SUMARIO
Desde la curul, para hacer observaciones al acta, interviene:
–La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena
La Presidencia hace aclaraciones y gira las instrucciones respectivas
Aprobada, con la modificación instruida por la Presidencia de la Mesa Directiva
Desde la curul, se refieren a diversos temas parlamentarios:
–La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del PRI
–El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del PRI
–La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena
–El diputado Antonio Amaro Cancino, del PRI
La Presidencia, en su momento, hace aclaraciones, atentas peticiones y gira las instrucciones respectivas
De la Mesa Directiva, mediante la cual, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a la:
–Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017. “Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
–Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017. “Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
–Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017. “Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
–Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017. “Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
–Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 10 de octubre de 2017. “Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial contra la trata de personas, para opinión.”
Se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios
De la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios
De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio–septiembre de 2017. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento
De la Comisión Federal de Electricidad, mediante la que remite el Informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al primer semestre de 2017. Se remite a las Comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento
De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por medio de la cual remite el Informe de resultados respecto de la solicitud de Iniciativa Ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios. De enterado
INICIATIVA CIUDADANA
Se recibió iniciativa ciudadana, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios, presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
Del Congreso de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
Del Congreso de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
Del Congreso de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
Del Congreso de Jalisco, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Gobernación, el extracto respectivo, para dictamen
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
Del Congreso de Michoacán, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D), fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión Especial sobre la no discriminación, para opinión
La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, en nombre propio y de diversos diputados de su Grupo Parlamentario, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio, de diputados integrantes de su Grupo Parlamentario, y del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
La diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen
El diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen
La diputada Iveth Bernal Casique, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen
El diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
El diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen
El diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio y de diputados integrantes de su Grupo Parlamentario, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
A discusión el dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Para fundamentar el dictamen, participa:
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del PRI
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hacen uso de la voz:
–La diputada Nancy López Ruiz, del PES
–El diputado Carlos Gutiérrez García, de NA
–El diputado Luis Ernesto Munguía González, de MC
–La diputada Lorena Corona Valdés, del PVEM
–El diputado Alejandro Armenta Mier, de Morena
–La diputada Lluvia Flores Sonduk, del PRD
–El diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN
–El diputado Fernando Uriarte Zazueta, del PRI
No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático
Para fundamentar el dictamen, interviene:
El diputado Alex Le Baron González, del PRI
Para referirse al dictamen, hace uso de la palabra:
–El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del PRI, proponente
No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la tribuna:
El diputado Adolfo Mota Hernández, del PRI
Para referirse al dictamen, participa:
–El diputado Ulises Ramírez Núñez, del PAN, proponente
No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47–K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la voz:
El diputado Germán Escobar Manjarrez, del PRI
Para referirse al dictamen, interviene:
–El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM
No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47–K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Para fundamentar el dictamen, participa:
El diputado Armando Luna Canales, del PRI
No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes y de juntas directivas en comisiones. Aprobado, comuníquese
MINUTAS
De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
La Presidencia turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo turno se publica en la Gaceta Parlamentaria
EFEMÉRIDES
Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en lo general y en lo particular)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 14 de noviembre de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Haga, por favor la Secretaría, del conocimiento de esta Presidencia el resultado el cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 288 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:12 horas): Y por lo tanto se abre la sesión, secretaria.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Martes 14 de noviembre de 2017.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Mesa Directiva
Comunica modificación de turno de iniciativas.
Retiro de iniciativa
De la Secretaría de Gobernación
Remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017.
De la Comisión Federal de Electricidad
Remite el informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al primer semestre de 2017.
De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
Remite el informe de resultados respecto de la solicitud de Iniciativa Ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios.
Iniciativa ciudadana
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios, presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López.
Iniciativas de las legislaturas de los estados
Del Congreso del Estado de Jalisco
Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista.
Del Congreso del Estado de Michoacán
Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D), fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 377 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 122 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 17 Bis y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 103, 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 37 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 22 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 32 y 41 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 27 y 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 10o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 469, 692 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 6o. a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 137 Bis 2 y 137 Bis 3 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. y adiciona un artículo 116 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de Movimiento Ciudadano.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 310 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 57-Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 191 y 192 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 1o. y 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Nacional de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley sobre la Celebración de Tratados y Vinculación Internacional, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones para expresidentes, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 16 Bis y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las y los periodistas, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, de Morena, del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social y diputado Independiente.
Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 468 Bis a la Ley General de Salud y reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 18 y 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un articulo 87-Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 65 Bis y 419 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México.
Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma la denominación del Capítulo V del Título Décimo Tercero y adiciona un artículo 248 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga el artículo 261 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 24, 25, 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 77 y 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación y 2o. y 26 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Minerva Hernández Ramos y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 6o., 6 Bis y 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 130 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 225 del Código Penal Federal y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Minerva Hernández Ramos, Guadalupe Acosta Naranjo y Francisco Xavier Nava Palacios, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía y/o de Asistencia Médica, a cargo diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 97 y 97 Bis del Código Penal Federal y 7o. de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y medio ambiente, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 5, 27 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 7o. de Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 33 y 38 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 66, 71 y 116 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 84, 85 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos y Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 78 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas y expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Población, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, de la Ley Minera, y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Braulio Mario Guerra Urbiola y Lorena Corona Valdés, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.
Que reforma el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 5o. de la Ley General de Turismo y 30 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara el 19 de Septiembre como el Día Nacional del Rescate Canino, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 1o. y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 55 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o. y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 77, 262 y 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Verónica Agúndis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por el diputado Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 37 y se adiciona un artículo 102 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de sustancias psicoactivas, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 151 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 134 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 421 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Educación y del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 201 Bis 4 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o., 8o., 16 y 40 de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú, diputado sin partido y Samuel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados David Gerson García Calderón y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 11 Bis y 254 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley de la Policía Federal, del Código Penal Federal y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de Zonas Económicas Libres para los Estados de la Frontera Norte, suscrita por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y diputados de Baja California del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, para restablecer el balance del ciclo del agua en los destinos turísticos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 123 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, en materia de acciones de eficiencia energética en las empresas turísticas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio AguilarYunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 168 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 83 Bis al Código Civil Federal, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación y adiciona un artículo 7-Bis a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Nuevo) Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 12 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 303 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 6o., 13 y 13 BIS de la Ley Minera, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 61, 73 y 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Sánchez Coronel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez y Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Iveth Bernal Casique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Declaratoria de publicidad
Dictámenes a discusión de leyes o decretos
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127, y se adicionan los artículos 65 Quáter; 65 Quáter 1; 65 Quáter 2; 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a fin de implementar la estrategia de “Capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en las salas de gineco-obstetricia de los servicios de salud”, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el ámbito de sus facultades fortalezca la planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SRE y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, garantice una agenda incluyente en la próxima visita oficial a México de la Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que incremente las inspecciones en los centros laborales, con la finalidad de prevenir y detectar delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, a informar a la opinión pública acerca de las condiciones de requisa, saneamiento y actual operación del Sistema de Transporte Integrado tipo BTR de la zona metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a atender de manera pronta y expedita, el reclamo de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, a cargo del diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla, a fortalecer sus programas gubernamentales en materia de prevención y atención de actos de vandalismo y robos a espacios educativos, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo al estado que guardan las auditorias hechas por la SFP por las irregularidades detectadas en las revisiones al Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en sus ejercicios 2015 y 2016, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a la Secretaría de Salud y a la Sedesol, a establecer mecanismos que permitan la homologación del lenguaje para personas con discapacidad auditiva, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para realizar auditorías de desempeño a los recursos destinados a los Centros Preventivos en dicha entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las personas sordas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la creación de espacios destinados como centros de atención de animales de compañía en situación de calle, así como llevar a cabo campañas de esterilización y adopción dirigidas a promover y fortalecer su bienestar, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a promulgar a la brevedad la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la CDMX, a transparentar el proceso para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta de termovalorización ubicada en el Bordo Poniente con el fin de garantizar su viabilidad financiera y ambiental, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se emite un reconocimiento a la Semar, por su labor y esfuerzo en la vigilancia de áreas naturales protegidas, así como exhortar a la Semar, a la Profepa y a la Conapesca a continuar con las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo a favor de la protección de zonas marinas, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo relativo a las agresiones denunciadas en contra de Alexandra Zapata Hojel, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los entes públicos del estado de Quintana Roo, a expedir un Código de Ética que garantice un desarrollo profesional y respetuoso entre los servidores públicos y que genere las condiciones para el cumplimiento del estándar de integridad del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo al proceso de actualización e inclusión en el Programa Nacional de Normalización 2018 de la NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia del Cáncer de Mama, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a revisar los términos y principios del Tratado de Guadalupe Hidalgo en relación a las renegociaciones del TLCAN, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que exhorta a la CFE, para que revise los esquemas tarifarios, derivado de las condiciones económicas y climatológicas que se viven en San Cristóbal, Chiapas y en varios lugares de la región sureste, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla, a aperturar las cuentas públicas de los gobiernos del estado en los sexenios 1999-2005, 2005-2011 y 2011-2017, incluidos los expedientes clasificados como reservados, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a través de la SEP, para cumplir la meta del programa nacional de bebederos escolares, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la CDMX, en el juicio de amparo indirecto 2200/2014 así como para que dé cumplimiento totalidad de las demandas interpuestas por los trabajadores de la Delegación Venustiano Carranza, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos del estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, a hacer pública la información relativa a la experiencia institucional de la alerta de género, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a las expresiones homofóbicas pronunciadas por un grupo de diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, durante el debate del PEF 2018, por alentar los prejuicios y estereotipos negativos contra la condición homosexual, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Caballero Pedraza y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Efemérides
Con motivo del 14 de Noviembre “Día Mundial de la Diabetes” a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con motivo del 14 de Noviembre “Día Mundial de la Diabetes” a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de noviembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y cinco diputadas y diputados, a las diecisiete horas con veintiséis minutos del jueves nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas el diputado Cesar Augusto Rendón García, del Partido Acción Nacional; y la diputada Blandina Ramos Ramírez, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones respecto a las solicitudes e instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.
Comunicaciones Oficiales:
a) De los diputados: Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; y María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por las que solicitan el retiro de iniciativas que se han presentado, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
b) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite el Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño del "P001 Programa de Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social, dos mil diecisiete". Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social para su conocimiento.
c) De la Cámara de Senadores, con la que remite treinta proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciocho, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
d) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto la ciudadana María del Rocío Zazueta Osuna, diputada federal electa en el Quinto Distrito Electoral del estado de Sinaloa, se designa una comisión para acompañarla, rinde protesta de ley, y entra en funciones.
e) De la Cámara de Senadores, con la que remite las Minutas con proyecto de decreto:
• Por el que se declara el siete de febrero como "Día Nacional de la Vivienda". Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
f) Iniciativa con proyecto de decreto del Congreso del estado de Durango, por el que se reforma y adiciona el artículo doscientos setenta y uno de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se por el que definen las reglas para la discusión y votación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil dieciocho. El Presidente informa a la Asamblea que el Grupo Parlamentario de Morena, presenta propuesta de modificación al Acuerdo, la Secretaría da lectura y en votación económica no se acepta por lo que se desecha; acto seguido en votación económica se aprueba el Acuerdo en sus términos
La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad, y en votación económica se autoriza su discusión y votación de inmediato. En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos Grupos Parlamentarios intervienen las diputadas y a los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social;
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; German Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano;
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Vidal Llerenas Morales, de Morena; José Antonio Estefan Garfias, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional; y Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
En su oportunidad el Presidente hace un reconocimiento ante la Asamblea a la joven Fernanda González Viramontes, ganadora del Premio Nacional de la Juventud dos mil diecisiete.
A las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y cinco diputadas y diputados.
Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena;
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios el diputado Eukid Castañon Herrera, del Partido Acción Nacional; y la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. La Presidencia instruye se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates
Continúa la discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en pro Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; y Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Juan Romero Tenorio, de Morena; en pro Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, y Tomás Octavio Félix, del Partido de la Revolución Democrática; en contra René Cervera García, de Morena; en pro Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional; y Otniel García Navarro, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron trescientos cuarenta y seis reservas para su discusión en lo particular y para terminar el registro, agruparlas y proceder a su discusión, a las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos se decreta un receso.
A las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos se reanuda la sesión.
El Presidente informa que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos, la adición de varios artículos; artículos tercero, quinto y sexto transitorios; la adición de diversos artículos transitorios; los anexos uno, dos, cuatro, cinco-A, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticuatro punto cinco punto dos, veinticinco, veintisiete, treinta y uno, treinta y dos, y cuarenta y seis del dictamen. En votación nominal por cuatrocientos trece votos a favor; y cuarenta y nueve en contra, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
El Presidente solicita un breve encuentro con la y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios a efecto de organizar el desahogo de los artículos reservados, por lo que a las veinte horas con cinco minutos se declara un receso.
A las veinte horas con treinta y ocho minutos se reanuda la sesión.
El Presidente informa a la Asamblea el procedimiento de la discusión de las reservas y refiere que se acordó que las legisladoras y los legisladores que registraron reservas, las presenten en una sola intervención, de la siguiente manera: quien tenga registrados de uno a cinco artículos reservados, contará hasta con tres minutos; quien tenga registrados de seis a diez artículos reservados, contará hasta con cinco minutos; y quien tenga registrados más de once artículos reservados, contará hasta con siete minutos para su presentación, asimismo instruye que se inserte íntegramente los textos de las reservas y las intervenciones en el Diario de los Debates.
A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a las diputadas y a los diputados:
• Rene Cervera García, de Morena, a los artículos: uno, nueve, diez, doce y trece, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, a los artículos: uno, tres, siete, ocho, nueve, diez, doce, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete, y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates las reservas a los artículos: uno, nueve y veinte, y la adición de artículos transitorios, presentadas por la diputada Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional; la cual declina su participación en tribuna.
• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos: uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, y Anexo veinte, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Blanca Margarita Cuata, Domínguez, de Morena, a los artículos: dos, y trece, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, al artículo tres, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: tres, y Anexos uno, diez, once, diecisiete, dieciocho, y diecinueve, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: tres, siete, diez, trece, y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Alejandro Armenta Mier, de Morena, a los artículos: siete, trece, diecisiete, veinticinco, y treinta y dos; y el Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción Nacional, al artículo siete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, al artículo siete, y los Anexos once y catorce, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
• Delfina Gómez Álvarez, de Morena, al artículo ocho; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Ana Leticia Carrera Hernández, de Morena, al artículo nueve; y Anexo cinco-A, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, al artículo nueve, adición de un artículo siete recorriéndose la numeración; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, a los artículos: nueve, diez, doce, trece, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y uno; adición de un artículo transitorio; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Vidal Llerenas Morales, de Morena, al artículo catorce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
La Presidenta instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates las reservas al artículo nueve, y Anexo veintiuno, presentadas por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática; el cual declina su participación en tribuna.
• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo nueve y Anexo diez, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Ariadna Montiel Reyes, de Morena, a los artículos: nueve, y diecisiete; adición de un artículo; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: nueve, diez, y treinta y ocho; adición de artículos transitorios; y Anexos uno, y veintiuno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates las reservas a los artículos nueve, diez, doce; y quinto transitorio, y adición de artículos transitorios, presentadas por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; el cual declina su participación en tribuna.
• Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo nueve, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates la reserva de adición de un artículo transitorio, presentada por la diputada Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; la cual declina su participación en tribuna.
• Jonabad Martínez García, de Movimiento Ciudadano, al artículo diez; y Anexo dieciséis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: diez y veintiocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, al artículo quince, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates la reserva al artículo quince presentada por el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional, el cual declina su participación en tribuna.
• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, al artículo diecisiete; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, a los artículos diecisiete, y cuarenta y dos; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, al artículo diecisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Julio Saldaña Moran, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo diecisiete; y Anexo catorce, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena, al artículo diecinueve; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Miguel Alva y Alva, de Morena, a los artículos: veinticuatro, y treinta y cinco, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veinticuatro, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, al artículo diecisiete; y Anexos uno, dos, y veintiuno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, a los artículos veintisiete, y cuarenta y uno; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
• Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, a los artículos: veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y dos, y treinta y cinco, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, a los artículos veintisiete, y treinta y seis; y Anexo veinte, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Partido Acción Nacional, al artículo veintiocho; y Anexos once, doce, y veintiuno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Jesús Serrano Lora, de Morena, al artículo treinta y tres; y Anexo once, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional, al artículo treinta y cinco, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo treinta y cinco; sexto transitorio; y Anexo once, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Blandina Ramos Ramírez, de Morena, al artículo treinta y cinco; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, al artículo treinta y seis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional, al artículo treinta y siete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional, adición de un artículo ocho bis; y modificación del Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, adición de un artículo, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.
• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: quinto y sexto transitorio; y Anexos uno, y trece, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Justo Federico Escobedo Miramontes, del Partido Encuentro Social, al artículo quinto transitorio; y Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates las reservas para adicionar un artículo transitorio y el Anexo uno de las diputadas y los diputados: Kathia María Bolio Pinelo, Federico Döring Casar, y Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional; Candelario Pérez Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional; German Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional; y Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, los cuales declinan de su participación en tribuna.
• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, adición de un artículo transitorio; y modificación del Anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, adición de un artículo transitorio; y modificación de los Anexos cuatro, y dieciocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional, adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha.
• Alfredo Basurto Román, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, a los Anexos uno, ocho, y diecisiete, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• María Chávez García, de Morena, a los Anexos uno, y cuatro, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Araceli Damián González, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Sara Paola Galico Félix Díaz, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, a los Anexo uno, cuatro, y doce, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Presidencia del diputadoArturo Santana Alfaro
• Concepción Villa González, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Alberto Martínez Urincho, de Morena, a los Anexos uno, y veinticuatro punto cinco punto dos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, a los Anexos uno, y veintisiete, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Desde su respectiva curul realiza diversos comentarios el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional.
• Mariana Trejo Flores, de Morena, al Anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, a los Anexos uno, y cuatro, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura artículo ocho numeral uno, fracción cuarta del Reglamento de la Cámara de Diputados; y diez, fracción primera del Código de Ética, para ilustrar a la Asamblea. Desde su curul la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, realiza la siguiente intervención:
"La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
...
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Referente a lo que acaba de hacer mención del Código de Ética. Morena, efectivamente, desde que llegamos el 1 de septiembre de 2015 venimos a trabajar, a sumar, y si ha sido alguna conducta o alguna expresión fuera de lugar, se han calentado los ánimos toda la noche de ambas partes.
En lo que respecta a Morena, Morena viene aquí a construir, Morena viene a señalar y, -permítanme, por favor...
...
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): -Permítanme, por favor-. Y en ningún momento es la intención de faltar al decoro a esta Cámara ni a ningún diputado o coordinador. Es cuanto, de parte de Morena".
(A petición de la diputada Norma Rocío Nahle García se inserta íntegramente su intervención)
Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. El Presidente instruye se inserte en el Diario de los Debates las intervenciones hechas.
Respecto a la intervención inicial del diputado Juárez Rodríguez, la Presidencia instruye con la anuencia del diputado, se registre en el Diario de los Debates, omitiendo las expresiones vertidas a otros legisladores.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates las reservas a los Anexos diez y once, de los diputados Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática, y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, respectivamente, los cuales declinan de su participación en tribuna.
• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, al Anexo once, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente instruye se inserte íntegramente en el Diario de los Debates las reservas al Anexo cuarenta y seis, y la adición de un Anexo, de las diputadas Gretel Culin Jaime, y María Verónica Agundis Estrada, respectivamente, ambas del Partido Acción Nacional, las cuales declinan de su participación en tribuna.
• Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, al Anexo doce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• José Antonio Salas Valencia, del Partido Acción Nacional, al Anexo doce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, a los Anexos trece, y dieciocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, al Anexo trece, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, al Anexo catorce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente atiende la petición e instruye se inserte íntegramente en el Diario de los debates las reservas de las diputadas y los diputados: Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional; y José Federico Escobedo Miramontes, del Partido Encuentro Social, María de la Paz Quiñonez Cornejo, del Partido Revolucionario Institucional; Gina Andrea Cruz Blackledge, Leonel Gerardo Cordero Lerma, José Everardo López Córdova, José Antonio Salas Valencia, Exaltación González Ceceña, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Leticia Amparano Gamez, Jacqueline Nava Mouett, María García Pérez, Luis de León Martínez Sánchez y Ariel Enrique Corona Rodríguez, todos del Partido Acción Nacional.
• Luis Ernesto Murguía González, de Movimiento Ciudadano, al Anexo diecisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.
• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, que adiciona artículos transitorios, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.
Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular. El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron dos fes de erratas, presentadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Anexo uno y artículo tercero transitorio del Decreto, que en votación económica se someten a discusión, de la misma manera se aceptan y pasan a formar parte del dictamen. En votación nominal por doscientos cincuenta y tres votos a favor; y doscientos cinco en contra, se aprueban en lo particular los artículos: uno, dos, tres, seis, siete ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y dos; quinto y sexto transitorio; Anexos: dos, cuatro, cinco-A, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticuatro punto cinco punto dos, veinticinco, veintisiete, treinta y uno, treinta y dos, y cuarenta y seis, en términos del dictamen; Anexo uno, y artículo tercero transitorio con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa a la Asamblea que, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho al Ejecutivo Federal, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley, sin modificar lo aprobado por el Pleno.
El Presidente formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritarias para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Instruye su publicación en el Diario Oficial de la Federación junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.
Se da cuenta con comunicaciones:
• De la diputada Nancy López Ruíz, por la que comunica que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. De enterado. Comuníquense.
• Del Coordinador del Partido Encuentro Social, por la que comunica la incorporación de la diputada Nancy López Ruíz, ha dicho Grupo Parlamentario. De enterado, comuníquense. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente informa a la Asamblea que la sesión y la discusión duro diez horas con treinta y cuatro minutos, con dieciocho oradores en lo general, y setenta y seis oradores en lo particular, dando un total de noventa y cuatros diputados usando la tribuna, y veintiocho que declinaron su intervención solicitando que se inserten sus propuestas en el Diario de los Debates.
El Presidente levanta la sesión a las cuatro horas con dos minutos del día viernes diez de noviembre, y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día martes catorce de noviembre de dos mil diecisiete, a las once horas.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta. Tengo entendido que tenemos observaciones al acta. Tiene la palabra la diputada Rocío Nahle, para hacer observaciones al acta.
La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente diputado. Es para solicitar que se instale en el acta, no solo en el Diario de los Debates, la participación que tuve referente a la disculpa que se emitió desde la curul el día de la discusión del Presupuesto, el jueves, viernes en la madrugada, sobre la disculpa que el Grupo Parlamentario de Morena emitió aquí en el pleno por el asunto que se refería al coordinador del PRI.
También comentarle, que respecto a esto es lamentable la situación que se ha conducido aquí en la Cámara, sobre las expresiones homofóbicas que hicieron las diputadas del PRI.
Hoy llevamos un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la diputada Alma Lilia Luna Munguía, que es del distrito XXXII de México, para que Arlet Mólgora Glover, de Quintana Roo, del PRI; Jasmine María Bugarín Rodríguez, de Nayarit, del PRI; la diputada Rocío Díaz Montoya, de México, del PRI; la diputada Gloria Himelda Félix, de Sinaloa, del PRI, y la diputada Carolina Monroy, le pidan una disculpa al pueblo de México por las expresiones homofóbicas que se virtieron en la discusión.
Pero también dentro del Código de Ética es necesario señalar que no nada más fue en el momento en que hicieron el grito con este sentido discriminatorio, sino que desde antes estuvieron insultando a la diputada Sara Paola Félix, antes de que subiera a tribuna.
También, como Mesa Directiva, en el Código de Ética está establecido que no se pueden tomar bebidas alcohólicas durante la sesión y es claro, vimos, observamos, que varios diputados durante la discusión estuvieron tomando bebidas etílicas.
Las expresiones elitistas, clasistas que han estado haciendo, no son de ahora. Hace un año, nos dijeron que éramos los diputados del barrio, y sí es cierto, somos del barrio y el barrio nos respalda. Hoy, una diputada dice que no se debe permitir que personas como el diputado Ariel lleguen a la Cámara.
No es posible que, en esta Cámara de Diputados, que somos los representantes de 120 millones de personas, en esta pluralidad en el contexto mexicano, se limiten por querer representar solamente una elite.
Sí, pido que el Código de Ética se aplique efectivamente y que, de acuerdo a la solicitud del punto de acuerdo, estas diputadas le den una disculpa pública a todo el pueblo de México. Está Cámara de Diputados es para todos, aquí entramos todos, representamos a todos y podremos tener un debate álgido y podremos tener un debate a la altura, con señalamientos, pero nunca discriminatorios, homofóbicos.
Por ello le solicito a usted que, de acuerdo al Código de Ética, se les castigue o reprenda con lo que marca dicho reglamento. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Esta Mesa Directiva tomará las siguientes determinaciones:
En cuanto a la solicitud de la diputada Rocío Nahle, referente al acta, insértese íntegra, de conformidad a la grabación correspondiente, su participación en la sesión pasada.
En relación al punto de acuerdo, el punto de acuerdo es de la Junta de Coordinación Política y esta Mesa Directiva le dará el trámite que corresponda, de acuerdo a lo que haya solicitado la Junta de Coordinación Política.
En relación al Código de Ética, una y otra vez esta Mesa Directiva ha hecho llamados a quienes hacen uso de la tribuna y a quienes lo escuchan, a comportarse de la manera que el Código prevé debe de comportarse un parlamentario.
En la pasada sesión quizá fue más notoria la descalificación de un coordinador, pero no pasa desapercibida la descalificación peyorativa a una legisladora. Ambas cosas son imperdonables, ambas cosas tienen que tener una reflexión de los señores legisladores, la Mesa Directiva asume, como lo ha solicitado la diputada Nahle, revisar la conducta de quiénes participaron en estos hechos y, por supuesto, hacer las recomendaciones necesarias.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con la instrucción ordenada por la Mesa Directiva.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la instrucción ordenada por la Presidencia de la Mesa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria.
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me pide la palabra la diputada Adriana Ortiz Lanz, ¿con qué objeto, distinguida diputada?
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (desde la curul): Muchas gracias, presidente. En efecto, es con relación al punto que usted antes mencionó, decirle que, efectivamente, yo creo que esto es un llamado de reflexión a todos quienes integramos esta legislatura, para comportarnos con el decoro, con el respeto que se merece la investidura en la que estamos.
Pero, sobre todo, quiero hacerle una aclaración a la diputada Rocío Nahle, yo pediría que revise muy bien los nombres que menciona, porque en esos nombres me puso a mí en una lista en la que no estuve y en la que no participé, y lo que no voy a permitir es que nadie haga mención de mi nombre o use mi nombre para un fin que no es. Que revisen bien antes de emitir acusaciones. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registran ambas intervenciones y quedan anotadas. Diputada Nahle, le recuerdo, muy respetuosamente, que conforme hemos establecido desde el principio, las intervenciones fuera del orden del día tienen un turno y un turno sucesivamente y después continuamos con el orden del día.
Si hay aclaraciones respecto a lo que dijo la diputada Ortiz Lanz, con mucho gusto esta Mesa las registrará aquí mismo, sin ningún problema. Para ambas diputadas es mi solicitud.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Antonio Ixtlahuac, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidente. De manera muy respetuosa hacer un llamado al gobierno del estado de Michoacán, sin ánimo de politizar, para que atienda con respeto a las garantías individuales a la legalidad y al Estado de derecho, la crisis en la que se encuentra el Estado por problemas sindicales y magisteriales.
No es con la violencia, señor presidente, como se arreglan los problemas que tiene Michoacán en estos momentos, y hago un llamado muy respetuoso al gobernador del estado de Michoacán para que respete los derechos humanos, las garantías individuales de las proclamas y manifestaciones sociales que ha dado el pueblo de Michoacán. Gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.
El diputado Antonio Amaro Cancino (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Amaro.
La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo diputado Amaro. Diputada Nahle, ¿con qué objeto?
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Es con respecto a lo que mencionó la diputada. Solicito nada más que se revise el video y, de ser así, en caso de que ella no esté que se retire, y una disculpa, en caso de que no esté.
Nosotros tenemos aquí unas fotografías, está el video, pero si no está lo vamos a hacer.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Mesa Directiva ya ha dictado el trámite y el tratamiento que se dará al punto en cuestión.
Recuerdo a los señores legisladores que cuando se trata de puntos fuera del orden del día es un minuto y un minuto consecutivo y el punto termina, a menos que soliciten se inscriba en el orden del día. Diputado Amaro.
El diputado Antonio Amaro Cancino(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quisiera, en este momento, hacer una denuncia pública de un problema que está sucediendo en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, que preside el señor Fernando Bautista Dávila, utilizando recursos del Ramo 33, del fondo 3, para aplicar programas de mejoras a la vivienda, en la que supuestamente pretenden ayudar a la comunidad y haciendo cobros de hasta 750 pesos como fondo de recuperación, sin que tenga un destino bancarizado o a las cuentas municipales.
Ante esta denuncia solicito, señor presidente, para que la Auditoría Superior de la Federación intervenga y la autoridad municipal realice las aclaraciones pertinentes al respecto, y de encontrar anomalías pueda llevarse esto hasta el fondo para que pueda haber claridad en los recursos de la federación. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Suplicamos atentamente a la Junta de Coordinación Política tome nota, a efecto de que en su caso genere las acciones correspondientes. Gracias, diputado.
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.
Honorable Asamblea
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a los siguientes asuntos:
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017.
“Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017.
“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017.
“Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de octubre de 2017.
“Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión,”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 10 de octubre de 2017.
“Se turna a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial contra la trata de personas, para opinión,”
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos y se actualizan los registros parlamentarios.
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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a este órgano de gobierno, se retire la iniciativa turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen:
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
Para efecto de que se realicen los trámites pertinentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Atentamente
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 7 de 2017.— Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.»
Presidencia de la diputada María Ávila Serna
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12 fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/326/2017, el licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017.
Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y disco compacto. (1)
(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Estimado subsecretario Solís: De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12 fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en su tercera sesión extraordinaria de dos mil diecisiete y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a más tardar el 30 de noviembre del año en curso.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017.— Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica), Presidente.»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.
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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Comisión Federal de Electricidad.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Me refiero a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el cual dispone que el director general de la Comisión Federal de Electricidad remitirá un informe semestral al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión, aprobado por el Consejo de Administración, sobre el uso del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias.
Al respecto, en cumplimiento con citado artículo, se remite el informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad al primer semestre de 2017, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración mediante acuerdo CA-081/2017. (2)
(2) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017.— Jaime Francisco Hernández Martínez (rúbrica), director general.»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a las comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional Electoral.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Mediante oficio LXIII-III/PMD-ST/0002/17, dirigido al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, usted remitió la iniciativa ciudadana “Gobierno sin privilegios”, presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 32, párrafo 2, inciso e), en relación con el 54, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, una vez concluidas las actividades relativas a la apertura de las 10 cajas, así como la verificación y cuantificación de su contenido, se comunicaron los resultados obtenidos a esa Cámara de Diputados mediante oficio INE/SE/1420/2017, de fecha 10 de octubre de 2017. A partir de la entrega de dicho oficio, el cual se entregó acompañado de un informe (se anexa copia del acuse), se dio inicio al periodo correspondiente a 30 días naturales que señala la ley para la verificación de los datos registrales de los ciudadanos que firmaron en apoyo a la mencionada iniciativa.
Al respecto y en cumplimiento de las atribuciones del Instituto Nacional electoral en materia de iniciativas ciudadanas, establecidas en los artículos 35, fracción VII, apartado 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 a 133 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; sírvase encontrar adjunto, copia del acuse del oficio INE/DERFE/1517/2017, por el cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores remite a esta Secretaría Ejecutiva los resultados relativos a los trabajos de verificación de apoyo ciudadano y del ejercicio muestral respecto a la iniciativa de referencia.
Asimismo, me permito comentarle que el artículo 132, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que este instituto contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente. En tal virtud, se remite en tiempo y forma el informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana Gobierno sin privilegios.
Toda vez que, este Instituto concluyó con las actividades relativas a la solicitud de referencia, por lo anterior adjunto le reintegro las 10 cajas con la documentación correspondiente a la iniciativa citada que en su momento fueron entregadas a este Instituto por medio del oficio LXIII-III/PMD-ST/0002/17.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario ejecutivo.»
La presidenta diputada María Ávila Serna: De enterado.
INICIATIVA CIUDADANA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios, presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.
Con fundamento en la fracción VII del artículo 35 y fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 2, incisos d), e), i) del artículo 32, el numeral 1, inciso u) del artículo 51 y los numerales 1, inciso n), numeral 3, incisos a), b), e) y d) y numeral 4 incisos a), b), e) y d) del artículo 54, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los criterios del Registro Federal de Electores en materia de verificación de apoyo ciudadano para la consulta popular; los artículos 130 al 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1, inciso s) del artículo 5 y el numeral 1, incisos n), y o) del artículo 45, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y ejerciendo nuestro derecho, Transformando Somos Más AC, entrega a usted la iniciativa ciudadana Gobierno Sin Privilegios, la cual propone la modificación de nueve artículos constitucionales y engloba cuatro puntos principales que son: reducir sueldos a altos funcionarios, incluido el presidente; retirar los seguros de gastos médicos mayores de gobernantes; desaparecer el fuero y eliminar pensiones que gozan los expresidentes.
Cabe mencionar que cumplimos con lo expuesto por el artículo 71 de nuestra Carta Magna, el cual estipula reunir firmas de apoyo ciudadano, equivalentes al 0.13% de la lista nominal de electores, presentando el día de hoy, dicho instrumento de participación ciudadana con 220 mil 316 firmas de apoyo.
Confiamos en que dicha iniciativa sea estudiada y dictaminada por el Congreso de la Unión, para evitar los despilfarros que se dan actualmente en el gobierno y generar con ello ahorros, que pueden ser utilizados en emergencias como la que se está viviendo actualmente nuestro país.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.— Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Presidente Nacional de Transformando Somos Más, AC.»
«Con fundamento en los artículos 8, 35 fracción VII, 71 fracción IV y 73 fracción XXIXQ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de este Órgano Legislativo la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentación
En las sociedades democráticas de la actualidad el respeto a las libertades, la igualdad y la solidaridad, constituyen temas referenciales en la estructuración de su respectivo sistema político y el diseño institucional del mismo. En tal sentido, cuando se hace evidente la existencia de privilegios de los que disfruta la clase política, lejos de cumplir con la más auténtica finalidad del servicio público y el bienestar común, se erige en una casta privilegiada que vive a costa de los recursos públicos, cuyo origen son las contribuciones a cargo de los ciudadanos en general.
En tal virtud, al hablar de igualdad debemos tener presente la preexistencia de la concepción de diferencia. Conforme a la definición del jurista Guillermo Cabanellas Torres la igualdad consiste en lo siguiente:
“ Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. / Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de un todo. / Trato uniforme en situaciones similares. / ANTE LA LEY. La propia generalidad de la ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equiparar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que concurra identidad de circunstancias”.
Por otra parte, la diferencia se entiende como “la cualidad o aspecto por el cual una persona o cosa se distingue de otra”. Complementando la dicotomía igualdad/diferencia, encontramos el concepto de privilegio, que implica una categoría no generalizada, es decir, a la que pocos tienen acceso.
La palabra privilegio deriva del latín “ privilegium” y se encuentra conformada por la suma de tres claros componentes: “ privus”, que es sinónimo de “privado”; “ legalis”, que es equivalente o “relativo a la ley”; y, finalmente, el sufijo “ ium”, que puede traducirse como “indicativo de relación”, la relación existente entre lo privado y la ley, que deviene en un absurdo en el entendido de que una ley no puede ser privada o privativa, sino general y abstracta. En el ámbito del derecho, el privilegio se define como la prerrogativa o gracia que se concede a una persona, liberándole de carga o gravamen, o confiriéndole un derecho del que no gozan los demás.
En este orden de ideas, el momento histórico que vive México reclama una activa y amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Los excesos cometidos por la clase política en el ejercicio del poder plantean una serie de problemas que han llevado a la corrupción del servicio público, transformándolo en un mero botín para quienes acceden a él, olvidándose de los principios básicos de compromiso social, honradez y eficacia en el desempeño del encargo público. En esto radica el interés de la presente iniciativa ciudadana, concebida bajo el rubro general: “Por un Gobierno sin Privilegios”.
Hoy, el Presidente de la República, diputados, senadores, secretarios, ministros, magistrados, jueces, los integrantes de los órganos autónomos y en general todos los servidores públicos denominados de alto nivel, gozan de ostentosos privilegios, injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En contraste con la mayoría del pueblo mexicano, que está sumergido en la espiral invertida que constituye la pobreza en un contexto de crisis cíclicas, que encadenan el destino de ciudadanos honestos y trabajadores a caminos de explotación interminable y destinos cada vez más siniestros.
Queremos un gobierno sin privilegios y vamos a luchar por él. Queremos un país en donde los altos funcionarios vean por el bienestar del pueblo, por el desarrollo económico del país, por la innovación tecnológica, por disminuir las profundas desigualdades sociales, por combatir la delincuencia. Queremos gobernantes que sean el ejemplo del buen ciudadano ante la sociedad, ante los niños; en lugar de ocupar los primeros lugares en los índices de corrupción mundial. Queremos gobernantes honestos, no cínicos funestos. Queremos diputados y senadores que se ajusten los sueldos y disminuyan sus privilegios, que el Congreso sea la casa del pueblo.
La ciudadanía está cansada de ver a los altos funcionarios dilapidar el futuro de la nación. En las últimas décadas los presidentes, ex presidentes y sus séquitos han incrementado sus privilegios como si no existiera fin. Son los primeros en desfalcar al país, cuando deberían de ser los primeros en velar por el destino de todos. Con los privilegios que se autoasignan a costas del pueblo, los altos funcionarios de México se parecen más a la corte de una decadente monarquía en tiempos cercanos a una revolución, que al gobierno progresista de un gran pueblo que está a punto de emerger.
Por lo anterior, nos permitimos formular la presente iniciativa ciudadana bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Un gobierno sin altas percepciones
Si bien resulta lógico y hasta deseable que, tanto los ingresos como los egresos proyectados para cada ejercicio fiscal, en términos generales, evidencien un incremento, también lo es que los ajustes presupuestales que se aplican cada año mantengan una clara orientación social y de servicio público. Esto no sucede así, ya que mientras el gasto corriente mantiene cierta estabilidad e incluso tiende a aumentar cada año, la inversión en rubros como el desarrollo social, el desarrollo económico o la ciencia y la cultura, suelen ser los que experimentan recortes o ajustes a la baja cada vez que el gobierno se encuentra con una situación económica critica.
A manera de ejemplo, se puede señalar que mientras para el ejercicio fiscal 2016 se proyectó un monto total de egresos por 4 billones 753 mil 874 millones de pesos, para el 2017 se ha establecido un total de 4 billones 888 mil 892 millones, lo que implica un incremento de 135 mil 018 millones. Esto nos permite establecer la existencia de un incremento, tanto en los ingresos como en lo egresos, del presupuesto federal. No obstante, todavía no tenemos claro donde se aumentará el gasto y en que rubros, por el contrario, sufrirá una reducción considerable.
De acuerdo con el Análisis del Paquete Económico 2017, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre 2010 y 2016 los ingresos del Sector Público Presupuestario registraron un crecimiento promedio anual del 4.3% en términos reales, al pasar de 2 billones 960 mil 443 millones de pesos en 2010 a 4 billones 664 mil 300 millones de pesos esperados para el cierre del ejercicio fiscal de 2016.
No obstante, en cuanto a la clasificación funcional del gasto para el ejercicio fiscal 2017, destacan las reducciones que se registrarían en Desarrollo Económico: 14.2%, y en Desarrollo Social: 3.3%. En contraste, el presupuesto de Gobierno aumentaría 0.5% con relación a 2016.
En este sentido, en Desarrollo Social los mayores ajustes a la baja en términos reales, respecto a 2016, se verifican en vivienda y servicios a la comunidad con 29%; educación con 4.7% y recreación, cultura y otras manifestaciones sociales con 26.3%. Cabe destacar que la caída de los recursos prevista en Desarrollo Social contrasta con lo establecido en los Criterios Generales de Política Económica para el gasto de 2017, donde se señala que se privilegiarán los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así como al incremento del acceso efectivo a los derechos sociales.
Queda de manifiesto que, a pesar del aumento en el ingreso público, continúan existiendo recortes a los programas sociales, lo cual contrasta con los aumentos constantes en salarios y prestaciones que reciben los servidores públicos de alto nivel jerárquico.
Desde la perspectiva que se busque analizar, ya sea económica, administrativa, social, política, jurídica, fiscal, ética o moral, no existe una sola razón por la cual los altos funcionarios de un gobierno deban recibir salarios elevados. Pagar sueldos exorbitantes a funcionarios de alto nivel es más bien una prueba clara y contundente de la corrupción de la clase política mexicana.
Una comparación entre los salarios que cobran altos funcionarios en México y el salario mínimo demuestra la enorme desproporción que existe entre ambos. Situación que se replica incluso al comparar los sueldos de mandatarios de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Así se confirma en el siguiente cuadro:
Es injustificable que el Presidente de la República perciba alrededor de 83.81 veces el salario mínimo de un trabajador mexicano. No obstante, el sueldo de altos funcionarios apenas es una parte del abultado, complejo y jugoso paquete de percepciones con las que cuentan, pues las compensaciones y prestaciones constituyen en realidad un segundo sueldo, con un gravamen fiscal poco progresivo.
Un ejemplo concreto es precisamente el Presidente de la República, cuyo sueldo base corresponde a 201 mil 239 pesos, a los que se suman un conjunto de compensaciones muy superiores a la ley, que resultan francamente excesivas o innecesarias, como la “Gratificación de fin de año” que asciende a 343 mil 583 pesos, cuatro veces mayor que el concepto de “Aguinaldo” por un total de 81 mil 858 pesos; la “Ayuda para despensa” por 6 mil 780 pesos (¿en verdad, el presidente necesita ayuda para la despensa?); cuatro tipos de seguro, uno de ellos “Potenciación del Seguro de Vida institucional” por 854 mil 223 pesos.
Parecería un exceso exclusivo del ejecutivo federal, pero este patrón de sueldo y abultadas compensaciones extraordinarias se repite en todos los ámbitos de la administración pública federal y órganos autónomos, así como a nivel estatal y municipal. En el siguiente cuadro podemos apreciar algunos datos correspondientes a la Presidencia de la República, tomados de la página web de la misma.
En este sentido, la revisión de los salarios de las principales figuras de alto nivel del gobierno denota gran desproporción respecto al salario mínimo que se establece para la jornada de un trabajador común, que en el año 2017 corresponde a 80.04 pesos, es decir, siete pesos mayor al establecido para el 2016.
Lo anterior resulta injustificable, si consideramos que el salario mínimo únicamente ha aumentado 24.47 pesos durante la última década. Lo anterior se ejemplifica en el siguiente cuadro:
¿Quién les autoriza tremendos sueldos y desproporcionadas compensaciones al presidente, diputados, senadores y funcionarios de alto nivel? La respuesta es muy sencilla: ellos mismos. Cada año, tanto el Presidente de la República como las distintas dependencias envían sus propuestas de presupuesto para el ejercicio fiscal, en las que son completamente libres de proponer e inventar cuanto privilegio se les ocurra. Al final todos los montos son negociados y autorizados en el Congreso.
Un análisis demuestra que mientras los mexicanos somos los que más horas trabajamos al año entre los países de la OCDE (2,228 horas), el ingreso familiar es el más bajo del grupo (12,850 dólares). Mientras tanto, los diputados mexicanos se encuentran entre los mejor pagados de los países incluidos en dicho análisis, con 124 salarios mínimos, aunque son los que menos horas trabajan.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un sueldo mensual bruto de $397,871.00, más $14,000.00 en prestaciones. En una respuesta por escrito a Transformando Somos Más A.C., ante la solicitud de que redujeran sus percepciones en forma voluntaria, apelando a su sensibilidad social frente al alza de la gasolina y el incremento de los precios, los ministros argumentaron que, de acuerdo con el artículo 94, era “inconstitucional” reducirse el sueldo.
Esto no sólo demuestra la profunda falta de sensibilidad por parte de los integrantes del llamado máximo tribunal de la nación, sino un desinterés absoluto por elaborar una respuesta razonada y que aporte elementos técnicos para el debate público, escudándose en argumentos leguleyos y apelando a peticiones de principio. Una Corte de Justicia muy sin embargo.
Un gobierno sin pensiones para expresidentes
Las pensiones vitalicias y seguros de vida con cargo al erario que reciben expresidentes de la República y sus familias, transgreden los principios de igualdad y equidad previstos en la Constitución. Este tema ha sido poco abordado y se encuentra inmerso en una profunda opacidad y discrecionalidad. Dichos privilegios ominosos carecen de sustento jurídico al no regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando se trata de otorgar este tipo de privilegios, no es suficiente que se fundamente mediante un decreto administrativo expedido por alguna secretaría de gobierno, se requiere la existencia de una ley que cumpla con el proceso legislativo y haya sido aprobada por el Congreso de la Unión.
Los privilegios, las pensiones vitalicias y seguros de vida a expresidentes tienen su origen en dos acuerdos presidenciales: el Acuerdo 7637 expedido en 1976 por el expresidente Luis Echeverría Álvarez, y el Acuerdo 2763-BIS expedido en 1987 por el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.
El Acuerdo 7637 indica que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrán tener a su disposición mientas vivan, el servicio de 78 miembros: del Ejército (1 General, 4 Jefes, 8 oficiales, 32 de Tropa), de la Fuerza Aérea (1 Jefe, 2 Oficiales, 8 de Tropa) y de la Armada de México (2 Jefes, 4 Oficiales, 16 de Tropa), como personal comisionado, lo que no sólo constituye un privilegio excesivo para quien desempeña tan alto honor cívico, sino que además contraviene abiertamente lo estipulado en el artículo 89 de la Constitución en virtud de que, como demuestran Hilda Nucci González y Ernesto Villanueva Villanueva, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su libro “Beneficios ex presidenciales”, dicho acuerdo administrativo carece de la firma del entonces Presidente de la República.
Por su parte, el Acuerdo presidencial 2763-BIS confiere una pensión equivalente al salario que percibe un Secretario de Estado con cargo al erario federal; además tendrán derecho a gozar de prestaciones de Seguridad Social correspondientes al cargo de un Secretario de Estado; contarán con un seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Si el ex presidente llegase a fallecer, el cónyuge supérstite recibirá una pensión equivalente al 80% que irá disminuyendo en un 10% anualmente, sólo hasta llegar al 50%. Asimismo, tendrá seguros de vida y de gastos médicos mayores equivalentes al 60% en términos netos de la suma asegurada.
Este Acuerdo también establece que los hijos del ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Ejecutivo, estarán cubiertos por un seguro de gastos médicos mayores, hasta los dieciocho años. El ex presidente dispondrá mientras viva, para el ejercicio de servicios generales, de 25 empleados de la Federación adscritos a la planta de personal de la Presidencia de la República. Entre los que se mencionan: 1 Director General, 2 Directores de Área, 4 Subdirectores, 4 Jefes de Departamento, 1 Secretaria de Director General, 1 Secretaria de Director de Área, 2 Secretarias de Subdirector, 3 Técnicos Especializados, 3 Choferes y 4 Auxiliares Administrativos.
En suma, cada expresidente tiene una pensión equivalente a las percepciones de un Secretario de Estado, seguro de vida y de gastos médicos mayores, para él y para su esposa e hijos, así como la disposición de manera vitalicia de 103 empleados (25 civiles y 78 militares) y una pensión vitalicia para la viuda, todo ello con cargo al erario público.
Estos dos Acuerdos, al ser únicamente decretos administrativos, son inconstitucionales, ya que los beneficios de seguridad social y pensiones sólo se han registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ramo que concierne a la Presidencia de la República; tampoco han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, además de que violan el artículo tercero del Código Civil Federal que menciona lo siguiente:
“ Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial”.
Estos decretos administrativos además de ser inconstitucionales gozan de ilegalidad e ilegitimidad.
La única referencia directa de estos dos acuerdos administrativos es el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, el cual establece que la misión del Estado Mayor Presidencial es otorgar seguridad a los expresidentes de la República a través del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo Administrativo 02 de la Presidencia de la República, en los siguientes términos:
“Garantizar la seguridad del C. Presidente de la República, de su familia, de jefes de Estado y/o de Gobierno extranjero que visiten el territorio nacional, de los Ex Presidentes de la República, y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente ordene el Titular del Ejecutivo Federal.”
La relevancia de enunciar estos privilegios que poseen los expresidentes de nuestro país, radica en la desigualdad social y económica que actualmente enfrenta México. Mientras que un ciudadano común necesita tener 60 años al menos, cotizar mínimo 1,250 semanas ante el IMSS, equivalentes a 25 años de trabajo, para recibir una pensión igual al monto de su último salario de cotización, en cambio un presidente debe trabajar únicamente seis años para tener prestaciones exorbitantes de por vida para él y su familia.
De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. a la fecha las cantidades que cobran los expresidentes son las siguientes:
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Pensión: 205 mil 122 pesos.
Personal: 816 mil 758 pesos en 18 personas de apoyo
Vicente Fox Quesada
Pensión: 205 mil 122 pesos
Personal: 472 mil 424 pesos en 20 personas de apoyo
Ernesto Zedillo Ponce de León
Renunció a pensión
Personal: 51 mil 357 pesos
Carlos Salinas de Gortari
Renunció a pensión
Personal: 51 mil 357 pesos
Estas cantidades son mensuales, representando un total de 21 millones 625 mil 680 pesos al año, sin considerar lo que reciben los familiares y viudas de expresidentes, así como otros gastos que no se reflejan en estos rubros.
Un gobierno sin gastos médicos mayores con cargo al erario público
A pesar de la opacidad que priva en el tratamiento de estos temas, se han hecho intentos por erradicar el pago de seguros de gastos médicos mayores a servidores públicos de los llamados de “alto nivel”, sin que a la fecha haya prosperado alguna de las propuestas.
A manera de ejemplo, en 2016 se presentó una iniciativa de ley en la cual se pretendía que los funcionarios dejen de contratar seguros de gastos médicos mayores con empresas privadas, respecto de la cual el legislador Clemente Castañeda sostuvo que con una medida de esta naturaleza el erario público se podría ahorrar alrededor de 3 mil 500 millones de pesos anuales aproximadamente, lo cual posibilitaría la atención de rubros prioritarios que han sido largamente ignorados.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), en México sólo el 8.8% de la población cuenta con el beneficio, que nosotros llamaríamos privilegio, de un seguro de gastos médicos mayores; frente a un porcentaje de la población del 17.3% que carece de la más elemental protección a su salud por encontrarse en condiciones de sobrevivencia básica.
Estos contrastes son los que se encuentran en el fondo de la discusión de este tema, en virtud de que los recursos con los que se cubren dichos seguros médicos tienen su origen en el erario público.
Así las cosas, en el manual que regula las remuneraciones para los diputados federales, servidores públicos de mando y homólogos de la Cámara de Diputados, en el apartado 6.3.1, concerniente a las prestaciones, señala de manera textual lo siguiente:
“ Los Diputados cuentan con un Seguro de Gastos Médicos Mayores, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. La suma asegurada básica tiene un rango de hasta 1500 salarios mínimos generales mensuales, con una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara de Diputados.”
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde cuya tribuna se ha señalado como inconstitucional la pretensión de reducir sus sueldos, prejuzga diciendo que cualquier reforma a los ordenamientos que garantizan sus elevados salarios, será también inconstitucional al violar en su perjuicio el principio de progresividad.
Es evidente que el máximo tribunal de la Nación asume la defensa de sus privilegios, dándoles preponderancia sobre los derechos y garantías de la sociedad. Es decir, pondera el derecho de pocos por encima del bien común.
El supremo tribunal no debe oponerse al reclamo de la sociedad a favor del bien común que, como fin del derecho mismo, es tutelado por nuestra Carta Magna y por diversos tratados debidamente suscritos por el Estado mexicano.
En efecto, desde diversos ángulos (filosófico, jurídico, ético), es inadmisible y hasta ilegal, la pretensión de preservación de privilegios de la Suprema Corte a favor de sí mismos y de diversos órganos gubernamentales y autónomos.
Verbigracia, en el Manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, indica en su apartado 8.1.3 relativo al seguro de gastos médico mayores, lo siguiente:
“ 8.1.3. Seguro de Gastos Médicos Mayores.- Beneficio que se otorga a los servidores públicos, así como a su cónyuge, concubina o concubinario, o pareja del mismo sexo (por matrimonio civil o cualquier figura reconocida por la legislación civil) y/o hijos solteros menores de veinticinco años, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad cubierta que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización.
La suma asegurada básica es hasta de 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes, con opción de incremento hasta una suma asegurada de 15000 salarios mínimos generales mensuales vigentes, con cargo al servidor público.”
¿Por qué el pueblo de México, especialmente en tiempos de profunda crisis económica, debe pagar los privilegios de una clase política que recibe ingresos exorbitantes y disparatados, mientras los servicios médicos de los trabajadores en general se encuentran en el absoluto abandono? ¿Acaso los altos funcionarios no confían en la calidad del servicio médico que el gobierno que encabezan brinda a los mismos trabajadores del Estado? ¿Es necesario tener un seguro especial?
Un aproximado de esta erogación significa en la Cámara de Diputados 10 millones de pesos de manera mensual y 2 millones 560 mil pesos en la Cámara de Senadores. En suma, 12 millones 560 mil cada mes; 150 millones 720 mil pesos cada año. Estas cifras demuestran que se trata de un privilegio de la casta política.
Un gobierno sin fuero
Para los mexicanos el término “fuero” o “inmunidad” se ha convertido en un privilegio del que goza la clase política. La palabra “fuero” remite a tiempos antiguos en los cuales se consideraba natural la existencia de privilegios que tenían determinadas personas para ser juzgadas por tribunales destinados a “clases privilegiadas” y no por la justicia común, lo que se sustentaba en una concepción de Derecho Divino.
Algunas de estas afirmaciones guardan estrecha relación con la realidad de la función pública en México en donde, si se hiciera un ejercicio comparativo, se podría observar que:
Durante la Edad Media la monarquía era una institución de ordenación divina; en México los funcionarios de alto nivel son una pequeña monarquía con todo y su corte, con privilegios que no tiene el ciudadano de a pie.
Con gran similitud a la afirmación: “los reyes son responsables sólo ante Dios. La monarquía es pura, ya que la soberanía radica por entero en el rey, cuyo poder rechaza toda limitación legal. Toda ley es una simple concesión voluntaria; y toda forma constitucional y toda asamblea existen a su arbitrio”. En comparación, un estudio sobre el Fuero Constitucional publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM menciona que: “En México, nuestros servidores públicos viven la aplicación de éste, estableciendo con ello una marcada diferencia entre la existencia de la justicia que se le administra al pueblo y la que se le administra a la clase siempre privilegiada...”.
En este sentido, se han realizado ejercicios señalando la problemática, como el expuesto en 2011 en la Cámara de Diputados en donde se señalaba que: “Según nuestra ley suprema el fuero constitucional se trata de un privilegio que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares, en cuya virtud dichos funcionarios públicos no pueden ser sujetos a proceso penal, bajo el pretexto de haber incurrido en responsabilidad, sin antes haber obtenido de la Cámara de Diputados la correspondiente declaración de haber lugar a formación de causa”.
La Suprema Corte de Justicia argumenta que: “El fuero establecido en el artículo 111 de la Constitución impide que los servidores mencionados en dicho artículo sean procesados penalmente sin que previamente se haya verificado un procedimiento sustanciado por la Cámara de Diputados (por ambas Cámaras en el caso del presidente de la República). La Constitución en su artículo 111 indica que: “ Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”.
En esta concepción del fuero, queda fuera el argumento central del servicio público, mismo que debe ser entendido como el más alto privilegio cívico al que puede aspirar un ciudadano. Argumento desde el cual se entiende que la función pública no tiene un manto de privilegio o de prerrogativas absolutas, sino que los empleados públicos deben servir con vocación y comprometidamente a la sociedad, con lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y honorabilidad.
El sustento de la existencia del “fuero” o “inmunidad” en las sociedades democráticas para los servidores públicos de alto nivel responde a una necesidad por mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y salvaguardar de eventuales acusaciones sin fundamento o impidiendo que, debido a venganzas políticas se instauren procesos penales en contra de altos servidores públicos, con el fin de hacerlos caer en el desprestigio social, en este sentido:
“La crítica contra esta figura que no ha sido poca, se basa en tres puntos fundamentales: 1) en primer término se critica que la inmunidad tenía como fundamento el contexto francés; 2) se argumenta que la figura ha sufrido una mutación para convertirse en privilegio protector de corruptelas; y, finalmente, 3) se sostiene que la inmunidad constituye una violación a la igualdad jurídica.
Dentro del artículo 111 constitucional no se expuso más el concepto de fuero constitucional ni el de proceso de desafuero; sin embargo tales figuras jurídicas siguen teniendo existencia real, aunque no textual, al llamar al desafuero de manera eufemística “Procedimiento para la declaración de procedencia”. Entonces es necesario reconsiderar si las mismas condiciones que se plantearon como necesidades inminentes a la inmunidad, persisten aún al grado de sostenerla. Es importante revisar si la concepción del congreso, como cuerpo colegiado de individuos deliberantes, así como la selectividad de los funcionarios de alto nivel que por ley tienen el privilegio de la inmunidad constitucional, en un contexto de democracia, permiten decir que han sido superadas las bases mismas de la inmunidad y que es factible derogarla.
El hecho de que un funcionario público de primer nivel (diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral) sólo pueda ser perseguido judicialmente cuando el congreso lo autorice, supone un privilegio surgido de la monarquía estamental.
En conclusión, si bien desde la época colonial los privilegios de los gobernantes de estas tierras han sido excesivos y ha pretendido replicar una estructura social de tipo monárquica en donde un pequeño número de personas concentran un trato especial, y a pesar de que las guerras de independencia y la revolución, han sido movimientos sociales en pro de la igualdad y una mayor justicia social, los gobernantes, especialmente en las últimas décadas se han otorgado a sí mismos privilegios cada vez más costosos para las finanzas públicas. Dichos abusos se han hecho en sus orígenes de manera discrecional, como las pensiones y seguros médicos de los expresidentes, o como práctica informal que parte de un principio legal como el salario adecuado pero lo tergiversa a tal punto que es a todas luces inconstitucional.
Los privilegios del gobierno son excesos que cuestan al erario público miles de millones de pesos cada mes, hieren la sensibilidad social de la mayoría de los mexicanos y ponen en riesgo la armonía de la república. Es necesario recuperar la esencia de la Constitución de 1917 y tomar como principios rectores de la administración pública el bien común, la igualdad y la justicia social.
Proyecto de iniciativa ciudadana para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para mejor ilustración de las modificaciones que se proponen, enseguida se presenta un cuadro comparativo entre las disposiciones vigentes y los textos planteados en la iniciativa que ahora nos ocupa:
Por los motivos anteriores y con fundamento en los Artículos 8, 35 fracción VII, 71 fracción IV y 73 fracción XXIX-Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a consideración la presente Iniciativa Ciudadana para un Gobierno sin Privilegios:
Decreto por el que se reforman, derogan y modifican los artículos 61, 73, 74, 83, 94, 111, 112, 114 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ÚNICO: Se reforman, derogan y modifican los artículos 61, 73, 74, 83, 94, 111, 112, 114 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61. Los diputados y senadores no podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos.
El Presidente de cada Cámara velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Artículo 73. ...
I a XI ...
XI bis. Para legislar en materia de salarios máximos para servidores públicos.
XI ter. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la protección a que tiene derecho el titular del Ejecutivo al término de su encargo.
XI a XXX
Artículo 74. ...
I a IV ...
V. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.
Artículo 83. ...
Quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo no recibirán pensión o retribución alguna y sólo contarán con la protección del cuerpo de guardias presidenciales, sí así lo solicitaran y por un término equivalente al del desempeño de su función; dicha protección abarcará únicamente a su familia nuclear, entendiéndose ésta como su cónyuge o concubina e hijos.
Artículo 94....
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá exceder a la remuneración aprobada en el presupuesto de egresos para el titular del poder ejecutivo federal.
Artículo 111. Se deroga
Artículo 112. Se deroga
Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.
Artículo 127. ...
I a III ...
III bis. Todo servidor público tendrá acceso a la seguridad social en los términos establecidos en el artículo 123, apartado B de esta Constitución. Por ningún motivo se aprobarán seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario público.
IV a VI. ...
VI bis. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, al momento de determinar las remuneraciones en el presupuesto de egresos, deberán de tomar en consideración el contexto socioeconómico del país, velando siempre por la eficacia y eficiencia del gasto público.
Son principios rectores de la determinación de los salarios para servidores públicos la eficiencia social y el desempeño de la función pública.
Para vigilar el cumplimiento de estos principios, se crea la Comisión de Salarios Máximos para Servidores Públicos integrada por: el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien fungirá como presidente; el titular de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien fungirá como secretario; y cinco ciudadanos mexicanos, con reconocido prestigio y expertos en el tema, propuestos por organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior y sus equivalentes en el caso de las entidades federativas. Los integrantes ciudadanos de la comisión desempeñaran el cargo por un periodo de cuatro años.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto.
Tercero. El Congreso de la Unión, emitirá las leyes en materia de salarios máximos para servidores públicos y de protección a los titulares del ejecutivo al finalizar su encargo en un término no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Cuarto. El Congreso de Unión contará con un plazo no mayor a un año a partir de la publicación del presente decreto para realizar el proceso de convocatoria y selección de los ciudadanos que conformarán la Comisión de salarios máximos para servidores públicos.
Quinto.Los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México armonizarán la legislación local en un término no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Notas:
1 Cfr. https://issuu.com/ultimosensalir/docs/diccionario-juridico-elemental—-guillermo -cabanel/155
2 Cfr. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com
3 Cfr. http://www.cefp.gob.mx
4 Valdez Zepeda, Andrés “Salarios de los gobernantes: Un análisis de las remuneraciones de los altos funcionarios públicos en México”, Estudios Políticos, No. 31, Sexta Época, septiembre-diciembre, 2002.
5 Cfr. www.sat.gob.mx
6 Ameth, Emmanuel “Diputados mexicanos: con los sueldos más indignantes en países de la OCDE”, Forbes, 20 de julio de 2015.
7 Nucci González, Hilda y Villanueva Villanueva, Ernesto. (2013). Pensiones ex presidenciales. Instituto de Investigaciones Jurídicas. VI (6) P.41-48
8 Cfr. http://www.sedena.gob.mx/
9 Licona Vite, Cecilia. (2008). Estudio en materia de pensiones, precepciones o compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México. México: Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. pp. 15-32.
10 Cfr. http://www.elfinanciero.com.mx/
11 cfr. www5.diputados.gob.mx.»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Del Congreso del Estado de Jalisco.
Presidente Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Ciudad de México.— Presente.
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Jalisco, en sesión verificada el martes 31 de octubre de 2017, aprobó el acuerdo legislativo número 1528-LXI-17, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 1 de noviembre de 2017.— Licenciado José Alberto López Damián (rúbrica), secretario general del Congreso del Estado.»
«Del Congreso del Estado de Jalisco.
Acuerdo
Del Congreso de Jalisco que presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa que reforma el artículo 34, fracción X, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente
Iniciativa de ley que reforma el artículo 34, fracción X, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:
Artículo 34. ...
I. a IX. ...
X. No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, ni secretario de Gobierno, consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto no será aplicable para los procesos de designación de integrantes del Comité de Participación Ciudadana y de secretario técnico, iniciados antes de su entrada en vigor.
Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Guadalajara, Jalisco, a 26 de octubre de 2017.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán, Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López (rúbrica), Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola (rúbrica), Silvia Cárdenas Casillas (rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Del Congreso del Estado de Jalisco.
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día martes 31 de octubre de 2017, aprobó el acuerdo legislativo número 1530-LXI-17, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 1 de noviembre de 2017.— Licenciado José Alberto López Damián (rúbrica), secretario General del honorable Congreso del Estado.»
«Del Congreso del Estado de Jalisco.
Acuerdo Legislativo
Del Congreso del estado de Jalisco que presenta ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente
Iniciativa de ley que reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 167. Causas de procedencia
...
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos graves cometidos contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.
Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Guadalajara, Jalisco, a 26 de octubre de 2017.— La Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán, Erika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola y Silvia Cárdenas Casillas (rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TURISTA
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Del Congreso del Estado de Jalisco.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día martes 31 de octubre de 2017, aprobó el acuerdo legislativo número 1529-LXI-17, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 1 de noviembre de 2017.— Licenciado José Alberto López Damián (rúbrica), secretario General del honorable Congreso del Estado.»
«Del Congreso del Estado de Jalisco.
Acuerdo
Del Congreso del estado de Jalisco que presenta ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que crea la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista
Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente
Iniciativa de Ley que crea la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista, para quedar como sigue:
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista
Capítulo IDisposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Turista, a fin de garantizar el derecho de los usuarios de bienes y servicios turísticos a recibir justicia, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones; en materia de defensa del usuario de bienes y servicios turísticos.
Sus disposiciones obligan a todas las entidades públicas con competencias relacionadas con la protección al turista y a todos los prestadores de servicios turísticos bajo la jurisdicción del Estado.
Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno de la Ciudad de México, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.
Artículo 2o. La Procuraduría de la Defensa del Turista es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión.
El proyecto de presupuesto de la Procuraduría de la Defensa del Turista será elaborado por la propia Procuraduría y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, la Procuraduría lo ejercerá directamente y de manera autónoma.
En ningún caso, el presupuesto que se asigne a la Procuraduría de la Defensa del Turista podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior.
Artículo 3o. La defensa, protección, orientación y asistencia del turista se guiará por los siguientes principios rectores, mantenidos como objetivos estratégicos:
I. La prohibición de toda forma de discriminación, en el acceso a bienes y servicios, tanto en calidad como precios, para personas nacionales o extranjeras, del sector turístico. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y desigualdad.
II. El Estado en coordinación con los distintos actores de la actividad turística debe promover e incentivar la calidad de los destinos, productos y servicios turísticos, para la satisfacción de turistas, nacionales y extranjeros, así como acciones y mecanismos que permitan la protección-de sus derechos.
III. La Seguridad Turística atiende la protección de la vida, salud, integridad física, psicológica y económica, no sólo de los visitantes, sino también de los prestadores de servicios turísticos y miembros de las comunidades receptoras en estricto respeto y promoción de los derechos colectivos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, con un énfasis especial en el cumplimiento y garantía de los derechos de niñez y adolescencia, así como personas en situaciones de vulnerabilidad o con discapacidad.
IV. Los prestadores o vendedores de bienes o servicios turísticos, sus delegatarios, concesionarios y o representantes, estarán obligados a reparar violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia en la prestación de los servicios contratados, obligándoles a reponer y costear las necesidades que hayan sido generadas a partir del incumplimiento, fraude u otro particular de responsabilidad del prestador de servicio o vendedor de bienes turísticos, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas.
Artículo 4o. Los servicios que regula esta Ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo.
En todos los casos que el conflicto en el que se vea involucrado el turista se origine en su carácter de consumidor, la Procuraduría de Defensa del Turista aplicará lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por las normas adjetivas civiles y esta ley, en lo que fuere aplicable.
Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.
Artículo 5o. Los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de parte interesada, por el Procurador de la Defensa del Turista, por los Delegados Regionales y por el número de asesores jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con un delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada entidad.
Las autoridades federales y los servidores públicos federales, estatales y municipales que estén relacionados o que posean información o documentos vinculados con el asunto del que conoce la Procuraduría, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar información útil, están obligados a atender y enviar puntual y oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información que les requiera la Procuraduría y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Asimismo, las autoridades federales estarán obligadas a:
I. Tener reuniones periódicas con la Procuraduría, cuando ésta se lo solicite; y
II. Mantener una constante comunicación con el personal de la Procuraduría y, a proporcionarle a ésta toda la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Las autoridades y los servidores públicos federales, estatales y municipales, colaborarán, dentro del ámbito de su competencia, con las funciones y las actividades de la Procuraduría.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las sanciones que en ella se establecen y, en su caso, a la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Capítulo II De las Atribuciones
Artículo 6o. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Turista:
I. Procurar y representar los intereses de los consumidores de bienes y servicios turísticos, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
II. Promover y proteger los derechos del turista en su carácter de consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
III. Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los usuarios de bienes y servicios turísticos por actos relacionados con la actividad o el sector turístico;
IV. Representar a los usuarios de bienes y servicios turísticos ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución;
V. Conocer e investigar las quejas de los usuarios de bienes y servicios turísticos afectados por los actos de las autoridades y particulares por presuntas violaciones a sus derechos, y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades;
VI. Impulsar con las autoridades, una actuación de respeto y equidad para con los usuarios de bienes y servicios turísticos, así como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie a los usuarios de bienes y servicios turísticos acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que disponen;
VII. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones en materia de turismo, particularmente las relativas a obligaciones, derechos, garantías, facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance de los usuarios de bienes y servicios turísticos;
VIII. Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y personal jurídico, tomando como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;
IX. Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de su función y comparecer siempre que sea convocado para ese efecto, ante el Pleno o las Comisiones camerales correspondientes;
X. Aplicar los procedimientos, las sanciones y demás medidas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos aplicables; así como imponer las multas de acuerdo a los montos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor;
XI. Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas, a fin de proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así como denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e intereses de los consumidores de bienes y servicios turísticos;
XII. Proponer al Ejecutivo federal las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los usuarios de bienes y servicios turísticos;
XIII. Emitir su Estatuto Orgánico.
XIV. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los danos causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, todo tipo de organismos no gubernamentales legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría;
XV. Fomentar y difundir una cultura de corresponsabilidad turística realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de las obligaciones, derechos y garantías de los usuarios de bienes y servicios turísticos; prestadores de servicios turísticos y autoridades competentes en la materia;
XVI. Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Turismo, normas de procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los bienes y servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos;
XVI. Instaurar un sistema de registro para el seguimiento, evaluación y regulación de las entidades que conforman la oferta de bienes y servicios turísticos. Con este fin se creará un registro único de proveedores de bienes y servicios turísticos;
XVII. Regular el comportamiento de los proveedores de bienes y servicios turísticos, propendiendo al cumplimiento de los estándares de calidad determinados en los distintos cuerpos legales y normas técnicas existentes;
XVIII. Diseñar mecanismos para eliminar todo tipo de discriminación que surjan de prácticas y actividades como consumidores de bienes y servicios turísticos;
XIX. Generar mecanismos que faciliten acceso al usuario de bienes y servicios turísticos a información oportuna, confiable y verificable que viabilice el ejercicio de derechos y disfrute de las actividades propias de su viaje;
XX. Adecuar procedimientos administrativos y jurisdiccionales para facilitar el acceso a la justicia a ciudadanos cuya lengua sea distinta a la del estado en que se encuentre y cuyo tiempo de estadía sea menor al necesario para llevar a cabo los trámites y procedimientos, tanto administrativos como judiciales;
XXI. Instaurar mecanismos de resolución de conflictos y de reconocimientos y retribución ante daños y perjuicios generados a partir de prestación o venta de bienes y servicios turísticos;
XXII. Velar por la seguridad y protección del turista, entendida esta en la integridad de la persona misma, sus bienes y la protección de sus derechos en toda esfera jurídica;
XXIII. Brindar asistencia a personas con algún tipo de discapacidad que quiera denunciar la falta de condiciones de accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas en los establecimientos turísticos;
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de los usuarios de bienes y servicios turísticos, en especial los de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;
XXV. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno de la Ciudad de México y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores de bienes y servicios turísticos; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;
XXVI. Las demás atribuciones que deriven de otros ordenamientos.
Artículo 7o. La Procuraduría se integra por los siguientes órganos:
I. El Procurador de la Defensa del Turista;
II. El Órgano de Gobierno de la Procuraduría;
III. Delegados regionales, y
IV. Asesores jurídicos.
La Procuraduría de la Defensa del Turista contará con el personal profesional, técnico y administrativo de carrera necesario para la realización de sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas de su operación serán determinadas en el Estatuto Orgánico de la Procuraduría.
Capítulo III Estructura y Organización de la Procuraduría
Artículo 8o. El Procurador de la Defensa del Turista deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Poseer título y cédula profesional de licenciado en derecho, o en alguna carrera afín al turismo;
III. Contar con conocimientos y experiencia en materia turística y administrativa, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación;
IV. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, en los últimos tres años previos a su nombramiento;
V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público, y
VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.
Artículo 9o. El Procurador de la Defensa del Turista está obligado a:
I. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría;
II. Ejercer con probidad los recursos presupuéstales que se le asignen;
III. Nombrar y remover al personal al servicio de la Procuraduría, señalándole sus funciones y remuneraciones;
IV. Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de la Procuraduría. Dicha aprobación estará sujeta a las reglas que para el efecto se establezcan en el Estatuto Orgánico;
V. Emitir las recomendaciones públicas no vinculativas, así como los acuerdos que resulten de los procedimientos que practique;
VI. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno;
VII. Emitir disposiciones o regias de carácter general y dictar lineamientos y medidas específicas para la interpretación y aplicación de la normatividad de la Procuraduría, así como, para el desarrollo y mejor desempeño de las actividades de la propia Procuraduría;
VIII. Delegar facultades en los funcionarios de la Procuraduría en los términos del Estatuto Orgánico;
IX. Ejercer la representación legal de la Procuraduría y, en su caso, otorgar poderes de representación de la misma, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico;
X. Elaborar el proyecto de Estatuto Orgánico de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la aprobación del Órgano de Gobierno;
XI. Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización del trabajo de la Procuraduría;
XII. Crear las unidades que se requieran para el buen funcionamiento de la Procuraduría y determinar la competencia de dichas unidades, de acuerdo con el Estatuto Orgánico, y
XIII. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición.
Las funciones establecidas en las fracciones IV, VI, VII, IX y X, son indelegables.
Artículo 10. La designación del Procurador de la Defensa del Turista, será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República.
El Procurador de la Defensa del Turista durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado para un segundo periodo. Podrá ser destituido y sujeto a responsabilidad por las causas y conforme a las disposiciones aplicables de la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir.
El Procurador de la Defensa del Turista, durante el ejercicio de su encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.
Artículo 11. Los asesores jurídicos deberán reunir para su nombramiento, los mismos requisitos que el Procurador, exceptuando las fracciones III y IV del artículo 8o., ya que será necesario que cuenten con experiencia acreditada en materia turística y administrativa por un período continuo de dos años inmediato anterior a su nombramiento.
Artículo 12. los asesores jurídicos están obligados a:
I. Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa de los usuarios de bienes y servicios turísticos que lo soliciten;
II. Promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses de sus representados, naciendo valer acciones, excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa; no se surtirá la obligación anterior cuando a juicio del asesor jurídico la defensa del interesado resulte legalmente improcedente por no existir bases ni fundamentos para su ejercicio;
III. Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le presente, desde su inicio, hasta la conclusión total del asunto, y
IV. las demás que resulten de la naturaleza de su función, de la disposición de la ley y las que les sean encomendadas por el Procurador de la Defensa del Turista.
Artículo 13. El Órgano de Gobierno de la Procuraduría es un cuerpo colegiado que se integra de la siguiente manera:
I. El Procurador de la Defensa del Turista, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del Órgano de Gobierno; y
II. Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El Senado de la República preservará un adecuado equilibrio al designar a dichos consejeros, tomando en cuenta a los representantes de las principales universidades del país, a los representantes de asociaciones profesionales, así como a las principales cámaras empresariales. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia turística y administrativa y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría.
Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un documento donde declare, bajo protesta de decir verdad, que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero, así como aceptar los derechos y obligaciones derivados de tal cargo.
Los consejeros independientes deberán cumplir para su nombramiento, los mismos requisitos que el Procurador, exceptuando lo dispuesto en la fracción III del artículo 8o.
Cada Consejero Independiente tendrá un suplente. El suplente se designará junto con el nombramiento del consejero independiente de que se trate. El cargo de consejero es honorífico y durará en su encargo hasta cuatro años.
El Órgano de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requiere un quórum de mayoría simple de sus integrantes para su funcionamiento, y las resoluciones que adopten para su validez serán tomadas por la mitad más uno de los consejeros presentes con derecho a voto.
Todos los miembros del Órgano de Gobierno tienen derecho de voz y voto.
Las sesiones del Órgano de Gobierno serán convocadas por el Procurador, o mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros. Las demás reglas para el debido funcionamiento del Órgano de Gobierno se establecerán en el Estatuto Orgánico.
Artículo 14. El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I. Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Procurador;
II. Fijar lineamientos y aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de ésta y de su Procurador y, velar por el cumplimiento de las regias del servicio profesional de carrera;
III. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de ellos;
IV. Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del Procurador de la Defensa del Turista;
V. Determinar las bases y lineamientos para la promoción de derechos de los consumidores de bienes y servicios turísticos;
VI. Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por el Procurador, y
VII. Las demás que se establezcan en esta Ley, en el Estatuto Orgánico, o en cualquier otra disposición.
Artículo 15. La Procuraduría de la Defensa del Turista tendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Pública en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se auxiliará, en el ejercicio de sus facultades, por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, designados en los mismos términos.
El Órgano Interno de Control, su titular y los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, desarrollarán sus funciones conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y otros ordenamientos jurídicos aplicables de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Capítulo IV Presentación, Tramitación y Resolución de Quejas o Reclamaciones
Artículo 16. Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría de la Defensa del Turista deberán ser breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión de los usuarios de los bienes y servicios turísticos.
El personal de la Procuraduría tiene la obligación de manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia.
Tanto el Procurador de la Defensa del Turista como los Delegados Regionales tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en sus actuaciones.
En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría.
Artículo 17. Cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denunciar presuntas ilegalidades contra sus derechos como consumidores de bienes y servicios turísticos y acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Turista para presentarlas, ya sea directamente o por medio de representante.
Las quejas o reclamaciones deberán presentarse por escrito, utilizando para estos efectos cualquier medio, inclusive por la página electrónica que establezca la Procuraduría para tal fin, salvo casos urgentes calificados por el Procurador de la Defensa del Turista o, en su caso, por los Delegados Regionales, en que podrán formularse por cualquier medio de comunicación.
Artículo 18. El Procurador de la Defensa del Turista o, en su caso, los Delegados Regionales, pondrán a disposición del público en general formularios que faciliten los trámites que estén bajo su esfera de atribuciones y, en todo caso, orientarán a los interesados sobre su contenido, auxiliándolo para requisitarlo.
En todos los casos que se requiera, se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la Procuraduría de la Defensa del Turista.
Artículo 19. La presentación de la queja o reclamación a que se refiere el artículo 6o., podrá hacerse en cualquier tiempo, a menos que, el acto que se reclame de las autoridades administrativas vaya a ser objeto de defensa contenciosa por la Procuraduría, caso en el cual la queja para efectos de la recomendación que le precediera, deberá presentarse a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución a impugnarse con el apercibimiento de que, si no se presenta en el término antes indicado, se tendrá por no presentada.
Cuando la queja o reclamación sea notoriamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato, debiendo comunicarse por escrito en el término de cinco días hábiles al quejoso o reclamante.
Cuando la queja o reclamación no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Turista, ésta deberá notificar la incompetencia al quejoso o reclamante en el término de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja o reclamación.
Cuando los quejosos o reclamantes no puedan identificar a las personas, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos, el escrito que contenga la queja o reclamación será admitido, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos, en cuyo caso se tendrá por no presentada la queja o reclamación.
Si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Turista, ésta dentro del término de tres días siguientes a su presentación, requerirá al quejoso o reclamante, para que haga la aclaración respectiva, con el apercibimiento de que si en el término de tres días contados a partir del día siguiente a que surta efectos su notificación, no subsana la omisión requerida, se tendrá por no presentada.
Artículo 20. En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho acuerdo se requerirá a las autoridades o proveedores de bienes, productos y servicios turísticos señalados como responsables para que en el término de tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyan en la queja o reclamación.
En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, el Procurador de la Defensa del Turista o en su caso los Delegados Regionales, podrán ordenar que ésta se realice a las autoridades responsables por la vía electrónica.
En el informe que rindan las autoridades, se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente éstos existieron, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. El interesado deberá cubrir previamente el pago de los derechos respectivos por la expedición de tales copias certificadas.
Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen pronunciado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.
Artículo 21. Para el trámite de la queja o reclamación, cuando se requiera una investigación, la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Solicitar a las personas, autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los usuarios de los bienes y servicios turísticos, la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior, así como la documentación adicional, y
II. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o reclamaciones.
Artículo 22. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos o prestadores a los que se imputen las violaciones, o bien las que de oficio se requieran o practiquen, serán valoradas en su conjunto, de, acuerdo con los principios de valoración de la prueba, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja o reclamación.
Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.
Capítulo V De los Acuerdos y Recomendaciones
Artículo 23. El Procurador de la Defensa del Turista podrá dictar:
I. Acuerdos de trámite, para que las autoridades aporten información o documentación, salvo aquella que la Ley considere reservada o confidencial;
II. Recomendaciones no imperativas para la autoridad o servidor público a la que se dirija, y
III. Acuerdos de no responsabilidad.
Artículo 24. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del informe de las autoridades responsables a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, la Procuraduría de la Defensa del Turista, formulará una recomendación, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales; señalando, en su caso, las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables.
En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Artículo 25. En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Procuraduría en el término de cinco días, después de recepcionado el informe de fas autoridades responsables, dictará acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 26. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.
Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, si acepta o no dicha recomendación.
En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación formulada, la Procuraduría de la Defensa del Turista procederá de acuerdo a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 6o. de la presente Ley.
En caso de aceptar la recomendación, entregará, dentro de los diez días hábiles siguientes, las pruebas que acrediten de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y lo autorice el Procurador de la Defensa del Turista o los Delegados Regionales.
En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Procuraduría no procede ningún recurso.
Artículo 27. Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.
Capítulo VI De las Sanciones
Artículo 28. Los servidores públicos y funcionarios serán sancionados:
I. Con multa de 25 hasta 250 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria cuando:
1. No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o no acompañen las pruebas necesarias que lo justifiquen, o no entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por la Procuraduría.
2. No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos segundo y cuarto del artículo 26 de esta Ley, si en su caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría;
II. Con multa de 50 hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, cuando utilizando cualquier medio entorpezcan u obstaculicen las funciones de la Procuraduría, así como no asistir a las reuniones periódicas establecidas en la fracción XIV del artículo 6o.;
III. Será motivo de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuando los servidores públicos se nieguen a cumplir la recomendación que se les dirija, siempre que el usuario de bienes y servicios turísticos logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, que el acto que fue objeto de la intervención de la Procuraduría sea declarado nulo por ausencia total de fundamentación o motivación mediante resolución definitiva.
La imposición de las multas estará a cargo del Procurador de la Defensa del Turista, y de los Delegados Regionales en el ámbito de su competencia. El Procurador podrá delegar esta facultad a otros servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Turista,
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los recursos necesarios y suficientes para la creación, operación y funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Turista, deberán incorporarse al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley, y a efecto de que las Delegaciones Regionales de la Procuraduría puedan prestar sus servicios eficientemente, se deberán destinar, en los Presupuestos de Egresos de la Federación correspondientes, los recursos suficientes para satisfacer plenamente los requerimientos de operación de dichas delegaciones.
Tercero. La elección del primer procurador de la Defensa del Turista deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de esta Ley. Dentro de los siguientes cuarenta y cinco días hábiles a su elección, deberá constituirse el Órgano de Gobierno de la Procuraduría, órgano que deberá expedir su Estatuto Orgánico a más tardar dentro de treinta días siguientes a su constitución. La Procuraduría deberá estar operando y funcionando, a más tardar dentro de los siguientes ciento veinte días al inicio de la vigencia de la presente Ley.
Cuarto. El procurador es el responsable del proceso de constitución de la Procuraduría, se le faculta para decidir sobre cualquier obstáculo o imprevisto que impida o retrase el proceso de creación y constitución de la Procuraduría, referido en el artículo anterior, debiendo en la primera sesión del Órgano de Gobierno, ponerla a consideración de éste para que, en su caso la ratifique.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Guadalajara, Jalisco, a 26 de octubre de 2017.— La Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán, Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López (rúbrica), Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola y Silvia Cárdenas Casillas (rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite a usted el acuerdo número 447, mediante el cual se remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos. Lo anterior, para su conocimiento y efectos conducentes.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 27 de septiembre de 2017.— Diputado Miguel Ángel Villegas Soto (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; diputada Jeovana Mariela Alcántar Baca (rúbrica), primera secretaria; diputada Yarabí Ávila González (rúbrica), segunda secretaria; diputada Rosalía Miranda Arévalo (rúbrica), tercera secretaria.»
«Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
El Congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo número 447
Único. La Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite remitir iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:
Decreto
Primero. Se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 41. ...
[...]
I. ...
II. ...
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando la votación total emitida de la elección inmediata anterior de diputados federales o locales según sea el caso, por sesenta y cinco por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Segundo. Se reforma el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:
Artículo 51.
1. ...
a) ...
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará la votación total emitida de la elección inmediata anterior de diputados federales o locales, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la unidad de medida de actualización para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo, así como la propuesta de acuerdo, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio del Poder Legislativo. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 27 de septiembre de 2017.— Diputado Miguel Ángel Villegas Soto (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; diputada Jeovana Mariela Alcántar Baca (rúbrica), primera secretaria; diputada Yarabí Ávila González (rúbrica), segunda secretaria; diputada Rosalía Miranda Arévalo, tercera secretaria.»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde y a la Comisión de Gobernación la parte que le corresponde, para dictamen.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La presidenta diputada María Ávila Serna:El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas, por el cual tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Compañeras y compañeros legisladores, en un mundo donde se trabaja de manera conjunta para proteger los recursos naturales, el desdén de un país es contra la historia y contra el planeta.
La tarea fundamental de México como nación es suscribir todos los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y avanzar en el ámbito legislativo para posibilitar mejores mecanismos y procedimientos que garanticen la protección de nuestros recursos naturales.
El tema de las áreas naturales protegidas de México cobra especial relevancia para preservar la inmensa riqueza en flora y fauna con la que cuenta nuestro país. Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y todas sus actividades están reguladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
En su reglamento y en los programas de manejo establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actualmente existen 177 áreas naturales protegidas que tienen la categoría de reservas de la biósfera. Sin embargo, se presenta una problemática que debemos resolver a través de una reforma puntual y precisa: frente a la omisión de formular, publicar y actualizar los programas de manejo, debemos garantizar sanciones a la autoridad responsable; frente a la dilación de la elaboración de los programas de manejo, debemos establecer periodos que garanticen su cumplimiento; y frente a la reticencia de la autoridad responsable para publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen de programa de manejo, debemos garantizar un periodo obligatorio para su cumplimiento.
Una recomendación general emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa a la falta de actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas, estima que, de las 177 áreas naturales protegidas en el país, 55 no contaban con el plan de manejo y 20 de ellas, a pesar de disponer de un programa ya elaborado, no se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Pongo un ejemplo muy claro de la Sierra de Álvarez, del estado de San Luis Potosí, que a pesar de ser considerada área natural protegida de flora y fauna desde el año 2000, hoy, en el 2017, sigue careciendo de un plan de manejo para el uso, conservación y administración adecuada.
En 17 años se han permitido diversas actividades que atentan contra los recursos naturales y ecosistemas y acuíferos, al que se suman los problemas generados por una empresa canadiense con una concesión para la explotación por más de 167 años que expertos y ambientalistas coinciden en la desmedida devastación de su capa forestal, consecuencia de la extracción de minerales.
Por esta razón, hoy nos sumamos a la demanda de nuestra población potosina y del país, a fin de garantizar que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un plan de manejo y, en todo caso, sancionar a las autoridades que omitan su elaboración.
En este sentido, se propone que una vez publicado el decreto respectivo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para su cumplimiento, además de un plazo de 30 días para publicar un resumen de dicho programa incluyendo el plano de localización.
Compañeras y compañeros legisladores, la protección y preservación de nuestras áreas naturales debe tener como referente una legislación avanzada que determine plazos y establezca expresamente sanciones. Hoy está en juego el futuro de nuestras próximas generaciones. Luchemos por garantizar la protección de sus derechos y por garantizar la protección de nuestros derechos naturales. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, inciso I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la presente
Exposición de MotivosEn el contexto en que la preservación del ambiente es parte de una agenda mundial, donde la gran mayoría de los países expresan su preocupación por el cambio climático y por el calentamiento global del planeta. En un mundo donde se trabaja de manera conjunta por proteger los recursos naturales y en que son pocas las naciones, que se apartan de los compromisos globales como recientemente lo hizo Estados Unidos, al no suscribir los Acuerdos de París.
La tarea fundamental de México como nación es suscribir todos los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y avanzar en el ámbito legislativo, para posibilitar mejores mecanismos y procedimientos, que garanticen la protección de nuestros recursos naturales, y es en este contexto, donde el tema de las áreas naturales protegidas de México, cobran especial relevancia, para preservar la biodiversidad, la riqueza en flora y fauna, con la que cuenta el país.
Un área natural protegida es una porción de territorio, ya sea terrestre o acuática, cuyo propósito es preservar o restaurar la biodiversidad representativa de los ecosistemas, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos ecológicos, y cuyas características no han sido esencialmente modificadas.
Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y todas sus actividades están reguladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su reglamento y en los programas de manejo establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ahora bien, un programa de manejo, es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva, la elaboración de este programa de manejo corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Actualmente hay 177 áreas naturales protegidas, que tienen la categoría de reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de fauna y flora, y santuarios.
Sin embargo, se presenta una problemática que debemos resolver a través de una reforma puntual y contundente: frente a la omisión de formular, publicar y actualizar los programas de manejo debemos garantizar sanciones a la autoridad responsable; frente a la dilación para la elaboración de los programas de manejo debemos establecer periodos que garanticen su cumplimiento; y frente a la reticencia de la autoridad responsable para publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen del programa de manejo, debemos garantizar un periodo obligatorio para su cumplimiento.
De acuerdo con la recomendación general número 26/2016 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la falta y actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal, de las 177 áreas naturales protegidas 55 de ellos no contaban con un plan de manejo, y 20 de ellas pese a disponer de un programa ya elaborado, no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Por esa razón, el propósito de la presente iniciativa es garantizar que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un plan de manejo, que se establezcan sanciones a las autoridades cuando no los elaboren, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para elaborar el plan de manejo, una vez que se ha publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se establecen las áreas naturales protegidas, y un plazo de 30 días para que se publique un resumen del programa de manejo respectivo, así como el plano de localización del área.
La protección, preservación y restauración de las áreas naturales deben tener como referente una legislación de avanzada, que determine plazos y establezca expresamente sanciones.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Único. Se reforman los párrafos primero del artículo 65 y último del artículo 66; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 171, recorriéndose los subsecuentes, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 65. La Secretaría formulará dentro del plazo de 180 días, contados a partir de la de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.
...
Artículo 66. El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener por lo menos lo siguiente:
I. a VII. ...
Una vez elaborado el programa de manejo,la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 30 días, un resumen del mismo y el plano de localización del área.
Artículo 171. Las violaciones de los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la secretaría con una o más de las siguientes sanciones:
I. a V. ...
En el caso de violaciones cometidas por servidores públicos, éstas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
...
...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Ruth Noemí Tiscareño Agoitia,Adolfo Mota Hernández, Alfredo Anaya Orozco, Armando Luna Canales, Francisco Saracho Navarro, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Ruth Noemí Tiscareño por su excelente iniciativa. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
La presidenta diputada María Ávila Serna: «Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite a usted el acuerdo número 446, mediante el cual se aprueba remitir al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso d) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Lo anterior, para su conocimiento y efectos conducentes.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 27 de septiembre de 2017.— Diputado: Miguel Ángel Villegas Soto (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; diputada Jeovana Mariela Alcántar Baca (rúbrica), primera secretaria; diputada Yarabí Ávila González (rúbrica), segunda secretaria; diputada Rosalía Miranda Arévalo (rúbrica), tercera secretaria.»
«Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
El Congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo número 446
Único. La Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite remitir iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso D) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Único. Se reforma el inciso D) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Al valor de...
I. En la enajenación...
A) Bebidas con contenido ...
B) Alcohol, alcohol desnaturalizado...
C) Tabacos labrados...
D) Combustibles automotrices:
1. Combustibles fósiles...................... Cuota Unidad de medida
a. Gasolina menor de 92 octanos.......... 2.59 pesos por litro.
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 2.19 pesos por litro.
c. Diésel................................................ 2.85 pesos por litro.
2. Combustibles no fósiles.................... 2.19 pesos por litro.
Tratándose de fracciones...
Las cantidades señaladas en el presente inciso...
E) a J)...
II. En la prestación...
III. En la exportación definitiva...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo, así como la propuesta de acuerdo, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a 27 de septiembre de 2017.— Diputado Miguel Ángel Villegas Soto (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; diputada Jeovana Mariela Alcántar Baca (rúbrica), primera secretaria; diputada Yarabí Ávila González (rúbrica), segunda secretaria; diputada Rosalía Miranda Arévalo, tercera secretaria.»
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Asimismo, la diputada presentará también otra iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Adelante, diputada.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la discriminación, en cualquiera de sus vertientes o modalidades, es un lastre de la humanidad que debemos erradicar en los diversos frentes posibles.
La discriminación es producto de la ignorancia, de la sinrazón y de los prejuicios. Todo ello es un caldo de cultivo para los discursos de odio y para justificar, incluso, la exterminación o asesinato vil de seres humanos por la única razón de ser diferentes.
Ejemplos de este tipo de atrocidades en contra de las minorías o grupos humanos distintos al resto de la sociedad, nos los da la historia de forma abundante.
Nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación en su artículo 1o. Sin embargo, muchas mexicanas y mexicanos enfrentan la discriminación de muchas maneras. Este problema grave que desafortunadamente crece cada día más en nuestro país sin que ninguna autoridad ponga un alto al respecto.
La discriminación en México se sufre a cualquier edad, en cualquier lugar, en las calles, en la escuela, en el hogar, en el trabajo y en los lugares públicos. Debemos sensibilizar a todo el país para no fomentar la discriminación de ningún tipo No es tarea fácil, pero tenemos que iniciar ahora, dar ese paso a tener un México libre de discriminación, ya que afecta y daña a todos los mexicanos.
Existen creencias falsas a temerle o a rechazar a los que se consideran diferentes. No obstante, debemos de estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales, es que todos tenemos los mismos derechos humanos.
Las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, mujeres, jóvenes, personas indígenas, con VIH, con preferencias sexuales diversas y diferentes, y con identidad de género distinta a la de su nacimiento, entre otras, son mucho más propensos a vivir algún acto de discriminación en este país.
Por esas razones he decidido presentar el día de hoy dos iniciativas de ley para combatir en nuestro país la discriminación. La primera, para reformar el artículo 149 del Código Penal Federal.
Si bien, la discriminación no es considerada en la ley como un delito grave, sí son graves las consecuencias para quienes son víctimas de este delito. Necesitamos leyes y sanciones más drásticas, pero también necesitamos autoridades que sepan y hagan valer esas sanciones.
En el contenido de esta iniciativa también propongo que el delito de discriminación no se persiga por querella, como está establecido actualmente en la ley, sino que se persiga de oficio o a petición de un tercero involucrado.
Es decir, que cualquier ciudadano pueda denunciar, aunque no sea el directamente afectado, lo que obligaría a la autoridad a realizar investigaciones correspondientes, si así lo amerita, poner las sanciones que la ley marque.
La segunda iniciativa que presento, es para reformar diversas disposiciones y adicionar artículos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta propuesta es una acción concreta a favor de la igualdad entre los mexicanos, y es muestra del compromiso de Acción Nacional que tenemos para actuar contra la discriminación en cualquiera de sus formas, por motivos de sexo, origen étnico, religión, discapacidad, género, preferencia sexual, filiación política o cualquier otra diferencia que origine la exclusión de una o un grupo de personas.
Con esta iniciativa se propiciará la armonización legislativa, a través de la cual se ve reflejado en materia de no discriminación en nuestras leyes como normatividad interna y también poner en sintonía las leyes estatales.
Diputadas y diputados, legislemos hoy por tener un México libre de discriminación, donde todos tengamos el igual derecho a ser diferentes. Digamos no a la discriminación. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII del artículo 1o. y la fracción VI del artículo 15 Sextus, así como la modificación de las fracciones III y XVI del artículo 9, la fracción VI del artículo 15 Quárter, la fracción III del artículo 15 Sextus y el segundo párrafo del artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa desigualdad social en nuestro país crece cada día y junto a ella, de la mano, va la discriminación. Ambas son tan comunes que me parece que a veces, no nos damos cuenta del momento en que ocurren.
México cuenta con instituciones y tres órdenes de gobierno que garantizan el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, en nuestras leyes queda expresamente prohibida toda discriminación que impida el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades; sin embargo, ni todas las autoridades, ni toda la población respeta los valores fundamentales de todas las personas, dando paso, en algunas ocasiones, a la discriminación. Por ello, sabedores de que no todos tienen a la dignidad de la persona humana como el centro de su actuar público y privado, debemos trabajar para que todas las personas acepten que todos los seres humanos tenemos el mismo valor y dignidad, labor titánica que sólo será posible a través de la educación y la vivencia de hábitos buenos que faciliten la convivencia social, que terminará por contribuir a la erradicación de la discriminación en México. Espero que otra manera de contribuir sea esta propuesta de reforma, para consolidar nuestro estado de derecho y en particular, a lo relativo a la prevención de la discriminación.
El tema de la lucha contra la discriminación en México, es relativamente nuevo legalmente hablando; la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación se aprobó en 2003, y tuvo una reforma amplia en el 2014 que garantiza y promueve los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Deseo traer también a la memoria que, en el marco del bicentenario de la independencia, durante el gobierno de Felipe Calderón, se toma el acuerdo en el 2010 que el día 19 de octubre de cada año se conmemorará el día nacional contra la discriminación, en recuerdo a que fue el 19 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud.
A pesar de esos avances y señales externas, en México no todas las constituciones locales contienen cláusulas antidiscriminatorias: en 26 entidades federativas se contempla, específicamente dentro del texto de la constitución, a la discriminación como un acto que violenta los derechos humanos. Hay, por lo tanto, 6 entidades federativas en donde sus constituciones locales no tienen cláusula antidiscriminatoria.. Queda mucho por hacer.
A pesar de que nuestro país ha tenido avances jurídicos en la consolidación del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, aún es necesario realizar un trabajo de armonización legislativa a través del cual los compromisos internacionales se vean reflejados en nuestra normatividad interna y también poner en sintonía las leyes estatales respectivas. A final de cuentas, una de las funciones de nuestra labor legislativa es garantizar que todas las personas gocen de las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades.
Entre los acuerdos internacionales que México ha firmado y dan sustento a la defensa de los derechos humanos y la no discriminación, están la Carta de las Naciones Unidas 1946, la Carta de la Organización de los Estados Americanos 1949, la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica 1981 y más recientemente el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptado en Asunción, Paraguay en 2007.
Resulta evidente que además de mejorar nuestras leyes, debemos realizar acciones en conjunto como sociedad para organizar foros de discusión o consultas que sean convenientes para tratar el tema de la discriminación y sus múltiples facetas. En una sociedad participativa, todos deberíamos efectuar el seguimiento de la actividad gubernamental en materia de igualdad y no discriminación. De esta manera podríamos combatir el cáncer que representa la discriminación para el sistema democrático, porque daña el tejido social y coloca en desventaja a los grupos sociales excluidos.
Debemos fortalecer el diálogo entre las entidades y dependencias de la administración pública con organismos públicos, instituciones educativas, entidades federativas, legislaturas de los estados, organizaciones de la sociedad civil, etc., a fin de enriquecer y fortalecer la igualdad y el principio de no discriminación. Participar en campañas en pro de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, creando una cultura de respeto y reconocimiento de las capacidades que cada persona posee.
La educación cívica debe ayudar a desarrollar procesos de sensibilización relativas a la tolerancia, el respeto de las diferencias y la creación de una cultura antidiscriminatoria, a través de la cual se garanticen los niveles mínimos de igualdad de oportunidades y de protección a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional; independientemente de aspectos tales como: origen étnico, sexo, religión, posición social, preferencia sexual, discapacidad, edad, filiación política, por mencionar algunas de las condiciones que pueden generar exclusión social.
Muchos peleamos por una sociedad solidaria, equitativa, con igualdad de oportunidades para todos incluso para quienes no comparten el objetivo social de la fraternidad. La realidad es que muchos mexicanos somos o son víctimas de las distintas formas de discriminación por sus características físicas, su forma de vida, su edad, su sexo, su origen étnico, su condición social o económica, su religión, sus preferencias sexuales, su estado civil o cualquier otra circunstancia que lo coloque como diferente al resto y que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de sus derechos.
Presento esta iniciativa como una acción concreta a favor de la igualdad entre los mexicanos y como una muestra fehaciente de mi total disposición a actuar en contra toda discriminación por motivos de sexo, origen étnico, religión, discapacidad, preferencia sexual, filiación política o cualquier otra diferencia que origine la exclusión de una o un grupo de personas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoSe adiciona la fracción XII del artículo 1o. y la fracción VI del artículo 15 Sextus, así como la modificación de las fracciones III y XVI del artículo 9, la fracción VI del artículo 15 Quárter, la fracción III del artículo 15 Sextus y el segundo párrafo del artículo 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación para quedar como sigue:
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerza contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
Articulo 9. Con base en el artículo primero constitucional el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
Artículo 15 Quáter. Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:
Artículo 15 Sextus.Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:
Artículo 15 Octavus.Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas miembros de la comunidad LGBTTTI.
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 2014. Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Página 3. Segob
2. http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id= 505&id_opcion=650&op=650
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados Kathia Maria Bolio Pinelo, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alfredo Miguel Herrera Deras, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Eloisa Chavarrías Barajas, Enrique Cambranis Torres, Gerardo Federico Salas Díaz, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luis Gilberto Marrón Agustín, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sofía González Torres, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Kathia María Bolio. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión Especial sobre la no Discriminación, para opinión.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La diputada Kathia María Bolio Pinelo:
«Iniciativa que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosHay palabras que duelen más que un golpe, son aquellas palabras que llevan como etiqueta un trato desfavorable, despectivo y lleno de desprecio a una determinada persona.
Muchos mexicanos enfrentan la discriminación, ese grave problema que desafortunadamente crece día a día en nuestro país sin que ninguna autoridad le ponga un alto. La discriminación se sufre a cualquier edad y en cualquier lugar, en las calles, en la escuela, en el hogar, en el trabajo y en otros lugares públicos.
Nuestra constitución señala en su art 1: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Este es un problema que daña a toda la sociedad, por lo que nos involucra a todos, ya que si bien algunos no han sufrido discriminación, eso no les exenta de poder recibirla en algún momento de su vida o que cualquier mexicano pueda sufrirla. Por lo que necesitamos profundizar más en el tema, involucrarnos y actuar de inmediato.
Debemos sensibilizar a todo el país a no fomentar la discriminación de ningún tipo; no es tarea fácil, pero tenemos que iniciar ahora: dar el paso para tener un México sin discriminación, ya que afecta y daña a todos los mexicanos.
Necesitamos que el gobierno federal sea firme en la lucha contra este problema, que desafortunadamente en pleno siglo XXI sigue estando presente y cada vez con mayor frecuencia.
Las personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, con preferencias sexuales diferentes, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas, en lo único que somos iguales, es que todos tenemos el mismo valor como seres humanos.
Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias que señala el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación son:
1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
2. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
3. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
4. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.
5. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
6. Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.
7. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
El Código Penal Federal establece en su artículo 149 Ter el delito de discriminación, que es un delito contra la dignidad de las personas, señalando textualmente en dicho artículo lo siguiente: “Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
Este artículo establece que el delito de discriminación se persigue por querella, es decir únicamente el afectado puede denunciar.
Hoy en día vemos diversos videos que circulan en redes sociales de diversos actos de discriminación que los ciudadanos graban siendo testigos, buscando con su difusión que las autoridades tomen cartas en el asunto ante estos terribles actos que dañan a las personas; pero, desafortunadamente, en la gran mayoría de las ocasiones no existe una sanción, por lo que queda impune dicho delito de discriminación. http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84 &id_opcion=142&op=142
Necesitamos leyes con sanciones drásticas, pero también necesitamos autoridades que sepan y hagan valer esas sanciones.
Si bien la discriminación no es considerada en la ley como un delito grave, son graves las consecuencias para quien es víctima de este delito, por lo que la iniciativa tiene la intención de poner sanciones que ataquen de raíz este grave problema que hoy existe en nuestro México, por lo que esta reforma establece las bases para impulsar una política pública de respeto irrestricto a derechos humanos y que ataque frontalmente cualquier conducta discriminatoria.
El delito de discriminación no únicamente es de orden federal, en la mayoría de los casos la transgresión es del orden local, por lo que los congresos estatales igualmente deberían realizar los ejercicios de armonización legislativa.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la séptima edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, encuesta que muestra cifras sumamente alarmantes; entre ellas la que señala que el 93.6 por ciento de los delitos no se denuncian, es decir únicamente uno de cada diez delitos que se comenten en el país es denunciado. Entre los principales motivos que llevan a la población a no denunciar están que considera como pérdida de tiempo ir a denunciar y la desconfianza en la autoridad.
Por lo que propongo también que, en esta iniciativa, el delito de discriminación no se persiga por querella como está establecido en la ley, sino que se persiga de oficio, es decir que cualquier ciudadano pueda denunciar, aunque no sea directamente el afectado, lo que obligaría a la autoridad a realizar las investigaciones correspondientes y, si así lo amerita, poner las sanciones que marque la ley.
Como presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación en la Cámara de Diputados, busco construir un presente más justo y digno para todos, sin discriminación y sin desigualdades, todos somos iguales ante la ley y ante dios, necesitamos un México sin discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decretoArtículo Único. Se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal para quedar como sigue:
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Kathia Maria Bolio Pinelo,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Miguel Herrera Deras, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Eloisa Chavarrías Barajas, Enrique Cambranis Torres, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luis Gilberto Marrón Agustín, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Nelly del Carmen Márquez Zapata, René Mandujano Tinajero, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sofía González Torres, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Elida Castelán Mondragón:Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Acudo a esta tribuna a presentar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, a propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La propuesta que hoy pongo a su consideración, en la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, tiene como propósito fomentar la participación activa de los legisladores en el desahogo del orden del día a través de la introducción de un nuevo tipo de moción, cuyo objeto primordial es la alteración inmediata del orden del día, adelantando la discusión de un asunto.
Con esta reforma se fortalece la discusión de los dictámenes que estén enlistados a discusión en el orden del día, dando como consecuencia la permisión de la prelación de discusión o votación de la materia por agotar en la conducción de una sesión.
Nosotros, como legisladores, debemos buscar el fortalecimiento del Reglamento por medio de mejoras legislativas.
Existen parlamentos sudamericanos, Argentina y Paraguay, que ya contemplan la figura jurídica de moción de preferencia. Los tiempos exigen que nosotros como operadores del sistema jurídico mexicano seamos cercanos al modelo de legislador racional, donde impere la vehemencia, la elocuencia y el ideario de cada legislador.
No hay mejor manera de resaltar el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que enaltecerla por medio de reforzar al Reglamento de la Cámara de Diputados, que favorezcan el diálogo constructivo y la discusión abierta de los temas que por su importancia y trascendencia afectan a todas y todos quienes habitamos en este país.
Por ello, me permito traer a esta tribuna la máxima que Venustiano Carranza encomendó a los constituyentes de 1916: Toca ahora a vosotros coronar la obra a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y guarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas. Muchas gracias, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
Hoy los mexicanos padecen el mal de no tener legisladores calificados para poder ejercer su función primaria (legislar) de una forma adecuada; otro mal es la inflación legislativa que durante más de 50 años ha ocasionado que el Congreso de la Unión sufra tan peligrosa Patología Parlamentaria.
La inflación legislativa es la sobreproducción innecesaria y desordenada de normas jurídicas, cuyo efecto principal es la contradicción que genera en por lo menos dos o más leyes en el cuerpo normativo general, aumentando los niveles de ineficacia del derecho y, por supuesto, la corrupción.)
Es necesario realizar ejercicios comparativos de sistemas jurídicos en lo particular, y en lo general con el fin de determinar o terminar con Patologías Parlamentarias como la inflación legislativa, la improductividad legislativa y la omisión legislativa, etcétera.
Atender esta patología donde el Poder Legislativo se convierte en una “Maquina de Leyes” carente del Volksgeisto una extensión más del Poder Ejecutivo; genera al mismo tiempo un perturbación entre las funciones del poder, dándole supremacía al Parlamento sobre el Ejecutivo o el Judicial; violentando mayúsculamente el ánima de la soberanía nacional, aunado a ello deja en letra muerta los pesos y contrapesos.
Es necesario dar contexto a lo escrito; un discurso muy elocuente de la exposición de motivos del Congreso Constituyente del 1 diciembre de 1916 para dimensionar la trascendencia que el Constituyente buscaba legar a los mexicanos del presente y del futuro.
“ Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas.”
El legislador en este centenario (1917-2017) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe una plena observancia a la misma; desde su primer artículo hasta su último artículo (1-136); al igual que con sus representados de velar por una Carta Magna que permita a los ciudadanos saber que nuestro país es un Estado en ciernes de ser, estado de derecho.
Con motivo de los cien años de nuestro máximo ordenamiento, debemos recordar la obra del famoso jurista argentino Carlos Santiago Nino en su obra intitulada).
La obra en comento en su capítulo V “ el modelo dogmático del legislador racional”; se enlistan los atributos o cualidades que debe tener el operador jurídico por antonomasia (legislador) si bien son ideales o buenos deseos pero aun así son deseables.
1. Es consciente;
2. Es racional;
3. Es omnisciente;
4. Es omnipotente;
5. Es justo;
6. Es coherente;
7. Es omnicomprensivo;
8. Es operativo; y
9. Es preciso.
El legislador debe cumplir en un margen de legalidad lo que la norma fundamental mandata, es por lo tanto que él tiene que corresponder en un mínimo y máximo el acatamiento de lo dispuesto a lo largo de la Constitución es preciso señalar que las propiedades que Nino cataloga en los legisladores tiene que ser común denominador de todo legislador que merezca tan insigne título.
Las tres Patologías Parlamentariasrecurrentes (la inflación legislativa, la improductividad legislativa y la omisión legislativa) en cualquier legislatura vienen a violentar las cualidades del legislador racional de Nino; la transgresión es flagrante.
No se puede ser consciente, racional y omnisciente si se produce deliberadamente “inflación legislativa”, menos aún ser omnipotente, justo y coherente si es un autómata de la mayoría causante de la “improductividad legislativa”; por último ser omnicomprensivo, operativo y preciso es un contrasentido de la realidad parlamentaria donde impera la “omisión legislativa”.
El operador jurídico, como lo es el legislador participa activamente o pasivamente en comisiones, comités, grupos de amistad, grupos de trabajo desahogando las sesiones de conformidad con el Reglamento de Cámara de Diputados donde los legisladores hacen notar su vehemencia, su elocuencia y su ideario, es pertinente hacer mención que los diputados usan las mociones para exteriorizar su voz y voto en cada sesión.
Realizando un estudio sobre los distintos reglamentos de parlamentos de Sudamérica nos encontramos con los Reglamentos de Argentina y Paraguay, los cuales contienen una figura jurídica parlamentaría (Moción de Preferencia) que en el Reglamento de Cámara de Diputados no se tiene.
El Reglamento de la Cámara de Diputados de la nación argentina; en su capítulo XII- De las mociones en su artículo 126, da el concepto de moción. También el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados de Paraguay en su título VII de las mociones capítulo 1.
Artículo 126. Toda proposición hecha de viva voz desde su banca por un diputado, es una moción.
Artículo 110. Toda proposición hecha de viva voz desde su banca por un diputado es una moción
Los dos reglamentos citados son reiterantes y repetitivos en lo que es una moción; sin embargo el Reglamento de la Cámara de Diputadosen el artículo 114, numeral 1, con sus 9 fracciones, no hace mención expresa de lo que se debe entender por moción, lo que sí hace es enlistar los tipos de mociones.
Desde el artículo 114 al 123 se da cuenta de las mociones y sus usos; esta figura jurídica parlamentaria necesita tener nuevos elementos. Los tiempos exigen que los legisladores sean cercanos al modelo del legislador racional propuesto por Carlos Santiago Nino, es cierto que no se puede cumplir a cabalidad ese arquetipo; se tendría a bien que se vaya persiguiendo el objetivo de acercarse lo más posible a dicho paradigma.
Dejar expresamente qué se entiende por moción en el artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados producirá un ambiente de mayor participación por parte de los legisladores en lo colectivo (grupos parlamentarios) o lo individual (diputados independientes).
Anexar una nueva moción que permita al legislador adelantar un dictamen a discusión que esté enlistado en el orden del día de la sesión correspondiente, es decir darle prelación de discusión o votación, daría lugar a agilizar las sesiones de pleno.
Ya en los Reglamentos de las Cámaras de Diputados de Argentina y Paraguay están contemplados con el nombre de “ Moción de Preferencia”.
El Reglamento de la honorable Cámara de Diputados de Paraguay en su título VII de las mociones, Capítulo 1.
“Artículo 115. Es moción de preferencia toda proposición que tenga por objeto anticipar el momento en que, con arreglo al reglamento, corresponde tratar un asunto”
En miras de realizar una actividad que mejore, actualice y resalte el Reglamento de Cámara de Diputados es necesario insertar la moción de preferencia en sus términos correspondientes.
Su operatividad está garantizada por el buen uso de las prácticas parlamentarias que ejecutan los legisladores en las sesiones de pleno y por las otras mociones; la multicitada moción viene a complementar el actuar de los legisladores para secundar a sus colegisladores respectivamente y facilitar el desahogo de las agendas parlamentarias.
Por lo antes expuesto, en la presente iniciativa planteo reformar el artículo 114 y 115 del Reglamento de Cámara de Diputados.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo 114.
1. Toda proposición hecha de viva voz desde su curul por un diputado es una moción.
2. Las mociones podrán ser de:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. ...
3.Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta tres minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de hechos que estarán a consideración del presidente.
4. Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo procederán en la discusión de un asunto ante el pleno.
Artículo 115.
1. La moción de orden y preferencia es la petición que se hace al pleno, para que se guarde silencio, se mantenga la compostura, se ocupen las curules, se cumpla este reglamento, se anticipe el momento de discusión de un asunto que esté contemplado en el orden del díay en general, se corrija cualquier otra situación que signifique una falta de respeto al orador o una alteración del desarrollo de la sesión.
2. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes
1. http://www.debate.com.mx/opinion/La-inflacion-legislativa-20161 201-0017.html
2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/Proy_ CPEUM_expmot_01dic1916.pdf
3. http://stjtam.gob.mx/Cursos/libros/0000612.pdf
4 http://pdba.georgetown.edu/Legislative/Arg/ArgDip_RegInt.pdf
5. http://www.diputados.gov.py/ww5/application/files/6614/8033/ 7941/reglamento.pdf
6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_ 190517.pdf
7. http://www.diputados.gov.py/ww5/application/files/6614/8033/ 7941/reglamento.pdf
Notas
1 http://www.debate.com.mx/opinion/La-inflacion-legislativa-20161201-0017.html
2 Espíritu del Pueblo
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/Proy_ CPEUM_expmot_01dic1916.pdf
4 http://stjtam.gob.mx/Cursos/libros/0000612.pdf
5 http://pdba.georgetown.edu/Legislative/Arg/ArgDip_RegInt.pdf
6 http://www.diputados.gov.py/ww5/application/files/6614/8033/ 7941/reglamento.pdf
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_ 190517.pdf
8 http://www.diputados.gov.py/ww5/application/files/6614/8033/ 7941/reglamento.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputada María Elida Castelán Mondragón(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada María Elida Castelán. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra por diez minutos, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera de ellas por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La segunda de ellas, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Presento iniciativa para poder suscribir en nuestro Muro de Honor de esta honorable Cámara de Diputados los nombres del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con letras de oro.
A partir de que México fue el primer país que brindó naturaleza constitucional a la seguridad social desde la formulación de la Constitución de 1917, en su artículo 123, dando con ello garantía jurídica a los aspectos económicos, políticos y sociales del trabajo, otorgando rango constitucional a los derechos de los trabajadores.
A partir de este acontecimiento y en beneficio de los trabajadores mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social nace oficialmente el 19 de enero de 1943 e inicia operaciones el 1 de enero de 1944.
Forma parte de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la cual preside actualmente.
Asimismo, es una de las instituciones con mayor presencia en la atención a la salud y la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943. Para ello, combina la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados.
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política, en el cual se señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades, de accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Su misión es ser el instrumento básico de seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y sus familias.
Por su parte, el artículo 2 y 4 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
Conforme al artículo 5 de la propia Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la noble misión de organizar y administrar este seguro social, en el mejor interés de todos los trabajadores. El Instituto se constituye como un organismo público descentralizado.
A 73 años de su creación, el IMSS es responsable de la seguridad y salud de cerca de 62 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del programa IMSS-Oportunidades, por ello la importancia de que pueda estar esta institución en el Muro de Honor de este recinto legislativo, con letras de oro.
Por su parte el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como entidad encargada de dar la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus orígenes en la reforma de 1960 al artículo 123 constitucional, en ella se estableció la clasificación de asalariados en Apartados A y B, este último es exclusivo de los empleados gubernamentales.
En ese mismo año entró en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el régimen inicial de seguridad social del Instituto del ISSSTE se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio, dos seguros para proporcionar servicios de salud, cinco seguros de carácter pensionario, tres prestaciones relacionadas con vivienda y préstamos a corto plazo, y tres de servicios sociales.
En sus inicios el ISSSTE aseguró a casi 130 mil trabajadores, 12 mil pensionistas y 346 mil familiares, lo que sumaba un total de 488 mil derechohabientes. De acuerdo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección en salud.
Si bien es cierto que en México existen diversas instituciones médicas, como son las instituciones de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, las instituciones de Petróleos Mexicanos, así como el sistema implementado, es importante destacar que las instituciones con mayor población son el IMSS y el ISSSTE.
Así también, instituciones escolares, diversas entre ellas, estudiantes de la UNAM, trabajadores y académicos, cubre la asistencia médica de los mismos que están inscritos en el Apartado B, del artículo 123 constitucional.
Es, por lo anteriormente expuesto, que pongo a su consideración la obligación de enaltecer estas dos grandes instituciones públicas que han estado al servicio del pueblo y de los trabajadores del Estado por tantos años, sin descanso y siempre buscando mejorar y superarse ellas mismas, por lo que pido se inscriban sus nombres en el Muro de Honor con letras de oro, de esta honorable Cámara de Diputados.
La siguiente iniciativa que reforma a la Constitución Política es para que se siga utilizando el salario mínimo como base de prestaciones sociales. Después de largas discusiones que duraron años, se llegó al acuerdo de que era necesario desligar el salario mínimo, desindexarlo, para crear la Unidad de Medida y Actualización como instrumento que sustituiría todo lo que tiene que ver con impuestos y pagos de servicios, de esta manera poder aumentar el salario mínimo.
Esto último deriva de un hecho fundamental al saber que esta desindexación establece que debe de utilizarse, dejar de utilizarse el salario como una unidad de referencia para fines ajenos a los de su naturaleza, que es de prestaciones sociales.
Como se argumenta, tanto pensiones como becas, son prestaciones de naturaleza salarial, las cuales sustituyen en determinadas circunstancias a los ingresos vinculados a las rentas de trabajo.
Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales del ser humano se inscribe la seguridad social como derecho humano, la cual tiene como propósito proteger a la ciudadanía frente a riesgos y privaciones económicas a causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y otros. En México la seguridad social ha contribuido de manera importante, desde su origen, a la estabilidad social y económica.
En nuestro país, el aparato público de seguridad social se encuentra dividido en varios organismos que en su mayoría otorgan pensiones, en particular el IMSS y el ISSSTE son, por número de derechohabientes, las principales instituciones públicas de seguridad social.
Actualmente, solamente el 25 por ciento de los adultos mayores cuenta con una pensión. Solo dos de cada 10 personas mayores pueden solventar sus gastos, los ocho restantes viven en situación de pobreza. También, el 75 por ciento de ellos trabaja porque las pensiones son pocas e insuficientes para sufragar sus gastos.
El deprimido poder adquisitivo de las pensiones en México amerita la adopción de medidas conducentes a garantizar incrementos significativos en el monto de las jubilaciones. Basta señalar que México, según datos de la OCDE, se encuentra entre los países latinoamericanos con pensiones más precarias e insuficientes.
En el caso de las pensiones, esta brecha entre la UMA y el salario mínimo tenderá a ser cada vez más amplia, lo que generará un perjuicio ascendente en el poder adquisitivo de las mismas, sin embargo, estamos conscientes de que la situación de vulnerabilidad y fragilidad que enfrentan las finanzas de las principales instituciones mexicanas de seguridad social exige la implementación de políticas y medidas conducentes a garantizar la viabilidad a largo plazo.
Por eso, aplicar la UMA en este campo es una medida contraproducente y lesiva que deteriora la capacidad recaudatoria de los institutos y coadyuva a perjudicar su consolidación financiera.
Hay que subrayar que otros sectores sociales, no solo jubilados y pensionados, están siendo ilegítimamente afectados por la aplicación de las unidades de medida y actualización al cálculo de sus respectivas prestaciones.
Hoy, las becas oficiales, cuyos montos se referenciaban antes en salarios mínimos, ahora se calculan en base de unidades de medida y actualización. Una beca a nivel de doctorado del Conacyt, por ejemplo, está remunerada con aproximadamente 13 mil 800 pesos mensuales. Este cálculo es el resultado de la aplicación de seis unidades de medida y actualización, porque si se hubiera aplicado el salario mínimo como base, la beca sería de más de 14 mil 400 pesos. Es decir, casi 800 pesos de diferencia.
En este caso las becas, al igual que las pensiones, son prestaciones cuyos fines son similares a las del salario. En ningún caso debe considerarse que pensiones, jubilaciones o becas son rentas ajenas a la naturaleza del salario. Esto resulta claro porque cuando una pensión no es más que un salario en diferido se destina a satisfacer el rol del ingreso, una vez que el trabajador se enfrenta a determinados avatares como la vejez, la enfermedad o la invalidez, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se formula de reforma constitucional propone esclarecer y concretar los fines consagrados en la desindexación aprobada en 2015, siendo totalmente respetuosa y congruente con sus propósitos originarios.
En este aspecto, se propone excluir la aplicación de la unidad de medida y actualización, la llamada UMA, al campo de la seguridad social —concluyo— o sobre cualquier otra prestación que por su propia naturaleza sea análoga a la del salario.
Se reitera que esta finalidad estaba ya presente en la redacción y en el sentido de la reforma original, aunque su aplicación de forma incoherente haya sido divergente. Esta iniciativa de Morena propone concretar y limitar el alcance de la reforma constitucional de desindexación del salario, con lo que eliminamos la laguna legal que está permitiendo que algunas instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el Conacyt utilicen de manera ilegítima e indebidamente la unidad de medida y actualización, en lugar de utilizar como índice de referencia los salarios mínimos.
Morena seguirá pugnando por el debido cálculo de las prestaciones sociales de la ciudadanía. Y agradecer el tiempo, diputada presidenta, y señalarles que seguiré respetando al pueblo de México. Y lamento mucho, péjele a quien le peje. Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto, por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajares del Estado, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosMéxico fue el primer país que dio naturaleza constitucional a la seguridad social, con la formulación de la Constitución de 1917, en el artículo 123, dando garantía jurídica a los aspectos económicos, políticos y sociales del trabajo, otorgando rango constitucional a los derechos de los trabajadores.
A partir de este acontecimiento y en beneficio de los trabajadores el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nació oficialmente el 19 de enero de 1943 e inició operaciones el 1 de enero de 1944. Forma parte de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la cual preside actualmente.
Es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, para ello combina la investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para así brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social (LSS). Hoy, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo que ver con el Instituto, hasta ahora, la más grande en su género en Latinoamérica.
El IMSS tiene un mandato legal derivado del artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias.
Los artículos 2 y 4 de la LSS establecen que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
Conforme al artículo 5 de la LSS, el IMSS tiene la noble misión de organizar y administrar el Seguro Social en el mejor interés de todos los trabajadores y sus familias.
Por ello, el instituto se constituye como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya administración está integrada de manera tripartita, puesto que concurren representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno federal.
Para cumplir sus fines, el IMSS, de conformidad con el artículo 11 de la LSS, otorga a los derechohabientes del régimen obligatorio diversos seguros de contenido social, a fin de darles certidumbre frente a los riesgos de la vida del trabajador.
El Seguro Social tiene un régimen voluntario para todas las familias en México que deseen un seguro de salud para sus miembros, ofreciéndoles las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del artículo 240 de la LSS y su respectivo reglamento.
A 73 años de su creación, el IMSS es responsable de la salud y seguridad social de 62 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades.
En un día típico, el IMSS atiende cerca de 500 mil consultas; 200 mil niños en sus guarderías; 50 mil urgencias; y cuatro mil intervenciones quirúrgicas diarias. En gran medida, eso se consigue por el esfuerzo y compromiso de los 428 mil trabajadores: médicos, enfermeras y personal administrativo, que día a día operan las casi seis mil unidades médicas del instituto (Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2013-2018).
El IMSS se ha destacado por los retos que ha enfrentado con éxito, siendo la primera institución del mundo en realizar satisfactoriamente operaciones de alto riesgo; algunos ejemplos son los siguientes:
• En 1967 realizó su primer reimplante de mano.
• El primer trasplante renal en un infante se realizó en 1985 en el IMSS.
• En 1988 se trasplantó satisfactoriamente un corazón.
• En 1989 se logró el primer trasplante de médula ósea en un niño.
• Ese año se realizó el primer trasplante hepático.
• En 1993 se logró el primer trasplante hepático infantil.
• Para 1999, el IMSS logró realizar la primera operación prenatal.
• En 2001 se consiguió realizar con éxito el primer implante de corazón de titanio.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como entidad encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus orígenes en la reforma de 1960 del artículo 123 constitucional.
En ella se estableció la clasificación de los asalariados en los Apartados A y B, este último es exclusivo de los empleados gubernamentales. En ese mismo año entró en vigor la Ley del ISSSTE.
El régimen inicial de seguridad social del ISSSTE se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio: 2 seguros para proporcionar servicios de salud (seguro de enfermedades no profesionales y maternidad y seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); 5 seguros de carácter pensionario (jubilación, vejez, invalidez, fallecimiento e indemnización global); 3 prestaciones relacionadas con vivienda (créditos para la adquisición y construcción de vivienda, préstamos hipotecarios y arrendamiento de habitaciones económicas), préstamos de corto plazo y 3 servicios sociales (servicios para la readaptación y reeducación de inválidos, promociones para elevar la preparación técnica y cultural del trabajador y su familia).
El diseño de la seguridad social del ISSSTE se inscribió dentro del tipo de esquemas públicos conocidos como de reparto o de beneficio definido.
En sus inicios, el ISSSTE aseguró a casi 130 mil trabajadores, 12 mil pensionistas y 346 mil familiares, lo que sumaba 488 mil derechohabientes. Para financiar el conjunto de seguros, servicios y prestaciones, la ley de 1960 normó que los trabajadores aportarían 8 por ciento de su sueldo básico (2 por ciento se destinarían a cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad y el 6 por ciento al resto de los seguros y prestaciones), las dependencias y organismos públicos participarían con 12.75 por ciento del sueldo básico (6 por ciento para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, 0.75 por ciento para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 6 por ciento para todas las demás prestaciones).
Finalmente, para financiar las prestaciones de los pensionados en curso, a la creación del Instituto, se aplicó un régimen tripartito (4 por ciento pensionistas, 2 por ciento organismos públicos y 2 por ciento ISSSTE).
De acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si bien hay en México diversas instituciones médicas, como son las de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, las de Petróleos Mexicanos y el sistema implantado en años recientes denominado Seguro Popular, las instituciones con mayor población son el IMSS que cubren en su mayor parte la asistencia médica de los trabajadores inscritos en el Apartado A del artículo 123 constitucional, así también instituciones escolares diversas entre ellas estudiantes de la Universidad Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana.
El ISSSTE cubre la asistencia médica de los trabajadores que están inscritos en el Apartado B del artículo 123 constitucional, siendo de esta manera los que mayor población.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2017.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Mario Ariel Juárez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:
«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl objetivo de la presente iniciativa es garantizar que pensiones, jubilaciones, becas y otras prestaciones de naturaleza análoga continúen referenciándose, en su caso, en salarios mínimos.
Por varias décadas y de manera incongruente, en México el salario mínimo ha operado como unidad de medida y referencia de una amplia variedad de obligaciones, derechos, contribuciones o multas. Como resultado de su proceso de desindexación, se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA), instrumento creado de manera ineludible y por consenso para articular el urgente incremento del ingreso salarial constitucional sin desatar presiones inflacionarias.
No obstante, la UMA está operando ahora como instrumento para afectar el poder adquisitivo de determinadas prestaciones sociales, las cuales, por su propia naturaleza, deben continuar calculándose con base en salarios mínimos. Como se expondrá a lo largo de la presente iniciativa, aplicar la UMA al campo de las pensiones o de las becas genera una lesión a los derechos consolidados de diversos sectores sociales sin correlativo legal ni legitimidad alguna. Esto último se deriva de un hecho fundamental, a saber: que la reforma de desindexación establece que debe cesar de utilizarse el salario como unidad de medida o referencia para fines ajenos a los de su naturaleza, lo que no concurre en los supuestos mencionados. Como se argumentará, tanto pensiones como becas son prestaciones de naturaleza salarial, las cuales sustituyen, en determinadas circunstancias, a los ingresos vinculados a las rentas del trabajo. Por ello, los salarios mínimos deben continuar operando como unidad de medida y referencia para este tipo de prestaciones; con esa finalidad se impulsa la presente iniciativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se formula de reforma constitucional propone esclarecer y concretar los fines consagrados en la desindexación aprobada en 2015, siendo totalmente respetuosa y congruente con sus propósitos originarios. En ese aspecto, se propone un alcance a la reforma constitucional que excluya, de manera concreta, la aplicación de la UMA al campo de la seguridad social o sobre cualquier otra prestación que por su propia naturaleza sea análoga a la del salario, como es el caso de las becas. Se reitera que esta finalidad estaba ya presente en la redacción y en sentido de la reforma original, aunque su aplicación, de forma incoherente, haya sido divergente. Con el anterior propósito, se propone reformar el artículo 123 constitucional y su decreto en cuanto al tercer artículo transitorio.
El derecho humano a la seguridad social
En el actual contexto global, la liberalización económica, el cambio tecnológico en la producción y la reorientación de los sistemas de relaciones laborales han provocado la caída del poder adquisitivo del salario y el debilitamiento de los sistemas de apoyo social; resulta fundamental comprender la seguridad social como un derecho humano. Desde un punto de vista integral y garantista, el estado tiene el mandato y la obligación de garantizar el acceso universal a las prestaciones de seguridad social. Al ser un derecho humano, todo individuo debe ser beneficiario de ella, a pesar de no ser trabajador asalariado; es decir, incluso aunque no haya desarrollado actividad productiva alguna en el sector formal de la economía.
En diversos documentos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, se expresa que:
Los derechos humanos son las condiciones de la existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden a la satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural.
Es decir, hablamos de derechos inherentes al ser humano que éste ejerce a través de su desenvolvimiento individual y social. En consecuencia, su alcance cubre no sólo a los derechos civiles y políticos, sino también a los económicos, sociales y culturales. Entre estos últimos se inscribe la seguridad social como derecho humano, la cual tiene como propósito proteger a la ciudadanía frente a riesgos y privaciones económicas y sociales, de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y otros.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2 y 9 señala que:
Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social
Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
En México, la seguridad social ha contribuido de manera importante desde su origen a la estabilidad económica y social. En nuestro país el aparato público de seguridad social se encuentra dividido en varios organismos que en su mayoría otorgan pensiones. Dichas instituciones incluyen entidades federales, estatales y algunas empresas paraestatales y organismos sociales. En particular, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son, por número de derechohabientes, las principales instituciones públicas de seguridad social. Estos organismos amparan con sus programas, incluidas las pensiones, a un porcentaje importante de la población que participa o ha participado en el mercado laboral formal.
Derechos de las personas adultas mayores
La situación de los derechos humanos de las personas de edad avanzada ha sido objeto de atención y preocupación crecientes por parte de la comunidad internacional. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, párrafo 1, se establece que:
Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad.
En la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el artículo 17 establece el derecho a la seguridad social:
Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.
A nivel nacional tenemos el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece que:
El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro.
Actualmente, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 33.7 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La mayoría labora por cuenta propia (50.5 por ciento), mientras que 4.9 por ciento son trabajadores sin pago; incluso, una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos (35.5 por ciento) es subordinada y remunerada y la mitad de éstos no reciben prestaciones (49.2 por ciento).
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sólo 2 de cada 10 adultos mayores pueden solventar sus gastos; los ocho restantes viven en situación de pobreza. A la fecha, tres de cada cuatro adultos mayores que trabaja (74.3 por ciento) se insertan en el mercado laboral informal, y se ven en la necesidad de trabajar porque las pensiones son pocas e insuficientes para afrontar sus gastos.
Además, sólo una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión (26.1 por ciento), reveló la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) –del Inegi– realizada en 2013. Los hombres cuentan con una mayor cobertura (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento), de quienes destaca que 45.3 por ciento reciben la pensión por viudez, es decir, gracias a un derecho laboral de sus maridos fallecidos.
La desindexación del salario mínimo como unidad de medida
La política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, y pese a que existía consenso (incluso entre el sector empresarial) sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial, dicha reforma se aplazó bajo el argumento de que tales cambios impactarían en miles de factores externos vinculados al monto del salario mínimo, como son las multas, derechos y contribuciones.
Después de una amplia discusión sobre cuál debería ser el rumbo de la política salarial y los términos en los que el salario mínimo debería ser mejorado, el 11 de septiembre de 2014 se presentó un proyecto de reforma constitucional que establecía una nueva unidad de medida liberando al salario de tantas ataduras, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 2014; se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Esta minuta fue votada y aprobada por el Pleno de la Cámara de los Senadores el 22 de octubre de 2015, siendo hasta el 27 de enero de 2016, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
En el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en su artículo Tercero del régimen transitorio se establece lo siguiente:
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. (Federación, 2016).
No obstante, en la reforma constitucional aprobada se afirma que “los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia “para fines ajenos a su naturaleza”. En ese aspecto, resulta clara la voluntad del legislador de desindexar el salario mínimo y prohibir expresamente que se utilice como referencia indiscriminada en la legislación.
UMA y salarios mínimos en seguridad social
Existen una variedad de disposiciones en materia social que dependen del salario mínimo como magnitud de referencia. Por ejemplo, el artículo 28 de la Ley del Seguro Social establece que “los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva”, o el artículo 36, que establece que “corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo”.
En relación con el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, aplicar la UMA en lugar del salario mínimo genera una afectación directa a los recursos financieros de los que dispondrá el Instituto Mexicano del Seguro Social. El cuadro 1 muestra con claridad la diferencia que existe entre utilizar como referencia la UMA o tomar el salario mínimo para el cálculo de las aportaciones y contribuciones máximas y mínimas a la seguridad social. Como se constata, pagar las cuotas basándose en la UMA afecta negativamente las finanzas de los institutos de seguridad social.
Cuadro 1. Cuotas y aportaciones mínimas y máximas en el IMSS
La situación de vulnerabilidad y fragilidad que enfrentan las finanzas de las principales instituciones mexicanas de seguridad social exige la implementación de políticas y medidas conducentes a garantizar su viabilidad a largo plazo. Aplicar la UMA en este campo es una medida contraproducente y lesiva que deteriora la capacidad recaudatoria de los institutos y coadyuva a perjudicar su consolidación financiera. Además de lo anterior, se observa que se trataría de una política regresiva en términos fiscales, ya que, como se desprende del cuadro 1, serán los salarios más altos los que en términos absolutos dejen de aportar una mayor cantidad de recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo idéntico ocurre en el ISSSTE, en el cual sería replicable el mismo esquema de consecuencias de aplicación de la UMA a las aportaciones y contribuciones a la seguridad social.
Lo anterior también tiene consecuencias directas en cuanto a los sujetos obligados a realizar las aportaciones y contribuciones. El artículo 36 de la Ley del Seguro Social dispone que “corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo.” En ese sentido, aplicar la UMA en lugar del salario mínimo sería una medida de carácter antisocial, pues incrementaría de modo injustificado el volumen de trabajadores que, aun percibiendo salarios significativamente precarios, tienen que pagar cuotas de seguridad social, en lugar de que esto último lo hiciesen los patrones, tal y como establece el citado precepto.
Por otro lado, el artículo 104 de la Ley del Seguro Social dispone que “cuando fallezca un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones semanales en los nueve meses anteriores al fallecimiento, el Instituto pagará a la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, una ayuda por este concepto, consistente en dos meses del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha del fallecimiento.”
Como se ha referido, son múltiples y variadas las menciones al salario mínimo como referencia para calcular la retribución de pensiones y prestaciones en la Ley del Seguro Social. En el mismo sentido, la Ley del ISSSTE contiene alusiones muy similares. Por ejemplo, el artículo 17 de la mencionada norma establece que “las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo”. En el mismo sentido, el artículo 62 de la Ley del ISSSTE establece que “si el monto de la Pensión anual resulta inferior al veinticinco por ciento del Salario Mínimo elevado al año, se pagará al Trabajador o Pensionado, en substitución de la misma, una indemnización equivalente a cinco anualidades de la Pensión que le hubiere correspondido”.
De lo mencionado anteriormente se infiere claramente el vínculo jurídico existente entre salario mínimo y pensiones, ya que el primero opera como unidad de referencia para el cálculo de determinadas prestaciones integradas en los sistemas pensionarios. Para ilustrar el perjuicio que genera a los jubilados y pensionados, en este caso del ISSSTE, la aplicación de la UMA en lugar del salario mínimo como unidad de referencia se propone el siguiente sencillo ejemplo:
Pensión Máxima aproximada en el ISSSTE en 2017
Calculada con salarios mínimos:800 pesos diarios
Calculada con UMAS:755 pesos diarios
Una primera lectura del cuadro anterior muestra con claridad que, en cuanto a las pensiones máximas, el efecto lesivo de la aplicación de la UMA resulta manifiesto. Se trata de una considerable diferencia de 1350 pesos al mes y de aproximadamente 6 por ciento entre el resultado de calcular la pensión con la UMA o con el salario mínimo. Al anterior ejemplo propuesto hay que añadirle dos matices de relevancia:
- La tendencia económica lógica es que la brecha entre la UMA y el salario mínimo se ensanche significativamente con el devenir de los años, generando un perjuicio creciente a la capacidad adquisitiva de las pensiones.
- Como se ha referido, son múltiples y diversas las referencias al salario mínimo como unidad de referencia en las leyes organizadoras de la seguridad social en México. Por tanto, lo anterior tan sólo ejemplifica una de las diferentes vías mediante la cual la aplicación de la UMA en el campo de la seguridad social es una medida lesiva de derechos consolidados. Se reitera que, por ejemplo, aplicar la UMA afectaría al volumen de cuotas y aportaciones a la seguridad social, lo que a largo plazo perjudica la posición financiera y la capitalización de los institutos públicos.
Además de todo lo mencionado, el deprimido poder adquisitivo de las pensiones en México amerita la adopción de medidas conducentes a garantizar incrementos significativos en el monto de las jubilaciones. Baste señalar que México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se encuentra entre los países latinoamericanos con pensiones más precarias e insuficientes.
Relacionado con lo anterior, hay que señalar que, además de los argumentos esgrimidos, existe un principio general del derecho que estaría siendo vulnerado al aplicar, sin cambio legal, la UMA al campo de las pensiones y de otras prestaciones sociales. Se trata, de manera manifiesta, del principio de irretroactividad de las disposiciones legales lesivas o que afecten a derechos ya consolidados. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Esto significa que, al aplicar la UMA sin mandato legal y de forma retroactiva, se está vulnerando las garantías mínimas de seguridad jurídica consagradas por el principio de irretroactividad de las disposiciones lesivas del precepto 14 constitucional. En este campo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que:
La irretroactividad de las leyes, constituye una garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados y un límite para el legislador de respetar y cumplir los requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, cuyo acatamiento sea jurídicamente necesario para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular, en la esfera jurídica del gobernado, que esté destinado a realizar
En este caso, ni siquiera ha existido una modificación legal con efectos retroactivos; antes, al contrario, al amparo de una reforma constitucional legítima, se vienen aplicando medidas incongruentes con la legislación vigente y con la propia teleología de las modificaciones implementadas. Aun considerando lo anterior, en ningún caso es posible, mediante la aplicación retroactiva de una norma, afectar derechos y prestaciones consolidadas previamente, como son, destacadamente, el derecho al cobro de una pensión.
Becas y otras prestaciones
Hay que subrayar que otros sectores sociales, no sólo jubilados y pensionados, están siendo ilegítimamente afectados por la aplicación de la UMA al cálculo de sus respectivas prestaciones. Es el caso, destacadamente, de los estudiantes o académicos que reciben becas oficiales, cuyos montos se referenciaban en salarios mínimos hasta la entrada en vigor de la UMA. En este terreno, también resulta claro que una beca es, al igual que una pensión, un salario social que se otorga, en este caso, a cambio de involucrarse en actividades académicas de estudio, investigación o docencia. Por ello, tampoco, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada, debe aplicarse la UMA a las becas como unidad de medida; éstas deben continuar referenciándose en salarios mínimos, de forma que se proteja e impulse su poder adquisitivo.
A pesar de que Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha señalado que la aplicación de la UMA a las becas se realiza en cumplimiento de un mandato legal y no ocasiona lesión a estudiantes y académicos, lo cierto es que el siguiente cuadro, difundido por la propia institución, muestra con claridad los efectos de la aplicación de la UMA:
Cuadro 2. Tabulador de Becas Nacionales 2017.Conacyt.
Nivel pretendido Unidades de Medida y Actualización (UMA) (Se actualizará de acuerdo a la UMA vigente durante el transcurso de la beca) Actualización de acuerdo al salario mínimo (aprox.) DOCTORADO 6.0 $13,769.4 14,407.2 MAESTRÍA 4.5 $10,327.05 10,805.4 ESPECIALIDAD 4.0 $9,179.60 9,648.0 En el cuadro anterior, por ejemplo, una beca nivel doctorado está remunerada con, aproximadamente, 13 mil 800 pesos mensuales. Este cálculo es el resultado de la aplicación de seis unidades de medida y actualización. Si se hubiera aplicado el salario mínimo en lugar de la UMA, la beca de doctorado para 2017 sería más de 14 mil 400 pesos; es decir, casi 800 pesos y más de 5 por ciento mensual sólo para el presente curso fiscal. Al igual que lo mencionado en el caso de las pensiones, esta brecha entre la UMA y el salario mínimo tenderá a ser cada vez más amplia, lo que generará un perjuicio ascendente en el poder adquisitivo de las becas.
La aplicación por parte de Conacyt de la UMA al cálculo de las becas de post-grado y la subsecuente afectación en el nivel adquisitivo de este derecho ha generado movilizaciones y protestas por parte de los estudiantes. En este caso, como se ha mencionado, Conacyt carece de base legal para aplicar la UMA, ya que las becas, al igual que las pensiones, son prestaciones cuyos fines son similares a los del salario.
En la misma línea, existen otros programas sociales que se referencian con base en salarios mínimos. En estos casos, habrá que analizar cada supuesto para determinar si sus prestaciones son análogas o sustitutivas a las del salario, en cuyo caso debería continuar aplicándose los salarios mínimos como unidad de medida y referencia, de acuerdo a la iniciativa que se propone. Sería el caso, por ejemplo, del Programa de Empleo Temporal que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social. Este esquema ofrece apoyos económicos temporales a familias afectadas por emergencias a cambio de su participación en proyectos comunitarios o familiares, otorgando jornales equivalentes a 99 por ciento del salario mínimo diario legal vigente. En estos casos, como resulta evidente, no debe aplicarse la UMA; el apoyo que ofrece Sedesol tiene la finalidad de sustituir al salario en una situación de dificultades familiares; la cuantía de este ingreso debe continuar estando referenciada en salarios mínimos.
Problemática que trata de resolver esta iniciativa
En ningún caso, como se interpreta de la lectura de la reforma constitucional aprobada en 2014 y como se ha reiterado, debe considerarse que pensiones, jubilaciones o becas son rentas ajenas a la naturaleza del salario. Esto resulta claro por cuanto una pensión no es más que un salario en diferido, destinado a satisfacer el rol del ingreso una vez que el trabajador se enfrenta a determinados avatares como la vejez, la enfermedad o la invalidez, entre otros. Algo similar puede afirmarse de las becas como salario destinado a proteger y fortalecer el estudio o la investigación. No ocurre lo mismo con multas, sanciones, tasas, contribuciones o préstamos; todos ellos, de manera incongruente, históricamente referenciados en salarios mínimos, son obligaciones de naturaleza completamente ajena a la del citado ingreso constitucional. Precisamente para esto fue aprobada la reforma constitucional de desindexación del salario mínimo, la cual en ningún caso debe afectar a las prestaciones de seguridad social, incluidas por supuesto, las pensiones y jubilaciones.
En relación con esta problemática, el IMSS y el ISSSTE –en flagrante vulneración de lo establecido en la reforma constitucional y en el dictamen de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización– “aplican la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el pago de cuotas obrero-patronales y todos aquellos conceptos de seguridad social que estén referenciados en salarios mínimos”. La presente iniciativa propone concretar y limitar el alcance de la reforma constitucional de desindexación del salario, de modo que se elimine la laguna legal que está permitiendo que algunas instituciones (IMSS, ISSSTE, Conacyt) utilicen ilegítima e indebidamente la UMA en lugar de los salarios mínimos como unidad de referencia.
La interpretación que se ha aplicado de la reforma de desindexación del salario mínimo es inconstitucional, ya que contradice la letra del texto aprobado y, además, se traduce en resultados claramente lesivos de los derechos de trabajadores, becarios o pensionados, la cual perjudica de modo significativo su bienestar y poder adquisitivo.
Lo anterior no sólo se deriva de la interpretación lógica del espíritu y la letra de la reforma constitucional, también se ha establecido literalmente en el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores cuando se promulgó el decreto por el que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En el citado dictamen, se establece con franca claridad que:
estas comisiones unidas precisamos que el prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza; no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización
En ese sentido, los legisladores precisan que la desindexación del salario mínimo debe limitarse a aquellas referencias que no guarden relación alguna con el carácter y la esencia del ingreso constitucional. De ese modo, no sólo las pensiones, también, como se ha señalado, otro tipo de prestaciones como subsidios, becas, complementos o transferencias sociales deberían continuar sujetas al salario mínimo, de modo que este tipo de rentas, que por su naturaleza son similares a las salariales, no perdiesen de modo injustificado poder adquisitivo.
Derechohabientes y organizaciones sociales han denunciado la lesión que les genera la aplicación de la UMA para la actualización del valor de prestaciones y pensiones. Como resulta notorio, es probable que comiencen a desarrollarse juicios y reclamaciones en amparo en los que, a buen seguro, se otorgará la razón a los sujetos afectados por la aplicación de la UMA al campo de la seguridad social. No obstante, en su caso, estos juicios y sentencias de amparo tendrían efectos exclusivamente individuales y particulares. Corresponde al poder legislativo intervenir para cubrir la laguna legal generada, garantizar el respeto a los derechos consolidados y proteger la seguridad jurídica de modo que se detenga, con efectos universales, la aplicación de la UMA cuando ello resulte improcedente.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este pleno la siguiente propuesta de iniciativa proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 y se reforma el artículo tercero transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo
Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 123. ...
...
A)...
I. a V. ...
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en todas las áreas geográficas; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos cuya naturaleza sea análoga a la del salario; incluidas todas las prestaciones de seguridad social, así como becas y otras transferencias sociales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo tercero transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, del 27 de enero de 2016.
TransitoriosPrimero. ...
Segundo. ...
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos cuya naturaleza sea análoga a la del salario; incluidas todas las prestaciones de seguridad social, así como becas y otras transferencias sociales.
Cuarto. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Citado por Francisco José del Solar Rojas en Los derechos humanos y su protección.Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 2000. Páginas 21-22.
2 ww.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx consulta 23/08/2016
3 http://www.am-abogados.com/blog/los-derechos-de-las-personas-mayores-o-de-la-te rcera-edad/3712/ consulta 21/09/2016
4 http://formato7.com/2016/08/31/pobreza-abandono-ocho-diez-adultos-mayores-mexic o/
5 Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del IMSS. Se toma como tasa de aportación efectiva sobre el salario base el 25 por ciento, que engloba todas las aportaciones tripartitas a la seguridad social (pág.7), tomando como base lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Seguro social, que dispone que las aportaciones deberán calcularse como mínimo sobre un salario mínimo y como máximo sobre 25.
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/20_Anexos.pdf
6 Elaboración propia.
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión, 271/2012
9 Fuente: Elaboración propia a partir de Conacyt (2017) sustitución del salario Mínimo (SM) por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en las Becas Nacionales 2017
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias- conacyt/convocatorias-becas-nacionales/13536-aviso-sm-actualizacion- uma-becas-nac-2017
10 http://www.sinembargo.mx/25-03-2017/3181430
11 https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/ programa-de-empleo-temporal
12 ttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423 663&fecha=27/01/2016
13 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663 &fecha=27/01/2016
Dada en el Palacio Legislativo, el 30 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Mario Ariel Juárez Rodríguez,Alicia Barrientos Pantoja, Araceli Damián González, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Jesús Emiliano Álvarez López, Norma Xóchitl Hernández Colín, Rene Cervera García, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Sandra Luz Falcón Venegas, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
A continuación...
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: ¿Sí? Sonido en la curul del diputado, por favor. Del diputado García, Cuitláhuac García. Adelante, diputado.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para solicitarle...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sí, dígame.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): ...al diputado Ariel si nos permite suscribir sus iniciativas.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Mario Ariel, pregunta el diputado si se puede suscribir a su iniciativa.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, adelante.
La presidenta diputada María Ávila Serna:Adelante, diputado. Gracias.
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y por el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Sofía González Torres:Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados. Desde hace más de 10 años los países más avanzados del mundo ya empezaron a ver la necesidad de legislar en materia de ciberseguridad. Muchos de ellos, por ejemplo Australia, vieron desde la década de los setenta que tenían que proteger a sus ciudadanos a través de leyes que salvaguardaran las herramientas de trabajo usadas día a día, de la posibilidad de un acceso ilícito, así nace su Ley de Telecomunicaciones de 1976.
También la Unión Europea empezó lo propio desde los noventa, así dio como resultado el Convenio de Budapest de 2001, este con el objetivo de buscar un ambiente de cooperación y de equidad entre los países de la Unión Europea y/o países invitados para proteger la soberanía económica, comercial y más importante aún, los derechos humanos de los usuarios de la red.
En México tenemos la increíble fortuna de poder aprender de estos países y legislar de una forma muy inteligente para poder proteger a nuestros ciudadanos de las actividades ilícitas que dentro del dominio digital cada vez se vuelven más comunes. Basta ver por ejemplo que, en 2014, cerca de 10 millones de mexicanos fueron víctimas de un ciberdelito y en 2016 esta cifra había aumentado a 22.4 millones de personas.
El costo de oportunidad de no legislar en este tema es muy alto. El costo del cibercrimen este año alcanzó los 5 mil 500 millones de pesos, esto es equivalente más o menos a lo que el gobierno de Estados Unidos pidió al Congreso para la reconstrucción de Puerto Rico después del paso del huracán María.
Si pensamos que hoy en día en nuestro país existen 81 millones de usuarios de celular, más o menos 60.6 millones de estos usan un teléfono inteligente y 60.5 millones de mexicanos de menos de seis años utilizan Internet, el campo de acción a la comisión de actos criminales es enorme.
Cuando los niños suben a sus cuartos no están solos en sus cuartos. Cuando los niños suben a sus cuartos y prenden sus computadoras entran a un mundo lleno de gente desconocida, lleno de millones de gentes desconocidas. Sin una buena educación y sin una buena higiene digital los padres no van a poder estar seguros de con quién hablan sus hijos en línea y esto puede llevar por ejemplo a grooming sin que los padres o los propios niños sepan qué está pasando. Hay que enseñarles a los niños y a los padres a hacer uso de Internet como nos enseñaron a nosotros a cruzar la calle.
Los padres de familia y las escuelas no pueden hacer el trabajo solos. Los gobernantes y los legisladores tenemos también la obligación de proteger a nuestros ciudadanos desde los niños pequeños hasta los adultos mayores para poder utilizar de manera bien estas herramientas. Es por ello que el día de hoy vengo a presentar esta importantísima iniciativa que marcará un parteaguas para el México del siglo XXI.
Como parte del catálogo de delitos que buscamos incorporar al Código Penal se encuentran los siguientes: la intercepción ilícita en la transmisión de datos de comunicación; la alteración o supresión de datos informáticos relacionados con actividades financieras; el abuso de dispositivos; la falsificación informática; el fraude informático; y la usurpación de identidad.
Además, vamos a reformar los delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y también el delito de pornografía de menores de 18 años que no tienen capacidad para comprender el hecho de resistirlo, con la finalidad de adecuar sus tipos penales conforme a los mejores estándares internacionales. Esto es porque la ONU el año pasado dijo que México es el país número uno en pornografía infantil en la red. Esto es muy importante.
Adicionalmente, en materia procesal se va a crear una sección séptima, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluirá los actos de investigación necesarios para la obtención de videncias digitales y de cooperación internacional.
Por todo lo anterior, teniendo siempre como punto central de esto los derechos humanos de nuestros ciudadanos y de los usuarios de la red, se busca que esta iniciativa proteja a los mexicanos y que les sirva para navegar con la certeza de que sus datos personales y sus familiares están siendo protegidos por un marco legal sólido.
Los invito a todos a sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias, presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM y el diputado Waldo Fernández González, del PRD
Quienes suscriben, diputada Sofía González Torres y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos informáticos, evidencias digitales y medidas de cooperación internacional para combatir el ciberdelito,al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn los últimos 100 años el mundo ha cambiado de manera asombrosa y expedita. La Segunda Revolución Industrial (1850-1970) trajo descubrimientos tan importantes como la electricidad, los motores de combustión interna, el teléfono y la producción en masa de bienes de consumo, los cuales cambiaron para siempre la forma de vivir del ser humano. Estos grandes inventos abrieron paso a la Tercera Revolución Industrial, enfocada en innovación, creación e impulso de las tecnologías de la información y comunicación, motor de grandes cambios en interactividad e intercomunicación, que culmina con la llegada del internet en la década de los 90 del siglo XX. Esta Revolución tuvo lugar principalmente en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. A su vez, por primera ocasión se exponen los problemas que trae consigo el cambio climático y la importancia del desarrollo sostenible de los países, es así como inician las inversiones en energías renovables y surgen países líderes a nivel mundial en este sector, tales como Dinamarca, Holanda y Suecia.
Marcada por el encuentro de diferentes desarrollos y su transversalidad, la Cuarta Revolución Industrial representa un cambio de paradigmas. Sus principales motores son la digitalización, la robótica, el internet de las cosas y la conexión entre dispositivos, así como la creación de redes de datos y sistemas que se encuentran cada vez más integradas entre sí y con los usuarios, a través de un sin fin de dispositivos.
Gracias a esta Revolución Digital se han establecido nuevos sistemas en torno a casi cualquier aspecto de la vida cotidiana, se crean nuevos sistemas de negocios como la economía colaborativa, el internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, el “cloud computing” o “nube”. Esta revolución es tan importante, que fue el centro de las conferencias del Foro Económico Mundial en enero de 2017.
A la par de estas trasformaciones, el aspecto de derechos humanos juega un papel fundamental en el desarrollo de una política de Estado en materia de ciberseguridad y concretamente en materia de combate a los cibercrímenes. En los umbrales de las sociedades de la información, en donde las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel de primer orden, el acceso a las mismas es reconocido ya como un derecho fundamental por diversos Estados, formando una suerte de Soft Law dentro de la Comunidad Internacional de Naciones. Nuestra propia Constitución Política también reconoce este derecho, colocándolo, junto con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, a la vanguardia regional e internacional en materia de derechos humanos.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, reconoció y elevó a rango constitucional el derecho humano al internet, incluyéndolo en el artículo 6o. de nuestra Norma Fundamental. De igual modo, y habilitando la competencia de los legisladores federales en la materia, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones facultó al Congreso de la Unión “para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.”
El mayor avance en las comunicaciones ha logrado, por un lado, que nuevos instrumentos puedan ser utilizados como vehículos o mecanismos para la maximización de derechos y en el caso de las tecnologías de la información y comunicación vemos una insuperable herramienta mediante la cual puede maximizarse el derecho fundamental a la libre expresión, al acceso a la información, a la educación, la cultura, el trabajo, la salud, por citar solo algunos ejemplos. Por otra parte, esta gran maximización de poder conlleva consigo ciertas responsabilidades y ciertas modalidades que habrán de tomarse para garantizar que el pleno ejercicio de los derechos de las personas pueda armonizarse también con la plena tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En la teoría de los derechos fundamentales todo ejercicio de un derecho conlleva responsabilidades. Por ejemplo, es importante garantizar que con dicho ejercicio no se afecte injustificadamente la esfera normativa de otro sujeto. A lo anterior deben sumarse los grandes riesgos que un uso no compatible con los derechos humanos de las tecnologías de la información y comunicación puede tener y que se ha visto continuamente en casos como los que se están regulando a través de esta iniciativa.
El propio artículo 6o. constitucional dispone, en su párrafo primero que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público...”.
Es por ello que, conforme a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, determinados derechos fundamentales pueden ser objeto de una atenuación en sus modalidades de ejercicio y ello con el único propósito de tutelar otro derecho fundamental o un valor que se estima de gran intensidad dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho que, ante el caso concreto, sólo puede asegurarse su protección mediante la toma de medidas inmediatas que, incluso, pueden interferir con el pleno ejercicio de otros derechos.
Para garantizar lo anterior, cuando el ejercicio de un derecho humano interfiere en la esfera jurídica de otros derechos de orden primordial de otros sujetos, se requiere la adopción de medidas dirigidas al logro de un equilibrio, de un balance ( balancing, según lo llama la tradición anglosajona) a fin de que todos puedan disfrutar del ejercicio pleno de dichos derechos.
De igual forma, cuando nos encontramos ante posibles colisiones de derechos, resulta necesario realizar un análisis de ponderación para tratar de determinar a cuál de los derechos en juego habrá que darle preferencia. Para este análisis, el principio de proporcionalidad será de gran utilidad, desarrollado ampliamente por Robert Alexy y siendo uno de los métodos de interpretación más utilizados por las Altas Cortes en el mundo contemporáneo, comprende los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (stricto sensu).
La idoneidad se refiere a que la medida a emprender sea la conducente para conseguir el valor o la finalidad protegida mediante la restricción del valor en conflicto.
La necesidad se refiere a que la medida a adoptar responda a una apremiante necesidad social, o bien, que no sea posible alcanzar el fin buscado con la restricción por otros mecanismos.
La proporcionalidad, en sentido estricto, se refiere a la constatación de que la norma que otorga el trato diferenciado guarde una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos, lo cual implica que si existe una alternativa menos gravosa para conseguir el fin buscado debe emplearse dicha alternativa.
En el caso concreto de esta iniciativa, tenemos que nuestra propuesta de introducir un catálogo de delitos cometidos en el ciberespacio y perfeccionar otros tipos penales cumple con el Test de Proporcionalidad, en tanto que la medida que pretendemos resulta ser idónea y necesaria, pues con ella puede tenerse certeza respecto de aquellos casos en los que alguien pudiera vulnerar los derechos humanos de otra persona, pero se le respeta su derecho de acceso al uso de las tecnologías de la información y comunicación sin censura previa ni restricción alguna y sin una intervención directa por parte del Estado que pueda vulnerar su esfera de libertades.
Al haberse cubierto los principios de idoneidad y necesidad antes indicados, no resulta preciso acudir al principio de proporcionalidad en sentido estricto, toda vez que pueden armonizarse los derechos de acceso a internet, a la libertad de expresión y a la protección de los derechos de quienes son receptores de dicha información sin que se realice restricción alguna a un derecho fundamental, únicamente previéndose la pertinencia de establecer un catálogo de conductas ilícitas con el fin de proteger los derechos de quienes usan las tecnologías de la información y comunicación.
En consecuencia, toda decisión pública por la que el ejercicio de un derecho puede estar sometida a alguna restricción o modalidad en su ejercicio, no puede ser arbitraria. Debe claramente estar justificada y motivada y ser proporcional entre la medida a adoptar y el riesgo presente, así como la justificación de la necesidad e idoneidad de la medida a emprender. Es por ello que, como más adelante se argumentará, las alarmantes cifras y el estado de vulnerabilidad que tenemos en nuestro país en materia de ciberseguridad y protección del espacio cibernético constituyen un hecho notorio para legislar de manera urgente sobre estos delitos.
Comprendiendo los alcances y retos de un mundo interconectado, a principios de este siglo la Unión Europea puso en marcha una serie de políticas públicas con el objetivo de bridar mayor seguridad a sus ciudadanos en el ciberespacio y la red. Como resultado de estas iniciativas, en el 2001 se redactó el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Japón y China.
Este es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales de los países miembros de la Unión Europea, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones europeas. Su principal objetivo consiste en aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional.
Este Convenio dio la pauta sobre la clasificación y tipificación de delitos de base cometidos por medio de herramientas electrónicas y el Internet. Sin embargo, dados los rápidos avances tecnológicos, algunos países se han visto en la necesidad de modificar y actualizar sus leyes e incluso, en algunos casos, de crear agencias para la protección de sus ciudadanos y sus datos personales en el ciberespacio.
Ejemplo de lo anterior son la Agencia Europea para Redes y Seguridad de la Información (ENISA); el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC); y el Centro Australiano de Ciberseguridad. Además se realizado la modificación o creación de leyes específicas para la defensa de los usuarios y sus datos personales en el ciberespacio, como las directivas europeas del Network Information Service (NIS); la Ley de Protección Nacional de Ciberseguridad del 2015 de Estados Unidos (Nacional Cybersecurity Protection Advancement Act of 2015); la Ley de Ciberseguridad del 2017 de China; la adición de los artículos 579 al 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España en 2015; y el Manual de Tallin 2.0 de Estonia, entre otras.
Si bien México aún no forma parte del Convenio de Budapest, es indispensable crear un ambiente propicio para la cooperación internacional en materia de ciberseguridad, ya que para prevenir y mitigar los riesgos que implica una navegación no protegida en la red debemos entender que el ciberespacio es un mundo sin fronteras y la forma adecuada de prevenir ataques internos y/o externos es por medio de una legislación dinámica y contando con cooperación internacional fluida con buenos canales de comunicación. Por esto es indispensable dotar de lineamientos legales precisos a nuestras autoridades para perseguir a los criminales que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como herramientas para la comisión de ilícitos.
Previendo todo esto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dispone el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ciberespacio y la ciberseguridad como uno de los puntos esenciales de la Seguridad Nacional, muestra de ello es la creación de la Estrategia Digital Nacional y la reciente presentación de la iniciativa de Ley de Tecnología Financiera.
En 2016 la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelo? que en nuestro país existen 81 millones de usuarios de un teléfono celular. Y de ellos, 60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o smartphone, lo cual significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 y 2016. A cuatro años de la reforma en materia de telecomunicaciones, México ha visto un incremento de 25 millones de usuarios de internet y 20 millones de usuarios de telefonía móvil. Esto no solo representa un tema de infraestructura crítica para el país, sino que también nos habla del enorme mundo de posibilidades y acceso a una economía y comercio digital nunca antes visto en México.
Sin embargo, las actividades ilícitas en el dominio digital se han vuelto cada vez más comunes y en el año 2013 le costaron a la economía mexicana 3 mil millones de dólares. El costo promedio por víctima aumentó de 197 a 238 dólares, entre 2012 y 2013. En el 2014, 10 millones de mexicanos fueron afectados por cibercrímenes y en 2016, de acuerdo al reporte de Ciberseguridad de Norton, 689 millones de personas fueron víctimas de algún ciberdelito alrededor del mundo, de las cuales 22.4 millones fueron ciudadanos mexicanos. En el mismo reporte se calcula que el costo de los cibercrimenes en los 21 países analizados fue de cerca de 126 mil millones de dólares, de los cuales 5.5 mil millones se obtuvieron como resultado de crímenes cometidos en nuestro territorio. Por último, Norton identificó que las causas de los cibercrímenes más recurrentes en México fueron robo de equipo celular (33 por ciento); falta de contraseñas seguras (26 por ciento); y correos hackeados (20 por ciento).
Con estos datos duros podemos confirmar que, si bien el uso de las tecnologías de la información y comunicación constituye un medio para la libre expresión y manifestación de las ideas, también debemos señalar que estos medios son utilizados para cometer ataques en contra de personas e instituciones, vulnerando los derechos humanos de los usuarios y poniendo en peligro su privacidad y datos personales. La existencia de una acotada cultura de seguridad de la información es quizás la principal vulnerabilidad del país actualmente. Por ello es necesario desarrollar una política de Estado en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y los intereses económicos y políticos de nuestro país en el ciberespacio.
Es necesario generar y poner en marcha una estrategia que evite afectaciones a las capacidades nacionales de comunicación y a la funcionalidad de los sistemas estratégicos de información. Es tiempo de tomar las medidas necesarias para llevar a nuestro país y a sus ciudadanos al siguiente nivel de protección en el ámbito cibernético. Y como bien lo marca el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “es necesario apuntar que esta Administración trabajará activamente en el desarrollo y actualización del marco jurídico en materia de seguridad de la información y ciberdefensa, así como en materia de prevención, investigación y sanción de delitos cibernéticos, a fin de responder a estándares de excelencia y mejores prácticas internacionales...”.
Esta iniciativa constituye una medida legislativa eficaz en el combate a los ciberdelitos, mismos que, atendiendo al principio de estricto derecho de la ley penal que nos mandata nuestra Constitución Política, necesitamos regular con toda puntualidad y rigor para que esta normatividad sustantiva penal esté resguardada bajo el principio de legalidad y atendiendo a las mejores prácticas legislativas internacionales.
Tomando en cuenta las consideraciones generales, nuestra propuesta consiste en modificar los siguientes ordenamientos:
I. Código Penal Federal; y
II. Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo que respecta al Código Penal Federal, se establece una reingeniería normativa a los delitos que están relacionados con los sistemas informáticos o que son cometidos con el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
En este sentido, el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo constituye un ilícito de alta incidencia delictiva y que en la actualidad se encuentra asociada con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, por lo tanto, se propone modificar el texto normativo para perfeccionar su redacción.
En cuanto al Capítulo II, que contiene los delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, se realiza un perfeccionamiento del texto normativo incluyendo como hipótesis normativa al que sin autorización o excediendo la que posea o sin permiso o el consentimiento legalmente reconocido o contra el acceso no autorizado, cometa alguno de los distintos tipos penales que contempla dicho capítulo, mismos en los que también se incluyen los supuestos de ser realizados mediante sistemas que utilicen tecnologías de la información y comunicación, así como de incorporar los supuestos no establecidos en la actual legislación, abonando con ello en la conformación de un tipo penal integral de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Otro aspecto importante de esta iniciativa es la incorporación de un delito en este capítulo, la cual consiste en tipificar como delito al que intercepte de forma deliberada sin autorización o excediendo la que posea, sin permiso o consentimiento legalmente reconocido por cualquier medio técnico, datos informáticos, información o comunicaciones dirigidas, originadas o efectuadas en o dentro de un sistema informático o sistema que utilice sistemas de tecnologías de información y comunicación incluidas las emisiones electromagnéticas que transporten datos, información o comunicaciones.
Asimismo, se incorpora un Capítulo III que agruparía a los Delitos Informáticos, los cuales se tipifican en los artículos 211 Ter con el abuso de dispositivos; 211 Quáter con la falsificación informática; y 211 Quintus con la usurpación de identidad ajena. De igual forma, se adiciona una fracción XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático.
Por lo que respecta a la materia adjetiva penal, se adiciona una Sección VII relativa a los actos de investigación necesarios para la obtención de evidencias digitales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que facilitará la obtención de los medios de prueba para integrar las investigaciones de los delitos de manera más ágil, eficaz y expedita, acorde a las necesidades que el mundo digital y la ciudadanía nos demandan.
En esta importante aportación a nuestro Código Adjetivo Penal se adicionan los artículos 390 Bis 1 al 390 Bis 8 para que, atendiendo a la técnica legislativa, no se interfiera con las demás disposiciones normativas de este ordenamiento jurídico. En este conjunto de artículos se establecen aspectos de especial relevancia para la obtención de evidencias digitales como medios de prueba, tales como la Conservación de Datos Informáticos Almacenados, los Datos Almacenados de Usuarios o Abonados, el Registro y Preservación de Datos Almacenados, los Datos Informáticos Almacenados en otro Estado, la Obtención de Datos en Tiempo Real, la Cooperación y Asistencia Jurídica en Materia Procesal Penal, así como la Protección de Datos Personales en Investigaciones.
Finalmente, se reforma la fracción II del artículo 439 sobre los alcances de la asistencia jurídica, misma que incorpora como medio de obtención de pruebas a las evidencias digitales o pruebas almacenadas en un sistema informático o sistema que utilice tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de armonizar la adición propuesta por esta iniciativa a la Sección VII.
Todo acto jurídico donde interviene la conducta humana se tiene que regular mediante normas que den certeza jurídica a todas las partes. En el caso del uso de tecnologías de información y comunicación resulta más complejo establecer una relación directa entre quien realiza el acto y las modalidades de realización, pues el anonimato con el cual se conduce este uso constituye una barrera compleja al momento de crear esta regulación.
Resulta importante señalar que, en el caso concreto de nuestra propuesta legislativa, no se incluye ninguna restricción al ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de acceso a internet, al contrario, el espíritu de la misma consiste en garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de armonizar plenamente los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos.
Sin embargo, las instituciones del Estado deben ejercer todos los medios necesarios para alcanzar una legislación eficaz y vigorosa que si bien, por la naturaleza del tema, impide que toda legislación esté acorde y en tiempo real con las transformaciones tan aceleradas que conlleva proteger el uso de estas tecnologías, se tienen que buscar las acciones que estén al alcance del Estado para fortalecer el andamiaje institucional en materia de Ciberseguridad.
Por tanto, la falta de un marco jurídico adecuado para hacer frente a todas las amenazas que día a día se descubren con el uso de las tecnologías de la información y comunicación marcan la necesidad de adecuar la legislación vigente para lograr prevenir, sancionar y contrarrestar todas aquellas conductas que dañen los bienes de las personas y la infraestructura nacional o el actuar y la estabilidad de las instituciones del Estado, por lo que un marco regulatorio debe considerarse como urgente y necesario para dar un paso considerable a fin de hacer frente a estas amenazas.
Con la eventual aprobación de esta iniciativa daremos ese paso trascendental en el fortalecimiento a la ciberseguridad que requiere nuestro país. El mundo global en el que nos desarrollamos exige al Estado Mexicano realizar todas las acciones de gobierno necesarias para evolucionar en las áreas estratégicas de seguridad, incluyendo el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Tenemos que sumar todas las voluntades para colocar a México a la vanguardia y en sintonía con los países más avanzados dotándolo de un marco legal que proteja a las personas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Necesitamos garantizar y dar certeza jurídica a aquellas personas que han sufrido afectación en el uso de estas tecnologías, por lo que esta propuesta generará las condiciones idóneas para colocar a la vanguardia a nuestro país para enfrentar los retos que la Cuarta Revolución Industrial plantea a la humanidad.
Por las consideraciones expuestas, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos informáticos, evidencias digitales y medidas de cooperación internacional para combatir el ciberdelito
Artículo Primero. Se reforman los artículos 202, párrafos primero y tercero, 202 Bis, la denominación del Título Noveno, “Revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y delitos informáticos”, del Libro Segundo, los artículos 211 Bis 1 al 211 Bis 5 y 211 Bis 7; y se adicionan el artículo 211 Bis 8, el Capítulo III, “Delitos Informáticos”, del Título Noveno, conteniendo los artículos 211 Ter al 211 Quintus y la fracción XXII del artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos , incluidos sistemas informáticos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
(...)
La misma pena se impondrá a quien produzca, reproduzca, ofrezca o ponga a disposición, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, difunda o transmita, importe, exporte o posea el material a que se refieren los párrafos anteriores.
Artículo 202 Bis. Quien almacene, adquiera, compre, arriende o posea, a través de sistemas informáticos o en dispositivos de almacenamiento de datos informáticos el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.
Título NovenoArtículo 211 Bis 1. Al que sin autorización obstaculizare el funcionamiento de un sistema informático, mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de información y datos contenidos en sistemas o equipos de informática protegidos contra el acceso no autorizado,se le impondrán de dos a cuatroaños de prisión y de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que sin autorización copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos en contra del acceso no autorizado, se le impondrán de seismeses a dos años de prisión y de doscientas a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 211 Bis 2. Al que sin autorización acceda, modifique, destruya o provoque pérdida parcial o total de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos en contra del acceso no autorizado, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que sin autorización acceda, conozca o copie información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos en contra del acceso no autorizado, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de doscientas a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
A quien sin autorización acceda, conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegidos en contra del acceso no autorizado, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública o del sistema nacional de administración de justicia penal, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
(...)
Artículo 211 Bis 3.Al que estando autorizado indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida parcial o total de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientas a novecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que estando autorizado, indebidamente copie información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática del Estado, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que estando autorizado, indebidamente obtenga, copie o utilice información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática en materia de seguridad pública, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Artículo 211 Bis 4. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos en contra del acceso no autorizado, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de doscientas a mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que sin autorización copie información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos en contra del acceso no autorizado, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cien a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 211 Bis 5. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática,se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie información o datos contenidos en sistemas o equipos de informática,se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multade cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
(...)
Artículo 211 Bis 7. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información o datos obtenidos se utilicen en provecho propio o ajeno.
Artículo 211 Bis 8. A quien intercepte de forma dolosa y sin autorización por cualquier medio técnico, datos informáticos, información o comunicaciones dirigidas, originadas o efectuadas en o dentro de un sistema informático incluidas las emisiones electromagnéticas que transporten datos, información o comunicaciones, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Capítulo IIIArtículo 211 Ter. Abuso de Dispositivos.
Comete el delito de abuso de dispositivos quien, sin autorización, cometiere cualquiera de las siguientes actividades:
I. Producir, vender, obtener para su utilización, importar, difundir o de cualquier otra forma poner a disposición:
a) Cualquier dispositivo, incluido un programa informático, concebido o adaptado principalmente para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el Título Noveno de este Código; y
b) Una contraseña, código de acceso o datos informáticos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema informático con intención de que sean utilizados para cometer cualquiera de los delitos previstos en el Título Noveno de este Código.
II. Poseer alguno de los elementos previstos en los incisos a) o b) de la fracción primera del presente artículo con intención de que sean utilizados para cometer cualquiera de los delitos previstos en el Título Noveno de este Código.
III. Crear, utilizar, alterar, capturar, grabar, copiar o transferir de un dispositivo de acceso o un medio a otro similar, o cualquier instrumento destinado a los mismos fines, los códigos de identificación y acceso al servicio o sistema informático que permita la operación paralela, simultánea o independiente de un servicio o sistema informático, legítimamente obtenido por un tercero; o bien, con la intención de que sean utilizados para cometer cualquiera de los delitos previstos en el Título Noveno de este Código.
Se impondrá pena de prisión de tres a cinco años y multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
No se interpretará que el presente artículo impone responsabilidad penal cuando la producción, venta, obtención para la utilización, importación, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición mencionada en el párrafo primero del presente artículo no tenga por objeto la comisión de alguno de los delitos previstos en el Título Noveno, de este Código.
Artículo 211 Quáter. Falsificación informática.
Comete delito de falsificación informática quien sin autorización introdujere, alterare, borrare o suprimiere datos informáticos previamente almacenados en un sistema informático, que generen datos no auténticos con la intención que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que los datos sean legibles e inteligibles directamente. Se le impondrá pena de prisión de dos a tres años y multa de cien a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se impondrá pena de tres a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en los casos siguientes:
a) Cuando los actos descritos en el párrafo anterior se realicen con la intención de cometer otro delito; y,
b) Cuando los actos descritos en el párrafo anterior se realicen para inducir a usuarios a la provisión de datos confidenciales, personales y/o financieros, tanto de personas físicas como de personas morales.
Artículo 211 Quintus. Usurpación de Identidad Ajena.
A quien usurpe, suplante, obtenga, utilice, apropie o adopte la identidad de otra persona, a través de un sistema informático con la intención de causar un daño o perjuicio a una persona, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientas a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La misma pena se impondrá cuando la usurpación de identidad ajena se cometa infringiendo medidas de seguridad y con la intención de obtener de forma ilegítima un beneficio económico o lucro indebido para sí mismo o para otra persona o generar un daño en el patrimonio de una persona tanto física como jurídica.
Artículo 387.Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:
I. a XXI. (...)
XXII. A quien sin autorización causare un perjuicio patrimonial a otra persona, incluyendo a una persona moral, mediante la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos.
Las mismas penas se impondrán a quien interfiera en el funcionamiento de un sistema informático con la intención de obtener de forma ilegítima un beneficio económico para sí mismo o para un tercero.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 439; y se adiciona la “Sección VII Actos de Investigación necesarios para la obtención de Evidencias Digitales”, del Capítulo IV Disposiciones Generales Sobre la Prueba, del Título VIII Etapa del Juicio, del Libro Segundo Del Procedimiento ,conteniendo los artículos 390 Bis 1 a 390 Bis 8; del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Sección VIIArtículo 390 Bis 1. Disposiciones Generales
Los actos de investigación para la obtención de evidencias digitales, deberán considerar los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos y tratados internacionales que versen sobre los derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías, principios y reglas que fundamentan el presente Código.
Artículo 390 Bis 2. Conservación de Datos Informáticos Almacenados.
El Ministerio Público podrá ordenar a cualquier persona física o jurídica, la conservación de la integridad de los datos informáticos concretos, almacenados en un sistema informático que esté bajo su disposición cuando tenga motivos suficientes para considerar que puedan ser alterados o suprimidos y afectar así el resultado de una investigación. La medida no podrá exceder de noventa días y será prorrogable por igual período, si se mantienen los motivos que fundamentaron la orden.
La persona requerida, una vez que reciba la comunicación respectiva, deberá ejecutar los actos necesarios que garanticen la preservación, inmediata de los datos en cuestión y estará obligado a mantener secreto en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.
Cuando se trate del aseguramiento o conservación de datos relativos al tráfico de comunicaciones, si el proveedor de servicios requerido advierte que en la comunicación objeto de la investigación han participado otros proveedores de servicios, informará inmediatamente a la autoridad competente que haga el requerimiento o solicitud, para que adopte las medidas necesarias.
Para llevar a cabo la conservación de la integridad de los datos informáticos almacenados en un sistema informático, se requerirá la autorización judicial del Juez de control y para ello, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo de artículo 291 y artículos 292 a 302 de este Código.
Artículo 390 Bis 3. Datos Almacenados de Usuarios o Abonados
El Ministerio Público podrá ordenar a cualquier persona física o jurídica, que presente, remita o entregue datos almacenados en un sistema informático que este bajo su poder o control y que se vinculen con la investigación de un delito concreto. Asimismo, podrá ordenar a toda persona física o jurídica que preste un servicio de comunicaciones o a los proveedores de servicios de cualquier tipo, la entrega de datos de los usuarios o abonados o los datos de identificación y facturación con los que cuente. La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse en secreto bajo el apercibimiento de sanción penal en los términos de lo previsto por la legislación aplicable. Estas medidas serán ejecutadas por el Ministerio Público correspondiente, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente, en las cuales se exija la autorización judicial del Juez de control.
Artículo 390 Bis 4. Registro y Preservación de Datos Almacenados
El órgano jurisdiccional podrá ordenar a solicitud del Ministerio Público, el registro de un sistema informático o de una parte de éste, o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con el objeto de:
I. Acceder a los componentes físicos y lógicos del sistema y,
II. Obtener copia de los datos en un soporte autónomo o
III. Preservar por medios tecnológicos o bloquear el acceso a los datos de interés para la investigación.
En los supuestos en los que, durante la ejecución de una medida de incautación de datos de un sistema Informático, previstos en el párrafo anterior, surjan elementos que permitan considerar que los datos buscados se encuentran almacenados en otro dispositivo o sistema Informático al que se tiene acceso lícito desde el dispositivo o sistema inicial, quienes llevan adelante la medida podrán extenderla o ampliar el registro al otro sistema. La ampliación del registro a los fines de la incautación deberá ser autorizada por el órgano jurisdiccional salvo que estuviera prevista.
Artículo 390 Bis 5. Datos Informáticos Almacenados en otro Estado
Con fundamento en lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado Mexicano, las autoridades especializadas en la investigación de delitos del fuero federal o fuero común, incluida la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, podrán acceder o recibir datos informáticos almacenados en un sistema informático, ubicado en otro Estado, cuando éstos se encuentren accesibles en fuentes de acceso público, independientemente de la ubicación geográfica de los mismos; o a través de un sistema informático ubicado en México, si la autoridad investigadora competente obtiene el consentimiento lícito y voluntario de la persona legalmente autorizada a revelarlos en ese país por medio de un sistema informático.
Artículo 390 Bis 6. Obtención de Datos en Tiempo Real
Para la obtención, en tiempo real, de datos de tráfico de comunicaciones electrónicas o la interceptación de datos informáticos de contenido, regirá lo dispuesto en los artículos 178 Bis del Código Penal Federal, 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Artículo 390 Bis 7. Cooperación y Asistencia Jurídica en Materia Procesal Penal
En caso de cooperación y asistencia jurídica internacional, las solicitudes de aseguramiento de datos, solicitudes de presentación de datos, de obtención o confiscación, de acceso libre a fuentes de acceso público y asistencia mutua para obtención de datos sobre el tráfico e interceptación de comunicaciones, se estará a lo dispuesto en el Titulo XI de este Código, así como los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Asimismo, se tomará en cuenta el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de ciertos datos protegidos bajo la legislación nacional vigente y tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano.
Artículo 390 Bis 8. Protección de Datos Personales en Investigaciones.
Las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir delitos informáticos y el órgano jurisdiccional competente, deben respetar los principios y garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en convenios y tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, de tal forma que los derechos de las personas sean protegidos a través del uso de tecnologías de información y comunicación, en particular el respeto a su intimidad y la protección de datos personales, tanto datos de tráfico como datos de contenido, salvo con fines legítimos para la prevención de delitos o la protección de los derechos y libertades de terceros.
Con respecto a la obtención y tratamiento de datos personales por parte de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, se estará a lo dispuesto en los Artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados.
El tratamiento de datos personales para efectos de la investigación o como medio de prueba, deberá cumplir exclusivamente la finalidad para el que fueron originalmente obtenidos y tratados, por un tiempo de dos años y una vez cumplida la finalidad y propósito de investigación debe procederse a su cancelación y supresión.
La protección de la información y los datos personales es responsabilidad compartida de las autoridades en las distintas entidades que intervienen en la vigilancia, investigación y persecución penal de los delitos establecidos en el Código Penal Federal y otras leyes.
Artículo 439. Alcances
La asistencia jurídica comprenderá:
I. (...)
II.Obtención de pruebas, incluidas las evidencias digitales o pruebas almacenadas en un sistema informático.
III. a XI. (...)
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recurso de consideración. Expediente: SUP-REC-41/2013. Resolución del 26 de junio de 2013.
2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano: SX-JDC-954/2012. Sentencia del 18 de abril de 2012.
3 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recurso de consideración. Expediente: SUP-REC-41/2013. Resolución del 26 de junio de 2013.
4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: “La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C. No. 127. Párrafo 206.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Sofía González Torres, Adolfo Mota Hernández, Alfredo Anaya Orozco, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Armando Luna Canales, Daniela de los Santos Torres, Evelyng Soraya Flores Carranza, Felipe Cervera Hernández, Francisco Saracho Navarro, Jesús Sesma Suárez, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Corral Mier, Kathia María Bolio Pinelo, Luis Agustín Rodríguez Torres, Martha Sofía Tamayo Morales, Sara Paola Galico Félix Díaz, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Sofía González Torres. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario...
El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Perdón. Por favor sonido para la curul del diputado. La curul del diputado Cortés, por favor.
El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Gracias. Para solicitar a través de su conducto a ver si es posible preguntarle a la diputada Sofía si me permite suscribir su iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: ¿Diputada?
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Con gusto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sí, diputado, adelante. Aquí está a su disposición. Sonido en la curul de la diputada Daniela de los Santos, por favor.
La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): De igual manera, presidenta, felicitar a la diputada Sofía y preguntarle si me permite suscribirla.
La presidenta diputada María Ávila Serna:Adelante, diputada, muchas gracias.
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
La presidenta diputada María Ávila Serna: Continuamos con la iniciativa que va a presentar el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la cual es con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez:Buenas tardes, gracias. Con su venia, presidenta. Compañeros, cada vez y con mayor frecuencia escuchamos en los medios de comunicación y en las pláticas familiares los términos tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad y malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, colusión privada, alteraciones fraudulentas del mercado, especulación financiera con fondos públicos, puerta giratoria penal, clientelismo, nepotismo, compra de votos. Las anteriores son actividades que se relacionan con la idea de la corrupción.
Si pudiéramos definir de manera sencilla a la corrupción, podríamos decir que es siempre un acto ilegal o moralmente reprobable. Pero especialmente —como los delitos sexuales— en la oscuridad, intentando no dejar testigos del acto corrupto cometido.
La corrupción se incrementa porque no se castiga. Es por eso que tenemos gran corrupción. Es la hija de la impunidad.
México debería de tener cifras oficiales sobre corrupción, para dar voz a las innumerables quejas —sin duda— sobre corrupción y otros temas de interés nacional.
Los legisladores federales le podemos dar eco haciendo uso de la herramienta legislativa denominada punto de acuerdo. A través de estos puntos de acuerdo que nos permiten a los legisladores documentar la necesidad ciudadana y solicitar su atención a lo demando.
Deseo dejar en claro que no solo para los analistas políticos, sino también para las organizaciones sociales involucradas en temas de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito legislativo han denominado a ese instrumento como llamadas a misa.
¿Por qué? La respuesta es simple. Porque no se obliga a la dependencia ni a los servidores públicos a una respuesta oportuna. Por ejemplo, para ejemplificar lo anterior, les compartiré un dato duro: en esta Legislatura, a la fecha, se han ingresado 3 mil 331 puntos de acuerdo, mil 437 se han desechado. Están pendientes de dictaminación 656, se han aprobado 741, solo se han atendido 340. Estas cifras son reveladoras, los puntos de acuerdo constituyen una herramienta legislativa útil. Los puntos de acuerdo sirven de contrapeso. Hágalos valer, señor presidente, se los pide el Congreso mexicano.
La bancada de diputados ciudadanos hemos cumplido con nuestro compromiso de dar voz a cada una de las expresiones que recogemos en los ciudadanos libres. Hemos utilizado este instrumento e incorporado esas demandas ciudadanas. Las hemos materializado y convertidas en puntos de acuerdo que llevan el sentir ciudadano en cada letra y expresión.
Compañeras y compañeros, propongo efectuar modificación a nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados para incluir la fracción VIII al artículo 79, para quedar como sigue:
Artículo 79, numeral 2. Las proposiciones con puntos de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:
Fracción VIII. Las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno del ámbito federal, estatal y municipal, órganos autónomos, fideicomisos públicos y toda aquella figura gubernamental deberán dar atención a las proposiciones de punto de acuerdo.
Si después de 30 días naturales no se recibe respuesta por escrito al punto de acuerdo, será la Secretaría General quien elaborará y remitirá un extrañamiento por la falta de atención correspondiente.
Solicito su apoyo por considerar esta propuesta y aprobarla, así fortalecer el derecho de petición de los ciudadanos ya que el día de hoy no es suficiente con solo levantar la voz. Urge respuesta y atención para este ejercicio de rendición de cuentas. Apoyo a Tamaulipas en la inseguridad, urge apoyo. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales I y II, y 78 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII, al numeral 2, del artículo 79, incluido en la sección tercera, Proposiciones, del capítulo I, de la Duración de las Intervenciones y de los Asuntos que se presentan ante el Pleno, incluido en el título cuarto, de los Procedimientos en el Pleno del Reglamento de Cámara de Diputados.
I. Planteamiento del problema
En México son innumerables las exigencias ciudadanas ajenas al ámbito legislativo que nosotros los legisladores recogemos en nuestros distritos.
Es compromiso del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano dar voz a esas expresiones y materializarlas en instrumentos legislativos como son las proposiciones o también conocidas como puntos de acuerdo.
La realidad es que los puntos de acuerdo permiten a los legisladores documentar la necesidad ciudadana y solicitar su atención a lo demando.
Pero también, es necesario dejar en claro lo que los analistas políticos han denominado a este instrumento legislativo como llamadas a misa porque no se obliga a la dependencia y a los servidores públicos a una respuesta oportuna. Debo enfatizar que los tiempos de respuesta a los puntos de acuerdo no están reglamentados, lo que permite contestar o no las peticiones ciudadanas.
Lo anterior, decae el ánimo de la participación ciudadana, al darse cuenta que muchas veces su necesidad o petición no es atendida.
En contraste, el servidor público, al omitir la respuesta en comento, olvida que ésta no es más que una de las diversas formas que los ciudadanos pueden solicitar el cumplimiento de sus obligaciones.
En otras palabras, el no dar atención a una petición de los legisladores, evidencia falta de compromiso e insuficiente rendición de cuentas.
A los servidores públicos se les olvida que ante cualquier petición existe la obligación de atender y dar respuesta.
Lo anterior no es una ocurrencia, ya que está establecida en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“ Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.
La realidad es que muchos de los puntos de acuerdo, pese a que son aprobados en comisiones y en el pleno y, en el caso de recesos legislativos, por la Comisión Permanente, éstos no reciben respuesta y si se obtiene, no es oportuna.
En este sentido, una necesidad que se pedía atender, al no dar respuesta, termina muy seguramente en problemática que en su gran mayoría requiere una atención mayor a la solicitada.
Aunado a lo anterior, la ausencia de rendición de cuentas es un vivo reflejo y una posible tendencia de atención a toda petición pública.
Lo que expreso no es un caso menor ya que al servidor público se le olvida que su vocación principal es servir y rendir cuentas de sus actos u omisiones.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía establecer plazos a la atenta respuesta que deban ofrecer los servidores públicos a quienes se les dirijan puntos de acuerdo, que incluyan por igual a los de urgente y obvia resolución.
En ese sentido, propongo incluir una fracción IX al numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputadoscomo sigue:
Reglamento de la Cámara de Diputados
Título CuartoComo se ha expresado en líneas anteriores, la ausencia de plazos en la atención y respuesta de los puntos de acuerdo constituye para esta soberanía un área de oportunidad al constituirse como figura única de contrapeso del Poder Ejecutivo y Judicial.
Por ello, compañeros diputados, se debe considerar esta propuesta como viable en el sentido de fortalecer el derecho de petición de los ciudadanos, ya que hoy día, no es suficiente con sólo levantar la voz si no existe respuesta y atención para este ejercicio de rendición de cuentas. Seguiré insistiendo en dar respuesta a la exigencia y petición ciudadana que exige a los diputados federales ser una representación permanente y efectiva, y considero que con esta propuesta se atendería en gran medida a fortalecer esa alicaída idea de representatividad.
II. Fundamento legal de la iniciativa
Con motivo de esta iniciativa se incidirá en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
III. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al numeral 2 del artículo 79, incluido en la Sección Tercera, Proposiciones, del capítulo I, de la Duración de las Intervenciones y de los Asuntos que se presentan ante el Pleno, incluido en el título cuarto, de los Procedimientos en el Pleno del Reglamento de Cámara de Diputados.
IV. Ordenamientos a modificar
Reglamento de Cámara de Diputados
V. Texto normativo propuesto
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona la fracción VIII al numeral 2 del artículo 79, incluido en la Sección Tercera, Proposiciones, del capítulo I, de la Duración de las Intervenciones y de los Asuntos que se presentan ante el Pleno, incluido en el título cuarto, de los Procedimientos en el Pleno del Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo Único. Se adiciona la fracción VIII al numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:
Artículo 79.
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. Las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno, del ámbito federal, estatal y municipal, órganos autónomos, fideicomisos públicos y toda aquella figura gubernamental deberá dar atención a las proposiciones con punto de acuerdo.
Si después de 30 días naturales no se recibe respuesta por escrito al punto de acuerdo, será la Secretaría General quién elaborará y remitirá un extrañamiento por la falta de atención correspondiente.
VI. Artículo transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo Octavo, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm, consultado el 31 de octubre de 2017.
2 Reglamento de la Cámara de Diputados, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm, consultado el 31 de octubre de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Verónic Delgadillo García (rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias diputado Gustavo Adolfo Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La diputada Karina Sánchez Ruiz:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Compañeras y compañeros diputados, promover la igualdad, la libertad y la dignidad de los individuos es un principio fundamental para Nueva Alianza. Desde nuestra conformación, asumimos el compromiso de propiciar acciones afirmativas tendientes a salvaguardar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, principalmente de los grupos vulnerables.
El respeto y la no discriminación constituyen los principales derechos que tenemos tanto hombres como mujeres, y se encuentran claramente consagrados en nuestra Constitución. No obstante de ello, existe un sector de nuestra sociedad que de forma continua ha sido señalado y marginado por su preferencia sexual, identidad o expresión de género, lo que le ha impedido gozar del ejercicio pleno de sus libertades fundamentales.
Desafortunadamente, la vida de estas personas está permeada por la discriminación y la intolerancia, pese a que las leyes y acuerdos de protección de derechos humanos la proscriben. Si bien las reformas constitucionales de 2011 expresan un avance significativo en contra de las prácticas discriminatorias por motivos de preferencia sexual, aún las leyes son las que no contienen esta importante especificación.
Nueva Alianza es un partido liberal, pero sobre todo comprometido con el respeto y la defensa de los derechos de cada individuo. En diversas ocasiones y a través de diferentes instrumentos hemos reafirmado que defenderemos el derecho de las personas a manifestar y vivir su preferencia sexual sin que nadie las excluya. Hoy refrendamos dicho compromiso mediante una iniciativa que pretende armonizar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de derechos y no discriminación.
A pesar de que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud del país un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, no contempla específicamente la discriminación por preferencias sexuales, omisión que la presente iniciativa propone solventar mediante dos reformas al artículo 2o de la Ley, con el propósito de poder incorporar el concepto de preferencias sexuales, y la frase atente contra su dignidad humana, que hasta el momento aún no se han contemplado.
Con estas reformas estaremos armonizando la referida ley con la Constitución, los ordenamientos legales y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, además de propiciar la obligación de respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos de los jóvenes.
Recordemos que la discriminación trae consigo la negación de libertades, de derechos y de oportunidades a las personas que son víctimas de ellos. Necesitamos hoy por hoy transitar a un Estado de derecho garante de nuestros derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con base en el siguiente
Planteamiento del problema
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La visión y la determinación extraordinaria de los redactores quedaron plasmadas en la emisión de un documento en el que se enunciaban, por primera vez, los derechos humanos universales para todas las personas en un contexto individual. Tales derechos, sin discriminación alguna, deben hacerse valer sin importar raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
El derecho internacional establece la obligatoriedad que tienen los estados de actuar de una forma determinada o evitar emprender ciertas acciones, a fin de impulsar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
Es importante señalar que uno de los grandes logros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, la cual constituye un conjunto de códigos de protección universal al que todas las naciones pueden unirse y al que toda persona anhela.
Al respecto, las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. Además, ha establecido mecanismos para fomentar y proteger estos derechos, así como para orientar a los Estados parte en el ejercicio de sus responsabilidades.
La aplicación del principio de no discriminación es básico en el derecho internacional, además de estar estipulado en los principales tratados en la materia. Es tal su repercusión que es tema central de diversas convenciones a nivel internacional; por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual entró en vigor el 4 de enero de 1969.
En ella, los estados parte reconocen que:
“[...] la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
[Asimismo consideran que] la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional,
[y] que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación.”
La discriminación trae consigo la negación de libertades, derechos y oportunidades a las personas que son víctimas de ella. Además, son excluidas y se les dificulta el desarrollo de su vida en plenitud.
En tal sentido, es de observar que los jóvenes son cada vez más un grupo altamente vulnerable a que sus derechos humanos sean violentados, sufriendo principalmente discriminación.
Apreciamos que existe discriminación bajo el contexto del ejercicio de las preferencias sexuales y, en general, la situación que se observa, es de disminuir la igualdad ante la ley, así como el reconocimiento, goce y ejercicio de las preferencias; asimismo, generalmente esta discriminación se agrava cuando, además de esa exclusión en el ejercicio de sus derechos, se presentan otros tipos más como la segregación por el género, la raza, la edad, la religión, la discapacidad, el estado de salud y la condición económica, entre otros.
Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, acorde a nuestra agenda legislativa, creemos que es necesario respetar la diversidad, la cual implica entender que todas las personas tienen derecho a desarrollar su proyecto de vida individualmente, y que todas las personas pueden ejercer sus derechos y libertades. En tal sentido, la situación vigente en la que se encuentra la norma que fomenta el desarrollo de la juventud anula los derechos de los jóvenes mexicanos, principalmente aquellos que se encuentran más vulnerables dentro de la sociedad, encontrando que, entre sus principales causas se encuentran el poco o nulo conocimiento de la sexualidad y su diversidad, la falta de educación, así como la falta de reconocimiento a tal diversidad.
Atendiendo esta improrrogable situación, la presente iniciativa tiene por objeto incidir en el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y en el ejercicio de las garantías de los jóvenes de nuestro país, los cuales enfrentan una problemática latente que se manifiesta en distintas formas de discriminación, siendo la de las preferencias sexuales la que más nos apremia en esta oportunidad.
Exposición de MotivosSegún datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la juventud y sus problemáticas inherentes se han ido incorporando paulatinamente a la agenda gubernamental, como parte esencial para lograr el desarrollo humano sostenible del país; por ello, este grupo ha cobrado gran relevancia al grado tal que, a partir del año 2000, se dio inicio a la celebración del Día Internacional de la Juventud, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta organización internacional considera como jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años; sin embargo, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Iberoamericana de la Juventud, manejan un rango de edad de entre 15 a 29 años, siendo este último el considerado por el Inegi, a fin de mantener un nivel adecuado de comparabilidad con diversos proyectos estadísticos a nivel internacional para dicha población de estudio.
En tal sentido, el Inegi, al presentar información sociodemográfica en la materia, específicamente en el año 2015, extraída de la Encuesta Intercensal, mostró que la proporción de la población joven de 15 a 29 años en nuestro país ascendió a 30.6 millones, lo que representa poco más de la cuarta parte de la población a nivel nacional (25.7 por ciento).
Del total de la población joven, 35.1 por ciento son adolescentes (15 a 19 años); 34.8 por ciento son jóvenes de 20 a 24 años y otro 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años de edad. Considerando la población total de cada entidad, Quintana Roo cuenta con la mayor proporción de población joven de 15 a 29 años (28.5 por ciento), seguida por Querétaro (27.3 por ciento), Aguascalientes (26.9 por ciento) y Guanajuato (26.8 por ciento). En tanto, Tamaulipas (24.4 por ciento) y la Ciudad de México (23.7 por ciento) son las entidades con el menor porcentaje de población joven.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es la base para que las poblaciones de todas las naciones hagan todo lo posible para lograr que tanto las personas a nivel individual como las instituciones promuevan la enseñanza y la educación. Con esto se pretende garantizar el respeto a los derechos y libertades que tiene la humanidad, y se crean las medidas a largo plazo de carácter nacional e internacional.
Respecto al tema del Derecho Internacional Humanitario, países de diferentes partes del mundo se han comprometido a enseñar y respetar las normas aplicables, dirigidas a salvaguardar la dignidad inherente a la figura del ser humano.
Al respecto, cabe señalar que Jüergen Habermas, sociólogo y filósofo alemán, principal representante de la “segunda generación” de la Escuela de Frankfurt, defiende la tesis que sostiene la existencia de una conexión interna entre la noción moral de dignidad humana y la concepción jurídica de los derechos humanos, aunque ésta sólo se haya manifestado de manera explícita en el pasado reciente.
Ese destacado investigador, contra posturas escépticas y estrategias deflacionarias, sostiene que el concepto de dignidad humana no es una expresión clasificatoria vacía, sino que, por el contrario, es la fuente de la que derivan todos los derechos básicos (en la experiencia concreta de violaciones a la dignidad humana), además de ser la clave para sustentar la indivisibilidad de todas las categorías (o generaciones) de los derechos humanos.
En tal sentido, ampliar estos derechos es una solución idónea y coherente con el principio pro homine (pro persona), que es medular para los derechos humanos, mismo que se encuentra también establecido en nuestra Carta Magna. Aunado a ello, si las disposiciones de diferentes tratados son favorables para las personas más jóvenes, es sobradamente entendible que el Estado, por conducto de su gobierno, debe implementar políticas públicas para hacer respetar los derechos humanos del sector poblacional que hoy nos apremia.
Además del artículo 1o. de nuestra Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación regula el derecho a la no discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una política nacional, orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, además de promover la igualdad de oportunidades.
En el mismo ordenamiento se entiende por discriminación lo siguiente:
“[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.”
Entrando en la materia que nos ocupa, la discriminación que padecen los jóvenes del país casi siempre se ve agravada por la discriminación basada en otras causas como el género, la raza, la edad, la religión, la discapacidad, el estado de salud, la situación económica o la abierta y manifiesta preferencia sexual.
En el ámbito internacional se ha reconocido que la discriminación contra la diversidad sexual se refleja, entre otras circunstancias, a través de actos que violentan el derecho a la vida privada; a través de actos de violencia que vulneran el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad personal o a través del acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo que, en todos los casos y circunstancias, afectan la dignidad de las personas.
En marzo de 2011 hubo un avance significativo en contra de las prácticas discriminatorias que vulneran el derecho a la diversidad sexual, estando, desde entonces, expresamente reconocido en la legislación nacional vigente la prescripción de realizar o promover el maltrato físico o psicológico por asumir públicamente la preferencia sexual. En un acto de vanguardia normativa, ambas Cámaras del Poder Legislativo federal aprobaron la reforma constitucional, expresamente en el artículo 1o., en la que se incluye, entre otros, el término de preferencias sexuales, reforma que entró en vigor en el mes de junio de ese año.
Al respecto, es importante mencionar que el texto actual de la Carta Magna establece que está prohibida la discriminación por causa de “preferencias sexuales”, pues anteriormente el texto constitucional hacía referencia a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que hacía que llegaran a darse ciertas ambigüedades. En la reforma demerito queda claramente señalado el término de preferencias sexuales, ello, con el fin de brindar un trato igualitario a todas las personas y para que el Estado mexicano encamine sus normas y políticas en ese sentido.
Los jóvenes con una abierta y manifiesta preferencia sexual, como población altamente vulnerable a ser víctima de discriminación, sufre rechazo en el trabajo, escuela, e incluso en sus hogares. Esa discriminación se puede manifestar en despidos injustificados, exclusión en sus escuelas, negación de un servicio público o privado, humillación, abandono, violencia física y psicológica, entre otras.
El Instituto Mexicano de la Juventud, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión, tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud del país un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y de no discriminación, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En función de sus objetivos y propósitos, es que creemos necesario impulsar dos reformas al artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: la primera consistente en incorporar el concepto de preferencias sexuales,y la segunda orientada a incorporar la frase que atente contra su dignidad humana.
El sentido de ambas reformas a esa ley tiene por objeto armonizar dicho ordenamiento con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, actualizando un marco legal en donde se refleje la convicción de la sociedad y la congruencia de Nueva Alianza, como grupo parlamentario, para que impere la obligación de respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos.
Fundamento legal
Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Artículo Único.Se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones , preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad humana.
Artículo TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Naciones Unidas. Derecho internacional de los derechos humanos. Dignidad y Justicia para todos. Disponible en
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/bookletsp.pdf
2 Naciones Unidas, Derechos Humanos. Disponible en
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
3 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado. Convención Internacional Sobre la Eliminación todas las Formas de Discriminación Racial. Disponible en
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
4 Inegi. “Estadísticas a propósito del... Día Internacional de la Juventud (15 A 29 AÑOS) 12 de agosto”. Datos nacionales. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en
http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/
6 Jürgen Habermas. El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Universidad de Fráncfort. Disponible en
http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/7513/5846/7650/DIA64_Habermas.pdf
7 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Fracción III del artículo 1. Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf
8 Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.
El diputado Abdies Pineda Morín:Honorable asamblea. Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Abdies Pineda Morín: Esta soberanía y mi grupo parlamentario ya se han manifestado solidariamente por quienes perdieron algún familiar durante los sismos del 7 y el 19 de septiembre del presente año. En nuestra bancada no queremos dejarlo en simples declaraciones.
Me sumo a quienes preguntan a los demás partidos políticos, cuándo y cuánto van a poner de su financiamiento a disposición del Estado, para que lo incorpore a los fondos y programas de apoyos a los damnificados.
Presentamos esta iniciativa para que se considere conducta grave el desvío de recursos financieros y materiales con fines de atender a damnificados por siniestros naturales, el almacenamiento de donaciones en evento contingente, el retardo de la entrega de bienes a damnificados, la venta de bienes donados para ellos, los robos, fraudes y desvíos y otras conductas que afectan la confianza de las personas para donar a damnificados.
Sus donaciones no tienen la certeza de a manos de quién van a parar. Los artículos recolectados por la gente, pero nunca donados. En vez de eso, en varias ocasiones son almacenados y repartidos después en eventos sociales, partidarios o electorales.
Revisemos el motivo de la desconfianza, vámonos al azar. Quien era gobernador del estado de Chiapas cuando sucedieron los desastres naturales provocados por Manuel e Ingrid, fue encarcelado por el ejercicio indebido del servicio público, ya que se le acusó de no utilizar mil 800 millones de pesos en la reconstrucción de las zonas afectadas.
En julio de 2017, se reportó en Tampico, Tamaulipas, una bodega con apoyos supuestamente para ser entregados a damnificados de noviembre de 2016. Se presume que estos seguramente fueron utilizados para hacer campaña de reelección municipal.
Recientemente, en Morelos, el gobernador Graco Ramírez demora, por conducto de la Dirección del DIF, la ayuda proveniente de otros estados de la República. Pretendía almacenarla en una bodega, a lo que los ciudadanos de inmediato repudiaron y decidieron manifestar su indignación. La población se congregó para impedir el almacenamiento de dicha ayuda. Eso es inaceptable.
Como se ha visto, el meollo es que la ayuda solidaria hacia los damnificados está ahora acompañada por una desconfianza fundada en la corrupción en todas las esferas sociales y políticas, desconfianza que se alimenta de sospechas de que las ayudas terminaron alimentando las campañas electorales y algunos partidos políticos desviaron esos recursos a sus campañas.
Se dice que la tragedia saca lo mejor y lo peor de las personas. Varios políticos y gobiernos han mostrado lo peor de ellos. Los delincuentes han interceptado las donaciones, en los accidentes de las unidades que llevan los apoyos han sido saqueados por la propia gente.
Encuentro Social con esta iniciativa busca mejorar el marco jurídico de protección civil y se pronuncia porque se considere conducta grave el desvío de recursos financieros, el almacenamiento injustificado de donaciones, el retardo de la entrega de bienes a damnificados, la venta de bienes donados por ellos y el uso indebido de estos bienes. Es cuanto, diputada presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES
El suscrito, diputado federal Abdies Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Materia de esta iniciativa es que se considere conducta grave el desvío de recursos financieros y materiales con fines de atención a damnificados; el almacenamiento de donaciones en evento contingente; el retardo de la entrega de bienes a damnificados; la venta de bienes donados para damnificados.
Los robos, fraudes, desvíos y otras conductas afectan la confianza de las personas para donar a damnificados. Sus donaciones no tienen la certeza de a manos de quien pararan.
Argumento que lo sustenta
Los artículos son recolectados, pero nunca donados. En vez de eso, en varias ocasiones son almacenados y repartidos después en eventos sociales, partidarios o electorales. Se han presentado investigaciones de desvío de donaciones para damnificados, por ejemplo, el caso del huracán Stan en Chiapas; investigación por más de veinte toneladas de la ayuda desviada a domicilios particulares.
En ocasiones las investigaciones afectan a los responsables de Protección Civil de los estados o municipios.
En el año de 2013 la Coalición Humanitaria Internacional Pro-inmigrante, CHIP, alertó sobre posibles fraudes al hacer donaciones para socorrer a los damnificados en México por las tormentas“Ingrid” y “Manuel”. Pablo Salazar, quien era gobernador del estado chiapaneco cuando sucedió el desastre natural, fue encarcelado por el ejercicio indebido del servicio público, ya que se le acusó de no utilizar mil 800 millones de pesos en la reconstrucción de las zonas afectadas.
En 2015, el ex presidente salvadoreño Francisco Flores enfrente juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en donaciones para las víctimas de un terremoto a cuentas personales y de su partido entre 1999 y 2004, años en que ejerció el cargo.
En 2006, en Chicago realizaron un maratón de recaudación de fondos mediante el cual se obtuvo $250,000 dólares para las víctimas del huracán “Stan”, pero esos fondos nunca llegaron a su destino. Se suponía que se iban a construir 120 casas en el municipio de Tapachula, Chiapas, en México, pero al final se supo que ese dinero nunca llegó.
En el 2005 se denunció a una persona de 55 años detenido en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, en posesión ilegal de 10 toneladas de ropa para los damnificados en Chiapas por el huracán Stan. El sujeto, según la fuente, confesó que por instrucciones de un empleado de ese Ayuntamiento, formaría paquetes con esas prendas para regalarlos durante la campaña electoral en la localidad.
La ropa le fue “dada a guardar”, “para que formara algunos bultos” que serían obsequiados próximamente. Aceptó “colaborar” en este operativo ilegal porque el individuo que le dio “a guardar” la ropa le prometió que le regalaría alguna parte del botín para que él lo vendiera posteriormente en algún tianguis de la localidad.
Estos hechos, señala la nota consultada, ocurrieron a menos de 24 horas de que la Procuraduría del Estado de México confiscara 20 toneladas de mercancía con valor de dos millones de pesos, también producto de donaciones para los damnificados en ese mismo estado. El hallazgo se produjo mientras eran trasladados al penal Neza-Bordo los seis presuntos responsables del primer “robo” de víveres descubierto. De acuerdo a la consignación ante el Juez Segundo Penal de Distrito de Primera Instancia, con sede en Netzahualcóyotl, los seis sujetos consignados son trabajadores de Protección Civil de la delegación Azcapotzalco. Por los hechos se inició la averiguación 385/05, por el delito de robo de mercancía y abuso de autoridad.
Otro caso de uso indebido de las donaciones para damnificados ocurrió en Tabasco y Chiapas en la que se denunció que cada quien trata de “llevar agua a su molino”, en ese entonces se decía que “el PRD del DF manda despensas preferentemente a los dos municipios de Tabasco donde gobierna el PRD, actores, cantantes y demás del espectáculo, ofrecen apoyo, pero siempre que su nombre vaya escrito en grandes letras en los camiones que transportan la ayuda”
En julio de 2017 se reporta en Tamaulipas una bodega con apoyos supuestamente para ser entregados a damnificados de noviembre de 2016 se presume que éstos seguramente los utilizarían para hacer campaña de reelección.
En el interior de esta bodega existía gran cantidad de licuadoras, ropa, colchones, pisos cerámicos, zapatos de todas las tallas, refrigeradores, estufas, entre otros. El fin de esta bodega es guardar los apoyos a la ciudadanía, pero que desafortunadamente no se entregan y se presume que serán para beneficio de la alcaldesa para su reelección”.
Algunos de los apoyos, en especial electrodomésticos fueron adquiridos a bajo costo a la Secretaría de Hacienda. 200 toneladas de apoyo para los damnificados y fue guardado para después entregarse.
Las empresas han detectado riesgos en las donaciones para damnificados y otras actividades relacionadas con el altruismo y la filantropía, debido a ello han implementado “5 acciones para prevenir la corrupción en tu empresa”, que incluyen al menos algunas de estas:
• Implementar programasen los siguientes aspectos: manual de organización y procedimientos; código de Conducta; sistemas de control, vigilancia y auditoría; sistemas de denuncia interna y a autoridades; Capacitación sobre medidas de integridad, Políticas para evitar el ingreso de personas que provoquen riesgos a la organización; y mecanismos para asegurar la transparencia y publicidad en sus intereses.
• Evaluar riesgos. Es importante que la empresa evalúe los riesgos, por lo menos una vez al año. Al identificar los riesgos se podrán evaluar y definir las prioridades.
• Denuncia interna y sanciones.Se deben ofrecer a los empleados medios para que denuncien cualquier inquietud sobre los alcances del programa y su aplicación. La empresa debe asegurar los canales de comunicación que faciliten a los empleados denunciar conductas que puedan ser actos de corrupción.
El meollo de este proyecto legislativo es que la ayuda solidaria hacia los damnificados está ahora acompañada por una desconfianza fundada en la corrupción en todas las esferas sociales. Desconfianza que se alimenta de sospechas de que las ayudas terminaron alimentando las campañas electorales y algunos partidos políticos desviaron esos recursos a sus campañas
De acuerdo con el Código Penal Federal, el robo es regulado de la siguiente manera:
Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.
Artículo 368. Se equiparan al robo y se castigarán como tal:
I. El apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie consentimiento; y
Artículo 368 Bis. Se sancionará con pena de tres a diez años de prisión y hasta mil días multa, al que después de la ejecución del robo y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba, los instrumentos, objetos o productos del robo, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de éstos sea superior a quinientas veces el salario.
Artículo 368 Ter. Al que comercialice en forma habitual objetos robados, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de aquéllos sea superior a quinientas veces el salario, se le sancionará con una pena de prisión de seis a trece años y de cien a mil días multa.
Además de lo anterior, se propone actualizar la referencia legal señalada en el primer párrafo de la Ley General de Protección Civil. Esta disposición señala que:
Artículo 90.La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.
...la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva...luego entonces, ¿cuál es la ley respectiva?
La presente iniciativa propone que esa referencia jurídica sea la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2016.
La Ley que se propone hace conexión con la intención del primer párrafo del artículo 90, que proponemos reformar con las intenciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En lo particular, a lo que se refiere el artículo 2:
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;
II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
Con la finalidad de coadyuvar con el proceso de dictamen, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Denominación del proyecto de decreto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.
Texto normativo propuesto
Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 90. La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.
Además de lo anterior, también se considerará conducta grave el desvío de recursos financieros y materiales con fines de atención a damnificados; el almacenamiento de donaciones en algún evento contingente; el retardo de la entrega de bienes a damnificados; la venta de bienes donados para damnificados.
Artículo TransitorioPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://www.cronica.com.mx/notas/2005/216170.html
2 http://www.esrmexico.com/5-acciones-prevenir-la-corrupcion-empresa/
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 10 de octubre de 2017.— Diputado Abdies Pineda Morín (rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Abdies Pineda Morín. Túrnese a la Comisión de Protección Civil para dictamen.
Nos visita la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada María Elena Orantes López, los cuales se encuentran aquí, me gustaría que les brindáramos, por favor, un fuerte aplauso. Gracias por su asistencia y bienvenidos a la Cámara de Diputados.
LEY AGRARIA
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación pasamos a la segunda ronda de iniciativas y tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Iveth Bernal Casique, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La diputada Iveth Bernal Casique:Gracias, con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Iveth Bernal Casique: Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas, personas que nos siguen a través del Canal del Congreso y diversos medios de comunicación.
Hoy me dirijo a todos ustedes, para exponer la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Agraria en materia de derecho y obligaciones de los posesionarios.
La presente iniciativa tiene como objeto primordial otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los productores sociales, buscando contribuir al fortalecimiento del patrimonio de cada uno de ellos.
Los posesionarios, como sujetos agrarios, tuvieron origen en el año de 92, con las reformas al artículo 27 y la expedición de la Ley Agraria. En este tenor, la legislación en lo que refiere a los posesionarios únicamente ha abordado lo relativo a la obtención de dicha calidad, siendo omisa en algunas disposiciones que precisen sus derechos y/u obligaciones.
Ahora bien, es de conocimiento general que la expedición de la Ley Agraria tiene como propósito fundamental el otorgar certeza jurídica en el campo, para colaborar con su desarrollo y productividad a partir de premisas de justicia y libertad.
Cabe resaltar, que es del más alto interés del gobierno de la República y de nuestro presidente, Enrique peña Nieto, cumplir con los principios rectores del artículo 27 constitucional, llevando al campo los instrumentos que permitan garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal.
Es por ello que los posesionarios tienen que contar con un instrumento adecuado para la correcta aplicación de la Ley Agraria, ya que el ejido bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a su voluntad de seguir sobre el destino y delimitación de las tierras parceladas y de uso común, la regulación y certificación de los derechos ejidales, así como la delimitación de tierras para asentamiento humano, puede o no considerar a los posesionarios como parte del ejido, viéndose amenazados en su patrimonio, máxime que la única disposición normativa que le otorga certeza jurídica es una circular de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Por dicha razón se propone adicionar a la Ley Agraria una sección cuarta que regule los derechos y obligaciones de los posesionarios en los siguientes términos.
Que se adquiera el carácter de posesionario por reconocimiento, por resolución judicial y/o por adscripción de derechos parcelarios.
Que para la expedición de los certificados se deberá expedir uno para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el posesionario, y que una vez expedido el certificado correspondiente el posesionario tendrá los siguientes derechos: de uso y disfrute sobre sus parcelas; de dar en garantía el usufructo; de recibir indemnización por causa de expropiación; de suceder sus derechos; de enajenarlos; de asumir el dominio pleno una vez que la asamblea de ejidatarios hubiera autorizado a adoptar dicho dominio y los demás que le confieran esta y otras leyes, así como por el reglamento interno del ejido.
También adquirirá las siguientes obligaciones: enajenar los excedentes, de notificar el derecho del tanto, y los demás que establezcan esta y otras leyes, así como el reglamento interno del ejido.
La asamblea de los ejidatarios podrá regularizar la tenencia de las tierras de posesionarios, únicamente reconociéndoles derecho de uso y disfrute de las parcelas, así como derechos adicionales que no impliquen la calidad de ejidatario. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Iveth Bernal Casique, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Iveth Bernal Casique integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Agraria, en materia de derechos y obligaciones de posesionarios, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa presente iniciativa tiene como objetivo primordial otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los productores sociales; por lo que busca contribuir al fortalecimiento del patrimonio de cada uno de ellos.
Los posesionarios como sujetos agrarios tuvieron su origen a partir del año 1992 con las reformas al artículo 27 constitucional y la expedición de la Ley Agraria, la cual en su momento derogó a la Ley Federal de Reforma Agraria.
En ese tenor, la legislación agraria, en lo que refiere a los denominados posesionarios únicamente ha abordado lo relativo a la obtención de dicha calidad de posesionario, siendo omisa en alguna disposición que precise sus derechos y/u obligaciones.
Ahora bien, es de conocimiento general, que las reformas al artículo 27 constitucional y la expedición de la Ley Agraria tuvieron como propósito fundamental, el otorgar certeza jurídica en el campo para colaborar con su desarrollo y productividad, a partir de las premisas de libertad y justicia.
Cabe resaltar que es del más alto interés del gobierno de la república cumplir con los principios rectores del artículo 27 constitucional, llevando al campo los instrumentos que permitan garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal.
Que es el Estado quien determina que las tierras, aguas y bosques son originariamente propiedad de la nación y que es ésta la que establece las modalidades por medio de las cuales se trasmite el dominio a los particulares; dividiéndolas en distintos tipos de propiedad.
Por su parte, el artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
Asimismo, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege la propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
Igualmente, determina que la legislación, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
Así las cosas, se destaca que la Ley Agraria es el instrumento jurídico que reglamenta el citado artículo 27 constitucional.
Por ello, en lo que respecta al tema de los posesionarios, la legislación en comento y su respectiva reglamentación únicamente establecen el procedimiento para obtener la calidad de posesionario ejidal, no así de los derechos y obligaciones de éstos.
Así las cosas, el Registro Agrario Nacional (RAN), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tiene a su cargo el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental. En dicho registro se inscriben los documentos en que constan las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal.
En esa tesitura y ante la omisión legal, materia de la presente iniciativa, el RAN emitió la Circular DGRAJ/ 1.3.1.7/1 1. En la cual establece que el carácter de posesionario no sólo se adquiere por el reconocimiento de la asamblea de ejidatarios, según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 23 de la Ley Agraria, sino también por resolución judicial que declare procedente la acción de prescripción en favor de un poseedor (artículo 48 de la Ley Agraria) o por el hecho de adquirir derechos parcelarios.
Para efectos de lo anterior, el RAN precisa que en todos estos supuestos, al posesionario se le deberá expedir el certificado parcelario de posesionario a que se refiere la diversa circular DGRAJ/ 1.3.1.11/1. siempre que se haya realizado la asamblea de delimitación, destino y asignación de derechos a que se refiere el artículo 56 de la Ley.
En esa virtud, si el posesionario es titular de los mismos derechos que el ejidatario sobre su parcela, tiene por lo tanto, los siguientes:
Derechos
a) De uso y disfrute sobre sus parcelas (artículos: 14, 45, 62, 76, 77 y 79);
b) De dar en garantía el usufructo de sus parcelas (artículo 46);
c) De recibir la indemnización por causa de expropiación de su parcela (artículo 96);
d) De suceder sus derechos parcelarios (artículo 17);
e) De enajenar sus derechos parcelarios (artículo 80);
f) De asumir el dominio pleno, una vez que la asamblea de ejidatarios hubiere autorizado a los ejidatarios a adoptar dicho dominio, y
g) Los demás que le confieran la ley y el reglamento interno del ejido.
Obligaciones
a) De enajenar los excedentes de su parcela (artículo 47);
b) De notificar el derecho del tanto (artículo 80), y
c) Los demás que establezcan la ley y el reglamento interno del ejido.
Ahora bien, en caso de que la asamblea al regularizar la tenencia de la tierra de posesionarios sólo les reconozca derechos de uso y disfrute sobre la parcela el RAN determinó que dicha situación deberá quedar precisada en el acta de asamblea.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es claro que los posesionarios no cuentan con un instrumento adecuado para la correcta aplicación de la Ley Agraria, ya que el ejido bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a su voluntad para decidir sobre el destino y la delimitación de las tierras parceladas y de uso común, la regularización y certificación de los derechos ejidales correspondientes, así como la delimitación de las tierras del asentamiento humano, la regularización de las tierras donde se encuentre asentado el poblado ejidal, la protección del fundo legal y la obtención de los títulos de solares, pueden o no considerarlos como parte del ejido, viéndose amenazado su patrimonio. Máxime que la única disposición normativa que les otorga certeza jurídica es una circular de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Por dicha razón, a fin de otorgar certeza a los posesionarios es que me doy a la tarea de adecuar el texto legal, a fin de incorporar en la legislación lo que ya se viene haciendo a través de una simple circular. Así, los derechos y obligaciones de dicho posesionarios quedarán plasmados en la ley sustantiva.
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:
Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente Proyecto de
DecretoÚnico. Se adiciona una Sección Cuarta al Capítulo I del Título Tercero de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Sección CuartaDe los posesionariosArtículo 42 Bis. Se adquiere el carácter de posesionario bajo los siguientes supuestos:
I. Por reconocimiento de la asamblea de ejidatarios, en términos de los dispuesto por el artículo 23, fracción VII, de la presente Ley;
II. Por resolución judicial que declare procedente la acción de prescripción en favor de un poseedor, según lo dispuesto por el artículo 48 de la presente Ley; y
III. Por la adquisición de derechos parcelarios.
En todos estos supuestos, al posesionario se le deberá expedir el certificado parcelario de posesionario el cual acreditará los derechos de los que gozan sobre sus parcelas, siempre que se haya realizado la asamblea de delimitación, destino y asignación de derechos a que se refiere el artículo 56 de la presente Ley.
Artículo 42 Ter. Para la expedición de los certificados se deberá expedir uno para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el posesionario y dichos certificados sólo acreditarán la calidad de posesionario.
Artículo 42 Quater. Una vez expedido el certificado correspondiente, el posesionario tendrá los siguientes derechos:
I. De uso y disfrute sobre sus parcelas;
II. De dar en garantía el usufructo de sus parcelas;
III. De recibir la indemnización por causa de expropiación de su parcela;
IV. De suceder sus derechos parcelarios;
V. De enajenar sus derechos parcelarios;
VI. De asumir el dominio pleno, una vez que la asamblea de ejidatarios hubiere autorizado a adoptar dicho dominio, y
VII. Los demás que le confieran ésta y otras Leyes; así como, por el Reglamento Interno del Ejido.
Artículo 42 Quintus. Una vez expedido el certificado correspondiente, el posesionario tendrá las siguientes obligaciones:
I. De enajenar los excedentes de su parcela;
II. De notificar el derecho del tanto, y
III. Los demás que establezcan ésta y otras leyes; así como, por el Reglamento Interno del Ejido.
Artículo 42 Sexties. La asamblea de ejidatarios podrá regularizar la tenencia de las tierras de posesionarios únicamente reconociéndoles derecho de uso y disfrute sobre las parcelas; así como, derechos adicionales sobre las demás tierras o bienes del ejido que no impliquen la calidad de ejidatario. Situación que deberá quedar precisada en el acta de asamblea correspondiente.
Artículos TransitoriosPrimero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Poder Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para expedir las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley Agraria, en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.
Tercero. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre de 2017.— Diputados: Iveth Bernal Casique, Héctor Ulises Cristópulos Ríos (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada Iveth Bernal Casique. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.
Esta Presidencia amplía el turno de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales que presentó la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México, túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra por diez minutos el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia y con la venia de la Presidencia. No es un secreto que México adolece de una incalculable economía oculta, generada con recursos de procedencia ilícita. A México le urge entrar a fondo al combate al crimen organizado a través del debilitamiento de estructuras financieras que actualmente permiten a estas organizaciones continuar delinquiendo.
El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los que se determina la obligación de los Estados parte para instrumentar procedimientos encaminados a la privación con carácter de definitivo de algún bien de origen ilícito, situación que hoy, lamentablemente, el Estado mexicano ha realizado sin efectividad.
En los últimos años, con la emisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se pretendió dar el andamiaje legal para combatir dicho fenómeno. Sin embargo, la incidencia de este género de conductas, sus delitos precedentes y conexos siguen impactando de manera seria al país con deficiencias importantes.
El gobierno federal dio a conocer los resultados del Grupo de Acción Financiera —Gafi, por sus siglas—, así como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, que en su última reunión realizada en Argentina aprobaron las medidas que ha adoptado el país en el combate al lavado de dinero. Pero, de igual forma, a través de esos resultados se detectaron áreas de oportunidad. En otras palabras, deficiencias dentro del sistema mexicano para hacer frente a este problema.
¿Cuáles son ellas? Detectaron áreas de oportunidad, o bien deficiencias en: uno, en procuración de justicia; dos, en supervisión de actividades vulnerables; tres, en la identificación de los beneficiarios finales de activos de procedencia ilícita. Lo que significa que prácticamente están detectando deficiencias en todo el proceso, desde la prevención, detección, hasta poder identificar quiénes son los beneficiarios y, en su caso, poder retener ese tipo de recursos.
Así, podemos verificarlo también, que en el segundo informe de la revisión de la Cuenta Pública 2016 que realizó la Auditoría Superior de la Federación respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, arrojó los siguientes resultados.
Se detectó prácticamente 138 mil operaciones inusuales, de las cuales se determinaron mil 120 personas como de alto riesgo. De ellas, solamente se presentaron 112 denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio Público se abocó solamente a cinco y de esas cinco se ejercitó acción penal solamente en dos.
De ese tamaño es el problema, de 138 mil operaciones inusuales detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, solo dos en el 2016 fueron pertinentes para poder ejercitar la acción penal y eso agregándole que, en el V Informe de Gobierno, de las decenas de miles de millones de dólares que se presume se mueven en el crimen organizado, el último año solo se aseguraron 543 millones de pesos y 11.4 millones de dólares sin reportar un solo decomiso.
Si bien las cifras que aporta la Auditoría Superior nos hablan de un atraso, también es cierto que esta Cámara de Diputados requiere de manera urgente la información relacionada con los parámetros de ejercicio de dicha facultad, es decir, es importante verificar cuántos casos de probable lavado de dinero detectó la UIF contra la cantidad final de casos denunciados. No hay que olvidar que las denuncias del delito de lavado de dinero realizadas en el Sistema Financiero Mexicano implican una facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda.
Por todo lo anterior, la iniciativa que hoy presento al pleno tiene la finalidad de delinear, por primera vez en el país, una política nacional de combate al lavado de dinero. Por ello es necesario entrar en una revisión profunda del tipo penal, verificar cuáles son todas las conductas que están ya determinadas en los tratados internacionales para poderlo incorporar aquí en nuestra legislación, y es increíble hoy en día identificar que hay estados de la República Mexicana que todavía no tienen tipificado en el fuero común este delito y que tampoco existen unidades de inteligencia patrimonial y económica en en todas las entidades federativas, y que incluso la figura de extinción de dominio ni siquiera ha dado fruto en ninguno de los asuntos que pudieran estar verificando.
Ello encuentra sentido porque hoy en día lo que se tiene es una ley federal, pero no se tiene una ley general que pueda articular todos los esfuerzos que se hagan a nivel estatal con los esfuerzos que está realizando la Secretaría de Hacienda en la detección de este tipo de fenómenos.
Es por todo esto que esta iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para emitir la legislación general que establezca las bases de esta compleja y urgente asignatura, que abarque integralmente el fenómeno criminal de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel federal como local, así como los pisos mínimos para la operación de interconexiones entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y los estados, obligando —ahora sí— a estos últimos a echar a andar de manera inmediata sus unidades de inteligencia patrimonial estatal con la finalidad de concretar un sistema que cierre las puertas y que impida fallas.
Es, pues, esta reforma constitucional el inicio de un gran camino que nuestro país deberá recorrer para robustecer el andamiaje jurídico que permita a México eliminar de su economía diaria recursos de procedencia ilícita y, a su vez, golpear eficazmente a las estructuras financieras del crimen organizado. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Hernán Cortés Berumen, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del inciso a), y se adiciona un inciso d) de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosLos delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita representan uno de los fenómenos más perjudiciales para la seguridad, la justicia, la economía y la paz social de nuestro país. Este género de ilícitos significan un desafío tanto para el estado como para la comunidad de naciones, al grado que diversos tratados internacionales contienen compromisos para su prevención y combate.
La legislación nacional en materia de prevención, identificación, combate al lavado de activos y para la recuperación de activos ha evolucionado de una manera importante en los últimos años, significándose, como un acontecimiento relevante, la emisión de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Sin embargo, la incidencia de este género de conductas, sus delitos precedentes y conexos, sigue impactando de manera seria al país. Lo anterior se hace evidente con la escasa judicialización de casos complejos de lavado de activos y la casi nula actividad del Estado en materia de recuperación de activos como se detallará a continuación.
Ante la urgente necesidad de avanzar en materia de seguridad y justicia, es imperioso hacer los cambios necesarios de la política pública en esta materia y expresar un compromiso de Estado, de manera clara, decidida y contundente para combatir al crimen en el aspecto más relevante de todos: sus finanzas.
En consecuencia, al igual que ha ocurrido en la expresión constitucional relacionada con otros delitos de la mayor preocupación social, como son el secuestro, la trata de personas, la tortura, la desaparición forzada y la corrupción, es pertinente e impostergable que en materia de lavado de dinero se genere una política nacional. Dicha política nacional debe contener los elementos para homologar la regulación federal y la de las entidades federativas, sobre conductas típicas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de procedimientos preventivos, informativos e investigativos, distribución de facultades entre los tres niveles de gobierno, así como legislación única en materia de extinción de dominio como instrumento idóneo para la recuperación de activos.
Lo anterior cobra relevancia al observar el hecho de que aún existen estados en las que no existe este tipo penal, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o que carecen de unidades de inteligencia patrimonial y económica, o bien, que la figura de extinción de dominio aún no rinde los frutos que debiera generar de manera generalizada y sistemática.
En este sentido, se propone facultar al Congreso se la Unión para emitir la legislación general, que establezca las bases de esta compleja y urgente asignatura, que abarque integralmente el fenómeno criminal del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel federal como local.
El Código Penal Federal, en su Título Vigesimotercero denominado “Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, en su artículo 400 bis, enuncia las conductas que encuadran en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y a lo que en lenguaje coloquial se le ha denominado “lavado de dinero o de activos”.
“El lavado de activos es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ejemplo narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería etcétera). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.” (El GAFI-FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/ Financial Action Task Force Against Money Laundering s.f.)
Dicho lo anterior, el lavado de dinero es una actividad que socava el estado de derecho, ya que permite que el dinero producto de actividades ilícitas se mezcle con recursos que tienen un origen lícito, generando una percepción irreal de legalidad de la actividad económica y productiva de nuestro país.
Esta actividad criminal es generadora de esquemas de corrupción, de niveles tan extendidos, que la realización de un ejercicio de medición del volumen de recursos generados ilícitamente en una jurisdicción, es un verdadero reto para las autoridades, ya que no ha sido posible desarrollar una metodología confiable debido a la insuficiente evidencia empírica y a la multiplicidad de variables que presenta esta actividad criminal.
Si se contabilizan los recursos generados por la economía del crimen, tanto a nivel federal como local, considerando los delitos que producen importantes flujos financieros tales como tráfico de estupefacientes, evasión fiscal, corrupción, crimen organizado y delitos patrimoniales, se obtendrían cifras de importantes magnitudes en decenas de miles de millones de dólares.
Uno de los objetivos de sancionar penalmente las conductas asociadas con las operaciones con recursos de procedencia ilícita es desincentivar la comisión de los delitos que originan una renta o ganancia para el delincuente, mediante la imposición de barreras a la introducción de dichas utilidades en la economía legal, por ello, con la aprobación y publicación de la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 17 de octubre de 2012, se generó un instrumento que pretendía dar herramientas y directrices a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) a efecto de que pudiera detectar dichas operaciones y hacerlas del conocimiento del ministerio público a efecto de iniciar el procedimiento penal correspondiente.
Sin embargo, la realidad sobre la eficacia de este mecanismo ha dejado mucho que desear, acorde a los datos estadísticos que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la última cifra a 2015, arroja que sólo 331 delitos fueron registrados bajo los tipos de encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que habla de una precaria aplicación de la ley y de una casi inexistente lucha por combatir este delito que mueve miles de millones de pesos cada año y que se observa con clara impunidad. Esto sin dejar de mencionar las cifras actualizadas a 2016, que arrojan cifras precarias respecto de la ineficacia de las autoridades.
Tabla I1Esta información deja ver las bajas probabilidades de que un reporte de operaciones facilitado por la UIF derive en la imputación judicial y en sentencia condenatoria por lavado de dinero, por lo que dichos reportes no han contribuido de manera significativa a la detección, persecución, investigación ni sanción de esta clase de delitos, lo que hace patente la inmediata intervención de esta soberanía, a efecto de plantear mecanismos de corrección sobre la estructura legal que se encuentra en vigor y que a todas luces hace mella en su ineficiencia.
La baja incidencia de asuntos judicializados emanados de carpetas de investigación, es producto no sólo de la falta de mecanismos de prevención y del intercambio de información entre las diversas dependencias y entidades, sino también de la falta de tipos penales locales y de unidades de investigación de carácter redundante en las entidades federativas, que contribuyan a combatir a nivel local el fenómeno delictivo de lavado de dinero. Aunado a lo anterior, el blanqueo de capitales se relaciona con materias que son competencia estatal y municipal, como son los registros públicos de la propiedad y del comercio, los catastros municipales, las licencias de construcción o de establecimientos mercantiles entre otros, y que por estar lejos de la óptica de la federación, se vuelven actividades idóneas para el uso de recursos de procedencia ilícita.
Por su parte el Ejecutivo federal, en su quinto Informe de Gobierno señaló que la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, llevó a cabo acciones con el propósito de dar seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y en dónde señala que, entre otros:
•Atendió 53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 33 órdenes de investigación, tres solicitudes de información, tres notificaciones, siete órdenes de aprehensión, cinco denuncias ciudadanas y dos apoyos a diligencias ministeriales.
• Ejecutó seis operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de siete personas: un jefe de grupo criminal y seis integrantes de organizaciones delictivas; el aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilogramos de heroína, 234 mil 60 dólares, tres armas, 15 cargadores, 5 mil 427 cartuchos y 11 vehículos.
• Se efectuaron 85 operativos institucionales e interinstitucionales, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para prevenir y combatir delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como resultado fueron asegurados 53 mil 431 pesos en efectivo; 950 mil 232 pesos en cheques, más de 1.9 millones de dólares, 2 mil 110 euros, 268.6 kilogramos de cocaína, 217.4 kilogramos de metanfetamina, 154 pastillas de metanfetamina, 29.3 kilogramos de heroína, 31 armas de fuego, 5 mil 727 cartuchos y 23 vehículos. Asimismo, fueron puestos a disposición 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas y se desarticularon 11 células delictivas.
De las acciones desarrolladas por el gobierno de la república, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se destacan:
• Se logró el aseguramiento en efectivo de 17.4 millones de pesos y 7.1 millones de dólares; además en cuentas bancarias 525.8 millones de pesos y 4.3 millones en dólares.
•Se iniciaron seis averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; se determinaron 104 averiguaciones previas, de las cuales 15 fueron por consignación sin detenido, en las que se ejerció acción penal contra 20 personas.
• Respecto a las carpetas de investigación, se iniciaron 189 y se determinaron 31, de estas últimas, 23 se judicializaron con detenido en contra de 29 personas, vinculando a proceso a 19.
• Se obtuvieron once sentencias condenatorias, una dentro del sistema tradicional y 10 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), cuatro de las cuales fueron por juicio oral.
Tabla IIDe las cifras y datos proporcionados en el quinto Informe de Gobierno, se actualizó la ineficacia del combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que si se reconocen cifras de decenas de miles de millones de dólares y en el último año sólo se aseguraron, 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares, (ni siquiera se reportan decomisos), se refleja una enorme brecha a corregir y superar para enfrentar el fenómeno con el rigor necesario.
Por otro lado se evidencia el precario e ineficiente esquema de procuración de justicia, ya que sólo se obtuvieron 11 sentencias condenatorias, una dentro del sistema tradicional y 10 en el SJPA, cuatro de las cuales fueron por juicio oral, lo que denota que a pesar de que se han realizado las investigaciones y reportes por parte de la UIF, a los ministerios públicos les ha causado una enorme dificultad imputar y obtener vía judicial sentencia condenatoria y la recuperación de activos derivados de estas actividades ilícitas.
En este sentido, el gobierno federal desistió en reportar datos relativos al procedimiento de extinción de dominio en el quinto Informe de Gobierno de la presidencia, dadas las muy exiguas cifras derivadas de la aplicación de ese procedimiento.
La extinción de dominio, según María Eloísa Quintero, “es una herramienta jurídica que se implementa contra ciertos bienes, por revestir éstos características especiales; consiste en la pérdida absoluta del dominio que tenía el particular sobre el bien, y su aplicación a favor del Estado. ¿Cómo se lleva a cabo esto?, pues en una acción que tiene carácter jurisdiccional, el Estado evalúa la situación de los bienes cuando existen sospechas fundadas que señalan que éstos provienen directa o indirectamente de actividades ilícitas, fueron utilizados como medio o instrumento para la comisión, o son el fruto o el resultado de la enajenación de bienes que tienen origen en actividades ilícitas.” (Quintero s.f.)
Acorde a lo anterior, se hace evidente la correlación directa entre la figura de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la figura de extinción de dominio reconocida en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La extinción de dominio ha sido y sigue siendo, una asignatura pendiente para la presente administración. Evidencia de ello es el Comunicado 1702/16 de la PGR, dónde manifiesta que en “este año se han obtenido seis sentencias ejecutoriadas, correspondientes a 5 inmuebles con un valor aproximado de 77 millones 851 mil 674.91 moneda nacional, así como numerario en efectivo por las cantidades de $2 millones 939 mil 900.00 moneda nacional y 988 mil 35.00 dólares americanos. Todo ello representa en su conjunto 80 millones 791 mil 574.91 moneda nacional y 988 mil 35.00 dólares americanos”, lo que evidencia la casi nula aplicación de esta figura jurídica para hacer frente al combate de la criminalidad.
Dicho lo anterior, la presente iniciativa, pretende reformar el artículo 73 de la Carta Magna, a efecto de que el Congreso de la Unión, tenga la facultad de expedir la ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la distribución de competencias para la prevención e identificación así como las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios y las instancias que deban acometer dichas tareas.
Como sucede hoy en día en materia de secuestro, la presente iniciativa busca dar pie a que las entidades federativas que integran la federación cuenten con una herramienta eficiente para combatir los recursos de procedencia ilícita, independientemente del monto que impliquen, a través de un mecanismo homologado a nivel nacional y que tenga un énfasis en la prevención, la detección e intercambio de información, así como los mecanismos de persecución y de imputación por parte de los fiscales locales y federales que permitan aumentar de manera significativa los procesos penales correspondientes.
Lo anterior a efecto de que se cuente con los tipos penales correspondientes y acordes con los tratados internacionales y recomendaciones en la materia, así como de delimitar las competencias y facultades al conjunto de autoridades, tanto del orden hacendario, económico, de seguridad y ministerial a efecto de facilitar las investigaciones y logar una mejor persecución de este delito. A efecto de lo anterior, una vez aprobada la reforma constitucional serán de enorme relevancia tanto las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional como los resultados de la evaluación mutua que dicho grupo de expertos ha realizado a nuestro país recientemente.
El Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en los que se determina la obligación de los Estados Parte de instrumentar procedimientos encaminados a la privación, con carácter definitivo, de algún bien de origen ilícito por decisión de un tribunal o de una autoridad competente, así como considerar la posibilidad de revertir la carga de la prueba respecto del origen lícito de dichos bienes, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno, situación que el estado mexicano ha cumplido pero sin efectividad.
Para mayor entendimiento, se expone el siguiente comparativo:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del inciso a), el inciso c) y se adicona un inciso d), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo. 73. ...
I a XX. ...
XXI. ...
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, electoral y operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
...
b) ...
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común ;
d) La legislación única en materia de extinción de dominio, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
...
...
XXII. a XXXI. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 180 días las leyes referidas en el artículo 73 fracción XXI, materia de la presente reforma.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente decreto.
Cuarto. La Ley General en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, que el Congreso de la Unión expida, deberá contemplar los procedimientos de prevención e identificación.
Quinto. Hasta en tanto no se expida el procedimiento único en materia de extinción de dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nota
1 Inegi.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=00
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: José Hernán Cortés Berumen,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Miguel Herrera Deras, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Enrique Cambranis Torres, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, Jorge López Martín, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Corral Mier, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luis Gilberto Marrón Agustín, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, René Mandujano Tinajero, Sofía González Torres, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado José Hernán Cortés. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sonido en la curul de la diputada Sofía González, por favor.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para pedirle por favor al diputado Cortés si me deja suscribir la iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Cortés, pregunta la diputada Sofía González. Adelante, diputada, puede suscribirla. Los demás diputados que de-seen suscribirse a la misma, estará aquí a disposición.
LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar dos iniciativas, la primera de ellas con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, diputada presidenta. Con el permiso de diputadas y diputados. El día de hoy vengo a presentar dos iniciativas que son de carácter social, que buscan mejorar la calidad de vida de niñas y niños y, desde luego, trabajadoras y trabajadores mexicanos, dos sectores de la población que hoy necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestro respaldo para poder darle fortaleza a sus derechos y que puedan ser reconocidos ampliamente.
La primera iniciativa que hoy les comparto propone reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con el fin de otorgar a los trabajadores certezas y evitar simulación o defraudación, como ya suele suceder en algunos sectores laborales.
De manera muy concreta, al redefinir el régimen de subcontratación, se busca que los patrones acrediten su responsabilidad y cumplimiento con las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Ese es el espíritu, esa es una parte del mismo.
Con esto ¿qué buscamos? Buscamos que con esto se eliminen los vacíos legales que muchas veces los patrones aprovechan para no cumplir con la generación de contratos, capacitación y, sobre todo, la debida remuneración de los trabajadores. Es algo que debemos de ponerle atención en este Congreso para poder ayudar y respaldar a que la subcontratación pueda brindarles todos los derechos a los trabajadores.
Aquí mismo en el Congreso ya hemos visto que hay anomalías y que poco hemos podido hacer por ellos y por muchos otros más.
Por otro lado, la segunda propuesta que presento, es para que las niñas y los niños cuenten con energía eléctrica dentro de los centros escolares, toda vez que las altas temperaturas que imperan en el país obligan a mantener climas dentro de las escuelas, pero muchas veces no pueden debido a la falta de la liquidez económica de los padres de familia.
La educación es un derecho consagrado en la Constitución, pero este derecho no puede entenderse si el Estado no prevé las condiciones para la enseñanza, operación y funcionamiento de las diferentes escuelas.
Sin embargo, la educación no debe considerarse como una obligación del Estado, sino como una actividad principal para acceder al nivel de desarrollo y bienestar para todo el país.
Para que dicha educación sea eficaz es necesario que cuente con la infraestructura necesaria, en este caso son los servicios de energía eléctrica.
Pido a diputadas y a diputados que puedan respaldar esta iniciativa. Hay escuelas hoy en día a lo largo y ancho del país que carecen de tener un clima, por una razón. No todas las escuelas tienen el beneficio de tener una energía eléctrica subsidiada por el Estado. Muchas escuelas no lo tienen y los padres de familia tienen que organizarse para poder cubrir ese gasto.
Es por ello que hoy pido a las autoridades federales, estatales, que deben de ser responsables del suministro de la energía eléctrica y el pago de este servicio básico que forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas.
En el Grupo Parlamentario del PRD, lo hemos demandado y lo hemos pedido, hoy me toca decirle de frente a cada una de ustedes. Les pido, por favor, por favor, ya lo dije, que pudiéramos sumar en esta iniciativa el esfuerzo y el respaldo de todas y cada uno de ustedes. Hay muchas escuelas, no solo en el estado de Veracruz sino en diferentes estados, no pueden a veces realizarse las actividades educativas o las altas temperaturas que hoy demandan un bienestar y un mayor desarrollo como es tener un clima en el aula.
Demando a su buena voluntad que pudiéramos ayudar ayudando a niñas y a niños que tengan una mejor calidad de vida a través de una mejor educación. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
El derecho a la educación no se puede entender si el Estado no satisface las condiciones para la enseñanza, la operación y el funcionamiento de las escuelas. La educación no sólo debe entenderse como una obligación del Estado, es una actividad estratégica de primera prioridad para acceder a niveles de desarrollo y de bienestar para todos los habitantes del país. Una de las condiciones necesarias para que la función educativa pueda ser eficaz es que las escuelas cuenten con servicio de energía eléctrica, y que no se vean afectadas por el corte en el servicio por falta de pago.
La Constitución establece en el artículo 3o., párrafo tercero la obligación del Estado en esta materia:
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Las autoridades educativas federales y estatales, de conformidad con sus competencias, deben ser responsables del suministro de energía eléctrica y del pago de este servicio básico, que forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales de toda persona humana.
Adicionalmente se tiene que dar cumplimiento al mandato constitucional de gratuidad de toda educación que imparta el Estado, por lo que es inaceptable que sean los padres de familia quienes, mediante cooperaciones, tengan que hacer frente al pago por el servicio de energía eléctrica que requieren las escuelas para su funcionamiento.
Argumentos
Con información de los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 31 de marzo de 2014, existen en el país un universo de 273 mil 317 planteles educativos, 261 mil 631 de ellos se encontraban en operación. Fueron censados 236 mil 973, los restantes 24 mil 658 no pudieron ser censados por negativas administrativas de las entidades federativas.
De los 236 mil 973 planteles censados 87.6 por ciento correspondió a planteles de educación básica y especial, es decir, 207 mil 682 centros de trabajo que se distribuyen de la siguiente manera:
De las 207 mil 682 escuelas 179 mil 505 (86.4 por ciento) son públicas, mientras que las restantes 28 mil 177 (13.6 por ciento) son privadas.
Las escuelas públicas a su vez se distribuyen de la siguiente manera:
La disponibilidad de energía eléctrica es de 99.9 por ciento para las escuelas privadas y de 88.8 por ciento para las escuelas públicas, en ambos casos de educación básica.
La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y su acceso forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social, o al menos una condición sin la cual es imposible el disfrute de estos derechos. El Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.
Es por medio de la energía eléctrica que se puede acceder a una educación de más calidad a través de los medios de comunicación, la informática y la internet.
En marzo de 2016, se firma el convenio marco entre el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y la Comisión Federal de Electricidad CFE. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, con la firma de este convenio se garantizaría una cobertura de energía eléctrica de 100 por ciento en los planteles públicos de educación básica a nivel nacional, reconoció también que 10.4 por ciento de los planteles a nivel nacional carecen de este servicio básico, y que el problema es aún más grave en Chiapas, Michoacán y Chihuahua, en los que la falta de cobertura eléctrica afecta a más de 20 por ciento de los planteles.
Por su parte, en el Informe 2016 la Educación Obligatoria en México, a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación asienta a partir de los resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), que se realiza cada cuatro años por nivel educativo y que para el ciclo escolar 2014-2015 se aplicó a nivel primaria, se determina el nivel de satisfacción de un cuadro básico que incluye 68 condiciones referidas a siete ámbitos y 21 dimensiones como se muestra a continuación:
El marco básico de ECEA se entiende como el “mínimo irreductible” del derecho a la educación, por lo que se espera que todas las escuelas, independientemente de dónde se ubiquen, del tipo de servicio que ofrezcan y de la población que atiendan, cuenten, cuando menos, con esas condiciones.
En relación a los servicios básicos con los que cuentan las escuelas primarias, en particular el servicio de energía eléctrica se observa que en las escuelas primarias generales, 7.5 por ciento de las no multigrado carece de energía eléctrica; en las generales multigrado las circunstancias son aún peores: 18.8 por ciento carece de energía eléctrica algunos días. Pero de nuevo las condiciones más desfavorables se registran en las escuelas indígenas y comunitarias, de las cuales entre una tercera parte y casi la mitad carece de energía eléctrica. Estas condiciones se explican en gran parte por las características de infraestructura de las localidades, pues ese tipo de escuelas suelen estar ubicadas en comunidades rurales con altos o muy altos grados de marginación, que en ocasiones no disponen de servicios públicos. En la tabla siguiente se expresan los resultados respecto de la disponibilidad de agua y energía eléctrica:
¿Cómo se financian los gastos de operación de las escuelas públicas de educación básica?
De nueva cuenta en el capítulo 1 Recursos económicos para la operación de las escuelas una investigación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se obtienen los siguientes datos, en el caso de los servicios, dentro de los cuales se incluye el servicio por el suministro de energía eléctrica, en promedio los padres de familia asumen 46.7 por ciento del costo, 33.1 por ciento las autoridades educativas estatales, 0.9 por ciento el Programa Escuelas de Calidad, 16.1 por ciento las autoridades municipales, y 3.2 por ciento a partir de otras fuentes no especificadas. Como se puede apreciar, en todos los rubros salvo el de pago al personal de apoyo, la carga mayoritaria recae en los padres de familia, situación que en los hechos contraviene la disposición constitucional de gratuidad de la educación que imparta el Estado.
En la tabla a continuación se ilustra cuál es la principal fuente de recursos económicos para la operación de las escuelas.
Con un nivel de desagregación mayor se puede ver que en las diferentes modalidades de escuela el pago de los servicios básicos se asume por los padres de familia en un porcentaje cercano a 50 por ciento, salvo en el caso de las escuelas comunitarias en las que asciende a más de 65 por ciento, tal como lo muestra la tabla a continuación:
La misma investigación señala que en promedio 71.5 por ciento de las escuelas reciben aportaciones de parte de los padres de familia, y la aportación promedio es de 272 pesos anuales por alumno. Tal como lo muestra el cuadro siguiente:
Finalmente, el monto total anual promedio de aportaciones voluntarias, a partir de las cuales se cubren costos de servicios y comunicación, infraestructura, mobiliario y equipo en escuelas públicas se consigna en la tabla a continuación:
Concluye el estudio que se comenta que: “También se observó que la solicitud de aportaciones económicas voluntarias en las escuelas públicas es una práctica muy extendida. A partir de los hallazgos es comprensible que éstas soliciten cuotas económicas de los padres pues dependen de ellas para cubrir los gastos de operación. De acuerdo con esto, se puede afirmar que sin las aportaciones económicas de los padres de familia, una gran cantidad de escuelas limitaría su operación o carecería de recursos esenciales para su funcionamiento.
Si bien la petición de cuotas ha sido la forma tradicional en que ha funcionado el Sistema Educativo Mexicano para solventar las necesidades de operación de las escuelas, la dependencia de las aportaciones económicas de los padres tiene varios inconvenientes. En primer lugar, no garantiza que los planteles cuenten con los recursos necesarios para realizar sus funciones, pues las cuotas económicas estarán supeditadas al nivel socioeconómico de los padres...
De acuerdo con lo anterior, delegar la responsabilidad de los gastos de operación de las escuelas en los padres de familia afecta en especial a las que se encuentran en contextos desfavorecidos; en estos centros educativos los padres tienen menores posibilidades de realizar aportaciones económicas y los montos de sus contribuciones son menores. En consecuencia, se puede inferir que en estos contextos, al depender de las aportaciones de los padres, las escuelas tendrán también menores oportunidades de resolver las necesidades que enfrentan, lo cual podría dificultar garantizar condiciones adecuadas para el trabajo de docentes y alumnos.
En segundo lugar, la dependencia de las escuelas de los recursos económicos que aportan diferentes actores educativos, en particular los padres de familia, para financiar su operación, puede afectar también los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es probable que los diferentes miembros de la comunidad escolar (directores, docentes, padres de familia) estén dedicando tiempo dentro y fuera de la jornada escolar para conseguir apoyos económicos para la operación de los planteles, lo cual puede distraerlos de las tareas educativas. En tercer lugar, esta forma de solventar las necesidades de los centros escolares puede ocasionar problemas en la relación que sostienen las escuelas con las familias; por ejemplo, con el monto que se fija para las cuotas, la administración de los recursos y su utilización. La insatisfacción de los padres con alguna de estas actividades puede ocasionar fricciones con el cuerpo docente y directivo. Sin lugar a dudas, los problemas derivados de las responsabilidades que delega el Estado a las escuelas para conseguir los recursos económicos con los padres de familia pueden afectar también las tareas educativas...
De acuerdo con las reflexiones efectuadas en este capítulo, es necesario que el Estado implemente medidas de política educativa que puedan garantizar la operación adecuada de todas las escuelas, particularmente de aquellas que se encuentran en contextos desfavorecidos, a partir de una lógica de equidad educativa, de tal forma que se evite acrecentar las desigualdades educativas y la exclusión social.”
Por otro lado, México como estado parte de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO debe asumir los compromisos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos asienta en su artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad”. De acuerdo con la UNESCO el derecho a la educación les impone a los Estados tres niveles de obligación:
La obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir con cada uno de los “rasgos esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación.
1. La obligación de respetar exige que el Estado evite tomar medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación.
2. La de proteger obliga al Estado a tomar medidas para prevenir que una tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la educación.
3. La obligación de cumplir se entiende como la de facilitar y suministrar. La obligación de facilitar le impone al Estado la adopción de medidas positivas con el fin de ayudar a los particulares y a las comunidades a disfrutar del derecho a la educación. Además, los Estados tienen también la obligación de hacer efectivo el derecho a la educación.
En los tratados internacionales en la materia adoptados por nuestro país, y que reafirman la tesis de no considerar la prestación de este servicio como una simple mercancía sino como un derecho social al que deben acceder todos los habitantes en igual rango de importancia como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación.
Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y su personalidad.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el pago por el servicio de la energía eléctrica no debe ser obstáculo para la satisfacción del derecho a la educación. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute de los derechos a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como actualmente ocurre con las escuelas en varias entidades del país.
Mientras que la energía eléctrica constituya un elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir la obligación de proveer esta condición con el fin de que el derecho a la educación sea efectivo.
También es muestra de inequidad, desigualdad e injusticia social que mientras la operación de las escuelas públicas está dependiente de las aportaciones de los padres de familia, en México el costo de la corrupción es de entre 9 y 10 por ciento del producto interno bruto, equivalente a 347 mil millones de pesos al año, cantidad con las que podrían satisfacerse ampliamente las necesidades de operación de las escuelas públicas de educación básica en el país.
Es inaceptable que el pago de la energía eléctrica, en los planteles escolares que cuenten con este servicio, se solvente parcialmente con cargo a las “cooperaciones voluntarias” de los padres de familia, o que ante la imposibilidad de pago se prive a los planteles escolares del suministro de energía eléctrica, negándose en los hechos el derecho humano a la educación.
Fundamento legal
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se adiciona la fracción X del artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Artículo Único. Se adiciona la fracción X del artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para quedar como sigue:
Artículo 12. El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:
I. a IX. ...
X. Aprobar políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, o tratándose de actividades públicas estratégicas del Estado mexicano, así como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos y para la exención de dichas garantías;
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.gob.mx/sep/videos/firma-del-convenio-marco-cfe-sep
2 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub//P1/D/232/P1D232_ 07E07.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.— Diputados: Julio Saldaña Morán, Araceli Madrigal Sánchez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Julio Saldaña. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL
El diputado Julio Saldaña Morán:
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD
Problemática
La iniciativa que se pone a la consideración del pleno de esta Cámara, está vinculada directamente al trabajo bajo el régimen de subcontratación.
En su parte medular, expresa múltiples argumentos, por virtud de los cuales se sustenta la necesidad de hacer una definición más amplia del concepto que regula al citado régimen.
De lo que se trata es de evitar la afectación e incertidumbre de los legítimos intereses del trabajador, puesto que ello opera en detrimento de los más altos valores de justicia que deben permear en una relación laboral.
En un estudio profundo de la reforma laboral aprobada en 2012, se detectó la necesidad de definir de una forma mucho más certera y amplia al citado régimen de subcontratación laboral, con lo cual se evitarán confusiones y se cerrarán espacios para evitar la simulación y defraudación fiscal, males que aquejan a los trabajadores del país y al erario público.
Argumentación
En el planteamiento de la problemática que dio sustento a la iniciativa de ley por la que se reforman los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, se establecieron, entre otros, los siguientes puntos:
1. Carencia en estructuras legales.
La subcontratación evidencia carencias en su estructura legal, necesita bases sólidas, con características particulares que logren regular, observar y realizar la práctica de dicha opción libremente y sin ambigüedades.
Es decir, existen espacios propicios para interpretaciones ajenas al objeto del régimen, lo cual genera que diversos entes operen fuera del sentido de ley.
Por ello, es importante suplir esas carencias por un texto legal que asegure que quien lleva a cabo este tipo de actividades, lo haga en un marco normativo sólido, que además establezca, sin lugar a dudas, los elementos que acrediten la responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
Esto puede acreditarse si quien se dice patrón cumple con las obligaciones que en diversos apartados de la ley se establecen como ineludibles y que en muchos de los casos no se cubren a cabalidad, tales como la generación de contratos, la capacitación y la debida remuneración de los trabajadores.
2. Mejorar procesos de fiscalización y control de las empresas de este sector.
Alcanzar este objetivo depende del establecimiento de procesos de fiscalización para quienes ofrecen o contraten servicios de personal, puesto que así las empresas que se dediquen a esta modalidad de negocio, o bien contraten estos servicios, estarán obligadas a cumplir con revisiones que permitan verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados por la legislación de la materia.
Actualmente, los procesos para ejercer actos de fiscalización respecto de las empresas dedicadas a la subcontratación, se tornan complejos, lo anterior porque, en primera instancia, es difícil identificar a las entidades económicas que llevan a cabo este tipo de actividades, pues en muchos de los casos los servicios que se prestan en esta modalidad no se encuentran registrados en este régimen, o incluso ellas mismas no se reconocen como parte del concepto.
Diversas entidades consideran que el trabajo que llevan a cabo, a pesar de tener características afines al régimen de subcontratación, deben ubicarse como prestación de servicios, sustentando su posición en la indefinición vigente en la ley, a pesar del intento realizado por formalizar el concepto desde 2012.
Para someter a revisión a empresas dedicadas a este régimen, primero se debe establecer de forma clara quiénes están sujetos a la aplicación de la ley, para evitar que exista una indefinición que deje zonas abiertas a interpretaciones o incumplimientos que posteriormente compliquen los procesos de fiscalización.
3. Necesidad de control de las empresas de subcontratación.
Debe existir una mayor certidumbre en relación a quienes se dedican a esta actividad o la contratan, lo cierto es que concurre un número indeterminado de empresas irregulares que están violando la ley en este momento, tanto en el ámbito laboral, como en el fiscal.
Una de las principales preocupaciones en relación con el tema es la identificación de las empresas sujetas al trabajo en régimen de subcontratación, lo cual genera una necesidad de control que permita identificar y sujetar al cumplimiento de obligaciones a contratantes y contratistas, lo cual operaría en beneficio de los trabajadores y del Estado.
No existen actualmente datos estadísticos de las empresas que se dedican a esta actividad, por ello, no pueden identificarse tampoco las que infringen las disposiciones legales y las que cumplen adecuadamente con sus obligaciones, que además pueden ser promotoras del desarrollo económico, del incremento en la recaudación y generación de empleos, elementos todos indispensables para el futuro de nuestro país.
4. Creación de un padrón de empresas de subcontratación.
Si la subcontratación no garantiza el cumplimiento del compromiso laboral, como el pago de salarios y prestaciones, o el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social, en términos del numeral 13 de la Ley Federal del Trabajo, su contraparte (contratante) tiene que responder mediante la figura de responsabilidad subsidiaria.
Para esto, sin duda es de gran utilidad legislar el registro de un padrón, así como la realización de inspecciones y la certificación del cumplimiento de la ley.
Como se indica en los párrafos anteriores, es prioritario establecer medidas de control para las empresas sujetas a este régimen, lo cual puede lograrse mediante la creación de un padrón de empresas que faciliten la identificación y en su caso la revisión del cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social de las obligaciones que corresponden a las mismas.
En ese sentido, es importante destacar que, en fecha reciente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en conjunto con importantes actores del medio de la subcontratación, dieron a conocer un proyecto en virtud del cual se identificará a las empresas del sector que operan al amparo del régimen contenido en el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI).
Este Programa contempla en su emisión del ejercicio fiscal 2017, los criterios (laborales y fiscales) para incorporar estímulos en los esquemas de gasto corriente para las empresas, lo cual podría sentar las bases del padrón que se menciona, considerando que los parámetros científicos con que se llevará a cabo el estudio darán un sustento formal a este registro.
Una vez ubicadas las empresas que operan al amparo de este régimen, podrán llevarse a cabo acciones que permitan la optimización en el cumplimiento de las diferentes leyes a las que están afectas.
5. Parámetros de revisión.
Cabe tener en cuenta que las diligencias de inspección se pueden orientar sobre la base de una normatividad específica al haberse creado ya una “Norma Mexicana” a la que pueden sujetarse las contratistas y sus beneficiarias.
El pasado 6 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se presentó a consulta púbica el proyecto de Norma Mexicana de Subcontratación y/o Tercerización, PROY-NMX-R-086-SCFI-2016 mismo que establece una serie de parámetros de cumplimiento de obligaciones fiscales y de gestión de la calidad.
Esta norma, una vez que inicie su vigencia, abre la posibilidad de que las empresas dedicadas a este tipo de actividades, certifiquen que, bajo los parámetros de esta disposición, han cumplido con sus obligaciones fiscales, pero que además reúnen características en su organización, orientadas a un sistema de gestión de la calidad, que les permite satisfacer las necesidades y requerimientos de sus trabajadores y de los clientes a los que prestan servicios.
Por ello, una vez definido adecuadamente en la ley el régimen de subcontratación, e identificadas puntualmente las empresas que llevan a cabo esta actividad mediante un padrón, la formalidad de estos entes podría sustentarse bajo los parámetros de la norma, siendo su certificación un indicador de cumplimiento para efectos de sus relaciones comerciales y con sus trabajadores.
No así con las autoridades fiscales, las cuales cuentan con procedimientos y facultades asignadas en diversas disposiciones para acreditar que un contribuyente cumple con sus compromisos fiscales.
6. Congruencia en la definición del régimen.
Como se observa, en la Ley del Seguro Social en sus artículos 15-A y 75 relativos a la intermediación laboral, así como su aplicación a empresas subcontratistas, existe una idea de “patrón” funcional para la seguridad social, pero que se aleja del concepto de patrón de la legislación laboral.
En diversos sectores se ha criticado la existencia de disposiciones legales que pretenden regular la subcontratación pero que lo hacen sin guardar congruencia entre los conceptos descritos en cada uno de los ordenamientos.
Lo anterior ocurre en virtud de que los intentos en la Ley del Seguro Social por regular actividades de este tipo se hicieron en 2009, antes de la reforma laboral de 2012 que denomina al régimen.
Se hace necesario entonces, unificar las disposiciones legales que regulan a la subcontratación, de tal manera que se evite la incertidumbre y se dejen espacios a la interpretación indebida.
Es por esto que se sugiere una modificación que, aunque pareciera mínima, atiende a las características reales del régimen: actualmente el texto de la Ley del IMSS remite a la posibilidad de que el beneficiario (contratante) lleve a cabo funciones de dirección respecto de los trabajadores del contratista, cuando la Ley Federal del Trabajo establece que solo puede fijar tareas y supervisarlas, si pudiera dirigir existiría un poder directo de mando y por tanto subordinación, confundiendo en dos entes la calidad de patrón, dando lugar a una doble dependencia del trabajador, dando lugar a una confusión indeseable.
7. Delimitación de patrones contratistas versus simples pagadoras.
En muchas ocasiones, lo único que hace la empresa contratista es pagar a los trabajadores, por eso se les denomina coloquialmente como empresas pagadoras, pues en la práctica todo lo relacionado con la selección, contratación y capacitación de los empleados lo hace el grupo empresarial, el cual le proporciona la información del empleado para la firma del contrato correspondiente.
Esto puede constituirse en una simulación, ya que el grupo empresarial sólo está buscando evadir sus responsabilidades y contingencias fiscales y laborales, incluyendo las de seguridad social.
Lo mismo hace la empresa contratista, ya que ésta contrata a los empleados bajo esquemas diversos como pueden ser contratos de prestación de servicios profesionales, con lo cual desaparece la relación laboral, al menos en papel.
En realidad, el grupo empresarial, la mayor parte del tiempo, no necesita a la empresa contratista, ya que esta última no es una empresa especializada en la contratación (no está certificada para ello), ni en la selección de trabajadores; y mucho menos en la capacitación de éstos.
No cuenta con los esquemas ni la infraestructura para hacerlo, pues los empleados son seleccionados por el grupo empresarial y es éste el que los contrata, verbalmente, claro.
También es el grupo empresarial el que se encarga de la capacitación y el adiestramiento de los empleados. La empresa subcontratista sólo paga. Nada más. Entonces el beneficio del grupo empresarial es evadir la enorme carga y responsabilidad que implica una relación laboral.
Los análisis realizados han permitido concluir que lo señalado en párrafos anteriores ocurre con frecuencia, lo cual tiene como consecuencia una simulación del esquema, en donde las empresas que aparentemente llevan a cabo un proceso de subcontratación, en realidad solo se limitan a pagar a los trabajadores.
Esto implica la necesidad de definir un contexto que permita acreditar la existencia del régimen, en aquellos casos en que el que se ostenta como patrón y haya llevado a cabo un proceso de administración integral del capital humano, (moderna acepción administrativa) que implica que se han llevado a cabo procesos de reclutamiento, selección, contratación, administración, capacitación y gestión continua del personal, durante el tiempo que prevalezca la relación de trabajo.
Lo anterior, permitirá acreditar que quien contrata no sólo es una pagadora, pues habrá acreditado que lleva a cabo el citado proceso de administración integral de su personal, que con ello se entendería como tal y no sólo como una simulación de una relación laboral que existe con un tercero ajeno a las necesidades del trabajador y a las obligaciones reales.
La administración integral del capital humano remite a obligaciones plenamente establecidas en ley y que la contratista debe cumplir entre otras:
Contratación. El artículo 24 de la ley señala: Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.
Capacitación. Respecto de la capacitación, el artículo 153-A confirma obligaciones a cargo del patrón en los siguientes términos: Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.
Respecto del cumplimiento de diversas obligaciones como otorgar seguridad social y remunerar adecuadamente a los trabajadores, se toma como referencia el concepto de trabajo digno o decente del artículo 2, que dispone lo siguiente:
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
La presente reforma no pretende adicionar obligaciones a la contratista, pero sí establecer que como patrón debe cumplir las obligaciones que la ley le establece para quien se ostenta como tal, lo cual ocurre cuando participa en procesos de administración integral del capital humano.
8. Combate al lavado de dinero que puede existir por efecto de malas prácticas vinculadas al régimen de subcontratación.
Teóricamente debería existir una mayor certidumbre en relación a quienes se dedican a esta actividad o la contratan, lo cierto es que concurre un número indeterminado de empresas irregulares que están violando la ley en este momento, tanto en el ámbito laboral, como en el fiscal, sin que se les tipifique como correspondería, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta preocupación por regular al sector de la subcontratación tiene, entre otros objetivos, evitar que recursos que provienen de actividades ilícitas, incluida la defraudación fiscal, sean empleados en actividades formales, en lo que se denomina coloquialmente como lavado de dinero. Para ello, el padrón propuesto, permitirá regular al sector incluso en este ámbito.
Sin embargo, para que esto ocurra, debe incorporarse en la legislación correspondiente, de forma clara y precisa, que la subcontratación es una actividad vulnerable.
Hasta la fecha, la consideración de este hecho se basa en una interpretación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera que se aleja de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el artículo 17, fracción XI, inciso b).
De origen, otorga a los recursos humanos el carácter de activo (en su carácter de concepto financiero) y por tanto resta certidumbre jurídica a la aplicación de la ley en esa vertiente.
Debe proponerse, por tanto, una adición legislativa que incorpore adecuadamente la obligación de identificar y presentar avisos respecto de las empresas que se dedican a la subcontratación y sus clientes.
A este respecto, consideramos que las empresas dedicadas a la subcontratación mediante el uso de esquemas abusivos de sustitución laboral, pueden llevar a cabo actos delictivos y que por tanto sus recursos serían de procedencia ilícita.
Lo anterior, no las coloca como sujetos obligados por la disposición y por tanto tampoco objeto de identificación y presentación de avisos.
En todo caso tendría que existir una modificación legislativa que definiera de forma clara a las empresas dedicadas a la subcontratación como entes afectos a las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), para que estas estuvieran inmersas en los procesos establecidos en la norma.
La ley actualmente ubica la obligación para este grupo de empresas en el siguiente texto legal:
Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:
...
XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
...
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
La interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera supone que el inciso b) se refiere al manejo de recursos humanos, sin embargo, tanto los formatos para presentación de avisos de la ley, como el texto mismo de la disposición, refieren recursos financieros, materiales o tecnológicos, pues al final cita: o cualquier otro activo; con lo cual se entiende que pretende referirse a recursos o valores considerados como activos.
Por otro lado, si se aceptara esta interpretación, los recursos a los que refiere este inciso, serían los de sus clientes. El régimen de subcontratación alude al hecho de que los trabajadores no son del cliente (contratante), son del contratista, al que indebidamente se pretende obligar.
Por ello, considero necesario que, en aras de incorporar la actividad a las obligaciones de esta ley, se refiera de forma concreta al concepto, otorgando certidumbre jurídica a los sujetos a los que se pretende regular, lo cual redundará incluso en la posibilidad de exigir el cumplimiento en términos legales.
De lo hasta aquí expuesto, se consideran necesarias modificaciones al texto de la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley del Seguro Social con el propósito de alcanzar los objetivos regulatorios de la figura de subcontratación incorporando las siguientes definiciones:
1. Definir de forma más precisa al régimen de subcontratación, de tal forma que los conceptos en la Ley Federal del Trabajo disminuyan los espacios para interpretaciones indebidas y se reduzcan las posibilidades de acceder a la simulación, pues esta redunda en graves afectaciones para trabajadores y erario público.
2. Homologar la definición de subcontratación que contemplará la Ley Federal del Trabajo con la que emplea la Ley del Seguro Social, lo cual permitirá congruencia y una mejor aplicación de ambas leyes.
3. Establecer parámetros para que pueda adoptarse la subcontratación, cuando esta sea en beneficio de los trabajadores y no se afecte al Estado con una menor recaudación.
4. Incluir una fracción adicional a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en donde se precise como sujeto obligado al que lleva a cabo el trabajo en régimen de subcontratación.
Fundamento legal
Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se presenta el siguiente:
Proyecto de decreto
Artículo Primero. Se reforman los artículos 15-A y 15-D de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 15-A...
a) ...
b)...
c)...
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.
Quién lleve a cabo las actividades señaladas en este artículo, acreditará su calidad de patrón por su participación en el proceso de administración integral del capital humano con que ejecuta obras o presta servicios en favor del contratante.
Lo anterior implica que la contratista lleve a cabo actividades de selección, reclutamiento, contratación, administración, capacitación en términos de la presente ley y cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
Artículo 15-D...
No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la transferencia de los trabajadores de contratante a contratista, tenga por objeto mejorar de forma integral las prestaciones laborales o de seguridad social de los trabajadores, y se acrediten las condiciones establecidas en el artículo 15-A de la presente ley.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 15 A. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que presten servicios a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14, 15 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la supervisión del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido. ...
...
I. ...
II. ...
...
...
...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Lo anterior no debe entenderse con la idea de afectar el desarrollo de este sector ni de ningún otro, sino como un apoyo a las empresas que operan en el marco de la legalidad, para evitar que compitan en condiciones de desventaja con quienes abusan de la ley y como consecuencia de los trabajadores y del fisco.
2 Al respecto, el doctor Jaime Flores Sandoval menciona en su obra Outsourcing Total. Panorama General del Régimen de Subcontratación en México, 2017, Mitos y realidades contra el lavado de dinero, 2013, lo siguiente: “En México, el modelo de subcontratación lo han empleado todo tipo de entes económicos, de origen con el ánimo de alcanzar los objetivos ya planteados, pero desvirtuados en etapas posteriores por esquemas agresivos de planeación fiscal y corporativa, cuyo principal fin es la evasión y elusión de las cargas tributarias y el abatimiento de las responsabilidades laborales.”
3 En apoyo a esta moción, realizada en el marco de una propuesta integral de legislar al sector de la subcontratación, se puede tomar como base el convenio que anunció en su página de internet el Conacyt el pasado 26 de mayo de 2017, en virtud del cual se pretende identificar a las empresas del sector.
4 El 21 de mayo del 2017 se presentó el proyecto en el contexto de la firma de convenio entre el Conacyt, el Centro de Investigación en Geografía y Geomática (CentroGeo) y la empresa mexicana dedicada a la Administración Integral de Capital Humano, GINgroup.
5 El texto del doctor Jaime A. Flores Sandoval establece, respecto de la Norma Mexicana de Subcontratación, lo siguiente: “La pretensión de la norma es que las empresas que cuenten con el citado distintivo, sean reconocidas como empresas comprometidas y responsables con un marco normativo que actualmente es extenso, pero que acreditará la diferencia con otro tipo de empresas, inmersas en procesos vinculados a la informalidad, a esquemas ilegales de contratación y en general a las que hemos denominado prácticas abusivas de sustitución laboral.”
6 Adquiere total actualidad el estudio del maestro De la Cueva, cuando manifestó al respecto del beneficiario de servicios que hace uso de los servicios de un intermediario: “Este es el verdadero patrono, no obstante que, aparentemente, obre la persona que contrató a los trabajadores en nombre propio. La solución no podía ser otra, pues de admitirse que quien contrató a los obreros es el único patrono, se abrirían las puertas para que los patronos eludieran las responsabilidades consiguientes, utilizando a un testaferro, con grave perjuicio de los intereses de los trabajadores.” (De la Cueva, 1969)”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2017.— Diputados: Julio Saldaña Morán, Araceli Madrigal Sánchez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.
Saludamos con mucho gusto a un grupo de integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, invitadas por mi amiga, la diputada Martha Hilda González Calderón, vicepresidenta de la Mesa Directiva. Sean ustedes bienvenidas a este salón de sesiones.
LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
El diputado Carlos Hernández Mirón:Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna el día de hoy con la intención de plantear una iniciativa de proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona un párrafo al artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguros.
Déjenme entrar en materia, compañeras y compañeros legisladores, lo planteo de la siguiente manera debido a que una de las enfermedades que más está creciendo en el país son las enfermedades mentales.
Y no tiene que ver específicamente con una situación agravada demencial, sino tiene que ver con mayor estrés, ansiedad, depresión y angustia en la población mexicana. Y que no solamente se limita a hombres y mujeres adultos, sino que también afecta de manera grave a niñas y niños, a jóvenes, a estudiantes. Y que desafortunadamente las familias que tienen la posibilidad de contratar un seguro no se incluyen la atención psicológica ni psiquiátrica.
Y podemos retomarlo de la siguiente manera el mismo tema, compañeras y compañeros legisladores, después de los sismos del pasado mes de septiembre en distintas entidades federativas de nuestro país hay personas que hasta el día de hoy han sido afectadas en su salud psico-emocional y que desafortunadamente no tienen la posibilidad de ser atendidas en el servicio de salud público y que aparte, si contrataron un seguro privado, tampoco son atendidas ni con médicos ni mucho menos con medicamento.
Déjenme darle lectura de manera textual a lo que define la OMS con respecto a la salud mental. Y la define que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontarla tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
Hoy en distintos municipios y en distintas entidades federativas hay ciudadanas y ciudadanos que no pueden llevar a cabo una vida normal por la afectación emocional que se vivió con los sismos que ya he comentado.
Hay niños y jóvenes que no tienen la intención de salir de su casa por la afectación que se ha llevado a cabo de manera emocional. No están asistiendo a la primaria, a la secundaria, al nivel medio y medio superior. No están llevando a cabo su actividad de manera normal.
Por eso consideramos, en el Grupo Parlamentario de Morena, hacer esta propuesta que tenga que ver específicamente con lo siguiente: modificar el artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en donde las aseguradoras que el particular ha contratado un seguro, tenga la posibilidad de que aporten apoyo médico, medicamento, psicológico y psiquiátrico a las personas que hoy tienen una afectación en su estado psico-emocional.
Además, el seguro comprenderá la atención psicológica para el asegurado, a efecto de restablecer de manera adecuada la salud emocional después de un evento de esta naturaleza, como también atenderlo de manera psiquiátrica y obviamente en aquellas personas que se haya puesto en riesgo su vida o su estado físico.
Es importante, compañeras y compañeros legisladores, que nosotros desde el Poder Legislativo podamos modificar una ley, que se pueda sentir la fuerza del Congreso para que miles de personas que han sido afectadas en su estado psico-emocional puedan tener la atención necesaria, puedan tener la atención médica y también de medicamentos para atender la problemática que viven en sus comunidades.
Es una asignatura que no podemos dejar pasar. Oaxaca, Guerrero, en la Ciudad de México y muchos estados de la República Mexicana tienen esta gran necesidad de ser atendidos en este problema que tiene que ver con problemas mentales hoy principalmente psicológicos y psiquiátricos. Les agradezco mucho su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena
Planteamiento del problema
Ante la tragedia que sacudió a nuestro país, por los sismos registrados los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en donde varios estados de la República Mexicana, incluyendo a la Ciudad de México, los mexicanos sufrieron la pérdida de su patrimonio o de algún familiar, amigo, conocido, e incluso en dicha tragedia perdieron la vida infantes, dichos sucesos nos han marcado como nación, pero reconozco la valentía de todos y cada uno de los mexicanos que ante tan terrible desgracia su solidaridad fue mayor que los sismos, pues apoyaron desde los primeros momentos, en la labores de rescate, sacando escombros, habilitando calles para atender a los heridos, recolectando víveres, brindado consuelo y un abrazo a los mexicanos en desgracia.
El titular del Ejecutivo federal, de los estados incluyendo al de la Ciudad de México, han puesto en marcha programas, en cada una de las entidades que permitan a los afectados la reconstrucción de su patrimonio, buscar restablecer la situación emocional y para ello la participación de la Secretaria de Salud Federal como la de los Estados y de la Ciudad de México, ha puesto en marcha de manera gratuita la atención psicológica a la población afectada que así lo requiera, por tener alguna afectación psico-emocional, como consecuencia de la catástrofe ocurrida y que afecto su estado emocional, su entorno de vida, porque recordemos que cada persona reacciona de manera diferente ante los diversos cambios en su vida, hay personas que superan por si mismas la eventualidades, como los sismos ocurridos recientemente en nuestro país, sin embargo hay testimonios de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores que han presentado una afectación emocional psicológica que les ha impedido retornar a la cotidianidad de su vida, por ello es urgente que a la brevedad posible estas personas afectadas emocionalmente se han atendidas por profesionales de la salud que les ayuden a superar este hecho tan lamentable y para algunas personas traumático, que les permita recobrar la salud psicológica y emocional, y continuar con su proyecto de vida, y dejar a tras esta amarga experiencia.
Como se ha mencionado el sector salud en todos los niveles de gobierno ha puesto en marcha el apoyo psicológico de manera gratuita para los derechohabientes, como para quienes no cuentan con seguridad social, en virtud de que en los núcleos familias sufrieron pérdidas humanas, así como de su patrimonio, y en el recuento de daños el Gobierno ha manifestado que en este suceso la cifra de defunciones es de aproximadamente 360 personas.
Ante esta lamentable tragedia, al suscrito se le han acercado personas, que refieren que han tenido la posibilidad económica de contratar un seguro, o que en algunos casos la escuela o sus propiedades contaban con seguros particulares, pero que, sin embargo, al acudir con su contrato de seguro, el personal de las aseguradoras les refirieron que su póliza no ampara la corrección de salud psicológica, por tal motivo es necesario hacer la reforma que se propone, para que las aseguradoras ante una catástrofe como lo son los sismos, los huracanes puedan apoyar a sus asegurados brindando atención psicológico que les permita a sus clientes recobrar la salud emocional ante un siniestro como el que sea vivido.
Los seguros de personas y sus características
Son aquellos que compensan las consecuencias económicas desfavorables de los riesgos que puedan amenazar nuestra vida, integridad física o salud. Aquí se incluyen los seguros de enfermedad, asistencia sanitaria, de vida y accidentes.
Características generales de los seguros de personas
Las más importantes son:
Carácter subjetivo de la indemnización: En los seguros de vida y accidentes no se puede valorar objetivamente el interés asegurado (la vida de una persona), pero sí se pueden hacer estimaciones de lo que necesitarán los beneficiarios en caso de fallecimiento; o la propia persona en caso de invalidez.
Materia u objeto: mientras que, en los seguros de coche, por ejemplo, la materia u objeto del seguro es el automóvil, aquí es el propio asegurado. Con este tipo de seguros, lo que se garantiza es la propia vida del asegurado, su salud o integridad física.
Beneficiario: esta persona puede ser distinta al asegurado o tomador. Si el asegurado es el marido, los beneficiarios pueden ser, por ejemplo, su esposa e hijos a partes iguales.
Actualmente la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como: “Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
Argumentación
En el título tercero denominado disposiciones especiales del contrato de seguro sobre las personas, en su artículo 162, hace referencia a que “el contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos, que pueden afectar a la persona del asegurado en su existencia, integridad personal, salud o vigor vital” subrayo lo que el propio artículo vigente refiere... que pueda afectar a la persona del asegurado en su existencia. La pregunta sería un ser humano puede tener calidad de vida cuando la parte emocional psicológica se encuentra afectada, aturdida trastornada después de haber experimentado una catástrofe como la que hemos enfrentado en estos últimos días. Pero recordemos que este hecho de catástrofe no es el único hecho por el que una persona puede verse afectada en su salud psicológica emocional, puede verse afectada después de haber sufrido un hecho delictivo violento, después de haber sufrido una enfermedad grave, que haya puesto en peligro su vida, quedan secuelas de estos acontecimientos, por ello es importante darle la trascendencia a que las personas que lo requieran puedan ser atendidas a tiempo y les permita recuperar su salud emocional, que mejor que ampliar en las pólizas de seguros de las personas, el tema de apoyo psicológico emocional para las víctimas que han sufrido alteraciones emocionales por un acto delictivo o una catástrofe natural.
Por lo expuesto y fundado, se formula la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro
Fundamento legal
Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro
Ordenamientos a modificar
Único. Se reforma y adiciona un párrafo del artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:
Ley sobre el Contrato de Seguro
Artículo 162. El contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afectar a la persona del asegurado en su existencia, integridad personal, salud, o vigor vital
Además, el seguro comprenderá la atención psicológica, para el asegurado, a efecto de restablecer la salud emocional después de un evento, como una catástrofe natural, una enfermedad grave que haya puesto en peligro su vida, o hecho delictivo de alto impacto que produzca alteraciones en la salud mental.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 octubre de 2017.— Diputado Carlos Hernández Mirón(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Damos una cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Anáhuac, de las carreras de derecho y administración, invitados por el diputado Felipe Cervera Hernández y diputados integrantes de la diputación federal por el estado de Yucatán. Sean todos ustedes bienvenidos.
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y suscrita además por todos los integrantes de dicho Grupo Parlamentario.
La diputada Lorena Corona Valdés:Con el permiso de la señora presidenta. Nuestro país ha avanzado en legislar desde una perspectiva de derechos humanos en diversos temas. Desde esta tribuna he impulsado varios temas en pro del respeto de los derechos humanos y la última iniciativa fue votada en días pasados en este pleno en favor de los migrantes.
Hoy, una vez más, vengo a proponerles otra iniciativa que se refiere a los derechos humanos, partiendo del artículo 18 constitucional, conforme al cual el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Requerimos legislar para cubrir un vacío legal de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que la misma no prevé que el personal que labore en los centros de reclusión penitenciaria cuente con vocación de servicio y aptitud de ayuda humanitaria, como requisitos que deben prevalecer para garantizar el respeto al derecho de una vida digna, buen trato y a la reinserción social de los sentenciados.
A este respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido de que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal no considera el perfil que debe satisfacer el personal penitenciario y que, por lo tanto, estamos dejando a los reclusos en manos de personas sin la preparación adecuada.
Compañeros, para que toda persona privada de la libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, es necesario que los hombres y mujeres que trabajen en las prisiones sean cuidadosamente elegidos, para garantizar que tengan las cualidades personales y una formación educativa especializada. Es necesario capacitarlos en los principios sobre los que debe basarse su trabajo y en las aptitudes humanas y técnicas requeridas.
Es por ello que, mediante la iniciativa que hoy propongo a su consideración, indico el que debemos armonizar nuestro marco jurídico con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, pues la selección y formación de los servidores públicos que conforman el sistema penitenciario, es un tema que se ha considerado desde 1955 y que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal no regula, por lo que resulta de especial importancia establecer y homologar, en este ordenamiento legal, el perfil civil y profesional que debe tener el personal del sistema penitenciario del país. Además, es necesario que reciba capacitación constante sobre temas como el uso racional de la fuerza, manejo de conflictos, técnicas y tácticas penitenciarias.
En términos de lo expuesto, la iniciativa que hoy presento tiene por objeto que los centros penitenciarios cuenten con suficiente personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia, previa selección y capacitación en los términos que disponga la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Para lograr lo anterior propongo una reforma mínima, pero con importantes efectos en la administración cotidiana de los 379 centros penitenciarios que existen en el país, la cual consiste en reformar el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que el personal del sistema penitenciario sea cuidadosamente seleccionado y que realice el servicio público de manera profesional, con pleno respeto a los derechos humanos de los internos y que sea capacitado permanentemente. Con esta reforma estaremos atendiendo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Mandela.
Con esta reforma estamos atendiendo una problemática a nivel nacional, pues es una realidad que los centros penitenciarios del país no cuentan con personal suficiente y el que tienen probablemente no es apto para las funciones de seguridad penitenciaria, lo que hace que aumente el riesgo de perder el control de los establecimientos penitenciarios y se propicia la evasión de presos o motines al interior de los mismos. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosAl mes de julio de 2016 había 379 centros penitenciarios, 17 del gobierno federal, 13 de la Ciudad de México, 278 de gobiernos estatales y 71 de gobiernos municipales con un total de 209 mil 248 espacios.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el personal destinado a desempeñar funciones tanto operativas como administrativas en los centros penitenciarios estatales asciende a un total de 37 mil 267 personas adscritas a los mismos; 3 mil 760 personas (10.08 por ciento) ejecutando funciones de dirección, administración u operación (tales como directores, subdirectores, secretarios generales, coordinadores, jefes de departamento, médicos sicólogos, instructores, trabajadores sociales, entre otros); 554 (1.48 por ciento) son custodios de primer nivel jerárquico; mil 691 (4.53 por ciento) custodios de nivel intermedio; 23 mil 28 (61.79 por ciento) custodios encargados de la operación de los esquemas de preservación del orden y la disciplina entre la población, así como de salvaguardar el orden de los centros; finalmente, 7 mil 638 servidores públicos (20.49 por ciento) desarrollan actividades de soporte al personal directivo y de operación (secretarias, mensajeros, choferes, personal de limpieza, entre otros).
La selección y formación de los servidores públicos que conforman el sistema penitenciario es un tema que se ha considerado desde las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, que en su numeral 46 dispone: “1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.”
Por lo que resulta de especial importancia establecer y homologar el perfil civil y profesional que debe tener el personal del sistema penitenciario en el país.
Es necesario que el personal de seguridad y custodia reciba capacitación constante sobre temas como uso racional de la fuerza, manejo de conflictos, técnicas y tácticas penitenciarias.
De igual forma, para que los servidores públicos del sistema penitenciario nacional realicen el servicio público de forma profesional y con pleno respeto a los derechos humanos de los internos, debe ser cuidadosamente seleccionado.
En este sentido, es importante considerar las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales aplicables.
Marco jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 18 constitucional:
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
En su artículo 10, numeral 1, dispone que:
“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
Principio 1:
“Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos.”
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
Principio 1:
“Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 5 (2):
“Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
De lo expuesto, se desprende que el personal que labora en el sistema penitenciario debe tratar a los reclusos de manera decente, humana y justa.
Para que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, es necesario los hombres y mujeres que trabajen en las prisiones sean cuidadosamente elegidos para garantizar que tengan las cualidades personales y la formación educativa adecuadas. Es necesario capacitarlos en los principios sobre los que debe basarse su trabajo, y en las aptitudes humanas y técnicas requeridas.
Al respecto, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, disponen en su Principio 4:
“El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad.”
Asimismo, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, disponen en sus artículos 46 y 47, lo siguiente:
46. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.
47. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.
En términos de lo expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto proponer contar con suficiente personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia, previa selección y capacitación, en los términos que disponga la Ley Nacional de Ejecución Penal.
A este respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Pronunciamiento del Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana”, ha señalado lo siguiente:
“ La selección del personal debe considerar algunos elementos básicos como perfil, a fin de que cuenten con determinadas competencias profesionales para laborar dentro del Sistema Penitenciario, realizando tareas encaminadas a la reinserción social de las personas sentenciadas.
Una descripción que se tiene sobre el personal penitenciario se encuentra en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que decretaba en su artículo 4: “Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, en la designación del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de las instituciones de internamiento se considerará la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos.” Planteamientos que no están previstos en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, pues en el artículo 28, fracción I, sólo se plantea como obligación de la Autoridad Penitenciaria el establecimiento de un registro para “La plantilla de su personal y sus funciones”; sin considerar el perfil que debe satisfacer y en el artículo 33, fracción VIII, se ordena la elaboración de protocolos “De revisión del personal”, de los Centros Penitenciarios, pero no sobre su perfil, cualidades y estudios.”
En consecuencia, se estima que existe un vacío legal y que es necesario legislar para que el personal que labore en los centros de reclusión penitenciaria, actúen de acuerdo con los principios de los derechos humanos; cuenten con vocación de servicio y aptitud de ayuda humanitaria, como requisitos que deben prevalecer para garantizar el respeto al derecho a una vida digna, buen trato y a la reinserción social de los sentenciados.
Es importante considerar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), las cuales disponen en sus Reglas 74 y 75:
Regla 74
1. La administración penitenciaria seleccionará cuidadosamente al personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de dicho personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.
Regla 75
1. Todo el personal penitenciario poseerá un nivel de educación suficiente y dispondrá de la capacidad y los medios necesarios para desempeñar sus funciones de una manera profesional.
2. A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y específicas, que refleje las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Sólo los candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término de la capacitación recibirán autorización para ingresar en el servicio penitenciario.
3. La administración penitenciaria impartirá de manera continua cursos de formación en el empleo con miras a mantener y mejorar los conocimientos y la capacidad profesional del personal después de su incorporación al servicio y durante su carrera profesional.
De conformidad con lo expuesto, se propone reformar el artículo 6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que el personal del sistema penitenciario sea cuidadosamente seleccionado, realice el servicio público de forma profesional y con pleno respeto a los derechos humanos de los internos y sea capacitado permanentemente.
A través de un cuadro comparativo, se ilustra la reforma que se propone:
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo Único. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, recorriéndose los demás en su orden, para quedar como sigue:
“Artículo 6. Organización del Centro Penitenciario
...
Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, en la designación del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de los centros penitenciarios se considerará la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos.
El personal del sistema penitenciario realizará el servicio público de forma profesional y con pleno respeto a los derechos humanos de los internos y será capacitado permanentemente.
...”
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.
Notas
1 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015 Censos Nacionales de Gobierno Resultados, [en línea], disponible en web:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825080761.pdf
2 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. [en línea], disponible en web:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
3 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976.
4 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990. [ebn línea]m disponible en página web:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
5 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. [en línea], disponible en página web:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ DetentionOrImprisonment.aspx
6 San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. [en línea], disponible en página web:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_ derechos_humanos.htm
7 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990. [en línea], disponible en página web:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
8 [en línea], disponible en página web:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ Pronunciamiento_20160807.pdf
9 21 de mayo de 2015,
http://www.reglasmandela.com.ar/01.%20Reglas%20Mandela.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de octubre de 2017.— Diputados: Lorena Corona Valdés,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, compañera diputada Lorena Corona. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por diez minutos la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Con la autorización de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias. Me permito, primeramente, darles a ustedes un cordial saludo y decirles que nos regalen un aplauso para la diputada Vero, que estuvo de cumpleaños y que no la felicité porque no estábamos aquí.
El día de hoy vengo a proponerles la modificación de un artículo constitucional, de un artículo que ha pasado de ser un parteaguas a totalmente ignorado, es el artículo 62 de nuestra Carta Magna, el que tiene a bien tratar de blindar la representatividad popular que cada uno de nosotros estamos obligados a dignificar por esos ciudadanos que nos dieron la oportunidad de su voto.
La representatividad popular tiene su origen en la división de poderes establecida como contrapeso a los otros poderes. Si nosotros lo significáramos y lo analizáramos nos daríamos cuenta que si no tuviéramos esa división de poderes estaríamos hablando de una monarquía.
Para autores como Humberto Quiroga Lavie, la representación popular permite expresar el sentido común, la voluntad colectiva de un pueblo a los efectos de gobernarlo, es decir, se convierte en la conciencia de un pueblo ante actos del Ejecutivo, que pueden caer en el despotismo absoluto parecido al de los monarcas medievales. O bien, quedar en manos de gobernantes que han perdido la sensibilidad ante las necesidades y requerimientos de la población. He ahí el valor que tenemos todos nosotros como representantes del pueblo de México.
En ese sentido pongo a su consideración, ante esta soberanía, la modificación al artículo 62 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que diputados y senadores no tengan ninguna otra actividad ni desempeño profesional remunerativo, para que sean única y exclusivamente representantes populares, y así se dediquen de tiempo completo a servir a la sociedad mexicana que les dio la oportunidad de venir a representarlos.
Es tiempo, compañeros, de que algunos representantes populares desarrollen sus funciones, no como un cuerpo complaciente de comparsa y de amigos del Poder Ejecutivo. Que nos encarguemos cada uno de nosotros de dar trámites a las iniciativas, pero no a cambio de dádivas o promesas malentendidas o de sacar provechos malsanos que vienen a beneficiar en forma individual a los aquí presentes.
En ese sentido, considero necesario replantear este funcionamiento para que cada representante popular en este Poder Legislativo se convierta en un verdadero líder, que sea un real contrapeso a las decisiones del Ejecutivo.
En resumen, compañeros, propongo que el artículo 62 se modifique de tal forma que nos obligue a desempeñar nuestro trabajo de tiempo completo en favor de los mexicanos, para lo cual me permitiré leerles la redacción:
Los diputados y senadores propietarios ante el periodo de su encargo no desempeñarán ninguna otra comisión, encargo o empleo en cualquier figura organizativa de tipo gubernamental, a fin de conservar la independencia mental y la actuación que su cargo les confiere.
Podrán aceptar cargos honorarios en la iniciativa privada que no interfieran con sus horarios y actividades legislativas. En caso contrario, podrán solicitar licencia a la Cámara respectiva, a fin de separarse de sus funciones. Esto significa, compañeras y compañeros, que, al no tener ningún otro nexo con autoridad gubernamental o privada, nuestro empeño y nuestra coordinación y nuestros quehaceres físicos y mentales estarán encaminados a defender a los mexicanos.
Al día de hoy quienes disfrutan de comisiones para representar otro tipo de cargos tienen que dividirse y tienen que estar sirviéndoles a dos amos. Y hay un dicho muy común que dice que el que a dos amos sirve con alguno queda mal. Esta es la razón de pretender la autonomía de todos estos diputados y diputadas que tenemos el encargo de representar única y exclusivamente al pueblo de México.
Estoy segura que el Frente Ciudadano abandera esta causa, porque vamos en pro de servirles a los ciudadanos, de ratificar el compromiso de representarlos con dignidad y con entrega, sin tener que dividir nuestras simpatías o nuestras preferencias entre una actividad equis y la actividad de diputado o diputada.
Por lo anterior expuesto, compañeros y compañeras, con esta iniciativa dejo en claro que si algún representante tiene el interés de desempeñarse de manera alternativa en otra función que no fuera la de legislar, solicite licencia al cargo, teniendo el derecho de elegir la que más le convenga, dejando la oportunidad a aquel que con esmero y entrega busque servir al pueblo de México.
Concluyo diciendo que es momento que el Poder Legislativo retome el peso que tiene en esa división de Poderes. Es momento que como representantes ciudadanos le demos su lugar a los que hacen posible que devenguemos un sueldo.
Es momento que la dignidad del pueblo de México se vea representada en la oportunidad de resolver lo que viene a beneficiar a los mexicanos, no lo que le conviene al Ejecutivo.
Por eso concluyo diciendo: en este país requerimos de representantes que con gallardía y entrega se dediquen a hacer lo que se les contrató o para lo que se les eligió en esta soberanía, que se dediquen a velar por el interés de la nación, más allá de enriquecerse o buscar favores especiales que únicamente le reditúen a los que aquí están presentes. Es cuanto. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales I y II, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Planteamiento del problema
La representatividad popular tiene su origen en la división de poderes establecida como contrapeso al poder absoluto de los monarcas. En nuestro país y siguiendo los esquemas de los tratadistas de la revolución francesa, pero más exactamente como copia del modelo estadounidense se establece un sistema político tripartita, sin embargo, la larga tradición de la concentración del poder en una persona heredada de las sociedades prehispánicas y del conquistador europeo han llevado a configurar en la actualidad un poder presidencial que se ha impuesto a los restantes poderes, esto más allá de esquemas constitucionales.
El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos configura un sistema político tripartito: “No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29”.
El Constituyente de 1917 pretendió acotar al Poder Ejecutivo facultades y prerrogativas que le colocaran por encima de los otros poderes, configurando un poder legislativo bicamaral con quinientos representantes populares y ciento veintiocho senadores que representan a las entidades federativas.
El tema de la representación popular para algunos teóricos es un tema de legitimidad o que proporciona legitimidad a los gobiernos, por ello la importancia de contar en los regímenes demócratas vigentes como el nuestro, con representantes que emanen de procesos electorales también legítimos, sustentados en la legalidad; de tal manera que sean verdaderos representantes de la nación en el desempeño de sus funciones.
Para autores como Humberto Quiroga Lavie, “la representación popular permite expresar el sentido común, la voluntad colectiva de un pueblo a los efectos de gobernarlo”; es decir, se convierte en la conciencia de un pueblo ante actos del Ejecutivo que pueden caer en el despotismo absoluto parecido al de los monarcas medievales, o bien de gobernantes que han perdido la sensibilidad ante las necesidades y requerimientos de la población, ahí el valor de la representación popular, que le hace necesaria e indispensable como garante del sentir nacional, de las libertades individuales y de los derechos sociales de una nación.
La existencia de un poder ejecutivo con atribuciones y funciones meta legales que le empoderan más allá del equilibrio indispensable, de pesos y contrapesos que permitan la sana interacción de los poderes, debe llevar a fortalecer al Poder Legislativo mediante la redimensión de sus funciones ante los otros poderes.
Pongo a consideración de esta soberanía modificar el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que diputados federales y senadores no tengan otra actividad profesional o remunerativa que la de representantes populares y así, se dediquen de tiempo completo a servir a la sociedad mexicana que representan.
El desempeño de la representación popular en las actuales circunstancias debe entrañar la disposición de la diputada o del diputado para legislar en los diferentes rubros que conforman el marco legal con absoluta profesionalización, dando lustre al mandato ciudadano otorgado.
Es tiempo, compañeros, de que algunos representantes populares desarrollen sus funciones como miembros de un cuerpo complaciente que se encargue de dar trámite a las iniciativas o a los cambios que este proponga de acuerdo a intereses que no son en muchas ocasiones los de la nación.
Considero necesario replantear este funcionamiento, para que cada representante popular en este poder legislativo se convierta en un verdadero líder qué permita ser un real contrapeso a las decisiones del Ejecutivo.
En México requerimos representantes que se dediquen a velar por el interés de la nación, más allá del reparto de prebendas, como lo pueden ser el desempeñar de manera alterna algún cargo en asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones religiosas, sindicales, de la iniciativa privada o en algún ámbito de cualquiera de los tres niveles de la administración pública.
Por lo expuesto y a modo de conclusión, compañeros, el objeto esencial de mi propuesta, es plantear la necesidad de que diputados y senadores sean representantes populares de tiempo completo para responder a la altura de las actuales circunstancias, dejando a un lado otras actividades que pueden distraer en mucho la esencia de sus funcione.
Con esta iniciativa dejo en claro que si algún representante popular tiene el interés de desempeñar de manera alternada actividad alguna fuera de las que le corresponden a los legisladores soliciten licencia al cargo, teniendo el derecho de elegir la que más le convenga, dejando la oportunidad aquel que con esmero y entrega busque representar dignamente a los ciudadanos.
En resumen, lo que propongo quedaría de la siguiente manera:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Por lo anteriormente expuesto, compañeros y compañeras diputados reformar el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesaria para poner un alto a la insaciable ambición de hacer del servicio público un modo de vida para muchos malos mexicanos.
II. Fundamento legal de la iniciativa
Con motivo de esta iniciativa se incidirá en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Ordenamiento por modificar
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. Texto normativo propuesto
Por lo expuesto se presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no desempeñaran ninguna otra comisión, encargo o empleo en cualquier figura organizativa de tipo gubernamental a fin de conservar la independencia mental y de actuación que su encargo les confiere. Podrán aceptar cargos honorarios en la iniciativa privada que no interfiera con sus horarios y actividades legislativas. En caso contrario, solicitarán licencia a la cámara respectiva a fin de separarse de sus funciones como representantes populares mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.
VI. Artículo transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
2 Sobre la teoría de la representación popular y la división de los poderes de gobierno. Consultado en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2107/11.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Rosa Alba Ramírez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Luis Manuel Hernández León:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Decía José Vasconcelos, que la cultura engendra progreso y que si no hay cultura poco se le puede exigir a los ciudadanos de un país. La cultura identifica a una nación. La cultura es todo lo que ha hecho el hombre, el conocimiento, valores, costumbres, lo que caracteriza a un pueblo en una nación en una época determinada.
Por ello, la cultura también cuenta nuestra historia y es un legado que sirve de base a nuestra sociedad. En los últimos años se ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo, al ser un importante factor de cohesión social. Las distintas manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, son forma de exteriorizar nuestra tradición y es a través de ellas que se ha comenzado a hablar sobre importantes temas como la misma diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades marginadas, entre otras.
Es por ello que las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras, así como las reformas sociales, deben tomar en cuenta esta perspectiva cultural que permita atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad en su conjunto.
Es fundamental reconocer que la cultura es una gran influencia en el desarrollo social mediante el fortalecimiento del bienestar y las libertades a que aspiramos todos los seres humanos, toda vez que de una u otra forma envuelven nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones determinando en gran medida nuestra identidad individual y colectiva.
Por ello, resulta por demás pertinente la iniciativa que pongo a su consideración para incorporar a la Ley General de Desarrollo Social a la cultura como un derecho. El objetivo es humanizar el desarrollo cultural para que la persona de cada pueblo pueda informarse, aprender y comunicar sus experiencias culturales a todos los demás, pues si bien el desarrollo social es un proceso cuyo objeto consiste en conducir el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en los diferentes ámbitos, también debe de proporcionar equidad en dicho crecimiento a fin de coadyuvar a la democratización política, social, y cultural de la nación.
En este sentido, propiciar un acercamiento de las expresiones artísticas a la comunidad es una tarea fundamental para garantizar un verdadero desarrollo social.
Por el apoyo que brinden a esta iniciativa, señoras y señores legisladores, y por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Luis Manuel Hernández León, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Un cuestionamiento, en vísperas de ser atendido, consiste en resolver el por qué no se presta suficiente atención a la cultura cuando se investiga el funcionamiento de las sociedades, en general, y el proceso de desarrollo, en particular.
Para resolver esta interrogante, es preciso contextualizar que el único propósito de la cultura es influir en el desarrollo social, mediante el fortalecimiento del bienestar y de las libertades a que aspiramos todos los seres humanos.
Para alcanzar este designio, es necesario optar por un amplio enriquecimiento cultural, colmado de literatura, música, bellas artes y otras formas de expresión y prácticas culturales.
En la actualidad, las sociedades son más exigentes frente al desarrollo social; lo anterior se percibe cuando las políticas complementarias en los campos de la cultura, la educación, la ciencia y la comunicación establecen una ponderación armoniosa entre el adelanto técnico y la prominencia intelectual y decorosa de la humanidad.
A través de esa conjunción es que lograremos una verdadera transformación básica en el porvenir de las sociedades, y así conseguir una efectiva situación de éxito. Para conseguirlo, es importante tomar en cuenta los principios de la diversidad cultural, mismos que actualmente han empezado a rediseñar su posición frente a la economía y al desarrollo, los cuales han iniciado a descubrir y reconocer que el papel que juega la cultura es mucho más importante de lo que se creía.
Por ello, no es extraño notar que la mayoría de iniciativas en materia económica y social tienen mayores posibilidades de avanzar con éxito, si, a la par, se toma en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad. Visto de esta manera, consideremos que “tener un alto Producto Interno Bruto per capita pero poca música, pocas artes, poca literatura, etcétera, no equivale a un mayor éxito en el desarrollo”, evidenciando, así, la necesidad de combatir el desequilibrio que repercute en la realidad económica y el desarrollo social.
Por lo antes mencionado, acorde con las directrices de nuestra Agenda Parlamentaria, en Nueva Alianza consideramos trascendental implementar en la Ley General de Desarrollo Social a la cultura como un derecho, en aras de que todos debemos contribuir al desarrollo social y disfrutar del él, ya que, “de una u otra forma, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones”, así como el ejercicio de las libertades que anhelamos.
Exposición de MotivosSi dejamos de darle valor al papel que históricamente ha desempeñado la cultura, podremos asegurar que estamos dejando fuera, de manera sustancial, muchos de los componentes y recursos necesarios para los procesos de desarrollo.
En esa tónica, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ha señalado que éste “[...] es un derecho humano inalienable en virtud del cual, todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, (estando destinado el ser humano) a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él [...].”
Así, podemos deducir que el desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo o salarios, principalmente. Sin omitir que ello también implica la reducción de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la desigualdad en el ingreso.
En esa misma perspectiva, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, el cual debe de proporcionar la solidez, el dinamismo, la competitividad, la permanencia y la equidad al crecimiento de la economía, a fin de coadyuvar a la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
De esa norma constitucional emana la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), con el fin de dar sentido, orden y regulación a los procesos de institucionalidad en las distintas áreas sociales, en donde se garantice el pleno acceso de los derechos sociales.
En este sentido, el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social contempla, como derechos para el desarrollo social, a la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como los relativos a la no discriminación.
Al respecto, y en función de ese mandato, el Estado ha optado por implementar diversas estrategias destinadas a sufragar las necesidades básicas de la población; ello, a través de propuestas y modificaciones encauzadas a re-direccionar la Estrategia Nacional de Inclusión Social y la reagrupación de programas presupuestales, con el fin de priorizar la asignación de recursos públicos a esos programas.
Empero, sus resultados han estado alejados de lo esperado y, como consecuencia, se observa el continuo menoscabo en el ingreso de los hogares e incrementos en el rezago educativo, en la carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, alimentaria, así como carencias en la calidad y los servicios de la vivienda.
Con la intención de cambiar estos resultados fallidos, consideramos que es el momento oportuno para integrar el derecho a la cultura dentro del catálogo de derechos sociales de la política social, con el fin de asegurar un desarrollo equilibrado, mediante la integración de factores culturales en las estrategias sociales.
Ahora bien, el objetivo primordial para que la política de desarrollo social evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio, es extender el inventario de derechos sociales hacia un enfoque cultural; de ahí que sea necesario observar y atender lo que estipulan los distintos instrumentos internacionales que tratan el derecho a la cultura.
Primeramente, debemos decir que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se encargó de definir a la cultura como “[...] el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. En ella se engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones [...].”ación Universal de los Derechos Humanos fue el primer instrumento internacional en adoptar que “[...] toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten [...]”, como parte de un derecho de carácter universal y progresivo, tutelado por los principios de indivisibilidad e interdependencia.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tomo como base lo anterior y expuso que
“[...] 1. Los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas asegurarán el pleno ejercicio de este derecho, así también figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales [...]”.
Lo antes detallado demuestra que es indispensable humanizar el desarrollo cultural para que la persona de cada pueblo pueda informarse, aprender y comunicar sus experiencias culturales a todos los demás.
Además, debemos tener claro que toda política cultural debe rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo; para ello, se requieren nuevos modelos y es precisamente en el ámbito de la cultura en donde han de encontrarse.
En el contexto nacional, la Declaración de México sobre las Políticas Culturales ha establecido que “[...] la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos [...]”.
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “[...] toda persona tiene para el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural [...].”
Este mandato constitucional da origen a la reciente Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual señala que ésta “[...] promoverá y protegerá el ejercicio de los derechos culturales y establecerá las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural [...].”
Del mismo cuerpo normativo se desprende que “[...] la política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad [...].”
Lo anterior está amparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señaló que:
“[...] de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 de la CPEUM, en relación con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el Estado Mexicano (sic), y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional [...].”
Como bien se mencionó a lo largo de esta exposición, el derecho a la cultura debe ir de la mano del desarrollo social, en atención a que las acciones, hechos y consecuencias culturales se gestan como parte de un proceso real que crea, promueve, orienta, gestiona y transforma al Estado–nación, a través de estrategias que fortalecen la dimensión cultural de la vida individual y colectiva que se lleva a cabo en el seno de la sociedad donde éstas se presentan.
Esa situación se ve reflejada desde las culturas occidentales, mismas que se orientaron a la búsqueda y el fortalecimiento de los valores democráticos; sin embargo, aún dista mucho de esa realidad. Es por lo que creemos que es buen momento para iniciar los trabajos que nos permitan generar una cultura política democrática.
Cabe recordar que el valor estratégico que tiene la cultura dentro de la economía y su contribución fundamental al desarrollo económico, social y sustentable, remarca que los procesos de desarrollo económico y social sostenibles, así como la cohesión e inclusión social, sólo son posibles cuando son acompañados de políticas públicas que toman plenamente en cuenta la dimensión cultural y respetan la diversidad de los entes involucrados.
Finalmente, y no por ello menos importante, es conveniente mencionar que la cultura y las artes, por ser formativas como la educación, son consideradas herramientas clave para el desarrollo de las personas, de la sociedad y del país, que hoy más que nunca necesita abrir sus fronteras al conocimiento.
Por ello, en Nueva Alianza aspiramos a crear un mejor futuro cultural a través del permanente desarrollo de las ideas, la innovación y el fomento de la cultura y las artes.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social
Artículo Único. Se reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 6.Son derechos para el desarrollo social la educación, la cultura, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
i Disponible en:
http://www.letraslibres.com/mexico/como-importa-la-cultura-en-el-desarrollo
ii Ídem.
iii Disponible en:
http://www.un.org/es/events/righttodevelopment/declaration.shtml
iv Disponible en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dsocial.htm
v Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
vi Disponible en:
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics- culture-2009-spa.pdf
vii Disponible en:
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
viii Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
ix Disponible en:
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/ mexico_sp.pdf
x Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
xi Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487339 &fecha=19/06/2017
xii Ídem.
xiii Disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfDetalleTesis.aspx?SN=1 &Clase=DetalleTesisBL&ID=2001622 &Expresion=Derecho%20a%20la%20cutura.%20 El%20Estado%20mexicano%20debe
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de octubre de 2017.— Diputado Luis Manuel Hernández León(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Luis Manuel Hernández. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La presidenta diputada María Ávila Serna: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Por lo tanto, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores:Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Honorable asamblea. En representación de los integrantes de la Comisión de Economía que me honro en presidir, presento ante esta soberanía el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Es importante resaltar que el dictamen fue aprobado por unanimidad en nuestra comisión. El dictamen de la minuta proveniente del Senado, tiene por objeto fortalecer los derechos de los consumidores y otorgar mayores facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para generar mayor certidumbre jurídica en las relaciones de consumo.
La minuta surgió de diversas iniciativas provenientes de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Senadores y en su formulación se tomó en cuenta la opinión de diversas organizaciones de la sociedad civil, así como cámaras y organismos empresariales.
Es importante subrayar que la minuta que hoy discutimos también fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República.
Ya en esta Cámara de Diputados, la Comisión de Economía consultó de nueva cuenta a todas las fracciones parlamentarias y a los diversos sectores implicados, logrando consensos que se reflejaron en la unanimidad con la que se aprobó el documento que hoy presento ante esta soberanía.
Este documento constituye un esfuerzo sin comparación en los últimos años para generar, sobre todo, una mayor certidumbre jurídica en las relaciones de consumo.
Dentro de la minuta se establece que los proveedores no podrán incrementar los precios de bienes y servicios por fenómenos naturales, fenómenos meteorológicos o contingencias sanitarias, y tampoco aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente.
Asimismo, se prohíbe incluir información o publicidad engañosa en la comercialización de un producto o servicio.
Con relación al comercio electrónico, se contempla que el proveedor que ofrezca o venda productos o servicios utilizando medios electrónicos, deberá cumplir con la norma mexicana expedida por la Secretaría de Economía.
También se reforzarán las facultades de la Profeco en su labor de defensa de los consumidores, otorgándole nuevas herramientas para su actuación, por ejemplo: alertas dirigidas a los consumidores.
En caso de que se presenten multas que imponga la Profeco, se podrán considerar como créditos fiscales y podrán ser cubiertos a través de medios electrónicos, lo cual fortalece la transparencia en su cobro y así generar confianza en el mercado y certidumbre jurídica tanto para los proveedores como para los consumidores y las autoridades correspondientes.
También se establece un plazo de 10 días para el retiro de los sellos de suspensión o advertencia, en caso de que sean colocados en los establecimientos como una medida precautoria. Al día de hoy la ley no contempla un plazo perentorio para que la autoridad retire los sellos a los empresarios que ya cumplieron con lo señalado por la Procuraduría.
Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que presentamos busca proteger y promover efectivamente los derechos de los consumidores fortaleciendo la supervisión y robusteciendo la acción de las autoridades para contribuir a un mejor funcionamiento del mercado, y con esto, mejorar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo.
Es por eso que el día de hoy, a nombre de la Comisión de Economía, solicito a todos ustedes compañeras diputadas y compañeros, el voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna:G racias a usted, diputado Jorge Enrique Dávila.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra, por cinco minutos cada uno de ellos.
Por el Partido Encuentro Social, la diputada Nancy López Ruiz; por el Partido Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García; por el Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Luis Ernesto Munguía González; por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Lorena Corona Valdés; por el Partido Morena, el diputado Alejandro Armenta Mier; por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Lluvia Flores Sonduk; por el Partido Acción Nacional, diputado Miguel Ángel Salim Alle; y, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Fernando Uriarte Zazueta.
Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Nancy López Ruiz.
La diputada Nancy López Ruiz:Buenas tardes. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Nancy López Ruiz: Honorable asamblea, la aprobación del dictamen que hoy nos ocupa conlleva una reforma integral y robusta para actualizar la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que atiende no solo las iniciativas de los diversos grupos parlamentarios del Senado, sino también las inquietudes del Poder Judicial y de diversos diputados federales, entre los que podemos referir al diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El mencionado legislador en abril pasado presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de actualización de sanciones. Con la publicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor en 1976, México fue la segunda nación de América Latina en contar con una ley en la materia, que encuentra su sustento en el artículo 28 constitucional. En dicho precepto se reconocen los derechos de los consumidores, reenvía a la ley secundaria el cuidado de sus intereses y a la Procuraduría Federal del Consumidor las facultades al afecto.
La Profeco, como organismo público descentralizado, nació para promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo responsable e inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Entre las principales luces del dictamen de mérito se destacan:
La garantía que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.
El establecimiento de sanciones por obstaculizar o impedir visitas de verificación.
La emisión de alertas dirigidas a consumidores de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad; su retiro, destrucción, reparación y sustitución.
La prohibición de publicidad que indique que un producto es avalado por asociaciones profesionales cuando no se cuente con soporte fehaciente y científico.
La obligación de guiarse por las normas mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía para el ofrecimiento y comercialización de productos o servicios por medios electrónicos.
Asimismo, en el dictamen se contienen aspectos tales como las ventas a domicilio o fuera del establecimiento mercantil, contratos de adhesión e incremento en la temporalidad de uno a tres años para que se configure la reincidencia.
En Encuentro Social estamos comprometidos con la construcción de una cultura de consumo responsable e inteligente, a fin de que los consumidores tengan la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo y los derechos que le asisten.
Conscientes de esta necesidad, hemos presentado diversas iniciativas que, cabe señalar, han sido desechadas o precluidas. Estamos seguros que el consumo inteligente como facilitador de mejores condiciones económicas hace referencia a la adquisición racional de bienes y servicios, sin llegar a elevados niveles de consumo que sean insostenibles para la economía del consumidor.
Para ello, es necesario contar con información clara y suficiente para adquirir la capacidad de elegir los bienes y servicios que satisfagan realmente las necesidades del consumidor, sin que afecten su economía familiar. Por todo lo expuesto, en conciencia y con congruencia votaremos a favor.
Un México en que el consumo responsable e inteligente sea para todos es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Nancy López Ruiz. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza. Por cinco minutos, diputado.
El diputado Carlos Gutiérrez García:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy hago referencia al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya finalidad es actualizar la ley para defender de una forma más eficaz a los consumidores del país.
Es importante destacar que la presente reforma es fruto de meses de trabajo, en los que se analizaron a fondo las propuestas y se reunieron opiniones y puntos de vista de los diversos sectores involucrados para atender las inquietudes de los consumidores.
La reforma que se encuentra a consideración de la asamblea es sumamente amplia y pretende, entre otras cosas, establecer las bases mínimas para la operación del comercio electrónico, procurando ante todo el bienestar del consumidor y fomentando la competencia.
También se precisa la prohibición de los proveedores de incrementar injustificadamente precios debido a fenómenos naturales, meteorológicos, o contingencias sanitarias. De igual manera se incrementan las atribuciones de la Profeco, incluyendo la de emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad.
Asimismo, se faculta a la Profeco para retirar del mercado los bienes o productos cuando se haya determinado que ponen en riesgo la vida o la salud del consumidor y, en su caso, ordenar la destrucción de los mismos, a fin de evitar su comercialización.
Una de las reformas que conviene destacar es la prohibición de incluir en la información o publicidad de un producto o servicio, toda leyenda que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, si no se cuenta con la documentación que soporte con evidencia científica las cualidades o propiedades de producto o servicio. Esto es una manera de poner un alto a la publicidad y comercialización de los llamados productos milagro.
En Nueva Alianza estamos de lado de los consumidores, es por ello que coincidimos con lo antes planteado, ya que es una forma de contribuir a salvaguardar los derechos de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez. A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado Luis Ernesto Munguía González:Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La agenda de defensa de los consumidores, es una agenda eminentemente ciudadana.
En la relación entre consumidores y empresas podemos observar abusos y atropellos, que reflejan una falta de Estado de derecho y una ausencia de reglas claras. En este sentido, es nuestra responsabilidad incidir en cualquier espacio donde podamos defender a los ciudadanos.
Desde el principio de la legislatura, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la agenda de defensa y protección de los consumidores ha sido una prioridad, por ello hemos impulsado temas que ya han salido adelante, como la defensa de los usuarios de aerolíneas y servicios de telefonía móvil, así como otros rubros que continúan en esta Cámara, como la protección de usuarios de seguros, de servicios financieros, de espectáculos públicos y recientemente la agenda de derechos digitales.
El día de hoy discutimos un dictamen que plantea diversas modificaciones en materia de protección a los consumidores, particularmente castigar el alza injustificada de los precios durante fenómenos naturales, fortalecer las visitas de verificación, empoderar a la Procuraduría Federal del Consumidor, revisar la publicidad de los proveedores y regular las ventas a domicilio o fuera de los establecimientos mercantiles.
La defensa de los consumidores debe ser entendida como un espacio fundamental de acción, para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana.
Por ello, en Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen y nos sumamos a todos los esfuerzos que promuevan la defensa de los consumidores, porque esta es una vía para fortalecer nuestras instituciones y la economía mexicana, con los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Luis Ernesto Munguía. A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lorena Corona Valdés:Compañeros legisladores, el dictamen que está a discusión constituye una amplia reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual es producto de un largo proceso de discusión entre el sector empresarial, la sociedad civil y los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cabe destacar que las reformas que se proponen en esta ley incorporan las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, lo que permitirá que contemos con mejores prácticas globales en la defensa del poder adquisitivo y la economía familiar, siendo México uno de los referentes en América Latina en la defensa de los derechos de los consumidores.
Esta minuta busca fortalecer la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Se basa en cuatro ejes temáticos:
Uno. La protección de la vida, salud y seguridad de los consumidores.
Dos. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios.
Tres. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva.
Y cuatro. El derecho de acceso a productos que no sean peligrosos.
De conformidad con lo anterior, la calidad y seguridad de los productos o servicios que se comercializan en el mercado son los retos que tienen las empresas frente a nosotros los consumidores.
La intención de esta reforma legal es impedir el empleo de prácticas que perjudiquen a los consumidores, garantizando a su vez que los fabricantes, los distribuidores y cuantos participen en la provisión de bienes y servicios respeten nuestros derechos.
Además, las reformas que hoy se someten a consideración del pleno permitirán alentar las buenas prácticas comerciales entre proveedores y fomentarán una competencia leal y afectiva, lo que incentivará que nosotros los consumidores tengamos la posibilidad de elegir productos y servicios dentro de un mayor surtido y a precios mucho más bajos.
En materia de fortalecimiento de los derechos, se reconoce el derecho del consumidor de revocar su consentimiento en un periodo de cinco días, aumenta el plazo de garantía de 60 a 90 días. En el caso de reposición del producto, este deberá ser nuevo.
En materia de comercio electrónico se regula la comercialización de productos o servicios cuando se utilicen medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, estableciendo que se guiarán por las disposiciones de la norma mexicana que expida la Secretaría de Economía.
Por otra parte, se prohíben prácticas comerciales abusivas, ya que establece que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales meteorológicos o contingencias sanitarias.
En resumen, este dictamen recoge las propuestas de actores relevantes para la economía nacional y productores de bienes y servicios de alta especialización, como lo son la emisión de alertas y llamados a revisión, así como la reposición de productos. Asimismo, se incorpora el concepto de venta fuera del establecimiento mercantil y de ventas a domicilio.
Compañeros, en el del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México estamos convencidos de que estas reformas resultan fundamentales, pues fortalecen el marco jurídico que regula las relaciones de consumo, dan mayor certeza a los consumidores respecto de las condiciones reales de los bienes o servicios para tomar decisiones inteligentes en la compra de los productos y abren camino a una legislación vanguardista que garantiza la defensa de los consumidores.
Por lo expuesto, los invito, al igual que lo haremos en mi grupo parlamentario, a votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Lorena Corona. A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alejandro Armenta Mier:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Armenta Mier: Amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores diputados. En el siglo XX surgieron las primeras manifestaciones de los consumidores en contra de la especulación y de abuso de los proveedores.
En México los consumidores están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que reconoce como principios básicos de las relaciones del consumo a la protección de la seguridad, la vida y la salud del consumidor. Desde luego el derecho a la educación y divulgación, el derecho a la efectiva prevención, reparación de daño, el acceso a los órganos administrativos, el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor.
El dictamen integrado por la Comisión de Economía, a partir de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta ley, presentó varios avances que fueron analizados por los diputados de Morena que participaron en estas comisiones.
Entre ellos destacan las disposiciones más claras, a fin de que los proveedores mantengan mejor informados a los consumidores. La protección implícita al consumidor de cargos que no hayan contenido ni consentido. La obligación de los proveedores de justificar cualquier incremento en los precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, así como la configuración de infracciones al hecho de que los proveedores impidan las visitas de verificación y el procedimiento administrativo que ordena la Profeco. Todos estos aspectos desde luego que han sido analizados.
Morena siempre está a favor de la población y de los consumidores que con gran sacrificio lucha por salir adelante con su familia y sus necesidades básicas. Nuestro partido impulsa la economía nacional y a los empresarios locales que respetan a la salud alimentaria y desde luego con honestidad cumplen con su función en el mercado interno y en la economía. Defender al pueblo de México, darle voz a los reclamos sociales, es nuestra obligación elemental de los diputados que integramos esta Cámara.
En Morena, los diputados federales entendemos con claridad las necesidades sociales y la protección que debemos de dar a los consumidores en México ante los abusos y excesos que la población reclama.
El Grupo Parlamentario de Morena se manifiesta a favor en lo general de este dictamen. Presidenta, le regreso dos minutos que en otras ocasiones me he excedido. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra, la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, por cinco minutos.
La diputada Lluvia Flores Sonduk:Buenas tardes, compañeros y compañeras. Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Gracias. El dictamen que la Comisión de Economía nos presenta para su discusión incluye algunas modificaciones al proyecto original contenido en la minuta del Senado, que dan precisión a los actos contenidos en las mismas y que fueron consultadas por organismos y algunas otras dependencias.
En todo caso, el proyecto en su conjunto ofrece un marco adecuado para robustecer la capacidad de la Procuraduría Federal del Consumidor de actuar a favor de los derechos del consumidor, producto de diversas iniciativas propuestas por todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Senadores.
Tiene el mérito de establecer una serie de precisiones que aseguran de mejor manera los derechos de los consumidores y sustantivamente incluye la capacidad de parte de la procuraduría para ejecutar sus resoluciones. Además, permite que sus órganos de difusión amplíen sus servicios incluyendo referencias de otras dependencias y alertas a los consumidores sobre riesgos a la salud.
Destaca el amplio espectro de actuación que se deriva de la reforma a la ley, con lo que la procuraduría estará para atender las formas de comercio en el marco de las nuevas tecnologías de la información y de los servicios de acceso a dichas tecnologías, así como la prohibición de ocultar o incrementar los precios de forma especulativa en situaciones de vulnerabilidad social después de acontecimientos meteorológicos graves y otros desastres. Esta reforma defiende los derechos del consumidor, de la población. No se puede seguir golpeando a un pueblo que ha sido golpeado.
Si bien el proyecto en comento representa un avance sustantivo queda claro, conforme las prácticas comerciales evolucionen, será necesario no olvidar que como consumidores nuestros derechos deben estar salvaguardados por la ley.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, a favor del derecho de los consumidores y a favor del pueblo de México. Gracias. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Lluvia Flores. A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle:Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, presidenta. Compañeros diputados, desde el inicio de esta Legislatura para Acción Nacional ha sido un compromiso proteger y promover los derechos de los consumidores a través de la presentación de diversas propuestas que den certeza y seguridad jurídica a la relación entre proveedores y consumidores, por lo que votaremos a favor del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y votaremos a favor porque consideramos que para fomentar el consumo inteligente y procurar la seguridad jurídica y la equidad entre proveedores y consumidores, tenemos que dotar de mayores atribuciones a la Profeco.
Por eso celebramos la aprobación de esta minuta que establece —entre otras cosas— que los proveedores deberán informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezcan al consumidor. La minuta también establece que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente sus precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.
Asimismo, se reconocerá el derecho del consumidor de revocar su consentimiento bajo un periodo de reflexión de cinco días para productos o servicios como tiempos compartidos, internet o ventas a domicilio.
De la misma forma dotamos de mayores atribuciones a la Profeco con las siguientes disposiciones:
Primero. La posibilidad de emitir alertas dirigidas a los consumidores y a otras autoridades para dar a conocer productos, bienes o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad, la economía del consumidor, y así como ordenar su reparación o sustitución.
Segundo. La prohibición de incluir en la información o publicidad de los productos o servicios toda leyenda que indique que han sido avalados o recomendados por sociedades o asociaciones profesionales cuando estas carezcan de la documentación apropiada y la evidencia científica que lo soporte. Por ejemplo, en este caso podemos decir: no más productos milagros que dañan la salud de los usuarios.
En esta legislatura hemos realizado esfuerzos valiosos aprobando reformas que permitan a los consumidores estar mejor orientados y mejor protegidos. Aprovecho esta ocasión para informar a esta asamblea y a los ciudadanos que nos siguen a través del Canal del Congreso que otro de estos esfuerzos a favor de los consumidores fue la aprobación del dictamen de los derechos de los usuarios de las líneas aéreas.
Aquí quiero hacer una felicitación a todos los diputados por la aprobación de esta ley que entró en vigor el pasado 8 de noviembre. Con esta reforma ahora los pasajeros tienen la oportunidad de conocer en tiempo real, a través de medios electrónicos las causas por las que sus vuelos se encuentran demorados, y en su caso, exigir las compensaciones establecidas por las líneas aéreas, todo esto en favor de los usuarios y los consumidores.
Amigas y amigos, estas reformas que ahora son una realidad, así como el dictamen que estamos discutiendo, son un claro ejemplo que las autoridades y el sector privado sí pueden ponerse de acuerdo a favor de los consumidores, a favor de las empresas y a favor de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Salim. A continuación, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta:Con su venia, señora presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta: Compañeros y compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario del PRI va a apoyar este importante dictamen porque va en consonancia con nuestros propósitos de procurar la mayor protección en todos los órdenes, para todos los mexicanos, porque el documento plantea como objetivo central la protección, el fortalecimiento de los derechos de los consumidores, que somos todos, el derecho a tener productos seguros, el derecho a elegir, el derecho a ser informado, el derecho a ser escuchado. Este es un muy importante dictamen porque va a proteger a los mexicanos.
El dictamen que hoy votamos fue el resultado de una inclusión en su análisis de siete iniciativas presentadas por diferentes legisladores y que tuvo la discusión más amplia, tuvo el consenso final porque hubo un trabajo previo con las organizaciones, con las Cámaras, con todos los involucrados en este tema.
Y, aunque se aprobó por unanimidad en el seno de la Comisión de Economía, a cuyos integrantes por supuesto felicito, muy en especial a su presidente por la templanza y la pluralidad con la que llevó y con la que se llevó el debate, no estuvo exento de discusión. Se hizo un debate rico, sano y productivo.
Sobre las medidas que contienen estas reformas ya se ha comentado inextenso por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Señalaré solamente algunas cuantas que me parecen relevantes:
El prohibir las prácticas comerciales abusivas, como incrementar los precios de manera injustificada cuando hay desastres naturales o contingencias sanitarias. Este es un tema que está muy vigente, que está muy en boga, y que creo que viene esta ley, estas reformas, con toda oportunidad.
El pasar de 60 a 90 días las garantías que se ofrecen por un producto, lo cual es un tiempo necesario para poder observar el funcionamiento y la calidad del mismo.
Esta ley va a regular el comercio electrónico, que ha crecido de manera meteórica en estos últimos años. Y le va a dar certeza a aquellas personas que quieran realizar sus operaciones en línea, lo cual nos va a situar dentro de las mejores prácticas internacionales, dentro de las mejores prácticas globales.
Este dictamen va dirigido a fortalecer, a robustecer a las instituciones en beneficio de los mexicanos. Y es el resultado de hacer política, de hacer alta política, la que se discute para llegar y para establecer acuerdos, donde hay debates parlamentarios ríspidos, sí, pero siempre para llegar a confeccionar buenas piezas legislativas, que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas.
Esta es una ley que cumple con el propósito fundamental, que va a desembocar en políticas públicas que incidan positivamente en las personas, porque esta es la esencia de la política.
Lo que va a hacer esta ley es proteger y cuidar a los mexicanos. Esta ley va a impactar favorablemente porque va a cuidar los bolsillos de los mexicanos. Esta ley va a impactar favorablemente porque va a permitir un mejor aprovechamiento del tiempo de los mexicanos y sobre todo, algo más importante, porque va a impactar en la confianza de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Uriarte. Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, en virtud que de conformidad con el artículo 109, no hay artículos reservados en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores diputados, me permito informar a la asamblea que nos acompañan y son testigos de esta votación, estudiantes de la Universidad Anáhuac, invitados del diputado Felipe Cervera Hernández, que espero se lleven la mejor de las impresiones de esta Cámara de Diputados. Bienvenidos. Uno de ellos es sobrino de Sara Latife. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera diputada o diputado que falte de emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está llegando a votar el diputado Amaro, la diputada Soto.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 384 votos, 0 abstención, 0 en contra, de un total de presentes 384. Es cuanto.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 384 votos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado, de Chihuahua, Alex Le Baron González, para fundamentar el dictamen, gracias, Alex.
El diputado Alex Le Baron González:Con su permiso, diputada presidenta. A nombre de la Comisión de Cambio Climático, con el permiso de los compañeros y compañeras diputados. México ha sido uno de los países más activos para impulsar acuerdos que buscan combatir y reducir xfue el segundo que promulgó una ley general en materia de cambio climático y en lo que establece compromisos y acciones que deben adoptar todos los niveles de gobierno.
Fuimos el primer país en desarrollo en presentar nuestra contribución nacionalmente terminada, en la cual planteamos metas, la mitigación y adaptación al cambio climático, pero también la vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático es sumamente alta.
El 15 por ciento del territorio, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento de la economía, es vulnerable a los efectos de este fenómeno que cada año nos azota con huracanes, sequías e inundaciones más intensas.
Por ello, el cambio climático es una asignatura que compete a todos los niveles de gobierno y de ahí la Ley General de Cambio Climático asigna atribuciones a la federación, a los estados y a los municipios, y ordena la creación de un fondo con recursos federales.
De igual forma, el Acuerdo de París, acuerdo ratificado prácticamente por todos los países del mundo, considera la importancia de que todos los niveles de gobierno y diversos actores asuman compromisos para mitigar los efectos y adaptarlos de una forma contundente a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, en el caso de nuestro país, al hacer una revisión de las identidades con legislación en materia del cambio climático, es evidente que no ha sido una prioridad para incorporar en diversas entidades federativas y más aún, la preocupante irregularidad en cuanto a la formulación de programas que plasmen objetivos y metas en relación a las acciones de mitigación al cambio climático.
La reforma que se propone y se pone a consideración de la asamblea el día de hoy busca promover en los gobiernos locales la generación de políticas en materia de cambio climático, enfocadas en las necesidades de cada lugar, políticas que van, desde instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos de nuestro país, monitoreo de la calidad del aire en las zonas urbanas y metropolitanas, mejorar la seguridad alimentaria, desarrollo rural, infraestructura, educación, ordenamiento territorial, residuos, protección civil e inclusive, prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático.
Porque una cosa nos queda clara a la Comisión de Infraestructura y a todos nosotros, en el momento en que las autoridades estatales y municipales consideren, entre sus prioridades, una política de cambio climático, estas autoridades diseñarán instrumentos y proveerán los recursos necesarios para implementarlos.
Por ello, el dictamen que presentamos el día de hoy busca modificar la Ley General de Cambio Climático para que los municipios tengan las siguientes atribuciones: gestionar, asignar y administrar recursos que el día de hoy quedan en manos de la federación. Y ejecutar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
Por otra parte, se establece que además de la federación y las entidades federativas, los municipios, circunscribiéndose, por supuesto, estrictamente al ámbito de las respectivas competencias de lo que establece la ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, participen en el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático.
Esperamos contar con su apoyo de parte de la Comisión de Cambio Climático. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Alex Le Baron González.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario el diputado proponente de la iniciativa que da origen al dictamen que hoy está a discusión. Le cedo el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz:Con su permiso, diputada presidente. La Tierra no es del hombre, el hombre es de la Tierra. Si bien la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna el mayor premio, no el que podemos darle sino el que podemos darnos, es cuidarla.
El cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos para nuestro futuro, por lo tanto, es uno de los mayores desafíos y retos que como humanidad hoy enfrentamos. Las tareas a realizar con la finalidad de inhibir los efectos nocivos del aumento de la temperatura a nivel global son inmensas para todos los integrantes de las sociedades contemporáneas.
A nivel internacional se han venido realizando una gran cantidad de acciones con la finalidad de encontrar rutas de solución a dicho fenómeno, por ejemplo el Acuerdo de París, que establece la importancia de que todos los niveles de gobierno y diversos actores asumamos el compromiso específico para la asignación de recursos y conformación de fondos respecto a la mitigación de los efectos del cambio climático, cuyo principal objetivo es contener el nivel de incremento de la temperatura en dos grados Celsius.
La agenda es transversal, es necesario invertir en energías limpias, en reforestación, en potabilización del agua, en transporte y en prevención de desastres naturales. La ONU estima que para lograr un desarrollo sostenible se necesitan invertir entre 5 y 7 billones de dólares anuales, y buena parte de ese dinero debe servir para financiar la transición a una economía mundial baja en carbono y también resiliente.
El cambio climático es una asignatura que compete a todos los niveles de gobierno, siendo la ley general en la materia la que asigna las atribuciones a la federación, estados y municipios y ordena la creación de un fondo únicamente con recursos federales.
El ejercicio de recursos para el combate al cambio climático debe contar con otras alternativas que puedan enfocarse en las problemáticas de cada región. Demos soluciones regionales a los retos nacionales.
El presente decreto reforma la Ley General de Cambio Climático y propone que las entidades federativas tengan también atribuciones para destinar parte de sus recursos para ejercerlos en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Con esta propuesta las entidades federativas deberán programar flujos directos y propios de recursos para hacer frente a sus necesidades específicas, lo cual favorece su autonomía presupuestal y fortalece también su capacidad de prevención y atención a problemáticas locales relacionadas con el cambio climático.
Compañeros, somos la primera generación de mexicanos que resiente la fuerza y la magnitud de este fenómeno, y quizá también seamos la última generación que tenga la oportunidad de hacer algo. Por ello reitero, no hay esfuerzo menor al reto mayor que como sociedad actualmente enfrentamos, cerrarle el paso al cambio climático.
En nuestras manos, en nuestras acciones, en nuestras respuestas frente a este reto, está la posibilidad de que nuestros hijos sigan disfrutando del gran tesoro de la naturaleza, de México y de nuestro planeta. En nuestras manos está impulsar en nuestros hijos una nueva generación y una nueva consciencia que los convierta en ciudadanos responsables no solo de México, sino en ciudadanos responsables del mundo.
Amigas y amigos, votaremos a favor del presente dictamen para combatir el cambio climático y sus efectos negativos en el nivel de bienestar de la población. Dichas acciones requieren del respaldo de recursos económicos accesibles, oportunos y constantes.
No le demos la espalda a este hecho, la respuesta está en todos y juntos podemos lograr un mundo mejor para nuestros hijos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Tomás Montoya Díaz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras se recaba la votación, quiero saludar con mucho cariño a amigos del municipio de Pachuca del estado de Hidalgo, invitados por nuestra querida compañera Liliana Oropeza. Sean ustedes muy bienvenidos.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se consulta a la asamblea si queda alguna diputada o diputado por emitir su voto. Continúa abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o., y 91 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Permítanme abrir un paréntesis porque para esta honorable asamblea el año 2017 representó la oportunidad de que el Canal del Congreso impulsara diversas series y contenidos para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esas producciones destaca la serie Nuestra Carta Magna Memorias de un Siglo, la cual fue seleccionada por la Fundación José Pagés Llergo para recibir el galardón del mismo nombre en la categoría Documentales.
Esta serie de cuatro documentales históricos de 30 minutos de duración cada uno, nos remite a los inicios del constitucionalismo mexicano al proceso de conformación del Constituyente, y a la elaboración de la Constitución del 17, así como sus cambios y reformas hasta la actualidad.
El premio será entregado el día de mañana, por lo que esta Mesa Directiva expresa su más sincera felicitación a la directora del Canal del Congreso, maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, y a todas las trabajadoras y trabajadores técnicos del Canal del Congreso por este merecidísimo reconocimiento. Muchas, muchas felicidades.
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Población con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Dictamen de la Comisión de Población con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, de conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción IV, del Reglamento de esta Cámara, se le concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Mota Hernández, para fundamentar dicho dictamen, su tiempo es de cinco minutos diputado, muchas gracias.
El diputado Adolfo Mota Hernández:Gracias, presidenta. Hace apenas unas sesiones en este mismo Congreso, en esta Legislatura, se abordaba el tema de repatriados en el aspecto educativo, un tema neurálgico y vital que con los tiempos que vive nuestra nación, con el vecino país del norte, tomó una enorme importancia, sobre todo para aquellos que con justa preocupación al reingresar a nuestro país, no tenían la certeza de revalidación de planes de estudios y de estudios en sí mismo, una mejora al sistema educativo a hacerlo más sensible, enfocada definitivamente a la niñez.
Por eso, esta iniciativa que ingresó a la Comisión de Población, encontró inmediatamente unanimidad en sus miembros y fue dictaminado a favor. Esta reforma al artículo 83 de la Ley General de Población ha sensibilizado prácticamente a todos los miembros de la Comisión de Población por ser el tema de repatriados, un tema que no es, sino que va siendo en su conjunto, que va formulando ideas conforme se van dando los tiempos y que exigen de los legisladores que la atención al mismo sea de forma integral.
El gobierno federal ha venido modernizando poco a poco los sistemas y mecanismos, creando lo mismo una procuraduría que mejorando la atención de los derechos humanos y generando programas como el de Somos Mexicanos.
Desde la Cámara, nosotros, los legisladores, hemos fortalecido en diversos numerales el tema de migración y facultado a jefes de oficinas consulares para expedir actas del Registro Civil en favor de mexicanos con domicilio fuera del territorio nacional.
La Procuraduría Federal de Defensa de los Migrantes sanciona a quienes, en su cargo de servidores públicos, nieguen a los migrantes la prestación de servicios o el ejercicio de sus derechos y garantizar una inclusión, como lo decía antes, en el sistema educativo.
Ahora, con esta mejora a la Ley General de Población, esta reforma al artículo 83 provee a la Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de ver este tema que, como decía, va siendo, va generando condiciones y exigencias a nuestro país para verlo de manera integral.
¿Qué quiero decir con esto? Que la Secretaría de Gobernación pueda coordinar, con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, programas que brinden a los repatriados, orientación en materia de salud, educación y vivienda. Faciliten la acreditación de su nacionalidad, su regularización migratoria y la revalidación de estudios. Impulsen su inserción en el mercado laboral o en actividades productivas. Promuevan su reinserción social a fin de que su regreso sea digno, productivo y benéfico para México y para el propio repatriado.
En suma, se trata de garantizar los derechos de los mexicanos repatriados a través de una atención integral. Por eso es que creo que ha generado consenso y no mayor debate. Y le pone el énfasis a lo que la Comisión de Población ha venido diciendo una y otra vez en la expresión de sus integrantes, que nos interesa este tema sobre manera, que la Ley General de Población que ha venido sufriendo consideraciones o reformas someras a lo largo de los años, hoy se actualice, esté atenta al tema de repatriados.
Y quienes nos sintonicen en el Canal del Congreso, y tengan esta preocupación, puedan mirar en este dictamen la sensibilidad del Congreso mexicano para que quienes regresan a nuestro país encuentren no solamente las puertas abiertas como una manera de actitud, sino también los artículos y las condiciones legales necesarias, para que encuentren en nuestro país un regreso integral en lo educativo, en lo social, en la salud, en sí mismo, en la sensibilidad del legislador de generar las condiciones para que encuentren empleo, mejor a sus familias y encuentren en su país el regreso que merecen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Adolfo Mota Hernández.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de esta Cámara, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien también es el proponente de la iniciativa que da origen a este dictamen. Adelante, diputado. Su tiempo es de cinco minutos.
El diputado Ulises Ramírez Núñez:Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Primero quiero agradecer a la Comisión de Población, al presidente y a todos sus integrantes, por haber votado por unanimidad esta modificación al artículo 83 de la Ley General de Población, y lo hago pensando en los millones de mexicanos que viven con preocupación en Estados Unidos, producto de las más agresivas políticas migratorias en aquel país.
Quién no tiene cerca a un conocido, a un vecino, a un familiar, que le preocupa algo que es muy importante, que sus familiares puedan ser repatriados y que cuando lleguen a México no encuentren las condiciones suficientes para poder sacar adelante su familia. Justamente por esto, pensando justo en esto es que presentamos, a nombre del Partido Acción Nacional, algo que es prioridad para nosotros: la seguridad, la integridad y el respeto a la dignidad de todos los migrantes, paisanos nuestros, que se encuentran en Estados Unidos.
Por ello, más allá de los programas que ya señaló el presidente de la Comisión de Población, que ya existen en el gobierno federal, estamos tratando de plantear ahora una política transversal que no sea solamente temporal o de algún gobierno, sino que esta política transversal obligue a los tres órdenes de gobierno a coordinarse de manera estratégica y prioritaria, para dotar a esos migrantes de algo que necesitan. Necesitan información inmediata y apoyo en tema de salud, en temas de vivienda y, por supuesto, en temas de educación.
Algo que es prioridad para nosotros es que aquellos jóvenes, aquellos estudiantes que no pudieron concluir sus estudios en Estados Unidos y sean repatriados, puedan ser validados sus estudios en nuestro país.
También estamos planteando que, a través de esta coordinación, se puedan establecer programas específicos para dotar de empleo a las familias que sean repatriadas y, por supuesto, dotar a nuestros compatriotas de las mejores condiciones de vida, una vez que se vean afectados por las políticas migratorias en Estados Unidos.
Por eso quiero invitarlos a todos ustedes, al tiempo que agradezco a todos los partidos que integran la Comisión de Población, por haber aprobado esta iniciativa al artículo 83 de la Ley General de Población.
A nombre de la Cámara, y particularmente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, queremos decirles y alzar la voz a todos nuestros compatriotas que están sufriendo o padeciendo por esta política migratoria en Estados Unidos: Estamos con ustedes, estamos de la mano con ustedes, estamos preocupados por ustedes y estamos actuando en consecuencia a favor de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Ulises Ramírez Núñez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras se recaba la votación, esta Presidencia le desea muy feliz cumpleaños a nuestra diputada secretaria Verónica Delgadillo. Muchas felicidades, diputada.
De igual manera queremos saludar a los presidentes municipales del estado de Chihuahua presentes en esta sesión, quienes fueron invitados por el diputado Germán Ralis Cumplido. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este pleno.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? El tablero sigue abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 385 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 385 diputados presentes.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Escobar Manjarrez, quien por la Comisión pasa a fundamentar dicho dictamen.
El diputado Germán Escobar Manjarrez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a fundamentar el dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego que me honro en presidir, y donde por unanimidad de todas las fuerzas políticas se adiciona el artículo 47 K de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
El pasado 18 de noviembre del 2015, el senador Gerardo Flores Ramírez presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 K de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
El 26 de abril de 2016 el Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal en cuestión, y remitido a esta Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 29 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, que contiene el proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal para su dictamen correspondiente.
El dictamen que se somete a la consideración de ustedes el día de hoy tiene por objeto implementar un sistema de minimización de riesgo de contaminación, a través de la recolección de envases vacíos de plaguicidas, —los cuales en ocasiones son reutilizados— con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas agrícolas, prevenir los riesgos de daño en la salud de los consumidores de vegetales y de quienes se involucran en el manejo de plaguicidas, así como reducir perjuicios en los recursos naturales y el desarrollo ambiental.
Con la finalidad de salvaguardar la fuerza rural que se dedica a la actividad agrícola para la obtención de alimentos, se hace necesario realizar buenas prácticas agrícolas, hacer buen uso de agroquímicos, realizar un adecuado manejo de envases vacíos de plaguicidas para evitar todo tipo de riego sanitario y daño ambiental.
Frente al escenario antes descrito, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, Senasica, lleva a cabo el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, el cual tiene por objeto establecer el manejo adecuado e integral de los envases de agroquímicos que se utilizan en la producción primaria en el territorio nacional.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, los envases de plaguicidas que se han manejado incorrectamente son peligrosos para los seres humanos y para el medio ambiente, puesto que existe el peligro de que los envases vacíos puedan ser utilizados para almacenar agua y alimentos, lo que podría provocar envenenamiento por plaguicida. De igual manera, los envases abandonados en la naturaleza pueden generar contaminación en los suelos y en afluentes subterráneas del agua.
Ante la complejidad de ese escenario, la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria suscribió un convenio para la elaboración conjunta del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, interviniendo también la Sagarpa, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Es de destacar que para el año 2014 Senasica, a través del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, conocido como Conservemos un Campo Limpio, contribuyó a la recolección de 3 mil 11 toneladas de envases vacíos y que para el año 2015, logrando para 2016 arriba de 2 mil 500 toneladas de envases de plaguicidas de uso agrícola, los cuales son considerados como residuos que dejan de contaminar el ambiente.
Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valoración y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos, urbanos y de manejo especial, para lo cual distribuye competencias a los tres niveles de gobierno y establece mecanismos de coordinación, instrumentos administrativos y medidas de control, seguridad, infracciones y sanciones.
Por lo que esta reforma fortalece el Título bis respecto a los sistemas de reducción de riesgo de contaminación a la producción primaria de los vegetales de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Por lo anteriormente expuesto y en aras de consolidar la instrumentación de buenas prácticas agrícolas en los campos que benefician nuestro suelo, mantos acuíferos y repercuta favorablemente a nuestro medio ambiente y al cambio climático, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego que me honro en presidir, solicitamos del aval del pleno de esta Cámara para seguir dotando de mejores instrumentos legales al sector agropecuario, que permitan modernizar las actividades de todos los eslabones de la cadena productiva con la finalidad de producir alimentos más inocuos para los mexicanos. Por su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Germán Escobar Manjarrez.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien además es el proponente de la iniciativa que da origen a este dictamen. Cinco minutos, diputado.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes a quienes nos siguen desde el Canal del Congreso.
En el Verde hemos buscado el desarrollo y la aplicación de sustancias para combatir una gran variedad de plagas insectívoras y herbáceas, que de no utilizarse de esa manera disminuirían el volumen y la calidad de los productos alimentarios. Claro, siempre y cuando que estos herbicidas no sean dañinos para la salud del ser humano.
En los lugares donde se practica el monocultivo intensivo, los plaguicidas constituyen el método habitual de lucha contra la plaga. No obstante, los adelantos aportados por la química han ido acompañados también de una serie de perjuicios, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza real para la supervivencia a largo plazo de importantes ecosistemas, que incluso estos plaguicidas podrían propiciar impactos negativos a la salud humana, además de resaltar los efectos adversos en el ambiente que se da sobre diversas formas de vida, las cuales dependen del grado de sensibilidad de los organismos y el tipo de plaguicida utilizado.
En este sentido, cabe señalar que la problemática de la reutilización de los contenedores de plaguicidas, los cuales en ocasiones son tirados en canales de riego, en ríos, en arroyos, en barrancas, al campo abierto o en otras ocasiones simplemente son quemados o enterrados, es que se generan focos de contaminación al medio ambiente, situación que representa un riesgo para la salud de las personas, de la flora y de la fauna.
De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, y para la Organización Mundial de la Salud, los envases de plaguicidas que sean manejados incorrectamente se califican como peligrosos para los seres humanos y para todo el medio ambiente.
Según el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos, en nuestro país se generan aproximadamente 50 millones de envases de plaguicidas por año, lo que equivale a más de 6 mil toneladas de envases anuales.
Ante tal escenario la Sagarpa, a través del Senasica, que es el sistema nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, implementó el programa Conservemos un Campo Limpio, el cual tiene como objetivo establecer el manejo adecuado e integral de los envases de agroquímicos que ya fueron utilizados.
En este sentido, como ya se dijo aquí en tribuna, para el año 2014 y 2015 el programa al que hice referencia contribuyó a la recolección de aproximadamente 3 mil toneladas de envases vacíos de plaguicida, con lo cual se dejó de representar un riesgo de contaminación para el ambiente con estos residuos, sin embargo, si hacemos cuentas, solo se está recolectando el 50 por ciento aproximadamente de lo que se utiliza de envases con plaguicidas al año. Mi pregunta es ¿dónde está quedando el otro 50 por ciento de esas 3 mil toneladas de envases de plaguicidas?
Así entonces, los envases de plaguicidas se identifican como residuos peligrosos por haber contenido sustancias tóxicas derivadas de su misma composición química. Ante este problema, con la promoción de un sistema de reducción de riesgos por medio de la recolección de envases que contuvieron plaguicidas, se protegen los recursos naturales, se protege también la salud de los involucrados en el manejo de los mismos y además estaríamos protegiendo de manera integral a todos los que somos consumidores.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la reutilización de los contenedores vacíos de plaguicidas constituye un factor de riesgo que silenciosamente puede afectar la salud, la vida de las personas y el medio ambiente, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebramos la aprobación de este dictamen que fue o viene de una minuta del Senado, con la cual vamos a fortalecer la normatividad ambiental de nuestro país, y además vamos a contribuir a garantizar el derecho humano a la salud y a un medio ambiente más sano. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 366 votos, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y lo particular por 366 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Armando Luna Canales, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara de Diputados
El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, fundamento ante ustedes un dictamen que en términos generales lo que propone es realizar distintas adecuaciones nominativas respecto a las menciones que se hace de la extinta Secretaría de Seguridad Pública en la Ley de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Sin embargo, el contenido del dictamen que hoy se presenta a su consideración no reviste menor importancia, ya que todo cambio o actualización que tienda a optimizar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente a su mecanismo de protección, tendrá una repercusión positiva dentro de nuestro sistema democrático, ya que como se ha señalado por diversos organismos protectores de derechos humanos, la importancia fundamental de la libertad de expresión y la labor de los defensores de derechos humanos, constituyen herramientas esenciales para la defensa de todos los demás derechos y se erigen como elementos centrales de la democracia y el avance de los objetivos de desarrolloPor lo anterior, toda mejora de este mecanismo de protección de periodistas y defensores será bienvenida, a fin de evitar que la violencia y otros delitos contra quienes ejercen sus derechos de libertad de expresión, incluidos periodistas, actores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos, tengan un efecto disuasivo para el libre flujo de información de las ideas en la sociedadTengamos presente que los ataques perpetrados contra ambos gremios no solo representan ataques a su persona, sino que constituyen verdaderas agresiones contra la sociedad en su conjunto, ya que con ello se vulnera la libertad de expresión y el derecho de todas las personas a obtener y recibir información e ideasPor lo anterior, en la Comisión de Derechos Humanos estamos convencidos de que los periodistas y los defensores de derechos humanos merecen toda nuestra atención no solo por sus actos heroicos ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan, máxime cuando su labor es un derecho colectivo de la sociedad en su conjuntoVolviendo a la reforma que nos ocupa, y como es del conocimiento público, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, fueron reformadas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Mediante ella se dispuso la extinción de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, previendo que la Secretaría de Gobernación asumiría los asuntos correspondientes a dicha instituciónSin embargo, pese a lo anterior —y como bien lo hace notar el legislador proponente, Alejandro González Murillo— la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha mantenido diversas referencias a la extinta Secretaría de Seguridad Pública, previendo así que se siga contemplando a un represente de la Secretaría extinta como integrante permanente de la Junta de Gobierno del mecanismo; segundo, que se contemple aún pese a no existir que un represente de la citada Secretaría sea integrante de la unidad de recepción de casos y la reacción rápida del citado mecanismo; y, finalmente que la citada Secretaría cuente con un represente en el Comité Técnico del fondo del mecanismoComo se puede apreciar, las alusiones a la Secretaría de Seguridad Pública contenidas en la ley que se propone reformar tienen como consecuencia que exista un vacío tanto en la conformación como en el funcionamiento de distintos órganos clave del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por contemplarse precisamente a representantes de una Secretaría que actualmente no existePor lo anterior, tras haber realizado una consulta directa ante el organismo responsable de la ejecución de la ley en comento, es decir, el propio mecanismo, se llegó a la conclusión de que es viable modificar las alusiones que se hace de la extinta Secretaría de Seguridad Pública para que en su lugar se haga mención a la Comisión Nacional de SeguridadLo anterior debido a que en la operatividad diaria del mecanismo de protección dicha instancia es quien le presta apoyo y colaboración plenamente en materia de seguridad. Asimismo, hoy en día es el comisionado nacional de Seguridad en quien recaen las atribuciones que en otro momento desempeñaba la extinta Secretaría de Seguridad PúblicaPor otra parte, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en su calidad de invitado permanente de la Junta de Gobierno del mecanismo, ha atestiguado la colaboración que en todo momento el comisionado nacional de Seguridad presta a las labores de dicho mecanismo, por lo que en este sentido se considera viable incluirlo formalmente como representante en la Junta de Gobierno, en la Unidad de Recepción de Casos y ante el Comité Técnico del Fondo de dicha institución, sustrayendo las referencias que hasta el día de hoy se hacen a la Secretaría de SeguridadAdicionalmente, la adecuación que en esta ocasión se somete a su consideración son congruentes con la reforma realizada a la Ley Orgánica en 2003, la cual contempla de su régimen transitorio que las menciones contenidas a la Secretaría serán ejecutadas por la Comisión Nacional de SeguridadCompañeras y compañeros, como pueden apreciar la reforma que hoy se propone es en esencia sencilla, sin embargo, no menos importante. Tengamos presente que como legisladores tenemos el deber de armonizar los distintos dispositivos legales a fin de contribuir con la debida coherencia y consistencia que debe prevalecer en nuestro ordenamiento jurídicoEs por lo anterior que a nombre de la Comisión de Derechos Humanos les solicito su respaldo al proyecto de decreto que en esta ocasión sometemos a su consideración. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidentaLa presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Armando Luna. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidente, mayoría por la afirmativa
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular
(Votación)
¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Continúa abierto el sistema, diputado. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 354 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular, por 354 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidenta
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Mario Ariel Juárez
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para comentar que hace un rato que subí mi iniciativa de modificación, que reforma el primer párrafo de la fracción VI del apartado A del 123, referente al salario mínimo y la sumas para la cuestión de prestaciones de índole social, omití mencionar que esta iniciativa no es únicamente mía, sino está presentada y trabajada por mi compañero Virgilio Dante, Araceli Damián, Roberto Cañedo y Rodrigo Abdala. Solamente es para que obre en el Diario de Debates que omití señalar que esta iniciativa la subimos en conjunto estos cuatro diputados y un servidor. Muchas gracias
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría tome nota de la actualización que nos hace el diputado Ariel Juárez
COMUNICACIONES OFICIALES
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Víctor Silva Tejada cause baja como integrante de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Aytzinapa, Raúl Isidro Burgos
• Que la diputada Silvia Rivera Carbajal cause alta como integrante en la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Aytzinapa, Raúl Isidro Burgos
• Que la diputada Silvia Rivera Carbajal cause baja como suplente en la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Aytzinapa, Raúl Isidro Burgos
• Que el diputado Víctor Silva Tejada cause alta como suplente en la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Aytzinapa, Raúl Isidro Burgos
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración del organismo que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que la diputada María Marcela González Salas y Petricioli cause baja como integrante del Parlaméricas
• Que el diputado Édgar Castillo Martínez cause alta como integrante en el Parlaméricas
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Jericó Abramo Maso cause baja como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
• Que el diputado Jericó Abramo Maso cause alta como secretario en la Comisión de Energía
• Que la diputada Olga María Esquivel Hernández cause alta como secretaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobadas. Comuníquense. Adelante, señora secretaria
MINUTAS
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, Y LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se recibió de la Cámara de Senadores, minuta con pro-yecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Cambio Climático
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan.(*)
(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (a las 16:03 horas): Agradeciendo a todas y a todos ustedes su atención, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 16 de noviembre del año 2017 a las 11 horas
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 51 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 288 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 6
• Iniciativa ciudadana: 1
• Iniciativas de los congresos estatales: 6
• Iniciativas de las diputadas y diputados: 18
• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 5
• Minutas: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 30
9 PRI
4 PAN
3 PRD
3 Morena
3 PVEM
3 MC
3 NA
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EFEMÉRIDES
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
«Efeméride con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
“Una buena salud es un deber para ti mismo, para tus contemporáneos, para tus herederos y para el progreso del mundo”
Gwendolyn Brooks
La salud de las sociedades siempre ha sido reflejo de las formas de vida adoptadas por los individuos, con ello me quiero referir a los hábitos que evidentemente cambian de un tiempo a otro, así las enfermedades que padecen los individuos cambian en el tiempo
Tal es el caso de la diabetes, que en un periodo que va de 1980 a 2014 el nivel mundial de personas con esa enfermedad ha aumentado de 4.7 a 8.5 por ciento, según datos de la Organización Mundial de la Salud1. El incremento de las personas, pasar de 108 a 422 millones que tienen dicha enfermedad, es preocupante debido a que gran porcentaje de ellas deriva su enfermedad como consecuencia de la obesidad
Llegando a este punto, la obesidad y la diabetes resultan tener un alto costo no sólo como capital social, también como gasto del Estado en la atención al gran porcentaje de personas que padecen dicha enfermedad. Tan sólo en México el costo anual de la atención de la diabetes para el año 2012 fue de 3 mil 872 millones de dólares según la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición, que representa la atención de 10.6 millones de personas con diabetes2
El aumento en el desarrollo de la diabetes ha dependido del desequilibrio de los dos factores de salud: los hábitos alimenticios y del tiempo dedicado a la realización de actividades físicas. En el primer rubro México es el cuarto consumidor mundial de comida chatarra y primero en América Latina, llegando a consumir hasta 212 kilogramos de comida chatarra al año individualmente, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud
En cuanto a las actividades físicas, un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el año 2009 dio por resultado que los mexicanos ocupaban 48 por ciento de su tiempo libre a ver televisión, en contraste sólo dedicaban 5 por ciento a la realización de alguna actividad física3. Como lo podemos apreciar, el aumento de la diabetes sólo es un reflejo de malos hábitos, donde el desequilibrio en el desarrollo de la vida inclina a las personas a descuidar su salud, a incrementar el consumo de comida chatarra y a su vez a invertir poco tiempo en la realización de alguna actividad física
Al respecto hay que ser muy conscientes de enfermedades como la diabetes, causadas por la desatención de la salud, debido a que han ido en incremento, es decir, enfermedades como la diabetes, la obesidad y la desnutrición, que resultan teniendo un gran impacto económico y más preocupante aun, es que tienen un gran impacto en la niñez, que al formarse en los mismos hábitos son condenados a sufrir tales enfermedades
El papel del Estado y del gobierno es claro respecto a incentivar la adopción de hábitos distintos, muestra de ello, el aumento al impuesto de comidas chatarra y bebidas azucaradas, con lo que se pretende incidir en el incremento de la calidad de vida así como incidir en la disminución de las preocupantes tendencias. Sin embargo es necesario repensar que el problema no se deriva únicamente de la mala alimentación, también, de hábitos de recreación y cuidado del cuerpo
Por todo lo mencionado con anterioridad es que se hace necesaria la implementación de programas y propuestas integrales que promocionen mejores hábitos de vida, a fin de reducir enfermedades propagadas debido a la apatía de las personas en el cuidado de su salud
Notas
1 Datos obtenidos del Enlace URL:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/
2 Datos obtenidos del Enlace URL:
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
3 Datos obtenidos de la OCDE, pagina URL:
http://www.oecd.org/centrodemexico/48porcentajedesutiempolibrededicanlosmexicanosaverlatelevision.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
«Efeméride con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La Federación Internacional de la Diabetes (FID), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), instauraron el día mundial de la diabetes esto en 1991. Y no fue hasta el 2007 cuando la Organización de la Naciones Unidas (ONU), celebró por primera vez este día, después de aprobarlo con la resolución 61/225 de diciembre de 2006. Se eligió esta fecha por ser el nacimiento de Frederick Banting descubridor de la insulina quien estuvo apoyado por Charles Best.1
El propósito del Día Mundial de la Diabetes, es, recordarnos que el índice de personas que sufren de esta enfermedad día a día va en aumento y que seguirá en aumento sino somos capaces de emprender acciones para controlarla y prevenirla. Debemos de saber cuáles son las causas, los síntomas y que tratamientos es el adecuado, así mismo todas las complicaciones que se asocian a este gran problema de salud mundial
¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad no contagiosa pero hereditaria, es una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas deja de producir insulina suficiente, pero también se puede desarrollar cuando el cuerpo no ocupa con eficacia la insulina que este produce. Recordemos que la insulina es una hormona la cual su tarea es regular el azúcar en la sangre, que nos permite aportar la energía suficiente para vivir. Cuando esta no llega a las células para convertirse en energía, el azúcar comienza a almacenarse en la sangre y es cuando puede llegar a conseguir niveles muy nocivos para la salud
Tipos de diabetes
Existen 2 tipos de diabetes la 1 y la 2, la diferencia entre estas 2 es que la primera no produce insulina y las personas tienen que inyectarse insulina para poder vivir
Y la segunda es cuando las personas producen su propia insulina, pero desafortunadamente la cantidad es insuficiente o su cuerpo no la aprovecha adecuadamente, lo que provoca sobre peso y si aparte son sedentarias pues las necesidades de insulina crecer
¿Cómo prevenir la diabetes?
En primer lugar, debemos estar conscientes de que para no sufrir de diabetes tenemos que tener una dieta adecuada, en la cual debemos incluir cereales, frutas, verduras, panes enteros, carne magra, así como leche y sus derivados. También se debe de consumir granos enteros y fibra, porque estos hacen que el azúcar en nuestro organismo se mantenga en buenos niveles
Los productos que debemos evitar para no sufrir de diabetes tipo 2 son:
Panes blancos, granos refinados, así como todos los carbohidratos procesados, porque todos ellos contienen una gran cantidad de azúcar. Es recomendable dejar de tomar bebidas azucaradas, sustituyéndolas con agua natural, café o té, también se aconseja que comamos fruta entera en lugar de tomar jugo de fruta natural
Debemos de tener en cuenta que los productos llamados “ligth” muchos de ellos tienen una gran cantidad de conservadores y grasas trans
Los especialistas recomiendan hacer ejercicio mínimo 30 todos los días o alternando los días. El ejercicio puede ser haciendo caminata a paso acelerado ejecutando ejercicios aeróbicos.2
Cifras de la OMS nos muestra que alrededor del mundo hay 422 millones de personas que padecen de diabetes, una cantidad que se triplico a comparación de los 108 millones que había en 1980. Los casos de diabetes en personas mayores de 18 años han ido en aumento ya que en 1980 el porcentaje era de 4.7 por ciento comparado con el 8.5 de 2014
Otro dato que proporciona la OMS es el de que la diabetes causó 1.6 millones de defunciones en 2015, no sin dejar de mencionar los 2.2 millones de muertes por hiperglucemia en 2012.3
Estadísticas de la Encuesta Nacional Salud y Nutrición 2016 nos proporciona datos que en México el porcentaje de Diabéticos pasó de 9.2 por ciento en 2012 a 9.4 por ciento en 2016 en la población mayor a 20 años
También nos indica que las mujeres son las que reportan mayores valores de diabetes con 10.3 por ciento a comparación de los hombres con 8.4 por ciento. Esta proporción de Diabéticos se manifiesta tanto en las localidades urbanas con 10.5 por ciento para las mujeres y 8.2 por ciento para los hombres, así como en las comunidades rurales con un porcentaje de 9.5 por ciento para las mujeres y 8.9 por ciento para los hombres
La mayor cantidad de personas con diabetes se ve en los hombres de 60 a 69 años con 27.7 por ciento y las mujeres en el mismo rango de edad con 32.7 por ciento y en la edad de 70 a 79 años es de 29.8 por ciento. De estos adultos con diabetes el registro el siguiente:
87.7 por ciento de las personas que padecen de diabetes recibe un tratamiento adecuado para controlar la enfermedad, sin embargo esta cifra aumentó ligeramente a comparación del 2012 que era de 85 por ciento4
Notas
1 Federación Mexicana de Diabetes A.C., Día Mundial de la Diabetes 2016,
http://fmdiabetes.org/dia-mundial-la-diabetes-2016/
2 Descubre tú salud, colsanitas, Conoce estas cinco recomendaciones para prevenir la diabetes, Enero de 2017
http://descubretusalud.com/5-consejos-ayudaran-prevenir-diabetes/
3 OMS, Centro de Prensa, Diabetes, 17 de junio de 2017
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/
4 OMENT, Últimas cifras de diabetes en México-ENSANUT MC 2016, 27 de diciembre de 2016
http://oment.uanl.mx/ultimas-cifras-de-diabetes-en-mexico-ensanut-mc-2016/
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»
————— O —————
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésAusente
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioAusente
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoAusente
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoFavor
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloAusente
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethAusente
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónAusente
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioAusente
103 López Velasco, Edith YolandaAusente
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónAusente
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletAusente
119 Mondragón Orozco, María AngélicaAusente
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánFavor
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelAusente
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaAusente
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisFavor
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
177 Serrano Hernández, MaricelaAusente
178 Silva Ramos, AlbertoFavor
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoAusente
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithAusente
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíAusente
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithAusente
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizAusente
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 165
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosAusente
12 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanAusente
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoAusente
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarAusente
36 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
42 Garza Treviño, PedroAusente
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónAusente
45 González Navarro, José AdriánAusente
46 González Suástegui, GuadalupeAusente
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaAusente
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsAusente
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioAusente
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeAusente
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteAusente
75 Padilla Avila, KarinaAusente
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoAusente
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesFavor
81 Ramírez Ramos, GabrielaAusente
82 Ramos Hernández, JorgeFavor
83 Rendón García, César AugustoAusente
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíAusente
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesAusente
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioAusente
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosAusente
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioFavor
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente
95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
99 Taboada Cortina, SantiagoAusente
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 74
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 35
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaAusente
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Castelán Mondragón, María ElidaAusente
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López López, Irma RebecaFavor
27 López Sánchez, SergioFavor
28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor
29 Maldonado Venegas, LuisFavor
30 Martínez Neri, FranciscoFavor
31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
33 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
34 Octaviano Félix, TomásFavor
35 Ordoñez Hernández, DanielAusente
36 Ortega Álvarez, OmarFavor
37 Parra Álvarez, EvelynAusente
38 Peralta Grappin, HéctorAusente
39 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente
40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor
41 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente
42 Reyes Álvarez, FelipeFavor
43 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente
44 Saldaña Morán, JulioFavor
45 Santana Alfaro, ArturoFavor
46 Santiago López, JoséFavor
47 Saucedo Reyes, AraceliFavor
48 Soto Espino, ArmandoAusente
49 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
50 Tello López, JorgeAusente
51 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor
52 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
53 Wences Real, VictorianoFavor
54 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 41
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 13
Total: 54
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor
8 Basurto Román, AlfredoFavor
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Cervera García, RenéFavor
16 Chávez García, MaríaFavor
17 Contreras Julián, MaricelaFavor
18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente
19 Damián González, AraceliFavor
20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente
21 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
22 Fuentes Alonso, ModestaFavor
23 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor
24 García Chávez, Héctor JavierFavor
25 García Jiménez, CuitláhuacFavor
26 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
29 Hernández Colín, Norma XochitlFavor
30 Hernández Correa, GuadalupeAusente
31 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
32 Hernández Mirón, CarlosFavor
33 Juárez Rodríguez, Mario ArielAusente
34 Llerenas Morales, VidalFavor
35 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
36 Martínez Urincho, AlbertoFavor
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaFavor
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanFavor
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsFavor
45 Trejo Flores, MarianaFavor
46 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor
47 Villa González, ConcepciónAusente
Favor: 40
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 47
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsAusente
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyAusente
26 Machuca Sánchez, MarioAusente
27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
28 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
29 Ochoa Rojas, CándidoFavor
30 Rodríguez Torres, SamuelFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente
39 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 30
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 39
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Corichi García, Claudia SofíaAusente
5 Delgadillo García, VerónicaFavor
6 Flores Gómez, MirzaAusente
7 Guerra Mota, MoisésFavor
8 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
9 Martínez García, JonadabAusente
10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
11 Munguía González, Luis ErnestoFavor
12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
13 Orantes López, María ElenaAusente
14 Pérez Utrera, AdánFavor
15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
20 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 20
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaAusente
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 López Ruiz, NancyFavor
8 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente
9 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
10 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 10
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Cantú, DanielFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésAusente
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioAusente
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraAusente
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoAusente
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoFavor
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloAusente
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielAusente
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónAusente
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliAusente
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioAusente
103 López Velasco, Edith YolandaAusente
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónAusente
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletFavor
119 Mondragón Orozco, María AngélicaAusente
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánFavor
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaAusente
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisAusente
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
177 Serrano Hernández, MaricelaAusente
178 Silva Ramos, AlbertoFavor
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoAusente
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithAusente
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíAusente
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithAusente
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizAusente
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 163
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoAusente
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarAusente
36 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
42 Garza Treviño, PedroAusente
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónAusente
45 González Navarro, José AdriánAusente
46 González Suástegui, GuadalupeAusente
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaAusente
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsAusente
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioAusente
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente
74 Ovando Reazola, JanetteAusente
75 Padilla Avila, KarinaAusente
76 Paes Martínez, JiselaAusente
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoAusente
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesFavor
81 Ramírez Ramos, GabrielaAusente
82 Ramos Hernández, JorgeFavor
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíAusente
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesAusente
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioAusente
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosAusente
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioFavor
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente
95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
99 Taboada Cortina, SantiagoAusente
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 76
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaFavor
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López López, Irma RebecaFavor
27 López Sánchez, SergioFavor
28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor
29 Maldonado Venegas, LuisFavor
30 Martínez Neri, FranciscoFavor
31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
33 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
34 Octaviano Félix, TomásFavor
35 Ordoñez Hernández, DanielAusente
36 Ortega Álvarez, OmarFavor
37 Parra Álvarez, EvelynAusente
38 Peralta Grappin, HéctorAusente
39 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor
41 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente
42 Reyes Álvarez, FelipeFavor
43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
44 Saldaña Morán, JulioFavor
45 Santana Alfaro, ArturoFavor
46 Santiago López, JoséFavor
47 Saucedo Reyes, AraceliAusente
48 Soto Espino, ArmandoAusente
49 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
50 Tello López, JorgeAusente
51 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor
52 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
53 Wences Real, VictorianoFavor
54 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 44
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 54
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor
8 Basurto Román, AlfredoFavor
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Cervera García, RenéFavor
16 Chávez García, MaríaFavor
17 Contreras Julián, MaricelaFavor
18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente
19 Damián González, AraceliFavor
20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente
21 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
22 Fuentes Alonso, ModestaFavor
23 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente
24 García Chávez, Héctor JavierFavor
25 García Jiménez, CuitláhuacFavor
26 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
29 Hernández Colín, Norma XochitlFavor
30 Hernández Correa, GuadalupeAusente
31 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
32 Hernández Mirón, CarlosFavor
33 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor
34 Llerenas Morales, VidalFavor
35 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
36 Martínez Urincho, AlbertoFavor
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaFavor
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanFavor
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsAusente
45 Trejo Flores, MarianaFavor
46 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor
47 Villa González, ConcepciónAusente
Favor: 39
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 47
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsAusente
18 García Treviño, DanielaAusente
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyAusente
26 Machuca Sánchez, MarioAusente
27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
28 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
29 Ochoa Rojas, CándidoFavor
30 Rodríguez Torres, SamuelFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente
39 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 29
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 39
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Corichi García, Claudia SofíaFavor
5 Delgadillo García, VerónicaFavor
6 Flores Gómez, MirzaAusente
7 Guerra Mota, MoisésFavor
8 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
9 Martínez García, JonadabAusente
10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
11 Munguía González, Luis ErnestoFavor
12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
13 Orantes López, María ElenaAusente
14 Pérez Utrera, AdánFavor
15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
20 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 20
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaAusente
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 López Ruiz, NancyFavor
8 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente
9 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
10 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 10
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Cantú, DanielAusente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2
Dictamen de la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidAusente
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésAusente
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioAusente
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraAusente
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelAusente
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeAusente
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoAusente
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoFavor
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloAusente
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónAusente
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioAusente
103 López Velasco, Edith YolandaAusente
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónAusente
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletFavor
119 Mondragón Orozco, María AngélicaAusente
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánFavor
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazAusente
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaAusente
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisAusente
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
177 Serrano Hernández, MaricelaAusente
178 Silva Ramos, AlbertoFavor
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoAusente
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithAusente
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizAusente
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 162
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoAusente
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarAusente
36 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
42 Garza Treviño, PedroAusente
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónAusente
45 González Navarro, José AdriánAusente
46 González Suástegui, GuadalupeAusente
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaAusente
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsAusente
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioAusente
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteAusente
75 Padilla Avila, KarinaAusente
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoAusente
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesFavor
81 Ramírez Ramos, GabrielaAusente
82 Ramos Hernández, JorgeAusente
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíAusente
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesAusente
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioAusente
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosAusente
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioFavor
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente
95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
99 Taboada Cortina, SantiagoAusente
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 77
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaFavor
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López López, Irma RebecaFavor
27 López Sánchez, SergioFavor
28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor
29 Maldonado Venegas, LuisFavor
30 Martínez Neri, FranciscoFavor
31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
33 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
34 Octaviano Félix, TomásFavor
35 Ordoñez Hernández, DanielAusente
36 Ortega Álvarez, OmarFavor
37 Parra Álvarez, EvelynAusente
38 Peralta Grappin, HéctorAusente
39 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor
41 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente
42 Reyes Álvarez, FelipeFavor
43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
44 Saldaña Morán, JulioFavor
45 Santana Alfaro, ArturoFavor
46 Santiago López, JoséFavor
47 Saucedo Reyes, AraceliFavor
48 Soto Espino, ArmandoAusente
49 Soto González, Cecilia GuadalupeAusente
50 Tello López, JorgeAusente
51 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor
52 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
53 Wences Real, VictorianoFavor
54 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 44
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 54
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor
8 Basurto Román, AlfredoFavor
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Cervera García, RenéFavor
16 Chávez García, MaríaFavor
17 Contreras Julián, MaricelaFavor
18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente
19 Damián González, AraceliFavor
20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente
21 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
22 Fuentes Alonso, ModestaFavor
23 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente
24 García Chávez, Héctor JavierFavor
25 García Jiménez, CuitláhuacFavor
26 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
29 Hernández Colín, Norma XochitlFavor
30 Hernández Correa, GuadalupeAusente
31 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
32 Hernández Mirón, CarlosFavor
33 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor
34 Llerenas Morales, VidalFavor
35 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
36 Martínez Urincho, AlbertoFavor
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaFavor
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanFavor
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsFavor
45 Trejo Flores, MarianaFavor
46 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor
47 Villa González, ConcepciónAusente
Favor: 40
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 47
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsAusente
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelAusente
23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyAusente
26 Machuca Sánchez, MarioAusente
27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
28 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
29 Ochoa Rojas, CándidoFavor
30 Rodríguez Torres, SamuelFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente
39 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 28
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 39
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Corichi García, Claudia SofíaFavor
5 Delgadillo García, VerónicaFavor
6 Flores Gómez, MirzaAusente
7 Guerra Mota, MoisésFavor
8 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
9 Martínez García, JonadabAusente
10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
11 Munguía González, Luis ErnestoFavor
12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
13 Orantes López, María ElenaAusente
14 Pérez Utrera, AdánFavor
15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
20 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 20
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaAusente
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 López Ruiz, NancyFavor
8 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente
9 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
10 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 10
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Cantú, DanielAusente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2
Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidAusente
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésAusente
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeAusente
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioAusente
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaAusente
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioAusente
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraAusente
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelAusente
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoAusente
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoFavor
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloAusente
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónAusente
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenAusente
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioAusente
103 López Velasco, Edith YolandaAusente
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónAusente
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletFavor
119 Mondragón Orozco, María AngélicaAusente
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánFavor
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaAusente
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisAusente
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
177 Serrano Hernández, MaricelaAusente
178 Silva Ramos, AlbertoFavor
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoAusente
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithAusente
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizAusente
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 160
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesAusente
2 Agundis Estrada, María VerónicaAusente
3 Alejo Domínguez, HugoAusente
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielAusente
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoAusente
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarAusente
36 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
37 García Escobar, Lilia ArmindaAusente
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente
42 Garza Treviño, PedroAusente
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónAusente
45 González Navarro, José AdriánAusente
46 González Suástegui, GuadalupeAusente
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente
52 Huerta Villegas, GenovevaAusente
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsAusente
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeAusente
59 López Rodríguez, Jesús AntonioAusente
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteAusente
75 Padilla Avila, KarinaAusente
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoAusente
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesFavor
81 Ramírez Ramos, GabrielaAusente
82 Ramos Hernández, JorgeAusente
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíAusente
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesAusente
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioAusente
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosAusente
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioAusente
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor
95 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor
99 Taboada Cortina, SantiagoAusente
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 67
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoAusente
4 Aragón Castillo, HortensiaFavor
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López López, Irma RebecaFavor
27 López Sánchez, SergioFavor
28 Madrigal Sánchez, AraceliFavor
29 Maldonado Venegas, LuisFavor
30 Martínez Neri, FranciscoFavor
31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
33 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
34 Octaviano Félix, TomásFavor
35 Ordoñez Hernández, DanielAusente
36 Ortega Álvarez, OmarAusente
37 Parra Álvarez, EvelynAusente
38 Peralta Grappin, HéctorAusente
39 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente
40 Pérez Alvarado, CandelarioFavor
41 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente
42 Reyes Álvarez, FelipeAusente
43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
44 Saldaña Morán, JulioFavor
45 Santana Alfaro, ArturoFavor
46 Santiago López, JoséFavor
47 Saucedo Reyes, AraceliFavor
48 Soto Espino, ArmandoFavor
49 Soto González, Cecilia GuadalupeAusente
50 Tello López, JorgeAusente
51 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente
52 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
53 Wences Real, VictorianoFavor
54 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 40
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 14
Total: 54
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor
8 Basurto Román, AlfredoFavor
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Cervera García, RenéFavor
16 Chávez García, MaríaFavor
17 Contreras Julián, MaricelaFavor
18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente
19 Damián González, AraceliFavor
20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente
21 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
22 Fuentes Alonso, ModestaFavor
23 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente
24 García Chávez, Héctor JavierAusente
25 García Jiménez, CuitláhuacFavor
26 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
29 Hernández Colín, Norma XochitlFavor
30 Hernández Correa, GuadalupeAusente
31 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
32 Hernández Mirón, CarlosFavor
33 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor
34 Llerenas Morales, VidalFavor
35 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
36 Martínez Urincho, AlbertoFavor
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaFavor
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanFavor
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsFavor
45 Trejo Flores, MarianaFavor
46 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor
47 Villa González, ConcepciónAusente
Favor: 39
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 47
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoAusente
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsAusente
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyAusente
26 Machuca Sánchez, MarioAusente
27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
28 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
29 Ochoa Rojas, CándidoFavor
30 Rodríguez Torres, SamuelFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente
39 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 27
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 39
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Corichi García, Claudia SofíaFavor
5 Delgadillo García, VerónicaFavor
6 Flores Gómez, MirzaAusente
7 Guerra Mota, MoisésFavor
8 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
9 Martínez García, JonadabAusente
10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
11 Munguía González, Luis ErnestoFavor
12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
13 Orantes López, María ElenaAusente
14 Pérez Utrera, AdánFavor
15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
20 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 20
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaAusente
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadAusente
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 López Ruiz, NancyFavor
8 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente
9 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
10 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 10
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Cantú, DanielAusente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2
Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidAusente
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésAusente
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeAusente
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioAusente
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaAusente
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaAusente
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioAusente
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraAusente
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioAusente
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelAusente
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicAusente
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisAusente
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoAusente
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoFavor
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloAusente
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónAusente
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioAusente
103 López Velasco, Edith YolandaAusente
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónAusente
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletFavor
119 Mondragón Orozco, María AngélicaAusente
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánFavor
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaAusente
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosAusente
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaAusente
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaAusente
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroAusente
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisAusente
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
177 Serrano Hernández, MaricelaAusente
178 Silva Ramos, AlbertoFavor
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoAusente
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithAusente
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelFavor
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizAusente
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 153
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 51
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielAusente
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoAusente
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarAusente
36 Gama Basarte, Marco AntonioAusente
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor
42 Garza Treviño, PedroAusente
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónAusente
45 González Navarro, José AdriánAusente
46 González Suástegui, GuadalupeAusente
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaAusente
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsAusente
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeAusente
59 López Rodríguez, Jesús AntonioAusente
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarAusente
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteAusente
75 Padilla Avila, KarinaAusente
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoAusente
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesAusente
81 Ramírez Ramos, GabrielaAusente
82 Ramos Hernández, JorgeAusente
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíAusente
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesAusente
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioAusente
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínAusente
90 Ruiz García, Juan CarlosAusente
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioAusente
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor
95 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniAusente
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoAusente
99 Taboada Cortina, SantiagoAusente
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 68
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaFavor
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
22 Hernández Soriano, RafaelAusente
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López López, Irma RebecaFavor
27 López Sánchez, SergioFavor
28 Madrigal Sánchez, AraceliAusente
29 Maldonado Venegas, LuisAusente
30 Martínez Neri, FranciscoFavor
31 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
32 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
33 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
34 Octaviano Félix, TomásFavor
35 Ordoñez Hernández, DanielAusente
36 Ortega Álvarez, OmarFavor
37 Parra Álvarez, EvelynAusente
38 Peralta Grappin, HéctorAusente
39 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente
40 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
41 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente
42 Reyes Álvarez, FelipeFavor
43 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
44 Saldaña Morán, JulioFavor
45 Santana Alfaro, ArturoFavor
46 Santiago López, JoséFavor
47 Saucedo Reyes, AraceliFavor
48 Soto Espino, ArmandoFavor
49 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
50 Tello López, JorgeAusente
51 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente
52 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
53 Wences Real, VictorianoFavor
54 Zambrano Grijalva, José de JesúsAusente
Favor: 38
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 16
Total: 54
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaFavor
8 Basurto Román, AlfredoFavor
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Cervera García, RenéFavor
16 Chávez García, MaríaFavor
17 Contreras Julián, MaricelaFavor
18 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaAusente
19 Damián González, AraceliFavor
20 Esquivel Valdés, Laura BeatrizAusente
21 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
22 Fuentes Alonso, ModestaFavor
23 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente
24 García Chávez, Héctor JavierAusente
25 García Jiménez, CuitláhuacFavor
26 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
29 Hernández Colín, Norma XochitlFavor
30 Hernández Correa, GuadalupeAusente
31 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
32 Hernández Mirón, CarlosAusente
33 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor
34 Llerenas Morales, VidalFavor
35 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
36 Martínez Urincho, AlbertoAusente
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaAusente
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanFavor
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsFavor
45 Trejo Flores, MarianaFavor
46 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor
47 Villa González, ConcepciónAusente
Favor: 36
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 47
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoAusente
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésFavor
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsAusente
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioAusente
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyAusente
26 Machuca Sánchez, MarioAusente
27 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
28 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
29 Ochoa Rojas, CándidoFavor
30 Rodríguez Torres, SamuelFavor
31 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
32 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
33 Sarur Torre, AdrianaFavor
34 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor
35 Sesma Suárez, JesúsAusente
36 Spinoso Carrera, EdgarAusente
37 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
38 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente
39 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 27
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 39
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Corichi García, Claudia SofíaFavor
5 Delgadillo García, VerónicaFavor
6 Flores Gómez, MirzaAusente
7 Guerra Mota, MoisésFavor
8 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente
9 Martínez García, JonadabAusente
10 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
11 Munguía González, Luis ErnestoFavor
12 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
13 Orantes López, María ElenaAusente
14 Pérez Utrera, AdánFavor
15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
17 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
18 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
19 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
20 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 20
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente
2 García Yáñez, ÁngelAusente
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaAusente
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadAusente
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 López Ruiz, NancyFavor
8 Martínez Guzmán, Norma EdithAusente
9 Perea Santos, Ana GuadalupeAusente
10 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 10
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Cantú, DanielAusente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2