talla para la edad afecta a un 13.6 por ciento de los menores de cinco años y cerca de 2.1 millones de niños (23.3 por ciento) padecen de anemia crónica, (Gutiérrez et al., 2012). El tratamiento de las enfermedades atribuibles por comer poco saludable drena los recursos, habiéndose aumentado el costo directo del tratamiento en hasta un 61 por ciento del 2000 al 2008. En este mismo año, un tercio del gasto público federal en salud fue destinado a cubrir las consecuencias del sobrepeso entre la población.
Frente a este panorama y en lo que corresponde a la materia motivo de la presente iniciativa, debemos precisar que, dado el enorme valor proteico de productos de origen acuático, en esencia pescados y mariscos, tanto de captura directa como de cultivo, deben ser considerados a incluir, así en la dieta familiar como en los programas escolares, toda vez que ello habría de contribuir a subsanar y mucho el déficit nutricional que nuestro país registra.
Existe en favor de ello no sólo una tradición gastronómica, sino también la capacidad productiva suficiente en amplias regiones de la República Mexicana. Vocaciones ambas para incentivar el consumo de alimentos de origen acuático.
En conclusión, la presente propuesta busca fomentar el consumo de alimentos ricos y sanos tanto en el ámbito del hogar como en los centros escolares, considerando en principio a aquellos de mayor calidad y cantidad proteica y que se producen en las regiones, como son los de origen acuático.
La medida pretende entre otros objetivos, procurar una alimentación apropiada para la población en general y en lo particular para los alumnos del sistema educativo nacional básico, al preceptuar la incorporación de la producción local de alimentos sanos y ricos en nutrientes, dentro no únicamente de la dieta que regularmente se sirva en el hogar, sino también en aquella que se brinde a los menores de edad en los centros educativos.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud y el artículo 33 de la Ley General de Educación
Artículo Primero. Se modifican el párrafo segundo del artículo 114 y la fracción VII del artículo 115, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición con base en la producción alimenticia local, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
De la I. a la VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. Tratándose de productos de origen acuático de consumo local, se indicarán los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
De la VIII. a la XI. ...
Artículo Segundo. Se modifica la fracción XVII del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
De la I. a la XVI. ...
XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, consideradas en éstas organismos de producción pesqueros y acuícolas, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.
TransitorioArtículo Único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
Coneval. (22 de julio de 2016). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Obtenido de http://www.coneval. org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
DIF Nacional. (27 de julio de 2016). DIF Nacional. Obtenido de http://sn.dif.gob.mx/transparencia/transparencia-focalizada/estrategia-integral -de-asistencia-social-alimentaria/
El Heraldo de San Luis Potosí. (5 de Enero de 2016). Entrega DIF Municipal 200 mil desayunos escolares en 3 meses.
Elika para el consumidor. (25 de Julio de 2016). Elika para el consumidor. Obtenido de http://www.elika.eus/consumidor/es/preguntas_beneficios_pescado.asp
Gobierno Federal, SEP y SALUD. (2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y obesidad. México.
NTR Periodismo crítico. (9 de junio de 2011). NTR Periodismo crítico. Obtenido de http://ntrzacatecas.com/2011/06/09/renuevan-desayunos-escolares/
Salcido, G. T. (2014). Los sistemas agroalimentarios y el consumo local. México: Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.
UPSOCL. (23 de julio de 2016). UPSOCL. Obtenido de http://www. upsocl.com/cultura-y-entretencion/16-almuerzos-escolares-alrededor-del-mundo-qu e-nos-muestran-las-diferencias-culturales-y-culinarias/
World Food Programme y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (2014). México: Desayunos Escolares. World Food Programme.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.— Diputadas y diputados: Paola Iveth Gárate Valenzuela,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Delia Guerrero Coronado, Edith Villa Trujillo, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Santos Garza Herrera, Víctor Manuel Silva Tejeda, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Paola Gárate Valenzuela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con la venia de la Presidencia. Saludo con agrado a todas las compañeras y compañeros legisladores. El combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupción debe ser una prioridad estratégica para la seguridad y la procuración de la justicia en nuestro país.
La experiencia internacional ha demostrado a lo largo de varias décadas que esto no es suficiente. Y no es suficiente limitarse solamente a la persecución de aquellos delitos en los que pueden incurrir las personas que tienen dichas actividades. Lo que verdaderamente ha demostrado, en diversas latitudes, que ha dado resultado para abatir la criminalidad organizada y la de género de corrupción, ha sido la de incluir figuras legales tendientes a la recuperación de activos derivados de conductas ilícitas.
Tales instituciones se han consolidado en instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Trasnacional, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya redacción y suscripción obliga a los estados parte a desarrollar estrategias integrales para enfrentar dichos fenómenos.
El modus operandi es muy simple: tanto del crimen organizado como el de la corrupción es el de destinar los acervos ilícitamente obtenidos, formalizando, incluso, la propiedad de los mismos a favor de presta nombres individuales o corporativos.
No obstante esa formalización, ellos continúan siendo los beneficiarios finales de dichos bienes. Por eso, jurídicamente se les denomina como beneficiarios reales, dueños beneficiarios, a quien ostenta como dueño, entre algunas otras figuras, ya que se describe una situación de hecho, más no de derecho.
De lo anterior se desprende que el estándar probatorio de dicha acción sea distinto al penal, puesto que las acciones reales tienen otra naturaleza y otro tratamiento sustantivo y procesal. Situación que, por cierto, no se ve reflejado en la actual redacción del artículo 22 de nuestra Carta Magna.
El hecho de vincular el texto constitucional, la extinción de dominio a la acreditación de elementos del derecho penal es un grave error, ya que además de generar problemas operativos dentro de las procuradurías y las fiscalías, se impone desde la Constitución la necesidad de desarrollar una legislación parapenal que es inadecuada para los fines que se están buscando.
Lo anterior se ve reflejado en el fracaso que han tenido las autoridades federales en la aplicación de dicha figura. Tan solo de 2015 a 2016 se ganó un solo juicio por la cantidad de 90 mil pesos, cuando el fenómeno de lavado de dinero puede estar llegando a niveles de 50 mil millones de dólares, de acuerdo a las cifras de criminalidad económica.
La inclusión de la extinción de dominio, tal y como la planteo, no contradice en ningún momento la vigencia y la pertinencia del decomiso. La extinción de dominio es una acción que hace evidente el fraude a la ley y el engaño a la pretensión de consolidar acervos patrimoniales.
Este Congreso debe reforzar su exigencia al gobierno federal para que rinda cuentas en este aspecto. Pero adicionalmente este Congreso, al amparo de los principios constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de la garantía de audiencia, debe legislar para dotar de las herramientas necesarias a través de la modificación y la reforma del artículo 22 constitucional y de sus leyes reglamentarias en materia de extinción; puesto que como hoy está redactado, tiene fundamentos constitucionales erróneos que deben resolverse a la brevedad y de manera urgente, con el objetivo de desvincular en el texto constitucional la procedencia de la extinción de dominio del tema penal.
Lo anterior, por tratarse de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, con total independencia de la pena que se pudiera determinar por la comisión de un delito. Además, esta iniciativa propone que la acción sea imprescriptible a efecto de que no sea el simple transcurso del tiempo el que legitimice la posesión o la propiedad mal habida.
La presente reforma busca, entre otras cosas, cuatro objetivos preponderantes: el primero, el disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia; segundo, disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales; tercero, atender al interés y beneficio de la sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el producto que se obtenga de los mismos; cuatro, obtener recursos destinados a la reparación del daño de víctimas u ofendidos de la actividad ilícita.
Señoras y señores diputados, los esfuerzos para combatir al crimen organizado y a la corrupción no pueden quedarse en buenas intenciones. Hago un llamado a valorar esta propuesta, pues con ello estaríamos a favor de la legalidad, la justicia y el combate a los grandes lastres que aquejan a nuestro país. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Hernán Cortés Berumen, de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio, de conformidad con la siguiente
Exposición de motivosEl combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupción debe ser una prioridad estratégica para la seguridad y la procuración de justicia de nuestro país. La experiencia internacional ha demostrado a lo largo de varias décadas que no es suficiente y mucho menos eficaz, el concentrar los esfuerzos de las instituciones de seguridad el limitarse a la persecución de aquellos que incurren en dichas conductas delictivas. Lo que verdaderamente ha demostrado en diversas latitudes dar resultado para abatir la criminalidad organizada y la del género de corrupción ha sido el incluir figuras legales tendientes a la recuperación de activos derivados o puestos al servicio de conductas ilícitas.
Tales instituciones se han consolidado en e instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya redacción y suscripción obliga a los estados parte a desarrollar estrategias integrales para enfrentar dichos fenómenos que incluso se han llegado a convertir en un riesgo para la seguridad nacional de los estados.
En ese contexto, es que se desarrollan nuevas técnicas de investigación, siempre bajo la rectoría judicial, así como los ya mencionados mecanismos para la recuperación de activos. La recuperación de activos se ha colocado como la actividad central de orden estratégico a efecto de que los estados puedan reivindicar el estado de derecho frente a quienes han pretendido quebrantarlo y han generado cuantiosos acervos patrimoniales para sí y sus círculos criminales.
Una de las conductas que la criminalidad organizada y la de servidores públicos tienen en común, es precisamente la de operación con recursos de procedencia ilícita, conocida también como lavado de dinero. A través de esta, se pretende consolidar la finalidad económica del crimen y ocultar el origen criminal de los recursos derivados del mismo. El modus operandi, tanto del crimen organizado como el de la corrupción, es la de destinar los acervos ilícitamente obtenidos, formalizando incluso la propiedad de los mismos a favor de prestanombres individuales o corporativos, ya sea a través de propiedades o cuentas financieras. No obstante esa formalización ellos continúan siendo los beneficiarios finales del bien, por eso jurídicamente se les denomina: beneficiarios reales, dueños beneficiarios, quien se ostenta como dueño, etc., ya que se describe una situación de hecho, no de derecho.
Como respuesta a dicho fenómeno que se vale del engaño, el fraude a la ley, la utilización de prestanombres y empresas fachadas, es que la legislación desarrolla figuras como la extinción de dominio, fundamentándose en un principio del derecho perenne y categórico: del fraude no se pueden derivar efectos jurídicos.
Por las anteriores razones, es que la extinción no se hace respecto de la propiedad. Se persigue jurídicamente la cosa, con independencia de la titularidad formal y oficial. Por esa razón, es que la figura reconocida en el derecho internacional, permite la reversión de la carga de la prueba.
La acción de extinción de dominio no tiene como objetivo la represión de conductas penales, por lo tanto no puede verse como un castigo al delincuente. De lo anterior se debe seguir que el estándar probatorio de dicha acción sea distinto al penal. La pretensión punitiva tiene el más alto estándar dentro del orden de un estado. En cambio, las acciones reales tienen otra naturaleza y otro tratamiento sustantivo y procesal.
Dentro del derecho penal se encuentra la figura del decomiso que tiene vigencia y aplicabilidad. La inclusión de la extinción de dominio no contradice la pertinencia del decomiso. La extinción de dominio es una acción que hace evidente el fraude a la ley y el engaño en la pretensión de consolidar acervos patrimoniales.
El hecho de vincular, en el texto constitucional, la extinción de dominio a la acreditación de elementos del derecho penal, es un error que tiene repercusiones prácticas y técnicas. Lo anterior es así, ya que, además de generar problemas operativos dentro de las procuradurías y fiscalías, se impone desde la Constitución la necesidad de desarrollar una legislación para-penal que es inadecuada para los fines que se buscan.
El fracaso que han tenido las autoridades federales en la aplicación de la extinción de dominio, (en 2015-2106 solo se ganó un juicio por la cantidad de 90 mil pesos cuando el fenómeno del lavado de dinero puede estar llegando a niveles de 50 mil millones de dólares, de acuerdo a las cifras de criminalidad económica), tiene varios factores. Este Congreso debe reforzar su exigencia al gobierno federal para que rinda cuentas en este aspecto. Adicionalmente a lo anterior, es evidente que la extinción de dominio tiene fundamentos constitucionales erróneos que deben resolverse a la brevedad y de manera urgente. Es necesario desvincular en el texto constitucional la procedencia de la extinción del tema penal.
Actualmente la Constitución señala lo siguiente respecto de la Extinción de dominio:
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.”
Así, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en la cual se plasmó por primera vez esta figura, surgió la obligación de expedir la Ley Reglamentaria que regulará su procedimiento para solicitar la acción de extinción, tomando como base las reglas emitidas. En efecto, la extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal, y que no implica la imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del debido proceso.
Siguiendo la letra de la ley, con la aplicación del procedimiento de extinción se logran diversos fines relevantes:
1. Disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia;
2. Disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales;
3. Atender al interés y beneficio de la sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el producto que se obtenga de los mismos;
4. Obtener recursos destinados a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos de la actividad ilícita;
5. Entre otros.
Lo anterior, sin que para ello, en los casos específicos antes previstos, resulte necesario, como actualmente sucede, la plena acreditación de la responsabilidad penal del inculpado.
No obstante lo anterior, la práctica de la figura de la extinción de dominio deja mucho que desear, ya su utilización es casi nula en las entidades federativas y a nivel federal el ministerio público no ha logrado separar la práctica y los estándares penales del procedimiento civil de la extinción de dominio, como ya se ha señalado.
El procedimiento de extinción de dominio que se propone regular en la carta magna se sustenta en los mismos principios constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de la garantía de audiencia.
Como ya se ha mencionado, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en la Convención de Mérida contra la Corrupción, en los que se determina la obligación de los Estados parte de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, con carácter definitivo, de algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal o de una autoridad competente, así como considerar la posibilidad de revertir la carga de la prueba respecto del origen lícito de dichos bienes, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno, situación que el estado mexicano ha cumplido pero sin efectividad.
Al no tratarse de un tema penal y no constituir la causa eficiente para la procedencia de la acción, es que se hace perfectamente compatible el recepcionar la obligación mandatada tanto en la Convención de Palermo,
La extinción de dominio es una figura central en la estrategia de seguridad. Gracias a ella y sus correlativas diversos países han podido recuperar tranquilidad y orden. Tanto en Italia, como en Estados Unidos, Colombia, Guatemala y otras naciones, esta es una acción que se somete al arbitrio judicial de manera sistemática, y sus resultados son favorables en la restitución del orden en un contexto de estado de derecho y respeto a los derechos humanos.
Bajo dicho escenario, es necesario replantear la figura de extinción de dominio en nuestro país, siguiendo la doctrina universalmente aceptado y que ha resultado exitosa en donde se ha aplicado.
Se propone que la acción sea imprescriptible a efecto de que no sea el simple transcurso del tiempo el que “legitime” la posesión o la propiedad mal habidas.
Por las razones expuestas, se propone la siguiente enmienda al artículo 22, específicamente en relación con la figura de la Extinción de Dominio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo. 22. ...
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
La acción de extinción de dominio será imprescriptible y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de de actos de corrupción o de actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público, en los términos que señale la ley.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 90 días la Ley Reglamentaria en Materia de Extinción de Dominio.
Tercero. Las legislaturas de los estados deberán realizar las reformas a la legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar dentro de los tres meses contados a partir de la entrada en vigor del mismo.
Cuarto. Hasta en tanto no se expida la Ley de Reglamentaria en Materia de Extinción de Dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: José Hernán Cortés Berumen,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Carlos Bello Otero, Claudia Sánchez Juárez, Eloisa Chavarrias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Jorge Ramos Hernández, José Antonio Salas Valencia, José Máximo García López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Karina Padilla Avila, Karla Karina Osuna Carranco, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Luisa Sánchez Meza, María Mercedes Aguilar López, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Pedro Garza Treviño, Ricardo Del Rivero Martínez, Rocío Matesanz Santamaría, Román Francisco Cortés Lugo, Sergio Emilio Gómez Olivier, Sofía González Torres, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernán Cortés Berumen. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se informa a la asamblea, que en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura, suscrita por las diputadas Lorena Corona Valdés, Lia Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, esta Presidencia recibe escrito firmado por los promoventes, mediante el cual solicitan el retiro de la misma. Actualícense los registros parlamentarios.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María del Rosario Rodríguez Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presentación del informe a través de la historia, se ha considerado como una forma de control parlamentario, y más aún en un sistema presidencial como el nuestro, ya que el poder legislativo realiza acciones de fiscalización y rendición de cuentas sobre el actuar del poder ejecutivo, logrando exponer políticamente al presidente y su gabinete ante la opinión pública.
El diccionario jurídico de derecho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sugiere que aunque Gran Bretaña y Estados Unidos de América son países con regímenes de gobierno distintos a los de México, es de ellos de donde se ha tomado la idea de que el titular del ejecutivo rinda informe al poder legislativo.
Sin embargo, hay precedentes de que desde la Nueva España, se llevaban a cabo informes al finalizar un virreinato, esto es, los virreyes eran sometidos a un llamado “juicio de residencia” sobre su conducta y administración, por ser representes del Rey, y en caso que se acreditara alguna anomalía, se les castigaba.
Y es a partir del 1 de enero de 1825, que el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, presentó informe ante el Congreso para dar cuenta sobre la marcha de su gobierno, siendo el primer presidente en rendir informe, a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo. Es a partir de ese momento que todos los presidentes han rendido un informe cada año ante la soberanía de la Nación, sobre el estado que guarda la administración de la misma.
En la época revolucionaria, fueron tres presidentes los que asumieron el cargo, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, que poco tuvieron que informar, debido a que sus informes estaban relacionados con el estado de guerra del país. Es a partir de la promulgación de una nueva Constitución, el 5 de febrero de 1917, que en su artículo 69 establece la obligación del Ejecutivo de acudir a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso para informar por escrito sobre el estado general que guardaba la administración pública de la nación.
El 24 de noviembre de 1923, mediante una reforma constitucional se eliminó la asistencia del Presidente de la República en a la apertura de sesiones extraordinarias, manteniéndose inalterado lo demás; y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 20 de marzo de 1934, se puntualizaba que el Presidente del Congreso contestaría el discurso del presidente de la República.
Es a partir del 25 de mayo de 1979 con la publicación de la primera la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que el 1 de septiembre de cada año se reunirían conjuntamente las dos Cámaras, y antes de la llegada del Presidente se inauguraría el periodo ordinario de sesiones. El Presidente acudiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría su informe, al cual el Presidente del Congreso daría contestación en términos concisos y generales mientras que dicho informe sería analizado por las cámaras en sesiones subsecuentes.
El 8 de abril de 1986 entra en vigor una nueva reforma al artículo 69 constitucional, que especifica que la asistencia del Presidente de la República al Congreso sería en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo, ya que para ese entonces se habían instituido dos periodos de sesiones.
La Ley Orgánica del Congreso se modificó el 20 de julio de 1994, para señalar que antes del arribo del Presidente de la República a la apertura del primer periodo de sesiones, haría uso de la palabra por no más de quince minutos un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurrieran representados al Congreso, en orden creciente en razón del número de diputados por cada grupo partidista; y que además durante la presentación del informe no procederían intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores. De igual forma se indicaba que las Cámaras analizarían el informe presentado, el cual se clasificaría en las materias de política interior, política económica, política social y política exterior; y que las versiones estenográficas de las sesiones se remitirían al presidente para su conocimiento.
En el mes de septiembre de 2006, durante el primer gobierno emanado del Partido Acción Nacional que se vio en la necesidad que el Presidente de la República no acudiera directamente ante el Congreso a presentar personalmente el informe, toda vez que al entonces presidente, no se le permitió la lectura del documento, debido a que la tribuna había sido tomada por legisladores de partidos de izquierda. Naciendo entonces la reforma constitucional antes mencionada, con la principal finalidad de evitar enfrentamientos innecesarios.
Ante ello, en el año 2008 se reformó el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir la asistencia del Presidente de la República a la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso, a fin de presentar un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública y es a partir del 1º de septiembre de 2008 que dejó de acudir personalmente.
Lo anterior, ha tenido como consecuencia el deterioro de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo federal, una falta de comunicación y el alejamiento de estos dos poderes en detrimento del quehacer público.
El eliminar la asistencia del Presidente de la República a la apertura del inicio de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso para presentar su informe, ha perjudicado a ambos poderes, antes que beneficiarlos, ya que se obstaculiza la colaboración entre los mismos, limitando el diálogo. Lo más delicado y que se ha dejado ver con el actual ejecutivo, es que el cambio ha propiciado que el actual Presidente de la República se evada de sus responsabilidades.
Por ejemplo, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, solamente se han llevado a cabo eventos con miembros de la clase política, empresarial, diplomática, académica y religiosa, en el cual a manera de informe se hace una relación de cifras triunfalistas, frases nacionalistas, populistas y/o de victimización, como lo es “lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho”; quedando de lado un discurso serio, formal y responsable por parte del ejecutivo federal.
El informe presidencial debe ser un documento serio y responsable, ya que es muy importante para el pueblo mexicano se detalle de forma veraz el estado que guarda la administración pública federal a través del estudio y revisión que realicen los integrantes del Congreso de la Unión.
Es por todo lo anterior, que se presenta la presente iniciativa para establecer que el del Presidente de la República asista a presentar el informe de forma personal y comparezca ante las Cámaras de Diputados y Senadores acompañado de funcionarios (en Cámara de Diputados sobre el Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto de Egresos y ante la Cámara de senadores sobre la política exterior y la Estrategia Nacional de Seguridad) y un plazo de un mes para la realización de la glosa del informe
De aprobarse la presente propuesta se lograría una mayor rendición de cuentas del Presidente de la república y se privilegiaría el diálogo y la colaboración entre poderes, se protegería durante el informe presidencial el respeto a la investidura presidencial, se lograría un mayor control de la política exterior y de la estrategia de seguridad, mediante la comparecencia ante la Cámara de Senadores y una mejor y mayor supervisión al presupuesto y al Plan Nacional de Desarrollo, mediante la comparecencia ante la Cámara de Diputados.
Se propone que el Presidente de la República comparezca en ambas Cámaras para participar en la glosa de su informe anual acompañado y asistido por los funcionarios de la administración pública que considere necesario.
Asimismo, se propone establecer que la asistencia del Presidente de la República en la Cámara de Diputados para que la rendición de cuentas verse sobre la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad a la competencia que tiene en la materia la Cámara de Diputados, como está establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La comparecencia ante la Cámara de Senadores versaría en los resultados de la aplicación de la política exterior y la estrategia Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a lo señalado por el artículo 76 de la carta magna.
Para garantizar la seguridad del Presidente de la República y la buena comunicación, durante las comparecencias con motivo de la glosa de su informe anual, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión deberán velar por el respeto a la investidura presidencial, preservando los principios de democracia, legalidad y división de poderes, bajo el intercambio de ideas, diálogo, colaboración institucional y libertad de expresión. Al establecerse así en la constitución, se pretende que se le respete y se eviten conflictos dentro de las Cámaras como el ocurrido en el 2006.
De igual forma, con la presente iniciativa se establece el plazo de un mes para desarrollar la glosa y el análisis del informe anual del Presidente de la República, el cual no podrá exceder del mes de septiembre de cada año. Esto agilizará el proceso de la glosa del informe y permitirá que se conozca el estado que guarda la Administración Pública Federal en menos tiempo del que actualmente sucede.
También se propone que las comisiones que desahoguen el análisis y la glosa del informe presidencial elaboren una memoria legislativa sobre las conclusiones, compromisos y acuerdos generados en las comparecencias, mismas que serán publicadas y difundidas a la sociedad a través de los medios disponibles por el Congreso de la Unión. Lo anterior garantizará que la sociedad se entere de lo que se informe ante las Cámaras correspondientes.
A continuación se agrega un cuadro comparativo con los artículos vigentes y las modificaciones propuestas en la presente iniciativa con proyecto de decreto:
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único.Se reforman los artículos 69, párrafo primero y los actuales segundo y tercero; y 93, párrafos primero, segundo y cuarto. Se adicionanel artículo 69, párrafo segundo, recorriéndose el actual para quedar como quinto; tercero, recorriéndose el actual para quedar como séptimo; y los párrafos cuarto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República rendirá un informe,en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país y la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
En la Cámara de Diputados, la glosa del informe versará en la aplicación y resultados del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto de Egresos de la Federación. En la Cámara de Senadores la glosa del informe se basará en los resultados de la aplicación de la política exterior y la estrategia nacional de seguridad pública.
Durante las comparecencias del Presidente de la República en cada una de las Cámaras, se velará por el respeto a la investidura presidencial, preservando los principios de democracia, legalidad y división de poderes, bajo el intercambio de ideas, diálogo, colaboración institucional y libertad de expresión.
Con posterioridad a las comparecencias del Presidente de la República, cada una de las Cámaras realizará el análisis de su informe anualy citarán a los titulares de las dependencias yentidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad y podrán ampliar la información a solicitud por escrito de cualquier Cámara. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad , así como los procedimientos de participación de los Diputados y Senadores en el análisis del informe y las comparecencias respectivas.
La glosa y el análisis del informe anual del Presidente de la República no podrán exceder del mes de septiembre de cada año. Las comisiones que desahoguen el análisis y la glosa del informe presidencial elaborarán una memoria legislativa sobre las conclusiones, compromisos y acuerdos generados en las comparecencias, mismas que serán publicadas y difundidas a la sociedad a través de los medios disponibles por el Congreso de la Unión.
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde , en los términos del segundo párrafo de este artículo.
Artículo 93. El Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, por conducto de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatales, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darácuenta al Congreso de la Unión del estado que guarde la administración pública del país y la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo en los términos del artículo 69 de esta Constitución.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los titulares de la administración pública federal centralizada y paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación al Presidente de la República y a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Véase: http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/ revista-cultura/pdf/CJ4_Art_9.pdf
2 Véase: http://www.diputados.gon.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-14-07.pedf
3 Véase: http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/ revista-cultura/pdf/CJ3_Art_5.pdf
4 Véase: http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/ revista-cultura/ped/CJ3_Art_5.pdf
Dado en la Honorable Cámara de Diputados, México, DF, a 16 de marzo de 2017.— Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio(rúbrica).»
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido, por favor, en la curul de la diputada Mayra Enríquez.
La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): Para felicitar al diputado Hernán Cortés por la iniciativa planteada, el combate al crimen organizado es fundamental y limitar el financiamiento al mismo es una de las tareas clave. Y solicitarle, a la vez, si me permite suscribir una iniciativa que será de gran relevancia para poder aumentar la seguridad en nuestro país.
El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Sí, adelante.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Manifiesta el diputado Hernán Cortés su disposición y está aquí en la Secretaría para aquellos que quieran suscribirla.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Sofía González Torres.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. De la misma forma, felicitar al diputado Hernán Cortés por una excelente iniciativa y pedirle si puedo, por favor, adherirme a ella.
El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Adelante.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha manifestado su disposición, diputada González Torres, está aquí en la Secretaría.
Saludamos con mucho gusto a alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y de Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, quienes asisten a este recinto invitados por el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa. Sean ustedes bienvenidos.
De igual manera, nos da mucho gusto la presencia de alumnos de nivel superior de las licenciaturas en Derecho y en Relaciones Internacionales de la Universidad Insurgentes plantel Centro, invitados por la diputada Cristina Gaytán Hernández. Bienvenidos.
Así como a invitados provenientes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, quienes asisten por invitación de la diputada Olga Catalán Padilla. Todos ustedes sean bien recibidos.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Tomas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Tómas Octaviano Félix: Muchas gracias, diputada presidenta. Un saludo cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas que en este momento nos están viendo por el Canal del Congreso y, por supuesto, a todo el pueblo de México.
Compañeras diputadas y diputados, en nuestro sistema democrático el Estado de derecho se conserva mediante el equilibrio de poderes con el uso de pesos y contrapesos. El sano desarrollo de nuestra democracia demanda que el Ejecutivo federal provea la información y transparencia necesarias en el manejo que este hace de las finanzas públicas, informando y solicitando las autorizaciones correspondientes a la Cámara de Diputados.
Las mejores prácticas presupuestales internacionales consideran el proceso de aprobación y el seguimiento a la ejecución del presupuesto como un ejercicio de colaboración entre poderes para evitar excesos presupuestales.
Sin embargo en nuestro país esto no ocurre así. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha convertido en costumbre varios eventos presupuestales que en nada benefician la relación democrática entre poderes. Ejemplo de ellos son: la reducción unilateral por parte del Ejecutivo al gasto autorizado por la Cámara de Diputados, los llamados recortes presupuestales.
Consecuentemente con lo anterior, la Secretaría de Hacienda opera adecuaciones y transferencias presupuestales entre responsables del gasto y al interior de su presupuesto autorizado, sin informar ni consultar a la Cámara de Diputados sobre ello, y mucho menos pedir su autorización. De hecho por ley, hasta el día de hoy, no está obligado a hacerlo; no tiene un objetivo presupuestal ni de política económica transparente.
Operar una reducción al gasto al inicio del año, y terminar ese año fiscal con un nivel de gasto superior al autorizado, y que este mayor nivel de gasto sea compensado con un aumento no considerado y oculto en el nivel de ingresos autorizado.
Otro ejemplo que podemos mencionar es aquel en que el Ejecutivo envía su propuesta de Ley de Ingresos subestimando sistemáticamente los ingresos del gobierno federal, sobre todo, los tributarios. Esta práctica genera, como todos sabemos, opacidad en el manejo presupuestal, ya que los ingresos adicionales que se van generando, se asignan de manera unilateral y discrecional por parte del gobierno federal.
Por lo anterior es necesario incluir en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, preceptos para que la autoridad se conduzca de manera transparente ante previsiones de disminuciones estratégicas requeridas en el gasto autorizado o disminuciones en los ingresos públicos.
Concretamente, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa propone agregar un párrafo en el artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señale que cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al cinco por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la secretaría deberá solicitar opinión y autorización de la Cámara de Diputados, y en su caso reportarlo en los informes trimestrales.
Asimismo, proponemos un artículo 21 Ter que establezca que en el caso de que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, requiera realizar modificaciones al monto y estructura de gasto autorizado por el Congreso, el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de gasto, el propósito que tiene el ajuste que el Ejecutivo federal considere necesario que se realice, el monto del gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por rubro y concepto de gasto que considere se verán disminuidos.
Asimismo, enviará el monto del ingreso que considera se verá disminuido en la propuesta, la composición de dicha reducción por dependencia y entidad si es que hubiere. En caso de que no existiesen reducciones en el ingreso autorizado, entonces enviará a la Cámara de Diputados su propuesta de disminución del nivel de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos.
Hasta ahora no existe ninguna obligación legal para el Ejecutivo de explicar a este honorable Congreso, antes de que este realice reducciones al gasto, reasigne arbitrariamente los recursos financieros y asigne los ingresos recibidos por arriba de lo presupuestado y autorizado por esta Cámara de Diputados.
Por eso compañeras y compañeros diputados, invitamos a que se apruebe esta iniciativa para que no haya opacidad en el manejo del presupuesto. Muchas gracias, y es cuanto, presidenta, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 58 y adiciona el 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Tomas Octaviano Félix, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77, 78 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1. Planteamiento del problema
El ciclo presupuestal del sector público concluye con la publicación del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación), una vez que ha sido aprobada la ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se publica en el Diario Oficial.
En el marco internacional, las mejores prácticas presupuestales incluyen en este proceso el seguimiento a su ejecución, como un ejercicio de colaboración entre poderes para evitar excesos presupuestales, sin embargo, en nuestro país esto no ocurre así dado que el ejecutivo federal por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha convertido en costumbre varios eventos presupuestales que en nada benefician la relación democrática entre poderes, ejemplos de ello son la reducción unilateral por parte del ejecutivo al gasto autorizado por la cámara, consecuentemente con ello, realizar adecuaciones y trasferencias presupuestales entre responsables del gasto y al interior de su presupuesto autorizado, sin informar ni consultar a la cámara de diputados sobre su ejecución y mucho menos pedir su autorización (por ley no está obligado a hacerlo). Existe otra práctica inadecuada del ejecutivo federal al enviar su propuesta de Ley de Ingresos, esta consiste en la subestimación de los ingresos del gobierno federal, sobre todo los ingresos tributarios.
Esta práctica genera opacidad en el manejo presupuestal ya que adicionalmente resultan ingresos presupuestarios por arriba de lo autorizado y son manejados de manera discrecional por el Ejecutivo. Hasta ahora no existe ninguna obligación legal de explicar a la cámara de diputados antes de que sucedan reducciones del gasto, reasignación arbitraria de recursos financieros, y qué hacer con los ingresos recibidos por arriba de lo presupuestado y autorizado por esta Cámara de Diputados.
La actual Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria considera solo los casos en los que se observen disminuciones en los ingresos y se especifica la manera puntual de cómo podrá compensar esas disminuciones para no afectar el déficit autorizado originalmente.
Artículo 21. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:”
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:
i) Los gastos de comunicación social;
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y
iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.”
La actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria solo prevé disminuciones al gasto cuando se presenten disminuciones en los ingresos originalmente autorizados por el Congreso, la Ley no prevé reducciones al gasto autorizado derivadas de alguna estrategia del Gobierno Federal para cuidar el orden en las Finanzas Públicas o cuidar algún objetivo de política económica, debemos tener claro que de esta disminución de gasto sigue una reasignación presupuestal diferente a la que autorizó la Cámara.
Este ejercicio no debe darse de manera unilateral por el Ejecutivo. En nuestro sistema democrático de pesos y contrapesos, se debe enviar a esta Cámara un documento explicativo sobre la necesidad de la disminución en el gasto autorizado y hacer mención de qué ingresos se está previendo su disminución y la compensación correspondiente, básicamente los renglones del gasto a afectar.
Por otra parte, la disminución al gasto autorizado por el congreso, como se ha venido observando recientemente, en los recortes presupuestales que de manera unilateral realiza la Secretaría de Hacienda, pueden tener su origen en alguna estrategia que el ejecutivo no haya considerado en su proyecto de Presupuesto de Egresos del Federación o por alguna coyuntura macroeconómica que no pudo haber sido prevista en el citado documento.
La disminución en el gasto puede ser sencillamente una reasignación de este o en su caso, si es una reducción neta estaríamos pensando que debería acompañarse de una disminución en el nivel de endeudamiento autorizado considerando por supuesto que el nivel de los ingresos permanece como fue originalmente autorizado por el Congreso. Cualquiera que sea la razón, el Ejecutivo debe informar al Congreso los rubros que serían afectados en la disminución en el gasto que considere necesario realizar, en particular por que se decidió de manera conjunta por ambos poderes, que programas se apoyarían en el ejercicio presupuestal, y el dejar de apoyarlos de manera unilateral resulta contrario a la salud republicana.
Una reducción al gasto público autorizado, manteniendo el mismo nivel de ingreso autorizado equivale a un menor déficit, es por ello que el nivel de endeudamiento autorizado resulta estar excedido, por lo que podría disminuirse en la misma cantidad en la que se redujo el gasto.
La disciplina presupuestaria sugiere que todos los movimientos presupuestales del sector público deben ser compensados con el fin de no observar al final de un ejercicio niveles de endeudamiento neto superiores a los previstos y ver así aumentado el saldo de requerimientos financieros del sector público.
No tiene un objetivo presupuestal, ni de política económica transparente operar una reducción del gasto al inicio del año y terminar ese año fiscal con un nivel de gasto superior al autorizado, y que este mayor nivel de gasto sea compensado con un aumento no considerado u oculto en el nivel de ingresos autorizado.
El orden en el manejo de las finanzas públicas es determinante para alcanzar la estabilidad macroeconómica, pero con transparencia, informando y negociando de acuerdo a la ley con la cámara de diputados, brindando la información necesaria para negociar los movimientos sugeridos como necesarios por el ejecutivo. De otra manera sería solo un ejercicio unilateral desaseado por parte del ejecutivo y muy poco transparente que solo genera incertidumbre sobre el rumbo de las finanzas públicas no solo a nivel nacional, sino internacional.
2. Argumentos que la sustenten
Es necesario que el Ejecutivo provea mayor transparencia en el manejo de las finanzas públicas informando y solicitado las autorizaciones correspondientes al Poder Legislativo. Por ello se deben realizar las adecuaciones legales necesarias que permitan que eso suceda y así evitar la opacidad y fortalecer el estado de derecho, la democracia y el equilibrio de poderes.
El financiamiento autorizado es un techo de endeudamiento que se programa de acuerdo al análisis con base en los supuestos necesarios para ello, de no darse estos supuestos sería necesario usar el endeudamiento autorizado. Lo más recomendable es que este no se use, ya que significaría que se hizo ex ante un análisis completo y acertado de la situación internacional y nacional en cuanto al desenvolvimiento financiero y de los factores más importantes para determinar el crecimiento de la economía nacional. De acuerdo a las buenas prácticas internacionales sobre finanzas públicas el endeudamiento autorizado nunca debe usarse, si ocurre un aumento del gasto no presupuestado inicialmente, debería presentarse el aumento esperado en los ingresos; y si efectivamente se materializaron supuestos que disminuyeron el nivel de ingreso autorizado, no es necesaria la reducción correspondiente en el gasto autorizado.
Es adecuado que cuando se plantee una modificación al presupuesto del gasto aprobado por el Congreso, se analice la posibilidad de disminuir en la misma cantidad el nivel de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos.
La información que debe proporcionar la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados deberá ser en lo general más expedita y no esperarse a informar hasta el último trimestre del año de asuntos tan importantes como, por ejemplo, el uso que se le da a los excedentes de operación del Banco de México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al inferir una segura disminución en el nivel de ingresos autorizado, antes de realizar una disminución al gasto de manera unilateral sin informar ni pedir opinión previa al Congreso, debe en su lugar, como ya ha sido señalado, proceder como lo indica la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 21 y deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las reasignaciones de gasto realizadas.
Pero insistimos, está planteado un procedimiento de ley para proceder en caso de que se prevean diminuciones en el nivel de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos; no así cuando la disminución al gasto corresponda a otras razones como se ha venido señalando.
Se ha buscado que el diseño del presupuesto público no solo se concentrará en el control del gasto como fin último, sino en el establecimiento de normas que mejorarán la captación de ingresos y su asignación de acuerdo con los planes y programas establecidos. Este proceso culminó en 2006 con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que fue reforzado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2008) y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (2009).
El marco legal ha venido adecuándose, a partir de 2015 con las reformas que permiten la fiscalización del ejercicio del presupuesto en tiempo real, así como la revisión de las cuentas públicas de años anteriores.
Es por lo tanto necesario en esta tesitura, incluir en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria preceptos para que la autoridad hacendaria se conduzca de manera transparente ante previsiones de disminuciones estratégicas requeridas en el gasto autorizado o disminuciones en los Ingresos públicos.
3. Ordenamientos a modificar. Artículo 58 para quedar como sigue:
Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:
I. Modificaciones a las estructuras:...
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y...
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá solicitar opinión y autorización de la cámara de diputados y en su caso reportarlo en los informes trimestrales.
Artículo 59. ...
Se inserta un artículo 21 Ter y se recorre la numeración consecutivamente para quedar como sigue:
Artículo 21. ...
Artículo 21 Bis. ...
Artículo 21 Ter. En el caso de que el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda requiera realizar modificaciones al monto y estructura de gasto autorizado por el Congreso, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de gasto, el propósito que tiene el ajuste que el Ejecutivo federal considera necesario que se realice, el monto del gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por rubro y concepto de gasto que considere se verán disminuidos, asimismo enviará el monto del ingreso que considera se verá disminuido en la propuesta, la composición de dicha reducción por dependencia y entidad si es que hubiere. En caso de que no existiesen reducciones en el ingreso autorizado entonces enviara a la Cámara de Diputados su propuesta de disminución del nivel de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos. No siendo este el caso si sólo se trata de una readecuación del gasto público.
Artículo 22. ...
Artículo 23. ...
Artículo TransitorioPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de 2017.— Diputado Tomas Octaviano Félix(rúbrica).»
Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado Tomas Octaviano Félix. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y CÓDIGO PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Noemí Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley General de Protección Civil y reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha Ley y del Código Penal Federal.
La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México será el anfitrión de la plataforma global para la reducción del riesgo de desastres que es el foro, el marco de decisión más relevante de la Comunidad Internacional para proteger a la población, especialmente la más vulnerable del impacto de los desastres y origen natural y antropogénico.
Ahí, en Cancún, del 22 al 26 de mayo, gobiernos, organizaciones civiles y también legisladores de todo el mundo habremos de revisar qué tanto hemos hecho y qué nos proponemos hacer para aplicar el Marco de Sendai, instituido en 2015 en un horizonte al 2030.
La responsabilidad del Congreso de la Unión es mayúscula, tenemos la responsabilidad de dar a los esfuerzos de nuestro país el soporte jurídico más actualizado y avanzado para la aplicación local de las directrices, prioridades y metas que como país asumimos en Sendai.
A ello obedece la iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil. Se trata de una reforma de gran calado que pone al día la ley, incluyendo el propio nombre, para que además de ser de protección civil ahora se identifique también para la gestión del riesgo de desastres, que es el articulador de la reforma.
Tiene el propósito de pasar de los enunciados que tiene hoy, a los contenidos precisos para dar a las políticas públicas no sólo un enfoque genuinamente preventivo, sino mayor claridad al significado de la gestión del riesgo. De lo que trata la iniciativa es de hacer una puntualización de todo el proceso desde la identificación y la previsión del riesgo, así como crear consciencia acerca de sus implicaciones.
Persigue vincular la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial con los Atlas de Riesgo, y el análisis previo para evitar la construcción de riesgos futuros. Busca impulsar la prevención, la mitigación y la preparación para que las emergencias nos encuentren más atentos y más capacitados; y hacer más manejable el auxilio y la recuperación, y menos gravosa la reconstrucción.
La iniciativa persigue hacer vinculatoria y más clara la distribución de competencias entre órdenes de gobierno, se propone incluso una jerarquía mayor para las Unidades de Protección Civil.
Esta no es una propuesta menor, en la medida en que las Unidades de Protección Civil sean pares entre los integrantes, el primer nivel en los gobiernos, será también como la agenda de la gestión podrá asegurar su lugar en las prioridades de las políticas públicas.
La impunidad es sin duda el más indignante de los problemas de la justicia en México, lo más grave es que ocurra por fallas u omisiones de la ley. Por ello la iniciativa incluye también la reforma del Código Penal, para tipificar los delitos de la deliberada construcción del riesgo.
La iniciativa plantea reformar 59 artículos, derogar tres y adicionar otros tres. De esos 59 artículos, 18 incluyen cambios sustanciales que refuerzan la gestión del riesgo de desastres e incorpora los principios establecidos en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres.
El resto corresponden a la actualización de la denominación de la Ciudad de México y sus alcaldías y a reformas relacionadas con la actualización de términos y la denominación de la gestión del riesgo en concordancia con el cambio del título de la ley.
En suma, la iniciativa propone cambios de denominación por Ley General de Protección Civil y de Gestión del Riesgo de Desastres, y se reforma su objeto para orientar los principios y criterios en la protección civil que refuercen las acciones orientadas a reducir riesgos y evitar la construcción de riesgos futuros; actualice y precise a conceptos en la ley con la visión de la protección civil orientada a la gestión integral del desastre.
Incorpora en la ley los principios establecidos en el marco de Sendai, brinda mejores elementos a las autoridades para coordinar las acciones de protección civil con los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
Precisa y actualiza definiciones de acuerdo con el Cenapred y la Estrategia Internacional para la Reducción de desastres en Naciones Unidas. Armoniza la gestión del riesgo con otras leyes al vincularlas, reforzar las etapas de la gestión del riesgo.
Compañeras y compañeros diputados, les pido apoyen esta iniciativa para llegar a la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos con el prestigio y dignidad que corresponde al país anfitrión, con una ley reformada a la altura de las prioridades de Sendai y de las necesidades de protección de la sociedad mexicana. Requiere su apoyo, su respaldo para que en la Plataforma Global a celebrarse dentro de un mes, esta iniciativa se convierta en la ley que rija la protección a la vida, al patrimonio de los mexicanos. Por su atención y apoyo, muchísimas gracias.
«Iniciativa que modifica la denominación de la Ley General de Protección Civil; y reforma y adiciona diversas disposiciones de ésta y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada integrante de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el nombre de la Ley General de Protección Civil, se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la misma y del Código Penal Federal, al tenor de lo siguiente
Exposición de MotivosMéxico, país con una población del orden de los 120 millones de habitantes y expuesto a numerosos fenómenos perturbadores, cuenta con uno de los sistemas nacionales de protección civil con más tradición histórica y madurez institucional de las Américas.
En su evolución, a lo largo de más de treinta años de existencia, la protección civil, como política pública, ha evolucionado hacia nuevos esquemas preventivos; y cuenta con avances en la consolidación de un sistema, regulado por una legislación federal que ha permitido articular la acción de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, y construir una compleja red institucional.
Creado para garantizar la protección a la vida, a la integridad y al patrimonio de las y los mexicanos, el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta el reto de actualizarse continuamente, ante los desafíos marcados por nuevos escenarios de riesgos vinculados particularmente al cambio climático, crecimiento acelerado de las ciudades y el cambio tecnológico.
De acuerdo con las evaluaciones del impacto económico y social de los desastres en México, realizados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en promedio anual, los desastres han sido responsables de la pérdida de 186 vidas en promedio anual del año 2000 al 2014 y de un gasto catastrófico de cerca de 2,147 millones de pesos. Adicionalmente a las cifras anteriores, es importante señalar que existen otros eventos adversos de origen natural o antropogénico, que si bien como tales no son de grandes dimensiones, de forma acumulada tienen un gran impacto destructivo en las condiciones de vida de la población, particularmente las más vulnerables o menos favorecidas. Asimismo, las estadísticas indican una tendencia al incremento, año tras año, del saldo económico de los desastres.
Nuestro país ha asumido y hecho propia la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, lo que implica apegar las acciones de la protección civil a los principios en materia de gestión del riesgo de desastres.
De hecho, desde los años 90s, que la ONU definió como la Década para la Reducción de Desastres, nos adherimos al Plan de Acción de Yokohama que desde entonces estableció las directrices para la prevención de desastres, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos. De igual forma, hicimos nuestro el Marco de Acción de Hyogo 2005- 2015, diseñado para propiciar el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres; y, ahora, recientemente, en marzo de 2015, suscribimos el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, que definió nuevas metas y prioridades en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.
El compromiso de nuestro país lo acredita que, en esta ocasión, México será anfitrión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres que se llevará a cabo en Cancún.
El objetivo de esta reunión que dará continuidad a lo acordado en Sendai y en la Quinta reunión regional celebrada en Montreal, Canadá, es evaluar y reflexionar sobre las rutas a desarrollar por la comunidad internacional y que traza, entre otras metas, las de reducir de manera significativa el número de muertes, daños materiales y el costo mismo de los desastres.
Aun cuando la legislación nacional de Protección Civil incorporó en el año 2012 la gestión del riesgo de desastres como la visión que debe regir a la protección civil, el nuevo Marco de Acción de Sendai nos obliga a actualizar y reforzar lo que algunos autores denominan la gestión prospectiva del riesgo, es decir, anticiparse para evitar la generación de riesgos que se traducirán eventualmente en los desastres del futuro. La preparación y la respuesta, etapas importantes de la gestión del riesgo, no son suficientes para comprender, analizar, diseñar, planear, ejecutar y evaluar acciones que reduzcan el riesgo de desastres, y mucho menos para evitar o mitigar la construcción social del riesgo desde un enfoque multidisciplinario, multifactorial. Ello, implica para el Sistema Nacional de Protección Civil, la participación de todos los sectores y órdenes de gobierno en planeación, inversión, operación de acciones de política pública y regulación, del proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres. Es decir, su transversalización y la armonización de diferentes políticas públicas, vinculadas a un desarrollo sostenible.
Es decir, como lo señala el doctor Allan Lavell, especialista en investigación sobre riesgos y desastres, que: “el riesgo es oportunidad y desventaja; que el riesgo implica la identificación clara de quienes lo producen y quienes lo sufren, y qué capacidad tienen éstos de reclamar legal, financiera, ética, moralmente a los que crean ese riesgo, que se actualiza en determinadas condiciones de desastre”.
Lo anterior implica reforzar y adecuar el marco legal que apoye la generación de políticas públicas preventivas para anticiparse a los desastres. La única forma de revertir esta tendencia del incremento de los desastres, es a través de la reducción del riesgo, es decir, transitar de la gestión del desastre a la gestión del riesgo. Por ello se plantea la modificar el título de la Ley al de Ley General de Protección Civil y de Gestión del Riesgo de desastres,resaltando así la importancia de reforzar las acciones preventivas y de reducción de riesgos.
Ello adquiere mayor relevancia en este momento, pues se daría en el marco de los preparativos de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, constituye una excelente oportunidad de poner nuestra legislación federal a la vanguardia, y más cuando en la Ciudad de México, se ha incorporado en el texto Constitucional recientemente promulgado, la Gestión del Riesgo, incluyendo a la Protección Civil, como parte de la Carta de Derechos Humanos de la Carta Magna local.
A ello obedece la presente iniciativa de Reformas a la Ley General de Protección Civil.
Así, en su Capítulo I, define entre otros fines, el de consolidar el enfoque preventivo de la Política Nacional de Protección Civil desde sus disposiciones generales y actualizar la terminología y los conceptos, bajo estándares tanto internacionales como académicos, reconocidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Además, busca fortalecer las atribuciones de las autoridades en materia de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno; reafirmar el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres y el manejo transversal, para incidir en una agenda más amplia, que permita incidir en temas tan diversos como el cambio climático, el Desarrollo Sustentable, el Desarrollo Social, la Salud, el Medio Ambiente, la Alimentación y la cultura del Agua.
En el Capítulo II, De la Protección Civil y la Reducción de Riesgos, se establecen las fases de la Gestión del Riesgo de Desastres: Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos; Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; Análisis y evaluación de los posibles efectos; Revisión de controles para reducir el riesgo de desastres y mitigar el impacto; Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos; y el Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.
También se establece la facultad a la autoridad de Protección Civil federal para la realización de un registro de particulares y/o dependencias que realicen actividades profesionales o técnicas en materia de Protección Civil incluyendo prestadores de servicios; bajo los criterios que establece la misma Ley.
Dado que el Objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es: proteger la vida y la integridad de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente ante el riesgo de desastres; se le da un marco de referencia desde la Gestión del Riesgo de Desastres, que establece que todas las autoridades y grupos que lo conformen, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los tratados internacionales de los que México es parte.
Para hacer posible y verificable la Política Nacional de Protección Civil, con esta Iniciativa de Reformas se establece la programación de presupuestos y programas operativos anuales respectivos, las actividades y acciones relativas a la gestión del riesgo de desastre para dependencias y Entidades Federativas así como para Municipios.
Además, se fortalece en el texto la importancia de los Atlas de Riesgo y lo correspondiente a la Cultura de la Protección Civil, se añade la participación social y ciudadana en los procesos de planeación y supervisión de las acciones de política en Protección Civil, aplicando un dispositivo no discriminatorio para garantizar este acceso a la información y a la toma de decisiones, vía la participación social, para poblaciones vulnerables, destacando los pueblos indígenas, las mujeres, la población rural, los migrantes y las personas con discapacidad.
Dada la necesidad de inhibir conductas humanas que afecten los Derechos Humanos y los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal, esta Iniciativa de Reformas establece una modificación que, con ese fin, precisa el contenido del artículo 84 de la Ley General de Protección Civil y se reforman y adicionan artículos en el Código Penal Federal
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa para quedar como sigue
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el nombre de la Ley General de Protección Civil, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma y del Código Penal Federal
Primero.Se modifica el título de la Ley; se reforma el artículo 1o. y se le adicionan tres fracciones; se reforma el primer párrafo del artículo 2o., se reforman las fracciones IV, V, VI, XII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXVII, XVIII, XXX, XXXI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LV, LVII, LXI del artículo 2o.; se adicionan las fracciones II, V, XXV, XLIV, XLV, LVIX del artículo 2o., se derogan las fracciones I y XVII del artículo 2o., se recorren fracciones del artículo 2o.; se reforma el artículo 3o. y se le adicionan tres fracciones; se reforma el artículo 4o. así como las fracciones I, II, V y VI y se le adicionan cinco nuevas fracciones; se reforman las fracciones V y VIII del artículo 5o.; se reforma el artículo 6o. y se adiciona un artículo 6o. Bis; se reforma el título del capítulo II; se reforma el artículo 7o. y se le adicionan tres nuevas fracciones; se reforman los artículos 8o. y 9o.; se reforma la fracción IV del artículo 10; 11,al que se adicionan dos párrafos más; se reforman el artículo 13 y 14,al que se adicionan un párrafo; se reforma el artículo 15, al que se adiciona un párrafo; el 16,en el que se elimina el segundo párrafo del mismo; se reforman el artículo 17, el primer párrafo del artículo 18; se reforman las fracciones I, XIV, XVI, XXI, XXII, XXV y XXVIII del artículo 19, al que se adiciona una fracción XXIX; se reforman el artículo 20, los párrafos cuarto y quinto del 21, los artículos 22, 23 y se adiciona un párrafo al artículo 25; se deroga la fracción I del artículo 26 y se reforma la fracción VIII del mismo; se reforman el primer párrafo del artículo 27 y el 29, al que se adiciona un párrafo y se derogan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII; se deroga el artículo 30 y sus fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; se reforma el artículo 32; el primer párrafo del 33; 35; 36, al que se adiciona un párrafo; se reforman los artículo 37 y 38, al que se adicionan cuatro fracciones; se reforma el primer párrafo del artículos 39; se reforma el primer y tercer párrafo del artículo 40; se reforma el párrafo primero del 41; 43 y sus fracciones I, II y III; se reforman los artículos 45; 47; 48; se reforma el título del Capítulo X; se reforma el primer párrafo del 51; se deroga el 54; se reforma el 55; se deroga el 56; se reforma el 57 y se agrega un artículo 57 bis; se reforman el 59; el primer párrafo del 60; el tercer párrafo del 65; se reforma el artículo 66; primer párrafo del 67; 70 y 73, tercer párrafo del 74; primer párrafo del 75; 78; se adiciona un artículo 79 bis; se reforman los artículos 81, 82, 83 y 84, al que se adiciona un párrafo; se deroga la fracción IV y se reforma la fracción V del artículo 85; se reforman los artículos 86, 87, 88 y 89; para quedar de la siguiente forma:
Ley General de Protección Civil y de Gestión del Riesgo de Desastre
Artículo 1.La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto :
I. Definir las bases de coordinación entre los órdenes y sectores de gobierno en materia de protección civil;
II. Impulsar la participación y concertación de los sectores privado y social en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece;
III. Establecer los principios y criterios que orientan la política nacional de protección civil con base en la gestión del riesgo de desastres;
Artículo reformado adicionado con tres fracciones
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y la normatividad que de ésta derive, se entiende por:
I. Se deroga
II. Afectado: Persona sujeta a los efectos de un fenómeno perturbador, que, si bien no ha sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes y por tanto no requiere de asistencia externa para su subsistencia, las condiciones de emergencia o desastre de su comunidad, le ocasionan desajustes que le impiden realizar adecuadamente sus actividades normales;
Fracción adicionada y recorre numeración
III. a IV.....
V. Alcaldía: Los órganos político administrativos de la Ciudad de México;
Fracción adicionada y recorre la numeración.
VI. Atlas de Riesgos:Sistema integral de informaciónsobre los fenómenosperturbadores, daños y pérdidasesperados ,resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y los sistemas expuestos; dependiendo de su ámbito de aplicación y escala puede ser de alcance nacional, estatal, municipal, de una alcaldía o comunitario;
Fracción reformada, recorre la numeración.
VII.Auxilio : Etapa de la gestión del riesgo de desastres consistente en acciones para dar unarespuesta de ayuda a personas en riesgo o víctimas de un incidente, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil. Incluye, las acciones para salvaguardar los sistemas expuestos;
Fracción reformada, recorre la numeración.
VIII. Brigada:Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones en las diferentes etapas de la gestión del riesgo de desastres,con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble.
Fracción reformada, recorre la numeración.
IX. a XIII. ...
Fracciones recorridas.
XIV.Continuidad de operaciones: Al Proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, y, especialmente, la infraestructura estratégica,afectadas por un fenómenoperturbador ,puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XV.Coordinación Nacional...
Fracción recorrida.
XVI.Damnificado:Persona expuesta a los efectos de un fenómenoperturbador, ya sea que haya sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XVII.Delegaciones :Se deroga
Fracción derogada, recorre la numeración.
XVIII. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más fenómenos perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y pérdidas y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XIX.Donativo: ...
Fracción recorrida.
XX.Emergencia: Situación anormal que puede causar dañosa una comunidad o varias comunidadesy propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómenoperturbador ;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XXI.Evacuado:...
Fracción recorrida.
XXII.Fenómeno Antropogénico: ...
Fracción recorrida.
Fracción recorrida.
XXIII. Fenómeno Astronómico:Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidas estrellas, planetas, cometas, meteoros, basura espacial y la radiación solar.Algunos de éstos fenómenos interactúan con la Tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas, el impacto de objetos cósmicos y lesiones sobre la piel de los humanos;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XXIV.Fenómeno Natural Perturbador: ...
Fracción recorrida.
XXV. Fenómeno o agente perturbador o amenaza: evento potencialmente perjudicial, natural o derivado de actividades humanas, que pude causar pérdidas o daños, alteración de la vida social y económico o degradación ambiental.
XXVI. a XXIX. ...
Fracciones recorridas.
XXX. Fenómeno Socio-Organizativo: Fenómenoperturbador que se genera con motivo de errores humanos, acciones premeditadas, grandes concentraciones o movimientos masivos de población tales como: inconformidad social, eventos masivos, migraciones, desplazamientos e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XXXI.Gestión del Riesgo de Desastres: Proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción, deriva en un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo parte intrínseca de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible. Logrando territorios más seguros, más humanos y resilientes.Involucra las etapas de identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XXXII. Grupos Voluntarios: ...
Fracción recorrida.
XXXIII.Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible y funcionando en condiciones óptimas,bajo una situación de emergencia o de desastre;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XXXIV.Identificación de Riesgos: Primera etapa de la gestión del riesgo de desastres, consistente en reconocer y valorar las pérdidas y daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad; Incluye el análisis de las causas de fondo que han generado riesgos en el desarrollo y el ordenamiento del territorio . La herramienta básica de la identificación de peligros, vulnerabilidades y sistemas expuestos es el Atlas de Riesgos;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XXXV.Infraestructura Estratégica :...
Fracción recorrida
XXXVI a XXXVIII. ...
Fracciones recorridas
XXXIX.Mitigación: Etapa de la gestión del riesgo de desastres consistente entoda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un fenómeno perturbador sobre un sistema expuesto;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XL.Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un fenómenoperturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un periodo y en un sitio determinado;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XLI.Preparación : Etapa de la gestión del riesgo de Desastres, consistente enactividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XLII.Prevención : Etapa de la gestión del riesgo de desastres consistente enel conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los fenómenosperturbadores ,con la finalidad de eliminar riesgos o reducirlos, evitar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura y medio ambiente,así como evitar la generación de nuevos riesgos;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XLIII.Previsión : Etapa de la gestión del riesgo de Desastres, consistente en tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XLIV. Programa Especial de Protección Civil: Es aquel que se circunscribe a la atención de fenómenos socio-organizativos en los cuales hay un elevado número de personas y que conlleve un nivel de riesgo alto, como son: espectáculos públicos masivos o mítines políticos.
Fracción adicionada, recorre la numeración.
XLV. Programa Específico de Protección Civil: Es el instrumento de planeación y operación que elabora, desarrolla implementa y supervisa la autoridad federal o estatal de protección civil, con la participación corresponsable de diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un fenómeno perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión del Riesgo de Desastres;
Fracción adicionada, recorre la numeración.
XLVI.Programa Interno de Protección Civil: Es el instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito reduciry mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XLVII. Programa Nacional: ...
Fracción recorrida.
XLVIII.Protección Civil: Es una política pública consistenteen la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los fenómenosperturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión del Riesgo de Desastres y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para reducir el riesgo de desastres con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;
Fracción reformada, recorre la numeración.
XLIX.Reconstrucción : Etapa de la gestión del riesgo de desastres, consistente enla acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes;
Fracción reformada, recorre la numeración.
L.Recuperación : Etapa de la gestión del riesgo de desastres,consistente en el proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada;
Fracción reformada, recorre la numeración.
LI.Reducción de Riesgos: Intervención sistemáticapreventiva sustentada en el conocimiento de los riesgos, las vulnerabilidades y sus factores causales,para eliminar o reducir el impacto adverso de los desastres. Considera entre otras medidas, la reducción de vulnerabilidades,acciones de prevención y mitigación, preparación,resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alerta temprana;
Fracción reformada, recorre la numeración.
LII. Programa Nacional: ...
Fracción recorrida
LIII.Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un fenómeno perturbador para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos;
Fracción reformada, recorre la numeración.
LIV.Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un sistema expuesto, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un fenómeno perturbador;
Fracción reformada, recorre la numeración.
LV. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una o varias instancias técnicas especializadas, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un sistema expuesto ante la presencia de un fenómeno perturbador o determinadas condiciones de vulnerabilidad;
Fracción reformada, recorre la numeración.
LVI a LVIII. ...
Fracciones recorridas
LVIX. Sistema expuesto o agente afectable: Se refiere al sistema constituido por personas, comunidades, bienes, infraestructura y medio ambiente sobre los que pueden materializarse los riesgos en desastres debido a la presencia de fenómenos perturbadores;
Fracción adicionada, recorre la numeración.
LX.Sistema Nacional: ...
Fracción recorrida.
LXI.Siniestro o Incidente:Situación crítica y dañina generada por la ocurrenciade uno o más fenómenos perturbadores afectando a la población, su integridad o su salud, sus bienes o la infraestructuracon posible afectación a instalaciones circundantes;
Fracción reformada, recorre la numeración
LXIIUnidad Interna de Protección Civil: ...
Fracción recorrida.
LXIII. Unidades de Protección Civil: Los órganos de la administración pública de las entidades federativas, municipales o de las alcaldías, encargados de la organización, coordinación y operación del Sistema Nacional, en su demarcación territorial;
Fracción reformada, recorre la numeración.
LXIV. a LXVI. ...
Fracciones recorridas
LXVII. Zona Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de muy alto riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.
Fracción reformada, recorre la numeración.
Artículo 3. Los órdenes de gobierno garantizarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión del riesgo de desastres y en consecuencia serán responsables de:
I. La identificación y evaluación de riesgos, considerando los peligros, las vulnerabilidades y los sistemas expuestos, así como el análisis de las causas de fondo que conforman los riesgos;
II. Prever, prevenir, mitigar y reducir riesgos existentes y futuros;
III. Preparar respuestas en caso de emergencia; y
IV. Ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, coordinar o participar, según corresponda, en acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción.
Artículo reformado y adicionado con tres fracciones
Artículo 4. La Política Nacional de protección civil y gestión del riesgo de desastres,se ceñirá al Plan Nacional de Desarrollo y sentará las bases parael Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:
Artículo reformado
I .Identificación y análisis de riesgos mediante la elaboración y actualización de Atlas de Riesgos,como sustento para la implementación de medidas de prevención, mitigación, preparación, reconstrucción y de reducción de riesgos;
Fracción reformada
II .Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la previsión, prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;
Fracción reformada
III. a IV . ...
V .Incorporación de la gestión del riesgo de desastres, como aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo, el ordenamiento territorial del país y usos de suelo, para revertir el proceso de generación de riesgos;
Fracción reformada
VI.Establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres órdenes de gobierno ;
Fracción reformada
VII. ....
VIII. Transversalización y armonización de la política pública y agendas de la gestión del riesgo de desastres con políticas de protección al medio ambiente, desarrollo social, desarrollo rural, asentamientos humanos, planificación urbana, adaptación al cambio climático, combate a la pobreza, seguridad alimentaria, la salud y seguridad nacional;
Fracción adicionada
IX. Incorporación del análisis de riesgos de desastre, criterios para su reducción y adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión públicos, a fin de garantizar la preservación de la población, del medio ambiente y la sustentabilidad de dichas inversiones;
Fracción adicionada
X. Programación de recursos para la intervención en todas las etapas de la gestión del riesgo de desastres;
Fracción adicionada
XI. Implementación de medidas para el seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas de las acciones sobre la gestión del riesgo de desastres llevadas a cabo.
Fracción adicionada
XII. Reducción del riesgo de desastres, como un objetivo prioritario en las políticas públicas, los programas de gobierno y la planeación de un desarrollo sostenible;
Fracción adicionada
Artículo 5. ....
I. a IV. ...
V.Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la previsión y la prevención en la población en general;
Fracción reformada
VI a VII. ...
VIII.Honradez y de respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la interculturalidad y conocimientos locales, y con especial atención especial a grupos vulnerables.
Fracción reformada
Artículo 6 .La coordinación y aplicación de esta Ley, se hará con respeto absoluto a las atribuciones constitucionales y legales de las dependencias, entidades einstituciones que intervienen en el Sistema Nacional .
Artículo reformado
Artículo 6 Bis. Para garantizar la eficacia en la implementación del marco normativo y de la Política Nacional de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, los Comités Consultivos Nacionales de Normalización aplicables para las materias de: Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, Cambio Climático, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social, Salud, Medio Ambiente, Alimentación y Agua; establecerán Normas Oficiales Mexicanas vinculadas con la Reducción del Riesgo de Desastres.
Artículo adicionado como bis
Capítulo IIDe la Protección Civil y la gestión del riesgo de desastres
Se reforma título del capítulo
Artículo 7.Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres:
Artículo reformado
I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión del Riesgo de Destres;
Fracción reformada
II .Promover la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes;
Fracción reformada
III. a VI. ...
VII.Dictar los lineamientos generales en materia de protección civil para inducir y fomentar que el principio de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Continuidad de Operaciones, sea un valor de política pública y una tarea transversal para que con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad;
Fracción reformada
VIII. a IX . ...
X. Establecer una estrategia nacional de reducción de riesgos de desastres e impulsar estrategias equivalentes a nivel estatal y municipal, las alcaldías y a nivel comunitario;
Fracción adicionada
XI. Formular un sistema de indicadores para la medición de los avances en la reducción del riesgo de desastres, basado en la evaluación del impacto económico y social de los desastres, entre otros elementos; y
Fracción adicionada
XII. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Coordinación, Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.
Fracción adicionada
Artículo 8.Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil y gestión del riesgo de desastres se realicen en forma coordinada y eficaz.
Artículo reformado
Artículo 9.La política pública de protección civil y la gestión del riesgo de desastres, corresponden a los tres órdenes de gobierno, quienes deberán realizarlas en los términos de esta Ley y de su Reglamento, por conducto de la Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las alcaldías, en sus respectivos ámbitos de competencia.
La Secretaría deberá promover la interacción de la protección civil y la gestión del riesgo dedesastres con los procesos de información, a fin de impulsar acciones de previsióna favor del aprendizaje y práctica de conductas seguras , preventivas y de autoprotección,mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los medios de comunicación electrónicos.
Artículo reformado
Artículo 10 . La Gestión del Riesgo de Desastres considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador.
Artículo reformado
I a III. ....
IV.Revisión de controles para reducir el riesgo de desastresy mitigar el impacto;
Fracción reformada
V. a VII. ...
Artículo 11. Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos y especiales de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta Ley.
Se reforma el primer párrafo del artículo
...
Se otorgará el registro a aquellos que hayan cumplido, entre otros, con los requisitos académicos establecidos por la Escuela Nacional de Protección Civil o Instituciones Académicas que cuenten con programas de formación en la materia.
La Secretaría otorgará registro con validez nacional para elaborar programas internos de protección civil para dependencias, instituciones, entidades e instalaciones federales o aquellas que requieran de concesión federal para su operación.
Se adicionan dos párrafos al artículo
Artículo 13 .Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán con las autoridades con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Los convenios de concertación contendrán las acciones de la gestión del riesgo de desastres y su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, así como en el diseño y transmisión de información pública acerca de la protección civil.
Artículo reformado
Artículo 14.El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, principios, políticas, procedimientos, servicios y acciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.
Se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, los Poderes Legislativo y Judicial, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las alcaldías; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos y Brigadistas Voluntarios debidamente registrados, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.
Artículo reformado
Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.
Se adiciona un párrafo más al artículo
Artículo 15 .El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger la vida y la integridad de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente ante el riesgo de desastres, en el corto, mediano o largo plazo, a través de la gestión del riesgo de desastres.
Artículo reformado
Todas las actuaciones del Sistema Nacional en el marco de la gestión del riesgo de desastres, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los tratados internacionales de los que México es parte.
Se adiciona un párrafo más al artículo
Artículo 16. Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y el respectivo reglamento, las dependencias y entidades de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, deberán incluir, en sus presupuestos y programas operativos anuales respectivos, las actividades y acciones relativas a la gestión del riesgo de desastre.
Se reforma el artículo y se elimina el segundo párrafo del mismo
Artículo 17 .Los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y alcaldes,tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente.
Párrafo reformado
Igualmente, en cada uno de sus ámbitos, se asegurarán del correcto funcionamiento de los consejos y unidades de protección civil, promoviendo que sean constituidos, con un nivel no menor a Dirección General preferentemente y de acuerdo a la legislación aplicable, como organismos con autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión.
Párrafo reformado.
Aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las Unidades de Protección Civil Estatales, Municipales y de las Alcaldías, deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional de Protección Civil.
Párrafo reformado
...
Sobre la denominación que a nivel nacional se tiene de las unidades estatales, municipales, o de las alcaldías, se dispondrá por virtud de la presente Ley llamarse Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado o en su caso, Coordinación Municipal de Protección Civil, o Coordinación de Protección Civil de la alcaldía correspondiente, las que tendrán preferentemente el nivel de Secretaría de despacho en los Estados.
Párrafo reformado
Artículo 18.Es responsabilidad de los gobiernos de los estados, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura de sus entidades federativas.
Se reforma el primer párrafo del artículo, quedando los dos párrafos siguientes intactos.
....
....
Artículo 19....
I.Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y la coordinación de acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, mediante la adecuada gestión del riesgo de desastres, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo;
Fracción reformada
II. a XIII. ...
XIV.Asesorar a las entidades federativas, y dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos;
Fracción reformada.
XV....
XVI ....Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles superiores;
XVII. a XX. .....
XXI .Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades dándole máxima difusión permanente entre la población y los actores del Sistema Nacional;
Fracción reformada
XXII .Supervisar, a través del Cenapred, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y alcaldías;
El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, municipal y de las alcaldías. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.
Los atlas de riesgos constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión del Riesgo de Desastres;
Se reforma los tres párrafos de esta fracción.
XXIII. a XXIV. ...
XXV .Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas de gestión del riesgo de desastres;
Fracción reformada
XXVI. a XXVII . ....
XXVIII .Promover que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo;
Fracción reformada
XXIX Participar, en coordinación con las dependencias y entidades responsables, en el ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos, la planeación del desarrollo y la adaptación al cambio climático en los términos que dispongan las Leyes en la materia;
Fracción adicionada
XXX. a XXXI....
Fracciones recorridas
Artículo 20. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Nacional podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo de desastres, a fin de reducir al máximo los posibles daños que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente apoyados por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme el Manual de Coordinación, Organización y Operación del Sistema Nacional.
Artículo reformado
....
Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios , las alcaldías, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador espacial.
Tercer párrafo del artículo 20 reformado
Artículo 21. ....
.....
......
La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o de la alcaldía que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o de la alcaldía de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.
Cuarto párrafo del artículo 21 reformado
En caso de que la emergencia o desastre superen la capacidad de respuesta del municipio o alcaldía, acudirá a la instancia estatal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Quinto párrafo del artículo 21 reformado
....
Artículo 22. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, en los términos de la normatividad aplicable, o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional y en las demás instancias de coordinación, con pleno respeto de la autonomía de las entidades federativas y de los municipios.
Artículo reformado
Artículo 23.El Centro Nacional es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la evaluación del impacto económico y social de los desastres, la coordinación del monitoreo y sistemas de alerta tempranade fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.
Artículo reformado
Artículo 25....
La Coordinación en todas las fases de la gestión del riesgo de desastres en materia de fenómenos sanitarios corresponderá a la Secretaría de Salud, los fenómenos ecológicos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los fenómenos Químico Tecnológicos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando se trate de centros de trabajo, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, a la Secretaría de Energía, cuando se trate del transporte de materiales y residuos peligrosos.
Se adiciona un párrafo al artículo
Artículo 26. ...
I.Se deroga.
Fracción derogada
II. a VI. ...
VIII.Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas soberanías, la participación de las entidades federativas y por conducto de éstas, de los municipios, las alcaldías y de los diversos grupos sociales locales organizados, en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en materia de protección civil;
Fracción reformada
IX. a XIV. ...
Artículo 27 .El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Estado, los Gobernadores de los Estados, quienes podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inmediato inferior, y la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la de Diputados. En el caso del Presidente de la República, lo suplirá el Secretario de Gobernación, quien a su vez será suplido por el Coordinador Nacional de Protección Civil.
Primer párrafo reformado
.....
.....
Artículo 29.El Consejo Nacional sesionará ordinariamente en pleno por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente de la República.
En el Reglamento de la Ley se definirán la integración, las facultades y la forma de funcionamiento del Consejo.
Artículo reformado y se le adiciona un párrafo
Se derogan las fracciones I a la XIII de este artículo
Artículo 30. Se deroga
Se deroga el artículo 30 y sus siete fracciones.
Artículo 32.El Comité Nacional es el mecanismo de coordinación de acciones en situaciones de emergencia y desastre, ocasionadas por la amenaza o impacto de fenómenos perturbadores que pongan en riesgo o hayan afectado adversamente a la población, bienes y entorno, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 21 de esta Ley y de conformidad con el Manual de Coordinación, Organización y Operación del Sistema Nacional y en los términos que se establezcan en el Reglamento.
Artículo reformado
Artículo 33. El Comité Nacional estará constituido por los titulares o por un representante de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con rango no inferior al de director general o equivalente, que de acuerdo a su especialidad asume la responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus funciones, programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, al Sistema Nacional, así como por el representante que al efecto designe el o los gobernadores de las entidades federativas afectadas, en su caso.
Primer párrafo del artículo reformado
.....
.....
.....
Artículo 35.El Programa Nacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, es el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo del Sistema Nacional, según lo dispuesto por la Ley de Planeación; y será el eje articulador de la Política Nacional de Protección Civil.
Artículo reformado
Artículo 36.El Programa Nacional, estará basado en los principios que establecen los instrumentos públicos internacionales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres,esta Ley, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad en materia de planeación, transparencia y rendición de cuentas.
Artículo reformado
El Programa Nacional será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación.
Párrafo adicionado.
Artículo 37 .En la elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas, municipios y alcaldías, deberán considerarse las líneas generales que establezca el Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión del Riesgo de Desastres y conforme lo establezca la normatividad local en materia de planeación.
Artículo reformado
Artículo 38. Los Programas de Protección Civil son el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas orientadas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, con el propósito de proteger a la población, sus bienes, servicios estratégicos y su entorno, así como asegurar su funcionamiento mediante las acciones específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en la materia.
Los programas a los que se refiere este artículo son los siguientes:
I. Programa Nacional
II. Programas Especiales
III. Programas Específicos
IV. Programa Interno de Protección Civil
Artículo reformado y se le adicionan cuatro fracciones
Artículo 39.El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para reducir los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender y recuperarse ante la eventualidad de alguna emergencia o desastre .
Primer párrafo del artículo reformado
....
....
Artículo 40.Los inmuebles e instalaciones fijas de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil .
Párrafo reformado
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El contenido y las especificaciones de programas internos de protección civil para dependencias, instituciones, entidades e instalaciones federales o aquellas que requieran de concesión federal para su operación, se precisarán en el Reglamento.
Párrafo reformado
La elaboración de los programas especiales será responsabilidad de los organizadores, debiendo, sólo para el caso de espectáculos públicos, presentarse ante la autoridad federal, estatal, municipal o de las alcaldías según corresponda en los términos de la normatividad aplicable;
Párrafo adicionado
Artículo 41.Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías,fomentarán la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva.
Primero párrafo del artículo reformado
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...
Artículo 43.A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán :
Artículo reformado
I.Fomentar en la sociedad una conciencia de prevención y autoprotección, basada en los principios de la política pública de protección civil establecidos en el artículo 5 de esta Ley;
II.Incorporar contenidos temáticos de protección civil y gestión del riesgo de desastresen todos los niveles educativos públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria;
III.Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles académicos, que aborden en su amplitud el tema de la protección civil y la Gestión del Riesgo de Desastres;
Fracciones I, II y III reformadas
IV. a VI. ...
Artículo 45.Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenosperturbadores, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y que puedan provocar daños irreversibles a la población.
Artículo reformado
Artículo 47 .Para los efectos del artículo anterior, cada entidad federativa, cada municipio y cada alcaldía,se sujetará a la normatividad que exista en materia de servicio civil de carrera o la que haga sus veces, en la que se deberá regular el ingreso, formación, permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes a la profesionalización y estímulos a los miembros del Sistema Nacional, conforme a las características que le son propias, y a los requerimientos de la sociedad y del Estado.
Artículo reformado en su primer párrafo
...
Artículo 48.La normatividad correspondiente precisará y detallará todos los rubros que atañen a los puestos de mando y jerarquías de las Unidades Estatales, Municipales y de las Alcaldíasde Protección Civil.
Artículo reformado
Capítulo X De la participación social organizada
Título del Capítulo reformado
Artículo 51 .Para desarrollar actividades especializadas en material de protección civil, tales como tareas de rescate y auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros, los Grupos Voluntarios de carácter regional y nacional deberán tramitar su registro ante la Secretaría; los estatales, municipales y en las alcaldíassegún lo establezca la legislación local respectiva.
Artículo reformado en su primer párrafo
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Artículo 54. Se deroga
Artículo derogado
Artículo 55.Los Brigadistas Comunitarios son los voluntarios capacitados en materias afines a la protección civil, bajo la coordinación y supervisión de las autoridades de protección civil en su comunidad para apoyar a éstas en tareas y actividades tales como el alertamiento, la evacuación, la aplicación de medidas preventivas y la atención a refugios temporales, entre otras, conforme al Reglamento y a la normatividad estatal aplicable.
Artículo reformado
Artículo 56. Se deroga
Artículo derogado
Artículo 57.Le corresponde a la Secretaría, a través de la Coordinación Nacional, asesorar a las entidades federativas, y dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgos.
Artículo reformado
Artículo 57 Bis. La Secretaría a través de la Coordinación Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, priorizarán la inversión en instrumentos Financieros con enfoque Preventivo en la planeación y programación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo bis adicionado
Artículo 59.La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o alcaldías de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.
Artículo reformado
Artículo 60.La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados municipios o alcaldías de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales.
Primer párrafo del artículo reformado
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Artículo 65. ....
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La Coordinación Nacional y las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y alcaldías, promoverán con las diversas instancias del Sistema Nacional, para que desarrollen programas especiales destinados a reducir o mitigar los riesgos antropogénicos, así como de atención a la población en caso de contingencias derivadas de tales fenómenos.
Tercer párrafo del artículo reformado
Artículo 66.Cada entidad federativa creará y administrará un Fondo Estatal de Protección Civil, cuya finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y alcaldías.
Artículo reformado
Artículo 67 .Los Fondos Estatales de Protección Civil se integrarán a través de los recursos aportados por la respectiva entidad federativa y, en su caso, municipios y alcaldías.
Primer párrafo del artículo reformado
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Artículo 70.Sin menoscabo de lo que expresa el artículo anterior, el Ejecutivo Federal deberá promover al interior del Consejo Nacional un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población de las entidades, municipios, alcaldías o comunidades en emergencia o desastre.
Artículo reformado
Artículo 73.En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de comando y de coordinación de las acciones en el sitio.
Artículo reformado
Artículo 74....
...
El plazo para que gobiernos de las entidades federativas tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres naturales, será de hasta 10 días naturales, contados a partir del día en que se emita la declaratoria de desastre natural respectiva.
Párrafo reformado
Artículo 75.Las Unidades Estatales, Municipales y de las Alcaldíasde Protección Civil, tendrán la facultad de aplicar las siguientes medidas de seguridad:
Primer párrafo del artículo reformado
Artículo 78.Los inmueblesparticulares que, por su uso y destino, concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales.
Artículo reformado
Artículo 79. ....
Artículo 79 Bis. Las autoridades de protección civil, ya sean federales, estatales, municipales y de las alcaldías, así como las responsables de la verificación y supervisión del cumplimiento de leyes y normas, en el ámbito de sus competencias, realizarán en los ´términos de las leyes de su competencia las actividades de verificación, como medida preventiva de seguridad, respetando las formalidades del proceso administrativo.
El personal que realice funciones de verificación deberá ser evaluado por la Escuela Nacional de Protección Civil.
Artículo bis adicionado
Artículo 81 .Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades competentes, haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, o desastre que se presente o pudiera presentarse .
Artículo reformado
Artículo 82.El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas concentrará la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.
Artículo reformado
Artículo 83 .El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas , con base en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos, identificará y delimitará los riesgos para la población, el patrimonio público y privado; así como las zonas no aptas para los asentamientos humanos.
Artículo reformado
Artículo 84 . Quienes faciliten o insten a la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura en zonas de riesgo sin contar con medidas para su reducción basadas en un análisis técnico del mismo, independientemente de la existencia o no de Atlas de Riesgo municipal y/o estatal; se harán acreedores a las penas dispuestas por los artículos 430 y 431 del Código Penal Federal.
Artículo reformado
Tratándose de personas jurídicas se estará a lo dispuesto en el artículo 11 Bis en su apartado B, fracción XXII del Código Penal Federal.
Párrafo adicionado al artículo
Artículo 85 ....
I. a III. ...
IV. Se deroga
Fracción derogada
V.Los Municipios y Alcaldías.
Fracción reformada
Artículo 86 . En todos los Atlas de Riesgos,ya sea Nacional, Estatal, Municipal o de la Alcaldía,deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.
Artículo reformado
Artículo 87 .En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para reducir el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.
Artículo reformado
Artículo 88 .El Gobierno Federal, los de las entidades federativas, buscarán y propondrán mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.
Artículo reformado
Artículo 89 .Las autoridades federales, de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías,determinarán qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos de este capítulo.
Artículo reformado
Segundo:Se adiciona una fracción XXII al apartado B, del artículo 11 Bis y se recorre la subsecuente; se adiciona un título Vigésimo Séptimo y se le adicionan dos artículos, para quedar como sigue:
Código Penal Federal
Artículo 11 Bis.-Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:
B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:
XXI .Los previstos en los artículos 8, 9, 14, 15, 16 y 18 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos;
XXII. El previsto en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil y Reducción de Riesgos de Desastre, y
XXIII.En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable.
Título Vigésimo SéptimoDe los Delitos en Materia de Protección Civil Capítulo UnoArtículo 430. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, lleve a cabo la construcción, edificación, realice obras de infraestructura, facilite, propicie o comercialice asentamientos humanos en zonas altamente riesgosa, y no cuente con el análisis técnico de riesgos, ni tome en consideración la normatividad en materia de protección civil, obras o desarrollo urbano aplicable y los Atlas municipales, de la alcaldía, estatales y el Nacional y no cuente con la autorización de la autoridad correspondiente.
Artículo 431. Las penas aplicables que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo anterior, se aumentarán en un 50%, cuando el que incurra sea servidor público encargado de autorizar, aprobar y otorgar licencias de construcción o la autorización correspondiente, así como la suspensión de hasta por cinco años para desempeñar cargo o comisión en el servicio público, o destitución o inhabilitación definitiva, cuando resulte afectada la vida de la población.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal publicará las adecuaciones al Reglamento de la Ley General de Protección Civil dentro de los siguientes 90 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas armonizarán sus respectivas legislaciones estatales dentro de un plazo de un año.
Notas:
1 http://eird.org/fulltext/Yokohama-strategy/YokohamaEspa%F1ol.pdf
2 http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf
3 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
4 Memorias del Seminario Internacional Gestión del Riesgo de Desastres: https://www.metropolis.org/sites/default/files/media_root/documents/memorias_de l_seminario_internacional_grd.pdf
5 Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Conceptos Básicos. http://www.cenapred.gob.mx/ es/Publicaciones/archivos/44.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo del año 2017.— Diputadas y diputados: Noemí Zoila Guzmán Lagunes,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Carlos Sarabia Camacho, Carmen Salinas Lozano, Delia Guerrero Coronado, Edgardo Melhem Salinas, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Efraín Arellano Núñez, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Enrique Rojas Orozco, Erick Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Escobedo Villegas, Francisco Javier Santillán Oceguera, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Jorge Enrique Dávila Fuentes, José Luis Sáenz Soto, Juana Aurora Cavazos Cavazos, María Angélica Mondragón Orozco, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Soledad Sandoval Martínez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel González Salum, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Miguel Ángel Sedas Castro, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Nora Liliana Oropeza Olguín, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Pablo Bedolla López, Pedro Luis Noble Monterrubio, Román Francisco Cortés Lugo, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Santos Garza Herrera, Susana Corella Platt, Xitlalic Ceja García, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Guzmán Lagunes. Se turna a la Comisiones Unidas de Protección Civil y de Justicia, para dictamen.
La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul, la diputada Rocío Rebollo. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada, ayúdenme Servicios Parlamentarios, por favor.
La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): De felicitar a mi compañera Noemí y solicitar si me permite suscribir su iniciativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Noemí Guzmán, ¿tiene algún inconveniente en que la diputada Rocío Rebollo se adhiera a su iniciativa? La diputada Guzmán Lagunes ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa para la suscripción correspondiente.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de los ciudadanos Herminio Pimentel Camacho y Marco Antonio Pimentel Camacho, ambos integrantes de la Asociación Civil Fortaleza Social Chiapaneca AC, del municipio de Jiquipilas, Chiapas, invitados por el diputado Diego Valera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
SE DECLARA EL 28 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL DE LA HERBOLARIA Y LA MEDICINA TRADICIONAL
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma o que declara el 28 de abril de cada año como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:A nuestra audiencia del Canal del Congreso, que ojalá sean más que los que estamos aquí presentes. Compañeros diputados. Con su venia, presidenta. El empleo de las plantas con fines medicinales es probablemente tan antiguo como el hombre mismo.
La herbolaria constituye uno de los patrimonios más importantes de nuestros pueblos ancestrales y ha sido y deberá seguir siendo la alternativa más importante para recuperar la salud quebrantada por múltiples enfermedades que afectan a la población y que a partir de menos del uno por ciento de ellas se desarrolló la medicina hegemónica y los medicamentos a base de sustancias químicamente puras, así como los sintéticos, que por su pureza desarrollan efectos secundarios y que a veces vuelven interminables los tratamientos.
Es una razón para que la mayoría de las instituciones de casi todo el planeta hayan volteado los ojos hacia la herbolaria, para aprovechar el 99 por ciento que falta por estudiar y desarrollar nuevos medicamentos a base de mezclas complejas, de extractos, con el fin de contar con remedios naturales de uso medicinal y/o medicamentos herbolarios. Medicamentos herbolarios eficaces y con mucho menos efectos secundarios, los cuales cuentan con el respaldo de la Constitución y por consiguiente de la Ley General de Salud desde 1998.
No olvidemos que México ocupa el segundo lugar, el segundo lugar mundial en riqueza taxonómica de plantas medicinales con 4 mil 500 especies, después de China que tiene 5 mil.
Cabe recordar, que los días 3 y 4 de agosto de 2016 se realizó, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el Primer foro nacional hacia la construcción de una política pública integral para el aprovechamiento sustentable de la cadena productiva de las plantas medicinales y productos naturistas en México, en conjunto con diversos académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, funcionarios de la Cofepris, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, médicos tradicionales, así como personas y organizaciones de la sociedad civil que integran la cadena productiva de plantas medicinales y productos naturistas en nuestro país.
Asimismo, y como un bien colateral del foro, se crearon algunas asociaciones, como Fomento de la Cultura Herbolaria Mexicana AC, quien en conjunto con el Centro Cultural de Medicina Tradicional Terapéutica Naturista, Sociedad Civil, y otros actores del sector junto con la suscrita, proponemos se declare el día 28 de abril de cada año como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional, por el valor que en México representa para sus ciudadanos, no sólo como medicina alternativa sino también por el valor económico que representa para la cadena productiva, y por el valor cultural que representa.
Y se basa esta fecha en que este día es el natalicio del rey Acoltzin Nezahualcóyotl, en 1402, que fue quien fundó el primer centro de cultivo y estudio de plantas medicinales en el cerro de Tezcutzingo, Texcoco.
La medicina tradicional es una herramienta muy valiosa en beneficio de la salud pública, por lo que es fundamental para las generaciones contemporáneas resguardar y dinamizar este acervo de conocimientos de gran valor científico cultural.
Actualmente, en todos los países donde la mayoría de la población está en situación de pobreza, como en México, la fitoterapia constituye prácticamente la forma de tratamiento más económico y arraigado de la cultura popular, como en los altamente industrializados.
De acuerdo a los datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, más del 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar calidad en su salud y un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día proviene de productos vegetales.
Las plantas medicinales y recursos naturales que los mexicanos han utilizado en el devenir de su historia, en diferentes dimensiones, como la preservación de su salud, la generación de conocimientos y el desarrollo económico y cultural, debido a que en la época contemporánea las plantas medicinales se ubican en un espacio cada vez más importante en el horizonte de los consumidores de bienes y servicios terapéuticos, de todos los estratos sociales.
Y por tanto, es importante reconocer y no olvidar los beneficios de la herbolaria y la medicina tradicional. Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 28 de abril como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Herbolaria, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl empleo de las plantas con fines medicinales, es probablemente tan antiguo como el hombre mismo.
A lo largo de la historia del hombre, en el terreno de la curación de sus enfermedades, uno de los recursos naturales más socorridos han sido los provenientes del reino vegetal. Desde las épocas más pretéritas los primeros homínidos (y aun animales), utilizaron las plantas que se encontraron en su entorno por aliviar sus problemas de salud.
Al paso del tiempo cuando se fueron creando las culturas y las civilizaciones, estos elementos terapéuticos no desaparecieron, sino que fueron arraigando cada vez más en sus costumbres, casi siempre utilizando las plantas que se encontraban en las regiones que los circundaban.
Las plantas medicinales son uno de los vínculos más directos que pueden existir entre la medicina empírica del pasado y la farmacología, existen indicios de que la herbolaria medicinal prehispánica ha sido tradicionalmente estudiada sin tomar en cuenta lo que en el fondo representa, representación que no solo debe quedar en la psique como una justificación para poder sustentar que nuestros antepasados eran gente racional y conocedora de la virtudes de las plantas y de los secretos de su uso.
Además del uso que se daba a la vegetación, tenía un valor estético muy importante. Prueba de ello son los diversos jardines destinados a sus mandatarios, como el del Molino de las Flores en Texcoco, perteneciente a Nezahualcóyotl y considerado el primer jardín botánico del Anáhuac (1430) o el de Moctezuma Ilhuicamina en Huaxtépetl (Oaxtepec) y por supuesto el de Moctezuma Xocoyotzin cuyo esplendor ha trascendido la barrera del tiempo en el mismo Bosque de Chapultepec.
Desde las primeras incursiones de los españoles al continente americano, la naturaleza que encontraron les causó gran admiración, ya que vieron una variedad de árboles, plantas y animales nunca antes vistos por ojos europeos. Desde las primeras narraciones sobre estas tierras se mencionan estas maravillas.
El primero fue Cristóbal Colón en la carta que da cuenta del descubrimiento de América dirigida al señor Rafael Sánchez, tesorero de los Reyes católicos fechada el 4 de marzo de 1493.
La segunda carta realizada por el doctor Diego Álvarez Chancas, médico de cabecera de los reyes españoles, quien acompañó a Colón en su segunda incursión, enviada al Cabildo de Sevilla desde la isla Isabela (hoy llamada Albemarle), el 2 de febrero de 1494.
A partir de esos comentarios muchos expedicionarios españoles y europeos hacen toda una serie de comentarios entre los que sobresalen: Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo, Antonio Pigafetta Bernal Díaz del Castillo, a los que se agregan algunos de los evangelizadores como Acosta Torquemada, Motolinía, Medieta, solo por mencionar los más conocidos.
Finalmente, con las acciones llevadas a cabo por Hernán Cortés se pone de manifiesto la utilización de las plantas por parte de los naturales de estas tierras. En las cartas de relación del Conquistador dirigidas al Rey Carlos, se encuentran varias referencias la segunda carta es la más conocida, donde hace referencia al respecto, cito:
“... Hay calle de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como boticarios donde se venden las medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplastos. Hay casas como de barberos, donde lavan y rapan cabezas (...) Venden mucha leña y carbón y hierbas de comer y medicinales...”
Por lo que es bien sabido, que los médicos que llegaron a las huestes de Cortés realmente eran curanderos o “sanadores” que tenían conocimientos –más bien populares- del arte de curar, por lo que las recetas que conocían no las podían preparar con las plantas medicinales de México que, como ya se ha visto, se parecían mucho pero no tenían los efectos ya conocidos por ellos y que indicaban los textos clásicos.
Por estas razones y, sobre todo, por razones de supervivencia (ocasionadas por la ausencia de médicos) la población española se acercó a los médicos indígenas, dándose cuenta de lo profundo y amplio de sus conocimientos sobre la farmacopea vegetal y de la efectividad con la que eran administrados.
En la mayor parte de las culturas incluyendo a las occidentales, y hasta bien entrado el siglo XVIII, la botánica era parte de la medicina, y fue hasta mediados del siglo XX cuando las sustancias de síntesis química comenzaron a reemplazar de manera masiva a las hierbas como medicinas.
Más adelante, con la llegada de la medicina “oficial” estas prácticas curativas fueron relegándose a la clandestinidad, con lo que surge el término de la “medicina tradicional”.
Como ya se mencionó, la utilización de la herbolaria como medicina se conoce en México desde tiempos remotos, las culturas que habitaban todo el territorio hacían gala de vastos conocimientos curativos, en Yucatán los mayas tenían a los ah men, o médicos, entre los nahuas se llamaban tícitl, su habilidad era tanta que los conquistadores preferían recurrir a ellos que a sus propios médicos, como lo comenta Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México, donde Cortés en peligro de perder su vida por una herida en la cabeza recibida en la batalla de Otumba, fue diestramente curado por los médicos tlaxcaltecas.
La medicina tradicional (MT) es una herramienta muy valiosa en beneficio de la salud pública por lo que es fundamental para las generaciones contemporáneas resguardar y dinamizar este acervo de conocimientos de gran valor científico y cultural.
Actualmente, en todos los países, donde la mayoría de la población está en situación de pobreza como México, la fitoterapia constituye prácticamente la forma de tratamiento más económico y arraigado en la cultura popular, como en los altamente industrializados.
De acuerdo a datos emitidos por la organización Mundial de la Salud, más del 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar su propia salud y un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día, proviene de productos vegetales.
En este orden de ideas, las plantas medicinales y recursos naturales que los mexicanos han utilizado en el devenir de su historia en diferentes dimensiones como la preservación de la salud, la generación de conocimiento, el desarrollo económico y cultural, debido a que en la época contemporánea, las plantas medicinales se ubican en un espacio cada vez más importante en el horizonte de los consumidores de bienes y servicios terapéuticos de todos los estratos sociales.
En el escenario nacional se han generado controles institucionales consignados en el marco legal para minimizar la arbitrariedad relacionada con la aplicación de normas y acuerdos de organismos regulatorios, específicamente en el uso y la aplicación de los saberes tradicionales, la herbolaria y la medicina tradicional, misma que ha sido ineficiente y contraria a la naturaleza de la norma Constitucional.
A continuación se pone a la vista parte del marco regulatorio nacional que garantizan el derecho de los pueblos a utilizar y usufructuar libremente sus plantas medicinales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), reformada por decreto publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 2001, en su artículo 2o. reconoce a México como nación pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional.
El 19 de septiembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en torno a la atención a la salud de la población indígena y al reconocimiento de la medicina tradicional indígena, artículo 6 fracción VI Bis.
En el ámbito internacional, debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
En este contexto, se presentan en el cuadro 1 algunos de los tratados y acuerdos internacionales de los cuales México es parte, y en los que se expresa el derecho a la utilización y aprovechamiento de las plantas medicinales, por lo que si consideramos lo establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos tratados son un principio de ordenamiento jurídico, que deben ser cumplidos por las autoridades para el bien común.
Con sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acuerdos internacionales queda evidenciado; así también la Ley General de Salud incorpora elementos para considerar a la flora medicinal y a los individuos que usan estos insumos como parte de las estrategias que la población emplea para afrontar sus problemas de salud, de tal manera que la utilización de la plantas medicinales por toda la población está protegida por la supremacía constitucional como una garantía y un derecho inalienable.
En este contexto, los recursos naturales empleados en la medicina tradicional y el conocimiento generado en torno a ella son un bien público, motivo por el cual los gobiernos tienen la obligación de intervenir para incentivar el aprovechamiento, el desarrollo y subsistencia de este bien público para beneficio de la generación actual y futura.
En razón de lo anterior, y de que la herbolaria constituye uno de los patrimonios más importantes de nuestros pueblos ancestrales y ha sido y deberá seguir siendo la alternativa más importante para recuperar la salud, quebrantada por múltiples enfermedades que afectan a la población y que a partir de menos del 1 por ciento de ella se desarrolló la medicina hegemónica y los medicamentos a base de sustancias químicamente puras, así como los sintéticos, que por su pureza, desarrollan efectos secundarios que a veces vuelven interminables los tratamientos, es una razón para que la mayoría de las instituciones de casi todo el planeta hayan volteado los ojos hacía la herbolaría para aprovechar el 99 por ciento que falta por estudiar y desarrollar nuevos medicamentos a base de mezclas complejas, de extractos, con el fin de contar con remedios naturales de uso medicinal y/o medicamentos herbolarios eficaces y con mucho menos efectos secundarios los cuales cuentan con el respaldo de la Constitución y por consiguiente de la Ley General de Salud desde 1998, no olvidemos que México ocupa el 2o. lugar mundial en riqueza taxonómica de plantas medicinales con 4 mil 500 especies, después de china que tiene 5 mil.
Ya que el conocimiento de las plantas medicinales y los productos naturales son producto del conocimiento tradicional acumulado por varias generaciones y representa un patrimonio de los mexicanos y dicho patrimonio debe de tener un circuito bidireccional donde no sólo las comunidades desarrollen el conocimiento sino que también debe de fluir hacia el pueblo, el beneficio económico y de salud.
Aunado a ello, con fecha tres y cuatro de agosto de 2016, la suscrita realizó en las instalaciones de la Cámara de Diputados el Primer Foro Nacional Hacia la Construcción de una Política Pública Integral para el Aprovechamiento Sustentable de la Cadena Productiva de las Plantas Medicinales y Productos Naturistas en México, en conjunto con diversos académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, funcionarios de la Cofepris, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), médicos tradicionales, así como personas y organizaciones de la sociedad civil, que integran la cadena productiva de plantas medicinales y productos naturistas en nuestro país, teniendo de igual manera la asistencia de diversos empresarios y personas interesadas en la herbolaria, mismos que realizaron diversas ponencias y mesas de trabajo, de las cuales se desprenden múltiples incógnitas, problemáticas, opiniones y propuestas, algunas de ellas se recogen en la presente iniciativa, dado el objetivo de la misma.
Asimismo y como un bien colateral del Foro se crearon algunas asociaciones como “Fomento de la Cultura Herbolaria Mexicana, AC”, quien en conjunto con el Centro Cultural de Medicina Tradicional, Terapéutica, Naturista, SC, y otros actores del sector, junto con la suscrita proponemos se declare el 28 de abril de cada año como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional, por el valor que representa para el país y para sus ciudadanos, no solo como medicina alternativa, sino también por el valor económico que representa para la cadena productiva y por el valor cultural que representa y se basa la fecha en que ese día es el natalicio del rey Acolmiztli Nezahualcóyolt en 1402, quien fue quien fundó el primer centro de cultivo y estudio de plantas medicinales en el cerro de Tecutzingo, Texcoco, como se señaló en un principio.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguienteproyecto de
DecretoArtículo Único: El Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Secretaria de Salud México. “Investigación Científica de la Herbolaria Medicinal Mexicana”.-Edición conmemorativa. México 1993.- pag. 35.
2 http://www.jornada.unam.mx/2011/05/30/eco-f.html
3 Ídem 1. Páginas 36-39.
4 Ídem 1. Páginas 35-39.
5 Cortés, Hernán. Segunda Carta de Relación. 30 de octubre de 1520. México. Editorial Porrúa. 1960. Páginas 63,40.
6 Quezada, Noemí. “La herbolaria en el México Colonial” en Lozoya, Javier (editor). Estado actual del conocimiento en plantas medicinales mexicanas. México, IMEPLAN. 1976. Página 52.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.— Diputada y diputado: Blanca Margarita Cuata Domínguez,Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbricas).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cuata Domínguez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos de las materias de derecho administrativo y clínica de derecho de la Universidad Fiscal del Estado de México, campus Toluca, invitados por la diputada Martha Hilda González Calderón.
De igual forma, saludamos la presencia de alumnos del Colegio Inglés, de Playa del Carmen, invitados por la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes y los diputados Héctor Barrera y Patricia Sánchez. Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Anticorrupción.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez:Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, y especialmente a los Ciudadanos Por México, les pido la atención. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, los mexicanos piensan que somos el país más corrupto de la OCDE.
Esto es, no necesariamente lo somos, lo que nos debe ocupar es que ese es el sentir de la gente. Esa percepción se origina porque al ciudadano no se le incluye en el sistema que se ha diseñado para combatir la corrupción e impulsar, de una vez por todas, la gestión gubernamental con transparencia y rendición de cuentas.
Mientras esa participación individual se niegue, es una cantaleta conocida que se anhela que el comportamiento moralmente bueno de los ciudadanos en el servicio público se origine desde su formación, lo cual no sucede.
Es deseable que la conducta recta nazca de las más íntimas convicciones, pues ellas constituyen la base sólida que sustenta la práctica de las virtudes. Pero por igual, para nadie es ajeno que en nuestro país, y de manera plenamente identificada, sus servidores no participan de manera espontánea ni permanentemente buenos hábitos, mismos que son muy necesarios en una actividad diaria.
Por ello, compañeros, a pesar de existir el reconocimiento formal del combate a la corrupción y mecanismos procesales de protección, es cierto que la arbitrariedad y el autoritarismo los convierten en ilusiones, muchas veces provocadas por falta de eficacia.
Ante este contexto, propongo que en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se exprese puntualmente la importancia de la individualidad y su participación. La voz y expresión del ciudadano vale y debe respetarse como tal. De no hacerlo, delimitaremos su participación.
Por ello propongo la reforma al artículo 15 y las fracciones IX, XI y XII, que se adicione la fracción XII Bis y XII Ter del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Mi propuesta incluye: reconocimiento individual del ciudadano en el combate a la corrupción; reconocimiento de la participación del ciudadano libre y común en combate anticorrupción ante el Comité de Participación Ciudadana.
Eliminar el concepto organizaciones de la sociedad civil, organizaciones civiles y académicas y reconocer su participación ante el Comité de Participación Ciudadana. Que el Comité de Participación Ciudadana reciba propuestas de temas susceptibles o identificados para ser fiscalizados por ciudadanos, organizaciones civiles y académicas. Que se le dé seguimiento y se le comunique la resolución de cualquier propuesta al proponente y que el Comité de Participación Ciudadana establezca la forma en que recibirán sugerencias de temas para fiscalizar o denuncias que hayan recabado la Comisión de Vigilancia en la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados.
Concluyo expresando con claridad y firmeza lo siguiente. Compañeros, para la bancada ciudadana la participación de los ciudadanos es fundamental en el combate a la corrupción, ya que la corrupción afecta a todos. Invito a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que apoyen esta iniciativa que propongo el día de hoy. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales I y II, y 78 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 15, y las fracciones IX, XI, XII y se adicionan las fracciones XII Bis y XII Ter del artículo 21 del Capítulo III Del Comité de Participación Ciudadana incluido en el Título Segundo Del Sistema Nacional Anticorrupción de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
I. Planteamiento del problema
En meses anteriores, la participación de la sociedad civil organizada en temas de transparencia y rendición de cuentas ha sido sumamente relevante y ha influido en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
En México estamos conscientes que el comportamiento moralmente bueno de los ciudadanos debe tener su origen en la formación de las personas y en la profunda conciencia del bien.
Lo deseable es que la conducta recta nazca de las más íntimas convicciones, pues ellas constituyen la base sólida que sustenta la práctica de las virtudes.
Para nadie es ajeno que en nuestro país y de manera plenamente identificada sus servidores públicos no practican de manera espontánea ni permanente buenos hábitos, mismos que son muy necesarios en su actividad diaria.
Ante ello, se han establecido diversos medios de control y fiscalización que combatan, prevengan o lo que es lo mismo desanimen a muchos que se alejan o pretenden alejarse de las exigencias que imponen la gestión gubernamental.
Sin embargo, considero que la participación ciudadana como mecanismo de control y combate de la corrupción permite de manera activa a la ciudadanía participar de los asuntos públicos, como co-responsables de las decisiones de la autoridad, y evidentemente, de quienes soportarían las consecuencias de los desaciertos y de las conductas deshonestas en que incurran los gobernantes o de cualquier servidor público, sea de representación popular o no.
Nuestro país, sin duda, vive una crisis en su endeble democracia y detrás de ella, se sitúa una profunda crisis moral, donde existe un alejamiento de los valores y virtudes que se exigen a toda autoridad pública: moderación, honradez, tolerancia, veracidad, prudencia, humildad, generosidad y justicia.
Es en estos días, que a pesar de existir reconocimiento formal del combate a la corrupción y mecanismos procesales de protección, es cierto que la arbitrariedad y el autoritarismo los convierten en ilusiones, muchas veces provocadas por falta de eficacia.
Ante esta situación, los ciudadanos de a pie a los cuales representamos la bancada de los Diputados Ciudadanos nos han solicitado que en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se les reconozca como tal.
Son ellos, los ciudadanos, con los cuales tenemos total compromiso de ser su voz, nos solicitan que incentivemos su participación en lo individual, esto es, que su expresión o participación, sea plenamente reconocida como tal para poder participar y consolidar instrumentos que mejoren la rendición de cuentas y se facilite la lucha contra la corrupción.
Para la Bancada Ciudadana reconocer las necesidades de los ciudadanos es entender por igual el valor y reconocimiento de la individualidad de cada uno de ellos y en consecuencia, entender la importancia que su participación tendría en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por lo anterior, propongo que en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se exprese puntualmente la importancia de la individualidad, esto es, que se identifique plenamente la importancia que se expresen ideas sin esperar el consenso de la colectividad. Para mi es justificable que su expresión individual sea considerada.
Por ello, propongo darle valor a la palabra, darle voz a cada ciudadano en la Ley en comento, a fin de permitirle su empoderamiento y participación activa en la vida de nuestro México. Si les negamos esa oportunidad sería limitar su participación activa en el devenir diario en nuestro país.
De igual manera, en este Sistema Nacional Anticorrupción una figura muy importante que tiene que ver con la participación ciudadana es el Comité de Participación Ciudadana, donde propongo se establezca y converja de manera puntual la participación de individual de los ciudadanos, las organizaciones sociales y académicas.
Por lo anterior, planteo adecuaciones en cuanto a la forma en que se establezca la participación de los ciudadanos ante el Comité de Participación Ciudadana así como el de las organizaciones civiles y académicas a fin que sea este Comité quien deba recibir propuestas de temas susceptibles o identificados para ser fiscalizados o de aquellos que se valoren para su inclusión en el Plan Anual de Auditorías de la ASF y de igual manera, la forma en que deban ser recibidas las denuncias sobre servidores públicos de ese máximo Órgano de Fiscalización Superior en México y de las Entidades de Fiscalización Superior Locales.
Su seguimiento y comunicación al proponente por igual lo incluyo dentro de mi propuesta.
Finalmente, planteo que el Comité de Participación Ciudadana establezca métodos y procedimientos para que el mismo reciba de la Comisión de Vigilancia de la ASF aquellas sugerencias, temas y denuncias que ésta última reciba a fin de establecer un flujo ordenado que facilite un trámite oportuno de las mismas, delimitando así a la Comisión de Vigilancia de la ASF a ser únicamente canal de recepción de esta participación ciudadana como lo señala la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Lo digo claro y fuerte, para el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano la participación de los ciudadanos es fundamental en el combate a la corrupción y convencido estoy que su participación en temas de fiscalización será sin duda muy importante, ya que la corrupción afecta a todos y todos deben tener la oportunidad de expresar ideas para su combate.
Concluyo, que la iniciativa debe ser respaldada por los demás Grupos Parlamentarias ya que sólo busca el fortalecimiento de la gestión gubernamental vía la participación activa de los ciudadanos, a los cuales todos nosotros, diputadas y diputados, representamos.
Ya es tiempo de darles voz a todos por igual.
II. Fundamento legal de la iniciativa
Con motivo de esta iniciativa se incidirá en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
III. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15, y las fracciones IX, XI, XII y se adicionan las fracciones XII bis y XII ter del artículo 21 del Capítulo III Del Comité de Participación Ciudadana incluido en el Título Segundo Del Sistema Nacional Anticorrupción de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
IV. Ordenamientos a modificar
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
V. Texto normativo propuesto
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 15, y las fracciones IX, XI, XII y se adicionan las fracciones XII Bis y XII Ter del artículo 21 del Capítulo III Del Comité de Participación Ciudadana incluido en el Título Segundo Del Sistema Nacional Anticorrupción de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Único. Se reforma el artículo 15, y las fracciones IX, XI, XII y se adicionan las fracciones XII bis y XII ter del artículo 21 del Capítulo III Del Comité de Participación Ciudadana incluido en el Título Segundo Del Sistema NacionalAnticorrupción de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Título SegundoArtículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con los ciudadanos,las organizaciones sociales y académicas relacionadas e interesadascon las materias del Sistema Nacional.
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
IX. Llevar un registro voluntario de los ciudadanos, las organizaciones sociales y académicasque deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;
XI. Proponer mecanismos de articulación entre los ciudadanos, las organizaciones sociales y académicas;
XII. Proponer métodos y procedimientos mediante los cuales se recibirán de los ciudadanos, las organizaciones sociales y académicaslas opiniones,peticiones y solicitudes sobre el funcionamiento de la fiscalización, y peticiones y solicitudes sobre temas, rubros o actos que propongan sean fiscalizados yque pretendan hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación o a las entidades de fiscalización superiores locales para que sean consideradas y, en su caso incluidas en el programa anual de auditorías; y su seguimiento, que incluirá el conocimiento de las determinaciones que en cada uno de los casos se tome así como la comunicación correspondiente al proponente.
XII Bis. Establecer métodos y procedimientos mediante los cuales se recibirán de los ciudadanos, las organizaciones sociales y académicas las quejas y denuncias fundadas y motivadas que presenten o hagan llegar al Órgano de Fiscalización Superior y Órganos de Fiscalización Locales y su seguimiento que incluirá el conocimiento de las determinaciones que en cada uno de los casos se tome así como la comunicación correspondiente al proponente, y en su caso las acciones que deriven de conformidad con lo establecido en el Sistema Nacional.
XII Ter. Proponer métodos y procedimientos mediante los cuales se recibirá de la Comisión de Vigilancia de la ASF las peticiones y solicitudes sobre el funcionamiento de la fiscalización, y peticiones y solicitudes sobre temas, rubros o actos que propongan sean fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación o a las entidades de fiscalización superiores locales que haya recibido.
VI. Artículos transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Sistema Nacional Anticorrupción, disponible en https://www.gob. mx/presidencia/articulos/sistema-nacional-anticorrupcion?idiom=es, consultado el 14 de marzo de 2017.
2 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción - Comité de Participación Ciudadana -, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 14 de marzo de 2017.
3 Plan Anual de Auditorías de la ASF, disponible en http://www. asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias, consultado el 14 de marzo de 2017.
4 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, disponible en http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Vigilancia-de-la-Audi toria-Superior-de-la-Federacion, consultado el 14 de marzo de 2017.
5 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 14 de marzo de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado y diputada: Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbricas).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Gustavo Adolfo Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos y docentes del Centro Educativo Amaru AC de la Ciudad de México, invitados por el diputado Fidel Calderón Torreblanca.
De igual manera, saludamos la presencia en este recinto de estudiantes y docentes del Colegio Simón Bolívar. Invitados por la diputada María Ávila Serna. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Claudia Sánchez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Diputada presidenta, para felicitar al diputado Cárdenas sobre su iniciativa y solicitarle me permita adherirme a ella.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Cárdenas, tiene algún inconveniente en que la diputada Claudia Sánchez se adhiera a su iniciativa.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): Sí, adelante.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva, diputada.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 303 del Código Civil Federal, en materia de alimentos.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente, cuando atendiendo al interés superior de la niñez, de los principios de igualdad y no discriminación, determinó que la pensión por alimentos no prescribe y es retroactiva.
Al resolver un amparo, el máximo órgano judicial dictaminó que la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos nos suscribe a la esfera de la minoría de edad, lo que significa que una persona mayor de edad tiene el derecho a demandar de manera retroactiva el pago de los alimentos que no hubiera recibido siendo menor de edad.
Según lo establece la norma, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y asistencia en caso de enfermedad cuando se trata de menores. También debe de incluir la educación y proporcionarle algún arte, oficio o profesión.
En Nueva Alianza hemos promovido e impulsado acciones encaminadas a reafirmar el interés superior de la niñez en aras de proteger y garantizar el pleno goce de sus derechos.
De nueva cuenta refrendamos ese principio al presentar esta iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 303 del Código Civil Federal, con el propósito de establecer que la pensión alimenticia sea retroactiva, no caduque con la mayoría de edad, actualizando dicho ordenamiento jurídico y armonizando sus disposiciones con la jurisprudencia que en la materia ha asentado la Suprema Corte.
Con ello estaremos cumpliendo además con los compromisos contraídos internacionalmente al ser firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la obligación de los Estados parte de asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres y otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño o de la niña, pues pese a que este suministro de alimentos es una obligación que se genera al momento y que el menor tiene el derecho de recibirla de sus padres desde el nacimiento, las estadísticas revelan que un gran porcentaje no cumple con dicha obligación dejando a los menores en un estado vulnerable.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hasta el año 2015 había un poco más de ocho millones de menores de madres solteras que por razones de divorcio o separación de ellas, un 65.7 por ciento no recibía la pensión alimenticia asumiendo en su totalidad la crianza y manutención de los menores.
En este contexto, la modificación propuesta es por demás pertinente y sobre todo congruente, garantizándoles el derecho a las niñas y niños de recibir dicha pensión. Al hacer más accesible la solicitud de alimentos estaremos protegiendo a la niñez. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 303 del Código Civil Federal, en materia de alimentos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 303 del Código Civil Federal, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
El nuevo Diccionario Jurídico Mexicano define a los alimentos como la “asistencia que se da para el sustento” y no se limita sólo a la figura de la comida, sino a la “serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo”.
A nivel local, como en el plano internacional, se ha ampliado este beneficio, hasta ahora destinado a menores de edad, incapacitados o personas declaradas en estado de interdicción. Esta ampliación también lo es respecto del tiempo en que deben proveerse los alimentos y sus características.
La figura de alimentos se compone de dos elementos: un individuo con una necesidad real y evidente de consumirlos y otro individuo que tiene obligación de brindarlos según su capacidad económica, ya sea en dinero o en especie. La obligación del segundo deriva de la existencia de un parentesco por consanguineidad, por la celebración de un matrimonio o concubinato, por adopción o, incluso, después de disuelto el vínculo matrimonial.
Asimismo, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y asistencia en caso de enfermedad. Cuando se trata de menores, también debe de incluir la educación Primaria y el proporcionarle algún arte, oficio o profesión.
Siendo que mayoritariamente hablamos de menores cuando nos referimos a aquellos que tienen derecho a ser alimentados, la Convención sobre los Derechos del Niño, al establecer el interés superior de la niñez, refiere en su artículo 24 que:
1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios...
2. Los Estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:...
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;...
Mientras que en el artículo 27 añade que:
4. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados parte promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”
Asumiendo que son los menores de edad los más vulnerables, de entre los diversos destinatarios mencionados anteriormente, la sociedad ha buscado poner especial interés en su alimentación. En tal sentido, siendo de vital importancia su desarrollo y crecimiento, se busca protegerles y garantizar el pleno goce de sus derechos, actualizando el ordenamiento jurídico que regula la proveeduría de alimentos, armonizando sus disposiciones vigentes con la jurisprudencia que en la materia ya se ha dictado desde la máxima autoridad jurídica del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Exposición de MotivosLos alimentos son un derecho que encuentra su fundamento constitucional en el artículo cuarto de la Carta Magna, al establecer que: “...Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará...” y, como tal, la figura de los alimentos está regulada por la legislación civil federal y local, que entrando en materia de este Congreso, en el caso del Código Civil Federal se establece en su artículo 308 lo siguiente:
...la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados para su sexo y circunstancias personales.
Estos alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades de quien tenga la obligación de darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, como se establece en el artículo 311 del referido Código.
Luego, en el artículo 321 del ya citado ordenamiento, se establece que bajo ninguna circunstancia puede privarse del derecho a alimentos a quien tenga necesidad de recibirlos, puesto que es un derecho que no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción.
Dado que es un derecho al que no puede renunciarse y considerando su importancia, el suministro de alimentos es una obligación que se genera momento a momento y tampoco es renunciable por parte de quien deba proporcionarlos.
También se erigen como un derecho de preferencia de los cónyuges e hijos sobre los ingresos y bienes de quien deba proveerlos. A ese respecto, el artículo 165 del mismo lineamiento es claro al señalar que “los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos”.
Sin embargo, las estadísticas son contundentes: hasta 2015 había poco más de 8 millones de madres solteras por razones de divorcio o de separación. De ellas, un 65.7 por ciento no recibía pensión alimenticia, asumiendo en su totalidad la crianza y manutención de los menores.
Actualmente, cuando inicia un juicio de paternidad, al padre se le reconoce como tal hasta la existencia de una sentencia por parte del juez, y es a partir de ese momento en que adquiere la obligación de brindar alimentos al menor, aunque usualmente se resuelve que la obligación de otorgar una pensión alimenticia se inicia a partir del momento en que se promovió la demanda.
No obstante, el menor tiene el derecho de recibir alimentos de sus padres desde el nacimiento. ¿Qué sucede entonces con el tiempo transcurrido antes del inicio de la demanda de paternidad? ¿O qué sucede con aquellos menores que no los recibieron en ningún momento de quienes debían ministrárselos?
De acuerdo con lo expuesto, se estaría dejando al menor en situación de extrema vulnerabilidad durante estos periodos y no se estaría velando por su interés supremo.
Por esta razón, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 9 de septiembre de 2015, en el amparo directo en revisión 5781/2014, que una pensión alimenticia podría ser retroactiva al nacimiento del hijo, atendiendo al interés superior del menor y a los principios de igualdad y no discriminación. Establece que la filiación no distingue origen del nacimiento y el menor tiene el derecho de recibir alimentos en todo momento, por lo que éstos se le deben suministrar desde el mismo momento del nacimiento, dado que ahí se generó el vínculo que da origen a la obligación.
Posteriormente, el 1 de febrero de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 1388/2016, en el cual se determinó que la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad; lo que significa que una persona mayor de edad tiene el derecho a demandar de manera retroactiva el pago de los alimentos que no hubiera recibido siendo menor de edad.
Atentos a lo anterior, tomando en cuenta la jurisprudencia sentada y mencionada anteriormente, es que consideramos necesaria esta modificación, misma que pretende dejar asentado en el Código Civil Federal, el derecho de aquel adulto de solicitar los alimentos que no le fueran ministrados en la etapa que los requiriere; con ello, se acerca la justicia a quien ha sido vulnerado en el ejercicio de un derecho fundamental pero, sobre todo, lo que busca la presente Iniciativa es hacer más accesible la solicitud de dichos alimentos.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 303 del Código Civil Federal
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 303 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.
Luego de una resolución de juicio de reconocimiento de paternidad y declarada la misma, la deuda alimentaria debe retrotraerse a la fecha de nacimiento del menor. Dicha posibilidad no se circunscribirá a la minoría de edad, por lo que un adulto podrá solicitar el pago de alimentos que no recibió siendo menor. El monto retroactivo de los alimentos debidos será fijado por el juez.
TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Porrúa, 1998.
2 Ídem.
3 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989.
4 Ídem.
5 Con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de marzo de 2017.— Diputadas: María Eugenia Ocampo Bedolla,Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbricas).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ocampo Bedolla. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que re forma los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud.
El diputado Abdies Pineda Morín:Con su venia, diputada presidenta; honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud, para que el riesgo de la automedicación y autoprescripción sean materia de la educación de salud.
Actualmente la automedicación es definida como la ingestión de medicamentos de venta libre o por iniciativa propia.
Según la Secretaría de Salud federal, se automedica el 80 por ciento de las personas. La automedicación constituye una práctica riesgosa cuyas consecuencias pueden ser el ocultamiento de una enfermedad, la aparición de reacciones adversas e interacciones medicamentosas, el aumento de la resistencia a agentes antimicrobianos, entre algunas otras; por lo que se considera pertinente incluir al riesgo de automedicación y autoprescripción, como objetos de la educación para la salud, así como la leyenda visual y auditiva. Automedicarse puede agravar la enfermedad en la publicidad de medicamentos.
La Organización Mundial de la Salud considera que la automedicación suele ser promovida por los pacientes cuanto el proceso es leve o ya conocido, usando fármacos que ya conocen y con amplia venta terapéutica.
La automedicación con productos de venta libre, de receta, es una forma de autocuidado de la salud.
La OMS ha promovido la automedicación responsable de esos medicamentos, subrayando la importancia de la información dirigida a los usuarios para lograr su uso adecuado. La práctica y el autocuidado es impulsada como una manera de promover estilos de vida más saludables.
En otros países los medicamentos de venta libre, e incluso los que requieren receta, están acompañados de amplios insertos informativos dirigidos a los consumidores del producto que explican aspectos importantes, tales como la interacción con otros medicamentos, qué reacciones adversas pueden ocurrir o cuándo es necesario consultar al médico.
La finalidad de proveer esta información es darle al usuario de medicamentos herramientas para que tomen decisiones informadas sobre su salud. Diversos estudios han mostrado que los consumidores requieren información sobre sus medicamentos.
En México, un estudio efectuado a 3 mil 144 pacientes atendidos entre noviembre de 2009 y abril del 2010 en los servicios de urgencias de hospitales, señala que el 44 por ciento refieren haber recurrido a automedicación en los últimos seis meses. Los principales padecimientos por los que se recurrieron a la automedicación fueron respiratorios, gastrointestinales y urinarios.
El 51.73 por ciento refieren recurrir a automedicación por lo menos cada mes y hasta el 14.9 por ciento recurren a ella cada semana. Los principales medicamentos empleados fueron los antibióticos y los analgésicos.
La principal causa por la que refieren haber recurrido a la automedicación fue la de no tener tiempo de buscar atención médica, aunque en la mayoría de las ocasiones el medicamento fue indicado por familiares, 29.60 por ciento; o el mismo paciente el 28.58 por ciento; hasta el 22.47 por ciento que fue prescrito por los farmacéuticos.
Un dato a considerar es que el 7.19 por ciento de los pacientes leyeron el instructivo del medicamento previo a su administración, y sólo el 10 por ciento de los casos les fueron solicitadas recetas al comprar los medicamentos. Esta muestra estadística deriva de un estudio que vislumbra la necesidad de que la educación para la salud incluya el riesgo de la automedicación y autoprescripción.
Finalmente, diputadas y diputados, Encuentro Social se expresa por la defensa responsable y participativa de la salud de las familias mexicanas. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES
El suscrito, diputado federal Abdies Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
La automedicación es definida como la ingestión de medicamentos de venta libre o por iniciativa propia.
Según la Secretaría de Salud federal, se automedica el 80 por ciento de las personas, con las consecuentes alergias, y en el caso de los antibióticos, con la resistencia de los gérmenes y virus a éstos.
La costumbre, la falta de servicios públicos, suficientes y de calidad y los altos costos de las consultas privadas son las principales causas de que las personas se automediquen.
El estudio “Análisis de la automedicación como problema de salud”, de Claudia Sánchez Bermúdez y María Guadalupe Nava Galán, concluyó que la automedicación constituye una práctica riesgosa cuyas consecuencias pueden ser, entre otras: enmascaramiento de una enfermedad y retraso en la asistencia médica en casos en los que es realmente necesaria: aparición de reacciones adversas e interacciones medicamentosas, aumento de la resistencia a agentes antimicrobianos, elección incorrecta de medicamentos y riesgo de abuso o farmacodependencia ya que un medicamento es una sustancia con propiedades para el tratamiento o la prevención de enfermedades en los seres humanos y si no se lleva un control adecuado puede llevar a una dependencia sin darse cuenta.
México debe emprender acciones para mejorar la información que los pacientes reciben sobre los medicamentos que consumen con la finalidad de disminuir, y paulatinamente desaparecer la práctica de la automedicación y autoprescripción de medicamentos.
Por lo que se considera pertinente incluir al riesgo de automedicación y autoprescripción como objetos de la educación para la salud, así como la leyenda visual y auditiva: “auto medicarse puede agravar la enfermedad” en la publicidad de medicamentos.
Argumentos que la sustentan
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la automedicación suele ser promovida por los pacientes cuando el proceso es leve o ya conocido, usando fármacos que ya conocen y con amplia ventana terapéutica. Sin embargo, la frecuencia de utilización de medicamentos sin prescripción médica ha ido en aumento, constituyéndose en un punto negativo a considerar, ya que ahora se emplean cada vez con más frecuencia fármacos que debieran ser utilizados únicamente bajo supervisión médica, aseveran en el artículo “Patrón del empleo de automedicación en pacientes atendidos en Servicios de Urgencias del Área Metropolitana”, de diversas autoras.
De acuerdo con el artículo “El debate sobre la automedicación”, de las doctoras Veronika J Wirtz, Anahí Dreser y René Leyva, del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, en México, como en otros países, la regulación distingue entre aquellos medicamentos que requieren para su venta receta médica, y aquellos que no la requieren llamados OTC ( over the counter).
Los medicamentos OTC tienen un margen riesgo/beneficio que permite su utilización sin supervisión médica para el alivio de una serie de síntomas –dolor de cabeza, fiebre, acidez estomacal, etcétera–. En este sentido, la automedicación con productos OTC es una forma de autocuidado de la salud, y no debe catalogarse como una práctica aberrante o peligrosa per se.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido la automedicación responsable con medicamentos OTC subrayando la importancia de la información dirigida a los usuarios para lograr su uso adecuado.
En México, a diferencia de otros países, existen pocos estudios sobre la automedicación y la autoprescripción. En ambos casos hay riesgos para la salud, si bien la autoprescripción es considerada una práctica preocupante, dado que el medicamento es adquirido sin contar con el diagnóstico apropiado de parte de algún profesional de la salud.
La automedicación y la autoprescripción son distintos del autocuidado.
La práctica del autocuidado es impulsada tanto por la OMS y los gobiernos como una manera de promover estilos de vida más saludables.
Con todo, existe una vinculación clara entre el autocuidado, la automedicación y la autoprescripción. Por ejemplo, cuando el autocuidado resulta insuficiente, el consumidor suele recurrir a la automedicación para hacer frente a algún malestar o dolencia. Si la automedicación no reporta los resultados esperados, entonces se opta, en muchos casos, por la autoprescripción.
El problema es complejo. Sin embargo, es importante la educación en materia de salud entre la población –concluye el artículo Publicidad y automedicación de María Cristina Rosas–; la promoción de estilos de vida sanos y del autocuidado y automonitoreo. Además, afirma la investigadora, que es muy importante también mejorar las legislaciones que regulan a los medicamentos y a la publicidad que los oferta.
Por otro lado, lo que distingue a México de muchos otros países es la carencia de información que apoye la automedicación segura y responsable.
En otros países, los medicamentos OTC –e incluso los medicamentos que requieren receta– están acompañados de amplios insertos informativos dirigidos a los consumidores del producto que explican aspectos importantes tales como la interacción con otros medicamentos, qué reacciones adversas pueden ocurrir, o cuándo es necesario consultar al médico.
Esta información es aprobada por las autoridades regulatorias para asegurar su confiabilidad y su actualización. La finalidad de proveer esta información es darle al usuario de medicamentos herramientas para que tome decisiones informadas sobre su salud, y protegerlo de riesgos potenciales derivados de consumir medicamentos.
Diversos estudios han mostrado que los consumidores quieren información sobre sus medicamentos, y que la información adecuada disminuye la ocurrencia de reacciones adversas.
Un argumento que usualmente se esgrime en contra de la automedicación es que el solo alivio de síntomas podría potencialmente enmascarar alguna enfermedad, por lo cual la consulta médica es siempre imperativa. Sin embargo, difícilmente algún sistema de salud podría ser capaz de proveer atención médica para el manejo de cada síntoma leve. Por el contrario, la automedicación responsable para el tratamiento de algunos síntomas e incluso para el seguimiento de ciertas enfermedades crónicas (después de un diagnóstico médico inicial), disminuye la demanda impuesta en los servicios de salud.
Un elemento que se agrega y complica el debate sobre automedicación en México es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados, en nuestro país los medicamentos que requieren receta médica -éticos o no OTC- frecuentemente son vendidos en las farmacias sin exigirse la receta. De hecho, estudios recientes demuestran que entre 43 y 59 por ciento de los medicamentos que requieren receta médica son vendidos sin este requisito.
Por lo tanto, diversos autores en México han diferenciado entre automedicación (uso de medicamentos OTC) y autoprescripción (uso de medicamentos éticos sin receta médica). La autoprescripción es desalentada por la OMS debido a que el margen riesgo/beneficio propio de estos medicamentos (por ejemplo, los antibióticos) requiere que su uso ocurra bajo supervisión médica.
Sin embargo, es importante hacer énfasis que la autoprescripción no debe ser catalogada como una “mala costumbre” y mucho menos como un acto ilegal cometido por los pacientes, como algunas organizaciones gremiales médicas de México han sugerido. La autoprescripción es en realidad el resultado de un sistema regulatorio débil que permite la venta de medicamentos éticos sin receta.
La misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que “... no parece razonable trasladar la responsabilidad de la obtención ilegal de medicamentos al consumidor o paciente, lego en medicina.”
La OPS ha subrayado asimismo que es una equivocación sostener que los pacientes compran medicamentos por iniciativa propia; en lugar debería decirse que los medicamentos se venden sin receta médica, lo cual “mostraría claramente la falta de profesionalidad del sistema de comercio y la abierta infracción de las disposiciones legales por parte de las personas responsables de cumplirlas”.
En este sentido, México debe emprender -en forma paralela- acciones para fortalecer la regulación de las farmacias, y acciones para mejorar la información que los pacientes reciben sobre los medicamentos que consumen.
El artículo “Patrón del empleo de automedicación en pacientes atendidos en Servicios de Urgencias del Área Metropolitana” señala que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 6 por ciento de los medicamentos de prescripción se dispensan sin receta en las farmacias, principalmente los referentes a analgésicos, antigripales y antibióticos.
En México, un estudio efectuado a 3 mil 114 pacientes atendidos entre noviembre de 2009 y abril de 2010, en los Servicios de Urgencias de los hospitales, el 93.48 por ciento de los encuestados eran derechohabientes de la unidad médica en donde recibieron atención. El 43.99 por ciento refirieron haber recurrido a automedicación en los últimos 6 meses.
Los principales padecimientos por los que recurrieron a la automedicación fueron respiratorios (39.5 por ciento), gastrointestinales (29.19 por ciento) y urinarios (25.21 por ciento). El 51.73 por ciento refirieron recurrir a automedicación por lo menos cada mes y hasta el 14.9 por ciento recurría a ella cada semana.
Los principales medicamentos empleados fueron los antibióticos (38.21 por ciento) y los analgésicos (35.64 por ciento).
La principal causa por la que refirieron haber recurrido a la automedicación fue la de no tener tiempo de buscar atención médica (67.63 por ciento). Los cuadros respiratorios (39.49 por ciento) y gastrointestinales (29.19 por ciento) fueron los que propiciaron el empleo de medicamentos.
Aunque en la mayoría de las ocasiones el medicamento fue indicado por los familiares (29.60 por ciento) o el mismo paciente (28.58 por ciento), hasta el 22.47 por ciento fue prescrito por los farmacéuticos. Hasta el 70.61 por ciento de los pacientes consideraron que los medicamentos mejoraron su enfermedad.
Tan sólo el 7.19 por ciento de los pacientes leyeron el instructivo del medicamento previo a su administración. Sólo en el 10 por ciento de los casos les fueron solicitadas recetas al comprar los medicamentos.
Esta muestra estadística derivada de un estudio vislumbra la necesidad de que la educación para la salud incluya el riesgo de la automedicación y autoprespcripción. El dato estadístico relevante es que sólo el 7.19 por ciento leyó el instructivo.
Finalmente, el artículo “Patrón del empleo de automedicación en pacientes atendidos en Servicios de Urgencias del Área Metropolitana, en comento, concluye:
1) La frecuencia de automedicación en esta población está por arriba de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
2) Los fármacos más empleados para esta práctica son de fácil acceso en nuestra población.
3) Los factores asociados a la práctica de automedicación podrían ser de fácil corrección.
4) Será necesario establecer estrategias que involucren tanto a pacientes, como a personal de salud y autoridades, a fin de limitar el empleo de la automedicación.
La diferencia entre automedicación y autoprescripción es notable. La automedicación se refiere a un uso responsable de medicamentos por parte de la persona, normalmente cuando conoce tanto los síntomas de su enfermedad como el medicamento para combatirla. Según la Organización Mundial de la Salud la automedicación responsable es válida como fórmula de atención de salud en los países desarrollados.
La autoprescripción, por el contrario, es el uso indiscriminado de fármacos sin el diagnóstico ni la receta del personal del sector salud. Esta autoprescripción puede tener consecuencias negativas para la salud: reacciones adversas o efectos secundarios, aparición de gérmenes resistentes a la medicación, enmascaramiento de la verdadera causa de la enfermedad.
Las principales enfermedades por las que se automedican son los dolores de cabeza, las gripes y los resfriados, y en menor medida los dolores musculares y los síntomas digestivos.
Algunos de los factores que condicionan y favorecen el consumo de medicamentos sin prescripción son:
• Imposibilidad de acudir al centro de salud.
• Familiaridad con el producto.
• Conocimiento del medicamento por una prescripción anterior.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud
Texto normativo propuesto
Artículo Único. Se reforman los artículos 112 y 310 de la Ley General de Salud, para quedas como sigue:
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. a II. ...
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación y autoprescripción, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.
Artículo 310. ...
I. y II. ...
...
...
La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, los textos: Consulte a su médico y automedicarse puede agravar la enfermedad, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.
Ambas se limitarán a difundir las características generales de los productos, sus propiedades terapéuticas , modalidades de empleo y sus reacciones secundarias,señalando en todos los casos la conveniencia de consulta médica para su uso.
Artículo TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 http://www.medigraphic.com/pdfs/urgencia/aur-2010/aur103c.pdf
2 http://www.medigraphic.com/pdfs/urgencia/aur-2010/aur103c.pdf
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 30 de marzo de 2017.— Diputado Abdies Pineda Morín(rúbrica).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Pineda Morín. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de niños y adultos provenientes del distrito séptimo de la Delegación Gustavo A. Madero, invitados por la diputada María Chávez García. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul la diputada Candelaria Ochoa. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Gracias, presidenta. Al inicio de la sesión uno de mis compañeros diputados habló del tema y sólo quisiera profundizar, porque el día de ayer tuvimos sesión de la Comisión Especial de Agresiones a Periodistas y no vino el fiscal general. Pero además decirles que solicitamos la protección para los periodistas del diario La Opinión; y ya, desde hace más de, desde el mes de noviembre del 2016, como diputados de la fracción ciudadana, habíamos solicitado la protección a los periodistas de La Opinión de Poza Rica, Veracruz.
Hoy, con el atentado de ayer del director Armando, nos preocupa todavía más la seguridad de los periodistas de La Opinión, por lo cual reiteramos nuestra demanda a la Secretaría de Gobernación para la protección de las y los periodistas de este medio. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Quedan registradas sus participaciones en el Diario de los Debates. Proceda la Secretaría con declaratoria de publicidad.
La diputada Brenda Velázquez Valdez(desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Pero antes, nos ha solicitado el uso de la palabra la diputada Brenda Velázquez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el mismo objeto que la diputada Candelaria. El día de ayer sesionamos, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, y es muy lamentable que nos haya dejado plantados el fiscal federal. Ya nos había dicho que sí iba a venir personalmente y a la mera hora nos canceló.
Entonces sí, estamos aquí firmando un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que venga a rendir un informe sobre los homicidios y agresiones a periodistas e informe las medidas que se llevan a cabo para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los periodistas en México, el secretario de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
Así que, por favor, sí es necesario que nuestros compañeros apoyen para poner fin a tanta violencia que están sufriendo los periodistas. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada. Queda registrada su participación en el Diario de los Debates.
La diputada Claudia Sánchez Juárez(desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Y sonido en la curul de la diputada Claudia Juárez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Diputada, para manifestar la preocupación que veo: hay de parte del gobierno federal falta al respeto a esta soberanía, no solo a los diputados de tal o cual partido, de tal o cual fracción parlamentaria.
Ayer sesionamos la Comisión Especial Encargada de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar el Funcionamiento de Aduanas, Puertos y Aeropuertos. Estaba citado previamente el director general del aeropuerto, del actual aeropuerto internacional, el licenciado Alejandro Argudín Le Roy, y no llegó, no llegó sin causa justificada y también manifestar la preocupación de la falta de sensibilidad y la falta de respeto del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo.
Quiero decirle que también sería bueno emitir un extrañamiento al superior jerárquico de esta persona, de este director, que es el secretario Gerardo Ruiz Esparza.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus participaciones, diputada Claudia. Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Con el objeto de sugerir un procedimiento a las quejas de las señoras diputadas.
El Poder Legislativo tiene la obligación de hacer que los responsables de las áreas del gobierno federal que son convocados a esta Cámara vengan o se exceptúen por causa justificada. Sugiero muy respetuosamente que ambas quejas de las diputadas sean turnadas a la Junta de Coordinación Política para que determine lo procedente, en los términos de que es imprescindible que se respete al Poder Legislativo, por supuesto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Queda registrada su participación. Tome nota la Secretaría para proceder en lo conducente.
Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad.
DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México, enviada por la Cámara de Senadores, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 40, numeral 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, elaborar el Dictamen a la Minuta turnada, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes Apartados: Antecedentes, Contenido de la Minuta, Consideraciones, Conclusiones y Acuerdo.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo y con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis el Senador Enrique Burgos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficios DGPL-2P1A.-570 y DGPL-2P1A.-571, y con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis mediante oficios DGPL-2P1A.-710 Y DGPL-2P1A.-711, turnó las referidas Iniciativas de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, así como la del Senador Enrique Burgos García respectivamente, a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores respectivamente, para su estudio y dictamen correspondiente.
TERCERO. Con fecha siete de abril de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante oficios DGPL-2P1A.-2821.49 y DGPL-2P1A.-2821.27, comunicó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores respectivamente, que emitió excitativa sobre las iniciativas mencionadas para que se presentara el dictamen correspondiente.
CUARTO. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, presentaron Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. La Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en su sesión ordinaria celebrada el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fue enviado el mismo día, mediante oficio DGPL-1P2A.-1123, como Minuta Proyecto de Decreto, para los efectos constitucionales a la Cámara de Diputados con la siguiente redacción:
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo Único. Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 15.
1. a 8. ...
9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.
10. ...
ARTÍCULO 22.
1....
2.El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
3. y 4. ...
ARTICULO 23.
1. y 2. ...
3.Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.
4....
ARTÍCULO 62.
1.y 2. ...
3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.
ARTÍCULO 66.
1...
a)a e) ...
f)Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;
g)a m)...
2.y 3....
ARTÍCULO 67.
1. ...
a) a e) ...
f)Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;
g)a o)...
2. ...
ARTÍCULO 90.
1....
I. a IX. ...
X.De la Ciudad de México;
XI. a XXX. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.
ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.
SEXTO. Con fecha veintisiete de septiembre dos mil dieciséis, la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-1-1227, dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México, turnándola a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para la elaboración del dictamen correspondiente.
CONTENIDO DE LA MINUTA
El Dictamen correspondiente de la Colegisladora, contiene las siguientes argumentaciones:
- Que la propuesta realizada por los Senadores promoventes, deriva de una reforma constitucional; por lo cual, esta la Comisión Dictaminadora coincidió en que las propuestas de reforma dictaminadas son obligatorias en virtud de la modificación de la Carta Magna. Y que en esta reforma constitucional se modificó la denominación de la Entidad Federativa, asiento de los poderes federales, para pasar de Distrito Federal a Ciudad de México.
- La Dictaminadora, consideró procedente y viable jurídicamente modificar la actual denominación de la Comisión del Distrito Federal.
- Que el pasado 30 de marzo del presente año, a la Comisión Dictaminadora le fue turnada la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, por la que la colegisladora aprobó modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal por la de Comisión de la Ciudad de México, y situarla en el listado de Comisiones Ordinarias, otorgándole tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio respecto de la Ciudad de México. Consideró que lo jurídicamente procedente es modificar la denominación de la Comisión en comento para hacerla acorde con la reforma constitucional; por ello y considerando que esta misma Comisión dictaminó favorable la Minuta enviada por la colegisladora, procedió en relación a la Iniciativa del Senador Burgos rechazarla exclusivamente por la reforma a la denominación de la Comisión, es decir, no sería modificado el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
- Como fue aprobado en la Minuta de la colegisladora, se derogaría el numeral 3 del artículo 40.
- Que en relación a la reforma de los demás artículos que proponen las Iniciativas, consideraron procedente la modificación; sin embargo, debe uniformarse la terminología en los casos en que se hace referencia al Distrito Federal para denominarlo “entidad federativa”, ya que esa es su naturaleza jurídica, independientemente de su nueva denominación de “Ciudad de México”.
- La Comisión Dictaminadora consideró procedente las modificaciones solicitadas por los Senadores promoventes, sin embargo, a fin de armonizar la Reforma Política de la Ciudad de México con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente utilizar en todo aquello que haga referencia a los “Estados y Distrito Federal” sólo la denominación “entidades federativas”, en razón a que los promoventes en algunos artículos de la Ley de referencia utilizaron las denominaciones siguientes: “Estados de la Unión y de la Ciudad de México”, “Estados y de la Ciudad de México” y “entidades federativas”.
- A efecto de ilustrar lo referido con anterioridad, la Dictaminadora presentó el siguiente cuadro comparativo:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora coincide con los planteamientos de la colegisladora, en el sentido de que las propuestas contenidas en las Iniciativas de los Senadores autores de las mismas, justifican su análisis dentro del proceso legislativo para determinar la pertinencia jurídica de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la Reforma Constitucional por la que se modifica la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México.
Cabe precisar que el 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso de la Unión como por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Y que el 29 de enero de 2016, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Reforma Constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.
En ella, se modifica la denominación de la entidad federativa que pasa de ser Distrito Federal a la de Ciudad de México, con plena autonomía y asiento de los poderes federales en su carácter de capital de la República.
También, le confiere el estatus expreso de Entidad Federativa en la Carta Magna, como ya lo era conforme al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su Artículo 2; y distingue el texto constitucional reformado entre los 31 Estados soberanos y la Ciudad de México dotada de autonomía, de una Constitución y tres poderes locales.
Aunque la aplicación del artículo 124 Constitucional, relativo al Pacto Federal, con la reforma para la ahora Ciudad de México, operará en el mismo sentido que para los Estados, es decir que aquellas facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias, precisamente entre esas facultades expresas, está el caso de la aprobación anual de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos para la Ciudad de México y que ha sido mantenida expresamente en este Decreto al Congreso Federal.
Por ello, esta Dictaminadora comparte los argumentos contenidos en el Dictamen aprobado por la colegisladora como Cámara de Origen, acerca de que versan sobre reformas a la normatividad orgánica de la vida parlamentaria de cada una de sus Cámaras, que ante la nueva realidad requiere su debida armonización, atendiendo a los contenidos de la Reforma Política de la Ciudad de México.
SEGUNDA. En la vida orgánica de las Cámaras del Congreso de la Unión, es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la que prevé que las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara correspondiente cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
En esa tesitura, esta Dictaminadora también estima procedente y viable jurídicamente, modificar en sus contenidos, la actual denominación de Comisión del Distrito Federal, por la de Comisión de la Ciudad de México, ya que aun cuando en virtud de la citada reforma política, el Congreso de la Unión dejó de ser el Congreso local para el Distrito Federal, conserva facultades expresas que justifican, desde el punto de vista del marco constitucional y dentro de la organización del proceso legislativo mantener la estructura de Comisión, como órgano destinado a la elaboración de las tareas que prevé la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA. Respecto de la Consideración tercera de la Minuta que remite la colegisladora, hace referencia a la improcedencia de reformar el numeral 3, del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se propuso en una de las Iniciativas motivo del correspondiente Dictamen, por las siguientes razones:
Que a la Comisión que analizó y formuló el Dictamen aprobado por el pleno del Senado, también le fue turnada anteriormente la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los Artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, por la que la Cámara de Diputados aprobó modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal, por la de Comisión de la Ciudad de México y situarla en el listado de Comisiones Ordinarias, otorgándole tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio respecto de la Ciudad de México. Así como la derogación del numeral 3 del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, es que la colegisladora en el Dictamen motivo de la presente Minuta, estimó jurídicamente procedente modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal, para hacerla acorde con la reforma constitucional, que por eso y considerando que la misma Comisión Dictaminadora del Senado, también dictaminó favorable aquella Minuta de la Cámara de Diputados, en el sentido de derogar el numeral 3 del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones y fundamentos por ella expuestos, estima sostener la derogación del numeral 3, del Artículo arriba indicado y en consecuencia determina la improcedencia de la reforma al multicitado Artículo 40 del referido ordenamiento orgánico.
Ahora bien, para esta Dictaminadora no pasa inadvertido que con fecha 20 de septiembre de 2016 fue cuando el pleno de la colegisladora aprobó el Dictamen, por lo que en esa fecha aún no se había publicado ni derogado el numeral 3 del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el 4 de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los Artículos 39 y 40 de la mencionada Ley Orgánica, donde específicamente se deroga el numeral 3 de su Artículo 40, por lo que queda sin materia para efectos de la Minuta que se dictamina.
Esta situación, no incide en las coincidencias que mantiene la Comisión Dictaminadora respecto de los contenidos del Dictamen de la colegisladora.
CUARTA. En relación con la reforma a los demás Artículos que proponen las Iniciativas, esta Dictaminadora también considera procedentes las modificaciones de la colegisladora y coincide con su punto de vista, acerca de que debe uniformarse la terminología que hace referencia al Distrito Federal, para denominarlo “entidad federativa” por las razones jurídicas expuestas en el contenido de su Dictamen.
Asimismo procedente, la adecuación a las Iniciativas motivo del Dictamen de la colegisladora, para lograr la armonización de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la Reforma Política de la Ciudad de México.
Por las razones expuestas y debidamente fundadas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, aprueba el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo Único. Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTICULO 15.
1.a 8. ...
9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.
10. ...
ARTÍCULO 22.
1....
2.El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
3. y 4. ...
ARTICULO 23.
1. y 2. ...
3.Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.
4. ...
ARTÍCULO 62.
1.y 2. ...
3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.
ARTÍCULO 66.
1. ...
a) a e)...
f)Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;
g) a m)...
2. y 3. ...
ARTÍCULO 67.
1. ...
a) a e)...
f)Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;
g)a o)...
2. ...
ARTÍCULO 90.
1....
I. a IX. ...
X.De la Ciudad de México;
XI.a XXX. ...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.
ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de diciembre de 2016.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Edgar Romo García (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
DICTAMEN A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 11 de octubre de 2016 por la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma la fracción XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno el día 12 de octubre de 2016 para su análisis y dictamen a esta Comisión de Gobernación.
Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:
II. Contenido de la Iniciativa
La iniciativa materia del presente dictamen tiene como objeto reconocer la pluralidad lingüística de México, reafirmando la atribución de la Secretaría de Cultura en la promoción de la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial, de temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, mediante la reforma a las fracciones XII y XXIII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en congruencia con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Para ello, el iniciante propone la siguiente modificación legislativa al artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Manifestando en favor de la iniciativa sustancialmente que para el mundo, las lenguas indígenas son de suma importancia pues aportan una gran riqueza plurilingüística, siendo este el caso de México.
Que el artículo 2o. de nuestra Carta Magna está dedicado a consagrar una serie de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y su fracción IV establece claramente el derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.
Que la Constitución “reconoce la pluriculturalidad de nuestro país, y en tal sentido consagra el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas originarias”.
Que, derivado de lo anterior, se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, “con el objeto de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas”.
Que dicha ley, en su artículo 4o. reconoce la composición plurilingüística de nuestro país y que en tal sentido reconoce tanto al castellano o español como a las lenguas indígenas, el carácter de nacionales.
Que en diciembre de 2015 fue creada la Secretaría de Cultura, como un organismo de la Administración Pública Federal encargada de garantizar el derecho al acceso a la cultura establecido por el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.
Que, conforme a lo anterior, la nueva Secretaria de Cultura debe asumir el carácter constitucional de México como una nación pluricultural, y en esa medida no debe privilegiar la expresión, fomento o difusión de una cultura por sobre otra, pues ello representaría un ejercicio discriminatorio hacia una cultura en particular y por lo tanto una especie de censura.
Por ello y con la finalidad de evitar que otras disposiciones jurídicas que atenten contra la libertad de expresión y el reconocimiento de los derechos lingüísticos, se propone modificar el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reconocer y proteger la pluralidad lingüística de México.
A partir del análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos la Comisión de Gobernación expresamos las siguientes:
III. Consideraciones
Después de haber realizado un estudio de la propuesta que se dictamina esta Comisión coincide con el proponente en la importancia de modificar el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para proteger la pluralidad lingüística mexicana, en los siguientes términos:
El sentido positivo del presente dictamen se produce en razón de que se comparte el reconocimiento a la existencia de una composición plurilingüística en nuestro país, misma que debe ser protegida y preservada como uno de los patrimonios históricos de nuestro pueblo, ya que son innegables las aportaciones culturales y el sentido de identidad que las lenguas indígenas plasman en México.
Coincidimos con el proponente en que “México cuenta con una inconmensurable riqueza lingüística” y dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Nación Mexicana es única e indivisible y se basa en una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, estimamos necesario reconocer en el texto legal la composición pluricultural mexicana.
Así mismo coincidimos con el iniciante que diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
De igual manera se estima procedente la modificación legal, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, el español y todas las lenguas indígenas que se reconozcan en dicha ley.
En consecuencia, cada lengua constituye un instrumento particularísimo para la expresión humana, insustituible e invaluable, y representa por lo tanto un patrimonio cultural de la humanidad que debe ser resguardado ante la amenaza de su desaparición al contar con 68 agrupaciones lingüísticas que podemos señalar a continuación:
Coincidimos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual considera que las variantes lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública.
Ahora bien, esta Comisión considera necesario modificar el texto propuesto por el iniciante debido a que la adición propuesta consistente en: “reconocidos por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, debido a que el orden jurídico positivo debe guardar uniformidad entre las diversas leyes y éstas deben entenderse como aplicables sin necesidad de una referencia expresa entre sí.
Asimismo, es importante recordar que las lenguas indígenas preexisten a la Ley, por lo que en tanto procedan de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano o provengan de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación, en términos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, serán reconocidas como lenguas nacionales.
De igual manera se considera que en el presente no es necesario incluir la modificación a la fracción XXIII, toda vez que la elaboración de traducciones, así como su difusión, implican una asignación de presupuesto al requerir de traductores y medios de comunicación audiovisual o escritos para la difusión de dichos textos, sin que en la iniciativa de mérito se incluya la manera en la que habrán de generarse nuevos recursos que hagan frente al gasto propuesto o en su caso, la manera en la que deberá de solventarse dicho problema.
Finalmente estimamos necesario señalar que, en concordancia con la modificación aquí propuesta, el pasado 29 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para reconocer el carácter nacional de las lenguas indígenas y en tal sentido, no restringir la utilización de las lenguas indígenas a las radiodifusoras de “uso social indígena”.
Enalteciendo así la composición plurilingüística de nuestro país y reafirmando el compromiso de esta Soberanía con el reconocimiento a la unidad e indivisibilidad de la Nación Mexicana.
Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Gobernación y para los efectos del artículo 72 Constitucional, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Artículo Único. se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para queda como sigue:
Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XI. ...
XII.Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales,así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones;
XIII.a XXIV. ...
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Disponible en: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ Última fecha de consulta 15 de noviembre de 2016
Palacio Legislativo, 15 de noviembre de 2016.
La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena, David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli, Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo, Juan Pablo Piña Kurczyn, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich. Adelante, diputado.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, quiero agradecer, en primer término, la oportunidad a la Comisión de Gobernación, particularmente a su presidenta, la diputada Paloma Guillén, para presentar la fundamentación del presente dictamen.
Dice el doctor Miguel León Portilla, que cuando muere una lengua entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra.
Es por ello que el dictamen que hoy discutimos resulta tan importante, porque mediante él justamente las lenguas indígenas deberán ser tratadas por la recién creada Secretaría de Cultura, en igualdad de condiciones que el español, con lo que estaremos sin duda alguna contribuyendo a dignificar nuestras lenguas originarias y asegurando su salvaguarda.
México, se ha dicho hasta el cansancio, tiene una gran deuda histórica con los pueblos y con la cultura indígena y creo que hoy la Comisión de Gobernación da un paso sencillo, pero al mismo tiempo fundamental en el reconocimiento de esta deuda, pues el dictamen que hoy se presenta a discusión eleva a las lenguas indígenas al carácter nacional que les corresponde y se establece que como tal deberán ser tratadas en las respectivas políticas culturales.
La reciente creación de la Secretaría de Cultura implica asumir nuevos retos en la construcción y articulación de las políticas culturales. Esto significa entender que nuestro país no estará en condiciones de dar los pasos necesarios en la construcción de una política incluyente, sin que se trate a las lenguas originarias con la misma dignidad que el castellano y confiamos por ello que la propia Secretaría de Cultura asumirá, con esa urgencia, su nueva tarea de salvaguardar y fomentar las producciones culturales en lenguas indígenas.
México, como uno de los países con la mayor diversidad lingüística del mundo al contar con 68 lenguas indígenas reconocidas, debe proteger las expresiones culturales en dichas lenguas y fomentar como uno de los baluartes de nuestra pluriculturalidad reconocida desde la reforma del 2001, en materia de derechos indígenas.
Hay que recordar que para garantizar el reconocimiento de la composición plurilingüística de nuestro país, fue promulgada en el año 2003 la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 4o. reconoce a todas las lenguas indígenas habladas en nuestro país el mismo estatuto que a la lengua española, estableciendo que son, lo cito textual, todas lenguas nacionales.
De este espíritu también se derivó una reforma, ya aprobada hace algunos meses por esta misma legislatura, a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por eso hoy, el presente dictamen reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece la nacionalidad de una sola lengua, para que a partir de esta modificación se establezca que la Secretaría de Cultura deberá promover las expresiones culturales de todas las lenguas nacionales reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Mediante la aprobación de este dictamen, compañeras y compañeros diputados, la Cámara estaría dando un paso fundamental en el reconocimiento de la inconmensurable riqueza lingüística de nuestro país, cuya salvaguarda está a cargo de los pueblos originarios que las mantienen vivas, pero además estaremos fortaleciendo de manera responsable y con visión de futuro a la Secretaría de Cultura, para impulsar su trabajo desde una óptica de inclusión y pluriculturalidad.
No puedo dejar de mencionar, que en el diseño institucional es necesario evitar, por un lado, la construcción de políticas asimilacionistas que tanto daño han hecho, y por otro lado, igual evitar la folclorización de los derechos y de la cultura indígena.
Por ello esta reforma es importante, porque el reconocimiento, salvaguarda y promoción de las expresiones culturales en lenguas indígenas es un paso fundamental que nuestras instituciones deben dar en la construcción de una relación de dignidad y respeto hacia los pueblos indígenas, sustentada en la inclusión, en el reconocimiento y en la celebración de la diferencia, pero sobre todo, en el derecho de los pueblos indígenas a construir su identidad a partir del uso de su lengua materna.
En otros términos, sin el reconocimiento, promoción y defensa de las expresiones culturales en lenguas indígenas, estaremos perpetuando el círculo vicioso mediante el que los pueblos originarios son discriminados, pues precisamente su lengua es el baluarte primordial de sus culturas y el instrumento mediante el cual se manifieste.
Finalmente, quiero extender una felicitación a todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Gobernación por la buena voluntad mostrada en la discusión y dictaminación de esta iniciativa.
Finalmente, como ha señalado el poeta náhuatl, Mardonio Carballo, en esta misma Cámara de Diputados hace algunos meses, un sol de 13 millones de mexicanos es difícil de tapar con el dedo de un artículo.
Por ello, nosotros hoy debemos añadir que ninguna legislación nunca podrá tapar el sol de las expresiones literarias en lenguas indígenas, y que por ello es nuestro deber contribuir a que estas sean reconocidas, valoradas y promovidas por nuestras políticas culturales. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Clemente Castañeda Hoeflich.
Esta Presidencia tiene el honor de saludar la presencia, en este recinto, de los compositores Ricky Luis y José Alfredo Jiménez junior, invitados por el diputado Braulio Guerra Urbiola. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes. Gracias, diputada presidenta. Honorable asamblea. México es una nación pluricultural sustentada en nuestros pueblos indígenas, que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
La Carta Magna y la razón nos obligan a preservar y enriquecer las lenguas, los conocimientos y todos los elementos que constituyen nuestra cultura e identidad.
La lengua es un elemento cultural de una riqueza incalculable, toda vez que refleja una forma única de interpretar la realidad. Es un bien cultural que conjunta identidad, integración social y comunicación.
Se estima que antes de la Conquista había más de 500 lenguas. Durante la Colonia desaparecieron 143 y durante la Revolución se extinguieron otras seis.
En ese sentido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señala que de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción; 72 en peligro mediano y 43 lenguas en alto riesgo de extinción.
Actualmente en nuestro país se encuentran 68 agrupaciones lingüísticas de las cuales el náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzeltal y maya, al ser las más habladas, gozan de mayor reconocimiento nacional.
De hecho, hace nos días se ponía en contacto una maestra del estado de Yucatán, precisamente preocupada por el riesgo de que desaparezcan esos maestros que se han dedicado en cuerpo y alma con un presupuesto muy limitado, a enseñar justamente el maya en las comunidades.
Ese es un problema que, acorde a este dictamen que hoy muy probablemente será aprobado para bien de nuestro pueblo, deberá atenderse con el mismo entusiasmo y con la misma atención urgente con que hoy atendemos este.
Según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.5 por ciento de la población de nuestro país habla alguna lengua indígena. La escasa o nula presencia en los medios de comunicación y en el ciberespacio es probablemente una de las causas de su crisis en la actualidad.
De no transformarse esta realidad, se prevé que en los próximos 20 años 51 idiomas originarios de los 64 que actualmente se encuentran en mayor riesgo de extinción habrán desaparecido. Ese es un tema realmente preocupante. De este modo, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social resulta de suma importancia el impulsar medidas para preservar nuestras lenguas originarias.
Justamente el dictamen que hoy nos ocupa establece la reforma a la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la promoción de lenguas nacionales a través de los medios de comunicación como las producciones cinematográficas, la radio y la televisión.
Por ello, los diputados del Partido Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen, porque con esta reforma se fortalece la condición pluricultural de gran riqueza que distingue a nuestra nación y que hace justicia por supuesto a nuestros pueblos indígenas, ricos en tradiciones, en valores, en familia.
Eso es lo que hoy se propone, lo que seguramente será aprobado y lo que enriquecerá profundamente a nuestro país. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres:La existencia de diversas culturas es un hecho histórico y es evidente que esa diversidad no se limita a los estilos arquitectónicos o a los trajes regionales. Con la venia, de la Presidencia, Canal del Congreso, diputadas y diputados, amables ciudadanos que nos siguen a través de este medio informativo.
Una lengua es una construcción milenaria que refleja una manera particular de comunicación. A través de la cultura se construye de sí misma y se refleja la concepción del mundo. Las lenguas constituyen una riqueza invaluable, pues cada una de ellas contiene la memoria histórica del pueblo que la habla y son parte vital de la cultura, pero también de nuestra identidad, nuestro país cuenta una invaluable riqueza lingüística. En México, actualmente existen 60 lenguas y culturas indígenas distintas, además de muchas variantes dialécticas para cada una de ellas.
Para Nueva Alianza defender los derechos, la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios ha sido un compromiso desde nuestra conformación. En ese sentido, estamos ciertos de la importancia de valorar la diversidad lingüística y cultural de nuestro México. Entendemos que es un legado que debemos de respetar, que debemos de enarbolar, pero también de proteger y promover.
Por ello, las diputadas y los diputados aliancistas coincidimos en algo muy importante, coincidimos con este dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación, que modifica al artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El propósito primordial consiste en proteger e impulsar la pluralidad lingüística de México al establecer en la norma la obligación de la Secretaría de Cultura —que recientemente hemos aprobado aquí— de promover las lenguas naturales en la producción cinematográfica, de radio, de televisión, pero también en la industria editorial.
De esta manera, se reconoce en el ordenamiento la pluriculturalidad de nuestro país, tal como lo consagra nuestra Carta Magna al garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a enriquecer sus lenguas originarias.
Recordemos que todos los seres humanos somos iguales en valor y en dignidad, y tenemos igual derecho en nuestras lenguas. Quienes hablan una lengua indígena de los que están aquí, legisladores y legisladoras, sin lugar a dudas el día de hoy deben de estar a favor de este dictamen. Es conservar, es preservar, pero también es darles la importancia que se merecen.
En estados como el mío, que es Colima, en donde tenemos dos comunidades indígenas y que por desgracia ya se perdió su lengua, ya no la hablan, no debemos de permitir, no debemos ni siquiera de promover que sigan pueblos más de nuestro México en ese sentido.
Debemos de conservar, debemos de preservar, insisto, que en nuestras comunidades indígenas se siga manteniendo esa lengua materna. Las comunidades de Zacualpan y de Suchitlán en el estado de Colima, son un ejemplo claro de lo que no debemos de permitir, y en este dictamen estamos a favor de eso, a favor de continuar preservando las lenguas maternas, las lenguas indígenas.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, insistimos, en Nueva Alianza estamos a favor de la promoción de la cultura y de la conservación de todo lo que esto implica. Enhorabuena. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Pinto Torres. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Compañeros. Dicen los lingüistas y los semiólogos que todo idioma que es hablado por menos de seis millones de personas tiende a desaparecer. Esto ha sido científicamente demostrado lamentablemente.
¿Cuántos idiomas, cuántas lenguas, cuántos dialectos han desaparecido a lo largo de la historia, incluyendo idiomas que han tenido en su momento mucho significado por haber sido transmisoras de excelentes ideas y símbolos de profundas culturas?
Así ha desaparecido el hitita, el amorreo; del arameo, por ejemplo, una lengua de importantes connotaciones religiosas, sólo queda un canto, el Kadish que rezan los judíos en sus honras fúnebres; del antiguo egipcio sólo quedan los jeroglíficos descubiertos por Champollion, y queda en la liturgia de la iglesia copta de Egipto alguna oración, alguna frase aislada, alguna palabra. De tal manera que es verdaderamente lamentable que todo esto vaya desapareciendo, pero parece ser un giro fatal, como dirían los griegos.
Sin embargo hay que hacer la lucha, hay que procurar cuidar nuestras lenguas, que son 68 en México, preservarlas y tratar de que esa desaparición tarde, y si es posible de que sea revertida para que pertenezca a nuestro país.
Por eso es muy buena esta iniciativa, por eso la recomiendo. Qué oportuno es que se encomiende a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Cultura para que promueva el uso, la difusión de las lenguas nacionales en la televisión, el radio, la prensa y en las publicaciones.
Es un esfuerzo que hacemos, que es muy válido para evitar, como decía León Portilla, citado por Clemente Castañeda, para evitar que se cierren ventanas, que se cierren puertas y sigan esos mundos coexistiendo pacíficamente en nuestro entorno. Es cuanto tengo que decir, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Tamez Guajardo. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputada presidenta. Las producciones cinematográficas, además de traer consigo derrama económica, también tienen un aspecto social al ser obras culturales y artísticas.
Morena ha reiterado la necesidad de abrir espacios en los medios de comunicación a la mayor cantidad de grupos sociales posible, con la finalidad de diversificar los contenidos que llegan a las audiencias, por ello presentó una iniciativa en la cual se eleva a rango constitucional la igualdad jurídica de todas las lenguas que se hablan en el territorio nacional.
México es un país con una gran riqueza cultural. Gran parte de esta riqueza la han aportado los pueblos y comunidades indígenas, en donde podemos incluir la variedad lingüística; pero toda esta abundancia cultural no se ha hecho presente en los medios de comunicación, pues de las 69 lenguas nacionales y sus más de 200 variantes, solamente una está presente en los medios.
Los pueblos indígenas se encuentran en una situación de discriminación estructural. En desventaja social, política y económica respecto al resto de la población. Históricamente las personas y pueblos indígenas han sido víctimas de procesos en los que no se considera su lengua, su cultura ni su frecuente condición y marginación y exclusión social, lo que ha redundado en la violación o indiferencia en el ejercicio de sus derechos.
Las personas indígenas no sólo han sido exiguas, excluidas de espacios de difusión pública, sino que siguen careciendo de los servicios públicos más básicos. Abrir el espacio en medios de comunicación y cine a grupos histórica y socialmente marginados es visibilizar las diferentes realidades que coexisten en México y que toda la sociedad debe conocer.
Es un avance importante el que se promueva el uso de las lenguas para la producción cinematográfica de radio y televisión, pero si temas tan necesarios y básicos como el acceso a la salud, la justicia, la educación continúan sin ser resueltos para los pueblos indígenas, será muy difícil que las personas pertenecientes a las comunidades participen realmente en los medios de comunicación y no sean sólo espectadores de su propia cultura.
El Estado tiene la obligación de promover y preservar la cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones. No basta con que se incluyan las lenguas indígenas en el cine, radio y televisión. También es necesario hacerlos partícipes de los contenidos al interior de sus comunidades, y facilitar el acceso a programas de apoyo y estímulos fiscales.
Es indispensable socializar los medios de comunicación, permitir que los pueblos indígenas tengan concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones que les permitan acceder a los beneficios que les da la tecnología, y así compartir con los demás miembros de la sociedad su cultura y tradiciones, pero también sus problemas y necesidades.
Las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país. Confiamos en que esta reforma represente un avance para la difusión y la preservación de todas las lenguas nacionales, pero también estamos seguros de que no es suficiente y que hay mucho por hacer, aún para salvar la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas en nuestro país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado Hernández de la Piedra. Para fijar el posicionamiento el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, se pone a nuestra consideración el dictamen de la Comisión de Gobernación, donde se determina que se promueva en el cine, radio, televisión y en la industria editorial el mejoramiento cultural y de propiedad de las lenguas nacionales.
Es de relevancia este dictamen, ya que le va a permitir a la recién creada Secretaría de Cultura que no sólo el español sea la lengua que se utilice en temas culturales, sino que se le dé la misma importancia a todas las demás lenguas que se hablan en nuestro territorio nacional.
En nuestro país son reconocidas 68 lenguas originales y 264 variantes lingüísticas no oficiales, pero reconocidas por diferentes leyes o tratados en sus respectivos territorios. Por cierto, muchas de ellas en peligro de extinción.
Lo anterior hace de México uno de los países que posee mayor diversidad lingüística en el mundo, además de que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 2003 dice que las lenguas nacionales y el español han sido declaradas lenguas nacionales por su carácter histórico, por lo que cuentan con la misma validez en todo el territorio mexicano.
El español es la lengua más hablada en el país, pero eso no quita la importancia a las demás lenguas vivas que se hablan en algunas zonas o territorios del país y que se deben seguir conservando, y buscando que no se conviertan algún día en lenguas muertas.
Es por ello que debemos por todos los medios buscar que las lenguas, como el náhuatl, otomí, tarahumara, triqui, lacandón, chontal, etcétera, no dejen de existir, sino todo lo contrario, enseñarle a nuestros hijos para que sigan transmitiéndose de generación en generación.
Qué mejor que a través de la cultura, a través de una película o un programa de televisión o un libro se difundan las lenguas nacionales. Ya existen ejemplos de obras conocidas mundialmente que se han traducido a alguna lengua indígena, como El Principito o la Biblia.
Otro ejemplo es, cómo se ha promovido, cantar nuestro himno nacional en diversas lenguas nacionales. No seamos nosotros los que hablamos en su mayoría el español, los que queramos imponer solo el español como lengua, eso quisieron hacer los conquistadores y no pudieron. Nos toca a nosotros impulsarlas y mantener vivas todas las lenguas nacionales.
Es por ello que esta modificación de incluir el término lenguas nacionales es de suma importancia, para que no solo sea el español la lengua que lleve los trabajos en este país, sino que se puedan realizar también en otras tantas lenguas como sea posible.
Necesitamos reafirmar nuestra identidad como nación, debemos adoptar una postura firme en defensa de lo que nos une, nuestras raíces, nuestro pasado y por supuesto ahí están también todas nuestras lenguas nacionales.
La fracción del Partido Verde acompañará este dictamen a favor, por ser un hecho que refuerza las acciones de la Secretaría de Cultura en el rescate y promoción de las lenguas nacionales. Jamädi. Gracias, en otomí.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Izquierdo Rojas. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado David Gerson García Calderón.
El diputado David Gerson García Calderón:La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. El respeto a las culturas indígenas hace nacer la paz en el presente. Rigoberta Menchú.
Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de las diputadas, de los diputados, de la gente que nos escucha a través del Canal del Congreso. México es una nación pluricultural y plurilingüe, en la cual tienen presencia 68 pueblos indígenas con sus respectivas lenguas, de las cuales se derivan 364 variantes lingüísticas y que ya se ha comentado, algunas en peligro de extinción.
Nuestra Constitución ha reconocido esta diversidad cultural, así como los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, al fortalecimiento, a la producción de sus culturas, entre los que se encuentran sus lenguas, como vehículo que sintetiza, fortalece y transmite la cultura.
Como parte de este reconocimiento, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual tiene por objeto la regulación del reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como la promoción, uso y desarrollo de estas lenguas. Esta ley reconoce al español y a las lenguas indígenas como nacionales.
Por otra parte, la reciente creada Secretaría de Cultura tiene como responsabilidad, entre otras, la elaboración y conducción de la política nacional en esta materia.
Quiero referirme a una parte de esa ley, que la cito textualmente: La promoción de la producción cinematográfica de radio y televisión y en la industria editorial, se deben incluir temas culturales y artísticos y de aquellos tendientes a mejorar la cultura y la propiedad del idioma nacional, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticas en dichas producciones.
Como se observa correctamente en la propuesta de dictamen que hoy se presenta, en esta última a la que le daba cita, se hace mención a un idioma nacional, contraviniendo a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual como se señaló otorga el carácter de nacional a las lenguas indígenas, al mismo nivel que el español.
De lo anterior y con la aprobación del presente dictamen, se coloca a las lenguas indígenas en un primer lugar de orden, como les corresponde, además de avanzar en la armonización lingüística en materia de derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, con quien el Estado, y también ya se ha repetido constantemente, tiene una gran deuda.
Después de siglos de intentos de anulación de esta existencia cultural, hoy vemos que se está avanzando, pero no podemos echar las campanas al vuelo porque aún falta mucho camino por recorrer, hacen falta políticas públicas con mayor intensidad y eficacia, para que las lenguas y variantes indígenas en peligro de extinción superen esta condición y no se conviertan en un recuerdo de la historia.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD respalda este dictamen, que tiene el interés de promover la producción cinematográfica, el radio y la televisión, la industria editorial en temas de interés cultural y que en ellas se contemple a la propiedad de las lenguas nacionales. Y votaremos a favor porque, reiteramos, nuestra nación tiene una gran deuda con estos pueblos indígenas.
Hoy damos un pequeño paso, pero seguiremos avanzando con grandes esfuerzos, con gran dedicación en darles un verdadero reconocimiento y que también ese reconocimiento se dé a la hora de aprobar el presupuesto, porque para que esto pueda tener viabilidad necesita recursos, necesita que le inyectemos dinero y este Congreso será responsable de darle continuidad a estas buenas iniciativas. Muchas gracias, diputadas y diputados.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado García Calderón.
Esta Presidencia desea saludar la presencia, en este recinto, de alumnos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Anáhuac, campus Puebla, invitados por el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn. De igual forma, saludamos la presencia de coordinadoras y vicecoordinadoras del Movimiento Nacional de Mujeres Nueva Alianza, quienes son invitadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este recinto parlamentario.
Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Sánchez Juárez.
La diputada Claudia Sánchez Juárez:Con la venia de la presidenta. Quiero empezar mi intervención reconociendo el trabajo y la labor que hizo el diputado Clemente Castañeda para que hoy estemos en esta votación, que sin duda el Partido Acción Nacional dará a favor, en pro de nuestros pueblos indígenas.
En la Carta Magna, así como en diversas disposiciones normativas de carácter secundario se ha reconocido que en la nación mexicana existe una diversidad plurilingüística y pluricultural que nos enriquece cada día como mexicanos.
Las diferencias que existen en las lenguas nacionales y sus variantes no deben ser consideradas como un motivo de separación o de discriminación sino todo lo contrario, un mecanismo lingüístico de entendimiento entre el pueblo mexicano.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincide con la propuesta de dictamen que hoy se pone a discusión, en el sentido de que debe ser atribución de la Secretaría de Cultura difundir los temas de interés cultural y artístico, pero no solo en idioma español sino también en las lenguas nacionales.
La modificación propuesta por la Comisión hace énfasis en que no se hará difusión del contenido cultural solo en el idioma nacional sino en las lenguas nacionales.
Esto permitirá, entre muchos otros beneficios, que las personas que hablan estas lenguas se sientan identificadas tanto por su procedencia cultural como por las raíces nacionales.
Hoy, compañeros, se está dando un paso más a la integración y respeto de las comunidades olvidadas y no escuchadas.
Con la aprobación de este dictamen estamos seguros que cada día contaremos con un patrimonio cultural ampliado y más enriquecido, no solo respecto a las artes tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, sino reflejando en las artes plásticas y contemporáneas, pero con la riqueza de nuestras lenguas nacionales.
El Partido Acción Nacional entiende y se ha adherido a la lucha por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas a una vida digna y al respeto de su patrimonio cultural, artístico y sobre todo, lingüístico.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyará el dictamen que hoy se somete a consideración del pleno. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Sánchez Juárez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Samuel Alexis Chacón Morales.
Pero antes, esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de habitantes de la colonia y vecinos del desarrollo urbano Quetzalcóatl, invitados por el diputado vicepresidente de esta Mesa Directiva. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Samuel Alexis Chacón Morales:Con su venia. A la Mesa Directiva, a los diputados y diputadas que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, a todas las familias de este país hermoso que es México, que nos ve a través del Canal del Congreso, tengan ustedes muy buenas tardes.
Mi discurso se divide en seis puntos importantes. Primero, somos una historia, dijera Octavio Paz. Todas las sociedades humanas comienzan y terminan con el intercambio cultural y verbal, es decir, el escuchar con el lenguaje sistema que permite generar el sentimiento y la conciencia de pertenecer a una comunidad. Convertir a los individuos no solo en descendientes de una familia, sino de una tribu y una nación. En suma, gracias al lenguaje somos una historia y en nuestro México plural muchos lenguajes representativos de diversas culturas hacen una sola patria.
Punto número dos. Reconocemos nuestro patrimonio cultural. En nuestra plataforma electoral los diputados priistas nos comprometimos con legislar para consolidar un México que reconozca y valore la identidad y la riqueza de los pueblos indígenas y que genere oportunidades para superar los rezagos existentes y hacer de México un país con esperanza y oportunidad para todos.
Tres. Compromiso con todos nuestros pueblos, consciente de que mucha de la obra cultural que se desarrolla en nuestro país tiene cabida y tiene encuentro en su origen indígena.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha invertido más de 240 mil millones de pesos en el bienestar y el desarrollo de los pueblos indígenas. Creó directrices al interior de la Secretaría de Cultura para mantener y ampliar el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Dedicado a fortalecer la identidad regional, así como las manifestaciones culturales de todos los pueblos o grupos étnicos en la geografía mexicana.
Desarrollar un eje de acción dedicado a preservar, estudiar y divulgar el patrimonio de México y las lenguas indígenas. Crear el Programa México, Cultura para la Armonía, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se realizará la primera Feria Nacional de Lenguas Indígenas.
Igualmente, convencidos de la necesidad de seguir potenciando nuestra riqueza cultural, los diputados de esta Legislatura hemos legislado para reconocer el carácter nacional de las lenguas indígenas y en tal sentido no restringir la utilización de las lenguas indígenas a las radiodifusoras.
Mantener y celebrar nuestro legado cultural, impulsando el uso de las lenguas indígenas en el quehacer parlamentario a través del uso de la traducción simultánea, a través de la lengua materna, sea distinta al español.
Además, votamos a favor de la creación de la Secretaría de Cultura que promovió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encargada de desarrollar, de promover, de conducir la política nacional en la materia.
Cuatro. Son 68 idiomas, un solo México. En México más de siete millones de personas hablan algún idioma indígena de los 68 conocidos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
Por ello, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas considera que todas las variantes lingüísticas deben de ser tratadas como lenguas en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como todos los asuntos o trámites de carácter público en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública.
Cinco. Legislamos para fortalecer nuestra pluralidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo número 2 que nuestra nación es pluriétnica y pluricultural, sustentada en nuestros pueblos y comunidades indígenas.
Al respecto la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tiene, entre otros, el objeto de regular el reconocimiento y la perfección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de dichos pueblos, así como la promoción y el desarrollo de sus lenguas. En su artículo 4o. reconoce tanto al castellano como a las autóctonas como lenguas nacionales otorgándoles la misma validez.
Punto número seis. Preservar las lenguas nacionales.
Los diputados debemos de seguir trabajando a favor de proteger esta riqueza nacional que representa el pasado y que nos proyecta en el futuro, como dijera el primer premio Nobel de Literatura mexicano: Apercibido de que el lenguaje es la expresión de nuestra cultura y de nuestra tierra, es decir, de la patria toda. Muchas gracias, muy buenas tardes.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Chacón Morales. Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Se solicita a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 375 votos, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto, presidenta.
Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por... ¿Ya está cerrado? A ver.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Compañero, el sentido de su voto.
El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Presidenta se emitieron 376 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 376 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
A solicitud de la Junta de Coordinación Política daremos curso a una segunda ronda de iniciativas.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez:Muy buenas tardes. Con la venia de la diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal en materia educativa.
A manera de contexto, desde su creación en 1978 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, se ha dado a la tarea de formar profesionales técnicos y profesionales técnicos-bachiller con opción para acceder a educación superior.
Su operación se encuentra financiada en su vertiente federalizada por el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA. Los recursos destinados a dicho fondo se contemplan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y se determinan con base a las reglas establecidas en el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Es a través de dicho fondo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere los recursos presupuestales para la prestación de servicios de educación tecnológica en los 30 colegios estatales, donde operan a través de 275 planteles de los 308 con los que se cuenta a nivel nacional.
A la fecha, el Conalep presenta una problemática derivada de la federalización realizada en 1998, en la que se conformó el Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, cuyas condiciones de transferencia de los servicios educativos, recursos humanos, materiales y financieros, así como los tres niveles de operación del sistema Conalep, se establecieron a través de convenios de coordinación, los cuales junto con sus anexos técnicos no han sido actualizados a 198 años de su diseño.
El sistema Conalep enfrenta problemas financieros relacionados con el financiamiento a partir de la federalización, como son las estructuras de apoyo educativo, la operación de modalidades educativas no escolarizadas y la profesionalización docente, directiva y administrativa, así como los recursos para desarrollar los procesos de ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción del personal señalados en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Las condiciones actuales del diseño institucional, los modelos de financiamiento y la contratación docente del Conalep requieren de un gran apoyo para poder cumplir las metas nacionales e institucionales. Por ello necesita se inicie un proceso de transformación en los ámbitos financiero y de operación.
Es necesario incrementar el gasto federal para ampliar la cobertura de educación media superior, y ampliar los recursos para mejorar las condiciones de infraestructura física de sus planteles.
De igual forma, y en virtud de que el financiamiento para adquirir los materiales consumibles, herramientas, refacciones empleadas en la realización de prácticas tecnológicas de los estudiantes depende de los ingresos autogenerados provenientes de las aportaciones de los alumnos y padres de familia, se ha visto gradualmente reducido como consecuencia de la política de gratuidad de la educación media superior.
La reducción de recursos propios ha limitado la capacidad de hacer frente a los gastos de operación de los planteles y el pago de servicios esenciales para la continuidad de dichos servicios educativos.
A pesar del crecimiento sostenido del FAETA, durante los últimos años se ha creado un déficit operativo donde la problemática presupuestal tiene implicaciones en los 30 colegios estatales, lo cual limita la calidad de los servicios educativos que en el Conalep se proporcionan.
Ante esta realidad, considero sumamente necesario que el Conalep se ajuste a los cambios históricos sociales, siendo esto determinante para que se cumplan los objetivos para los cuales fue creado.
Compañeras, compañeros, la educación constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales con que cuenta el poder público en su intento de asegurar el desarrollo del país. Por tanto, el gasto público destinado a esta finalidad es considerado una inversión al futuro.
Es indudable que la educación es la base del desarrollo de nuestra nación y, por ello, en los últimos años se han llevado a cabo estrategias con el objetivo de capacitar a la población para hacer frente a la revolución tecnológica y científica en un concierto internacional.
Por ello es que someto a su consideración la presente iniciativa, con el proyecto de decreto para que se reformen y adicionen disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de financiamiento educativo.
El objeto que tiene este fondo y la Ley de Coordinación Fiscal sean modificados para que las instituciones educativas reciban los recursos necesarios para poder dar cumplimiento a los retos en materia de educación.
No podemos hablar de un nuevo modelo educativo mientras no contemos con los recursos suficientes para tener escuelas dignas. No podemos hablar de educación de calidad, mientras el Estado no invierta en lo que realmente vale la pena: la educación de los niños y jóvenes de México. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de financiamiento educativo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos“La educación constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales con que cuenta el poder público en su intento de asegurar el desarrollo del país, por tanto el gasto público destinado a esta finalidad es considerado una inversión de futuro”.
Es indudable que la educación es la base del desarrollo de nuestra nación y por ello en los últimos años se han llevado a cabo estrategias con el objetivo de capacitar a la población para hacer frente a la revolución tecnológica y científica en un contexto internacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se identifica como una realidad preocupante a los jóvenes que no estudian y no trabajan, en virtud de que conlleva un alto costo económico, social y humano. De igual manera en este plan se exige una estrecha vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas, en virtud de que a una elevada proporción de jóvenes la escuela no les proporciona habilidades, competencias y capacidades para una inserción y desempeño laboral exitoso, por lo que deben fortalecer las carreras de corte tecnológico; la capacitación en el trabajo y certificar a las personas que cuentan con una experiencia laboral. Estos planteamientos se retoman con claridad en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, donde se establecen estrategias para fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo mediante la cooperación escuela-empresa para favorecer la actualización de planes y programas de estudios, la empleabilidad de los jóvenes y la innovación.
Para cumplir con estas estrategias y ofrecer una educación integral, el Conalep se ha dado a la tarea de formar profesionales técnicos y profesionales técnicos-bachiller, con opción para acceder a la educación superior. Su modelo académico proporciona una formación integral que incorpora los adelantos tecnológicos y científicos de la sociedad para el desarrollo pleno de sus potencialidades y su integración armónica al contexto social y profesional. La educación del Conalep está basada en competencias, en la que el estudiante participa activamente en la construcción de su conocimiento, lo cual le brinda la posibilidad de incorporarse al trabajo, generar su propia fuente de empleo, o continuar sus estudios en el nivel superior.
Así también el Conalep es la institución de educación media superior formadora de profesionales técnicos más grande e importante del país. Concentra el 79% de la matrícula de este tipo de educación y en sus 36 años de existencia ha egresado alrededor de 1 millón 300 mil jóvenes.
Actualmente existen un total de 307 mil 951 alumnos matriculados, 308 planteles en 32 entidades federativas y Ciudad de México, 16 mil profesores, 8 Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos.
Así también, según la encuesta de ingreso al Conalep, 70% de los aspirantes que buscan inscribirse a la institución provienen de familias cuyo ingreso mensual está en un rango de mil a cuatro mil mensuales, que la escolaridad de los padres no supera el sexto grado de primaria en 71% de los casos, que 50% viven en casas de una a dos habitaciones y sólo 20% de ellos han leído más de tres libros en su vida. En este sentido, la educación profesional técnica es un vehículo de movilidad social, ya que les permite obtener empleos remunerados al egresar. Esto significa que el Conalep ha coadyuvado a mejorar las condiciones de vida de 1 millón 212 mil mexicanos y puede actuar como un vehículo que favorece la equidad y el desarrollo social.
Más aún, el Sistema Conalep está destinado a contribuir al desarrollo nacional por medio de la formación de capital humano para los sectores productivos. Por ello, de las 11 reformas aprobadas, el Colegio tiene incidencia directa en al menos cinco de éstas.
1. Reforma educativa. El Colegio lleva a cabo acciones para promover una educación integral, incluyente y de calidad en los jóvenes. Con esta intención se destaca lo siguiente:
a) La incorporación de 202 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, con impacto en el 79.6% de su matrícula. Con esto el Sistema Conalep rebasó la meta sexenal establecida para el nivel medio superior en tan solo dos años.
b) Los indicadores de eficiencia terminal y eficiencia de titulación se han incrementado de manera sostenida en los últimos dos años.
c) Con la intención de promover la pertinencia de la educación impartida, se fortaleció la vinculación nacional con el sector productivo mediante la firma de convenios de colaboración con empresas e instituciones relevantes del ámbito nacional e internacional, como son la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, (CUDI), el Banco Santander, la Fundación Nestlé, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco/Servytur), Cementos Mexicanos (Cemex), Petróleos Mexicanos (Pemex), Telmex; así como instituciones internacionales como la International Youth Foundation (IYF), entre otros.
d) Se han puesto en práctica estrategias para reducir el índice de abandono escolar, que representa un factor de inequidad que afecta a los niveles de ingreso más bajos. En el Colegio se ha impulsado el Programa de Becas, el de preceptorías, las asesorías semestrales e intersemestrales, el Programa “Yo no abandono”, construye el proyecto “Escuela para padres” y el monitoreo del desempeño académico, con lo que se ha logrado reducir el índice del 19% en el año 2012 a 17.5% al cierre del ciclo 2014. Los docentes del Sistema Conalep se someten a una evaluación continua de sus habilidades didácticas y conocimientos.
e) Asimismo, los docentes y directores, participan en los procesos de certificación (CERTEV), que coordina el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con el objetivo de ser evaluadores del desempeño de otros docentes o directores.
f) En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación, se han llevado a cabo los informes de rendición de cuentas de directores de plantel en los 308 planteles del sistema.
g) Con la finalidad de ampliar la cobertura y proporcionar oportunidades de estudio a las personas que trabajan y/o que no concluyeron su nivel medio superior, se ha puesto en marcha el Conalep en línea.
h) Se han gestionado recursos del Programa de Infraestructura en Educación Media Superior para mejorar las condiciones del entorno escolar, así como rehabilitar aulas, talleres laboratorios y otros espacios educativos, con la intención de promover los principios de equidad e inclusión.
2. Reforma Energética. Con el fin de apoyar la transformación de la industria petrolera y del sistema eléctrico nacional, para elevar su productividad e incrementar la calidad de sus servicios, el Colegio tiene un catálogo de 17 carreras que son compatibles con los requerimientos de estas industrias, por lo que se cuenta con la capacidad de respuesta inmediata para atender sus necesidades. Para el ciclo escolar 2015-2016, el 26.5% de la matrícula está inscrita en las carreras compatibles con la reforma energética, lo que permitirá contribuir en el corto y mediano plazos con los recursos humanos técnicos que requiera el desarrollo de las industria que forman parte de esta trasformación.
3. Reforma en Materia de Competencia Económica. En México aún existen brechas que impiden el aumento de su competitividad respecto de Estados Unidos y otras naciones. Este rezago educacional y de habilidades frena las posibilidades de movilidad social de la población, en la medida que no produce las condiciones necesarias para que se inserte en nuevas actividades productivas, sobre todo las de mayor valor agregado.
El Conalep tiene el potencial de contribuir al impulso de un mercado interno más competitivo y justo, a través del fortalecimiento de la generación de recursos en las familias de menores ingresos, al posibilitar a sus egresados pronto acceso al mercado laboral y obtener puestos de trabajo mejor remunerados. Por otra parte, se fortalece la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la operación del Modelo de Emprendedores de la Educación Media Superior en el Sistema Conalep con 275 centros en 30 entidades, mismo que favorece la cultura de la innovación entre los estudiantes y el desarrollo de iniciativas realizadas por los egresados. Adicionalmente, se incluyeron en el plan de estudios de las carreras de Profesional Técnico Bachiller los módulos “Formación empresarial” y “Proyección personal y profesional” que desarrollan la capacidad emprendedora en los alumnos.
4. Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Colegio está formando profesionales técnicos en telecomunicaciones, informática y otras carreras afines; así como especialistas en Instalación de cableado estructurado para redes de comunicación digital, a través de un trayecto técnico desarrollado con los líderes del sector. Tales acciones se encuentran orientadas a la creación de recursos humanos capacitados, con posibilidad de ser empleados por las empresas y fomentar con su conocimiento la competitividad y la competencia en todos los servicios de telecomunicaciones, así como atraer inversiones.
5. Reforma Laboral. Esta reforma tiene como principal objetivo incentivar la creación de empleos y establecer condiciones de trabajo más dignas. Los recientes estudios sobre el empleo muestran que la estructura del trabajo y las necesidades de las empresas están cambiando. El impacto de las nuevas tecnologías, el internet y la economía del conocimiento concentran la demanda de profesiones en las que si hay empleo. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de las 15 ocupaciones que obtienen mayor salario al momento de contratarse, que no sean de nivel directivo, nueve son puestos de técnicos o supervisores.
La operación de este sistema se encuentra financiada en su vertiente federalizada (30 colegios estatales) por el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA. Conalep). Los recursos destinados a dicho fondo se contemplan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del Ramo General 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) ,y se determinan con base en el establecido en el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Es a través de dicho fondo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfiere los recursos presupuestales para la prestación de servicios de educación tecnológica en los 30 colegios estatales, donde operan 275 planteles de los 308 con los que cuenta a nivel nacional. Las características del FAETA se encuentran definidas en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) artículo 43, se establecen las aportaciones federales para el mismo a partir de los siguientes elementos establecidos:
I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social.
II. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente:
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación.
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior.
c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones educativas.
III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.
No obstante, a la fecha el Conalep, presenta una problemática derivada de la federalización realizada en 1998, en la que se conformó el Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica integrado por los Colegios de Educación Profesional Técnica, en 30 entidades federativas, con una figura de Organismo Público Descentralizado y el nivel federal con el Conalep como órgano rector a nivel nacional, cuyas condiciones de transferencia de los servicios educativos, recursos humanos, materiales y financieros, así como los tres niveles de operación del Sistema Conalep, se establecieron en Convenios de Coordinación, los cuales, junto con sus Anexos Técnicos no han sido actualizados a 18 años de su diseño, por lo que algunos aspectos relacionados con la administración y el financiamiento de los planteles transferidos han generado diversos problemas, más aún, el modelo educativo vigente, al momento de la federalización, no incluía aspectos que hoy en día son prioritarios para la instrumentación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, como son: las estructuras de apoyo educativo, la operación de modalidades educativas no escolarizadas y la profesionalización docente, directiva y administrativa, así como los recursos para desarrollar los procesos de ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción del personal docente señalados en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Asimismo se enlistan algunos de otros problemas operativos a los que se enfrenta hoy en día el Conalep:
-Falta de claridad respecto del régimen salarial y de prestaciones aplicable a los mandos medios de los nuevos organismos, que ha ocasionado observaciones por parte de los organismos fiscalizadores, así como el congelamiento de las remuneraciones de los mandos medios desde 2003, con los consiguientes riesgos institucionales.
-Indefinición respecto de la regulación laboral y el régimen de seguridad social aplicable para los trabajadores de los colegios estatales.
-Opacidad respecto de las instancias competentes en la fijación de los tabuladores de sueldos y manuales de prestaciones aplicables a los trabajadores administrativos.
-Estructuras administrativas insuficientes para atender las necesidades de operación derivadas del incremento de la matrícula.
-Falta de horas-semana-mes de estructura para contratar a los docentes con un esquema de prestaciones sociales y laborales.
-Tope de 20 horas-semana-mes para docentes, el cual es insuficiente para atender actividades, de formación integral de alumnos y seguimiento al programa de tutorías.
-Las plazas del personal administrativo de los colegios estatales están sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública Federal, con esquemas de remuneración diferentes a las del Conalep Nacional y los gobiernos estatales desconocen facultades para fijar los tabuladores, incorporar o establecer catálogo de puestos, disponer de las plazas o crear otras para cubrir necesidades.
-Falta de presupuesto para enfrentar el enorme problema de la regularización de trabajadores docentes, en el pago de sus aportaciones de seguridad social, los cuales reclaman ante las juntas locales de trabajo, siendo estas desde sus altas laborales, las cuales en su gran mayoría datan del año 1981, luego entonces reclaman la inscripción de seguridad social, resultando más de 18 el años sin cotizaciones, por el modelo de contratación, implementado por Conalep Nacional, siendo esto un grave problema para los estados al no disponer de dicho presupuesto, para enfrentar dicha problemática.
Por todo lo anterior, queda claro que las condiciones actuales del diseño institucional, los modelos de financiamiento y contratación docente del Conalep, requieren de un gran apoyo para poder cumplir las metas nacionales e institucionales, por ellos necesita se inicie un proceso de transformación en los ámbitos financieros y de operación.
Es indispensable incrementar el gasto federal para ampliar la cobertura de la Educación Media Superior (EMS), ampliar los recursos para mejorar las condiciones de la infraestructura física de los planteles en algunos de los siguientes rubros:
a) Proporcionar el mantenimiento adecuado a los talleres y laboratorios de los planteles para cumplir con la regla de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y contar con instalaciones que satisfagan las condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas adecuadas para los servicios que se ofrecen. Así como poder actualizar y dotar a los talleres y laboratorios con equipos actualizados y suficientes.
b) Fortalecer la adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos, al disponer de los materiales para realizar las prácticas profesionales.
El Sistema Conalep ha experimentado un crecimiento de matrícula del 35.5% desde el año 1999 en que los servicios educativos fueron transferidos a las entidades federativas, al pasar de 225,126 a 305,246 alumnos al inicio del ciclo 2015-2016/1. A partir del 2003, el Conalep ha gestionado ante la SEP ampliaciones de recursos para las horas destinadas para el pago de los docentes en la misma proporción, de esa forma se han recibido un total de 73 mil 640 horas, equivalentes a $153, 008,246 anuales. Sin embargo, estas horas adicionales fueron otorgadas al 50% de su valor, equiparando la atención de nuevos alumnos a la apertura de un nuevo plantel.
Lo anterior hace ineludible contar con una mayor disponibilidad de recursos para mantener criterios de calidad educativa y contratar a los docentes necesarios. Este gasto ha sido cubierto con recursos propios de los organismos estatales, sin embargo, la expansión sostenida de la cobertura requiere fortalecer la capacidad financiera de estas entidades, a fin de no afectar otros rubros de gasto como el mantenimiento de planteles, las actividades extracurriculares y los servicios de orientación y tutoría. Este tema afecta en la actualidad a 16 colegios estatales.
La mayor parte del equipamiento existente en los planteles del Conalep fue adquirido, desde su creación y hasta 1998, con recursos provenientes de créditos otorgados por el Banco Mundial por 171 millones de dólares. Con ellos se construyeron 170 planteles y se equiparon los 250 planteles existentes hasta ese momento y ocho Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST).
De 1999 a 2009 el equipamiento se financió con subsidio federal y con recursos propios por aproximadamente 356 millones de pesos; sin embargo, a partir de ese año las asignaciones presupuestales para este rubro se han reducido sustancialmente. La mayor parte del equipamiento tiene una antigüedad de entre 17 y 26 años, por lo que se considera que es urgente su reposición o actualización, en tanto que el modelo educativo exige que los alumnos adquieran las competencias necesarias para insertarse en el aparato productivo.
En virtud de que el financiamiento para adquirir los materiales consumibles, herramientas y refacciones empleados en la realización de las prácticas tecnológicas de los estudiantes depende de los ingresos autogenerados, provenientes de las aportaciones de los alumnos y padres de familia, se han visto gradualmente reducidos como consecuencia de la política de gratuidad de la Educación Media Superior. Esto impacta negativamente el proceso de formación ya que la obtención de competencias requiere de la puesta en práctica de los conocimientos aprendidos en el aula.
Aunado a ello, la baja de recursos propios también limita la capacidad de hacer frente a los gastos de operación de los planteles y el pago de servicios esenciales para la continuidad de los servicios educativos (agua, energía eléctrica, gas, vigilancia, etc).
A pesar de que en los últimos años se ha procurado redirigir mayores recursos para mejorar la calidad de la infraestructura de los planteles del sistema Conalep, estos han sido insuficientes en virtud de la limitada asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, la infraestructura de los planteles, en su mayoría con más de 30 años de antigüedad, requiere de adecuaciones para atender los nuevos estándares de protección civil y accesibilidad a las personas con discapacidad, esto es elevadores, rampas, mobiliario y módulos sanitarios. La alternativa que se ha tenido en este rubro han sido los fondos del Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (PIEMS); sin embargo, estos han sido sujetos a recortes y han sido insuficientes para el tamaño de las necesidades de conservación de la infraestructura.
Durante la Federalización del Conalep, 13 colegios estatales quedaron sin estructura administrativa y sólo se transfirió a esos estados la plantilla de personal de los planteles que existían en ese momento, sin ninguna plaza adicional destinada al organismo coordinador, lo que ha impedido una adecuada supervisión y coordinación del servicio educativo. La falta de presupuesto federal en este rubro se ha cubierto con ingresos propios para contratar personal por honorarios y se ha complementado con plazas y personal de los planteles, por lo que los colegios estatales están en una situación límite de financiamiento en materia de personal, lo que afecta la operación de los servicios hacia los alumnos.
Desde el momento en que se diseñó el esquema de operación federalizado, los ingresos propios fueron concebidos como una parte fundamental de la estructura financiera de las direcciones estatales y sus planteles, con los cuales han apoyado los gastos de materiales y suministros, el pago de contribuciones públicas (agua, luz, teléfono, drenaje, contribuciones locales), así como la retribución de los servicios de seguridad y limpieza. Sin embargo, con el paso de los años, debido a las limitaciones en las fuentes de financiamiento, los ingresos propios se han tenido que destinar a gastos relacionados con el capítulo 1000 (Servicios Personales) para atender obligaciones patronales contraídas con el establecimiento de los contratos colectivos con el personal docente , el crecimiento de la matrícula, para la construcción de nuevos espacios, mobiliario y equipamiento, el impulso a programas de fortalecimiento educativo como orientación educativa, preceptorías, la incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato, y en general cualquier compromiso adicional de orden académico o administrativo. Por lo que el sistema Conalep muestra un alto grado de dependencia de los ingresos autogenerados, que por su naturaleza son variables. Con la inclusión del principio de gratuidad de la educación media superior, dentro del artículo tercero constitucional y del sexto de la Ley General de Educación, los ingresos propios como fuente de financiamiento se han reducido y vendrán a incrementar los problemas financieros de los colegios estatales, en virtud de que las aportaciones de los alumnos constituyen aproximadamente 80% de los mismos.
Por ello, a pesar del crecimiento sostenido del FAETA, durante los últimos años se ha creado un déficit operativo donde la problemática presupuestal tiene implicaciones en los 30 Colegios Estatales, lo cual limita la calidad de los servicios educativos que se proporcionan.
Es necesario que el Conalep sea ajustado a los cambios históricos y sociales, siendo esto determinante para que se cumplan los objetivos para los cuales fue creado.
Más aún es necesario que el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y la Ley de Coordinación Fiscal sean modificados para que se reciban los recursos necesarios para poder dar cumplimiento pleno a los retos planteados en materia de educación.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de financiamiento educativo.
Artículo Único. Se reforma la fracción III; y se adicionan el inciso d) de la fracción II y la fracción IV del artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 43. ...
I. ...
II. ...
a) ...
b) ...
c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros actualizados de planteles y de matrícula; y
d) La actualización de las plantillas administrativas y docentes de los planteles, correspondiente al registro actualizado de planteles, por parte de la Secretaría de Educación Pública, así como los recursos necesarios para su creación aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.
III. En el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la fuente de información correspondiente, a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación
IV. Adicionalmente, para el caso de la Educación Profesional Técnica, la determinación del monto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, considerarán las características y necesidades de su modelo educativo, la actualización de las plantillas administrativas y docente de los planteles de acuerdo con el crecimiento natural de la matrícula, y, en su caso, la creación de planteles o de nuevos turnos necesarios para la presentación adecuada de los nuevos servicios de educación profesional técnica, con el compromiso de corresponsabilidad y concurrencia presupuestal estatal-federal a partes iguales.
La Secretaría de Educación Pública dará a conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad por el componente del Fondo a que se refiere esta fracción y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, y en un plazo no mayor a un año a partir de su entrada en vigor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y los gobiernos de las entidades federativas, deberán revisar los Convenios de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, con el propósito de adecuarlos a las nuevas circunstancias del país y hacerlos más funcionales y operativos, en el marco de lo establecido en esta Ley.
Tercero. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, y en un plazo no mayor a un año a partir de su entrada en vigor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, y los gobiernos de las entidades federativas, deberán establecer los tabuladores y el manual de prestaciones aplicables a los mandos medios y superiores correspondientes al personal federalizado que presta los servicios en las instituciones de Educación Profesional Técnica de las entidades federativas.
Cuarto. El uso de los recursos remanentes de las transferencias federales para la prestación de servicios de educación tecnológica a que se refiere el presente dictamen, se estarán en lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Bibliografía
1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
2. http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/conalep_me
3. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Frias1.pdf
4. Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional Fecha de corte: 20 octubre 2015
5. Propuesta de Reforma Estructural del Modelo de Financiamiento y Contratación Docente Conalep Para Atender la Reforma Educativa.
6. Cfr. De La Calle, Luis y Rubio, Luis, Clasemediero, Pobre no más, desarrollado aún no, Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., México, 2010, p.85. citado por El Papel del Sistema Conalep en el Proceso de Implantación de las Reformas Estructurales.
7. Observatorio Laboral, Expectativas laborales para el futuro, México, 2015, [en línea] url:
8. Ley de Coordinación Fiscal.
9. El Papel del Sistema Conalep en el Proceso de Implantación de las Reformas Estructurales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 de marzo de 2017.— Diputados y diputadas: J. Apolinar Casillas Gutiérrez,Alejandra Gutiérrez Campos, Carlos Bello Otero, Claudia Sánchez Juárez, Emma Margarita Alemán Olvera, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Pablo Piña Kurczyn, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Luisa Sánchez Meza, María Mercedes Aguilar López, Marko Antonio Cortés Mendoza, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Ricardo Del Rivero Martínez, Román Francisco Cortés Lugo, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ulises Ramírez Núñez, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»
Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Minerva Hernández. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para pedirle si le puede consultar al ponente, al proponente, si acepta que el Grupo Parlamentario del PAN nos sumemos a su brillante iniciativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Casillas, ¿tiene algún inconveniente? El diputado ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Comunicación.
El diputado Waldo Fernández González:Gracias, presidenta, con su venia. El tesoro más importante con que cuenta un país es su niñez. Nuestros niños representan el futuro de México y son, a su vez, lo que nos impulsa a construir un mejor presente. Sin embargo, como grupo vulnerable, nuestros niños se enfrentan a amenazas que debemos detener.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas, en los últimos 10 años más de 25 mil niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, tan sólo en el 2015 se reportaron 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos por delitos del fuero común y 193 relativos al fuero federal.
El robo y desaparición de menores de edad es un delito lacerante, sobre el cual estamos obligados a actuar de todas las formas posibles. En ese sentido, la Alerta AMBER es una herramienta que ha dado grandes resultados combatiendo este problema.
Esta consiste en que una vez que la policía determina que un niño ha sido sustraído y que la sustracción cumple los criterios de la alerta, se les notifica a diferentes organismos del Estado y medios de comunicación, para que estos informen la situación a la población.
A través de una Alerta AMBER la sociedad se vuelve partícipe de la solución y se involucra para localizar a un menor desaparecido, con esto, además, se reconstruye lazo entre gobierno y sociedad en beneficio de un bien común.
Hace falta reforzar este sistema con mecanismos que permitan que más personas tengan conocimiento cuando se emite una Alerta AMBER, un caso exitoso de contribución a este programa es el que ha sido con la telefónica AT&T, que ha llevado a cabo mediante el envío estratégico de mensajes de texto de su base de usuarios cuando se emite una de estas alertas.
Esta empresa es la única que realiza este envío estratégico de mensajes. Según sus propios datos, hasta el momento, en siete de cada 10 alertas en las que ha participado su comunidad de la telefonía celular han sido encontradas y entregadas a sus familiares las personas extraviadas.
Si esta empresa, que es el tercer operador de telefonía móvil más grande el país y cuenta con una base de 10 millones de suscriptores, ha logrado este importante beneficio para nuestros niños y sus familias, es de esperarse que si el resto de dichas empresas se unen a este esfuerzo, los resultados serán todavía mejores.
Por ello, consideramos necesario promover la prestación obligatoria de este servicio por todas las empresas concesionarias y autorizadas para la prestación de servicios de telefonía móvil en término de lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluyendo a los operadores móviles virtuales.
De esta manera, los más de 109 millones de suscriptores de servicio de telefonía móvil que existen en México, serían coadyuvantes en la operación de la Alerta AMBER, incrementando, de manera exponencial, las posibilidades de éxito de esta herramienta en beneficio de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Dicha medida permitirá potencializar de manera exponencial el mecanismo de Alerta Amber en beneficio de los miles de niños y adolescentes de nuestro país con un bajo costo para las empresas concesionarias y autorizadas, pero sobre todo, con un valor incalculable para los padres, hermanos, abuelos, para las familias que tendrán con esto mayores posibilidades de recuperar al ser querido. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
Exposición de motivosEl sistema de Alerta AMBER se inició en 1996 cuando varios radiodifusores de la ciudad de Dallas Fort Worth, en el estado de Texas, Estados Unidos de América, se unieron a la policía local para desarrollar un sistema de alerta temprana con el fin de ayudar a encontrar niños sustraídos o raptados.
AMBER significa “America’s Missing: Broadcast Emergency Response” por sus siglas en inglés.
La Alerta AMBER fue creada como un legado a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue raptada mientras montaba su bicicleta en Arlington, Texas, y luego fue asesinada brutalmente.
Otros estados y regiones de los Estados Unidos de América comenzaron a establecer sus propios planes de Alerta AMBER, y eventualmente el sistema fue adoptado en todos los Estados Unidos.
La Alerta AMBER consiste en que, una vez que la policía determina que un niño ha sido sustraído y que la sustracción cumple con los criterios de Alerta AMBER, se les notifica a los organismos de radiodifusión y los funcionarios estatales de transporte.
Las Alertas AMBER interrumpen la programación regular y son transmitidas por radio, televisión y rótulos electrónicos en las carreteras. Las alertas también se transmiten a través de billetes de lotería, teléfonos celulares y por Internet.
En vista del éxito del Programa adoptado en los Estados Unidos de América, aunado al cumplimiento de diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de protección de los derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes, el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República, puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta AMBER México.
Con la puesta en marcha de este instrumento, México se convirtió en el décimo país a nivel mundial, y el primero en América Latina en adoptar el Programa Alerta AMBER.
Actualmente el sistema opera, en los Estados Unidos de América, en Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Malasia, Grecia y México.
Para lo anterior, se adoptó el “protocolo nacional Alerta AMBER México”, como resultado de la suma de esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación, entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, empresas de transporte de personas, medios de comunicación y otros sectores involucrados.
El Programa Nacional Alerta AMBER México, tiene como objetivo general establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Y como objetivos específicos:
• Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con estricto apego al interés superior de la niñez y salvaguarda de sus derechos humanos.
• Establecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias.
• Potenciar la coordinación de acciones intra e inter institucionales, que permitan la inmediata recuperación de niñas, niños y adolescentes.
•Generar la metodología para la implementación del Programa Nacional Alerta AMBER México.
• Crear un documento modelo para la implementación del programa, en las 32 entidades federativas.
• Capacitar al personal involucrado en la operación del programa, con la finalidad de que adquieran conocimientos y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.
Para tal efecto, el programa cuenta con un Comité Nacional, presidido por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien es auxiliado por una Secretaría Técnica, ocupada por la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en la que recae la Coordinación Nacional del Programa.
Dentro de las atribuciones más importantes del Comité se encuentran:
• Coordinar los trabajos de implementación y funcionamiento del programa; así como los de la activación, actualización y desactivación de la Alerta.
•Establecer los mecanismos necesarios, para la coordinación de las instituciones participantes, y todas aquellas que se sumen o colaboren a través de los Subcomités, con el objeto de facilitar el intercambio de información institucional, las herramientas tecnológicas y la coordinación de acciones que coadyuven en la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.
• Capacitar, sensibilizar y certificar a los enlaces del programa.
• Solicitar, compilar e incorporar oportunamente en la base de datos nacional del Programa, los reportes de activación, actualización y desactivación de los casos que se generen.
Asimismo, el programa cuenta con una coordinación nacional responsable de organizar e instrumentar las acciones necesarias para el análisis, evaluación de los casos a efecto de determinar la activación o no de la Alerta AMBER México, así como la actualización y desactivación de la misma y establecer los mecanismos de coordinación, con la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía de cada una de las 32 entidades federativas, para facilitar el intercambio de información institucional y las herramientas tecnológicas para la búsqueda, localización y pronta recuperación de las niñas, niños y adolescentes.
Al mismo tiempo, cada entidad federativa cuenta con una Coordinación Estatal, a cargo de la persona que designe el titular de la Procuraduría General de Justicia de cada Estado o Fiscalía respectiva, quien funge como enlace local AMBER.
Planteamiento del Problema
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportaron 6,342 casos de niñas, niños y adolescentes reportados en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.
Según algunas organizaciones, la cifra pasó de 669, en 2007, a 6,535 en 2015, en los clasificados del fuero común. Los del fuero federal subieron de 19, en 2007, a 127, en 2015, siendo el año 2014 el de mayor repunte, con 254 casos.
La “Red de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en México” reporta 27 mil 605 casos de 2006.
Expone también que de 2012 a 2014 la desaparición de mujeres de entre 15 y 17 años aumentó en un 200 por ciento.
En tanto, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México reportó, hasta 2014, 45 mil niños desaparecidos.
Las cifras varían, pero sólo para mal, situación por la que herramientas como la Alerta AMBER resultan de gran importancia.
Argumentos
Al respecto, desde 2015, la empresa concesionaria de telefonía móvil AT&T México envía mensajes de texto a su base de usuarios, contribuyendo de manera significativa a la recuperación de menores desparecidos.
En un año, AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país.
Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía de manera estratégica mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar en el esfuerzo institucional y de la sociedad civil para que la niña, niño o adolescente regrese a casa.
Según datos de la propia empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72 por ciento).
De acuerdo con el segundo informe trimestral estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la empresa AT&T es el tercer operador de telefonía móvil en el país con casi 10 millones de suscriptores.
Sin embargo, Telcel es el operador con mayor nivel de participación con poco más de 72 millones de suscripciones y Telefónica alcanza casi 26 millones de suscripciones, mientras que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) alcanzan alrededor 895 mil suscripciones, de donde se aprecia el potencial de este instrumento como medio para localizar a las niñas, niños y adolescentes extraviados o sustraídos.
De acuerdo con lo anterior, consideramos necesario promover la prestación obligatoria de este servicio por todas las empresas concesionarias y autorizadas para la prestación de servicios de telefonía móvil, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluyendo los Operadores Móviles Virtuales.
De esta manera, los poco más de 109 millones de suscriptores del servicio de telefonía móvil que existen en nuestro país serían coadyuvantes en la operación de la Alerta AMBER, incrementado de manera exponencial las posibilidades de éxito de este instrumento.
Para tal efecto, se propone adicionar una fracción IX Bis al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conforme a lo siguiente:
Estamos ciertos de que dicha medida permitirá potencializar de manera exponencial el mecanismo de la Alerta AMBER, en beneficio de los miles de mexicanos extraviados y sustraídos, con un bajo costo para las empresas concesionarias y autorizadas.
Fundamento Legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Único. Se Adiciona la fracción IX Bis al Artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 190. ...:
IX Bis. Implementar un servicio de mensajes de texto de emergencia para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y adolescentes, en los términos y condiciones que determine el Comité Nacional del Programa de Alerta AMBER México;
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas:
1 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, agosto, 2016, páginas 44 y 52.
2 https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html
3 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Segundo Informe Trimestral Estadístico 2016, página 39.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2017.— Diputados: Waldo Fernández González,Pedro Garza Treviño (rúbrica).»
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Waldo Fernández González. Se turna a la Comisión de Comunicaciones para dictamen.
Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo en mención.
ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Acuerdo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la elección de tres consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, apartado A, párrafo quinto, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo establecido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al Pleno el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026, aprobado por el Pleno de esta soberanía el 21 de febrero pasado y
Considerando
I. Que el artículo 41, fracción IV, apartado A, párrafo quinto, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser: reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o., de esta Constitución;
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;
II. Que con fundamento en lo anterior, el 21 de febrero pasado, el Pleno de esta soberanía aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al Pleno el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026 el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero siguiente;
III. Que conforme a lo establecido en dicho acuerdo, se procedió a integrar el Comité Técnico de Evaluación responsable de evaluar la idoneidad de aspirantes y formular la selección referida en la disposición constitucional antes referida, quedando conformado por las siguientes personas:
Designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
• Ciudadana María Leoba Castañeda Rivas
• Ciudadano José de Jesús Orozco Enríquez
Designadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
• Ciudadano Sergio López Ayllón
• Ciudadano César Iván Astudillo Reyes
Designadas por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados:
• Ciudadano Jorge Islas López
• Ciudadano Humberto Aguilar Coronado
• Ciudadano Luis Eduardo Medina Torres
IV. Que dicho comité se instaló en acto público llevado a cabo el 28 de febrero siguiente en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política iniciando sus trabajos de manera inmediata;
V. Que en esa misma fecha el referido comité dio inicio al proceso de registro de aspirantes para ocupar tres cargos de consejeros electorales recibiendo entre esa fecha y el viernes 3 de marzo siguiente, las solicitudes de registro de 152 ciudadanas y ciudadanos, integrándose los expedientes correspondientes conforme a la documentación y requisitos detallados en la convocatoria respectiva;
VI. Que conforme a lo dispuesto en la referida convocatoria, el lunes 6 de marzo la Junta de Coordinación Política estableció el método de evaluación a desarrollar por el Comité Técnico de Evaluación, haciendo suya para ello la metodología propuesta por los integrantes de dicho comité, la cual fue publicada ese mismo día en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados;
VII. Que a efecto de poder desarrollar las etapas previstas por la metodología aprobada, la Junta de Coordinación Política acordó proponer al Pleno la modificación de la fecha originalmente prevista para recibir las propuestas finales de aspirantes por parte del comité, de modo que esta pasará del lunes 13 al lunes 20 de marzo, lo que fue aprobado por esta soberanía en su sesión del martes 7 de marzo, publicándose el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo siguiente;
VIII. Que a partir de lo anterior, en una primera etapa, el Comité Técnico de Evaluación, procedió a realizar la revisión de los referidos expedientes y en una segunda etapa, a aplicar una evaluación de conocimientos en materia electoral de las y los candidatos mediante un examen que fue elaborado, aplicado y evaluado por el mismo comité el cual fue presentado por 146 aspirantes el viernes 10 de marzo pasado y cuyos resultados fueron publicados ese mismo día en la página de internet de la Cámara de Diputados;
IX. Que derivado de la evaluación realizada en las primeras dos etapas previstas en el método de evaluación, el siguiente lunes 13 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación publicó una lista de 51 aspirantes que fueron convocados a participar en la tercera etapa de evaluación consistente en entrevista ante los integrantes del referido comité;
X. Que con fundamento en las evaluaciones documentales, de conocimientos y de los resultados de las entrevistas rea-lizadas, el lunes 20 de marzo, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación hicieron formal entrega a la Junta de Coordinación Política de los quince aspirantes, hombres y mujeres mejor evaluados, en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante ante el Consejo General del INE, concluyendo de esta forma con sus trabajos y con su existencia jurídica formal;
XI. Que a partir de ello, la Junta de Coordinación Política procedió a analizar las propuestas recibidas y a construir los acuerdos necesarios para proponer al Pleno de la Cámara de Diputados los nombres de las personas que han de ejercer tres cargos de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026, atendiendo para ello lo establecido en el numeral 1 del apartado denominado “De la elección del consejero Presidente y los diez consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral” del resolutivo segundo del acuerdo referido en el considerando II del presente, que señala:
“Recibidas las listas referidas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar, dentro de las relaciones remitidas por el Comité Técnico de Evaluación, a las y los candidatos al cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.”
XII. Que en este tenor, los coordinadores de los grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo con el mayor consenso posible entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política para proponer al Pleno los nombres de las personas que han de ejercer tres cargos de consejeros electorales del Consejo General del INE;
XIII. Que lo anterior es plenamente congruente con lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, párrafo quinto, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que:
“c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes”;
XIV. Que dicha disposición constitucional se materializa conforme a lo señalado por el artículo 33 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece que:
“La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.”
XV. Que para efectos de someter al Pleno la aprobación de la propuesta materia del presente acuerdo, se propone que la votación se realice utilizando el sistema electrónico de votación conforme a lo establecido por la última parte del numeral 1 del 141 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece que:
“(...) La elección de personas podrá realizarse a través del sistema electrónico, previo acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta.”
XVI. Que al remitir esta propuesta al Pleno de la Cámara de Diputados los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la representación nacional de esta Cámara de Diputados ratifican su más firme y decidido compromiso con el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, con la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones que rigen nuestra vida democrática y con las condiciones de certeza jurídica y política que deben prevalecer en el desarrollo de los procesos electorales en que se manifiesta el voto ciudadano;
Y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales invocadas en el proemio, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero.La Junta de Coordinación Política propone al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados los nombres de quienes ejercerán el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026:
1. Diana Paola Ravel Cuevas
2. Jaime Rivera Velázquez
3. Beatriz Claudia Zavala Pérez
Segundo.Los consejeros electos rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 36 numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tercero.De conformidad con lo establecido por el artículo 141 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la elección de las y los ciudadanos propuestos en el primer resolutivo del presente acuerdo se hará utilizando el sistema electrónico de votación.
Cuarto. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral.
Quinto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación.
“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»
Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está a discusión el acuerdo. Se han registrado los siguientes oradores: para hablar en contra, la diputada Norma Rocío Nahle García. Para hablar a favor, los diputados María Candelaria Ochoa Ávalos y Omar Ortega Álvarez, hasta este momento.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos, como oradora en contra, la diputada Rocío Nahle García. Y hay otros oradores registrados también.
La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, hoy se van a designar tres consejeros electorales, que son los que van a ser árbitros en las siguientes elecciones pasando, por supuesto, de la del 2018, que es presidencial.
Para esto se implementó todo un camino con un Comité Técnico, que estuvo contaminado por decisiones políticas. Aquí en esta Cámara se designó. El PRD, el PAN y el PRI designaron a quienes estarían en dicho consejo. De ahí, 152 personas se inscribieron y entraron en este sistema para hacer argumentaciones, entregar ensayos, dar entrevista y hacer examen. Un examen que el propio Comité elaboró, ejecutó y calificó.
Posterior a ello, nos hicieron llegar tres quintetas, tres quintetas de personajes que ellos consideraron viables. Pero al ver el resultado del ensayo y de los exámenes dejaron seis, siete personas con los mejores promedios, tanto en el ensayo como en las calificaciones fuera de las quintetas. El examen era de 40 puntos y nos presentan personas que tuvieron 26 aciertos, personas que tuvieron 30 aciertos. La máxima calificación fue de 37 aciertos de tres personas. Esas tres personas, ninguna es designada como consejero.
Los ensayos también tuvieron una puntuación. Cuando revisamos los ensayos estas tres personas no tuvieron un resultado sobresaliente, no malo, pero no sobresaliente. Por eso el Grupo Parlamentario de Morena, votó en contra. Votó en contra porque son tres personas que está etiquetando cada partido político.
Hoy vemos que a Dania Paola Ravel, es una propuesta directa del PRI; Jaime Rivera, es una propuesta del PAN; y Beatriz Zavala, es una propuesta del PRD. Entonces, todo este Comité, toda esta calificación, todo este camino termina en un asunto político, meramente político.
Por ejemplo, Dania Paola Ravel fue consejera en el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, eso marca su trayectoria, pero Diana Talavera, fue presidenta del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y no fue considerada. Esta y otras más.
Todo esto, el Grupo Parlamentario de Morena argumentó en su tiempo y forma en la Junta de Coordinación Política, que era inadecuado, que no son los mejor seleccionados. Hay una persona que no sé su nombre, pero de seguro me está viendo, que es el folio 130, porque también los etiquetaron con folio a los que no pasaron por las quintetas. El folio 130, fue de los tres que tuvo mayor calificación. Fue de los que tuvo mayor calificación en su ensayo y ni siquiera pasó a las quintetas. ¿Qué consideró el Comité? Pues la afiliación partidista, la simpatía. Y esos van a ser los árbitros electorales.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario de Morena va a votar en contra, porque este tipo de acuerdos, donde todos estamos de acuerdo y vamos a salir a ofrecerle a la ciudadanía —120 millones de mexicanos— árbitros, pues tenemos que mostrarles los mejores; sin interés partidista, sin un interés político, que se conduzcan adecuadamente y ¿cómo lo van a hacer si se la deben a alguien, si dependen de alguien, si alguien los llevó?
Para esto Morena se prepara para el 2018 con todo el pueblo de México, porque ellos son los que van a elegir quién va a gobernar este país. Ya estuvo bueno. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rocío Nahle. Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Hortensia Aragón Castillo.
La diputada Hortensia Aragón Castillo:Muchas gracias, presidenta. Respetamos por supuesto las opiniones vertidas con antelación en estos micrófonos y reconocemos que los actos que dimanan de este pleno tienen que ser legítimamente avalados por el voto de cada uno y cada una de los diputados presentes.
El procedimiento que incluyó una comisión técnica para presentar el perfil de quienes integraron las quintetas, es un procedimiento que no corresponde incluso ni siquiera a la Junta de Coordinación Política, sino a esa comisión técnica establecida para ello.
En lo que al Partido de la Revolución Democrática corresponde, debo decir, primero, que las propuestas que en conjunto fueron presentadas a través de la Presidencia de esta Cámara para conocimiento de este pleno, en conjunto cuentan con el apoyo de nuestros diputados y diputadas. No en lo particular de cada uno o de cada una porque se votará la propuesta de manera conjunta.
A quiénes obedecen los perfiles, será parte del trabajo y la precisión que tengamos en la evaluación del órgano y en las determinaciones del mismo.
Sin embargo, a diferencia de otros ejercicios que se han hecho con antelación, creo que hay un esfuerzo diferente en él, en dos sentidos:
Primero, para conocer todos los datos de los aspirantes y que el Comité Técnico presentara con oportunidad la propuesta a la Junta de Coordinación Política para que hiciera el esfuerzo de conjuntar estas tres propuestas; primero por eso.
Y segundo, porque de alguna manera se ha sensibilizado a los integrantes y a la integrante de la Junta de Coordinación Política para incorporar algo que fue una demanda que, si bien es cierto no se cumple con lo que inicialmente las mujeres de organizaciones políticas y organizaciones sociales de la sociedad civil estuvieron demandando que pudiese nombrarse tres mujeres de tres, nosotros y nosotras en el PRD reconocemos el avance que significa que sean propuestas al menos dos mujeres de las tres propuestas que aquí se presentan.
En razón de ello consideramos no sólo un esfuerzo en incorporación de género, sino también un esfuerzo en la transparencia del procedimiento, mismo que aquellos que en lo individual vieron lesionados, como seguramente se habrá escuchado decir, su derecho, podrán apelar a la defensa del mismo por la comisión técnica que para ello fue nombrada.
Finalmente decir que las mujeres en México estamos acostumbradas a avanzar paso a paso, pero con mucha firmeza.
Agradezco a nombre de mi fracción parlamentaria, mía en lo personal, de las organizaciones de mujeres que estuvieron insistiendo en aumentar el número de mujeres en los órganos de representación en el Consejo del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, a nombre de las generaciones que vienen, este esfuerzo realizado. Muchísimas gracias y enhorabuena.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Hortensia Aragón. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Mesa Directiva. El tema que nos ocupa no es un tema menor. Es la integración de un órgano colegiado que tiene la función estatal de organizar elecciones, garantizando principios de imparcialidad, de equidad, de transparencia, objetividad y legalidad en los procesos electorales, no sólo en el ámbito federal, sino también en los ámbitos estatales.
Dos mil dieciocho es un punto de partida en nuestra historia nacional, puesto que no solamente se generará una elección federal de presidente, Senado y Cámara de Diputados, también concurren elecciones de gobernadores, diputados locales y presidente municipales.
Es un parteaguas en la historia porque tendrá la oportunidad este pueblo de México de renovar los poderes federales y de la mayoría de las entidades en nuestro país. De ahí la trascendencia de a quien designamos como integrantes de un órgano colegiado.
El proceso empezó y empezó mal. Empezó mal porque a este procedimiento establecido en una metodología faltó lo básico, lo sustantivo que genera credibilidad en todos los ciudadanos, la transparencia; la máxima publicidad en el escrutinio de cada uno de los candidatos; la objetividad de los resultados de cada una de las etapas de evaluación. Hay que aprenderle a la Corte que cuando elige sus propuestas, trasmite en el Canal Judicial las entrevistas que da a cada uno de los participantes.
En este proceso hay opacidad, no se hicieron públicas las entrevistas de los participantes en el proceso de selección, opacidad. No se hicieron públicos los resultados obtenidos en cada una de las etapas para tener criterios objetivos que nos señalaran quiénes eran los mejores candidatos: es opacidad.
Tampoco se hizo bastante publicidad a los perfiles de cada uno de los candidatos. No tenemos las mejores propuestas a partir de los resultados del Comité Técnico, se altera el resultado y no se pondera la evaluación del trabajo que hizo el mismo Comité Técnico.
Se atiende más a un criterio político que a un criterio de perfil, de capacidad, de experiencia, de conocimiento y de desempeño profesional. Estos elementos objetivos se hacen a un lado y se pondera el acuerdo político. Acuerdo político mata todo el procedimiento que se pretendía justificar a través de un Comité Técnico.
Deja un mal sabor de boca y empezamos a generar una descalificación haca el árbitro electoral. Es un mal mensaje en un ambiente en donde la inseguridad, la incertidumbre institucional, priva en todos los ámbitos del país. Ahora abonamos con incertidumbre, con opacidad y con un acuerdo tras bambalinas para generar el control de los órganos electorales.
Se hará público el perfil de cada uno de los tres candidatos que hoy se van a aprobar y será el tamiz de la opinión pública la que descalifique la decisión de esta Cámara de Diputados a través del acuerdo político del PRI, del PAN y del PRD. Las propuestas van con acuerdo político. Las propuestas no van en función de los resultados ni del perfil más idóneo y más adecuado de cada uno de los candidatos.
Ante la opacidad en el procedimiento y ante la falta de escrutinio público, Morena va a votar en contra de las propuestas. En contra de las propuestas porque resumen una metodología viciada que nos alejó de la opinión de la sociedad civil, que nos alejó de la opinión de las organizaciones de ciudadanos que han acompañado procesos electorales en una construcción de instituciones democráticas creíbles.
Queda muy lejano ese consejo ciudadano de Woldenberg y ciudadanos honorables, como Jacqueline Peschard, y otros consejeros, que llevaron al extremo la legalidad y las funciones del Instituto Federal Electoral.
Ahora con un INE, con un INE mal construido por acuerdo político con la reforma de 2014, abonamos designaciones que tienen muchas dudas en la transparencia, en la capacidad y en la evaluación objetiva de cada uno de los proponentes.
Morena va a votar en contra y estaremos pendientes del desempeño de cada uno de estos funcionarios. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Romero Tenorio. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hablar a favor, el diputado José Hernán Cortés Berumen.
Saludamos con mucho gusto a estudiantes del Instituto Universitario Francisco Ugalde, procedentes de Tehuacán, Puebla, invitados el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado José Hernán Cortés Berumen:Con su venia, presidenta. El hecho de estar en este momento discutiendo el nombramiento de tres de los consejeros que estarán incorporándose al Instituto Nacional Electoral no es un tema menor, y se ha tomado con la absoluta seriedad en cada una de las etapas del proceso.
Si quiero en este momento referirme, como lo haré, específicamente a la integración de quiénes fueron los que estuvieron evaluando para poder definir las quintetas, tendremos que identificar claramente lo siguiente: siete fueron las personas que lo estuvieron integrando, dos fueron integrantes propuestos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos fueron propuestos por el INAI y tres fueron propuestos por la Jucopo.
Con ello quiero referir que si estamos hablando de un sistema crítico, objetivo, con elementos tangibles para poder determinar quiénes eran los candidatos y candidatas idóneas para integrar las quintetas, definitivamente se cargó a un tema más técnico objetivo de parte de cuatro integrantes de organismos autónomos, como lo estoy refiriendo, y tres integrantes propuestos específica y directamente por la Jucopo.
Ante este tipo de evaluaciones y con el ejercicio que estuvo realizando, podemos constatar que quienes integran estas quintetas son personas que cumplen el perfil, que acreditaron satisfactoriamente los exámenes, que tienen experiencia en este ámbito tanto académica como en el desempeño de las funciones específicas que está requiriendo la materia.
Las propuestas que se están realizando y la integración de estos dos mujeres y un hombre que podrían estar integrando, si obtiene el voto de cada uno de los que aquí estamos participando, cubren perfectamente bien el perfil, son personas con probidad demostrada, que están académicamente avalados y que podrían enriquecer este cuerpo colegiado que ya está funcionando, porque son 11 y solamente estaríamos nombrando tres para que continúen con esta organización de los procesos electorales.
Sabemos la importancia que tiene el proceso electoral de 2018, sabemos la importancia que tiene para el sistema democrático contar con personas con probidad, experiencia y capacidad para desempeñar esos cargos y es por ello que las propuestas que se están realizando cumplen cabalmente con este objetivo.
Por tanto, Acción Nacional votará a favor de estos nombramientos que se están proponiendo, porque sabemos y tenemos la absoluta certeza que cumplen cada uno con el perfil. Es cuanto, presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernán Cortés Berumen. Participará en la discusión para hablar en contra, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, haciendo uso de la voz por cinco minutos.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Muchas gracias, presidenta. La construcción de las instituciones democráticas en nuestro país tiene como principal finalidad erradicar el autoritarismo, que principalmente se generó a través de un partido político y que posteriormente se enquistó por la sociedad de un grupo de partidos políticos.
El proceso de designación de los consejeros electorales tendría que estar diseñado para impedir perpetuar esos intereses.
Por desgracia los partidos políticos mayoritarios en esta Cámara, como siempre, han modificado y de alguna manera han pervertido este proceso, utilizando estos espacios como cotos de poder.
Parecería una cuestión menor, porque todo mundo está en sus cosas. Pero no, no es menor, esto implica la responsabilidad de conducir y, en su momento, de calificar el proceso electoral del 2018. No se están dando cuenta de que no se está abonando nada o en nada para otorgarle credibilidad al INE.
Desde un inicio hemos observado, se han hecho observaciones a la Convocatoria, desde la conformación del Comité Técnico, la metodología y los resultados de las evaluaciones, que sin haber dado a conocer los criterios ni calificaciones se anunció el nombre de los 15 finalistas.
En el caso particular del Comité Técnico de Evaluación, pugnamos porque su integración no se basara en cuotas de partido y por eso, por esa razón Morena envió a la Junta de Coordinación Política la currícula de dos candidatos, que ni siquiera se consideraron para la conformación del mismo Comité Técnico.
El Grupo Parlamentario de Morena siempre ha expresado abiertamente, siempre se ha expresado abiertamente ante las inconsistencias y ha puesto de manifiesto y por escrito cualquier procedimiento que deja a la incertidumbre la elección de los nuevos consejeros. Hay antecedentes del mismo. Desde luego, en ningún momento la Junta de Coordinación Política avaló que haya recibido en tiempo y forma las tres quintetas de los aspirantes, salió mágicamente.
Lamentamos y obviamente realizamos un extrañamiento por la filtración anticipada de estas quintetas a la prensa, en su momento solicitamos al Comité de Evaluación los expedientes con los datos de las evaluaciones, pero no se obtuvo la información completa, sólo nos proporcionaron los datos de los 15 finalistas, es por eso que mi coordinadora hace un rato se refería al folio de uno de los aspirantes, porque no había datos concretos sobre los mismos y nunca contamos con los criterios que se adoptaron en las entrevistas ni los razonamientos que el Comité de Evaluación consideró para la selección de estos 15 aspirantes, de donde habrían de salir estos tres nuevos consejeros.
Por esto, por todo lo anterior y por muchas otras cosas más, Morena se expresa en contra de lo que está sucediendo aquí. Estamos en contra de que los consejeros del INE y su nombramiento sean tomados como cotos de poder de los partidos, y aquí se puede ver que nadie pone atención porque ya está todo hecho, ya está todo planchado, ya todo es mágico. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rodrigo Abdala Dartigues. Para hablar a favor tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Edgar Romo García:Con la venia de la Mesa Directiva. El día de hoy creo que tenemos un gran motivo, primero para felicitar el gran trabajo que fue llevado a cabo en este complejo proceso de designación de consejeros electorales por el Comité Técnico, ajeno a esta Cámara de Diputados, que fue designado en días anteriores.
Hoy cabe resaltar, hacer memoria de cómo han transcurrido estos procesos de designación a través de la historia. En un inicio nuestro árbitro electoral era designado de manera unilateral por el Poder Ejecutivo de nuestro país.
Posteriormente, evolucionamos a tener un órgano electoral con autonomía, con mayor independencia, pero aun así era el Poder Ejecutivo el que le proponía a esta Cámara de Diputados las propuestas de aquellas personas que deberán o deberían lograr con imparcialidad y objetividad en los procesos electorales.
Estos procesos de designación fueron avanzando con la democracia de nuestro país, haciéndose cada vez más complejos.
Posterior a esa solicitud del Poder Ejecutivo migramos a que fuera la Cámara directamente la que resolviera la designación de los consejeros. En esos ejercicios hubo ocasiones en que los cargos se quedaban vacantes por largo tiempo.
Posterior a esto migramos a un Instituto Nacional Electoral con mayor autonomía, independencia, con mayor transparencia y con mayor objetividad, con mayores principios rectores del proceso electoral, de tal manera que en esta nueva transformación del Instituto Nacional Electoral ahora es la Cámara la responsable de designar los consejeros electorales, pero a través de un Comité Técnico de Evaluación totalmente ajeno a la misma, con capacidad, con elementos de objetividad y de habilidades de los designados, para poder contar con un órgano electoral más transparente y más imparcial.
En este proceso nos corresponde a la Cámara escoger este Comité Técnico, a través de propuestas no solamente conformadas por nuestros integrantes sino también por otros órganos posicionalmente autónomos, como es el INAI, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cada uno de ellos propone a dos integrantes del Comité, más otros tres que son propuestos por la Junta de Coordinación Política.
Este Comité Técnico fue designado con éxito por esta Cámara de Diputados, se le otorgó la autonomía suficiente, le dotamos de las atribuciones necesarias para que hiciera una evaluación de todos aquellos aspirantes que se inscribieran en este proceso de selección.
Este Comité Técnico tuvo a bien proponerle a la Junta de Coordinación Política, de manera independiente y con plena autonomía técnica, el procedimiento por el cual se evaluarían a todos los aspirantes de manera igualitaria y transparente.
El Comité Técnico propuso dos cosas importantes. La primera, un examen de conocimientos, situación que no se había dado en el pasado. Un examen que valorara los conocimientos en materia electoral de aquellos que aspiraran a ejercer estos cargos. Pero además del examen, estableció una serie de requisitos con la cual deben contar los integrantes del órgano electoral que, por cierto, no necesariamente tienen que ser abogados o doctos en materia de derecho electoral, porque el principio de este órgano precisamente es que sean los ciudadanos los que vigilen el proceso electoral.
En ese sentido, el Comité Técnico de Evaluación propuso también evaluarlos en su experiencia y habilidades para participar en cuerpos colegiados. En su experiencia o conocimiento en las funciones propias de los consejeros, aquellos hombres y mujeres por experiencia en el servicio electoral.
Reconocimiento a sus funciones de liderazgo, sus habilidades en materia de negociación y resolución de conflictos; su vinculación con la academia, las organizaciones sociales, gremiales y empresariales. Su formación académica, la capacidad para poder presentarle al el Comité Técnico un ensayo o publicaciones en materia electoral.
Todo este proceso complejo lo único que arroja como resultado es transparencia. Transparencia a través de entrevistas que se les realizaron a los propios consejeros ahora propuestos y que son públicas, que la ciudadanía tiene acceso a esas entrevistas públicas, tiene acceso a esos exámenes.
Se les dio a los aspirantes el derecho de audiencia para solicitar revisión de sus exámenes. El proceso fue tan exitoso que las solicitudes de revisión de exámenes fueron las menos, fueron por su mayoría aceptados los resultados emitidos por el Comité Técnico de Evaluación.
Posteriormente, el Comité Técnico arrojó de este pleno y arrojó de la Junta de Coordinación Política, la petición de que los próximos integrantes de este órgano electoral, también cumplieran con el requisito de la equidad de género que, sin ser un requisito constitucional para su designación, sí es una coyuntura actual y sí es una necesidad poder equilibrar nuestro órgano electoral con mujeres y hombres.
Todos estos elementos fueron recogidos por el Comité Técnico y hoy tenemos como resultado tres quintetas: 15 personas en la misma aptitud de capacidades y habilidades, 15 personas que, independientemente de los resultados que cada uno haya obtenido, las 15, a propuesta del Comité Técnico, son aptas para ocupar estos cargos de consejero electoral.
Creo que hoy, compañeros, la Junta de Coordinación Política dio un gran avance con la propuesta que emite este pleno; 152 aspirantes, participación abrumadora de la ciudadanía para fungir como consejeros electorales. De los 152 participantes, 43 fueron mujeres, 28 por ciento fueron mujeres. Hoy la propuesta es, el 66 por ciento mujeres y el resto hombres, dos mujeres y un hombre. Creo que esto habla de sacar adelante la participación de la mujer en los consejos electorales. Creo que esto habla de sacar adelante una solicitud hecha por este mismo pleno.
Por eso hoy nuestra fracción, el grupo parlamentario, les propone votar a favor de esta propuesta que se integra por personas transparentes y con habilidades en la materia. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En términos del Reglamento se han cumplido con el número de oradores para intervenir en tribuna. Se procede ahora a consultar si se encuentra suficientemente discutido.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está solicitando el uso de la palabra, la diputada Candelaria Ochoa. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidenta. En el mismo sentido, dice Norberto Bobbio que avances como estos son necesarios, pero no suficientes. Nosotras queríamos tres mujeres, porque tres mujeres es un avance en la mentalidad y en las reformas constitucionales que hemos hecho sobre la paridad.
Las mujeres tuvieron las mejores calificaciones. Las mujeres, ese 28 por ciento, fueron las mejor calificadas y lamentamos que no sean tres lugares, y así lo manifestamos también en la Jucopo.
Pero también manifestar que hoy esta Cámara les sigue debiendo a las mujeres, pero sobre todo a la democracia. Se atoran las decisiones que tienen que ver con el género; se les atora porque todavía no hay una conciencia de que tenemos que incluir la paridad como un derecho y no como una dádiva. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido. Solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación del acuerdo que propone la terna de candidatos para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación del acuerdo.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 336 votos a favor, 5 abstenciones y 32 votos en contra. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado por 336 votos. Mayoría calificada.
La Cámara de Diputados declara electos como consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a los ciudadanos siguientes.
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 41, base V, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Primero. La Cámara de Diputados declara electa a la ciudadana Dania Paola Ravel Cuevas, para ocupar el cargo de consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por un período que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
Segundo. La Cámara de Diputados declara electo al ciudadano Jaime Riviera Velázquez, para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por un periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
Tercero. La Cámara de Diputados declara electa a la ciudadana Beatriz Claudia Zavala Pérez, para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por un periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
Los consejeros electos rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 36, numeral 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Désele forma de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a la Cámara de Senadores y al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Solicito que proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
COMUNICACIONES OFICIALES
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que la diputada Fabiola Rosas Cuautle cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
• Que la diputada Fabiola Rosas Cuautle cause alta como secretaria en la Comisión de Defensa Nacional.
• Que la diputada Fabiola Rosas Cuautle cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.
• Que la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.
• Que la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.
• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause alta como secretario en la Comisión de Deporte.
• Que la diputada María Verónica Muñoz Parra cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.
• Que la diputada María Verónica Muñoz Parra cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.
• Que la diputada Silvia Rivera Carbajal cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Que la diputada Silvia Rivera Carbajal cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.
• Que el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
• Que el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda cause alta como secretario en la Comisión de Comunicaciones.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Alfredo Anaya Orozco cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.
• Que el diputado Alfredo Anaya Orozco cause alta como secretario en la Comisión de Comunicaciones.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que la diputada Marcela González Salas y Petricioli cause baja como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.
• Que la diputada Marcela González Salas y Petricioli cause alta como presidenta en la Comisión de Comunicaciones.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
• Que el diputado José de Jesús Galindo Rosas cause baja como integrante de la Comisión Especial sobre la no discriminación.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de los comités que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios pare el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se someta a consideración del pleno la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, cause baja como integrante de la Comisión Economía.
• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la modificación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:
• Que el diputado Hugo Eric Flores Cervantes cause baja como consejero propietario.
• Que el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes cause alta como consejero propietario.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»
En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.
Sonido, por favor, en la curul de la diputada Cecilia Soto. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Muchas gracias, diputada presidente. Es para expresar mi preocupación como integrante del Poder Legislativo en México, de lo sucedido en Venezuela, cuando el Supremo Tribunal de Justicia de ese país tomó para sí las funciones del Poder Legislativo. Yo creo que es para todos los integrantes de esta Cámara una gran preocupación de que en un país hermano como Venezuela, el Poder Legislativo haya sido básicamente anulado y se acerque la situación a algo que casi podría ser definido como golpe de Estado.
Quiero hacer desde aquí un llamado a la Junta de Coordinación Política, para que en su reunión del próximo lunes tomen, examinen la decisión, tomen la decisión de pronunciarse públicamente.
Insisto, creo que es una gran preocupación para nosotros como legisladores, que otro Poder Legislativo haya sido anulado y también expreso mi solidaridad con los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Soto, queda asentada su expresión, y desde luego toman conocimiento de esta manifestación los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Solicito, por favor, sonido en la curul de la diputada Cecilia Romero.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Gracias, presidenta. Para unirnos a la manifestación que acaba de hacer la diputada Soto. Es motivo de gran preocupación para esta Cámara de Diputados, estoy segura, y también para el pueblo de México, que el pueblo hermano de Venezuela esté padeciendo este asedio.
La división de Poderes es garantía de la democracia. Cuando un Poder es avasallado por otro las posibilidades de una vida mejor y de una convivencia sana entre los propios venezolanos, y por supuesto en el concurso de las naciones latinoamericanas, se ve seriamente afectada.
Pedimos que la Junta de Coordinación Política, en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, asuma como Poder Legislativo medidas para hacer saber al pueblo de Venezuela nuestra preocupación y para que estemos pendientes del desarrollo de los acontecimientos en apoyo de nuestros hermanos venezolanos. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Romero. Queda asentada su expresión y, desde luego, la Junta de Coordinación Política conoce el exhorto que ha emitido.
El diputado Alfredo Basurto Román(desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido, por favor, en la curul del diputado Alfredo Basurto.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Para dirigirme al pueblo de México. Como lo mencionamos con los magistrados electorales, tal parece que en el dictamen que se acaba de aprobar, el Poder Legislativo es un botín político, se reparten las posiciones políticas de órganos tan importantes, como en el INE, como el Tribunal Electoral Federal, como si fueran posiciones políticas, en órganos tan importantes que administran y revisan y llevan el proceso electoral de las elecciones.
Que el pueblo se dé cuenta que de este Poder Legislativo se reparten posiciones políticas en órganos tan importantes y no se da la importancia a la pluralidad y al pueblo de México. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputado Basurto.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan.(*)
( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.
EFEMÉRIDES
DÍA INTERNACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 200 ANIVERSARIO DE LA ABOLICIÓN DEL COMERCIO TRANSATLÁNTICO DE ESCLAVOS
«Efeméride con motivo del 25 de marzo, Día Internacional para la Conmemoración del 200 Aniversario de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción XI; 62, numeral 2, y 76, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente efeméride para conmemorar el recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, ofreciendo con ello la oportunidad de homenajear y recordar a aquéllos que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema de esclavitud, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La trata transatlántica de esclavos fue la mayor migración forzada de la historia, y sin duda una de las más inhumanas. El éxodo de la población africana se extendió a muchas partes del mundo a lo largo de 400 años y no tiene precedentes en los anales de la historia.
Como resultado directo de la trata transatlántica de esclavos, la mayoría de los africanos acabó en las Américas: 96 por ciento de los cautivos procedentes de las costas africanas llegaron hacinados en barcos de esclavos a los puertos de América del sur y las Islas del Caribe.
De 1501 a 1830, cuatro africanos cruzaron el Atlántico para cada europeo. La demografía de las Américas en aquella época parecía más una extensión de la diáspora africana que europea. El legado de esta migración se puede ver hoy en día: grandes poblaciones de ascendencia africana siguen viviendo en las Américas.
Es por ello que para conmemorar la memoria de las víctimas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 62/122 del 17 de diciembre de 2007, declaró el 25 de marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos.
La esclavitud y el comercio de esclavos se encuentran entre las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de la humanidad. El comercio transatlántico de esclavos es considerado único en la historia de la esclavitud debido a su duración (cuatrocientos años), su escala (aproximadamente 17 millones de personas sin contar a quienes murieron durante el transporte) y la legitimación que se hizo de él, incluida en las leyes de la época.
El comercio trasatlántico de esclavos constituyó la mayor deportación de la historia. Comprendiendo desde el siglo XVI hasta el XIX, involucró varias regiones y continentes: África, norte y sur de América, Europa y el Caribe; y resultó en la venta y explotación de millones de africanos por europeos.
Con el fin de homenajear de forma más permanente a las víctimas, se ha erigido un monumento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que se inauguró el 25 de marzo de 2015. El diseño ganador del monumento, El arca del retorno,de Rodney Leon, un arquitecto norteamericano de origen haitiano, fue seleccionado a través de un concurso internacional y anunciado en septiembre de 2013.
La práctica de la esclavitud era justificada comúnmente con fundamentos filantrópicos o religiosos. Incluso estaba codificada dentro de la ley, en el notable Code Noir (Código Negro) de 1685. Esta ley francesa contenía los derechos y obligaciones de dueños y esclavos en las colonias de las Américas y establecía que “Nosotros declaramos a los esclavos como propiedad móvil”. Esta ley establecía un sistema de dura disciplina que incluía la flagelación y la marca con hierros incandescentes como castigo para delitos menores, a pesar de esto, era considerada como un “beneficio” que los esclavos tenían para protegerse de los abusos de sus dueños y otorgaba días festivos religiosos, forzaba el culto católico, toleraba los matrimonios entre esclavos y abogaba por la conservación de las familias.
Para el siglo XVIII la oposición moral y política al comercio de esclavos estaba creciendo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, así como en otras partes de Europa. Grupos como los cuáqueros en Norteamérica y la Sociedad para la Extinción del Comercio de Esclavos en Gran Bretaña ayudaron a aumentar el conocimiento público respecto al tráfico de esclavos mediante peticiones públicas, campañas de boicot y la difusión de materiales describiendo, y algunas veces ilustrando, las condiciones de vida de los esclavos a bordo de los barcos o trabajando en las plantaciones.
Los esclavos también se sublevaron en contra de su yugo, más notablemente en Haití en la Revolución de 1791-1804. Estas revueltas marcaron un hito en el comercio de esclavos, ya que los poderes coloniales empezaron a reconocer los riesgos políticos y militares que representaban tales levantamientos. Este factor, aunado a las crecientes voces del movimiento abolicionista y a las cambiantes condiciones económicas que habían reducido la importancia económica de algunas colonias europeas, marcaron el inicio del fin del tráfico trasatlántico.
Hace doscientos años, a principios de marzo de 1807, el presidente de Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, firmó la legislación aboliendo el comercio de esclavos. Más tarde ese mismo mes, el Parlamento británico dirigido por los esfuerzos del abolicionista William Wilberforce, el reverendo James Ramsay y John Wesley, prohibió él tráfico de esclavos en el Imperio Británico. La marea había cambiado.
En los siguientes años otros países europeos implementaron leyes prohibiendo la esclavitud; sin embargo, no fue sino hasta 80 años más tarde que el comercio trasatlántico de esclavos fue finalmente eliminado cuando Cuba y Brasil lo abolieron, en 1886 y 1888 respectivamente.
El legado del comercio trasatlántico de esclavos es un tema polémico. No cabe duda que resultó en la destrucción de una parte significativa del idioma, cultura y religión de millones de esclavos africanos. La extracción de un número tan grande de personas de África interrumpió la economía africana y, creen algunos académicos, que dejó a África en una desventaja permanente comparada con otros países del mundo. También se puede decir que la esclavitud redefinió a los africanos frente al mundo, dejando un legado de racismo y estereotipándolos como seres inferiores.
El tema del año 2017 se centra en las consecuencias concretas de la trata transatlántica de esclavos, es decir, las formas en que los africanos esclavizados y sus descendientes influyeron en diversas sociedades de todo el mundo y continúan forjándolas, en esferas como, entre otras, la tecnología y la cultura. También pone de relieve el espíritu persistente y las innovaciones de las personas que integran las comunidades afectadas por la trata transatlántica de esclavos.
El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 25 de marzo de 2007 como el Día Internacional para la Conmemoración del 200 Aniversario de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos.Al reconocer el efecto perdurable de la esclavitud en el mundo moderno; los Estados miembros también aceptaron que la esclavitud fue el corazón de la “profunda desigualdad social y económica, odio, fanatismo, racismo y prejuicios que siguen afectando hoy a la gente de ascendencia africana”.
El propósito de este día es honrar la memoria de aquéllos que murieron como resultado de la esclavitud, incluyendo aquéllos que murieron en “paso del medio” y en la lucha por la libertad. También pretende disminuir la “brecha de conocimiento” que existe hoy en cuanto a las consecuencias ocasionadas por el comercio de esclavos y la esclavitud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.— Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica).»
DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
«Efeméride con motivo del 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena
Durante el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, celebrado en 1988 en Bogotá, Colombia, se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. En esa misma fecha se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con la intención de colocar en la agenda pública la situación precaria y discriminatoria que sufre este sector.
En esta fecha conmemorativa se quiere reivindicar de los derechos a este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas que necesitan llamar la atención de su problemática ante la indiferencia social
En México hay dos millones cuatrocientas mil trabajadoras responsables de las labores del hogar que se han caracterizado por la precarización de su trabajo.
Ellas mismas se han denominado trabajadoras del hogar, precisamente porque lo que exigen en primera instancia es que se les reconozca como trabajadoras y que en correspondencia con esta condición, tengan acceso igual al goce de los derechos como cualquier otra trabajadora. Ellas se han organizado por años para recibir este reconocimiento.
Dentro de los avances que ha logrado la organización de este sector, está la reforma de la Ley Federal de Trabajo del 2012, en donde se contemplaron modificaciones al Capítulo referente a las trabajadoras domésticas, aunque fueron elaboradas básicamente para las trabajadoras que no salen del domicilio en donde trabajan, aun y cuando la mayoría de ellas tienen la modalidad de “entrada y salida”. Otro de los problemas son las condiciones de contratación pues quedan a discreción del o de la empleadora lo que deja en estado de indefensión a las trabajadoras. En la realidad la desigualdad entre las trabajadoras del hogar y las de los demás sectores sigue siendo muy extensa.
Otro de los adelantos memorables de las trabajadoras del hogar en México es que después de una lucha de quince años, el 18 de febrero de 2016, se logró el registro del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, con más de cien afiliadas de diferentes estados de la República. La consolidación formal de la organización es el ejercicio a contracorriente del derecho colectivo a la libre asociación. Actualmente ya tienen 500 afiliadas.
Esta es la primera vez que en México la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México registra un sindicato con una secretaría general colegiada integrada por tres mujeres.
Ejemplos de ello es que en la mayoría de los casos no existe contrato por escrito para fijar las condiciones en que se va a desempeñar el trabajo, a lo más se establecen oralmente las horas de trabajo, día de descanso y salario. De las demás prestaciones a las que deberían de acceder no se habla.
Difícil es para ellas tener vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Menos del 8 por ciento puede continuar con sus estudios debido a sus largas jornadas de trabajo, de las cuales no se les pagan las horas extras. Están expuestas a despidos injustificados, maltratos e insultos, y en algunas ocasiones a acoso sexual.
Debido a no existir obligación establecida no cuentan con seguridad social, acceso a vivienda digna y a pensión o jubilación para su vejez.
Es por esto que en el marco de este día, las mujeres de las organizaciones civiles y las trabajadoras del hogar se pronuncian por la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio fue adoptado el 16 de junio de 2011 y México lo firmó, pero no lo ha ratificado, a pesar de las promesas de varios funcionarios del gobierno.
El reto para el gobierno mexicano, las autoridades laborales, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de todos los actores involucrados en este tema es en principio reconocer el valor económico y social con que contribuye este sector, reconocimiento pleno de sus derechos laborales y derecho de igualdad entre trabajadoras y trabajadores.
En Morena estamos luchando por las trabajadoras más desprotegidas, por eso nos unimos a la demanda de ratificación este convenio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.— Diputada Irma Rebeca López López (rúbrica).»
DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
«Efeméride con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ya que en la actualidad, millones de personas con autismo en todo el planeta siguen sufriendo la discriminación social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, a una vida plena, a su dignidad como personas.
Para poder concientizarnos sobre el autismo, es muy importante primero que nada saber que es el Autismo, ya que en muchos países del mundo no está bien comprendida esta enfermedad, incluso en muchas sociedades son excluidas las personas que la padecen.
El autismo es un trastorno neurológico que afecta a millones de personas, estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños padece de autismo, aunque datos más duros nos dicen que la taza de personas con trastorno del espectro autista (TEA) como también se le conoce al autismo es mayor, cabe mencionar que el TEA comienza en la niñez y persiste tanto en la etapa de la adolescencia como en la etapa adulta, para ser más específicos está presente en toda su vida del paciente con autismo. Este trastorno se puede diagnosticar cuando el niño tiene 5 años, si un niño padece de este trastorno, normalmente son los padres del menor los que notan ciertos comportamientos que no son comunes en los niños, como el no querer interactuar con niños de su edad, también el no tener contacto visual y solo concentrarse en algunos objetos, es importante comentar que en muchos casos los niños se desarrollan con normalidad y al paso del tiempo es cuando empiezan a volverse indiferente con el entorno que los rodea.
El autismo es la capacidad innata de algunas personas sobre todo de los niños, para poder relacionarse con alguien más, esa fue la teoría del descubridor de este trastorno el psiquiatra austriaco Leo Kanner, en el año de 1943, de principio la hipótesis de Kanner fue que, los niños se distanciaban porque los papás eran demasiado duros con ellos; sin embargo, con el paso de sus investigaciones, se dio cuenta que estaba cometiendo un grave error al satanizar a los progenitores de estos niños, ya que ellos eran los que se ausentaban de la realidad por si solos.
La enfermedad del autismo no sólo afecta a los que la padecen sino también a su núcleo familiar, y es que la mayoría sino es que todas las personas que tienen un familiar diagnosticado con autismo, no sabe de qué manera tratarlo, porque no saben cuál es la manera correcta de entrar en su mundo.
Los especialistas recomiendan que para poder convivir con un niño autista, primero que se debe hacer es:
Crear una manera sencilla de comunicación, que incluya frases cortas y concretas, así como empezar a entender su forma de comunicación, ya que los autistas tienen una manera muy peculiar de comunicarse, y de manifestar su estado de ánimo, así como su sentir, por eso es de suma relevancia construir un lenguaje donde los dos se puedan entender, porque esa es la base para que el autista pueda desenvolverse con más confianza, claro, sin olvidar las muestras de cariño, porque ellos aunque no lo demuestren, también son susceptibles a sentir amor.
Algo que es muy importante en el trato con un niño autista, es que a la hora de ponerse a jugar con él, se deben de incluir imágenes, ya que su aprendizaje es del 90 por ciento por la vista. Otra situación no menos importante es que si se tiene pensado cambiar la rutina por un viaje o alguna otra actividad, es trascendental informarle con anticipación en el lenguaje que hayan adoptado para comunicarse, que va a cambiar de rutina, ya que recordemos que los niños autistas son personas que tienen reglas muy estrictas en su conducta, y si se les cambian sin avisarles, esto puede llegar a provocarles desequilibrios.
Por último, el uno por ciento de la población mundial tiene autismo cifra que proporciona la OMS, estamos hablando de que es alrededor de 70 millones de personas, otro dato significativo es que el autismo es que cada año son más niños diagnosticados con este padecimiento, que niños con sida, cáncer, diabetes. En nuestro país la cifra de autistas es de alrededor de 400 mil niños.
Por eso en el Día Mundial de la Concientización del Autismo, es importante recordar que este tipo de pacientes deben de ser tratados de una manera muy particular.
Notas:
1 Dia-de.com, Día del Autismo, enero de 2017
http://www.dia-de.com/autismo/
2 Organización Mundial de la Salud, Trastornos del Espectro Autista, enero de 2016.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/
3 Autismo Diario, El Hombre que Descubrió el Autismo, José Ramón Alonso, 22 de junio de 2012.
https://autismodiario.org/2012/06/22/el-hombre-que-descubrio-el-autismo/
4 uncomo.com, Como Tratar a un Niño Autista, María Martínez, 2017.
https://salud.uncomo.com/articulo/como-tratar-a-un-nino-autista-3002.html
5 spanish.people.com.cn, 70 millones de Personas Padecen de Autismo en el Mundo.30 de abril de 2013
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/8193523.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»
CLAUSURA Y CITA
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 15:32 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 4 de abril de 2017, a las 11 horas. Que tengan una excelente tarde.
————— O ——————
RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 33 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 281 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 27
• Licencia: 1
• Minuta: 1
• Iniciativas de los congresos estatales: 2
• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 11
• Declaratoria de publicidad: 2
• Dictamen a discusión de ley o decreto: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 24
2 PES
2 NA
3 MC
5 Morena
1 PVEM
4 PRD
3 PAN
4 PRI
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)