SUMARIO
De la Mesa Directiva, mediante la cual, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a los siguientes asuntos:
–Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Araceli Damián González, de Grupo Parlamentario de Morena, el 7 de diciembre de 2017. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen
–Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Educación y del Código Civil Federal, presentada por la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de diciembre de 2017. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
Se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios
De la Mesa Directiva, por el que informa que se recibieron dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo. Publíquense en el Diario de los Debates y archívense como asuntos totalmente concluidos
De El Colegio de Sonora, con el que remite el informe de resultados de la auditoría externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre de 2017. Se remite a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Del diputado Daniel Torres Cantú, para separarse de sus funciones como diputado federal, del 13 de diciembre al 5 de febrero de 2018
Del diputado Carlos Lomelí Bolaños, de Morena, para separarse de sus funciones como diputado federal, a partir de esta fecha
Del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Morena, para separarse de sus funciones como diputado federal, a partir de esta fecha
Del diputado Salvador Zamora Zamora, de MC, para separarse de sus funciones como diputado federal, a partir del 14 de diciembre del año en curso
Del diputado César Flores Sosa, del PAN, para separarse de sus funciones como diputado federal, a partir del 15 de diciembre del año en curso
Aprobadas, comuníquense. Llámese a los suplentes
DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose la actual IV para ser fracción V, al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 156 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 168 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 149 Bis del Código Penal Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1168 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que reforma la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 284 Bis del Código Penal Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 52 del Código Penal Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X, recorriendo en su orden la subsecuente, al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como el “Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley de Migración
Desde la curul, se refiere a los dictámenes de la Comisión de Justicia que recibieron declaratoria de publicidad:
–La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena
La Presidencia hace aclaraciones
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
El diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
El diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
La diputada María Élida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen
El diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera, en materia de conservación del ambiente. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio y de integrantes de su grupo parlamentario, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
El diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen
Los ciudadanos Jesús Gilberto Rodríguez Garza y Mario Mex Albornoz rinden protesta de ley y entran en funciones como diputados federales
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
A discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad pública
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI
Para presentar una moción suspensiva, interviene:
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD. No se toma en consideración
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, intervienen:
–El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC
–El diputado Rene Cervera García, de Morena
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD
–El diputado Jorge Ramos Hernández, del PAN
–El diputado Carlos Iriarte Mercado, del PRI
Para la discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la tribuna:
–El diputado David Gerson García Calderón, del PRD, en contra
–El diputado Francisco Escobedo Villegas, del PRI, a favor
–El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC, en contra
–El diputado Francisco Escobedo Villegas, del PRI, responde alusiones personales, desde la curul
–El diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, a favor
–El diputado Ulises Ramírez Núñez, del PAN, en contra, quien hace moción de ilustración y solicita la lectura de un artículo, lo cual se obsequia
–El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del PRI, a favor
Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular y se somete a votación
No habiendo alcanzado quórum, se declara un receso
La Presidencia remite oficio donde turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputado
La Presidencia levanta la sesión
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa los turnos que corresponden a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 13 de diciembre de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 12:07 horas): Se abre la sesión. Exactamente con dos horas de retraso. ¿Citamos a las 10 o a las 11? Qué bueno. Dos horas, siete, así es que adelante. Secretaria, haga del conocimiento de la Presidencia cuántos diputados y diputadas han pasado lista.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados, por lo tanto, diputado presidente, hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Hay quórum, por lo tanto empieza la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 13 de diciembre de 2017.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Mesa Directiva
Del Colegio de Sonora
Remite el informe de resultados de la auditoría externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre de 2017.
Solicitud de licencia
Del diputado Daniel Torres Cantú.
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Declaratoria de publicidad
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 156 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 168 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 214 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 149 Bis del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1168 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que reforma la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 284 Bis del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 52 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X, recorriendo en su orden la subsecuente, al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto, que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como el “Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres”.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Migración.
Iniciativas
Que adiciona los artículos 17 Bis y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 37 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 469, 692 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 137 Bis 2 y 137 Bis 3 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. y adiciona un artículo 116 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 310 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 57-Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones para expresidentes, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 468 Bis a la Ley General de Salud y reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 18 y 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México.
Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma la denominación del Capítulo V del Título Décimo Tercero y adiciona un artículo 248 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 24, 25, 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación y 2o. y 26 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y medio ambiente, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 7o. de Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 33 y 38 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 66, 71 y 116 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara el 19 de Septiembre como el Día Nacional del Rescate Canino, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 1o. y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o. y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 77, 262 y 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Verónica Agúndis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 151 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 134 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 201 Bis 4 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o., 8o., 16 y 40 de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú, diputado sin partido y Samuel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley de Zonas Económicas Libres para los Estados de la Frontera Norte, suscrita por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y diputados de Baja California del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación y adiciona un artículo 7-Bis a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Sánchez Coronel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez y Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 47 y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 55 y 56 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 31 y 65 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 173 y 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona los artículos 18 y 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 6o., 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 167 de la Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el DOF el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 259 Bis y adiciona un artículo 259 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 326 y 327 del Código Penal Federal, y 27 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 21 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, Flor Estela Rentería Medina y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 322 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa por los cuatrocientos años de la Fundación del municipio de Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares, suscrita por los diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María García Pérez y José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de práctica de la medicina estética y de la cirugía estética, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 38 Bis y 53 Bis a la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 360 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 130 Bis a la Ley de Hidrocarburos y adiciona un artículo 9 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 165 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de paridad de género, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
De Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De Decreto por el que se declara el 20 de octubre de cada año, como Día Nacional del Mezcal, a cargo de la diputada Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdalá Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
De Decreto por el que se declara el 19 de junio como el Día Nacional del Padre, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 8o. y 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María De La Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo Sexto Transitorio al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 63 y 87 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 26 y 35 y se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 203 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 16 y adiciona un Artículo Vigésimo Primero Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona una fracción X al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un Artículo Sexto Transitorio al “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 6o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Que reforma y adiciona los artículos 20 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 8o. y 40 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De Decreto por el que se declara el 23 de abril como Día Nacional de la Conservación del Jaguar y se adicionan los artículos 32 Bis y 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Erika Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 9o. y 20 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 11 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De Decreto por el que se declara el primero de junio de cada año, “Día Nacional del Balance Trabajo-Familia”, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 66 y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 48 y 49 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 13 y 56 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el Capítulo III del Título Cuarto del Código Penal Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud pública, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 92 y 97 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 7o. y 66 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 79 y 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7o., 23, 25, 29 y 45 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 178 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 71 Ter y 79 del Código de Justicia Militar, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 47 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera, en materia de conservación del ambiente, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 147 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
De Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Jesús Reyes Heroles, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 48, 50 y 67 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 10 y 25 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Ángel García Yañez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 115, 210, 212 y 301 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 104 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 14 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 1655 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 97 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 13 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 5o. de la Ley General de Desarrollo Social y 4o. y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona los artículos 44, 90 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 64 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 35, 38 y 42 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma y adiciona los artículos 32 Bis y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 18 y 20 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 30, 32, 39 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 15 y 17 de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 9o., 10 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 284 Bis y reforma el artículo 997 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o. y 5o.de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputadaMaría Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que se reforma y adiciona los artículos 23 y 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Guadalupe González Suástegui y Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes a discusión de leyes o decretos
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto, por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad pública.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara “Beneméritos de la Patria” a los Diputados Constituyentes de 1917.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se Establecen las Características de una Moneda Conmemorativa del 50 Aniversario de la Aplicación del Plan Marina.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto, por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio, a la Ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto, por el que se crea la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación y trasplante de órganos.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cartillas nacionales de salud.
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo.
De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Población.
De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o.de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 514 y 899-E de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127, y se adicionan los artículos 65 Quáter; 65 Quáter 1; 65 Quáter 2; 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social para hombres.
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI, recorriendo las demás en orden subsecuente, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a la opinión pública las principales acciones del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las políticas públicas para combatir la Trata de Personas.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas y acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las y los mexicanos que viven o transitan por los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, se condecore con el collar del águila azteca al primer ministro canadiense Justin Pierre James Trudeau.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe a la opinión pública en relación con la situación jurídica y migratoria del periodista Martín Méndez Pineda.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la rescisión del Programa de Acción Diferida, DACA, por sus siglas en inglés.
De la Comisión de la Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a indemnizar a agricultores que perdieron su cosecha por las inundaciones en Tláhuac.
De la Comisión de la Ciudad de México, con punto de acuerdo relativo a la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y a que una vez concluido el procedimiento de declaratoria de desastre natural en la entidad, se convoque a valorar las nuevas condiciones en las que se encuentra la ciudad tras los sismos del mes de septiembre.
De la Comisión de la Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Delegación Cuajimalpa, a realizar las acciones necesarias para combatir la inseguridad en dicha demarcación.
De la Comisión de la Ciudad de México, con punto de acuerdo relativo a la aplicación de los protocolos de Protección Civil y la dictaminación de los inmuebles de las escuelas de la Ciudad de México.
De la Comisión de la Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a adoptar las medidas urgentes que resulten necesarias para a fin de rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona de Xochimilco.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional del Agua, a reparar la infraestructura dañada por el paso del “Huracán Franklin” en los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero, Veracruz.
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo relativo a diseñar e implementar un Programa Especial de Atención Emergente y Prioritario para los Pescadores y Comunidades del Alto Golfo de California, afectados por los Decretos de Veda publicados en el DOF el 30 de junio de 2017.
De la Comisión de Radio y Televisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que regrese la programación de la estación radiofónica cultural Opus a la frecuencia 102.1 FM.
De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a elaborar un atlas de la apicultura en México.
De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar a los Gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Morelos, para que a la brevedad posible emitan la Declaratoria de cero pago de derechos por reposición de escritura pública, a los inmuebles que sufrieron daños por los hechos ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 y de actas de nacimiento de la población afectada.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para fortalecer las acciones para la protección de la flora y la fauna en las zonas fronterizas de nuestro país con los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Protección al Ambiente, del Estado de México, realice las acciones necesarias para proteger la extracción y comercio ilegal de la biznaga partida diente de elefante y de la cactácea cryphanta bumamma, protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y al Gobierno del Estado de Puebla, para que atienda las constantes fugas de combustible en tierras de cultivo y se restablezca el daño a los productores.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a que condone por un año el pago de electricidad a los habitantes de Oaxaca y Chiapas afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que realice una revisión de las tarifas y aplique la tarifa 1D, 1E, y 1F, en el suministro básico de energía eléctrica a usuarios domésticos en los Municipios del Estado de Quintana Roo que registran temperaturas mayores de 30o.C.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a difundir los procedimientos de mantenimiento de la refinería Ing.Antonio Dovalí Jaime y a iniciar una investigación a fondo de las obras de rehabilitación de dicha refinería.
De la Comisión de Marina, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, de los resultados de la revisión al Plan Nacional de Desarrollo considere incluir a la actividad de la industria naval auxiliar como elemento permanente del desarrollo nacional y de la política nacional de fomento económico.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a realizar las acciones necesarias para agilizar la operación del Programa de Escuelas al Cien en el Estado de Tamaulipas.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que garantice, la aplicación puntual y transparente de los recursos públicos destinados a la edificación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física en instituciones de educación en el Estado de Chiapas
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a la Infraestructura Física Educativa dañada a consecuencia por el sismo del pasado 7 de septiembre del año 2017 y sus réplicas.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a redoblar esfuerzo de prevención en las instalaciones educativas de todos los niveles.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a la suspensión del regreso a clases en los planteles educativos, de todos los niveles, en las Entidades Federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, en tanto se emita un dictamen de habilidad plena en cada una de las instalaciones educativas.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública, a promover desde la niñez, una cultura de responsabilidad social dirigida a la Protección Civil con énfasis en la prevención y autoprotección que incluya la promoción del uso de silbato, como medida para salvaguardar la vida durante desastres naturales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo relativo a la meta establecida de instalar cuarenta mil bebederos escolares para el final de la presente administración del gobierno de la República.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales, a realizar, evaluar y entregar los Dictámenes de Daños, correspondientes a las escuelas de los niveles preescolar y educación básica del Estado de México, derivado del sismo del 19 de septiembre.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas de las entidades afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a difundir la información sobre la verificación de espacios de las escuelas que requieren reconstrucción o rehabilitación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda los avances y el estado que guardan los dictámenes de Protección Civil de las escuelas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de salud pública, a atender prioritariamente a las personas afectadas por los sismos ocurridos durante los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a reforzar las acciones y campañas de información, a efecto de prevenir, atender y controlar de forma oportuna la existencia y transmisión de la conjuntivitis en el Estado de Quintana Roo.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que refuerce sus controles, verificaciones y las medidas conducentes, a fin de garantizar a la población que la información contenida en las etiquetas o contra etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan en el territorio nacional, contengan datos de valor nutricional con sustento científico, veraces, claros y precisos.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la implementación de mecanismos extraordinarios para la inmediata rehabilitación de la infraestructura hospitalaria de los Estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los Gobiernos Estatales, a crear e implementar una estrategia nacional de prevención del suicidio, que provea servicios de emergencias, psicológicas y de prevención.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a realizar acciones preventivas en materia de salud mental.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, para que promueva el alcance oportuno sobre los servicios médicos durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la realización de campañas de información sobre la protección de salud y afectiva que brinda la lactancia materna en situaciones de emergencia, y detener las prácticas de promoción y distribución de sucedáneos de leche materna en albergues.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a presentar los avances en la aplicación del expediente clínico electrónico.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Jalisco, para que considere llevar a cabo campañas informativas sobre la donación de leche materna.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, así como a la Secretaria de Salud Local, para que promuevan las campañas públicas y privadas en contra de la drogadicción en los adolescentes.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que intensifique las acciones para que se otorgue capacitación de calidad, al personal médico y profesionales de la salud mental en las Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiatra de México.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar sobre cuestiones relativas a la Tuberculosis.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar campañas de concientización y difusión de carácter permanente orientadas a la atención preventiva y oportuna de enfermedades cardiovasculares.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se estimule y promueva la actividad turística en los Estados de Chiapas y Oaxaca.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo relativo al despliegue de una campaña de difusión d las acciones emprendidas en las localidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre en los Estados de Oaxaca y Chiapas.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo relativo al establecimiento y/o construcción de un albergue universitario indígena en la Ciudad de San Francisco de Campeche.
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que establezca medidas homogéneas de maniobra para la carga de los principales productos marinos, en particular de la sardina y el atún de aleta azul, a fin de evitar el escape o vertimiento de combustibles, químicos u otros agentes contaminantes en las Zonas Marítimas de Baja California.
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a actuar, conforme a sus atribuciones respecto a la investigación realizada por la Sociedad Civil, conocida como la Estafa Maestra.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a impulsar acciones en Protección del Bosque de Xilitla en San Luis Potosí
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la instalación de una Generadora de Energía con basura en la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la protección de la zona de Cuatro Ciénegas.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas Autoridades Federales y Locales, a fin de instalar un mayor número de electrolíneras en el país.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que deje sin efectos la declaratoria por el que se desafecta del Servicio Público y desincorpora del área natural protegida con la categoría de Parque Estatal denominado “Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango”.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que intervengan ante el incremento de los niveles de contaminación del Rio Suchiapa y garanticen para la población dependiente de sus recursos acuíferos, los derechos a un medio ambiente sano y de acceso de agua en forma salubre y potable.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que revise lugares a la vida silvestre y/o zoológicos del país.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se Publique a la brevedad posible la actualización del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque Nacional Bahía de Loreto.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al desarrollo e implementación de instrumentos de planeación, que permitan ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a fortalecer las políticas de conservación, protección, trato digno y manejo de las especies, poblaciones y habitad de la vida silvestre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de prohibir la práctica de quemas en los ecosistemas de pastizal alpino y paramos de altura.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a difundir el daño ambiental generado por minas, hidroeléctricas y fractura Hidráulica en la Sierra Norte del Estado de Puebla.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a través de la Secretaría de Educación Pública, para cumplir la meta del Programa Nacional de Bebederos Escolares.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno de las Entidades Federativas, para que atiendan diversas áreas de oportunidad en los planteles educativos, desde garantizar el servicio básico de energía eléctrica y fomentar la transparencia en los Comités de padres de familia, hasta regularizar la situación jurídica de los predios en los que laboran.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de ampliar la campaña de difusión del Puerto de Acapulco en los medios de comunicación nacional e internacional, como principal destino turístico del país.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a efecto de que los comerciales que se transmiten por diversos medios de comunicación, en los cuales promociona la visita turística a los Estados de Oaxaca y Chiapas, se incluya la difusión de sus “Pueblos Mágicos”.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo relativo a la armonización de ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo relativo al Tratado de Marrakech y a tomar medidas que faciliten el acceso a las obras públicas a las personas ciegas, con discapacidad visual, o con otras dificultades para acceder a textos impresos a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Educación Pública, del Trabajo y previsión Social, de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, elaboren con prontitud programas para fortalecer y difundir las valiosas aportaciones de las personas adultas mayores al desarrollo de la sociedad.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a explorar la posibilidad de modificar las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de que los pensionados o jubilados puedan recibir sin restricción los apoyos del mismo.
De la Comisión de Marina, con punto de acuerdo por el que se emite un reconocimiento a la Secretaría de Marina, por su labor y esfuerzo en la vigilancia de áreas naturales protegidas, así como exhortar a la Secretaría de Marina, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a continuar con las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo a favor de la protección de zonas marinas.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, para que en términos de los artículos 4, 113 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, se realicen las obras necesarias que faciliten la prestación del servicio eléctrico en el municipio de Bacalar, Quintana Roo
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía realice una amplia difusión de los programas y políticas de financiamiento para incentivar el uso de energías limpias, dando especial atención a las regiones con climas extremos.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías correspondientes, para que, en el ámbito de su competencia, promueva la electrificación de planteles educativos pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, utilizando energías limpias.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que se revisen con las entidades federativas los convenios de colaboración mediante los que se apoya a los usuarios que presentan adeudos, con la finalidad de identificar alternativas que permitan incrementar las facilidades para el pago de los deudores y, por otra parte, que se negocien los convenios con aquellos estados que aún no cuentan con esquemas de apoyo.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en términos de los artículos 116 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, realice la revisión y evalúe la pertinencia de reclasificar las tarifas eléctricas en todo el Estado de Chiapas y en la región sur-sureste del país
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a establecer el sitio de internet, previsto en el artículo 161 de la Ley de la Industria Eléctrica, con el objeto de cumplir con el principio de máxima publicidad en los contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios, que las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en México o en el extranjero celebren en relación a todas las actividades relacionadas con adquisición, disposición, comercialización, transporte, manejo o administración de combustibles en relación con la industria eléctrica; ]a construcción, adquisición u operación de obras de generación, transmisión, distribución o comercialización, así como con los participantes del mercado eléctrico mayorista y la demás información que determine la Secretaría.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Estado de Chihuahua a solicitar a la Sagarpa, emitir a la brevedad una declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario, a consecuencia de la sequía en los municipios de Ocampo, Uruachi y Moris, de dicha entidad.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de créditos y apoyos a productores del Estado de Oaxaca afectados por fenómenos hidrometeorológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Cofepris y a la Profeco, a que informen sobre las acciones tomadas en contra de la extensa presencia de miel adulterada en nuestro país.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y al Gobierno del Estado de Veracruz, a que por medio del componente de atención a siniestros agropecuarios se apoye a los productores del Estado de Veracruz, afectados por los huracanes Franklin y Katia.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que publique de manera oficial un monto compensatorio a los pequeños productores de maíz para la cosecha correspondiente al ciclo productivo primavera-verano 2017.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Sagarpa, para que haga del conocimiento público los acuerdos de mayor relevancia en materia agrícola y ganadera del Estado de Chihuahua.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, así como a diversas autoridades, a hacer efectiva la liquidación del incentivo a la producción de cultivos de oleaginosas y se coordinen y otorguen el incentivo de Sistema de Riego Tecnificado 2017.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, la Conagua, y a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala a agilizar las acciones tendientes al saneamiento de los Ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan y sus afluentes.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a endurecer las acciones y estrategias de obligatoriedad en el combate de la contaminación acústica en zonas urbanas del país.
Dictámenes a discusión
Negativos de iniciativas y minutas
De la Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o.de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 59 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o.de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Fondo de Transporte Sustentable.
De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 158 y 195 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 33 y 41 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quáter y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Implementación de la Escuela para Madres y Padres.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 67, y se adiciona la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección 1 bis al Capítulo IV de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o. y 9o.de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación en materia de cultural vial.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 54 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo Noveno Transitorio al “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII del artículo 115, y se adiciona un párrafo al artículo 212, ambos de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 3 de la Ley General de Turismo.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley General de Turismo.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 7 de la Ley Minera.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial.
De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 56 de la Ley Agraria.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o.y 13 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21; 73, fracción XXIII; 76, fracción II; 115; 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.
De la Comisión Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.
De la Comisión Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.
De la Comisión Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 73, 109, 112 y 120 de la Ley de Migración.
De la Comisión Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el décimo párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 29 de la Ley de Migración.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Infraestructura Física Educativa
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y autoridades educativas locales, a intensificar la capacitación de personal docente y áreas directivas y administrativas en servicio, a efectos de que se impulse la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a respetar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación en el caso del acueducto independencia en Sonora, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Transportes de la H.Cámara de Diputados, para que se tomen las medidas para analizar, atender y proponer soluciones al fenómeno generado por la introducción de servicios de taxi a través de las plataformas digitales, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal extienda una disculpa pública al Pueblo de México, que incluya el reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestra nación, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a eliminar las subvenciones especiales o extraordinarias otorgadas a los Grupos Parlamentarios, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes doce de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y seis minutos del martes doce de diciembre de dos mil diecisiete, la Presidencia declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez; y los diputados: Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, y Alfredo Basurto Román, todos de Morena. La Presidencia hace aclaraciones respecto a las solicitudes e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.
Comunicaciones Oficiales:
a) De la Mesa Directiva, por la que comunica la modificación de turno de iniciativas y minutas, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos de los asuntos mencionados, y se actualizan los registros parlamentarios.
b) De las diputadas y los diputados: Minerva Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza; y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, por las que solicitan el retiro de su iniciativa y de su proposición, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Calendario Mensual del Pronóstico de los Ingresos del Sector Público para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho y la metodología utilizada para su realización. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
d) Del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el que remite el Informe Semestral de Labores, correspondiente al periodo del dieciséis de mayo al quince de noviembre de dos mil diecisiete. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
e) De las Universidades Autónomas del estado de Hidalgo; de Morelos; de Colima; y Popular de Chontalpa, con las que remite los informes de resultados de sus auditorías externas a las matriculas correspondientes al segundo semestre de dos mil diecisiete. Se remiten a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
f) De la Cámara de Senadores, con las que se devuelven para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
• El expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
• El expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• El expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos veinticuatro, y trescientos sesenta y seis ter, y adiciona el artículo doscientos nueve quáter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
g) De la Secretaría de Gobernación con la que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones de coordinación con las dependencias de la administración pública federal y estatal, así como con organismos del sector privado, tendientes a vincular laboralmente a los migrantes mexicanos de retorno. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir en su portal del Programa “Viajemos Todos por México”, un vínculo que fortalezca la distinción otorgada por la Unesco a las diez ciudades mexicanas Patrimonio Mundial de la Humanidad con la Leyenda “Conoce Tu Patrimonio”. Se remite a la Comisión de Turismo, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a intensificar sus acciones de promoción ante las autoridades educativas, para que los planes y programas de estudio oficiales aplicables y obligatorios en la República Mexicana, incluyan contenidos temáticos de protección civil y de la gestión integral de riesgos. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
• Por el que se solicita al Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social llevar a cabo acciones con el objeto de impulsar el desarrollo regional del Sureste de México y beneficiar a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se remite a la Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a promocionar la cultura de la protección civil en todas las etapas de la gestión de riesgos en diversas lenguas indígenas nacionales para que al emitir mensajes de alerta temprana se haga en forma impresa, auditiva o cualquier otra, mismos que deberán promoverse a través de los medios de comunicación en particular con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a impulsar, ampliar o fortalecer campañas de prevención y toma de conciencia encaminadas a evitar la utilización de pirotecnia, a fin de prevenir accidentes. Se remite al Promovente.
h) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:
• Por el que se declara el día veintidós de marzo de cada año como el “Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y por el que se deroga el artículo décimo cuarto transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo tercero de la Ley de Planeación”. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
• Por el que se reforma la fracción tercera del artículo sexto de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se adiciona un Capítulo Segundo Ter al Título Octavo, llamado “De la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual”, que comprende los artículos ciento cincuenta y siete ter uno, y ciento cincuenta y siete ter dos, y ciento cincuenta y siete ter tres, a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se reforma el artículo ciento ochenta y cuatro bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se declara el primer sábado del mes de junio de cada año, como el “Día Nacional del Glaucoma”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Por el que se declara la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante de Sangre y sus componentes”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se adiciona el artículo ciento nueve bis uno a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se reforma el artículo setenta y dos de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se reforma la fracción primera del artículo noventa de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo ciento cuarenta y nueve ter del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación, para dictamen.
i) Del Ejecutivo Federal, por la que se reciben iniciativas con proyecto de decreto:
• Por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
• Por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de conciliación comercial. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
j) Del senador Mario Delgado Carrillo del Partido del Trabajo, con la que presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis y sus derivados; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud; del Código Penal Federal; y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna el artículo cuarto del proyecto de decreto, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas el diputado Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia instruye se registre su intervención en el Diario de los Debates.
A las doce horas con dieciséis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos veintitrés diputadas y diputados.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Cambio Climático, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios se concede el uso de la voz las diputadas: María Chávez García, de Morena; y Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática. No habiendo más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos, ochenta y siete, noventa y cuatro, y segundo transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
Desde su curul, el diputado Ignacio Pichardo Lechuga, del Partido Revolucionario Institucional solicita la votación por separado de la reserva al artículo segundo transitorio del dictamen a discusión, misma que es concedida.
A discusión en lo particular se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los siguientes artículos:
• Ochenta y siete, noventa y cuatro, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
• Segundo transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica se admite a discusión, y se aprueba, y forma parte del dictamen.
En votación nominal por unanimidad de trescientos cincuenta votos, se aprueban en lo particular los artículos reservados ochenta y siete, y noventa y cuatro, en términos del dictamen; y segundo transitorio, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
a) Por el que se reforman los artículos séptimo, dieciséis, setenta, setenta y uno, y setenta y seis de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, en nombre de la Comisión.
b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, en nombre de la Comisión.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
c) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a Sharon Cuenca Ayala, en nombre de la Comisión.
d) Por el que se reforman y adicionan los artículos doce, y catorce de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, en nombre de la Comisión.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Se someten a votación nominal los cuatro dictámenes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
a) En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos séptimo, dieciséis, setenta, setenta y uno, y setenta y seis de la Ley General de Educación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
b) En votación nominal por unanimidad de trescientos cuarenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
c) En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
d) En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos doce, y catorce de la Ley General de Educación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia:
a) Por el que se reforma el artículo trescientos veintitrés ter del Código Civil Federal.
b) Por el que se reforma el artículo once de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
c) Por el que se reforman los artículos cuatrocientos diecisiete, y cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil Federal y el artículo trescientos veintitrés del Código Penal Federal.
d) Por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo séptimo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y un párrafo cuarto a la fracción décima segunda del artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se concede el uso de la palabra para fundamentar los cuatro dictámenes al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, en nombre de la Comisión de Justicia:
a) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto el que se reforma el artículo trescientos veintitrés ter del Código Civil Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
b) En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto el que se reforma el artículo once de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
c) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo séptimo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y un párrafo cuarto a la fracción décima segunda del artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
d) Referente al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuatrocientos diecisiete, y cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil Federal y el artículo trescientos veintitrés del Código Penal Federal, la Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado el artículo trescientos veintitrés, del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Basurto Román, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo trescientos veintitrés, del decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y en votación nominal por trescientos dieciséis votos a favor; sesenta y nueve en contra; y una en abstención, se aprueba en lo particular el artículo reservado trescientos veintitrés. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
Desde su curul realiza la diputada Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Jorge Federico Schiaffino Isunza , quien fue delegado en el estado de San Luis Potosí, así como diputado federal y senador. La Presidencia concede dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión tres dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Igualdad de Género.
a) Por el que se adiciona una fracción décima quinta al artículo cuarenta y dos, recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
b) Por el que se adiciona un artículo veintiséis bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
c) Por el que se adiciona una fracción décima tercera al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Se concede el uso de la palabra para fundamentar los tres dictámenes a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, en nombre de la Comisión de Igualdad de Género.
a) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y dos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima quinta al artículo cuarenta y dos, recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos constitucional.
b) En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo veintiséis bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
c) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y tres se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima tercera al artículo diecisiete de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Economía:
a) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes al diputado Jorge Enrique Dávila Flores, en nombre de la Comisión de Economía.
Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar
a) En votación nominal por trescientos noventa y tres votos a favor, y uno en abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
b) Referente al segundo dictamen, la Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: doscientos treinta y seis, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y uno, doscientos cuarenta y dos, doscientos cuarenta y nueve bis, y doscientos cuarenta y nueve bis uno. En votación nominal por cuatrocientos votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación de los artículos reservados al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
En votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y en votación nominal por trescientos veintidós votos a favor; y setenta en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados doscientos treinta y seis, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y uno, doscientos cuarenta y dos, doscientos cuarenta y nueve bis, y doscientos cuarenta y nueve bis uno, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
a) Por el que se reforma el artículo ciento cincuenta y cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. No habiendo oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
b) Por el que se reforman los artículos siete, y diez de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la NOM de residuos sólidos urbanos. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Reforma Agraria, y se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes al diputado Jesús Serrano Lora, en nombre de la Comisión:
a) Por el que se reforma el artículo noventa y cinco de la Ley Agraria. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
b) Por el que se reforma los artículos ciento once, ciento trece, y ciento catorce de la Ley Agraria. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cuatro se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, en nombre de la Comisión. No habiendo oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional. No habiendo oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dos dictámenes proyecto de decreto de la Comisión de Pesca. Se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes al diputado Prospero Manuel Ibarra Otero, en nombre de la Comisión.
a) Por el que se reforman los artículos cuarenta y seis, y ciento treinta y ocho, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
b) Por el que se reforman los artículos octavo, trece, veinte, y veinticuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el numeral dos del artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y dos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se publica en el Diario Oficial de la Federación.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, en nombre de la Comisión. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por doscientos ochenta y tres votos a favor; dieciséis en contra; y sesenta y ocho en abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
Desde su curul el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, realiza diversos comentarios respecto al dictamen de Gobernación. La Presidencia instruye se registre su intervención en el Diario de los Debates.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Protección Civil, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de reforma integral. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada Noemí Guzmán Lagunes, y quien presenta propuestas de modificación en nombre de la Comisión, de las cuales da lectura la Secretaría, que en votación económica se aceptan, y se incorporan al dictamen. La Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo segundo del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea el proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, del proyecto modificado, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y en votación nominal por trescientos treinta y un votos a favor; treinta y tres en contra; y una en abstención, se aprueba en lo particular el artículo segundo, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Ganadería, por el que se reforman los artículos cuarto, y veinte de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, en nombre de la Comisión. No habiendo más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos cincuenta y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se reforma el artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, en nombre de la Comisión. No habiendo más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos cincuenta y dos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se adiciona una fracción tercera bis al artículo veintitrés de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por trecientos treinta y nueve votos a favor; y una en abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
En su oportunidad y desde su curul realiza diversos comentarios el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia instruye se registre su intervención en el Diario de los Debates.
El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, por el que se reforman los artículos cuarto, y veintiocho de la Ley de Asistencia Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen Elías Octavio Iñiguez Mejía, en nombre de la Comisión. No habiendo más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cuarenta y cinco votos a favor; y una en abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:
a) De Derechos Humanos, por el que se reforma el artículo veinte de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
b) De Gobernación, por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad pública.
c) De Hacienda y Crédito Público:
• Por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan de Marina.
• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal, y de la Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
d) Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
• Por el que la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, otorga la medalla al Mérito Cívico, “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece” correspondiente al Tercer Año de Ejercicio, a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías.
• Por el que se crea la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”.
e) De Salud, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cartillas nacionales de salud.
f) De Turismo, por el que se reforma el artículo veintiuno de la Ley General de Turismo.
g) De Derechos Humanos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
h) De Comunicaciones, por el que se reforma el artículo cuarto de la Ley de Servicio Postal Mexicano.
i) De Gobernación, por el que se declara “Beneméritos de la Patria” a los diputados Constituyentes de mil novecientos diecisiete.
j) De Trabajo y Previsión Social, por el que se reforman los artículos treinta y nueve-A, treinta y nueve-B, ciento cincuenta y tres-L, ciento cincuenta y tres-Q, quinientos catorce y ochocientos noventa y nueve-E de la Ley Federal de Trabajo.
k) De Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforman los artículos ciento cuatro, y ciento cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados.
l) De Población, por el que se reforma la fracción segunda del artículo tres de la Ley General de Población.
m) De Salud, por el que se adiciona una fracción tercera al artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social para hombres.
n) De Asuntos Migratorios, por el que se reforma el artículo ciento once, de la Ley de Migración.
o) De Desarrollo Social, por el que se adiciona una fracción octava, recorriéndose los subsecuentes, al artículo diecinueve de la Ley General de Desarrollo Social.
De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política:
• En relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias.
• Por el que comunica la designación del diputado Vidal Llerenas Morales como presidente de la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, en cuanto a operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares, por un periodo de cinco meses
En votación económica se aprueban. Comuníquense.
De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:
a) Iniciativas con proyecto de decreto:
• Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Carlos Lomelí Bolaños, de Morena, de por el que se crea la “Universidad Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico de México” con sede en el estado de Jalisco. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cincuenta y ocho de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo diecinueve bis a la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para dictamen.
• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, que reforma los artículos primero, segundo, y séptimo de la Ley Sobre la Celebración de Tratados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• José Hernán Cortés Berumen y Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Laura Mitzi Barrientos Cano, del Partido Revolucionario Institucional:
– Que adiciona un artículo ciento treinta bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
– Que adiciona un artículo sesenta bis tres a la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
– Que reforma el artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
– Que reforma el artículo veintiuno de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
– Que reforma los artículos cuarenta y cinco, y cuarenta y seis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
• Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:
– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
– Que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.
– Que reforma el artículo doscientos ochenta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.
– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Seguridad Social, para dictamen.
– Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
• Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
• German Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos sesenta y cuatro, y sesenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
b) Proposiciones con puntos de acuerdo:
• Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los municipios, a destinar cuando menos el cinco por ciento del ingreso predial, en material deportivo y fomento al deporte en general de los planteles escolares de sus comunidades. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.
• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca en la “Norma Oficial Mexicana-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”, una segunda lectura de un especialista en radiología y oncología, respecto del diagnóstico establecido en las mastografías. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a pagar inmediatamente el aguinaldo completo a todos los trabajadores a su servicio, así como poner fin a los descuentos injustificados a su salario. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, y a la Policía Federal, para que evalúen la viabilidad de agilizar los lineamientos de operación para revisar, analizar y autorizar los programas de capacitación con un periodo de respuesta máximo de dos meses. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que intensifiquen las campañas existentes e implementen nuevos mecanismos para combatir la desnutrición existente en niños menores de cinco años. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, relativo a la implementación de las medidas y acciones necesarias para dar pronta solución al conflicto entre las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, así como garantizar el apoyo para los desplazados por la violencia en la zona de los altos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a los treinta y dos estados de la República para que diferencien los diversos tipos de diabetes en sus programas de acción específicos de prevención y control de la Diabetes Mellitus. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Sara Paola Gálico Feliz Díaz, de Morena, por el que se exhorta a la Delegación Cuajimalpa, a que se implemente diversas acciones para incrementar la seguridad de los habitantes a fin de evitar que continúen haciéndose justicia por propia mano. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.
• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, relativo a la implementación en toda la República de acciones coordinadas para la previsión, detección y atención médica de las enfermedades infectocontagiosas de vías respiratorias para toda la población mexicana durante la temporada invernal dos mil diecisiete-dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Juan Romero Tenorio y María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de los índices de contaminación y la consecuente violación a los derechos humanos de los habitantes de la ciudad y la megalópolis. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.
• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, relativo a la problemática de la cartera vencida en el sector agropecuario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Román Francisco Cortés Lugo y diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, relativo a la implementación y acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a clasificar el Puerto de Lerma, Campeche, como puerto pesquero, en términos del artículo noveno, fracción segunda, inciso C), de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.
La Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos, y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día de mañana miércoles trece de diciembre de dos mil diecisiete, a las diez horas.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.
Vamos a iniciar las comunicaciones. Hoy no recibí ninguna solicitud de intervención de parte de los señores y señoras diputados, queda constancia en todos ustedes que la hora del aficionado ha terminado. Estamos en modo navideño. Adelante. Pase a las comunicaciones.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de los siguientes asuntos:
• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Araceli Damián González, de Grupo Parlamentario de Morena, el 7 de diciembre de 2017.
“ Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Educación y del Código Civil Federal, presentada por la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de diciembre de 2017.
“ Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.”
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno y se actualizan los registros parlamentarios.
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.
Honorable Asamblea:
Esta presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:
Agricultura y Sistemas de Riego
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en nuestro país.
Asuntos Indígenas
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública a proteger y conservar el patrimonio lingüístico de nuestro país.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero para que, en el análisis y discusión de las iniciativas de ley y reforma, en materia de reconocimiento, derechos y cultura indígena, se respeten todos los derechos indígenas contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que todos los portales de internet de las dependencias de la administración pública centralizada y de las entidades de la administración pública paraestatal cuenten con versiones traducidas a lenguas indígenas.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que garanticen que alumnos de escuelas ubicadas en pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a garantizar una agenda incluyente en la próxima visita oficial a México de la Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Defensa Nacional
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, gire instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que suspenda la compra de armas de origen alemán que se pretende realizar y su fabricación, hasta en tanto haga público el destino final de dicho material bélico.
Derechos de la Niñez
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas de Niños y Adolescentes y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a resolver la situación de niñas, niños y adolescentes que sufren violencia y humillación en el hogar.
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
• Dictamen por el que se desechan siete proposiciones con punto de acuerdo relativas a la atención de las personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en México.
Educación Pública y Servicios Educativos
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública a modificar el acuerdo número 25/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas de 2017.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a celebrar un convenio de coordinación con el estado de Oaxaca, para potencializar y redireccionar equipamiento a infraestructura física educativa para atender a 158 planteles del Instituto de Estudios de Bachillerato de dicha entidad.
Relaciones Exteriores
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que proponga un candidato para ocupar el puesto de director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la República Árabe Saharaui.
Trabajo y Previsión Social
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo a abstenerse de intervenir en la vida sindical de los trabajadores y a reconocer diversos derechos del Sindicato Independiente de Trabajadores, Técnicos y Profesionistas de dicha institución.
Turismo
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al Centro Integralmente Planeado Nayarit.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Turismo a hacer público el estado funcional, operacional y presupuestario del proyecto Mar de Cortés y la factibilidad de emprender la consolidación o, en su caso, la expansión de ese proyecto.
• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la estrategia en torno a la “Marca Chiapas”.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara, se publican en el Diario de los Debates y se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Colegio de Sonora.
Diputada Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con un cordial saludo, me permito enviarle, con el presente el Informe de Resultados de la Auditoría Externa a la Matrícula del segundo informe semestral de 2017 de nuestra institución, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC, a través de uno de sus miembros asociados.
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2017, me permito enviarle lo siguiente:
• Informe de Resultados de la Auditoría de la Matrícula del Segundo Informe Semestral de 2017.
• Informe semestral Específico sobre la ampliación de la matrícula del segundo semestre de 2017 y su explicación.
• Formato “Informe de Matrícula” emitido por la DGESU/SES/SEP.
Sin más por el momento, me permito quedar a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Hermosillo, Sonora, a 6 de diciembre de 2017.— Contador Público Armando Valenzuela Ojeda (rúbrica), Contralor General.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para conocimiento.
SOLICITUDES DE LICENCIA
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputado Federal Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia al cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura, por el distrito 8 del estado de Nuevo León, por el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2017 al 5 de febrero de 2018.
Mucho agradeceré se conceda el trámite correspondiente ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2017.— Diputado Daniel Torres Cantú (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 13 de diciembre del año en curso; asimismo, le solicito sea llamado mi suplente, el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, a tomar la protesta del cargo de diputado federal.
Lo anterior con el propósito que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, le agradezco su atención.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2017.— Diputado Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del encargo de diputado federal, a partir del 13 de diciembre del año en curso. Asimismo, le solicito que sea llamado mi suplente, el ciudadano Mario David Mex Albornoz, a tomar la protesta del encargo de diputado federal.
Lo anterior, con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, le agradezco su atención.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2017.— Diputado Rogerio Castro Vázquez (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted, solicitud de licencia por tiempo indefinido para sepárame del cargo de diputado federal a partir del 14 de diciembre del año en curso.
Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2017.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputada Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.
El que suscribe, en mi carácter de diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 10, fracción V, y 12, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente se someta a consideración del pleno mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal por tiempo indefinido a partir del 15 de diciembre del presente.
Sin otro particular y reiterándole mis más distinguidas consideraciones, quedo de Usted.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2017.— Diputado César Flores Sosa (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Dé lectura a los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Primero. Se concede licencia al diputado Daniel Torres Cantú, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el octavo distrito electoral del estado de Nuevo León, del 13 de diciembre al 5 de febrero de 2018.
Segundo. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Carlos Lomelí Bolaños, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Tercero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Rogerio Castro Vázquez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Cuarto. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Salvador Zamora Zamora, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 12 del estado de Jalisco, a partir del 14 de diciembre del año en curso.
Quinto. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado César Flores Sosa, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir del 15 de diciembre del año en curso. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobados. Comuníquense y llámese inmediatamente a los suplentes de los diputados que han solicitado y se les ha concedido la licencia.
Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de los dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.
DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 156 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 168 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 214 del Código Penal Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 149 Bis del Código Penal Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1168 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 284 Bis del Código Penal Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 52 del Código Penal Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
SE DECLARA EL 18 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
LEY DE MIGRACIÓN
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley de Migración. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Rocío Nahle me pide la palabra y le tengo que preguntar con qué objeto.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Respecto a este anuncio de publicidad, el Grupo Parlamentario de Morena protesta y hace una solicitud de reposición del procedimiento para que la Comisión de Justicia reponga dicho procedimiento.
Todos estos dictámenes que se acaban de publicar no fueron consensuados ni se llevó reunión en la Comisión de Justicia. Prácticamente es un albazo donde el presidente lo está turnando a la Mesa Directiva. Los integrantes de Morena que pertenecen a dicha Comisión el día de ayer fueron citados, no hubo reunión. No sé si el presidente reunió firmas por separado, pero estamos pidiendo que se reponga el procedimiento y se lleven a cabo los trabajos en la Comisión como marca nuestro Reglamento, por favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada, al respecto me permito informar a usted que el día 12 de diciembre recibimos oficio de la Junta de Coordinación Política, que acuerda la declaratoria de publicidad de estos dictámenes. Sin embargo, le ofrezco a usted que dichos dictámenes no sufrirán el siguiente trámite, que es pasarlos a discusión, en tanto no se resuelva con la comisión la situación que usted nos plantea. Es decir, no tendría ningún efecto ya haberles dado publicidad si no van a ser discutidos en tanto no se revise si, efectivamente, han cumplido todos los trámites parlamentarios. Continúe la Secretaría... Pero no, le toca al presidente.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por tres minutos el diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley de Coordinación de la Educación Superior.
El diputado Enrique Rojas Orozco: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y amigos diputados todos, amigos que nos escuchan. El día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Coordinación de Educación Superior.
La intención es buscar instituir los principios de progresividad e irreductibilidad en el presupuesto. Es un aspecto central, es fortalecer la estabilidad, capacidad y desarrollo de las instituciones educativas a nivel superior del país, vía la protección de su techo presupuestal de cada ejercicio fiscal.
Producto de efectos internacionales y en otras ocasiones, en las propias finanzas públicas de nuestro país el sector educativo se ha visto afectado, por lo que pocas veces se registran incrementos presupuestales que permitan el desarrollo de las instituciones de educación superior.
En otros casos se han experimentado reducciones a los recursos públicos, de tal manera que se comprometen aspectos fundamentales de este sector. Más allá de esto, es propicio reconocer que la educación superior es uno de los sectores estratégicos de nuestra nación. Aquí se produce la ciencia y la tecnología del país, pero es también en este nivel que los mexicanos tomamos la formación enfocada al trabajo y que nutre a las empresas.
En este sentido es que el día de hoy presentamos una iniciativa que tiene como finalidad instituir los principios de progresividad e irreductibilidad del presupuesto de educación superior.
Esto significa que año con año durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación quede blindado de manera que, sin importar los vaivenes políticos o económicos, internacionales y nacionales, nuestra educación superior reciba cuando menos el mismo presupuesto que ya ejercía un año fiscal anterior.
Con ello, pues pretendemos garantizar el fortalecimiento a la educación que permita que nuestros jóvenes tengan las condiciones y oportunidades para acceder a una educación de calidad.
Hay datos muy relevantes, muy importantes, por eso pues debemos apostarle a la educación y volteemos a ver la educación superior. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Enrique Rojas Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una disposición a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa presente iniciativa tiene el propósito de impulsar y fortalecer a uno de los sectores de mayor importancia para el desarrollo de nuestro país, como lo es la educación superior, tanto porque está formando a nuestros futuros profesionistas y fuerza laboral, como porque sin éste las metas del país simplemente no son posibles; lo que se propone hacer a través del establecimiento en la ley de la materia, del principio de progresividad e irreductibilidad presupuestal.
El sector de la educación superior ha experimentado en repetidas ocasiones y en distintos años, recortes presupuestales de gran escala que han mermado su capacidad institucional para sostener la matrícula universitaria de estudiantes en activo y puesto en riesgo la supervivencia de diversos proyectos científicos y de desarrollo de las diversas instituciones de educación superior del país.
En mayo de 2017, el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, solicitó a la Cámara de Diputados que cesaran los recortes al presupuesto de educación, principalmente al nivel superior, pues aun cuando el país experimenta desde hace varios años un bono demográfico formado por fuerza laboral joven y preparada que debería estarse aprovechando, con esas reducciones de recursos públicos se limita el potencial de crecimiento y desarrollo de la nación.
Entre las argumentaciones expuestas, el rector de la UNAM indicó que la cobertura en educación superior alcanza apenas 37.1 por ciento, lo que significa que 6 de cada 10 mexicanos en edad de cursar sus estudios superiores, no puede hacerlo. Este escenario evidentemente se complica al experimentar recortes presupuestales, como el de 2017 que llegó a ser de 6.4 por ciento, lo que inhibe el avance de la educación y detiene el crecimiento y el desarrollo del país.
Además, en noviembre del año 2016 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señaló ante los medios de comunicación, en su sesión ordinaria de la región centro-occidente, el vislumbre de una compleja situación para el desarrollo de los planteles y programas por el recorte presupuestal previsto, que llegaría a ser de 5 mil millones de pesos, lo que provocaría que decaigan sus planes de mejora de catedráticos y estudiantes.
El director general de Planeación y Desarrollo de la ANUIES señaló en noviembre de 2016 que la educación superior lidia con un déficit presupuestal por el orden de los 5 mil 300 millones de pesos, lo que se complica al vivir recortes de recursos públicos que afectan mayormente a las universidades más endeudadas y las que están sufriendo con sus sistemas de pensiones y jubilaciones, que es bien sabido se encuentran en desequilibrio y representan grandes cargas financieras del presupuesto ordinario.
Así, la educación superior es uno de los sectores prioritarios para el desarrollo del país, el que debe blindarse ante los vaivenes y circunstancias políticas y económicas, pues se trata de un ámbito que requiere políticas sostenibles, estables, sistemáticas y de largo alcance. El crecimiento y desarrollo de la educación superior es una tarea y una responsabilidad compartida entre las instituciones del Estado, las universidades y la sociedad, lo que debe significar su protección y cuidado permanentes.
Con base en estos razonamientos, el suscrito Enrique Rojas Orozco, propone impulsar y fortalecer uno de los sectores de mayor importancia para el desarrollo de nuestro país, como lo es la educación superior, a través del establecimiento en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, del principio de progresividad e irreductibilidad presupuestal.
Por lo expuesto y fundado, y en uso de las facultades que me confiere el orden constitucional y legal vigente, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
DecretoÚnico.Se adiciona un tercer párrafo al artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; para quedar como sigue:
Artículo 23. Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos.
Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas.
Los recursos a que se refiere este artículo en ningún caso podrán ser menores a los ejercidos el año inmediato anterior, actualizados con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México, lo anterior para garantizar y fortalecer el acceso de la población a la educación superior de calidad.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en él.
Dado en la Cámara de Diputados, a 14 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: Enrique Rojas Orozco, Alfredo Anaya Orozco, Ana María Boone Godoy, Eloísa Chavarrías Barajas (rúbricas).»
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Enrique Rojas Orozco. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, tiene la palabra por tres minutos el diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.
El diputado José Everardo López Córdova:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputado.
El diputado José Everardo López Córdova: La energía eléctrica es un servicio indispensable para las personas, ya sea que vivan en poblaciones urbanas o rurales. Actualmente poco más del 90 por ciento de la población mexicana tiene el servicio a electricidad y de esas el 22 por ciento se encuentran en áreas rurales y 78 en áreas urbanas.
El mayor consumo de electricidad se realiza en la ciudad donde se utilizan diversas actividades productivas y para el consumo doméstico. La utilización en los hogares es para atender principalmente necesidades básicas a través del uso de aparatos eléctricos como refrigeradores, calentores, así como para aparatos de entretenimiento y comunicación.
La cobertura de acceso a la energía eléctrica es amplia y si bien no se ha logrado un 100 por ciento en las viviendas existen factores climáticos que hacen que el uso de la electricidad sea inequitativo. En ciudades y localidades donde la temperatura es elevada y en invierno muy baja, el costo por las tarifas eléctricas se eleva considerablemente por el mayor consumo para enfriar o calentar los alimentos, así como para mantener viviendas a temperatura adecuada.
Estos requerimientos inciden en el confort de vida de las personas que habitan en una vivienda.
En un estudio reciente para México, los resultados muestran que aproximadamente 11 millones de hogares, los cuales representan el 36.7 por ciento del total nacional viven en pobreza energética en México.
El hecho de que una cantidad tan importante de hogares experimente la privación de que al menos uno de los bienes económicos relacionados con los satisfactores y necesidades absolutas de energía representa un problema social relevante debido a la asociación que tiene el uso de energía limpia y asequible para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población.
En cuanto su distribución, en 7.8 de hogares urbano; 27.5 por ciento del total de hogares en México están en pobreza energética mientras que hay 4.5 millones de hogares rurales el 16 por ciento del total en las mismas condiciones.
En las zonas con temperaturas extremas este gasto puede representar hasta más del 50 por ciento del gasto total en cada hogar que ya se utiliza por ejemplo equipos de calefacción y enfriamiento para cubrir el confort térmico. Esto, sin considerar que las familias que viven en pobreza no cubren satisfactoriamente esta necesidad.
En nuestro país el proveedor mayor de electricidad es la Comisión Federal de Electricidad a través del sistema eléctrico nacional. Actualmente Comisión aplica diversas tarifas según el uso, y para las viviendas existe una tarifa doméstica.
Si bien la determinación de los criterios para establecer las tarifas eléctricas para uso doméstico en México incluyen aspectos como la temperatura promedio en verano por regiones, no se considera el impacto que representa en el total del ingreso de un hogar el gasto para el pago de la factura del consumo de electricidad. Esto genera una desigualdad e inequidad en el uso del servicio eléctrico a pesar de que el acceso esté generalizado.
El Partido Acción Nacional ha impulsado diversas iniciativas, programas para abatir la pobreza energética en el país y lograr el acceso universal a la electricidad y la energía limpia y sustentable —culmino— a través de propuestas de diversificación tarifaria, aumentos a los subsidios a las tarifas de vivienda, al acceso a las fuentes de energía sustentables más baratas, entre otras propuestas.
En ese sentido consideramos necesario y urgente que las tarifas eléctricas para uso doméstico sean justas y accesibles y consideren la proporción del gasto familiar que representa el pago del consumo eléctrico, para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia en la vivienda. Por su atención es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Everardo López Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas para uso doméstico, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa energía eléctrica es un servicio indispensable, en poblaciones urbanas o rurales. Actualmente, poco más de 98 por ciento de la población mexicana tiene servicio de electricidad; de éstas, 22 por ciento se encuentra en áreas rurales y 78 por ciento en urbanas.
El mayor consumo de electricidad se realiza en las ciudades donde es utilizada en diversas actividades productivas y para el consumo doméstico. La utilización en los hogares, es para atender principalmente necesidades básicas a través del uso de aparatos eléctricos como refrigeradores, calentadores, así como para aparatos de entretenimiento y comunicación. La cobertura de acceso a la energía eléctrica es amplia y si bien no se ha logrado en 100 por ciento de las viviendas, existen factores climáticos que hacen que el uso de la electricidad sea inequitativo.
En ciudades y localidades donde la temperatura en verano es elevada y en invierno muy baja, el costo por las tarifas eléctricas se eleva considerablemente por el mayor consumo para enfriar o calentar alimentos, así como para mantener las viviendas a temperatura adecuada. Estos requerimientos inciden en el confort de vida de las personas que habitan una vivienda.
Actualmente hay un enfoque mundial para medir la calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas que incluye el acceso a las fuentes de energía, entre ellos el acceso a la electricidad en los hogares. Dicho enfoque se define como “pobreza energética” y se considera que “un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales”.
En un estudio reciente para México, los “resultados muestran que aproximadamente 11 millones 93 mil hogares, los cuales representan 36.7 por ciento del total nacional, viven en pobreza energética en México .El hecho de que una cantidad tan importante de hogares experimente la privación de al menos uno de los bienes económicos relacionados con los satisfactores y necesidades absolutas de energía representa un problema social relevante, debido a la asociación que tiene el uso de energía limpia y asequible para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población”. En cuanto a su distribución, “7.8 millones de hogares urbanos (27.5 por ciento de los que hay en México) están en pobreza energética, mientras que hay 4.5 millones de hogares rurales (16 por ciento) en las mismas condiciones”.
En el caso mexicano y de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía, los usos finales de energía más importantes en el sector residencial son
1. Calentamiento de agua;
2. Cocción de alimentos;
3. Refrigerador;
4. Iluminación;
5. Confort térmico (aire acondicionado); y
6. Entretenimiento.
Para tener una idea global del gasto en electricidad, según los datos de la canasta no alimentaria que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el 2014 el gasto mensual por persona en la vivienda y servicios de conservación, representó 13.14 por ciento del gasto total de la canasta urbana, y 12.92 de la canasta rural.
En las zonas con temperaturas extremas, este gasto puede representar hasta más de 50 por ciento del gasto total en cada hogar ya que se utilizan, por ejemplo, equipos de calefacción y enfriamiento para cubrir el confort térmico. Esto sin considerar que las familias que viven en pobreza, no cubren satisfactoriamente esta necesidad.
En el país, el mayor proveedor de electricidad es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del sistema eléctrico nacional. Actualmente aplica diversas tarifas según el uso y para las viviendas existe una tarifa doméstica.
Pese a que las tarifas para uso doméstico tienen un subsidio por parte del Gobierno federal, para muchas familias representa un gasto elevado el pago del recibo de electricidad, principalmente en los meses de verano.
La CFE utiliza ocho tarifas para uso doméstico: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y doméstico de alto consumo (DAC) dependiendo del consumo de kilovatios por hora en cada región.
La tarifa 1 se aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.
Las tarifas 1A a 1F son aplicadas dependiendo del rango de consumo que puede ser básico, intermedio o excedente en periodo de verano dependiendo de la temperatura media mínima según los siguientes grados centígrados y que van de 25 a 33 grados Celsius.
La tarifa DAC se aplica a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio.
Para calcular la tarifa doméstica se considera también:
• El tipo de tarifa a que corresponde en cada región. Hay ocho regiones tarifarias.
• La temporada, sea de verano o fuera de éste. Se considera verano al periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ahora, si bien la determinación de los criterios para establecer las tarifas eléctricas para uso doméstico en México, incluyen aspectos como la temperatura promedio en verano por regiones, no se considera el impacto que representa en el total del ingreso de un hogar, el gasto para el pago de la factura de consumo de electricidad. Esto genera una desigualdad e inequidad en el uso del servicio eléctrico a pesar de que el acceso esté generalizado.
El Partido Acción Nacional ha impulsado diversas iniciativas y programas para abatir la pobreza energética en el país y lograr el acceso universal a la electricidad y la energía limpia y sustentable, a través de propuestas de diversificación tarifaria, aumento de los subsidios a las tarifas en las viviendas, al acceso de fuentes de energía sustentables más baratas, entre otras propuestas.
Consideramos necesario que las tarifas eléctricas para uso doméstico sean justas y accesibles y que consideren la proporción de gasto familiar que representa el pago del consumo eléctrico para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia dentro de una vivienda.
Por lo expuesto sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 139.La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. En la determinación de las tarifas para uso doméstico, se considerarán además de las condiciones climáticas de cada región, el gasto promedio necesario de cada familia para el pago de energía eléctrica.
El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.
Artículo 140. La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros
I.Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales; asegurar el servicio para usuarios domésticos en términos de equidad para satisfacer sus necesidades básicas en la vivienda.
II. a VI. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para integrar en el cálculo de la tarifa de uso doméstico a que se refiere el artículo 139 de este decreto, se considerarán el gasto mensual por persona en el rubro de vivienda y servicios de conservación de la canasta no alimentaria, elaborada por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Tercero.Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 140 de este decreto, se considerarán parte de las necesidades básicas las líneas de bienestar, publicadas periódicamente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: José Everardo López Córdova,Eloísa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Exaltación González Ceceña, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jesús Antonio López Rodríguez, María del Rosario Rodríguez Rubio, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
Sonido en la curul del diputado Exaltación González Ceceña. A sus órdenes.
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul). Gracias, presidenta, solo para felicitar al diputado Everardo por esta iniciativa con alto sentido social, y además urgente para la zona noroeste de nuestro país, y desde luego solicitarle que nos permita adherirnos a su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:El diputado acepta que puedan adherirse usted y quienes estén interesados en la misma. Está a sus órdenes en la Secretaría de esta Mesa Directiva, diputado González Ceceña.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuamos para darle la palabra por tres minutos a la diputada María Élida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social. Adelante, diputada.
La diputada María Élida Castelán Mondragón:Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social
La propuesta que hoy pongo a su consideración busca garantizar los mecanismos de transparencia, participación y colaboración en la Contraloría Social, principios que constituyen los tres pilares de gobierno abierto.
Alentar la participación y el seguimiento de los asuntos por parte de los ciudadanos en la vida pública, a través de mecanismos de participación ciudadana como la Contraloría Social, ha resultado un reto para las instituciones en México.
Con esta reforma se resalta la rendición de cuentas verticales en la ya existente figura jurídica de Contraloría Social, la cual se entiende a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Social que dice: se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios de manera organizada para verificar el cumplimiento de las metas y a correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
Es por lo anterior que la reforma que proponemos al artículo 71, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social, modifica el texto vigente que dice, atribuye a este órgano la facultad de emitir informes sobre el desarrollo, desempeño, de los programas y ejecución de los recursos públicos.
Consideramos que la emisión de un informe no es suficiente para acreditar el manejo eficiente y efectivo de un recurso público.
En primera y única instancia la restricción de que la Contraloría simplemente emita un informe que no logra secundar la participación, colaboración y transparencia que todo gobierno abierto necesita y necesitará para fortalecer sus políticas públicas, resulta del todo insuficiente.
Por ello, propongo hacer una reforma sustancial sobre el informe que elabora la Contraloría Social con el único fin de dar paso a una transparencia y rendición de cuentas antes y después del manejo de aplicación de programas en cuestión.
En suma, compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que los tiempos exigen gobiernos abiertos, parlamentos abiertos y justicias abiertas. Por lo cual propongo que la nueva función de la contraloría social sea emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos. Muchas gracias, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
El Open Government, es una tendencia de democratización que busca la activa participación de la ciudadanía en el gobierno; haciendo uso de la innovación tecnológica; sus orígenes pueden rastrear a los años setenta en el Reino Unido, y en 2009 es impulsada en la Administración de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos de América con Memorándum for Transparency and Open Government.
Es en el Memorándum para la Transparencia y el Gobierno Abierto, donde se asientan tres bases a saber:
1. Governmentshould be transparent.
2. Government should be participatory.
3. Governmentshould be collaborative.
Transparencia
Un gobierno transparente proporciona de forma constante, libre, gratuita, en formatos abiertos y en tiempo real, información de interés público sobre actividades que realiza la entidad gubernamental. El gobierno pone a disposición información sobre decisiones, acciones, manejo de bienes y recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido, garantizando el acceso de manera sencilla, clara y en diferentes formatos que permiten a los ciudadanos mantener un monitoreo de la acción del gobierno.
Participación
Un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.
Colaboración
Un gobierno colaborativo compromete a los ciudadanos, a la empresa privada y a las diferentes asociaciones con la administración pública a trabajar conjuntamente para lograr un mismo objetivo a través de la cocreación y coproducción, buscando siempre el interés general e impulsando el uso de tecnologías de información y comunicación que facilitan la colaboración directa de la ciudadanía y sus actores.
La transparencia, la participación y la colaboración son señales distintivas de un gobierno abierto. Por medio de estos mecanismos se busca que los gobiernos sean más ciudadanizados; alentando la participación y la constancia por parte de los gobernados con el fin de erradicar un sinfín de males que aquejan a los gobiernos mundiales. En el caso de México la problemáticas son variadas, entre las cuales se encuentran malos gobiernos, imparticiones de justicia sesgadas, manejos e implementación de recursos públicos opacos, por parte de los tres niveles de gobierno y el ápice “la corrupción”consabidos por propios y ajenos.
En nuestro país se hizo un esfuerzo desde el 2015 donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes del gobierno.
En 2016 se consolida el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por medio de siete pilares, que sumariamente consisten en reformas y adecuaciones a siete leyes.
1. Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3);
2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
4. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República;
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
6. Código Penal Federal;
7. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
A pesar de los esfuerzos por parte del Estado mexicano y el recién creado Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) se sigue bajo un modelo de rendición de cuentas horizontal.
Es decir se da una relación entre superior a superior a decir entre iguales, un modo débil de pesos y contrapesos que parcialmente cumple con las exigencias de un Gobierno Abierto y transgrede abiertamente los pilares de éste.
Este ejercicio democrático a nivel horizontal sólo se da entre instituciones y órganos del mismo sistema aquí es donde está el meollo del asunto, los mismos actores dentro del sistema rindiendo cuentas a otros actores y observadores del sistema a modo de símil no se debe ser juez y parte a la vez.
Existe la posibilidad de compensar esta falla en el Sistema por medio de la rendición de cuentas vertical, abriendo puerta para que el Parlamento, la Administración y de la Impartición de Justicia sean sujetos obligados a la rendición de cuentas vertical, la cual se conceptualiza de la sigue manera:
Entendida como los medios que tiene en sus manos la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes, incluyendo el acceso y el uso de la información pública, la presión social o mediática y las sanciones electorales.
Vayamos más allá del concepto de Guillermo O’Donnell, no sólo es un exigencia es una relación dispar o desigual donde la sociedad no se encuentra en las mismas condiciones que los gobiernos, ante lo cual la democracia se ve manca y la rendición de cuentas se siente y se ve pueril.
Sin embargo si el nexo entre sociedad-gobierno fuera en un plano de igualdad, se tendría la posibilidad de que el sociedad fuera un contrapeso externo a los tres órdenes de gobierno a la par de las tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) funciones del poder; también al mismo tiempo es un telos de la rendición de cuentas vertical que la sociedad sea contrapeso en todo momento de todo gobierno sea de izquierda, centro o derecha.
La Ley General de Desarrollo Social fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero de 2004; en dicha ley existe una figura jurídica de sumo interés la “ Contraloría Social”; se le puede entender como un mecanismo de participación ciudadana que obliga al Estado a llevar a cabo una rendición de cuentas vertical por primera vez en un marco jurídico de corte social.
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
La Contraloría Social cuenta con una disposición jurídica a saber “Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social”, que fue emitida por la Secretaria de la Función Pública. No siendo materia de discusión pues atañe a la integración y funcionamiento de dicho órgano social.
A lo largo de los tres artículos (69-71) que son insuficientes para regular tan importante figura, es necesario ceñirse al artículo 71, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social.
III Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;
La emisión del informe no es suficiente para acreditar el manejo de un recurso público. En primera y única instancia restringir a la contraloría a un simple informe que no logra tener valor ni probatorio ni menos vinculatorio para con la dependencia que otorgo el programa con base en recursos públicos es expresamente violatorio de la participación, colaboración y transparencia que todo gobierno abierto necesita y necesitará para fortalecer sus políticas público por ello propongo hacer una mejora normativa , sustancialmente sobre el informe que elabora la Contraloría Social con el único fin de dar paso a una transparencia y rendición de cuentas ex ante y ex post del manejo y aplicación de programa en cuestión. Por lo tanto, en la presente iniciativa planteo una adición al artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social que ilustro con el siguiente cuadro comparativo.
Fundamento legal
Por lo expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el artículo 71, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social
Artículo Único: Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:
I. ...
II. ...
III. Emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;
IV. ...
V. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Gobierno Abierto
2 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/memoranda/ 2009/m09-12.pdf
3 Transparencia, Participación y Colaboración
4 http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1079
5 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/ 2016-Siete_pilares_SNA-Documento.pdf
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf
7 Fin o propósito.
8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159454/2016_10_ 28_MAT_sfp_Lineamientos_CS.pdf
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
10 Ante del suceso.
11 Después del suceso.
Referencias
1 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/memoranda/ 2009/m09-12.pdf
2 http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1079
3 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/ 2016-Siete_pilares_SNA-Documento.pdf
4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159454/2016_10_ 28_MAT_sfp_Lineamientos_CS.pdf
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de noviembre de 2017.— Diputada María Elida Castelán Mondragón (rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputada María Elida Castelán Mondragón. Se turna su iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
LEY MINERA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado presenta una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera en materia de Conservación del Ambiente.
El diputado Alejandro Armenta Mier:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Nos encontramos en un mundo que ha sido depredado, saqueado, que contamina los mares, que saquea a los pueblos indígenas, que abandona a la población enferma, que violenta los derechos humanos, que transforma el clima, que pone en riesgo la vida del planeta.
La comunidad internacional, a través de la ONU, describe como alternativa ante el neoliberalismo rapaz y corrupto a la bioética social, como alternativa, el nacimiento de una nueva corriente de pensamiento humano ante la posibilidad de destrucción del planeta, nuestra raza y las especies. La bioética social será en los próximos tiempos la única opción para la sobrevivencia ante el desastre.
México es un país con una amplia riqueza natural, en nuestro territorio se encuentran diversos ecosistemas que albergan recursos naturales renovables y no renovables. Entre los recursos no renovables se encuentran los minerales ampliamente explotados por empresas transnacionales.
Las empresas con derechos de explotación, exploración y beneficio de minerales o de sustancias que requieren ser extraídas de la tierra o aguas nacionales no tienen restricciones ambientales suficientes que garanticen la conservación de los territorios cuando termina su proceso de extracción.
Hay una serie de elementos, hay una serie de disposiciones que señalan lo que está pasando en el planeta, en nuestro país y en el Estado. En Canadá las empresas mineras deben someterse a la iniciativa, hacia una minería sustentable en nuestro país, y en el estado de Puebla esto es letra muerta.
México es uno de los países con más conflictos en la región por motivos socio-ambientales provocados por estas empresas mineras. Debe hacerse valer el papel de potencia minera para hacer reglas justas. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Morena presenta esta iniciativa de decreto que reforma los artículos 4o., en su último párrafo, fracción IV, 27 de la Ley Minera, con un solo propósito: defender la supervivencia humana con un sentido de bioética social.
Los malos gobiernos atentan contra la evolución de la humanidad. Los que se oponen no conocen la historia evolutiva de la sociedad ni la dialéctica humana. En el Grupo Parlamentario de Morena entendemos que el cambio de régimen es inevitable para un cambio de contexto en el entendimiento de la bioética y del respeto a la naturaleza.
Las minorías que hoy defendemos la bioética social como alternativa ante la depredación humana seremos, seremos mayoría ante la alternativa inminente del triunfo del pueblo. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera, en materia de conservación del ambiente, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción l, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, último párrafo; 7, fracción IV; 27, fracción IV; y 37, fracción II, de la Ley Minera, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosMéxico tiene amplia riqueza natural. En él se encuentran diversos ecosistemas, que albergan recursos naturales renovables y no renovables; entre lo recursos naturales no renovables se encuentran los minerales, ampliamente explotados aquí por empresas nacionales y por extranjeras.
La conservación de la naturaleza y sus recursos es un fenómeno que afortunadamente se extiende cada día a sectores más amplios de la población, ya que toda acción conservacionista que se haya tomado o que se tome en el futuro requerirá de la participación y colaboración de toda la población. De otra manera es difícil pensar que el deterioro de la naturaleza pueda terminar.
Una de las formas más realistas de conservar la naturaleza es hacerla producir sin destruirla; es decir, obtener los beneficios que una comunidad natural puede proporcionar sin conducirla hacia un deterioro irreversible.
En el ámbito mundial se han usado los recursos naturales no renovables de maneras diversas y con resultados muy distintos. Hay países que los han aprovechado para convertirlos en fuente de recursos para el beneficio social y el desarrollo sostenible, y hay otros donde han terminado por alimentar sistemas corruptos, dando lugar a la destrucción ambiental y social.
El caso de Chile, donde el Estado participa como socio accionario en la propiedad y gestión extractiva del Cobre, su principal producto minero; es el país con mayor inversión de capital de empresas nacionales en otros países de la región. Chile es el país de América Latina que mejor ha logrado relacionar el desarrollo económico y social con la minería.
Un ejemplo que muestra resultados contradictorios y cuestionables es Venezuela, donde la extracción petrolera es la principal actividad económica, además de procesos extractivos asociados al hierro, el carbón, el aluminio y, el oro. Venezuela es un país con alto grado de dependencia de las rentas asociadas a los procesos extractivos, pues no ha logrado desarrollar una economía competitiva, esto se refleja en la composición de sus exportaciones donde los únicos productos relevantes son petróleo y minerales.
En México, el incremento de otorgamiento de concesiones mineras desde el sexenio de Ernesto Zedillo, ampliándose de manera considerable en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, nos ubican en uno de los primeros lugares de extracción minera, a pesar de que aparentemente es positivo para la economía de nuestro país, representa diversas amenazas para la conservación del ambiente y la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las minas.
Las empresas con derechos de exploración, explotación y beneficio de minerales o de otras sustancias que requieren ser extraídas de la tierra o aguas nacionales, no tienen restricciones ambientales suficientes que garanticen la conservación de los territorios cuando termine el proceso extractivo.
Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas extranjeras, sobre todo las canadienses, con amplia presencia en México, dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social.
En Canadá, las empresas mineras se rigen por la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act). De acuerdo con ésta, por la operación de una mina, una empresa tendría que pagar 2 por ciento de su ingreso operativo, más 13 por ciento de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR), uno provincial de 10 por ciento y otro federal de 15 por ciento; tendría que haber tramitado una licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; no disfrutaría una concesión de 50 años como en México y estaría obligada a seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.
Además, tendría que someterse a la iniciativa Hacia una Minería Sustentable, elaborada por el gobierno y organizaciones civiles, lo cual la obliga a aplicar programas de protección ambiental, armonía y desarrollo comunitario e inclusión laboral indígena, entre otros aspectos.
En México, las empresas sólo tienen que pagar el ISR, que además es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede acceder a créditos o exenciones fiscales. Aquí el pago de su concesión es mínimo, por ejemplo, una empresa canadiense tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas en Sonora, donde explota una mina de oro. En 2012 sólo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos. Pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039 por ciento de sus utilidades netas.
La legislación vigente sólo exige el pago de derechos conforme a la fracción II del artículo 27 de la Ley Minera y al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, que marcan de 6.77 a 148.06 pesos semestrales por hectárea. Además de los establecido en el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos sobre el pago anual del derecho especial sobre minería.
Otro factor de riesgo de la explotación minera es que genera múltiples conflictos sociales, que en algunos casos han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de violencia.
Hay una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas, pues para ellos el territorio va más allá del concepto de espacio; más bien define su estructura social como resultado de la unidad hombre-tierra-naturaleza, en muchas ocasiones en la naturaleza están basadas sus tradiciones y creencias.
México es uno de los países con más conflictos en la región por motivos socioambientales provocados por las empresas mineras, en particular por la falta de respeto a los territorios de pueblos originarios y la exclusión de sus habitantes.
Debe hacerse valer el papel de potencia minera bajo reglas justas que impacten positivamente a todos los actores de esta ecuación, y anteponiendo los principios de conservación del ambiente, garantizando la seguridad de los habitantes de las poblaciones aledañas; para realizar de manera responsable y sustentable la explotación de los recursos no renovables.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que reforman los artículos 4, último párrafo; 7, fracción IV; 27, fracción IV; y 37, fracción II, de la Ley Minera
Único. Se reforman los artículos 4, último párrafo; 7, fracción IV, 27, fracción IV; y 37, fracción II, de la Ley Minera, para quedar como sigue:
Artículo 4. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:
I. a IX....
Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su Reglamento , y se encuentren realizando medidas de conservación al medio ambiente en la realización de las acciones de exploración y explotación.
Artículo 7.Son atribuciones de la secretaría
I. a III....
IV. Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y demás medidas que garanticen la conservación del ambiente;
IV Bis....
V. a XVII....
...
Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a
I. a III....
IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás medidas que garanticen la conservación del ambiente;
V. a XIV....
...
...
Artículo 37. Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente ley están obligadas a
I....
II. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás medidas que garanticen la conservación del ambiente;
III. a VI....
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2017.— Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Alejandro Armenta Mier. Se turna su iniciativa a la Comisión de Economía, para dictamen.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por tres minutos la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la propia diputada Álvarez Piñones y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con la venia de la Presidencia. Las vías de comunicación son elementos fundamentales para el desarrollo de un país, ya que permiten el traslado de personas y mercancías a través del territorio nacional y hacia el exterior.
Podemos decir que su utilidad va más allá del desarrollo económico, pues las carreteras son un factor determinante para acercar a las comunidades alejadas a los grandes centros de población, en los cuales se facilita el acceso a servicios públicos como la educación y la salud.
De este modo, las funciones que cumplen los medios de transporte y las carreteras no se limitan únicamente a permitir el tránsito de pasajeros o bienes, sino que trascienden a tal punto que el cuidado y ampliación de la infraestructura se convierten en factor importante para el ejercicio pleno de ciertos derechos por parte de la población.
En México tenemos una importante red carretera que se expande por todo el territorio nacional a lo largo de aproximadamente 374 mil kilómetros, de los cuales 49 mil corresponden a la red carretera federal, distribuidos en 8 mil 400 kilómetros de cuota y 40 mil 600 kilómetros de carreteras libres.
Como ya mencioné, esta infraestructura se utiliza para diversos fines y pensando en que es precisamente por la vía terrestre en donde se realiza el mayor número de viajes comerciales, también es considerar dos cuestiones: el uso preponderante del transporte terrestre aumenta el riesgo de sufrir un accidente y quienes deben atender situaciones de emergencia, entendiendo que estas no solo se refieren a percances en las carreteras, utilizan también la infraestructura vial para desplazarse a los lugares en donde sea necesario su apoyo.
En este contexto, la gran cobertura de la red carretera nacional permite que se atiendan emergencias de manera rápida, sobre todo considerando aquellos tramos bajo jurisdicción federal, que abarcan una mayor extensión territorial y que tienen conexiones con comunidades en todo el país, apoyando en cualquier situación que se presente en los viajes hechos por la vía terrestre o en otro tipo de emergencias, incluyendo posibles traslados de pacientes, incendios o desastres naturales.
Es un hecho que se reconoce la gran labor que realizan los cuerpos de emergencia en apoyo de la ciudadanía y que derivado de su actividad es necesario otorgar a la exención de pagos en las carreteras de cuota a los vehículos que utilizan para cumplir con su trabajo, permitiéndoles el libre paso sin que el detenerse a cubrir el peaje sea motivo de retraso para cumplir con su deber. Sin embargo, esta exención solo ha sido posible mediante la figura normativa del acuerdo, lo cual consideramos insuficiente. Por este motivo proponemos la presente iniciativa.
Nuestro objetivo es establecer en la ley la definición de vehículos al servicio de la comunidad, de manera que se indique con claridad que las ambulancias, independientemente Cruz Roja, Protección Civil, ambulancias del ISSSTE o del IMSS y patrullas, tanto federales como locales, así como vehículos de las Fuerzas Armadas, quedarán exentos del pago de peaje cuando transite por carreteras de cuota.
De esta manera tendremos la certeza de que la exención de pago del peaje se mantenga permanentemente, sin que los cambios en el diseño de políticas públicas en posteriores administraciones modifiquen esta disposición.
Consideramos necesario modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para mejorar la circulación de los vehículos de emergencia que prestan un gran servicio a la sociedad, pues acuden a los lugares donde se presentan accidentes para brindar una pronta atención a los involucrados...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones: Concluyo, presidenta. Tanto en zonas urbanas como rurales, aprovechando la infraestructura de las vías terrestres de comunicación.
Pensemos que tan solo en 2016 se registró un total de colisiones a nivel nacional de 12 mil 567 eventos, de los cuales la mayoría se concentró en las autopistas México-Querétaro y Puebla-Córdoba, así como en la carretera Querétaro-San Luis, cada una con más de 200 colisiones, que en conjunto dejaron un saldo de 209 personas fallecidas y 351 lesionadas en el año.
En el Partido Verde nos preocupamos con el bienestar de las y los mexicanos, por eso trabajamos constantemente, para atender las necesidades de la sociedad, sobre todo cuando se trata de mejorar la respuesta institucional frente a situaciones de emergencias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV Bis al artículo 2o. y se modifica la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLas vías de comunicación son elementos fundamentales para el desarrollo de un país, ya que, en términos laxos permiten el traslado de personas y mercancías a través del territorio nacional y hacia las fronteras, dando lugar a un análisis de mayor amplitud de donde se desprenden señalamientos más puntuales que exponen la importancia de la infraestructura de transporte en México como a continuación se transcribe:
• Factor determinante para el desarrollo económico;
• Contribuye a fortalecer la paz social y la seguridad;
• Brinda comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de producción y consumo;
• Factor para elevar la competitividad: reduce costos y tiempos de transporte, facilita el acceso a mercados e integra cadenas productivas;
• El bienestar de las naciones está relacionado con el grado de desarrollo de su infraestructura;
• Facilita el acceso a servicios de educación, salud y varios más;
• Contribuye a eliminar desequilibrios regionales;
• Le da un sentido de unidad a todo el país.
Como se observa, las funciones que cumplen los medios de transporte no se circunscriben únicamente a permitir el tránsito de pasajeros o artículos, sino que trascienden a tal punto que el cuidado y ampliación de su infraestructura se convierten en factor primordial para el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y políticas del país.
Considerando factores como inversión, volumen de tráfico, importancia estratégica, entre otros, el Banco Nacional de Comercio Exterior señaló a la red carretera como la infraestructura más utilizada en México, puntualizando en que la calidad de las carreteras comparativamente en América Latina, nuestro país se encuentra en los primeros lugares, sólo por debajo de Chile.
Lo anterior, se basa en los datos referentes a la longitud que cubre la red de transporte terrestre a nivel nacional, de aproximadamente 374 mil kilómetros, de los cuales 49 mil kilómetros corresponden a la red carretera federal, distribuidos en 8 mil 400 kilómetros de cuota y 40 mil 600 kilómetros de carreteras libres, en comparación con los 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto, 78 aeropuertos y los cerca de 27 mil kilómetros de vías férreas.
La gran cobertura de las carreteras permite que se atiendan emergencias de manera rápida, dado que los tramos bajo la jurisdicción federal abarcan una mayor extensión con conexiones a comunidades en todo el país, tanto si se trata de siniestros en los caminos, como de posibles traslados de pacientes que deben ser trasladados por tierra.
Dada la longitud de la red, es de considerarse que la cantidad de viajes que se realizan a través de ella aumentan el potencial de accidentes o emergencias que pueden ocurrir. Prueba de lo anterior, se refleja en la información vertida en el las estadísticas presentadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cuanto al número de pasajeros y cantidad de mercancías transportadas por todo el territorio nacional que se mantiene en una tendencia en crecimiento, de acuerdo con las siguientes cifras:
La cantidad de pasajeros y de toneladas que son transportadas por vía terrestre ubica a México como uno de los mayores competidores a nivel internacional, pero también se considera como un factor de riesgo, puesto que cuanto más se utilice un medio de transporte, aumentan las posibilidades de accidentes de provocar o sufrir un accidente, como es el caso de Estados Unidos que tiene el mayor número de toneladas y pasajeros que transitan por carretera de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también tiene la tasa más alta de saldos en accidentes carreteros con un índice de 10.6 víctimas por cada 100 mil habitantes.
En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó un comparativo en 2017 basado en las cifras más recientes de la OMS, mismas que arrojaron un promedio de víctimas muertas a nivel mundial por cada 100 mil habitantes de 16.5; en este caso México se ubica en el lugar 112 de 179 países con 12.3 víctimas muertas, lo cual se conoce a partir de la información que proporcionan los certificados de defunción en accidentes registrados en la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, misma que no considera accidentes de jurisdicción federal ni tampoco contempla a aquellas que pierden la vida en los servicios médicos posterior al accidente de tránsito.
En cifras, durante 2016, se registraron un total de 360 mil 51 accidentes en las zonas urbanas, de los cuales 67 mil 844 (18.9 por ciento) corresponden a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; en 288 mil 213 (80.0 por ciento) se registraron solo daños y los 3 mil 994 restantes corresponden a accidentes con al menos una persona muerta.
Asimismo, en el Anuario estadístico de accidentes de carreteras federales 2016, que registra las estadísticas más relevantes de las colisiones en la Red Carretera Federal registradas por la Policía Federal, se estableció un total nacional de colisiones en 12 mil 567, de las cuales la mayoría se concentra de manera constante en las autopistas México-Querétaro y Puebla-Córdoba, así como la carretera Querétaro-San Luis Potosí, cada una con más de 200 colisiones que en conjunto dejaron un saldo de 209 personas fallecidas y 351 lesionadas.
Debemos considerar que el índice de accidentes en las carreteras necesariamente se relaciona con las llamadas de auxilio a la cual responden los servicios de emergencia, tanto federales como locales, por lo que es necesario proveerles de mejores elementos normativos para que eleven la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus actividades.
Para la atención de las emergencias, el libre desplazamiento de los vehículos auxiliares ha sido considerado dentro del diseño de políticas públicas para casos de emergencia, como queda asentado en el Acuerdo por el que se emite el Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) 2016, en el cual se define la exención de pago de peaje para cierto tipo de vehículos, mismos que deben ser utilizados para el servicio a la comunidad, de acuerdo con los siguientes términos;
Exento: Cruce libre de pago de peaje [...]
– Vehículos al Servicio de la Comunidad. (VSC): Vehículos exentos de peaje en virtud de dar un servicio social, de transporte o apoyo en los caminos y puentes, sin fines de lucro.
– Vehículos que no pagan peaje: Vehículos exentos de peaje autorizados por el FNI, en los que se consideran a los VOC (Vehículos para la Operación y Conservación) VSC (Vehículos al Servicio de la Comunidad) y VELP (Vehículos Especiales Libres de Pago [...]
Artículo 20. Tratándose de Vehículos al Servicio de la Comunidad (VSC) se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
Los vehículos que no se encuentran dentro de esta lista deberán forzosamente cubrir su cuota por concepto de peaje.
El acuerdo anterior nos permite contar con un marco jurídico para dar plena certeza jurídica, tanto a los servidores públicos como a los particulares, sobre las disposiciones de carácter general e interno que habrán de aplicar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República en distintas materias,aplicado en las carreteras bajo la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), en coordinación con diversas instituciones de seguridad y auxilio a la comunidad.
Si bien el documento referido expone con claridad el tipo de vehículos que tendrán exención de peaje en las casetas de cobro en las carreteras federales, es necesario señalar que en la ley que rige a la SCT, como organismo considerado cabeza de sector en cuanto a vías generales de comunicación haciendo referencia a las carreteras federales, no cuenta con una definición de vehículos dedicados a la atención de emergencias, y que cuenten con el beneficio permanente de exención de cuotas de peaje.
La premisa anterior surge de la consideración que se debe tener en situaciones de emergencia, toda vez que se requiere de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que, dada la longitud que cubren las carreteras federales, es más factible que los vehículos de emergencia se trasladen por estas vías, resultando en la necesidad de establecer en la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal el señalamiento expreso para la exención mencionada, considerando que es en este ordenamiento en el que se señala las atribución de la Secretaría para establecer las bases generales de regulación tarifaria, de acuerdo con lo siguiente:
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:
VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.
Consideramos necesario determinar en la ley la exención de peaje en las casetas de carreteras federales para vehículos de emergencia por el servicio que prestan a la comunidad, trasladándose a los lugares donde ocurran accidentes con la finalidad de brindar atención a los involucrados, sin considerar que también es posible que dichas unidades deban transitar por estas vías de comunicación para atender emergencias en localidades lejanas (por ejemplo, para traslado de pacientes en ambulancias, llamadas de auxilio para bomberos o policías) y no únicamente para accidentes viales.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción XV Bis al artículo 2o. y se modifica la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo Único.Se adiciona una fracción XV Bis al artículo 2o. y modifica la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.a XV. (...)
XV Bis. Vehículos al Servicio de la Comunidad: ambulancias, Semefo, bomberos, patrullas federales, patrullas locales y Fuerzas Armadas Nacionales.
XVI. (...)
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal las siguientes atribuciones:
I. a VII. (...)
VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.
Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles.
Los vehículos al servicio de la comunidad tendrán acceso libre y no pagarán peaje, y
IX. (...)
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura de Transporte 2013-2018. Gobierno de la República, México, 2013. Disponible en:
http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Presentacion_RMC_Infraestructura_ de_Transporte_2013-2018_01.pdf
2 Banco Nacional de Comercio Exterior. Transporte y logística. México, 2016, página 2. Disponible en:
http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2016/04/EES-Logistica-2016-1.pdf
3 SCT, óp. cit. página 6.
4 SCT, óp. cit. página 28.
5 Inegi. Estadísticas a propósito del...Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (19 de noviembre). México, 15 de noviembre de 2017, pp. 2. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/trafico2017_Nal.pdf
6 Ibíd, página 3.
7 Instituto Mexicano del Transporte. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2016). México, 2016. Disponible en:
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt69.pdf
8 Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se emite el Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 2016. Gobierno de la República, 23 de diciembre de 2016. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466855 &fecha=23/12/2016
9 Íbid.
10 Cámara de Diputados. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. México, 2017. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_101016.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2017.— Diputada y diputado: Rosa Alicia Álvarez Piñones, Alfredo anaya Orozco Ana María Boone Godoy, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones. Su iniciativa se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. Solicito se prepare el diputado Ángel García Yáñez.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Compañeras y compañeros diputados, ante la grave crisis de derechos humanos que vive México desde hace casi una década, no puede haber nada más lastimoso que la indolencia, la indiferencia y la falta de reconocimiento.
Desafortunadamente el gobierno de la República no ha demostrado suficiente interés y voluntad para hacerle frente a este problema y así lo que hemos visto es un desdén hacia las víctimas y hacia las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Así lo vemos también en los casos de tortura que se han multiplicado por cinco en el último año, en el alarmante y extendido fenómeno de desapariciones forzadas, que ya es hoy una alerta nacional.
En el círculo vicioso del caso de desplazamiento forzado en el sistemático atropello a los derechos de los pueblos indígenas y a la violación hacia periodistas y defensores de derechos humanos.
Ante todo esto, los principales organismos internacionales de derechos humanos, como el Alto Comisionado de la ONU, no han dudado en calificar como una grave crisis de derechos humanos, misma que por cierto reiteradamente ha negado el gobierno federal.
La realidad es que se trata de una crisis histórica que mantiene profundamente lastimadas a las familias, a la sociedad mexicana, y la respuesta que exigen las víctimas y los ciudadanos ante esta larga marcha de violaciones a los derechos humanos debe ser del mismo tamaño, debe ser igualmente histórico.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hoy presenta, ante esta soberanía, dos instrumentos con los que buscamos construir una respuesta del Estado mexicano ante esta situación.
En primer lugar, proponemos un punto de acuerdo que aparecería el día de mañana en la Gaceta Parlamentaria y sobre el cual no dejaremos de insistir en el momento procesal oportuno, y tiene que ver con hacer un llamado al presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, pero también como jefe del Estado mexicano, para que emita una disculpa pública al pueblo de México por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos años.
Hay que decirlo muy claro, esta busca ser una medida de reparación hacia los cientos de miles de víctimas y encuentra su sustento en el artículo 73 de la Ley General de Víctimas.
En segundo lugar, proponemos una iniciativa para crear una comisión de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos en México durante la última década, con plenos poderes y completamente en manos de los ciudadanos, enfocada a emprender un ejercicio integral de acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
Esta comisión comenzaría a funcionar el 1 de diciembre de 2018. Lo planteamos así porque quien quiera que sea el próximo presidente de México, sin importar su filiación partidista, estará obligado a realizar un ejercicio de esta naturaleza.
El país no aguanta más tiempo inmerso en este ciclo de violencia e indiferencia. Independientemente de quién gane la próxima elección presidencial, no puede ni podrá haber más lugar para el olvido.
Hoy hacemos estas propuestas conscientes de que la próxima administración presidencial no debe, pero tampoco podrá apostarle a la desmemoria o a la impunidad. Muchas gracias, buenas tardes.
«Iniciativa que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, con base en la siguiente:
Exposición de MotivosI.Desde finales del siglo pasado, los instrumentos de justicia transicional han constituido auténticos hitos en la historia reciente de naciones aquejadas por procesos de transición particularmente violentos, o por graves conflictos sociales cuya latencia amenaza la viabilidad de sus instituciones, la convivencia pública pacífica, y deja una grave estela de violaciones a los derechos humanos.
Y es que, como su nombre lo indica, la justicia transicional consiste en la generación de puentes jurídicos que posibiliten la transición de un régimen a otro, poniendo especial énfasis en la reparación del daño a las víctimas y en la garantía del derecho a la verdad, como requisito fundamental para dicha transición. Como señala el Intenational Center for Transitional Justicie (ICTJ):
“La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Al priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señala el camino que debe seguir un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos.
Las atrocidades masivas y los abusos sistemáticos destruyen las sociedades y su legado puede producir fragilidad: ocasionando debilidad, inestabilidad, politización y escasez de recursos a instituciones políticas y judiciales como el Parlamento, los tribunales, la policía y la Fiscalía. De por sí, las violaciones de derechos habrán socavado la confianza que los ciudadanos pudieran tener en la capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Y será frecuente que las comunidades estén destrozadas y muy debilitadas las organizaciones sociales y políticas.
Esto significa que la justicia transicional parte del principio fundamental de que para posibilitar un cambio radical en las circunstancias político-sociales de un país o una región particularmente aquejadas por graves violaciones a los derechos humanos, debemos en primer lugar eliminar su legado y destrabar las inercias sociales e institucionales que perpetúan el círculo vicioso en el que surgen.
Pues sólo bajo el presupuesto de la reparación integral del daño y de la garantía de no repetición de los hechos, las sociedades restauran su confianza en las instituciones y están en condiciones de depositarles la tarea de la transición hacia la construcción de un futuro diferente, es decir, sólo bajo el presupuesto del reconocimiento de un pasado violento y la garantía de su no repetición, las sociedades están dispuestas a construir un cambio de rumbo.
Es en este contexto que han emergido las comisiones de la verdad como instrumentos de justicia transicional encaminados al esclarecimiento sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, en situaciones de vulnerabilidad de las instituciones públicas o pérdida de la confianza de la ciudadanía en las mismas respecto a las garantías que éstas puedan ofrecerle sobre el ejercicio de su derecho a la auténtica verdad histórica. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Las Comisiones de la Verdad (en adelante “CdV”) son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”. Al respecto, tanto la Comisión como la Corte han resaltado la importancia de las CdV como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, en múltiples ocasiones ambos órganos se han valido de la información proporcionada por los informes finales de las CdV como fuente de información y elementos de prueba en relación con casos tramitados ante el sistema de casos y peticiones.”
En tal sentido, cabe señalar que las comisiones de la verdad deben investigar también por ello las pautas de actuación o patrones sistemáticos de las violaciones a los derechos humanos en torno a los hechos de que se ocupan, con la finalidad de que los Estados eliminen en el futuro las posibilidades de que hechos similares vuelvan a ocurrir. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, como uno de los elementos que conducen al cumplimiento del derecho a la verdad, el siguiente:
“iii) tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos [...] con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan.”
Ello se debe a que las graves violaciones a los derechos humanos se encuentran generalmente inscritas en un marco de descomposición de la vida pública, que genera condiciones para el surgimiento de pautas o patrones de conducta que posibilitan esas mismas violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, se trata de un círculo vicioso que debe ser atajado, por lo que las investigaciones deben considerar los hechos investigados como inscritos en un patrón sistemático que los posibilita y asimismo señalar la forma en que el mismo debe ser eliminado.
La doctora Priscilla Hayner, una de las principales expertas internacionales sobre comisiones de la verdad y cofundadora del International Center for Transitional Justice, define así los motivos para la existencia de una comisión de la verdad:
“En parte por el alcance limitado de los tribunales y en parte por el reconocimiento de que ni siquiera los procesos que llegan a buen término resuelven el conflicto y el dolor que conllevan los abusos del pasado, las autoridades de transición se han orientado cada vez más a la busca oficial de la verdad como elemento clave de su estrategia de responder a las atrocidades del pasado. Estas amplias pesquisas de los abusos generalizados cometidos por las fuerzas del Estado, y que a veces también buscan los cometidos por la oposición armada, han adquirido el nombre genérico de “comisiones de la verdad”, término que implica un determinado tipo de investigación, y que si bien da cabida a una considerable variedad de comisiones yo empleo el término para referirme a organismos que comparten las siguientes características: 1)las comisiones de la verdad se centran en el pasado; 2) investigan un patrón de abusos cometidos a lo largo de un periodo, en vez de un suceso concreto; 3) son un organismo temporal, que en general funciona durante seis meses a dos años y termina su labor presentando un informe, y 4) tienen el aval, la autorización y el poder oficial que les concede el Estado (y a veces también la oposición armada, como sucede tras un acuerdo de paz). Este carácter oficial concede a las comisiones de la verdad un mejor acceso a las fuentes de información oficial, más seguridad para llevar a cabo investigaciones delicadas, y más posibilidades de que las autoridades tomen en serio su informe y sus recomendaciones.
Como se observa, las comisiones de la verdad tienen un carácter ciudadano, se enfocan en la generación de mecanismos jurídicos temporales a cargo de personas de los amplios espectros sociales que participaron en el conflicto, es decir, tienen un carácter plural y eminentemente público, además de que entre sus principales labores está la generación de un informe final que sirva como elemento de reconciliación nacional ante un pasado que ya no se está dispuesto a repetir.
Además, para el adecuado funcionamiento de una comisión de la verdad éstas deben gozar de las suficientes atribuciones investigadores para el esclarecimiento de los hechos con el objetivo de garantizar de forma plena el derecho a la verdad para el que fueron creadas, así como tener un amplio acceso a la cualquier información en poder de los órganos del estado, que lleve al mejor cumplimiento de sus objetivos.
II.Según la CIDH, actualmente México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, como señaló en un comunicado oficial el 2 de octubre del año 2015:
“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. [...] La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.”
Sin embargo, la generación de los más óptimos instrumentos jurídicos para combatir y sancionar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país se convierte en urgente a la luz de que también señaló el mismo comunicado de la CIDH, y es que dentro de esta grave crisis de derechos humanos por la atraviesa nuestro país, la desaparición forzada representa algo “alarmante” dada la magnitud e incidencia del delito:
“La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias.”
Ante ello, es de subrayar que según el Informe “El Derecho a la Verdad en las Américas», elaborado y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 2014, el derecho a la verdad se originó específicamente a partir de la obligaciones de los estados de esclarecer la verdad sobre casos de desaparición forzada:
“El derecho a la verdad tuvo sus orígenes en el DIH (Derecho Internacional Humanitario) al establecerse la obligación de los Estados de buscar a las personas desaparecidas en el marco de conflictos armados internacionales o no internacionales. Asimismo, se resaltó la existencia del derecho de los familiares a conocer la suerte de las víctimas en dichos contextos.
En el ámbito del sistema interamericano, el derecho a la verdad se vinculó inicialmente con el fenómeno extendido de la desaparición forzada. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado que afecta una pluralidad de derechos, tales como el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De esta forma, se ha se ha indicado que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.”
Ahora bien, según el artículo 2 de la «Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas», de la Organización de las Naciones Unidas, «se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.»
Por otro lado, la CIDH también señala que la desaparición forzada es «una manifestación tanto de la incapacidad del Gobierno para mantener el orden público y la seguridad del Estado por los medios autorizados por las leyes, como de su actitud de rebeldía frente a los órganos nacionales e internacionales protección de los Derechos Humanos»; lo que acusa la necesidad de diseñar mecanismos independientes y ciudadanos en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en que se señala un patrón de desaparición forzadas.
En este sentido, la grave ola de desapariciones en nuestro País, que según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), alcanza ya la cifra de más de 30 mil personas, amerita por parte del Estado Mexicano la implementación de medidas extraordinarias como las comisiones de la verdad, pues representa tal vez la faceta más atroz de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestra país.
Esta escalada de desapariciones en nuestro país ha dejado en entredicho la capacidad para construir un auténtico estado de derecho por parte de nuestras actuales instituciones, lo que ha mermado radicalmente la confianza de la ciudadanía en las mismas, especialmente en los cuerpos de seguridad. De ahí que garantizar el derecho a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición del daño, afecte en su conjunto a la sociedad mexicana, pues tiene por objeto prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.”
En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la privación del derecho a la verdad supone para los familiares de las víctimas desaparecidas, una forma de trato cruel e inhumano:
“La Corte ha tomado en cuenta que el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido. Además, para los familiares es de suma importancia recibir los cuerpos de las personas que fallecieron, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, y aporta un cierto grado de cierre al proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años. Por ello, la Corte ha establecido que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad.”
Según lo anterior, los familiares y amigos de los desaparecidos deben ser igualmente resarcidos de su condición de víctimas, y uno de dichos procesos de resarcimiento consiste en conocer la verdad de los hechos ocurridos en torno a la desaparición.
Igualmente, en orden al esclarecimiento de hechos relacionados con desapariciones forzadas de personas o de otras violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los estados de realizar investigaciones exhaustivas que lleven a garantizar el derecho inalienable a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, las investigaciones en torno a los hechos deben ser emprendidas con todos los medios legales al alcance del Estado y no como una «simple formalidad» que eluda la responsabilidad que por definición tiene todo Estado en una desaparición forzada:
«la Corte ha establecido que si bien el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, ello no significa que la investigación pueda ser emprendida como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Por el contrario, la Corte ha precisado que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos”. En ese sentido, la investigación debe ser realizada con todos los medios legales disponibles y debe comprender la responsabilidad tanto de los autores intelectuales como materiales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.»
Sin embargo, hemos visto como la Procuraduría General de la República se ha apresurado en múltiples casos a afirmar versiones contradictorias y poco concluyentes, como en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en que dictaminó una «verdad histórica» que contradecía al GIEI y a los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Lo anterior deja en evidencia que las actuaciones de la máxima instancia investigadora en nuestro país para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan, no utiliza «todos los medios legales» a su alcance para la investigación de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.
Las omisiones de la Procuraduría General de la República parecen mostrar que antes que realizar una exhaustiva investigación con todos los medios legales a su alcance y los mayores recursos a sus disposición, para garantizar el derecho a la verdad, puede estar realizando investigaciones «como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa», en el sentido en que lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante estas omisiones, cabe señalar que el desconocimiento sobre el paradero de los seres queridos, en los casos de desaparición forzada, constituye un auténtico cuadro de tortura psicológica, como señala uno de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI):
“ Mire hasta la fecha. Le digo, no sé, la mente no puede descansar. Mi mente aunque... no vengo, pero mi mente no puede descansar. Le digo, yo quiero que regrese como sea, le digo, total, lo que Dios decida. Yo digo que tenemos derecho a morirnos pero no en esa forma. Imagínese, sufrió aquí, no les daban de comer, los trataban bien mal. Aquí hay mucha violencia. Así estuve como un mes, dos meses, tres meses. Desde entonces ya no siento nada. A veces siento que llega corriendo a la casa. En la tarde le dejo la puerta abierta y nunca llega. Pero siento que él está vivo y que él va a regresar. No. Y siento que sí está vivo.”
Es por ello que resulta urgente diseñar mecanismos del Estado con amplias facultades para llevar a cabo el esclarecimiento de lo ocurrido a las más de 30 mil personas desaparecidas en nuestro país, con el objetivo de garantizar el irrenunciable derecho a la verdad y resarcir así en gran medida la condición de víctimas en que se mantiene a centenares de miles de personas.
En tal sentido, resulta de crucial importancia que sea designado un organismo con autonomía y amplias facultades investigadores, para garantizar el derecho irrenunciable a la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos, que han ocurrido en nuestro país desde la implementación de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, en diciembre de 2006, hasta la fecha.
III.Como ya se ha señalado, el fenómeno de la desaparición forzada representa una de las facetas más escalofriantes de la actual estrategia contra el tráfico y consumo de estupefacientes, y está inscrito en un marco de descomposición generalizada de la vida pública y una grave crisis de derechos humanos. Sin embargo y desafortunadamente, esta grave crisis ha generado la persistencia generalizada de otras violaciones a los derechos humanos que deben igualmente ser a la brevedad atendidas por el Estado Mexicano.
Así, Amnistía Internacional presentó en septiembre de 2014 el informe «Fuera de Control: tortura y otros malos tratos en México», en el que estableció que «en México las denuncias han aumentado en un 600 por ciento en los últimos diez años, la tortura y los malos tratos están fuera de control»:
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7.164 quejas por tortura y otros malos tratos entre el 2010 y el 2013. Ninguna desembocó en una condena penal por tortura.
• El 64 por ciento de los mexicanos teme sufrir tortura si son detenidos.
• La Procuraduría General de la República (PGR) aplicó su procedimiento especial únicamente en 364 entre las 7,164 quejas que la CNDH recibió, con la conclusión de que había indicios de tortura en 26. Desde 2006 al 2013, la PGR inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, presentando tan sólo 12 cargos
• Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de enero del 2014, los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre el 2005 y el 2013: tan sólo siete desembocaron en condenas al aplicar la legislación federal, reflejando que, el índice de sentencias condenatorias es del 0,006 por ciento. Por su parte en el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.
Por otro lado, las agresiones a periodistas se han convertido en uno de los signos más ominosos de la guerra contra el narcotráfico: tan sólo en 2016 se produjeron 11 asesinatos de periodistas con lo que nuestro país pasó a ocupar el deshonroso puesto del tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo superado por Irak y Afganistán, según datos publicados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
Asimismo, Artículo 19, ha señalado que en el mismo año 2016, además de los 11 homicidios anteriores, se produjeron 426 agresiones, acciones de espionaje gubernamental, 72 amenazas a través de redes sociales y un índice de impunidad de hasta 99.75 por ciento, con lo que 2016 fue tal vez el año más peligroso para el prensa en nuestra historia reciente.
Además, durante este año, se han producido 11 asesinatos de periodistas en nuestro País, cifra que ya iguala a la del año anterior, siendo este sexenio ha sido uno de los más violentos para el gremio periodístico, con 38 asesinatos, 1,775 agresiones y 4 desapariciones hasta la fecha, según reporta también Artículo 19.
Finalmente, a lo anterior debemos añadir lo revelado por The New York Times, Aristegui Noticias, R3D, Artículo 19y Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, este 19 de junio en un extenso reportaje que señala la existencia de un sofisticado sistema para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil:
«Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.»
A la luz de lo anterior, resulta de primera importancia preguntarse por qué un Gobierno que erogó 80 millones de dólares en espiar a defensores de derechos humanos y periodistas, al mismo tiempo no destinó recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante este 2017, uno de los más violentos en este rubro, y debemos preguntarnos también cuántas víctimas se habrían podido evitar, destinando más recursos para proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos humanos de nuestro país, en lugar de espiarlos.
Otro grave fenómeno inscrito en la actual crisis de derechos humanos lo constituye el desplazamiento forzado interno, que se encuentra en franco incremento. En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno ha sido relacionado primordialmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, pero destacando también los megaproyectos de desarrollo como causantes de este fenómeno.
En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2012 un estudio donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los causantes de la migración de más de 170 mil personas. Por otro lado, el informe de la CNDH, «Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México», señala al Estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con 20,000 desplazados, seguido del Estado de Guerrero con 2,165 casos, Chihuahua con 2,008 desplazados, Veracruz con 1,131 casos, Sinaloa con 1,065, Michoacán con 728 casos, Durango con 430, Oaxaca con 250 y Chiapas con 128. Finalmente, el Centro de Monitoreo de Desplazados (IDMC, por sus siglas en inglés) sostiene que la expansión de la violencia criminal, ha sido por las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares implementadas para combatir el crimen organizado. Vale la pena destacar que el IDMC estimó que para finales de 2014 había aproximadamente 281,400 desplazados internos en México.
Para finalizar, conviene señalar que según distintas organizaciones de la sociedad civil, así como diversas instituciones de educación superior, como el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), la UNAM, el Colegio de México y otros, han señalado que la estrategia actual contra el crimen organizado, basada en un enfoque militarista de combate a su poder de fuego, ha arrojado los siguientes saldos:
I. Más de 150 mil homicidios intencionales de diciembre de 2006 a diciembre de 2015.
II. Más de 30 mil desaparecidos según el Informe que entregó ayer ante esta Cámara de Diputados por la SEGOB.
III. Más de 280 mil desplazados.
IV. Incremento de hasta un 1000 por ciento de casos de tortura.
V. De 3 mil 327 combates durante el sexenio calderonista, 4 de cada 10 fueron de letalidad perfecta, por lo que el CIDE señaló una “política de exterminio”.
VI. De diciembre de 2006 a noviembre de 2011 se registraron 68 casos de ejecuciones en las que, al menos, hubo 10 muertos en cada una.
IV.Como parte de esta grave crisis de derechos humanos que han denunciado los organismos internacionales, se han producido diversos eventos que por su gravedad se inscriben en la historia reciente de nuestro país como casos emblemáticos de la estrategia actual de combate al crimen organizado, mismos que se señalan a continuación.
Tlataya
El 30 de junio de 2014, el Ejército Mexicano reportó la muerte de 22 personas. En un principio, declaró que las muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento, sin embargo, semanas más tarde distintos medios de comunicación dejaron entrever la probable comisión de ejecuciones extrajudiciales por militares. En particular, la Revista Esquire, reveló en septiembre de 2014 el testimonio de una de las testigos del caso, quien señaló que sólo uno de los jóvenes que participó en el enfrentamiento murió a causa de los disparos, mientras que los 21 restantes, que estaban entre las edades de 16 a 24 años, fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejército.
Al respecto, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias lamentó así los hechos en mayo de 2016:
El Relator Especial lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación y señala una serie de trágicos acontecimientos en los que recientemente las fuerzas armadas fueron el centro de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. En junio de 2014 murieron 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, en un enfrentamiento entre civiles armados sospechosos de estar involucrados en la delincuencia organizada y el ejército. Si bien las autoridades mexicanas declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un “tiroteo”, los documentos militares revelaron que existía una orden explícita de “matar a criminales”. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que al menos 12 de las víctimas, y posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente tras ser capturadas. Otros casos en los que presuntamente participaron militares son la desaparición forzada y el asesinato de siete personas en el municipio de Calera, estado de Zacatecas, en julio de 2015, y la muerte de un niño de 12 años en Santa María de Ostula, estado de Michoacán, en julio de 2015.
Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre del año 2014, una caravana de autobuses que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, fue atacada indiscriminadamente con armas de fuego por parte de policías municipales del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, y otros sujetos desconocidos, resultando muertas seis personas. Posteriormente, y durante toda la madrugada, los estudiantes que lograron escapar fueron perseguidos, criminalizados los heridos, y finalmente fueron desaparecidos 43 de ellos, quienes continúan hasta la fecha en la misma condición. Los hechos anteriores despertaron una ola de indignación nacional pocas veces vista en la historia reciente de nuestro país, germinando alrededor de los mismos un movimiento nacional que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes desparecidos.
La Procuraduría General de la República encabezó la investigación sobre este caso, y el 12 de noviembre de 2014, el Estado mexicano suscribió un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para complementar las investigaciones por estos hechos. A raíz de dicho acuerdo, la CIDH nombró a cinco expertos que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
No obstante, en enero de 2015, el entonces Procurador General de la República, señaló que la «verdad histórica» del caso Ayotzinapa consistía en que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero de Cocula, y posteriormente sus cenizas esparcidas en el Río San Juan, por lo que la PGR concluía la investigación del caso.
El 6 de septiembre del mismo año, el GIEI presentó los resultados de sus investigaciones a través del «Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa», concluyendo que se debe hacer un «replanteamiento general de la investigación», dadas las inconsistencias y contradicciones detectadas; además de que extiende al Estado Mexicano 20 recomendaciones sobre la investigación y sobre las probables violaciones a los derechos humanos. El Informe presentado por el GIEI echaba por tierra la versión gubernamental de que sobre el caso ya existía una incontrovertible «verdad histórica».
Vale la pena destacar que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya había entregado un informe en febrero de este año estableciendo la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 normalistas desparecidos hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula: «Hasta el momento, el EAAF aún no tiene evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas». Sin embargo, la PGR se apresuró a desmentir a los peritos mediante un comunicado oficial que decía respecto de las conclusiones de los peritos que «parecerían más especulaciones que certeza». En este mismo sentido, cabe también señalar que el «Informe Ayotzinapa» presentado por el GIEI recomienda a las autoridades mexicanas realizar segundas investigaciones en compañía de peritos del EAAF.
El ya histórico Informe también reporta que algunas pruebas e indicios fueron destruidos sin ser analizados, que no se permitió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos, entre otras anomalías.
Las conclusiones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han generado una ola de cuestionamientos e interrogantes en torno al desempeño de la Procuraduría General de la República en las investigaciones del caso Ayotzinapa; incluso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han señalado que la «verdad histórica» ofrecida por el Gobierno Mexicano es una «mentira histórica».
Finalmente, el GIEI presentó el 24 de abril del año 2016, su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, «Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas», en el que confirma que no existe ninguna evidencia de que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula: ...hasta la fecha no hay una sola identificación proveniente de restos del basurero de Cocula
Asimismo, el GIEI establece que los principales “responsables” según la PGR, fueron sometidos a tortura:
«Se recoge la documentación analizada caso por caso, una síntesis de la información relevante de cada uno de ellos, y los informes médicos y declaraciones incluidos en el expediente. El estudio fue sometido a la discusión de un panel de expertos internacionales, miembros del equipo del International Rehabilitation Council for Victims of Torture (IRCT) de Copenhague, que proporcionó numerosas sugerencias que mejoraron el estudio hasta validar su metodología y conclusiones. Todo ello muestra tanto los indicios muy importantes de torturas en estos casos, como que no se realizaron informes médicos que respondan a los estándares internacionales de investigación sobre las denuncias de malos tratos y torturas.»
Asimismo, señaló que existen serias contradicciones en la investigación de la PGR, en particular en lo relacionado con el destino y utilización de los teléfonos de los normalistas:
“El análisis de la telefonía de los normalistas evidenció que algunos de los teléfonos estuvieron activos todavía una horas o días después de lo sucedido. Particular relevancia tiene que uno de los normalistas envió un mensaje a su madre, pidiéndole un recarga telefónica a la 01:16 h de la madrugada, una hora después de cuando según la versión oficial habrían sido asesinados en el basurero de Cocula. Otros teléfonos también permanecieron activos, en algunos otros se cambiaron los chips y siguieron utilizándose. Toda esta información debe ser profundizada en la futura investigación, tanto sobre los presuntos responsables y sobre el destino de los normalistas.”
Igualmente, contrariamente a lo insinuado por algunos medios oficialistas y por algunos funcionarios gubernamentales, el GIEI desmiente categóricamente las versiones sobre las implicaciones de los normalistas en el crimen organizado, y señala que las autoridades en todo momento supieron que se trataba de estudiantes:
“...el GIEI no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas. Las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar autobuses para realizar una marcha el 2 de octubre.”
Por otra parte, el GIEI confirmó que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real y decidió permanecer omiso además de no responder a las preguntas del Grupo:
“Los responsables del 27 Batallón, incluyendo los servicios de inteligencia, tuvieron información en tiempo real de los movimientos de los normalistas y controlaron su recorrido tanto antes de llegar a las afueras de Iguala, como posteriormente cuando se dirigieron a la ciudad, a través del C-4 y dos agentes de inteligencia. Una buena parte de dicha información fue según las declaraciones del teniente JC compartida con la Zona Militar 35 de Chilpancingo.”
El caso Iguala ilustra el patrón de indolencia y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad por parte de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, sin que hasta la fecha existan signos de apertura para atajar esta grave crisis, como lo demuestra la negativa del Gobierno de México para que el GIEI continuase sus trabajos en nuestro país después del 30 de abril del presente año, cuando culminó su mandato.
Tanhuato
El 22 de mayo de 2015 fueron asesinadas 42 personas en el Municipio de Tanhuato, Michoacán, en un lugar conocido como rancho “El Sol”, en el marco de un operativo coordinado por la Policía Federal. Según pobladores, los elementos rodearon previamente las 112 hectáreas del rancho y comenzaron el operativo cuando arribó al lugar un helicóptero Black Hawk desde el cual fueron realizados la mayoría de los disparos.
En agosto de este año, la CNDH presentó sus recomendaciones sobre el caso en que concluyó que por lo menos 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente:
• Las 22 personas ejecutadas extrajudicialmente, según la CNDH, recibieron los disparos a una distancia no mayor a los 90 centímetros, 13 de ellas cuando estaban de espaldas.
• Cinco fueron ejecutados desde un helicóptero de la Policía Federal, una persona expuesta a fuego cuando se encontraba con vida y tres fueron ejecutadas a pesar de que ya estaban sometidas.
• 13 víctimas se encontraban desarmadas.
• Ocho fueron privados de la vida mientras se desplazaban en una parcela, a campo abierto, y sin posibilidad de protegerse de sus victimarios.
• El helicóptero artillado llegó a la zona a las 08:30 am. Desde él se dispararon 4 mil proyectiles hacia la bodega y la casa del rancho, lo que provocó un incendio y la muerte de una persona que estaba en la bodega.
• Elementos de la PF movieron 7 cadáveres de su posición original, inmediatamente después de su deceso.
• Fueron sembradas armas de fuego a 16 cadáveres.
• No se pudo determinar las circunstancias de la muerte de 15 personas y el grado de participación que tuvieron en el enfrentamiento.
• En el lugar se aseguraron 40 armas largas, dos armas cortas y un lanzacohetes, así como 2 mil 632 casquillos percutidos, mil 144 cartuchos y 85 cargadores.
Nochixtlán
El domingo 12 de junio de 2016 fueron detenidos los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez y Francisco Villalobos. La PGR informó que Núñez era acusado de lavado de dinero por 24 millones de pesos por lo que se le fincó el delito de «operaciones con recursos de procedencia ilícita», mientras que Villalobos era acusado de robo de libros de texto gratuito de la SEP, por lo que se le fincó el delito de «robo agravado».
Las detenciones anteriores motivaron una fuerte protesta y movilización no sólo por parte de miembros de la CNTE sino también por parte de simpatizantes de la ciudadanía. Así, desde el 14 de junio se realizaron paros de labores, protestas, bloqueos y marchas en al menos tres Estados.
Igualmente, los bloqueos carreteros encabezados por la Sección 22 de la CNTE, derivaron en la virtual toma de las plantas de hidrocarburos de Salina Cruz, lo que motivó que PEMEX advirtiera que se realizaría un paro de operaciones en las mismas lo que «podría derivar en desabasto de gasolinas, diésel y turbosina en las zonas en que abastece la refinería».
El clima de confrontación encontró su punto más álgido el 19 de junio de 2016, cuando, en el marco de las protestas por la liberación de sus compañeros, profesores de la CNTE y simpatizantes de la población civil, realizaron desde el sábado un bloqueo de la carretera Oaxaca-México en el tramo de la carretera que va de Huajuapan de León a Oaxaca, en el municipio de Nochixtlán.
A raíz del bloqueo anterior, la Policía Federal (PF) realizó un operativo en conjunto con la Policía Estatal para liberar la carretera, produciéndose un choque con una duración de más de quince horas, además de un saldo de al menos 6 personas fallecidas por arma de fuego, 53 civiles lesionados, 55 policías heridos (5 por impacto de bala), así como 21 detenidos.
En un principio, la PF declaró que sus elementos no tenían armas de fuego y sólo portaban toletes y escudos. Sin embargo, enseguida la agencia de noticias Associated Press constató que agentes de la Policía Federal abrieron fuego para disolver las protestas en que los manifestantes habían utilizado los vehículos incendiados como barricadas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) afirmó que las fotos del enfrentamiento difundidas en redes sociales eran falsas; no obstante, la agencia Xinhua comprobó la autenticidad de sus fotografías difundiendo los metadatos con fecha y hora de las fotos tomadas ese domingo.
Tras horas de la refriega y después de que comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales las anteriores evidencias sobre la utilización de armas de fuego por parte de los uniformados, el Comisionado de la PF en Oaxaca, Enrique Galindo, admitió que un grupo de agentes federales usó armas de fuego durante el operativo.
Asimismo, el Comisionado explicó que hubo dos etapas en el operativo, la primera, durante el desalojo, en que sostuvo que los uniformados no llevaban armas, y un segundo momento al final del operativo cuando, según el Comisionado, los uniformados se percataron de disparos de armas de fuego ajenas a los elementos de seguridad:
“Después, ante los disparos de sujetos no identificados que dispararon contra los policías y contra civiles que incluso estaban ahí en un tianguis, hubo necesidad de que llegara un grupo armado de Policía Federal, que llegaron al final y es ahí donde mi gente fue armada.”
Igualmente, los profesores y simpatizantes de la CNTE denunciaron la existencia de “infiltrados” en los enfrentamientos, quienes habrían disparado tanto hacia la población como hacia los agentes, lo que como ya se ha señalado, motivó la acción policial descrita así por el diario La Jornada:
“Los gendarmes se parapetaron en una vulcanizadora para accionar sus pistolas y rifles de asalto; aunque cayeron heridas varias personas, los docentes y pobladores que los apoyaban no cedieron un ápice de terreno a los uniformados.”
Asimismo, maestros denunciaron que elementos de la Policía Federal tomaron el hospital de Nochixtlán para impedir que los heridos fueran atendidos, por lo que tuvieron que instalar un centro de atención en una escuela de Hacienda Blanca, Oaxaca, en donde también fueron víctimas de ataques con gases lacrimógenos.
Finalmente, los agentes se retiraron culminando el operativo, mismo que según la Comisión Nacional de Seguridad dejó un saldo de 8 muertos y 108 heridos.
Todos estos casos emblemáticos de grave crisis de derechos humanos que padece nuestro País, ilustran patrones de comportamiento por parte de las autoridades que dejan mucho que desear en materia de defensa y protección de los derechos humanaos, y en algunos de ellos puede incluso presumirse la comisión de crímenes de lesa humanidad, como señaló en junio de 2016 la organización internacional Open Society Justice Initiative, que en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), presentó un informe cuyo título no deja lugar a la especulación: “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”.
V. Las comisiones de la verdad, por sus características de origen, tienen un alcance limitado tanto en términos de temporalidad como de los hechos que les ocupan, pero sobre todo debido al status jurídico que posean según su contexto. Así, la mayoría de las comisiones de la verdad han surgido a partir de decretos presidenciales o de comisiones parlamentarias, teniendo mayor o menor éxito en la medida en que puedan o no incorporar a la sociedad civil organizada en la misma, y en las facultades que se le atribuyan según su status.
Uno de los casos que mejor ejemplifican el impacto social logrado por la integración ciudadana de las comisiones de la verdad, quizá sea el de Argentina, cuya comisión fue encabezada por el escritor Ernesto Sábato, y cuyo informe final tuvo amplios alcances en la conciencia pública argentina:
“Después de nueve meses, la comisión entregó al presidente un informe completo, Nunca más. Una editorial privada, en cooperación con el gobierno, publicó una versión abreviada en forma de libro. El informe se convirtió de inmediato en un éxito de ventas: el primer día se vendieron 40,000 ejemplares y en las primeras ocho semanas se llegó a los 150,000. Hasta ahora ha habido más de 20 reimpresiones, ha vendido más de 300,000 ejemplares y es uno de los mayores éxitos de venta en la historia de Argentina. Después de 15 años de su publicación, el informe todavía puede encontrarse en muchos quioscos callejeros de todo Buenos Aires.”
Lo anterior evidencia que las sociedades contemporáneas se encuentran ansiosas de ejercer su derecho a la verdad, de conocer exhaustivamente las razones reales de determinados hechos sociales que moldearon notablemente la conciencia pública, como sucede en el caso de la década que abarca la guerra contra la narcotráfico, y que bien podríamos calificar como la nueva década pérdida, en alusión a la producida en el siglo pasado en Latinoamérica.
Sin embargo, el impacto anterior proviene de la credibilidad generada entre la población hacia la integración y funcionamiento de aquella comisión, que a pesar de haber sido creada por decreto presidencial y de no contar con muchas facultades investigadoras debido en parte a leyes de amnistía y reticencias militares, logró cohesionar a amplios sectores de la sociedad, al verse representados activamente en la misma: la comisión poseía legitimidad ciudadana.
Pero el caso más exitoso en la historia de las comisiones de la verdad es probablemente el de Sudáfrica. La comisión creada fue encabezada por el reconocido Arzobispo Desmond Tutu; y sus alcances extraordinarios se deben sobre todo a que no se originó mediante un decreto presidencial, ni como una comisión especial parlamentaria, sino que fue creada a través de una iniciativa de ley que «establecía un cuidadoso equilibrio entre sus facultades y una amplia capacidad investigación». Dicha ley, la Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, creaba la Truth and Reconciliation Commission, una comisión de la verdad que funcionaría como organismo oficial:
“La ley, redactada en un preciso lenguaje legal y que ocupaba más de 20 páginas escritas a un espacio, daba a la comisión capacidad de otorgar amnistías individuales, registrar instalaciones y confiscar pruebas, citar testigos a declarar y poner en práctica un complejo programa de protección de testigos. Con un equipo de 300 personas, un presupuesto de unos 18 millones de dólares anuales durante un periodo de dos años y medio, y cuatro grandes oficinas en diferentes puntos del país, la magnitud y el alcance de esta comisión eclipsaron los de las comisiones de la verdad previas. La ley establecía que la comisión iba a trabajar en tres comités interconectados: el Comité de Violaciones a los Derechos Humanos era el responsable de recibir declaraciones de víctimas y testigos, y también de registrar la magnitud de las grandes violaciones a esos derechos; el Comité de Amnistía gestionaría todas las solicitudes de amnistía y decidiría sobre ellas, y el Comité de Reparaciones y Rehabilitación concebiría y propondría recomendaciones para un programa de reparación.”
Como se observa, los casos exitosos de comisiones de la verdad alrededor del mundo, configuran de manera radical la imagen que las sociedades tienen de sí mismas, y sobre todo son importantísimos instrumentos para facilitar la transición política después de períodos particularmente violentos y conflictivos, como en el caso de México.
Por ello, la presente iniciativa contempla la creación de una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, que tenga todas las garantías de independencia ciudadana, así como amplias atribuciones en materia de investigación, tomando en cuenta las citadas experiencias legislativas de Argentina y Sudáfrica.
VI.Según lo expuesto anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos urgente la necesidad de diseñar mecanismos autónomos, íntegramente constituidos por ciudadanos independientes, y con todas las facultades necesarias para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas de la actual crisis nacional de derechos humanos.
Es por ello que la presente iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, que sea un órgano de investigación con plenos poderes y facultades para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018, y cuya composición sea eminentemente ciudadana:
I.La Comisión de la Verdad tendrá los siguientes objetivos fundamentales:
a. Garantizar el derecho a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en México en los dos últimos sexenios.
b. Garantizar la búsqueda con vida de las personas desaparecidas.
c. Garantizar la reparación de daño a todas las víctimas.
d. Sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
e.Realizar recomendaciones exhaustivas para la no repetición de los hechos.
f.Entregar un informe final vinculante.
II.Para el cumplimiento de estos objetivos la Comisión de la Verdad contará con las más amplias facultades concedidas por el Estado Mexicano, en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos.
III. Esta Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas, que estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por las víctimas de las violaciones a los derechos cometidas en el periodo objeto de la presente Ley, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
IV. Asimismo contará con un Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, también eminentemente ciudadano, y que estará encargado de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional, en coordinación con el nuevo Sistema Nacional de Búsqueda.
V. La Comisión de la Verdad estará integrado por cinco Comisionados, tres especialistas en derechos humanos, así como dos más representando a las víctimas. Los comisionados serán elegidos por una Comisión de Selección ciudadanizada, a propuesta de las organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y de las universidades públicas.
VI. El máximo órgano de gobierno de la Comisión de la Verdad será el Pleno, que funcionará como cuerpo colegiado y estará presidido por uno de Comisionados elegido por el resto.
VII.El Presidente de la Comisión podrá solicitar a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, la comparecencia de cualquier autoridad o servidor público que se niegue a colaborar con ella, para que explique dicha negativa o las razones por las que obstaculiza su trabajo.
VIII.Las sesiones de la Comisión de la Verdad serán públicas, se celebrarán cada sábado a las 17:00 horas y serán transmitidas en cadena nacional.
IX. Para asegurar la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones y para no enrarecer el siguiente proceso electoral federal, la presente iniciativa contempla que la Comisión de la Verdad entre en funciones a partir del 1º de diciembre del 2018, una vez integrado el nuevo Congreso de la Unión y comenzado el nuevo Gobierno Federal.
X.Al finalizar sus funciones, la Comisión de la Verdad entregará en sesión solemne del Congreso General, un Informe Final que deberá detallar las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que investigó.
XI. La Comisión de la Verdad dará vista del Informe Final a las instancias de procuración e impartición de justicia, para que inicien las acciones correspondientes en contra de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
XII. Esta Comisión de la Verdad habrá de establecer relaciones de coordinación con el resto de organismos del Estado, quienes estarán obligados a colaborar con ella, así como con organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus objetivos.
El Informe Final que la presente iniciativa contempla constituirá así una pieza clave en la construcción de una transición pacífica hacia un auténtico cambio de régimen, que reconozca la existencia de las víctimas y esté en condiciones de constituir un documento de memoria histórica, como señala Priscilla Hayner:
“...esos organismos de la verdad pueden tener importantes consecuencias a largo plazo que tal vez nadie espere cuando inician su trabajo. Parece que es así sobre todo en el ámbito judicial y en lo que se refiere a la rendición de cuentas. En los últimos años, en concreto, se ha recurrido con mucha frecuencia a los archivos e informes de varias comisiones de la verdad del pasado para llevar ante tribunales internacionales a personas acusadas de violar los derechos humanos. De repente es manifiesta la utilidad de tener un archivo bien documentado sobre los crímenes de un régimen anterior, incluso en casos en los que es totalmente imposible realizar juicios en el interior de las fronteras nacionales.”
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que dada la experiencia exitosa en los años recientes sobre la creación de comisiones de la verdad para esclarecer la verdad sobre hechos tan escabrosos como el apartheid en Sudáfrica o las violaciones a los derechos humanos de la dictadura argentina del siglo pasado, debe considerarse la creación de una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, que tenga poderes extraordinarios de investigación, y que pueda en tal sentido estar en condiciones de emprender un proceso de reparación integral del daño que garantice el derecho a la verdad del pueblo de México, sobre la actual crisis de derechos humanos y sobre la estrategia de combate al crimen organizado que la originó.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DecretoQue expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México
Artículo Único.-Se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, para quedar como sigue:
Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México
Capítulo IDisposiciones GeneralesArtículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene como objeto y finalidades las siguientes:
I. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de México, sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018;
II. Garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de las personas desaparecidas durante el periodo referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino de los cuerpos de las mismas;
III. Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; y
IV.Sancionar, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el periodo referido.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Comisión de la Verdad: la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México;
II. Comisionado: cada de uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad;
III. Comités:el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Comité para la Reparación del daño a las Víctimas;
IV. Pleno: el órgano colegiado de la Comisión de la Verdad; y
V. Presidente: el Comisionado que preside el Pleno de la Comisión de la Verdad.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, el derecho a la verdad implica el conocimiento y divulgación de las causas, motivos, modos, y circunstancias que rodearon a los delitos que constituyeron violaciones a los derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.
Capítulo IIDe la Comisión de la VerdadArtículo 4. La Comisión de la Verdad es un organismo de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es investigar, sancionar, prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que le ocupa.
Para el cumplimiento de sus atribuciones atenderá a lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5. Además del cumplimiento de las finalidades de la presente Ley, la Comisión de la Verdad tiene los siguientes objetivos específicos:
I. Establecer un panorama lo más completo posible sobre las causas, naturaleza y extensión de las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos durante el periodo establecido en el artículo 1° de la presente Ley; así como sobre las perspectivas de las víctimas, y sobre los motivos y perspectivas de los probables responsables, a través de investigaciones, careos, interrogatorios o confesiones;
II. Contribuir a la restauración de la dignidad humana y cívica de cada una de las víctimas de los hechos anteriores, atendiendo a su relato sobre los hechos de que fueron víctimas y sus recomendaciones para la implementación de medidas de reparación del daño; y
III. Realizar recomendaciones exhaustivas al Estado Mexicano sobre las medidas necesarias que debe tomar para la no repetición de hechos violatorios de los derechos humanos.
Artículo 6. La Comisión de la Verdad podrá investigar hechos de naturaleza jurídica, social, política, forense, documental o de cualquier otra índole, para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y del pueblo de México en general, y para realizar la investigación, sobre las violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, ocurridos en el periodo transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.
Artículo 7. Es obligación del Estado Mexicano, a través de todos sus órganos y en sus tres órdenes de gobierno, brindar a la Comisión de la Verdad la información o el auxilio que ésta les solicite.
Artículo 8.La Comisión de la Verdad, para su funcionamiento elaborará y aprobará su Reglamento Interno, un plan de trabajo, un proyecto de presupuesto de egresos y demás normatividad necesaria; asimismo podrá suscribir convenios de colaboración con organismos nacionales o internacionales para el cumplimiento de sus labores.
Artículo 9. La Comisión de la Verdad contará con recursos públicos regulados conforme a las leyes en la materia, por lo que el Congreso de la Unión aprobará el monto de recursos que sea necesario para el cumplimiento de sus labores, salvaguardando en todo momento su autonomía de gestión.
Artículo 10. La Comisión de la Verdad tiene las siguientes atribuciones:
I. Recibir testimonios y establecer mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas sobre hechos violatorios de los derechos humanos. En todo tiempo protegerá estrictamente la identidad de los testigos, víctimas o denunciantes, que será clasificada y reservada en los términos de las leyes respectivas;
II. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo de delitos cometidos durante los hechos en cuestión, las violaciones a los derechos humanos, y la probable responsabilidad de personas involucradas, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;
III. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios de los hechos investigados, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;
IV. Ordenar a las autoridades competentes que brinden protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo para su vida o integridad por su intervención o participación en algún procedimiento de la Comisión de la Verdad, o por su involucramiento en los hechos que la misma investiga;
V. Solicitar al Poder Judicial las órdenes de cateo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, y la protección de personas o bienes jurídicos;
VI. Practicar en coordinación con la Procuraduría General de la República, las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de las instancias de seguridad pública;
VII. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a los organismos constitucionales autónomos, que puedan ser de utilidad para el debido ejercicio de sus atribuciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule la Comisión de la Verdad será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;
VIII. Investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del Estado que contribuyeron, con actuación u omisión a las posibles violaciones de los derechos humanos y a la probable comisión de delitos de los servidores públicos;
IX. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de sus atribuciones y evitar la dilación en su desempeño;
X. Establecer convenios de colaboración con cualquier persona o entidad nacional o extranjera, incluyendo órganos del Estado Mexicano, en orden a que le sea autorizado el uso de sus instalaciones, equipo o personal bajo el control de dicha persona o entidad;
XI. Denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito o delitos a las autoridades competentes;
XII. Solicitar la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias de administración de justicia estatal y federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables, se obtenga la información de los hechos objeto de esta Ley que pudieran tener cualquier autoridad de gobiernos extranjeros, así como organizaciones civiles, medios de comunicación o particulares con residencia en el extranjero;
XIII. Contratar personas expertas en derechos humanos, investigación de restos forenses, o cualquier otra especialidad, para el logro de sus objetivos conforme a las disposiciones legales aplicables y el presupuesto disponible asignado;
XIV. Celebrar reuniones para la consecución de sus objetivos en cualquier lugar dentro o fuera del territorio nacional;
XV. Realizar consultas, cuando lo considere necesario, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en términos de este artículo; y
XVI. Coadyuvar en el establecimiento de las garantías de no repetición de los hechos, preservando las memorias y testimonios de las víctimas.
Artículo 11. Para ser Comisionado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. Ser de probada honorabilidad;
III. Poseer una trayectoria probada en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos o ser especialista en la materia de esta Ley;
IV. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; y
V. No ser ni haber sido servidor público, en ninguno de los tres niveles de Gobierno, dirigente o miembro de partido político u organización política y no estar vinculado con los hechos o los actores objeto de la investigación de la presente Ley.
Artículo 12. La Comisión de la Verdad estará integrada por cinco comisionados:
I. Tres comisionados especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, antropología forense, psicología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas y organismos internacionales de derechos humanos;
II. Dos comisionados representando a las víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas, con reconocimiento público en la defensa de los derechos humanos.
Artículo 13.Los Comisionados serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de defensa y protección de los derechos humanos.
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de protección y defensa de los derechos humanos, para seleccionar a cinco miembros, en los mismos términos del inciso anterior.
El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorífico.
II. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a Comisionados.
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes de la Comisión de la Verdad y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;
d) Hacer público el cronograma de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
Artículo 14. La Comisión de la Verdad será presidida por uno de sus Comisionados, quien durará en su encargo hasta finalizar el periodo legal de la misma, y será elegido de entre los Comisionados, por mayoría calificada.
Artículo 15. Son atribuciones del Presidente de la Comisión de la Verdad las siguientes:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión de la Verdad;
II. Presidir el Pleno de la Comisión de la Verdad;
III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión de la Verdad, según lo dispuesto por la Ley y su Reglamento Interno;
IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;
V. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión de la Verdad, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;
VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión de la Verdad;
VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;
VIII. Solicitar a la Cámara de Diputados o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a colaborar con la Comisión de la Verdad, o las razones por las que obstaculiza, viola o interviene de cualquier manera sus funciones o atribuciones;
IX.Proponer al Pleno la integración de los Comités; y
X. Las demás que le señalen la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 16. La Comisión de la Verdad tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.
Artículo 17. Son atribuciones del Pleno de la Comisión de la Verdad las siguientes:
I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión de la Verdad;
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de la Verdad;
III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de la Verdad;
IV. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Comisión de la Verdad;
V. Designar a los Directores de los Comités, así como al resto de especialistas que lo integran; y
VI. Conocer los informes semanales de los Comités.
Artículo 18. Las sesiones ordinarias de la Comisión de la Verdad se celebrarán cada sábado a las 17:00 horas en la sede que para tal efecto considere el Presidente, serán públicas y deberán ser transmitidas en Cadena Nacional, y tendrán como finalidad desahogar los asuntos generales de la Comisión, recibir los informes semanales de los Comités, e informar a la ciudadanía sobre el resultado de las investigaciones.
La Comisión de la Verdad podrá celebrar sesiones extraordinarias, mismas que podrán ser públicas o privadas, y podrán ser convocadas por el Presidente o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Comisión de la Verdad, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.
Artículo 19. Las personas que integran la Comisión de la Verdad, no podrán ser sujetos de responsabilidad civil o penal por las opiniones, observaciones y recomendaciones que formulen, o por los actos relativos a las investigaciones que realicen durante el tiempo de vigencia de la Comisión de la Verdad creada por esta Ley.
Las personas que integran la Comisión de la Verdad serán responsables de la debida administración del patrimonio destinado para la realización de sus atribuciones.
Artículo 20. El personal que conforma la estructura administrativa de la Comisión de la Verdad, será considerado personal de confianza y su relación laboral se regulará conforme a las disposiciones aplicables, con sujeción a los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía y honradez.
Artículo 21. La Comisión de la Verdad contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será nombrado por la mayoría de votos de los comisionados, misma que será responsable de dar seguimiento y cumplimiento a sus acuerdos para alcanzar los objetivos de la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 22. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su designación, los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Gozar de buena reputación; y
III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.
Artículo 23. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Proponer al Presidente de la Comisión de la Verdad, las políticas generales que en materia de la presente Ley habrá de seguir la Comisión de la Verdad ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales;
II. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de la Verdad con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, sobre la materia de esta Ley;
III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos;
IV. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo informativo y documental de la Comisión de la Verdad; y
VI. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 24. La Comisión de la Verdad tendrá un periodo legal de funcionamiento de dieciocho meses a partir de su instauración, y sus funciones podrán prorrogarse por doce meses más cuando ésta así lo solicite.
Para la prórroga a que se refiere al párrafo anterior, deberá contarse con la aprobación de la Cámara de Senadores, por lo que la Comisión de la Verdad deberá solicitarla al menos sesenta días naturales previos al término de los dieciocho meses referidos en el primer párrafo del presente artículo.
Capítulo IIIDe la Búsqueda de Personas DesaparecidasArtículo 25. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tendrá como finalidad encabezar la búsqueda a nivel nacional e internacional, así como conducir las acciones que pudieran llevar a la presentación con vida de las personas o al conocimiento sobre su último destino.
Artículo 26. El Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas será encabezado por un Director, e integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Tanto el Director como los expertos y especialistas serán designados por el Pleno de la Comisión de la Verdad.
Artículo 27. El Director del Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar las acciones derivadas de la búsqueda nacional e internacional de los o de sus restos forenses, así como informar al Presidente sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;
II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas, así como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;
III. Establecer relaciones de coordinación con el Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas de violaciones a los derechos humanos; y
IV. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 28. Para el cumplimiento de sus objetivos el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá su disposición las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda y podrá solicitar a la Comisión Nacional de Búsqueda la participación de los Grupos de Búsqueda que estime necesarios.
Capítulo IVDe la Reparación del Daño a las VíctimasArtículo 29. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas, que estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por las víctimas de las violaciones a los derechos cometidas en el periodo objeto de la presente Ley, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Artículo 30. El Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas será encabezado por un Director e integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Tanto el Director como los expertos y especialistas serán designados por el Pleno de la Comisión de la Verdad.
Artículo 31. El Director del Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar las acciones dirigidas a la reparación del daño a las víctimas, así como informar al Presidente sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;
II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con las acciones encaminadas a la reparación del daño a las víctimas, así como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;
III. Establecer relaciones de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el cumplimiento de sus funciones;
IV. Solicitar a la Comisión de la Verdad medidas urgentes de protección a las víctimas o a cualquier persona involucradas en los hechos investigados o en su investigación;
V. Solicitar a la Comisión de la Verdad la erogación de partidas presupuestales específicas destinadas a la reparación del daño a las víctimas;
VI. Establecer relaciones de coordinación con el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; y
VIII. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente Ley.
Capítulo VDel Informe Final de la Comisión de la VerdadArtículo 32. Para garantizar el derecho a la verdad, la Comisión de la Verdad, una vez terminada su investigación, redactará un Informe Final detallando las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos y los probables delitos ocurridos durante el periodo transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018; así como las recomendaciones sobre las medidas necesarias que debe tomar el Estado Mexicano en orden a eliminar la posibilidad de que hechos como los investigados por la Comisión de la Verdad vuelvan a ocurrir en el territorio nacional.
Artículo 33. El Informe Final será entregado en sesión solemne al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La entrega del Informe Final deberá ser transmitida en Cadena Nacional.
Artículo 34. La Cámara de Diputados establecerá los mecanismos para su difusión a efecto de que la sociedad mexicana e internacional conozca los resultados de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad.
Artículo 35. De los datos y hechos contenidos en el Informe Final, la Comisión de la Verdad dará vista a las instancias procuración e impartición de justicia, así como a los organismos constitucionales autónomos del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien las acciones legales a que haya lugar, en contra de quien o quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos y los hechos constitutivos de probables delitos, ocurridos en torno a los hechos investigados por esta Ley.
Artículo 36. La información contenida en el informe final de la Comisión de la Comisión de la Verdad tendrá validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales en procesos judiciales futuros.
Artículo 37.En caso de que la Comisión de la Verdad cuente con suficientes elementos para presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional durante el periodo objeto de esta Ley, la misma deberá especificar las circunstancias pertinentes sobre los mismos, adjuntando la documentación justificativa, y estará facultada para remitir dicha información en nombre del Estado Mexicano, a la Corte Penal Internacional con la finalidad de que ésta ejerza en nuestro País su jurisdicción en la materia.
Artículo 38. Los Comisionados, los Directores de los Comités y el personal adscrito a la Comisión de la Verdad, guardarán estricta reserva y confidencialidad de los documentos y datos personales de las víctimas, testigos y de todo aquél que haya rendido su testimonio en el desarrollo de las investigaciones, así como de la demás información obtenida por la Comisión de la Verdad, en el cumplimiento de sus objetivos.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor el 1º de diciembre de 2018.
Segundo. La Comisión de la Verdad deberá integrarse, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero.La Comisión de la Verdad elaborará y emitirá el Reglamento correspondiente a la presente Ley, su Reglamento Interno, y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los veinte días naturales siguientes a la integración formal de la misma.
Cuarto.La Cámara de Diputados aprobará para el ejercicio fiscal del año 2018, la partida presupuestal requerida para el óptimo cumplimiento de las funciones de la Comisión de la Verdad durante el mes de diciembre del mismo año.
Notas
1 Centro Internacional para la Justicia Transicional, «¿Qué es la justicia transicional?»,
https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
2 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, 13 agosto 2014,
(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf), p.61
3 Ibídem, pp.59-60
4 Hayner, Priscilla, Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, FCE, 2014 (edición electrónica)
5 «CIDH culmina visita in loco a México», Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comunicado de prensa No. 112/15,
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp
6 Ídem.
7 Op. Cit., Derecho a la verdad en las Américas, pp. 25-26
8 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas,
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
9 Op. Cit., Derecho a la verdad en las Américas, p.27
10 Ibídem, p.59
11 Ibídem, p.30
12 Ibídem, p.37
13 CIDH, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa,
http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-, p.259
14 Amnistía Internacional, Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, Madrid, Centro de Lenguas de Amnistía Internacional, 2014,
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr410202014es.pdf
15 «México, tercer país más peligroso para la prensa, alertan», El Universal, 3 de febrero de 2017,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/3/ mexico-tercer-pais-mas-peligroso-para-la-prensa-alertan
16 «Asesinatos de periodistas marcan un “punto de no regreso” en México, alerta Artículo 19», Proceso, 28 de marzo de 2017,
http://www.proceso.com.mx/479900/asesinatos-periodistas-marcan-punto- regreso-en-mexico-alerta-articulo-19
17 «Periodistas asesinados en México», Artículo 19, (actualizada al 6 de octubre de 2017), https://articulo19.org/periodistasasesinados/
18 «La memoria, verdad y justicia también deben contarse», Animal político, 8 de septiembre de 2017,
http://bit.ly/2wPCa08; «Periodistas asesinados en México», Artículo 19, (actualizada al 6 de octubre de 2017), https://articul o19.org/periodistasasesinados/
19 « ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México», The New York Times, 19 de junio de 2017,
https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/
20 « Presupuesto para mecanismo de protección a periodistas en 2017: cero pesos», Aristegui Noticias, 24 de marzo de 2017,
http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo- de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/
21 «Han destruido la vida de este lugar: megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México», México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2012,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/ NaturalResource/Centro_de_DDHH_S.pdf
22 «Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México», México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p.138,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ 2016_IE_Desplazados.pdf
23 «Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)», Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Agosto de 2017,
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/sep/RNPED-20170912.pdf
24 «Crece 1,000% tortura con Calderón», Reforma, 26 de enero de 2017,
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/ default.aspx?id=1033373&v=4
25 «Dominó con FCH letalidad militar», Reforma, 31 de enero de 2017,
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/ default.aspx?id=1035913&v=3
26 «Hubo 68 masacres con Calderón», Reforma, 27 de enero de 2017,
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/ default.aspx?id=1034121&v=2
27 «Exclusiva: testigo revela ejecuciones en el Estado de México», Esquire Latinoamérica, 17 de septiembre de 2014,
http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire- Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/
28 «Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México», Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 5 de junio de 2016,
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/32/39/Add.2
29 Carlos Martin Beristaín, miembro del GIEI, durante la presentación de su “Informe Ayotzinapa”, el 6 de septiembre de 2015.
30 “Peritos argentinos denuncian irregularidades en el caso Ayotzinapa”, CNN México, 8 de febrero de 2015,
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/08/peritos-argentinos- denuncian-irregularidades-en-el-caso-ayotzinapa
31 “La PGR responde a peritos argentinos: sus opiniones sobre Ayotzinapa: ‘más especulaciones que certezas’”, Animal Político, 9 de febrero de 2015,
http://www.animalpolitico.com/2015/02/la-pgr-responde-cuestionamientos- de-peritos-argentinos-sus-opiniones-sobre-ayotzinapa-mas-especulaciones- que-certezas/
32 «Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas», Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.pdf
33 Ibídem. p.74
34 Ibídem. p.9
35 Ibídem. p.6
36 Ibídem. p.15
37 Ibídem. p.148
38 «Sí hay testigos en Tanhuato: “no tuvieron oportunidad”, la policía les disparó desde un helicóptero», Animal Político, 25 de mayo de 2015,
http://www.animalpolitico.com/2015/05/los-42-muertos-no-tuvieron- oportunidad-la-policia-disparo-desde-un-helicoptero-testigos/
39 «Lavado de dinero y robo de libros, los delitos por los que fueron detenidos dos líderes de la CNTE», Animal Político, 13 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/lavado-de-dinero-y-robo-de- libros-los-delitos-por-los-que-fueron-detenidos-dos-lideres-de-la-cnte/
40 «La CNTE realiza paros, bloqueos y marchas para pedir la liberación de sus líderes», Animal Político, 14 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cnte-realiza-paros-bloqueos- y-marchas-para-pedir-la-liberacion-de-sus-lideres/
41 «Si continúan los bloqueos de la CNTE, plantas en Salina Cruz, Oaxaca, deberán parar: Pemex», Animal Político, 17 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/si-continuan-los-bloqueos-de-la- cnte-plantas-en-salina-cruz-oaxaca-deberan-parar-pemex/
42 «El uso de armas contra maestros y civiles en Nochixtlán pone en duda la legitimidad de la Reforma», sinembargo.mx, 20 de junio de 2016,
http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056354
43 «CNS dijo que son falsas fotos de policías armados; Xinhua prueba autenticidad con metadatos», Aristegui Noticias, 19 de junio de 2016,
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/policia-si-uso-armas-durante- desalojo-en-oaxaca-agencia-muestra-metadatos-fotos/
44 «Chocan CNTE y PF; reportan 6 muertos», Reforma, 20 de junio de 2016,
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/ default.aspx?id=874062&v=6
45 «Enfrentamiento entre policías y manifestantes en Nochixtlán deja 6 muertos», Animal Político, 20 de junio de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/06/desalojo-en-oaxaca-provoca- enfrentamiento-entre-policias-y-maestros-hay-al-menos-6-heridos/
46 «Operativo deja seis muertos en Oaxaca», La Jornada, 20 de junio de 2016,
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/20/politica/002n1pol
47 Ídem.
48 «Open Society presenta informe sobre “atrocidades innegables” en México», Proceso, 6 de junio de 2016,
http://www.proceso.com.mx/443141/open-society-presenta-informe- atrocidades-innegables-en-mexico
49 Op. Cit., Verdades innombrables.
50 Ídem.
51 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 30 de 2017.— Diputados y diputadas: José Clemente Castañeda Hoeflich,Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri, Jorge Tello López, Leonardo Amado Rodríguez, María Candelaria Ochoa Avalos, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado José Clemente Castañeda Hoeflich. Se turna a la Comisión de Derechos humanos para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo. Adelante, diputada. Sonido en su curul, por favor.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para respaldar públicamente la posición de mi coordinador y reprobar también la violación sistemática que han tenido los derechos humanos en nuestro país, especialmente en los últimos años, coincidimos con él en que se requiere una disculpa pública de que México tiene que dejar de ser un escenario en donde la violencia es una constante. Entonces, pedirle a mi compañero si me permite suscribir la iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado, entiendo, acepta que se adhieran quienes estén interesados en apoyar esta iniciativa y por supuesto, será muy interesante la discusión en la comisión correspondiente.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y suplico a la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola prepare también su intervención. Adelante, diputado.
El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es incorporar el principio de sustentabilidad en la planeación del desarrollo nacional.
Uno de los problemas más relevantes de nuestro país es el diseño de estrategias y programas en torno a los derechos sociales, así como su falta de transversalidad hacia otros sectores.
Para Nueva Alianza es indispensable generar el impacto positivo y perceptible en la condición de vida de las personas, y que este tenga una visión de largo plazo. Para ello son precisas las políticas públicas encaminadas a terminar con la desigualdad y que estén vinculadas a este principio como sustentabilidad.
Las y los diputados turquesa consideramos que la política social en México debe tener alcances más amplios y no basarse en la simple dádiva. Para nosotros el camino del desarrollo está en construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Esa es la única vía hacia un crecimiento sostenido.
¿Pero cómo se vincula el desarrollo social a la protección al medio ambiente? La respuesta nos la proporciona el Inegi en su informe denominado Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2015, en el cual señala que durante ese año el deterioro ambiental representó la economía mexicana un costo alrededor de 907 mil millones de pesos, un equivalente al cinco por ciento del producto interno bruto.
De acuerdo con este mismo documento, la contaminación atmosférica representó el mayor costo ambiental, seguida por la degradación del suelo, el agotamiento de hidrocarburos, la contaminación de residuos sólidos, la contaminación del agua, la explotación del agua subterránea y, finalmente, los gastos generados por el consumo de recursos forestales.
No podemos seguir indiferentes ante esta situación. El principio de sustentabilidad plantea la satisfacción de las necesidades de una sociedad sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras.
Nuestra visión del desarrollo sustentable no solo se enfoca en la protección del ambiente, sino que establece una relación entre el impulso de la economía, el desarrollo social y la preservación del ambiente.
Al incorporarse este principio, la planeación del país se basará en generar estrategias o modelos multidisciplinarios con una viabilidad económica y una factibilidad ecológica.
Para Nueva Alianza es fundamental integrar el principio de sustentabilidad de reforma transversal en las acciones que el gobierno emplea para el desarrollo nacional, de ese modo el costo de la degradación ambiental podría utilizarse en programas dirigidos a la equidad social y al bienestar de las familias.
Las y los diputados turquesa nos comprometimos a incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales con el fin de evitar una mayor pérdida de nuestros recursos naturales.
En Nueva Alianza tenemos una convicción: la protección del medio ambiente debe ir de la mano del desarrollo humano del país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Ángel García Yáñez, diputado e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
A lo largo de los años, el Estado mexicano ha incorporado diversos mecanismos de mejoramiento como planes, programas y proyectos para la satisfacción de las necesidades de la población, cumpliendo con el fin por el cual se instauró.
Si bien estos elementos, aplicados y adaptados, se han convertido en la herramienta eficaz de operación para la resolución de las problemáticas sociales, también es cierto que debido a la complejidad de las necesidades propias de la evolución de la sociedad, inmersa en factores políticos, sociales, económicos y culturales, estos instrumentos han afectado otros ámbitos como el ambiental en su afán de transformar y mejorar la realidad nacional, por lo que su instrumentación requiere de un enfoque más amplio para garantizar, en mayor medida, el éxito en sus propósitos.
En este sentido, podemos encontrar que las políticas de desarrollo en nuestro país no han soslayado las implicaciones del bajo impulso de la economía mexicana y sus consecuencias como el desempleo, así como el estancamiento del desarrollo social con base en la desigualdad, donde la diferencia de oportunidades limita las ocasiones de crecer económicamente, ligado al anterior punto; no obstante, se observa que se ha dejado hasta el último punto la consideración de la degradación y destrucción de los recursos naturales a favor del desarrollo económico. Así ha sido en razón de diferentes factores, tales como la desigual distribución territorial de la población, el impacto de las actividades productivas o la urbanización, entre otras, afectando así la calidad del aire, el agua, los suelos y subsuelos, por mencionar algunos daños que han ocasionado el surgimiento de graves crisis ambientales.
En cuanto al impulso de la economía, nuestro país ocupa el lugar 45 en materia de inclusión y desarrollo económico, de entre 78 economías del planeta, y 29 como una de las economías en desarrollo, de acuerdo con el Reporte de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo 2017, realizado por el Foro Económico Mundial.
Haciendo un comparativo, lo anterior significa que las condiciones para promover la participación de los habitantes con menos recursos en la economía son menos propicias y oportunas en México que las proporcionadas por países de desarrollo similar al nuestro en América Latina, como Argentina, que ocupa el lugar 7; Uruguay, ubicado en el sitio 12; Costa Rica, en el 25; Panamá, que se encuentra en el 29 o Chile, que se ubica en el 30.
Ante ello, conviene recordar que la progresión económica se sostiene, entre otros factores, mediante la construcción y consolidación de activos y el emprendimiento, así como la generación de empleos y adecuados y pertinentes niveles de remuneración laboral.
En el caso de nuestro país, se constata que el bajo desarrollo económico deriva del lento crecimiento per cápita y la baja expansión de la productividad laboral, que prevalecen desde 2011, así como niveles de desempleo que no han disminuido, permeando principalmente entre los jóvenes de México con altas cifras. Si bien la tasa de desempleo durante el mes de abril del presente año se ubicó como la cuarta más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de desempleo en la para los jóvenes (de 15 a 24 años) ha tenido aumentos mínimos pero progresivos, dejando entrever la necesidad de integrar y desarrollar políticas públicas con una visión sustentable, dirigidas a la inclusión de este sector y que correspondan a la realidad que viven a diario.
En el rubro del desarrollo social, uno de sus problemas más relevantes se encuentra en el diseño de estrategias y programas en torno a los derechos sociales, así como su falta de transversalidad hacia otros sectores. En este sentido, nuestro país requiere generar un impacto real en la condición de vida de las personas, no sólo se deben ubicar los distintos espacios de desarrollo como si fueran aislados, es necesario articularlos a principios como el de la sustentabilidad para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo que encaucen los esfuerzos por erradicar la desigualdad social, sin comprometer otros sectores como la economía y el medio ambiente.
De acuerdo con datos publicados en un informe de evaluación de la política social ejercida en el año 2016, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se vislumbra que aún persisten numerosos sectores de nuestra sociedad que siguen en estado de vulnerabilidad, lo que obliga a precisar políticas públicas transversales que consideren sus particularidades, a fin de que cuenten con mejores y equitativas oportunidades en el ámbito económico, político y social, mismas que les permitan acceder a una mejor vida.
En este sentido, destacan algunos hechos para ejemplificar lo anterior:
• En el año 2014, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza y de éstas, 3 se encontraban en pobreza extrema. En contraparte, en la población de hombres no indígenas entre 21 y 55 años, la pobreza era de sólo 38.9 por ciento.
• La pobreza en los adultos mayores se agrava a partir de la acumulación de desventajas. Mientras el porcentaje de población mayor de 65 años en pobreza era de 45.9 por ciento, al diferenciar entre hombres y mujeres de la misma edad, encontramos que 46.3 por ciento de las mujeres mayores de 65 años se encontraba en esta situación. Si aunado a lo anterior se agrega un componente étnico, la cifra aumenta a 75.5 por ciento de mujeres indígenas mayores de 65 años en condición de pobreza.
• Mientras 83 por ciento de las personas de entre 15 y 64 años manifestaron dificultad en obtener ayuda para conseguir trabajo, la cifra aumenta a 86.3 por ciento entre las personas mayores de 65 años de edad.
• Solamente 31.6 por ciento de las mujeres ha contribuido alguna vez a la seguridad social, mientras que en los hombres este porcentaje asciende a 47.2.
• La situación de pobreza empeora en el caso de jóvenes indígenas, en 2014, 72.8 por ciento eran pobres, mientras solamente 44.1 por ciento de jóvenes no indígenas se encontraron en esta condición.
Ahora bien, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al presentar su estudio sobre el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas 2016 (HDI), el cual mide la esperanza de vida, educación e ingreso per cápita, detalla que, en una escala de 0 a 1, el Índice de Desarrollo Humano del país se ubica en el lugar 77 de 188 naciones, con una calificación de 0.762, lo que nos coloca en la categoría de Alto Desarrollo Humano; sin embargo, respecto al año previo, tal indicador descendió tres lugares, debido a que en 2015 se colocó en la casilla 74.
Estos ejemplos muestran que la política social en nuestro país debe tener elementos más amplios que la mera reducción de pobreza, a fin de generar una sociedad con igualdad de oportunidades. Pese a los esfuerzos y avances llevados a cabo en los últimos 5 años por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, que ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aún persisten contextos de bajo crecimiento.
Por último, en el ámbito de la preservación ambiental, podemos expresar que los recursos naturales de México, y del mundo en general, afrontan desde hace varias décadas procesos de deterioro sin precedentes, como la explosión demográfica y degradación del medio ambiente por el exceso en el consumo de los recursos naturales; también está la contaminación global, pérdida de biodiversidad, destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, cambio climático, modificación atmosférica, desertificación por erosión, entre otros.
La situación ambiental en nuestro país no ha cambiado. A pesar de las alertas de organizaciones de la sociedad civil y de académicos, nuestra nación cuenta con uno de los mayores índices de degradación a nivel mundial.
Esta situación ha sido en nuestro territorio creciente. De acuerdo con datos presentados en el informe denominado Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que durante ese año, esta problemática representó para la economía mexicana un costo de alrededor de 907 mil millones de pesos, suma que equivale a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Lo anterior significa programar un gasto considerable por parte de las autoridades mexicanas, con el objetivo de prevenir y/o, en su caso, enmendar la explotación sin medida y el detrimento de los recursos naturales y, en general, del deterioro de medio ambiente nacional.
Como lo explica el documento, la mayor parte del gasto corresponde a los costos generados por la degradación ambiental, concentrando 86 por ciento del monto agregado, que es algo superior a los 784 mil 757 millones de pesos; es decir, el 4.3 por ciento del PIB.
El agotamiento de los recursos naturales significó el restante 14 por ciento, unos 122 mil 716 millones de pesos, que equivale al restante 0.7 por ciento de la producción nacional en el año analizado.
En este sentido, la contaminación atmosférica resaltó con el mayor costo ambiental, seguida por la degradación del suelo, el agotamiento de hidrocarburos, la contaminación por residuos sólidos, la contaminación del agua, la explotación del agua subterránea y finalmente, los gastos generados por el consumo de recursos forestales.
Entre los años 2003 y 2015, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental han tenido un aumento de 40 por ciento, al pasar de 648 mil 58 a 907 mil 473 millones de pesos, mientras que el crecimiento del PIB en el mismo periodo fue de 136.4 por ciento por ciento; es decir, el crecimiento económico del país ha sido más de tres veces mayor a los gastos que la sociedad en conjunto tendría que efectuar para prevenir o remediar el daño ambiental ocasionado por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
En este tenor, nos damos cuenta que el costo de la degradación ambiental representa un gasto que, en el supuesto de implementar el principio de sustentabilidad de forma transversal en las acciones que el gobierno emplea para el desarrollo nacional, podría utilizarse en programas dirigidos a los ciudadanos en materia de equidad social y el bienestar de las familias; por ello debemos poner especial atención en establecer los cambios legislativos necesarios para impulsar una visión transversal, basada en la sustentabilidad de las políticas públicas.
Lo anterior tiene sentido si prestamos mayor atención a la realidad imperante, en un ámbito donde la población, en los últimos 50 años, creció cerca de los 120 millones de habitantes, y en donde la política nacional ha pretendido solventar las demandas que esto significa. No obstante los significativos avances alcanzados, muchos mexicanos todavía subsisten en condiciones de pobreza, además del deterioro irreversible de los recursos naturales no renovables con los que cuenta el país.
El origen de esta situación se concentra en la falta de respeto hacia el medio ambiente por parte de ciudadanos y gobierno, siendo esta forma de interactuar con nuestro entorno el producto de una visión automática de aprovechamiento desmedido que se tiene de la naturaleza, considerando a los recursos naturales al servicio del hombre.
Si bien las políticas públicas deben contribuir al desarrollo integral de las personas, éstas también deben velar por un desarrollo económico y social sustentable, evitando a toda costa que la destrucción y el deterioro del medio continúen.
Reconocemos que resulta ineludible incrementar nuestra vida democrática, donde el desarrollo y crecimiento económico es fundamental para alcanzar estos fines; sin embargo, también debemos de alentar y fomentar nuestra conciencia y responsabilidad ecológica.
Por ello, esta reforma legislativa tiene como objetivo conciliar, por el bien de las futuras generaciones, el desarrollo integral de nuestra sociedad, haciéndola concordante con la conservación de la naturaleza, interviniendo legislativamente para tal fin, la máxima norma jurídica que nos rige, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de MotivosEl principio de la sustentabilidad hace referencia al equilibrio que existe entre una especie, con los recursos del entorno en el cual se desarrolla; este concepto plantea la satisfacción de las necesidades, en este caso de la sociedad, sin comprometer los recursos naturales de las generaciones próximas, buscando un equilibrio justo entre el uso de los recursos provenientes del medio ambiente y el consumo de los mismos por parte de los seres humanos.
Este concepto fue detallado por primera vez en el año de 1987, dentro del Informe de la Comisión de Bruntland, en el sentido de que es el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
A partir de la concepción de este precepto, con base exclusivamente en la protección del medio ambiente y en consonancia con el crecimiento de las demandas de la población, se han incorporado variables más complejas en aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, entre otros; lo que, con el paso del tiempo, y la evolución social, en el diseño y ejecución de políticas para el desarrollo han tenido que sumarlo a sus distintas esferas de análisis, que lo ha fortalecido y brindado un enfoque transversal.
En este sentido podemos argumentar que el desarrollo sustentable no sólo debe enfocarse en el medio ambiente, sino también en tres áreas principales: el impulso a la economía, el desarrollo social y la preservación ambiental, pues su aplicación no sólo refiere a un problema exclusivo de adecuaciones ecológicas dentro de un proceso social, sino a una estrategia o modelo multidisciplinario que debe tener una viabilidad económica y una factibilidad ecológica.
De lo anterior se desprende la importancia de incorporar el principio de la sustentabilidad en el desarrollo de los objetivos nacionales, estrategias y prioridades de nuestro país, lo que permitirá y fomentará, para la resolución de los complejos problemas de calidad de vida de la sociedad actual, un enfoque integrado de los aspectos económico, social, ambiental y político.
La presencia del desarrollo sustentable en la planeación nacional resulta esencial no sólo por lo complejo y característico de cada problemática, sino por la razón de ser de los planes, programas y proyectos gubernamentales, que fundamentalmente consisten en satisfacer, de manera eficiente y eficaz, las necesidades de la población a corto, mediano y largo plazos, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones, logrando estos propósitos a través de objetivos particulares, sin quebrantar la satisfacción de las propias necesidades de la sociedad.
Desde esta perspectiva, y para efectos de la presente iniciativa, el principio de sustentabilidad se desarrolla con un enfoque social en las políticas públicas, o acciones de gobierno.
En nuestro país todavía existen varios aspectos a observar y atender respecto a la eliminación de la pobreza extrema, la igualdad entre las mujeres y hombres, la generación de oportunidades para jóvenes, indígenas y personas con discapacidad, el desempleo, entre otros; aspectos que deben ser subsanados, pero desde una perspectiva que englobe las tres esferas de la sustentabilidad: la economía, el desarrollo social y la preservación ambiental.
Por ello, en función de las necesidades de atención permanente y eficaz que requieren nuestra sociedad, es que se propone un enfoque social para la elaboración de las políticas públicas, basado en la herramienta de la sustentabilidad, con el fin de que estos instrumentos diseñados para desarrollo integral de nuestro país den la debida atención y, sobretodo, que resuelvan en varios aspectos las problemáticas que aún persisten, no sólo para un grupo y en un momento, sino que vayan más allá, en beneficio de las comunidades a mediano y largo plazo.
En diversos estratos de nuestra sociedad, es evidente que las demandas que de ella emanan han rebasado la capacidad de respuesta del gobierno, así como su insuficiente capacidad económica, política y social para solventar las necesidades que se les presentan, de manera efectiva y en beneficios de todos. Para poder generar las condiciones que les propicien un incremento en su calidad de vida, sin comprometer el fututo, resulta necesario incorporar en la visión del desarrollo nacional el principio de la sustentabilidad, en específico en la planeación, operación y evaluación de las políticas públicas, con el fin de resarcir la incapacidad de respuesta del gobierno a la ciudadanía.
No cabe duda que mediante el desarrollo e implementación de una política pública elaborada bajo un enfoque sustentable, entendido como el mecanismo teórico-práctico que favorezca el incremento en la calidad del vida de los ciudadanos a mediano y largo plazo y que satisfaga efectivamente las necesidades de estos, es que se pueden cimentar las bases para concebir programas orientados a generar las condiciones que permitan solventar las necesidades básicas de la ciudadanía, proporcionándoles las herramientas necesarias y objetivamente requeridas, con la intención de incorporar a los grupos más vulnerables al sector productivo, beneficiando así a las economías locales, dando paso al desarrollo y crecimiento integral de nuestra sociedad.
Nuestro país cuenta desde la década de los años ochenta con un instrumento formal y legal para estos fines, que es el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que define los ejes rectores que encausarán las políticas y programas de atención dirigidos a mitigar las necesidades ciudadanas, precisando los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Asimismo, dicho plan debe contener las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sin omitir que sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirán el contenido de los programas que se generen dentro del sistema nacional de planeación democrática.
En este entendido, como grupo parlamentario, en Nueva Alianza creemos que resulta necesario incluir al desarrollo sustentable dentro del proceso de planeación, organización, integración, dirección y control de las políticas públicas, para que éstas acrecienten la calidad de vida de la población en los ámbitos económico, social, político y ambiental, de manera integral y en un mismo momento, para así subsanar, de manera definitiva y no de modo provisional o asistencial, las necesidades de la sociedad, además de que sus efectos den resultados viables, factibles y sostenibles a corto, mediano y largo plazos.
Toda vez que las políticas públicas son el modo de operación de los gobiernos para satisfacer las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, creemos que, dadas las condiciones actuales de México, es obligatorio considerar la utilización de un enfoque distinto al empleado en las últimas décadas; por ello es que impulsamos esta propuesta operativa, práctica y funcional para la aplicación de los programas de gobierno.
Como se ha expresado con anterioridad, el concepto de desarrollo sustentable, y su vinculación a la planeación e integración en el diseño y ejecución de las políticas públicas, no sólo supone tener en cuenta el aspecto ambiental sino, también, coadyuvar en el desarrollo social y económico, partiendo de un espacio de análisis en la toma de decisiones, con una extensa gama de oportunidades, líneas de acción y estrategias que incorporen las distintas disciplinas complementarias que sean necesarias.
Con la incorporación de este concepto al proceso administrativo de las políticas públicas, la ciudadanía puede verse beneficiada en el aspecto social al sumar esfuerzos en el combate a la pobreza, así como afianzar la concientización pública y la capacitación; asegurar la protección y promoción de la salud humana y la promoción del desarrollo de asentamientos humanos sustentables; de igual manera, en lo económico, este enfoque permitirá afirmar los vínculos con la comunidad internacional en cuestión de cooperación multilateral para mejorar el desarrollo sustentable en los países y en sus políticas internas, con la concepción de un cambio de patrones de consumo, así como contribuir a la generación de empleos sustentables; sin dejar de mencionar que, en lo que se refiere al aspecto medioambiental, servirá para desarrollar y fortalecer un enfoque integrado para la planificación y administración de recursos naturales, que dé como resultado mejores herramientas para el manejo de ecosistemas frágiles, la promoción de la agricultura sustentable y el fomento del desarrollo rural, entre otros.
México, al haber ratificado desde hace más de 20 años la Agenda o Programa 21, resultado de la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro en 1992, está comprometido a llevar a cabo una serie de adecuaciones legislativas e institucionales en beneficio de la ciudadanía, con respecto a los indicadores de sustentabilidad emanados de dicha cumbre.
En este tenor y dentro del contexto actual por el que nuestro país atraviesa, derivado de deficiencias de nuestro sistema, así como de agentes exógenos que afectan nuestra esfera en el ámbito político, económico, social y ambiental, es que surge la necesidad de explorar e impulsar nuevos patrones que fortalezcan a nuestro gobierno y su actuar, obviando la particularidad de no abandonar la búsqueda de la coherencia y la eficiencia que la planeación del desarrollo nacional y regional se le demanda.
Creemos que hoy, más que nunca, resulta necesario al momento de diseñar las políticas públicas, incorporar principios acordes al contexto actual, derivado de la evolución propia de la sociedad, a fin de brindar una real y factible atención a las necesidades y exigencias sociales que, en mínima medida, solicitan eficiencia y eficacia; de igual manera, creemos que es necesario trascender no sólo los resultados a corto plazo, sino que la visión y los objetivos del quehacer político deben ampliar su panorama, no con un enfoque individual o asistencialista, sino impulsar la generación de beneficios que incidan también en la comunidad y que éstos generen frutos a corto, mediano y largo plazos.
Debemos tener en cuenta que el propósito principal de la planeación del desarrollo radica en el crecimiento y la mejora de las condiciones coyunturales de un país; en nuestro caso, creemos que es necesario llevar a cabo esta transformación legislativa a fin de incluir el principio de la sustentabilidad para que, en la práctica, en la ejecución de los planes y estrategias sea posible emprender un uso realmente eficiente de los recursos materiales y humanos con los que cuenta el país y para ello, es condición indispensable generar los necesarios cambios en la arena legislativa e institucional, al más alto nivel y como prioridad, donde se contemple al desarrollo sustentable como el eje de una visión transversal que debe dar paso a la planeación y operación, con eficiencia, de las decisiones de política, integrando a todos los sectores involucrados en el diseño de las mismas.
En este entendido, presentamos la presente iniciativa con la intención de integrar el principio de la sustentabilidad al momento en que los gobiernos en turno, organicen el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, considerando que este tiene como propósito principal, favorecer el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones.
En Nueva Alianza estamos convencidos que una de las formas más eficientes de afrontar la problemática actual del desarrollo, reside en la incorporación transversal del principio de desarrollo sustentable, particularmente en la planeación, organización e integración de las líneas de acción, entendidas como las políticas públicas que el Estado mexicano debe emprender para la resolución integral de las problemáticas sociales y económicas que atraviesa nuestro país.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo primero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia , equidad y sustentabilidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
...
...
...
B. ...
C. ...
Artículo TransitorioArtículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 World Economic Forum, Insight Report “The Inclusive Growth and Development Report 2017”, (Enero 2017)
2 Ibídem.
3 Notimex. (Junio 14, 2017). Desempleo en México, cuarto más bajo de OCDE en abril. El Economista. Recuperado de
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/14/desempleo-mexico- cuarto-mas-bajo-ocde-abril
4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016”, (Abril 2017) Recuperado de
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf
5 Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2015
Recuperado de
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/ especiales2016_11_10.pdf
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Población. Hogares y Vivienda
Recuperado de
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
10 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), Desarrollo Sostenible. Recuperado de
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international- agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/
11 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de enero de 1983). Artículo 21 de la Ley de Planeación. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2017.— Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Ángel García Yáñez. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Como se anunció tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:—Claro que sí, siempre—. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Adelante.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Buenas tardes a todos ustedes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos crea la Ley del Seguro Social, dotando a los trabajadores de seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares fundando así la plataforma en la que sientan las bases de los derechos sociales para los trabajadores, que están encaminados a la protección y bienestar de los mismos trabajadores.
Sin embargo, la seguridad social se ha visto disminuida con leyes secundarias en la materia, que restringen el acceso efectivo a tales derechos, transgrediendo así a la Constitución federal. Este es el caso del derecho a la pensión por viudez, exclusivo únicamente a la esposa o concubina del trabajador asegurado, mientras que tratándose —ahí les va, señores— de los viudos o concubinos, se vuelve accesible solo cuando se demuestre una dependencia económica de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, con lo que se configura una violación al principio de igualdad consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, puesto que la norma que actualmente rige confiere el derecho al viudo o concubinario a recibir la pensión por viudez hasta el momento en que se acredite que este se encuentra totalmente incapacitado y que dependía económicamente de la trabajadora fallecida; mientras que para el caso de la viuda o concubina la ley no exige requisito alguno, otorgándole a la norma un innegable sesgo inequitativo entre hombres y mujeres.
Considerando que el derecho a la pensión por viudez se va generando durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones que realiza durante sus años de trabajo productivo, además de que debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en parte, el sustento a los beneficios de los trabajadores después de su muerte.
El Estado debe de garantizarlos sin distinción de género, por ello propongo a esta soberanía reformar el artículo 130 de la Ley del Seguro Social para eliminar los requisitos que son contrarios a la Constitución Federal. Por su atención y adhesión es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del PES
La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XXIX del Apartado A del artículo 123 crea Ley del Seguro Social, dotando a los trabajadores de seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Fundando así la plataforma en la que sientan las bases los derechos sociales para los trabajadores, tal como se advierte de la lectura de dicho precepto, estos están encaminados a la protección y bien estar de los trabajadores.
Sin embargo, la seguridad social se ha visto disminuida con leyes secundarias en la materia, que restringen el acceso efectivo a tales derechos, transgrediendo así a la Constitución federal.
Éste es el caso del derecho a la pensión por viudez, exclusivo únicamente a la esposa o concubino del trabajador asegurado, mientras que tratándose de los viudos o concubinarios,se vuelve accesible solo cuando se demuestre una dependencia económica de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, con lo que se configura una violación al principio de igualdad consagrado en el artículo 4o. de la Carta Magna, puesto que la norma que actualmente rige, confiere el derecho al viudo o concubinario a recibir la pensión por viudez, hasta el momento en que se acredite que éste se encuentra totalmente incapacitado y que dependía económicamente de la trabajadora fallecida, mientras que para el caso de la viuda o concubina, la ley no exige requisito alguno, otorgándole a la norma un innegable sesgo inequitativo entre hombres y mujeres.
Ahora bien, considerando que el derecho a la pensión por viudez se va generando durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones que realiza durante sus años de trabajo productivo, además de que debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en parte, la sustento de los beneficiarios de los trabajadores después de su muerte, el Estado debe garantizarlo.
En sesión del 26 de abril de 2017, la Segunda Sala sostuvo que la distinción establecida en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, no está fundada en algún criterio objetivo que justifique la diferencia en el trato entre hombres y mujeres, sino que parte más bien, de la idea de que el viudo o concubinario, en principio, no deben recibir una pensión por viudez en función de los roles tradicionales de género, siendo así que esta regla únicamente se rompe si se acredita que existen condiciones que le impiden acoplarse a tales roles.
Aunado a lo anterior, la Segunda Sala refirió que no era la primera vez que el Máximo Tribunal se pronunciaba al respecto, pues anteriormente había decretado la inconstitucionalidad de los artículos 152 de la Ley del Seguro Social abrogada y 130 de la Ley del Seguro Social vigente, preceptos que contenían el mismo supuesto normativo, tal como se acredita con las tesis de jurisprudencia que en seguida transcribo.
Seguro Social. El artículo 152 de la ley relativa, vigente hasta el 30 de junio de 1997, viola las garantías de igualdad y no discriminación. El citado precepto, al otorgar el derecho a la pensión por viudez sólo a la que fue esposa del asegurado o pensionado, a la concubina que cumpla con los requisitos señalados en él y al viudo que se ubique en el supuesto previsto en el propio precepto, viola las garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1o., párrafos primero y tercero, y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque excluye al concubinario del derecho a obtener dicha pensión, no obstante que está colocado en igualdad de circunstancias que la viuda, el viudo o la concubina, pues de igual manera aquél integra una familia con la asegurada o pensionada, razón por la cual no debe ser tratado de manera desigual o discriminatoria frente a los indicados sujetos.
Pensión por viudez. El artículo 130, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola las garantías de igualdad y de no discriminación.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contienen las garantías individuales de igualdad y de no discriminación, que tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que proscribe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. En ese contexto, el artículo 130, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer.
Amparo en revisión 664/2008. Abraham Carranco Sánchez, 17 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.
Como se advierte con la transcripción de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, la redacción del texto vigente viola diversos principios constitucionales, el principio de no discriminación, el principio de igualdad ante la ley.
Ante ello, en un acto republicano el Poder Legislativo debe actuar en consecuencia, atendiendo a que, la constitucionalidad debe ser la piedra angular de un Estado democrático, para ello es necesaria la voluntad de que quienes integran las Cámaras del Congreso, asumir el compromiso de garantizar la proporcionalidad, igualdad y justicia, tal y como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conforme a esta premisa, es indiscutible que la igualdad de género se encuentra directamente ligada al respeto a la dignidad humana; en consecuencia, el uso, disfrute y aprovechamiento de los derechos y su ejercicio en cualquier ámbito, debe tornarse efectivo.
Si bien históricamente ha existido en nuestra sociedad una desigualdad marcada entre hombres y mujeres, el avance en cuanto al empoderamiento de la mujer en todos los aspectos, no debe adolecer de la misma característica que durante épocas enteras ha lacerado la dignidad de aquellas como personas y que es la discriminación; por el contrario, encontrar el equilibrio de las potencialidades de cada uno de los sexos, resulta una tarea y una práctica interesante para los gobiernos, que pugnan por la desaparición de inequidades, con la visión de lograr un desarrollo completo y armonizado del ser humano en sociedad, sea hombre o mujer.
Con la presente iniciativa se pretende contribuir al respeto absoluto del derecho de igualdad entre mujeres y hombres y a la desaparición de una norma discriminatoria en perjuicio del sexo masculino.
Es necesario advertir que de no reformar el texto del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, implica para los trabajadores hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales, mediante mecanismos jurídicos como es el caso del juicio de amparo, lo que en consecuencia, genera un detrimento económico y emocional en el gobernado que buscará acceder a lo justo por una pifia en la ley.
Ahora bien, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo informará a la autoridad emisora correspondiente, lo que significaría evidenciar la pasividad legislativa del Congreso ante casos recurrentes en donde queda demostrada la inconstitucionalidad de la norma.
Asimismo, el tercer párrafo de la fracción II del propio artículo 107 prevé la declaratoria de inconstitucionalidad que, en el extremo del desacato del Poder Legislativo, podría ejercer el Judicial.
Instrumentos adoptados en la Constitución General, que permitirían en un determinado momento salva guardar la constitucionalidad de las normas generales secundarias, extremo que, a consideración de la suscrita, quedarían salvados si en el Congreso en un acto de auto crítica, es capaz de atender a las interpretaciones del Poder Judicial, máximo órgano en materia de constitucionalidad.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social
La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
DecretaÚnico. Se reforma el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 130.Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.
La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cuadro comparativoPalacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2017.— Diputadas: Refugio Trinidad Garzón Canchola,Ana Guadalupe Perea Santos (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola. Esta Presidencia le reconoce su puntualidad en el tiempo que se le asignó. La iniciativa se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
TOMA DE PROTESTA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Jesús Gilberto Rodríguez Garza y Mario David Mex Albornoz, diputados federales electos por el octavo distrito electoral del estado de Nuevo León y por la tercera circunscripción plurinominal, respectivamente.
En comisión para que los acompañen al acto de rendir protesta se designan a los diputados Juana Aurora Cavazos Cavazos, María Cristina Teresa García Bravo, Samuel Rodríguez Torres, Mirna Isabel Saldívar Paz, y Ana Guadalupe Perea Santos, para que sean tan amables de conducir a los nuevos diputados ante esta Presidencia a fin de tomarles la protesta de rigor.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su encargo)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Veo al licenciado Gilberto Rodríguez ¿el ciudadano David Mex se encuentra? Gracias, David, gracias don Gilberto. Ciudadanos Jesús Gilberto Rodríguez Garza y Mario David Mex Albornoz ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Jesús Gilberto Rodríguez Garza y Mario David Mex Albornoz: Sí protesto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si así no lo hicieran, que la nación de los demande. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
SE DECRETA LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR EN EL TEMA DE MODELO ACTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estimados diputados y diputadas, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se declara como asunto de trascendencia nacional y por lo tanto procedente, la petición de consulta popular en el tema del modelo actual de seguridad pública.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad pública
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Informo a ustedes que en razón de lo previsto por el artículo 109 del Reglamento, la discusión del presente dictamen procederá en un solo acto.
Es decir, escucharemos la fundamentación de la comisión. Acto seguido desahogaremos una moción suspensiva presentada por el diputado Rafael Hernández Soriano. Desahogado este trámite, en su caso, procederemos a escuchar los posicionamientos de los grupos parlamentarios y posteriormente escucharemos tres oradores a favor y tres oradores en contra y se preguntará si está suficientemente discutido.
Tiene, por tanto, la palabra la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar, hasta por cinco minutos, el dictamen de la comisión. Adelante, diputada.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, ciudadano diputado presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores, durante los últimos años el estado de la seguridad pública en el país ha constituido una seria y justificada preocupación de la sociedad mexicana.
Investigadores y especialistas en el tema han señalado que el Sistema de Seguridad Pública en México, por una diversidad de razones, tiene problemas serios de coordinación y eficacia. La percepción de inseguridad es muy, muy alta.
Seis de cada diez mexicanos considera la seguridad pública como el principal problema que nos aqueja. Por otra parte, la participación de las y los mexicanos en la transformación de nuestras instituciones ha sido clave y debe serlo también en la consolidación de un modelo de seguridad pública más democrático, más horizontal en el cual la toma de decisiones en torno a todo lo que le afecta involucre, precisamente, a los ciudadanos.
Necesitamos que las personas puedan estar en el centro de la toma de decisiones, y sin duda, la inseguridad es una de esas cuestiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros en los aspectos de los más apremiantes.
Por ello, hemos considerado procedente la petición de consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública para generar mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma, de manera congruente con los nuevos enfoques de seguridad democrática.
En ese sentido al analizar la procedencia de la petición de consulta popular relativa a modelo actual de seguridad pública, consideramos que la participación ciudadana en la seguridad pública que provee el Estado, genera mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma y que estos son factores fundamentales para la construcción de consensos, así como a la preservación del orden y la paz social, motivo por el cual estimamos que someter a consulta popular el actual modelo de seguridad pública en los términos que señala el artículo 6o. de la Ley Federal de Consulta Popular, es una acción congruente con los nuevos enfoques de seguridad pública democrática impulsados por el Estado, en corresponsabilidad con la sociedad.
Queda a su consideración, compañeras y compañeros diputados, el presente decreto. Gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada diputada. A efecto de esta discusión, ha solicitado el diputado don Rafael Hernández Soriano moción suspensiva. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para exponer las razones de su solicitud. Acto seguido se preguntará al pleno si procede.
El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación a discusión de este pleno constituye un engaño más del Grupo Parlamentario del PRI, que se ha autodenominado el grupo parlamentario del presidente. Es un engaño porque tratan de sacar por la ventana lo que no pudieron sacar por la puerta.
El presidente Peña envió en diciembre de 2014 una propuesta al Senado de la República, que fue modificada por esta Cámara. Los senadores, en pleno ejercicio de sus atribuciones y con altísima responsabilidad, decidieron que el mejor camino para el país era el mando mixto, que ha sido desdeñado, vilipendiado por el Grupo Parlamentario del PRI con el argumento de que no es la propuesta del presidente.
El pueblo no es ingenuo, la ciudadanía los está observando. Esta propuesta de consulta es una simulación. Como lo fueron las audiencias para escuchar, entre comillas, a la sociedad civil, en donde sí nos permitieron entrar a las mesas, pero jamás los escucharon.
En este mismo momento, en el Senado, están discutiendo una propuesta de Ley de Seguridad Interior, que seguramente va a apoyar el Revolucionario Institucional con el mismo argumento de que esa sí es la propuesta del presidente de la República.
Están desoyendo con estos actos de imposición legislativa al alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a más de 240 organizaciones y especialistas en materia de seguridad y de derechos humanos.
En los hechos, esta propuesta que nos están poniendo en el dictamen de la Comisión de Gobernación, es demagogia pura, obedece a una ausencia de imaginación de la clase política que gobierna este país, porque no están preparados para tomar decisiones de Estado y ahora acuden a propuestas demagógicas electoreras para aparentar que están sometiendo la materia de seguridad al escrutinio popular.
Querer consultar las decisiones de Estado al populus es un virus populista que parece que ya se está contagiando la mayoría legislativa de esta Cámara. La propuesta que nos están sometiendo a consideración no atiende los instrumentos internacionales que el Estado mexicano está obligado a hacer cumplir, a vigilar, no atiende las características de consulta popular que establece nuestra Carta Magna, tampoco atiende los requisitos que establece la Ley Federal de Consulta Popular. Es decir, es inconvencional, inconstitucional e ilegal.
Ya no hablemos del planteamiento de su pregunta, que a todas luces fue elaborada aprisa y sobre las rodillas. Están afirmando que 32 policías estatales son el modelo a seguir, cuando en su propio diagnóstico están diciendo lo contrario. Por el contrario, están afirmando también que mil 800 policías municipales no sirven, que no están procurando su obligación de dotar de seguridad a la población. No hay nada más maniqueo e irracional y falta de objetividad...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano:... de objetividad en esta propuesta, que esa afirmación y la formulación de su pregunta.
Es por ello que en esta ocasión respecto a la propuesta de consulta popular que nos está haciendo llegar en el dictamen la Comisión de Gobernación, por resultar inconvencional, inconstitucional e ilegal, vengo a solicitar a este pleno a que se suspenda la discusión del dictamen y sea devuelto a la comisión dictaminadora...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está concluyendo el diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano:... con el objeto de que se deseche y archive en forma definitiva. Es cuanto, presidente.
«Moción suspensiva que presenta el diputado federal Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema del modelo actual de seguridad pública.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado federal Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del PRD presenta moción suspensiva sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema del modelo actual de seguridad pública al tenor de la siguiente:
Motivación y JustificaciónLa Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 21 fracciones III que, a la letra dice:
“La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valory formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y deberá estar relacionada con el tema de la consulta.”
Si observamos cuidadosamente el texto propuesto:
¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada Estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?
En el texto de la pregunta se indica que las 32 policías estatales son “profesionales” y las 1,800 municipales “están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas”.
De lo anterior podemos afirmar que la petición de consulta no cumple con los elementos señalados en el artículo 21 del mencionado ordenamiento.
El artículo 27 señala que “Cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el 33 por ciento de los integrantesde cualquiera de las Cámaras del Congreso”, se seguirá el siguiente procedimiento:
I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.
. . .
Es decir que la Ley no limita el análisis de la petición de consulta popular únicamente a la verificación de los requisitos formales, sino que instruye a realizar un análisis y emitir una opinión relativa a su procedencia. Esto significa que, a pesar de que la Suprema Corte debe pronunciarse en definitiva por la constitucionalidad de la petición y la pregunta, no limita a la comisión de desechar esta petición, en caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la propia Ley.
Adicionalmente, si consideramos que la seguridad constituye, además de una función del Estado, un derecho humano omnigarante, es decir, un derecho que garantiza derechos, debemos considerar que el numeral 3 de la fracción VII del artículo 35 de la CPEUM y la fracción I del artículo 11 de la LFCP indican que la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución no podrán ser objeto de consulta popular, por lo que:
a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que la seguridad es un derecho humano (Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.)
b. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 señala que: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
En el artículo 12: “3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricción salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto”.
c. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en los Principios de Siracusa, aclaró que:
“Seguridad Nacional”
19. Solamente se puede invocar la seguridad nacional para justificar las medidas que limiten ciertos derechos cuando estas medidas se adopten para proteger la existencia de la nación, su integridad territorial o su independencia política contra la fuerza o la amenaza de la fuerza.
20. No se podrá invocar la seguridad nacional como motivo para imponer limitaciones o impedir amenazas puramente locales o relativamente aisladas contra el orden público.
21. No se podrá utilizar la seguridad nacional como pretexto para imponer limitaciones vagas o arbitrarias y solamente se podrá invocar cuando existan garantías adecuadas y recursos eficaces contra los abusos.
22. La violación sistemática de los derechos humanos socava la seguridad nacional y puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Un Estado que sea responsable de una violación de este tipo no podrá invocar la seguridad nacional para justificar las medidas encaminadas a suprimir la oposición a dicha violación o a imponer prácticas represivas contra su población.
“Seguridad Pública”
23. La seguridad pública significa protección contra los peligros para la seguridad de las personas, su vida o su integridad física, o contra los daños graves a sus bienes.
24. La necesidad de proteger la seguridad pública puede justificar las limitaciones vagas o arbitrarias y solamente se podrá invocar cuando existan garantías adecuadas y recursos eficaces contra los abusos.
d. En la Declaración de San Salvador sobre seguridad ciudadana, se establece que:
1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.
2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades.
...
4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la seguridad pública y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.
6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras, programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.
De lo anterior, se establece que el ámbito de la seguridad pública incide directamente en el ejercicio de los derechos humanos y constituye, en sí mismo, un derecho omnigarante. Es por ello que la materia de esta consulta debe considerarse dentro de lo establecido en la fracción I del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular y dentro de lo establecido en el artículo 35 fracción VIII numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, debemos considerar que el Sistema Político Mexicano se ha organizado territorialmente en Federación, estados y municipios, constituyendo éste último la célula fundamental del Federalismo Mexicano. El artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso h) atribuye explícitamente al municipio la función de seguridad pública, en los términos de coordinación establecidos en el artículo 21, y para ello la dota de una policía preventiva municipal y tránsito.
En este sentido, el proemio del mencionado artículo indica que “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”
Es decir que la célula fundamental del federalismo mexicano es el Municipio y, en consecuencia, se actualiza lo establecido en la fracción II del artículo 11 de la LFCP, la que señala que no serán objeto de consulta popular “Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución”, lo cual equivale a
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
Es decir, “el federalismo no se explica a plenitud sin el municipio, el cual tiene acomodo natural en el sistema federal; visto éste como una fórmula de descentralización del ejercicio del poder soberano del Estado; en esta óptica, el municipio es el tercer orden de gobierno y, por cierto, representa el contacto directo y natural del gobierno con la población... Nos debe quedar claro, y repetirlo si es necesario que el municipio es el único orden, no nivel, de gobierno que tiene territorio. Cuando se agrupan forman parte de un estado y cuando los estados se integran forma un gobierno federal, una Nación”.
Indica el propio dictamen de la Comisión Dictaminadora que los promoventes de esta Consulta consideran que:
“Que, en nuestro país, la obligación de atender las necesidades de seguridad pública de la población recae de manera directa en los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, pues se trata de una responsabilidad compartida entre tres tipos o categorías de policías con las consecuentes implicaciones de orden operativo y de coordinación que ellos implica.”(pp. 5)
Lo cual refuerza, inmanentemente, el argumento esgrimido relativo a que la consulta a discusión atenta en contra de los principios consagrados en el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual no debe declararse válida ni procedente.
Por lo antes expuesto y fundamentado, se somete a consideración del Pleno la siguiente:
Moción SuspensivaÚnico.Se suspenda la discusión sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta popular en el tema del modelo actual de seguridad pública y se regrese a la Comisión Dictaminadora a efecto de que, debido a su contenido inconstitucional e ilegal, sea desechada y archivada como un asunto completa y totalmente terminado.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2017.— Diputado federal Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, estimado diputado. Pregunte la Secretaría.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha.
A continuación, pasaremos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, al respecto, contarán hasta con tres minutos cada uno, iniciando con el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Movimiento Ciudadano.
Para ilustrar a la asamblea, se han registrado por sus grupos parlamentarios representantes del Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, de Morena, del PRD, del PAN y del PRI, y tenemos en la discusión en lo general inscritos dos diputados en contra y un diputado a favor. Les recuerdo que podrán ser tres en contra y tres a favor.
Les recuerdo también a los grupos parlamentarios que no han inscrito oradores que, llegando al Grupo Parlamentario de Morena, no podremos rescatar el turno de ninguno. Adelante, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Vengo a anunciar que los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta absurda y ridícula iniciativa y los invitamos a hacer lo mismo.
Pensamos esto porque este dictamen que se está sometiendo a discusión y a votación es ilegal, es imprudente y es ofensivo. El ilegal, porque la Ley Federal de Consulta Popular prohíbe expresamente que se someta a consulta popular el tema de seguridad nacional y el mismo partido proponente, el PRI, ha dicho ahora que argumentó a favor de la Ley de Seguridad Interior, que la seguridad pública es parte de la seguridad interior y esta de la seguridad nacional.
De tal manera que estamos aquí ante una terrible y notoria contradicción, definitivamente la ley prohíbe ese tipo de consulta con ese tema. Además, el mismo ordenamiento prohíbe que se pregunten cosas, incluyendo juicios de valor y la pregunta dice, en su parte final, que las policías municipales están mal capacitadas, equipadas y mal coordinadas.
Qué vergüenza, señoras y señores, que se haga una pregunta así de ilegal y así de improcedente y qué pena que se espera que la Suprema Corte de Justicia nos corrija la plana.
En segundo lugar, señalo que es imprudente porque el proceso legislativo es al cual se debió haber recurrido para intentar establecer el mando único. De hecho, hace un par de semanas se votó la minuta del Senado, que todos conocen, en la Comisión de Seguridad Pública, se votó en contra, pero ese era el vehículo, una iniciativa y no recurrir a una consulta popular que no hace otra cosa que consultar al pueblo algo de orden técnico de una forma mañosa, y ya he dicho, ilegal.
Y en tercer lugar y algo que me preocupa mucho, es ofensiva, qué desprecio muestran los promoventes de esta iniciativa por la institución pública municipal, la base de nuestro sistema político. Qué poca consideración a los esfuerzos que todos los días se hace en muchos municipios de México por cumplir cabalmente el mandato constitucional de guardar la seguridad de sus poblaciones.
Esta forma de preguntar que las policías municipales están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas, generalizando, es un absurdo y es una injusticia. En muchos estados y cito como ejemplo Jalisco, en el cual fui electo, las policías municipales con todos sus bemoles son mucho mejores que una ineficiente y cuestionada policía estatal. Y tenemos también el ejemplo del Estado de México, que tiene la policía estatal más corrupta de la república mexicana.
De tal manera que por estos tres conceptos: porque es ilegal, porque es imprudente y porque es ofensiva, los invito a votar en contra de esta propuesta. Gracias. Buenas tardes.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo.
A continuación, se le concede el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Morena. Suplico se prepare el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rene Cervera García:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante.
El diputado Rene Cervera García:Señoras y señores diputados, la democracia es una de las razones por las que hemos luchado desde hace muchos años en México, para contrarrestar los regímenes de privilegios que no han gobernado desde hace casi un siglo. Gobierno de complicidades, tomando decisiones en las cúpulas del poder sin considerar el sentir y la opinión de la ciudadanía.
Desde la izquierda y ahora desde Morena reivindicamos la imperiosa necesidad de tomar en cuenta las opiniones y demandas ciudadanas, porque debemos fortalecer la gobernanza, la gobernanza democrática. Somos servidores públicos y nos debemos a la decisión ciudadana de las urnas.
Morena, al igual que otros grupos parlamentarios, ha reivindicado el poder popular en esta Cámara a través de mecanismos de corte internacional, como son el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la ratificación de los tratados internacionales.
Morena ha pugnado por la consulta popular, por eso se planteó la realización de una de ellas en materia de reforma energética, avalada por la firma de millones de ciudadanos, verificada por el entonces Instituto Federal Electoral.
Con base en ese principio Morena ha presentado iniciativas en este pleno sobre revocación de mandato, sobre modificar los candados constitucionales establecidos al artículo 35. También para que las consultas ocurran no necesariamente en medio de los procesos electorales. Y finalmente, al plantear la realización de la consulta popular para la aprobación de tratados internacionales en materia energética y soberanía alimentaria presentada este mismo año.
Es preciso cumplir el artículo 35 constitucional de donde se desprende la Ley Federal de Consulta Popular. Un ordenamiento que debemos respetar con objetividad y honestidad, sin manipulaciones ni argumentaciones retóricas que tergiversen el sentido de la consulta a la ciudadanía.
El principal argumento esbozado en la discusión de este dictamen, en la Comisión de Gobernación, fue que tanto los diputados de Morena como otros legisladores han peleado por la consulta popular y ahora estamos en contra de la procedencia de esta, falacia pura, falacia absoluta.
Discrepamos con la pregunta que plantean sobre el tema toral que puede modificar la forma de gobierno, el modelo de seguridad nacional, como aquí ya se planteó y la soberanía de los estados de la nación.
Estamos comprometidos para que la gente se involucre en las decisiones políticas del gobierno, es lo que más queremos, pero que sea a partir de la demanda construida por la propia ciudadanía, no con consultas que esconden detrás la justificación de leyes de seguridad interior o imposiciones como el mando único policial.
La figura jurídica de la consulta popular tiene como finalidad que el pueblo promueva las condiciones para el libre y pleno desarrollo de las capacidades humanas, esenciales en todos los miembros de la sociedad. Hacer uso de la consulta popular para ese propósito, el que hoy nos ocupa, es hacer un uso perverso de este mecanismo.
La consulta popular se caracteriza por ser un instrumento a través del cual los ciudadanos manifiestan su opinión a propuestas sobre algún tema de interés público relacionado con las atribuciones de los Poderes de la Unión, instrumento que surge para evitar que las instancias representadas tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, monopolicen la representación y se constituyan en protagonistas exclusivos de la voluntad del Estado.
Estamos en un momento político trascendental para el país. Hace tres inició el proceso electoral más controvertido de los últimos 100 años, en donde la ciudadanía tendrá que tomar la decisión si continúa con los proyectos y gobernantes que han vendido a la patria o toman la decisión de un cambio verdadero, en donde la voluntad y la justicia social serán fundamentales en la vida política nacional. Estoy por concluir, presidenta.
Por eso el Grupo Parlamentario de Morena votará en contra del dictamen, porque pone una boleta más en las urnas del próximo proceso electoral y eso solo contribuirá nuevamente a la confusión, y será un elemento que podría manipular la voluntad del pueblo.
Estamos volviendo un eje de discusión electoral, un tema que tiene que ver con otras preocupaciones. Habrá elecciones federales, además ocho gubernaturas, una jefatura de gobierno...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Rene Cervera García:...mil 597 presidencias municipales y 10 mil regidores. Debemos fortalecer los procesos de elección para que la gente tome la decisión que más convenga a sus principios, a sus propios intereses y que estos no sean inducidos por la manipulación. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Y suplico al diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que prepare su intervención. Adelante, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano:El dictamen que nos someten a consideración en los hechos lo que acepta es que a unos meses de que muera el sexenio de Enrique Peña Nieto, el PRI, su partido, se ha dado cuenta de que su política de seguridad pública es fallida. De que no fueron capaces de tomar una decisión de Estado para proponerle al país un modelo de seguridad.
Por eso es que están recurriendo a esta propuesta de consulta popular que es inconvencional porque viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3o. Viola también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9 y 12. Los Principios de Siracusa y la Declaración de San Salvador referente a la seguridad ciudadana.
Además, está violando también el principio consagrado en el artículo 40 de la Constitución, en el que señala cuál es el diseño de nuestro país: el federalismo, que tiene como núcleo fundamental el municipio. Y son temas que no deben de someterse a consideración, el de derechos humanos, el del modelo de nación que tenemos y que ustedes están sometiendo a consideración con esta pretendida consulta pública.
Contiene además contenidos tendenciosos y juicios de valor en la pregunta en la que están sometiendo a consideración de las personas, de la gente, una decisión que tiene que ser una decisión de Estado, renunciando con ello, o tal vez no renunciando sino demostrando perfectamente que la clase política que gobierna este país no tienen altura de estadistas.
Decía el general Lázaro Cárdenas que quien no sabe escuchar, tampoco sabe gobernar. Ustedes no están escuchando a nuestro país, que requiere una clase política que tome decisiones, que le garantice seguridad en sus vidas y en sus bienes, que retire progresivamente a las Fuerzas Armadas de varias zonas en nuestro territorio nacional y que asuma de frente su responsabilidad de garantizarles seguridad pública, con mando civil. Eso es lo que quieren ocultar con esta pretendida consulta popular.
Que, además, hay que señalar, todavía tendrá que pasar el tamiz de la corte y el tamiz del Instituto Nacional Electoral. Por eso creo que se augura que, como su política fallida, también esta consulta falle, les falle, como le están fallando al pueblo de México.
Por eso el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará en contra, como hemos argumentado desde la comisión y en este momento, porque va en contra del interés nacional. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y suplico al diputado Carlos Iriarte Mercado, del PRI, preparar su intervención. Adelante.
El diputado Jorge Ramos Hernández:Con su venia, presidenta. Cada 16 minutos mueren cuatro mexicanos y mexicanas por homicidio doloso en este país. La decisión que vamos a tomar el día de hoy no es una decisión o discusión simple de ópticas partidistas o siquiera de visiones de modelo que podamos tener en materia de seguridad. La decisión que estamos por tomar hoy tiene una repercusión directa y concreta en la vida de habitantes de nuestro país.
Y en esta consulta lo que en realidad se está ocultando es un gran engaño al que PRI gobierno quiere llevar a los mexicanos. Ahora resulta que después de cinco años de tener el gobierno de la República, llegan a la conclusión que cuatro meses antes de retirarse del poder público le van a decir a la población que por dónde es el camino.
Apuestan a que se nos olvida que hace seis años en la campaña el PRI decía hasta con sarcasmo que ellos sí sabían cómo llevar a cabo la seguridad, que ellos sí tenían la receta de cómo poder organizar la seguridad pública, que ellos sí sabían cómo se coordinaba verdaderamente a los tres órdenes de gobierno.
Y ahora, derrotados por los resultados y por la realidad, sumidos en la incongruencia porque no la resolvieron, porque ahora justamente el argumento es de que no se pueden coordinar con el estado y los municipios, y que por eso llegan con la fórmula mágica de querer centralizar el mando policial en 32 entidades federativas y desaparecer las policías municipales de mil 800 municipios del país.
Con esta propuesta estaría feliz Édgar Veytia, de Nayarit; estaría feliz Tomás Yarrington; estaría feliz Mario Villanueva que está encarcelado por crimen organizado. Quieren mandar a los estados lo que han sido incapaces de gobernar desde la Presidencia.
Es injusto acusar a los municipios del país de que esté desbordada la criminalidad del narcotráfico y del crimen organizado porque no les corresponde, simple y sencillamente.
Y, por otra parte, la más importante, es inconstitucional esta medida. La Constitución establece que en materia de seguridad nacional no puede haber consulta popular, y la seguridad pública y sus instituciones forman parte de la seguridad nacional. Bonita cosa trivializar el debate entre si mandan 32 mandos o mil 800 policías, cuando saben perfectamente que en la reforma el mando mixto policial profundiza mucho más que en la trivialidad de quién es el que manda.
Al PAN no le importa quién manda, al PAN le importa policías limpias, al PAN le importa policías bien pagadas, al PAN le importa que los criminales que se prestan para la complicidad estén en la cárcel.
No queremos nosotros controlar el poder por controlarlo. Nosotros lo que queremos es lo que nos ha negado el PRI desde que empezó esta Legislatura, que es una reforma verdadera, sin simulaciones, sin máscaras.
Y no nos vamos de aquí sin decirles: su modelo fracasó. Si no hubiera fracasado no estarían cediendo a una consulta popular que saben que no sirve para nada.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Jorge Ramos Hernández: Les dejo bien claro, el PAN tiene la receta en base a resultados y el Frente tiene el modelo para regresarle la seguridad al país como lo hicimos en Tijuana, Baja California, que los narcotraficantes se fueron a su casa y también los militares regresaron a los cuarteles. Ahí están los resultados.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Jorge Ramos Hernández: Lo mismo hicimos en Juárez, lo mismo hicimos en Monterrey, y le pido al PRI: denme un estado de la República en estos cinco años que tenga resultados por los que valga la pena dar la cara.
No nos vamos a dejar ni ahorita ni en la próxima legislatura porque sabemos que es una evasión, es una mentira y es una irresponsabilidad. No nos van a jugar el dedo en la boca. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Iriarte Mercado:Con su permiso, presidenta. Resulta curioso, por así decirlo, cómo la memoria le puede faltar a algunas personas o individuos.
Lo que hoy acontece en nuestro país es un asunto de todas y todos los mexicanos. Y particularmente cuando hablamos de la seguridad de las mujeres y hombres, niñas, niños, adultos, tenemos que buscar cómo coincidir, cómo construir a partir del diálogo, del acuerdo, objetivos que sean fáciles de alcanzar.
Sin duda la Seguridad Pública está en el ánimo de todas y todos los que estamos aquí presentes. Pero no hay nada más importante que escuchar a la sociedad, escuchar a las y los mexicanos, su opinión respecto de lo que debe acontecer y debe suceder en cada municipio, en cada estado de nuestro país.
La condición actual es producto también de deficiencias que se construyeron en administraciones durante 12 años que no fueron atendidas con oportunidad y mucho menos con inteligencia.
Hoy, proponemos y estamos convencidos de ello, que la mejor forma de involucrar a la sociedad es escucharla, y la participación política de la sociedad libre le da vigor a nuestra democracia.
Norberto Bobbio decía: la democracia es un producto de la voluntad activa de los grupos involucrados en los temas de la sociedad.
Esta voluntad activa debe manifestarse en la consulta que estaremos conociendo una vez aprobado el dictamen y, sin duda, pasará por otros instrumentos jurídicos y que la conoceremos en julio del próximo año. No, lo que nosotros planteamos es políticas públicas serias, concretas, lo que vinieron aquí a hacer es planteamientos y ocurrencias que han lastimado a la sociedad una y otra y otra vez.
Más allá de los números, de las horas, de los segundos, de los minutos que aquí fueron enunciados, recordaría a quien me antecedió en el uso de la voz que revisara los números de las dos administraciones federales pasadas, y partir de ellos, entonces sí dijeran con verdad lo que ha acontecido en nuestro país y que hemos venido atendiendo los gobiernos del PRI.
Mentira, mentira que en esta ocasión lo que estamos pidiendo sea esconder u ocultar algo. Por el contrario, lo que queremos es que, con mucha transparencia, con mucha claridad, la sociedad aporte su punto de vista de lo que nosotros proponemos.
Estamos convencidos de que la voz de las y los ciudadanos es la máxima expresión de la soberanía popular. No tengamos duda. Esto es lo que debe escuchar la sociedad y no distractores, como los que hoy vinieron a hacer o vinieron a decir y que en nada contribuyen a esto, que decía al inicio de mi intervención, que es juntos en acuerdo y en diálogo, poder construir algo para la sociedad que demanda de nosotros acuerdo, diálogo, un debate constructivo y propositivo.
La sociedad no viene aquí a escuchar si no planteamientos serios y no frustraciones individuales. Queremos que la sociedad escuche la voz de un grupo parlamentario que escuche la voz de las y los diputados que representan a muchas mujeres y hombres en el país...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Carlos Iriarte Mercado: Representamos a las mujeres y hombres en el país. Pero no vamos a permitir que una frustración individual o personal venga a lastimar más, aún más, lo que la sociedad demanda, que es: una libre participación y que su voz se escuche. Muchísimas gracias a todas y a todos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Carlos Iriarte Mercado. Se ha registrado para discutir en contra del dictamen el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le concede el uso de la palabra por tres minutos.
El diputado David Gerson García Calderón:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de los diputados y de las diputadas. Saludando con mucho gusto a la gente que nos sigue por el Canal del Congreso y a la gente que nos sigue por las redes sociales.
Pareciera, como lo dijo el diputado que me antecedió, que en este Congreso legislamos a través de ocurrencias o por temporadas. Y lo digo por temporadas porque se acerca un cambio de régimen, el siguiente año se acerca un cambio de gobierno, un gobierno que no ha dado resultados y que, ante esa negativa que tiene de la gente, viene con las ocurrencias.
El día de hoy en esta Cámara se pretende aprobar un dictamen, un dictamen para convocar a una consulta ciudadana, y desde esta tribuna lo queremos manifestar y lo queremos decir muy claro, el PRD, en el PRD somos amantes de las libertades conseguidas y conquistadas, y una consulta ciudadana es una conquista que se ha llevado y que ha tenido grandes luchas.
No estamos en contra de las consultas ciudadanas, al contrario, nosotros somos un partido que siempre queremos consultar a la ciudadanía el ejercicio del buen gobierno y que apenas hace unos días que se aprobó la Ley de Seguridad Interior aquí en el Congreso, nosotros queríamos convocar a una consulta, queríamos convocar a organizaciones bien organizadas que estaban revisando este tema, y el PRI no quiso que se convocara ni que se escuchara a la sociedad civil organizada. Y hoy, con este dictamen que se pretende aprobar, ahora sí cambiaron en unos cuantos días y quieren convocar a la ciudadanía a una consulta.
No estamos en contra de ello, de lo que estamos en contra, de lo que se quiere consultar y cómo se quiere consultar. En primer término, la consulta que ellos pretenden llevar a toda la ciudadanía es un tema de seguridad pública, seguridad pública que no puede ser consultada a los ciudadanos, porque la misma Ley Federal de Consulta Popular no nos permite consultar esos temas, porque la misma Ley en su artículo 11, en la fracción I, nos dice que no podemos consultar temas de restricción de derechos humanos o temas de derechos humanos de manera particular, y el tema de la seguridad es un tema de derecho humano. Y no lo decimos nosotros.
No lo decimos nosotros, existen leyes, existen tratados, existen normas que así lo determinan. Por eso hoy lo que se pretende aprobar no es una iniciativa o no es un dictamen donde en verdad se le quiera consultar al pueblo algo que nos va a beneficiar, no, lo que el PRI quiere hacer hoy y sus aliados, ocuparlo como un tema electoral y desde aquí les decimos, no lo vamos a permitir porque el tema de la seguridad nacional es un tema, de la seguridad pública es un tema muy delicado que lo tenemos que revisar de manera muy técnica y hemos visto que el gobierno federal no ha podido y ante la negativa por eso quiere convocar a esta consulta ciudadana. No lo vamos a permitir.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de este albazo legislativo que el día de hoy se pretende hacer en contra de esta ocurrencia.
Reitero, en el PRD no estamos en contra de la consulta ciudadana, al contrario, somos amantes de esas libertades ya conquistadas. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se ha registrado a favor del dictamen el diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le concede el uso de la palabra por tres minutos.
El diputado Francisco Escobedo Villegas:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante.
El diputado Francisco Escobedo Villegas: Realmente sorprende lo que de pronto algunos compañeros vienen aquí a decir a esta tribuna. Lo hacen de manera irresponsable y electorera, me queda claro. El PRI lo hace con toda responsabilidad y de cara al pueblo también.
De tal suerte, compañeros, que no vengan aquí a confundir o a engañar al pueblo, hagámoslo con altura de miras, es necesario, la seguridad no tiene colores, compañeros.
La seguridad pública es responsabilidad de todos, por tanto, debemos votar a favor de que su eventual replanteamiento no dependa de una decisión colegiada de los órganos legislativos, sino que represente la viva voz del pueblo mexicano. ¿No es eso lo que ustedes reclaman?
De acuerdo con el modelo de seguridad pública actual, esta recae en los tres órganos de gobierno, pues es una responsabilidad compartida y de coordinación. Si bien la cercanía con la ciudadanía por parte de los policías municipales es deseable, durante las últimas décadas —y tenemos que reconocer— estas han sido incapaces de garantizar su seguridad y en muchos casos se han visto rebasadas por el crimen organizado, imposibilitando además la coordinación con el resto de la federación.
Por si fuera poco, de las mil 800 corporaciones de policía municipal que existen en el país, casi nueve de cada 10 funcionan con un cuerpo policiaco menor a 100 elementos, y muchas de ellas tienen cuatro o cinco elementos de policía, por lo que carecen de la capacidad humana para hacer frente a muchas de las amenazas.
Responsable y decidido a revitalizarlas, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado amplios recursos para modernizar y fortalecer su capacidad técnica y operativa. Por otro lado, capacitó a más de 512 mil efectivos y a más de ocho mil mandos, provenientes de todas las fuerzas policiacas del país.
Sin embargo, pese a estos importantes esfuerzos, la ineficacia del modelo policial sigue evidenciándose. Resulta imperativo pues, plantear su reestructuración a fin de hacer de nuestro país un México en paz.
En ese sentido, el presidente de la República presentó una iniciativa para impulsar el mando único policial estatal, con el objeto de concentrar las funciones policiales en los órdenes del gobierno federal y estatal, facilitando las condiciones de mando y de focalización de tareas de seguridad.
Sin embargo, a lo largo de su proceso legislativo dicha iniciativa perdió su esencial, en su lugar se propuso el mando mixto policial que, a todas luces, tenemos que decirlo, refleja su inviabilidad, porque entre otras muchas cosas derivaría en una sobrecarga política y de gestión para la federación, y peor aún, imposibilitaría la adecuación operacional policial.
Responsablemente este proyecto fue detenido en comisiones y en contraparte los diputados del PRI propusimos realizar un ejercicio de democracia directa en materia del mando policial, capaz de asegurar que sea la decisión de todos los mexicanos la única que se imponga...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Francisco Escobedo Villegas: Concluyo, presidenta. Esa que es legítima por antonomasia, esa que expresará la más viva expresión de la voluntad de la nación.
Compañeros, aprobemos este dictamen porque esto asegura que este tema de mando provenga de un mandato de origen, aquél que solo otorga el pueblo. Vamos a ver de qué lado están. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, en contra del dictamen, al diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, compañeras, compañeros, la mejor muestra de que el PRI no tiene vergüenza es lo que acaba de hacer aquí Pancho Escobedo, yo soy su paisano y él fue secretario de gobierno en Zacatecas.
Zacatecas es hoy el estado que ocupa el segundo lugar de más inseguridad en el país y el número uno en secuestros. Y este señor, este señor no construyó policías civiles confiables, este señor no le invirtió a la policía estatal, este señor es cómplice de que la delincuencia hoy gobierne Zacatecas, porque sigue siendo cómplice del gobierno del PRI que tiene sumida en la inseguridad a Zacatecas. Ustedes no han hecho su trabajo, Pancho. No le pueden ir a hacer esas preguntas tontas a la gente.
¿Qué les parecería si le preguntamos a la gente si prefieren a un presidente honesto o a uno que se construyó con sus socios, con sus cómplices una Casa Blanca? Que le preguntáramos a la gente si quieren a un presidente honesto o a uno que financió de manera ilegal su campaña con dinero de Odebrecht. Si quieren a un presidente honesto o a uno que sea cómplice de la peor red de corrupción en la historia de este país que encabezaron los Duartes, los Borge y toda esa bola de delincuentes que deberían estar hoy en la cárcel.
Que le preguntemos a la gente si quiere entregarle las policías a personajes como esos, a personajes como Duarte.
Pregúntenle a la gente por la estrategia de seguridad que está a discusión en el Senado y que va a volver a la Cámara de Diputados.
Pregúntenle a la gente por el gasolinazo, no sean sinvergüenzas. ¿Por qué no consultaron a la gente para votar el gasolinazo? ¿Por qué no lo hicieron? Ya sabían lo que les iba a decir la gente. Ahí no les dieron ganas de irle a preguntar a las personas cómo debían de votar. No sean sinvergüenzas y no sean cínicos.
Miren, ya acabaron de desprestigiar a los maestros. Los maestros tienen la culpa de la mala calidad en la educación, cuando han abandonado a la educación en los últimos años. Ahora van contra los policías. Es culpa de los policías la inseguridad.
Nos debería de dar vergüenza venir a decir esas cosas cuando nosotros ganamos en promedio diez veces lo que gana un policía municipal. Nosotros sí tenemos seguros, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, bueno, nosotros no pero ustedes sí. Y los policías municipales no tienen seguro de vida, no tienen becas para sus hijos, no tienen un modelo de vida y ahora le echan ustedes la culpa a los policías de la inseguridad. Eso es no tener vergüenza.
Las pensiones de los expresidentes. ¿Qué policía tiene una pensión así? ¿Qué policía puede aspirar a una pensión digna? Pero les dan a los expresidentes 200 millones de pesos al año y aun así vienen a echarles la culpa a los policías. Es una vergüenza que el PRI se venga a parar en el último año de gobierno cuando agarró el gobierno con 30 mil policías federales y lo va a entregar con 30 mil policías federales.
El PRI no ha dado resultados en materia de inseguridad, 2017 es el año con más muertes, con más inseguridad y con más violencia en la historia reciente del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les está diciendo que cambien de estrategia de seguridad. Si quieren consultar, ¿por qué no consultan a las organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones que se han pronunciado sobre este tema?
No crean, compañeras, compañeros, que el Alto Comisionado habla por hablar, que opina sobre cualquier tema. Habló sobre Venezuela, habló sobre Birmania, habló sobre Duterte, en Filipinas. Tres casos en los últimos cuatro años. Ahora ustedes pusieron a Peña Nieto en esa lista de gobernantes autoritarios y represores de los derechos humanos. ¿No les da vergüenza?
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: ¿No les da vergüenza decirles a los mexicanos que les van a tomar en cuenta su opinión cuando les han fallado reiteradamente? Yo invito a las compañeras y a los compañeros del PAN a que le enseñemos de nuevo al PRI que hay Frente en esta Cámara y que no permitamos que aprueben esta payasada que le falta al respeto a este Poder Legislativo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por tres minutos. El diputado habla a favor del dictamen.
El diputado Francisco Escobedo Villegas(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Francisco Escobedo. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Escobedo Villegas(desde la curul): Por alusiones personales, presidenta. Nada más para señalar que estamos hablando de una consulta ciudadana. Hay quien se dice que es ciudadano y ahora resulta que está en contra.
Pero le recuerdo al compañero que él fue diputado del PRI en Zacatecas, por supuesto que sí. Por supuesto que fue diputado del PRI y fue aliado del gobierno. ¿Entonces, dónde está la seriedad y dónde está la congruencia? Efectivamente, hicimos un esfuerzo por mejorar la seguridad en Zacatecas, que hay que ver los índices, cómo recibimos, cómo tuvimos y cómo entregamos la seguridad en Zacatecas.
Ahora vienen a darse baños de pueblo cuando no tienen ninguna cara para hacerlo. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuamos con la discusión. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Octavio Herrera Borunda, por tres minutos. Adelante, diputado.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:Al escuchar el posicionamiento en contra del que me antecede, pues me queda muy claro que seguimos desahogando en esta tribuna frustraciones personales y no estamos atacando de fondo la materia.
El hecho real es que hay una ley de consulta popular, que se les pasó de noche a todas las fracciones parlamentarias, tuvieron la oportunidad. Si dicen que aman consultar al pueblo. Si dicen que están dispuestos a hacerles las preguntas y ser democráticos porque no hay un ejercicio más demócrata que el de consultar al pueblo, estaba ahí el vehículo, había un plazo. No metieron en tiempo y forma sus preguntas.
Hay una pregunta que está llevando un proceso parlamentario. ¿Es pertinente? La Suprema Corte lo va a determinar, hay un proceso parlamentario, hay una Cámara de origen, una Cámara revisora. ¿Qué si es un tema de Seguridad Nacional? No se confundan, lean la doctrina, lean, por favor. Entre los fines que se puede consultar están únicamente los que son de trascendencia nacional, entiendo como tales aquellos que repercuten en la mayor parte del territorio nacional y que impactan de manera significativa a la población.
Entre esos fines se puede señalar la paz, la preservación del orden social, la protección de la vida. Son caracteres de seguridad pública y seguridad interior, no son exógenos como el de seguridad nacional. Pero no coman ansias, la Suprema Corte lo dirá. Lo que sí les quiero decir es que se nos está olvidando como legisladores, ¿para qué fuimos electos? Para tomar decisiones. Hay un flagelo ciudadano, la ciudadanía está sufriendo la inseguridad.
Había una propuesta clara, concisa, que puso el Ejecutivo, La politizaron ustedes. No fuimos capaces de hacer política y tomar la decisión que quería la ciudadanía. Quería que tomáramos en esta Cámara y decidiéramos cuál era el modelo de seguridad. Y como no pudimos hacerlo, sí me interesa ver qué dice la ciudadanía, que a los siguientes diputados, al siguiente Ejecutivo no se le olvide que una de las prioridades es cambiar el modelo de seguridad.
¿Qué modelo de seguridad queremos? Escuchemos a la nación. Escuchemos a los ciudadanos. No hay nada más demócrata que eso. Muchas gracias.
El diputado Rafael Hernández Soriano(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Rafael Hernández Soriano.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): El objeto era hacerle una pregunta al orador, pero ya se fue. Señalarle que en el dictamen se sustenta una encuesta, que si también ha leído...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, perdóneme por favor.
El diputado Rafael Hernández Soriano: (desde la curul: Si él ha leído las encuestas en las que el presidente Peña Nieto está reprobado, tiene una aceptación del 20 por ciento, y por lo tanto va a ser también materia de consulta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muy bien. Gracias, diputado. Continuamos con nuestra lista de oradores registrados oportunamente. Se le concede el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen al diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ulises Ramírez Núñez:Gracias, presidenta. Quisiera pedirle instruyera a la Secretaría me hiciera favor de leer el artículo número 11 de la Ley Federal de Consulta Popular, fracción V, por favor.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Me permite por favor, señor orador. Le pido a la Secretaría dé lectura al artículo de referencia. Adelante, por favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Artículo 11. No podrá ser objeto de consulta popular...
Fracción V: La seguridad nacional.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continúe, señor orador.
El diputado Ulises Ramírez Núñez: Vengo a pedir a esta tribuna que votemos en contra de esta incongruencia legal y constitucional. La propia ley establece cuáles son los casos en los que ni siquiera tenemos facultad para poder hacerlo, y esto debe ser calificado por la Corte. Vamos a quedar en ridículo en la Corte porque no sabemos ni siquiera interpretar las leyes que nosotros mismos construimos. Creo que es un error garrafal desconocer a los municipios de este país.
Hace algunas legislaturas, quienes formamos parte de la bancada de Acción Nacional, venimos a esta tribuna a defender el federalismo y hoy vengo yo también a hablar a favor de los municipios de México. En 200 municipios de este país se concentra el 85 por ciento de la población y quiero decirles que esos 200 municipios tienen la suficiente capacidad para afrontar el problema de la seguridad si tuvieran las herramientas correctas.
Creo que la discusión está errada, la discusión, ya lo dijeron varios que me antecedieron, debería de estar centrada en cómo fortalecemos la capacidad de la policía, fortaleciendo la capacitación, armándolos de mejor manera, con mejor equipo, con mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Quiero decirles que lo que estamos haciendo es un contrasentido a lo que acabamos de aprobar. Acabamos de aprobar una Ley de Seguridad Interior que pone en el más alto nivel de la preocupación del Estado mexicano, la seguridad pública.
Busquemos mecanismos que verdaderamente fortalezcan a nuestras policías. Buscamos esos mecanismos, pero no a través de estas tomadas de pelo.
Creo que es tiempo que responsablemente vayamos a decirle a la población que estamos actuando en consecuencia y que queremos mejorar el tema de la seguridad, pero no así, con estas consultas que solamente nos van a hacer perder el tiempo, con estas consultas que no nos van a llevar a nada.
Por eso a nombre de los municipios de este país, aquellos que está contemplado en nuestra propia Constitución en el artículo 115, a los que hemos sido alcaldes, y que son muchos de los que están aquí, les pido que defendamos esas facultades.
Sería un retroceso histórico en el país desaparecer de un plumazo a los municipios de México. Votemos todos en contra. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien por tres minutos hablará a favor del dictamen.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:Con el permiso de la Mesa Directiva. Quien pregunta no se equivoca, y menos nosotros como legisladores que somos una especie de intermediarios entre las grandes decisiones que toma el Estado mexicano y el pueblo de México.
El artículo 39 de nuestra Constitución dice de manera muy clara y explícita, que la soberanía se encuentra esencial y originariamente en el pueblo. Y sí, es cierto, en el 41 de la Constitución se dice que el pueblo ejerce esta soberanía a través de los Poderes de la Unión.
Pero ¿qué pasa cuando los Poderes de la Unión y particularmente el Congreso de la Unión no tiene un mecanismo para destrabar una decisión tan importante a la que el Frente le tendría que hacer verdaderamente frente, que es a la inseguridad?
Por eso mismo, la consulta ciudadana es una forma, es una manera de destrabar lo que aquí, por distintas razones, no se ha tenido la capacidad para poder realizar un proyecto que conjugue las visiones objetivas, de todos, para otorgarle seguridad que exigen los mexicanos.
Por ello no existe un ejercicio más democrático en nuestro país que el que cada tres años tiene verificativo en las urnas, porque es precisamente el primero de julio en donde más de 85 millones de mexicanos saldrán a la calle para expresarse, no existe ninguna convocatoria a una plaza pública, a un mitin de orden político, de orden nacional o de decisión tan importante como la boleta electoral, pero también si nosotros ahí incorporamos un tema, un asunto de políticas públicas, no solamente ejercemos mecanismos de democracia semidirecta, sino también ejercemos plena democracia para la seguridad que es, sin duda, estratégica.
A mí me parece que, o no quieren entender o se hacen que no entienden la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública. La seguridad nacional tiene como objetivo la preservación, el statu quo del Estado mexicano. La seguridad pública tiene como propósito la prevención y así también la persecución de los delitos en nuestro país.
No son sinónimos seguridad pública de seguridad nacional, aunque estos se encuentren estrechamente ligados. Sí, un asunto de seguridad pública puede llegar a ser un asunto de seguridad nacional...
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez MarínEl presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Pero está la Corte, están los tratados internacionales, la convencionalidad. Nosotros creemos que no existe un ejercicio más democrático, que el que involucra a los Poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Congreso, a la Corte y al pueblo de México para tomar una decisión sobre su futuro.
Por eso, nosotros sí le hacemos frente y le damos la cara al pueblo para que podamos decidir democráticamente un asunto entre todos los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Suficientemente discutido.
Por lo tanto, abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a sus efectos. Al respecto, quisiera recordar a los señores legisladores el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 144 de la Cámara de Diputados.
Artículo 8o.
1 (...)
X. Ejercer el voto, salvo que exista excusa —justificada—.
Artículo 144.
3. Mientras se realice la votación, ningún diputado o diputada deberá salir del salón de sesiones ni excusarse de votar.
Esto es lo que dice el Reglamento de la Cámara de Diputados. No lo digo yo, lo dice el Reglamento de la Cámara de Diputados que todos aprobamos, por cierto.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Ya lo abro?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Sí. Adelante.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (14:12 horas): Estimados amigos, diputados y diputadas, no habiéndose alcanzado el quórum necesario, de conformidad con el numeral 3 del Reglamento de la Cámara se declara un receso de 15 minutos con objeto de verificar el quórum. Durante esos 15 minutos seguirá abierto el sistema electrónico de votación.
(Receso)
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La Presidencia remite oficio donde turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputado. (*)
(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.
CLAUSURA Y CITA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 14:37 horas): Honorables diputados y diputadas, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves, 14 de diciembre de 2017, a las 10 horas, recordando a ustedes que continuaremos el procedimiento.
————— O —————
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 2 horas 30 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 263 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 3
• Solicitudes de licencia: 5
• Dictámenes para declaratoria de publicidad: 26
• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 7
• Tomas de protesta: 2
• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 19
5 PRI
3 PAN
3 PRD
2 Morena
2 PVEM
3 MC
1 NA
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)