«Moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que emite la Comisión de Hacienda, con la siguiente:

Violaciones en el procedimiento de turno.

El día 19 de octubre del año en curso, el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, informo que las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día se turnan a las comisiones correspondientes, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El orden del día de la sesión de Pleno de la Cámara de Diputados, publicado el mismo día en la Gaceta de la Cámara de Diputados, no contiene la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD.

Resulta obvio que dicha iniciativa no fue presentada al Pleno de la Cámara, puesto que el orden del día fue puesto a votación a las 12:08 (doce horas con ocho minutos), y el acuse de recibo de dicha iniciativa, por parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva, señala las 16:54 (dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos).

En consecuencia, el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del cual se informa en el dictamen que se presenta, no observa el procedimiento legislativo contenido en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 62 numeral 2; 65, 66 y 68 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

Violación a los artículos 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El dictamen que se pone a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, violenta los artículos 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

1. El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada,por escrito para aprobar o desechar los siguientes asuntos:

I. Minutas;

II. Iniciativas de ley o de decreto;

III. a VII. ...

2. Las comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Mesa Directiva, hasta antes de que se discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. La comisión que retire un dictamen tendrá hasta cinco días para volverlo a presentar. El dictamen se podrá retirar una sola vez.

1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

I. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar;

II. Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan;

III. Fundamento legal para emitir dictamen;

IV. Antecedentes del procedimiento;

V. Nombre del iniciador;

VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema;

VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;

VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro;

IX. Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos;

X. Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban, modifican o desechan;

XI. En caso de dictamen positivo:

a) El proyecto de decreto;

b) La denominación del proyecto de ley o decreto;

c) El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno, y

d) Los artículos transitorios.

XII. En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo,

XIII. En ambos casos el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las diputadas y de los diputados de la comisión o comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma autógrafa, y

XIV. Lugar y fecha de la Reunión de la comisión en que se aprueba.

2. Deberá además, acompañarse de la lista de asistencia de la Reunión en que se aprobó, a efecto de verificar el quórum.

3. Lo anterior no obstará para que las diputadas o los diputados que voten en contra, también lo hagan constar en el dictamen mediante su firma, acompañada de la frase:“ En contra” .

El dictamen de reforma Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no contiene la valoración de impacto presupuestal.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entró en vigor el 27 de abril de 2016. Con esta ley, la posibilidad de obtener nuevos créditos dependerá del nivel de endeudamiento. Dentro de los objetivos de esta ley destaca el de limitar la Deuda Estatal Garantizada al 3.5 por ciento del PIB nacional (artículo 35) y el de establecer un sistema de alertas (artículo 45) que clasifica el nivel de endeudamiento en: sostenible, en observación o elevado. Según sea el nivel de endeudamiento, el Techo del Financiamiento Neto se restringirá al 15 por ciento, 5 por ciento y 0 por ciento de sus ingresos de libre disposición respectivamente (artículo 46).

Con la reforma que se propone se genera un impacto presupuestal en los ámbitos federal y estatales, al suspender el Registro Público Único que presenta la información de los Financiamientos y Obligaciones inscritos y reportados por los entes públicos locales a la Secretaría de Hacienda, así como el Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero para comparar las opciones de financiamiento a contratar, también se pospone la aplicación del sistema de alertas sobre el nivel de endeudamiento de cada uno de los estados de la Federación.

Alteración de la vigencia del sistema de alertas.

El sistema de alertas sobre niveles de endeudamiento fue publicado por la Secretaría de Hacienda el 30 de junio de 2017, mismo que se actualizará cada trimestre con carácter indicativo. La clasificación relevante para el Techo de Financiamiento será la realizada de forma anual empleando la Cuenta Pública del ente respectivo.

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del

Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales.

Los indicadores consideran la deuda pública y lo que anualmente se paga de intereses y capital, y también incorporan las obligaciones que se contratan bajo esquemas de Asociaciones Público Privadas y el pago derivado de dichas inversiones. Adicionalmente, el tercer indicador toma en cuenta los adeudos con proveedores y contratistas. Para reforzar el propio Sistema de Alertas, se estableció que cada variable de medición se hiciera pública, así como la fuente de información de la misma. Ello fortalece la transparencia y rendición de cuentas, facilitando el seguimiento por parte de la sociedad en general, así como por cualquier prestador de servicios o acreedor de las entidades federativas.

La metodología de medición establece que cada uno de los 3 indicadores se clasifica en tres diferentes rangos de acuerdo a límites establecidos. En principio, el primer indicador basado en el saldo de la Deuda y Obligaciones es el que define el color del semáforo, salvo en dos casos de excepción. La primera excepción es si los otros dos indicadores tienen la misma clasificación y ésta es peor que la clasificación del indicador del saldo de deuda. En este caso, se toma la clasificación de estos dos indicadores. La segunda excepción es si uno de los otros dos indicadores se clasifica como elevado (rojo), y el saldo de deuda se clasifica como sostenible (verde). En esa circunstancia, el endeudamiento se clasifica como en observación.

Antes de la Ley de Disciplina Financiera la inscripción al Registro Público Único de la SHCP era voluntaria, actualmente es obligatorio. Del resultado de dicho registro, de no proceder las reformas propuestas, para 2018 los estados que estén en endeudamiento en observación sólo podrán adquirir 5 por ciento de deuda sobre ingresos de libre disposición y los que estén en endeudamiento sostenible, hasta 15 por ciento.

Con cifras de12016, la SHCP publicó el Sistema de Alertas, que determina que Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas están bajo observación de la SHCP, ya que se encuentran en semáforo amarillo (endeudamiento en observación). Y sólo Coahuila se ubicaba en focos rojos (nivel elevado).

Para el segundo trimestre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reporta se reportan las siguientes alertas:

Con la propuesta de reforma, en particular los artículos segundo y tercero transitorios, se pospone la aplicación del sistema de alertas de niveles de endeudamiento de estados y municipios.

Esto es así puesto que, en el artículo segundo transitorio, se determina que los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la entrada en operación del Registro Público Único, esto es antes del 1o. de noviembre de 2016, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro para lo cual contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación del decreto que hoy se discute, el cual, sin lugar a duda será aprobado por la mayoría de diputadas y diputados.

Con la determinación de un nuevo plazo para la inscripción de obligaciones en el Registro Público Único, se genera una suspensión que permite a los entes obligados un uso discrecional de recursos disponibles.

De igual forma, el sistema de alertas se vulnera y se altera con el contenido del artículo tercero transitorio, al disponer que la Secretaría de Hacienda publicará en su página oficial de Internet la medición inicial del Sistema de Alertas para municipios a más tardar el último día hábil de julio de 2018, con base en la información de su Cuenta Pública 2017, medición que determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019.

Situación que repite con los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las entidades federativas y los municipios, para los cuales la medición inicial del Sistema de Alertas la realizará la Secretaría de Hacienda a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información de su Cuenta Pública 2018, medición que determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio 2020.

Afectación de recursos para servicios personales.

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se creó la Ley, las disposiciones relacionadas con el Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades de la Federación contenidas en el Capítulo I del Título Segundo, entraron en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, en el mismo sentido el artículo décimo quinto transitorio del mismo decreto, determino que el Sistema de Alertas entraría en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017.

En el mismo sentido, el artículo sexto transitorio del decreto referido, determina que la fracción I del artículo 10 entraría en vigor para efectos del presupuesto de egresos correspondiente al Presupuesto de Egresos de 2018. Fracción que dispone que las entidades federativas tendrán un límite en la asignación global de recursos para servicios personales en sus respectivos presupuestos de egresos. Estableciendo una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica (el cual es de 2.5 por ciento para 2018).

Lo anterior implica la obligación de los Estados en observar el límite de ejercicio de recursos para servicios personales (contratación de personal) en un 2.5 por ciento con relación al ejercicio inmediato anterior, esto es el de 2017.

Si atendemos a la reforma que se propone al artículo 14 de la Ley -misma que se destaca en cursiva- encontramos que el destino de los excedentes derivados de ingresos de libre disposición, se determina por el nivel de endeudamiento de las entidades federativas

Artículo 14. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

II. En su caso, el remanente para:

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las entidades federativas podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

El dictamen modifica disposiciones que vulneran el objeto general de la Ley que reforma, al condicionar la aplicación del sistema de alertas a nuevas fechas, se suspende en forma indirecta el parámetro para la aplicación y uso de ingresos de libre disposición. Esto es así por lo siguiente:

I. El artículo cuarto transitorio del dictamen que se presenta, determina que los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas podrán destinarse a gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición siempre cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

II. Por cuanto hace al tercer párrafo del mismo artículo 14 que se modifica, con el artículo transitorio, entrará en vigor a partir del Ejercicio Fiscal 2019.

III. Para efectos del párrafo cuarto de la misma disposición, los ingresos de libre disposición destinados a un fin específico no serán objeto de las limitaciones señaladas en dicho artículo.

La suspensión de los límites que impone el sistema de alertas para la aplicación de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas, permitirá que durante 2018, dicho recursos puedan ser usados en gasto corriente y no para el pago de deuda o el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El dictamen que hoy presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no presenta el impacto presupuestal al suspender, con disposiciones transitorias, el Registro Público Único que presenta la información de los financiamientos y obligaciones inscritos y reportados por los Entes Públicos locales a la Secretaría de Hacienda, así como el Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero para comparar las opciones de financiamiento a contratar, también se pospone la aplicación del sistema de alertas sobre el nivel de endeudamiento de cada uno de los estados de la Federación.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados se sometan a consideración los siguientes:

Primero. Se dé trámite a la moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que emite la Comisión de Hacienda.

Segundo. Se devuelva a la Comisión de Hacienda de ésta honorable Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de llevar a cabo el análisis, discusión y dictaminación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 80, 85, 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Notas

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 30 de junio de 2017. Comunicado Número 118. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas.

2 Sistema del Registro Público Único. El sistema electrónico de la Secretaría que permite la recepción, trámite y resolución de las solicitudes de inscripción, modificación, cancelación y cualquier otro tramite relacionado con el Registro Público Único. Se puede consultar en:

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/ DISCIPLINA_FINANCIERA/SRPU

3 Capítulo (1000) del clasificador por objeto del gasto que agrupa las remuneraciones al personal civil y militar al servicio del Estado, así como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social, derivadas de los servicios que esas instituciones prestan al personal en los términos de las disposiciones legales en vigor, asimismo, incluye los pagos por otras prestaciones sociales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de noviembre de 2017.— Diputados Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de contrataciones abiertas.

Planteamiento del problema

El pasado 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, que estableció las bases para la generación del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante SNA). De esta forma, los tres órdenes de gobierno contaron con criterios homologados para la generación de esquemas de integridad pública que promuevan la apertura, la transparencia, la participación ciudadana y la implementación de las nuevas tecnologías de la información para la generación de gobernanza.

Lo anterior responde a las exigencias ciudadanas que demandan gobiernos honestos que promuevan la ética pública entre sus funcionarios y, con esto, se reduzca drásticamente la corrupción. Sin lugar a dudas, las contrataciones públicas representan una actividad vulnerable frente al fenómeno de la corrupción, por lo que los esfuerzos legislativos que acompañan a la implementación del SNA deben ser exhaustivos y limitar la arbitrariedad en el ejercicio de las competencias derivadas de los procedimientos correspondientes.

En palabras del maestro Alejandro Faya, instituciones internacionales han alertado a la comunidad de naciones sobre la vulnerabilidad de las contrataciones públicas en los siguientes términos:

Según estudios del Banco Mundial, alrededor del mundo es más frecuente que los privados realicen algún tipo de pago irregular o soborno para recibir contratos que para recibir servicios públicos, ventajas judiciales o evadir impuestos. Reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son coincidentes al señalar que más de la mitad de los casos de corrupción ocurrieron para obtener un contrato público ( Foreign Bribery Report, OCDE, 2014). Esto tiene una explicación sencilla: hay mucho dinero en juego y los beneficios –tanto para privados como para funcionarios– pueden ser fáciles e inmediatos

De igual forma, el autor establece lo siguiente para el caso mexicano:

En México el gasto destinado a obras y adquisiciones públicas como proporción del PIB fue de 5.32 por ciento en 2014; de igual forma, representó 26.69 por ciento del total del gasto de la administración pública federal para ese año (Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, 2016). Y eso considerando sólo ciertos rubros del presupuesto. Si bien es normal que los países destinen tajadas importantes del presupuesto para contratar a privados con el ánimo de hacer frente a sus necesidades, el problema es que en México esto sucede alrededor de un entorno normativo laxo, redes de contactos y complicidades, alta discrecionalidad de servidores públicos de todos los órdenes y niveles de gobierno, así como una baja probabilidad de sanción para los infractores. ...

...

El número de contratos es colosal. En función del número de procedimientos, estamos hablando –únicamente considerando los procedimientos que utilizan CompraNet– de 186 mil 908 durante 2015, cuyo valor ascendió a casi 550 mil millones de pesos. Frente a esta magnitud, y considerando las calificaciones de corrupción que tenemos y los escándalos que a menudo salen a la luz, pensaríamos que existe un buen número de investigaciones y sanciones firmes, en lo penal y administrativo. Pero no es así, o al menos la información pública no permite asegurar otra cosa. Por ejemplo, el Tercer Informe de Gobierno de esta administración señala que, en materia de contrataciones, se emitieron resoluciones sancionatorias por 323.5 millones de pesos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, aunque sin distinguir multas firmes y mucho menos situaciones de corrupción. Si esto acontece a nivel federal, imaginemos en el ámbito local donde los controles son todavía menores.

...

Pero ésa sería tan sólo una pieza del rompecabezas. La corrupción es un fenómeno multifactorial. Por lo mismo, su combate exige soluciones y acciones por múltiples frentes, lo cual es especialmente cierto en el terreno de la contratación pública. En este sentido, es imprescindible –además de instrumentar con éxito el SNA– trabajar en aspectos como los siguientes:

• Intensificar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, preferentemente en tiempo real, a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman los procesos de contratación pública.

...

• Aprovechar los avances tecnológicos, mejorar la plataforma CompraNet para hacerla de uso más amigable, así como otros sistemas de control interno tales como la Bitácora Electrónica de Obra.

En este sentido, el gobierno federal ha asumido la labor de reducir la corrupción en las contrataciones públicas a través de esquemas de apertura. Así, el pasado 6 de marzo de 2017, la Secretaría de la Función Pública participó en la creación de la Alianza por las Contrataciones Abiertas, que establece lo siguiente:

Alianza para las Contrataciones Abiertas

La Alianza para las Contrataciones Abiertas MX, conformada por representantes de gobierno, sociedad civil y sector privado, busca colaborar para la implementación efectiva del estándar de datos de contrataciones abiertas.

El día de hoy se llevó a cabo la sesión de instauración de la Alianza para las Contrataciones Abiertas MX, un grupo conformado por representantes de gobierno, sociedad civil y sector privado. El objetivo de la Alianza es trabajar en conjunto para la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, modelo que busca fomentar la integridad gubernamental y aumentar la transparencia en las compras públicas en México.

El grupo impulsor conformado por el gobierno de la República, Transparencia Mexicana, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Alianza para las Contrataciones Abiertas y el Banco Mundial, mapeó los datos específicos que se generan en todas las etapas de un ciclo de contratación: planeación, concurso, adjudicación, contratación e implementación.

...

El sitio de contrataciones abiertas en México cuenta con visualizaciones de datos de código abierto, las cuales están a disposición de todos los ciudadanos. Con estos insumos podemos seguir trabajando de forma colaborativa en la transparencia de las compras públicas, fomentando sobre todo la comprensión de los datos y su reutilización”

En este sentido, México ha dedicado sus esfuerzos a la promoción interna y externa de un nuevo modelo administrativo que privilegie la apertura en las contrataciones:

México lidera la agenda de contrataciones abiertas en el mundo

...

El día de hoy, México, Francia, el Reino Unido, Colombia y Ucrania, en colaboración con la Alianza para el Gobierno Abierto, lanzaron la iniciativa “Contracting 5” (C5), que agrupa a los países líderes en la implantación de las contrataciones abiertas a nivel global, y cuyas contrataciones públicas suman más de 1 billón de dólares anuales.

El objetivo del C5 es promover la integridad gubernamental y el combate a la corrupción mediante la publicación de Datos Abiertos de todas las etapas un procedimiento de contratación, el impulso a las mejores prácticas relativas al uso de herramientas de código abierto, análisis y estudio de casos de éxito y colaboración con otros gobiernos, sector privado y sociedad civil. México será el país anfitrión de la iniciativa durante 2017.

Durante el lanzamiento, llevado a cabo en el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en París, Francia, la Secretaria Arely Gómez destacó los esfuerzos realizados en conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Grupo Aeroportuario de la Cd. de México, Transparencia Mexicana, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, la Alianza para las Contrataciones Abiertas y el Banco Mundial para dar cumplimiento a la instrucción realizada por el Presidente Enrique Peña Nieto relativo a iniciar la implementación del Estándar de Contrataciones Abiertas (Edca) en México con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que publica más de 225 contratos, equivalentes a más de 40 mil millones de pesos, en la plataforma de Datos Abiertos de México datos.gob.mx

Durante el evento, se mencionó también el trabajo realizado por el gobierno de la República para implantar dicho estándar en el concurso de la red compartida, haciendo de México el primer país en implementarlo en una asociación público privada (APP), y cuya experiencia está siendo utilizada para informar la implementación de del Estándar en este tipo de procedimientos.

México continuará trabajando para establecer un régimen de contrataciones abiertas mediante: i) la actualización del marco normativo para las contrataciones públicas en el país; ii) el desarrollo de una plataforma digital para publicación y uso de datos de contrataciones abiertas; iii) la adecuación del portal de contrataciones del gobierno para incluir datos de todas las etapas del proceso de contratación; iv) el desarrollo de una mesa de ayuda para la implementación del Edca; v) la implantación del estándar en gobiernos estatales y municipales; y vi) el lanzamiento de una Alianza para las Contrataciones Abiertas en México, en conjunto con la sociedad civil y el sector privado. Además, se trabajará con la Carta Internacional de Datos Abiertos para la implementación del paquete de datos abiertos anticorrupción en el país”

Conforme a los nuevos criterios de contrataciones públicas establecidos por la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción y la generación de políticas públicas al interior del gobierno federal, las contrataciones abiertas han arrojado resultados tangibles que, conforme a criterios de apertura, exhiben los datos necesarios para el escrutinio ciudadano y la reducción de espacios de arbitrariedad. Ejemplo de lo anterior es el portal de contrataciones abiertas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ha establecido un estándar de integridad que debe hacer eco al interior de esta Cámara de Diputados y del cual surge la presente iniciativa.

Ordenamientos a modificar

Se propone adicionar el artículo 6 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

´

Se propone adicionar el artículo 7 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue

Dados los razonamientos expuestos, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de contrataciones abiertas

Primero. Se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis. Las instituciones públicas que realicen contrataciones conforme a lo establecido por la presente ley, deberán publicar y actualizar permanentemente en sus sitios electrónicos la siguiente información, en formato de datos abiertos:

I. El total de procedimientos de contratación celebrados, el monto total de recursos públicos asignados y el total de proveedores;

II. Los procedimientos de las contrataciones y el destino de las mismas;

III. La información general de contratos y proveedores, misma que, por lo menos, deberá contemplar lo siguiente:

a) Procedimiento de contratación;

b) Vigencia del contrato, y

c) Razón social de los proveedores.

IV. Los avances en los contratos en ejecución, mismos que, por lo menos, deberán contemplar lo siguiente:

a) Datos de identificación del contrato;

b) Objeto del contrato;

c) Denominación del contratista;

d) Importe comprometido;

e) Importe pagado;

f) Avance físico, y

g) Avance financiero.

V. Instrumentos gráficos que permitan visualizar la evolución temporal de las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto, y

VI. El listado los contratos celebrados conforme a la presente Ley, misma que deberá, por lo menos, contemplar lo siguiente:

a) La versión pública de los contratos;

b) Los datos de identificación del procedimiento de contratación;

c) El monto asignado, y

d) La etapa, el tipo de procedimiento, el número de proveedores y la fecha de firma.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se adiciona el artículo 7 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. Las instituciones públicas que realicen contrataciones conforme a lo establecido por la presente ley, deberán publicar y actualizar permanentemente en sus sitios electrónicos la siguiente información, en formato de datos abiertos:

I. El total de procedimientos de contratación celebrados, el monto total de recursos públicos asignados y el total de proveedores;

II. Los procedimientos de las contrataciones y el destino de las mismas;

III. La información general de contratos y proveedores, misma que, por lo menos, deberá contemplar lo siguiente:

a) Procedimiento de contratación;

b) Vigencia del contrato, y

b) Razón social de los proveedores.

IV. Los avances en los contratos en ejecución, mismos que, por lo menos, deberán contemplar lo siguiente:

a) Datos de identificación del contrato;

b) Objeto del contrato;

c) Denominación del contratista;

d) Importe comprometido;

e) Importe pagado;

f) Avance físico, y

g) Avance financiero.

V. Instrumentos gráficos que permitan visualizar la evolución temporal de las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto, y

VI. El listado los contratos celebrados conforme a la presente Ley, misma que deberá, por lo menos, contemplar lo siguiente:

a) La versión pública de los contratos;

b) Los datos de identificación del procedimiento de contratación;

c) El monto asignado, y

d) La etapa, el tipo de procedimiento, el número de proveedores y la fecha de firma.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003 &fecha=27/05/2015 (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017).

2 Alejandro Faya, La triste realidad en las contrataciones públicas, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=30458 (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017).

3 Obra citada.

4 México Digital, Alianza para las Contrataciones Abiertas, disponible en

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/alianza-para-las- contrataciones-abiertas (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017).

5 México Digital, México lidera la agenda de contrataciones abiertas en el mundo, disponible en:

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/mexico-lidera-la-agenda-de- contrataciones-abiertas-en-el-mundo?idiom=es (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017).

6 Disponible en: https://datos.gob.mx/nuevoaeropuerto/ (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: José Luis Toledo Medina,Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Arlet Mólgora Glover, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, José Hugo Cabrera Ruiz, Janette Ovando Reazola, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Gloria Hernández Madrid, Miguel Ángel Sulub Caamal, Nora Liliana Oropeza Olguín, Paloma Canales Suárez, Pedro Luis Noble Monterrubio, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud; del Código Nacional de Procedimientos Penales; y de las Leyes Nacionales de Ejecución Penal, y del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de sustancias psicoactivas, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Leticia Amparano Gámez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente iniciativa que reforma la Ley General de Salud, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de sustancias psicoactivas al tenor de la siguiente :

En la historia de nuestro país siempre ha estado presente la problemática relacionada con el uso de sustancias psicoactivas, y las implicaciones que traen consigo, tanto en el individuo que las consume, como el impacto que provoca en la sociedad.

Este problema representa uno de los retos más importantes para las naciones actualmente; la evolución de esta problemática ha generado efectos en la salud pública, así como repercusiones sociales y en materia de seguridad. Los costos para el tejido social, la justicia, el desarrollo de la sociedad y el estado de derecho nos obligan a dirigir la atención hacia el desarrollo de políticas públicas que impulsen el bienestar de las personas, favoreciendo su pleno desarrollo e inclusión.

Hoy en día, el enfoque de salud pública, de derechos humanos, la necesidad de políticas basadas en la mejor evidencia disponible, marcos regulatorios diversos, participación de la sociedad civil, la no penalización o criminalización del consumo y otros retos, son temas presentes en el debate sobre sustancias psicoactivas a nivel nacional e internacional, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también operativo.

El enfoque de salud pública es el que prevalece en la conceptualización de las políticas en materia de drogas. Se debe respetar el derecho de los consumidores de acudir a tratamiento voluntariamente, pero también se debe favorecer la adopción de alternativas procesales y al encarcelamiento de consumidores en conflicto con la ley, a través de las cuales se admita que estos consumidores pueden optar por recibir intervenciones y/o tratamiento, en lugar de ser procesados o, en su caso, enviados a prisión a purgar penas por su mera posesión o por delitos menores relacionados al consumo de estas sustancias.

La relación entre el consumo de sustancias y el delito, desde la perspectiva de la neurobiología, es compleja. La investigación señala que algunas personas comparten como factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno por uso de sustancias, el rasgo caracterológico de la impulsividad/falla en los mecanismos cerebrales de respuesta inhibitoria. Además, existe una población especial, en la que este trasfondo temperamental parece comportar una más amplia y general propensión, no solamente al uso de sustancias, sino a también a involucrarse/participar en actos delictivos.

En razón de lo anterior, es menester atender el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud.

Como parte de la construcción de una política pública que sepa articular respuestas concretas para una parte de la población mexicana que se encuentra en conflicto con la ley y cuyo problema de origen es el consumo de sustancias psicoactivas, la justicia terapéutica promueve tomar en cuenta la forma en que las disciplinas relacionadas con la salud y las ciencias sociales puedan asistir en el desarrollo del derecho, sin menoscabar los valores del debido proceso.

Requiere que quienes intervienen en los procesos judiciales sean conscientes de los efectos humanos, emocionales y psicológicos que su comportamiento puede tener en las personas inmersas en el sistema, a fin de que, sobre la base de esa conciencia, puedan promover el bienestar de las personas.

Conscientes de que la forma de intervenir ante la violencia y la delincuencia tiene una variedad e integralidad de aristas que deben ser consideradas en las políticas públicas, y que no se limitan exclusivamente al uso de la justicia penal, la justicia terapéutica busca fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como incidir en las causas y los factores que la generan, a través de propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes de la unión, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía.

El respeto y promoción de los derechos humanos es un eje inamovible y transversal dentro de este tipo de políticas. No se puede negar la importancia de garantizar una dimensión humana del problema que esté centrada en la búsqueda del bienestar de la persona requiriendo una respuesta integral que contenga necesariamente un enfoque de salud pública, donde no se caracterice al consumidor de sustancias psicoactivas como objeto del sistema de justicia penal exclusivamente y donde se busquen nuevas alternativas a la imposición de sanciones penales o privación de libertad.

Asimismo, la promoción e implementación de estas políticas, acciones o programas deben estar acompañadas de la implementación de políticas sociales, de un sistema educativo más eficiente, una comunidad mejor diseñada, mejores programas dirigidos a las familias, mayor coordinación entre los sistemas de salud, educación, y justicia, así como la promoción de medidas que permitan administrar la justicia en forma más rápida y justa; deben diseñarse con base en la evidencia científica, la inclusión de un enfoque de género y la participación de la sociedad civil, tanto en su implementación como en su evaluación. Tomando en cuenta todos y cada uno de estos factores, pueden contribuir a una efectiva reducción de los factores de riesgo.

En ese sentido, y en el caso particular de las mujeres, quienes sufren afectaciones particulares relacionadas con el género, como detenciones asociadas a tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo en la cadena de las drogas (mulas o narcomenudeo), como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una pareja o familiar, su encarcelamiento contribuye en poco o nada a desmantelar las principales redes de los mercados ilegales de drogas o a mejorar la seguridad pública; por el contrario, y sobre todo en el caso de mujeres madres, puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades.

Sin embargo, las alternativas al encarcelamiento, por más necesarias y bienvenidas que sean, siguen siendo poco utilizadas en general, y en particular en el contexto específico del consumo de sustancias psicoactivas o en los delitos relacionados a estas. Probablemente esto se deba al hecho que las estrategias coherentes y exitosas para promover las alternativas al encarcelamiento requieren de una base de conocimientos sólidos en materia de justicia penal y prisiones, así como de una iniciativa para desarrollar políticas de justicia penal y reintegración social claras. El conocimiento y compromiso político son elementos cruciales para llevar a cabo reformas legislativas que permitan el uso de alternativas al encarcelamiento, así como para lograr los recursos necesarios para las obras de infraestructura y para hacer viables las condenas de servicio comunitario o de tratamiento, y de manera que sean bien acogidas por la opinión pública, lo cual constituye otro actor decisivo a la hora de implementar estas alternativas.

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública que significa un desafío para todas las instancias de salud, así como para la procuración de justicia por el grave impacto social que representan.

Es así que se crea el programa de justicia terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas, como una estrategia para emplear de manera eficaz el recurso público en materia de prevención, atención y tratamiento de adicciones, bajo un enfoque multidisciplinario y desde una visión de derechos humanos, que tiene como propósito prevenir la reincidencia delictiva, disminuir la recaída en el consumo de sustancias psicoactivas así como, en fase de ejecución, disminuir la población penitenciaria con el aprovechamiento del sustitutivo de pena bajo un esquema de vigilancia judicial que garantice el real cumplimiento del programa.

El modelo mexicano del programa de justicia terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas, mismo que se integra de una guía metodológica, un protocolo jurídico, protocolo sanitario y esquema de reinserción, busca ofrecer a todos los actores operativos involucrados, en cada una de las fases del proceso, una guía que facilite la homologación de criterios, elementos y procesos para el mejor desempeño de sus funciones en la implementación y la operación del mismo. Se trata, en síntesis, de igualar y consolidar las acciones de implementación en las entidades federativas, a través de la sistematización del modelo y describir sus componentes y alcances.

Este programa se fundamenta en el concepto de una atención socio-sanitaria integral, misma que contempla las características de salud física y mental del individuo, así como los factores familiares, sociales y medio ambientales, siendo que, estas acciones en el área social y de la salud, se encuentran supervisadas y coordinadas por un juez. Es por esto que la justicia terapéutica, implica una integración de los servicios de justicia, seguridad pública y salud en la búsqueda final de la reinserción social de los individuos, libres de adicciones y sin reincidencia en conductas delictivas.

Un claro ejemplo de la coyuntura de estas instancias son los centros de reclusión. Las cárceles de América Latina están pobladas en su mayoría por personas vinculadas a drogas. México no es la excepción, el consumo de sustancias psicoactivas en su interior suele agravarse por las condiciones extremas que presenta la privación de libertad en los recintos penitenciarios, así como el hacinamiento que existe, situación que dificulta y obstaculiza tratar a las personas privadas de su libertad que presentan un problema subyacente de consumo de sustancias psicoactivas.

Una “solución” común que han adoptado algunos países ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas, son las penas rigurosas para su consumo y los delitos conexos; lo que ha dado lugar al encarcelamiento de un gran número de personas, sin que ello haya tenido una repercusión importante a largo plazo en el consumo de drogas o en los delitos relacionados y que impactan de forma directa a la comunidad. Al mismo tiempo, el encarcelamiento prolongado de gran número de personas por delitos menores relacionados con las drogas, resulta costoso para el estado y supone riesgos para la salud pública.

Es una realidad que el encarcelamiento, en el caso de delitos menores, produce efectos negativos para el individuo, para sus familias y para la sociedad en general, ya que por un lado dificulta la incorporación de los sujetos al campo laboral por el estigma que representa contar con antecedentes penales; por el otro, los reclusos no solamente deben ser alimentados y mantenidos, sino que dejan de producir cuando están en una de sus etapas de vida de mayor potencialidad laboral. El daño se expande hacia sus familias, se rompe el lazo familiar al dejar los hogares sin un padre o una madre, generando factores de riesgo que pueden incidir en los miembros de la familia y genera también repercusiones en el ciclo maduro del individuo, cuando carezcan de recursos para sostenerse y demanden asistencia al sector público.

Estadísticas de la población más afectada

Dados los aumentos en el consumo de sustancias con respecto a años anteriores, es urgente ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir acciones hacia la población adulta joven, quienes son el sector que mayor consumo presenta, sin olvidar al grueso de la población que presenta problemas de adicción a sustancias psicoactivas y considerando especialmente a aquéllas que se encuentran en conflicto con la ley.

Los jóvenes de 12 a 17 años han aumentado en un 125 por ciento en los últimos seis años su consumo, mientras que el de las mujeres registra un incremento del 222 por ciento.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 (Encodat) 2016, de la población adolescente, 6.4 por ciento ha consumido cualquier droga alguna vez, el 3.1 por ciento lo ha hecho en el último año (437 mil) y el 1.2 en el último mes; 6.2 por ciento ha consumido drogas ilegales alguna vez (6.6 por ciento hombres y 5.8 mujeres), 2.9 por ciento en el último año (3.4 por ciento hombres y 2.3 mujeres) y 1.2 por ciento lo ha hecho en el último mes (1.7 por ciento hombres, 0.7 mujeres); 5.3 por ciento ha consumido mariguana, 1.1 cocaína y 1.3 inhalables alguna vez; en el último año 2.6 por ciento ha consumido mariguana 373 mil), 0.6 cocaína y 0.6 inhalables; en el último mes, 1.1 por ciento ha consumido mariguana y 0.2 cocaína.

La prevalencia de drogas ilegales aumentó significativamente de 2.9 a 6.2 por ciento: en el último año de 1.5 a 2.9 por ciento y en el último mes, se mantuvo estable (0.9 en 2011, 1.2 por ciento en 2016).

La mariguana aumentó significativamente tanto en el consumo alguna vez (2.4 a 5.3 por ciento) como en el último año (1.3 a 2.6 por ciento).

Conforme a los datos resultantes, surge la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas.

Es necesario ofrecer servicios con perspectiva de género, y facilitar que los usuarios de sustancias psicoactivas asistan a tratamientos especializados, (sólo uno de cada cinco recibe este tipo de ayuda de acuerdo a estadísticas a nivel mundial).

Los jóvenes han aumentado su participación en actos constitutivos de delito, que -se presume- existe una estrecha relación entre la dependencia de sustancias psicoactivas y la comisión de delitos.

La asociación entre sustancias psicoactivas y delitos comprende tres dimensiones principales: infracciones a la ley, delitos que se cometen bajo la influencia de alguna sustancia psicoactiva y delitos que se cometen con el motivo de comprar o proveerse de estas sustancias.

“A nivel nacional, 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de estupefacientes y/o alcohol, robo y lesiones en su mayoría; en el caso de menores infractores, más de la mitad reportó consumir drogas de forma habitual, de ahí la necesidad de implementar mecanismos que impacten de manera efectiva en la reducción de la dependencia a las drogas”.

Algunas drogas tienen un efecto sobre la percepción de la realidad de las personas tal que sólo basta la oportunidad (incluso experimental, por primera vez) para exponerse a la comisión de un delito.

Estudios internacionales, como el Informe sobre Uso de Drogas en las Américas, 2015, Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas, Costa Rica, 2014, en el continente americano, así como en Europa el Informe Europeo sobre Drogas (EDR) 2013, indican que la mayoría de los consumidores de sustancias psicoactivas en tratamiento ha tenido contacto con el sistema penal.

En algunos países de Europa se ha informado que los delitos contra la propiedad constituyen el principal tipo de delito que comenten los consumidores de sustancias psicoactivas. Por la frecuencia de la comisión de delitos patrimoniales en México, asociados con el consumo de sustancias psicoactivas, fueron los que se consideraron en las leyes penales y de salud mexicanas para ser incluidos en el Programa de Justicia Terapéutica (PJT), sin embargo, habría que ampliar y no limitar este beneficio, por esta razón una de las propuestas es la modificación del artículo 119 párrafo segundo, y 179 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, considerando que quedarán excluidos del PJT aquellos delitos que, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ameritan prisión preventiva o son considerados más graves:

- delincuencia organizada,

- homicidio doloso,

- violación,

- secuestro,

- trata de personas,

- delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,

- delitos graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la nación,

- el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Sin embargo, a nivel mundial no se ha demostrado científicamente que exista una relación causal entre el consumo de sustancias psicoactivas y la comisión del delito, ya que también existen otra serie de factores, como el comportamiento socio-patológico de algunas personas privadas de libertad que pueden ser los reales detonantes del delito o la suma de distintos factores, (entre ellos el consumo sustancias psicoactivas) los que pudiesen ser los causales.

Existen diferentes factores de riesgo, como aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas, colocando a las personas en una situación de mayor peligro respecto a otras para experimentarlas.

Se ha observado que mientras más factores de riesgo coexistan en el entorno de una persona, es más probable que inicien en el consumo a más temprana edad; aunado a la falta, en muchas entidades, de un tratamiento acorde a la particularidad de consumo de cada persona. Es por eso que se vuelve imperioso que autoridades judiciales y de salud intervengan para modificar las acciones para enfrentar el problema, así como la legislación de las materias involucradas.

Marco legal

Nuestro sistema judicial ha experimentado una transformación durante las pasadas décadas, reenfocando los procedimientos a una tendencia internacional no adversarial. Con la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública y de Justicia Penal de 2008, se establece la implementación de un nuevo proceso acusatorio y oral; principios procesales modernos y democráticos; derechos del imputado mejor definidos; derechos del ofendido y de las víctimas acrecentados; incorporación de los jueces de control y de sentencia; mecanismos alternos para la solución de controversias; mejoramiento del sistema de defensoría pública; atenuación del monopolio de la acción penal del Ministerio Público, con criterios de oportunidad y acción privada entre otras modificaciones.

Asimismo, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 es trascendental, ya que plasma el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro homine como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Esto se plasma en el artículo 1 constitucional en donde se reconoce, pero también se garantiza la protección a los derechos humanos, incluyendo los que estén en tratados internacionales suscritos por México.

Es claro que el objetivo principal de estas reformas es el respeto y defensa de los derechos de todas las personas, comprendiendo a aquéllas que tienen un problema de salud o que se encuentran privadas de la libertad.

Por otro lado, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en 2016, proporcionó un marco jurídico base con miras a la construcción de alternativas efectivas a la justicia tradicional.

Estos cambios son el resultado de un sistema de justicia penal tradicional que ha operado dentro de una cultura de castigo sin dar los resultados esperados, ya que aborda los síntomas del delito, mas no el origen del problema, dando como resultado el aumento de la criminalidad y de la reincidencia delictiva.

Ante lo cual es necesario buscar alternativas que permitan solucionar el problema de la delincuencia de fondo, atendiendo a sus causas y poniendo énfasis en la salud, la educación, la familia y el empleo, entre otros factores, es decir, atender la problemática de manera integral y no focalizada a un solo aspecto.

La evidencia indica que las intervenciones de tratamientos para personas con consumo de sustancias psicoactivas, utilizadas como alternativa a la reclusión, han mostrado un aumento considerable en las tasas de recuperación, a la vez que se ha reducido la tasa de delitos y los costos de la justicia penal. Dicho esto, no cabe duda para pensar que, con una oportuna atención y constante vigilancia, así como tratamiento médico, psiquiátrico, y psicológico sus posibilidades de recaer disminuirán significativamente, asimismo la opción de volver a delinquir se ve disminuida.

Hay que considerar que la falta de atención al problema perjudica directamente al Sistema de Salud, así como al Sistema de Justicia, incluso fuera de los Centros de Reinserción Social.

Ante esto, es menester adecuar los tratamientos hacia quienes son consumidores de sustancias psicoactivas, y también para quienes se encuentran recluidos por delitos que no representen un grave peligro a la sociedad. Por ello una de las propuestas es extender el beneficio, no solo por delitos patrimoniales sin violencia, sino hacer un análisis minucioso, excluyendo a internos que cometieron tipos penales que conllevan prisión preventiva, de conformidad con el contenido del artículo 19 constitucional de manera que se modifique la ley siendo más humana y preocupándose también por el aspecto emocional y psicológico de las personas, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas que han cometido un delito y presentan un problema de consumo de sustancias psicoactivas.

Es por eso que, con estas reformas propuestas se busca el trabajo en conjunto tanto del sector salud como el de justicia para sumar esfuerzos para la obtención de resultados favorables, de manera que primeramente exista una armonía entre ordenamientos, encaminada a actuar y resolver esta situación de forma idónea.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de sustancias psicoactivas

Artículo Primero: Se reformanlos artículos 73, 74 y 481 y se adiciona la fracción III Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. y II. ...

III. La realización de programas para la prevención y el control del uso de sustancias psicoactivas;

III Bis. La implementación de programas cuyo objeto consista en brindar atención a personas que, a causa de un trastorno debido al consumo de sustancias, se encuentren en conflicto con la ley;

IV a IX. ...

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I. La evaluación diagnóstica integral, el tratamiento multidisciplinario que aborde las diferentes necesidades y la rehabilitación de personas que padezcan de trastornos mentales y del comportamiento;

II. ...

III. La reintegración o integración de la persona que padezca trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas de reinserción social y de asistencia social, como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Artículo 481. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique mediante el instrumento clinimétrico idóneo o prueba de detección de sustancias, que una persona relacionada con un procedimiento es consumidora de sustancias psicoactivas, deberá informar de inmediato y dar intervención a las autoridades sanitarias competentes para su valoración y, en su caso, su inclusión en programas de tratamiento para trastornos debido al consumo de sustancias.

...

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta a un programa de tratamiento profesional integral, avalado por la Secretaría de Salud, para trastornos debido al consumo de sustancias, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 131, 195 y 256; y adiciona la fracción XVI y un tercer y cuarto párrafo al artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

Para los efectos del presente Código, el ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

I a XIII. ...

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código, así como la supervisión del cumplimiento de estos;

XV. a XVII. ...

XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal y realizar la supervisión del cumplimiento de éstos cuando recaiga en su ámbito de competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIX a XXIV. ...

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso

...

I. y II. ...

III. Abstenerse de consumir sustancias psicoactivas, salvo que sea por prescripción médica;

IV. Participar en programas especiales de tratamiento profesional, avalados por la Secretaría de Salud, para trastornos debido al consumo de sustancias, bajo supervisión judicial;

V. y VI. ...

VII. Someterse a tratamiento profesional integral, de preferencia en instituciones públicas;

VIII. a XV. ...

XVI. Someterse a pruebas de detección toxicológica para sustancias psicoactivas, cuando le sea requerido.

Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. Para los efectos de la fracción IV, la evaluación previa deberá incluir un dictamen, emitido por un profesional de la salud designado por la Secretaría de Salud, que confirme el trastorno debido al consumo de sustancias del imputado para que el juez pueda resolver sobre su inclusión en dichos programas.

La evaluación y el seguimiento de estos programas se llevarán a cabo mediante la realización de reuniones previas con las instituciones operadoras del programa y de audiencias públicas convocadas por el juez de control especializado, que se celebrarán conforme a las necesidades del plan individualizado de tratamiento y a la evolución del imputado.

El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

...

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad

...

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión;

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos;

III a VII. ...

...

...

...

...

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185 y 189; y se adicionaun último párrafo al artículo 169, la fracción VIII al artículo 170 y las fracciones III y IV al artículo 178 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar como sigue:

Artículo 169. Objeto

El objeto de este Capítulo es establecer las bases para regular, en coordinación con las Instituciones operadoras, la atención integral de los trastornos debido al consumo de sustancias de las personas sentenciadas y su relación con la comisión de delitos, a través de programas de justicia terapéutica, que se desarrollarán conforme a los términos previstos en esta Ley y la normatividad correspondiente.

El programa de justicia terapéutica es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el Juez de Ejecución y será aplicable cuando se trate:

I. De delito que no sea patrimonial realizado con violencia física o moral sobre las personas;

II. De delito cuya pena de prisión, considerada en abstracto e incluidas sus calificativas si las hubiere, tenga una media aritmética que no exceda de cinco años.

Dicho programa, que se desarrollará bajo la supervisión del Juez de Ejecución, tiene como finalidad propiciar la reinserción o inserción social de las personas sentenciadas que padezcan un trastorno debido al consumo de sustancias, reducir los índices delictivos y el consumo de tales sustancias.

Artículo 170. Bases del programa

El programa debe contemplar los siguientes aspectos fundamentales:

I. Los trastornos debido al consumo de sustancias son considerados enfermedades biopsicosociales crónicas, progresivas y recurrentes que afectan el juicio, el comportamiento, el desenvolvimiento social de las personas y pueden caracterizarse por la presencia de consumo repetitivo de la sustancia a pesar de las consecuencias negativas y la aparición de estados físicos y psicológicos anormales al suspender el consumo;

II. Debe impulsar acciones para reducir situaciones de riesgo de la persona sentenciada frente a la justicia sobre el consumo de sustancias psicoactivas;

III. Debe garantizar la protección de los derechos de la persona sentenciada y de la víctima o el ofendido;

IV. ...

V. Debe mantener una interacción constante entre la persona sentenciada, el Centro de Tratamiento, el Juez de Ejecución y los representantes de las demás instituciones operadoras;

VI. Debe medir el logro de metas y su impacto, mediante evaluaciones constantes que integren indicadores cuantificablesy realimentar el procedimiento, a efecto de lograr una mejora continua;

VII. Debe incluir programas de capacitación continuainterdisciplinaria y actualización constante del personal de las instituciones operadoras del sistema; y

VIII. Debe implementar acciones sustentadas en la evidencia científica y el respeto de los derechos humanos, así como priorizar la atención profesional de enfermedades coexistentes y de las particularidades que requieran de una atención diferenciada, tales como el origen étnico, el género, la edad y demás características propias de los sentenciados.

Artículo 171. Principios del Procedimiento

Las estrategias del programa de las personas sentenciadas deben estar fundamentadas en una política de salud pública, reconociendo que los trastornos debido al consumo de sustancias representan una enfermedad biopsicosocial crónica, progresiva y recurrente que requiere de un tratamiento integral. Por tal motivo, el procedimiento se regirá bajo los siguientes principios:

I. ...

II. Flexibilidad. Para la aplicación de incentivos y medidas disciplinarias, se considerará el cumplimiento y la participación en el tratamientodel trastorno debido al consumo de sustancias como parte del proceso de rehabilitación, así como las recaídas como parte propia de la evolución de estos trastornos;

III. Confidencialidad. La información personal de las personas sentenciadas en tratamiento estará debidamente resguardada y únicamente tendrán acceso a ella los operadores como un principio ético, aplicable tanto a la información de carácter exclusivo del área médica como la exclusiva delproceso judicial;

IV. ...

V. Transversalidad. Es la articulación, complementación y homologación de las acciones e instrumentos aplicables en materia de trastornos debido al consumo de sustancias, por las instituciones del sector público y social en torno a la realización armónica y funcional de las actividades previstas en el marco de esta Ley, tomando en cuenta las características de la población a atender y sus factores específicos de riesgo;

VI a X. ...

Artículo 172. Elaboración del programa

El programa iniciará una vez que la persona sentenciada haya sido admitida para atender el trastorno debido al consumo de sustancias que padezca, así como otras enfermedades relacionadas con este último.

El Centro de Tratamiento debe elaborar el programa a partir del diagnóstico confirmatorio, de acuerdo con las necesidades y características de la persona sentenciada, así como la severidad del trastorno debido al consumo de sustancias. El programa podrá ser bajo la modalidad residencial o ambulatoria.

Artículo 173. Ámbitos de intervención

El programa debe ser integral y debe considerar los siguientes ámbitos de intervención:

I. a II. ...

III. Institucional: La participación del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General, el Instituto de la Defensoría Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad estatal, a través de las unidades administrativas que designe su normatividad.

...

Artículo 174. Modalidades de intervención

El programa puede llevarse mediante las siguientes modalidades de intervención:

I. Tratamiento farmacológico, en caso de ser necesario de acuerdo a las guías clínicas y manuales de tratamiento y al criterio del médico para el manejo de la intoxicación, de la abstinencia, del trastorno debido al consumo de sustancias y de los trastornos psiquiátricos y médicos no psiquiátricos concomitantes;

II a VIII. ...

Artículo 175. Etapas del tratamiento

El programa contemplará:

I. a IV. ...

V. La evaluación final y el seguimiento al egreso del programa.

Artículo 176. Naturaleza de los Centros de Tratamiento

La Federación y las entidades federativas deben contar con Centros de Tratamiento profesionales. El programa debe ser proporcionado por los Centros de Tratamiento sin costo, se aplicará con respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género y grupo etario siguiendo los estándares de profesionalismo y de ética médica en la prestación de servicios de salud y cuidando la integridad física y mental de las personas sentenciadas.

Artículo 177. Obligaciones del Centro de Tratamiento

El Centro de Tratamiento debe:

I. Realizar la evaluación diagnóstica inicial, que confirme la existencia de algún trastorno debido al consumo de sustancias para determinar la admisión de la persona sentenciada al programa;

II. Esta evaluación debe sustentarse en pruebas de laboratorio y gabinete, así como instrumentos clinimétricos pertinentes para la detección oportuna de los diferentes padecimientos;

III. ...

IV. ...

V. Otorgar el tratamiento o, en su caso, coordinar otros servicios proveedores de tratamiento mediante un sistema efectivo de referencia y contra-referencia para atender los diferentes padecimientos encontrados en la evaluación diagnóstica;

VI . Cumplir con la normatividad vigente del expediente clínico de cada persona sentenciada sujeta al programa de tratamiento, actualizando el mismo con la información de todas las intervenciones efectuadas;

VII. Realizar consultas de seguimiento durante la ejecución del programa;

VIII al XI. ...

Artículo 178. Admisión

Para ser admitida al programa la persona sentenciada debe:

I. ...

II. ...

III. Contar con dictamen, emitido por un profesional de la salud designado por la Secretaría de Salud, que confirme la existencia de un trastorno debido al consumo de sustancias; y

IV. Contar con una evaluación que determine que su estado de salud físico y mental le permitirá participar en las actividades del programa de tratamiento;

....

Artículo 179. Solicitud

...

En caso de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 178 de esta ley, el Juez de Ejecución requerirá al Centro de Tratamiento la Evaluación Diagnóstica Inicial a efecto de que sea remitida en un término de cinco días hábiles contados a partir de su recepción.

...

Artículo 180. Equipo Multidisciplinario

El Juez de Ejecución, una vez que cuente con la Evaluación Diagnóstica Inicial que arroje resultado positivo, deberá notificar a las instituciones participantes del programa, a fin de que designen un representante para la conformación de un equipo multidisciplinario, que será el encargado de diseñar, ejecutar y evaluar el programa individualizado que requiera cada persona sentenciada.

Artículo 183. Audiencias de seguimiento

Las audiencias de seguimiento, cuya periodicidad será determinada por el Juez de Ejecución luego de que haga la consulta respectiva al Equipo Multidisciplinario, tienen por objeto que el mencionado funcionario judicial constate el cumplimiento del programa y escuche a la persona sentenciada sobre sus avances en éste.

A estas audiencias asistirán el Ministerio Público, un representantedel Centro de Tratamiento, la persona sentenciada y su defensor.

Artículo 184. Audiencias especiales

El Juez de Ejecución puede llevar a cabo audiencias especiales, fuera de las audiencias de seguimiento, a estas audiencias asistirán el Ministerio Público, un representante del Centro de Tratamiento, la persona sentenciada y su defensor.

...

Artículo 185. Conclusión del Programa

Concluido el programa, el Centro de Tratamiento solicitará al Juez de Ejecución la audiencia de egreso. A esta audiencia asistirán el Ministerio Público, un representante del Centro, la persona sentenciada y su defensor.

Artículo 189. Causas de revocación

Serán causa de revocación del programa, las siguientes:

I. ...

...

Para efecto de lo anterior, la reiteración debe entenderse como aquella conducta que haya sido sancionada con una medida disciplinaria con anterioridad por el Juez de Ejecución, para lo que el equipo multidisciplinario decidirá si la reiteración merece la expulsión, según la particularidad del caso.

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 95, 100 y 102; y se adiciona un último párrafo al artículo 102, un Título III denominado “Formas de Terminación Anticipada” únicamente con un artículo 105 Bis, una fracción XIII al artículo 119, el inciso K al artículo 155 y un artículo 162 Bis de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 95. Procedencia

Los acuerdos reparatorios procederán en los casos en que se atribuyan hechos previstos como delitos no patrimoniales realizados con violencia física o moral sobre las personas, y cuya pena de prisión aplicable, si la persona imputada fuera mayor de edad, considerada en abstracto e incluidas sus calificativas si las hubiere, tenga una media aritmética que no exceda de cinco años.

Artículo 100. Procedencia

La suspensión condicional del proceso procederá a solicitud de la persona adolescente o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:

I. Que se haya dictado auto de vinculación a proceso por hechos previstos como delito no patrimonial realizado con violencia física o moral sobre las personas, y cuya pena de prisión aplicable, si la persona imputada fuera mayor de edad, considerada en abstracto e incluidas sus calificativas si las hubiere, tenga una media aritmética que no exceda de cinco años.

II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido.

Artículo 102. Condiciones

El Juez fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año, y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir la persona adolescente. Además de las condiciones que establece el Código Nacional se podrán imponer las siguientes:

I. a IV...

V. Abstenerse de consumir sustancias psicoactivas, incluso bebidas alcohólicas;

VI. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de los trastornos debidos al consumo de sustancias con supervisión judicial, y

...

Para fijar las condiciones, el Juez puede disponer que la persona adolescente sea sometida a una evaluación previa por parte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso. Para los efectos de la fracción VI, la evaluación previa deberá ser realizada por un profesional de la salud designado por la Secretaría de Salud, mismo que rendirá un dictamen donde se confirme o no, un trastorno debido al consumo de sustancias de la persona adolescente, a fin de que el juez pueda resolver sobre su inclusión en dichos programas.

El Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán proponer al Juez las condiciones a las que consideren debe someterse la persona adolescente. Las condiciones deberán regirse bajo los principios de carácter socioeducativo, proporcionalidad, mínima intervención, autonomía progresiva, justicia restaurativa y demás principios del Sistema.

Artículo 105 Bis. Procedimiento Abreviado

El procedimiento abreviado será aplicable en el Sistema. Además de colmarse las exigencias previstas en el Código Nacional, deberá contarse con el consentimiento libre, expreso e informado de:

I. La persona adolescente, y

II. El padre o la madre de aquél, de ambos o del representante de alguno de éstos.

Artículo 119. Medidas cautelares personales

Sólo a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido, y bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en esta Ley, el Órgano Jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:

I. a XII. ...

XIII. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de los trastornos debido al consumo de sustancias, con supervisión judicial.

Artículo 155. Tipos de medidas de sanción

Las medidas de sanción que se pueden imponer a las personas adolescentes son las siguientes:

a) a j) ...

k) Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de los trastornos debidos al consumo de sustancias con supervisión judicial.

Artículo 162. Libertad Asistida

...

Artículo 162 Bis. Programas Especiales para la prevención y el tratamiento de los trastornos debidos al consumo de sustancias con supervisión judicial.

Consiste en una estrategia de tratamiento que opera bajo estricta supervisión judicial, centrándose en el abordaje terapéutico de la persona adolescente por el consumo de sustancias psicoactivas.

La inclusión de la persona adolescente a este tipo de programas de Justicia Terapéutica, se dará siempre y cuando se cumplan los criterios jurídicos y sanitarios para el efecto.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Resolución de Guatemala (2014). “3. Reconocer la necesidad de que, de conformidad con sus obligaciones de derecho internacional, los Estados consideren: i. revisar periódicamente las políticas sobre drogas adoptadas con el objeto de que estas sean integrales y centradas en el bienestar de la persona para hacer frente a sus retos nacionales y evaluar su impacto y efectividad, y (...)”.

2 Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010). Reducción de la Oferta, punto 22. Es necesario explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.

3 Informe El Problema de las Drogas en las Américas (2013). Informe Analítico, página 93.

4 Declaración de Antigua (2013). “11. Que las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, cuando corresponda.”

5 Declaración de Antigua (2013). “Reiterando, asimismo, la importancia de la participación de la sociedad civil para enfrentar el problema mundial de las drogas, incluyendo el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, en base a su experiencia y conocimiento.”

6 Resolución de Guatemala (2014). “(...) notando la importancia de una visión que atienda las causas del problema mundial de las drogas, los nuevos retos y las diferentes realidades de los Estados Miembros a fin de reducir los diferentes costos y efectos dañinos en nuestras sociedades y afianzar el tejido social, promoviendo, entre otros, políticas públicas integrales con énfasis en la salud pública, la educación, la justicia, el desarrollo social, el Estado de derecho, la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas y los derechos humanos (...).”

7 Lomba, Antonio; Santamaría González, Berenice; Mondragón Esquivel, Reyna. Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos; México, 2016.

8 Discurso en la visita a México que realizó Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 27 de septiembre de 2015.

9 Encodat es el nombre que adoptó la que fuera la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) realizada en años anteriores, modificada con la finalidad de que refleje con mayor precisión sus contenidos y alcance.

10 Informe Mundial sobre Drogas 2015, UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito).

11 http://www.senda.gob.cl/media/estudios/otrosSENDA/ Asoc%20drogas%20y%20delitos%202006.pdf

12 Subdirector de Tratamiento y Reinserción Social del Instituto Mexiquense contra las Adicciones (IMCA), Alberto Alonso Gutiérrez Novelo.

13 Pirámide de la violencia “Factores de riesgo asociados a la violencia y delincuencia”. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014-2018.

14 DOF 18/06/2008. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

15 David B. Wexler & Bruce J. Winick, Law in Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence xvii(1996) [hereinafter Key].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Leticia Amparano Gamez, Eloisa Chavarrías Bajaras, Enrique Cambranis Torres, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, José Everardo López Córdova, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Patricia García García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados David Gerson García Calderón y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El divorcio constituye el acto jurídico por el cual se disuelve el vínculo matrimonial.

El término “divorcio” proviene del latín divortium, de divertere, que significa separar. Jurídicamente encontramos múltiples conceptos de divorcio, en este sentido es una lucha que al menos en México ya ha sido ganada. Tomando en consideración que la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano estamos obligados a respetar, a promover y garantizar los derechos humanos que establece el artículo 1o. de nuestra Carta magna, y atendiendo a que el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión máxima del principio liberal de autonomía de la persona, de acuerdo con el cual al ser valiosa, el individuo puede de manera unilateral elegir los planes de vida, sin la intervención de un tercer sujeto, y para que se lleve a cabo ese fin, el mismo Estado Mexicano debe diseñar mecanismos que faciliten esos planes de vida.

El Código Civil Federal contiene preceptos que discriminan y señalan a aquellas personas que caen en alguna causal de divorcio de las que establece el artículo 267, ante esta problemática es necesario proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución, salvaguardando el derecho a la libre determinación del individuo para lo cual es necesario establecer una forma más eficiente y expedita de tramitación del divorcio, sin que exista la necesidad de exigir una causal. De conformidad con los recientes criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en derechos humanos y a fin de tutelar y privilegiar la materia de divorcio, cuidando siempre los derechos de los menores y salvaguardando otros derechos de las partes y atendiendo a la progresividad de los derechos humanos y dado que la materialización de causales previstas en el Código Civil Federal, ha dejado de ser relevante, puesto que adquieren mayor importancia en el juzgador para resolver la Litis planteada, los derechos humanos involucrados, como en la especie, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, quedando entonces en el criterio del juzgador priorizar la voluntad de las partes, cuando alguno de ellos ha manifestado la voluntad de no continuar con el vínculo matrimonial. Sirve de apoyo los criterios que a continuación nos permitimos describir.

La regulación del divorcio como la del mismo matrimonio en las 32 entidades federativas del país, ha cambiado con el paso del tiempo. Históricamente son dos los cambios a este régimen que han sido trascendentales. El primero; fue el que permitió la disolución del vínculo matrimonial –y que fue introducido por Venustiano Carranza en plena Revolución mexicana (1914) –, bajo esta nueva regulación, la pareja podía terminar el matrimonio con la posibilidad de volverse a casar por común acuerdo. Si éste no existía –uno quería separarse y el otro no–, el que quería el divorcio debía probar una causa. La dinámica de las causales operó justo así: para que procediera la separación, era necesaria alguna falta, una causa grave, suficiente para ameritar romper el núcleo familiar. El segundo cambio en esta materia y de gran calado, fue introducido por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el 2008, en el que dejaron de ser necesarias las causales y el común acuerdo para que el divorcio procediera, basta con que una de las partes ya no quiera seguir con el matrimonio para que éste termine. A la Ciudad de México, le han seguido el Estado de Hidalgo (2011), el Estado de México (2012), Guerrero (2012), Yucatán (2012), Sinaloa (2013), Coahuila (2013), Tamaulipas (2015), Nuevo León (2016), entre otros, en el reconocimiento de esta posibilidad.

Sólo por señalar, la intervención del Estado mexicano hasta ahora en la relación matrimonial; el divorcio solía ser como la suspensión temporal de la obligación de cohabitar con la pareja, suspensión que había que solicitarle a un juez y que sólo se otorgaba si se comprobaba tener una muy buena razón para ello. Históricamente; la “infidelidad sexual” adulterio, la “crueldad excesiva”, la “enfermedad grave y contagiosa”, la demencia y la “inducción” a cometer crímenes han sido razones consideradas válidas para una separación. Estos criterios han sido superados y han variado a través de las jurisdicciones y de los años. Hoy cobra mayor fuerza al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la contradicción de tesis 73/2014, donde queda firme que la solicitud de divorcio basta con la decisión unilateral de alguna de las partes, sin que medie causal alguna para su procedencia, y como ha quedado demostrado resulta necesario ajustar el artículo 267 del Código Civil Federal a los nuevos tiempos, al nuevo paradigma que representa la interpretación conforme con los derechos humanos, debiendo proceder una reforma al ordinal en comento que contiene el catálogo de causales de divorcio y perfeccionarlo en el contexto garantista.

Después de haber realizado un estudio y análisis del artículo 267 del Código Civil Federal y su contenido, nos arroja el siguiente resultado: Actualmente el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite al individuo o individuos elegir y materializar los planes de vida que estiman convenientes, pero ese derecho tan fundamental aún se encuentra acotado por el numeral 267 que en este proyecto se pretende modificar, ya que éste restringe injustificadamente ese derecho fundamental, exigiendo diversas causales para la disolución del vínculo matrimonial cuando no exista mutuo consentimiento de las partes, incidiendo en el contenido Prima Facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en este sentido se trata de una medida del legislador que acota sin justificación el derecho fundamental en comento.

En consecuencia; el artículo 267 del Código Civil Federal en el cual establece diversas causales, que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del vínculo matrimonial cuando no exista consentimiento de los involucrados, resultan violatorios de derechos humanos, por lo tanto, debemos dejar de lado esas causales que lo único que hacen es condicionar a una persona a estar unida con su pareja de manera obligatoria, restringiéndosele su voluntad de separarse, por lo que ya no es posible permitir a los impartidores de justicia como son jueces y magistrados, condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal. En este orden de ideas se violenta nuestra Constitución, siendo esta la expresión máxima de la soberanía, así como tratados Internacionales y la propia jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal del País, el cual ha establecido en su criterio jurisprudencial 73/2014, que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno.

A efecto de darle profundidad al cumplimiento de nuestro ordenamiento Constitucional y los Instrumentos Internacionales. De lo anterior se obtiene que el divorcio sin expresión de causa, es decir la voluntad del individuo de no seguir vinculado a su cónyuge debe prevalecer y no estar supeditada a explicación alguna, pues con la expresión de dicha voluntad se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que decidir estar casado o no casado, constituye el modo en que el individuo desea proyectar su vida, lo que implica una decisión libre de no continuar con el vínculo matrimonial, ya que si no existe la voluntad de uno de los cónyuges para continuar con el matrimonio este debe autorizarse la disolución del mismo, sin que ello implique una vulneración al derecho humano a una justicia imparcial, máxime que la declaración de divorcio es de carácter declarativo, pues se limita a evidenciar una situación jurídica como es la separación de facto de las relaciones afectivas de los involucrados.

A mayor abundamiento y fundamentación me permito transcribir el contenido de nuestro ordenamiento jurídico, de los tratados internacionales y el criterio jurisprudencial resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual en lo conducente establecen lo siguiente:

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el título primero, lo relativo a los derechos humanos de los que gozamos y la obligación del Estado mexicano de garantizar que se protejan nuestros derechos. En este sentido, quisiéramos ilustrar lo que establecen algunos artículos de nuestra carta magna.

El primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En dichos términos, las garantías de protección con el fin de tutelar los derechos humanos pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo: aquellas que permiten invalidar o anular el acto que no ha respetado los derechos de las personas; aquellas que buscan producir el acto que promueve o protege tales derechos; así como aquellas que sancionan la omisión de actuación por quienes están Constitucionalmente exigidos a promover, respetar y proteger los derechos humanos. Lo anterior, se traduce en que las garantías de protección pueden generar actos de sentido positivo o actos de sentido negativo. Unos u otros dependerán de la naturaleza de la protección que persiga la garantía correspondiente; es decir, según tenga por objeto producir un acto que promueva, respete o proteja los derechos humanos.

El artículo 4 de la Constitución establece que:

“[...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [...]”

Por otro lado, en la Contradicción de Tesis 73/2014 la Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto a que el régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

A este respecto, la Corte argumentó que el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante. Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 32/2013, dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.15 C (10a.), de rubro: “Divorcio necesario. Debe decretarse aun cuando no queden demostradas las causales invocadas, tomando en consideración el derecho fundamental a la dignidad humana.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3051, con número de registro digital 2005339, y el juicio de amparo directo 339/2012, que dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.10 C (10a.), de rubro: “Divorcio. el artículo 175 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, al exigir la demostración de determinada causa para lograr la disolución del vínculo matrimonial, cuando no existe consentimiento mutuo, es inconstitucional al restringir el derecho al desarrollo de la personalidad humana.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3050, con número de registro digital 2005338; y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1020/2013 (cuaderno auxiliar 44/2014), en el cual sostuvo que, conforme a lo establecido en la Norma Fundamental, en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, lo que por sí mismo excluye la posibilidad de resolver asuntos en conciencia; que el artículo 4o. de ese mismo ordenamiento establece el interés superior de la ley en preservar la unidad familiar, lo que conlleva a establecer, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si el matrimonio es una de las bases de la familia, por ende, constituye una figura jurídica en comento implica, aunque de naturaleza sui géneris, un contrato civil que no puede disolverse unilateralmente, sino que el vínculo jurídico que se crea con su celebración sólo puede desaparecer cuando se surtan los supuestos establecidos expresamente en la ley. Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha quince de abril de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Dentro de los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano, destaca la Convención Sobre los Derechos del Niño, instrumento adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, el cual obliga al Estado mexicano a velar por el interés superior del niño, por lo cual mantener en el Código Civil federal, las disposiciones que prevén que el divorcio solo puede solicitarse por personas mayores de edad, implica que los menores pueden contraer matrimonio y no tienen derecho a solicitar el divorcio, lo cual viola los derechos de los niños, por tal motivo, hemos propuesto suprimir del Código esas disposiciones.

La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada desde la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y también en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, y también es reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales interesadas por el bienestar de la niñez.

Como principio rector en materia de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, por lo que cada quien es responsable de sus actos y sus decisiones.

A continuación, se muestra un cuadro que contiene la propuesta que ponemos a consideración:

Es evidente que existe la necesidad de adecuar el Código Civil Federal a los nuevos tiempos y al nuevo modelo que representa la interpretación de los derechos humanos y los diversos instrumentos jurídicos, debiendo proceder a la modificación en comento que contiene el catálogo de causales de divorcio y perfeccionarlo en el contexto garantista.

Fundamentación

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en los motivos aquí expuestos, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal

Único: Se reformanlos artículos 267, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 284, 287, 289, 290 y 291; se deroganlos artículos 268, 277, 280. 283, 285, 286 y 288; y se adiciona el artículo 271, todos del Código Civil Federal, en materia de divorcio incausado, para quedar como sigue:

Artículo 267. El divorcio se clasifica en:

I. Incausado, cuando, de manera unilateral, lo solicite cualquiera de los cónyuges; y

II. Por mutuo consentimiento, cuando se solicita de común acuerdo en forma judicial o administrativa en los términos de este Código y demás leyes aplicables.

Artículo 268. Se deroga

Artículo 269. El divorcio incausado es unilateral y podrá solicitarlo cualquiera de los cónyuges cuando así lo desee, con la sola manifestación de no querer continuar con el matrimonio.

Artículo 270. El cónyuge que desee promover el divorcio incausado, en su solicitud deberá señalar al Juez ante quien se entable, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

I. Su nombre y apellidos, domicilio donde reside, nacionalidad, edad, grado escolar, ocupación u oficio del solicitante;

II. El nombre, apellidos, ocupación u oficio y domicilio donde reside su cónyuge, y

III. La exposición clara, sucinta, en párrafos numerados, de la situación que guarda en relación a su cónyuge y sus hijos menores de edad o incapaces, debiendo indicar edad, grado escolar y el lugar en que estos últimos residen.

Artículo 271. El cónyuge que solicite el divorcio incausado, anexará la propuesta de convenio para regular las consecuencias jurídicas del divorcio en los términos de este Código, deberá contener lo siguiente:

I. Domicilio;

II. Cantidad económica que por alimentos deba cubrir un cónyuge al otro durante el procedimiento, forma de hacerlo y la garantía que debe darse para asegurarlos;

III. Determinar quién debe de cubrir los alimentos de los hijos, así como la forma de pago y su garantía, durante el procedimiento del divorcio, como después de ejecutoriado;

IV. De los hijos, la mención de quien deba tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento y, el régimen de convivencia, comprometiéndose a que siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades del menor evitando en todo momento generar sentimientos negativos, de lo contrario serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y custodia;

V. La forma de administrar los bienes de la sociedad conyugal, si los hubiera, durante el procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado.

VI. La falta o deficiente presentación de la propuesta de convenio, previsto en los anteriores párrafos de este artículo, no será obstáculo para admitir a trámite la solicitud.

Artículo 272. El divorcio de mutuo consentimiento procederá cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, carezcan de bienes, o que de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron o tratándose de separación de bienes hubieren acordado la compensación que uno dará al otro.

Se presentarán personalmente ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

Artículo 273. En el divorcio de mutuo consentimiento, los cónyuges están obligados a presentar al Juez un convenio que establezca tres criterios:

I. En cuanto a las personas de los cónyuges; el divorcio extingue el vínculo matrimonial y deja en libertad a los divorciados para contraer un nuevo matrimonio válido. La mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes. En este contexto, el mismo derecho tendrá el hombre.

II. En cuanto a los hijos, expresarán sobre las obligaciones respecto de la custodia, alimentación y convivencia en relación a sus hijos menores o incapaces, los cónyuges quedan obligados para con estos, y

III. En cuanto a los bienes, en el propio convenio los cónyuges señalaran lo relativo a la administración de la sociedad conyugal mientras dure el procedimiento y a la liquidación de la misma una vez ejecutoriado el divorcio.

Artículo 274. El divorcio que regula los numerales 272 y 273 de este código, los cónyuges podrán solicitar su divorcio al Juez competente, en cualquier momento, en los términos de este Código y demás leyes aplicables.

Artículo 275. Al admitirse la solicitud de divorcio incausado, o antes, si hubiere urgencia, el juez podrá dictar solo mientras dure el procedimiento, las disposiciones siguientes:

I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos menores o incapaces de los sujetos a tutela;

II. Fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos menores de edad o incapaces;

III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, en relación a la guarda y custodia provisional de las y los hijos menores de edad, el Juez podrá decretar una resolución habiendo escuchado a ambos progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro interesado, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela;

IV. El Juez dictará las medidas precautorias respecto si la mujer está embarazada y,

V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos.

Artículo 276. Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses de los cónyuges, de lo hijos menores o incapaces y de sus bienes, el Juez tomará las medidas precautorias notificando al Ministerio Público, para que no se causen daño.

Artículo 277. Se deroga

Artículo 278. Al decretarse el divorcio incausado, si no hay acuerdo entre las partes, el Juez determinara sobre los derechos y las obligaciones respecto de la patria potestad, custodia, alimentación y convivencia en relación a sus hijos menores o incapaces, privilegiando el interés superior de las y los niños y adolescentes, su salud, costumbres, educación y conservación de su patrimonio.

Artículo 279. Quien reclame el derecho a los alimentos que regulan los artículos 269, 272 y 273 de este código, tendrá la presunción de demostrar que los necesita por la vía incidental, después de ejecutoriado el divorcio.

Artículo 280. Se deroga.

Artículo 281. La resolución de divorcio a que se refiere el artículo 279 de este Código, determinará su monto, forma y duración de pago acorde a lo dispuesto en este Código y de más leyes aplicables, tomando en cuenta los siguientes criterios:

I. El nivel académico y posibilidad de acceso a un empleo, y

II. Medios económicos de uno y otro cónyuge.

Artículo 282. En el caso de que las partes lleguen a un convenio después de haberse resuelto el divorcio incausado, que éste no se encuentra contemplado dentro de la resolución que decretó el divorcio, lo harán del conocimiento del Juez para su aprobación, si este no contraviene alguna disposición legal.

Artículo 283. Se deroga.

Artículo 284. La sentencia que resuelvan las consecuencias del divorcio incausado, señalará que las determinaciones emitidas por el juez o las convenidas por las partes, podrán ser modificadas judicialmente en la vía incidental o por nuevo convenio, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias tomadas en consideración para su Decreto.

Artículo 285. Se deroga.

Artículo 286. Se deroga

Artículo 287. En los casos de divorcio bajo el régimen de separación de bienes, si uno de los cónyuges fuera el que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o en su caso, habiéndolos generado estos no alcancen la proporción equivalente en valor a los generados por el otro, deberá el juez decretar una compensación para aquel cónyuge, bajo los principios de equidad y solidaridad, misma que podrá ser hasta del cincuenta por ciento del valor de dichos bienes.

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los ex cónyuges o con relación a los hijos en cuyo caso se estará a lo dispuesto a los derechos y obligaciones alimentistas previstos en el artículo 311 de este Código y demás leyes aplicables.

Artículo 288. Se deroga

Artículo 289. Tratándose de la violencia familiar a que se refiere el artículo 323 bis de este Código, dentro de un procedimiento de divorcio incausado, el juez de oficio o a petición de parte en su caso, con intervención del Ministerio Público emitirá de inmediato las medidas cautelares en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, o de las entidades federativas.

Artículo 290. Se sobreseerá el procedimiento de divorcio cuando durante su trámite muera uno de los cónyuges o se reconcilien.

Artículo 291. De la resolución que decrete el divorcio incausado, el Juez remitirá copia certificada al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que a costa de los interesados realicen los asientos correspondientes.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los cónyuges que se encuentren en un procedimiento de divorcio y que, en razón de la entrada en vigor del presente decreto, podrán acogerse a su contenido.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: David Gerson García Calderón,Alberto Silva Ramos, Araceli Saucedo Reyes, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Irma Rebeca López López, José Guadalupe Hernández Alcalá, Leonardo Amador Rodríguez, Omar Ortega Álvarez, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, diputada de la LXIII Legislatura del honorable congreso de la unión, integrante del grupo parlamentario de morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción ii, y 135 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; así como por los artículos 6, párrafo 1, fracción i, y 77 del reglamento de la cámara de diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Que la fracción III del artículo 3o. de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la carga al Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.

Que, de igual manera, establece el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale.

Que del artículo 12 de la Ley General de Educación reafirma la exclusividad a la autoridad educativa federal para determinar en toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48 de la misma ley.

Que el citado artículo 48 de la Ley General de Educación establece entre otras cosas que la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como aquéllas que, en su caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Que de acuerdo al artículo 72 de la ley en mención, es facultad de la Secretaría promover el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación, teniendo como finalidad el proponer opiniones en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Que las facultades constitucionales, en gran medida tienen como antecedente él Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y los convenios celebrados con las entidades federativas durante ese proceso, debiendo señalar que de su contenido se desprenden las facultades normativas y reguladoras de la Secretaria de Educación Pública en educación básica y normal.

De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no obstante que da la facultad al Ejecutivo Federal en materia de planes y programas, lo obliga a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación a los maestros y a los padres de familia en los términos que la ley señale.

No debemos pasar por desapercibido que el Estado siempre ha sido, es y será un factor determinante en la educación y debe serlo como representante de la voluntad nacional, pero sin que ello implique que sea el único o que tenga el monopolio de la educación de los mexicanos o este quedé al arbitrio del ejecutivo federal, que permita o trate de imponer una concepción partidista y/o política, dada también la multiplicidad de ideas que divergen y convergen en distintos puntos de la realidad educativa, política y social del país.

Señala Germán Cisneros Farías en su libro Axiología del Artículo Tercero Constitucional “... hay un último factor, que no se debe olvidar y es que la educación no se hace para la sociedad, sino para la personalidad y que esta debe ser atendida primordialmente para igualar a los hombres por la vía del desarrollo educativo.”...

Que la educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave en el desarrollo de nuestro país, que, a partir de la descentralización educativa de 1992.

Que el Gobierno Mexicano en esa fecha transfirió a las entidades federativas los servicios de educación básica y normal, para que estas iniciaran su operación, dándose desde ese día nuevos ordenamientos jurídicos atendiendo a las necesidades de cada estado, particularmente.

“...La educación dice Dilthey, se halla en íntima relación con los elementos que constituyen la vida social; familia, comunidad local, Iglesia y estado: añade “La regla suprema aquí es: Todo cuerpo social representa un elemento objetivo supremo en ella”. Para Dewey la educación es “la suma de procesos por medio de los cuales una comunidad o grupo social, grande o pequeño, trasmite sus poderes y fines adquiridos, con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo continuo.”...

Que, en el mes de junio del año en curso, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, presentó los Planes y Programas Educativos del Nuevo Modelo en la materia, que forman parte de la reforma educativa, mismos que supuestamente se construyeron con la participación de todos (sic) ya que en los meses de agosto y septiembre de 2016 se llevaron a cabo foros de consulta nacionales y en cada estado de la República para conocer la opinión de los mexicanos sobre la propuesta de la SEP. Debiendo señalar que se dice que: “Las opiniones recabadas en estos foros de consulta fueron analizadas y tomadas en cuenta para preparar los documentos definitivos.”

Que del resumen ejecutivo realizado por la SEP respecto del nuevo modelo educativo se señala, cito textual: “... Para construir los nuevos planes y programas convocó a maestros y otros destacados especialistas”...

Sí bien la fracción III del artículo tercero constitucional da la facultad al ejecutivo de determinar los planes y programas de estudio, como ha quedado establecido, pero también obliga al Ejecutivo Federal a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y a diversos sectores involucrados en la educación, regulando también la participación de diversos sectores sociales, y de ahí que se creen los consejos de participación social, desacuerdo con los artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Educación.

Por consiguiente, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 69 de la Ley General de Educación, el Consejo Escolar de Participación Social se integra con los padres y madres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

“...Conforme a los lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social, Capítulo I, Artículo 3, de las Disposiciones generales del Acuerdo 535, los CEPS deberán:

• Propiciar la colaboración de directivos, maestros, madres y padres de familia, así como de representantes de las asociaciones de estos últimos, para realizar convocatorias de trabajos específicos que permitan el mejoramiento de las instalaciones escolares, tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocer las metas educativas y apoyar actividades extraescolares.

• Informar a las madres y los padres de familia o tutores el monto de los recursos que, en su caso, sean otorgados a la escuela a través de programas federales, estatales o locales, los cuales serán ejercidos de acuerdo con la normatividad aplicable.

• Promover ante la Asociación de Padres de Familia o la agrupación equivalente, que ésta informe a la comunidad educativa el monto y uso del conjunto de los recursos que hubiera recabado.

• Promover que la comunidad educativa conozca el monto de los recursos que sean recabados por el CEPS y que provengan de cualquier fuente distinta a la mencionada en los dos párrafos anteriores.

• Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, y exhortar al personal directivo y docente para que con base en los resultados se establezcan metas a fin de mejorarlos en la siguiente evaluación, haciendo del conocimiento de madres y padres de familia o tutores esta información.

• Respaldar las actividades cotidianas de la escuela, las cuales promoverán la integración, el conocimiento y los valores entre las familias y los miembros de la comunidad educativa, así como la gestión ante las autoridades educativas para la incorporación de la escuela a los programas federales: Escuelas de Tiempo Completo (PETC), Escuelas de Calidad (PEC), Escuela Segura (PES), Escuela Siempre Abierta, entre otros.

• Propiciar la colaboración entre padres de familia o tutores y sus asociaciones con el resto de la comunidad educativa para: organizar acciones que tengan por objeto incorporar a la escuela en los programas de lectura que existan; promover el uso y mejora de la biblioteca escolar y crear círculos de lectura; impulsar el mejoramiento de la infraestructura, la protección civil, la seguridad en las escuelas, el apoyo a la activación física, el desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares, el consumo de alimentos saludables y el cuidado al medio ambiente; organizar actividades deportivas, recreativas, artísticas o culturales y, en general, desarrollar otras acciones en beneficio de la escuela.

• Abstenerse de intervenir en aspectos laborales, políticos o religiosos, de acuerdo con lo que señala el Artículo 73 de la Ley General de Educación.”...

Que el titular de la Secretaría de Educación Pública de acuerdo con el artículo 5o. fracción XVI del reglamento interior de la citada dependencia, establecerá los lineamientos de carácter general de los consejos de participación social y por su parte la fracción XVII del mismo artículo señala la facultad de establecer planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en su fracción XXV, parte infine, establece entre otras la facultad del Congreso de la Unión el de asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Por su parte el artículo 51 de nuestra magna establece que la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, en ese sentido y haciendo una concatenación y análisis de las dos Cámaras que componen el H. Congreso de la Unión, que se encuentran integradas por hombres libres que son representantes populares del pueblo y dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentra la de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, art. 74, fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el caso de ésta cuenta con una comisión ordinaria de Educación y Servicios Educativos y por su parte la Cámara de Senadores cuenta con una comisión ordinaria de educación, que son órganos técnicos especializados encargados de analizar los asuntos que se les turnan.

Que la función y participación del Congreso de la Unión no debe quedar reducida solo a lo que establece la fracción VIII de nuestra Carta Magna cito:

“...VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y”...

Sino que debe ser tomado en cuenta por encontrase integrada por representantes de la nación, hombres y mujeres de diferentes estratos sociales, que se acuerpan de personal técnico calificado para su apoyo y que les da las bases para emitir su opinión como son lo son las Comisiones de Educación que funcionan en cada de una de ellas entre otras, además de que tenemos el acercamiento con la población interesada en materia educativa y que por diferentes razones no forman parte de los Consejos Escolar de Participación Social, y de los cuales también se recoge el sentir para emitir la opinión para la integración de los planes y programas educativos en el país, lo anterior con el fin de democratizar la educación y de que la misma no quede en un monopolio que se deja al arbitrio del poder Ejecutivo Federal.

Por lo tanto, la presente iniciativa propone que sea tomada también en consideración la opinión del Congreso de la Unión para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

....

....

I. ...

II. ....

...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

III.Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de la Cámara de Senadores y de Diputados, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. ...

V. ...

VI. ...

a) ...

b) ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

a) ...

b) ...

c) ...

...

...

...

...

...

...

En razón de lo anterior, se propone iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y modifica la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma y modifica la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

I. ...

II. ...

...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de la Cámara de Senadores y de Diputados, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. ...

V. ...

VI. ...

a) ...

b) ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

a) ...

b) ...

c) ...

...

...

...

...

...

...

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero.En un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las modificaciones necesarias, derivadas de la aprobación de la presente reforma a la Ley General de Educación.

Notas

1 Cisneros Farías Germán. Axiología del artículo tercero constitucional. Editorial Trillas, pp. 145

2 Ídem 1

3 https://www.gob.mx/modeloeducativo2016 consultado el 3 junio de 2017

4 https://docs.google.com/gview?url=https://www.gob.mx/cms/uploads/ attachment/file/240631/1.-_Resumen_Ejecutivo__4_.pdf Consultado el 3 de junio de 2017

5 https://z33preescolar.files.wordpress.com/2011/12/ceps.pdf

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

El agua dulce sustenta la vida humana y es vital para nuestra salud, se estima que hay suficiente agua dulce para todo el mundo; sin embargo, debido a la mala situación de la economía o a una infraestructura deficiente, millones de personas (la mayoría niños) mueren a causa de enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua, higiene o saneamiento inadecuados.

La escasez de agua es un problema que afecta a más de un 40 por ciento de la población mundial y se prevé que aumente; en ese sentido, se advierte que 783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y que más de 1,700 millones viven actualmente en cuencas de ríos en las que el uso del agua supera su recarga.

El acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento adecuados es vital para la salud humana, pero además tiene otros beneficios importantes, que van desde los que se identifican y cuantifican con facilidad (ahorro de costos y tiempo) hasta los que son más intangibles (comodidad, bienestar, dignidad, privacidad y seguridad).

Las Naciones Unidas llevan mucho tiempo abordando la crisis mundial derivada de un abastecimiento de agua insuficiente y la creciente demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas; en virtud de ello, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Dicha Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En ese sentido, el artículo I.1 establece que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” y la observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Por su parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha establecido 17 objetivos de desarrollo sostenibles, los cuales son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad; dentro de ellos se encuentra inmerso que la integridad de la gobernanza en el sector del agua es condición indispensable para alcanzarlos, pues se reconoce la importancia de las cuestiones relacionadas con el agua por derecho propio y como requisito para hacer realidad muchos de los otros objetivos.

En específico el objetivo 6 establece que se debe garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos; sin embargo, esto va más allá del agua potable y el saneamiento, ya que además abarca la higiene, la gestión de las cuencas fluviales con especial énfasis en la gestión integrada de los recursos hídricos, y las preocupaciones ambientales. Asimismo, en la meta 6.2 se menciona explícitamente la necesidad de las mujeres y las niñas de saneamiento e higiene adecuados y en condiciones de igualdad.

Aunado a lo anterior, diversos estudios internacionales señalan que el 70 por ciento de la superficie de nuestro planeta es agua, en su mayoría salada, y del 3 por ciento de agua dulce sólo 1 por ciento está al alcance, la restante, o está congelada en los casquetes polares o se encuentra inaccesible. El diccionario del agua define a un país con tensión hídrica como aquel en donde el suministro anual de agua dulce renovable está entre los 1,000 y 1,700 metros cúbicos por persona, esos países probablemente experimenten condiciones temporales o limitadas de escasez de agua.

Dicha situación la revela el inventario mundial, el cual reporta entre 12.5 y 14 mil millones de metros cúbicos de agua y si esa cantidad superior se dividiera entre la población mundial actual (aproximadamente 6.9 mil millones de personas), nos reportaría que a cada persona del planeta corresponden tan sólo 2.02 m3 de agua o sea 2,020 litros, cantidad que según las estimaciones de los estándares de vida aceptables o mínimos arriba comentados implica que su dotación media diaria sería de 5.53 litros, es decir 88.9 por ciento debajo de los 50 litros diarios personales estimados.

En virtud de lo anterior y tomando en consideración que México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, se advierte que, conforme a nuestra Constitución Federal y diversos criterios jurisprudenciales, sus disposiciones constituyen obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que se tiene el deber de dar cuenta.

Sobre el particular, es de indicar que en fecha 8 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a nuestra Constitución Política, en la que se establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Asimismo, en México sabemos que constitucionalmente serán propiedad de la nación las aguas de los ríos principales o arroyos afluentes, con sus cauces, lechos o riberas, desde el punto en que brote la primera agua permanente, hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar, o que crucen dos o más Estados. Siendo propiedad de la nación las aguas existentes en el territorio nacional, las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; ello conforme a lo que dispone el artículo 27 constitucional, asimismo como corolario al tema en comento, el agua es considerada como un asunto de seguridad nacional, ya que se contemplan como amenazas a nuestra soberanía o territorio los potenciales actos que pudieran afectar o impedir el acceso a instalaciones estratégicas o a la prestación de servicios públicos.

Lo anterior, en virtud de que al llegar a un momento en que su escasez hiciera que pobladores de una comunidad, o bien, de países vecinos pretendieran obtenerla a toda costa, sin duda alguna se pondría en peligro la seguridad de la nación.

En esta tesitura, es de resaltar que nuestro país posee aproximadamente el 0.1 por ciento del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica, situación que implica la necesidad de considerar al agua, no sólo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo del país y su responsabilidad con el mundo.

Lo anterior, en virtud de que en México hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25 por ciento de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6 por ciento) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es el agua entubada dentro de la vivienda.

En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 m3/habitante); en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 24 mil m3/habitante).

Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 1 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4,573 m3 y para 2010 disminuyó a 4,230 m3 anuales por cada mexicano.

Asimismo, al 2010 el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua fue de casi 89 por ciento, esto significa más de 74 millones de personas, el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda, consecuentemente se advierte que por entidad federativa, este indicador se ha modificado los últimos 20 años.

Bajo esta lógica, se advierte que la cobertura nacional de agua potable es de 91.6 por ciento, ya que en zonas urbanas la cobertura es 95.4 por ciento, y en zonas rurales (localidades menores a 2,500 habitantes) la cobertura es 78.8 por ciento, debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, del mismo modo la cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2 por ciento, consecuentemente, es de advertir que si bien oficialmente 92 por ciento de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad.

Además de lo anteriormente expuesto, hay que considerar que de los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública (por ejemplo, arsénico).

Como se logra apreciar en lo anteriormente planteado, a pesar de los grandes esfuerzos implementados para atender la alta demanda del vital líquido, no ha sido posible solucionar la problemática, ya que en diversas zonas rurales y urbanas aún se muestra un déficit en la cobertura.

En ese sentido, es de señalar que contar con tan limitada disponibilidad, es imprescindible saber gestionar la demanda por parte de los tomadores de decisiones públicas, y de la sociedad en su conjunto, empiece a considerarla como un reto que tiene que ser afrontado con medidas pertinentes y eficaces en función de sus muchas dimensiones.

Al respecto, la Comisión Nacional de Agua ha impulsado el Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales, el cual surge de la necesidad de dotar de agua a la población rural de México, en donde existen dificultades de índole técnica y económica para ser abastecidos mediante formas convencionales (por ejemplo, sistemas de bombeo, redes de distribución, etcétera) como se realiza comúnmente en las zonas urbanas, el programa permite abastecer de agua a la gente que hoy no cuenta con el servicio y que tiene que trasladarse grandes distancias para poder acceder al vital líquido.

Dentro de los objetivos específicos del programa se encuentran:

• Impulsar el desarrollo social, el acceso al agua y saneamiento de las viviendas de zonas rurales de mayor marginación, mediante sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia y tecnologías de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda.

• Involucrar a la sociedad de forma activa.

• Ayudar a abatir la pobreza multidimensional en el ámbito de los servicios básicos.

No obstante lo anterior, en nuestro país el sistema de captación de agua por lluvia aún no ha sido explorado, ni explotado lo suficiente, pues en diversos países ya ha sido utilizado para contrarrestar la escasez del vital líquido, como se muestra a continuación:

• En Inglaterra, Alemania, Japón o Singapur, el agua de la lluvia se aprovecha en edificios que cuentan con un sistema de recolección, para después utilizarla en los baños o en el combate a incendios, lo cual representa un ahorro del 15 por ciento del recurso.

• En la India se utiliza principalmente para riego, pero cada vez se desarrollan más políticas encaminadas a la captación en ciudades como Bangalore o Delhi.

• En la República Popular de China se resolvió el problema de abastecimiento de agua a cinco millones de personas con la aplicación de tecnologías de captación de agua de lluvia en 15 provincias después del proyecto piloto “121” aplicado en la región de Gansu.

• En Bangladesh se detuvo la intoxicación por arsénico con la utilización de sistemas de captación de agua de lluvia para uso doméstico.

• Brasil tiene un programa para la construcción de un millón de cisternas rurales, a efecto de aumentar el suministro en la zona semiárida del noreste.

• En las Islas del Caribe (Vírgenes, Islas Caicos y Turcas), Tailandia, Singapur, Inglaterra, EUA y Japón entre otros, existe un marco legal y normativo que obliga a la captación de agua de lluvia de los techos.

• En Israel se realiza microcaptación de agua de lluvia para árboles frutales como almendros y pistachos.

• En los Estados Unidos y Australia, la captación de agua de lluvia se aplica principalmente para abastecer de agua a la ganadería y al consumo doméstico. En algunos estados de ambos países se ha desarrollado regulaciones e incentivos que invitan a implementar estos sistemas.

Como se aprecia, la implementación de sistemas de captación y aprovechamiento pluvial no sólo pueden auxiliar a disminuir la presión hídrica en las ciudades; también auxiliarían en mantener y mejorar el perfil agropecuario de cada una de las entidades del país.

Asimismo, es de señalar que el agua pluvial urbana es contaminada fácilmente con basura, aceites, químicos, bacterias, metales pesados, y en algunos casos con las aguas negras; esto deteriora gravemente su calidad, y los escurrimientos torrenciales incrementan la erosión y las inundaciones urbanas, por otra parte en el proceso se dañan hábitats naturales, se ocasionan pérdidas materiales y la salud de individuos y comunidades se ve afectada (EPA, 2014), al respecto los sistemas de captación de agua de lluvia nos pueden ayudar a solucionar la problemática.

En ese sentido, en el Partido Verde consideramos que para poder alcanzar ciertos niveles de sustentabilidad hídrica se requiere la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y de la decidida participación del Poder Legislativo, a fin de fortalecer los instrumentos normativos que den cause a las políticas de planeación y gestión relacionadas con los sistemas de captación de aguas de lluvia, para implementar con ello acciones inmediatas que apoyen la autosuficiencia de los distritos de riego, por citar solo uno de sus beneficios.

Al respecto, la Comisión Nacional del Agua en el documento titulado Estadísticas del Agua en México, edición 2016, considera que el uso sustentable del agua se logra cuando se cumplen los aspectos siguientes:

• El agua genera bienestar social: básicamente se refiere al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento de las aguas residuales.

• El agua propicia el desarrollo económico: considera al agua como un insumo en la actividad económica; por ejemplo, en la agricultura, la producción de energía eléctrica o la industria.

• El agua se preserva: es el elemento que cierra el concepto de sustentabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde consciente de que el agua debe proporcionar bienestar social, apoyar el desarrollo económico y de que se debe preservar en cantidad y calidad adecuadas para las generaciones actuales y futuras, con la presente iniciativa propone que la federación promueva la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y municipios, a efecto de que contemplen procesos de captación de agua de lluvia, para así fomentar una cultura del agua, ello sin afectar las facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones; asimismo, se plantea adicionar una definición de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, como la infraestructura que recolecta o captura agua pluvial para su almacenamiento, uso y aprovechamiento, con la finalidad de conservar las reservas y recargar los acuíferos abatidos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Único. Se adiciona una fracción L Bis al artículo 3; se adiciona una fracción I Bis al artículo 5; se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 9 y se reforman las fracciones XIII y XIV del mismo numeral; asimismo, se reforma la fracción VII del artículo 12 Bis 6; y se adiciona una fracción V Bis al artículo 84 Bis, para quedar como a continuación se presenta:

Ley de Aguas Nacionales

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a L. (...)

L Bis. “Sistemas de Captación de Agua de Lluvia”: Infraestructura que recolecta o captura agua pluvial para su almacenamiento, uso y aprovechamiento, con la finalidad de conservar las reservas, recargar los acuíferos abatidos y fomentar una cultura del agua;

LI. a LXVI. (...)

Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal:

I. (...)

I Bis. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y municipios que contemplen procesos de captación de agua de lluvia, a efecto de fomentar una cultura del agua, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones;

II. y III. (...)

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

(...)

(...)

(...)

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. a VIII. (...)

VIII Bis. Formular lineamientos técnicos y administrativos para el proceso de captación de agua de lluvia; cuando le sea solicitado por los estados, Ciudad de México y municipios;

IX. a XII. (...)

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación, sistemas de captación de agua de lluvia y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento, sistemas de captación de agua de lluvia y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, o con terceros;

XV. a LIV. (...)

Artículo 12 Bis 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida “la Comisión”, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

I. a VI. (...)

VII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, sistemas de captación de agua de lluvia, recirculación y reúso, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

VIII. a XXXIII. (...)

Artículo 84 Bis. “La Comisión”, con el concurso de los Organismos de Cuenca, deberá promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá:

I. a V. ...

V Bis. Proporcionar información a la población y autoridades municipales sobre los beneficios de los sistemas de captación de agua de lluvia.

VI. (...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para armonizar el Reglamento respectivo.

Notas

1 Cfr.

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Cfr.

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

5 Ibídem

6 Cfr. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

7 Cfr.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3184/19.pdf

8 Ibídem

9 Cfr. Artículo 1, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Ibídem

11 Cfr. Rodríguez Casasola, Felipe Neri y Rivas Sepúlveda, Miguel. Ponencia Gestión de la calidad del agua: “el ciclo virtuoso” dentro del Foro Metropolitano “El Reto: Primero el Agua”. Auspiciado por la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México, D.F., p. 83.

12 Cfr.

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T

13 Ibídem

14 Ibídem

15 Ibídem

16 Cfr. http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos- del-agua

17 Ibídem

18 Cfr. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-para- captacion-de-agua-de-lluvia-y-ecotecnias-en-zonas-rurales-procaptar

19 Ibídem

20 Cfr. http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/

21 Cfr. http://www.agua.unam.mx/

22 Cfr. http://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/EAM2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.— Diputados: Samuel Rodríguez Torres,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de cosecha de agua de lluvia, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de cosecha de agua de lluvia, al tenor de la siguiente:

La preocupación por el consumo y suficiencia de agua en las ciudades es un tema que por primera vez fue evidenciado durante la década de los años setenta a través del “Reporte Carter” en donde se estableció la necesidad de diseñar ciudades que limitaran el deterioro ambiental del planeta; criterio que fue recuperado en la Carta de la Tierra, signada en 1999.

Es en este contexto y bajo la premisa de alcanzar un desarrollo sostenible de las ciudades, es decir, que éstas cumplan con la generación de desarrollo social y económico, al mismo tiempo de ser ambientalmente sustentables, en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura emitió el Manual de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia. Experiencias en América Latina, en donde se describen las diversas formas de captación de agua de lluvia se han utilizado tradicionalmente a través de los siglos. Estas técnicas, se han comenzado a estudiar y publicar técnica y científicamente sólo en la época reciente. Muchas de las obras históricas de captación de agua de lluvia para uso doméstico que se originaron principalmente en Europa y Asia.

Recordemos que en la Tierra más del 70 por ciento de la superficie está cubierta de agua, pero solo el 3 por ciento es agua dulce. De ella, aproximadamente el 70 por ciento no puede ser usada porque se encuentran en glaciares, el uno por ciento es accesible de forma inmediata y el resto está presente en el subsuelo.

Para este año, la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Día Interamericano del Agua, estima que tres de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable y para muchos millones más el servicio es simplemente insuficiente.

Ante la realidad de la existencia limitada del vital líquido, Naciones Unidas incluye en 2015 como uno de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el “Agua Limpia y su Saneamiento”, el cual tiene como fin garantizar “la disponibilidad y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

Sobre el particular, en el Partido Verde siempre hemos trabajado por crear un desarrollo amigable con el medio ambiente, en donde el gobierno y la ciudadanía trabajemos por hacer un uso responsable de los recursos naturales, en este caso, la captación de agua de lluvia para uso doméstico.

A nivel internacional la cosecha de agua de lluvia es una práctica común en países como Inglaterra, Alemania, Japón o Singapur, en donde los edificios cuentan con sistemas de recolección, para después utilizarla en los baños o en el combate a incendios, lo cual representa un ahorro del 15 por ciento del recurso. Incluso, en países del Caribe como las Islas Vírgenes e Caicos por citar algunas, así como en Estados Unidos se cuenta con leyes y reglamentos que obligan a la captación de agua de lluvia de los techos de las viviendas.

Respecto a nuestro país, como botón de muestra, en la Ciudad de México la Ley de Aguas aprobada en 2003 y reformada en el año 2008, permite y regula la cosecha de agua de lluvia, reconociendo esta forma de recolección como un medio alternativo para que la ciudad cuente con fuentes de agua para consumo humano y riego, tal como a continuación se cita:

“Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

VII Bis. Cosecha de Agua de Lluvia. -La acción de los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y los habitantes del Distrito Federal, para captar agua de lluvia, nieve o granizo, regulada por la presente ley, y promovida, organizada e incentivada por el Gobierno del Distrito Federal;

VII Ter. Cosechador (a) de Agua de Lluvia.-Las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes del Distrito Federal que conscientes de la fundamental importancia de construir colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y reúso del agua potable realicen las acciones individuales o colectivas que puedan para contribuir con el Gobierno del Distrito Federal a promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia;

...”

Sin duda alguna, la cosecha del agua de lluvia de manera, individual o colectiva, privada o pública, para la Ciudad de México ha representado una alternativa eficaz ante la escasez de agua, incluso para actividades básicas de aseo personal y de las viviendas, a pesar de que aún sigue siendo una práctica limitada y no generalizada.

Resulta importante resaltar que en la construcción de vivienda “social y popular” es decir, aquella que es construida por el gobierno de la Ciudad y particulares para las personas de escasos recursos económicos se debe contar con espacios de cosecha de agua de lluvia y criterios de sustentabilidad para el ahorro de energías.

Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se establecen nuevas formas que crear ciudades. Así, hoy en día:

“Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Las actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, tiene que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social”.

En el Partido Verde retomamos la evidencia que las Instituciones Educativas del país han publicado sobre los grandes beneficios que la captación de agua de lluvia representa para nuestro país, tales como:

a) Centros Urbanos

• Si se captara toda la lluvia en los techos y en algunos suelos, se podría ahorrar de 10 por ciento a 15 por ciento del agua que se consume en los hogares.

• Si se aprovechara el 3 por ciento de la lluvia que cae cada año en el país, alcanzaría para suministrar de agua no potable para usos como limpieza o sanitarios a 13 millones de personas.

• En los centros urbanos, las áreas expuestas a la lluvia son mayoritariamente impermeables (techos, calles y estacionamientos), por lo que la captación se puede realizar con inversiones relativamente pequeñas. La conducción de los escurrimientos a los cuerpos de almacenaje se efectúa por medio de canalones en techos (liga a drenajes sifónicos), tuberías de lámina y/o PVC y canaletas con o sin rejillas en los pisos.

b) Poblaciones rurales

• Hoy muchas áreas rurales dependen de la cosecha de agua de lluvia, pero las zonas urbanas que son atendidas por servicios municipales tienden a olvidar este recurso. La cosecha de lluvia es una solución muy importante para las grandes urbes en donde se está gastando más agua de la que se dispone. Un problema que se viene agravando además con las transformaciones que está produciendo el cambio climático.

• Para poder captar agua de lluvia es necesario que las superficies expuestas a la precipitación pluvial permitan su escurrimiento, ya sea porque la superficie es impermeable o porque su capacidad de absorción es inferior a la de infiltración en terrenos con pendiente.

c) Económicos

• El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener. Relativamente limpio que se puede utilizar en actividades que no requieran de su consumo.

• Reducción en las tarifas de agua potable entubada por la disminución en su uso, ya sea en sanitarios, para lavar (superficies, vehículos o ropa), riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades

d) Medioambientales

• Recargar los acuíferos abatidos.

• Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales)

• Fomentar una cultura de conservación y uso óptimo del agua.

e) Sociales

• Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje combinado (sanitario y pluvial), evitando que se sature y reduciendo las inundaciones y el volumen de descargas de aguas negras. Aumentando su disponibilidad para otros usos.

• Reducir la utilización de energía y de químicos necesarios para tratar el agua de lluvia en la ciudad, disminuyendo también el gasto que genera mover y tratar el agua negra del drenaje a distancias lejanas.

• Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables (sanitarios) o de consumo humano (regar jardín).

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua ha publicado que el 58 por ciento del agua extraída del subsuelo proviene de acuíferos que ya presentan sobreexplotación, por lo que no debe sorprendernos que la falta total o insuficiencia en el suministro y calidad del vital líquido sea cada vez mayor en las ciudades de nuestro país.

Además, el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México ha manifestado que: “Toda el agua que no se extraiga del subsuelo, ya sea agua de lluvia o no, es un beneficio. El agua subterránea se extrae con electricidad e implica esfuerzos y gasto de energía de diferente magnitud. Hay lugares en donde el agua se encuentra a decenas de metros y otros donde está a cientos de metros. Mantener operando las bombas para extraer el agua representa un gasto importante de energía,”

Adicionalmente, la institución en comento ha señalado que: “Muchos de los usos que le damos al agua de red se pueden desplazar con el agua de lluvia. Recordando que cada litro de agua de lluvia que usemos es un litro de agua del subsuelo que no se va a extraer. Y al hacerlo de manera masiva ayudamos a evitar también el deterioro masivo del subsuelo”.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde presenta esta iniciativa de Ley para modificar la Ley de Vivienda con el fin de crear acciones públicas en los tres niveles de gobierno y con el involucramiento de la ciudadanía para generar una cultura de la captación y aprovechamiento del agua de lluvia, a fin de que las viviendas cuenten con sistemas de captación y aprovechamiento doméstico del vital líquido, a través de lo que se conoce a nivel internacional como “cosecha de agua”.

En ese sentido, lo que se propone es reformar y adicionar la Ley de Vivienda para:

a) Definir el término cosecha de agua de lluvia en la Ley.

b) Que en la Política Nacional de Vivienda se establezcan los mecanismos para la construcción de vivienda que contemple los sistemas de cosecha de agua de lluvia.

c) Que el Sistema Nacional de Vivienda fortalezca la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la promoción y fomento de políticas de cosecha de agua.

d) Que los gobiernos estatales y municipales establezcan en su normatividad en materia de vivienda la obligación de contar con sistemas de captación de agua de lluvia en las comunidades.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de cosecha de agua de lluvia

Único.Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 4; se reforma la fracción V del artículo 6; se reforma la fracción IX del artículo 8; se reforma la fracción VI del artículo 13; y se reforman la letra A, fracción III y letra B fracción VII del artículo 17, todos de la de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VIII. (...)

VIII Bis. Cosecha de agua de lluvia. Las acciones de los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades y ciudades encaminadas a captar agua de lluvia, nieve o granizo, organizadas e incentivadas por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México para construir colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y reúso del agua potable para consumo diario.

IX. a XIV. (...)

Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I a IV. (...)

V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales, procurando la promoción de la cosecha de agua de lluvia para autoconsumo.

VI a XII. (...)

Artículo 8. El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

I. a VIII. (...)

IX. Las bases para la articulación de la Política Nacional de Vivienda con la ordenación del territorio y el desarrollo urbano que procuren el desarrollo de políticas de cosecha de agua de lluvia para autoconsumo.

X a XVIII. (...)

(...)

Artículo 13. Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto:

I a V. (...)

VI. Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en la promoción y fomento de políticas de cosecha de agua de lluvia.

Artículo 17. La Comisión promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:

A. Los gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones:

I. y II. (...)

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales a través de la cosecha de agua de lluvia,y el respeto al medio ambiente;

IV a VI. (...)

B. Los municipios asuman las siguientes atribuciones:

I a VI. (...)

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales a través de la promoción de la cosecha de agua de lluviay el respeto al medio ambiente.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Notas

1 Visible en:

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai128s/ai128s00.pdf

2 Véase. Objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento” Agenda 2030 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

3 Consúltese.

http://www.aldf.gob.mx/archivo-d0c1ac48ef930701568a2cbd52e7d29e.pdf

4 Consúltese. Norma de Ordenación número 26, que forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Visible en:

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/normas/2010ago10_GODF.pdf

5 Léase. Artículo 2 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de noviembre de 2017.— Diputados: Samuel Rodríguez Torres,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, Reglamentaria del Artículo 134, Párrafo Octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la que se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental reglamentaria del Artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

I. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional que adicionó un párrafo octavo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir expresamente el uso discrecional e indebido de recursos públicos destinados para propaganda y promoción personalizada de cualquier servidor público, restringiendo los gastos de comunicación social únicamente para fines institucionales, informativos, educativos y de orientación social, al establecer lo siguiente:

Artículo 134, párrafo octavo,

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En relación con lo anterior, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. En Cuyo artículo tercero transitorio se estipulo la obligación del Congreso de la Unión para emitir la legislación reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, al establecer lo siguiente:

Transitorio, tercero,

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Por lo que, desde mayo de 2014, el Congreso de la Unión ha sido omiso a la disposición de emitir la legislación reglamentaria del artículo 134 Constitucional, en su párrafo octavo. Lo anterior ha permitido un ejercicio del gasto de propaganda y publicidad oficial que transgrede a lo establecido por el primer párrafo del propio artículo 134 Constitucional que establece:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Sin embargo, como se observa a continuación, el gasto en publicidad oficial no se ha distinguido ni por su economía, ni por su transparencia, ni por ceñirse a los principios constitucionales.

II. De acuerdo con el estudio de la organización Fundar, denominado “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”, en los cuatro primeros años del actual Gobierno Federal y el primer semestre del 2017, el monto de recursos públicos erogados en publicidad oficial asciende a 37 mil 725 millones de pesos.

Además de lo anterior, debe señalarse que la actual administración federal se ha caracterizado por gastar más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en el rubro de publicidad oficial. Entre 2013 y 2016 se registró un sobre ejercicio de 71.86 por ciento más recursos, es decir, se pasó de 21 mil 99 millones de pesos, a 36 mil 261 millones de pesos. El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos en un periodo donde, paralelamente, han existido recortes al presupuesto de sectores como salud o educación.

En 2017, en materia de publicidad oficial, nuevamente, se registran ajustes presupuestales y sobre ejercicios que merecen ser esclarecidos. Así lo evidencia el informe de avance del gasto al segundo trimestre, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conforme a dicha información, se autorizó un monto de 2 mil 932 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, en Servicios de Comunicación Social y Publicidad, específicamente en la partida de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, sin embargo, al segundo trimestre del año se habían hecho modificaciones presupuestales por 4 mil 920 millones de pesos, una variación del 67 por ciento.

Así pues, apenas a la mitad de 2017, el gobierno federal ya había realizado adecuaciones presupuestales por más del doble de los recursos asignados en publicidad oficial.

Lo anterior no se puede desvincular de efectos que atentan no solo contra la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, sino también con efectos que atentan en contra del libre ejercicio de una prensa independiente y por ende del derecho a la información imparcial y crítica de la sociedad, elementos que deben caracterizar a un verdadero régimen democrático, como lo señala Edna Jaime, directora general de la Organización de la Sociedad Civil México Evalúa:

En lo que va de esta administración federal se han gastado más de 38 mil 247 millones de pesos en este rubro (publicidad gubernamental). En este lapso, en cada ciclo fiscal se han presentado sobreejercicios que no son menores: 49 por ciento en 2013, 35 por ciento en 2014, 80 por ciento en 2015 y 134 por ciento en 2016. Lo que esto quiere decir es que el Ejecutivo federal ha gastado mucho más de lo que el legislativo le ha autorizado.

Hay dos efectos perniciosos en este gasto. El primero supone el costo de oportunidad de estos recursos, esto es, lo que se dejó de hacer en otros ámbitos prioritarios como la salud, la educación, la justicia o el medio ambiente, por canalizar recursos a este rubro.

Hay otro efecto también muy grave. Esta bolsa multimillonaria de recursos está domesticando a medios de comunicación, sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para existir. Dice el dicho que el que paga manda. Y a billetazos parece que se está dictando línea editorial a distintos medios. Para decirlo de otra manera, con nuestro propio dinero se está dañando el trabajo periodístico y hasta la libre expresión.

En la misma tesitura se ha pronunciado la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, al señalar lo siguiente:

En primer lugar, la falta de regulación en este campo ha permitido un manejo arbitrario y discrecional de los recursos, tanto en el ámbito federal (entre 2012 y 2015 se destinaron 37 mil millones, siempre con sobreejercicios que en 2014 significaron un gasto adicional de 10 mil millones, de acuerdo con datos de Fundar, Centro de Investigación y Análisis) como en el estatal, donde las cifras son doblemente escandalosas (en 2015 los estados gastaron 11 mil millones en publicidad oficial, lo que representó el doble de lo presupuestado).

La falta de regulación al respecto ha dado lugar a una enorme discrecionalidad para asignar los recursos y para distribuirlos en opacidad, y ha permitido que la publicidad oficial siga siendo una herramienta en manos de los gobiernos para frenar la crítica, o para condicionar la orientación de los medios informativos; es decir, ha servido para premiar o castigar la política editorial de la prensa, minando así la libertad de expresión. La publicidad oficial se ha utilizado no sólo para promover indebidamente a gobernantes y figuras públicas (lo cual está prohibido por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que no ha sido reglamentado desde 2008), sino para censurar el oficio profesional y crítico del periodismo, como vimos recientemente en el caso del conductor de las noticias matutinas de Enfoque.

III. La organización civil Artículo 19 dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, desde mayo de 2014, promovió un amparo colectivo para demandar que el Poder Legislativo cumpla con su obligación de emitir la Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional , en ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado en su lista de asuntos para resolver el próximo 15 de noviembre de 2017 correspondientes a la Sala Primera, el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea:

Expediente 1359/2015

Quejoso: Campaña global por la libertad de expresión A19 Asociación Civil (recurrente).

Acto reclamado: La omisión legislativa de expedir la Ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tribunal de origen: Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México. Expediente origen: J.A. 940/2014.

Tribunal de origen: Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Expediente Origen: A.R. 344/2014.

En el proyecto de resolución, sujeto a deliberación de los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, plantea lo siguiente:

Considerando séptimo,

Séptimo. Efectos de la concesión. En relación con los efectos de la sentencia de amparo, la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo dispone que cuando “el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, (procede) obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.” 104 Por lo tanto, en este caso concreto esta Primera Sala concede el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.

Resolutivo segundo:

La Justicia de la Unión ampara y protege a Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en Materia Políticaelectoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución.

IV. El Congreso de la Unión, debe avocarse al cumplimiento de su función legislativa, pues en materia de regulación del gasto en propaganda y publicidad gubernamental, no sólo se implica un eficiente y transparente ejercicio de dichos recursos públicos, sino además se protege el ejercicio de derechos humanos fundamentales como el de la libre expresión, el derecho de acceder a información veraz y oportuna como condición para una verdadera participación social, así como el derecho al ejercicio de un periodismo independiente y crítico, todo ello, condiciones indispensables para la salud de un régimen democrático, alejado de sesgos autoritarios y tentativas de control de los medios de comunicación y la manipulación social.

Es preciso señalar que tanto las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano como del Partido de la Revolución Democrática, previo a la resolución de la Corte, presentamos iniciativas tendientes a la reglamentación en materia de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, Movimiento Ciudadano, desde el 18 de mayo de 2016 y 26 de julio de 2017, presentó dos iniciativas de reforma constitucional para crear como organismo autónomo el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental con el objetivo de regular y supervisar las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social, la primera fue desechada en comisiones y la segunda se encuentra pendiente en la Comisión de Puntos Constitucionales, asimismo el partido de la Revolución Democrática el 17 de marzo de 2016 presentó una iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental y comunicación social, iniciativa que se encuentra pendiente de dictamen en Comisiones Unidas de Gobernación, y Transparencia y Anticorrupción.

Asimismo, con la conformación del Frente Ciudadano por México, los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, acordamos impulsar una agenda legislativa conformada por 15 puntos entre los cuales se inscribe el Control del Gasto, comprometiéndonos a legislar para garantizar un ejercicio presupuestal que atienda criterios de austeridad, equidad, transparencia y atención de prioridades. Por lo que también en este contexto se inscribe la presente iniciativa.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental Reglamentaria del Artículo 134 Párrafo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental Reglamentaria del Artículo 134 Párrafo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental Reglamentaria del Artículo 134 Párrafo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. La presente Ley reglamenta el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comunicación social y publicidad gubernamental; sus disposiciones son de orden público e interés general y tienen por objeto garantizar que el gasto en dicho rubro cumpla con los criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez, así como regular, fiscalizar y vigilar la contratación y asignación de publicidad gubernamental que realicen los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 2. Las disposiciones contendidas en la presente Ley serán aplicables respecto de los servicios de comunicación social y publicidad adquiridos con recursos públicos, tanto por instituciones públicas o privadas, o por cualquier persona física o moral que utilice los mismos para tales fines.

Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Instituto: Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental;

II. Medios de comunicación: la persona física o moral que presta servicios de comunicación social y publicidad, titular de una concesión prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

III. Padrón nacional: El Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

IV. Publicidad gubernamental: La producción, edición, asignación, distribución, difusión o contratación de contenidos a través de un medio de comunicación, bajo cualquier formato, que realicen los sujetos obligados por la presente ley;

V. Publicidad encubierta: La publicidad que, pretendiendo no ser tal debido a una intencional descontextualización, repetición innecesaria, falta de objetividad, o mera falsedad, implique un mecanismo de comunicación social de los sujetos obligados por la presente ley.

Artículo 4. Toda información relacionada con la aplicación de la presente ley, así como con la comunicación social y la publicidad gubernamental de los sujetos obligados, será de carácter público, se aplicará en todo momento el principio de máxima publicidad sobre la misma, y no podrá ser clasificada como reservada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 5. Se crea el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social.

Artículo 6. El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir los lineamientos generales para todos los niveles de gobierno en materia de gasto, contenido y características de la publicidad gubernamental;

II. Vigilar el destino de los recursos asignados para servicios de comunicación social y publicidad;

III. Garantizar la máxima transparencia de la información sobre las erogaciones generadas por servicios de comunicación social y publicidad bajo los principios establecidos en la ley en la materia;

IV. Promover las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hagan mal uso de la publicidad gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella;

V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

VI. Emitir los lineamientos generales para la asignación de contratos por servicios de comunicación social y publicidad;

VII. Dirigir a las instituciones públicas recomendaciones sobre los topes máximos de gasto en publicidad;

VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que se presenten por el mal uso de la publicidad gubernamental; y

IX. Las demás que determine la presente ley.

Artículo 7. El instituto estará integrada por cinco comisionados con experiencia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el académico, social o privado.

Artículo 8. Los comisionados serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

I. La Cámara de Diputados constituirá una comisión de selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de defensa y protección de los derechos humanos.

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de protección y defensa de los derechos humanos, para seleccionar a cinco miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

El cargo de miembro de la comisión de selección será honorífico.

II. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a comisionados.

Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Instituto y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público el cronograma de audiencias;

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.

Artículo 9. El instituto será presidido por uno de sus comisionados, quien durará en su encargo por un periodo de tres años y será elegido de entre los comisionados, por mayoría calificada.

Artículo 10. Son atribuciones del presidente del instituto las siguientes:

I. Ejercer la representación legal del instituto;

II. Presidir el pleno del instituto;

III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del pleno del instituto, según lo dispuesto por la ley y su Reglamento interno;

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento interno;

V. Formular los Lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas del Instituto, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del Instituto;

VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;

VIII. Las demás que le señalen la presente ley y su Reglamento.

Artículo 11. El instituto tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.

Artículo 12. Son atribuciones del pleno del instituto las siguientes:

I. Elegir al presidente del instituto;

II. Establecer los lineamientos generales de actuación del instituto;

III. Aprobar el Reglamento interno del instituto;

IV. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con el instituto; y

V. Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto.

Artículo 13. El instituto vigilará que la adquisición de publicidad por parte de todo sujeto obligado se ajuste a las siguientes disposiciones:

I. No se contratarán con un único medio de comunicación servicios cuyo costo total sea mayor a diez por ciento del gasto total destinado a comunicación social;

II. No podrán ser contratados servicios relacionados con la modificación de la línea editorial o con la opinión de los medios de comunicación;

III. Las organizaciones no gubernamentales, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos a través de publicidad gubernamental, deberán ser auditadas por la Auditoría Superior de Federación e integradas al Padrón Nacional;

IV. Queda prohibida la difusión de publicidad de servidores públicos personalizada; y

V. Queda prohibida la contratación de publicidad gubernamental encubierta, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase.

Artículo 14. Los sujetos obligados deberán publicar en forma continuar en su portal de internet, la siguiente información relacionada con la contratación de servicios de comunicación social:

I. Monto total destinado desglosando por rubros y entidades correspondientes;

II. Contratos celebrados durante el ejercicio fiscal vigente en materia de comunicación social; y

III. Un programa anual de comunicación social.

Artículo 15. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación será un sistema público de información, administrado por el instituto, que contendrá el registro de medios de comunicación que presten servicios en materia de comunicación social y publicidad para los sujetos obligados por la presente ley.

Artículo 16.Los medios de comunicación cuyo registro no figure en el padrón nacional no podrán ser contratados para que brinden servicios de comunicación social para los sujetos obligados.

Artículo 17. El padrón nacional deberá contener las tarifas y criterios bajos los cuáles los medios de comunicación ofertarán sus servicios, quedando estrictamente prohibido que los sujetos obligados puedan adquirir los mismos con tarifas o criterios distintos.

Artículo 18. El instituto publicará y mantendrá actualizado el padrón nacional en un sitio de internet especializado para tal efecto, y accesible en todo momento al público. La Secretaría de Gobernación estará obligada a enviar al Instituto los contratos, convenios y licitaciones celebrados con medios de comunicación para la administración pública federal, dentro de un plazo no mayor a tres días contados a partir de su celebración.

Artículo 19. Los sujetos obligados tendrán las siguientes obligaciones en materia de publicidad gubernamental:

I. Señalar claramente el sujeto obligado que contrate los servicios;

II. Omitir el nombre, cargo, imagen, voz o signo distintivo de servidores públicos;

III. Omitir contenidos que por su simbología, combinación de colores, fraseología o tipografía se identifiquen con un partido político, coalición o servidor público;

IV. Omitir la trayectoria personal de los servidores públicos;

V.Omitir contenidos que por su simbología, combinación de colores, fraseología o tipografía generen confusión por su semejanza con los colores y símbolos patrios;

VI. Omitir contenido que pretenda influir en las preferencias electorales; y

VIII. Omitir contenidos que inciten a la violencia política en razón de género, a la violencia de género, o cualquier forma de discriminación.

Artículo 20. En el periodo que comprendan las precampañas y campañas electorales federales, así como durante el periodo de intercampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberá suspenderse la comunicación social y la publicidad de los sujetos obligados en todo medio de comunicación, con excepción de las campañas de las propias autoridades electorales.

Artículo 21. El gasto anual en publicidad gubernamental no deberá exceder del cero punto quince por ciento (0.15%) del gasto corriente aprobado en los presupuestos para el ejercicio fiscal correspondiente a cada ejecutor de gasto de la Administración Pública Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos constitucionales autónomos federales.

El monto máximo y restricción para los gobiernos, poderes públicos, órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas y sus municipios, no podrá exceder el cero punto quince por ciento (0.15%) de su respectivo gasto corriente del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.

No podrán reasignarse, ni ampliarse las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental, salvo contingencias y emergencias en materia de programas de protección civil y salud.

Artículo 22. Queda prohibido que los sujetos obligados realicen reasignaciones, ampliaciones a traspasos de recursos etiquetados para otros rubros, para la comunicación social o la publicidad gubernamental.

Artículo 23. No podrán destinarse recursos derivados de créditos, donaciones, o patrocinios, para sufragar el gasto en materia en publicidad gubernamental o comunicación social de los sujetos obligados.

Artículo 24. Los sujetos obligados no podrán incrementar sus presupuestos anuales en materia de comunicación social, respecto del inmediato año anterior, durante los ejercicios fiscales correspondientes a la celebración de procesos electorales nacionales o locales.

Artículo 25. Queda estrictamente prohibida la contratación de servicios de comunicación social o publicidad gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares o accionistas principales, hayan sido funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, durante los tres años anteriores a dicha contratación.

Artículo 26. Cualquier persona física o moral puede denunciar ante los órganos previstos en la presente ley, la difusión, producción, edición o distribución de publicidad gubernamental o comunicación social por parte de los sujetos obligados, que pueda ser violatoria de lo dispuesto en esta ley.

Artículo 27. El denunciante podrá solicitar la suspensión provisional de la publicidad o comunicación social de los sujetos obligados, cuando considere que afecta a sus derechos fundamentales. En caso de determinarse dicha suspensión, el Instituto ordenará a los concesionarios el retiro inmediato del contenido en cuestión.

Artículo 28. El Tribunal de Justicia Administrativa deberá sancionar con la suspensión del empleo, cargo o comisión, de dos meses a dos años, al servidor público responsable de la difusión, edición, distribución o propaganda de publicidad gubernamental o comunicación social de los sujetos obligados que:

I. Viole lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley;

II. Implique cualquier forma de publicidad encubierta, conforme a lo señalado en el artículo 13 de esta ley;

III. Se realice durante el periodo de precampañas o campañas electorales; o

IV. Viole los topes de publicidad y comunicación social establecidos en el artículo 21 de la presente ley.

Las sanciones anteriores podrán incrementarse, en caso grave, con la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses a cinco años, al servidor público responsable.

Artículo 29. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los sujetos obligados que violenten lo establecido en la presente ley serán sancionados con 2 mil a 5 mil días multa.

Artículo 30. Sin perjuicio de lo dispuesto por el presente capítulo, el servidor público que utilice recursos públicos para su promoción personalizada será sancionado con las penas que se establecen para el delito de peculado, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Código Penal Federal.

Artículo 31. Los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón Nacional, recibirán sanción de 7 mil a 10 mil días multa; en caso de reincidir, no tendrá derecho a figurar en el mismo.

Artículo 32. Las sanciones que contempla la presente ley para los sujetos obligados, son independientes de las que derivadas del orden civil, penal o de cualquier otra índole, puedan aplicarse por la comisión de los mismos hechos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El pleno del instituto deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El instituto elaborará y emitirá los lineamientos correspondientes a la presente ley, así como su Reglamento interno y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los treinta días naturales siguientes a la integración formal del pleno del mismo.

Notas

1 Fundar Centro de Análisis e Investigación, Contar “lo bueno” cuesta mucho el gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016. http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

2 Edna Jaime. El Financiero, 10 de noviembre de 2017. Publicidad Gubernamental.

http://mexicoevalua.org/2017/11/10/publicidad-gubernamental/

3 Jacqueline Peschard. El Financiero. 13 de noviembre de 2017. La Corte contra la omisión legislativa.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-corte-contra-la-omision- legislativa.html

4 SCJN. Primera Sala. Asuntos que se verán en la Sesión Pública Ordinaria del día 15 de noviembre de 2017. Proyecto del Ministro Ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-11-10/ 15%20NOVIEMBRE%202017%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pd f

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: José Clemente Castañeda Hoeflich, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Leonardo Gerardo Cordero Lerma, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 14 y 125 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, diputado federal en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, en el artículo 14, la fracción VIII del primer párrafo y se adiciona un inciso j) al párrafo tercero, recorriéndose en su orden, el actual inciso j), que deviene a ser el inciso k), y se adiciona un sexto y séptimo párrafo; de igual manera, en el artículo 125 se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose en su orden el actual párrafo cuarto, que deviene a ser el quinto; todos de la Ley de Asociaciones Público Privadas, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

Con la inversión en infraestructura y servicios se incentiva la productividad, el crecimiento de la economía y el bienestar social; sin embargo, en las últimas décadas, en el plano internacional, se ha disminuido el gasto público en este rubro, por lo que los gobiernos de diferentes países han diseñado nuevos mecanismos, en los que el sector privado juega un papel importante.

En nuestro caso, el Estado mexicano dispone de distintos esquemas para invertir recursos públicos en gasto de infraestructura y obra social: asignación presupuestal, endeudamiento, Asociaciones Público Privadas (APP), fondos federales transferidos a estados y municipios, fideicomisos o subsidios, entre otros.

Como se observa, se dispone de distintos mecanismos los cuales permiten, eventualmente, asignar los instrumentos contractuales necesarios para llevar a cabo estos trabajos, bajo el precepto de garantizar las mejores condiciones para el Estado, bajo el auspicio de criterios como los de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. Ahora bien, bajo el actual contexto de ajustes fiscales para la estabilización de la macroeconomía nacional, las APP son una alternativa de financiamiento para que el sector público lleve a cabo la tarea de desarrollar infraestructura económica y social.

Como se recordará, en el 2012 se expidió la Ley de Asociaciones Público Privadas, teniendo como propósito ser un instrumento jurídico que regule los proyectos de asociación público-privada, definiéndolos como “aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país”, así como los que se realicen bajo cualquier esquema de asociación orientada a desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica.

Esta ley dio definición y alcance a los proyectos de APP; sin embargo, no habían tenido la celeridad oportuna, hasta su reforma, efectuada en el 2016, autorizándose a partir de ello 14 proyectos adicionales en el periodo 2016 y 2017, que se sumaron a los 2 que se habían concretado hasta 2015.

No obstante, al término de ese año fiscal no se encontraba en operación ningún proyecto, generando con ello que no se registrarán avances en los compromisos nacionales de aumentar el crecimiento económico, la generación de empleo, el bienestar social y los niveles de inversión en el país, mediante el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios con participación del sector privado, llevados a cabo a través de los esquemas de APP.

Así también, con base en los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identifico que “el esquema de APP no permite verificar que la determinación de precios ofertados de maquinaria, mano de obra y equipo sea consistente con los valores de mercado, así como cuantificar o desagregar los elementos que integran el costo total del proyecto. De la misma forma, una vez que estos proyectos se ponen en marcha, el pago del mantenimiento y la operación de los inmuebles tampoco son susceptibles de medirse, ni es posible cerciorarse que los trabajos efectuados sean los requeridos.”

Los factores que ponderan estas problemáticas son la capacidad de inversión del sector privado en los contratos de APP, la capacidad técnica de los contratistas, la dificultad tanto de la concepción como del monitoreo del proyecto, en ambos casos derivado de su carácter altamente técnico, así como la falta de capacitación del personal de los entes públicos que comisionan estas obras y servicios.

En el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó un universo de 411 asociaciones riesgo-auditoría relacionadas con obras públicas o infraestructura; de las cuales, 244 registraron algún grado de vulnerabilidad vinculada con Desfase entre Resultados Esperados y Obtenidos (59.4%), 110 con Afectación al Erario Público (26.8%), 39 con Archivos Públicos Incompletos o Inexistentes (9.5%), así como 17 con Discrecionalidad en la toma de Decisiones (4.2%) y solo una con Información Financiera-Contable Incorrecta o Insuficiente.

Para el caso de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento denominada “Impacto de las Asociaciones Público – Privadas sobre las Finanzas Públicas”, practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ASF consideró que los proyectos de APP son de naturaleza diversa, por lo que la información se encuentra en las diversas dependencias, instituciones y entidades contratantes, situación que deriva en el desconocimiento concreto del número total de proyectos, el monto total de recursos públicos involucrados en los que se encuentran vigentes, las obligaciones de pago futuras o las estimaciones de posibles pasivos contingentes; adicionalmente, la SHCP, en términos del artículo 14 de la Ley, no cuenta con un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas vigentes al 2015 en los que se incluyan los periodos de maduración y vencimiento, así como los elementos necesarios y suficientes para su identificación, ya que sólo cuenta con información del Ejecutivo Federal.

Asimismo, carece de atribuciones para el control y la supervisión de las sociedades de participación público privadas y no existen instituciones que la apoyen para mejorar el desarrollo, seguimiento y regulación integral de estos proyectos.

Por otro lado, identificó que el marco normativo actual no establece los compromisos contingentes que deriven de los contratos de servicio de largo plazo, al observar que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que los pagos de obligaciones derivadas de los contratos que tengan como fuente de pago total o parcial recursos federales presupuestarios, se realizan con cargo en la partida presupuestal 33904 “Asignaciones derivadas de Proyectos de Asociación Público Privada”, contenida en el capítulo 3000 “Servicios Generales” del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal; sin embargo, este concepto no incluye el pago de pasivos contingentes.

En función de lo anterior, la ASF considera que al establecerle una relación contractual de largo plazo se involucra una serie de riesgos con cierta probabilidad de ocurrencia e impacto, mismos que en caso de materializarse, pueden afectar negativamente las finanzas públicas. Del mismo modo, en la normatividad aplicable no existe disposición alguna para que se identifiquen, cuantifiquen y valoren los riesgos contingentes que sean derivados de los proyectos de APP, ni para la creación de un fondo que permita hacerle frente a la materialización de los riesgos asumidos por el sector público, conforme a las mejores prácticas observadas en países como Chile o Perú, sin omitir las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), orientadas a la implementación de metodologías para identificar, cuantificar y gestionar los riesgos contingentes de este tipo de proyectos.

En general, las Asociaciones Público Privadas pueden atenuar las restricciones fiscales que limitan la inversión en infraestructura; pero también, pueden ser utilizadas para eludir los controles sobre el gasto y trasladar la inversión pública fuera del presupuesto y la deuda fuera del balance del gobierno.

Cuando esto sucede, las finanzas del Estado tienen que soportar la mayor parte del riesgo que entrañan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas y enfrentar considerables costos fiscales en el mediano y largo plazo, existiendo una alta probabilidad de surgir riesgos contingentes derivados de una mala implementación de este tipo de esquemas, disminuyendo así el beneficio social de la participación privada; aspecto que hace ineludible una acción legislativa como la que se propone.

Argumentación

El esquema de Asociaciones Público Privadas es un mecanismo de financiamiento destinado a cubrir los requerimientos de inversión pública que exceden los recursos disponibles en los países en desarrollo, por lo que puede definirse como un acuerdo mediante el cual el gobierno contrata a una empresa privada para construir o mejorar obras de infraestructura, así como para mantenerlas y operarlas por un periodo prolongado; como compensación, la empresa recibe un flujo de ingresos a lo largo de la vida del contrato, donde frecuentemente los ingresos provienen de tarifas pagadas por los usuarios.

La provisión tradicional de infraestructura y servicios públicos en el mundo se enfrentaba a múltiples retos, principalmente relacionados a la disponibilidad limitada de recursos presupuestarios, a un endeudamiento público creciente y a bajos estándares de operación y mantenimiento de la infraestructura construida y de los servicios prestados a los ciudadanos. En este contexto, surgen las Asociaciones Público Privadas (APP) como una alternativa para financiar y desarrollar proyectos de infraestructura, asociados a la provisión de servicios mediante una mayor participación del sector privado.

En 1992, el gobierno británico acuña el concepto de Asociaciones Público Privadas (APP) como una forma de asociación del gobierno con la iniciativa privada, destinada a financiar y operar proyectos públicos en los que se transfería el riesgo y se garantizaba el mejor valor por el dinero público invertido.

En México, uno de los antecedentes de participación activa del sector privado en proyectos de inversión a largo plazo se da en el año de 1995, con los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, utilizados para desarrollar proyectos de infraestructura energética de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; además, en la década de los noventas se implementaron las primeras concesiones de carretas, teniendo muchos problemas financieros, la quiebra en muchos casos y un posterior rescate del gobierno.

En 2004 se publicaron las reglas para operar los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una de las primeras formas de APP, regulados mediante acuerdos con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y supervisados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Es hasta el 2012 cuando se emite el Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, dotando de certeza jurídica a las empresas de la iniciativa privada con pretensiones de asociación con el gobierno para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios de largo plazo; asimismo, brinda al gobierno la posibilidad de resolver necesidades de salud, educación y medio ambiente, a través de un esquema de negocio rentable, bajo la figura de una colaboración público-privada, tomando riesgos y aptitudes emprendedoras e innovadoras.

La expedición de la Ley de Asociaciones Público Privadas dotó de un marco jurídico sólido y específico para la estructuración de las APP, generando condiciones de certidumbre al sector privado, muy interesado en participar en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la provisión de servicios públicos.

Esta nueva legislación permite establecer una distribución de riesgos más eficiente, promover la competencia en las licitaciones y mejorar las condiciones de financiamiento para las obras de infraestructura. De igual manera, dota de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos federales, en dichos proyectos.

Las definiciones de este marco jurídico coinciden con las de la OCDE y la Comisión Europea, centrados en ser contratos de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último financie y provee un servicio público usando un activo capital, recibiendo una compensación de pagos o tarifas por parte de los usuarios (OCDE,2013); además, reconoce que ambas partes tienen ventajas relativas en el desempeño de tareas específicas, dotando de infraestructura y servicios públicos, económicamente más eficientes (Comisión Europea, 2003).

Sin embargo, este esquema no siempre es el más adecuado para un proyecto de infraestructura, requiere de un análisis riguroso, mediante estudios costo-beneficio y la utilización de la metodología de Valor por Dinero. En el primer caso, para determinar si el proyecto es socialmente rentable y, en el segundo, para evaluar los costos y riesgos a lo largo de la vida del proyecto, bajo premisas distintas de la prestación de un servicio, en el marco diferenciado de un sector o de una actividad económica.

Existe un amplio espectro de modalidades de APP que pueden implementarse, variando en función, tanto de las necesidades y características de cada proyecto, como de las condiciones institucionales y del entorno específico. Para lo cual, se deben asegurar condiciones institucionales para el desarrollo del potencial del esquema, como un marco legal sólido que brinde certeza jurídica sobre los contratos a largo plazo; así como fomentar que las instituciones cuenten con capacidad técnica y legal para evaluar, monitorear y supervisar todo el proceso y garantizar un mínimo de condiciones de igualdad para una competencia efectiva y transparente en la selección de las empresas para desarrollar los proyectos, con el fin de obtener un mejor Valor por Dinero.

Así también, el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), en un estudio comparativo de ambientes de proyectos consolidados de APP en Chile, Brasil, Colombia, México y Uruguay, establece que el éxito o el fracaso de las APP depende, en gran medida, del desarrollo de organizaciones de gobierno y de leyes apropiadas, así como de un know-how adecuado para posibilitar un trabajo de preinversión y estructuración de proyectos.

Asimismo, dicho estudio indicó que una de las preocupaciones de los países y los gobiernos locales analizados radica en cómo formular leyes que fomenten las APP y, cómo organizar la participación del gobierno en esos proyectos, tanto en lo que concierne a dónde ubicar la unidad de APP en la estructura de gobierno, como al modo de interactuar con el resto de las dependencias del mismo. Además, las administraciones nacionales y locales deben fijar políticas de acuerdo al tamaño de las APP que desarrollarán y a los sectores que cubrirán estos proyectos.

Por lo que recomienda, como parte de este rediseño institucional, que el gobierno establezca una unidad de APP, cuyos objetivos principales radicarían en asegurar que el diseño de las APP se ajuste a criterios sólidos; que permita una transferencia adecuada de riesgos entre el sector público y el privado y, que genere una mejor relación entre precio y calidad, en comparación con formas más tradicionales de promoción de proyectos.

Aclara que todas estas actividades podrían ser asumidas por distintos organismos de gobierno o por consultores externos, sin la necesidad de crear una unidad específica de APP; sin embargo, recomiendan el establecimiento de dicha unidad, ya que permite generar solidez y eficiencia, así como garantizar la calidad de las transacciones, siendo más eficiente que el modelo de diversos equipos independientes dedicados a las APP, los cuales trabajan de manera separada en diferentes organismos de gobierno para estructurar “sus proyectos”.

Al respecto, el esquema que sugiere David Bloomgarden, jefe de la Unidad de Acceso a Servicios Básicos y Crecimiento Verde del Fondo Multilateral de Inversiones, mismo que permite entender los roles y funciones de las unidades de APP y de los ministerios de gobierno relacionados, es el siguiente:

Respecto del estudio comparativo realizado por el Fomin, establecieron que en la mayoría de los casos analizados, recomiendan que los ministerios de Hacienda o de Economía debería establecerse la unidad de APP, ya que estos se encuentran a cargo de las políticas de gasto y control fiscal; no obstante, también pueden ubicarse en el Ministerio de Planeación o en la Presidencia.

En este sentido, se debe tener en cuenta la estructura de gobierno existente para que el diseño de la unidad de APP resulte eficiente y plausible. La experiencia de Uruguay mostró que una unidad de APP no solo debe contar con capacidad técnica, sino además con un peso considerable dentro de la estructura del gobierno nacional, en contraste a la experiencia colombiana, que muestra que la delegación poco clara de roles puede obstaculizar el desarrollo de los proyectos de APP.

Sin embargo, no todas las funciones vinculadas a la APP deben estar bajo la responsabilidad de la unidad de APP. En Colombia, los roles están distribuidos entre el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En Uruguay, si bien el papel principal está asumido por la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desempeña otras funciones. En estos casos, se recomienda que los roles se definan claramente y que haya un alto grado de coordinación entre las organizaciones involucradas. De este modo, está claro que la toma de decisiones debe ser manejada por el organismo central y que los otros deben compartir el resto de las responsabilidades.

Respecto del estudio del caso Colombiano, el Fomin recomienda que el rol de una unidad de APP pueda incluir un amplio rango de responsabilidades y tareas ejecutivas o consultivas, incluyendo las siguientes:

• Evaluar asuntos legislativos específicos;

• Desarrollar lineamientos y metodologías;

• Analizar la cartera de proyectos apropiada para promover como APP;

• Seleccionar, evaluar y definir proyectos;

• Estructurar, promover y licitar proyectos, o bien brindar apoyo y evaluación durante la estructuración para los organismos de gobierno que los dirigen;

• Estandarizar contratos;

• Analizar y evaluar iniciativas propuestas por el sector privado; y

• Manejar la gestión del conocimiento, incluyendo el mantenimiento de las bases de datos y las estadísticas, y la divulgación del conocimiento sobre la materia.

Como ha podido observarse, la implementación adecuada de esquemas de APP para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos en las entidades federativas y los municipios, se convierte en una alternativa atractiva de financiamiento, ya que la transferencia del riesgo y de la responsabilidad de financiar los proyectos al sector privado, puede proveer, eficaz y eficientemente, de la infraestructura necesaria para aumentar la competitividad y la productividad; sin embargo, si bien las APP no son deuda pública, dependiendo de la fuente de pago del proyecto, pueden convertirse en obligaciones financieras futuras y, en consecuencia, deben ser parte de una planeación presupuestaria multianual factible.

También, es importante distinguir que existen diversos programas federales y fondos de la banca de desarrollo que pueden fungir como fuente de financiamiento; por ello, la importancia de mejorar el acompañamiento de los entes interesados en este esquema, a fin de generar la coordinación eficiente entre los recursos públicos y el acceso de estas alternativas para el desarrollo social.

Los procesos para desarrollar un proyecto de APP son complejos, requieren de conocimiento técnico, jurídico y financiero experto, estudios especializados y una interacción y cabildeo constante con diversos actores de la sociedad. Por ello, se requiere de liderazgos efectivos y procesos de construcción, diseño e implementación sólidos, apoyados en asesorías especializadas que tengan la capacidad y la experiencia para estructurar cada elemento del desarrollo de un proyecto de APP.

En un análisis de opinión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se insta al gobierno federal a crear una Coordinación General de Asociaciones Público Privadas, con el fin de coordinar la capacitación y difusión de los mecanismos y criterios para utilizar las APP en los tres órdenes de gobierno y en los sectores que la Ley permite, integrando los programas diferenciados por sector y fungiendo como vínculo con las dependencias y entidades para colaborar en materia de diseño y operación de esquemas de APP.

En este sentido, no se pretende generar más burocracia, sino organizar el recurso humano especializado en las funciones de integración, asesoría, dictaminación, difusión y acompañamiento a los entes públicos, así como en los procesos de análisis, conformación y aplicación de este esquema, que se perfila para convertirse en el principal proveedor de infraestructura y servicios públicos.

De igual manera, es preciso considerar para los fines preventivos de la regulación de la APP, que un pasivo contingente es una obligación que surge, a menos que ocurra un evento determinado y definido en el futuro, fuera del control del gobierno y, en este sentido, se distinguen dos tipos: pasivos contingentes explícitos, que se refieren a los mecanismos jurídicos contractuales que dan lugar a una exigencia condicional de efectuar pagos de valor económico, por ejemplo, las garantías e indemnizaciones; y, los pasivos contingentes implícitos, los cuales no tienen un origen jurídico, ni contractual, si no que se actualizan después de cumplirse cierta condición o producirse determinado hecho.

El FMI identificó, en una muestra de 80 países dentro del periodo de 1990 al 2014, un conjunto de riesgos fiscales que agrupó en ocho categorías: sector financiero; legal; gobiernos subnacionales; empresas de participación estatal; desastres naturales; sector privado no financiero; Asociaciones Público-Privadas y otros.

Los resultados indican que, en promedio, los pasivos contingentes tuvieron un costo fiscal de 6.1% del PIB, mientras que las APP representaron un costo del 1.2% del Producto Interno Bruto. En el caso de México, el Fondo Monetario Internacional (FMI) determinó tres tipos de posible materialización de riesgos: los relacionados con el sector financiero, el gobierno subnacional y las APP, cuyo impacto en conjunto fue de 26.1% del PIB en ese lapso.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dichas obligaciones pueden representar una significativa carga para las finanzas públicas y comprometer el manejo y la sostenibilidad de la deuda pública. En este sentido, se deben prevenir o mitigar efectos futuros no deseados, por lo que es necesaria su identificación, cuantificación, seguimiento (monitoreo, evaluación, control, reestimación) y exposición.

De igual manera, para nuestros propósitos creemos necesario recuperar el Código de Transparencia Fiscal del FMI, el cual considera como su tercer principio de transparencia fiscal, el Análisis y la Gestión del Riesgos Fiscal, en el que se describen las siguientes prácticas:

Fuente:Código de Transparencia Fiscal, Fondo Monetario Internacional.

Finalmente, se reitera que la Auditoría Superior de la Federación considera que, al establecerse una relación contractual de largo plazo entre el sector público y el sector privado, se conlleva una serie de riesgos que el gobierno retiene y comparte con el promotor privado, los cuales tienen cierta probabilidad de ocurrencia e impacto, que en caso de materializarse, pueden afectar negativamente las finanzas públicas.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la transparencia es y debe ser un principio fundamental de la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno y en los diferentes poderes de la Federación, así como en todos los sujetos obligados, instituciones, organismos y funcionarios que reciban y administren recursos públicos; es por ello que proponemos reformar el artículo 14 y el 125 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a efecto de fortalecer las atribuciones de las dependencias y entidades que opten por la figura de las Asociaciones Público Privadas, así como las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de orientadora en los procesos de evaluación técnica y análisis de riesgos, a efecto de coadyuvar en la construcción de un enfoque preventivo en el ejercicio de los recursos públicos y, evitar así, potenciales quebrantos en las finanzas públicas.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Asociaciones Público Privadas

Artículo Único. Se reforma, en el artículo 14, la fracción VIII del primer párrafo y se adiciona un inciso j) al párrafo tercero, recorriéndose en su orden, el actual inciso j), que deviene a ser el inciso k), y se adiciona un sexto y séptimo párrafo; de igual manera, en el artículo 125 se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose en su orden el actual párrafo cuarto, que deviene a ser el quinto; todos, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 14.Los proyectos de asociaciones público-privadas serán viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. a VII. ...

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto , debiendo considerar, entre otros, el monto total de recursos públicos y privados a ser ejercidos en los proyectos, el costo-beneficio del mismo, así como proyecciones sobre obligaciones contingentes derivadas de las modificaciones a los contratos de largo plazo y garantías financieras; y

IX. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con la información contenida en los análisis a que se refieren las fracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la información siguiente:

a) al i) ...

j) Registro de riesgos de las asociaciones público privadas; y

k) Otra información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere relevante.

...

...

En la elaboración del dictamen al que se hace referencia en el primer párrafo de este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público brindará a las dependencias y entidades la asesoría que éstas demanden en la incorporación de obligaciones contingentes, derivadas de las modificaciones a los contratos de largo plazo, así como las garantías financieras a las que se hace referencia en la fracción VIII precedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborar y actualizar el registro de riesgos de las asociaciones público privadas al que se hace referencia en el inciso j) de este artículo, de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto en las finanzas públicas.

Artículo 125. ...

...

...

La dependencia o entidad contratante deberá realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas en los contratos de asociaciones público privadas, así como vigilar el incremento en el gasto programado y su probable impacto en las finanzas públicas, debiendo incorporar esta información en el registro de riesgos de las asociaciones público privadas al que se hace referencia en el inciso j) del artículo 14, de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto en las finanzas públicas; asimismo, establecerá mecanismos para evaluar el cierre financiero de los proyectos de las asociaciones público privadas bajo su responsabilidad.

La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autoridades que las hayan otorgado.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-0-06100-02-0056. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Páginas 10 a12

ii Informe General Cuenta Pública 2015. Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados. Página 67

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/ InformeGeneral/ig2015.pdf

iii Ibídem página 67.

iv Ibídem página 68.

v Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-0-06100-02-0056. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Página 36

vi Ibídem página 15 y 16.

vii Inversión pública y asociaciones público – privadas, Fondo Monetario Internacional, Akitoby Bernardin, 2007, pág. 11.

file:///C:/Users/USUARIO.6Q1KTW1/Downloads/ei40s%20(3). pdf

viii Engel, Eduardo, Fischer Ronald y Galetovic Alexander, “Economía de las asociaciones público-privadas. Una guía básica”, Serie Lecturas, FCE, 2014.

ix Las Asociaciones Público Privadas como alternativa de Financiamiento para las Entidades Federativas. Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. eecefp/003/2016. Junio 02 2016.

x Pesos y Contrapesos. Asociaciones Público-Privadas y Transparencia. 04 de Julio de 2016, Juan Pardinas, Conductor: Luis Chicoma, Director Ethos Laboratorio y Paula González, Directora de Estrategia de Negocios de New ventures México.

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_df697va2/ Pesos_y_Contrapesos._Asociaciones_Public-Privadas_y_Transparencia.

xi Las Asociaciones Público Privadas como alternativa de Financiamiento para las Entidades Federativas. Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. eecefp/003/2016. Junio 02 2016. Página 22.

xii Ibídem página 6.

xiii Ibídem página 10.

xiv Albortha, Guillermo R.- Stevenson, Claudia - Triana, Sergio; “Asociaciones público-privadas para la prestación de servicios. Una visión hacia el futuro”, Banco Interamericano de Desarrollo, División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras (ICF/CMF), noviembre 2011, página 16

http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/36514441.pdf

xv Espelt Ramón, Lecciones aprendidas y mejores prácticas en proyectos de asociación público – privada, Fondo Multilateral de Inversiones FOMI, Banco Interamericano de Desarrollo, abril 2015, página 7.

xvi Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-0-06100-02-0056. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Página 12.

xvii Ibídem página 14.

xviii Ibídem.

xix Ibídem página 15.

xx Ibídem página 24.

xxi Asociaciones Público – Privadas, Agenda e incidencia de la Industria de la Construcción en México. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2012. Página 9.

xxii Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-0-06100-02-0056. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Página 14.

xxiii Ibídem página 14.

xxiv Ibídem página 15.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de noviembre de 2017.— Diputado Jesús Rafael Méndez Salas(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 13 y 13 Bis de la Ley Minera, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blandina Ramos Ramírez, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, al tenor de la siguiente

A finales del siglo pasado, a instancias de organismos económicos internacionales, en México se realizan varias reformas al andamiaje jurídico, a fin de que éste sea acorde al paradigma neoliberal. Entre estas reformas se tienen las efectuadas al artículo 27 constitucional y la expedición de una nueva Ley Minera.

Actualmente, bajo el amparo de esta ley una parte importante del territorio nacional se encuentra concesionado a la las empresas mineras. Según datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, edición 2016, al 31 de diciembre de 2015 se registraron un total de 25 mil 506 concesiones mineras, que amparan una superficie de 23 millones 135 mil hectáreas, lo que representa alrededor de 12 por ciento de la extensión del territorio nacional.

Pero, según la Secretaría de Gobernación, la extensión que guardan las concesiones mineras representa alrededor del 49 por ciento del territorio nacional; a decir de esta Secretaría, en México, al año 2012, ya se habían otorgado 43 mil 675 concesiones mineras, mismas que en conjunto amparan la posibilidad de desarrollar esta actividad en un área equivalente 95 millones 765 mil 800 hectáreas.

Entonces, ¿a quién creerle? ¿Qué parte del territorio nacional se ha concesionado a las empresas mineras? Es de llamar la atención que los datos presentados por la Secretaría de Economía (SE), dependencia del Ejecutivo federal que tiene las facultades de formular y conducir la política nacional en materia minera, discrepen de los presentados por la Secretaría de Gobernación por medio de su Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

En lo referente a la inversión del sector minero, del total de la misma, alrededor del 70 por ciento corresponde a inversión extranjera y tan sólo el 30 por ciento a mexicana. De la extranjera, la canadiense es la predominante, ya que de esta nación viene alrededor del 70 por ciento del total.

Pasando por el momento de largo el problema que representa la opacidad que esta contradicción de cifras plantea, pasemos al tema de las concesiones como instrumento jurídico que posibilita la explotación de los minerales.

Si bien estas concesiones encuentran su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley Minera, es impugnable si éstas se han hecho conforme a lo dispuesto en este precepto constitucional, ya que el mismo señala que las concesiones son para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar la conservación de los recursos naturales, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Se podría pensar que las mineras aportan importantes cantidades de recursos al erario público y por lo mismo al desarrollo nacional, pero la realidad es otra. En cuanto a los derechos por estas concesiones que recibió el gobierno federal, por efectos de la Ley Minera, único orden de gobierno con facultades para cobrar derechos a esta actividad, entre 2008 y 2013 lo que pagaron las compañías mineras por las concesiones no llega ni a un punto porcentual (0.6 por ciento) del valor que alcanzó toda la producción minera nacional durante los seis años del periodo mencionado, y el valor de todos los minerales y metales que las empresas extrajeron del subsuelo del país fue 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos por explotarlos.

Con las reformas fiscales del 2013 que entraron en vigor para el 2014 se establecieron nuevos impuestos a esta actividad, repercutiendo de manera favorable en lo recaudado. Según cifras de la Cámara Minera de México (Camimex) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las empresas mineras que operan en México elevaron en alrededor de 34 por ciento sus pagos por concepto de impuesto sobre la renta durante 2014, pero, pese a lo anterior, sigue siendo muy baja la cantidad que estas empresas aportan al erario público, máxime si tomamos en cuenta las ganancias que obtienen por la explotación de los minerales y los comparamos con los impuestos que se pagan en países como Canadá.

Sin embargo, en mayo del presente año se dio a conocer a la opinión pública que las principales empresas mineras mexicanas, Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, deben al sistema tributario varios millones de pesos correspondientes a pagos de regalías. “Este resultado se desprende de una amplia revisión de la industria sobre cumplimiento fiscal, encabezada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según la cual Grupo México debe unos mil 700 millones de pesos (mdp) de una regalía minera de 7.5 por ciento sobre las ganancias extractivas de 2015. Peñoles y Fresnillo, del local Grupo Bal, adeudan unos 962.6 mdp y 492.6 mdp, respectivamente, mientras que Frisco debe unos 189.1 mdp. Frisco y Peñoles no pagaron por derechos mineros en 2015, mientras que los pagos de otros no cumplieron con las estimaciones, según las cuentas preliminares del Gobierno para el segundo año de vigencia de los derechos.”

De igual forma, es cuestionable que la Ley Minera señale que las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la misma sean de utilidad pública y que la actividad minera tenga prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno, preceptos contemplados en el primer párrafos del artículo 6 de dicha ley, que a la letra señala:

“Artículo 6. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.”

El que la ley declare a la minería asunto de utilidad pública no es casual ni de poca importancia, ya que se presta al despojo legal de las tierras, como bien los explican los expertos sobre el tema Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat:

“La importancia de esta disposición se encuentra en su relación con el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, donde se determina que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. Al declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, la ley permite que el Estado expropie a los dueños de las tierras donde se encuentren dichos minerales si considerara que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo. Puede ser el caso cuando los propietarios de las tierras donde se encuentra el mineral no lleguen a un acuerdo con la empresa concesionaria para el uso de los terrenos.”

Además, el que la minería sea de utilidad pública es cuestionable porque la actividad no se ajusta a la interpretación que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el punto de vista jurídico al concepto de utilidad pública. La jurisprudencia de la SCJN, ha dejado en claro en qué casos se da este supuesto:

“... el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional.”

De esta interpretación de la SCJN no vemos cómo una actividad que por sus concesiones paga al erario público menos del uno por ciento del valor que alcanza su producción, además de ser este valor de producción 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos, constituyéndose un negocio multimillonario para unos cuantos, como lo es la minería, se pueda ajustar a lo que debemos de entender por “utilidad pública”, en pocas palabras, en la minería, no existe ni interés público ni utilidad pública, sólo interés privado y utilidad particular.

En cuanto al progreso rural y el bienestar de su población es cuando menos cuestionable que con la entrega de estas concesiones se haya respetado lo dispuesto en la fracción XX del artículo 27 constitucional, en lo referente al deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, ya que dicha fracción señala que:

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Pero, la minería, cuyas concesiones son por cincuenta años, con posibilidad de ser prorrogadas por igual período, que por sus características genera impactos ambientales y sociales, que en varios casos, como lo es la minería a cielo abierto, excluye a la tierra de cualquier otra actividad productiva y que la deja inservible para cualquier otro uso posterior, fragmentando a las comunidades, puede contribuir al desarrollo rural integral, garantizando a la población campesina el bienestar y fomentar las actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra. Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades rurales de sus tierras, para otorgarla a las empresas mineras se pueda garantizar a la población campesina su bienestar.

Entonces, vemos que este artículo de la Ley Minera es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues a una actividad económica se le coloca por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y los de los núcleos agrarios.

Cabe la pregunta, ¿por qué la Ley Minera señala a la actividad que norma como de utilidad pública? La única explicación viable es el que se le dio esta característica para que en el momento que una empresa minera quisiera trabajar sobre un terreno, no tuviera el menor obstáculo para apropiárselo, ya que ante la oposición de los legítimos poseedores, la minera tiene la opción de recurrir a la autoridad y por medio de la figura de expropiación hacer el despojo legal del predio.

Con base a la disposición anteriormente señalada de la Ley Minera los solicitantes de una concesión pueden pedir que terrenos ocupados por un pueblo sea desalojados para que ellos puedan realizar sus actividades, al igual que los terrenos dedicados a la siembra de alimentos, a la actividad forestal o silvicultura, incluso cuando dichos terrenos sean parte de un área natural protegida.

La posibilidad que da la Ley Minera de la expropiación u otra forma de apropiarse de facto de las tierras en contra de sus legítimos poseedores no es teórica, en la “Guía de Procedimientos Mineros”, publicada en mayo de 2013 por la Secretaría de Economía podemos ver como esta autoridad minera maneja la posibilidad del despojo legal, en dicho documento se puede leer:

“Una concesión minera no confiere ningún derecho a su titular sobre la superficie del terreno, sólo sobre los recursos minerales concesibles en términos de la Ley Minera, por tal razón, para efectuar sus trabajos de exploración o de explotación, el concesionario debe establecer un convenio privado con el dueño superficiario, o en su caso, solicitar y obtener previamente de la Secretaría de Economía una resolución de ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie que requiera para sus actividades o de la Reforma Agraria tratándose de una expropiación sobre terrenos ejidales.”

De hecho, en el mencionado Manual, la Dirección General de Regulación Minera, perteneciente a la SE, tiene entre sus atribuciones la de tramitar solicitudes de expropiación, ocupación temporal o servidumbre de paso que los concesionarios mineros presenten, por lo cual no es de extrañarse que México sea de los países americanos que más conflictos sociales provocados por la minería presenta, tan sólo por debajo de Chile y Perú.

A decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la contaminación del agua, de las tierras y del aire, con sus consecuencias para la salud, así como la restricción o escasez de agua potable, los problemas territoriales, la falta de consulta previa e informada a las comunidades afectadas, la violación de los derechos humanos, y el no cumplir con las Políticas de Responsabilidad Corporativa Social de algunas mineras extranjeras han sido las principales causas detonantes de conflictos.

Ampliando la información, la Cepal comenta sobre la tierra, en relación a los derechos humanos, al sostener que los desplazamientos y desalojos de las poblaciones, así como las reubicaciones, han sido sin tomar en cuenta el proceso de consulta previa establecido en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas.

Es preocupante que en nuestro país, con la excusa de dar cumplimiento a la Ley Minera y privilegiar los intereses económicos de unos cuantos, se esté violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el Convenio número 169, sobre este último comentaremos posteriormente.

Con respecto a la CPEUM y la Ley Minera tenemos que el artículo 6, como ya se comentó en esta iniciativa, viola lo estipulado en la fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna, pero, éste no es el único precepto constitucional que esta ley contradice, ya que los párrafos tercero del artículo 13 y último del 13 Bis también se encuentran en esta situación.

Regresando al ya varias veces mencionado artículo 6 de la Ley Minera, si recordamos, determina que las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, tienen prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno y con base al mismo los concesionarios mineros pueden pedir que un terreno dedicado a otras actividades les sea cedido cuando menos cincuenta años, sin importar que dicho predio sea parte de un ejido, tierras de una comunidad indígena o parte de un área natural protegida.

En cuanto a los artículos 13 y 13 Bis de la Ley Minera, El párrafo tercero del artículo 13 a la letra señala:

“Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena, y dicho pueblo o comunidad indígena solicite dicho terreno simultáneamente con otra persona o personas, será preferida la solicitud del pueblo o comunidad indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera sobre dicho terreno, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.”

Por su parte, el último párrafo del artículo 13 Bis, a la letra, expresa:

“Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, y en caso de hacerlo tendrá derecho preferente la propuesta de dicho pueblo o comunidad indígena.”

Pero, cuando menos en el caso de terrenos de interés para la minería que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, estas disposiciones de la Ley Minera son aberraciones jurídicas que contradice a la propia CPEUM, cuando menos en su artículo 2, ya que éste tutela el derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que han ocupado por siglos y en contra parte la Ley Minera pretende reconocerles solo un mínimo grado de prelación en los concursos sobre las concesiones para explotar dichos terrenos, dándoles un trato de empresa, pese a que en la realidad, en cantidad de recursos económicos, se encuentran en clara desventaja con respecto a las empresas mineras.

El tercer párrafo de artículo 2 de la CPEUM señala que: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” y la fracción V del apartado A del mismo artículo constitucional, mandata a estas comunidades a preservar la integridad de sus tierras, pero, ante una concesión minera, ¿cómo podrían cumplir este mandato constitucional?

Además, el cuarto párrafo del ya citado artículo 2 especifica que : “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. ...”, pero, ¿cómo van a ejercer estos pueblos su derecho a la libre determinación, cuando las tierras que han habitado y aprovechado desde épocas ancestrales, son cedidas en concesión a una empresa minera?, ¿acaso el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no tiene que ver con ser de derecho y de facto quienes determine en que se ocupará la tierra de la comunidad?

Este derecho a la libre determinación faculta a las comunidades indígenas a establecer el cómo utilizar sus tierras, por ejemplo, si ellos deciden que por razones culturales debe de evitarse cualquier uso económico, incluyendo el minero, están en su derecho de evitar la explotación, pese a lo que al respecto exprese la Ley Minera, aunque en los hechos los preceptos de esta ley puedan ser el fundamento legal para que sus lugares sagrados o de rituales, que contribuyen al mantenimiento de su identidad, sean arrasados y destruidos.

Entonces, en el caso de terrenos de interés para la minería que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, las disposiciones citadas de la Ley Minera son contrarias a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además a tratados internacionales de los que México es firmante.

Si recordamos, México es estado parte de instrumentos jurídicos internacionales, como lo son, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas claramente señala en su artículo 32, numeral 2, que:

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.”,

Si bien, se puede argumentar en contra que una declaración no es necesariamente vinculante al derecho interno, lo que es incontrovertible es que los preceptos de los tratados internacionales, como lo son lo contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sí lo son, es decir, obligan a nuestro país a observarlos, y con respecto a dicho Convenio, a decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, éste es de gran importancia, ya que el mismo marca los estándares mínimos de derechos específicos de los pueblos indígenas, que los estados deben de respetar.

Para este escrito son de destacarse los artículos 7, 13, 15 y 23 del Convenio 169 de la OIT. Al respecto, el artículo 7 en su numeral 1 señala:

“ Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. ...”

El artículo 15 especifica de manera clara el derecho preferente de los pueblos indígenas para la utilización de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios y la manera en que tiene que proceder el estado cuando de minerales se trata, a la letra dicho artículo dice:

“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”

Aquí cabe mencionar que por efectos del numeral 2 del Artículo 13 del Convenio 169, dentro del concepto de tierra se incluye el de territorio, dicho numeral se transcribe a continuación:

“2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”

En cuanto al artículo 23 del Convenio 169 de la OIT, éste, en su numeral 1, no tan sólo reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, sino que va más allá al unirlo con el desarrollo económico de estos pueblos. El referido numeral 1 del artículo 23 textualmente señala:

“1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.”

Entonces de manera clara se puede ver que el Convenio 169 de la OIT es de las normas internacionales vinculantes para nuestro sistema jurídico que dan preferencia a los pueblos indígenas en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, entre los que se encuentra la tierra, y este derecho preferencial no tan sólo tiene que ver con la preservación de su cultura, sino también, con otro derecho humano como lo es el desarrollo económico.

En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), tenemos los numerales 1 y 2 del artículo 21, dicho artículo es referente al derecho sobre la propiedad privada y está redactado en los siguientes términos:

“Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”

Como hemos expuesto en líneas anteriores, los supuestos de utilidad pública e interés social, para la actividad minera no se ajustan al criterio de la SCJN, de tal forma que no cabe ignorar los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Convención, bajo el argumento de que la minería realmente es una actividad de interés social o utilidad pública.

También es de notarse que la CADH en ningún artículo hace referencia expresa a los derechos de los pueblos indígenas, pero el artículo 21 ha sido interpretado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que protege los derechos que tienen tales pueblos y sus integrantes sobre su tierra, incluyendo los recursos naturales.

Es de tenerse en cuenta que como parte de los mecanismos que tiene la CIDH para crear su jurisprudencia se tienen las sentencias de casos particulares, es decir, lo que la CIDH resuelve para un caso particular pasa a formar parte de la jurisprudencia de dicha corte.

Esto para nuestro país es importante, porque nuestra SCJN ha determinado que la jurisprudencia de la CIDH es vinculante para nuestro sistema jurídico, esto lo podemos ver en la Contradicción de Tesis 293/2011. “SCJN determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”, misma que entre otras cosas específica que:

“... valor de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, el Tribunal Pleno determinó por mayoría de 6 votos, que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas.

Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos.”

Esto viene a colación porque la CIDH ha determinado que:

“La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena tampoco se restringe al núcleo de casas; por el contrario, el territorio incluye un área física conformadapor un núcleo de casas , recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural”.

En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales, “va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines.”

A decir de la propia CIDH:

“ Así, cualquier distinción legal que privilegie los derechos de propiedad de terceros frente a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales es incompatible con los artículos 21 y 2 de la Convención Americana; por ejemplo, la Corte Interamericana concluyó que tal era el caso en Surinam, donde el sistema jurídico usaba el término “derechos fácticos” o “derechos de facto” para distinguir los derechos indígenas de los derechos “ de jure” de los tenedores de títulos reales y otros derechos de propiedad registrables, reconocidos y emitidos por el Estado: “Esta limitación al reconocimiento del derecho de los integrantes del pueblo (indígena o tribal) para gozar plenamente del territorio que han poseído y ocupado tradicionalmente es incompatible con la obligación del Estado conforme al artículo 2 de la Convención para hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 21 de dicho instrumento.”, como quedó asentado en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 110.

Por lo anteriormente expuesto concluimos que la Ley Minera, al señalar que las actividades normadas por la misma, “tienen prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno”, es violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos que México ha firmado, tanto para las comunidades indígenas como para el resto de la población, y el que los artículos 13 y 13 Bis pongan a competir por sus tierras a las comunidades indígenas contra las transnacionales mineras se encuentra en la misma situación.

Lo anterior nos remite a revisar el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que a la letra dice:

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

De lo anterior resulta “... la obligación de los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la misma Convención. Esta disposición ha sido interpretada por la Corte Interamericana en el sentido de que, dicho deber general implica la adopción de medidas en dos vertientes: por un lado, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convencióny, por otra parte, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.” Por lo mismo resulta que es obligación del poder legislativo el armonizar nuestras normas internas a fin de que sean acordes con la CADH, entre otros tratados internacionales y la Ley Minera no puede ser excepción.

Como si esto no fuera suficiente razón para modificar la Ley Minera, tenemos reformas a la CPEUM en materia de derechos humanos de 2011, que eleva los derechos humanos a rango constitucional, sin la necesidad de que expresamente estén mencionados en la misma Constitución, esto gracias al textos del artículo 1o. de la nuestra Carta Magna, dicha reforma entre otras cosas señala:

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Interpretando estas disposiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente jurisprudencia afirmando lo siguiente:

“ Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1 constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.”

Entonces, a la luz de todo lo expuesto en esta iniciativa no vemos cómo desde la perspectiva del derecho mexicano se pueda sostener la actual redacción del primer párrafo del artículo 6, del tercer párrafo del artículo 13 y del último párrafo del artículo 13 Bis de la Ley Minera, en el sentido de que sea acorde con los tratados internacionales y la misma CPEUM y por lo mismo es obligación del Poder Legislativo Federal el hacer las adecuaciones pertinentes a esta ley, de tal forma que sea acorde a la CPEUM y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte.

Por lo mismo, se propone reformar el primer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera, a fin de evitar que contravenga a la CPEUM y los tratados mencionados en esta iniciativa, aunado a lo anterior, por razones de redacción y no de fondo, se propone la reforma del segundo párrafo del mismo artículo 6 de tal forma que sea coherente con el cambio del primer párrafo. De igual forma, se propone reformar el párrafo tercero del artículo 13; la fracción III y el último párrafo del artículo 13 Bis, a fin de que respeten los derechos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 6, el párrafo tercero del artículo 13, la fracción III y el último párrafo del artículo 13 Bis, todos de la Ley Minera.

Artículo 6. Sobre la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

En cuanto al uso del terreno, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, serán preferentes sobre la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley.

...

...

...

Artículo 13. ...

...

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena, o sea parte del territorio de una comunidad indígena y ésta solicite dicho terreno simultáneamente con otra persona o personas, será preferida la solicitud del pueblo o comunidad indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera sobre dicho terreno. En caso de que el pueblo o comunidad indígena no presente solicitud, los demás solicitantes, además de los requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento, deberán obtener el consentimiento de estas comunidades, previa consulta libre e informada, realizada por la Secretaría con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dichas comunidades deberán recibir participación no inferior al cinco por ciento de los beneficios netos que reporten las actividades que se realicen al amparo de la concesión y además en su caso, indemnización equitativa por parte del concesionario por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

....

....

Artículo 13 Bis. ...

I. ...

II. ...

a) a d) ...

III. Con excepción del terreno que forme parte de un área habitada u ocupada por un pueblo o comunidad indígena, o sea parte del territorio de una comunidad indígena, las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las bases y presente la mejor propuesta económica, para lo que se tomará en consideración, exclusivamente, la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas.

Cuando el terreno forme parte de un área habitada y ocupada por un pueblo u comunidad indígena, o sea parte del territorio de una comunidad indígena, podrá solicitar la concesión, en cuyo caso tendrá preferencia su solicitud sobre la de otros solicitantes y le se le otorgará en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2015. Edición 2016.

2 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, noviembre de 2013.

3 Al respecto se puede consultar:

http://www.manufactura.mx/industria/2017/05/16/grandes-mineras-adeudan- el-pago-de-regalias-al-gobierno

4 López Bárcenas, Francisco. Mayra Montserrat Eslava Galicia. El mineral o la Vida. La legislación minera en México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Pez en el árbol editorial, primera edición, México 2011.

5 1012237. 945. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Quinta Sección - Otros derechos fundamentales, Pág. 2228.

6 Saade Hazin, Miryam. “ Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú”,ONU, Cepal, Serie Macroeconomía del Desarrollo # 137, Chile, 2013.

7 Cepal. El panorama social de América Latina, 2006, Colección: Informes anuales, 2007.

8 Al respecto consultar: Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de Tesis 293/2011. “SCJN determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”. Disponible en,

http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/ seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556

9 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa vs. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120

10 CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 129

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2009”, primera edición, 2010.

12 Artículo 1 de la CADH. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

13 García Velasco, Laura. México: ¿diálogo entre Cortes?,Trabajo derivado del curso de posgrado realizado en la universidad Pompéu Fabra, España, del 20 de junio al 7 de julio de 2011. Disponible en:

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/ 152/Becarios_152.pdf.

14 Décima Época Registro: 160589 Instancia: Pleno Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVII/2011(9a.) Página: 535 Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Blandina Ramos Ramírez,Alicia Barrientos Pantoja, Alma Leticia García Hernández, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Norma Rocío Nahle García, Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbricas).»