SUMARIO
Desde la curul, se refieren a diversos temas parlamentarios:
–La diputada Erika Irazema Briones Pérez, del PRD
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, quien solicita un minuto de silencio por el aniversario luctuoso de Ernesto Che Guevara, mismo que se obsequia
En memoria de Ernesto Guevara de la Serna
Desde la curul, continúan las intervenciones respecto a diversos temas parlamentarios:
–El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del PRI
–El diputado Sergio López Sánchez, del PRD
–El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del PRI
La Presidencia, su momento, hace aclaraciones y gira las instrucciones correspondientes
De la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por la que comunica que se realizó modificación de turno a la:
–Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a estados y municipios para que en sus presupuestos de 2018, den cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, presentada por la diputada Daniela de los Santos Torres y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 26 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios
Del diputado Francisco Javier Pinto Torres, de NA, mediante la cual solicita el retiro de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social. De enterado, distribúyase a las diputadas y diputados, y remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
–Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desarrollar planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el Gobierno Federal. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento
–Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por medio de la cual comunica que se encuentran disponibles, para consulta en su página electrónica, 152 documentos correspondientes a las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016–2017, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento
Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el Tercer Informe trimestral 2017 de los avances financieros, correspondientes a los programas de protección a migrantes, así como el acumulado. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Cámara de Senadores, con las que remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo por los que solicitan a la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
De la Cámara de Senadores, por medio de la cual remite la solicitud de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Derechos Humanos, para su atención
INICIATIVAS DE SENADORES
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232–D de la Ley Federal de Derechos, suscrita por el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
DICTAMEN PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud
Voto particular al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO
A discusión el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del PAN, quien propone modificaciones en nombre de la comisión, mismas que se aceptan
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, intervienen:
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
–El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC
–El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM
–La diputada Karina Sánchez Ruiz, de NA
–La diputada Mariana Trejo Flores, de Morena
–El diputado David Gerson García Calderón, del PRD
–El diputado Jorge Triana Tena, del PAN
–El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI
Para la discusión en lo general, participan:
–La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Morena, a favor
–La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD, en contra
–La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD, quien hace moción de procedimiento, desde la curul
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES, a favor
–La diputada Karina Sánchez Ruiz, de NA, para responder alusiones personales, desde la curul
–La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD, para responder alusiones personales, desde la curul
–La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, para hacer comentarios, desde la curul
–El diputado David Gerson García Calderón, del PRD para responder alusiones personales, desde la curul
–La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Morena, en contra
–El diputado Santiago Torreblanca Engell, del PAN, a favor
–La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD, en contra
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud
Para la discusión en lo particular, participa:
–La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD, en nombre propio y de diputados del PAN y de MC. Aprobada
–La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–El diputado Andrés Aguirre Romero, del PRI, quien propone modificaciones en nombre de la comisión, mismas que se aceptan
Para referirse al dictamen, intervienen:
–El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, proponente
–La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del PRI
–El diputado Sergio López Sánchez, del PRD
–La diputada María Verónica Agundis Estrada, del PAN
No habiendo más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
La Presidencia da cuenta de atentos oficios de condolencias al pueblo de México por las pérdidas derivadas de los sismos de septiembre pasado, remitidos por los titulares de las siguientes representaciones: Senado y Cámara de los Comunes de Canadá; Cámara de Representantes de la República de Chipre; Asamblea Nacional de Turquía; y Parlamento de Rumania; Parlamento Panafricano, a quienes expresa la gratitud de la Cámara de Diputados
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del PRI
Para referirse al dictamen, interviene:
–El diputado José Antonio Estefan Garfias, del PRD, proponente
No habiendo más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
Se recibió de la Junta de Coordinación Política, el Acuerdo relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del Quinto Informe de Gobierno. Aprobado, Comuníquese
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
La diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
La diputada Erika Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Transportes, para dictamen
El diputado Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del PVEM, en nombre propio y de diversos diputados integrantes de su Grupo Parlamentario y del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen
El diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un artículo 212-Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Luis Manuel Hernández León, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen
La diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 97 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, en nombre propio y de la diputada Norma Rocío Nahle García, ambas del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
La diputada Daniela de los Santos Torres, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, en nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, en nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
La Presidencia turna mediante oficio las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo turno se publica en la Gaceta Parlamentaria
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud (en lo particular el segundo párrafo, con la modificación propuesta por la diputada Cecilia Soto González y aceptada por la asamblea, y el segundo transitorio, en términos del dictamen)
De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en lo general y en lo particular)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 10 de octubre de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado de la asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados. Por lo tanto, diputada presidenta, hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 11:41 horas): Y, por lo tanto, se abre la sesión.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me está pidiendo la palabra la diputada Irazema Briones. Se la voy a dar apenas lleguemos a la aprobación del acta.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Martes 10 de octubre de 2017.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Mesa Directiva
Del diputado Francisco Javier Pinto Torres
Solicita el retiro de iniciativa.
De la Secretaría de Gobernación
Remite el Quinto Informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social.
Remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Comunica que se encuentran disponibles para consulta en su página electrónica, 152 documentos correspondientes a las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Del Instituto Nacional de Migración
Remite el tercer informe trimestral 2017 de los avances financieros, correspondientes a los programas de protección a migrantes, así como el acumulado.
De la Cámara de Senadores
Remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
Solicitud de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativas de senadores
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Declaratoria de publicidad
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
Dictámenes a discusión de leyes o decreto
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Iniciativas
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 41de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 28 y 43 y adiciona un artículo 29 Bis a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de reducción de legisladores federales, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 226 y 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de reducción de campañas electorales, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión, suscrita por el diputado José Antonio Arévalo González e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por el diputado José Antonio Arévalo González e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
De Decreto por el que se declara el día 20 de marzo de cada año como el “Día del Internacionalista Mexicano”, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 17 Bis y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 103, 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 212 y 213 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley General de Consulta Indígena, suscrita por los diputados Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o. y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 37 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocio Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 22 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y deroga el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 32 y 41 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 27 y 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 10o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 469, 692 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 17 Bis y 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 6o. a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 65, 66 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 137 Bis 2 y 137 Bis 3 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 5o. y adiciona un artículo 116 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de Movimiento Ciudadano.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 122 a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Erika Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley Federal para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 111 ,113 y 114 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 310 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 57-Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 191 y 192 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 27 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 33 y 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 464 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 339 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
De Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva del 50 Aniversario del Plan Marina, que se conmemora el 9 de enero de cada año, suscrita por los diputados Carlos Federico Quinto Guillen y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de protección ambiental, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona los artículos 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 1o. y 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 203-Bis, 203-Ter, 203-Quáter y 203-Quintus y reforma los artículos 204-A y 205 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por el diputado Virgilio Mendoza Amezcua y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 212 y adiciona un artículo 212-Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 82 de la Ley General de Desarrollo Social y 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga los párrafos 8o. y 9o. del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un articulo 149 Quater al Código Penal Federal, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 97 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.
Que reforma los artículos 41, 45, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
Que adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 17, 19 y 27 de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 19 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Nacional de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley sobre la Celebración de Tratados y Vinculación Internacional, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. .
Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Camacho y María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 6o. de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre y diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones para expresidentes, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial para Revisar y Analizar la Legislación y Políticas en materia de Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo.
Que adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. de la Ley Minera, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 16 Bis y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 2o., 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 2o.-E y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
Que reforma los artículos 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y Vigésimo Transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año, como “Día Nacional del Nopal”, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.
De Decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Solidaridad”, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 8o. y 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las y los periodistas, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 104 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por de diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, de Morena, del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social y diputado Independiente.
Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 468 Bis a la Ley General de Salud y reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 18 y 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un articulo 87-Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 167 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga del conocimiento público los avances sobre los Lineamientos para la Evaluación de las Políticas en Materia de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a difunda el destino otorgado a los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura: Componente Proagro Productivo, a cargo del diputado Armando Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a destinar los recursos del Programa de Empleo Temporal a tareas de reconstrucción de los estados siniestrados por los sismos de los días 7, 19 y 23 de septiembre del presente año dando prioridad a las personas damnificadas, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la aplicación de recursos del fideicomiso “Fondo Regional” a obras de infraestructura en los estados de Chiapas y Oaxaca, afectados por el sismo del 7 de septiembre, suscrito por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a suscribir un convenio con el gobierno del estado de Michoacán para controlar de modo efectivo el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo relativo a garantizar la seguridad de inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19, de septiembre pasado respecto de actos de invasión de predios y rapiña, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a implementar políticas, acciones y estrategias efectivas en materia de prevención del delito y política criminal, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo relativo a la meta establecida de instalar cuarenta mil bebederos escolares para el final de la presente administración del gobierno de la República, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los ejecutivos estatales, para que en coordinación con los congresos locales, homologuen y en su caso, incluyan en sus códigos penales, sanciones al uso indebido de los sistemas de llamadas de emergencia, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP y a la Sedatu, con el fin de que coadyuven con el gobierno del estado de Puebla, para mejorar y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, con el objetivo de agilizar la liberación y entrega de los recursos del Fonden y atender las necesidades y daños derivados por los sismos del pasado mes de septiembre, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal, al de la Ciudad de México y de los Estados de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Guerrero, a que otorguen facilidades financieras para la reconstrucción de los inmuebles dañados con motivo de los sismos acaecidos durante el mes de septiembre de 2017, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Gobierno del de España, a evitar el uso de la violencia y la represión y a privilegiar el diálogo en lo relativo a la consulta por la independencia de Cataluña, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la operación y aplicación de los recursos del fideicomiso “Fondo Regional”, suscrito por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las medidas de seguridad y protección al medio ambiente, así como las obligaciones establecidas en los artículos 51 y 84 de la Ley de Hidrocarburos, suscrito por el diputado Arturo Álvarez Angli, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo relativo al homicidio de Ángel Vergara Chamú, Coordinador Regional en Tierra Caliente de Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a la implementación de una estrategia integral que erradique la discriminación ejercida hacia las estudiantes embarazadas, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud, a establecer una NOM que regule el uso de dispositivos médicos y personales, con la intención de prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las fiscalías generales de las entidades federativas, a fin de aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia, respecto a los actos delictivos cometidos contra las mujeres, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que modifique la Norma N·CMT·2·02· 005/04 y en especial la Norma N·CMT·2·02·002 (Calidad de Agregados Pétreos) para concreto hidráulico, para que dentro su clasificación sea adicionado el producto denominado “Arena Plástica”, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a no autorizar el proyecto denominado “La Paila”, promovido por Minera Caballo Blanco S.A DE C.V., a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a dar cabal cumplimiento al pago en beneficio de los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias, suscrito por las diputadas Modesta Fuentes Alonso y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo al incremento de casos de violencia contra las mujeres, así como la impunidad existente en los mismos, al tiempo que se hace un llamando a solidarizarse y sumarse a la estrategia de difusión de la Cultura de la No Violencia y de Promoción de los derechos humanos de las Mujeres, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas, a homologar sus protocolos de investigación ministerial, pericial y policial, con perspectiva de género para los delitos de violencia sexual, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a explorar la posibilidad de modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de que los pensionados o jubilados puedan recibir sin restricción los apoyos del mismo, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo relativo a aplicar medidas de seguridad y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el uso del transporte público, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a Pemex, se investigue y castigue la extracción ilegal de gasolina en los ductos que corren por el estado de Morelos, así como a la Profepa, investigue la contaminación de los pozos de agua potable de esa entidad, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a la Comisión del Agua del Estado de México, a darle celeridad a las acciones implementadas para solucionar el desabasto de agua potable, derivado de los movimientos telúricos ocurridos el mes pasado, en el municipio de Nezahualcóyotl, suscrito por los diputados Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón y José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la atención inmediata de niñas y niños damnificados, afectados por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, suscrito por las diputadas Delfina Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca López López y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Segob, unifiquen criterios de difusión de información pública del Fonden, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a agilizar la entrega de los recursos del Fonden a las entidades que se vieron afectadas por el terremoto el día jueves 7 de septiembre, a cargo del diputado Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a emitir la declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Querétaro, ante las torrenciales lluvias e inundaciones sufridas entre los días 24 y 26 de septiembre, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, para que se revisen los supuestos establecidos en la fracción II del Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y que, acorde con la normatividad, se concreten las transferencias correspondientes a las entidades federativas y los municipios, suscrito por los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a los recientes feminicidios ocurridos en el estado de Puebla y la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en dicha entidad, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas locales, a realizar, evaluar y entregar los dictámenes de daños, correspondientes a las escuelas de los niveles preescolar y educación básica del Estado de México, derivado del sismo del 19 de septiembre, suscrito por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo al equipamiento del Hospital General en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a la implementación de diversas acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres debido al alarmante aumento de feminicidios en el estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, a efecto de que se realicen los estudios financieros necesarios, para la adquisición y puesta en marcha de un sistema de alerta temprana, a efecto de que se cumpla con la obligación de garantizar el derecho a la protección civil de toda la población de la entidad, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento a distintas instituciones gubernamentales, a las distintas asociaciones de brigadistas binomios, a la Cruz Roja Mexicana, al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y a distintas organizaciones de la sociedad civil, por su actuación frente a los distintos sismos ocurridos recientemente en diferentes estados de nuestro país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los Gobiernos estatales, a crear e implementar una estrategia nacional de prevención del suicidio, que provea servicios de emergencias, psicológicas y de prevención, suscrito por los diputados Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a incorporar las políticas de igualdad de género y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, conforme al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, a difundir las acciones que están llevando a cabo para hacer frente a los sismos ocurridos recientemente en distintas zonas de nuestro país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo al destino y aplicación de los recursos de la SEDATU, destinados a acciones emergentes para la reconstrucción de vivienda en los estados afectados por los sismos de septiembre de 2017, suscrito por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, de los resultados de la revisión al Plan Nacional de Desarrollo, considere incluir a la actividad de la Industria Naval Auxiliar como elemento permanente del desarrollo nacional y de la política nacional de fomento económico, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a emitir la Declaración de la Alerta de Violencia de Género en la entidad de Puebla, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla y a la SHCP, a designar los recursos destinados a fideicomisos privados a un fondo para la reconstrucción de las comunidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal, a realizar acciones preventivas en materia de Salud Mental, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, a que destinen recursos suficientes para fortalecer el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a revocar los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales otorgados a Buenavista del Cobre S. A de C.V. en el municipio de Cananea, Sonora, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a fin de que se incorpore en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas a las Redes de Promotores Sociales, la participación de los beneficiarios para su desarrollo personal, familiar y comunitario, para mejorar sus condiciones de vida, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y sus homologas de las entidades afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a difundir la información sobre la verificación de las escuelas afectadas, y dar celeridad a la reasignación de espacios de las escuelas que requieren reconstrucción o rehabilitación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a emitir una resolución de carácter general que condone el cobro de derechos por el suministro de agua a las demarcaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus municipios, a fin de implementar e institucionalizar mecanismos de expresión y participación infantil como los parlamentos y cabildos infantiles, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los Gobiernos estatales, a ampliar la red del sistema de alerta sísmica, a fin de alertar a los habitantes de todo el país en caso de algún movimiento telúrico, suscrito por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la publicación de las donaciones que personas físicas y morales han aportado para ayudar a los afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre y los mecanismos para que los damnificados puedan acceder a dichos fondos, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a tomar medidas para modificar las reglas de operación del programa “65 y más Pensión para Adultos Mayores” para generar acciones que fortalezcan la seguridad social de los adultos mayores a través de la activación e impulso a la red social, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a realizar las medidas necesarias para hacer prevalecer el estado de derecho en materia del cumplimiento de los contratos de cobertura de las aseguradoras financieras en lo referente a la pérdida viviendas en los sismos del 07 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la atención inmediata de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa del estado de Oaxaca afectadas por las intensas lluvias de la tormenta “Ramón” el 3 y 4 de octubre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de octubre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del jueves cinco octubre de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.
Desde su curul realiza comentarios en relación a diversos temas el diputado Álvaro Rafael Rubio, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones respecto a la solicitud del diputado e instruye se registre su intervención en el Diario de los Debates.
Comunicaciones Oficiales:
a) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.
b) Oficios de diputados de diversos Grupos Parlamentarios. por la que solicitan retiro de iniciativas, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, se actualizan los registros parlamentarios.
c) De la Cámara de Senadores, con la que remite tres proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el dos mil dieciocho, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Quinto Informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De enterado, se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, y se distribuye a las diputadas y diputados para su conocimiento.
e) De la Cámara de Senadores, con la que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
f) Del Ejecutivo Federal, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción quinta bis al artículo cinco; y se reforma la fracción primera del artículo once de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
El siguiente punto del Orden del Día es la comparecencia del doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de profundizar en el análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República en Materia Económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, quien se encuentra en el Salón Protocolo de esta Cámara de Diputados por lo que se designa una comisión para recibirlo y acompañarlo al recinto.
El Presidente toma la protesta de decir verdad al doctor José Antonio Meade Kuribreña, y para dar cumplimiento al resolutivo tercero fracción primera del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a esta comparecencia y aprobado por el Pleno de esta Cámara el veintiocho de septiembre del año en curso se le otorga el uso de la tribuna para referirse al Quinto Informe de Gobierno en materia económica así como al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho.
En términos del resolutivo tercero fracción segunda del Acuerdo referido, para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Romero Tenorio, de Morena; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática;
A las doce horas con doce minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos diecisiete diputadas y diputados.
Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional; Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.
En la primera ronda de preguntas, respuestas y comentarios, como se señala en el resolutivo tercero fracción tercera del Acuerdo, intervienen las diputadas y los diputados: para formular preguntas Federico Escobedo Miramontes,
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
y para realizar comentarios Gonzalo Guízar Valladares, ambos del Partido Encuentro Social; para formular preguntas y realizar comentarios Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Armenta Mier, de Morena;
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; y Herminio Corral Estrada, del Partido Acción Nacional; para formular preguntas Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, y para realizar comentarios Mariana Benítez Tiburcio, ambos del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, formula las respuestas correspondientes.
En la segunda ronda de intervenciones se concede el uso de la palabra para formular preguntas al diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; en su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, formula las respuestas correspondientes,
El Presidente a las catorce horas con veintisiete minutos declara un receso.
A las catorce horas con treinta y siete minutos se reanuda la sesión.
Continúan las intervenciones, y se concede el uso de la palabra para formular preguntas, y realizar comentarios a las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social;
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Urbely López Roblero, del Partido Verde Ecologista de México; Vidal Llerenas Morales, de Morena;
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar
Lucia Virginia Meza Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional;
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Para formular preguntas Claudia Edith Anaya Mota, y para realizar comentarios Ricardo David García Portilla, ambos del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, formula las respuestas correspondientes.
El Presidente informa a la Asamblea que por Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, para la tercera ronda de intervenciones, se convino que se formularan las preguntas y comentarios en una sola intervención por parte de las diputadas y los diputados, y Se concede el uso de la palabra para formular preguntas y realizar comentarios en una sola intervención a las diputadas y diputados: Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México; Fidel Calderón Torreblanca, de Morena; Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional; y Yerico Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, formula las respuestas correspondientes.
El Presidente declara que cumplida la obligación establecida en los artículos sesenta y nueve, setenta y cuatro, y noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agradece la presencia del doctor José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informa a la Asamblea que, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.
La Presidencia solicita a la comisión designada acompañar al doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando desee retirarse del salón de sesiones.
El Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día martes diez de octubre de dos mil diecisiete, a las once horas.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.
Diputada Briones.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez(desde la curul): Gracias, presidente. Desde esta curul quiero manifestar que un miembro de la prensa potosina, en el estado de San Luis Potosí, fue secuestrado, torturado y ejecutado: el fotógrafo de nombre Edgar Daniel Esqueda Castro, el cual hasta el momento no hay línea de investigación y mucho menos un presunto responsable de este grave delito.
Queremos exhortar a los tres niveles de gobierno para que ese acto no quede impune, pero también se deben revisar de manera inmediata los protocolos de seguridad de quienes ejercen el periodismo, como lo fue en el compromiso de los gobernadores integrantes de la Conago y también propio acuerdo del mismo presidente de la República. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se tienen por registradas sus expresiones y remítanse a la Comisión Especial sobre el tema que existe en esta Cámara de Diputados.
El diputado Rafael Hernández Soriano(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Rafael Hernández Soriano. Si me dice con qué objeto.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, estimado presidente. Con el objeto de que nos pueda obsequiar la Presidencia un minuto de silencio en memoria del luchador Ernesto Che Guevara, que el día de ayer cumplió 50 años de haber sido asesinado. Y sin duda etapas estas en las que él estuvo, y en la que por cierto aquí diferentes legisladoras y legisladores, incluidos el diputado Zambrano, participaron en otras latitudes, fueron muy importantes para forjar el Estado democrático del que gozamos muchas naciones, y desde luego también México, y esperamos que sea su legado permanezca en la memoria de todos los jóvenes y que no haya sido en vano.
Por eso solicito atentamente nos obsequie un minuto de silencio.
MINUTO DE SILENCIO
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y como dice Ismael Serrano, su fusil nadie se atrevió a tomar de nuevo y desde entonces todo parece más feo. Tiene razón el diputado Hernández Soriano, muchas gracias.
Solicito a esta asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en la memoria de don Ernesto Guevara.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.
El diputado Ramón Bañales Arámbula, del PRI, está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado Bañales? No se encuentra en el salón. Habremos de recordarle al diputado que después de iniciadas las comunicaciones no podremos concederle el uso de la palabra. Toño Ixtlahuac. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de hacer comentarios sobre la inseguridad que está privando en el estado de Michoacán, y desde esta soberanía hago un llamado muy respetuoso a las autoridades estatales, al gobierno del estado de Michoacán, a las autoridades federales en materia de seguridad, para que se tomen las medidas necesarias, eficientes, eficaces para que se resuelva este flagelo, este aciago problema que está perjudicando al pueblo de Michoacán en todos sus ámbitos, y desde esta tribuna, presidente, le pido que asiente estos comentarios.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan debidamente registrados, señor diputado, y se turna a la Junta de Coordinación Política para los efectos correspondientes.
También me está solicitando la palabra el diputado Sergio López Sánchez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Sergio López Sánchez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para dejar constancia que a un mes del sismo del día 7 de septiembre, de manera particular y nuestra preocupación es por la región del istmo del estado de Oaxaca, los gobiernos federal y estatal no han dado los resultados a los damnificados, la atención es lenta, han sido omisos y las familias continúan a merced del sufrimiento e incertidumbre.
No se han establecido medidas urgentes para evitar una posible crisis sanitaria en la región. Lo mismo pasa con las escuelas, no se han construido escuelas temporales, por lo que sería un grave error regresar a los niños a sus aulas dañadas.
Respecto a la entrega de tarjetas por parte del gobierno federal para la reconstrucción de las viviendas, es lamentable y una burla la asignación de 120 mil pesos, porque es insuficiente, y más aún con la desafortunada opinión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que esta reconstrucción se puede generar a través de las tandas, me parece una opinión desafortunada.
En el PRD pedimos una reconstrucción digna para el istmo, con respecto a la identidad urbana y cultural de las viviendas. Es necesario hacer un llamado a los gobiernos federal y estatal, para que establezcan de inmediato un plan para la reactivación de la economía del istmo e impriman celeridad y eficacia a sus acciones para la atención a las afectaciones por los sismos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Queda inscrito en el acta todo lo que usted ha afirmado.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra Salomón Rosales Reyes. Si nos dice con qué objeto, diputado.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Claro, diputado presidente. Agradecer el momento, sobre todo dar a conocer que el domingo pasado, 8 de octubre, en Michoacán, en el municipio de La Huacana, tuvimos un problema de lluvias muy extenso, en el cual creció el río Huamito, que hizo muchos daños en muchas viviendas, destruyó puentes.
Estamos pidiendo que la federación nos apoye y estamos haciendo la recopilación de los datos con Protección Civil. Este es mi comentario, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Quedan inscritos en el acta y se turnan también a la Junta de Coordinación Política, para los efectos que pudieran derivarse.
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno al siguiente asunto:
• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a estados y municipios, para que en sus Presupuestos de 2018, den cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, presentada por la diputada Daniela de los Santos Torres y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 26 de septiembre de 2017.
“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.”
Atentamente
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conforme a los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento, se modifica el turno de la proposición mencionada y se pide se actualicen los registros parlamentarios. Adelante, diputada.
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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
El que suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a esa Mesa Directiva, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tiene por retirada y así se actualizarán los registros.
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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Señor diputado licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Los Secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado, que se distribuya entre los diputados y diputadas. Y que se remita a Desarrollo Social, para su conocimiento.
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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-5-2059, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPPA/ 912/ 2017, suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a desarrollar planes de mitigación de riesgos ambientales para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me permito hacer referencia al oficio número SELAP/ 300/ 309/ 17, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta secretaría el acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.
Al respecto, y con el propósito de dar atención al mencionado acuerdo, me permito hacer de su conocimiento que la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental informó mediante el oficio número SGPA/ SP/ 000030/ 2017 (se anexa copia) que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ha participado en todos los grupos interinstitucionales que la Secretaría de Energía (Sener) ha convocado desde la publicación de las reformas estructurales en materia de energía.
Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó mediante el similar DAJ/ 353/ 2017 (se anexa copia) que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental vigentes, ya contiene previsiones para establecer medidas específicas de prevención, mitigación o compensación para cada proyecto, incluyendo las de energías renovables.
La Comisión Nacional Forestal informó mediante el oficio número DG-0374/ 2017 (se anexa copia) que mantiene coordinación con la Sener para elaborar y ejecutar el Programa Nacional de Dendroenergía, el cual tiene como objeto promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales para generar energía limpia.
Lo anterior se hace de su conocimiento para que a través de su conducto se haga llegar la respuesta correspondiente a la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica), subsecretario de Planeación y Política Ambiental.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Maestro en Ciencias Benjamín Heras Cruz, secretario particular de la subsecretaría de Planeación y Política Ambiental.— Presente.
Me refiero al oficio número SPPA/ 206/ 2017, de fecha 24 de febrero de 2017, referente al acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, mediante el cual exhorta a la Sener a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.
Sobre el particular y por instrucciones de la química farmacobióloga Martha Garcíarrivas Palmeros, subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, me permito anexar al presente la ficha técnica de información, que aporta elementos para emitir la respuesta correspondiente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de julio de 2017.— Licenciado César Alfredo Morales Gutiérrez (rúbrica), secretario particular.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ficha técnica de información Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
Referencias:
• Oficio: SPPA/0206/2017
• Folio SICG: OCS/2017-0000290
Asunto
• Acuerdo aprobado
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal (sic).
Información
El exhorto va dirigido a la Secretaría de Energía, por lo cual ésta debe observar y, en su caso, cumplimentar el exhorto en comento y sólo esta secretaría participará cuando sea requerida por la Sener.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ha participado en todos los grupos interinstitucionales que la Sener ha convocado desde la publicación de las reformas estructurales en materia de energía.
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2017.
Responsable de la información
Alberto Villa Aguilar (rúbrica)
Director de Evaluación del Sector Energía e Industria
Visto bueno, Alfonso Flores Ramírez (rúbrica), director general de Impacto y Riesgo Ambiental.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.
Hago referencia a su oficio número SPPA/ 195/ 2017, de fecha 24 de febrero de 2017, dirigido al licenciado Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del cual le informa del punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal (sic).
Al respecto, me permito remitirle copia del oficio número FOO/ DGOR/ 0357/ 17, de fecha 17 de marzo de 2017, signado por el ingeniero Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, director general de Operación Regional, adscrito a esta comisión, a través del cual se remite información respecto del punto de acuerdo que nos ocupa.
Del mismo modo, le comunico que el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo nos remitió mediante el oficio número LXIII/ GPMC/ MSTG/ 178/ 2017, de fecha 1 de marzo de 2017, el mismo punto de acuerdo, por lo que le solicito que en su calidad de enlace legislativo haga llegar la respuesta.
Atentamente
México, DF, a 24 de marzo de 2017.— Licenciada Sofía Gabriela Hernández Correa (rúbrica), directora de Asuntos Jurídicos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciada Sofía Gabriela Hernández Correa, directora de Asuntos Jurídicos.— Presente.
Hago referencia al memorándum número DAJ/ 141/ 2017, de fecha 10 de marzo de 2017, por el que solicita información para dar cumplimento al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal (sic).
Al respecto, me permito comentar lo siguiente:
1. La Dirección General de Operación Regional, a mi cargo, estará atenta a la convocatoria de la Secretaría de Energía, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, como señala el exhorto de la Cámara de Diputados.
2. El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece las obras y actividades que requieren ser previamente autorizadas en materia de impacto ambiental, entre las cuales se encuentran las de áreas naturales protegidas de competencia de la federación, por lo que casos como los mencionados en los antecedentes del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados están regulados por dicha disposición.
3. El párrafo segundo del artículo 35 de la LGEEPA establece:
Artículo 35. ...
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Tal disposición implica que cualquier proyecto, incluidos los de energías renovables, deberán considerar las disposiciones específicas para las áreas naturales protegidas, como el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, los decretos por los que se crean, y los programas de manejo respectivos.
4. El mismo artículo 35 señala en la fracción II que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la secretaría emitirá debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, entre la que podrá
Artículo 35. ...
II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o...
La ley y su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental vigentes contienen previsiones para establecer medidas específicas de prevención, mitigación o compensación para cada proyecto.
Esperando que la información sea de utilidad, le envío un respetuoso saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Ingeniero Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, director general de Operación Regional.»
«Comisión Nacional Forestal.
Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/300/309/17, a través del cual el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación, comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, sobre los planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el Gobierno Federal.
Al respecto, le comento que esta Comisión, dentro del ámbito de sus atribuciones, estará coadyuvando con la instancia exhortada, siempre V cuando las acciones que se propongan realizar sean técnicamente viables V se encuentren dentro de nuestra competencia.
Cabe mencionar que este Organismo Descentralizado mantiene coordinación con la Secretaría de Energía para elaborar V ejecutar el Programa Nacional de Dendroenergía (PRONADEN), el cual tiene como objetivo promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales para generar energía limpia, tal como contribuir a la conservación de los bosques V selvas de México. Asimismo, participamos en el Grupo de Trabajo para la introducción de los Bioenergéticos, donde se analizan las diferentes propuestas de políticas públicas V proyectos que se presentan a la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos; en dicho grupo de trabajo participan todas las instituciones mencionadas en el punto de acuerdo.
Sin otro particular, le envío un saludo.
Atentamente
Zapopan, Jalisco, a 17 de marzo de 2017.— Ingeniero Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza (rúbrica), director general de Operación Regional.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-2064 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 1480/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a diseñar una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/258/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 9 de febrero de 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades, diseñen una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo.
Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/3/ OR/1267/2017, suscrito por la licenciada Paulina Ramírez Requena, subdirectora ejecutiva de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurreta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.
Con fundamento en los artículos 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2, letra C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3 y 18, fracciones II y XVI del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, Artículo Quincuagésimo Sexto, fracciones I, V y VIII del “Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; en atención a su oficio número UCVPS/981/2017, a través del cual informa a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris o comisión federal), que en sesión celebrada el 9 de febrero del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de salud, para que en el ámbito de sus facultades, diseñen una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, esta Cofepris ejerce la regulación, control, fomento y vigilancia sanitarios en materia de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Respecto al punto de acuerdo antes mencionado, la Cofepris manifiesta que de conformidad a lo señalado en el artículo 13 de su Reglamento, a la Comisión de Fomento Sanitario, Unidad Administrativa de esta Comisión Federal, le corresponde entre otras el ejercicio de las siguientes facultades consistentes en formular, promover y aplicarlas medidas no regulatorias que permitan proteger la salud de la población de los riesgos sanitarios con base en los resultados de los análisis de riesgos, que realice la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y, participar en la valoración de impacto en la aplicación de dichas medidas; así como elaborar, promover y coordinar programas, acciones de capacitación y campañas de difusión y comunicación de riesgos sanitarios, así como de fomento de la cultura sanitaria dirigidas a la industria, organizaciones sociales, organismos públicos y privados, integrantes del sistema federal sanitario y población en general, con el propósito de mejorar la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de competencia de esta Comisión Federal
En este tenor, la Cofepris en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación Pública y en el marco del Programa denominado 6 pasos de Salud con Prevención, se han realizado pláticas en las escuelas de tiempo completo, dirigidas a los estudiantes para que se les inculque la cultura en tres aspectos o vertientes primordiales, como son:
• Consumo de agua potable;• Alimentación correcta; y, • Activación física.
Cabe destacar, que también estas acciones se han realizado en coordinación con la Dirección General de Promoción de la Salud dependiente de la Secretaría de Salud a nivel federal, a través del Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 2013-2018, el cual contiene estrategias que buscan fortalecer las acciones del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud (2013-2018), para Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, con el propósito de alcanzar la meta nacional para un México incluyente.
En este contexto, el citado programa busca contribuir al mejoramiento de los hábitos alimentarios y de actividad física de la población estudiantil por medio de la promoción y fomento de estilos de vida saludables en los diferentes entornos, teniendo como imperativo que la salud pública y la atención médica constituyen elementos fundamentales para garantizar el derecho de la protección a la salud de la población en general y de manera específica del sector educativo.
No es óbice señalar, que las acciones que conforman el Programa en cuestión, tiene en común la educación y orientación alimentaria, entre las que se destacan:
1. La promoción de la alimentación correcta en diferentes entornos;
2. La promoción de la actividad física en todos los grupos de edad;
3. La implementación de campañas educativas para promover estilos de vida saludables;
4. El fomento de la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria adecuada;
5. El fomento de rescate de cultura alimentaria tradicional;
6. El fortalecimiento de las competencias del personal de salud en materia de salud alimentaria;
7. La supervisión y evaluación de las acciones desa-rrolladas.
En el entendido que el mejoramiento de la salud y los hábitos alimentarios sanos es responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno de la república, por lo que además de ser necesaria la concurrencia y coordinación intersectorial, se suma a este esfuerzo la loable y decidida participación activa de la sociedad civil y sector privado, en donde la salud alimentaria y la actividad física como estilos de vida habituales, mejoran sensiblemente la calidad de vida de todos los mexicanos y de manera específica del sector educativo. Existe el resultado promisorio referente a que las acciones comunes se conviertan en un fin común en beneficio de las y los mexicanos por medio de la suma de esfuerzos.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2017.— Licenciada Paulina Ramírez Requena (rúbrica), subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con la finalidad de proporcionar a los tomadores de decisiones herramientas e insumos para la mejora de la política pública, envía a las dependencias y entidades federales información que considera relevante.
En este sentido, y como parte de sus atribuciones, con fundamento en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social y el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE 2017), el Coneval coordina la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 (FMyE), correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con un total de 152 documentos para su consulta.
Vale la pena mencionar que las FMyE 2016-2017 tienen como objetivo mostrar el avance de los programas y acciones federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea, y se encuentran disponibles en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/Evaluación/Paginas/Evaluaciones-y- resultados-de-programas.aspx
Esperando que los documentos en mención resulten insumos valiosos que le sean de utilidad en el cumplimiento de sus importantes labores, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.— Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de Migración
Cámara de Diputados.— Presente.
Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes referentes a:
a) Grupos Beta de Protección al Migrante
b) Programa de Repatriación Humana
c) Programa Paisano
d) Oficiales de Protección a la Infancia
Al respecto, me permito enviarle los avances financieros con cifras del tercer trimestre, así como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2017.— Licenciado Rogelio Valles Rosas (rúbrica), director general.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvico uterino, de ovario y de mama.
Con fundamente en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de les Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»
«Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres por lo general viven más que los hombres, pero su vida no es necesariamente saludable. Hay una serie de factores sanitarios y sociales que se combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea inferior. Las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos en la salud de las mujeres.
En este sentido, algunos de los principales riesgos que enfrenta la salud de las mujeres en México son diversos tipos de cáncer como el de mama, cérvico uterino y de ovario.
El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.
En la última década, la magnitud de las tasas de mortalidad por estos tipos de cáncer han sido preocupantes, ya que se encuentran dentro de las primeras causas de muerte de población femenina según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y se han convertido en un grave problema de salud pública no solo por su creciente incidencia, sino también por los altos costos que implican para el Sistema de Salud y las familias de las afectadas.
Aunque desde el sector salud se han emprendido importantes acciones para prevenir y tratar estos padecimientos, los números sobre su incidencia siguen siendo alarmantes.
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población mundial y la primera causa más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1´671,149 nuevos casos diagnosticados anualmente y con una prevalencia de 6´232,108, lo que representa el 36.3 por ciento.
Es la causa con mayor mortalidad en la mujer con 521,907 defunciones anuales, lo que representa un 14.7 por ciento, de las cuales ocurren más en países desarrollados.
La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad por el aumento de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de estilos de vida y la relación entre el cáncer y la obesidad.
En el año 2014, se registraron 11,372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de incidencia de 22.56 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.
En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015 se registraron 6,252 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son: Sonora (28.6), Nuevo León (26), Coahuila (25.7), Chihuahua (24.8), Cd. México (24.7) y Sinaloa (22.2).
La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9 años, la incidencia más alta en el número de casos se registra en el grupo de 50 a 59 años con el 45 por ciento de todos los casos.
El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos del cuello del uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.
En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015, se registraron 3,994 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 11.5 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son: Colima (17.7), Chiapas (17.6) Guerrero (15.6), Veracruz (15.4) y Oaxaca (15.2).
La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino en relación a la edad, muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años de edad quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 30 por ciento de todos los casos registrados para el año 2014; la edad promedio de presentación de los casos de CCU es a los 49.2 años.
Adicionalmente, el cáncer de ovario se ha convertido en una amenaza silenciosa para la salud de las mujeres en nuestro país. Al respecto, el INEGI reportó que dentro de las principales causas de morbilidad hospitalaria se encuentra el cáncer de ovario con un 7.5 por ciento de total de los tumores malignos durante el 2011, siendo más frecuente en el grupo de edad de 50 a 59 años con un 26.2 por ciento, seguido del grupo de edad de 40 a 49 años con un 24.1 por ciento. Para el 2012 el INEGI reportó que la tasa de mortalidad para el cáncer de ovario fue de 5.53 casos por cada 100 mil habitantes.
Debemos tener presente que los altos índices de mortalidad de estos tipos de cáncer tienen que ver con varios factores como la dificultad en la detección y diagnóstico oportunos. El diagnóstico tardío se relaciona, entre otras cuestiones, con la ausencia de información y capacitación del personal de la salud que actúa en los primeros niveles de atención.
Otro factor que complica la detección y diagnóstico oportunos es la falta de difusión de los factores de riesgo y síntomas del cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario entre la población, especialmente entre las jóvenes y comunidades marginadas; esto complica la formación de una cultura del autocuidado que permita detectar cualquier indicio de estas enfermedades.
Las mujeres de todas las regiones del país deben poder identificar las manifestaciones de estas enfermedades, pues en estos casos resultan de gran importancia la prevención y el autocuidado de la salud, ya que son prevenibles y curables con detección y tratamiento oportuno, aún en las etapas tempranas para la mayoría de los casos.
Debemos mencionar que además del diagnóstico y detección tardía del cáncer de mama, cérvico uterino y de vario, la falta de cobertura médica de la población para atender esta enfermedad es un factor determinante para que cobre cada vez más vidas, pues las mujeres terminan por abandonar el tratamiento en virtud de los altos costos que éste implica.
Desde el Senado de la República hemos estado pendientes -y seguiremos estándolo- de los problemas de salud pública que aquejan a la población, y especialmente a las mujeres y niñas, y hemos propuesto acciones legislativas y de políticas públicas en materia de salud materno-infantil, lactancia, prevención de embarazos en adolescentes, enfermedades del corazón, por mencionar sólo algunas; y sin duda, la lucha contra los diferentes tipos de cáncer es parte fundamental de nuestra agenda.
En el mes de octubre, hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.
El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en un 1 por ciento. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. El 95 por ciento son adenocarcinomas.
Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.
La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad. Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo.
La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.
Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:
En la prevención primaria:
1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.
2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.
3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.
4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.
5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.
6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.
7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.
8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.
9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.
10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.
11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.
12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.
13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.
14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.
En la prevención secundaria se encuentran:
1. Identificar la presencia de factores hereditarios.
2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.
La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir con esta misión.
Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la atención respecto de esta patología.
Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese Honorable cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.
Por lo anterior hacemos un exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2018, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de mama, así como para su atención y tratamiento.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, doten de recursos vastos y suficientes se incrementen los recursos para la prevención, detección y atención del cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario.
Nota
1 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/ CancerdelaMujer/InfEstad.html
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2017.— Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionaría Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, el segundo de ellos.
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»
«El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Reforma Energética reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Como consecuencia de ello el 30 de abril de 2014, el titular del Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el paquete que contenía las iniciativas de la legislación secundaria en materia energética.
Dicha reforma fue planteada por el gobierno Federal, como “un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad” (Gobierno de la República, México, 2017).
Dentro de sus diez objetivos y premisas fundamentales, los señalados con los numerales 6, 7 y 8 plantean que se busca contar con un abasto mayor de energéticos a mejores precios; garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética y combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético (Gobierno de la República, México, 2017).
Por lo tanto, fueron expedidas un total de nueve leyes y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones a otras doce; dentro de las cuales se contemplaban originalmente la liberación de los precios de las gasolinas para el año 2018 y posteriormente modificándose dicha fecha, se adelantó aplicándose desde enero de 2017.
Además, a partir de 2015 y con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, con la finalidad de que este mercado reflejara las condiciones internacionales, se adoptó un impuesto por litro, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fijo, (IEPS fijo).
Como parte de esa liberación de precios, se crearon 90 regiones, de las cuales hay 7 regiones fronterizas y 83 al interior del país; los precios máximos difieren entre las ellas pues deben reflejar los distintos costos de llevar los combustibles a cada una. La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible. Adicionalmente, cuando en alguna localidad las normas ambientales exijan el uso de combustibles de mayor calidad, esto se reflejará también en el precio máximo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015).
En consecuencia, la apertura del mercado energético ha traído consigo nuevos retos como son, la correcta regulación de los nuevos actores que tienen presencia en todo el país y garantizar al consumidor su derecho a la información para que pueda tomar decisiones informadas, como lo establece nuestro marco jurídico y existe también la necesidad de atender los que estaban pendientes.
En ese sentido, la defensa de los consumidores es uno de los temas clave para el desarrollo sostenido de las sociedades como la mexicana; donde los compradores, aparecen como posibles víctimas de una serie de prácticas y abusos comerciales, contra los cuales, las reglas del derecho común, constituyen una endeble protección; lo que hace indispensable, la existencia de reglas jurídicas especializadas y congruentes con la realidad imperante.
Dentro del Marco Jurídico Internacional, como antecedente más sobresaliente, se plantearon en la Carta Europea de Protección de los Consumidores de 1973, cuatro derechos fundamentales:
a) El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores;
b) El derecho a la reparación del daño causado al consumidor;
c) El derecho del consumidor a la información y a la educación; y
d) El derecho del consumidor a la organización y representación;
Los cuales han sido la base sobre la que la Comunidad Internacional ha trazado sus medidas de protección al consumo y a los consumidores y sirve de orientación para ajustar el derecho interno de los países parte, a tales disposiciones.
En consonancia con la dinámica internacional, nuestro país en 1975 se publicó la primera Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciando la función del Estado mexicano como garante de los derechos del consumidor.
Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 39/248 del 16 de abril de 1985, señala que los Estados miembros; entre ellos México, deben apegar sus políticas y legislaciones a las directrices para la protección al consumidor, las cuales deberán reconocer los siguientes derechos:
a) La protección de los derechos frente a los riesgos para su salud y su seguridad;
b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores;
c) El acceso de los consumidores a una información adecuada;
d) La educación del consumidor;
e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor; y
f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores.
La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, fue la que estableció con precisión los principios básicos en las relaciones de consumo, mismos que prevalecen en la actualidad, y que se encuentran establecidos en su artículo 1o.
Actualmente, la protección a los consumidores en nuestro país, es un mandato constitucional y una garantía social, en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, es obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) institución especializada en ese rubro, garantizar en el ámbito de sus atribuciones la existencia del marco normativo suficiente y adecuado para cumplir con dicha tarea de protección.
De conformidad con el artículo 24 fracciones XIII, XIV y XIV bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco tiene como atribuciones vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidas o registradas por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor.
Debido a lo anterior, la Profeco ha venido desde hace varios años llevando a cabo el Programa Nacional de Verificación de Combustibles, el cual consiste a grandes rasgos, en la verificación de nueve rubros, los cuales son:
1. Acreditación Documental,
2. Calidad del Combustible,
3. Cualidades Metrológicas,
4. Electrónicas,
5. Fallas Hidráulicas,
6. Falta o Deficiencia en el Servicio de Calibración,
7. Fuera de Servicio,
8. Precio,
9. Seguridad.
De los cuáles a su vez, se derivan 24 causales por las cuales pude ser inmovilizada algún medio de comercialización de gasolina o diésel (Profeco, s.f.).
Cabe señalar, que son dos las entidades encargadas de verificar la calidad de los productos y su correcta comercialización; la Comisión Reguladora de Energía (CRE), misma que verifica la calidad y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que atiende lo concerniente a la correcta venta al público.
El marco legal vigente, establece que la Profeco, a través de la Dirección General de Verificación de Combustibles (DGVC) tiene como propósito: coordinar, diseñar, ordenar y supervisar las acciones de verificación de Gas Licuado de Petróleo y Gasolina a Estaciones de Servicio, Plantas de almacenamiento y distribución, vehículos de reparto y vehículos auto-tanque en todo el país, y supervisar que el proceso de venta y distribución de combustibles se encuentre operando en nuestro país, misma que depende de la Subprocuraduría de Verificación (Procuraduría Federal del Consumidor, 2017).
Es preciso señalar que previamente, el 3 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los criterios para la determinación de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de gas LP y combustibles líquidos (gasolina y diésel) (Profeco, 2013).
La normativa al respecto señala lo siguiente:
Los criterios se aplicarán al procedimiento administrativo iniciado por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la imposición de multas y medidas de apremio en materia de combustibles líquidos (gasolina y diésel) y gas LP; por las unidades administrativas adscritas a la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría; así como de las Delegaciones, Subdelegaciones y Unidades de servicio.
Además, serán aplicables a los servidores públicos de mandos medios y superiores de la Procuraduría, así como a todos aquellos que en razón de su empleo, cargo o comisión, deben observarlos en el ejercicio de sus funciones y resultan aplicables en todo momento en que pueda o deba imponerse una multa.
Serán sancionables pecuniariamente en materia de verificación de combustibles líquidos (gasolina y diésel), en incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, en sus diversas modalidades, lo siguiente:
• El excedente en el error máximo tolerado (valores extremos de un error tolerado por las especificaciones, reglamentos y otros relativos a un instrumento de medición determinado. Estos errores se refieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la medida volumétrica. La tolerancia máxima será de 100 mililitros por cada 20,000 mililitros);
• Falla en el mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador (corte de flujo de 80 segundos);
• Holograma no vigente;
• Holograma destruido, removido, violado o alterado;
• Falta o alteración de precinto, marchamo o plomo;
• Fallas en la carátula del display;
• Goteo constante en la parte hidráulica;
• No cumplir con las especificaciones o aditamentos del modelo o prototipo aprobado;
• Falta de aprobación del modelo o prototipo utilizado;
• Falta de bitácora de eventos;
• Incompatibilidad de la bitácora de eventos con las hojas de control de la estación de servicio, e
• Incumplimiento en el precio vigente.
Asimismo, señala que no serán susceptibles de sanción pecuniaria, en materia de verificación de combustibles líquidos (gasolina y diésel), los siguientes casos:
• Error de repetibilidad (inestabilidad de un instrumento en el despacho de combustible, es decir, presenta diferentes mediciones para la misma cantidad pagada) pero dentro del margen de error;
• Fuera de servicio temporal o permanente;
• Falta o falla en la batería de respaldo;
• Presentación del documento que acredite la aprobación del modelo o prototipo aprobado, en tiempo y forma, y
• Deficiencias evidentes.
Por su parte, serán sancionables pecuniariamente en materia de verificación de gas LP:
• Excedente en el error máximo tolerado en recipientes transportables;
• Instrumentos de medición denominados básculas, fuera de tolerancia;
• Instrumentos de medición instalados en autotanques que se encuentren fuera de tolerancia;
• Falta de entrega de notas de venta o facturas;
• No exhibir el precio vigente;
• No cumplir con el precio vigente;
• Falta de holograma vigente;
• Holograma destruido, removido, violado o alterado;
• Fugas en la válvula, y
• Falta de etiqueta en los recipientes transportables.
No serán susceptibles de sanción pecuniaria, en materia de verificación de gas LP:
• Falta de placa y/o tara;
• Golpes en la válvula;
• Carencia de maneral o volante;
• Golpes o abolladuras en el casquete;
• Protuberancias o signos de abombamiento;
• Falla mecánica en las básculas e instrumentos de medición instalados en autotanques, y
• Fuera de servicio (básculas e instrumentos de medición instalados en autotanques).
Posteriormente, se precisan las multas o sanciones pecuniarias para cada uno de los casos previstos.
Importancia de la venta de combustibles en México
El desenvolvimiento de la vida urbana y rural en nuestro país, depende en gran medida del uso de los combustibles básicos como la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (Gas LP). Tal es así, que de acuerdo con cifras del INEGI, el consumo per cápita de gasolinas es mayor al de otros países de un nivel de desarrollo similar, e incluso, que algunas naciones altamente industrializadas; es así, que nuestro consumo per cápita en el rubro es mayor en 22 por ciento que el de Alemania, 71 por ciento más que el de Italia, 103 por ciento al de Chile, 141 por ciento al de España y Francia, 192 por ciento al de Argentina y 242 por ciento al de Brasil. En el mismo sentido, el gas LP, es una fuente vital de energía al ser el principal combustible utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos. (Profeco, 2013).
En 2014 México ocupó el cuarto lugar de consumo de gasolinas a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos, Japón y Canadá, con un total de 751 mil barriles por día (The U.S. Energy Information Administration, 2014).
El autotransporte es la modalidad de mayor preferencia en el país, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. En 2014, este segmento consumió mil 99.9 miles de barriles por día de combustibles automotrices, de los cuales el 70.6 por ciento fue de gasolinas y 29.4 por ciento de diésel (Secretaría de Energía, 2015). México es el cuarto consumidor más grande por persona en el mundo (Indigo Staff, 2016).
Además, de acuerdo con datos de Bloomberg, al tercer trimestre del 2016, los conductores mexicanos son los que más dinero gastan de su salario en gasolinas (gastamos en promedio un 3.38 por ciento de nuestro ingreso total), en ese entonces, los mexicanos estábamos igualados con los sudafricanos, sin embargo, este indicador tomó en cuenta a 61 economías y llevó a cabo el análisis en el caso de México, cuando el precio promedio era de 14.81 pesos por litro de combustible, y un egreso promedio de 431 pesos por conductor (Cattan, 2016).
Por lo tanto, ese estudio no pudo tomar en cuenta el incremento de enero pasado de entre 14 y 20 por ciento para las gasolinas Magna y Premium respectivamente, y si el salario diario es menor o igual proporcionalmente, el porcentaje utilizado se incrementa, por lo que es posible afirmar que somos los mexicanos quienes gastamos más en gasolina en todo el mundo (El Financiero,Redacción, 2016).
En 2016 11 mil 469 gasolineras operaban en el país, de las cuales la Profeco revisó el comportamiento de 6,356, es decir, poco más del 55 por ciento del total de estaciones y un 115 por ciento más que todas las gasolineras verificadas en 2015 (Procuraduría Federal del Consumidor, 2016).
Para 2017, la Procuraduría incrementará el número de gasolineras revisadas al menos en 15 por ciento con respecto a lo alcanzado en 2016, previendo llegar a 7,200 estaciones verificadas (Procuraduría Federal del Consumidor, 2017).
Con base en estos reportes de la Profeco, es posible afirmar que, a pesar de lograr importantes avances en la cobertura de verificación, su capacidad está aún lejos de poder revisar el total de las estaciones de servicio al menos una vez al año.
Como resultado de estas verificaciones, la Profeco reporta lo siguiente:
Durante los primeros siete meses del 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor verificó 5 mil 402 gasolineras en todo el país para garantizar el despacho de litros completos; verificando un total de 80 mil 1 mangueras despachadoras e inmovilizado 3 mil 258 por irregularidades, que fueron detectadas en mil 712 gasolineras, donde se colocaron sellos de suspensión.
Lo que nos arroja que aproximadamente el 32 por ciento de las gasolinerías verificadas presentan algún tipo de irregularidad, es decir una de cada tres. Asimismo, se han iniciado 617 Procedimientos Administrativos por Infracciones a la Ley (PIL) y se han aplicado multas por 133 millones de pesos, en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron abusos (Profeco, 2017).
De manera similar, en el caso del Gas Licuado de Petróleo, los procesos de verificación se llevan a cabo en plantas de distribución y a vehículos comercializadores del gas LP con el objetivo de observar que los proveedores respeten los derechos del consumidor establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y de las Normas Oficiales correspondientes.
Por su parte en cuanto al gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor intensificó sus acciones de monitoreo a empresas distribuidoras de gas LP en todo el país, para detectar irregularidades con 960 visitas de verificación en plantas para la venta a través de pipas, de las cuales se sancionó a 215 empresas, lo que resulta el 22.4 por ciento de empresas con irregularidades, es decir, una de cada cinco, principalmente por no cumplir con los litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados.
Cabe señalar que en el periodo referido se realizaron 1,400 verificaciones a camiones distribuidores de cilindros, encontrando irregularidades en 148 casos, lo que derivó en la imposición de 674 sellos de inmovilización colocados por irregularidades en el peso y por malas condiciones de seguridad. También se inmovilizaron 800 cilindros en planta.
En el mismo comunicado se informa que 77 empresas se negaron a la verificación, en cuyo caso se impusieron medidas de apremio por 250 mil pesos a cada una y que en total se han impuesto sanciones por 19.2 millones de pesos por diversas irregularidades (Profeco, 2017).
Con base en la tabla anterior, es posible afirmar que la verificación de los medios comercializadores de gas LP verificados, un 10 por ciento han presentado irregularidades que han ameritado alguna o varias sanciones.
En vista de los resultados, resulta evidente que es recurrente la presencia de violaciones a las normas por parte de las empresas encargadas de distribuir y vender las gasolinas y el gas LP y que esta situación atenta de manera constante en contra de los derechos de los consumidores.
Además, considero que la venta de combustibles, principalmente cuando ésta se efectúa al detalle, persisten importantes vicios que afectan de manera importante el bolsillo de los consumidores y que la normativa aplicable no garantiza todo los derechos de los consumidores, pues a pesar de que existen sanciones pecuniarias en contra de los proveedores que violen lo establecido por las leyes Federal Sobre Metrología y Normalización y la Federal de Protección al Consumidor, así como el incumplimiento a las Norma Oficial Mexicana, NOM-005-SCFI-2011, no se garantizan a cabalidad al menos dos derechos de los consumidores que son:
1. El acceso de los consumidores a una información adecuada y
2. la posibilidad de compensación efectiva al consumidor;
Con base en lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es establecer mecanismos que garanticen una compensación efectiva al consumidor, y la adecuada información para una mejor decisión.
Sin duda han sido muchos años en que se han venido presentando irregularidades por parte de los comerciantes en contra de los consumidores y sumando el alza a los combustibles que se ha venido presentando a últimas fechas, las afectaciones al gasto familiar cada vez son mayores y debe buscarse la manera de que sean menores en beneficio de los consumidores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, establezcan en la Ley de Egresos 2018, un recurso suficiente para que la Procuraduría Federal del Consumidor pueda llevar a cabo un programa permanente que lleve a cabo verificaciones cada 90 días como máximo, a los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o quien pueda disponer de gas natural, gas LP gasolinas o diésel con arreglo a la ley.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establezca el procedimiento avalado para que el proveedor haga efectiva la indemnización al consumidor de manera inmediata, en los casos establecidos en el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
Referencias
Cattan, N. (26 de Diciembre de 2016). ‘Gasolinazo’ Infuriates Mexico and Taints Flagship Energy Reform. Obtenido de Bloomberg.com:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-29/-gasolinazo- infuriates-nation-and-taints-flagship-energy-reform
El Financiero, Redacción. (29 de Diciembre de 2016). Mexicanos, los que más gastan en gasolina en el mundo. El Financiero. México, México, México. Recuperado el 28 de Agosto de
2017, de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-es-el-segundo-pais- que-mas-gasta-de-sus-ingresos-en-gasolina.html
Gobierno de la República, México. (22 de 08 de 2017). Reforma Energética. Obtenido de Reformas.gob.mx:
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explicacion_ampliada_ de_la_Reforma_Energetica1.pdf
Indigo Staff. (30 de Diciembre de 2016). 15 datos sobre el consumo de gasolina en México. Monterrey, Nuevo León, México.
Procuraduría Federal del Consumidor. (21 de Diciembre de 2016). Flexibilización de mercados de gasolinas y diésel.Obtenido de
https://www.gob.mx: https://www.gob.mx/aperturagasolinas/documentos/decalogo-profeco-tus- derechos-al-consumir-combustibles-gasolina-y-diesel?idiom=es
Procuraduría Federal del Consumidor. (4 de Mayo de 2017). Manual de Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles (MP-320). Obtenido de gob.mx:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236431/MP-320.pdf
Procuraduría Federal del Consumidor. (12 de Junio de 2017). Reforzamos verificación en gasolineras ante segunda etapa de apertura en mercado de combustibles. Obtenido de gob.mx:
https://www.gob.mx/aperturagasolinas/prensa/reforzamos-verificacion- en-gasolineras-ante-segunda-etapa-de-apertura-en-mercado-de-combustibles
Profeco. (03 de Julio de 2013). ACUERDO por el que se establecen los criterios para la determinación de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al. Diario Oficial de la Federación.
Profeco. (10 de Agosto de 2017). Boletín 098/2017.- De enero a julio, sancionamos a 215 plantas de gas LP y 148 camiones repartidores del combustible por irregularidades. Obtenido de www.gob.mx:
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-098-2017-de-enero-a- julio-profeco-sanciono-a-215-plantas-de-gas-lp-y-148-camiones-repartidores- del-combustible-por-irregularidades?idiom=es
Profeco. (01 de Agosto de 2017). Boletín de prensa 093/2017.- Profeco completa más de 5,400 verificaciones a gasolineras en todo el país para prevenir abusos. Obtenido de www.gob.mx:
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-093-2017-profeco- completa-mas-de-5-400-verificaciones-a-gasolineras-en-todo-el-pais-para- prevenir-abusos?idiom=es
Profeco. (s.f.). Programa Nacional de Verificación de Combustible. Obtenido de Programa Nacional de Verificación de Combustible: http://200.53.148.113/qqg/
Secretaría de Energía. (2015). Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029. México. Recuperado el 24 de Agosto de 2017, de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44327/Prospectiva_Petroleo_ Crudo_y_Petroliferos.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (01 de Enero de 2015). ACUERDO 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público. Diario Oficial de la Federación.
The U.S. Energy Information Administration. (2014). Ranking de países con datos de fuentes oficiales. Recuperado el 25 de Agosto de 2017, de TheGlobalEconomy.com:
http://es.theglobaleconomy.com/rankings/gasoline_consumption/
Cámara de Senadores, a los dos días del mes de octubre de 2017.— Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Ceballos L1erenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil, UDIF, y la Unidad de Servicios Infantiles, USI, en la ciudad de Colima.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»
«Quien suscribe, senadora Hilda Ceballos Llerenas, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 87 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta representación, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487.39 pesos (Doce millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con 39 centavos MN) para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil UDIF y la Unidad de Servicios Infantiles USI en Colima, Colima, bajo las siguientes:
Consideraciones
Con un total de 5 mil 527 kilómetros cuadrados de extensión territorial (0.29 por ciento del total del territorio nacional) Colima es la entidad más pequeña del país y participa, al igual que Tlaxcala con el 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. A su vez, el sector económico más relevante en la entidad es el comercio, ya que participa con 18.2 por ciento del PIB estatal total.
Según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Colima tiene 711 mil 235 habitantes, lo que lo ubica como la entidad federativa con menor población nacional. Cuenta con 10 municipios de los que cuatro (Manzanillo, Colima, Tecomán y Villa de Álvarez: concentran 81.8 por ciento de la población estatal total.
Municipio Porcentaje de población
Manzanillo 25.9
Colima 21.2
Villa de Álvarez 17.4
Tecomán 17.3
Cuauhtémoc 4.3
Armería 4.2
Comala 3.0
Coquimantlán 2.8
Minatitlán 1.7
Ixtlahuacán 0.8
Fuente:Elaboración propia con datos del Inegi.
Por otra parte, 25.6 por ciento de la población de Colima tiene menos de 15 años y la población económicamente activa (PEA), es del orden de 49.4 por ciento. En el segundo trimestre de 2017 se registró en el estado una tasa de desocupación de 3.8 por ciento, que contrasta, por ejemplo, con el 1.4 por ciento alcanzada por Guerrero en el mismo trimestre.
Conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la entidad federativa es de bajo rezago social. A efecto de fortalecer esta afirmación, de 2000 a 2015 la población analfabeta de 15 años o más se reduce de 7.2 por ciento en 2000 a 3.9 por ciento en 2015; de igual manera, la población sin derechohabiencia a los sistemas de salud, cayó de 48.2 por ciento a 12.1 por ciento en estos años extremos (Porcentajes a un dígito) (Ver cuadro inferior).
En contraste con el relativo éxito en el abatimiento de indicadores de rezago social, resulta públicamente conocido que Colima registra elevadas tasas criminalidad, punteando con un promedio de 10.43 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, seguido con larga diferencia por Guerrero (5.71) y Baja California (5.08).
Además, conforme a un estudio citado por Proceso el estado de Colima ocupa el primer lugar en acoso escolar ( bullying) en niños de educación primaria y en segundo lugar en niños de educación secundaria, situación que coloca a este fenómeno como un problema público y, por lo tanto, precisa del diseño de políticas públicas puntuales que ataquen este problema, como es, entre otras cosas, la inversión para el fortalecimiento de infraestructura deportiva.
Paralelo a lo anterior y a la relevancia del dato, en la Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred), realizada por la Secretaría de Gobernación y el Inegi en 2014, se señala que los jóvenes mexicanos colimenses que van a la escuela (12 a 18 años), 34.2 por ciento ha sido víctima de acoso escolar en el municipio de Colima y 41.9 por ciento de los jóvenes que viven en el municipio de Manzanillo.
Acorde a los párrafos anteriores, el nivel de delincuencia y de bullyng escolar en Colima es una realidad que exige ser atendida por las autoridades. De esta realidad se dio constancia en los diversos medios de comunicación de forma permanente.
En opinión de altos funcionarios de organismos internacionales, uno de los medios para combatir la violencia en sus diversas manifestaciones dentro del contexto de los objetivos de la Agenda de 2030, es el deporte, ya que conforme a declaraciones de Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas, “es un motor que impulsa el cambio social positivo”.
En el anterior sentido, Wilfried Lemke, asesor especial del secretario general sobre el deporte, dijo que “El deporte no sólo mejora la salud y el bienestar, sino que también infunde valores positivos que estimulan y facilitan el desarrollo personal y social. El deporte es universal. Trasciende las diferencias y promueve la inclusión y la igualdad”.
El deporte, sin duda, conforme a lo señalado por los altos representantes de la Organización de las Naciones Unidas, es fundamental para la promover la inclusión y la igualdad social, para inhibir la incursión de los jóvenes en la drogadicción, en la delincuencia, en la desintegración familiar, entre otras disfunciones sociales y familiares.
En nuestro país contamos con entes públicos que incluyen y promueven las actividades deportivas como medio coadyuvante a sus funciones, tal es el caso del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que para el caso concreto de Colima, cuenta con instalaciones para la práctica de deportes que han jugado un papel de vital relevancia en la comunidad.
El DIF del estado supracitado cuenta con una Unidad de Servicios Infantiles (USI, abrió sus puertas en 1991) y una Unidad Deportiva Infantil (UDIF), en las que se otorgan de forma gratuita a una elevada cantidad de personas todos los días de la semana los 365 días del año, un buen número de servicios vitales para la comunidad, relacionados en la tabla inferior:
Unidad de Servicios Infantiles (USI):
• Iniciación a la lectoescritura.
• Cursos de verano (julio).
• Taller de aprendizaje.
• Gimnasia.
• Artes plásticas (Dibujo, pintura y reciclado).
• Estimulación I y II.
• Hacer tareas es divertido.
• Creando y jugando.
• Terapia psicológica familiar.
• Trabajo social.
Unidad Deportiva Infantil (UDIF):
• Auditorio techado.
• 4 canchas de voleibol.
• 3 canchas de básquetbol con áreas verdes alrededor de esta.
• Módulo de sanitarios, regaderas, vestidores, bodega, bebederos.
• 2 canchas de bádminton al aire libre empastadas.
• 2 campos de fútbol empastados.
• Pista de atletismo de 100 metros planos.
• Gradería lateral.
• Módulo de sanitarios, regaderas, vestidores y bodega.
• Área verde arbolada y ciclo pista.
• 2 áreas de areneros con juegos infantiles metálicos y campo de béisbol.
Sin embargo, dado el uso excesivo que de dichas instalaciones se hace por no cesar en otorgar el servicio a la comunidad, estas muestran al día de hoy un alarmante deterioro difícil de revertir dado el exiguo presupuesto con que cuenta la entidad, lo que pone en riesgo su viabilidad a muy corto plazo, y con el ello servicio que durante décadas se ha otorgado a la comunidad.
A riesgo de ser reiterativa, estas unidades del DIF estatal han jugado un papel de vital trascendencia en la comunidad, contribuyendo a lo largo de los años a la consolidación de valores de alto calado social como la solidaridad, integración, etcétera.
Conforme a información vertida en el proyecto “Remodelación de la UDIF y la USI del DIF Estatal para el fomento de actividades deportivas en Colima”, la población de esta entidad:
...en edades de 5 a 19 años..., se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a los problemas sociales que afectan a este sector, en términos de drogadicción, vandalismo, violencia y así como problemas de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión.
La mejora de las condiciones integrales de la Unidad Deportiva Infantil permitirá la recuperación de espacios para brindar y mejorar la calidad de vida de la población lo que, mediante un proceso multiplicador dinamizará aspectos positivos en la sociedad:
...Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro.
Con la remodelación de la UDIF y la USI se mejorarían los espacios deportivos, con lo que se estaría en mejores condiciones para brindar servicios de calidad para la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes del estado, disminuyendo la obesidad infantil con actividades recreativas y deportivas además de incrementar la convivencia familiar. Al respecto, es conveniente señalar que el Estado tiene uno de los índices de obesidad infantil más alto del país.
A efecto de considerar el costo total de las reparaciones necesarias a la UDIF y a la USI, presento la siguiente tabla con el correspondiente desglose por concepto:
Por todo lo anterior, con pleno convencimiento de que el estado está obligado a hacer lo necesario a fin de garantizar el pleno derecho de las niñas y niños a vivir en un ambiente sano, garantizando su desarrollo, y con fundamento en las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta respetable soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se consideren y etiqueten recursos por $12 690 487.39 (Doce millones seiscientos noventa mil, cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/39 MN) para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil UDIF y la Unidad de Servicios infantiles USI en el estado de Colima.
Notas
1 Inegi. Boletín de prensa número 529/16 de 6 de diciembre de 2016.
2 Secretaría de Economía. ProMéxico. Colima. http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_COLIMA_vf.pdf
3 Inegi. Información de México para niños.
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/
4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Información Laboral Agosto 2017.
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf
5 http://www.proceso.com.mx/280927/e2-80-9cbullying-e2-80-9c-es-ya-un- problema-publico-en-colimarevela-estudio
6 Centro de Noticias ONU.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34807#.WaW-ALIjGM8
7 Centro de Noticias ONU.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34807#.WaW-ALIjGM8
8 LXIII Legislatura. Cámara de Diputados. Boletín número 1230 del 31/03/2016.
9 Colima ocupa los primeros lugares en obesidad y por más de una década, con el mayor número de niños con sobrepeso. “El grupo grueso se da entre los 8 y los 14 años”, señaló Carlos Salazar Silva, secretario de Salud. “Casi 40 por ciento de los niños en edad escolar sufren de sobrepeso u obesidad”, dijo Víctor Miguel Sánchez, responsable del programa Escuelas Promotoras de Ambientes Saludables.
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senadora Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica).»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores, el segundo de ellos.
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»
«Las suscritas, senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11, 276 Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de diputados y al titular del ejecutivo federal, para que realicen los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de presupuesto de egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados, por los recientes desastres naturales; así como el fortalecer las acciones coordinadas de protección civil, para hacer frente a las situaciones de emergencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente nuestro país atraviesa una situación de emergencia, el pasado primero de septiembre la tormenta tropical Lidia provocó severos daños y pérdidas humanas en la Península de Baja California, posteriormente el pasado 7 y 19 de septiembre fuertes sismos ocasionaron graves daños y pérdidas que afectaron mayormente a los estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y el estado de México.
Tanto que en las últimas semanas y a la fecha continúan las labores de rescate, remoción de escombros y el censo de los daños causados por estos desastres naturales, hasta ahora se contabilizan lamentablemente más de 400 personas fallecidas, cientos de heridos y desaparecidos, y se reportan más de 190 mil inmuebles entre ellos viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura pública que sufrieron graves daños o fueron destruidos.
Hoy en día nuestro país podría contar con más de seis fuentes de financiamiento de fondos para atender la emergencia y reconstrucción de las zonas afectadas entre ellos: El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), el Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México, Pólizas de Seguro para el caso del estado de Puebla y el Bono Catastrófico del Banco Mundial.
El primer financiamiento de donde se podrían obtener los recursos necesarios es del Fondo de Desastres Naturales que es un instrumento financiero el cual está contemplado dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, y atiende los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.
El presupuesto es destinado dentro del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, para el Fonden en el 2016 fue de 8,035 millones de pesos, para el presente año es de 6,035 millones de pesos y esta propuesto para ejercicio fiscal de 2018 un presupuesto de 6,644 millones de pesos lo cual equivale a solo el 0.13% del total del gasto público destinado para el mismo año.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el primer semestre de este año ya se ejercieron 7,248 millones de pesos provenientes del Fonden, lo cual indica que el presupuesto original ya fue rebasado por más de mil millones de pesos.
De igual manera el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), recibió este año alrededor de 8,494 millones de pesos, mismo que tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
Con base en los Lineamientos generales para la operación del FAIS, en su numeral 2.3.1., fracción II, de los proyectos complementarios, menciona lo siguiente:
Los municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, podrán disponer de hasta un 15% adicional para la infraestructura social básica, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una Declaratoria de Desastre Natural emitida por la Secretaría de Gobernación o un Dictamen de Protección Civil que avale dicha situación y que publique la entidad en su órgano oficial de difusión. La realización de los proyectos bajo esta modalidad deberá ejecutarse posterior a la publicación de la Declaratoria o Dictamen.
Asimismo podrían acceder las entidades al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), el cual es un crédito mediante el cual se adquieren los denominados Bonos de Cupón Cero emitidos por Banobras, previa solicitud y autorización del Congreso local, donde se solicite acceso a dichos recursos.
De igual forma la Ciudad de México podrá acceder el Fondo de Desastres Naturales con el que cuenta, a causa de la declaratoria del pasado 21 de septiembre, como zonas de desastre a las delegaciones de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, pero de igual forma se prevé que solicitaran más recursos a la federación para la reconstrucción de la Ciudad.
Para el caso del estado de Puebla, ya cuenta con un seguro propio para la atención de desastres por hasta 30 millones de dólares, que cubren sismos y otros fenómenos hidrometeorológicos, pero de los cuales se deben pagar deducibles y primas correspondientes para que puedan liberar el recurso.
En el supuesto del Bono Catastrófico otorgado por el Banco Mundial, únicamente se aplicara para los estados de Oaxaca y Chiapas, debido que la activación del fondo depende del lugar del epicentro, de la magnitud del sismo que supere los 8 grados y en donde se tengan las mayores afectaciones, dicho fondo cuenta con una cobertura de hasta 150 millones de dólares.
Con base en lo anterior y de acuerdo con cifras preliminares el costo de la reconstrucción de inmuebles y atención a los afectados por los pasados desastres naturales ascenderá a más de 38 mil millones de pesos, monto que aún no será definitivo, sino hasta cuando se terminen todos los censos de los daños causados.
Estas situaciones claramente han puesto la fortaleza del país a prueba, la cual se ve demostrada con la inmediata respuesta, unidad y solidaridad de soldados, marinos, policías, médicos, enfermeras y funcionarios que han trabajado en conjunto con brigadistas y voluntarios de la sociedad civil para superar la adversidad. Así como la solidaridad de sector privado, las naciones amigas y organismos internacionales.
Como senadora por el estado de Morelos y junto con mi equipo de trabajo, continuamos recorriendo las zonas y trabajando en solidaridad por las familias más afectadas del estado por el sismo del pasado 19 de septiembre, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos. Pero de igual forma como legisladores es nuestra labor apoyar desde las Cámaras por los afectados, por la reconstrucción total de las viviendas y el bienestar de las familias afectadas.
Por ello es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con el artículo 7, fracción III, de la Ley General de Protección Civil, le corresponde al ejecutivo federal en materia de protección civil:
Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo~ así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural:
Asimismo en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contempla que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, para ser destinados en su caso a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.
Derivado de lo anterior, es que se debe de considerar el incremento del capital destinado para los Fondos de atención a los daños provocados por los recientes desastres naturales, garantizando que sean suficientes, correctamente administrados y que se vigile la transparencia en el manejo de los mismos.
Finalmente debemos de fortalecer las acciones encaminadas a la Prevención de desastres y de protección civil a nivel nacional, a través del Sistema Nacional de Protección Civil; ya que es un mecanismo sumamente valioso que puede salvar miles de vidas, mediante la prevención, la concientización de la población y autoridades sobre las medidas de autoprotección, y de adaptación para convivir con los posibles riesgos.
Asimismo es necesario que este sistema, cuente con los protocolos de actuación para hacer frente durante y después de la situación de emergencia, que le permitan garantizar una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno, autoridades, sector privado, brigadistas nacionales e internacionales y voluntarios de la sociedad civil; que logren la atención de los afectados y la correcta distribución de los víveres.
En virtud de lo anterior expuesto me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la resolución de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo federal, para que realice los ajustes necesarios al gasto público corriente y al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, con la finalidad de incrementar el capital destinado para los Fondos de atención a los daños provocados por los recientes desastres naturales, garantizando que sean suficientes, correctamente administrados y que se vigile la transparencia en el manejo de los mismos.
Segundo. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para realizar acciones afirmativas encaminadas a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la creación de protocolos coordinados de actuación durante y después de las situaciones de emergencia, entre los tres niveles de gobierno, autoridades, sector privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil.
Notas
1 https://www.gob.mx/presidencia/artículos/ mensaje-a-Ia-nacion-128390?idiom=es
2 https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres- naturales-fonden
3 Presupuestos de Egresos de la Federación Ejercicios Fiscales de 2016, 2017 y 2018.
4 Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
5 http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Conce_el_SINAPROC Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días del mes de octubre de 2017.
Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi (rúbricas).»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados a que, en función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente.»
«Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a los Legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Exposición de Motivos
1. El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018”. Este programa tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia (Federación, 2014)
2. La implementación de este programa es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, los tres órdenes de gobierno, sectores de la sociedad civil, la participación de la iniciativa privada y los organismos internacionales. El éxito del programa depende en gran medida de los involucrados, ya que en la implementación deben trabajar de manera coordinada para lograr resultados a largo plazo. Su funcionamiento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana:
Privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad.(Federación, 2014)
3. Su fundamento descansa en tres teorías que explican las distintas aristas de la violencia y la delincuencia:
La teoría ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos sus ámbitos de desarrollo), la teoría epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de riesgo y factores protectores) y la teoría de la eficacia colectiva (entiende el problema de la criminalidad como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo que busca propiciar comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y por tanto, comunidades más seguras). (Federación, 2014)
4. El programa presenta cinco objetivos:
Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y, asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de programas de prevención social. Para su consecución se determinaron 16 estrategias y 98 líneas de acción. (Federación, 2014)
5. El objetivo principal del programa es contribuir a la prevención social de la delincuencia buscando reducir la incidencia delictiva, por ello el programa resulta esencial y abandonarlo sería un retroceso, ya que sus alcances son a largo plazo, busca combatir la delincuencia integrando a prácticamente todos los sectores de la sociedad.
6. Un factor a considerar en seguir implementando este programa es que existe un incremento en la incidencia delictiva en todo el país, así lo demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017. Está encuesta, tiene el propósito de generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2016, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 2017. Esto, con el fin de proveer información al público en general y generar elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias. (Inegi, 2017)
Principales resultados de la Envipe
2017 La Envipe estima 24.2 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015.
La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2016 fue de 37,017, cifra estadísticamente superior a la estimada en 2015 que fue de 35,497; y estadísticamente menor a la registrada en 2014, cuando llegó a 41,655.
7. Un factor a considerar y que se convierte en primordial para buscar se siga implementando este programa es que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 señala que:
La percepción de inseguridad de la población se ubicó en 74.3 por ciento. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2017, llegando a 66.3 por ciento y 46.0 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
(Inegi, 2017)
(Inegi, 2017)
De los delitos más frecuentes la encuesta señala que:
Delitos más frecuentes
(Inegi, 2017)
8. Referente a las consecuencias que produce el incremento en la incidencia delictiva se puede señalar el costo del delito, de ello la encuesta señala lo siguiente:
La Envipe permite estimar que para 2016 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB. Lo que equivale a 5,647 pesos por persona afectada1 por la inseguridad y el delito.
(Inegi, 2017)
9. De la percepción sobre seguridad pública la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 arroja los siguientes datos:
La Envipe estima a nivel nacional que 61.1% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del aumento de precios con 36.5% y el desempleo con 36.3 por ciento.
(Inegi, 2017)
Percepción sobre Seguridad Pública 2011 – 2016 La Envipe estima que 74.3% de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia durante el período marzo-abril de 2017, cifra estadísticamente superior a las estimadas en ediciones anteriores de la encuesta.
La sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado también, llegando a 66.3% y 46% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
(Inegi, 2017)
Visto desde las diferentes Entidades Federativas la encuesta expone:
Percepción sobre Seguridad Pública en la Entidad Federativa Percepción de la población respecto de la situación que guarda la inseguridad pública en su entidad federativa.
(Inegi, 2017)
Considerandos
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia requiere recursos económicos suficientes para su operación. No se puede pensar en combatir la delincuencia sin tener un proyecto de largo alcance que busque prevenirla. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 desapareció el Programa derivado de que el Poder Ejecutivo envío a la Cámara de Diputados la propuesta sin destinar recursos a este programa. No se puede pensar en combatir la delincuencia sin prevenirla es ilógico mantener la pirámide invertida sin destinar recursos a la prevención del delito.
III. Si bien es cierto, existen muchas necesidades en todo el territorio Nacional, en algunos estados se pueden encontrar zonas de desastre que deben ser atendidas y requieren de recursos económicos y una inversión muy grande para buscar reconstruir las viviendas afectadas, sin embargo, esto también nos demuestra que se debe trabajar en la prevención de los acontecimientos en este caso prevenir los delitos es una forma de combatirlos, siendo esta una de las más eficaces pues sus resultados son a largo plazo, lo anterior contribuye a generar un entorno más seguro a las futuras generaciones y con ello se reduciría el índice delictivo.
IV. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, demuestra el contexto social en el que se encuentra el país ya que no es privativo de una región el incremento en la incidencia delictiva, ni es focalizada, más bien es el reflejo de la sociedad y es en ese sentido en el que se tiene que trabajar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Notas
1 Diario Oficial de la Federación Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Recuperado de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087 &fecha=30/04/2014 revisión hecha el 3 de octubre de 2017.
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 recuperado de:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf revisión hecha el 4 de octubre de 2017.
Bibliografía
Federación, D. O. (30 de abril de 2014). Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Obtenido de Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087 &fecha=30/04/2014
Inegi, I. N. (26 de septiembre de 2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. Obtenido de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017.— Senador Raúl Gracia Guzmán (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa, con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia acordó remitir dicha solicitud, por ser asunto de su competencia, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente.»
«La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente formule excitativa con base a las siguientes:
Consideraciones
1. El decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establece en su artículo transitorio quinto lo siguiente:
Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.
2. Con fecha 09 de diciembre de 2015 el Pleno de la Cámara Senadores aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Mediante oficio de fecha 09 de diciembre de 2015, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Senadores remitió a la Cámara de Diputados la minuta antes mencionada.
4. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó de la recepción del asunto y su turno el lunes 14 de diciembre de 2015 a las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, para su correspondiente dictaminación.
5. Que desde la fecha en que les fue turnada la Minuta antes mencionada, hasta la actual, las comisiones no han formulado dictamen alguno.
6. Que se ha cumplido en demasía el término que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitan el dictamen correspondiente.
7. Que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas examinó el tercer informe periódico de México (CMW/C/MEX/3)
8. En sus sesiones 365 y 366 (CMW/C/SR.365 y 366), celebradas los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y aprobó las observaciones finales en su 374 sesión, celebrada el 13 de septiembre, entre las que se encuentra:
10. El Comité reitera su recomendación (CMW/C/MEX/ C0/2, para 16), para que se tome medidas para asegurar que la LM y otras normativas vigentes sean plenamente compatible con todas las disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo: a) la finalización del proceso legislativo de reforma del artículo 33 Constitucional;
Por lo antes expuesto, solicito a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:
Único. Formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, para que emitan Dictamen a la Minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Senado de la República, a 5 de octubre de 2017.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, para su atención.
INICIATIVAS DE SENADORESLEY FEDERAL DE DERECHOS
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo l, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»
«El suscrito, Esteban Albarrán Mendoza, senador de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprende 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficie estuarinas, distribuidas en 17 estados costeros. De la superficie total de la zona federal, casi 70 por ciento corresponde a las vertientes del océano Pacífico y Golfo de California, mientras que poco más de 30 por ciento corresponde a las zonas costeras del Golfo de México y mar Caribe.
La dependencia menciona que 16 por ciento de la población nacional vive en dichas zonas, con un crecimiento poblacional mayor que el promedio nacional (2.8 frente a 2.1). Ahí se genera una importante actividad económica (turística, industrial, comercial militar, naval, pesquera, etcétera). Asimismo, son importantes como captadoras de divisas y de creación de empleos.
La concesión de dichas áreas, para el uso y el aprovechamiento de este bien nacional ha resultado fundamental para la inversión en proyectos turísticos, portuarios e incluso para realizar actividades de protección y ornato de espacios de alta importancia ambiental.
Las resoluciones para otorgar concesiones y permiso han respondido al incremento de la demanda para aprovechar este recurso federal, ha beneficiado la actividad económica y la optimización de la conservación ambiental responsable de la zona costera en México.
Administrativamente, el control de estas zonas costeras está a cargo de la Semarnat, a través de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros, que no sólo es la responsable de delimitarla sino también de otorgar los permisos y concesiones para su uso y aprovechamiento. Las acciones de inspección y vigilancia corresponden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En el contexto nacional, Guerrero cuenta con más de 517 kilómetros de zona federal marítimo-terrestre, constituida por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas, ubicados en 12 ayuntamientos costeros. Acapulco cuenta con 86.6 kilómetros.
En los litorales con que cuenta el país hay un número importante de pueblos originarios que, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se vieron involucrados y participaron en un importante repunte turístico al ser considerado nuestro país como una opción confiable para el turismo nacional e internacional, destacando Acapulco en primerísimo lugar.
Respecto a su legislación, la Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 7o., fracción V, señala que la zona federal marítimo-terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación; en el primer caso, son libres para cualquier persona, en el segundo supuesto requieren de una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación que implica la obligación de pago de derechos, regulados en la Ley Federal de Derechos.
Esta última ley, en el artículo 232, establece la obligación a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.
Antes de 1992, el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos exigía el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, asignado una cuota de 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante más 1 por ciento del valor de inmueble construido.
Para los beneficiarios, este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más. Sin embargo, en 1997 se modificó el artículo 232, creándose un inciso C) y definiendo a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarias; aplicando una cuota en donde la zona I era la más económica y la X la más cara, por concepto de derechos.
Así, hasta 2010 en el artículo 232-D se consideraron 10 zonas fiscales, en la cuales se incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, en especial desde el punto de vista turístico.
Posteriormente, como un caso especial por la inversión realizada en algunas playas de Quintana Roo, se incorporó una zona adicional con el número XI que comprende las subzonas A y B donde se separaron los municipios turísticos de este estado.
Actualmente, el monto del derecho por pagar se determina con los siguientes valores y las zonas a que se refiere el artículo 232-D de esta ley.
Como se mencionó, el artículo 232-D de la ley establece 11 zonas; para el caso que nos ocupa, las zonas IX y X se integran de la siguiente manera:
Zona IX. Estado de Baja California Sur: La Paz; Estado de Guerrero: José Azueta; Estado de Oaxaca: Santa María Huatulco.
Zona X. Estado de Baja California Sur: Los Cabos, Estado de Guerrero: Acapulco de Juárez; Estado de Jalisco: Puerto Vallarta.
Como se observa, Acapulco está en la zona X de la tabla. Entre las actividades que ahí se desarrollan destacan las dedicadas al turismo. Durante muchos años se ha fomentado esa actividad, que ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes y comunidades.
Desde hace varias generaciones, los grupos originarios con vacación turística, que han ejercido tan generosa actividad, y dado forma al destino turístico del puerto de Acapulco, como Pie de la Cuesta, Caleta y Caletilla, Puerto Marqués, Pichilingue, Majahua, Playa Revolcadero, Playa Bonfil Diamante, playa La Gloria, Playa Encantada, playa San Andrés y Barra Vieja.
En dichos destinos se hallan cerca de 400 establecimientos, principalmente con giro de microempresas familiares de restaurante; donde colaboran, en cada uno de ellos, un promedio de 15 jefes de familia, que se emplean en diversos rubros; cocineras, meseros, cantineros; asimismo, prestadores de servicios turístico, de deportes acuáticos, proveedores y muchos más de manera indirecta. Por ello, varios miles de familias viven y se benefician de esa parte de la zona marítimo-terrestre.
Las familias que viven de esta actividad, en que se incluyen las pertenecientes a los pueblos originarios, consideran que los grandes consorcios turísticos hoteleros y restauranteros tienen la suficiente capacidad económica para solventar la tarifa zona X de uso general; no obstante, las microempresas familiares, que constituyen 90 por ciento de la oferta gastronómica del puerto, dicha cuota vulnera su débil economía.
Debido a lo anterior han reiterado su solicitud a las autoridades correspondientes; para que se considere una reclasificación de la zona X de uso general a la zona IX de ornato, traduciéndose ese cambio en la ley en un beneficio directo a los pueblos originarios y a la economía familiar de quienes obtienen el sustento diario con su trabajo en la zona federal. Por ello consideramos que es de justicia la reforma que proponemos.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos
Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 232-D. ...
Zonas I. a VIII. ...
Zona IX. Estado de Baja California Sur: La Paz; estado de Guerrero: Acapulco de Juárez y José Azueta; estado de Oaxaca: Santa María Huatulco.
Zonas X.Estado de Baja California Sur: Los Cabos; estado de Jalisco: Puerto Vallarta.
Zona XI. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://aplicaciones.semarnat,gob.mx/estadisticas/compendio2010/ 10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServiet7f2d.html
2 Zona federal marítimo-terrestre y amiente costeros, en
http://www.confemer.gon.mx/imagenes/stories/documents/tabasco/14.pdf
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 http://cartografia.guerrero.gob.mx/zofemat/
6 Ley Federal de Derechos, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
Dado en la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2017.— Senador Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo i, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»
«Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos senadoras y senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 1, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 15 de febrero de 2011 se publicó el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, con la finalidad de lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional, apoyando a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos.
Dentro de dicho decreto se establece que el estímulo fiscal permitirá fortalecer la economía familiar en la medida en que, en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, los padres de familia puedan disminuir el gasto por los servicios de enseñanza, ya que ello generará una mayor disponibilidad de recursos en el hogar que podrán ser destinados a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar en el hogar.
Asimismo, menciona que con el fin de garantizar que el beneficio fiscal aplique exclusivamente a los pagos por los servicios de enseñanza, se estima necesario establecer que la erogación únicamente deberá corresponder a la contraprestación para cubrir el servicio de enseñanza del alumno de acuerdo con los planes y programas autorizados o con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la autoridad competente, y así evitar que se incorporen como pago de servicios de enseñanza conceptos que no estén directamente vinculados con ésta.
El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en donde se contempla el estímulo fiscal vigente a las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza.
El esquema de estímulos por pago de colegiaturas existente se calculó considerando el costo por alumno al estado por brindar la educación; sin embargo, desde el2011 los montos a deducir no se han actualizado a pesar de haberse expedido un nuevo decreto.
El decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en su artículo 1.10 establece el límite anual de deducción para los niveles básica y media superior.
De acuerdo al Quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el ciclo escolar 2016-2017 el gasto promedio general por alumno fue de 30,400 pesos, en preescolar fue de 18,100 pesos; en primaria de 16,500 pesos; en secundaria de 25,300 pesos; en bachillerato de 34,600 pesos; en educación profesional técnica de 24,100 pesos; y en educación superior fue de 77,500 pesos.
Este beneficio se ha visto reducido al no actualizar desde 2011 los montos autorizados para realizar la deducción y el incremento en los precios de las colegiaturas, trayendo consigo un mayor gasto para las familias mexicanas.
De acuerdo al Quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2017 el gasto total nacional en educación se ha incrementado 8.7 por ciento. Del total 58.8 por ciento corresponde a gasto federal, 15.8 por ciento estatal y municipal, y 25.4 gasto privado.
Si bien el gasto privado en educación supera al gasto estatal y municipal, sólo los niveles básico y medio superior cuentan con este estímulo fiscal dejando fuera de este beneficio al nivel superior.
De acuerdo con la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en su artículo 3o. establece:
“Artículo 30. El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.”
En el ciclo escolar 2016-2017 se contaban con 5 mil 311 escuelas en educación superior, de las cuales el 75 por ciento correspondían a escuelas particulares, La matrícula en educación superior pasó de 3 millones 300 mil 300 alumnos en 2012 a 3 millones 762 mil 700 alumnos en 2016, es decir se incrementó 14 por ciento.
La cobertura en nivel superior se encuentra en apenas 32.1 por ciento; sin embargo, la demanda de lugares en educación superior crece y el número de escuelas públicas para este nivel es insuficiente, por lo que se debe hacer frente a esta problemática.
Existen diferentes problemáticas que impiden que los alumnos puedan acudir a la escuela, entre ellas la falta de escuelas en distintos niveles ,Por lo que si el gobierno no es capaz de brindar educación para todos, tenemos que apoyarnos de las escuelas privadas que en muchos casos son instituciones con alto prestigio académico,
De acuerdo con el estudio “Panorama de la Educación 2017 de la OCDE” en México sólo el 17 por ciento de los personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios, la OCDE destaca que las personas con un alto nivel educativo generalmente tienen mejor salud, están más comprometidas socialmente y tienen tasas de empleo más elevadas, así como retribuciones relativas mayores.
Actualmente, las escuelas particulares están ganando terreno y se han vuelto un pilar en la educación. Sin embargo, el marco fiscal actual no apoya la educación superior, por lo que es necesario plasmar dentro de la Ley de Impuesto Sobre la Renta los incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos.
Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar, disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas sea actualizada. Recordemos que un lugar ocupado en escuela privada podría ser un lugar más para un alumno de bajos recursos en una escuela pública.
Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados y sus padres están dispuestos a realizar ese esfuerzo, por ello es necesario incorporar a la educación superior el estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos para satisfacer la demanda creciente. Es necesario contar con mayor número de profesionistas con alto nivel académico; a medida que se incremente el número de egresados de educación superior, México tendrá mayor probabilidad de convertirse en una potencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. a VIII.
IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio superior y superior a que se refiere la ‘Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igualo superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente:
a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y
b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.
El estímulo a que se refiere la presente fracción no será aplicable a los pagos:
i. Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y
ii. Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.
Para los efectos del inciso b de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal digital el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.
Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere la presente fracción cuando las personas mencionadas en el primer párrafo del mismo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.
Para los efectos de esta fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.
Para determinar el área geográfica del contribuyente se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo.
Los pagos a que se refiere está fracción deberán. realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
Para la aplicación del estímulo a. que se refiere la presente fracción se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada
La cantidad que se podrá disminuir no excederá, por cada una de las personas a que se refiere esta fracción, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla:
Nivel educativo Límite anual
de deducción
Preescolar $18,100.00
Primaria $16,500.00
Secundaria $25,300.00
Profesional técnico $24,100.00
Bachillerato o su
equivalente $34,600.00
Educación
Superior $77,500.00
Nivel educativo Límite anual de deducción
Preescolar $18,100.00
Primaria $16,500.00
Secundaria $25,300.00
Profesional técnico $24,100.00
Bachillerato o su equivalente $34,600.00
Educación Superior $77,500.00
Cuando los contribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se podrá disminuir conforme a la presente fracción, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició.
La limitante establecida en el último párrafo del presente artículo no le será aplicable a la cantidad a que se refiere el noveno párrafo de esta fracción.
...
...
...
...
Transitorio
Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de septiembre de 2017.— Senadores: Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica), Silvia Leticia Martínez Elizondo (rúbrica), Andrea García García (rúbrica), Héctor Flores Ávalos (rúbrica), Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ernesto Ruffo Appel (rúbrica), Francisco Búrquez Valenzuela, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María del Rosario Guzmán Avilés, Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Martha Elena García Gómez (rúbrica), Sandra Luz García Guajardo (rúbrica), Silvia Guadalupe Garza Galván, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Raúl Gracia Guzmán, María del Rosario Guzmán Avilés, Fernando Herrera Ávila, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Javier Lozano Alarcón (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Sonia Rocha Acosta, Laura A. Rojas Hernández, Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica), José de Jesús Santana García (rúbrica), Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Marco Antonio Olvera Acevedo (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jorge Aréchiga Ávila (rúbrica), Jesús Priego Calva (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Carmen Dorantes Martínez (rúbrica), Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Adelante con la declaratoria de publicidad al dictamen de Justicia y Derechos Humanos.
DICTAMEN DE DECLARATORIA DE PUBLICIDADEXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE SALUD
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
VOLUMEN IIIEl presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.
Permítame un segundo, nada más para saber si proseguimos con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETOLEY GENERAL DE SALUD
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasaremos entonces al siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, para fundamentar el dictamen por la Comisión de Salud, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la objeción de conciencia es una expresión concreta de la libertad humana, puede ser definida como el derecho a expresar la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados del orden de una autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.
La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque entre la norma legal que obliga a uno a hacer y la norma ética o moral que se opone a esta actuación. En este contexto, la conciencia es el juicio reflexivo por el que distinguimos interiormente la actuación correcta de la incorrecta y la conducta ética y moral de la inmoral y sin ética.
El artículo 24 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
En el ámbito de la salud y la prestación de los servicios, la objeción de conciencia puede ser interpuesta por parte del profesional médico y enfermería como la negativa a realizar de manera general procedimientos y actividades que son contrarias a sus convicciones éticas o morales.
Como persona libre, el ser humano es un sujeto ético y social, por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y derechos propios de su naturaleza.
El presente dictamen establece de forma explícita que el ejercicio de la objeción de conciencia siempre estará supeditado a no poner en riesgo la salud o la vida del paciente y a que no derive la comision de un delito, pues el ejercicio de ningún derecho debe asentarse sobre la base de una acción delictiva.
La libertad de cada persona ha de coexistir con la libertad de los demás. Los medios deben estar adecuados al fin. La objeción de conciencia está inscrita dentro del derecho a las libertades de pensamiento, de conciencia y de creencia, y atiende a los principios de tolerancia, libertad ideológica y de no discriminación, entre otros.
Tal como lo establece el dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno, la libertad de pensamiento y de conciencia está protegida por los principales convenios o pactos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito.
Con el presente dictamen se busca garantizar la objeción de conciencia a médicos y enfermeras, mediante el ejercicio libre de sus convicciones éticas. La objeción de conciencia reconoce un sistema jerárquico de bienes jurídicos tutelados, por ello, aunque representa la protección de la libertad, esta no se considera superior a la vida.
Por ello, se establece como condición para su ejercicio que esta no atente contra la salud ni mucho menos contra la vida de las personas.
Por todo lo anterior es que los integrantes de la Comisión de Salud invitamos al pleno de la Cámara a apoyar este dictamen en favor de las libertades, el respeto a los derechos humanos y a la salud de los pacientes.
A la Mesa Directiva se le ha entregado ya la adenda presentada por esta comisión, por lo que solicito se deje sin efectos la publicada en Gaceta. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Permítame un segundo. Como ha expresado la sustentante, la adenda que venía incluida en el texto original publicado en la Gaceta será sustituida por una nueva que se pondrá a consideración de esta Cámara de inmediato. Y le pido a la secretaría dé lectura para que tomen nota todos los señores diputados de las modificaciones que esta nueva propuesta de la comisión contiene.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Artículo 10 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley.
Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia.
El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de este decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en los casos que establece la ley.
Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a entrada en vigor.
Cuarto. Las acciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con los recursos financieros, humanos y materiales con los que actualmente cuente la Secretaría de Salud.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte a la asamblea si es de admitirse la adenda presentada por la comisión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la presidencia se consulta, si se aprueba la adenda presentada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda incorporada al dictamen la adenda.
En consecuencia, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la comisión y que acaba de aceptar la asamblea.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara, vamos a pasar al posicionamiento de los grupos parlamentarios y para el efecto se han registrado las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, lo hará por el Partido Encuentro Social; la diputada Karina Sánchez Ruiz, por Nueva Alianza; el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, sustentará la posición del Grupo de Movimiento Ciudadano; José Refugio Sandoval Rodríguez, hará lo propio por el Partido Verde Ecologista de México; Mariana Trejo Flores, será la representante de Morena en estos posicionamientos; David Gerson García Calderón, lo hará por el PRD; Jorge Triana Tena, por el PAN y Pedro Luis Noble Monterrubio, por el PRI. Tiene entonces la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán en representación del Partido Encuentro Social.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Para el Partido Encuentro Social vivir en libertad implica un ejercicio de gobierno, de autoridad, enfocado en la realización de la justicia hacia uno mismo y hacia los demás.
Esta vida en libertad es determinada por la conciencia. Este derecho tan personalísimo y tan íntimo, pero a la vez tan proyectado hacia la sociedad, que bien podría decirse de él que es la expresión más sublime y artística de la libertad y de la autonomía personal de la conciencia.
Los más antiguos pensadores ya se expresaban con frases sólidas. Grave es el peso de la propia conciencia, decía Cicerón. La conciencia vale por más de mil testigos, decía el gran abogado Quintiliano. Siempre desde la razón filosófica, desde la ciencia política, desde el más innato y empírico sentido común, siempre se ha considerado defendido y proclamado a la conciencia como el núcleo donde el ser humano aprisiona sus convicciones con fuerza, pues finalmente son su consistencia.
En el orden jurídico mexicano aún tenemos una fuerte deuda con este derecho humano básico, protegido ya por el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que finalmente sí están presentes en la legislación de la Ciudad de México y del Estado de México, y no obstante está ausente en nuestra Constitución y en nuestras leyes.
Siendo un tema tan importante, no basta su protección convencional mediante la interpretación conforme en un sistema constitucional de derechos humanos. Es necesario sacar ese derecho de la ignota región de las lagunas jurídicas que hoy lo ahogan.
Adicionar un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud no es un detalle mínimo. Muchas veces desde esta tribuna se ha hablado e inclusive se ha alardeado acerca de los derechos y de las libertades de todo ser humano.
Todos podríamos autodenominarnos defensores de los derechos humanos, guerreros de esta libertad. Esta capacidad tan profunda como humana, ha causado malestar, sin embargo en esta ocasión en personas, tal vez en el colmo de la incongruencia, la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión, protegida en el artículo 24 de nuestra Constitución, posee —según— unanimidad de los doctrinistas como por ejemplo Carl de Vil, Nino, Tena Tamayo, un elemento negativo y uno positivo.
La objeción de conciencia es justamente ese elemento positivo de la libertad de conciencia. Debe ser distinguido jurídica y técnicamente de la libertad religiosa. No son lo mismo, y precisamente la objeción de conciencia a diferencia del aspecto negativo, que sí está protegido, lo es el tema de la no discriminación.
En stricto sensu la objeción es mucho más específica, pero al igual que la libertad es un derecho humano que no debe ser restringido de ninguna manera ni a ningún sector.
Me parece una proyección de ignorancia muy lamentable el señalamiento de algunos medios y sectores radicales que hablan de oportunismo e inclusive de cuestiones religiosas ante esta propuesta.
La única manera de ejercer en legitimidad la objeción de conciencia es cuando las mismas leyes e instituciones visitan su licitud y permiten su ejercicio, tal y como hoy ocurre en la legislación de la Ciudad de México y del estado de Jalisco, e inclusive de una norma, la NOM 046 habla del tema de la objeción de conciencia y son precisamente los mismos grupos liberales quienes la incluyeron y hoy se sorprenden.
Pues esto es lo que estamos haciendo con la propuesta de objeción. Pensar solo en el tema del aborto, por ejemplo, cuando proponemos la objeción de conciencia, es tener una visión achicada y miope.
Tarde o temprano quienes hoy se oponen a la objeción de conciencia, quienes hoy se oponen a esa tremenda libertad, habrán de hacer uso de ella en la defensa de sus propias conciencias.
La objeción de conciencia es el botón de pánico que en la conciencia del ciudadano resuena para advertirnos que alguna de nuestras leyes es injusta. La objeción de conciencia es el tirante del puente que conecta a los derechos individuales con el bien común.
La objeción de conciencia es nada más y nada menos —desde la misma ciencia política— que la válvula de presión de toda democracia. Me da tremendo gusto saber del consenso en torno a esta iniciativa.
El 26 de febrero de 2016 fue votada en la Comisión de Salud a favor por 26 diputados de los 8 grupos parlamentarios, 0 en contra y 0 abstenciones. Además, en diferentes legislaturas desde 2012, grupos parlamentarios como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano ya habían propugnado una iniciativa en este tenor.
Estoy segura que aquí nadie quiere imponer sus ideologías sobre la conciencia de los individuos. Estoy segura que aquí no hay semillas de tiranía, que aquí no. Estoy segura que nadie quiere imponer sus propias formas de pensar, cargando con ello los fardos del personal médico.
Me da tremendo gusto saber que todos aquí —independientemente del color y de la ideología— sabemos, como lo dijo Abraham Lincoln en su momento, que si fallamos y perdemos nuestras libertades, será porque entonces nos habremos destruido a nosotros mismos. Es tanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputada. Tiene la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, hasta por cinco minutos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Gracias, presidente, buenas tardes. El bien más preciado del ser humano es la vida. Y el segundo bien más preciado del ser humano es la libertad.
La vida no tendría sentido sin poder gozar las libertades. La existencia del ser humano sería un verdadero infierno de no ser libres. Viene ahora con estas ideas preliminares, ante nosotros una modificación a la Ley General de Salud, que habla sobre la opción de ejercer la libertad de conciencia a la hora de ejercer la medicina o sus ciencias afines, un tema controversial, un tema que ha polarizado, sin embargo, es un tema de conciencia.
En la fracción a la que pertenezco —Movimiento Ciudadano— somos muy respetuosos de la conciencia de cada quien. Y, por lo tanto, hemos pedido a nuestros compañeros que voten en ese sentido, según su propia conciencia. Así que verán ustedes votos diferentes tal vez, pero todos ellos basados en un profundo compromiso con la ética universal.
Aprovecho para anunciar —soy médico— votaré a favor, pero respeto a quien lo haga en contra. Gracias, y buenas tardes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Tiene la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, por el Partido Verde Ecologista.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. El dictamen de la Comisión de Salud, que hoy se pone a consideración de esta honorable asamblea, refleja el interés de los legisladores por brindar elementos que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.
La conciencia constituye el núcleo central y básico de la personalidad del ser humano. Ella estructura la conformación ética de la persona humana, posibilitando la integridad moral del individuo y el libre desarrollo de su personalidad.
En el caso específico que nos ocupa el día de hoy se refiere a los derechos laborales de las personas que se dedican a brindar servicios médicos a la población, ante una situación que ponga en riesgo sus valores éticos, haciendo necesaria la inclusión del derecho a la objeción de conciencia, que hoy en día no se encuentra incluida expresamente en nuestro marco jurídico.
Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la objeción de conciencia es definida como una concreción de la libertad de conciencia. Así también define la objeción de conciencia sanitaria, como la objeción que abarca de manera general procedimientos y actividades realizadas por profesionales de la salud.
En nuestro país fue el 7 de octubre del año 2004 cuando en el estado de Jalisco se reconoció por primera vez este derecho, para que personal del sistema de salud estatal pudiera excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravinieran su libertad de conciencia con base en sus valores, en sus principios éticos o en sus creencias religiosas, y ojo con lo siguiente, siempre y cuando no implicara poner en riesgo la salud o la vida de un paciente.
A nivel federal solo existe una presunción que contempla de manera general a la libertad de conciencia, y se deriva del contenido del artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no podemos ignorar la existencia a nivel global de diversos documentos respecto de este tema, que insisten en la importancia de garantizar que el equilibrio que existe entre la libertad de conciencia y el ejercicio de los demás derechos humanos, como lo podemos encontrar en diferentes tratados, por ejemplo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, la Convención Americana de Derechos del Hombre o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Todos ellos firmados por nuestro país.
Derivado de lo anterior, en el Verde coincidimos en la necesidad de adecuar nuestra legislación federal a efecto de que se incluyan elementos que garanticen la protección de los derechos de los profesionales médicos en nuestro país.
Si bien la medicina es una ciencia con criterios objetivos para regular sus prácticas, lo cierto es que los profesionales de la salud son, antes que nada, seres humanos y como tales deben tener derecho a decidir si sus compromisos profesionales interfieren o no con sus creencias y sus principios éticos, siempre y cuando, y vuelvo a insistir en esto, no se ponga en riesgo la vida del paciente.
Por todo lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista vamos a votar a favor del presente dictamen que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. Con esto creemos que vamos a fortalecer nuestro sistema de salud, sobre todo los derechos de quienes laboran en este amplio sector. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Tiene la palabra ahora la diputada Karina Sánchez Ruiz. Ella representará en este debate a Nueva Alianza.
La diputada Karina Sánchez Ruiz:En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente, a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase. Hago esa promesa libremente por mi honor. Versión del juramento hipocrático de la Convención de Ginebra de 1948. Este no es un debate nuevo.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para hablar del dictamen de la Comisión de Salud, por el que se pretende adicionar un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, a fin de que los profesionales de la salud puedan hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar o cooperar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia, con base en sus valores o principios religiosos.
En Nueva Alianza consideramos que la redacción que se propone pone en riesgo la atención médica de millones de personas. Nos corresponde, como partido liberal, manifestar nuestra postura en contra de una reforma, que de aprobarse repercutirá negativamente en la salud de las y los mexicanos.
El proyecto de decreto pretende incorporar una excepción a la ley, como lo es la objeción de conciencia, que es absolutamente subjetiva y personal, en una norma jurídica de carácter general.
Esto significa supeditar un derecho fundamental, que es de carácter objetivo, como es el derecho a la salud, a una percepción subjetiva y particular de un prestador de servicios.
Si bien el dictamen tiene la intención de establecer la objeción de conciencia como expresión del derecho a la libertad de conciencia, prevista en el artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también es importante señalar que dicho artículo establece restricciones al mismo, determinando que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades de los demás.
La objeción de conciencia no es absoluta, es una excepción y, por tanto, no puede ser protegida en cualquier circunstancia por la ley y mucho menos por las instituciones de salud, pues un uso indiscriminado y malentendido de la objeción de conciencia aleja a la medicina de sus objetivos.
De aprobarse esta propuesta se podría caer en negligencia médica, dado que no se cuenta con personal médico suficiente para suplir a los médicos objetores de conciencia. En eso no hemos pensado.
Esta adición no es viable en términos de operatividad, basta mencionar que la OMS señala que por cada mil habitantes debe de haber de dos a tres médicos, en México por cada dos mil habitantes solamente hay tres médicos, no cubrimos ni siquiera el mínimo requerido, nos falta más personal médico para la atención a la salud y la incorporación de este artículo solo reducirá el servicio a la salud.
En Nueva Alianza queremos ser enfáticos, somos un país laico y nuestras instituciones, así como los servicios públicos que brinda el Estado también son laicos, las leyes que nos rigen deben respetarse con independencia de las creencias religiosas de cada persona. La misma Secretaría de Salud emitió su opinión en contra de este dictamen.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo establece, en el segundo párrafo del artículo 1o., las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas por la ley. La misma ley lo establece.
De aprobarse el dictamen en sus términos, muchas actividades que se consideran de salubridad general van a ser sometidos a principios éticos. La salud de millones de personas está en juego, la falta de responsabilidad en temas como el que hoy nos está ocupando es inexcusable.
De aprobarse este dictamen estamos abriendo la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas, con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. El derecho a la salud está por encima de la objeción de conciencia. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz.
Y a continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Mariana Trejo Flores:Con la venia de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, dentro de los objetivos de la medicina están: preservar la salud, cuidarla y aliviar el dolor del paciente.
Morena asume la laicidad del Estado como un elemento fundamental para la convivencia, la democracia del ejercicio de todas las libertades. Desde esta perspectiva, en el presente dictamen se reconoce que en ninguna de las normas internacionales que México ha firmado y ratificado se encuentra establecido el derecho a la objeción de conciencia.
En la legislación y en los tratados internacionales se pone de manifiesto como un derecho de carácter intrínseco a la libertad de pensamiento. El Estado laico reconoce la libertad individual, la cual no puede vulnerar ni omitir el ejercicio de los derechos de los demás.
En la presente iniciativa se reconoce que en la Constitución Política no existe precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia, por el contrario, se ha considerado que las convicciones religiosas no pueden ser motivo para incumplir leyes.
Con lo cual se permite suponer que el presente dictamen no cumple con los requisitos esenciales para salvaguardar el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las otras poblaciones, que pueden ser objeto de discriminación con la redacción propuesta, ya que evidentemente servirá para negar el acceso al derecho a la salud y pondrá en riesgo la vida de todas las personas, colocando de esta forma al personal de salud bajo un clima de objeción de conciencia en el marco de la ley.
Por tanto, no puede existir objeción de conciencia institucional, en razón a que todos los entes forman parte del Sistema Nacional de Salud, y bajo esa premisa están obligados a cumplir la ley, así como a administrar, proveer en las intervenciones necesarias para que las normas lo permitan.
La modificación que se intenta incorporar es una propuesta que no amplía las libertades democráticas, por el contrario, va dirigida a limitar y contener el avance alcanzado en el marco de los derechos humanos y la salud.
El dictamen modificado señala que el personal de salud para hacer valer su derecho en la objeción de conciencia, lo cual la OMS incluye a todas las personas que lleven a cabo las tareas médicas tienen la finalidad, ante todo, de preservar y promover la salud.
En Morena consideramos que la negativa a acatar la ley, invocando motivos éticos o religiosos, debe conciliarse con los derechos humanos y el avance científico. En este sentido, debe resolverse la contradicción entre el derecho individual a la objeción de conciencia del personal médico y el derecho a la salud que la ley reconoce como ciudadanos.
Compañeros diputados, Morena respeta los derechos humanos, respeta el libre credo y la libertad religiosa, pero también respeta el derecho de los seres humanos a decidir sobre su propio cuerpo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada Mariana Trejo Flores. Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
El diputado David Gerson García Calderón:Un derecho no es lo que alguien nos debe dar, un derecho es lo que nadie nos debe quitar. Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de las diputadas y de los diputados. A la gente que nos está viendo, que nos está oyendo por los medios de comunicación los saludo con mucho gusto.
Acudo a esta soberanía para hablar del dictamen de la Comisión de Salud por el que se pretende incorporar el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, artículo que refiere que todo el personal médico, doctores, técnicos, radiólogos, especialistas, enfermeras, enfermeros podrán excusarse de participar en la prestación del servicio del sector salud. Es decir, que si no quieren brindar un servicio solo tendrán que hacer valer su uso del derecho a la objeción de conciencia.
Es un tema muy delicado, por eso en el Grupo Parlamentario del PRD creemos firmemente que uno de los activos más importantes con los que puede contar una sociedad es el imperio, es la fuerza de la ley. Por eso es importante cuidar que al momento, nosotros como legisladores, como legisladoras, de plasmar una ley, un reglamento o un conjunto de principios para la sociedad, esta debe garantizar la sana convivencia de la misma a fin de obtener una mejor calidad de vida.
Y el dictamen que hoy se pretende aprobar, bajo ninguna circunstancia puede generar una mejor calidad de vida para la sociedad, ni mucho menos para el sector salud. Nosotros como grupo parlamentario en la comisión, de primer momento acompañamos el dictamen, pero sufrió muchas modificaciones y asimismo obtuvo una opinión técnica de la Secretaría de Salud. Opinión técnica que al momento de dictaminar no consideró y que hoy en este pleno ante la opinión pública me gustaría comentar un poco de lo que dice esta opinión técnica.
Dice que, cabe destacar que si bien es cierto la ley protege el derecho a la libertad de conciencia que hoy en nuestro país ya está regulado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, la conciencia es muy subjetiva. Somos más de 115 millones de mexicanos y cada mexicano tiene una conciencia, cada mexicano o cada mexicana piensa en algo, no podemos regular cada pensamiento de las mexicanas y de los mexicanos.
Por eso a la comisión le preocupa que no se puede regular especialmente la misma, toda vez que se trata de un concepto subjetivo, que únicamente el profesional de la salud que lo ejerce lo puede entender, por lo que pretende extender su influencia más allá al aprobar este dictamen.
De ser un personal objetivo queda fuera de una decisión ética aceptable, pues el uso indiscriminado y mal entendido de la objeción de conciencia deja a la medicina de sus objetivos primordiales y los desvía de los factores que debe determinar toda atención médica la autonomía del paciente, el beneficio, el conocimiento científico y la justicia con que se debe abrir la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas, con la posibilidad de transformar si aprobamos este dictamen, la práctica de la medicina en una actividad idiosincrática sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria.
Por eso yo apelo a las diputadas que han luchado en los temas de las libertades. La CEDAW recomienda que el aprobar este tipo de leyes genera un retroceso a las libertades de las mujeres, genera un retroceso a las libertades de aquellas mujeres que han estado buscando, que han estado luchando para que tengan condiciones igualitarias con los hombres.
Aprobar un dictamen de esta naturaleza, aparte de que afectaría al sector salud, quiero comentarlo a las diputadas y a los diputados, que ya existe actualmente un comité de bioética que resuelve esos asuntos. Un comité de bioética que se encarga de revisar de manera particular estos asuntos.
El aprobar el día de hoy este dictamen traería un retroceso a la medicina. Quiero poner un ejemplo muy corto de los pasables sucesos tan lamentables en nuestro país de los sismos. Muchas gentes lesionadas, muchas gentes que quedaron bajo los escombros necesitaban transfusiones de sangre, necesitaban trasplantes de órganos. ¿Qué hubiese pasado si esta iniciativa la aprobamos? El médico objetor pudiera decir por un tema ideológico: No te hago una transfusión de sangre porque va en contra de mi creencia. Eso es lo que estaríamos permitiendo.
El PRD no acompañará este dictamen porque en el PRD creemos en los gobiernos liberales, en los gobiernos democráticos, en los gobiernos donde los hombres y las mujeres tienen derecho a tomar sus decisiones y el gobierno respetará su decisión.
Por eso no acompañaremos este dictamen que vuelvo a reiterar: es un dictamen subjetivo y que además nuestra ley ya lo contempla. Muchísimas gracias.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias al diputado Gerson García Calderón. Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputado presidente. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país en lo que topa a nuestro marco normativo, es que vivimos bajo un régimen notoriamente prohibicionista y restrictivo de las libertades individuales. Libertades que tienen que ver con el pensamiento, con la creencia, con las preferencias individuales.
Es cierto, un derecho no es una graciosa concesión que nos puede dar el Estado. Un derecho es algo que ya tenemos de fábrica y que nadie nos lo puede quitar, y más aún si ese derecho está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso del derecho a la objeción de conciencia claramente establecido en el artículo 24 constitucional.
Por eso llama la atención que partidos que se dicen liberales quieran coartar una libertad personal básica, inalienable, que es la libertad a decidir de acuerdo a algo muy sencillo, a lo que se nos pegue la gana, a lo que nosotros queramos, cualquiera que sea el origen y la razón de este pensamiento.
Por aquí he escuchado situaciones que nos llevan a una realidad apocalíptica de cómo esto se va a desvirtuar, de cómo vamos a meter a la religión en el sistema de salud. Eso es completamente falso.
Fíjense que uno de los transitorios del dictamen dice clara y perfectamente, que será la autoridad la encargada de llevar a cabo la homologación en materia de normatividad administrativa para poder acotar estos excesos que se han dado.
No hay ningún tipo de riesgo. Les voy a decir por qué. El claro ejemplo lo tenemos en la Ciudad de México donde a partir del año 2009 cohabitan dos derechos que son los que nos traen a esta tribuna el día de hoy: por un lado el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, el cual ya está establecido en el derecho positivo en la Ciudad de México desde el año 2007, y por otro lado la objeción de conciencia.
Compañeras y compañeros, no ha colapsado el sistema de salud en la Ciudad de México. No tenemos ningún tipo de problema con la objeción de conciencia en la Ciudad de México. No quieran venir a vender una situación apocalíptica, crítica, que nos va a llevar —por supuesto— al alarmismo. Esto tendrá que ser regulado a través de normas oficiales, de normas administrativas por parte de la autoridad correspondiente.
De verdad que llama muchísimo la atención que partidos que se dicen defensores a ultranza de los derechos humanos, no sepan que esto se trata de un derecho subjetivo a resistirnos al imperio de la autoridad, consagrado —incluso— en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo dice perfectamente el derecho a la opresión del Estado, el derecho a la desobediencia civil, y la objeción de conciencia es un concepto que no solamente se constriñe a temas que tengan que ver con el sector salud.
Hay derecho de objeción de conciencia para el servicio militar, derecho también de objeción de conciencia inclusive para temas tributarios, y en algunos países este concepto se utiliza para el derecho al voto, porque tiene que ver con una libertad individual, personal. Si esta emana de un asunto religioso, ético, moral, es un asunto que a nosotros no nos importa, porque todos podemos hacer lo que queramos en un marco de la ley, siempre y cuando no perjudiquemos a otra persona, y no atentemos contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad de otro ciudadano mexicano.
Por eso Acción Nacional está a favor, porque nunca estaremos empujando alguna propuesta que coarte algún derecho individual, alguna libertad de una persona, jamás lo haremos, jamás.
Lamento que otros partidos políticos quieran un Estado controlador, quieran un Estado que a través de gritos quieran controlar la vida de las personas. Nosotros vamos por un Estado de derecho, nosotros vamos por el pleno ejercicio de las libertades individuales, incluyendo la objeción de conciencia, el derecho a pensar, compañeras y compañeros, nadie nos lo puede quitar. No es un derecho que tengamos que pedirle al Estado porque ya lo tenemos de fábrica y no tenemos que rogárselo a nadie. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, hablará en representación del Partido Revolucionario Institucional. Les recuerdo a los señores diputados que al concluir la intervención del diputado Noble Monterrubio, termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio:Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: La profesión médica, desde siempre, se ha ejercido siguiendo primero normas jurídicas, y luego códigos éticos y principios morales que han estado presentes a lo largo de la historia de toda la humanidad en todos los lugares del mundo.
Prueba de ello son el juramento de Hipócrates, quien naciera en el año 430 antes de Cristo, o bien, la solemne oración de Maimónides, quien naciera en 1135 en Córdoba, España. Ambos juramentos representan una solemne promesa de respeto hacia otros médicos, un compromiso a favor del beneficio y cuidado del paciente, y la promesa de mantener confidencialidad de la práctica médica.
La enseñanza de las artes médicas también forma parte de este juramento, y la obligación de prestar cuidado y preservar la vida de los hombres y mujeres por igual, sin importar su condición social, trátese a lo largo de la historia de hombres libres o de esclavos.
La Declaración de Ginebra, de la Asociación Médica Mundial, es una afirmación moderna de los valores hipocráticos, es una promesa en la cual todos los médicos adoptan como consideración primaria la salud de sus enfermos y juran dedicar su profesión al servicio de la humanidad con conciencia y con dignidad.
La profesión médica siempre ha observado códigos de ética que rigen la actuación del médico hacia mantener el más alto nivel de conducta profesional. Y la deontología médica se ocupa de los deberes de los médicos hacia sus pacientes, hacia sus colegas y hacia la sociedad en conjunto.
Nuestros profesionales de la salud, a quienes conozco, respeto y admiro, destinan su vida a cuidar a las de otros; como seres humanos, tienen creencias y códigos éticos que rigen su actuar cotidiano, como todos lo tenemos. En ese sentido, durante el ejercicio de su profesión de enfrentan al dilema que por un lado les impone la norma jurídica de cumplir con una obligación y, por el otro, el deber ser que les dicta sus principios morales, éticos, de convicciones.
Entiendo las posturas ideológicas que se representan en esta Cámara. Pero les invito a que no engañemos, a que no les mintamos aquí a los propios colegas diputados, al público que nos ve, que nos sigue en los medios electrónicos. El debate debe ser sin falacias, con realidades y conociendo o reconociendo lo que México y el mundo es hoy y lo que se está proyectando. De aquí la importancia de fortalecer los derechos humanos al armonizar, al armonizar la libertad de conciencia, pensamiento y religión, con el derecho a la salud.
Los profesionales de la salud brindan un servicio elemental para las familias mexicanas. Por ello, en el gobierno del presidente Peña se han mejorado sus condiciones, por ejemplo, se facilita la labor de ellos utilizando recursos tecnológicos con programas como el IMSS Digital o la Receta Resurtible.
También nos acaban de dar cuenta en el Informe que se han invertido más de 39 mil millones de pesos para modernizar y construir infraestructura en salud. En el actual gobierno federal el acceso a la salud ha dejado de ser un privilegio de pocos, para convertirse en un derecho de todos. Así lo refleja las cifras.
Hay casi 2 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular, más que en 2012. Entre 2012 y 2015 se logró reducir la carencia por acceso a los servicios de salud, en 4.8 millones de personas. Por primera vez en la historia se han inscrito 6.6 millones de estudiantes al IMSS.
De nuestra parte, en esta Cámara de Diputados aprobamos garantizar que, en la prestación del servicio social de los pasantes de medicina, se respeten los ciclos de descanso, que se salvaguarde la integridad física y mental de los practicantes. Sabedores, somos sabedores de la pluralidad ideológica que caracteriza a la sociedad mexicana, estamos convencidos que asegurar la salud y la libertad no es una medida excluyente, sino por el contrario, es una acción más en favor de la inclusión y el respeto.
Hemos legislado en diversas materias de diversidades, por eso que hoy aquí en este entorno de respeto a todas las diversidades, es necesario dar reconocimiento jurídico a la denominada objeción de conciencia, en el bien entendido de que no se pondrá en riesgo la vida ni la salud de los pacientes.
En el Grupo Parlamentario del PRI, como en todos los demás en la Comisión de Salud, hemos estudiado esta iniciativa por casi un año o más. Hemos opinado y hemos debatido en la propia comisión y ahora lo estamos haciendo aquí también en el pleno. Dejo constancia de la sensibilidad de mis amigas y amigos diputados de bancada, de otras bancadas y también la sensibilidad del coordinador César Camacho Quiroz.
Nuestro grupo votará a favor del presente dictamen que tiene como finalidad establecer que el personal médico y de enfermería que forma parte del sistema nacional de salud, pueda hacer valer su derecho de objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios, siempre que no se ponga en riesgo una vida o se trate de una emergencia médica. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Ha concluido la lista de oradores en posicionamiento y vamos a pasar a la discusión en lo general. Para esta discusión se han registrado en contra, los diputados Cecilia Soto y Candelaria Ochoa, y en pro la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis y Norma Edith Martínez Guzmán.
Una vez concluidas las exposiciones de estos diputados se preguntará a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra para hablar en pro, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, me permito plantear mi posicionamiento a favor, en pro de la modificación a la Ley General de Salud, en el artículo 10 Bis.
Hablo como enfermera, hablo con la sensibilidad de haber vivido en algunas ocasiones la disyuntiva en que personal de salud, médicos y enfermeras, se encontraban para realizar ciertos procedimientos y, sin embargo, nunca pusieron en riesgo la integridad de los pacientes a su cargo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en el artículo 12, que los seres humanos tienen libertad de conciencia, de religión, de creencias, en forma individual o colectiva.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 24, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicción, ética, de conciencia y de religión y a tener o adoptar la que le convenga de acuerdo a su agrado.
Vengo en pro de 343 mil médicos y de 302 mil enfermeras, personal que día a día tiene el cuidado de los pacientes en sus manos y que jamás ningún médico ni ninguna enfermera han faltado a su trabajo ético, poniendo en riesgo la condición de los pacientes a su cargo.
Sin embargo, también ellos tienen derechos humanos, también ellos tienen derecho a decir no quiero realizar tal procedimiento, porque va en contra de mi creencia, y que ese derecho queda salvaguardado en esta iniciativa, porque debe existir personal que quiera y que no tenga objeción de conciencia.
Rechazo a aquellos que equiparan que únicamente está relacionado con coartar el derecho ganado de la libertad de decidir sobre tu cuerpo. Los derechos son para todos, no existen derechos que nada más sean para quienes tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y que quienes tienen derecho a objetar de acuerdo a su conciencia no lo puedan hacer, porque les hemos negado esa facultad.
En esta modificación se establece que no se pondrá en riesgo la integridad ni la salud de los pacientes, por qué le queremos coartar el derecho a esos médicos y a esas enfermeras que también debemos proteger, que también nosotros estamos obligados a salvaguardar su derecho a objetar conscientemente el querer realizar o no una actividad dentro de su profesión. Gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González. Al concluir la diputada Soto, voy a retomar el debate en términos del Reglamento, en contra y en pro, error que acuso en esta primera ronda. Adelante, diputada. Primero en contra y luego en pro, pero esta Presidencia metió la pata.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los colegas y al público que nos acompaña por el Canal del Congreso y otros medios.
En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que hizo la Comisión de Salud para acercar la adenda a una serie de puntos de vista mejor comprendidos y mejor aceptados por un mayor número de diputados, que transformó una iniciativa realmente muy negativa, como fue la que se presentó originalmente, a una mejor iniciativa, que lastima menos al sistema de salud en México.
Y quiero empezar planteando, respondiendo a un planteamiento que acaba de hacer la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, planteando que se quiere coartar el derecho, que no es un derecho, es una prerrogativa derivada de la libertad de conciencia a la objeción de conciencia. De ninguna manera se quiere coartar.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay un solo caso de personal de salud, médicos y enfermeras que hayan acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir protección porque se les ha negado el derecho a la objeción de conciencia.
No hay un solo caso en la Comisión de Arbitraje Médico. Hay, sin embargo, 795 casos de pacientes, testigos de Jehová, que consideran que se ha violado su derecho a que no los trasfundan. Y 50 médicos anestesiólogos que han planteado que no van a participar brindando anestesia, porque consideran que dado que el paciente se niega a ser trasfundido ellos pueden ser demandados porque corre peligro de muerte el paciente.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, en pocas palabras? No hay un problema, esta ley no atiende a un problema, no hay decenas de miles ni cientos ni cinco personas que hayan acudido a la Comisión de Derechos Humanos diciendo: no se me respeta el derecho a la objeción de conciencia.
Y quiero también plantear que sí hubo épocas en donde se puso en peligro la salud mental de jovencitas de 13, 12 y 11 años, a las que se les negó el derecho a la interrupción de embarazo en caso de violación.
Se negó, incluso, una objeción de conciencia institucional de un hospital en Baja California, que impidió que una chiquita víctima de violación y embarazada pudiera acudir a su derecho.
Entonces, no hay un problema que resolver y en cambio se abre la puerta a un problema muy importante. Especialmente en las clínicas rurales donde hay poco personal médico, la Secretaría de Salud no puede tener personal no objetor de conciencia.
Quiero además plantear que el tema no es un tema solamente de salud reproductiva de las mujeres, es un tema muy amplio, es un tema que atiende al problema de la transfusión sanguínea, al trasplante de órganos, a la investigación con células madre, además del problema de todos los temas de salud reproductiva. Me están diciendo tiempo.
Entonces, el argumento es muy sencillo, no hay un problema porque este es un derecho tutelado, como lo muestran, lo demuestran las estadísticas y al mismo tiempo se crea un problema. Se crea un problema para la Secretaría de Salud en materia de presupuesto y se dan armas...
Presidencia de la diputada Martha Hilda González CalderónLa presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: ...y se dan armas, aun así se dan armas a una serie de personas que pueden tener objeciones de conciencia realmente que no tienen que ver con la salud de los pacientes. Es, además, una manera en que se abre la puerta a que criterios religiosos que...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: ...norman la política de salud pública en un país laico. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Cecilia Soto González. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que tiene su posición en contra del dictamen.
La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿En qué sentido, diputada Aragón? Sonido en la curul, por favor, de la diputada Hortensia Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): El presidente aceptó que se había equivocado en el procedimiento para el debate, corregirlo a la mitad del debate es impropio porque mete dos en contra seguidos y ya no hay manera de compensar. Creo que si él se equivocó al momento de nombrar al primer orador a favor, debiera concluirse el debate en el sentido que va para lograr la alternancia de los argumentos.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, tenía entendido que había inscrito a algún orador más, pero no habiéndolo tiene razón la diputada Aragón, estaríamos alterando un debate que ya había iniciado equívocamente por responsabilidad de la Presidencia. Así es que regresaremos al debate en pro con la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Recuerdo a la asamblea que son hasta tres oradores a favor y tres oradores en contra. La diputada Norma Edith está inscrita como oradora en pro. No hay limitación para que puedan hablar o no, señores diputados.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Esta es una innovación al Reglamento, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Cuál? A ver, si es tan amable. Me está solicitando la palabra el diputado Zambrano, ¿cuál es la innovación? Los diputados pueden hacer uso de la palabra cuantas veces tengan la posibilidad de acuerdo al Reglamento, y un grupo puede decidir quién posiciona por el grupo y ese orador decidir que quiere posicionar a favor o en contra. Ese es el Reglamento. Adelante, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un segundito, nada más. Creo que este es un debate por demás interesante y por demás importante, vale la pena que escuchemos todos los puntos de vista, que lo hagamos con absoluto respeto. Gracias, diputada. Adelante.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Gracias, diputado. La objeción de conciencia es en el tema de salud no solamente una urgencia del progreso de los países, sino además una urgencia de progreso en materia de derechos humanos y lo hemos visto porque está presente de manera explícita en una gran cantidad de países como podría ser Colombia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Chile, Guatemala, El Salvador, Uruguay de manera muy particular, que por cierto es el país más ateo del continente americano y sin embargo lo tiene regulado explícitamente en su Constitución.
Yo quisiera decir de entrada, que la objeción de conciencia es un derecho humano que ejercemos justamente los legisladores en esta Cámara. Es increíble que quienes representamos a la ciudadanía, hoy queramos coartar el derecho humano a la objeción de conciencia a un sector de la población que además es fundamental, que tiene una nobleza extraordinaria, que muestra con toda claridad en momentos de dificultad su entrega absoluta al servicio de la ciudadanía, hablo de médicos y de enfermeras, enfermeros, gente que ha trabajado con todo su corazón a favor de la humanidad.
Y hoy esta legislatura, no toda, la mayoría, sí sabe del valor de la objeción de conciencia y sí sabe del derecho humano que tienen los profesionales de la salud. Pero unos cuantos, los que de manera incongruente dicen llamarse promotores de las libertades, quieren coartar a quienes ejercen una profesión tan noble en nuestro país.
Diputada Karina, en particular me preocupas profundamente. No sé cuándo ejerciste tu derecho a la objeción de conciencia, en la Comisión de Salud cuando votaste a favor de este dictamen, fue en tribuna cuando hablas en contra. Lo cierto es que tienes derecho también a cambiar de opinión y a votar con libertad a favor o en contra, como todo legislador y como todo ciudadano. Aquí está, aquí está la votación unánime de los legisladores de la comisión.
Morena en su posicionamiento...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Sí.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente. Si me permite una pregunta la diputada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Soto entiendo quiere hacerle una pregunta si usted la acepta.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Yo creo que estamos en medio de un posicionamiento y le pediría que me permita continuar.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No la acepta, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: No la acepto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Adelante. Continúe la oradora.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Bien. En este posicionamiento, Morena muestra un claro desconocimiento del tema de derechos humanos cuando confunde el derecho humano a la libertad religiosa con el derecho humano a la objeción de conciencia. Son dos derechos humanos fundamentales que lejos de pelearse a uno de ellos, se deben de garantizar en nuestro país, tal y como lo marca nuestra Constitución.
Cecilia Soto habla de la objeción de conciencia, imaginen el desconocimiento del tema como una prerrogativa —esa fue la palabra que utilizó— cuando es un derecho humano plenamente establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 y también en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
No es una prerrogativa, señora diputada, es un derecho humano fundamental el derecho humano a la objeción de conciencia. Quiero decirle al diputado Gerson también cuando nos dice en su posicionamiento que no conoce el contenido de la iniciativa.
Por último, quiero decirles a esos legisladores que están acostumbrados a mentir a la ciudadanía y a espantar a la ciudadanía cuando plantean una serie de fantasmas y monstruos y se atreven a decir que no se va a proporcionar el derecho humano a la salud, Jalisco y Ciudad de México, a 13 años de la aprobación de la objeción de conciencia, nos demuestran que eso es una mentira.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: México es un país de libertades, y aquí en la Cámara de Diputados venimos a garantizarlo. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. No voy a aceptar rectificaciones de hechos porque no hay hechos a rectificar. Voy a aceptar las alusiones desde su lugar hasta por un minuto. Han sido aludidos tres diputados y dos me están pidiendo el uso de la palabra, se las voy a conceder en el orden en que fueron aludidos. Diputada Karina, si es tan amable desde su lugar por un minuto para responder a alusiones.
La diputada Karina Sánchez Ruiz(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Yo creo que estamos en un recinto legislativo en donde convergemos diferentes puntos de vista. Todos deben de ser respetados. Yo no estoy obligada a opinar y a pensar como lo hace la diputada que me aludió.
Sin embargo, en razón a que ella hace un argumento sobre mi firma, es conveniente hacer notar a este pleno que precisamente hubo cambio de firmas en esa asamblea, en esa sesión que se hizo en la Comisión de Salud y que inclusive motivó el cambio de la secretaria técnica de la Comisión de Salud, porque cuando estábamos votando los dictámenes nos pasaban los documentos y nos sacaban las firmas a todas las y los diputados.
Como precedente, ante este hecho que se suscitó y cuando me percaté del cambio de mis firmas, no solamente de ese dictamen, de otros dictámenes más, se acordó en el pleno de la Comisión de Salud, a la cual no pertenece la diputada, que como regla es que no se nos iban a pasar ningún dictamen ni ningún documento a firmar hasta en tanto terminara la sesión. Es una aclaración que creo que el público lo merece. Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, diputada. La diputada Soto, hasta por un minuto, desde su curul.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Quiero leer aquí el artículo 18 de la Carta Universal de Derechos Humanos donde la diputada Edith —la nombro— plantea que se incluye el derecho a la objeción de conciencia, que no es un derecho, es una prerrogativa que se deriva del derecho a la libertad de conciencia.
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia o así como la libertad de manifestar su religión o su creencia... —Ah chi... espéreme, es que me llegó una— individual, su creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Entonces no hay tal alusión explícita en la Carta Universal de Derechos Humanos.
Por otra parte, quisiera pedirle a la Secretaría de la Mesa Directiva, lea por favor aquellos artículos de la Constitución o de la Ley de Salud, en donde se coarte el derecho a, donde se coarte el ejercicio de la objeción de conciencia. La diputada...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): No, la diputada planteó que se coartaba, que queríamos coartar, que tal, si no hay esta reforma a la ley, se coarta el derecho a la objeción de conciencia. Le pido por favor a la Secretaría que lea aquellas leyes en donde se coarta ese derecho. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tendría usted que mencionarnos el artículo específico porque además estamos en alusiones personales. Gracias, diputada. Antes de darle la palabra al diputado Gerson, que fue aludido durante la discusión, me está pidiendo la palabra la diputada Nahle. Adelante, diputada ¿con qué objeto?
La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Por alusión al partido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada...
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Así como nosotros respetamos otras opiniones, respetamos nuestros derechos humanos y respetamos a ser atendidos. Hablamos por millones de mujeres, por millones de niños, por millones de hombres que no pueden ser atendidos ahora porque va a haber una objeción de conciencia.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): ¿Cuál avance de la ciencia?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): No, permítame, por favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No. Es que no existen las rectificaciones, las alusiones para partido.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, claro que sí. Nombró a Morena. Y por ello estamos haciendo una postura. Hay un retroceso en el país, en la ciencia, en la tecnología, por moral.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El Reglamento es muy claro. Existen las alusiones personales. No hay alusiones de partido. Concluya diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Para eso estamos aquí. Representamos a millones de mujeres, a millones de niños, a millones de personas en este país, de enfermos, que hoy gracias al PES, no van a tener atención médica.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada, pero quiero ser enfático. El Reglamento no prevé en ninguno de sus artículos que regulan las discusiones, las alusiones a partidos, estas se dan entre los posicionamientos. Tiene la palabra el diputado Gerson, quien fue aludido por su vocativo, por su nominativo y directamente por la oradora. Tiene la palabra el diputado Gerson, hasta por un minuto, desde su curul.
El diputado David Gerson García Calderón(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero dirigirme con mucho respeto a la diputada Norma Edith, ella refiere en sus comentarios hacia mi persona, que conozco el dictamen.
Recordarle un poquito que tras banderas tocamos este tema, y en muchas ocasiones le plantee el por qué no deberíamos avanzar con esta iniciativa. Pero hoy, hoy la quiero ilustrar un poco.
Ya en nuestra Constitución Política, en su artículo 24, ya se contempla la libertad de conciencia. Ahora ella dice: vámonos a la objeción de conciencia para el sector salud.
El 14 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación salió publicado un decreto donde se adiciona el artículo 41 Bis y el 98 a la Ley General de Salud, en donde permite tocar estos temas generando un comité de bioética de profesionales de la salud, de técnicos, de especialistas, donde revisan estos temas. Es decir, que actualmente ya está regulado este tema en la Ley General de Salud y también en nuestra Constitución Política, nuestra máxima ley. Solo para ilustrarla un poco, y que conozca un poco —la diputada— de estas leyes. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Candelaria Ochoa, en contra del dictamen. Al concluir la diputada Ochoa, se preguntará a la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Diputadas y diputados, constitucionalmente el Estado mexicano es un Estado laico. Aquí no ejercemos objeción de conciencia en esta tribuna. Quien viene a decir eso está mintiendo. Aquí ejercemos la libertad del Estado laico. Quien quiera creer en una religión o en otra es respetado en su individualidad.
Las y los servidores públicos tienen, con base en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligación de actuar y ejercer sus actividades en función de ello. Y un principio es la laicidad.
La libertad de conciencia está tutelada en la Constitución, en los artículos 5o., 6o. y 24. El artículo 24 constitucional garantiza a toda persona el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es procurar el más alto nivel posible de salud en la población.
La libertad de conciencia pertenece al ámbito privado, por lo que los prestadores de servicios de salud pueden ejercer su objeción como una acción administrativa, siempre y cuando no perjudiquen los derechos de terceros. Pero la objeción de conciencia, al ser un acto llevado a cabo por un servidor público y como representante del Estado, en lugar de ampliar sus libertades las restringe y limita las libertades y derechos de los y las usuarias de los servicios médicos, puede incluso por esa objeción poner en riesgo la vida de las personas.
Hoy deberíamos estar preocupados por gastar en la reconstrucción, por reconstituir la vida cotidiana de las y los afectados por los sismos, los huracanes, por la violencia que azota a este país, por las condiciones extremas de pobreza. Hoy eso deberíamos estar haciendo, deberían ser nuestras prioridades. Deberíamos estar honrando la función de esta Cámara. Eso deberíamos estar preguntándonos cada una y cada uno de nosotros.
En tiempos como los que vivimos, en los que hace evidente la necesidad de varios sectores de la población por recibir atención directa del Estado, como es la salud, es ocioso discutir o si quiera plantear argumentos para que el Estado deje o abandone sus funciones de protección a la salud, que son además atender de manera expedita y oportuna.
El derecho a una vida decente debe ser una prioridad para todas y para todos aquellos que tenemos esa responsabilidad. No vengamos a esta tribuna a confundir con discursos que violentan la libertad y los derechos consagrados en la Constitución.
En la fracción ciudadana tenemos el derecho a votar en conciencia, y yo no los represento a todos, pero a las que represento y a los que represento votaremos en contra, porque estamos a favor de todas las vidas, de la libertad y de la justicia. Salud sin objeción.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha solicitado el uso de la palabra y en los términos del Reglamento para completar los tres oradores en pro, tiene la palabra el diputado Santiago Torreblanca Engell, en pro.
El diputado Santiago Torreblanca Engell:Muchas gracias, presidente. Creo que aquí estamos frente a una falsa discusión, porque yo estoy seguro de que todos los diputados que integramos esta Cámara creemos en lo mismo, en la libertad de cada una de las personas en beneficio de todos los demás.
Miren, el tema de objeción de conciencia no se circunscribe únicamente al tema de la salud, que es el tema que en lo particular estamos analizando. Cuando fue la guerra de Vietnam, Mohamed Ali, el gran boxeador, se negó a ir a pelear porque él en lo personal —puede ser que por motivos religiosos, que eso saldría sobrando— se encontraba en contra de la guerra.
Existen religiones en México que consideran que rendir honores a la bandera es un acto de idolatría. El debate es: ¿el Estado debe meterse en la mente y el corazón de esas personas, sin importar si es una convicción racional, ética, religiosa o incluso una superstición, o no? Es un tema de total libertad.
Miren. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como ya se ha dicho, reconoció en el artículo 18 la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, como es el caso, el culto y la observancia.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 12, que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar o divulgar su religión o sus creencias.
En este caso, ¿qué más nos importa que un médico del sector público decida no llevar a cabo un procedimiento que va en contra de sus principios, por motivos religiosos o no, si la persona, el paciente, tiene garantizado su derecho a la salud? Sería absurdo pensar que una clínica únicamente va a tener un médico dispuesto a realizar el procedimiento. Pero inclusive, si ese fuera el debate, trae un propio candado la propuesta, claramente dice que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse esta objeción.
Creo en las libertades, creo en los límites del Estado, creo que la persona humana está por encima del Estado. Por eso mi voto y el voto de Acción Nacional va a ir a favor y espero poderlos convencer a todos y cada uno de ustedes de votar de la siguiente manera: Por las libertades de la persona, un voto a favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Santiago Torreblanca Engell. Tiene la palabra, para completar tres oradores en contra, la diputada Hortensia Aragón Castillo.
Al término de la diputada Hortensia Aragón Castillo, la Presidencia preguntará sin lugar a dudas si está suficientemente discutido. Es decir que, si se inscribieran más oradores, primero preguntaríamos si está suficientemente discutido.
La diputada Hortensia Aragón Castillo:No se preocupe, presidente, hay muy pocos oradores y oradoras en favor de esa iniciativa. Se han tenido que repetir incluso la misma.
Aquí no se discute de fondo las cosas, se le da la vuelta, porque los argumentos han sido claros: está establecido ya en la Constitución, la Secretaría de Salud ha hecho todo lo posible para normarlo, y lo que se viene a traer aquí con argumentos de índole totalmente religiosa, que también la Constitución protege.
Me parece que cuando se toca el fondo de derechos humanos, lo que nosotros interpretamos como derechos humanos son todos aquellos que a mi conveniencia pueden ser aplicados y me olvido de los derechos humanos de los otros. Los otros existirán entonces en función de mis propios derechos, en función de mi propia creencia religiosa, en función de lo que a mí me dé la gana, incluso con lo que la ley establece.
Cuando nos paramos aquí a protestar como diputados y diputadas, lo primero que planteamos es cumplir y hacer cumplir la ley, y la ley establece los derechos de todos. En el caso de las menores de edad, a poder interrumpir el embarazo de manera asistida, porque ese es su derecho. Puede alguien no estar de acuerdo, pero no es libertad de conciencia lo que se está juzgando, es objeción de conciencia.
En principio esta iniciativa ni siquiera debió de haber subido a discutirse, porque de aquí se han retirado en comisiones todas las iniciativas que tienen impacto presupuestal, y esta iniciativa tiene un gran impacto presupuestal, dado que frente a un objetor de conciencia la Secretaría de Salud tendrá que poner un no objetor de conciencia para poder salvaguardar el derecho de los afectados, y en este caso de las afectadas, como se ha planteado.
Teniendo impacto presupuestal debió de haberse consultado a la Secretaría de Salud, para ver si en las zonas rurales tiene capacidad para poder asignar médicos, enfermeras no objetoras de conciencia.
Con esto, para mí queda claro que lo que se está vulnerando es el derecho que tienen en el caso particular, que no es solo ese, de la interrupción legal del embarazo, pero no es solo ese, sino en todos los casos frente a todos los objetores de conciencia, que la Secretaría de Salud nos diga si va a tener en todos los casos no objetores de conciencia, y con eso para mí queda claro que sí se pone en riesgo la vida y la salud de muchos y muchas en este país.
Por otro lado, yo no discuto con argumentos de otra naturaleza que tengan que ver con quienes piensan que matrimonio igualitario es matrimonio, personas con delfines y cosas por ahí, hay que ser serios en el debate y decir con propiedad que aquí lo que se está tratando de hacer es vulnerar el Estado laico y para eso también, también la mentira es pecado, diputados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido en lo general. Se han presentado ante esta Secretaría, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, dos reservas para su discusión en lo particular, el artículo 10 Bis, párrafo segundo, del dictamen modificado, presentado por la diputada Cecilia Soto González del PRD, pero viene suscrita además por diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano.
Y el segundo transitorio del dictamen modificado, que viene suscrito exclusivamente por la diputada Cecilia Soto González, del PRD.
Por lo tanto, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
Diputado Alejandro Ojeda, ¿el sentido de su voto?
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): En contra.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En contra. ¿Falta algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 313 votos a favor, 26 abstenciones y 105 votos en contra, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, queda aprobado el dictamen en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por 313 votos.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos la diputada Cecilia Soto González, para presentar reserva al artículo 10 Bis, párrafo segundo del dictamen modificado.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Muchas gracias, presidente. Debo plantear que esta reserva está firmada también por los partidos integrantes del Frente Ciudadano por México, por el Partido Acción Nacional y por Movimiento Ciudadano.
Esta reserva lo que plantea es una herramienta muy importante para proteger al personal médico y de enfermería de la Secretaría de Salud. Dice en el segundo párrafo: “Cuando se obra en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia” —hasta ahí está aprobado en el dictamen que se acaba de votar—. En caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.
Esto es muy importante. Esto se quitó y la Secretaría de Salud, muchos profesionales médicos se sentirían más defendidos si se incluye en caso de que haya una negativa pertinaz, no haya personal no objetor de conciencia, se incurre en un delito, que esto sea causal de responsabilidad profesional.
Quiero volver a plantearles el ejemplo que di en mi intervención anterior. En la Comisión de Arbitraje Médico hay el caso de 49 o 50 anestesiólogos que se negaron a participar en procesos quirúrgicos porque los pacientes siendo Testigos de Jehová no permitían transfusión sanguínea. Y en este caso si había muerte del paciente podría el profesional de la salud, el anestesiólogo, ser acusado de homicidio involuntario.
En ese sentido a mí me parece una reserva muy pertinente que incluso estaba presente en el dictamen original que aprobó la Comisión de Salud en febrero de 2016. Vuelvo a repetirlo, en caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.
Me parece muy importante que lo aprobemos precisamente para dar una herramienta más a los profesionales de la Secretaría de Salud a que se puedan defender en caso de que haya una situación en donde personal objetor de conciencia se niegue a hacer un procedimiento en la situación que plantee, cuando hay peligro de vida de muerte del paciente. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Cecilia Soto. Le suplico no se aleje mucho. Pregunte usted a la asamblea si se admite a discusión la reserva.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión la reserva. Y no habiendo oradores inscritos para esta discusión, pregunte usted si es de admitirse la reserva.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de admitirse la reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda incorporada al dictamen entonces la reserva presentada. Tiene nuevamente la palabra la diputada Cecilia Soto González. Una manifestación muy clara de que los oradores pueden ser el mismo para presentar muchas reservas o distintas expresiones en la Cámara. La diputada Cecilia Soto tiene una propuesta de modificación al segundo transitorio del dictamen modificado.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Muchas gracias a todos los diputados del pleno, los que votaron a favor realmente lo agradezco mucho. Es una experiencia inolvidable que se admita una reserva.
Diputado presidente, el cambio que quiero hacer es un cambio conceptual. Viene en el segundo transitorio que plantea en la redacción original dice: La Secretaría tendrá un plazo de tantos días para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en los casos que establezca la ley. Quiero además aclarar que —tengo entendido— viene acompañada Movimiento Ciudadano en esto.
Nosotros planteamos que, en armonía con el texto original, se plantee para el ejercicio de estas prerrogativas en los casos que establece la ley, dado que es un ejercicio que se deriva de un derecho —que es el derecho a la libertad de conciencia—, pero que en sí no es un derecho universal. Muchísimas gracias.
Vuelvo a repetir, la Secretaría tendrá un plazo de tantos días para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de estas prerrogativas en los casos que establezca la ley, porque en el texto del cuerpo original que se acaba de aprobar no viene la definición como un derecho. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Soto. Consulte la Secretaría si se admite a discusión la reserva presentada.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda desechada la propuesta
Y por lo tanto hágase, señora secretaria, la declaratoria de apertura del sistema de votación para las propuestas que fueron admitidas y que estaban excluidas del dictamen en la votación en lo general.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo que fue modificado y aceptado con las modificaciones aceptadas por la asamblea en el caso correspondiente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y del artículo segundo transitorio del dictamen en sus términos.
(Votación)
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: De viva voz.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): En contra.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante secretaria, puede cerrar el sistema.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Félix.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 367 votos a favor, 28 abstenciones y 34 votos en contra.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, quedan aprobados los artículos 10 Bis, párrafo segundo, del dictamen modificado, con la modificación aceptada, y el segundo transitorio del dictamen modificado, en términos del dictamen.
Y, por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Ahora pasaremos a la siguiente discusión prevista en el orden del día, que es la que corresponde al dictamen de la Comisión de Comunicaciones con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Comunicaciones con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra hasta por cinco minutos para fundamentar este dictamen el presidente de la Comisión de Comunicaciones, orgullo de Chicoloapan, don Andrés Aguirre Romero. —Para que lo pongas en tu informe.
El diputado Andrés Aguirre Romero:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. Con el permiso del señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Andrés Aguirre Romero: A las y los ciudadanos que nos observan por el Canal del Congreso. El dictamen mediante el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismo que fue consensado y votado por unanimidad en la comisión, que los servicios valgan lo que cuesta.
Durante los primeros años del siglo XXI, el reto de las telecomunicaciones radicó en ampliar su cobertura. Resuelto lo anterior, gracias a la reforma de telecomunicaciones, el desafío que se presenta actualmente yace en mejorar su calidad para que los mexicanos paguen lo que verdaderamente consumen. Más competencia, mejor servicio.
Conscientes de que la competencia se genera con esta mayor calidad, comprometidos con la defensa y protección de los consumidores como una constante y propósito fundamental, el Poder Legislativo aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones, que permitió: crear dos nuevas cadenas de televisión digital abierta, desaparecer los cobros por el servicio telefónico de larga distancia, contar con acceso a audio y video de mayor calidad por medio de televisión digital terrestre, asegurar la conectividad en sitios públicos y brindar más derechos a los usuarios, entre ellos consultar el saldo de prepago sin costo y permitir la portabilidad numérica.
Por otro lado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma en materia de competencia económica para que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad y a mejores precios, así como una mejor protección de sus derechos.
Recientemente los diputados de esta LXIII Legislatura reformamos la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que la Profeco compruebe la veracidad de la información o publicidad de bienes y servicios, y sancione a las empresas que induzcan o puedan inducir a error y confusión a través de publicidades engañosas o abusivas. Si bien los logros en materia son abundantes, debemos seguir legislando para proteger los derechos de los consumidores en todos los ámbitos.
Las fallas en la presentación de servicios en telecomunicaciones, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2015 México alcanzó los 107.7 millones de usuarios de telefonía móvil, es decir 9 de cada 10 habitantes del país son usuarios de este servicio, sin embargo, en los últimos años las compañías de telefonía móvil han llegado a presentar diversas fallas, entre las que se encuentran principalmente cortes del servicio por lapsos de entre 2 y hasta 12 horas, caída de llamadas, internet lento y fallas de cobertura.
En la gran mayoría de estos casos las empresas prestadoras del servicio no informan a los usuarios de las razones que originan las fallas ni realizan los reembolsos a los afectados por las mismas.
Por otro lado, durante el primer semestre de este año la Profeco recibió en promedio 101 quejas diarias por inconformidades con deficiencias en los servicios de telefonía móvil, entre las que destacan las inconformidades por fallas en el servicio, problemas relacionados a cargos, saldos y bonificaciones, complicaciones con la portabilidad y contrataciones, incumplimiento en la publicidad y promociones, evasión para realizar el desbloqueo de celulares, cambio de plan o paquetes, sin previo aviso. Cabe señalar que en este dictamen se presentó una adenda, la cual fue aprobada y está en poder de la Mesa Directiva, que ruego poner a votación en el mismo orden en este pleno, por un servicio de telefonía móvil de mayor calidad.
Con la aprobación del presente dictamen lograremos que los usuarios y clientes de los servicios de telefonía celular puedan solicitar que se fije el límite máximo de consumo para no generar costos adicionales a su servicio contratado de forma gratuita, recibir servicios de calidad estandarizada por parte de las compañías telefónicas, así como cancelar el contrato sin sanción en caso de no cumplirse dichos estándares.
Solicitar y obtener de manera inmediata el desbloqueo de equipos cuando se concluya la vigencia de contrato de servicio o se haya cubierto la totalidad del costo del equipo, recibir bonificaciones o descuentos por fallas en el servicio o cargos indebidos, que deberán estar establecidos de manera clara y sencilla para el usuario.
Abonar los saldos de los planes tarifarios que no hayan sido consumidos en su totalidad, al mes siguiente de su facturación, y adquirir la póliza de garantía del equipo, con la compañía que adquirió o con el fabricante.
En suma, el presente dictamen contribuirá a fortalecer los derechos de los usuarios de telefonía móvil al igual que incentivar a las compañías a mejorar la prestación de sus servicios, de acuerdo a los parámetros internacionales y a lo que mandata la legislación nacional.
Si el éxito se mide por el grado en que se sirve al público consumidor, como dijera el empresario estadounidense James Cash Penney: El Poder Legislativo es exitoso en la medida en que le sirve a los ciudadanos, ampliando sus derechos y asegurando la constante mejora de su bienestar.
La Comisión de Comunicaciones los invita a que acompañen el presente dictamen en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Agradezco la confianza de mi coordinador, el diputado César Camacho y del grupo parlamentario. Gracias, señor presidente, es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Consulte, por favor, la Secretaría si se dispensa la lectura de la adenda, toda vez que ha sido publicada y está debidamente distribuida entre los señores diputados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de la adenda. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Queda dispensada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, ahora pregunte usted si es de aprobarse la adenda y si se acepta que se incorpore al dictamen.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la adenda y se incorpora al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se acepta
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, proponente de esta iniciativa y se le concede el uso de la palabra.
Inmediatamente después del diputado Castañeda, haré una consulta a la asamblea, en función del acuerdo que habían tomado los grupos parlamentarios. Adelante, diputado Castañeda.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la realidad es que México vive en una especie de régimen que privilegia a los que más tienen por encima de quienes tienen menos. Esto ha generado a todas luces la existencia de un esquema muy abusivo y en contra de los consumidores, durante muchos años esto se llamó capitalismo de cuates y en México dejó de lado las exigencias de los consumidores, de los usuarios, favoreciendo a las empresas.
En Movimiento Ciudadano por eso consideramos que estos abusos que viven los consumidores, son el reflejo de la ausencia de un Estado de derecho y son el reflejo también de una vida pública, donde no se ponen los derechos de los ciudadanos y los derechos de los consumidores en el centro de la discusión.
Por eso me da mucho gusto que esta Legislatura, una vez más, apruebe una reforma en el sentido de defender y de proteger los derechos de los consumidores mexicanos, ya lo hicimos hace un mes en materia de uso de las aerolíneas y hoy lo estamos haciendo en materia de telefonía móvil y de todos los usuarios de este servicio. No podemos perder de vista que, desde inicio de este siglo, las nuevas tecnologías de la información se han posicionado como un nicho de oportunidades para la convivencia democrática, pero también para el acceso a las sociedades del conocimiento.
Por ello resulta fundamental generar este tipo de mecanismos, para que los mexicanos gocen de servicios de telefonía celular a la altura de sus necesidades, de sus expectativas.
Esta reforma, como ya se ha señalado aquí, tiene grandes ventajas. Permitirá garantizar el derecho a que el saldo no utilizado en los planes de pospago sea reintegrado en el siguiente mes, con esto estaremos favoreciendo a más de 20 millones de usuarios que tienen este servicio. Pero, además, el usuario puede fijar un límite en el uso de datos, para evitar cargos adicionales. Faculta también a la Profeco para vigilar los esquemas de contratación y establecer lineamientos al respecto. Los usuarios de telefonía celular ya no tendrán que solicitar el desbloqueo de sus equipos una vez terminado el contrato, pues este se realizará de manera automática y por medios electrónicos y, además, los usuarios podrán hacer efectiva la garantía de sus equipos directamente con el concesionario, estando este obligado a reponer el equipo sin necesidad de acudir al fabricante. Esto beneficiará a más, menos 112 millones de usuarios de este servicio.
Así pues, esta reforma, además de ampliar y fortalecer los derechos de los usuarios de las telefonías, de la telefonía móvil en México, también será un paso muy importante en materia de telecomunicaciones, orientado a poner a las tecnologías de la información al servicio de los ciudadanos, lo que por supuesto contribuye a fortalecer nuestra convivencia social, nuestra sociedad en términos generales.
La defensa de los derechos de los consumidores es, para los diputados de Movimiento Ciudadano, una agenda imprescindible, ya que implica la defensa de la dignidad de las personas por encima de los intereses privados y que busca garantizar un trato justo entre los ciudadanos y las empresas de servicios con las que interactuamos todos los días.
Es decir, en pocas palabras, implica poner a los ciudadanos en el centro de las necesidades e implica fortalecer el Estado de derecho atendiendo las demandas específicas de los ciudadanos.
Por todo esto, seguiremos insistiendo en que la defensa de los consumidores es eminentemente una agenda ciudadana.
Insistiremos, como legisladores debemos asumir esta agenda como un espacio fundamental de acción para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza de los mexicanos.
Celebro finalmente la disposición y el trabajo de la Comisión de Comunicaciones y la disposición de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta reforma. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Castañeda. La situación siguiente, es la siguiente: los grupos parlamentarios acordaron que este y los siguientes dictámenes no tendrían más oradores que el proponente y la fundamentación de la comisión.
Sin embargo, no puedo limitar, y esto es un precedente, porque así lo obliga el Reglamento, además, a un orador que quiera intervenir. Por lo tanto, las alternativas de la Mesa serían: uno, que este orador declinara su intervención; dos, que se abriera totalmente la lista de fundamentaciones por parte de los grupos parlamentarios; o tres, que los grupos parlamentarios aceptaran que este fuera el único orador.
La única que me ha pedido el uso de la palabra y se la concedo, es la diputada Guadalupe Chávez Acosta. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, y por lo tanto, la lista de oradores quedará abierta si así lo deciden los grupos parlamentarios o será la diputada Chávez la única oradora que escuchemos en este debate, adicionalmente a lo acordado el proponente y el presidente de la Comisión. Adelante, diputada, hasta por tres minutos.
La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las telecomunicaciones presentan un sector estratégico que debemos salvaguardar, ya que son transversales para toda la vida pública. Son un vehículo para transferir información, para compartir ideas, transmitir valores y difundir contenidos ideológicos, contribuyendo así a crear comunidad.
El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido el más reformador de la historia: impulsó 13 reformas estratégicas que le han transformado el rostro a México.
Una de ellas, la de telecomunicaciones, que pone el poder de los medios de comunicación al servicio de las personas, garantizándoles mayores opciones y precios más competitivos. Una reforma que ha producido beneficios tangibles para la economía de las familias mexicanas, sin precedentes y de resultados extraordinarios, como lo reconoció la OCDE.
Esta reforma ha permitido reducir los precios de los servicios de telefonía móvil en más de 40 por ciento, desaparecer los cobros de larga distancia nacional y consolidar el proceso de portabilidad numérica para que los usuarios tengan la libertad de cambiar de compañía, conservando su número telefónico.
Aunado a lo anterior, el gobierno de la República ha logrado impulsar la red compartida, el proyecto de telecomunicaciones más grande de la historia nacional que garantizará una cobertura en Internet y redes móviles de alta calidad y velocidad para más de 100 millones de mexicanos.
Concluir el proceso de transición a la televisión digital en sustitución de la señal analógica, y crear y difundir la carta de derechos mínimos de las y los usuarios de telecomunicaciones para apoyarlos en caso de que la empresa incumpla en el contrato.
A pesar de estos avances, de acuerdo con datos de la segunda encuesta de patrones de consumo y experiencia de los usuarios de telecomunicaciones, la caída de llamadas, Internet lento y fallas de cobertura son problemas recurrentes en todas las compañías. Se han evidenciado inconsistencias en los contratos de algunas empresas de telefonía móvil y la norma oficial mexicana, donde estas se eximen de responsabilidades y, por tanto, los usuarios son víctimas de múltiples abusos.
Por ello, las y los diputados del PRI estamos convencidos de votar a favor del presente dictamen. Estamos convencidos de la necesidad de reducir los costos y hacer más eficientes las comunicaciones en beneficio de los consumidores.
Esta reforma propone bonificar las fallas en el servicio y cargos indebidos y reintegrar el remanente de los saldos no consumidos al usuario en el mes siguiente de su facturación. Evitar un costo adicional por establecer un límite de consumo a solicitud del usuario. Promover la verificación de índices de calidad en el servicio. Impulsar la transferencia de obligaciones en el contrato de adhesión entre el consumidor y el concesionario. Otorga la posibilidad de que, ante la modificación del contrato original, el usuario pueda rescindir sin sanción alguna obligar al desbloqueo de los equipos de manera inmediata al término de la vigencia del contrato o cuando sea liquidado en su totalidad.
En suma, votaremos a favor del presente dictamen, porque hacerlo es votar a favor de los derechos de los ciudadanos en su calidad de usuarios de las telecomunicaciones. Es votar a favor de la democratización de los servicios de calidad y de tarifas cada vez más justas para las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Chávez. Tiene la palabra, el diputado Sergio López Sánchez, por el Partido de la Revolución Democrática.
Informo a esta asamblea, que se ha inscrito también la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional y esperaríamos si hubiera de algunos otros grupos parlamentarios para continuar con el orden como establece el Reglamento.
El diputado Sergio López Sánchez:Con su venia, señor presidente. El proyecto de decreto que contiene el dictamen que hoy se presenta expresa la voluntad de mejorar los servicios que distintas empresas de telefonía ofrecen en el mercado.
La iniciativa que le dio origen expone en su contenido la preocupación genuina que todo usuario tiene en relación al pago que realiza por dichos servicios y la calidad que recibe, pero sustantivamente las obligaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones de asegurar que, en efecto, recibimos el mejor servicio de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Según el informe estadístico 2017, para los meses de abril a junio que publica en su portal el Instituto, resultado de las tareas convenidas con la Profeco, se puede tener una referencia clara de lo que ocurre cuando los servicios que se contratan muestran fallas, esto puede ayudarnos a comprender la importancia de las reformas que se proponen al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El informe a que hago mención se refiere a 2 mil 924 inconformidades de los usuarios, de las cuales el 73 por ciento se presentaron por quejas en el servicio de telefonía e Internet. Justo ahí es donde se encuentra el problema planteado por el legislador. En dicho informe además se precisa que el 68 por ciento de las quejas se refieren específicamente a las fallas del servicio, cargos, saldos y bonificaciones.
Para tener una idea clara de las bondades de la reforma, es necesario observar, como lo muestra el informe, que solo el 68 por ciento de las quejas fueron atendidas en tiempo por las propias empresas, y solo el 11 por ciento de los usuarios declararon estar satisfechos con la atención recibida. Los demás, o no contestaron o se sintieron insatisfechos.
No solamente existen fallas ocasionales. Nos referimos a que en múltiples ocasiones se paga un servicio determinado, pero con el cúmulo de fallas que existen los usuarios se sienten defraudados, a lo que hay que agregar que no siempre las empresas atienden estas quejas y que es necesario la intervención del Instituto o de la Profeco, lo cual implica la situación que enfrenta el cliente y agrava su malestar.
Es por ello que compartimos con la dictaminadora el sentido de vigilar y hacer cumplir la correcta prestación de los servicios de telefonía móvil independientemente de la modalidad que se haya contratado, así como el otorgamiento de la atención oportuna y el ejercicio efectivo de las garantías ante el funcionamiento incorrecto de los equipos terminales y los servicios de comunicaciones ofrecidos, como se declara en el dictamen.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD coincide con las conclusiones del dictamen que considera viables, idóneas, razonables y necesarias las reformas propuestas con las modificaciones necesarias, toda vez que los clientes y usuarios de los servicios móviles tendrán mayor certeza jurídica sobre los parámetros de la calidad del servicio que podrán hacer valer en la aplicación efectiva de sus derechos tutelados como consumidores.
El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del dictamen por considerar que la reforma efectivamente recoge las preocupaciones de los usuarios que ante las fallas del servicio suelen recorrer un camino lleno de obstáculos y en algunos casos plagados de frustraciones.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que el interés público que revisten los medios de comunicación entre personas, revisten un conjunto de derechos que deben ser protegidos y fomentados por el Estado. Eso asegurará mejores servicios, empresas más responsables y usuarios más satisfechos. Es cuanto, señora presidenta.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Sergio López Sánchez. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, informándole a esta asamblea que como es la última oradora que está registrada, al término de su intervención se preguntará a esta honorable asamblea si está suficientemente discutido el dictamen correspondiente. Adelante, diputada.
La diputada María Verónica Agundis Estrada:Buenas tardes a todos. Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores diputados, en Acción Nacional creemos en la competitividad y en la apertura a la inversión de empresas de telecomunicaciones, derivada de la última reforma en la materia.
La propuesta de Movimiento Ciudadano que hoy se ve reflejada en el dictamen que nos presenta la Comisión de Comunicaciones, nos parece que es adecuada y contribuirá a generar mayores certezas a los usuarios, así como a evitar los abusos en los cobros desmedidos.
Es una realidad que las compañías de telefonía, particularmente de telefonía celular, siguen siendo bastante opacas en lo que se refiere al consumo de minutos y de datos, y esto lo hemos vivido todos.
Actualmente el sector de las telecomunicaciones se concentra en el servicio de prepago al registrar más del 80 por ciento de los usuarios de telefonía móvil, mientras que el otro 20 por ciento se concentra en el servicio postpago o de plan tarifario.
En los esquemas de prepago está claramente definido que el usuario consumidor obtiene el servicio por el que paga de antemano, sin embargo, para quienes cuentan con un plan tarifario postpago, en el que no hay límites para el cobro, ahí es en donde verdaderamente se presentan los problemas y los reclamos a las compañías telefónicas.
Es cierto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha mejorado en mucho sus herramientas de información y transparencia para todos los usuarios a través de su plataforma electrónica. Pero creemos también que los ciudadanos deben tener mucha mayor claridad y una mejor toma de decisiones respecto a los servicios que recibe.
De acuerdo con el último informe estadístico del IFT, el mayor número de reclamos por parte de los usuarios se concentra en la telefonía móvil, esto por encima de las reclamaciones por un mal servicio de internet o por un mal servicio de telefonía.
Los mayores reclamos tienen que ver precisamente con los cargos, cobros y fallas en todos estos servicios. Bien podríamos pedir a las empresas de telefonía móvil, mejoren sus servicios y ofrezcan mayor claridad en sus cobros, pero lo que hoy nos toca es dar un paso importante para establecer en la legislación este instrumento para que el usuario, sin costo alguno, pueda fijar el límite máximo de consumo, para evitar —por supuesto— el cobro adicional por usos excesivos de los servicios originalmente contratados. Con este tipo de acciones nos estamos poniendo del lado de los ciudadanos.
Y en el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que propuestas como estas, referentes a los derechos de los consumidores, nos ponen en el camino correcto, de evitar todos estos abusos.
En el mismo espíritu en el que se construyó la propia reforma de Telecomunicaciones, estas —señoras y señores— son buenas acciones, son acciones a favor de los ciudadanos. Así es que, por supuesto, vamos a votarlo a favor, y una felicitación para el diputado proponente. Es cuanto, señora presidente, buenas tardes a todos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputada María Verónica Agundis Estrada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficiente discutido en lo general.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido en lo general.
Y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aceptadas por esta asamblea.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:En tanto se lleva la votación permítame la asamblea informarles que se han recibido ante esta Mesa Directiva distintos oficios de condolencias, entre ellos: el del excelentísimo señor George J. Furey, presidente del Senado; y del excelentísimo señor Geoff Regan, presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, en ambos casos a nombre del Parlamento de Canadá y de los canadienses transmiten sus sentidas condolencias al pueblo de México.
El excelentísimo señor Demetris Syllouris, presidente de la Cámara de representantes de la República de Chipre, a nombre de los miembros de esa Cámara extiende su solidaridad al gobierno, el parlamento y el pueblo de México ante los trágicos acontecimientos vividos.
El excelentísimo señor Ismail Kahraman, presidente de la Asamblea Nacional de Turquía, expresa a los respetables miembros de la Cámara de Diputados del pueblo de México sus sinceros deseos para una pronta recuperación.
Liviu Dragnea, presidente del Parlamento de Rumania, con tristeza y consternación acompaña a los ciudadanos mexicanos en estos difíciles momentos y aseguran su solidaridad.
Roger Nkodo Dang, presidente del Parlamento Panafricano, transmite sus sentimientos y condolencias personales por los sucesos que se han dado en México; y la Mesa del Parlamento Panafricano y los parlamentarios se unen a él para expresar sus sinceras condolencias a las familias afligidas y al pueblo de México.
Vayan para todos ellos la gratitud de esta Cámara de Diputados y nuestra sincera amistad. Muchas gracias.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:¿Algún compañero diputado o diputada falta de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Adelante, diputada, cierre el sistema de votación. Santiago Taboada a su derecha y Fidel Torreblanca a su izquierda. No alcanzaron a votar.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Vamos a abrirlo por un minuto más, por favor, para que puedan los diputados terminar.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Está abierto el sistema.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 426 votos, 0 en contra, de un total de 426 presentes. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por una unanimidad de 426 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El diputado José Luis Toledo Medina(desde la curul): A favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Regístrese, 427 votos a favor con el diputado Toledo.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conforme al acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, harán uso de la palabra el presidente de la comisión para sustentarla, y el diputado proponente, en este caso el diputado José Antonio Estefan Garfias. Tiene por lo tanto la palabra, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, hasta por cinco minutos.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela:Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros legisladores integrantes de este Parlamento mexicano. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela: Me es grato este día subir a tribuna a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual tengo el honor de ser integrante como parte de mi Grupo Parlamentario del PRI.
En la comisión nos hemos destacado por discutir y analizar a profundidad cada uno de los asuntos que esta Mesa Directiva tiene a bien turnarnos, muestra de ello es el asunto que el día de hoy se somete a la consideración de todas y de todos ustedes, asunto el cual discutimos al seno de la Comarnat de manera concurrente, toda vez que por su parte el diputado José Antonio Estefan Garfias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, plantearon de manera indistinta una iniciativa que reforma el artículo 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual habla de la madurez, de la sensibilidad y de la pluralidad política que debe imperar para llegar a los acuerdos, siempre en beneficio del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.
Ahora bien, entrando en materia del dictamen, en la comisión de estudios dictaminadora consideramos de gran importancia los planteamientos hechos por los iniciadores, quienes son convergentes, ya que asumen la importancia que para México significa el ser parte de los tratados internacionales en materia de protección y cuidado del medio ambiente, por lo cual es sumamente necesario que las leyes secundarias del ordenamiento jurídico nacional se encuentren perfectamente armonizadas con respecto al contenido de dichos tratados, a fin de regular las conductas humanas que pueden influir de manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y el aprovechamiento de los recursos naturales de sus ecosistemas.
Es por ello que, en las políticas públicas, además de ajustarse a los lineamientos del orden jurídico nacional, se deben observar e implementar los criterios de orden internacional en la materia ambiental, con el fin de cumplir con las medidas de protección y de cuidado de los ecosistemas y recursos naturales del país, sin olvidar las comunidades que ahí habitan.
Consideramos importante subrayar que, a partir de la Cumbre de Río, la comunidad internacional ha mantenido esfuerzos importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del planeta, impulsando el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, a partir de la creación de organismos multilaterales, como lo es la Convención sobre la Diversidad Biológica, de la cual México es parte contratante.
Se han introducido temas novedosos, como la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de recursos genéticos.
Ahora bien, el Protocolo de Nagoya, el cual regula este último componente, entró en vigor el 12 de octubre del año 2014 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de nuestra Constitución, de la Ley Suprema de toda la Unión, sin embargo, en la legislación actual de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro del capítulo de la política ambiental, no existe ninguna disposición que mencione a los tratados internacionales, en lo general o en lo particular, como ejes rectores para la elaboración de política ambiental.
Por lo que es necesario establecer criterios jurídicos que sean vinculantes para el cumplimiento de los acuerdos internacionales, de esta manera garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, que como país hemos suscrito.
Por último, tenemos que señalar que a nivel internacional México ha jugado un papel sumamente importante en impulsar y promover los marcos jurídicos de vanguardia en materia ambiental, lo que genera que otros países sigan el ejemplo de liderazgo de nuestra nación en el tema de normatividad ambiental.
Por lo consiguiente, compañeras y compañeros diputados, es que solicitamos el voto favorable de ustedes como integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, para que podamos tener el cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales que México ha suscrito. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gárate Valenzuela. Para fijar la postura tiene el uso de la palabra el diputado, además promovente, José Antonio Estefan Garfias, hasta por cinco minutos.
El diputado José Antonio Estefan Garfias:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, que no haya duda, el objetivo principal de este dictamen es la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país.
La materia ambiental debe significar para nosotros uno de los principales temas de discusión de nuestras actividades como legisladores federales. La naturaleza nos ha demostrado en los últimos días las consecuencias de un desastre natural que puede tener en nuestra vida diaria y en nuestro patrimonio una total afectación.
En nuestro país, el desarrollo social debe estar orientado a todas aquellas actividades productivas que se diseñan y gestionan para satisfacer las necesidades que demanda la población en general, siempre y cuando se respeten los recursos naturales involucrados en ellas.
Lamentablemente, en la legislación mexicana, específicamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, no se incluyen hasta hoy, a la letra, como elementos rectores de la planeación de la política ambiental, los principios internacionales de planificación para el aprovechamiento, cuidado y uso de los recursos naturales y de protección de medio ambiente.
Lo anterior genera una falta de especificidad y congruencia con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en referencia a todas aquellas disposiciones adoptadas por el Estado en los tratados internacionales.
México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia ambiental para la protección de ecosistemas que existen en el planeta mediante una participación y colaboración de la mayoría de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, organismo que realiza esfuerzos en conjunto para combatir todas aquellas prácticas humanas que destruyen y afectan los recursos naturales de nuestro planeta.
Como ejemplo de esta colaboración del Estado mexicano en distintos foros y convenciones internacionales se encuentra la Cumbre de Río celebrada en el 92. Y posteriormente, una segunda edición en el 2012, donde se acordó la ejecución de múltiples actividades a nivel internacional para la preservación del medio ambiente, y se estableció una agenda global para el desarrollo sustentable en los próximos 20 años.
Otro ejemplo de estos acuerdos es el Protocolo de Kioto, mediante el cual se realizaron acuerdos entre los países industrializados para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y con esto anteponer, en principio, el cuidado y la preservación del medio ambiente antes de cualquier actividad industrial que pudiera afectar al planeta.
Es claro que la tendencia internacional en materia ambiental sigue la trayectoria de introducir al componente humano, no solo en forma aislada sino en forma integral y complementaria en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos y los ecosistemas.
El Convenio sobre Diversidad Biológica establece como su objetivo la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante otras cosas, un acceso adecuado a los recursos naturales.
Cabe señalar que el objetivo citado anteriormente es ampliamente desarrollado en el Protocolo de Nagoya, del cual México es parte, por cierto. Es importante recalcar cómo el Estado mexicano a la fecha no ha cumplido el compromiso contraído de promulgar una ley reglamentaria al respecto, quedando rezagados en el cumplimiento de nuestras responsabilidades internacionales.
Con la aprobación del presente dictamen, establecemos un marco jurídico general que reconoce e integra a las comunidades indígenas al reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos cuando haya conocimiento tradicional asociado a estos.
Por lo anterior y en congruencia con lo establecido en los artículos 2o. y 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la composición pluricultural de la nación y el derecho a un medio ambiente sano, respectivamente, que se presente el dictamen que propone:
1. Adicionar la fracción IV, la cual mandata al Ejecutivo a observar los principios y criterios generales, establecidos en los tratados internacionales suscritos en materia por el Estado mexicano.
2. Reformar la fracción XIV para garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas a la protección, preservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y salvaguarda y uso de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
De esta manera es que garantizamos que los principios de derecho internacional en materia ambiental sean rectores de la política en la materia, además de incorporar a nuestra legislación lo establecido en el Protocolo de Nagoya, cuyo objetivo es terminar con el abuso que sufren nuestras comunidades indígenas cuando corporaciones o instituciones acceden a su conocimiento tradicional asociado al uso de la biodiversidad y nunca reciben los beneficios económicos, ni el reconocimiento a su cultura y sus tradiciones.
Por lo anteriormente expuesto es que presentamos nuestro voto a favor del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección de Medio Ambiente. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Estefan Garfias. El dictamen está a discusión en lo general y en lo particular. No existiendo oradores inscritos, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Se pide a la secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? El sistema electrónico sigue abierto.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Cierre el sistema, secretaria, y por favor infórmenos. Serán 30 segundos, señores diputados.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 412 votos a favor, 5 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 416 diputados presentes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Queda entonces aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Son 411 votos. Para que quede constancia en el acta, 411 votos.
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del análisis del V Informe de Gobierno.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o. numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y
Considerando
1. Que el 1 de septiembre del año en curso, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República presentó su V Informe de Gobierno, en el que manifiesta el estado general que guarda la Administración Pública del país.
2. Que con fundamento en el artículo 7o. numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados inició el 12 de septiembre de 2018 el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República.
3. Que de conformidad con el artículo 69, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras podrá, con motivo del análisis del Informe de Gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.
4. Que el artículo 130, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados refiere el mecanismo para formular la pregunta parlamentaria por parte del Pleno, y señala que las preguntas parlamentarias deberán clasificarse por áreas temáticas: a) política interior, b) política exterior, c) política social, y d) política económica.
5. Que conforme a lo establecido por el artículo 130, numeral 5, del Reglamento referido, corresponde a la Junta de Coordinación Política calificar la procedencia de las preguntas parlamentarias propuestas, y someter a consideración del Pleno el acuerdo mediante el que se determine: a) el número total de preguntas, b) el número de preguntas que corresponde a cada grupo parlamentario, atendiendo al criterio de proporcionalidad, y c) el texto de las preguntas admitidas.
6. Que de acuerdo a lo establecido en el multicitado Reglamento, específicamente en el artículo 130, numerales 6 al 8, la Junta remitirá el acuerdo a la Mesa Directiva para que se incluya en el orden del día de la sesión más próxima para su aprobación, una vez sucedido lo anterior, el Presidente hará llegar al destinatario las preguntas.
7. Que la Junta de Coordinación Política, con base en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar los acuerdos que permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados formulará 83 preguntas por escrito al titular del Ejecutivo federal, con el propósito de ampliar la información del V Informe de Gobierno, mismo que fue entregado al Congreso de la Unión el 10 de septiembre del año en curso.
Segundo.El número total de preguntas parlamentarias será el determinado por el resolutivo anterior, y se distribuirá en la siguiente proporción:
a) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 22 preguntas;
b) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 14 preguntas;
c) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 9 preguntas;
d) Grupo Parlamentario de Morena: 9 preguntas;
e) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 8 preguntas;
f) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: 7 preguntas;
g) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza: 6 preguntas;
h) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social: 6 preguntas; e
i) Diputado independiente: 2 preguntas.
Tercero. Para ser calificadas como procedentes, las preguntas que formulen los grupos parlamentarios deberán:
a) Solicitar expresamente que se amplíe la información contenida en el V Informe de Gobierno;
b) Señalar el área temática a la que corresponden, atendiendo a la clasificación del artículo 130 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados;
c) Ser redactadas de manera institucional, además de ser claras y concisas para que sean contestadas de manera precisa;
d) Referirse a un único tema para permitir una respuesta directa; y
e) Cada pregunta podrá ser precedida por una breve introducción que sirva como marco de referencia.
Cuarto. Los grupos parlamentarios remitirán a la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política, en medio impreso y electrónico, las preguntas parlamentarias que conforme al segundo resolutivo les correspondan, antes de las 12:00 horas del 18 de octubre de 2017.
Quinto. Concluido el plazo a que se refiere el resolutivo anterior, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 130 numeral 5, del Reglamento de la Cámara, calificará e integrará las preguntas propuestas por los grupos parlamentarios, remitiéndolas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que proceda conforme al Reglamento. Una vez aprobadas, el Presidente de la Mesa Directiva, las hará llegar al titular del Ejecutivo federal, solicitándole, en el marco de una responsable y respetuosa colaboración entre poderes, que dé respuestas a las mismas en un tiempo razonable, a partir de su recepción.
Sexto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único.El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Por lo tanto, le solicito a la Secretaría pregunte a la asamblea si es de aprobarse, en votación económica.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al presidente de la República con motivo del análisis del V Informe de gobierno.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, honorable secretaria. Queda aprobado y comuníquese.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a pasar al capítulo correspondiente a iniciativas, en nuestra sesión del día de hoy. Prolongaremos la sesión desahogando iniciativas hasta las 16 horas en punto de la tarde, por lo tanto tiene la palabra por cinco minutos la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 del impuesto sobre la renta.
La diputada Susana Corella Platt: Con su venia, señora presidenta.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González CalderónLa presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Adelante, diputada.
La diputada Susana Corella Platt: Compañeras y compañeros legisladores, responder a la demanda de empleo, empleo sostenible y con garantías de seguridad social en nuestro contexto económico, resulta apremiante porque nuestro país enfrenta presión que antes no tenía y esto exige respuestas de reingeniería y arquitectura institucional en nuestra política fiscal, en sus alcances, incide directamente en la vida cotidiana.
Uno de los sectores económicos que ha venido demostrando fuerte crecimiento, es el de las maquilas. Estas se han convertido en uno de los pilares de la economía, principalmente por su influencia en contexto exterior, el empleo y la inversión.
Las maquiladoras fueron durante largo periodo el único segmento de la economía en el que se permitía la completa propiedad extranjera de las empresas. Su crecimiento fue mayor desde 1995, esto como consecuencia de las condiciones creadas por la entrada en vigor del TLCAN.
En nuestro país se tienen identificadas básicamente tres modalidades del esquema de maquilas. El modelo Shelter, como también el programa Maquila, fueron inventados en México y ahora emulados por otros países. Las empresas de albergue operan a través de la importación de manera temporal de los inventarios, maquinaria y equipo, propiedad del residente en el extranjero.
La diferencia sustancial entre una empresa maquiladora que opera un programa Immex industrial y una empresa de manufactura que opera bajo la modalidad de Immex albergue, radica principalmente en la naturaleza que estas mantienen con el fabricante. La primera se da entre empresas que son parte relacionadas, mientras que en las de albergue se da entre terceros independientes.
El motivo fundamental de esta iniciativa radica en permitir que la empresa extrajera que ha optado por manufacturar sus productos en México a través de una empresa Immex albergue, pueda hacerlo por el tiempo que sea necesario, sin limitantes de tiempo, siempre y cuando paguen los mismos impuestos que pagarían como si fueran una empresa con programa Immex industrial.
Ante esta problemática, lo que se propone es reformar el artículo 183 de la Ley del ISR, permitiendo la permanencia indefinida del régimen de aquellas empresas que se encuentren en la modalidad de albergue, así como proveer un esquema fiscal similar al que se encuentran sujetas las empresas con programa Immex industrial, es decir, un cumplimiento fiscal conforme lo establece el artículo 182 del mismo ordenamiento.
De esta forma el ISR que México recaudaría sería mayor al que se obtiene bajo el esquema impositivo actual, ya que pagaría su ISR la empresa albergue y también la extranjera que opera dentro del albergue.
Hoy día se estima que existen cerca de 300 empresas que operan bajo la modalidad con clientes provenientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Corea, Japón y China, y estas fueron el vínculo de atracción de las muchas empresas maquiladoras existentes en el país.
En cuanto a los efectos sobre la balanza comercial, se estiman con un valor anual de exportaciones de 29 mil 722 millones de pesos, mientras que las importaciones suman 23 mil 794 millones de pesos, lo que equivale a un superávit de 5 mil 928 millones de pesos.
En cuanto al tema recaudatorio, las empresas de albergue contribuyen de manera directa en la captación del ISR. En este sentido se puede citar que los enteros de impuestos anuales oscilan de 12 a 25 millones de pesos por empresa.
En materia de empleo, las empresas de albergue generan más de 67 mil empleos directos con cuotas al IMSS, que exceden los 875 millones de pesos anuales. Tan solo en el estado de Sonora las empresas de albergue aportan más del 20 por ciento de los 110 mil empleos que ofrece el sector maquilador.
Esta situación que es de gran impacto en algunos municipios, como el de Empalme, Sonora, parte de mi distrito, donde la principal fuente de empleo es una empresa que opera bajo la modalidad de albergue. Asimismo, se estima que los empleos indirectos ascienden a más de 200 mil, equivalentes a más de 12 mil 100 millones de pesos anuales.
Las empresas de albergue sirven como mecanismo efectivo para asegurar que los extranjeros cumplan con las obligaciones fiscales, lo que otorga una ventaja administrativa al gobierno federal para canalizar de mejor manera sus recursos de fiscalización en menos contribuyentes.
Por lo anteriormente expuesto propongo reformar el artículo 183 de la Ley del ISR, considerando que la política fiscal es un instrumento de regulación del Estado en los mercados. Y a su vez este instrumento incide de manera directa en la generación de condiciones que pueden favorecer el crecimiento y la generación de empleos.
Hoy lo que apremia es generar más empleo en nuestro país; apremia a dar certeza a las inversiones de nacionales, de extranjeras; que las decisiones políticas tengan efectos materializados en los bolsillos de las personas, en sus condiciones laborales y de seguridad social.
De ahí que esta iniciativa tenga como objeto reformar un artículo que dé libertad a la inversión maquiladora para poder independizarse de su albergue no en un tiempo definido, sino en el momento que así sea decidido por la empresa.
Contar con el apoyo a esta reforma implica ampliar las expectativas de crecimiento y desarrollo para poblaciones enteras. Apoyar esta reforma es fortalecer la capacidad de la empresa para crecer. Y qué mejor que este crecimiento sea en nuestro país.
Apoyar es abonar a la generación de empleo en México, para mexicanos, y dar oportunidad a la generación de cadenas de proveeduría mexicana, es pues estar a favor de la economía de nuestros representados.
Los invito a firmar, compañeros, esta iniciativa con su servidora. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Susana Corella Platt, diputada federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLas empresas maquiladoras en nuestro contexto económico nacional se han constituido en una fuente de crecimiento. El elevado dinamismo mostrado por la maquila ha sido posible dada su independencia frente a los ciclos económicos nacionales, los cuales encuentran como característica las crisis recurrentes.
Lo anterior al depender de la dinámica de la economía internacional y para el caso mexicano acentuada más a la dinámica norteamericana, de suerte que la maquila de exportación en México ha expresado también el ciclo largo de expansión de la economía norteamericana. Las maquiladoras de exportación han sido el único sector que ha crecido sostenidamente, y sólo por citar un caso, en el periodo histórico complicado de nuestra economía, que va de 1980 a 1997. Durante el periodo de reformas económicas, las maquiladoras se han convertido en uno de los pilares de la economía, principalmente por su influencia en los flujos de comercio exterior, el empleo y la inversión.
El término empresa maquiladora de exportación define a una empresa que ensambla, manufactura, procesa o repara materiales temporalmente importados para su posterior envío a su país de origen. En la mayoría de los casos el término, empresa maquiladora se toma como sinónimo de empresa ensambladora, aunque su universo es variable y presenta características muy diversas, ejemplo de ello es que en ciertas empresas ensambladoras, en particular las de la industria automotriz y la electrónica no se consideran como parte formal de las denominadas Empresas Maquiladoras de Exportación, pues estas operan ya bajo otro marco jurídico, no obstante que obedece las mismas motivaciones que las primera.
Resaltaremos que las maquiladoras fueron durante un largo período el único segmento de la economía en el que se permitía la completa propiedad extranjera de las empresas. Su crecimiento fue mayor en especial desde 1995, esto como consecuencia de las condiciones creadas por la entrada en vigor del TLCAN. Sin embargo, esta dinámica se ha desacelerado sobre todo desde 2001 esto incide en un menor crecimiento del empleo.
En sus inicios, hacia mediados de la década de 1960, el programa de maquiladoras se sustentó en la atracción de mayores flujos de inversión extranjera, tanto por los recursos financieros que significan, como por su papel en la transferencia de tecnología y el mejoramiento de la capacitación de los trabajadores, y de manera sobresaliente por su capacidad para generar empleo. Esta cuestión estaba relacionada, también, con la delimitación geográfica para el establecimiento de las plantas en la zona fronteriza norte del país, como un medio de atraer a la población y generar fuentes para su sustento.
Puesto que las maquiladoras tienen que exportar su producción, no constituían una forma de competencia para las empresas que abastecían el mercado interno de México y, en ese sentido era un esquema compatible con la política industrial de sustitución de importaciones que prevalecía en ese período. Por otra parte, ese tipo de actividad industrial no estaba diseñado para establecer una articulación productiva con las empresas nacionales para que se convirtieran en proveedores de la industria.
Conforme a las normas originales del programa de maquiladoras se autorizaba a esas empresas a vender en México parte de su producción, siempre que las empresas mexicanas no elaboraran el producto y el producto se importara, o bien, cuando no hubiera incentivos gubernamentales para ese tipo de producción y cuando los insumos nacionales fueran al menos 20 por ciento del total (incluyendo el trabajo). En el mes de agosto de 1983 por decreto presidencial se daba a los proveedores nacionales el mismo derecho para importar insumos de manera temporal igual que las maquiladoras. Posteriormente en diciembre de 1989 se expedía otro Decreto que creaba bases para la operación de las maquiladoras en un ambiente de apertura de la economía como se desprendía de las nuevas pautas de la política comercial y financiera del país.
Ese decreto hacía de las maquiladoras un mercado para los insumos nacionales y para su actividad en el marco de las redes de subcontratación internacional. Además, modificó las normas anteriores y fijó la necesidad de que la empresa contara con un permiso oficial para vender sus productos en el mercado interno. La proporción del producto que podía ser vendido se aumentó en 1994 de 20 por ciento a 55 por ciento del valor de las exportaciones del año anterior. No se podía reducir el nivel de las exportaciones por el monto de las ventas internas y, además, la empresa debía mantener un superávit de divisas (la diferencia entre las divisas provenientes de las exportaciones y las que se gastan en la importación de los distintos componentes que se integran en los productos que se vendían en el país).
La modalidad de la operación de la industria maquiladora habría de modificarse conforme a las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que irían desapareciendo los aranceles y las restricciones para vender en el mercado interno de acuerdo con las reglas que se acordaron. Las tarifas serán eliminadas gradualmente durante un período de varios años (por ejemplo, los programas de “draw backs” y exenciones se eliminarían en enero de 2001; las restricciones a las ventas de las maquiladoras en el mercado mexicano se reducirían durante 7 años con un acceso garantizado a un nivel de 50 por ciento en el primer año y para enero de 2001 se podría vender toda la producción en el país.
Uno de los beneficios del programa de maquila es la exención de impuestos y aunque el TLCAN acabaría con dicha ventaja, durante los años siguientes a su entrada en vigor se registró el aumento de las empresas maquiladoras. Esta cuestión se asocia con el hecho que las maquiladoras obtienen sus materias primas, partes y componentes de Estados Unidos y que el esquema de reglas de origen del TLCAN no provocaría un efecto adverso en la operación de las plantas. Además, conforme al TLCAN, las compañías extranjeras que fabrican en México podrían vender en el mercado interno.
Existen varias formas básicas de operación de las maquiladoras:
a. Subcontratación: Se provee de servicios y supervisión técnica para la manufactura, y se asume la responsabilidad por la calidad y la eficiencia de la producción. Estas empresas cargan una cierta cuota ligada con la cantidad de producto procesado y su propiedad puede ser mexicana, extranjera o mixta. Este tipo de operación facilita a las empresas pequeñas de la industria los arreglos de subcontratación con las maquiladoras. Esta forma de funcionamiento corresponde a la submaquila, que puede subcontratar las operaciones a otras empresas, o bien, a otras maquiladoras contando con autorización gubernamental y siempre y cuando la maquiladora realice la terminación del proceso productivo. (No aplica en la caso de las maquiladoras del ramo textil). Aquí caben también las operaciones de transferencia, que son aquellas que se hacen mediante la importación temporal libre de impuestos de bienes de capital y bienes intermedios que se pueden transferir de las maquiladoras a empresas nacionales que se subcontratan por una maquiladora o directamente por una empresa extranjera.
b. Operaciones de resguardo (tipo shelter): Las maquiladoras proveen la manufactura de ensamblado o los servicios de reparación sobre la base de un contrato y, también, el equipo y las herramientas requeridas. La empresa extranjera es la dueña de la tecnología y responsable del proceso de trabajo, de la cantidad producida y de la calidad. La maquiladora cobra una cuota sobre la base del tiempo ocupado en la producción. La propiedad puede ser, como en el caso anterior, mexicana, extranjera o mixta. Esto permite a las empresas nacionales administrar las operaciones de las empresas maquiladoras foráneas.
c. La maquiladoras de exceso de capacidad son en aquellas que se permite usar parte de la capacidad instalada de las empresas nacionales para albergar operaciones de maquila.
Modelo Industria Maquiladora de Exportación con Programa Immex bajo la modalidad de albergue (Shelter):
Creado en conjunto con el programa de maquiladoras de exportación a finales de los años sesentas, para elevar la competitividad del sector exportador mexicano, el modelo shelter, ha permitido nuevas formas de operar y hacer negocios en nuestro país. Estas empresas operan a través de la importación de manera temporal de los inventarios, maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero, a fin de transformar o ensamblar los bienes para su posterior exportación, al igual que cualquier otra maquiladora.
La diferencia sustancial entre una empresa maquiladora de exportación que opera un Programa Immex bajo la modalidad Industrial y una empresa de manufactura que opera un Programa Immex bajo la modalidad de albergue, radica principalmente en la naturaleza que éstas mantienen con el agente principal. La primera se da entre empresas que son partes relacionadas, mientras que la segunda, las de albergue, es entre terceros independientes.
Derivado de la reforma fiscal de 2014, específicamente en el último párrafo del artículo 183 de Ley del Impuesto sobre la Renta, se estableció que:
“Los residentes en el extranjero que realicen actividades de maquila a través de la empresa de maquila bajo la modalidad de albergue, únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por un periodo de 4 años consecutivos.”
Luego de su publicación y ante la mostrada incompatibilidad con las lógicas de funcionamiento en otros países, las cuales fueron expuestas por los representantes del sector ante la autoridad hacendaria, al punto de encontrar en la publicación de la Regla Miscelánea 3.20.6, una atenuación de los efectos de la reforma fiscal. En esta denominada Regla Miscelánea, la cual enlista los requisitos que se deben satisfacer para que el residente en el extranjero pueda optar por cumplir con sus obligaciones fiscales a través de la empresa con programa Immex bajo la modalidad de albergue, por un periodo adicional de 4 años, una vez que se haya agotado el periodo de permanencia de 4 años establecido en el último párrafo del artículo 183 de la Ley en comento.
Sin embargo, como se señala en la mencionada regla, la facilidad administrativa es exclusivamente por un periodo adicional de 4 años, lo que genera una incertidumbre jurídica para periodos subsecuentes; generando un problema de impacto directo en el comportamiento del sector manufacturero mexicano con el modelo albergue, dado que se compromete seriamente la permanencia de los clientes, así como dificulta la atracción de nuevos clientes y sus respectivas inversiones, con la consecuente creación de empleos.
Ante ello, se propone realizar modificaciones al artículo 183 de Ley del ISR, la finalidad es dotar de certeza jurídica permanente a los residentes en el extranjero que realicen operaciones de manufactura a través de las empresas con Programa Immex; lo que se pretende es que bajo la modalidad de albergue se permita la permanencia indefinida del régimen, así como proveer un esquema fiscal similar al que se encuentran sujetas las empresas con Programa Immex que opera bajo la modalidad industrial, es decir, un cumplimiento fiscal conforme lo establece el artículo 182 del mismo ordenamiento.
Los alcances del modelo se dan debido a la estructura operacional, en este, las empresas albergue permiten a la manufactura extranjera ahorrar en tiempo y costo de arranque, debido a que éstos pueden iniciar ágilmente sus operaciones de manufactura en nuestro país sin tener que llevar a cabo los procesos de constitución, organización y operación de su propia subsidiaria en un país desconocido. Además, las empresas de albergue sirven en muchos de los casos como incubadoras para la entrada de nuevas empresas a nuestro país.
Destacaremos un problema más que se ha venido generando con el esquema plateado con lo dispuesto actualmente con el artículo 183 de la Ley del ISR, y es que resulta importante considerar que el periodo de “incubación” o “madurez” de un programa o proceso de manufactura dentro de la Maquila de Albergue depende de varios factores, entre otros, el tipo de industria y la complejidad del proceso de manufactura de que se trate, lo que ocasiona que no se pueda establecer un tiempo promedio de incubación. Ejemplo de ello, es un programa de manufactura destinado a la Industria Aeroespacial, oscila de 7 a 10 años, es decir, el tiempo establecido actualmente no es suficiente para que haya condiciones de certidumbre jurídica para los inversionistas, esto sin reparar en que, en zonas del centro y norte de nuestro país, este tipo de industria ha venido acrecentando su presencia; la incertidumbre pone en riesgo los empleos y la derrame económica en esas regiones.
Una de las ventajas demostradas de las empresas de albergue es que logran captar los beneficios de las economías de alcance, al centralizar un mismo proceso para múltiples clientes, logrando así un nivel de eficiencia operacional difícil de alcanzar para una maquiladora que opera en forma individual o como subsidiaria de una empresa multinacional. Así mismo, se debe tener muy en cuenta la alta generación de empleo permanente que se origina por medio de Empresas Multinacionales que enfrentan algún tipo de restricción legal en su país de origen, es decir, recordemos que existen contratos con sindicatos que prohíben la apertura de nuevas plantas de manufactura fuera del territorio americano; sin embargo, esta prohibición se exime cuando la manufactura logra establecerse a través de empresas de albergue, lo cual da como resultado que este tipo se abran oportunidades de empleo y negocio en México con mayor solidez y certidumbre.
Las empresas de albergue en la promoción de sus servicios en el extranjero promueven a nuestro país y a la entidad federativa o región donde se ubican físicamente. Hoy día se estima que existen cerca de 300 empresas que operan un Programa Immex bajo la modalidad en comento; sus clientes principalmente provenientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Corea, Japón y China. En cuanto a los efectos sobre la balanza comercial se estima que el valor anual de las exportaciones aproximadas asciende a 29,722 millones de pesos mientras que las importaciones suman 23,794 millones de pesos, lo que equivale a un superávit positivo para nuestro México de 5,928 millones de pesos.
En cuanto al tema recaudatorio, las empresas de albergue contribuyen de manera directa en la captación del Impuesto Sobre la Renta, en este sentido se puede citar que los enteros de impuestos anuales oscilan de 12 a 25 millones de pesos por empresa. Basta corroborar los registros del SAT de diversos acuerdos anticipados de precios de transferencia recientemente firmados con el Gobierno de Estados Unidos de América, para poder observar que existen empresas que pagan un ISR que oscila entre los 12 a 25 millones de pesos anuales. Las empresas albergue fungen como el mejor mecanismo de asegurar que los extranjeros (clientes) cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que otorga una ventaja administrativa al Gobierno Federal para canalizar de mejor manera sus recursos de fiscalización en menos contribuyentes.
Esta modalidad maquiladora cuenta con la certificación en materia de IVA e IEPS o en su defecto están en proceso de obtenerle, lo que se traduce en la garantía de ser empresas altamente confiables; como cualquier otra maquiladora industrial. Cumplen con todas las regulaciones en materia laboral, seguridad social, comercio exterior y ambiental, entre otras múltiples regulaciones.
Entre otras cosas, las empresas de albergue y sus clientes promueven el movimiento a México de operaciones complejas y/o muy pequeñas, mismas que difícilmente operarían de forma independiente, puesto que se tiene el caso de inversiones de capital muy grande y pequeñas de personal. Este tipo de industrias fomentan la proveeduría de la cadena nacional, por diversos motivos, como: contratos de arrendamiento de espacios físicos de largo plazo; generan relaciones laborales permanentes y logran acuerdos comerciales generalmente de largo plazo, lo que incide positivamente en la economía mexicana.
En materia de empleo, de acuerdo con datos de Immex, las empresas de albergue generan más de 67 mil empleos directos, con cuotas al IMSS que exceden los 875 millones de pesos anuales; tan solo, en el estado de Sonora las empresas de albergue aportan más del 20% de los 110,000 empleos que ofrece el sector maquilador. Esta situación que es de gran impacto en algunos Municipios como el de Empalme, Sonora; donde la principal fuente de empleo es una empresa que opera bajo la modalidad de albergue. Asimismo se estima que los empleos indirectos ascienden a más de 200 mil, equivalentes a más de 12,100 millones de pesos anuales.
La inversión en espacio físico, ya sea compra o renta de la utilización espacios por más de 2 millones de metros cuadrados realizados por la maquiladora de albergue, equivalente a una derrama en el sector de la construcción de un poco más de 106 millones de dólares. Uno de los elementos que también se tiene que considerar es que este tipo de empresas detonan programas académicos que viene a innovar, por las firmas de convenios ya bien de capacitación o para formación de cuadros técnicos que pueden ser aprovechados por el sector, esto pues incide directamente en el desarrollo de capital humano, situación que eleva nuestra competitividad como país.
Sin duda que, la política fiscal como instrumento de regulación del Estado en los mercados, ha sido un manifiesto esquema mediante el cual nuestro país ha manejado su vida económica y, a su vez, este instrumento incide de manera directa en la generación de condiciones que pueden favorecer el crecimiento y la generación de empleos, es menester tener en cuenta que hoy lo que apremia es generar más empleos en nuestro país, apremia dar certeza a las inversiones de nacionales y extranjeros, apremia pues, que las decisiones políticas tengan efectos materializados en los bolsillos de las personas, en sus condiciones laborales y de seguridad social, de ahí que esta iniciativa tenga como objeto reformar un artículo que de libertad a la inversión maquiladora para poder independizarse de su albergue no en un tiempo definido, sino en el momento que así sea decidido por la empresa, esto da certeza jurídica al inversionista y a sus subsidiarios, así como a la cadena productiva generada, en si logra la un impacto positivo en nuestra economía.
Por lo anteriormente expuesto y, por conocer el funcionamiento de esta modalidad de maquiladora, dado que uno de los municipios que forman mi Distrito, tiene una economía que gira en torno al modelo albergue y, se dé cierto que gracias a la incidencia de esta industria es posible mejorar la condiciones de vida, educación, salud y desarrollo de las poblaciones. Pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo Único: Se adiciona y reforma el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:
Artículo 183. ...
...
...
...
...
...
Los residentes en el extranjero que realicen actividades de maquila a través de la empresa de maquila bajo la modalidad de albergue, únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por un periodo de 4 años consecutivos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas con programa Immex bajo la modalidad de albergue, podrán calcular y enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a las actividades de maquila realizadas en territorio nacional para sus clientes residentes en el extranjero a partir del quinto año, conforme a lo siguiente:
a) Determinará una utilidad fiscal por las operaciones de maquila en los términos establecidos las fracciones I o II del artículo 182, según sea el caso, de esta ley, o incluso podrán obtener una resolución particular en los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, para los clientes residentes en el extranjero a quienes le realicen actividades de maquila a través de la empresa con Programa Immex bajo la modalidad de albergue, que hayan excedido el plazo de los 4 años consecutivos referido en este artículo.
b) El impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley a la utilidad fiscal determinada conforme al inciso anterior, se enterará de manera anual a través de la empresa que opera el Programa Immex bajo la modalidad de albergue, por cuenta del residente en el extranjero, y se liberará al residente del extranjero de cualquier obligación formal de registro y de presentación de declaraciones fiscales en México.
c) La empresa que opera el Programa Immex bajo la modalidad de albergue será responsable solidaria en el cálculo y entero del impuesto determinado por cuenta del residente en el extranjero.
Lo anterior será aplicable, siempre que México haya celebrado un tratado para evitar la doble imposición con el país de residencia del cliente residente en el extranjero y se cumplan los requisitos de dicho tratado.
d) La empresa que opera el Programa Immex bajo la modalidad de albergue, tendrá la obligación de presentar anualmente la información que establezca el Sistema de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Para todos los efectos fiscales, se considerará que las empresas que operan el Programa Immex bajo la modalidad de albergue que cumplan con lo establecido en este artículo, llevan a cabo operaciones de maquila en los términos de los artículos 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Notas
1 Véase en: Mendiola, Gerardo, “México: Empresas de exportación en los noventa”; Serie: Reformas Económicas, 1999, en:
http://archivo.cepal.org/pdfs/1999/S9900618.pdf
2 Íbid.
3 Bendesky, Leon, “La industria maquiladora en México: mitos y realidades”, Informe para el Instituto de Investigaciones Laborales” México, 2003.
4 Íbid.
5 Íbid.
6 Íbid.
7 Íbid.
8 Íbid.
9 Íbid.
10 Véase en: Mendiola, Gerardo, “México: Empresas de exportación en los noventa”; Serie: Reformas Económicas, 1999, en: http://archivo.cepal.org/pdfs/1999/S9900618.pdf
11 Bendesky, Leon, “La industria maquiladora en México: mitos y realidades”, Informe para el Instituto de Investigaciones Laborales” México, 2003.
12 Íbid.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Susana Corella Platt, Adriana Terrazas Porras, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Anaya Orozco, Ana Georgina Zapata Lucero, Benjamín Medrano Quezada, Carlos Federico Quinto Guillén, Carlos Sarabia Camacho, César Alejandro Domínguez Domínguez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Evelyng Soraya Flores Carranza, Felipe Cervera Hernández, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Uriarte Zazueta, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Everardo López Córdova, José Hugo Cabrera Ruiz, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Morán, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, María Ávila Serna, María Bárbara Botello Santibáñez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Olimpia Zapata Padilla, Martha Hilda González Calderón, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Nora Liliana Oropeza Olguín, Pablo Bedolla López, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»
Presidencia de la diputada María Ávila Serna
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Susana Corella. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Por favor, sonido en la curul de la diputada Georgina Zapata.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Muchas gracias, presidenta María Ávila. Pidiendo poderme adherir a la iniciativa que presenta la diputada Susana Corella, al ser un tema sumamente sentido para los trabajadores y el sector laboral de nuestro país.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Susana Corella, están solicitando adherirse a su iniciativa. ¿Tiene algún inconveniente? Adelante, diputada. Sonido, por favor, para el diputado Benjamín Medrano.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (desde la curul): Señora presidenta, en el mismo sentido que hizo mención mi compañera, la diputada Georgina Zapata. Además de felicitar a la diputada Susana Corella por esta gran iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Adelante. Por favor, diputada Bárbara Botello.
La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a la diputada Susana Corella, porque es una iniciativa muy importante que por supuesto generará inversiones importantes para el país, pero también generará muchísimos empleos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sonido, por favor, para el diputado Juan Antonio Meléndez.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Gracias, muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido que mis compañeros diputados, adherirme, solicitarle a la diputada Susana Corella si nos permite adherir a esta iniciativa que es tan importante para todo nuestro país y obviamente para los estados que tenemos actividad maquiladora en nuestras entidades. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado. La diputada ha autorizado su adhesión. Está aquí a disposición de la Secretaría para todas las compañeras diputadas y diputados que deseen pasar a firmarla. Sonido para el diputado Agustín Rodríguez, por favor.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (desde la curul): Felicitar a la diputada Susana Corella y también a quien nos acompaña, Luis Felipe Sener, empresario del estado de Sonora, que ellos son los pioneros en este sistema de Shelter, y que es necesario que nosotros como diputados, a través del Ejecutivo, podamos apoyarlo. Como bancada de Acción Nacional del estado de Sonora, apoyamos la iniciativa de la diputada Susana Corella. Felicidades.
La presidenta diputada María Ávila Serna:Gracias, diputado.
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Quiero felicitar el día de hoy a un joven sonorense, Omar Montelongo, que se encuentra el día de hoy aquí, acompañándome a presentar una iniciativa —felicidades, Omar—, a presentar una iniciativa que fue adquirida a través de una convocatoria que lancé en el estado de Sonora a jóvenes universitarios y jóvenes de bachillerato, y después de analizar y tener un jurado de compañeros diputados, la iniciativa de Omar fue la que obtuvo el primer lugar y por ello Omar se encuentra en este salón de plenos, acompañándome a presentar una iniciativa en nombre de todos los jóvenes de México. Felicidades, Omar y va por ti.
La fórmula de realizar servicio social como vía para adquirir experiencia profesional e incluso acceder a un puesto de trabajo es cada vez más aceptada y valorada por empresarios demandantes de personal más preparado y jóvenes demandantes de un buen empleo.
En México, las prácticas profesionales se desarrollan dentro del ámbito escolar a nivel bachillerato y universitario. Así es como jóvenes que están estudiando en instituciones de educación superior tienen que cumplir con un requisito indispensable para obtener el título universitario o grado académico: el presentar un servicio social.
A pesar de que en el país existe una normativa que regula de forma general qué son las prácticas profesionales, esta normativa no establece claramente cómo es que se deben regular tales prácticas que son desempeñadas por los jóvenes para poder accesar al mercado laboral.
Debido a la naturaleza de algunos estudios universitarios, se convierte el servicio social y prácticas profesionales en la única oportunidad que tiene el estudiante de poner en práctica su formación, conocer de cerca el funcionamiento interno de las empresas, contratar sus conocimientos y aptitudes con el perfil que demandan las mismas e incluso definir sus aspiraciones profesionales.
En la actualidad México y el mundo demandan egresados con conocimientos globales, especializados, humanos y sensibles a las necesidades de la sociedad. Estas competencias podrían aprenderse en las universidades y en las aulas, pero la oportunidad de estar al frente con los proyectos o situaciones reales de trabajo se convierte en aprendizajes indispensables que solo en la práctica podrán adquirirse.
El Instituto de la Juventud señala que la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un trabajo relacionado con su área de estudio es del 30.7 por ciento. Es decir, uno de cada tres consigue desempeñarse en actividades vinculadas con su perfil profesional.
Además, tenemos que 188 mil jóvenes no cuentan con experiencia laboral, están en búsqueda de su primer empleo aún. Para la OCDE, las principales causas de desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo digno, la falta de dominio de su área o disciplina y la falta de capacitación.
Se estima que, con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 años tardarán aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y cuando lo logran el salario será incluso menos al que obtiene un trabajo con estudios de secundaria.
Es por ello que el Servicio Social y las Prácticas Profesionales son actividades esenciales que refuerzan la formación y fomentan en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, con la sociedad y con México.
Por lo anterior, es que proponemos reformar el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones, con el propósito de que sea obligatoria la retribución económica para la presentación del Servicio Social y que esta retribución sea, por lo menos, lo correspondiente al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización del año en curso.
Los invito a apoyar esta iniciativa que contribuye a que los jóvenes mexicanos tengan mayores oportunidades laborales, adquieran competencias que les permita ser competitivos en un entorno cada vez más globalizado, que mejoren sus condiciones económicas y que esto se traduzca en elevar su calidad de vida y les permita alcanzar sus metas y sueños. Felicidades y enhorabuena, Omar.
«Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Agustín Rodríguez Torres, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
Exposición de MotivosLa presente propuesta fue construida con base en las ideas aportadas por Omar Montelongo Terriquez ganador de la convocatoria “Jóvenes con iniciativa por Sonora”, promovida por un servidor, y que tuvo como propósito alentar a los jóvenes sonorenses de preparatoria y universidad a participar con una propuesta de tema para realizar un iniciativa de ley dirigida a la juventud.
Acción Nacional felicita al ganador e impulsa su propuesta a través de la presente iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto insertar a los jóvenes mexicanos en la economía de nuestro país y fomentar que adquieran experiencia laboral en el ámbito de su profesión.
Según la Secretaría de Educación Pública las prácticas profesionales y la prestación de servicio social, tienen como propósito fundamental que el estudiante fortalezca y concrete sus competencias profesionales para desarrollarlas en la escuela y en el ámbito laboral. Además, promover en él practicante, una actitud reflexiva y crítica que le permita fortalecer sus habilidades utilizando con pertinencia los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos que ha adquirido a través de los cursos que componen la malla curricular, así como los que él mismo se ha procurado a partir de la búsqueda e interés para profundizar y ofrecer respuestas a las exigencias que la práctica le plantea, con la finalidad de tener mejores resultados en cada una de sus intervenciones.
En México, concluir una carrera profesional, no siempre es una garantía para obtener un buen empleo. Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del primer trimestre de 2015, existen en nuestro país, 884 mil 237 personas que tienen un grado superior de estudios, pero se encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir un empleo.
Ser titulado de una universidad, al menos, para la cuestión laboral y de ingresos, no tiene mucha relevancia, y es que uno de los retos que enfrentan los recién egresados de las universidades mexicanas, es contar con las aptitudes y capacidades necesarias para encontrar un empleo dentro del mercado laboral, que si bien sabemos, es bastante competido.
El Instituto de la Juventud señala que la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un trabajo es de 30.7 por ciento. De ese porcentaje, uno de cada tres, consigue desempeñarse en actividades vinculadas con su perfil profesional. Del total de jóvenes, 52 por ciento son económicamente activos y 48por ciento realiza actividades no económicas, 0.95 millones se encuentran en condición de desocupación o desempleo.
Además, el porcentaje de las y los jóvenes desocupados, no cuentan con experiencia laboral, es decir, están en búsqueda de su primer empleo. Son alrededor de 188 mil jóvenes en esta condición, donde las mujeres son más tanto en número como en proporción, es decir, actualmente hay más mujeres jóvenes buscando insertarse por primera vez en el mercado laboral.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las principales causas del desempleo en los jóvenes profesionistas, son la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo digno, que muchos empleadores no están de acuerdo en pagar, la falta de dominio de su área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación.
Además esta misma, estima que con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 años, tardarán aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y cuando lo logran, el salario es incluso menor al que obtiene un trabajador con estudios de secundaria.
La UNESCO del mismo modo, señala que los jóvenes necesitan competencias básicas para tener la posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado y llegar a ser una fuerza productiva en la economía. La mejor manera de adquirirlas es mediante la educación formal, prácticas profesionales y servicio social, pero son muchos los que llegan a la edad adulta sin esas competencias. Un nuevo conjunto de datos preparado para este informe, sobre la base de encuestas de hogares realizadas en 59 países, revela en qué medida los sistemas educativos defraudan a los jóvenes y limitan sus posibilidades de obtener un empleo remunerado con un salario digno.
En México las prácticas profesionales se desarrollan solamente dentro del ámbito escolar, a nivel bachillerato y universitario mayoritariamente. De esta manera, los jóvenes que están estudiando en instituciones de educación superior tienen que cumplir con un requisito indispensable para obtener el título universitario o grado académico: el presentar un “servicio social”. A pesar de que en el país existe una normativa que regula de forma general qué son, ésta no establece claramente cómo es que se deben regular tales prácticas, que son desempeñadas por los jóvenes para poder facilitar su entrada al mercado laboral.
En 2013, se calculó que 74.5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad han estado desempleados, casi un millón más que en el año anterior. La tasa mundial de desempleo juvenil ha aumentado hasta el 13.1 por ciento, 2 y es precisamente este grupo de población el que tiene una marcada dificultad para ingresar al mercado de trabajo por falta de disposiciones que fortalezcan sus habilidades, potencial y experiencia.
La fórmula de realizar servicio social como vía para adquirir experiencia profesional e incluso acceder a un puesto de trabajo es cada vez más aceptada y valorada por empresarios y jóvenes demandantes de empleo. La excesiva teoricidad de algunos estudios universitarios las convierten muy a menudo en la única oportunidad que tiene el estudiante de poner en práctica su formación, conocer de cerca el funcionamiento interno de las empresas, contrastar sus conocimientos y aptitudes con el perfil que demandan las mismas, e incluso definir sus aspiraciones profesionales.
Estos mecanismos sirven como un “puente” para acercar a los jóvenes al mercado de trabajo que permiten poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación profesional en un mundo “real”, es decir, en situaciones concretas y existentes.
El significado adaptado del Servicio Social se construye desde el propio sistema de creencias o significados previos, sumado a las experiencias adquiridas durante la carrera y en las mismas prácticas al momento de realizarse. En los escenarios, el alumno espera realizar las actividades acorde a la representación que ha construido de cada una de las organizaciones, el tipo de escenario/organización, representa las actividades esperadas. Además representan un espacio en donde el alumno define sus gustos e intereses. El Servicio Social contribuye a integrar el proceso de formación integral vinculado con el sector productivo.
Sobre la base de los datos más recientes de la Encuesta demográfica y de salud y la Encuesta de indicadores múltiples, el análisis realizado por el Instituto de Estadística de la UNESCO para este Informe permite examinar detalladamente la situación educativa de los jóvenes de 15 a 19 años a fin de evaluar si los que debían haber cursado al menos el primer ciclo de la enseñanza de bachillerato pudieron hacerlo. En este nivel deberían haber adquirido las competencias básicas indispensables para poder desarrollar otras más avanzadas y que les sirvieran para evitar las peores formas de desventaja en el mercado de trabajo. Si entre los 15 y los 19 años un joven está aún en la escuela primaria, sus posibilidades de acabarla y pasar a la enseñanza secundaria son escasas. Si nunca ha ido a la escuela, o la ha abandonado antes de completar la enseñanza primaria o el primer ciclo de la secundaria, es poco probable que alguna vez adquiera las competencias básicas. En Ghana, por ejemplo, alrededor de la mitad de las jóvenes que tenían entre 15 y 29 años y habían recibido una educación escolar durante seis años no podían siquiera leer ni escribir en 2008; y 28 por ciento sólo estaban parcialmente alfabetizada.
En la actualidad, México y el mundo demandan egresados con conocimientos globales, especializados, humanos y sensibles a las necesidades de la sociedad. Estas competencias podrían aprenderse en las universidades mayoritariamente y en las aulas, pero la oportunidad de estar de frente con los proyectos o situaciones reales de trabajo se convierten en aprendizajes indispensables que sólo en la práctica podrán adquirirse. También es necesario considerar que la formación social, debe de estar presente en todos los métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje, que exista un acercamiento real entre lo teórico y lo práctico para que así los jóvenes puedan egresar de sus distintas unidades estudiantiles, con las armas necesarias para poder tener las armas necesarias, que el mercado laboral muchas veces demanda.
Es por ello que, el Servicio Social y las prácticas profesionales son actividades esenciales que refuerzan la formación profesional y fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país. Asimismo una actitud de compromiso y de responsabilidad para cumplir las funciones demandadas de la institución.
Los invito a todos y a todas a apoyar esta iniciativa que contribuye a que los jóvenes mexicanos tengan mayores oportunidades laborales, adquieran competencias que les permita ser competitivos en un entorno cada vez más globalizado, mejoren sus condiciones económicas y que todo esto se traduzca en elevar su calidad de vida y permitirles cumplir sus metas y sueños.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación, de la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal
Único: Se modifica y se adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal para quedar de la siguiente manera:
Artículo 53. ...
La retribución señalada en el párrafo anterior deberá sujetarse a lo siguiente:
I. Para la prestación del servicio social profesional la remuneración será obligatoria, a excepción de las correspondientes al artículo 60 de la presente ley;
II. El monto de esta retribución no será menor al valor mensual de la UMA vigente;
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente decreto, se sujetarán, bajo el principio de progresividad, a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.
Notas
1 Imjuve Panorama de la ocupación juvenil en México, 2017
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225153/Panorama_ ocupacion_juvenil_No1.pdf
2 OCDE Employment Outlook
https://www.oecd.org/fr/els/emp/Mexico_final_Spanish.pdf
3 OCDE México, situación laboral en la Juventud
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/mexico/
4 UNESCO Los jóvenes y las competencias, Muchos jóvenes carecen de competencias básicas
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf
5 UNESCO Los jóvenes y las competencias, Muchos jóvenes carecen de competencias básicas
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Luis Agustín Rodríguez Torres, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Carlos Alberto Palomeque Archila, Emma Margarita Alemán Olvera, Felipe Cervera Hernández, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, José Everardo López Córdova, Juan Alberto Zaldívar Blanco, Karina Padilla Avila, Lorena del Carmen Alfaro García, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Olimpia Zapata Padilla, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Susana Corella Platt, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Luis Agustín Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Erika Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Enfrentamos una serie de problemas ambientales que debemos atender con prioridad. La explotación de nuestros recursos naturales, de una manera rapaz e irresponsable, cada vez es más frecuente y no se establecen programas ni los recursos para promover un equilibrio ecológico que involucre la conservación de la biodiversidad.
Al año 2015 los costos totales al agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental equivalían al 5 por ciento del producto interno bruto, es decir, un monto aproximado a los 907 mil 473 millones de pesos.
Los recursos económicos federales son evidentemente insuficientes para detener y revertir la degradación ambiental. Las propuestas de cada año tienen una disminución considerable que no corresponden a las necesidades que presentan nuestros recursos naturales, como el petróleo, agua o recursos forestales.
No debemos dejar de lado los costos que implican la contaminación del aire, de nuestros matos acuíferos, la degradación del suelo y la generación de residuos sólidos.
Las dependencias ambientales se ven rebasadas al recibir un fuerte impacto en los recortes presupuestales, que incluso han demostrado las capacidades operativas del sector, provocando acciones limitadas de atención y de prevención.
Es por ello que encontramos en la Ley de Coordinación Fiscal una apertura a brindar mayores recursos que tengan como fin cumplir con las disposiciones constitucionales de orden público e interés social, que tienen por objeto propiciar el derecho a un medio ambiente sano y transitar hacia un desarrollo sustentable.
Para poder atender la demanda eficiente y de equidad, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, debemos de transitar por un esquema de federalismo real, abandonado todas aquellas políticas centralistas que no permitan una gestión ambiental oportuna, que se acompañe de decisiones tardías y procesos burocráticos tardíos que únicamente afectan a nuestros recursos naturales.
Derivado de esta problemática propongo adicionar una fracción al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable, y se distribuye entre las entidades federativas de acuerdo con la fórmula señalada en el artículo 46 de dicha ley, tenga la oportunidad de destinarse al apoyo de programas y proyectos para la prevención y restauración de equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental y los efectos adversos al cambio climático.
Es urgente que los gobiernos de las entidades federativas tengan la posibilidad de destinar recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a programas y proyectos para la prevención y restauración del equilibrio ecológico.
Esta es una propuesta que tiene como objetivo el atender una problemática que se ha manifestado en diversos fenómenos atípicos y que poco a poco requiere de mayores compromisos.
Apostemos por el desarrollo sustentable y el aprovechamiento responsable de todos nuestros recursos naturales. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Erika Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
La actual problemática ambiental en México es considerada asunto de gran prioridad. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que en el año 2015, los costos totales de agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental de México equivalían a 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del país (PIB del 2015 fue igual a 18 billones 194 mil 758 millones de pesos).
Este valor es equivalente a los costos totales por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, que equivalen a un monto de 907 mil 473 millones de pesos.
Del citado 5.0 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 0.7 por ciento (122 mil 716 millones de pesos) y el deterioro ambiental a 4.3 por ciento (784 mil 757 millones de pesos) del PIB.
El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos (0.4 por ciento del PIB), del agua subterránea (0.2 por ciento del PIB), y de los recursos forestales (0.1 por ciento del PIB). Respecto a los costos del deterioro ambiental comprende la contaminación del aire (3.2 por ciento del PIB), la degradación del suelo (0.5 por ciento del PIB), la contaminación del agua (0.3 por ciento del PIB), y la generación de residuos sólidos (0.3 por ciento del PIB).
Sin embargo, los recursos económicos federales son evidentemente insuficientes para detener y revertir la degradación ambiental. Esto se observa con la abrumadora reducción del presupuesto autorizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre el año 2016 y este año 2017. Aunque el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, en general ha sido severamente impactado por el recorte presupuestal, ya que la reducción global de todo el Sector (Conagua, Conafor, Conanp, Sector Central, Profepa, INECC, IMTA), ha sido en dicho periodo de 35.5 por ciento, 19 mil 791 millones de pesos menos. Damnificados especialmente han sido los principales organismos del fomente e inversión del Sector, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que en dicho periodo han tenido una reducción en su presupuesto autorizado de 49.1 y 36.3 por ciento respectivamente -3 mil 674 millones de pesos menos, la Conafor, y -14 mil 878 millones de pesos menos, la Conagua.
El resultado, no ha sido solo la caída de la inversión para la protección ambiental, sino también un grave desmontaje de capacidades del Sector, ya que la cancelación de plazas ha afectado a oficinas centrales, delegaciones, direcciones regionales y gerencias, especialmente en las áreas especializadas y operativas.
La Ley de Coordinación Fiscal, expedida en 1980, sienta las bases de un esquema de coordinación fiscal más amplio y equilibrado que los anteriores en la medida que incluye tanto criterios de eficiencia como de equidad para distribuir los recursos fiscales.
No obstante, en su regulación se ha mantenido en el olvido el interés por dotar de suficientes recursos económicos a los Gobiernos de las Entidades Federativas para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la conservación de la biodiversidad, la protección ambiental, así como los efectos adversos del cambio climático.
Por lo cual, se considera necesario que sean incorporadas a la Ley de Coordinación Fiscal, las consideraciones que se enuncian a continuación para dotar de capacidad económica a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales de orden público e interés social que tienen por objeto propiciar el derecho a un medio ambiente sano y transitar hacia el desarrollo sustentable.
Argumentos que sustentan la presente iniciativa
Es necesario impulsar un esquema real de federalismo y descentralización ambiental, que abandone cualquier esquema centralista, en especial en la administración pública ambiental. Centralismo en la gestión ambiental ha significado lentitud de respuesta, desconocimiento y lejanía de la problemática ambiental local. Descentralizar significaría lo contrario toma de decisiones rápida y oportuna con conocimiento de lo local. Ser eficientes y eficaces tanto en la Federación, como en las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México.
Es decir, se trata de que las instituciones federales responsables de los asuntos ambientales asuman un esquema federalista y descentralizador cada vez más normativo y estratégico, cuidando en especial que los objetivos globales y nacionales en materia ambiental sean incluidos y alineados en las políticas ambientales de las instituciones estatales y municipales. Fomentar y estimular, que especialmente los Gobiernos de las Entidades Federativas a través de sus instituciones ambientales estatales, puedan asumir plenamente sus facultades en materia ambiental, así como una mayor responsabilidad para regular, planear, coordinar y gestionar los aspectos ambientales en las Entidades Federativas.
Para ello, los Gobiernos de las Entidades Federativas deben contar con los recursos presupuestales que les permitan atender en forma oportuna e inmediata las competencias que la legislación ambiental les otorga con criterios de integralidad, transversalidad, multisectorialidad y de equidad en la gestión gubernamental. Se requiere captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales, e internacionales para apoyar la implementación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. Esto significa innovar y mejorar de manera continua los esquemas de asignación de recursos presupuestales.
Por ello, se propone adicionar una fracción X al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente a 1.40 por ciento de la recaudación federal participable y se distribuye entre las entidades federativas de acuerdo con la fórmula señalada en el artículo 46 de dicha Ley, tenga la posibilidad de destinarse al apoyo de programas y proyectos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la conservación de la biodiversidad, la protección ambiental, y los efectos adversos del cambio climático.
En síntesis, es urgente y necesario, que los Gobiernos de las Entidades Federativas tengan la posibilidad de destinar recursosdel Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a programas y proyectos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la conservación de la biodiversidad, la protección ambiental, y los efectos adversos del cambio climático, ya que es insuficiente la actual inversión federal en la materia.
Fundamento Legal
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Erika Briones Pérez, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Único.Se adicionauna fracción X al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente manera:
Ley de Coordinación Fiscal
Artículo 47.Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán
I. a IX. ...
X. Para apoyar programas y proyectos destinados a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la conservación de la biodiversidad, la protección ambiental, y los efectos adversos del cambio climático.
...
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ ee/default.aspx Consultado el 8 de agosto de 2017.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Erika Irazema Briones Pérez,Gretel Culin Jaime, Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Morán, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Erika Briones. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna:Por favor, sonido en la curul del diputado Fernando Rubio.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Presidenta, para pedirle a la proponente si me puedo adherir a su iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Erika Briones. Diputado Fernando Rubio, acepta la diputada que se adicione a su iniciativa, así que puede pasar, por favor. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra?
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, le vamos a ceder el uso de la palabra por cinco minutos a la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
La diputada Concepción Villa González:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Concepción Villa González: Compañeros, compañeras, los que aún se encuentran aquí en el pleno, vengo a presentar iniciativa que pongo a consideración y tiene el objeto de mejorar las condiciones de vida de aproximadamente 150 mil mexicanas y mexicanos, quienes día a día tienen la necesidad de trasladarse en el transporte público en el valle de México. Ciento cincuenta mil mexicanas y mexicanos con ingresos familiares promedio entre 150 y 225 pesos diarios.
La Ley Orgánica de Administración Pública Federal dispone que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las tarifas para cobrar el servicio público de transporte. Por su lado, en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se prevé que serán los concesionarios y permisionarios quienes fijen las tarifas de este servicio.
Más allá de la contradicción expuesta, en ninguno de los dos ordenamientos se señalan los parámetros bajo los cuales se fijarán las tarifas de los servicios públicos de transporte e incluyendo el ferroviario, remitiendo su fijación a normas de menor jerarquía.
Es precisamente en esta falta absoluta de parámetros o guías mínimas para fijar las tarifas donde funcionarios públicos y prestadores de servicios de transporte público aprovechan para fijar las tarifas que les conviene a los concesionarios sin respetar el derecho de los ciudadanos a pagar únicamente por los servicios efectivamente recibidos, el abuso se comete bajo el amparo de una normatividad permisiva y el abuso del poder de algunos funcionarios públicos.
El 25 de octubre de 2005, el gobierno federal a través del secretario de Comunicaciones y Transportes otorgó título de concesión a la empresa Ferrocarriles Urbanos quien administra y opera el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. El tres realiza un recorrido de 25.5 kilómetros desde dos terminales y a través de cinco estaciones intermedias, a pesar de que en el recorrido existen 21 distancias diferentes entre sí, en correspondencia solo existen dos únicas tarifas, lo que es absurdo y abusivo ya que las tarifas aplicadas son absolutamente independientes de los recorridos efectuados por los ciudadanos.
¿Cómo es posible que se cometa este abuso todos los días en contra de 150 mil usuarios? Sencillo. En el título de concesión el secretario de Comunicaciones y Transportes permitió que la empresa fijara las tarifas en atención al recorrido real entre las estaciones o por zonas tarifarias. Por supuesto, la empresa eligió fijar las tarifas en zonas tarifarias, pues de esta manera no solo cobra el servicio prestado efectivamente al ciudadano sino a las zonas fijadas unilateralmente, el abuso es clarísimo.
Por ejemplo, aunque un usuario haga un recorrido de solo 14 kilómetros, es obligado a pagar el recorrido completo que son 25.5 kilómetros, lo que implica un sobrepago equivalente a 45 por ciento de la tarifa.
Diputadas, diputados, es evidente que no existe ley o norma alguna que faculte al secretario de Comunicaciones y Transportes para autorizar que la empresa concesionaria aplique a los ciudadanos tarifas desligadas absolutamente del servicio efectivamente recibido, eso es un abuso de poder de los titulares de la SCT desde el año 2005 a la fecha, incluyendo al señor Gerardo Ruiz Esparza.
Por lo anterior, para evitar que se sigan aplicando cobros a los ciudadanos por servicios no prestados, es necesario que desde las leyes orgánicas y reglamentarias se establezca con claridad que las tarifas deberán ser fijadas en proporción directa al servicio efectivamente recibido a los ciudadanos, así como la obligación de las autoridades de vigilar que las concesionarias no cometan más abusos. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena
Concepción Villa González, diputadaintegrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 3o., fracción VIII, 6o., numeral 1, fracciones I, II, IV y X, 36, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la de género; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.
En el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de las personas a “... un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho...”.
Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:
“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático...”.
Y, en el artículo 26 de la Constitución federal se prevé:
“Artículo 26.
A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...
La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad...”.
De su lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 19, fracciones IV y V, prevé que el equilibrio ecológico debe observarse en los asentamientos humanos y en el emplazamiento de las vías de comunicación. Y, en la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 34, se contienen la obligación para las autoridades de la administración pública federal de diseñar e instrumentar programas de movilidad que sean sustentables.
El desarrollo sustentable se entiende como un proceso de construcción social “que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Bruntland, 1987). La LGEEPA exige además que el proceso tienda “a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas” (artículo 3, fracción XI).
Para una mejor inteligibilidad, el al que alude el desarrollo sustentable se conceptúa en tres ámbitos interrelacionados e indisolubles: ambiental, social y económico, sin que alguno de ellos pueda prevalecer sobre los otros dos, pues eso rompería el frágil equilibrio ambiental que permite la vida como la conocemos, y, por ende, vulneraría el derecho de las generaciones futuras, o sea: sería considerado insustentable.
Dentro del derecho ambiental, el ambiente ha sido considerado como “ el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etcétera, que rodean a las personas” (Brañes, 2000), lo que coincide sustancialmente con la definición legal prevista en el artículo 3 de la LGEEPA, de lo que se sigue que las personas tienen derecho a gozar, mejorar y cuidar el ambiente que las rodea, incluyendo su forma de vida, individual y colectiva y a participar de los beneficios del desarrollo; y, las autoridades tienen la obligación de establecer, instrumentar y respetar los mecanismos y procedimientos para la adecuada y oportuna participación de las personas en la preservación o restauración del ambiente, como parte de su derecho a un desarrollo sustentable.
En este tenor, en el artículo I, numeral 2, de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, define el derecho a la ciudad “como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. Y en el artículo XIII, de manera expresa, se contiene el derecho al transporte público accesible, a un precio razonable, y adecuado a las diferentes necesidades ambientales y sociales.
Si bien éste documento es de carácter programático u orientador en al ámbito internacional, las disposiciones citadas son de enorme utilidad para la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la vida de las personas que habitan en las ciudades; Así se ha reconocido en el ámbito de la política pública federal, mediante la elaboración y puesta en marcha del Programa Federal de apoyo al Transporte Masivo.
En el ámbito local, en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, se reconoce de manera explícita el derecho de los habitantes yde las personas que transitan la ciudad a disfrutarla. En consecuencia, se prevé el derecho al transporte público y a la movilidad urbana (párrafo 3.2), con el fin primordial de fortalecer el desarrollo social y económico de las personas.
De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio, en el ámbito de sus competencias y atribuciones. Para este trabajo, resulta preponderante tener presente el derecho de las personas a participar, definir y gozar de los beneficios del desarrollo sustentable.
Segunda: El esquema tradicional de un Estado que todo lo puede, todo lo dirige y todo lo controla, y un ciudadano que todo lo acepta -característica de la democracia representativa, está siendo redefinido por un nuevo esquema, en el cual los ciudadanos exigen el respeto pleno a sus derechos humanos.
Actualmente, los Estados Democráticos de Derecho reconocen que la “prosperidad urbana está vinculada a la nueva visión de la ciudad en el siglo XXI, donde el centro es el ser humano”. Acorde con ello, los procesos de toma de decisiones públicas deben estar orientados a satisfacer las necesidades sociales más apremiantes, dejando de lado los procesos donde frecuentemente los intereses privados prevalecen por encima de los intereses públicos y sobre el bien común (Foster, 2002).
Tercera: De acuerdo con datos oficiales, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 60.6% de los viajes diarios se realizan en transporte concesionado de “baja capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y taxi)” y sólo 8% se realiza en alguno de los “sistemas integrados de transporte público masivo (Metro, Metrobús, tren ligero y trolebús)”. Estas circunstancias propician que los traslados en la ZMVM sean largos, agotadores, inseguros y costosos, lo que sin duda afecta el bienestar y prosperidad de sus habitantes.
En un intento institucional de dar respuesta a la problemática de la movilidad, los representantes de los gobiernos federal y de la Ciudad de México han concurrido para impulsar modos de transporte masivos, como los “ trenes de pasajeros y transporte urbano masivo”: Tren Subsurbano Buenavista-Cuautitlán (en operación desde 2005) y el Tren Interurbano México-Toluca (en construcción); ambos recorridos comunican zonas conurbadas del estado de México y la Ciudad de México.
Cuarta. El Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán realiza un recorrido total de 25.52 kilómetros, con dos terminales (Cuautitlán-Estado de México y Buenavista-Ciudad de México) y cinco estaciones intermedias (Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería y Tultitlán).
Las distancias (km) entre terminales y estaciones se corresponden de la manera siguiente:
Las tarifas por Interestación actuales, considerando el “Ajuste Inflacionario (sic)” realizado por la empresa concesionaria(FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.), son:
Como puede observarse en las tablas insertas, a pesar de que existen recorridos con 21 distancias diferentes entre sí (entre estaciones y terminales), en correspondencia sólo existen dos únicas tarifas aplicables a tales recorridos. Es decir, las tarifas aplicadas por la empresa concesionaria entre las terminales y las estaciones intermedias son independientes del recorrido realizado y del servicio realmente proporcionado.
Lo anterior puede explicarse así: en el título de concesión se dispuso que el concesionario sería quien establecería las tarifas por interestación (1.1. fracción XIX). En seguimiento a esta disposición, en el Anexo 20 del título de concesión, en el arábigo 5, se estableció –formalmente— dos maneras de fijar las tarifas:
“5. Las Tarifas por Interestación (sic) deberán fijarse atendiendo al recorrido real entre las estaciones o por zonas tarifarias (en adelante “Zonas tarifarias”). Tratándose de Zonas Tarifarias, el Concesionario establecerá al menos dos...”.
Como puede apreciarse, la autoridad reglamentaria (SCT) le otorgó a la empresa concesionaria la posibilidad de fijar motu proprio las tarifas mediante dos vías: atendiendo al recorrido real o por zonas tarifarias.
Ante la alternativa recibida, la empresa concesionaria eligió fijar las tarifas por zonas tarifarias. De esa manera los usuarios deben cubrir alguna de las dos únicas tarifas establecidas por la concesionaria, desligadas del re corrido real realizado y del servicio realmente recibido por el usuario:
“1. Las Zonas tarifarias que el concesionario ha convenido establecer, son las siguientes:
Quinta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2014) los mexicanos más pobres destinan hasta 51% de sus ingresos para adquirir alimentos y bebidas, 11% a gastos de vivienda y combustibles y en promedio 19 % al pago de servicio de transporte público y comunicación. Este dato fue reafirmado en 2016, cuando se estimó que los hogares “con ingresos más bajos gastan más (en transporte) en términos porcentuales”.
La limitación de ingresos está asociada a limitaciones de movilidad, debido a que los mexicanos más pobres carecen de vehículos propios para trasladarse de sus domicilios a sus actividades cotidianas; por ende, son quienes utilizan en mayor proporción el transporte público: 70% contra un 8% de quienes tienen ingresos altos.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 60.6% de los 6.3 millones de viajes diarios se realizan en alguna de las modalidades del transporte público, donde el costo de un viaje representa hasta el 12.5 % de los ingresos en los hogares, lo cual impacta severamente el bienestar familiar y concomitantemente limita su derecho al bienestar y al desarrollo.
Ante este escenario de adversidades, la defensa de los derechos fundamentales -entre ellos los ingresos— de los mexicanos más pobres es determinante, sobre todo de parte de las autoridades de los tres niveles, quienes, de acuerdo con el artículo 1º Constitucional Federal, tienen la ineludible obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” de todas las personas.
El imperativo constitucional recién citado incluye a los integrantes o representantes de todo órgano de gobierno, incluyendo a los jueces, legisladores y al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Secretarios de Estado que conforman la administración pública centralizada, como el Secretario de Comunicaciones y Transportes.
De esto se sigue que dicho funcionario público, en todos sus actos inherentes al cargo que ostenta –como la expedición del Título de concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista—, tiene la obligación de proteger y defender los derechos fundamentales de los mexicanos.
No obstante lo anterior, es indudable que la expedición del título de concesión precisado es violatorio de los derechos de las y los 150,000 usuarios que diariamente hacen uso de ese servicio.
A pesar de que los usuarios tienen el derecho a una vida digna, al bienestar social y al derecho a la movilidad (el cual incluye un transporte de calidad accesible y económico), ven cómo sus exiguos ingresos les son arrebatados legalmente por la empresa concesionaria, mediante la fijación y aplicación unilateral de las tarifas por interestación por zonas tarifarias, no por el recorrido real realizado y el servicio efectivamente recibido.
Es moral, social y económicamente injusto que la autoridad reglamentaria obligue a las personas (usuarios) a pagar a la empresa concesionaria una tarifa que no se corresponde directamente con el servicio efectivamente recibido, desligada absolutamente del recorrido real realizado y del servicio prestado.
Por ejemplo, si un usuario aborda el tren en la terminal Buenavista y tiene necesidad de viajar a la estación San Rafael, realiza un recorrido de sólo 14.18 kilómetros, pero se obliga a pagar al usuario la tarifa máxima, la correspondiente al recorrido completo: 25.52 kilómetros. En este caso, la tarifa aplicada tiene un sobrecosto del 45%, ya que se obliga al usuario a pagar 11.34 kilómetros no recorridos.
La autorización a la empresa concesionaria para cobrar por servicios no prestados se traduce en un abuso de poder del secretario del ramo, quien carece de facultades para obligar a los usuarios a pagar por un servicio no recibido.
La facultad que tiene el Secretario de Comunicaciones y Transportes para fijar las tarifas asociadas al funcionamiento y operación de los servicios públicos de transportes, no incluye la permisividad para que el concesionario fije unilateralmente las tarifas, desligadas absolutamente de los servicios realmente prestados; por ello, la autorización de las tarifas aplicadas –sujetas formalmente a condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio— es una extralimitación de las facultades legales de dicho secretario, aprovechadas por el concesionario.
Ahora, si bien es cierto que en la Ley Reglamentaria del Servicio ferroviario se prevé únicamente el registro de las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario, ello no deriva en la discrecionalidad de que el concesionario fije las tarifas según las zonas tarifarias que unilateralmente decida. Es claro que las personas sólo están obligadas a pagar por el servicio efectivamente recibido o el recorrido realmente realizado a bordo del tren.
Sexta. También es pertinente precisar que, en comparación con otro servicio de transporte similar existente en la Zona Metropolitana del Valle de México, la tarifa máxima autorizada al concesionario del Tren Cuautitlán-Buenavista ( $17.50) tiene un sobrecosto de al menos el 35 %.
Si atendemos las afirmaciones de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, el costo “real” de un viaje por recorrido completo en el sistema de transporte colectivo METRO es de $13.00 pesos. En cambio, por un recorrido real de 14.18 kilómetros en el tren suburbano Cuautitlán-Buenavista (de la terminal de Buenavista a la estación San Rafael), el usuario es obligado a pagar actualmente $17.50 pesos.
Séptima. Para evitar el abuso, discrecionalidad y arbitrariedad de la autoridad reglamentaria, al fijar las tarifas a aplicar por los concesionarios por la operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, es conveniente dejar bien establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Reglamentaria del Servicio que las tarifas a aplicarse a los usuarios de los servicios públicos de comunicaciones y transportes deben tener relación directa con el servicio efectivamente recibido por los usuarios, y que no puede incluirse cobro total o parcial por servicios no recibidos por los usuarios.
Por lo anterior, someto a la consideración del Honorable Pleno el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Primero: Por el que se reforma y adiciona la fracción XII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I...
II...
III...
IV...
V...
VI...
VII...
VIII...
IX...
X...
XI...
XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, las tarifas para el cobro de los servicios públicos de comunicaciones y transportes deberán fijarse de acuerdo con el servicio público recibido efectivamente por el usuario; así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes.
La Secretaría vigilará que las tarifas fijadas estén en relación directa con el servicio efectivamente recibido por el usuario.
XIII...
XIV...
XV...
XVI...
XVII...
XVIII...
XIX...
XX...
XXI...
XXII...
XXIII...
XXIV...
XXV...
XXVI...
XXVII...
Artículo Segundo: Por el que se reforma el párrafo primero del artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:
Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia; las tarifas se fijarán en relación directa con el servicio público recibido efectivamente por el usuario. La Agencia vigilará que las tarifas fijadas estén en relación directa con el servicio efectivamente recibido por el usuario.
...
...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor conforme a lo siguiente:
I. El Artículo primero entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y,
II. El Artículo segundo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 ONU Hábitat (2016). Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015. Senado de la República, LXIII Legislatura- Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. México, pág. 7.
2 Ob. cit., Pág. 42.
3 Diario Oficial de la Federación 25/10/2005.
4 SCT (2016). Cuarto Informe de Labores 2015-2016. Gobierno de la República. México, pág.39.
5 Título de Concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista. Anexo 20. Tarifa y reglas de aplicación. Apéndice B. Matriz de Distancias. Diario Oficial de la Federación. México, 2005.
6 Apéndice “A Bis-7” del Anexo 20 referido.
7 Tarifas actualizadas, incluyendo IVA: Viaje corto $7.00 (Zona tarifaria A) y Viaje largo $16.00 (Zona tarifaria B). Cfr. Apéndice “B-1 Bis” del Anexo 20.
8 Actualizada al mes de julio de 2015.
9 ONU HÁBITAT (2016). Ob. Cit.,pág. 40.
10 Ídem. 40.
11 Ídem, 40.
12 Ramírez Tamayo, Z (2013), Tren Suburbano: un viaje de 10,000 mdd, en Revista Forbes, Sección Negocios, 2 de abril de 2013. México. Visible en página electrónica el 17 de enero de 2017:
htpp://www.forbes.com.mx/autor/zacarias-ramirez.
13 De la cual el Gobierno Federal tiene el 49% de las acciones
14 Jorge Gaviño Ambriz, director del Sistema de Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de México, en Atracción360. Grupo Imagen. México, 15 de junio de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputada Concepción Villa González(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Concepción Villa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Transportes, para dictamen.
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Manuel Celis Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita, además del diputado Manuel Celis, por los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Gracias, presidenta. Saludo a nuestras compañeras diputadas y compañeros diputados que me escuchan. A los medios de comunicación presentes.
Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presentamos el día de hoy tiene que ver con un tema muy importante y relevante como el de la conservación y preservación de nuestra biodiversidad, entendida esta como la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y que son el resultado de una sorprendente evolución milenaria, por lo que resulta fundamental continuar con la subsistencia de cada especie.
Es una realidad que las causas adversas del cambio climático han venido modificando las diversas formas de vida desde la especie humana, la animal y la vegetal a grado tal que muchas de estas se encuentran en peligro de extinción.
Estos escenarios desfavorables han obligado que desde el ámbito gubernamental las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad organizada, hayan venido implementando acciones y medidas orientadas a la preservación y cuidado de nuestras zonas naturales, de nuestros ecosistemas y de las distintas formas de vida bajo la lógica que, de no seguir actuando con prontitud, los daños a corto plazo resultarán irreversibles.
En México, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, somos uno de los países con mayor variedad animal y vegetal del planeta. Este escenario ha implicado que nuestro país emprenda cada vez más acciones para la preservación de la biodiversidad.
En este contexto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha propuesto que para el año 2018 se puedan monitorear y vigilar 50 de estas zonas y proteger a más de 20 especies en riesgo de extinción como el jaguar, el gato montés, el tapir, la guacamaya, el ocelote, el puma, la tortuga caguama, el lobo mexicano, el perrito mexicano, el tapir centroamericano, el manatí del caribe y la vaquita marina, la cual está literalmente al borde de la extinción al igual que el ajolote, llamado monstruo del agua, una de las especies más estudiadas en el mundo por su poder de regeneración.
El interés gubernamental por conservar y proteger la biodiversidad del planeta, hizo eco en 1993 al surgir el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de Río de Janeiro, Brasil, con el propósito de velar por la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Queda claro que México ha mostrado históricamente compromisos y avances relevantes en materia de conservación de la biodiversidad. Al respecto contamos con legislación en materia como la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Productos Orgánicos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley General de Cambio Climático.
Sabemos que la protección de nuestra biodiversidad implica retos y desafíos. Si bien es cierto que a nivel gubernamental se viene actuando a través de acciones específicas con resultados alentadores, también es de reconocer que la participación de la sociedad civil organizada a través de asociaciones o de instituciones educativas han jugado un papel determinante a luchar por salvar y preserva la biodiversidad.
Por este motivo proponemos adicionar una fracción XIX al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para reconocer la labor de la sociedad organizada y crear el Premio Nacional de la Preservación y Cuidado de la Biodiversidad, conscientes de que la participación social es cada vez más importante en los temas ambientales y, en consecuencia uno tan vital como lo es el de conservar la biodiversidad nacional, ya que preservarla implica generar mejores oportunidades de vida para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Gracias presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y PRI
Quienes suscriben, diputado Juan Manuel Celis Aguirre y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz, Hersilia Córdova Morán, Telésforo García Carreón, Maricela Serrano Hernández y Edith Villa Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLas causas adversas del cambio climático han venido modificando los ecosistemas, la economía, la salud y las distintas formas de vida de todas las especies a grado tal que muchas de éstas se encuentran en peligro de extinción. Estos cambios desfavorables hacen necesario que desde el ámbito gubernamental, las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad organizada se continúe con la implementación de acciones y medidas concretas orientadas a la preservación y cuidado de nuestras zonas naturales, de nuestros ecosistemas y de las distintas formas de vida tanto animal como vegetal de nuestro planeta, pues de no actuar con prontitud y responsabilidad los daños a corto plazo resultarán sencillamente irreversibles.
Desde hace décadas, muchas naciones en el mundo, junto con la comunidad científica internacional, han advertido sobre las consecuencias adversas y devastadoras del cambio climático y que de no poner un control sustancial a este fenómeno global se continuará con las señales negativas que afectan a toda la humanidad. Resultan alarmantes las expectativas de los científicos al señalar que de seguir con el calentamiento global los niveles del mar continuarán aumentando ante la fusión de los glaciares y el hielo marino; las poblaciones que se ubican en los límites costeros enfrentarán inundaciones; los lagos y ríos podrían secarse; los cultivos se verían seriamente afectados ante las sequías; la escasez de agua dificultará y afectará gravemente la producción agrícola, factor que provocará la falta de alimentos; la presencia de tornados, huracanes y tormentas provocados por los cambios en la temperatura serán más frecuentes y constantes, causando daños en las economías no solo de las zonas afectadas, sino en las finanzas nacionales; las pérdidas materiales y humanas serán mayores, sumando la extinción de muchas plantas y animales, es decir, la pérdida de la diversidad biológica en todo el planeta.
Ante estos escenarios desalentadores, ha sido preocupación e interés de muchas naciones la preservación y conservación de la diversidad biológica, estableciendo para este propósito, mecanismos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro, Brasil, de 1993, conocido por ser un tratado internacional que establece como principios: La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Fue hasta el 2001 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó que cada 22 de mayo se celebre el Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el fin de hacer conciencia entre las naciones en cuanto a la responsabilidad que tenemos los seres humanos por salvaguardar la biodiversidad biológica y los ecosistemas.
El alto interés de muchas naciones por conservar la diversidad biológica obedece, como se ha señalado, a que desde hace décadas se ha venido atentando contra los ecosistemas, las especies, los recursos genéticos y, en consecuencia, en contra de la vida misma y de la especie humana, siendo prioritario proteger y conservar los componentes de la diversidad biológica presente en todas las formas de vida existentes en la Tierra, es decir, la cadena conformada por los ecosistemas, las plantas, los microorganismos, los animales y la diversidad genética de cada especie.
La biodiversidad, de acuerdo al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y son el resultado de una maravillosa y sorprendente evolución milenaria, por lo que es fundamental la subsistencia de cada especie. Resulta evidente que para la preservación de las especies las naciones están obligadas a invertir grandes cantidades de recursos económicos, medida que es indispensable si se desea conservar la vida de innumerables organismos vivos y tener presentes los beneficios a los que ello conlleva tanto en lo ambiental, lo económico, lo cultural y, en consecuencia, en lo social.
En efecto, el extenso universo de diversidad biológica se encuentra estrechamente vinculado con las actividades económicas de todo individuo. La biodiversidad aporta beneficios a los seres humanos. Podemos citar actividades tan elementales como la relacionada con la producción de alimentos en la que está presente la agricultura en las distintas variedades, el ganado, la silvicultura, la acuacultura. La biodiversidad se encuentra en la aplicación de la medicina en la que se utilizan plantas silvestres para sus activos, así como animales en las investigaciones científicas. La utilización de infinidad de derivados de origen vegetal y animal y su conversión en ceras, grasas, aceites, resinas, adhesivos, maderas, telas, sedas y cuero para el aprovechamiento humano. La biodiversidad implica igualmente una actividad de fomento económico en cuanto a su impacto turístico y recreativo a través de bosques, selvas, parques, entre otros. Estos ejemplos dan muestra de la importancia económica que ha jugado la biodiversidad para el ser humano.
Lamentablemente, la biodiversidad en todo el planeta se encuentra amenazada por el propio ser humano. Con preocupación vemos que el hombre está exterminando las distintas especies vegetales y animales. Desde hace cientos de años, el hombre ha practicado la cacería, el tráfico ilegal de especies, la pesca indiscriminada, la expansión irracional de la industria y la tala clandestina, acciones todas que han provocado la extinción de muchas especies en el mundo.
En el caso de México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somos uno de los países con mayor variedad animal y vegetal del planeta. Resulta alentador saber que México emprende cada vez más acciones para la preservación de la biodiversidad. Al respecto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) destacaba hace seis años que en el país existían 38 reservas de la biosfera, 68 parques naturales, 4 monumentos naturales, 7 áreas de protección de recursos naturales, 29 áreas de protección de flora y fauna y 17 santuarios. (Véase, Luna Plascencia, Rocío, Castañon Barrientos, Antonio y Raz Guzmán, Andrea, 2011. La biodiversidad en México: su conservación y las colecciones biológicas. Revista de Cultura Científica,Universidad Nacional Autónoma de México). Cabe destacar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado un fuerte compromiso con la conservación de la naturaleza, por lo cual la superficie del territorio nacional con alguna categoría de protección se ha incrementado significativamente durante los últimos cinco años.
Es de reconocer que México ha mostrado históricamente compromisos y avances relevantes en materia de conservación de la biodiversidad. En este contexto, ha firmado los siguientes convenios internacionales:
• Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (1946), firmado en Estados Unidos, que busca propiciar una adecuada conservación de las poblaciones balleneras. Firman este acuerdo países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, México, Noruega, entre otros.
• Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria, firmado en 1951 en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este tratado multilateral contiene medidas a fin de proteger los recursos vegetales de plagas perjudiciales que pueden introducirse mediante prácticas comerciales internacionales y con ello proteger la salud vegetal.
• Convenio sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, establecido en 1972 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objetivo de proteger los bienes del patrimonio cultural y natural constituidos tanto de manera física como biológica con una valor de conservación mundial.
• Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, aprobado en Estados Unidos en 1973, con el propósito de asegurar que los animales y plantas salvajes no se vean afectadas en su supervivencia ante prácticas comerciales.
Por otra parte, en nuestra legislación, encontramos varios elementos jurídicos de protección a nuestra biodiversidad, ejemplo de ello son los artículos 4 y 27 constitucionales; además contamos con las siguientes leyes en materia ambiental:
• Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de diciembre de 1992.
• Ley Federal de Sanidad Vegetal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de enero de 1994.
• Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996.
• Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2000.
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001.
• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
• Ley de Productos Orgánicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.
• Ley Federal de Sanidad Animal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007.
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, publicada en Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007.
• Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.
• Ley General del Equilibrio Ecológico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988.
• Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003.
Igualmente, se han emitido las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
• Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para inclusión, exclusión o cambio-Lista especies en riesgo.
• Norma Oficial Mexicana NOM-162-Semarnat-2010. Establece especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación.
• Norma Oficial Mexicana NOM-131-Semarnat-2010. Establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat.
• Norma Oficial Mexicana NOM-022-Semarnat-2003. Establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
• Norma Oficial Mexicana NOM-126-Semarnat-2000. Establece las especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional.
A nivel institucional se cuenta con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la la Biodiversidad (Conabio), que tiene la función de difundir y apoyar las acciones relacionadas con la biodiversidad de nuestro país. Este organismo, implementa la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y el Plan de Acción 2016-2030, en donde destacan las siguientes líneas de acción:
• Generar y mantener actualizada la información sobre el estado de conservación y funcionamiento de los ecosistemas, a efecto de tener conocimiento sobre la estructura y función de los ecosistemas terrestres, acuáticos, continentales y marinos.
• La promoción de la investigación científica que permita detectar cambios significativos en los ecosistemas causados por agentes antropogénicos y perturbaciones naturales, y determinar sus consecuencias en el funcionamiento de los mismos.
• Realizar estudios prospectivos considerando factores de cambio global en los ecosistemas.
• Ampliar y fortalecer el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para sustentar las acciones o programas de restauración y rehabilitación de ecosistemas.
• Realizar estudios para el uso y manejo sustentable de la biodiversidad.
• Desarrollar y promover una plataforma de gestión de datos de las redes de monitoreo de especies y su hábitat.
• Generar políticas públicas para la conservación de áreas y proceso de importancia para la biodiversidad.
• Desarrollar esquemas y mecanismos de participación del sector social y privado en la conservación de la biodiversidad, entre otras acciones.
La Conabio es la encargada de operar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), que instrumenta las redes de información nacional y mundial sobre biodiversidad y con ello lleva a cabo acciones orientadas a la conservación y uso sustentable de nuestro territorio.
Las acciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han impedido que se avance en el tráfico ilegal de especies, no obstante, esta actividad ilícita no ha dejado de tener vigencia en nuestro país.
La amenaza de extinción de especies es un problema mayor. La Semarnat publicó el 5 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se da a Conocer la Lista de Especies y Poblaciones Prioritarias para la Conservación, en el que se propone la conservación y recuperación de 123 especies de plantas y 249 de animales, destacando en las especies vegetales la palmita, la pata de gallo, el cacto, la vainilla y el mangle, y en lo referente a las especies animales, la mariposa monarca, el caracol púrpura, el pez sierra, la rana poblana, el ajolote, el cocodrilo de río y de pantano, la iguana verde, la víbora de cascabel, la tortuga caguama, el águila real y el saraguato.
Sin embargo, hay datos que revelan que el problema de las especies en peligro de extinción no es reciente. La Semarnat, a través de la NOM-059-Semarnat-2010, que tiene como fin identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestre en riego de extinción en el territorio nacional, desde el 2010 daba cuenta de las especies en categoría de riesgo de extinción: el lobo mexicano, loro cabeza amarilla, totoaba, mono saraguato, guacamaya verde, guacamaya roja, jaguar, mono araña, águila real, loro yucateco, flamenco americano, iguana verde, ballena azul y ballena jorobada.
Ante estos antecedentes desfavorables, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha propuesto que para el año 2018 se puedan monitorear y vigilar 50 de estas zonas; la urgencia de esta medida obedece al riesgo de extinción de 20 especies, como el jaguar (considerado un animal sagrado y símbolo de la cultura prehispánica de México), el gato montés, el tapir, la guacamaya, el ocelote, el puma, la tortuga caguama, el lobo mexicano, el perrito llanero mexicano, el tapir centroamericano, el manatí del caribe y la vaquita marina (la cual está literalmente al borde de la extinción).
Precisamente en el caso de la vaquita marina, es de señalar que, pese a los grandes esfuerzos del gobierno mexicano para su preservación, en el 2014 había un registro de 97 ejemplares, en el 2015 de 60 y en el 2017 solo quedan 30, de acuerdo a los datos del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA).
Otra especie en riesgo es el llamado “monstruo de agua” o ajolote, un animal considerado como un símbolo de México y que ha sido una de las especies más estudiadas en el mundo por su poder de regeneración.
Especies como las señaladas tienen en la actualidad mayores posibilidades para su extinción ante la recurrencia de fenómenos naturales como consecuencia del calentamiento global. Otros elementos adversos para acabar con nuestra biodiversidad son el acelerado crecimiento urbano, la sobreexplotación de especies, la pesca indiscriminada, la pesca ilegal, la extracción de flora y fauna para comercialización tanto de manera legal como ilegal, la degradación o pérdida de ecosistemas, el cambio de uso de suelo, la contaminación de los mares, la alteración de la dinámica costera propiciada por complejos turísticos y comerciales, la tala clandestina, las especies en cautiverio ilegal, el tráfico ilegal de especies, entre otras.
Es una realidad, la biodiversidad en el mundo se encuentra hoy seriamente amenazada y resultan frecuentes las muertes masivas de peces. La tragedia ambiental registrada en Nueva Zelanda en el 2017, al quedar varadas 416 ballenas en una de sus playas, derivó en la muerte de trecientas de éstas; las 35 mil morsas varadas en las playas de Alaska en el 2014, ante el deshielo del Ártico; las 24 ballenas que murieron en la playa Punta Bufeo, en Baja California, en el 2014; la muerte de 21 delfines, 11 tortugas y cuatro lobos marinos en la bahía de Santa María, en el gde California; o el decomiso en México de más de 44 mil especies a lo largo de 15 años, entre ellos felinos, osos, aves, delfines, serpientes, etcétera, son una clara muestra del daño que el hombre le está haciendo a las otras formas de vida en el planeta.
Sabemos que la protección de nuestra biodiversidad implica retos y desafíos. Si bien es cierto que a nivel gubernamental se viene actuado a través de acciones específicas con resultados alentadores, también es de reconocer que la participación de la sociedad civil organizada a través de asociaciones o de instituciones educativas ha jugado un papel determinante al luchar por salvar y preservar la biodiversidad. Resulta evidente que muchas de las labores y acciones emprendidas por estas asociaciones pasan desapercibidas, principalmente por la falta de estímulos tanto técnicos como económicos para concretar más esfuerzos a favor de la biodiversidad. Por este motivo, los proponentes coincidimos en que esta labor de la sociedad organizada debe ser reconocida y estimulada, conscientes de que la participación social es cada vez más importante en los temas ambientales y, en consecuencia, uno tan vital como lo es el de la preservación y cuidado de la biodiversidad nacional, ya que preservarla implica generar mejores oportunidades de vida para las generaciones presentes y futuras.
Ahí están como muestra las acciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la Universidad Nacional Autónoma de México para la preservación del ajolote; el área de Protección Intensiva de Ajolotes en el Centro de Investigación Acuícola y Biológica de Cuemanco, de la UAM-Xochimilco, que desde hace dos décadas se dedica al estudio y protección de esta especie; los esfuerzos de la asociación civil Naturalia, con más de una década dedicada a la conservación de la biodiversidad nacional, involucrada en el rescate del lobo mexicano, declarado en peligro de extinción en 1976.
Finalmente, los legisladores proponentes de la iniciativa consideramos que es necesario reconocer la participación de la sociedad civil organizada en las acciones que realiza en pro de la preservación y conservación de la biodiversidad nacional. Este reconocimiento estimulará a la sociedad para generar y fomentar la conciencia sobre la importancia que tiene la diversidad biológica en la vida de todo ser humano.
Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, presentamos a esta honorable Asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Único. Se adiciona una fracción XIX al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 6. Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:
I. a XVIII. (...)
XIX. De la preservación y cuidado de la biodiversidad.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de octubre de 2017.— Diputados: Juan Manuel Celis Aguirre, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias diputado Juan Manuel Celis. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un artículo 212 Bis al Código Penal Federal.
El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidenta. Con el permiso de los diputados, las diputadas presentes. Traemos a esta tribuna un planteamiento que va acorde con lo que Movimiento Ciudadano y un servidor hemos planteado constantemente en los últimos dos años.
La corrupción no es un fenómeno cultural, no es un destino inaplazable de los mexicanos y no es un fenómeno imposible de combatir. La corrupción es un engendro sistémico, es un diseño estructural del Estado mexicano compartido prácticamente por todos los partidos políticos, compartido prácticamente por todos los niveles de gobierno que tiene anclajes muy claros en incentivos que se propician desde el Estado.
Me da pena proponer una reforma al Código Penal porque casi siempre que se presenta una iniciativa para reformar el Código Penal es populismo penal aumentar penas.
Pero en este caso esta iniciativa complementa una que hemos hecho hace tiempo, que por cierto está en la congeladora gracias a los compañeros del PRI, que tiene que ver con un planteamiento que ha hecho Juan Manuel Portal, el director de la Auditoría Superior de la Federación, que es una de esas instituciones que son ejemplo de que las instituciones sí pueden trabajar en México.
La Auditoría Superior de la Federación sí hace su trabajo, sí señala actos de corrupción, sí nos dice en dónde están fallando los gobernadores. Todo lo que se ha sabido de Duarte, de los dos Duarte, de Borge, de Rodrigo Medina estaba documentado en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Pero hay dos problemas. Uno, que sus observaciones no son vinculantes, que la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados y en los Congresos de los estados su símil son los que con criterios políticos fijan, fija, a quién hay que sancionar con un intercambio de impunidad, en donde los partidos se intercambian la posibilidad de sancionar a sus servidores públicos corruptos.
Nosotros estamos diciendo que eso no lo debería hacer la Comisión de Vigilancia ni un órgano político, como es el Congreso de la Unión o los Congresos de los estados, sino el órgano técnico, que es la Auditoría Superior de la Federación, directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y el planteamiento que tenemos hoy es de asignarles la responsabilidad por omisión a los titulares de las dependencias gubernamentales
Hace unos días, y se desapareció del tema porque, como hay contratos de publicidad oficial que condicionan la verdad publicada en los medios tradicionales, se ha borrado del imaginario colectivo, se documentó por parte de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción la denominada Estafa Maestra: más de 7 mil millones de pesos en contratos con empresas fantasmas de Sedatu, de Sedesol, de la Secretaría de Educación Pública, de Pemex, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que acreditaron desvíos, una red de corrupción por más de 7 mil millones de pesos, en la que terminaron no localizando el destino de más de 3 mil millones de pesos. Es uno de los robos de las redes de corrupción más grandes que se han documentado en la historia de México.
Pero, ¿qué pasa con esos señalamientos? Siempre firma el contrato un subdirector. No el secretario, no el subsecretario, no el director general, no el presidente de la República. Es lo que nos vino a decir Virgilio Andrade con la Casa Blanca, que él no estaba metido ahí porque no tenía una participación directa, no firmaba los contratos. Y se les exculpa de responsabilidad a los titulares de las dependencias gubernamentales.
Por eso nosotros creemos que en el Código Penal Federal debe haber responsabilidad por omisión para esos titulares de dependencias gubernamentales, que debería estar siendo investigada Rosario Robles, que debería estar siendo investigado Gerardo Ruiz Esparza, que debería estar siendo investigado Emilio Lozoya y los responsables.
No se vale que en este país solo se encarcelen pobres y solo se persiga a funcionarios corruptos de segundo o de tercer nivel, que son los que están constantemente expuestos, cuando los que acumulan propiedades, riquezas y desvió de recursos públicos son los secretarios de Estado, los gobernadores, el presidente de la República, su gabinete. Es una estructura orientada a la impunidad que hay que ir desmontando.
Este es uno de los puntos neurálgicos. Lo ha señalado no el diputado en tribuna, el titular de la Auditoría Superior de la Federación ha dicho: Ya presenten cargos por omisión a los titulares de las dependencias gubernamentales. Si nosotros queremos realmente limpiar la casa común que tenemos todos, y que es México, deberíamos de combatir en el diseño sistemático, en el diseño institucional, este fenómeno que es el más grave que vive México, porque impacta a todos los demás, se traduce en inseguridad.
La corrupción mata. Lo vimos con las inmobiliarias en los desastres naturales que tuvimos, la corrupción nos cuesta mucho dinero, la corrupción es un fenómeno que impacta negativamente en todos los frentes de la vida pública nacional y que por supuesto que deberíamos de estar atendiendo en este Congreso. Gracias, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 212 y adiciona el 212-Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal a fin de tipificar la omisión de los titulares de las dependencias gubernamentales en el caso de delitos por hechos de corrupción, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosLa corrupción es un mal que permea el ejercicio del poder público en México. Constantemente, funcionarios públicos de distintos niveles utilizan de manera inadecuada los recursos públicos que les son otorgados para el ejercicio de sus atribuciones y realizan negocios ilícitos al amparo de sus cargos. Aunado a ello, en muchos de los casos, los delitos permanecen impunes y los responsables continúan ejerciendo sus funciones, en perjuicio del pueblo mexicano. Otro problema grave es que la cadena de responsabilidad en la comisión de dichos ilícitos, muchas veces alcanza sólo a mandos bajos y medios, pero no a los Titulares de las dependencias. Una muestra de ello fue dada a conocer en días recientes, por medio de la investigación denominada “La Estafa Maestra”.
El 4 de septiembre del presente año, una investigación periodística realizada conjuntamente por el sitio de noticias Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer, tras revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, la existencia de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, que el Gobierno Federal entregó a 186 empresas, a través de 11 dependencias y 8 universidades públicas. De dicha cifra, no se sabe cuál fue el destino de 3 mil 433 millones, ya que terminaron en empresas fantasma.
De las 186 empresas, 128 no debían recibir recursos públicos, ya que no contaban con la infraestructura ni con la personalidad jurídica para brindar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existían.
El desvío de 7 mil 760 millones de pesos fue realizado por once dependencias gubernamentales:
• Petróleos Mexicanos, que desvió 3 mil 576 millones de pesos.
• Secretaría de Desarrollo Social, que desvió 2 mil 224 millones de pesos.
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, desvió 491 millones de pesos.
• Secretaría de Educación Pública, que desvió 278 millones de pesos.
• Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que desvió 249 millones de pesos.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que desvió 19 millones de pesos.
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que desvió 97 millones de pesos.
• Registro Agrario Nacional, que desvió 447 millones de pesos.
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desvió 52 millones de pesos.
• Secretaría de Economía, que desvió 96 millones de pesos.
• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que desvió 138 millones de pesos.
Lo más grave del asunto es que la gran mayoría de los entonces Titulares de las dependencias que desviaron fondos públicos, actualmente continúan ocupando cargos de dirección en la administración pública federal, ya que no se les determinó responsabilidad alguna por los ilícitos. Por ejemplo, Rosario Robles Berlanga, quien fuera Secretaria de Desarrollo Social al momento del desvío millonario, hoy en día se desempeña como Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Otro ejemplo es el de Gerardo Ruiz Esparza, quien, luego de la malversación de fondos, continúa al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La revelación del desvío multimillonario de fondos públicos por parte de las dependencias del gobierno federal, hace necesaria la concepción de reformas legales para evitar que la situación se repita en el futuro. A decir del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, actualmente es muy sencillo para los Titulares de las dependencias eludir la responsabilidad en los actos de corrupción cometidos por sus subordinados, no obstante que se tenga conocimiento de los mismos. Indica que el modus operandi utilizado durante la “Estafa Maestra” para delegar toda responsabilidad a los subordinados, fue el siguiente: “...para estos contratos con las universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, éste le dice a un director general, y éste a un director, y a veces llega hasta el subdirector, que es el que firma.” Para evitarlo, juzga necesario tipificar el delito de omisión en el Código Penal para que la responsabilidad judicial alcance a los titulares de las dependencias.
Es necesario acudir a la doctrina jurídica penal para conocer los tipos de omisión que generan la responsabilidad penal. Existen 2 tipos de omisión: la omisión propia o simple y la comisión impropia o comisión por omisión. El primer tipo de delitos se presentan, según Maurach, “...como pura desobediencia frente a las normas imperativas prejurídico-penales de la vida social. Se agotan en la no ejecución de la actividad ordenada por la norma.” Es decir, la pena se actualiza por omitir la acción esperada por el sujeto, independientemente del resultado que se produzca mediante su omisión.
Por lo que respecta a la comisión impropia o comisión por omisión, dichos delitos se producen, de acuerdo con Stratenwerth, en “los casos en que el supuesto del hecho típico penal está descrito directamente como la omisión de una acción mandada”. Los tipos de comisión por omisión deben contener “de manera expresa el deber de evitar el resultado material, deber que el legislador puede establecer mediante una regla general que permita que todos los tipos de acción con resultado material puedan ser realizados por omisión, o bien señalando de manera limitativa los tipos de acción con resultado material que admitirían la realización omisiva como penalmente relevante”. En general, la doctrina reconoce como elementos de los tipos de comisión por omisión los siguientes:
1. La situación generadora del deber de actuar, por parte de quien puede evitar el resultado.
2. El deber jurídico de evitar el resultado material.
3. La posición de garante.
4. La no realización de la acción ordenada en el tipo penal.
5. El resultado material, con la consecuente lesión del bien jurídico.
6. La capacidad para realizar la acción ordenada en el tipo penal.
Para fines de la presente iniciativa, la posición de garante posee una gran relevancia. La misma es definida por Gimbernat como una “posición que destaca a una persona (o personas) de entre todas las demás, que le hace responsable del bien jurídico penal protegido, y que, en consecuencia y si no evita su lesión, le atribuye ésta igual que si la hubiera causado mediante una acción.” En ese sentido, es necesario comprender que los Titulares de las dependencias gubernamentales poseen una posición de garantes respecto del bien jurídico tutelado que, para el caso de los delitos de corrupción, serían los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.
Ya el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala como causales de procedencia del juicio político a todos los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Sin embargo, dicha responsabilidad política debe estar aparejada de la responsabilidad penal de los Titulares de las dependencias, para combatir la corrupción y la impunidad de manera más eficaz.
La presente iniciativa propone adicionar un artículo 212-Bis al Código Penal Federal, para incorporar la responsabilidad penal por omisión de los Titulares de las dependencias gubernamentales, para el caso de que un servidor público que trabaje en las mismas, cometa alguna de las conductas ilícitas previstas en el Título Décimo del ordenamiento, denominado “Delitos por hechos de corrupción”. Ello se derivaría de la posición de garantes que se les reconoce a los Titulares respecto de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Se trata de ampliar la cadena de responsabilidad penal, de manera que se alcance a los cargos más altos jerárquicamente, en vista a que ellos son los responsables en última instancia de vigilar el correcto ejercicio de los recursos económicos que corresponden a cada dependencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar la omisión de los Titulares de las dependencias gubernamentales en el caso de delitos por hechos de corrupción.
Artículo Primero.Se reforma el último párrafo del artículo 212; y, se adiciona un artículo 212-Bis, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 212. [...].
[...].
[...].
I. ... II.
[...].
[...].
I. ... IV.
[...].
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento derive de éstos, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
Artículo 212-Bis. Los Titulares de las dependencias del Estado o entidades de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, serán responsables penalmente por omisión cuando servidores públicos pertenecientes a dichas dependencias, cometan alguno de los delitos previstos en el presente Título. Dicha responsabilidad deriva de la posición de garante que, por razón de su cargo, los Titulares de las dependencias poseen respecto de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.
Para el caso de los Titulares de las dependencias, las penas previstas serán las mismas que para los servidores públicos que hubiesen cometido los delitos.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 “Sí, es un fraude”: ASF, Animal Político, disponible en:
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si-es-fraude.html
2 Ibídem.
3 La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/root//estafa-maestra/#contenido
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Maurach, Reinhart, Tratado de derecho penal, Barcelona, Ariel, 1962, vol. II, p. 262
7 Stratenwerth, Günter, Derecho penal. Parte general, I, El hecho punible, Madrid, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, EDR, 1982, p. 290.
8 Islas de González Mariscal, Olga, Responsabilidad penal por omisión. Bases doctrinarias, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/13.pdf
9 Ibídem.
10 Gimbernat Ordeig, Enrique, La omisión impropia de la dogmática penal alemana, una exposición, México, INACIPE, 2003.
Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2017.— Diputados y diputada Jorge Álvarez Maynez,Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Jorge Álvarez Maynez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza entendemos que la progresión del modelo democrático nacional pactado en nuestra Constitución se logrará en la medida que garanticemos el acceso a una educación pública laica, gratuita, de calidad, inclusiva y con equidad.
Para el Estado mexicano debe ser tarea prioritaria salir del círculo vicioso de la desigualdad y la pobreza que condiciona nuestro presente. Requerimos de forma urgente la construcción e implementación de una agenda de políticas públicas que impulse la progresión social y económica de nuestras juventudes y de nuestra sociedad en su conjunto.
La formación de nuestros jóvenes y de las próximas generaciones es prioritaria, debemos potenciar el máximo desarrollo de conocimientos y libertades de nuestros jóvenes en un entorno de derecho y de garantías.
En tal sentido, desde esta tribuna impulsamos una reforma a la Ley General de Educación, que permita la inclusión, la equidad y asequibilidad de los beneficios y alcances que la tecnología digital ofrece a la acción educativa.
Con la reforma a consideración, proponemos se logren los siguientes objetivos: apoyar el proceso formativo en el nivel de educación media superior a través de la edición y ministración de libros de texto digitales gratuitos, coadyuvar en la inclusión digital de la población, establecer las bases para una sociedad del conocimiento inclusiva, equitativa y con sentido humanista, y apoyar la economía de las familias mexicanas.
Compañeras y compañeros legisladores, la circunstancia actual de nuestra juventud refleja un estado de alta vulnerabilidad y precariedad social. Considerando los datos publicados en el 2015 por el Inegi, en México habitan más de 30 millones de personas entre 15 y 29 años, lo cual representa el 25 por ciento de la población nacional y, según la más reciente evaluación de carencias sociales, realizada por el Coneval, en el año 2016 se contabilizaron casi 14 millones de personas de entre 12 y 29 años en pobreza moderada, 2.7 millones en pobreza extrema y casi 5 millones en condición de rezago educativo.
¿Qué tenemos que hacer para modificar el estado de cosas? Los indicadores relevantes de nuestro sistema educativo nacional para medio superior nos muestran que apenas tenemos una cobertura real del 57 por ciento. Solo atendemos a tres millones 906 mil alumnos y poco más de un millón de alumnos en el sistema privado. Por lo cual esta matrícula aún es insuficiente, no tenemos la posibilidad de atender en el momento actual a toda la demanda. Si le agregamos que la eficiencia terminal llega al 64.8 por ciento de los alumnos, vemos que todavía alrededor de un millón 805 mil alumnos no terminan su media superior.
Si solo poco más de tres millones de este universo terminan, habría que preguntarnos si hemos dotado a la media superior de los recursos suficientes para más escuelas nuevas, más maestros y si estamos en condiciones de atender el futuro.
Hoy, ante la obligación constitucional que el Estado mexicano atienda a la educación media superior y apoyando la evolución en positivo del nuevo modelo educativo del marco curricular común, proponemos que se diseñen, editen y publiquen textos digitales gratuitos para este nivel educativo, utilizando como herramienta la difusión, las plataformas de tecnologías de la información, ya en operación con las autoridades educativas, tanto federal como estatal.
Los libros de texto gratuitos propuestos representan el insumo eficiente que requerimos para mejorar la educación media superior, con ellos homologaremos los contenidos educativos que impartan los docentes en este nivel, apoyando su importante y estratégica labor.
En Nueva Alianza estamos haciendo una puesta por el futuro de los jóvenes, no estamos ya en la era análoga, decía Carlos Fuentes, que esta sería la sociedad del conocimiento o no sería. Es el momento de apoyar a esta propuesta de Nueva Alianza y hacemos el llamado a todos los diputados por darles una posibilidad viable para su progreso, su inclusión a todos estos jóvenes de nuestro país.
Y a todos los que nos ven por el Canal del Congreso y en los diferentes medios, a todos los diputados, sobre todo a los jóvenes y a los padres de familia, apoyen la tendencia y #librodigitalsí. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quienes suscriben, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, fracciones III, IV y se adiciona una fracción V Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEl Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconoce que la educación es la vía única para alcanzar el desarrollo progresivo y bienestar de la sociedad mexicana, de ahí la importancia de impulsar cambios legislativos orientados al desarrollo de políticas públicas que representen un beneficio tangible para garantizar el acceso a una educación de calidad con equidad de nuestras generaciones actuales y futuras.
Señalamos que es la educación de un país la institución y el derecho social necesario para el desarrollo integral de sus ciudadanos y en tal sentido compartimos la visión de la UNESCO para que el Estado mexicano priorice el derecho a la educación, en tanto que éste, es esencial para ejercer los demás derechos, al promover “la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo” en nuestro país, la normativa en materia educativa precisa que la educación es un “medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”, y en ese sentido, debemos hacer positivo y progresivo los criterios constitucionales que orientan la educación nacional, con la finalidad de que el Sistema Educativo Nacional alcance la equidad, calidad y pertinencia que conlleve a los ciudadanos al goce pleno de sus derechos fundamentales y de propiciar la asequibilidad a sus libertades individuales.
En nuestro país la garantía para acceder a una educación inclusiva, pertinente y progresiva esta signada y reconocida en:
1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Artículo 13, párrafo 2
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita...”
2. Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 28 párrafo 1:
“Los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.”
En el mismo sentido y a partir de la reforma educativa emprendida en México, en el año 2012, es derecho constitucional de los mexicanos la garantía de acceso a una educación de calidad con equidad, la progresión de este derecho incide de forma transversal en los procesos y la institucionalidad del modelo educativo, es decir, abarca la calidad del docente, la calidad de los aprendizajes, la calidad de la infraestructura, la calidad de los procesos, y la calidad de los materiales educativos, todo ello teniendo como fin el desarrollo integral y armónico de la sociedad y por tanto el de las comunidades educativas.
En vías de garantizar el derecho a la educación de calidad con equidad, deben priorizarse, sobre la diversidad de acciones de política pública que realiza el Estado mexicano, los requerimientos y condiciones para que el Sistema Educativo Nacional en la gestión del modelo educativo logre óptimos resultados, el objetivo colectivo que la sociedad anhela, es la atención de la máxima demanda en los distintos niveles educativos, la continuidad y permanencia de los educandos en los distintos niveles y un sistema Educativo Nacional que atienda con equidad la función social educativa disminuyendo al máximo las brechas y atrasos de la población mexicana en la materia.
En tal virtud, el 13 de octubre de 2011, el Congreso mexicano aprobó con la ratificación de veintidós legislaturas estatales la reforma al artículo 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para hacer la de Educación Media Superior (EMS) nivel obligatorio de la educación nacional, con dicha reforma legislativa el Sistema Educativo mexicano atiende de forma obligatoria la educación desde el nivel preescolar hasta la educación media superior, con una trayectoria que abarca dieciocho años.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado, para reformar el artículo 3º y 31 Constitucionales, se señala de forma específica que con la obligatoriedad de la Educación Media Superior “Se fortalece la garantía de acceso a la educación contenida en el artículo 3o. de la Carta Magna y promover su debido cumplimiento”; se contribuye “de manera decisiva a la construcción de una sociedad crecientemente justa, educada y próspera, así como el impacto directo que puede tener en el fortalecimiento de la competitividad individual y colectiva en el mundo actual, ya que es un recurso para combatir la desigualdad social y escapar de la pobreza, como lo han señalado diversos organismos internacionales” y se “fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos formándolos de mejor manera para enfrentar los retos cada vez más difíciles del campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero”.
El artículo reformado y publicado en el en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de febrero del 2012 señala:
“Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias... IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita...”
Una vez aprobada la reforma constitucional y con la finalidad de establecer el marco normativo secundario que rigiera a la Educación Media Superior en nuestro país, con fecha 30 de abril de 2013, el Congreso mexicano aprobó las modificaciones a los artículos 3o, 4o., 9o., 37, 65 y 66, y adicionó el 12 y 13 de la Ley General de Educación.
En las reformas aprobadas, a la Ley General de Educación en el año 2013, para otorgar la característica de nivel obligatorio a la EMS, resalta la facultad otorgada a la autoridad educativa federal para la coordinación de un sistema de educación media superior a nivel nacional y la instauración del marco curricular común (MCC), el propósito de éste último, como se señala en las consideraciones del dictamen aprobado, es aportar “especificidad a los propósitos educativos de la EMS“ y “elementos formativos básicos de los servicios de educación media superior; lo cual a la postre constituiría una parte del perfil de egreso de las diferentes modalidades y su complemento sería la formación específica en función de si se trata de bachillerato propedéutico, bivalente o de formación profesional técnica y dejando claro que con su adopción, no se espera un perfil de egreso único en las diferentes modalidades, pero se busca abrir las posibilidades de formación para los jóvenes al ofrecer una visión más integral, lo cual se espera repercuta en la competitividad individual y colectiva en el mundo actual”.
Desde el punto de vista de planeación nacional para atender este nivel educativo y en vistas de las responsabilidades conferidas por el marco normativo vigente, el Poder Ejecutivo señalo en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (PND) lo siguiente:
Diagnóstico:
“Las habilidades que se requieren para tener éxito en el mercado laboral han cambiado. La abundancia de información de fácil acceso que existe hoy en día, en parte gracias al Internet, requiere que los ciudadanos estén en condiciones de manejar e interpretar esa información. En específico, la juventud deberá poder responder a un nuevo ambiente laboral donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que en ocasiones se deben inventar ante las cambiantes circunstancias de los mercados laborales y la rápida transformación económica.”
Estrategia 3.1.4.
Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Líneas de acción:
• Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
•Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en los planteles educativos.
• Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo.
Estrategia 3.1.5.
Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
Líneas de acción:
•Ampliar la operación de los sistemas de apoyo tutorial, con el fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.
•Implementar un programa de alerta temprana para identificar a los niños y jóvenes en riesgo de desertar.
•Establecer programas remediales de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso que presenten carencias académicas y que fortalezcan el desarrollo de hábitos de estudio entre los estudiantes.
•Definir mecanismos que faciliten a los estudiantes transitar entre opciones, modalidades y servicios educativos.
Estrategia 3.2.3.
Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.
Líneas de acción:
• Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
• Ampliar la oferta educativa de las diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no escolarizada.
•Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo.
•Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional.
• Fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del conocimiento científico y tecnológico.
Estrategia transversal I. Democratizar la Productividad
Líneas de acción:
•Coordinar los esfuerzos de política social y atención educativa a la población más pobre, para crear condiciones que mejoren el ingreso, la retención y el aprovechamiento escolar de los alumnos de familias de escasos recursos económicos.
•Ampliar y mejorar la colaboración y coordinación entre todas las instancias de gobierno, para llevar educación técnica y superior en diversas modalidades a localidades sin oferta educativa de este tipo y a zonas geográficas de alta y muy alta marginación.
• Diseñar e impulsar, junto con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, la puesta en marcha de actividades dirigidas a la creación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje a través de plataformas digitales.
En vías de desplegar transversalmente y operacionalmente las estrategias propuestas por el PND, el Programa Sectorial de Educación, 2013-2018, (PSE), estableció lo siguiente:
Diagnóstico:
Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, entró en vigor la reforma que obliga al Estado a proporcionar educación media superior. El horizonte previsto para arribar a una cobertura universal es el año 2022. Hoy se atiende a dos terceras partes de la población en edad de cursar la educación media superior y la meta para el 2018 es 80 por ciento. El desafío no se limita a aumentar los espacios educativos disponibles en el bachillerato y la educación técnica, sino que se requiere tener la capacidad de desarrollar una oferta pertinente que atraiga a los jóvenes a la escuela, que ésta sea capaz de retenerlos a partir de entender y atender las razones que motivan el abandono, y prepararlos para que puedan acceder a mejores empleos o continuar sus estudios en el tipo superior...
Para abordar el reto de la educación media superior, este Programa plantea desplegar talento y habilidad para innovar. Los recursos son escasos por lo que será necesario aprovechar la capacidad instalada y, simultáneamente, aumentar y diversificar la oferta con nuevas modalidades a partir del uso de las nuevas tecnologías...
Las tecnologías de la información y la comunicación han venido implantándose en la educación media superior y superior, aunque el avance en su uso es todavía insuficiente. La educación podrá obtener un amplio beneficio al impulsar el desarrollo de la oferta de educación en línea. No solamente permitirá ampliar la oferta y diversificar los modelos de atención educativa, sino que será de enorme valor para la generación de capacidades propias de la sociedad del conocimiento, especialmente las requeridas para procesar la información de manera efectiva y extraer lo que es útil o importante. Ello exigirá de inversiones en plataformas tecnológicas, trabajo con las comunidades de docentes, revisar la normativa pertinente, promover la investigación sobre el uso de las tecnologías y la evaluación de resultados.
Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
Estrategia 1.3
Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos.
Líneas de acción:
1.3.6Establecer procesos para que los contenidos y los materiales educativos puedan ser contextualizados y enriquecidos localmente para atender la diversidad.
1.3.7Asegurar el conocimiento y buen manejo del currículo por parte de los docentes y dotarlos de instrumentos curriculares de apoyo.
1.3.8 Asegurar la suficiencia, calidad y pertinencia tanto de los materiales educativos tradicionales, como de los basados en las tecnologías de la información.
1.3.9 Establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación.
Objetivo 2:Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo de México.
Estrategia 2.1
Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación media superior
Líneas de Acción:
2.1.1 Vincular el aprendizaje de los estudiantes al desarrollo de competencias que exige el perfil de egreso del tipo medio superior.
2.1.2 Definir niveles de desempeño de las competencias para la vida y el trabajo en todos los grados, niveles y modalidades de la educación media superior.
2.1.3 Promover la certificación de competencias relevantes que desarrollan los jóvenes en el tipo medio superior.
2.1.4 Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular, las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje.
Estrategia 2.2.
Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva
Líneas de acción:
2.2.4 Impulsar programas dirigidos a cerrar las brechas en el desempeño entre planteles y subsistemas y favorecer el acceso con equidad al Sistema Nacional de Bachillerato.
2.2.6 Impulsar la universalización del Marco Curricular Común en los planteles federales, estatales y particulares de la educación media superior.
Estrategia 2.6.
Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la educación media superior y superior.
Líneas de acción:
2.6.1. Impulsar el desarrollo de la oferta de educación abierta y en línea, tanto para programas completos como para asignaturas específicas.
2.6.2 Promover la incorporación en la enseñanza de nuevos recursos tecnológicos para la generación de capacidades propias de la sociedad del conocimiento.
2.6.3 Llevar a cabo e impulsar las inversiones en las plataformas tecnológicas que requiere la educación en línea.
2.6.4 Trabajar con las comunidades docentes los programas de difusión y capacitación para el uso de las TIC en los procesos educativos.
2.6.7 Impulsar la normatividad pertinente para que la educación abierta y a distancia provea servicios y apoyos a estudiantes y docentes.
2.6.8 Promover la investigación colegiada y multidisciplinaria del uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación.
2.6.9 Instrumentar una estrategia de seguimiento y evaluación de los resultados de los programas académicos en operación en modalidades no escolarizada y mixta.
2.6.10 Utilizar las tecnologías para la formación de personal docente, directivo y de apoyo que participa en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.
2.6.11 Establecer criterios de aplicación general que faciliten el desarrollo de unidades de aprendizaje en línea.
2.6.12 Fortalecer los mecanismos de coordinación académica y seguimiento escolar al interior de las escuelas con oferta educativa en las modalidades no escolarizada y mixta.
En vistas de lo que establecen los instrumentos de planeación y programáticos para el sector educativo nacional antes presentados, se resaltan dos ejes estratégicos que orientan el accionar de la política pública en vías de garantizar el acceso a una educación de calidad que propicie la inclusión, equidad, el mejor desempeño académico y la óptima utilización de infraestructura física y digital; el primero de ellos se centra en hacer convergente y universal el Modelo Curricular Común (vigente en la LGE), el cual contempla la currícula básica que integra este nivel educativo para que este cumpla con el desarrollo de competencias que exige el perfil de egreso; y el segundo es la máxima utilización de las tecnologías de la información (TIC) lo cual posibilitará un mayor acceso a los contenidos de la currícula que se desarrolla en este nivel educativo y para lo cual, según lo señala la propia planeación antes referida, se potenciará a través de las inversiones en las plataformas tecnológicas que requiere la educación en línea.
Como se visualiza, los objetivos, estrategias y líneas de acción definidos, determinan puntualmente el quehacer del Sistema Educativo Nacional para alcanzar el desarrollo de una sociedad del conocimiento, sin embargo, los contenidos de la LGE no establecen las facultades para que la autoridad educativa federal provea de libros de texto en plataformas digitales, motivo por el cual es necesario realizar los cambios a dicha normativa, con la finalidad de que los contenidos del Marco Curricular Común se integren, diseñen, construyan en formato digital para su publicación como libros de texto gratuitos, la circunstancia de exclusión, deserción y bajo aprovechamiento escolar que presentan los reportes de evaluación, de instancias nacionales e internacionales, resaltan el magro desempeño de los indicadores de la Educación Media Superior nacional, los resultados obtenidos sobre aprendizajes y deserción de educandos en los distintos subsistemas que lo integran, indican la urgente necesidad de establecer medidas, condiciones y mecanismos que permitan un mejor logro educativo, posibiliten la continuidad a las trayectorias individuales y disminuyan las causales de deserción y reprobación que circunstancian a los educandos mexicanos de este nivel obligatorio de la educación nacional.
Panorama nacional de la EMS
Como lo establece el diagnóstico presentado en el PSE “el abandono de los estudios en la educación media superior es, sin duda, uno de los desafíos más severos del sistema educativo. Este fenómeno no sólo tiene altos costos económicos y sociales, sino que perpetúa las condiciones de exclusión y de pobreza. Las causas del problema incluyen factores económicos, educativos y familiares. Su reducción se convierte en un objetivo relevante de política educativa e implica, entre otras, el impulso de acciones articuladas, orientadas a apoyar a los jóvenes en situación de desventaja, una creciente profesionalización docente y de la gestión escolar, mayor pertinencia de los planes y programas de estudio y la prevención de los riesgos que afectan a los jóvenes”.
En el informe que en materia educativa publica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el año 2014, se señala que entre los países de América Latina, México presenta una de las tasas más altas en deserción escolar, teniendo como origen, diversos factores, entre los que se encuentra el rendimiento académico, el contexto personal y familiar, la falta de acceso a las políticas educativas, y las condiciones que genera el mercado laboral. Lo anterior tiene como resultado un gran porcentaje de hombres y mujeres que no logran acceder o concluir el nivel medio superior.
De igual forma, el informe antes mencionado refiere que el indicador de cobertura educativa, entre la población de entre 15 a 19 años, es menor al 53%, señalando que el 20% de los mexicanos, de esa misma generación, no tienen empleo ni están matriculados en educación o formación, aun cuando el grueso de la población estudiantil se encuentra en ese grupo de edad.
El Reporte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2017, señala que “La atención al abandono escolar en la educación media superior (EMS) se ha convertido en uno de los principales desafíos para el progreso del Sistema Educativo Nacional (SEN), ya que si bien la matrícula en este nivel educativo se ha incrementado considerablemente, aún es importante la proporción de jóvenes de 15 a 19 años que se encuentra fuera de la escuela o que dejan la EMS, cuya tasa de abandono escolar es la más alta de toda la educación obligatoria”, precisando que “en el ciclo escolar 2013-2014 el abandono en la EMS fue de 15.3%, en educación primaria y en secundaria fue de apenas 0.8 y 4.1%, respectivamente”.
Profundizando en lo anteriormente señalado, el Informe INEE, 2017, indica que el incremento en la matrícula escolar y en la tasa de cobertura neta ha sido constante en los últimos años para este nivel educativo, representado para al cierre del ciclo escolar 2013-2014, un total de 4,682,336 alumnos y 54.7% respectivamente, sin embargo, el número de alumnos que abandonan la EMS ha permanecido por encima de los 600 mil durante los últimos seis ciclos escolares, precisando que del total de alumnos matriculados en el primer grado, abandonó la escuela 23.8%, en tanto que en el segundo año el porcentaje de abandono fue de 10.8%, y de 6.6% en el tercero.
Sobre las causas que motivan el abandono escolar en este nivel educativo, el INEE en su informe 2017, indica que los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ 2010) y los de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS) señalan que las razones del abandono que reportan los jóvenes son de índole económica, institucional o escolar, e individual. Se estima que una tercera parte del abandono está relacionada con causas de origen económico, cerca de otro tercio obedece a cuestiones institucionales y escolares, y entre 15 y 20%, a razones familiares o individuales (Weiss, 2015).
Al respecto, señala que “Entre las causas económicas destacan la falta de dinero en el hogar por bajos ingresos y la inserción al mercado laboral, ya sea por necesidad o por los incentivos que éste genera y que hacen que el estudiante considere mejor opción trabajar que estudiar”, indicando que “el trabajo se encuentra vinculado a la deserción escolar; sin embargo, la probabilidad de dejar la escuela crece a medida que aumenta la intensidad del empleo o las horas trabajadas”.
Con base en la ENDEMS, el informe INEE, 2017, con datos de Székely agrupa las causas de abandono de la siguiente manera: 36.4% por motivos económicos, 29.5% por cuestiones escolares-educativas, 23.1% por razones personales y 1.1% por otras causas.
Asimismo, el INEE señala que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2009), la falta de dinero para pagar la escuela y la necesidad de aportar económicamente al hogar suman 52% de las razones principales para desertar.
Respecto al el desempeño educativo, el INEE resalta los datos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 2015, 43.3 y 51.3% de los alumnos se ubicaron en el nivel mínimo de desempeño en comprensión lectora y matemáticas, respectivamente.
Respecto a la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA 2015, la cual es aplicada a estudiantes de 15 años que en su mayoría se encuentra cursando EMS, señala, el INEE, en su informe 2017, que según sus resultados, además de que los promedios de México en Matemáticas, Lectura y Ciencias aún se encuentran lejos de los países de la OCDE y de aquellos con mejores resultados, hay proporciones importantes de estudiantes en los niveles de logro por debajo del nivel 2, que es considerado el que caracteriza el mínimo de competencia necesario para que los jóvenes accedan a estudios superiores o realicen las actividades que implica la vida en las complejas sociedades contemporáneas del conocimiento. De los estudiantes mexicanos, 57% se encuentra en niveles por debajo del 2 en Matemáticas, al igual que 42% en Lectura y 48% en Ciencias. En contraste, el porcentaje de jóvenes ubicados en los dos niveles de logro más elevados (niveles 5 y 6) no llega a 1%.
Finalmente, el informe INEE concluye, al respecto del desempeño académico, que si en el análisis de los resultados PISA, se desagrega a la población de acuerdo con su situación de vulnerabilidad económica, en todos los casos la proporción de estudiantes en los niveles de desempeño más bajos se encuentran entre la población más vulnerable.
De tal forma, la anteriormente expuesto muestra resultados convergentes por parte de las distintas instancias que evalúan la educación nacional respecto a que una las causales específicas que motivan el abandono escolar y un bajo desempeño educativo, es el contexto económico (particular y nacional) de los educandos que cursan la EMS, en tal sentido, es necesario a fin de incentivar la permanencia en este nivel y mejorar la adquisición de competencias necesarias para cumplir con el perfil de egreso en este nivel educativo, definir políticas públicas puntuales que posibiliten una mayor equidad, pertinencia e inclusión educativa y en tal sentido Nueva Alianza propone a través de la presente iniciativa, posibilitar un marco normativo que garantice el derecho a una educación de calidad a través de facultar a la autoridad federal para diseñar, integrar, publicar y distribuir Libros de Texto Digitales para la Educación Media Superior.
El libro de libro de texto gratuito se estableció como material educativo (finales de la década de los 50´s) con la finalidad de abatir el rezago educativo entre la población y ha tenido resultados visibles en generaciones presentes, siendo uno de los estandartes más emblemáticos de la educación obligatoria y representan una gran herramienta para promover el desarrollo inclusivo basado en la educación, mejorando los resultados educativos de todos los mexicanos; resultados que pueden ser observados en las evaluaciones de los niveles educativos de primaria y secundaria.
Respecto a la evaluación del programa presupuestal federal “Edición Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos” realizada por el Consejo Nacional para Evaluación de la de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “el programa ha demostrado una de las políticas distributivas y considerada como de mayor progresión en la función social educativa del Estado mexicano”.
El libro de texto digital para la EMS es viable si se considera que en la Ley General de Educación vigente prevé, en sus propósitos, que la currícula educativa de la EMS nivel sea convergente en la construcción de conocimientos básicos, lo cual posibilita la construcción de un tronco común de materias para diversos subsistemas que integran la EMS, en un marco de respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.
Al respecto, el INEE, en su informe 2017 señala que “Con el establecimiento del MCC se buscó articular los diversos programas de EMS en el país a partir del perfil de egreso de los estudiantes del bachillerato y, con ello, conformar una estructura flexible que posibilitara que los egresados obtuvieran una formación integral, a partir de los contenidos curriculares y las estrategias didácticas que desplegaran los docentes.” y resalta que la “RIEMS ha reflejado una trascendente decisión de política educativa en el ámbito de la EMS, avanzando en la construcción de una agenda de relevancia pública y ofreciendo un rumbo para transformar el nivel. En este sentido, de acuerdo con Bracho y Miranda (2012), el reto de la SEMS consiste en integrar subsistemas y diseñar una nueva estructura que responda tanto a los requerimientos de expansión de la matrícula como a la atención a la calidad educativa.”
De igual forma, dentro de la ruta que marco la implementación de la reforma educativa y en respuesta a lo establecido en el artículo 12º transitorio de la Ley General de Educación, se realizó una revisión del modelo educativo en su conjunto, que incluyó los planes y programas, los materiales y los métodos educativos, la cual culminó con la presentación, el 13 marzo de 2017, por parte de la autoridad educativa federal del Nuevo Modelo Educativo para la educación obligatoria nacional.
Este Nuevo Modelo Educativo (NME) estructura para los diversos niveles educativos las habilidades y competencias que los alumnos deban adquirir en su trayectoria dentro del Sistema Educativo Nacional y sustenta su progresión en cinco ejes esenciales:
Escuelas
Se reconoce a los planteles como el espacio en donde deben concentrarse los esfuerzos de todos los componentes que integran el sistema educativo, porque es en la escuela donde están los estudiantes y se realiza el proceso educativo.
El nuevo Modelo Educativo pone a la escuela al centro del sistema educativo, lo que significa dar a los planteles mayor autonomía de gestión a través de las decisiones que tomen los Consejos Escolares.
Propuesta Curricular
Se plasma un perfil de egreso que indica la progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato, que implica también el primer ejercicio de articulación formal para la educación obligatoria.
Sistema de desarrollo profesional docente
El cual tiene base en el mérito, vinculado en una formación inicial fortalecida tanto en las escuelas normales como en las universidades, y con procesos de evaluación que permitan ofrecer formación continua para los docentes, basada en sus necesidades.
Inclusión y equidad
Apego de los componentes del Modelo a principios de inclusión y equidad, desde la infraestructura y el equipamiento, hasta el currículo y los materiales educativos.
Se da prioridad al acceso y a la permanencia en el sistema educativo, de quienes se encuentran en situaciones de desventaja, particularmente en escuelas indígenas, multigrado y aquellas con mayores carencias.
Gobernanza del sistema educativo
Coordinación de las autoridades, padres de familia, sindicato, sociedad civil y el poder legislativo para lograr una gestión y resultados eficientes y eficaces.
Dentro de las innovaciones planteadas en el NME y en argumento a la presente se resaltan las siguientes:
• Articulación explícita de los objetivos, aprendizajes y contenidos de la educación básica y la media superior.
•Reconocimiento de la diversidad de contextos y modalidades en que se desarrollan las comunidades educativas y sus implicaciones para los planteamientos del Modelo Educativo; tal es el caso de las escuelas rurales, comunitarias, multigrado, telesecundarias y telebachilleratos y, la situación educativa particular de jornaleros agrícolas y niñas, niños y jóvenes migrantes.
•Fortalecimiento de la perspectiva de inclusión y equidad como un componente transversal del sistema educativo.
•Mayor énfasis en una formación docente pertinente y de calidad como condición necesaria para la innovación en la educación.
• Presentación de nuevas modalidades de formación y para la transformación de las prácticas pedagógicas, así como en la importancia de la formación didáctica en disciplinas específicas.
La “Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”, instrumento que presenta el NME, establece el planteamiento curricular para la educación básica y la media superior, y abarca tanto la estructura de los contenidos educativos, así como los principios pedagógicos, de forma precisa señala en sus contenidos:
“Hoy en día, el mundo se comprende como un sistema complejo en constante movimiento y desarrollo. A partir del progreso tecnológico y la globalización, la generación del conocimiento se ha acelerado de manera vertiginosa, y las fuentes de información y las vías de socialización se han multiplicado de igual forma. La inmediatez en el flujo informativo que hoy brindan internet y los dispositivos inteligentes, cada vez más presentes en todos los contextos y grupos de edad, era inimaginable hace una década, A su vez, estas transformaciones en la construcción, transmisión y socialización del conocimiento han impactado las formas de pensar y relacionarse de las personas. En este contexto, resulta necesario instruir al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y diversos, desarrolle pensamientos complejos, críticos, creativos, reflexivos y flexibles, y resuelva problemas de manera innovadora”.
Por tanto, siendo una de las prioridades del NME, la articulación de los aprendizajes entre niveles, señala que:
“Esta nueva focalización en los aprendizajes clave implica fortalecer en la educación obligatoria los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan aprender a aprender, es decir, continuar aprendiendo a lo largo de la vida. El replanteamiento de la organización de los conocimientos promueve su constante relación y evita una concepción del saber limitado a espacios fijos. Al mismo tiempo, busca conciliar las exigencias propias de un proyecto humanista”.
Dada la articulación propuesta el NME señala que:
“Los objetivos y contenidos básicos imprescindibles que se establezcan como base común para todos los estudiantes deben ser paulatinamente profundizados y ampliados a nivel estatal (por modalidad y subsistema en el caso de la educación media superior) y en cada escuela, de manera que se facilite el aprendizaje”.
“Contrariamente a la educación básica, que históricamente se ha caracterizado por un currículo nacional centralizado, rígido y prescriptivo, la educación media superior se distingue por una marcada heterogeneidad organizacional e institucional, lo cual se refleja en una gran diversidad de propuestas curriculares, y representa un desafío para la adopción de políticas educativas”.
“Por esa razón, en 2008 la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) se propuso articular los diferentes subsistemas y construir una identidad curricular a través del Marco Curricular Común que establece objetivos formativos, más allá de las diversas formas organizativas. No obstante, era necesario alinear sus propósitos y las acciones hacia el logro de un perfil de egreso concreto”.
Al respecto del perfil del egresado del Nivel de Educación Media Superior el NME, señala de forma expresa para el ámbito de “Habilidades Digitales” que el alumno “Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas e innovaciones”.
Por ello, señala el NME el MCC se ha revisado para hacer un mayor énfasis en los aprendizajes clave y en las prácticas pedagógicas, así como en los logros de desempeño esperados en cada etapa del trayecto educativo. De esta manera, se busca que el currículo de la educación media superior favorezca el logro de las tres funciones fundamentales de este nivel educativo:
• La formación propedéutica para la educación superior.
• La formación de los jóvenes como ciudadanos competentes y personas capaces de construir sus proyectos de vida.
• La preparación para ingresar al mundo del trabajo.
Tanto el currículo nacional de la educación básica como el MCC mantienen una secuencia lógica y una congruencia horizontal (entre campos formativos, áreas y asignaturas de un grado y nivel) y vertical (a lo largo de los tres niveles de la educación básica, y entre ésta y la educación media superior).
El currículo prevé los referentes de logro en el dominio de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se espera que los estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar y, mediante los planes y programas, contribuye a las formas de enseñanza que conduzcan a aprendizajes significativos y estimulantes.
Reconoce, la presentación del NME que el marco curricular común no pretende homologar los programas de estudio, sino desarrollar, a través de las diferentes modalidades del bachillerato, las competencias que definan un perfil común del egresado, mediante herramientas comunes aunque estudien campos de estudio distintos; sin embargo, será un referente para entregar libros en materias que este nivel educativo tenga en común.
De lo anterior se desprende que el NME reconoce una diversidad de contenidos educativos, sin embargo es posible diseñar, integrar y publicar Libros de Texto Digitales si estos se conforman para las “Competencias Genéricas” y “Competencias Disciplinares Básicas” definidas en el Marco Curricular Común, componente fundamental de la reforma integral para la educación media superior que tiene como sustento la diversidad de opciones educativas en este nivel.
Sobre las tecnologías de la información se resalta que diversas instituciones se han pronunciado por procurar la utilización de Tecnologías de la Información en la tarea educativa, en razón de que éstas, han demostrado ser una gran herramienta para la construcción de conocimientos colectivos, el trabajo en equipo y la socialización del propio conocimiento, así lo manifestó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al considerar que las TIC han potencializado la alfabetización, cerrando significativas brechas tanto educativas como digitales.
Al respecto del acceso de los mexicanos a la Tecnologías de la Información, se señala, con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2015, realizada, entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, durante el segundo trimestre de 2015, lo siguiente:
• En cuanto al equipamiento de tecnologías, la ENDUTIH 2015 muestra que 14.7 millones de hogares (44.9 por ciento del total nacional) declararon contar con al menos una computadora en condiciones de uso. Se calcula que en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California, 6 de cada 10 hogares disponen de computadora. En contraste, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, menos de una cuarta parte cuentan con tal dispositivo.
• En tanto que se tiene disponibilidad de Internet en 12.8 millones de hogares (39.2 por ciento de los hogares a nivel nacional).
• Cabe destacar que el uso de las TIC es un fenómeno predominantemente urbano. En las 32 ciudades seleccionadas, el 59.5 por ciento de los hogares dispone de computadora y el 56.2 cuenta con conexión a Internet.
Usuarios:
• La ENDUTIH 2015 reveló que 55.7 millones de personas son usuarios de una computadora y 62.4 millones utilizan Internet en México. Al considerar el uso de las TIC por género, los resultados mostraron una participación equitativa entre mujeres y hombres: 49.2 y 50.8 por ciento en el uso de computadora, y de 49.4 y 50.6 por ciento en el de Internet, respectivamente.
• Entre la población joven el uso de Internet es más frecuente: el 70.2 por ciento de la población de entre 6 a 17 años utiliza Internet, mientras que el 76.5 por ciento de los de 18 a 34 años lo hace.
Usos:
• Considerando los principales usos de Internet que capta la encuesta se obtuvo que el 88.7 por ciento de los usuarios de internet lo emplearon para obtener información de carácter general, el 84.1 por ciento para comunicarse, ya sea a través de mensajería o correo electrónico, el 76.6 por ciento para acceder a contenidos audiovisuales y el 71.5 por ciento para acceder a redes sociales.
De lo anteriormente expuesto, se señala que los mexicanos en la población entre 15 y 29 años, tienen posibilidades de acceder al internet y de igual forma, en lo general, se cuentan con las habilidades necesarias para obtener los contenidos de los Libros de Texto Digitales.
Adicionalmente a lo expuesto como beneficios en la utilización máxima de las TIC, señalamos que la propuesta para instrumentar los Libros de Texto Digitales que propone Nueva Alianza minimiza los impactos al medio ambiente al disminuir el consumo de papel y potencializa la constitución sociedad del conocimiento sustentable.
En términos del acceso a las redes digitales y estando consientes de la obligación de garantizar de forma generalizada el acceso de los Libros de Texto Digitales para la Educación Media Superior, a estudiantes que cursen la EMS, en lugares o regiones con dificultades para el acceso a las redes de distribución de internet, en los transitorios propuestos se señala la obligación del Estado para que estos se distribuyan a través de medios de almacenamiento digital tales como CD o unidades de memoria (USB).
De igual forma y con la finalidad de proponer un arreglo institucional que posibilite la presente propuesta, se propone que con base en modificaciones presupuestales compensadas derivadas de las economías resultantes del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado paras la SEP, se fortalezca la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la integración y diseño de los Libros de Texto Digitales para la EMS, a la fecha dicha unidad administrativa tiene publicaciones de libros de texto en formato digital en la dirección electrónica: http://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/libros/
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos, en nuestra calidad de Diputados Federales e integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por y los artículo 6, numeral 1, fracción I; 76,77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:
Decreto por el que se reforman los artículos 12, fracciones III y IV y adiciona una fracción V Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.
Artículo Único:Se reforman los artículos 12, fracciones III, IV y adiciona una fracción V Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I.a II. ...
III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles , impresos y digitales, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;
IV.Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria ,la secundaria y los que se determinen, con base en el marco curricular común, para la educación media superior, en el ámbito de sus atribuciones;
V. a XIV. ...
Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I a V. ...
V Bis. Promover la edición, producción y uso de libros de texto gratuitos, en formatos accesibles, impresos y digitales, distintos de los previstos en la fracción III del artículo 12;
VI. a XIII....
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor en el ciclo escolar próximo al de su aprobación.
Segundo. Los libros de texto gratuito que sean editados y producidos para el nivel de Educación Media Superior, serán publicados en las plataformas digitales con las que cuenten las autoridades educativa federal y locales.
Tercero. La distribución y entrega de los libros de texto gratuito para el nivel de Educación Media Superior, para educandos inscritos dentro del Sistema Educativo Nacional que estudien en escuelas o planteles ubicados en lugares o regiones con dificultades de acceso a Internet, se hará mediante la utilización de medios de almacenamiento digital de bajo costo, logrando la cobertura total en el país al inicio del ciclo escolar 2021-2022.
Notas
1 UNESCO (2016) Derecho a la educación, recuperado el 01 de agosto de 2016, desde: http://www.unesco.org/new/es/right2education
2 Promulgado el 19 de diciembre de 1966, signado por México el 2 de marzo de 1981 y con publicación en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981.
3 Promulgada el 20 de noviembre de 1989, signado por México el 10 de agosto de 1990 y con publicación en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991.
4 Federal, Poder Ejecutivo. “Plan nacional de desarrollo 2013-2018.” Ciudad de México, México (2013).
5 Secretaría de Educación Pública, Plan Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013
6 Secretaría de Educación Pública, Plan Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013, Pág. 31
7 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México- Nota país- Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE
8 Ibídem
9 INEE (2017). La educación obligatoria en México. Informe 2017. México: INEE.
10 SEMS. Subsecretaría de Educación Media Superior (2012). Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS). México: autor. Recuperado de:
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10787/1/images/ Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf
11 Centro de Investigación en Educación y Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (2010). Discusión teórica en torno a las determinantes de la deserción escolar. Santiago de Chile: Centro de Investigación en Educación.
12 Székely, M. (2015), Estudio, resultados y recomendaciones de la investigación y evaluación educativa en el eje de prevención y atención al abandono en EMS (documento interno). México, FLACSO.
13 Resultados 2015 de PLANEA en Educación Media Superior. Recuperado de:
http://planea.sep.gob.mx/ms/
14 INEE (2017). La educación obligatoria en México. Informe 2017. México: INEE. Pág. 60
15 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Diagnóstico del Programa, B003 Edición Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos, consultado el 24 de abril de 2017 en:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/ Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEP_B003.pdf
16 Coneval (2014) Diagnóstico del Programa B003 Edición Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos”, consultado el 24 de abril de 2017, en:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/ Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEP_B003.pdf
17 Brunner, José Joaquín y Tedesco, Juan Carlos (eds.), Las nuevas tecnologías y el futuro de la educación, Buenos Aires, Septiembre Grupo Editor, referenciado en “Nuevo Modelo Educativo, para la Educación Obligatoria, educar para la libertad y la creatividad” (2017), Secretaria de Educación Pública, México, Pág. 60.
18 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234233s.pdf
19 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2015, Comunicado 27/2016, consultado el 24 de abril de 2017 en: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/ encuesta-nacional-sobre-disponibilidad-y-uso-de-tecnologias-de-la- informacion-en-los-hogares-2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— diputados y diputadas: Luis Manuel Hernández León,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ángel García Yáñez, Angélica Reyes Ávila, Carlos Gutiérrez García, Carmen Victoria Campa Almaral, Delfina Gómez Álvarez, Jesús Rafael Méndez Salas, Karina Sánchez Ruiz, Luis Alfredo Valles Mendoza, María Eugenia Ocampo Bedolla, Melissa Torres Sandoval, Miriam Isabel Saldívar Paz (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Luis Manuel Hernández. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar dos iniciativas en una sola intervención, la primera de ellas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez:Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: En esta ocasión presento ante esta soberanía dos iniciativas que buscan atender problemas relacionados con el transporte y la movilidad de nuestro país.
La primera propone reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto de eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos que enfrentan los transportistas locales al utilizar tramos de carreteras federales menores a 30 kilómetros.
Actualmente las pequeñas empresas, los hombres-camión, los transportistas locales recorren tramos federales menores a 30 kilómetros, pero no solamente la ley los obliga a contar con la autorización de las autoridades estatales y municipales, sino que además se debe tramitar un permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal.
En esta misma ley existe una contradicción porque no permite los permisos para vehículos que no cuenten con las características que se establecen en la propia ley, y esto dejaría fuera a todo el transporte rural.
Esta sobrerregulación termina perjudicando a los usuarios finales, que tienen que pagar tarifas elevadas y además no tener un servicio constante al no existir transportistas por ser sancionados por la propia ley.
Propongo exceptuar a los transportistas locales que utilizan estos tramos menores a 30 kilómetros de carreteras federales, de tramitar estos permisos ante dicha dependencia, cuando ya cuenten con la respectiva autorización de autoridades estatales y municipales.
La segunda iniciativa es con el fin de garantizar la protección al medio ambiente y el derecho a la movilidad de las personas. El “raite” o aventón no es nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante los problemas de movilidad de las grandes ciudades se ha venido convirtiendo en una alternativa cada vez más recomendada en el marco de las nuevas políticas de gestión urbana y de movilidad sustentable.
Amén a todos los beneficios que conlleva el uso compartido del automóvil, es una práctica que también implica riesgos. Uno tiene que ver con la seguridad tanto de las personas que comparten el uso del automóvil, como con las personas que piden el aventón.
Acabamos de ver un caso parecido de la joven Mara Fernanda Castilla, que fue asesinada presuntamente por un conductor de una empresa que ofrecía el servicio de transporte.
Jóvenes y mujeres que piden “ray” y son levantados en la carretera para ser abusados sexualmente y asesinados. O bien, automovilistas que aceptan dar un aventón y posteriormente son despojados de sus vehículos o sus pertenencias.
Por otro lado, los accidentes de tránsito en este caso, cuando se dan, se hace un problema más complejo cuando los automóviles no cuentan con un seguro que cubra los gastos y materiales en caso de siniestro.
Hoy en día vemos que esta práctica de servicios se anuncia hasta en redes sociales. En mi región es común, para disminuir costos de traslado hay quienes se anuncian y prestan el servicio de ride o aventón sin ninguna regulación jurídica.
Asimismo, con esta reforma se plantea generar beneficios que estimulan el uso compartido del automóvil, entre ellos estímulos económicos que serían determinados por cada entidad federativa y estacionamientos preferentes para automóviles que se inscriban en los padrones antes mencionados.
Para lo anterior, propongo reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con estas dos iniciativas no solo estamos corrigiendo problemas de transporte de nuestro país, sino generando mejores condiciones de vida, de seguridad y para los mexicanos en todo el territorio nacional. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México, el proceso de urbanización se ha mantenido constante e incluso ha crecido a un ritmo acelerado en las décadas más recientes. Prueba de ello es el incremento sustancial de las zonas metropolitanas dentro del territorio nacional. Tan sólo en un periodo de 20 años, de 1990 a 2010, el número de ciudades se incrementó de 298 a 384; es decir, casi un 29 por ciento. Del mismo modo, la población urbana aumentó de 47.9 millones a 81.2 millones en el mismo periodo de tiempo.
Äreas metropolitanas de México
Este boom citadino ha dado pie a que las urbes, ante una inevitable necesidad de mantener los engranes de sus economías bien engrasados, se enfrenten ante un problema cada vez más común: la correcta gestión urbana en cuanto a los medios de transporte y la movilidad.
Por un lado, en las grandes ciudades, encontramos una gran variedad de medios de transporte: motorizados, verdes, públicos individuales y colectivos. Todos ellos surgen como una inevitable consecuencia del desarrollo social y urbano, pues la expansión geodemográfica de los centros de población genera la necesidad de transportarse cada vez más rápido y de manera más eficiente. Sin embargo, esta amplia gama de opciones se encuentra bajo un contexto en el cual las políticas públicas han priorizado el uso individual del automóvil que, de acuerdo a la Guía de Estrategias para la Reducción del Uso del Auto en Ciudades Mexicanas, han triplicado los Kilómetros-Vehículo Recorridos (KVR) en 20 años (1990-2010). De este modo, se han ocasionado efectos contrarios a los objetivos principales de dichas políticas de movilidad, tales como mitigar los costos ambientales, sociales y económicos.
Fuente: Guía de estrategias para la reducción del uso del auto de ciudades mexicanas.ITDP, 2012
Por otra parte, en las zonas mayoritariamente rurales, el problema de la movilidad se muestra de manera inversa. Los factores relacionados a la contaminación y a los excesivos costos sociales y ambientales relacionados con el transporte son mínimos en comparación con los de las grandes ciudades. Sin embargo, aquí el reto consiste en que se carece de una paleta de alternativas de medios de transporte por lo que un segmento social importante recurre a la autogestión de las alternativas a utilizar. En ese sentido, las personas y los pocos medios para movilizarse resultan en una concatenación de factores que provocan e incitan a la solidaridad. Un claro ejemplo es la repetida escena en la que, quien se ve en la posibilidad, comparte su medio de transporte con el prójimo; ya sea un animal de carga o vehículos motorizados.
El problema de la movilidad
En nuestro país y, principalmente en sus ciudades, la correcta gestión urbana en cuanto a movilidad depende la calidad de vida de la población, puesto que los traslados representan un pilar inamovible en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas, de las familias y de la economía en general. Esta situación ha orillado a los gobiernos y a la sociedad a buscar, desarrollar y explotar nuevas alternativas de transporte, como la caminata y la bicicleta.
La falta de alternativas o posibilidades de movilizarse en algunos lugares ha sido tan crítica que ha llegado a generar descontento en la población pues, de manera paulatina, la capacidad de trasladarse en un vehículo, sea motorizado o no, está comenzando a percibirse como un lujo. Es por ello que esta situación provoca una encrucijada complicada, sobre cómo renovar e innovar las alternativas de movilidad que existen para los ciudadanos de nuestro país.
Resolver este dilema no es tarea fácil. Su complejidad radica en el hecho de que dichas alternativas y soluciones deben encontrar un equilibrio que garantice el derecho a la movilidad de la población y el cuidado al medio ambiente.
Cabe subrayar que, las alternativas viales que existen se encuentran rodeadas de externalidades negativas con impactos en las colectividades. Por ejemplo, el uso excesivo del automóvil trae consigo una serie de efectos negativos de diversa índole, como lo son el uso de combustibles fósiles con la subsecuente generación de emisiones que contribuyen al cambio climático y la contaminación, tráfico, pérdidas de tiempo y accidentes, entre muchas otras. Ambas vertientes se traducen en elevados costos sociales y económicos.
Estimación de externalidades asociadas al uso del automovil en zonas metropolitanas selectas de México, 2009 (millones de pesos)
Fuente: Guía de estrategias para la reducción del uso del auto de ciudades mexicanas.ITDP, 2012
Lo anterior hace impostergable la elaboración de políticas públicas que ayuden a cimentar las bases para urbes con alternativas de transporte más verdes y eficientes. El resultado de estas prácticas tendría un impacto positivo en la facilidad de movilidad de la población.
Alternativas de movilidad
Bajo este tenor, las ciudades alrededor del mundo, incluidas las de México, han experimentado diversas alternativas de movilidad sustentables. Todas con el objetivo común de satisfacer las necesidades de transportación de las personas disminuyendo los efectos negativos para el medio ambiente.
En México, en distintas ciudades se han implementado medios de transporte como camiones híbridos, taxis híbridos, taxis eléctricos, sistemas de bicicletas públicas compartidas, que se han sumado a un llamado generalizado de los especialistas a la promoción del transporte público.
Recientemente, derivado de las contingencias del año 2016, en este Congreso de la Unión aprobamos incentivos fiscales para promover vehículos verdes, a través del fomento de la instalación de equipos de recarga para vehículos eléctricos, y contemplando beneficios para quien compre vehículos o bicicletas híbridos. Esto es, una deducción diaria de $285.00 pesos por automóvil.
El “ride” o “aventón”
Una de las formas históricas empleadas por las personas para movilizarse, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales es la práctica popularmente conocida como “el aventón” o “ride”, la cual consiste en compartir el medio de transporte utilizado por un particular con otras personas.
Esta práctica, cada vez más común en nuestro país, adquiere nuevos matices con la apremiante necesidad de impulsar alternativas de movilidad para las personas desde un punto de vista sustentable, ordenado y seguro.
En cuanto al impacto ambiental, esta medida ha probado ser una alternativa responsable, pues de acuerdo con algunas estimaciones, en México los usuarios ahorran un aproximado de 42 mil trayectos en automóvil al año cuando lo comparten con un compañero de trabajo. Esta reducción en el uso del automóvil no solo trae consigo beneficios para el medio ambiente, sino que abona también a la calidad de la circulación en las calles y carreteras del país, en la medida en que transitan menos vehículos.
Sin duda alguna, el dar “aventones” contribuye de manera significativa al cuidado del medio ambiente, y es también, una gran oportunidad de facilitar la movilidad en el país. El hecho de que una persona comparta su viaje con una o algunas personas puede representar un beneficio en lo económico, pues de llegar a un acuerdo, las personas que se beneficien del “aventón” pueden ahorrar el dinero que normalmente gastarían en transporte público, o en el caso de viajes de larga distancia, ahorrarse el pasaje de autobús.
Por otra parte, quien realiza la práctica del “ride”, puede mitigar en gastos como lo son de gasolina, de casetas de peaje y demás, si es que llega a un acuerdo con los pasajeros de dividirse gastos. Así que, en términos generales, resulta benéfico para ambas partes, en lo económico y, además, se contribuye a conservar de la mejor manera posible el medio ambiente.
El aventón o “ride” incluso ha comenzado a ser explotado con una visión de negocio por empresas que se dedican a conectar a personas que comparten su auto con desconocidos. De esta manera, se han desarrollado distintas aplicaciones móviles que tienen la función de solicitar un “ride” a alguien que vaya al mismo destino, o bien, un destino cercano del que solicitas llegar, como lo son BlaBlaCar, Aventones, Rides y demás aplicaciones con la misma funcionalidad. Estas aplicaciones permiten conocer el perfil de quien solicita el “aventón” y de quien realiza esta práctica, dotando de muchas medidas de seguridad en todos los aspectos.
Los peligros asociados al “ride” o “aventón”
Al margen de todos los beneficios que conlleva el uso compartido del automóvil, hay que decir que también es una práctica que implica por lo menos dos tipos de riesgos. El primero de ellos es la probabilidad de sufrir un accidente automovilístico.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, y además, esta representa la octava causa de muertes en el país.
Según datos del INEGI, el número de incidentes en el país, se ha mantenido más o menos en el mismo rango en los últimos años, aunque con un decremento significativo en el número de defunciones ocasionados por ellos. En el año 2011 se registraron un total de 387,185 con 7,994 muertes, mientras que en el año 2015 fueron 382,066 accidentes y 4,636 muertes.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI.
Cuando un accidente involucra a un automóvil que está dando un “aventón”, la reparación de los daños humanos y materiales se vuelve mucho más compleja, sobre todo cuando no se cuenta con un seguro que cubra a terceros, lo que se traduce en un grave problema para los conductores, pues se ven en la necesidad de pagar los gastos médicos de los ocupantes, muchas veces desconocidos, además de los daños materiales que se hayan causado
El segundo riesgo asociado al uso compartido del automóvil tiene que ver con la seguridad, tanto de los conductores, como de las personas que piden un “ride”. Y es que subirse al coche de un desconocido o llevar a un extraño en un automóvil puede facilitar las condiciones para la comisión de delitos como asaltos, secuestros, abusos sexuales y homicidios.
Muchos casos confirman la inminencia de este tipo de peligros. Por ejemplo, apenas el pasado 17 de agosto en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, dos personas fueron detenidas por haber abusado de una menor de edad tras haberle ofrecido un aventón.
Pero los ilícitos no son cometidos únicamente por quien ofrece un “aventón”. El 21 de junio de este año, en el otro extremo del país en la supercarretera Durango-Mazatlán, un hombre de 52 años fue baleado y asesinado después de haber ofrecido aventón a un desconocido.
En ese mismo junio, en Sabina, Coahuila, dos sujetos pidieron un aventón en la carretera a Monclova, para después abusar de la confianza del conductor y robarle la camioneta, dejándolo varado en la localidad Estación Hermanas, del mismo estado. Los hechos ocurrieron en junio de 2017.
En San Luis Potosí, en junio de 2015, un hombre aceptó dar “ride” a unas adolescentes, para después abusar física y sexualmente de ellas. Una adolescente incluso falleció por muerte cerebral a causa de los golpes recibidos. En mayo de 2015 en la delegación Tlalpan, dos hombres secuestraron al dueño del auto que aceptó llevarlos. En agosto de ese mismo año, en el tramo carretero de Tomochi a las Estrellas, de la rúa Gran Visión Chihuahua a Hermosillo, dos sujetos pidieron “ride” a una camioneta, al dejarlos subir, estos sacaron una daga con la cual atacaron a los tripulantes para después robar la camioneta y huir. En septiembre de 2015, en la carretera de Guachochi, en Chihuahua, una mujer pidió “ride” fue abusada sexualmente por un hombre de 30 años que la subió a su camioneta.
Es claro que estos casos no son una generalidad, pero su incidencia a lo largo y ancho del territorio nacional nos obliga a tomar acciones legislativas para garantizar la seguridad de las personas que piden y dan “aventones”.
En síntesis, para maximizar los beneficios sociales, económicos y ambientales del uso compartido del automóvil y disminuir los riesgos asociados a esta actividad, es necesario contar con una regulación adecuada que sirva para impulsar el uso compartido del automóvil y al mismo tiempo garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.
Contenido de la iniciativa
La presente iniciativa tiene por objeto fomentar el uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el derecho a la movilidad de las personas.
Para lo anterior, propone realizar las siguientes adecuaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano:
• Incorporar en la definición del principio de Accesibilidad universal y movilidad, el fomento del uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada (artículo 4o.).
• Establecer que los programas de las zonas metropolitanas deberán prever el uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada dentro de las acciones en materia de Movilidad (artículo 37)
• Precisar que las políticas y programas de movilidad deberán promover políticas orientadas al uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada (artículo 71).
• Generar estímulos y destinar estacionamientos preferentes en vías públicas a los automóviles tengan un uso compartido y se encuentren debidamente registrados (artículo 72).
• Crear padrones de automóviles de uso compartido en las entidades federativas, con el objeto de garantizar que esta práctica se lleve a cabo de forma segura y ordenada en todo el territorio nacional, facilitando el acceso de los beneficios para quienes la practiquen (artículo 73).
Con estas disposiciones no solo estaríamos generando beneficios concretos para los automovilistas que comparten solidaria y gratuitamente su vehículo, sino que también se tendrían nuevas herramientas para garantizar la seguridad de los pasajeros que recurren a este tipo de transporte.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de
DecretoÚnico.Se reforman los artículos 4o., fracción X, y 37, fracción VIII; se adiciona una nueva fracción X, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 71; se reforma el artículo 72, fracción II; y se reforma y adiciona el artículo 73, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:
I. a la IX [...]
X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada, el transporte público, peatonal y no motorizado.
Artículo 37. Los programas de las zonas metropolitanas o conurbaciones, deberán tener:
I. a la VII. [...]
VIII. Las acciones de Movilidad, incluyendo los medios de transporte público masivo, el uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada, los sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental;
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:
I. a la IX. [...]
X. Promover políticas orientadas al uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada;
XI. [...]
XII. [...]
Artículo 72. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la Movilidad, mediante:
I. [...]
II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública; estímulos y estacionamientos preferentes en vías públicas para los dueños de automóviles que les den un uso compartido y se encuentren inscritos en el padrón correspondiente;estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos motorizados, entre otros, y
III. [...]
Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado , fomentar el uso compartido del automóvil de forma segura y ordenada, y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.
La legislación local deberá contemplar las disposiciones para la creación de padrones de automóviles de uso compartido, que tendrán acceso a estímulos y estacionamientos preferentes en vías públicas, en los términos que dispongan los congresos locales. Para la inscripción en dicho padrón, se requerirán como mínimo los requisitos previstos en los reglamentos de tránsito locales para conductores y vehículos motorizados de uso particular.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus leyes, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 días contado a partir de su entrada en vigor.
Notas
1 http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-GuillermoAguilar.pdf
2 Ídem
3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/ accidentes/default_t.aspx
4 http://wap.zocalo.com.mx/new_site/articulo/les-da-raid-a-dos-y-le-roban- camioneta
5 http://www.proceso.com.mx/407821/adolescentes-piden-aventon-las-golpean-y- las-violan
6 http://www.milenio.com/policia/secuestro-automovilista-tlalpan-periferico- cdmx-gonzalez_zavala-milenio_0_856714393.html
7 https://www.debate.com.mx/mexico/Fueron-atacados-con-una-daga-todo-por- pedir-un-aventon-20170802-0082.html
8 http://www.unotv.com/noticias/estados/noroeste/mujer-pide-aventon-y-la- violan-en-guachochi-505584/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de septiembre de 2017.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez:
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto consideración de esta Asamblea la presente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosDesde hace mucho tiempo, en distintas zonas carreteras y vías a lo largo del país, se han presentado conflictos por el uso de las rutas y caminos federales entre las grandes empresas de autotransporte concesionado, los transportistas locales y, específicamente, los denominados hombres-camión. Ello, en detrimento de los intereses y del bienestar de los usuarios de transporte de pasaje y turismo; llegando a afectar incluso a miles de mexicanos que requieren de la transportación de mercancías y su realización en el mercado.
Jurídicamente hablando, el problema radica en la falta de homologación de leyes y en la inadecuada coordinación entre las diferentes autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal.
Es un hecho que desde la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se dispone de facultades a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para otorgar concesiones y permisos y vigilar, verificar e inspeccionar los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares. Asimismo, la SCT tiene a su cargo expedir y regular diversas disposiciones legales, entre ellas, el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
El inconveniente es que las disposiciones en torno a la regulación de los dos tipos de autotransporte resultan en algunos casos ambiguas, ocasionando que no se logré un equilibrio ni la equidad en el uso de los tramos y vías federales, favoreciendo, las más de las veces, a las grandes empresas de autotransporte y dejando en una situación de vulnerabilidad a las pequeñas empresas que prestan este tipo de servicios.
La presente iniciativa tiene como propósito dar certidumbre a los usuarios, a los concesionarios y al mercado del autotransporte, a través de una simplificación administrativa que beneficie desde una perspectiva social a los subsistemas de transporte en todo el territorio nacional. De esta manera, se pretende dotar de un margen de actuación claro a los transportistas locales que se ganan honradamente la vida, asumiendo los elevados costos del mantenimiento de las unidades. Asimismo, busca mejorar la coordinación entre las distintas autoridades federales, estatales y municipales regulación del servicio de autotransporte local, evitando la duplicidad de funciones, pero garantizando condiciones de seguridad para los usuarios.
Argumentación
De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Artículo 33), el servicio de autotransporte se divide en: pasajeros, turismo y carga.
No hay duda de que el sector del autotransporte de pasajeros es fundamental para la vida económica del país, al constituir el modo de movilizar personas y mercancías. Con sus más de 355,796 km de carreteras (según el INEGI), el sistema nacional carretero tiene incidencia directa en el empleo o competitividad de nuestro país.
Por encima del avión o el tren, la ciudadanía sigue empleando preponderantemente el transporte en carreteras. Como un ejemplo del peso del servicio de autotransporte de pasajeros en los mexicanos -especialmente para los sectores más necesitados-, hay que decir que el 72% de pasajeros viaja en clase económica. Este tipo de transporte se puede catalogar por: visita a familiares, viajes de trabajo y vacaciones o turismo (cuadro 1), lo que permite vislumbrar el alcance o repercusión que la violencia genera en este sector productivo.
Cuadro 1. Estadística extraida de indicadores económicos para el autotransporte federal de pasajeros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Instituto Mexicano del Transporte.
Entre 1995 y 2011 el número de pasajeros movilizados a lo largo y ancho del país se incrementó de 2,691 a 3,391 millones, representando un crecimiento promedio anual del 1.3%.
No obstante, eso indica cierto rezago con respecto al desarrollo del autotransporte de carga y al uso de transportes como el aéreo que, sin superar desde luego al pasaje en autobús, su tasa de crecimiento ha sido superior, pasando de 25 a 40 millones. Entre 1995 y 2011, sobre todo en los viajes a larga distancia. Por su parte, los datos que aporta la Asociación Mexicana de la Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA), indican que por camión se moviliza el 97% de pasajeros que se trasladan en el país. No obstante, estos datos no especifican el porcentaje de pasajeros que requieren de este tipo de transporte para desplazarse a sus lugares de trabajo usando vías o tramos federales.
Si bien son varias las razones en el decremento de usuarios de este servicio, el hecho es que entre el 2003 y el 2012, los autobuses foráneos han perdido alrededor de 113 millones de pasajeros, muchos de los cuales, dirán Villalobos y Lozano, “terminaron utilizando sus coches o el transporte aéreo entre las ciudades”.
En cuanto al turismo, un 15% de pasajeros recurre a este servicio en periodos vacacionales y, como bien sabemos el turismo, por sí mismo, representa una de las tres fuentes de ingresos más importantes para el país. Por ello es interesante recordar que durante periodos vacacionales el 49.5% de los mexicanos prefiere viajar en autobús, siendo más las mujeres que se mueven para vacacionar en autobús (54 de cada 100). El problema es que durante dichos periodos no sólo aumenta la tendencia en accidentes de carretera, sino también de enfrentamientos entre transportistas y empresas, por la disputa de rutas.
El autotransporte de pasaje y turismo genera más de 500 mil empleos directos y alrededor de 2 millones de empleos indirectos. Es importante decir que en nuestro país operan alrededor de 17 mil permisionarios, considerando empresas y personas físicas, es decir permisionarios formales.
En cuanto al servicio de carga en autotransporte, sabemos que es un factor integral en las economías industrializadas en el mundo moderno y, sobre todo, en los países en los que su geografía espacial requiere del uso de este servicio para transportar sus materias primas y mercancías, por encima del transporte marítimo o del ferroviario.
En México la contribución del transporte ha fluctuado en los últimos años entre el 6% y el 4.5% del PIB. Además, cerca del 88% de todas las toneladas-kilómetros de carga en el interior del país se moviliza por este autotransporte, generando 2 millones de empleos directos.
Ello coloca al sector entre el 5to y 6to lugar dentro de las 73 ramas económicas del país. Tomemos en cuenta que, a lado de los ingresos por remesas y petróleo, el sector turístico contribuyó con 14.8 % del PIB, en 2014, por encima de los servicios financieros, con 7.6% y sector automotriz y de manufactura con 7%, según el Informe de Benchmarking 2015 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).
Así, como evidencia de su relevancia para la economía y el desarrollo, hay que decir a través del autotransporte federal se mueve el 82% de la carga terrestre y el 55% de la carga nacional. Además, entre 1995 y 2011 registró un aumento de la carga nacional del 2,4%, pasando de 606 millones de toneladas a 881 millones de toneladas.
De acuerdo con José Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), los camiones representan el principal medio de transporte de mercancías que se producen y consumen en el mercado doméstico, así como para su exportación.
En México, destaca el directivo, cada año se transportan 502 millones de toneladas de carga por las principales ciudades y carreteras. Lo anterior representa el 55.4% de toda la carga que se transporta en el País por diversos medios que incluyen vía terrestre, marítima y aérea.
Específicamente, el autotransporte de carga por camión contribuye al 2.8% del PIB y de su actividad dependen 6 millones de familias en cuanto a empleos directos e indirectos.
México cuenta con un promedio de 127 mil 391 permisionarios del Auto Transporte Federal, con 729 mil 046 unidades motrices, es decir tractocamiones, torton (de 3 ejes) y vagones (de 2 ejes), como de arrastre o remolque.
De estos permisionarios, 104 mil 429 son los llamados hombres camión o micro transportistas, es decir que tienen de 1 a 5 unidades. Existe, a su vez, una categoría subsecuente, llama pequeño transportista, que tienen de 6 a 30 unidades y consta de 19 mil 862 permisionarios. Después, le siguen los medianos transportistas que tienen de 31 a 100 camiones y existen 2 mil 380 permisionarios de esta categoría en México.
Por último, se encuentran los grandes transportistas, es decir que tienen más de 100 unidades y, para darnos una mejor idea de su capacidad e infraestructura, en el País existen 720 permisionarios de este tipo.
En los últimos años, se han venido realizando políticas públicas en favor de los pequeño-transportistas, no obstante, falta todavía colocar en una balanza los derechos e intereses de éstos y los de las grandes empresas.
Actualmente, el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal faculta a la SCT para expedir los permisos a los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios, en los términos del reglamento respectivo.
El artículo 25 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por su parte, especifica que los autotransportistas estatales o municipales estarán condicionados a que:
Se complemente la ruta o recorrido autorizado por las autoridades locales;
La longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 Km, en los que no podrá efectuarse ascenso y descenso de pasaje;
Cuenten con la autorización correspondiente de la entidad federativa para prestar el servicio de autotransporte en caminos estatales o municipales;
Las características y especificaciones técnicas de los vehículos cumplan con los requisitos para la operación del servicio de autotransporte federal, y
Acrediten que cuentan con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y en el caso de pasajeros, con la póliza del seguro del viajero.
El que suscribe esta iniciativa considera que estas disposiciones dan lugar a una sobrerregulación de los autotransportistas locales, ya que además de contar con el permiso de la SCT deben contar con la autorización de los gobiernos municipales y estatales, lo que impacta en las tarifas que pagan los consumidores y las empresas.
Contenido de la iniciativa
La presente iniciativa tiene por objeto brindar una mayor certidumbre jurídica a los autotransportistas locales, para lo cual, propone exceptuarlos de tramitar permisos ante la SCT cuando utilicen caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y ya cuenten con la autorización de las autoridades estatales o municipales. De esta manera, se estarían simplificando los trámites burocráticos que terminan afectando a las pequeñas empresas de autotransporte y a los consumidores finales.
Además, se propone precisar que las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, podrán tomar en cuenta las características geográficas, económicas y sociodemográficas de la zona, así como el tipo de vehículos para el otorgamiento de las autorizaciones, de suerte que esta regulación se adapte a las condiciones específicas de cada región del país.
Para una mejor apreciación, en el siguiente cuadro comparativo se presentan estas propuestas de modificación:
Con estas disposiciones, no solo se busca evitar la duplicidad de los trámites que los transportistas locales tienen que realizar, sino beneficiar a los usuarios con servicios de mejor calidad y menor costo a nivel local, todo ello desde una perspectiva social que tome en cuenta las diversas realidades de nuestro país.
Con base en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETOÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
Artículo 41.- Quedarán exceptuados de tramitar permisos ante la Secretaría los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios.
Para el caso de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior, las autoridades estatales o municipales podrán considerar las características geográficas, económicas y sociodemográficas de la región, así como las características de los vehículos de transporte de carga y de personas empleados por los transportistas locales.
TRANSITORIOSPrimero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.
Tercero. El Ejecutivo federal deberá adecuar los reglamentos correspondientes a las disposiciones contenidas en el presente decreto dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigor.
Notas
1 José Elías Jiménez Sánchez y Marisol Barrón Bastida, “Factores para determinar los costos del autotransporte”, 26 de julio de 2013, en http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/67452-factores- determinar-los-costos-del-autotransporte.
2 Véase en
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/transporte/ carreteras.aspx?tema=E
3 En http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt357. pdf
4 Ver Estadística básica del autotransporte federal 2013,
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/ EST_BASICA_2013/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2013.pdf
5 Armando Martínez, “Comparación de la industria de transporte de carga y pasajeros”. El Universal, 14 de junio de 2012.
6 Véase en Alejandro Villalobos y Alejandro Lozano, “Tendencias y retos en la industria del autotransporte de pasajeros en México”, en
https://www.kpmg.com/MX/es/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/ArticulosOpinion/AO2014/AO-Transporte-terrestre.pdf
7 Ibid.
8 David Loji, “Mueven a México”, MURAL Automotriz,30 DE MAYO DE 2014, EN
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=247937 &md5=93ccfba5e7082b027623b6dc2b864087 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
9 http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2016/04/EES-Logistica-2016-1.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/ EST_BASICA_2014/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2014.pdf
10 Citado en http://www.dineroenimagen.com/2015-06-18/57220
11 http://t21.com.mx/opinion/wikitransport/2013/01/06/millonario-robo- autotransporte
12 Armando Martínez, op. Cit..
13 David Loji, “Mueven a México”, MURAL Automotriz,30 DE MAYO DE 2014, EN
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=247937 &md5=93ccfba5e7082b027623b6dc2b864087 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de octubre de 2017.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada María Ávila Serna:A continuación, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 97 de la Ley General de Salud.
La diputada Patricia García García:Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Patricia García García: Compañeras diputadas, compañeros diputados. El extraordinario avance de la ciencia y de la tecnología en los últimos tiempos, representa un verdadero reto para la labor del legislador. A los grandes beneficios para la humanidad que nos traen dichos avances se suman nuevos riesgos, hasta ahora desconocidos y sobre todo nuevos dilemas e incógnitas que afectan sustancialmente a la toma de decisiones jurídicas sobre su autorización y tolerancia.
Es por eso que el día de hoy presento ante ustedes, esta iniciativa que tiene por objeto establecer que, para toda la utilización de biotecnologías, enseres humanos, animales, medio ambiente, se deberá aplicar el principio precautorio.
¿Qué es y en qué consiste este principio utilizado en la bioética? El principio de precaución se ha definido como la ponderación entre los bienes que buscan para la vida humana y los riesgos que se corren por su aplicación en la salud o en el medio ambiente, aunque no se tengan pruebas necesarias para una evaluación definitiva. Es decir, el principio de precaución se aplica en aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados a largo plazo sobre el medio ambiente y la salud humana son imposibles o muy difíciles de evaluar.
Ante la duda razonable de algunos riesgos desmesurados para la vida humana habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación de la tecnología, por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos al no recurrir a la técnica que se trate, por otro lado.
Como ejemplo de ello podemos citar uno y muy claro: el de los organismos genéticamente modificados. Existe en el debate una duda razonable sobre los riesgos que a largo plazo pueden tener los alimentos y las semillas modificados sobre la salud humana y el animal.
En el presente no hay certeza sobre las consecuencias futuras de llevar a cabo estas modificaciones a los alimentos, lo que hay es incertidumbre y especulaciones al respecto, ahí es donde se aplica el principio de precaución. En este caso los organismos genéticamente modificados, el principio de precaución puede resultar muy simple si se parte del pensamiento de que si se pretende emplear estos nuevos desarrollos se debe pensar muy cuidadosamente acerca si resulta seguro o no usarlos, y no debe avanzar en el proceso hasta no estar razonablemente convencidos de que resulten seguros.
Se debe tomar en cuenta como fundamento para proseguir en el camino la ciencia basada en la evidencia. Es decir, la información detallada del análisis obtenido a través de métodos científicos, técnicas, datos y cifras que se obtienen a partir de procedimientos específicos que avalen la seguridad de usar con un riesgo bajo; un organismo y beneficios que este aporte al humano, animales, plantas y medio ambiente que sean muy grandes.
Cabe destacar y tener claro que el riesgo cero no se puede establecer. Este es un objetivo inalcanzable para cualquier alimento, semilla o sustancia. Lo que se propone es garantizar que un alimento o semilla, así como cualquier sustancia que haya sido introducida en él como resultado de una modificación genética, sea tan seguro como su contraparte o su sustancia tradicional bajo las mismas condiciones de uso y consumo humano, y que esto no afecte a las personas, a los animales, a las plantas y el medio ambiente.
Señoras y señores legisladores, el principio de precaución es una importante herramienta actual que sirve de orientación a la humanidad en el área de biotecnología, cuyos progresos no son totalmente evaluables, pero las consecuencias para el ser humano, los animales y el medio ambiente pueden ser previsibles.
Con esta iniciativa en Acción Nacional queremos dar un paso legislativo importante en materia de bioética y bioseguridad. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso en respeto a la dignidad humana, la igualdad, justicia y equidad y no discriminación; respeto a la diversidad ante los retos del progreso científico.
La misma responsabilidad que se exige para la humanidad de hoy también lo es para la del futuro. Tenemos mucho que hacer, tenemos que ser responsables con nuestro entorno desde nuestro aquí y ahora, para que nuestros hijos puedan gozar en este planeta como lo hemos hecho nosotros y nuestros ancestros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 97 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Patricia García García, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 97 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl incesante avance de la ciencia y de la tecnología propio de estas primeras décadas del siglo XXI, y que no tiene parangón con ninguna de las anteriores etapas de la Historia, viene a dificultar sobremanera la labor del legislador. El marco de certeza y previsibilidad en el que han venido desarrollándose habitualmente la actividad normativa parece haberse ya esfumado en diferentes áreas de la regulación. Si bien la falta de certidumbre es un hecho que define la propia existencia del ser humano y el riesgo le es consustancial a su quehacer diario desde sus orígenes, el contexto ha cambiado en los últimos años notablemente. A los grandes beneficios para la humanidad que nos trae dicho avance se suman nuevos riesgos, hasta ahora desconocidos y, sobre todo, nuevos dilemas e incógnitas que afectan sustancialmente a la toma de decisiones jurídicas sobre su autorización y tolerancia. Este nuevo panorama encuentra su máxima expresión o traducción jurídica en la aparición de un nuevo principio, el principio de precaución.
La aparición del principio responde, pues, a la necesidad de adoptar un enfoque precautorio de las nuevas políticas y verificar si pueden surgir riesgos relevantes para, entre otros, el medio ambiente o la salud pública a partir de novedades científicas y tecnológicas. Supone la toma de conciencia del legislador acerca de las incertidumbres de los riesgos que pueden acompañar al avance de la ciencia y la técnica.
El surgimiento del Principio de Precaución es reciente. Según el Informe del Grupo de Expertos sobre el principio precautorio de la Comisión Mundial de Ética del
Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), impreso por la UNESCO en 2005, hay un hecho ocurrido en Inglaterra que es considerado ejemplo de aplicación histórica del Principio de Precaución (PP). El hecho se refiere a precaución en salud pública.
El PP es un concepto más preciso que la mera búsqueda de la seguridad. El pensamiento sobre la precaución tiene una historia mucho más larga. El informe Late Lessons from Early Warnings (Harremoës y otros, 2001) menciona el ejemplo del Dr. John Snow que en 1854 recomendó retirar las manijas de las bombas de agua en Londres para detener una epidemia de cólera. Las evidencias de la relación causal entre la propagación del cólera y el contacto con las bombas de agua eran débiles y de ninguna manera había una ‘prueba que no admitiera dudas razonables.
Sin embargo, esa medida sencilla y relativamente poco onerosa, resultó sumamente eficaz para impedir el contagio.
El documento también cita un anteproyecto de ley sobre preservación del aire del año 1970 de Alemania, transformado en ley a partir del año 1974, que mencionaba el Principio de Precaución en su texto y es un ejemplo de su aplicación para el medio ambiente.
La idea de precaución está presente en la declaración final de la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente humano (1972), aflora en el principio ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”), todo en 1973 por la Comisión internacional de protección radiológica, y también en la convención de Viena sobre la protección de la capa de ozono, firmada en 1985.
Como principio dentro de un ordenamiento jurídico positivo, nace en Alemania (1976), como Vorsorgeprinzip, y posteriormente se extiende a otros países como precautionary principle, principe de précaution y principio de precaución o de cautela. El surgimiento en Alemania se decide para la toma de conciencia de que ciertos contaminantes químicos, en concentración débil, podrían tener consecuencias muy negativas y que, por lo tanto, hay incertidumbre en cuanto al efecto de esas sustancias.
La aplicación del Vorsorgeprinzip incita a actuar en la fuente del principio de contaminación, a pesar de la incertidumbre, o justamente en virtud de ella.
Parece existir acuerdo en el Derecho Internacional, sobre el nacimiento de éste principio; en la segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte (1987), en la que se dice expresamente que: “para proteger el Mar del Norte de los efectos de sustancias susceptibles de ser perjudiciales es necesario un enfoque de precaución que puede exigir que se tomen medidas para limitar la aportación de esas sustancias, aún antes del que se haya establecido una relación de causa a efecto, desde pruebas científicas incontestables.”
Por su parte, en Europa el tratado de Maastricht (febrero de 1992) lo cita, en su artículo 130 R, tomando de nuevo en el artículo 174 del tratado de Ámsterdam. “El principio de precaución es un enfoque de gestión de los riesgos que se ejerce en una situación de incertidumbre científica frente a un riesgo. Se traduce en la exigencia de actuar frente a un riesgo potencialmente grave sin esperar a los resultados de la investigación científica” (dirección General 24 de la Comisión europea “consumo y salud”).
Es de destacar lo que señala H. Jonas, denominándolo como el principio de responsabilidad. El autor comparte el punto de partida de Potter, al tomar en consideración las crecientes posibilidades de la tecnología, cuyos posibles peligros analiza también. La humanidad tiene la obligación de sobrevivir -este es el primer mandamiento del autor- y por esto hay que fundamentar una nueva ética, que llama del futuro, porque debe basarse en el examen de las consecuencias de las intervenciones humanas en la biosfera por parte de las futuras generaciones. El criterio que oriente las intervenciones bioéticas deberá ser el de evitar cualquier posible catástrofe
La bioseguridad existe como intento de reflexión sistemática acerca de todas las intervenciones del hombre sobre los seres vivos; una reflexión tiene un objetivo específico y difícil de alcanzar: el de identificar a valores y normas que y en el actual humano, la intervención de la ciencia y de la tecnología en la vida misma y en la biosfera.
Algún tiempo después, los países que integran las Naciones Unidas firmaron en Brasil la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Esta Declaración consagró definitivamente el Principio de Precaución como una medida internacional puesta a la disposición de los gobiernos nacionales interesados en la protección del medio ambiente de su país y de la salud de su presente y futuros ciudadanos.
En el Principio 15 la declaración establece:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”
Los riesgos que se corre en el medio ambiente y la salud coinciden exactamente con las dos preocupaciones fundamentales de Potter al crear el término Bioética, en el año 1970: la ética en las ciencias de la vida y de la salud. Desde aquella época muchos otros bioeticistas pasaron a preocuparse con temas con importancia creciente para el futuro de la humanidad. Al final del I Congreso Mundial de Bioética realizado en Gijón, España, en junio de 2000, el Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) divulgó la Declaración Bioética de Gijón que, entre otras cosas, hace una referencia directa al principio de la precaución en su artículo 13o., a través los siguientes términos:
“Los productos alimenticios genéticamente transformados deben comportar la prueba, de acuerdo con el conocimiento científico del momento, de que no son perjudiciales para la salud humana y la naturaleza, y se elaborarán y ofertarán en el mercado con los requisitos previos de información, precaución, seguridad”
El 27 de febrero de 1975 ciento cincuenta biólogos moleculares procedentes de algunos de los más prestigiosos laboratorios de todo el mundo partían de Asilomar dispuestos a reanudar sus investigaciones con ADN recombinante, sin embargo, el verano anterior el Premio Nobel Paul Berg y otros científicos (entre ellos otros tres premios nobel) que trabajaban con ADN recombinante, habían levantado la voz de alarma acerca de la seguridad de sus investigaciones. Habían propuesto una moratoria que las parase hasta que no se definieran unos protocolos que delimitaran la seguridad en estos experimentos. Fruto de esta alarma fue la Declaración de Asilomar.
Para minimizar los riesgos, se propuso estableces barreras físicas y biológicas de seguridad. Las barreras biológicas consistieron en usar como soporte bacterias incapaces de sobrevivir en ambientes naturales y de emplear vectores que sólo pudieran crecer en determinados huéspedes.
Las barreras físicas se referían a medidas estructurales y de buenas prácticas de los laboratorios.
Esta toma de posición fue muy importante porque por primera vez los mismos científicos, adelantándose a los posibles riesgos de sus trabajos se pararon para preverlos y tomar las medidas adecuadas. La bioseguridad no debía referirse sólo a los participantes en la investigación sino también debía contemplar los posibles riesgos para toda la sociedad. Fue una primera aplicación de lo que se ha llamado “el principio de contención”, o “el principio de precaución”.
Más recientemente, surge la alarma sobre biología sintética: coalición global demanda debate público y supervisión inmediata. Una coalición de treinta y ocho organizaciones internacionales, que incluye científicos, ambientalistas, sindicalistas, expertos en armas biológicas y defensores de la justicia social llaman a un debate público urgente sobre la biología sintética, un campo en rápido avance que abarca la construcción de formas de vida artificiales, nuevas y únicas, diseñadas para tareas específicas.
En mayo de 2006, “Los investigadores reunidos en Berkeley reconocen los peligros que conlleva la biología sintética en manos equivocadas, pero ingenuamente soslayan la posibilidad –o la probabilidad- de que miembros de su propia comunidad no sean capaces de controlar o predecir el comportamiento de la biología sintética o sus consecuencias sociales”, afirmó Jim Thomas del Grupo ETC.
En los últimos años, biólogos que investigan cómo reescribir el código genético, han demostrado que pueden construir nuevos virus. Ahora ya están desarrollando formas de vida artificiales. En octubre del año 2004, los biólogos del Center for Disease Control de Estados Unidos recrearon el virus de la gripe española de 1918 que mató entre 50 y 100 millones de personas. En marzo de 2006, científicos en la Universidad de Wisconsin-Madison crearon una nueva versión de la bacteria E. Coli. Mientras tanto, el magnate de la genómica, Craig Venter, cuya empresa anterior, Celera, encabezó la competencia comercial de secuenciamiento del genoma humano, lidera ahora la compañía Synthetic Genomics, que busca comercializar microbios artificiales para usarlos, según declara, en producción de energía, agricultura y remediación de cambio climático. Es una de entre cuarenta empresas de biología sintética que sintetizan genes y/o construyen ADN artificial.
“La biotecnología provocó protestas en todo el mundo, pero la biología sintética es como ingeniería genética con esteroides”, afirma la Dra. Doreen Stabinsky de Greenpeace Internacional. “Experimentar con organismos vivos nuevos y artificiales que podrían liberarse al ambiente significa una enorme amenaza a la bioseguridad de la gente y del planeta”, agrega Stabinsky.
En octubre de 2004, un editorial de la revista Nature advirtió: “si en verdad los biólogos están en el umbral de sintetizar nuevas formas de vida, las posibilidades de abuso o desastres involuntarios podrían ser enormes”.
La editorial sugirió que podría haber necesidad de una conferencia como la de Asilomar, pero sobre biología. Siguiendo el modelo Asilomar, la “comunidad de la biología sintética” intenta usar esta segunda conferencia (Synthetic Biology 2.0, del 20 al 22 de mayo de 2006) y adoptar un código de autogobierno para manejar los nuevos riesgos de bioseguridad que presenta esta tecnología.
“Los científicos deben asumir el hecho de que la ciencia ya no puede afirmar que vive en un reino abstracto desconectado del resto de la sociedad”, dice Alexis Vlandas de la International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility (INES).
Carta Abierta de movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil a la conferencia Synthetic Biology 2.0, Berkeley, California, referente al “voto amplio de la comunidad” sobre las resoluciones en torno a la bioseguridad (“community-wide vote” on Biosecurity and Biosafety resolutions), que serán implementadas el 1 de enero de 2007:
“Escribimos para expresar nuestras profundas preocupaciones en torno al rápido avance de la biología sintética que se propone crear nuevas formas de vida artificial y de sistemas vivientes. Creemos que esta tecnología potencialmente poderosa se está desarrollando sin un debate social apropiado en torno a sus implicaciones socioeconómicas, para la seguridad, la salud, el ambiente y los derechos humanos. Nos alarma el hecho de que los biólogos reunidos en esta conferencia se proponen votar un esquema de autorregulación voluntaria sin haber consultado o involucrado grupos sociales más amplios. Los conminamos a retirar sus propuestas de autogobierno y a participar en un proceso de vigilancia abierto e incluyente de esta tecnología.
Synthetic Biology 2.0 está siguiendo el mismo camino de la autorregulación. El espectro de la discusión en Asilomar estuvo muy limitado a las cuestiones de los peligros a la seguridad, excluyendo de manera explícita asuntos socioeconómicos y éticos de mayor amplitud... Reconocemos que ustedes tienen una preocupación muy justificada sobre ciertos riesgos de la biología sintética, pero para limitar esos riesgos, la sociedad requiere de fuertes medidas obligatorias que concuerden con el principio de precaución. Como afirmó el presidente de la mesa en el reciente Town Hall Meeting de Boston refiriéndose a estas propuestas: “No creo que sirvan de mucho para evitar el mal uso de esta tecnología”. Coincidimos en que esas propuestas serán muy poco efectivas. Más aún, las preocupaciones por las consecuencias de la biología sintética sobre la sociedad, la economía, la ética, el ambiente y los derechos humanos van mucho más allá de disuadir a los bioterroristas y a los “malos”. Deberían también considerarse a fondo cuestiones como las relativas a la propiedad (incluyendo la propiedad intelectual), la dirección y el control de la ciencia, la tecnología, sus procesos y productos.
Ante la ausencia de una regulación efectiva, se entiende que como científicos busquen establecer las mejores prácticas, pero la solución real es que se unan a la sociedad en la demanda de una amplia supervisión social de la tecnología y acciones públicas que aseguren el bienestar social. Más aún, en los años que han transcurrido desde Asilomar, la ciencia se ha vinculado más estrechamente a los intereses comerciales, por lo que esto podría parecer como una declaración de la industria de que solo ésta debe establecer políticas sobre sí misma.
Los urgimos, por tanto, a que retiren su declaración de autogobierno y se unan a nosotros en la búsqueda de un diálogo más amplio e incluyente.”
Por último, destaca lo que la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución de 2 de febrero de 2000) señala que puede recurrirse al principio cuando la evaluación científica preliminar objetiva indica que hay motivos razonables para temer que los efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal puedan ser incompatibles con el alto nivel de protección elegido para la Comunidad. Ello presupone, en palabras de la Comisión, que se han identificado los efectos potencialmente peligrosos derivados de un fenómeno, un producto o un proceso, y que la evaluación científica no permite determinar el riesgo con la certeza suficiente.
La aplicación de un planteamiento basado en el principio de precaución debería empezar con una evaluación científica, lo más completa posible y, si fuera viable, identificando en cada fase el grado de incertidumbre científica.
Los ejemplos históricos sitúan el Principio de Precaución como la ponderación entre los bienes que se buscan para la vida humana y los riesgos que se corre de su aplicación en salud o medio ambiente, aunque no se tenga las pruebas necesarias para una evaluación definitiva. El análisis de los riesgos y beneficios está así descrito por Vicente Belver Capella:
El principio de precaución se aplica a aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de evaluar a largo plazo. Ante la duda razonable de unos riesgos desmesurados para la vida humana, habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación tecnológica, por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos al no recurrir a la técnica de que se trate, por otro.
Ahora bien, el Principio de Precaución tiene un concepto distinto del Principio de Prevención. Según el propio profesor Belver El principio de la prevención actúa ante las tecnologías que ya han demostrado su poder nocivo para el medio ambiente y la salud. En medicina hace mucho tiempo ya se utiliza el Principio de Prevención como motivo de adopción de providencias para la protección de los seres humanos, como se dio con la “Ley General para el Control del Tabaco”. Prevención es una acción para evitar algo que se tiene certeza de los resultados negativos para la salud humana o medio ambiente, es decir, hay evidencias absolutas de maleficios, por ejemplo:
El fumar sin duda hace daño a la salud y por lo tanto hay que hacer campaña y adoptar medidas restrictivas contra el humo del tabaco. En la protección del medio ambiente muchas medidas restrictivas son adoptadas en nombre del principio de la prevención cuando se sabe que los daños son ciertos como, por ejemplo, la polución del agua, aire y suelo.
Recientemente, los rápidos avances de la biotecnología impulsaron instituciones internacionales a estimular la aplicación del Principio de Precaución especialmente en las ciencias de la salud y temas medioambientales. Las incertidumbres de la investigación médica para la vida humana principalmente en asuntos de biología molecular e ingeniería genética hacen y harán que la precaución, y no la prevención, sea el principio que tendrá cada vez más importancia para la protección de la humanidad y el medio ambiente.
El Principio de Precaución ,dentro del tema de los organismos genéticamente modificados (OGM), se acepta como base y parte fundamental en la instrumentación del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad para todo OGM destinado como alimento o como semillas para ser liberadas al medio ambiente.
Dicho principio, establece que cuando exista una duda razonable respecto a un peligro, la falta de certeza científica no debe ser usada para posponer la aplicación de medidas de prevención.
Lo anterior se puede explicar si se aplica el sentido común, el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, para actuar ante cualquier situación que pueda representar un peligro para la salud de los seres humanos, animales, plantas o daño hacia el medio ambiente.
En el caso de los OGM, el Principio de Precaución puede resultar muy simple si se parte del pensamiento de que si se pretenden emplear estos nuevos desarrollos, se debe pensar muy cuidadosamente acerca de si resulta seguro o no usarlos, y no se debe avanzar en el proceso hasta no estar razonablemente convencidos de que resultan seguros, tomando como fundamento, para proseguir en el camino, la ciencia basada en evidencia (información detallada y de análisis obtenida a través del método científico) y técnica (datos, cifras, etc., que se obtienen a partir de procedimientos específicos) que avale la seguridad de usar, con un riesgo bajo, a un OGM y que los beneficios que éste aporta a los humanos, animales, plantas y medio ambiente son muy grandes.
Cabe destacar y tener claro que el riesgo cero no se puede establecer, éste es un objetivo inalcanzable para cualquier alimento, semilla o sustancia, lo que se propone es garantizar que un alimento o semilla, así como cualquier sustancia que haya sido introducida en él como resultado de una modificación genética, sea tan seguro como su contraparte o sustancia tradicional bajo las mismas condiciones de uso y consumo humanos y que estos no afectan a las personas, animales, plantas y medio ambiente.
La finalidad de establecer la seguridad de un OGM es llegar a una conclusión con respecto a si el nuevo alimento, semilla o sustancia es igualmente segura y no menos nutritiva que el alimento o semilla convencional que existe y que es usada por los humanos sin ningún riesgo para su consumo y que éste/ésta no tiene un efecto adverso sobre las personas, animales, plantas y medio ambiente. Sin embargo, los análisis de riesgos, especialmente las evaluaciones de riesgo que se les aplican a los OGM para establecer su seguridad, deberán reexaminarse a la luz de las nuevas informaciones científicas que puedan poner en tela de juicio las conclusiones de las evaluaciones originales. En estos casos siempre se puede invocar y aplicar el Principio de Precaución.
El análisis se hace de una forma ordenada que comúnmente se conoce como “paso por paso” y “caso por caso”, queriendo decir con esto lo siguiente: “paso por paso” se refiere a que el procedimiento a seguir debe contemplar ciertas etapas que deben cumplirse para avanzar en el análisis, por ejemplo:
En el ámbito de los OGM y su liberación al ambiente, estos primero, deben ser probados experimentalmente en un campo delimitado para determinar las interacciones que estos pueden tener con el medio ambiente, flores, fauna y personas que lo rodeen para posteriormente hacer estas determinaciones en campos de tamaño un poco mayor al anterior, para subsiguientemente, si los datos que arroja dicho análisis son favorables y que demuestran que los beneficios de usarlo son muy grandes, hacer la liberación comercial (a gran escala) al ambiente, de lo contrario, si lo obtenido no es favorable o se tiene incertidumbre al respecto, se puede invocar el Principio de Precaución y no pasar a la siguiente etapa. En ese mismo sentido, la utilización de cualquier tipo de biotecnología, debe seguir protocolos y especificaciones rigurosas para tratar de evitar cualquier riesgo a la vida, salud e integridad personal de su utilización para el ser humano o daño a animales o medio ambiente.
El término “caso por caso” contempla el hecho de que cada OGM o biotecnología, resulta muy diferente uno de otro y debe, por lo mismo, estudiarse individualmente, por ejemplo: el algodón genéticamente modificado (GM) es muy diferente del trigo GM y por lo mismo, de estos dos OGM se obtienen datos que los caracterizan y los diferencian. Además, estas diferencias se hacen más grandes dada la característica extra que les fuese introducida como resultado de la modificación genética, ya que tal vez el algodón GM sea sólo resistente a un insecto y el trigo GM sea sólo tolerante a un herbicida. Todo esto aunado a las diferentes interacciones que estos tienen con el medio ambiente, animales, plantas y ser humano. Para establecer la seguridad de los OGM se deben tomar en cuenta estas diferencias y aquellos casos donde no se pueda establecer adecuadamente su seguridad, se invoca el Principio de Precaución hasta no contar con la suficiente información que avale su riesgo bajo.
Ahora bien, si bien es cierto que Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, estipula como uno de sus principios rectores el enfoque precautorio, también lo es, que no es la única área o tema que debe ser regido sobre éste principio, por eso la necesidad de que se establezca en la Constitución, para que permeé en toda la normativa jurídica que incida en temas medio ambientales, de salud, integridad personal de este momento y los que surjan más adelante con las nuevas técnicas científicas que puedan afectar la vida, en particular la humana.
Para aplicar el Principio de Precaución se debe tener la incertidumbre respecto al peligro que pueda representar la aplicación de cualquier biotecnología, pero siempre sustentando en la falta de información científica y técnica que avale la seguridad de dicho organismo. Es donde el análisis debe ser total y no biologista o parcial, no podemos analizar solo la parte del todo, ya que las consecuencias pueden ser catastróficas.
El científico investigador, es quién realmente está en condiciones de demostrar la ausencia o quizá la existencia de los eventuales peligros para la salud, la integridad física y el medio ambiente y, justificarla; en esto casos la inversión de la carga de la prueba es para el científico.
En los peligrosos caminos que pasan por terrenos desconocidos de la investigación y aplicación de la nueva ciencia médica, la evaluación exacta de las consecuencias para el futuro es muchas veces imprevisible, por ejemplo, la terapia génica ofrece posibilidades concretas de interferencia en la constitución genética del futuro ser humano aunque de modo todavía imprevisible, pero posible.
El ejercicio del Principio de Precaución, en resumen, posee las siguientes características:
a) La evaluación científica de la amenaza a la salud, integridad física, medio ambiente y generaciones futuras no es conclusiva. La amenaza se presenta como un problema que no es totalmente mensurable: sólo hay indicios de los posibles daños.
b) Los indicios existentes son plausibles y defendibles permitiendo suponer la existencia de riesgos de daños inaceptables.
c) La existencia de riesgos inaceptables de daños a la salud, integridad física, medio ambiente o generaciones futuras justifica la inversión del cargo de la prueba, pero sin exigir de los investigadores o productores una prueba diabólica, sino equilibrada.
d) La adopción de medidas restrictivas, cuando necesarias, deben ser proporcionales, idóneas, ponderadas y transparentes. Además, pueden no ser definitivas mientras se están haciendo mayores estudios sobre el caso.
e) Las medidas restrictivas pueden ser aplicadas tanto para la limitación del riego como para limitar su amplitud.
A estas características, se podría agregar: a) Experiencia: recogida de datos resultantes de la experimentación a fin de que en caso de moratoria esté limitado en el tiempo, principio que debe opera paso a paso y permite la evaluación continua del proceso, y el de b) Vigilancia: Atención a las señales de alarma y mantenimiento de la capacidad de respuesta.
El Principio de Precaución es una importante herramienta actual que sirve de orientación a la humanidad en el área de la biotecnología cuyos progresos no son totalmente evaluables, pero las consecuencias benéficas y maléficas para el ser humano, animales y medio ambiente, pueden ser previsibles.
Ante la imposibilidad de la utilización del Principio de Prevención, y la incertidumbre de la omisión, hay una certeza de acción a través de providencias que pueden ser prudentemente adoptadas bajo el Principio de Precaución, tanto en asuntos de medio ambiente y de salud humana como de la preservación de las generaciones futuras.
Ahora bien, la prudencia también se aplica al uso del Principio de Precaución y hay autores que están preocupados con su correcta aplicación. Según Maria Casado Gonzáles es habitual preconizar un principio general de precaución con el cual no cabe sino estar de acuerdo, siempre que no nos haga la postura de “prohibir por si acaso”, a veces subyacente a visiones del futuro que resultan un tanto apocalípticas.
Derechos humanos y el principio de precaución
Ante todo, necesitamos tomar conciencia de la singularidad del momento histórico que estamos viviendo. El progreso tiene aspectos positivos y negativos. El problema es quienes serán afectados por las consecuencias. Essabido que las biotecnologías, en especial las genéticas, resultan ambivalentes, pues su uso es susceptible de generar grandes beneficios para la humanidad, tanto en agricultura como en biomedicina, concretados en nuevas vacunas, fármacos a la carta, alimentos más completos y saludables, pruebas genéticas terapias genéticas, fármacos anti envejecimiento, etcétera pero también dichos avances conllevan muchos riesgos, como los efectos secundarios desconocidos e incontrolados, por ejemplo intoxicaciones producidas por transgénicos animales y vegetales, por contaminaciones medioambientales, derivables de un mal uso cuyas consecuencias en muchos casos son imprevisibles y que pueden afectar no sólo quienes las emplean, sino al resto de la humanidad, e incluso a las generaciones futuras.
La bioética y la bioseguridad nacieron como primas con el mismo fin, mismas que ya están sujetas a principios garantes en materia de derechos humanos entre otros: Respeto a la dignidad humana, igualdad, justicia y equidad, no discriminación, respeto a la diversidad, y con el compromiso de compartir los beneficios del progreso científico.
La misma responsabilidad que se exige para la humanidad presente también lo es para el futuro. Los peligros reales pueden significar una oportunidad única para la sociedad mundial, oportunidad de reinvención de un nuevo paradigma de civilización, asentado sobre la hospitalidad general, la convivencia, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad universal.
En esa tesitura, surge la necesidad de crear un marco regulatorio, donde prevenga y aplique la nueva tecnología dentro del marco de la certidumbre y buena disposición. Así las consecuencias de aplicación, son las que han de determinar una política y una acción. Deben balancearse los bienes que pueden conseguirse y los males que pueden evitarse, al margen de los derechos humanos.
Lo anterior se puede salvaguardar con el método de interpretación evolutiva de los tratados, sobre la base de que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” y que dicha interpretación “es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.”
En esa tesitura, el artículo 29 de la Convención Americana dispone que ninguna norma de la Convención puede ser interpretada suprimiendo, excluyendo o limitando, esto último más allá de lo por ella permitido, sea el goce de los derechos en ella o en leyes de los Estados Partes establecidos o que sea inherentes al ser humano o deriven de la forma democrática representativa de gobiernos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el documento en donde se establece la base de los derechos y se debe regir toda actuación. En ese sentido el artículo 1o. párrafo segundo establece:
“...Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia...”
En esta misma tesitura, es de señalar que las normas prácticas de los derechos humanos se deben interpretar ratione personae; es decir, que su protección se lleve a cabo de la manera que se le proteja lo mejor posible. Las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, se determinan en función de la persona en “sus particulares necesidades de protección (...), ya sea por su condición personal o por situación específica en que se encuentre”
El deber de garantizar, cuando hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), donde queda el derecho a la salud, implica la obligación de prevenir a través de normas, planes de acción y estudios de impacto, además de eliminar los obstáculos que impiden la realización del derecho.
Ahora bien, dentro de las normas relativas a derechos humanos y reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no sólo el respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se pueden señalar entre otras:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Estocolmo sobre el medio Ambiente Humano, la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaración sobre las responsabilidades de las Generaciones Actuales para las generaciones Futuras. Documentos que, dentro de un Mundo globalizado, son necesarias seguir para un desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,así como del Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, las Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de los investigadores científicos, la Declaración de la UNESCO sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura aprobado por la Conferencia de la FAO, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública y los demás instrumentos internacionales aprobados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo y toda vez que sobre la materia existen pocos instrumentos, se pueden citar los relativos a la bioética, comprendida la Convención para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la medicina y la biología – Convención sobre los derechos humanos y la biomedicina del Consejo de Europa, junto con sus protocolos adicionales, así como las legislaciones y reglamentaciones nacionales en materia de bioética, los códigos de conducta, directrices y otros textos internacionales y regionales sobre bioética, como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial relativa a los trabajos de investigación biomédica con sujetos humanos, y las Guías éticas internacionales para investigación biomédica que involucra a seres humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas.
Es de recalcar que las cuestiones de bioética, que forzosamente tienen una dimensión internacional, se deben tratar como un todo, basándose en los principios ya establecidos en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, los Derechos Humanos y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, teniendo en cuenta no sólo el contexto científico actual, sino también su evolución futura.
Por último y de forma expansiva y no limitativa, dentro de una vinculación jurídica a seguir a nivel internacional regional, es propio destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el convenio sobre Diversidad Biológica, y el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobe la Diversidad Biológica, instrumentos guías en la materia.
En ese sentido, el Principio de Precaución es la utilización del curso más adecuado para cualquier acto que pueda afectar al ser humano, los animales, el medio ambiente y buscar salvaguardar la vida y la salud para las generaciones futuras.
I. Objeto de la propuesta
Establecer que, para toda la utilización de biotecnologías en seres humanos, animales y medio ambiente, se deberá aplicar el principio precautorio.
II. Consideraciones generales
Como bien se establece en la exposición de motivos del proyecto en comento, el “principio precautorio”, es una de las bases que guían el desarrollo de las nuevas tecnologías utilizadas en el ámbito ambiental, en la fauna y en seres humanos, de ahí la existencia de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Esta Ley, cuyo ámbito de aplicación corresponde al ámbito federal, tiene como objeto regular las actividades mediante las cuales se utilizan organismos genéticamente modificados (OGMs), con el objetivo de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
En el desarrollo de dichas actividades, se establece en la fracción XV del artículo 9 de la misma ley, como un principio para la formulación y conducción de la política de bioseguridad, la precaución de manera prudente y con bases científicas y técnicas para prevenir, reducir o evitar los posibles riesgos que las actividades con OGMs pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y la diversidad biológica.
De igual manera, en los artículos 13 y 16, se establece la obligación de la SAGARPA y de la SSA de ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, con bases técnicas y científicas y en el enfoque de precaución.
Asimismo, se establece en el artículo 60 la necesidad de realizar la evaluación del riesgo para detectar los posibles riesgos o efectos que la liberación experimental al ambiente de OGMs pueden causar al medio ambiente y a la diversidad biológica, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola, señalando, además, que los posibles riesgos a la salud humana serán materia de estudio de riesgos para la obtención de la autorización del OGM de que se trate.
Una vez señalado lo anterior, se observa que la propuesta de reforma en comento ya se encuentra prevista dentro de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, toda vez que la misma pretende regular la utilización de biotecnologías en seres humanos, animales y medio ambiente, áreas que son reguladas en la ley mencionada.
Por tanto, se requiere en cada caso de la biotecnología que son excepción de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y que corresponde a temas de salud únicamente, se aplique el enfoque precautorio, de forma transversal entre el gobierno federal y estatal, y establezcan los criterios necesarios, con la asesoría de las Comisiones de bioética federal y estatales, así como para apoyar el diseño de políticas públicas, emisión de normatividad, y la utilización de biotecnologías.
Por lo que se propone establecer una disposición que considere que se trata de casos no regulados por la Ley General de Salud y por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, No omitimos señalar que la biotecnología, comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática, microbiología, genómica, y ahora en particular la ingeniería genética.
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 97 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Titulo QuintoInvestigación para la Salud Capítulo ÚnicoArtículo 96. ...
I. a VI
Artículo 97. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud y con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología orientará al desarrollo de la investigación científica y tecnológica destinada a la salud.
La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la investigación para la salud.
El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas deberán aplicar el principio precautorio con base en la asesoría de la Comisión Nacional de Bioética y comisiones estatales de bioética para el diseño de políticas públicas, emisión de normatividad y utilización de biotecnologías que no están reguladas en esta ley y están excluidas de la aplicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Artículo 98...
I. ...
Artículos TransitoriosArtículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos Locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.
Notas
1 Romero Casabona Carlos María (Ed.), Principio de precaución, biotecnología y derecho, catedra interuniversitaria fundación BBVA- diputación foral de Bizkaia de derecho y genoma humano, editorial, Comares, S.L., 2004, p. 3.
2 Dominique Bourg/Jean-Louis Schlegel, Parer aux Risques de Damián. Le Principe de Précaution, Éditions du Seuil, París, 2001, pag. 140.
3 Jonas H., Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a M. 1979. Véase del mismo autor: Philosophical seais. From ancient creed to technological man, Chicago 1974.
4 Tumpey, TM et al (2005) Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic Virus. Science 310: 77 - 80.
5 Posfai, G et al (2006) Emergent Properties of Reduced-Genome Escherichia coli. Publicado en línea el 27 de abril de 2006; 10.1126/science.1126439 (Science Express Reports).
6 Ver: http://www.syntheticgenomics.com/
7 Lista de organizaciones que firman la Carta Abierta: Accion Ecologica (Ecuador)
- www.accionecologica.org - Elizabeth Bravo California for GE Free Agriculture - www.calgefree.org - Becky Tarbotton Centro Ecologico (Brazil) - Maria Jose Guazzelli Clean Production Action - www.cleanproduction.org - Beverley Thorpe Cornerhouse UK - www.thecornerhouse.org.uk - Nick Hildyard Corporate Europe Observatory - www.corporateeurope.org - Nina Holland Corporate Watch (UK) - www.corporatewatch.org - Olaf Bayer EcoNexus - www.econexus.info - Ricarda Steinbrecher Ecoropa - Christine Von Weisczacker Edmonds Institute - www.edmonds-institute.org - Beth Burrows ETC Group - www.etcgroup.org - Jim Thomas Farmers Link - www.farmerslink.org.uk - Hetty Selwyn Friends of the Earth International - www.foe.org - Juan Lopez, Lisa Archer (USA), Georgia Miller (Australia) Foundation on Future Farming (Germany) - http://www.zs-l.de - Benedikt Haerlin Fondation Sciences Citoyennes (France) - www.sciencescitoyennes.org - Claudia Neubauer Gaia Foundation - www.gaiafoundation.org - Teresa Anderson GeneEthics Network (Australia) - www.geneethics.org - Bob Phelps Genewatch (UK) -www.genewatch.org - Sue Mayer GRAIN - www.grain.org - Henk Hobbellink Greenpeace International - www.greenpeace.org - Doreen Stabinsky Henry Doubleday Research Association (UK) - www.gardenorganic.org.uk - Julia Wright Indigenous People’s Biodiversity Network - Alejandro Argumedo International Center for Technology Assessment - www.icta.org - Jaydee Hanson International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility - www.inesglobal.com - Alexis Vlandas Institute for Social Ecology - www.social-ecology.org - Brian Tokar International Center for Bioethics, Culture and Disability - www.bioethicsanddisability.org - Gregor Wolbring International Union of Food and Agricultural Workers - www.iuf.org - Peter Rossman Lok Sanjh Foundation (Pakistan) - www.loksanjh.org - Shahid Zia National Farmers Union (Canada) - www.nfu.ca - Terry Boehm Oakland Institute - www.oaklandinstitute.org - Anuradha Mittal Polaris Institute - www.polarisinstitute.org - Tony Clarke Pakistan Dehqan Assembly - contact via Lok Sanjh - see above. Practical Action - www.practicalaction.org - Patrick Mulvany Quechua Ayamara Association for Sustainable Livelihoods, (Peru) - www.andes.org.pe - andes@andes.org.pe Research Foundation for Science, Technology and Ecology (India) - www.navdanya.org - Vandana Shiva Soil Association - www.soilassociation.org - Gundula Azeez Sunshine Project - www.sunshine-project.org - Edward Hammond Third World Network - www.twnside.org.sg - Lim Li Ching
8 Belver Capella Vicente. Bioética y Ecología. en: Tomas Garrido Gloria M. Manual de Bioética. Barcelona: Editorial Ariel; 2001. p. 294.
9 Ídem.
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008.
11 ISIS Submission to US Advisory Committee on International Economic Policy (ACIEP) Biotech. Working Group, July 13, 2000. Use and Abuse of the Precautionary Principle.
http://www.i-sis.org.uk/prec.php
12 Signorini Porchietto, Marcelo. 2005. Protocolo de Evaluación de Inocuidad de Organismos Genéticamente Modificados destinados al Uso o Consumo Humano, Procesamiento de Alimentos, Biorremediación y Salud Pública.
www.cofepris.gob.mx/pyp/biotec/ Proc_eval_ OGMs.pdf
13 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
14 Casado Gonzáles Maria, Cuestiones Bioéticas en Torno a las Células Madre. En Chávez de Diego Sebastián, Perspectivas en Genética y Biomedicina Madrid, Editorial Síntesis, 2005, p. 132.
15 Rodríguez Merino, José María, “Ética y Derechos Humanos en la era biotecnológica”, 2ª edición, edit. Dykinson, S.L., Madrid España, 2010, p. 68.
16 Ídem. P. 68.
17 Ibídem, p. 132.
18 Párr. 245.
19 CrIDH, Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costa, Sentencias del 22 de noviembre de 2007, Serie C, Núm. 171, párr. 120. Casos Masacre de Pueblo bello, Fondo, Reparaciones y Costa, sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C, Núm. 140, párr. 111; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 29 de marzo de 2006, Serie C, Núm. 146. Párr. 154; Caso Baldeón García, párr. 81, y caso Ximenez Lopes vs. Brasil, párr.. 88.
20 Artículo 1 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
21 Es la tecnología del control y transferencia del ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la corrección de los defectos genéticos y la creación de nuevas cepas (microorganismos).
Dado en el Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Patricia García García,Carlos Alberto Palomeque Archila, Emma Margarita Alemán Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, Guadalupe González Suástegui, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Patricia García García. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Julio Saldaña Morán:Diputada presidenta, muchas gracias. Diputadas y diputados, mexicanos que nos escuchan en sus casas, gobernadores de diferentes partidos y alcaldes, de igual manera, hoy proponemos una reforma al artículo 2o. y 6o., de la Ley de Coordinación Fiscal, una ley que nace en 1954, de esos años data.
Hoy quiero hablarles a los mexicanos despacio, porque es un tema sumamente relevante e importante. Hoy vemos diferentes esquemas de hacer gobierno. Escuchamos temas de corrupción, la naturaleza nos golpea, conocemos la deuda generalizada, más de medio billón de pesos, municipios que si hacen obra, no pagan pendiente, estados que están quebrados económicamente por producto de la corrupción.
¿Qué es lo que hoy proponemos? Proponemos mayor y mejor conciencia en el tema financiero. Es una Ley de Coordinación que en los años o en estas últimas décadas no ha tenido una modificación que se refleje en la sociedad mexicana.
¿En qué consiste la iniciativa? Como grupo parlamentario del PRD hacemos llegar y la queremos compartir con todos, por eso dije gobernadores de todos los colores, alcaldes municipales de todos los partidos, porque es lo más importante que hoy vivimos en la sociedad mexicana.
La fórmula que todos ustedes y un servidor conocemos es la de hace muchos años, no ha sufrido ninguna modificación la fórmula. Hoy conocemos que ni todo el universo que se recolecta, se junta el dinero que podamos aprobar en unos pocos días aquí en este Congreso, o la fórmula es así: 20 por ciento a los estados, el 80 por ciento a la federación. Nada más que cuando esa ley se aprobó, no éramos los mismos millones de mexicanos. Hoy somos más, hoy demandamos más salud, más infraestructura. Hoy tenemos una figura que no existía en aquel entonces, que son las deudas.
Hoy tenemos mayor necesidad para mayores y mejores planteles educativos. En salud, sobre todo, que es tan importante. Necesitamos cambiar esa fórmula, que es lo que proponemos.
¿En qué consiste la propuesta ciudadana? Una propuesta cercana a la gente, una propuesta que no tiene fines políticos, más que una responsabilidad como siempre. El PRD cerca a la gente, y qué mejor que no tiene tintes políticos.
Proponemos en esta reforma que le hacemos a la Ley de Coordinación Fiscal —repito— en el 2o. y en el 6o. se modifica esa fórmula, que sea 70 por ciento la Federación, 30 por ciento estados y municipios.
Muchos se preguntarán: ¿y de dónde sacamos el dinero? El dinero existe, vemos que tan solo hoy estamos conociendo que va a haber más recaudación por el ISR, ya lo hubo el año pasado. Al final no se ven reflejados los beneficios en el ciudadano. Vemos gastos cuantiosos en el derroche, en el gasto corriente, y bla, bla, que no quiero meterme a señalar porque quiero seguir conservando el espíritu constructivo de una ley que le sirva a México.
¿Qué otro proceso demandamos y requerimos? ¿Esto se puede hacer de la noche a la mañana? Yo creo que aprobar sí; que llegue el porcentaje que estoy mencionando, no. No, no puede hacerse de la noche a la mañana. Es de manera progresiva que vaya incrementando poco a poco, pero que esto resuene y se sienta en más aulas, en más carreteras, en mejor salud, en que los alcaldes y los gobernadores hay que darle más.
Sí, lo demandan los mexicanos, y nada más así. No, señores. Un mayor esquema de fiscalización que realmente se cumplan las sanciones, que se castigue al que le meta mano al carbón, y que quede claro, mayor fiscalización, ser más eficientes en las inversiones que se reflejen en beneficio de los mexicanos. Espero y estoy consciente de que hagamos conciencia todos los partidos.
Soy un hombre que le pongo mucha emoción a mis temas. Hoy le estoy poniendo mucho respeto y muchas consideraciones a que esto se pueda tomar como una iniciativa responsable y seria.
Este gobierno federal desde luego que requiere, y todos vamos a demandar, voluntad; que haya más recurso, pero más fiscalización; que haya más recurso para estados y municipios, sin ver partidos políticos, pero con mayores y mejores resultados, que se sientan y se reflejen en todos los conceptos que ya mencioné. Muchas gracias por su atención. Y toda esta iniciativa va por México. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
Las participaciones federales que se transfieren a las entidades federativas y los municipios no son suficientes para cubrir los gastos relacionados con la satisfacción de las necesidades de la población, tales como seguridad, salud, educación, comunicación, entre otras, principalmente porque su distribución es inicua.
Las entidades y los municipios deben tener acceso a una mejor distribución de estos recursos, por lo que se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual se incremente el Fondo General de Participaciones para que se constituya con 30 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en cada ejercicio fiscal.
Es necesario que los municipios reciban del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, participaciones que nunca sean inferiores a 20 por ciento de las cantidades que correspondan al Estado encargado de suministrarlas; pero cuando se trate de municipios de muy alta marginalidad, este porcentaje nunca sea inferior a 30 por ciento.
Argumentación
Una mejor repartición de recursos a partir de los incrementos que plantea esta iniciativa, tanto del Fondo General de Participaciones Federales, así como el incremento del porcentaje de transferencias a municipios por parte de los estados, respecto de los diferentes fondos en los que los municipios tenga participación, permitirá sin duda, grandes beneficios para la población.
Otorgar 20 por ciento de la recaudación federal participable a los estados, los cuales a su vez tienen que entregar 20 por ciento a sus municipios, significa que de cada peso participable que recibe la federación, sólo veinte centavos corresponde a las entidades federativas y de esa cantidad los municipios reciben únicamente cuatro centavos; en ese sentido, resulta indispensable analizar la distribución inequitativa e insuficiente que existe actualmente de estos recursos, así como la importancia que tiene su incremento, fundamentalmente por la relación de su uso directo, ligado a satisfacer las necesidades que la población demanda como seguridad, salud, educación, comunicación, entre otros.
La presente iniciativa busca mejorar el financiamiento de los estados y municipios, a través del aumento de estos porcentajes, planteando que sin afectar ningún otro ramo, se administren y se ajusten estos montos, pues año tras año la mayor queja que se tiene es la insuficiencia de estos recursos, por tanto es indispensable proponer acciones para impulsar el federalismo.
Uno de los principales factores por los que prevalece esta insuficiencia, son los preocupantes niveles de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, así como la caída del gasto federalizado, incluso a pesar de que los ingresos tributarios hayan crecido durante los últimos tres años. Evidentemente sin un incremento en estos porcentajes de las participaciones federales, se está afectando el desarrollo nacional, regional y local.
La distribución de participaciones es poco equitativa, su aplicación favorece a los municipios con mayor grado de desarrollo y población, pero rezaga cada vez más a los municipios con alta marginalidad; lograr una distribución más justa, requiere que al tratarse de este tipo de municipios, lo justo sea que el porcentaje que reciban nunca sea inferior a 30 por ciento.
Si tomamos en cuenta que 86 por ciento de los ingresos totales que tuvieron los estados en 2015 provino de transferencias federales, (porcentaje que por cierto ha sido el más alto de los últimos diez años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía), y que la recaudación participable que se destina a estados y municipios es de 20 por ciento, su insuficiencia trae como una de sus más graves consecuencias: el endeudamiento.
La Auditoría Superior de la Federación con base en la revisión del marco jurídico estatal, definió la deuda pública de las entidades federativas como las obligaciones de pasivo, directas o contingentes (también llamadas en algunos casos indirectas) derivadas de financiamientos a cargo del gobierno del estado, de los municipios, de los organismos públicos estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguna de las entidades públicas señaladas.
Proponer una mejor repartición de recursos a partir de los incrementos que plantea la presente iniciativa tanto del Fondo General de Participaciones Federales, así como del porcentaje de transferencias a municipios de mayor marginalidad, tiene como propósito impulsar que exista un mayor desarrollo.
El aumento del endeudamiento en los últimos años, de 0.6 por ciento del PIB en 1994 a más de 3.0, aunque no ha puesto en riesgo las finanzas públicas a nivel nacional; compromete la estabilidad de las finanzas públicas subnacionales y genera un gasto elevado en el costo del financiamiento para los gobiernos estatales y los municipales.
Las entidades federativas que superan 100.0 por ciento de deuda respecto a sus participaciones federales no pueden hacer frente a sus obligaciones, y menos cuando el promedio de deuda por entidad federativa es de 81.3; es decir, las entidades federativas tendrían que haber destinado 8 de cada 10 pesos, en promedio, de los recursos recibidos por este concepto.
Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las participaciones federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5), Chihuahua (228), Nuevo León (220.6) y Veracruz (133.31).
La deuda como proporción de las participaciones federales es la base del planteamiento por el cual se considera necesario el incremento del porcentaje del Fondo General de Participaciones Federales, con independencia del diagnóstico integral que por cada entidad federativa implique diferentes indicadores como deuda nominal, deuda por habitante, deuda como proporción de los ingresos totales, endeudamiento como proporción del valor de la actividad económica, tasa de interés promedio, entre otros factores; pues atender este elemento permitirá evitar mayores rezagos sociales.
Las participaciones federales son los recursos que el gobierno transfiere a estados y municipios que no están destinados por ley a algún rubro específico, y representan la primera fuente de ingresos totales de la mayoría de ellos.
El Fondo General de Participaciones actualmente se calcula con 20 por ciento de la recaudación federal participable y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo con el crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.
La deuda respecto a las participaciones federales de las entidades federativas ha aumentado a través del tiempo. Ello refleja que mientras que las obligaciones que utilizan los gobiernos subnacionales para financiamiento han aumentado, no ha sucedido lo mismo con los ingresos que reciben de la federación. El promedio de la deuda de las entidades federativas respecto a sus participaciones federales creció de 64.5 por ciento en 1994 a 84.0 en 2015.
El nivel de endeudamiento probablemente tendrá una disminución gradual con la promulgación e implementación de la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero esta gradualidad somete a los estados y los municipios y principalmente a los que del total de sus obligaciones como proporción de sus participaciones federales, estas representan o superan 100 por ciento de deuda (http://www.cefp.gob.mx/ publicaciones/ documento/2016/abril/cefp0072016.pdf).
Entre los efectos más comunes que se asocian a una deuda elevada, se encuentran los recortes a la inversión pública en sectores sociales básicos como educación y salud; la disminución del gasto público social que afecta al desarrollo del capital humano y, por tanto, el crecimiento económico; el aumento de la marginación y la pobreza extrema, principalmente en zonas rurales lo cual restringe el acceso a los servicios sociales básicos, debido a la concentración del gasto público y a que los escasos recursos se concentran en zonas urbanas, quedando desprotegida la población rural.
Las brechas de ingreso y la polarización social aumentan a consecuencia de la falta de mecanismos de transmisión al desarrollo humano; el crecimiento económico sin equidad, que genera una creciente desigualdad social entre ricos y pobres en la mayor parte de los países sumamente endeudados; deterioro ecológico derivado del crecimiento irregular de las ciudades así como la presión por el aumento de las exportaciones orientadas a generar las divisas para el pago de la deuda, sobreexplotando la tierra y recursos naturales no renovables. Lo anterior reduce la producción para el mercado interno, provocando el desbasto local de alimentos en los países exportadores de estos bienes.
Es necesario considerar un diagnóstico financiero integral de cada entidad federativa o municipio que permita generar una planeación financiera basada en variables ingreso, gasto y deuda, que incentive finanzas sanas con un endeudamiento que no ponga en riesgo su estabilidad económica.
Pero una oportunidad para lograrlo y evitar mayor endeudamiento a causa de la falta de recursos provenientes de las participaciones federales, es el incremento del porcentaje del Fondo General de Participaciones.
El uso de los ingresos participables que dan paso al sistema de transferencias y que tienen un doble carácter: uno es resarcitorio, porque el pacto fiscal federal implica que las haciendas públicas subnacionales renuncien a cobrar los impuestos que recaen sobre los factores móviles y los recursos naturales que están dentro de su jurisdicción, cediéndoles tales potestades a la autoridad central; y otro compensatorio, que busca asignar mayores recursos a las regiones que presenten mayores rezagos en sus indicadores socioeconómicos, son insuficientes para alcanzar estos objetivos.
Independientemente de estos dos aspectos, es importante añadir que en la asignación que la federación realiza hacia los gobiernos estatales y municipales, lo que se busca es alcanzar equidad distributiva y desarrollo, a través del principio constitucional de la proporcionalidad.
Nuestro diseño de federalismo fiscal es desde esta óptica un instrumento al alcance del gobierno central y éste debe realizar su función de redistribución de la riqueza y fomento del desarrollo de las diferentes y heterogéneas regiones del país, incrementando la asignación del porcentaje de las participaciones que corresponden a las entidades federativas y los municipios, con el propósito de alcanzar este objetivo.
Fundamento legal
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal
Único.Se reforman los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con 30 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.
...
Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores a 20 por ciento de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento. Tratándose de municipios de alta marginalidad, este porcentaje nunca será inferior a 30 por ciento.
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputado Julio Saldaña Morán(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Julio Saldaña Morán. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, y suscrita también por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz:Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy vengo a hablarles de un tema que ha privado de la libertad y de la vida a miles de mujeres, niños, niñas, hombres y adultos mayores. Estamos en un país dolido, pero también esclavizado.
Las cifras que presento el día de hoy son no una forma de crítica, sino una forma de generar consciencia de no ser indiferentes ante este delito aberrante que vivimos en nuestro país, que es el delito que más ganancias deja después del narcotráfico, el segundo negocio ilícito que más ganancias deja después del narcotráfico, superando el tráfico de armas, por qué, porque la transacción de un ser humano, de una niña pequeña, de seis, de ocho, de nueve años, no es una sola vez, es muchas en un día, en un cuarto donde abusan de estas jóvenes.
Vivimos un terrible problema. Y esta iniciativa es importante, porque queremos que se considere que esta iniciativa plantea que un principio de la educación sea la prevención del delito en contra de menores por medio de las escuelas.
Hemos fallado como autoridades, y esta gráfica que se sostiene aquí muestra el Quinto Informe de Gobierno de la PGR, de Fevimtra, donde en la zona donde habla de las carpetas de investigación aparece en cero, cero en pornografía infantil, cero en explotación sexual, cero en explotación laboral.
Yo me pregunto, ¿estamos en cero, cuando somos el segundo país después de Tailandia, en turismo sexual infantil, cuando nos hemos vuelto el retrete de países como Europa, como Estados Unidos para venir y consumir a nuestros niños?
Hay, eran más de 10 estados los que no perseguían el delito, el día de hoy a la fecha son nada más 4. Ojalá si en este recinto hay diputados de este estado, puedan tomar cartas en el asunto. Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos no persiguen la trata de personas, no han rescatado una sola víctima y no han castigado a un solo tratante. Los que están en la lista en proceso, Hidalgo, Quintana Roo, Querétaro, Sonora y Tabasco, enhorabuena. Después de 2012 hasta ahorita empiezan en este proceso.
¿Cuántos desaparecidos existen en nuestro país? Las cifras de las víctimas de trata en explotación sexual, las cifras oficiales son que 70 mil niños y niñas son nada más víctimas de explotación sexual, pero el número de desaparecidos en nuestro país llegó a niveles sin precedentes.
Al corte estadístico histórico de julio pasado, 33 mil 482 personas estaban en condiciones de no localizadas, y como dirían algunos políticos, o se fueron con el novio o de parranda. No señores, se trata de generar conciencia.
La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad alimentan la trata de personas y es un tema que se toma a choteo. Lo hemos visto, hemos visto a senadores o legisladores decir: Ay, nosotros somos clientes. ¿Cómo puede existir esa falta de conciencia? ¿Qué no son padres de familia?
En verdad, cuando se ponen estas cifras, cuando se van a los congresos internacionales, quedamos en ridículo ante otros países. Nigeria ha rescatado más de 12 mil víctimas en un año, Argentina 11 mil, las ha integrado a la sociedad con educación, con oportunidad de estudios, atención psicológica, a más del 60 por ciento.
México solamente ha rescatado a mil 200 víctimas en lo que va de que tenemos la Ley a la fecha, desde el 2012 a la fecha, y ¿esto por qué sucede? Porque hay corrupción, porque hay impunidad. Pero también porque falta capacitar a los ministerios públicos, a los fiscales, generar conciencia de que la trata no es prostitución, que una mujer puede estar a lo mejor en un table dance bailando o en los lugares nocturnos, puede estar bailando, pero si es voluntad se le respeta, pero si está ahí obligada, si está ahí porque le están reteniendo sus documentos es trata.
Señores, dense cuenta que trata de personas no es lo mismo que prostitución y tomen en cuenta en sus agendas políticas este grave flagelo que lastima a nuestro país.
Quiero también concluir —por el tiempo— con esto: que las autoridades educativas lleven a cabo los convenios e instrumentos necesarios, tanto nacionales e internacionales, para instrumentar las políticas que protejan a los y las menores de edad, con el delito de trata y otros delitos.
Las redes sociales se han vuelto un instrumento poderoso para que los tratantes enganchen a los niños por medio del enamoramiento, del engaño. También el crimen organizado afuera de las escuelas está enganchando a los jóvenes con las drogas y los usan para ser sicarios o para hacer narcomenudeo. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, y la diputada Norma Rocío Nahle García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento y Regeneración Nacional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera
Planteamiento del problema
Los delitos de Trata de Personas han tenido en México un crecimiento exponencial, siendo los menores de edad los que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. En tal virtud, es necesario fortalecer desde el ámbito educativo diversas acciones preventivas entre las nuevas generaciones como una herramienta fundamental que permita evitar que más niñas, niños o adolescentes, sean víctimas de alguna de las modalidades de explotación tipificadas por la Ley en la materia.
Objeto de la iniciativa
Adicionar en la Ley General de Educación, para establecer que, la educación entre otros fines, tendrá el de realizar acciones educativas y de difusión, así como promover los acuerdos y convenios necesarios con el objeto de prevenir y detectar los delitos de trata de personas en contra de las y los menores de edad.
Argumentos
En el 2003 México firmó y ratificó la Convención y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), el cual es el instrumento jurídico universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas destinados a: prevenir y combatir la trata de personas; proteger y ayudar a las víctimas; así como promover la cooperación entre los Estados firmantes.
Desde entonces a la fecha, se han realizado diversas acciones en los diferentes Poderes y niveles de gobierno, en donde desde luego, destaca el papel del Poder Legislativo Federal.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2012, define con claridad los diferentes tipos delictivos en la materia, estableciendo de manera expresa que, se considera trata de personas: “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”.
Ahora bien, los tipos de explotación considerados en el ordenamiento antes citado son: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
Como lo he mencionado ya en diversas ocasiones, la trata de personas es un problema creciente en México, que constituye una de las manifestaciones delictivas más preocupantes, toda vez que, violenta los derechos humanos de las víctimas y repercute de manera traumática en su salud física, psicológica y emocional, interrumpiendo su libre y cabal desarrollo.
Las víctimas de trata son utilizadas como cosas, abusadas y explotadas convirtiéndolas en mercancía. De ahí que, es un negocio ilícito sumamente lucrativo; incluso especialistas señalan que, es la segunda fuente de ingresos por actividades ilícitas. Es decir, sólo una posición después del narcotráfico.
Lo anterior, da cuenta de que a pesar de los esfuerzos es mucho lo que el Congreso y esta Cámara aún tienen por hacer en materia legislativa, tanto en las adecuaciones necesarias a los tipos delictivos, como en las sanciones hacia los clientes y tratantes. Pero también, mucho por hacer en el ámbito preventivo.
La sociedad nacional y mundial, presenta nuevos fenómenos y problemas, por ende, nuevas formas y mecanismos delictivos, de ahí que se requiere una sociedad cada vez más informada no sólo para que participe con propuestas sino para que pueda usar la información disponible en beneficio propio.
La sociedad debe estar cabal y plenamente informada para poder usar la información como un mecanismo preventivo de delitos o, dicho de otro modo, pueda tomar las medidas necesarias para evitar ser víctima de un delito.
La prevención, requiere de participación, compromiso, esfuerzo y sensibilidad de cada uno de nosotros, pero sobre todo de las autoridades educativas, porque son éstas quienes se encargan de la formación de las nuevas generaciones junto con las familias.
Las niñas, niños y adolescentes, constituyen uno de los sectores más vulnerables para la trata de personas, de ahí que, es necesario redoblar esfuerzos para salvaguardarlos.
Reiteradamente he señalado en diferentes espacios y documentos legislativos, algunos datos sobre el tema que nos ocupa, en la idea de ilustrar de mejor manera la problemática. Basta recordar que, en lo que se refiere a turismo sexual infantil:
• De acuerdo al último informe sobre explotación sexual realizado en coordinación con el DIF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 20 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en México, la mayoría en las ciudades de la Riviera Maya, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara y Tijuana.
• Los turistas que buscan sexo con menores son principalmente de Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso de México, y están por igual en calles, parques, estaciones de autobuses, hoteles, moteles, prostíbulos, pensiones, bares, cantinas, centros nocturnos, loncherías, restaurantes, casas de masaje, estéticas y agencias de modelaje y de acompañantes.
• Según la organización , Fin de la Prostitución, Pornografía y Trata de Niños y Adolescentes con Fines Sexuales, México es considerado a nivel internacional el Bangkok de las Américas en turismo sexual.
• Conforme al estudio Trata en el sector turístico, elaborado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez, Quinta Roo, hay paquetes exclusivos para pederastas que incluyen hotel y niño, con costos de 200 a 2 mil dólares. Luego del turismo y venta de drogas, la explotación sexual infantil es la actividad que más ingresos deja a Cancún, y los estados con mayor tasa de explotación sexual son Quintana Roo, Guerrero y Jalisco; los municipios de Benito Juárez y Acapulco lideran la explotación sexual infantil, según la UNICEF.
• La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha resaltado la falta de estadísticas y datos confiables sobre el alcance de la explotación comercial infantil en México, en donde incluso no se ha llevado a cabo ningún estudio de manera oficial por las instituciones o dependencias de la prevención del delito o de procuración de justicia.
• El departamento de Estados Unidos estima que, cada año, unos 20 mil niños y niñas son víctimas de trata por redes de prostitución que los engañan con falsas ofertas de empleo para trasladarlos de las zonas rurales pobres a las urbanas, a las fronteras y a las zonas turísticas.
• De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México ocupa el lugar 28 en el mundo y el quinto en América Latina con mayor comercio sexual de niñ@s, solamente superado en la región por Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana.
A pesar de que la ley ha tipificado las diferentes conductas y modalidades de trata, ordenado sanciones severas y mandatado políticas públicas, la realidad está hoy por encima de los esfuerzos.
Hace apenas algunas semanas a la presentación de esta propuesta, fue difundido en diferentes medios de comunicación que, de acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), diversos cárteles y grupos de delincuencia organizada antagónicos, han construido alianzas en 17 estados del país, así como nuevas rutas y corredores con fines de trata de personas, principalmente en las modalidades de explotación sexual y explotación laboral.
La magnitud del problema, las redes de complicidad, la corrupción de las autoridades y la profunda descomposición social, explican por qué en México la trata de personas es la segunda fuente de ingresos para la delincuencia organizada, por qué no existen suficientes estadísticas y datos oficiales, y por qué hay 22 estados de la República que no han armonizado sus leyes.
En tal virtud, necesitamos realizar desde las instituciones un replanteamiento de las estructuras de pensamiento, valores y categorías analíticas para asumir y aplicar de manera cotidiana los principios que tienen como base un estado democrático, constitucional y de derecho, en donde la prevención juega un papel fundamental. Ello implica que las y los educandos, las madres y padres de familia, así como el cuerpo directivo y docente de las escuelas, cobren conciencia de la gravedad de la problemática y sean capaces de asumir medidas preventivas desde cada una de sus áreas.
En nuestros días, la falta de información y por ende de prevención en el ámbito escolar, no puede seguir siendo una ventaja para los delincuentes.
Las estrategias utilizadas por los grupos delictivos para “enganchar” a las víctimas e incluso sustraerlas de su hogares o centros escolares, no pueden ser ajenas ni para las niñas, niños y adolescentes, ni para su familiares y maestros, como tampoco deben serles ajenas, las medidas preventivas ni las herramientas disponibles para formar parte activa de una cultura de denuncia.
La prevención implica no sólo el conocimiento por parte de los menores de edad de sus derechos sino también el conocimiento de los aspectos claves en que deben poner su atención para salvaguardarse de los delincuentes.
Es importante que las autoridades educativas trabajen de manera conjunta con otras instituciones e instancias tanto nacionales como internacionales para erradicar la trata de personas, salvaguardar la integridad de la niñez y juventud mexicana, y para construir junto con las familias y la sociedad, espacios de seguridad y desarrollo para las nuevas generaciones.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración la presente Iniciativa con proyecto de
DecretoÚnico.Se adiciona una fracción XVII al artículo 7o de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera:
Artículo 7o.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I a XVI. ...
XVII. Realizar acciones educativas y de difusión, así como promover los acuerdos y convenios necesarios con el objeto de prevenir y detectar los delitos de trata de personas en contra de las y los menores de edad.
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Sara Paola Gálico Félix Díaz,Ana Leticia Carrera Hernández, Blandina Ramos Ramírez, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Evelyng Soraya Flores Carranza, Jorge Tello López, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Miguel Alva y Alva, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Sara Paola Gálico Félix. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicio Educativos, para dictamen.
La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Permítame tantito, diputada. Por favor, sonido en la curul de la diputada Scherman.
La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Presidenta, con todo respeto y mi agradecimiento por la presentación de esta iniciativa, consultarle a la diputada si me autoriza a adherirme a ella.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Sara Paola.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, le vamos a conceder el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Daniela de los Santos Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Daniela de los Santos Torres:Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados presentes, pues les comento que hace algunos años, para ser precisos en el 2008, tuve la oportunidad de ser síndico municipal de mi municipio, el municipio de Morelia, y ahí me di cuenta que una administración municipal, desafortunadamente, tres años no son suficientes para poder planear a mediano y a largo plazo.
Sin duda la reforma político-electoral, donde en este 2018 va a permitir la reelección de los ayuntamientos va a servir para poder planear más a mediano y a largo plazo, y tenemos el caso, por ejemplo, de Coahuila, que tiene administraciones de cuatro años.
En resumen, con el esquema actual que tenemos de administración municipal, es muy difícil para un alcalde poder planear a largo plazo, además de que muchos de ellos, ustedes lo saben en sus estados, el primer año —y más si no tuvieron experiencia previa en la administración municipal—, el primer año llegan a aprender, el segundo más o menos le entienden al tema, y el tercero a lo mejor ya están en campaña para ir a otro cargo de elección popular.
Por todo lo anterior y para hacer frente a este reto, diferentes países del mundo han realizado diversos ajustes en sus gobiernos locales, uno de los cuales es la incorporación de un gerente o administrador municipal, figura que surgió paulatinamente en los Estados Unidos de América como respuesta a las crisis sociales y políticas que vivieron algunas ciudades estadounidenses a finales del siglo XIX.
Actualmente, esta figura se aplica en 3 mil 700 ciudades de Estados Unidos, que se rigen por esta forma de gobierno y además es utilizada en países como Chile, Argentina, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Holanda.
En este sistema, los miembros del cabildo poseen funciones y atribuciones similares a las de nuestros ayuntamientos, pero el mayor cambio ocurre con el presidente municipal, cuyas responsabilidades ejecutivas descansan mayormente en el administrador municipal, combinando la fuerza y el liderazgo de los funcionarios electos, popularmente con la destreza y experiencia y profesionalismo de un especialista.
La idea del planteamiento de este administrador municipal, es que no dure únicamente estos tres años que tiene nuestro esquema municipalista en nuestro país, sino que trascienda administraciones y que realmente le dé programas y acciones de largo plazo a nuestros ayuntamientos.
Esto no solo significa que la administración pública municipal tiene la posibilidad de profesionalizarse, sino que permite hacer eficiente los recursos mediante la reducción de costos de operación, incremento de eficiencia y productividad, recaudación de ingresos y uso efectivo de la tecnología.
Además, genera mejor comunicación entre la ciudadanía y el gobierno municipal, pues todos los representantes populares están en condiciones de reforzar su acercamiento y de poner mayor atención a las necesidades particulares de la población.
En el caso de que el administrador municipal no cumpla con los resultados esperados, el planteamiento de esta iniciativa es que el ayuntamiento tiene la autoridad para removerlo.
En este sentido, el Estudio de Competitividad Urbana 2010, Acciones urgentes para las ciudades del futuro, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, indica que para promover otra arquitectura institucional nacional que permita mayor coordinación, eficiencia y representatividad de las autoridades urbanas, es urgente desarrollar acciones para formalizar la figura de administrador municipal.
Por lo anterior, propongo un nuevo esquema constitucional donde el ayuntamiento como máxima autoridad legislativa se dedica a liderar la comunicación de la ciudadanía, mientras que el presidente municipal delega al administrador municipal el seguimiento del quehacer administrativo y operativo.
Compañeras y compañeros diputados, una característica de quienes van a la vanguardia en el mundo es que han asumido una actitud sin temor al cambio.
Una disposición a adoptar nuevas herramientas y conceptos, pues reconocen que los viejos temores son el primer obstáculo para el desarrollo.
Sabiendo que los cambios implican riesgos, estoy segura que los beneficios de esta reforma serán mucho más grandes que sus costos, por lo cual les pido amablemente su participación y aportaciones a fin de enriquecerla. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, Daniela de los Santos Torres y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDe los varios modelos de gobierno local existentes en el mundo, el modelo mexicano reúne las características del conocido como cabildo-alcalde, donde el presidente municipal tiene las funciones ejecutivas del ayuntamiento y legisla en conjunto con el síndico y los regidores, mientras que estos tienen atribuciones para fiscalizar, revisar y aprobar las normas que rigen el funcionamiento del gobierno.
Debido a nuestro federalismo, en las constituciones estatales se han asignado atribuciones especiales a los ayuntamientos, pero siempre bajo la misma lógica de la Constitución de la República y sin alterar su estructura básica de presidente municipal, cierto número de regidores y síndicos.
En este marco constitucional y previo a la reforma en materia electoral que permite la reelección, el contexto de la administración pública municipal en México había permanecido prácticamente estancado, salvo algunas opciones implementadas de manera aislada, por ejemplo: la ampliación del periodo de gobierno en Coahuila a cuatro años, la creación de la Auditoría Superior de Fiscalización de Querétaro y la elección de regidores por distrito en Nayarit.
Mientras tanto, la sociedad sigue demandando que sus autoridades municipales dirijan con claridad y transparencia los asuntos políticos, a la vez que den resultados claros y duraderos en la ejecución de planes y programas, lo que resulta poco probable de lograr eficazmente si consideramos que ambas responsabilidades son manejadas de manera directa por los funcionarios electos.
La aglomeración de actividades políticas, administrativas y operativas hace que se dedique demasiado esfuerzo y tiempo a lo urgente e inmediato y que se minimice el diseño, ejecución y evaluación para el mediano y largo plazo, además de que no se tiene la posibilidad de mejorar lo que aparentemente se encuentra resuelto.
El fenómeno urbano del siglo XX ha hecho aún más evidente esta situación, pues los ayuntamientos enfrentan la necesidad de diseñar, planear y ejecutar políticas públicas modernas que permitan atender y satisfacer necesidades de educación, salud, seguridad, limpieza, recreación e infraestructura para mayor número de habitantes, a la vez que intentan resolver problemas de abasto, transporte, empleo, industria y comercio.
Mientras tanto, muchos países del mundo han realizado diversos ajustes estructurales, administrativos u organizativos en sus gobiernos locales para irse adaptando a las nuevas realidades, uno de los cuales es la incorporación de un gerente o administrador municipal.
Esta figura surgió paulatinamente en los Estados Unidos de América como respuesta a las crisis sociales y políticas que vivieron algunas ciudades estadounidenses a finales del siglo XIX y fue adoptada por primera vez con el esquema actual en Staunton, Virginia, en 1908, dando lugar a la forma de gobierno cabildo-gerente.
Actualmente, más de 3 mil 700 ciudades de Estados Unidos de América se rigen por esta forma de gobierno y es utilizada en Chile, Argentina, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Holanda, entre otros países, aunque en cada país, municipio o ciudad se deciden las competencias de la figura de acuerdo a las realidades y necesidades propias.
En esta forma de gobierno, los miembros del cabildo poseen funciones y atribuciones similares a las de nuestros ayuntamientos, pero el mayor cambio ocurre con el presidente municipal, cuyas responsabilidades ejecutivas ahora descansan mayormente en el administrador municipal, combinando la fuerza y liderazgo de los funcionarios electos popularmente con la destreza, la experiencia y el profesionalismo de un especialista.
El presidente municipal permanece como el líder político y como el principal promotor de políticas públicas del ayuntamiento, funciona como el vocero de la comunidad y ante la comunidad, facilita la comunicación y el entendimiento entre los funcionarios municipales y los representantes electos, respalda y defiende las decisiones del cuerpo de gobierno, encabeza las relaciones intergubernamentales y sirve como promotor y defensor de la ciudadanía.
El ayuntamiento, en conjunto, sigue siendo el cuerpo legislativo del municipio y sus miembros son quienes toman las decisiones en representación de la población. En este cuerpo se concentra el poder en tanto que aprueba el presupuesto, determina sus ingresos y el uso que se les va a dar con una planeación estratégica determinada conforme a las necesidades y objetivos sociales.
El administrador municipal, por su parte, es contratado para servir al ayuntamiento y a la población, así como para proporcionar al gobierno municipal los beneficios de su preparación profesional y experiencia en la administración de proyectos y programas municipales.
Los miembros del ayuntamiento y la ciudadanía, en base a ello, tienen la seguridad de que el administrador municipal puede proporcionar información completa y objetiva, pros, contras, alternativas y consecuencias a largo plazo de las acciones de gobierno.
Esto no sólo significa que la administración pública municipal tiene la posibilidad de profesionalizarse, sino que permite hacer eficientes los recursos mediante la reducción de costos de operación, incremento de eficiencia y productividad, recaudación de ingresos y uso efectivo de la tecnología.
Además, se genera mejor comunicación entre la ciudadanía y el gobierno municipal, pues todos los representantes populares están en condiciones de reforzar su acercamiento y de poner mayor atención a las necesidades particulares de la población.
Cabe aclarar que el administrador municipal es electo mediante convocatoria pública en base a sus capacidades por un periodo de tiempo indefinido, lo cual evita que se designe de manera parcial, a la vez que se genera la posibilidad de dar continuidad a obras y acciones que se encuentren funcionando con éxito.
En caso de que el administrador no cumpla con los resultados esperados, el ayuntamiento tiene la autoridad para removerlo de su encargo en cualquier momento, lo que implica que el desempeño está siendo valorado diariamente por los representantes electos y por la propia ciudadanía.
De esa manera, los integrantes del ayuntamiento, como representantes de los intereses y necesidades de la comunidad, son los encargados de establecer las políticas, planes y programas a desarrollar, mientras que el administrador municipal trabaja para este cuerpo de gobierno asesorándolo y materializando sus resoluciones, mientras se asegura, a tiempo completo, de que toda la comunidad se beneficie de los servicios y acciones públicas.
La figura de administrador municipal que se propone con esta iniciativa de reforma constitucional intenta que el presidente municipal, los regidores, el síndico y el administrador municipal, funcionen como un verdadero equipo de desarrollo y administración de políticas públicas, idea que ha sido debatida desde hace años en México.
Durante la década de 1990, por ejemplo, algunos presidentes municipales empezaron a nombrar figuras que les auxiliaran a operar los municipios para ellos poder dedicar mayor tiempo a las relaciones con la comunidad.
Una muestra de ello fue el alcalde de Puebla durante la administración 1996-1999, quien creó el cargo de coordinador de directores sin integrarlo en el organigrama, lo que le permitía dedicar cuatro horas semanales a una junta general con sus directores y el resto del tiempo a atender otros asuntos.
Lo ocurrido en Puebla es muy común incluso hoy, pero el problema de no institucionalizar la figura es que pierde efectividad con el tiempo, pues su mando se diluye conforme avanza el tiempo del gobierno. Además, está destinada a desaparecer, pues el nuevo gobierno lo visualiza como una iniciativa unipersonal del alcalde en turno y no una iniciativa institucionalizada.
En 2003 tomó mayor relevancia el debate, inicialmente en Chihuahua, donde se destacaba el hecho de que cuando el cuerpo burocrático es administrado por profesionales, aislado en gran medida de los vaivenes e intereses de los grupos políticos, la sociedad recibe más obras y servicios por el mismo dinero que aporta, es decir, mayor eficiencia en la administración de los recursos. Asimismo, al liberar el tiempo del presidente municipal, éste cumple mejor su papel de líder y figura pública que la sociedad requiere.
A su vez, en Nuevo León, el doctor Vidal Garza, de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, manifestaba que se debía proponer la creación de un administrador municipal que se dedique exclusivamente a la labor administrativa del municipio.
El Estudio de competitividad urbana 2010; acciones urgentes para las ciudades del futuro, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, indica que para promover otra arquitectura institucional nacional que permita mayor coordinación, eficiencia y representatividad de las autoridades urbanas, es urgente desarrollar acciones con el actual marco institucional para formalizar la figura del administrador municipal, con lo que se genera más y mejor talento para administrar ciudades, lo que al final genera innovación para integrar a las ciudades y una planeación urbana que trascienda los gobiernos municipales.
En los hechos, la figura ha tenido experiencias sobresalientes en Tijuana y Texcoco.
En el primer caso, durante los periodos 2001-2004 y 2007-2010 se le dio la atribución de planear, coordinar, realizar el seguimiento y evaluar las funciones, planes, programas y proyectos de la administración pública municipal centralizada, desconcentrada y descentralizada, con lo cual se distinguían las siguientes fortalezas:
• Separación entre lo político y lo administrativo.
• Decisiones técnicas propias de un especialista, bajo criterios sistemáticos, con la finalidad de orientar los cambios en la estructura administrativa y definir las políticas y proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio.
• Mayor coordinación en el gobierno municipal.
• Visión de largo plazo establecida en el Plan de Desarrollo Municipal.
• Promoción de acciones permanentes para modernizar la administración pública.
Igualmente, se detectaron algunas debilidades; por ejemplo:
• El establecimiento de un periodo de tres años paralelos al periodo de la administración en funciones provocó que no se diera continuidad a las acciones de gobierno.
• La institucionalización a través de un reglamento y no en ley ocasionó que las administraciones posteriores eliminaran la figura.
• La ausencia de jerarquía respecto a los titulares de las diferentes dependencias implicaba que las decisiones del administrador municipal quedaran como meras sugerencias.
En el caso de Texcoco, de 2006 a 2012, se creó la figura de gerente municipal, designado por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal y cuyas funciones son desarrollar acciones coordinadas con las áreas administrativas para presentar resultados eficaces y tener un desempeño de calidad como institución pública. Igualmente, transformar los procesos administrativos y cambiar la cultura organizacional hacia un enfoque de servicio y calidad, promover la profesionalización de los servidores públicos, realizar la medición de desempeño en las áreas de la administración pública municipal, llevar el seguimiento del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, impulsar y gestionar programas y apoyos que promuevan el desarrollo integral del municipio, entre otros.
En el ámbito legislativo estatal, el Congreso de Jalisco aprobó en diciembre de 2008 la figura denominada “gerente o coordinador de gabinete” en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado, cuya función es encargarse de las funciones propias de la administración y ejecución de los servicios públicos que se prestan de forma ordinaria.
Así, cada día es más evidente la gran relevancia del gobierno municipal como el ente más cercano a la sociedad, colocándose como el primer frente de acción para atender sus necesidades. Lamentablemente, la mayoría de los ayuntamientos no se ha modernizado, sigue ahogada en la tradición. El resultado, una realidad que prácticamente no cambia.
La figura del administrador municipal implica un replanteamiento sobre lo que significa la administración municipal y, consecuentemente, un cambio al esquema organizacional tradicional.
Con el nuevo esquema, el ayuntamiento, como máxima autoridad legislativa, se dedica a liderar la comunicación con la ciudadanía, a priorizar necesidades y a definir las políticas que se deben seguir para atender esas necesidades. El presidente municipal, como jefe del poder ejecutivo del ayuntamiento, delega al administrador la instrumentación y seguimiento al quehacer administrativo y operativo, dedicándose a lo estratégico y a tomar las decisiones necesarias a un alto nivel para fortalecer el desempeño y disponibilidad de respuesta del gobierno.
La nueva figura, en general, coordina la comunicación entre el ayuntamiento y su personal, elabora planes, presupuestos, estudios y presenta recomendaciones al ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del municipio.
De esa manera, el propósito del administrador municipal es fortalecer la administración estableciendo un esquema organizacional enfocado en brindar apoyo técnico, asesoría y ejecutar las políticas del órgano de gobierno, a la vez que lidera el control de calidad de los servicios municipales y del sistema administrativo.
Compañeras y compañeros diputados: una característica de quienes van a la vanguardia en el mundo es que han asumido una actitud sin temor al cambio, una disposición a adoptar nuevas herramientas y conceptos, pues reconocen que los viejos temores son el primer obstáculo para el desarrollo.
Sabiendo que los cambios implican riesgos, estoy segura de que los beneficios de esta reforma serán mucho más grandes que sus costos, por lo cual les pido su amable participación y aportaciones a fin de enriquecerla.
En mérito de lo fundado y motivado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único.Se reforma la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado. El ayuntamiento se auxiliará de un administrador municipal, profesionista con experiencia, electo por las dos terceras partes de sus integrantes, previa convocatoria pública, encargado de dar seguimiento integral y coordinar la ejecución de los planes, programas y proyectos de la administración pública municipal, así como orientar su planeación, programación, presupuestación y evaluación. Su nombramiento será por tiempo indefinido a efecto de procurar la continuidad de proyectos, pero podrá ser removido en cualquier momento con base en su desempeño por el mismo número de votos a propuesta de cualquier integrante del ayuntamiento y tendrá estrictamente prohibido participar en actividades políticas, partidistas o electorales.
(...)
(...)
(...)
(...)
II.a VIII. (...)
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los ayuntamientos expedirán la convocatoria respectiva dentro de un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto y realizarán el nombramiento a más tardar treinta días naturales posteriores al cierre de la convocatoria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada y diputados: Daniela de los Santos Torres,Jesús Sesma Suárez, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Daniela de los Santos Torres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación le vamos a ceder la palabra, por cinco minutos, a la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 204 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de que los centros de trabajo con más de 200 trabajadores cuenten con instalaciones para prestar el servicio de guardería.
En las últimas décadas se ha vuelto más difícil la conciliación entre las actividades laborales y las familiares. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que tanto el padre como la madre de familia se han incorporado a la actividad laboral y al incremento de hogares monoparentales.
De acuerdo con el informe de actividades 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la dependencia contó con una capacidad instalada de 142 unidades propias y mil 244 unidades en las que el servicio es proporcionado por terceros. Esto revela la insuficiencia de infraestructura del Instituto para hacer efectivo el derecho al servicio de guarderías.
Aunado a lo anterior, es preocupante saber que entre los años 2009 a 2016 la cantidad total de guarderías disminuyó de mil 568 a mil 366, 182 guarderías menos, lo que significa que más de 7 mil menores han dejado de ser atendidos.
En contraste con lo anterior, en el mismo periodo el número de trabajadores que se han visto en la necesidad de hacer efectiva la prestación del servicio de guarderías para sus hijos ha aumentado.
Por este motivo algunas empresas han optado por brindar esta prestación y han acondicionado en sus instalaciones guarderías infantiles para los hijos de sus trabajadores, a fin de coadyuvar y motivar a sus empleados, para también mejorar el clima laboral, para disminuir las ausencias por emergencias familiares e incluso para las renuncias de personal calificado.
Es en este contexto social y laboral en donde someto a esta soberanía la propuesta de adiciones a la Ley del Seguro Social, a efecto de que en determinados centros de trabajo las empresas se encarguen de acondicionar instalaciones en las que se brinde el servicio de guarderías para los hijos de sus empleados.
La medida se dirige únicamente a aquellas empresas consolidadas, con una planta laboral estable, amplia y que cuentan con una solvencia financiera que les permita sufragar los gastos implícitos en la instalación y operación de las guarderías que son materia de la presente iniciativa.
La adición que se plantea satisface una profunda demanda social que beneficia una parte al trabajador y a su familia al proporcionarles el servicio de guarderías en sus centros laborales.
En un segundo plano, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al permitirle eventualmente eficientar su ejercicio presupuestal. Y, por último, a las empresas, al fortalecer la nueva cultura laboral que debe ser basada en la conciliación de la vida laboral y familiar y así aumentar la productividad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que con medidas como esta es posible contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan un párrafo segundo, con las fracciones I y II, y uno tercero al artículo 204 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa conciliación entre las actividades laborales y familiares ha tomado especial relevancia en los últimos años, gracias a un nuevo contexto social en el que las cabezas de familia (madre y padre) y la proliferación de hogares monoparentales (en los que solo hay madre o padre) han influido en las dinámicas sociales; aspectos que a su vez están cambiando la forma en que los menores se relacionan con sus progenitores, familiares y entorno social.
Así, observamos que es más común que niñas, niños y adolescentes, hijos de trabajadoras y trabajadores, se encuentren solos en sus domicilios o, en el mejor de los casos, al cuidado de algún familiar o vecino; esta situación ya es considerada como algo muy normal, a consecuencia del difícil momento económico por el que atraviesa la mayoría de la población, al grado de ser atípico que uno de los padres se haga cargo del cuidado de los hijos.
Tratándose de la población infantil menor de 5 años, la situación es aún más complicada, tanto para los menores como para sus padres, pues de acuerdo con el informe de actividades de 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la dependencia contó con una capacidad instalada de 142 unidades propias o “de prestación directa”, así como mil 244 unidades de “prestación indirecta”, en las que el servicio es proporcionado por terceros. 1
Estos datos indican la insuficiente infraestructura con la que cuenta dicho instituto para hacer efectivo el disfrute de una prestación a la que tienen derecho los trabajadores derechohabientes, y que, ante esta realidad, el mencionado servicio es proporcionado, en su gran mayoría, por particulares.
Sin embargo, resulta preocupante que de 2015 a año 2016 no se abrieran unidades del instituto y que el número de unidades de terceros disminuyera. En efecto, de acuerdo con el informe de actividades de 2015, 2 el instituto contaba con igual número de unidades propias que el reportado un año después (2016), esto es 142; en tanto que las unidades “de prestación indirecta” disminuyó, al pasar de mil 274 unidades (con 207 mil lugares), a mil 244 (con 206 mil lugares) en 2016.
Si se consideran los datos de 2009, en comparación con la información de 2016, se tiene que en ese periodo la cantidad de unidades (de prestación directa e indirecta en su conjunto) ha presentado una tendencia a la baja, pasando de mil 568 a mil 386 unidades, es decir, 182 menos, lo que constituye una disminución en el número de menores atendidos, pues mientras que en 2009 se tenían 204 mil 169 inscritos, para 2016 la cifra fue de 196 mil 709 menores atendidos (7 mil 460 menos), situación que demuestra lo crítico del escenario.
No obstante, y pese al contexto de recesión económica, el número de personas que cotizaron al Seguro Social durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014 tuvo una tendencia a la alza, al pasar de 14 millones 673 mil a 17 millones 300 mil 915 personas; 3 ante tal incremento en el universo de trabajadores registrados, era de esperarse que el número de trabajadores que se han visto en la necesidad de hacer efectiva la prestación del servicio de guarderías para sus hijos haya aumentado.
Y, en efecto, de acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para enero de 2017 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó a 18 millones 699 mil 916 trabajadores asegurados, así como a 30 millones 622 mil 658 familiares de trabajadores asegurados, 4 datos que confirman la tendencia al alza de personas que reciben servicios por parte del IMSS, y que evidentemente contrasta con el estancamiento o disminución de la capacidad de prestar ciertos servicios a sus derechohabientes.
Ante esa realidad, algunas empresas, dentro de sus instalaciones y espacios laborales, han tenido la iniciativa de acondicionar guarderías infantiles para los hijos de sus trabajadores, especialmente para su personal femenino. Ello, en el ánimo de brindar un apoyo y motivación para sus trabajadores, mejorar el clima laboral, disminuir las ausencias por emergencias familiares e, incluso, las renuncias de personal en el que han invertido en cuanto a capacitación, profesionalización y especialización.
Estas empresas se caracterizan por contar con un alto número de personal femenino, implantar políticas laborales orientadas al desarrollo personal y profesional de su personal, ofrecer buenos paquetes de prestaciones, incluso superiores a las estipuladas por la legislación laboral y velar por el desarrollo integral de su personal; especialmente, porque han corroborado que establecer las condiciones para un mejor ambiente laboral contribuye a evitar la movilidad de personal, incrementa su productividad y eficiencia e incide en la disminución de costos, especialmente aquellos relacionados con la capacitación y desarrollo del capital humano.
Pero no sólo en el sector privado se han llevado a cabo este tipo de iniciativas; en la Cámara de Diputados, el personal sindicalizado y el de confianza que labora en el Palacio Legislativo tiene acceso a esta prestación, cuyos resultados favorables son evidentes: reducción del ausentismo, colaboradores que llevan a cabo sus labores con la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos y cerca de ellos, satisfacción por el acceso a una prestación de ese tipo, entre otros.
Esas acciones, sin que haya una obligación legal para llevarlas a cabo, se realizan no sólo en el país. En naciones como en España, su implantación ha sido materializada tanto por la iniciativa privada como por el sector público, que en diversas instancias y niveles han llevado a cabo importantes acciones en esta tesitura; por ejemplo, los Ministerios del Trabajo y el de Defensa, así como el Congreso de los Diputados y la Guardia Real, han instalado guarderías dentro de sus instalaciones, llamadas “centros infantiles”, en el ánimo de mejorar las condiciones laborales de sus empleados y, así, ayudar a hacer una realidad la tan anhelada conciliación entre la vida laboral y la familiar.
No obstante lo anterior, se trata de casos aislados, ejemplos limitados de buenas acciones que generan beneficios mutuos: las empresas e instituciones “invierten” en su recurso humano, con la certeza de que esa inversión se traducirá en beneficios presentes y futuros, en tanto que para los trabajadores se trata de una prestación extralegal que les permite generar una mayor identificación con su empleador, sentirse satisfecho, valorado y apoyado, no sólo en el ámbito laboral sino también en lo personal.
En efecto, saber que se cuenta con un apoyo tan importante como el de tener a la mano un espacio físico seguro y confiable para el cuidado de sus hijos, es la mejor garantía para tener trabajadores comprometidos y eficientes.
Atenta a lo anterior, la suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propone que se adicionen un párrafo segundo, con las fracciones I y II, y uno tercero al artículo 204 de la Ley del Seguro Social, a efecto de que en centros de trabajo en los que laboren más de 200 trabajadores, se acondicionen instalaciones en las que se brinde el servicio de guarderías para los hijos de sus empleados, al tenor de los siguientes
Argumentos
La fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como de utilidad pública la Ley del Seguro Social; asimismo, establece que dicho cuerpo normativo deberá considerar lo relativo, entre otros, al servicio de guardería.
En la Ley del Seguro Social, acorde con el mandato constitucional, se incorporó la normatividad necesaria para garantizar el disfrute de la prestación del servicio de guarderías para los hijos de las trabajadoras derechohabientes del Instituto, prestación que se hizo extensiva a los trabajadores varones que, encontrándose en situaciones especiales como el estado de viudez o divorciados que ejercen la guarda y custodia de sus hijos, pueden acceder a dicha prestación; no obstante, en estas disposiciones se reconoce que la demanda sobrepasa la capacidad del instituto para brindar el servicio, por lo que para salvar esta situación se acepta que particulares, cumpliendo con ciertos requisitos, puedan brindar el servicio, recibiendo por ello una contraprestación a cargo de la dependencia.
Así se reconoce la existencia de dos modalidades de la prestación: la denominada “prestación directa”, que se hace efectiva en las unidades pertenecientes al instituto, y la llamada “prestación indirecta”, que corre a cargo de particulares.
La Convención sobre los Derechos del Niño 5 dispone en el artículo 18 numerales 2 y 3, que los Estados parte prestarán la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones, en lo que respecta a la crianza del niño, y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los menores; asimismo, se establece que adoptarán todas las medidas apropiadas para que los padres que trabajen, y que reúnan las condiciones requeridas, tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños.
Garantizar que más trabajadores y sus hijos estén en posibilidad de acceder al servicio de guardería, no solo permite cumplir con un mandato establecido en el derecho interno, sino que, incluso, es una prestación reconocida en el ámbito del derecho internacional, al estar inscrita en un instrumento internacional, aceptado y ratificado por el Estado mexicano en términos de ley y, por ello, forma parte del orden jurídico nacional.
Ahora bien, se estima pertinente señalar que el supuesto normativo, objeto de la propuesta legislativa que nos ocupa, se trata de una figura jurídica que con variantes, se encuentra contemplada en la legislación laboral de otros países.
En efecto, en el artículo 203 del Código del Trabajo vigente en la República de Chile, se obliga a empresas que ocupen a más de veinte trabajadoras de cualquier edad y estado civil a tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan alimentar a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo, además de que dichas salas, para su funcionamiento, deberán contar con autorización del Ministerio de Educación.
El precepto en cita establece que el empleador cumple con la obligación señalada en ese artículo si paga los gastos de la sala de cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve a sus hijos menores de dos años.
Tanto el derecho de la trabajadora como la obligación por parte del empleador a proporcionar la sala de cuna, se tratan de prerrogativas y obligaciones de carácter irrenunciable; lo anterior, de conformidad con lo considerado en el inciso 2o. del artículo 5o. del Código del Trabajo referido.
En la República de Argentina hay un precepto legal similar al del caso chileno, concretamente, en la Ley de Contrato de Trabajo en vigor, el artículo 179, en su parte final, señala: “[...] En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderíaspara niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”. Como resulta evidente, la legislación argentina señala la obligación, por parte de la patronal, de habilitar guarderías para aquellos niños de una edad mínima que una norma reglamentaria se encargaría de señalar; al respecto, en fecha reciente (14 de febrero de 2017), la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Ejecutivo federal argentino que reglamentara en un plazo de 90 días el referido artículo 179, a efecto de que las trabajadoras argentinas y sus hijos puedan ejercer dicho derecho.
Como resulta evidente, la propuesta legislativa que estamos presentando a esta Soberanía es acorde con la normatividad internacional, reconocida debidamente por el Estado mexicano y concordante con el orden jurídico imperante en otros países de nuestro continente, como fiel reflejo, en otras latitudes, de importantes esfuerzos voluntarios de instancias públicas y privadas comprometidas con el desarrollo de sus trabajadoras y trabajadores.
La iniciativa planteada considera que las empresas obligadas podrán hacer efectivos ciertos incentivos fiscales que al efecto sean considerados con la debida oportunidad en la normatividad correspondiente. Esta propuesta atiende a dos consideraciones: las empresas llevarán a cabo importantes inversiones para dar cumplimiento a la obligación que, eventualmente, será incorporada en la Ley; asimismo, se estima pertinente que por esa inversión, en favor de su personal y de sus hijos, sea retribuida con los apoyos por parte de la autoridad. Así también, la entrada en vigor de esta nueva normatividad traerá como consecuencia una despresurización a la condición económica por la que actualmente atraviesa el Instituto Mexicano del Seguro Social, situación que se refleja, en lo que nos interesa, en el nulo crecimiento de las instalaciones destinadas al servicio de guarderías.
El instituto, una vez que entre en vigor la reforma que se plantea, podrá llevar a cabo un más eficiente ejercicio de su gasto, porque eventualmente se verá apoyado en la ampliación del servicio de guarderías, por aquellas empresas que se encuentren en el supuesto jurídico, materia de esta propuesta legislativa. Con ello, se pretende garantizar la prestación del servicio, ampliar dicha prestación y dar certeza a las y los trabajadores respecto a las condiciones en que sus hijos se encuentran en las guarderías.
Por otro lado, se plantea que el número de trabajadores que deberán considerarse en un centro laboral, para que éste se encuentre en el supuesto jurídico de la propuesta, es una cantidad que no incurre en una acotación arbitraria, en razón de que se exime de esta obligación a aquellas empresas que pueden ser calificadas como pequeñas y medianas empresas, en las que descansa un importante porcentaje de la actividad empresarial, industrial y comercial de la economía nacional, y que son precisamente las que mayores contratiempos enfrentan para consolidarse en un ambiente económico complicado.
Esta medida, básicamente, se dirige a aquellas empresas consolidadas, con una planta laboral estable y amplia, y que, incluso, pueden tener más de un centro laboral, por lo que en consecuencia cuentan con una mayor solvencia financiera que les permita sufragar los gastos implícitos en la instalación de las guarderías que son materia de la presente iniciativa.
Por todo lo expresado se estima que con la adición del precepto legal contenida en la propuesta legislativa que se plantea se satisface una profunda demanda social, a efecto de garantizar el pleno ejercicio y disfrute de una prestación social que beneficia, por una parte, al trabajador junto con su familia; en un segundo plano, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al permitirle, eventualmente, volver eficiente su ejercicio presupuestal y, por último, a fortalecer una nueva cultura laboral, basada en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 76 a 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan un párrafo segundo, con las fracciones I y II, y uno tercero al artículo 204 de la Ley del Seguro Social
Único. Se adicionan un párrafo segundo, con las fracciones I y II, y uno tercero al artículo 204 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.
En establecimientos o centros de trabajo en los que trabajen más de 200 trabajadores deberán acondicionarse instalaciones para prestar el servicio de guardería, cuando
I. No haya instalaciones especiales para brindar el servicio de guardería establecidas por el Instituto cerca de los establecimientos o centros de trabajo; y
II. Las instalaciones establecidas por el Instituto se encuentren rebasadas en su capacidad de atención y no exista disponibilidad de espacios para atender a los hijos de trabajadores del establecimiento o centro laboral de que se trate.
Las instalaciones deberán cumplir los requisitos y condiciones en las que operan las establecidas y operadas por el Instituto en términos de la normatividad aplicable; el Instituto determinará los mínimos y máximos de menores a los que se prestará el servicio referido en el párrafo segundo de este artículo. Los empleadores sufragarán los gastos generados por su acondicionamiento e instalación, así como los derivados por la operación de las mismas, para lo cual podrán solicitar los incentivos fiscales que al efecto sean considerados en las leyes respectivas.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El instituto contará con 180 días naturales para expedir las normas reglamentarias que se deriven por la entrada en vigor del presente decreto.
Notas
1 Fuente:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20152016/10-Cap06.pdf Consultada el 21 de marzo de 2017.
2 Fuente:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/10_Cap06.pdf Consultada el 22 de marzo de 2017.
3 Fuente:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/ GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=461&c=27451 Consultada el 22 de marzo de 2017.
4 Fuente:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=emp28&s=est &c=25728 Consultada el 23 de marzo de 2017.
5 Aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990; entró en vigor para el Estado mexicano el 21 de octubre de 1990, previa ratificación por el Senado de la República el 21 de septiembre de 1990, fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz(rúbrica).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Mirna Isabel Saldívar. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, quien presenta iniciativa a nombre del diputado Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar dos iniciativas en una sola intervención.
La primera de ellas, proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Adelante, diputado.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, diputadas que aún están en el pleno. Agradecer tener la oportunidad de cerrar esta sesión por parte de mi Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Las compras gubernamentales y la asignación de obra pública han sido dos islas de corrupción que representan grandes fugas de recursos públicos y que reproducen vicios y patrones de colusión y complicidad que debemos de atajar con mucha seriedad, si realmente queremos asumir el compromiso del combate a la corrupción.
Tenemos múltiples botones de muestra que dejan ver estas prácticas, la llamada Estafa Maestra, la proliferación de empresas fantasmas, las irregularidades evidenciadas en el socavón de la carretera Cuernavaca, la opacidad generalizada en los procedimientos de las adjudicaciones directas, entre muchos otros.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que debemos enfrentar de manera prioritaria las aristas y recovecos que hoy facilitan la construcción de estas redes de complicidad y corrupción, en torno a los procesos de compras gubernamentales y asignación de obra pública.
No podemos olvidar que en la confección del sistema nacional anticorrupción, si bien se realizaron diversos ajustes y se pueden mencionar avances en la regulación de estos procedimientos como fue la creación del sistema de compras gubernamentales, sin embargo quedó pendiente una revisión integral y exhaustiva de las legislaciones específicas en materia de decisiones y de obras públicas.
Por ello, el día de hoy, a nombre del diputado Clemente Castañeda, me permito presentar dos iniciativas de reforma a los ordenamientos legales en estas materias. Ambas reformas plantean lo siguiente:
En primer lugar, planteamos que la licitación pública sea la regla y no la excepción como sucede hoy. Por ello se reducen las excepciones para realizar las licitaciones públicas y se reduce el porcentaje máximo para adjudicar contratos por invitaciones restringidos o adjudicación directa, pasando de 30 a 20 por ciento.
En materia de transparencia, se establece la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información oportuna a la plataforma digital nacional del naciente sistema nacional anticorrupción.
En materia de participación ciudadana, proponemos ampliar la participación obligada de los testigos sociales en esos procedimientos.
Planteamos un mecanismo para eliminar la triangulación en las compras derogando la disposición que permite adjudicar directamente adquisiciones mediante triangulaciones con instituciones de educación superior, y así evitar otra estafa maestra.
Proponemos ampliar las funciones de los comités de obras públicas, quienes deberán publicar un informe trimestral de las contrataciones realizadas.
En materia de competencia económica, las empresas deberán demostrar la documentación que acredite la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.
Para combatir a las empresas fantasma, el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción establecerá lineamientos para verificar la existencia física y real del domicilio de las empresas.
Proponemos un esquema de supervisión para que los órganos internos de control acudan a los sitios de obra pública en la ejecución para ver su avance y calidad, debiendo levantar el acta de visita e inspección correspondiente.
Finalmente, en materia de fortalecimiento de las instituciones, el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción deberá establecer los criterios y lineamientos para la asignación de obra pública.
Estas reformas que recorren todo el andamiaje de las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas deben ser una prioridad de esta Legislatura, deben ser asumidas como una de las grandes tareas pendientes que tenemos en materia de combate a la corrupción.
Por ello, esperamos que esta Legislatura durante este periodo de sesiones se decida por fin a sacarlas adelante. Es cuanto, gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosI. Los requerimientos de bienes y servicios que las dependencias públicas demandan para el cumplimiento de sus programas institucionales, constituyen medios necesarios para la realización de sus objetivos públicos. Por ello los entes públicos cuentan con partidas presupuestales para la compra de bienes y servicios, en donde deben asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
Sin embargo, los recursos públicos destinados para la compra de bienes y servicios no se encuentran suficientemente blindados ante actos de corrupción cometidos tanto por gobernantes y funcionarios públicos como por empresas y contratistas, que de manera irregular, influyen o se coluden para favorecer la adjudicación de determinadas empresas, en perjuicio de un eficaz ejercicio de los recursos públicos y en demerito del precio, calidad y cantidad de los bienes adquiridos, o aún peor, mediante la opacidad y discrecionalidad de los procedimientos de adquisiciones se favorece a empresas inexistentes, conocidas como empresas fantasma, constituyendo un doble fraude y robo de recursos públicos, pues por una parte se desvían los recursos simulando compras y por otra se deja de atender a la población requirente de los bienes que son pagados pero nunca entregados.
Como lo demuestra la más reciente investigación realizada por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en el portal electrónico de periodismo digital Animal Político, el pasado 5 de septiembre del presente año 2017, denominada La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público,reportaje que con base a información de la Auditoría Superior de la Federación derivada de la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 demuestra un ilegal y reiterado esquema de operación en el que el común denominador es la utilización de empresas fantasma para desviar, recursos públicos, como se muestra a continuación:
El Gobierno Federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
La investigación evidencia como 11 instituciones del más alto nivel federal han replicado un esquema para eludir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y evitar la realización de licitaciones públicas utilizando instituciones de educación superior para llevar a cabo adjudicaciones directas, desviando el espíritu de la Ley vigente establecido en el artículo 41 fracción X que se transcribe a continuación:
Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
[...]
X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación.
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
Las instituciones federales y los montos que destinaron para triangular recursos que terminaron en empresas fantasma son las siguientes:
Al respecto la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad da cuenta de lo siguiente:
El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51 por ciento del servicio contratado.
Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51 por ciento.
Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento del total del convenio.
Por ello, los procesos de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realiza el sector público requieren de una urgente revisión y un cambio sustancial para lograr una mayor transparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos y competencia entre proveedores, así como para propiciar un mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones administrativas y, en su caso, penales por hechos de corrupción relacionados con procedimientos y compras irregulares.
Debe recordarse que en julio de 2016 se publicaron las reformas que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Ley General de dicho sistema y la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras reformas que constituyen un importante avance institucional en el combate a la corrupción. Sin embargo, en dicho paquete de reformas no se abordó de manera integral el problema de las adquisiciones del sector público, cuestión que por lo tanto representa un pendiente y un reto en materia legislativa que la presente iniciativa aborda y busca complementar.
II. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente se encuentra rebasada ante la constante evidencia de múltiples casos de corrupción. De acuerdo al estudio denominado Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas, presentado en 2014 por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), destaca lo siguiente para el caso mexicano:
“... a pesar de que en México se han dado avances legislativos en materia de adquisiciones públicas, aún subsiste un marco jurídico insuficiente e ineficaz para combatir la corrupción, un mal funcionamiento de las instituciones públicas, poca confianza de la comunidad empresarial en los políticos y falta de eficacia en la competencia.
“...entre las prácticas más frecuentes relacionadas con irregularidades en contrataciones y compras del gobierno mexicano se encuentran los sobornos y pagos irregulares a funcionarios, el desvío de fondos públicos para beneficiar a ciertas empresas, el ‘despilfarro’ del erario, la poca transparencia en políticas de gobierno.
“en ocasiones, los proveedores actúan de mala fe, puesto que cambian la calidad del producto al momento de ejecutar el contrato, a pesar de lo cual, los instrumentos de verificación que emplea la autoridad son ineficaces, ya que no se aplican como procedimiento regular, lo cual genera el riesgo de no constatar la calidad del contrato.”
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de Cuenta Pública 2015, señala:
Las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos.
Actualmente existen elementos incluidos en el citado ordenamiento jurídico, que son susceptibles de interpretación por parte de los servidores públicos responsables de aplicar la norma.
Lo anterior genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia claras situaciones de riesgos de fraude y corrupción que han sido señaladas por la ASF y que han derivado en la promoción de responsabilidades administrativas o penales, en anteriores revisiones de Cuentas Públicas.
Con información periodística se puede constatar que la opacidad y la falta de supervisión asociada a la adquisición de bienes y servicios continúan siendo fuente de corrupción y desvíos de recursos públicos en todos los órdenes de gobierno, como se advierte en el siguiente ejemplo:
La SEP compra cubrebocas con 9833 por ciento de sobreprecio al grupo Molleda
“El andamiaje de la corrupción se explica a partir de un solo elemento: el dinero. Newsweek en Español ha documentado, en dos entregas previas, la forma en la que al menos una decena de empresas unidas por el mismo apoderado, Luis Francisco Molleda Cámara, simulan competencia para hacerse de licitaciones públicas en México. Por ejemplo, un cubrebocas que vale 60 centavos en promedio, en este sexenio la SEP lo pagó en 59 pesos. No compró unos cuantos. En 2013, la dependencia adquirió 45 000 piezas, por las que tendría que haber pagado alrededor de 27,000 pesos y no los 2,655,000 que erogó de las arcas públicas. El grupo Molleda vendió a esta secretaría de Estado cada cubreboca con un sobreprecio del 9833 por ciento, un fraude altamente lucrativo que alcanza para corromper a funcionarios gubernamentales y líderes sindicales, entre otros.”
Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha detectado la facturación de más de 900 mil millones de pesos a través de operaciones simuladas por parte de más de diez mil empresas fantasma en todo el territorio nacional.
También debe destacarse que este tipo de problemas no sólo se identifican en los procesos de adquisiciones nacionales, ya que actualmente existe una investigación a nivel sobre la empresa brasileña Odebrecht que admitió el pago indebido (cohecho) de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, con la finalidad de obtener contratos.
De lo anterior, cabe señalar que la legislación actual en materia de adquisiciones excluye en su artículo primero a las empresas productivas del Estado como el caso de Pemex, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias, ejemplo de ello, es que la Secretaría de la Función Pública detectó que funcionarios públicos de Pemex realizaron pagos indebidos a una empresa por la supuesta ejecución de una obra que no fue realizada y por la compra de equipo que no fue entregado por un monto estimado de 35 millones 168 mil 419 pesos.
La propuesta para que las empresas productivas del estado también se sujeten a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público encuentra su razón en el volumen e impacto económico de las adquisiciones que dichas empresas públicas realizan, pues con base al estudio de la OCDE “Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México - Informe CFE 2015”, destaca que la Comisión Federal de Electricidad es la segunda entidad pública más grande en términos del presupuesto asignado para adquisiciones en México, representando el 20 por ciento de todas las adquisiciones federales (ello sin contar Pemex).
En el Informe de la Cuenta Pública 2014, la ASF hace referencia a las excepciones que la Ley de Adquisiciones vigente permite para asignar discrecionalmente contratos por adjudicación directa y sin licitación, apuntando lo siguiente:
“La ASF ha identificado en diversas revisiones la práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependenciasy entidades de la Administración Pública Federal a universidades públicas, institutos de educación y dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno.”
“Se abusa utilizando esta figura, haciendo adquisiciones que en ocasiones van a parar a manos de terceros, Un ejemplo: se contrata a una universidad para que haga un edificio, (ahí) no tiene nada que hacer una universidad”
III. Para Movimiento Ciudadano resulta fundamental no sólo hacer valer la ley y sentenciar a los responsables de delitos y hechos de corrupción, sino también fortalecer el marco normativo a través de la transparencia y la supervisión interinstitucional para poner orden en los procesos de adquisiciones en nuestro país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece de manera puntual los principios fundamentales por los cuales se deben regir los procedimientos de contratación, como son la eficiencia, economía, transparencia y honradez:
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”
No obstante, lo anterior, los procedimientos de adquisiciones continúan envueltos en problemáticas de soborno, cohecho, conflicto de intereses o colusión, generando altos costos financieros, sociales y políticos.
Ante este diagnóstico, resulta impostergable plantear reformas para implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y prevención de hechos de corrupción en el marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se propone fortalecer la transparencia mediante las siguientes modificaciones:
• Ubicando a los ciudadanos en el centro de la difusión de la información en materia de adquisiciones, estableciendo la creación de un Portal de Difusión de Adquisicionescomo medio de acceso a la información para la sociedad, lo que permitirá, por ejemplo, que un derechohabiente del sector salud pueda constatar que la medicina que recibe corresponde con la calidad y características adquiridas por la dependencia que se la entrega.
• Se establece la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información para alimentar la Plataforma Digital Nacional del naciente Sistema Nacional Anticorrupción conformada, entre otros, por el Sistema de Contrataciones Públicas.
• Recogiendo una propuesta de mejora legislativa por parte de la Auditoría Superior de la Federación en su informe de Cuenta Pública 2014, se propone la obligación de publicar la información de las empresas que son subcontratadas por parte de la empresa adjudicada, debiendo precisar los montos y conceptos subcontratos con terceros.
• Se establece la obligación de publicar el documento que justifique cuando se exceptúe la realización cualquier licitación pública, así como remitirlo al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Se establece la obligación de publicar en el Portal de Difusión de Adquisiciones el informe que mensualmente las áreas contratantes por las vías de invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas deben remitir a los órganos internos de control, debiendo enviar copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
En materia de participación ciudadana, se proponen las siguientes reformas:
• Se propone que la selección y el padrón público de los Testigos Sociales se desvincule de las dependencias del Ejecutivo Federal, como es la Secretaría de la Función Pública, para que quede bajo la responsabilidad directa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
• En el artículo 26 Ter, de los cinco millones de salarios mínimos que establece la legislación actual para que participen los testigos sociales y que equivalen a 400 millones de pesos, la presente propuesta lo reduce a ciento cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización que representa 11 millones 300 mil pesos, con la finalidad de poder contar con una mayor vigilancia en los procedimientos de licitación de la presente Ley.
En materia de rendición de cuentas, se plantan las siguientes modificaciones:
• Todos los servidores públicos que por sus funciones establecidas en los reglamentos internos, manuales de organización y de procedimientos, intervengan en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público, deberán registrarse en el Sistema de Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción, así como publicar anualmente su declaración patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción.
• En caso de que un testigo social en su testimonio detecte o refiera probables irregularidades en los procedimientos de contratación, el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad convocante iniciará de oficio la investigación correspondiente, informando la radicación del asunto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para su seguimiento.
• Se establece la obligación para que los órganos internos de control supervisen la debida implementación del protocolo de actuación en contrataciones públicas emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entrará en vigor el próximo 19 de julio del presente año.
• También se faculta y obliga a los Órganos Internos de Control de los entes públicos contratantes para que realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes, y con ello evitar fraudes y simulaciones como los que han ocurrido a través de las empresas fantasmas.
• Se prevé que cualquier modificación a los contratos debe informarse a los órganos internos de control y publicarse junto con la respectiva justificación que la origine, tanto en Declaranet como en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente público correspondiente, asimismo se deberá remitir copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones, para con ello evitar prácticas que en los hechos modifican las condiciones de adquisición como el precio de los bienes con respecto a los realmente pagados.
• Se propone que las áreas requirentes y responsables de la recepción de los bienes y servicios contratados, informen a los Órganos Internos de Control la fecha y lugar acordado para la entrega por parte del proveedor, con la finalidad de que un represente del Órgano Interno de Control atestigüe la entrega y recepción en los plazos estipulados, o en su caso que se inicie el procedimiento de aplicación de penas convencionales.
Para fortalecer la competencia económica, se plantea:
• Las dependencias o entidades deberán abstenerse de restringir la libre competencia o establecer características injustificadas orientadas a limitar la oferta de participantes.
Se propone que, en caso de empate por parte de los competidores, se decretará un ganador cuando una propuesta presente mejores condiciones para la preservación del medio ambiente.
• En caso de que el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular responsable deberá emitir una nueva invitación, pues actualmente se establece que se pueda adjudicar el contrato directamente, lo que en la práctica puede resultar en favorecer a algún participante y en restringir la competencia.
• Se plantea la ampliación del plazo para la presentación y apertura de proposiciones de la convocatoria de licitación, pasando de veinte días en licitaciones internacionales y quince días en las nacionales, a veinticinco y veinte días respectivamente, a fin de evitar ampliar la oferta de concursantes y no limitar la competencia.
Para generar mayor eficiencia presupuestal, se propone:
• Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones deberán justificar que la erogación tenga relación directa con un beneficio asociado al cumplimiento de sus objetivos y fines establecidos.
• Con la finalidad de evitar gastos fortuitos por pérdida o robo de los bienes obtenidos, deberán asegurarse las dependencias o entidades de tomar las medidas necesarias para la protección y custodia, tanto en términos físicos como jurídicos y mantener actualizado su control e inventarios de manera semestral.
• Se derogan nueve de las veinte fracciones que la Ley vigente contempla para que los entes públicos puedan adquirir bienes sin llevar a cabo un proceso de licitación pública, por considerar que en ninguna de ellas exista causa justificada para no llevar a cabo el procedimiento de licitación, con lo que se busca reducir la discrecionalidad para otorgar adjudicaciones directas que es el mecanismo que más se presta para realizar actos de corrupción y favorecer a algún participante.
• Se reduce el porcentaje máximo de contratación permitido para adjudicar contratos de adquisiciones por la vía de invitaciones restringidas o de adjudicación directa, bajando del 30 por ciento que actualmente establece la Ley a un 20 por ciento, para con ello aumentar la competencia de proveedores vía licitaciones públicas y reducir las invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
• Se actualiza la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con respecto al nuevo marco establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Toda vez que en la Ley vigente sólo se refiere a la Secretaría de la Función Pública como facultada para imponer sanciones, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 19 de julio del presente año, tratándose de faltas graves las sanciones deben ser impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las no graves por los respectivos Órganos Interno de Control, de manera que se realizan las adecuaciones correspondientes.
El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:
En Movimiento Ciudadano consideramos que resulta fundamental contrarrestar los altos índices de corrupción, la colusión y la simulación que se presentan en las distintas etapas de los procedimientos que establece la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por ello, los recursos públicos que manejan las dependencias o entidades deben de complementarse con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como permitir a los interesados y a la ciudadanía intervenir en forma activa y eficaz en el seguimiento de los resultados por parte del poder público.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Único. Se reforman el primer párrafo, la fracción VI, el tercer, cuarto y penúltimo párrafo del artículo 1, primer y segundo párrafo de la fracción II, fracción IX del artículo 2, el tercer párrafo del artículo 7, el artículo 12 Bis, el primer párrafo del artículo 19, la fracción IX del artículo 20, el artículo 21, la fracción IV y VII del artículo 22, el séptimo párrafo del artículo 26, primer párrafo, las fracciones I, II, III, el inciso g) de la fracción III, el inciso b), c) de la fracción IV, antepenúltimo y penúltimo párrafo del artículo 26 Ter, el penúltimo párrafo del artículo 29, el artículo 30, el primer, segundo, y tercer párrafo del artículo 32, el primer párrafo del artículo 33, el primer y tercer párrafo del artículo 34, la fracción tercera del artículo 35, el último párrafo del artículo 36 Bis, el cuarto párrafo del artículo 37, el primer párrafo del artículo 37 bis, el tercer párrafo del artículo 38, el primer, segundo, cuarto y quinto párrafo del artículo 40, el primer, el penúltimo y último párrafos del artículo 41, el primer, cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo 42, la fracción primera, segunda, el último párrafo de la fracción III y la fracción cuarta del artículo 43, el cuarto párrafo del artículo 52, el primer y segundo párrafo, la fracción II, el inciso g) y f) de la fracción III y penúltimo párrafo del artículo 56, el primer y segundo párrafo del artículo 56 Bis, el tercer párrafo del artículo 57, el primer y segundo párrafo del artículo 59, el primer párrafo, la fracción IV y último párrafo del artículo 61, el primer y segundo párrafo del artículo el artículo 62, el primer párrafo del artículo 65, el primer párrafo del artículo 66, el primer y segundo párrafo del artículo 76. Se adicionan el sexto y séptimo párrafo recorriendo los actuales en su orden del artículo 1, la fracción XIII, XIV, XV, XVI del artículo 2, el cuarto, quinto y sexto párrafo del artículo 7, se adiciona la fracción X del artículo 20, un tercero y cuarto párrafo de la fracción III, la fracción VIII y último párrafo del artículo 22, se adicionan un quinto, un antepenúltimo y último párrafos del artículo 26, un antepenúltimo párrafo del artículo 34, último párrafo del artículo 41, las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 50, un último párrafo en el artículo 52, un segundo párrafo del artículo 53, los incisos h), i), j) y k) del artículo 56, una quinta fracción en el artículo 61. Se derogan la fracción VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XIX del artículo 41, el último párrafo del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el segundo párrafo del artículo 53, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas, honradez, buenas prácticas y gobierno abierto, en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:
I. a V. [...]
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicará cuales de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal se excluyen de la aplicación de la presente Ley.
[...]
Excepcionalmente, previa justificación suscrita por el titular y autorizada por la respectiva junta directiva o consejo de gobierno, las adquisiciones, arrendamientos y serviciosque contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias podrán quedar excluidos de la aplicación de este ordenamiento debiendo informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Públicao la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
[...]
Para la asignación del contrato, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, en su caso, especificará el porcentaje que requerirá de la subcontratación con terceros proporcionando el detalle de los nombres de proveedores, montos y conceptos de los subcontratos realizados con terceros.
Lo anterior, sin excepción alguna deberá ser publicado en las páginas de las dependencias o entidades y en el Portal de Difusión de Adquisiciones en un plazo no mayor a diez días hábiles. Salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada o confidencial, en los términos de la Ley aplicable.
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública previa aprobación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.
[...]
Artículo 2.[...]
I. [...]
II.CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de los entes públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga; Asimismo deberá proporcionar la información que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción le requiera para la instrumentación de los sistemas a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
II. a VIII. [...]
IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México,conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
X a XII. [...]
XIII. Entes Públicos: Los señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley, así como las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias.
XIV. Portal de Difusión de Adquisiciones: El Sistema electrónico de información y difusión pública del: programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de las etapas y procedimientos de convocatorias, licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas realizadas para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público por los entes públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley.
El Portal de Difusión de Adquisiciones publicará la información con base a los lineamientos que para su efecto emita del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
XV. Sistema de Información Pública de Contrataciones: El sistema electrónico de información pública que forma parte de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción establecida en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
XVI. Conflicto de intereses: Se entenderá como conflicto de intereses cuando un servidor público de acuerdo a su cargo, empleo o comisión no se abstiene o excusa y produce un acto o negociación para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios y que tengan como resultado la obtención de un beneficio patrimonial o económico indebido y afecte el desempeño imparcial de sus funciones.
Artículo 7. [...]
[...]
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer los criterios y lineamientos de las cuales se desprendan las mejores condiciones para fortalecer la rendición de cuentas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Todos los servidores públicos que por sus funciones establecidas en los reglamentos internos, manuales de organización y de procedimientos, intervengan en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público, deberán registrarse en el Sistema de Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción, así como publicar anualmente su declaración patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá el protocolo de actuación en contrataciones que los Órganos Internos de Control de cada ente público deberán implementar.
Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.
Artículo 19.Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate y deberán justificar que la erogación tenga relación directa con un beneficio asociado al cumplimiento de sus objetivos y fines establecidos.
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 20.[...]
I a VIII [...]
IX. Tomar las medidas necesarias para la protección y custodia, tanto en términos físicos como jurídicos y mantener actualizado su control e inventarios de manera trimestral.
X.[...]
Artículo 21. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su Portal de Difusión de Adquisiciones, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 22. [...]
I. y II. [...]
III. [...]
[...]
Los comités, previo a iniciar cualquier procedimiento de adquisición o arrendamiento de bienes y servicios, deberán contar con un dictamen de suficiencia presupuestal especificando la partida origen de los recursos emitido por el área financiera o presupuestal del ente público que corresponda, así como contar con el diagnóstico de necesidades que justifique la adquisición o arrendamiento de los bienes o servicios elaborado por el área requirente.
Los comités deberán hacer llegar a los titulares de las dependencias o el órgano de gobierno de las entidades correspondientes, información de los costos y precios que rigen en el mercado respecto de los bienes y servicios materia de adquisiciones o arrendamiento, así como los criterios y opiniones para fortalecer los elementos de concurso y asignación de contratos.
IV.Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución , los Comités deberán emitir y publicar en el Portal de Difusión de Adquisiciones el documento que trimestralmente se derive del análisis del informe de conclusión y resultados generales de las contrataciones.
V y VI. [...]
VII. Emitir una opinión sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y entrega ofertadas por los proveedores en materia de la presente Ley.
VIII.Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
[...]
[...]
[...]
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer lineamientos para que los Órganos Internos de Control de los entes públicos contratantes realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes.
Artículo 26. [...]
I. a III. [...]
[...]
[...]
[...]
Las dependencias o entidades deberán de abstenerse de restringir la libre competencia o establecer características injustificadas orientadas a limitar la oferta de participantes.
[...]
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, los entes públicos deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado, la investigación de mercado que hace referencia el presente artículo deberá publicarse en los respectivos portales de Difusión de Adquisiciones de cada ente público.
[...]
[...]
[...]
[...]
Todas las etapas y procedimientos establecidos en cualquiera de las modalidades de contratación a que se refiere el presente artículo, se tendrán que publicar en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente Público que corresponda, así como en el Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada o confidencial, en los términos de la Ley aplicable.
[...]
En todo momento, dentro o fuera de los procedimientos a que se refiere la presente Ley, los servidores públicos de los Entes públicos contratantes deberán abstenerse de recibir, solicitar, aceptar, para él, cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta cuarto grado por afinidad o civiles o para terceros que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, un beneficio económico, patrimonial o de cualquier tipo, así como donaciones dadivas, servicios, empleos, cargos o comisiones de las personas físicas o morales concursantes o adjudicadas.
Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el resultado de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por ciento cincuenta mily en aquellos casos que determine el Órgano Interno de Control atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:
I. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupcióntendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que se publicará en CompraNet y en el Sistema de Información Pública de Contratacionesy se integrará al expediente respectivo.
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
III. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, acreditará como testigos sociales a aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:
a) a f) [...]
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sobre esta Ley y Tratados, y
h) [...]
IV. [...]
a) [...]
b) Los testigos sociales podrán participar en todas las etapas de los procedimientos ydar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y
c)Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar al Órgano Interno de Control y copia del mismo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su participación en los Portales de difusión de Adquisiciones del Ente Público que corresponda, así como en el Sistema de información pública de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
En caso de que el testigo social en su testimonio detecte o refiera probables irregularidadesen los procedimientos de contratación, el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad convocante iniciará la investigación correspondiente,informando la radicación del asunto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquellos casos en que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. Toda contratación que actualice el supuesto de excepción, deberá justificarse y remitirse al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Artículo 29.[...]
I. a XV. [...]
XVI. [...]
[...]
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, los entes públicos deberándifundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.
[...]
Artículo 30. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y del Portal de difusión de Adquisiciones del Ente Público convocantey su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.
Artículo 32. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinticinco días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet.
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de veinte días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el documento que exponga y justifique la reducción de plazos deberá suscribirlo el titular del área responsable de la contratación y remitirá copia del mismo al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
Artículo 33. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, y en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente Público correspondientea más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Asimismo, deberá informar de las modificaciones realizadas al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
[...]
Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
[...]
El Órgano Interno de Control de la convocante verificará la implementación del Protocolo de Actuación en Contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
[...]
Artículo 35.[...]
I. a II. [...]
III.Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. El acta con la información referida en la presente fracción deberá publicarse en Declaranet y en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente público que corresponda, asimismo, en caso de diferimiento del fallo, el aviso además de publicarse en los portales anteriores, también deberá remitirse alSistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
Artículo 36 Bis. [...]
I a III. [...]
[...]
En caso de empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que presente mejor grado de protección al medio ambiente.En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se trate.
Artículo 37.[...]
I. a VI [...]
[...]
[...]
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet y en el Portal de Difusión de Adquisicionesel mismo día en que se emita, debiendo remitir copia del acta al Sistema de Información Pública de Contrataciones. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 37 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Simultáneamente se publicará en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente Público correspondiente y remitirá copia del acta de aclaración al Sistema de Información Pública de Contrataciones. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
[...]
Artículo 38. [...]
[...]
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria. Cuando los requisitos o el carácter sea modificado con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.
[...]
[...]
Artículo 40.En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, los entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. Asimismo, el documento que justifique la excepción que refiere el presente artículo, se publicará en el Portal de Difusión de Adquisiciones del Ente Público que corresponda y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia, entidad o ente público de que se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato, asimismo se remitirá copia de este informe al Sistema de Información Pública de Contrataciones y deberá publicarse en el Portal de difusión de Adquisiciones del Ente Público.No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 fracción IV de este ordenamiento.
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las fracciones III, VII, IX primer párrafo y XVII del artículo 41 de esta Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección.
[...]
Artículo 41. Las dependencias, entidades y entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupciónpodrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
I. aVII. [...]
VIII. Derogado
IX. [...]
X. Derogado.
XI. Derogado.
XII. Derogado.
XIII. Derogado.
XIV. Derogado.
XV. Derogado.
XVI. Derogado.
XVII. y XVIII. [...]
XIX. Derogado.
XX. [...]
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo y XX será responsabilidad del área usuaria o requirente.
Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones VII y IX primer párrafo.
Toda contratación que actualice cualquier supuesto de excepción, deberá justificarse y remitirse al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 42. Las dependencias, entidades y entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupciónpodrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
[...]
[...]
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad o ente público deberá emitir y difundir una nueva invitación.
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. Las cotizaciones deberán publicarse en el Portal de difusión de adquisiciones del ente público correspondiente y remitir copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 43. [...]
I.Se difundirá la invitación en CompraNet y se publicará en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente público que corresponda y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control del ente público, quien supervisará que se implemente el protocolo de actuación en contrataciones públicas emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
III.Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante deberá declarar desierta la invitación y deberá iniciar un nuevo procedimiento de invitación;
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a diezdías naturales a partir de que se entregó la última invitación, y
V. [...]
Se deroga
Artículo 50. [...]
I. a XIII. [...]
XIV. Aquellos licitantes que prometan, ofrezcan o entreguen un bien patrimonial o económico a un servidor público o a un tercero que tenga relación con esté, a cambio de que el servidor público intervenga en cualquier acto realizado derivado con sus funciones, con el objeto de beneficiar o favorecer algún participante independientemente del resultado obtenido;
XV. Aquellos licitantes que simulen actuar como competencia en el procedimiento, pero pertenecen a un mismo grupo empresarial, con el objeto de limitar a los demás concursantes;
XVI. Aquellos licitantes que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por cualquier medio;
XVII. De cualquier persona que promueva o use su influencia o intimide mediante su poder económico o político, real o ficticio, a cualquier servidor público con el objeto de beneficiar algún participante, independientemente del resultado obtenido;
XVIII.Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.
[...]
[...]
Artículo 52. [...]
[...]
[...]
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. Cualquier modificación a los contratos deberá informarse a los órganos internos de control y publicarse con su respectiva justificación, en Declaranet y en el Portal de Difusión de Adquisiciones del ente público correspondiente, asimismo informará y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos periódicamente deberán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los sitios de entrega o receptores de los bienes, arrendamientos o servicios contratados, e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, debiendo levantar el acta de la visita e inspección correspondiente.
Artículo 53. [...]
Las áreas requirentes y responsables de la recepción de los bienes y servicios contratados informarán a los Órganos Internos de Control de sus respetivos entes públicos, la fecha y lugar acordado para la entrega por parte del proveedor de los bienes y servicios contratados, con la finalidad de que un represente del Órgano Interno de Control atestigüe la entrega y recepción en los plazos estipulados, o en su caso que se inicie el procedimiento de aplicación de penas convencionales a que hace referencia el presente artículo.
[...]
[...]
Artículo 56. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir al Sistema Nacional Anticorrupción, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que está les requiera
[...]
I. [...]
II. Propiciar la transparencia, la rendición de cuentas y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y
III.
[...]
a) a e) [...]
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
g) El registro de proveedores, particulares y servidores públicos sancionados;
h) El registro de adjudicaciones directas por ente público contratante, precisando objeto, monto, y a la persona física o moral adjudicada;
i) El registro de adjudicaciones otorgadas mediante invitación a cuando menos tres personas, precisando objeto, monto, las personas físicas o morales invitadas y adjudicadas.
j) El registro de licitaciones públicas realizadas precisando objeto, monto, las personas físicas o morales participantes, así como la que resulte contratada.
k) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado.
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables.
[...]
Artículo 56 Bis. El sistema integral de información se sujetará a los lineamientos que para su efecto emita del Comité Coordinador en relación con el Sistema de Información Pública de Contrataciones, y contará, en los términos de los lineamientos Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[...]
Artículo 57.[...]
[...]
La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de cada ente público podrán realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá n solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, lo anterior podrá realizarse en cualquier momento.
Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha de la infracción.
Artículo 61. La autoridad resolutora impondrá las sanciones considerando:
I. a III. [...]
IV.Las condiciones del infractor, y
V. La reincidencia del licitante o proveedor de faltar a los procedimientos de contratación previstos en esta Ley.
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la autoridad resolutoradeberá observar lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 62. La Autoridad resolutoraaplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de las Dependencias, Unidades y Entes Públicos en ejercicio de sus facultades deberá iniciar los procedimientos y en su caso aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que omitan la publicación de la información en materia de transparencia, así como la obligación de presentar la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, conforme a los dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno del ente público convocante conocerán de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:
I. a V. [...]
[...]
Artículo 66. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, del Órgano interno de Control correspondienteo a través de CompraNet.
[...]
[...]
[...]
I a V. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 76. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control del ente público derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá? realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 65 de esta Ley.
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control del ente públicoseñalará con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.
[...]
[...]
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación se deberán realizar los ajusten necesarios en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en un plazo no mayor a 90 días.
Notas
1 Animal político. La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público. 05 de septiembre de 2017.
http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
2 Ídem.
3 Paris Martínez, “Naciones Unidas advierte corrupción en compras del gobierno mexicano” Animal Político, abril de 2014:
http://www.animalpolitico.com/2014/04/naciones-unidas-advierte- corrupcion-en-compras-del-gobierno-mexicano/
4 Auditoría Superior de la Federación. Informe General de la Cuenta Pública 2015. Pág. 73
5 Gómez Duran Thelma y Pérez Ana Lilia, “ La SEP compra cubrebocas con 9833% de sobreprecio al grupo Molleda”, Revista Newsweek en español, México 2016.
http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-sep-compra-cubrebocas-con-9833-de- sobreprecio-al-grupo-molleda
6 Redacción Animal Político, “Empresas fantasma en México han facturado hasta 900 mil millones de pesos: SAT”, Animal Político, marzo 2017.
http://www.animalpolitico.com/2017/03/empresas-fantasma-sat/
7 Aristegui Noticias, Redacción, 15 de febrero de 2017.
http://m.aristeguinoticias.com/1502/mexico/la-negra-relacion-de-odebrecht- y-pemex/
8 Reforma, “Ocultan en Pemex a mandos corruptos”, Staff Reforma, Portada, 9 de marzo de 2017.
9 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, “Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México”, México 2015. Recuperado de:
http://www.oecd.org/daf/competition/CombateColusi%C3%B3n Contrataci%C3%B3nP%C3%BAblica-M%C3%A9xico-InformeCFE-2015.pdf
10 Auditoria Superior de la Federación “Informe Cuenta Pública 2014”.
http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria.
11 Reforma, “Alertan por contratos con universidades”, 16 de febrero de 2017, Nacional, Pág. 4
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputados: Germán Ernesto Ralis Cumplido, José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Túrnense a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 3, 8, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 27 Bis, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 Bis, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84 y 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosI. La obra pública es un tema de importancia estratégica para el desarrollo social y económico en México, pues los diferentes órdenes de gobierno son responsables de la provisión y mantenimiento de infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos con miras a mejorar la calidad de vida de las personas. Asimismo, la obra pública, por su vinculación con el sector de la construcción, es generadora de riqueza y tiene un importante impacto económico y social, que se ve reflejado en fuentes de empleo y desarrollo económico.
Sin embargo, la obra pública en muchos casos se ha visto empañada por actos de corrupción y conflictos de intereses en los que se ven involucrados gobernantes, funcionarios públicos y contratistas, lo que no sólo encuadra en hechos de corrupción y delitos, sino que también encarece los proyectos de infraestructura y representa un costo indebido para las finanzas públicas nacionales, y en muchas ocasiones demerita la calidad de las obras públicas, pues la complicidad merma la debida supervisión de las obras, se atenta contra la competitividad y el desarrollo de empresas, entre otros efectos negativos.
Resulta fundamental señalar que las instituciones no han sido capaces de sancionar y con ello inhibir los actos de corrupción que se suscitan en cualquiera de las partes implicadas, ya que en la mayoría de los casos denunciados no existen consecuencias para los servidores públicos y particulares implicados, como lo demuestra el hecho de que de 665 denuncias penales presentadas por la ASF solo 19 han procedido, es decir solo el 3 por ciento, mientras que las demás, el 97 por ciento, se ubican solo en una carpeta de investigación del ministerio público.
Frente a lo anterior, es necesario realizar un cambio sustancial para establecer nuevos criterios de concurso y adjudicación de contratos de obra pública, así como vigilar todos los procedimientos desde la planeación hasta su culminación de las obras, con la finalidad de que pueda llevarse a cabo en todas sus etapas un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Es necesario resaltar que en julio de 2016 se publicaron las reformas del recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Ley General de dicho sistema y la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras reformas que constituyen un importante avance institucional en el combate a la corrupción. Sin embargo, en dicho paquete de reformas no se abordó de manera integral el problema de las asignaciones de obra pública, cuestión que por lo tanto representa un pendiente y un reto en materia legislativa.
II. La ASF ha sido enfática en señalar la recurrencia de prácticas que afectan directamente la inversión en obra pública, señalado lo siguiente:
Deficiente planeación, contratación y ejecución de los trabajos.
Incumplimiento de los términos contractuales.
Modificaciones al proyecto original.
Incrementos importantes en los costos.
Prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación.
Serias deficiencias en el control y supervisión de los proyectos.
Falta de mecanismos de transparencia de los costos con los valores de mercado.
Falta de transparencia en los costos totales del proyecto.
Cambio de personal capacitado por personal inexperto o carente de capacidad técnica en los trabajos encomendados.
En este mismo sentido, en todas las etapas del procedimiento de asignación de obra pública, tanto los órganos fiscalizadores, como las organizaciones civiles en materia de transparencia, han detectado opacidad, cuya condición facilita la comisión de actos de corrupción. La organización civil “México Evalúa” de acuerdo con datos del informe “Métrica de Transparencia de la Obra Pública (MeTrop)” reprueba a las dependencias y a los órganos de gobierno que realizan o asignan los contratos de obra pública, proponiendo una adecuación de normas orientadas a la eficiencia e implementación de buenas prácticas, con la intención de atacar los actos de corrupción en cualquier etapa del procedimiento de contratación.
Ante dicha situación “MeTrop” propone, entre otras cosas, que deban de ser evaluadas y vigiladas todas las etapas del procedimiento, que todos los documentos que se generen de dichos procedimientos sean públicos y que estén con estricto apego a la legislación de transparencia, que existan revisiones periódicas basadas en criterios institucionales con la finalidad de que sean válidas las inspecciones que se llegaran a realizar.
Entre algunos casos que evidencian la problemática anterior podemos referir lo acontecido en el año 2010 con la construcción de la Estela de Luz, pues con datos del Informe de la Cuenta Pública del año 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la existencia de pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos para la compra de acero, así como erogaciones ilegales por 150.3 millones de pesos, donde la misma ASF menciona que se cuadriplicó el precio que se estableció originalmente.
Por otro lado, el más reciente Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional y publicado en enero del 2017, que clasifica a los países de menos a más corruptos, coloca a México en el lugar 123 de 176 países, mostrando a nuestro país como uno de los más corruptos a nivel internacional, lo que trae como consecuencia impactos negativos en la inversión económica, distorsiones de mercado, costos sociales e institucionales que merman la capacidad de desarrollo y el potencial económico de nuestro país.
Con información periodística se puede constatar que la opacidad y la falta de supervisión asociada a la contratación de obra pública, continúan siendo fuente de corrupción y desvíos de recursos públicos en todos los órdenes de gobierno, como se advierte en las siguientes notas, todas ellas publicadas en el mes de febrero del presente año:
Detectan desvío de 43 mdp en obras del complejo petroquímico La Cangrejera.(Pemex)
“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial de más 40 millones de pesos para diversas obras de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de diversas plantas ubicadas en el complejo petroquímico La Cangrejera.
El documento emitido por la ASF refiere que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta un daño patrimonial por 43 millones 628 mil pesos por diversos volúmenes de obra “estimada y pagada, pero no ejecutada” en el complejo La Cangrejera”.
Confirman obras pagadas, no ejecutadas.
(Durango)
“La auditoría interna que la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa aplicó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) confirmó que se pagaron obras que nunca se ejecutaron.
“En este sentido, la titular de esta dependencia, María del Rosario Castro Lozano, confirmó que se detectaron diversas irregularidades como esta, en el ejercicio de recursos por el orden de los 365 millones de pesos”.
Indagan obras fantasmas en Veracruz
“El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería, afirmó este miércoles que fueron presentadas cinco denuncias contra quien o quienes resulten responsables por obras que se pagaron durante la gestión de Javier Duarte, pero que son inexistentes”.
Es de destacar el caso del Estado de Veracruz, cuya última administración se encuentra en investigación, pues la ASF solicito a la Procuraduría General de República que investigue un posible desvió de recursos por un monto de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas federales destinadas a obra pública y que actualmente no se ha comprobado tal gasto, por la firma de contratos con 26 empresas fantasmas con un acumulado de 53 denuncias penales. Además, la ASF detectó una simulación para comprobar los gastos erogados.
III. Para Movimiento Ciudadano resulta fundamental no solo hacer valer la ley y sentenciar a los responsables de delitos y hechos de corrupción, sino también fortalecer el marco normativo a través de la transparencia y la supervisión interinstitucional para poner orden en la asignación de obras públicas en nuestro país.
En materia de obras, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece de manera puntual los principios fundamentales por los cuales se deben regir los procedimientos de contratación, como son la eficiencia, economía, transparencia y honradez:
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”
No obstante, lo anterior, los procedimientos de contratación pública continúan envueltos en problemáticas de cohecho, conflicto de intereses o colusión, generando los problemas financieros, sociales y políticos que han sido resaltados a lo largo de esta exposición de motivos.
Ante este diagnóstico, resulta impostergable plantear reformas para implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y prevención de hechos de corrupción en el marco de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
La presente iniciativa propone fortalecer la transparencia en dos dimensiones:
1) Ubicando a los ciudadanos en el centro de la difusión de la información de obra pública que se realiza en los ámbitos municipal, estatal y federal, estableciendo la obligación para cada orden de gobierno y ente público de contar de manera permanente con su respectivo portal de difusión de obras públicas.
2) Estableciendo la imprescindible coordinación para alimentar la Plataforma Digital Nacional del naciente Sistema Nacional Anticorrupción conformada, entre otros, por los siguientes Sistemas de Información Pública, previstos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
• Sistema de Contrataciones Públicas.
• Sistema de Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas.
• Sistema de Servidores públicos y particulares sancionados que no pueden participar.
• Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Asimismo, se plantea fortalecer la participación de los testigos sociales, mediante las siguientes disposiciones:
• Reducir el monto que la Ley establece para incluir la participación de los Testigos Sociales en los procesos licitatorios, ya que actualmente sólo se prevé su concurrencia en aquellas licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de salarios mínimos, cantidad que calculada con base a la Unidad de Medida Actualización vigente equivale a 755 millones de pesos. Con la presente iniciativa, proponemos la participación obligada de los Testigos Sociales a partir de montos que superen las 150 mil unidades de medida de actualización, equivalentes a 11 millones 300 mil pesos.
• Asimismo, se propone que la selección y el padrón público de los Testigos Sociales se desvincule de las dependencias del Ejecutivo Federal, como lo es la Secretaría de la Función Pública, para que quede bajo la responsabilidad directa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se amplían las obligaciones de los servidores públicos designados como residentes de obra, para que:
• Quincenalmente elaboren un informe de la supervisión y revisión de los trabajos de la obra pública contratada, mismo que deberán remitir tanto al titular de la dependencia o ente público contratante, como al órgano interno de control, para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad de los trabajos contratados.
Se fortalecen de manera concreta las funciones preventivas de los Órganos Internos de Control, estableciendo:
• En concordancia con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establece la obligación de apegarse al Protocolo de Actuación en Contrataciones Públicas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Asimismo, se propone establecer como obligación de los Órganos Internos de Control el constituirse y acudir periódicamente a los sitios de obra pública en ejecución para verificar su avance y calidad, debiendo levantar el acta de visita e inspección correspondiente.
• Se reduce el plazo de quince a sólo cinco días para que cuando las dependencias y entidades tengan conocimiento de alguna infracción remitan a sus Órganos Internos de Control la documentación comprobatoria, para que inicien la investigación correspondiente.
• Igualmente se plantea que los Órganos Internos de Control deban participar como asesores en los Comités de Obras Públicas.
Se amplían las funciones de los Comités de Obras Públicas para que:
• Trimestralmente publiquen en los respectivos Portales de difusión de obras públicas, el análisis del informe de las contrataciones realizadas, documento que de conformidad a la Ley vigente tiene por objeto verificar que el programa y presupuesto de obras se ejecuten en tiempo y forma, por lo que su difusión constituirá un mecanismo de supervisión ciudadana.
• Asimismo, con la finalidad de evitar la toma de decisiones por instrucción o subordinadas, se establece la restricción para sesionar del Comité de Obras Públicas cuando sólo concurran sus integrantes suplentes, por lo que la ausencia de los titulares deberá ser excepcional y no reiterada.
Se reducen las excepciones que permiten no llevar a cabo licitaciones públicas y se reduce el porcentaje máximo para adjudicar contratos por invitaciones restringidas o adjudicación directa:
• Dentro de las excepciones que la Ley prevé para la adjudicación de contratos sin llevar a cabo licitaciones públicas, se derogan cuatro fracciones por considerar que en ninguna de ellas exista causa justificada para no llevar a cabo el procedimiento de licitación, como era el caso de consultorías y asesorías o trabajos de mantenimiento.
• Se incrementan los requisitos para que previo a realizar las adjudicaciones se documente y se cuente con los dictámenes que justifiquen la excepción para no llevar acabo la licitación, debiendo ser aprobados por los Comités de Obras Públicas de los entes públicos contratantes, y reduciendo de esta manera las decisiones discrecionales para la asignación de obras, dejando únicamente las comprendidas por causa de emergencia y aquellas que puedan poner en riesgo la seguridad.
• Se reduce el porcentaje máximo de contratación permitido para adjudicar contratos de obra pública por la vía de invitaciones restringidas o de adjudicación directa, bajando del 30 por ciento que actualmente establece la Ley a un 20 por ciento, para con ello aumentar la competencia de proveedores y reducir las invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
• Se plantea la ampliación del plazo para la presentación y apertura de proposiciones de la convocatoria de licitación, pasando de veinte días en licitaciones internacionales y quince días en las nacionales, a veinticinco y veinte días respectivamente, a fin de evitar ampliar la oferta de concursantes y no limitar la competencia.
• Por otra parte, se incorpora como criterio de desempate para las licitaciones públicas las aportaciones al medio ambiente que contemplen los proyectos propuestos.
Asimismo, se actualiza la Ley de Obras con respecto al nuevo marco establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Toda vez que en la Ley vigente sólo se refiere a la Secretaría de la Función Pública como facultada para imponer sanciones, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 19 de julio del presente año, tratándose de faltas graves las sanciones deben ser impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las no graves por los respectivos Órganos Interno de Control, de manera que se realizan las adecuaciones correspondientes.
El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Artículo Único. Se reformanel primer párrafo, la fracción VI, y tercer párrafo del artículo 1; la fracción II en sus primer y segundo párrafo, fracción XI y XII del artículo 2; la fracción IX del artículo 3; primer párrafo del artículo 15; primer párrafo del artículo 18; el cuarto párrafo del artículo 23; cuarto párrafo del artículo 24; la fracción V, VI, VII, el tercer párrafo del artículo 25; octavo párrafo que se recorre al décimo del artículo 27; primer párrafo, fracciones I, II, III incisos e) y g), IV inciso a), b) y c), segundo y tercer párrafo del artículo 27 Bis; primer y quinto párrafos del artículo 28; fracciones I, XXIX, XXXII, tercer párrafo, se recorren el cuarto y quinto párrafo para quedar como quinto y sexto del artículo 31; el artículo 32; primer, segundo y tercer párrafo del artículo 33; primer párrafo del artículo 34; primer y segundo párrafo, se recorre el quinto párrafo para quedar como sexto del artículo 36; fracción III del artículo 37, primer, penúltimo y último párrafo del artículo 38; cuarto párrafo del artículo 39; primer párrafo del artículo 39 Bis; primer y cuarto párrafo del artículo 41; fracción XIV en su primer y segundo párrafo, último párrafo del artículo 42; primer, tercer y cuarto párrafo del artículo 43; fracciones I, II, y último párrafo del artículo 44; fracción I, se recorre el cuarto párrafo para quedar como quinto del artículo 46; primer párrafo, la fracción IV, la fracción XI se recorre para quedar como XIV, último párrafo del artículo 51; primer y segundo párrafo del artículo 53; primer y segundo párrafos, los incisos a), b) y f) del artículo 74; primer y segundo párrafos del artículo 75; primer párrafo del artículo 76; el artículo 77; primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 78; primer y último párrafo del artículo 79; primer párrafo del artículo 80; primer párrafo del artículo 83; primer párrafo del artículo 84; primer y segundo párrafos del artículo 94. Se adicionan: un quinto y sexto párrafo del artículo 1; las fracciones XIII, XIV, XV del artículo 2; un cuarto y quinto párrafos del artículo 8; un cuarto y quinto párrafo del artículo 25; un octavo, noveno y último párrafo del artículo 27; un cuarto párrafo del artículo 31; un quinto párrafo del artículo 36; un cuarto párrafo del artículo 40; un quinto párrafo del artículo 43; una fracción VI del artículo 44; un cuarto párrafo del artículo 46; las fracciones XI, XII, XIII y XIV del artículo 51; un último párrafo del artículo 70; Se derogan: la fracción VII, VIII, XI y XII del artículo 42 El segundo párrafo del artículo 80, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas, honradez y gobierno abierto, en materia contrataciones de obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que realicen:
I. a V. [...]
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal . El Comité Coordinador del SNA publicará cuales de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal se excluyen de la aplicación de la presente Ley.
[...]
Excepcionalmente, previa justificación suscrita por el titular y autorizada por la respectiva junta directiva o consejo de gobierno, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias podrán quedar excluidos de la aplicación de este ordenamiento debiendo informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Para la asignación del contrato, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, en su caso, especificará el porcentaje que requerirá de la subcontratación con terceros proporcionando el detalle de los nombres de proveedores, montos y conceptos, de los subcontratos realizados con terceros.
Lo anterior, sin excepción alguna deberá ser publicado en las páginas de las dependencias o entidades y en el Portal de Difusión de Obras Públicas en un plazo no mayor a diez días hábiles. Salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada o confidencial, en los términos de la Ley aplicable.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 2. [...]
I. [...]
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de los entes públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley; el registro de contratistas; el padrón de testigos sociales; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga. Asimismo deberá proporcionar la información que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción le requiera para la instrumentación de los sistemas a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
III. a X. [...]
XI.Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad ;
XII.Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
XIII. Conflicto de intereses: Cuando un servidor público de acuerdo a su cargo, empleo o comisión no se abstiene o excusa y produce un acto o negociación para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta en cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, y que tengan como resultado la obtención de un beneficio patrimonial o económico indebido y afecte el desempeño imparcial de sus funciones;
XIV. Sistema de Información Pública de Contrataciones: El sistema electrónico de información pública que forma parte de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción establecida en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
XV. Portal de difusión de obras públicas: El Sistema electrónico de información de difusión pública de los procedimientos de convocatorias, licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas realizados para la contratación de obra pública y servicios relacionados por los entes públicos señalados en las fracciones I a VI del artículo 1 de la presente Ley.
Artículo 3. [...]
I. a VIII. [...]
IX .Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidadde que se trate,determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción , dicha determinación, se deberá remitir para su conocimiento al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 8.[...]
[...]
[...]
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer los criterios y lineamientos de los cuales se desprendan las mejores condiciones para fortalecer la rendición de cuentas en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Los servidores públicos que, por sus funciones establecidas en los reglamentos internos, manuales de organización y de procedimientos, intervengan en los procesos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, deberán publicar anualmente su declaración patrimonial, de interés y fiscal en el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley o bajo condiciones de favorecer a algún participante o en los que se detecte conflicto de intereses, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.
[...]
Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate y justificar que la erogación tenga relación directa con un costo beneficio asociado al cumplimiento de sus objetivos y fines establecidos.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 23. [...]
[...]
[...]
Para los efectos de este artículo ,las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se difundirá a través de CompraNet y del Sistema de Información Pública de Contrataciones.
Artículo 24. [...]
[...]
[...]
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se refieren las fracciones II y V, del artículo 42 de esta Ley. Toda excepción deberá informarse con la debida justificación al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y deberá registrase en el Sistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
Artículo 25. [...]
I. a IV. [...]
V. [...]
a) a d) [...]
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que en el caso del oficial mayor no deberá tener un nivel inferior a director general y tratándose de los vocales titulares sus suplentes no deberán tener nivel jerárquico inferior a director de área. No obstante, lo anterior no podrá verificarse la sesión del Comité de Obras Públicas cuando a la sesión convocada sólo concurran los integrantes suplentes, por lo que la ausencia de los titulares deberá ser excepcional y no reiterada.
VI.Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley, sujetarse al protocolo de actuación en contrataciones expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y demás disposiciones aplicables, y
VII . Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución , debiendo publicar su análisis en el Sistema de Información Pública de Contrataciones de los resultados de las contrataciones de manera trimestral.
[...]
Los Órganos Internos de Control deberán participar como asesores en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.
Los servidores públicos integrantes de los Comités y subcomités a que se refiere este artículo se inscribirán en el Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer lineamientos para que los entes públicos contratantes realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes.
Artículo 27. [...]
I a III. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Las dependencias o entidades deberán de abstenerse de limitar algún participante, así como de limitar la libre competencia y establecer restricciones injustificadas.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá el protocolo de actuación en contrataciones que los Órganos Internos de Control de cada ente público deberán implementar.
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. Dichos criterios los remitirá al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
En todo momento y dentro o fuera de los procedimientos a que se refiere el presente artículo, los servidores públicos de los Entes deberán abstenerse de recibir, solicitar, aceptar, para él, cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta cuarto grado por afinidad o civiles o para terceros que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, un beneficio económico, patrimonial o de cualquier tipo, así como donaciones dadivas, servicios, empleos, cargos o comisiones de las personas físicas o morales concursantes o adjudicadas.
Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a ciento cincuenta mil unidades de medida y actualización diariasy en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de la entidad o dependencia, atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:
I. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que se publicará en los Portales de difusión de obras públicas de cada ente público, en CompraNet y en el Sistema de Información Pública de Contrataciones y se integrará al expediente respectivo.
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
III. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, acreditará como testigos sociales a aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:
a) a d) [...]
e) No haber sido sancionado como particular o servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad competente en el extranjero;
f) [...]
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sobre esta Ley y Tratados, y
h) [...]
IV.Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:
a) Proponer a los entes públicos, a los Órganos Internos de Control, y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
b) Los testigos sociales podrán participar en todas las etapas de los procedimientos ydar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y
c)Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar al Órgano Interno de Control y copia del mismo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su participación en los Portales de difusión de obras públicas de cada ente público, así como en el Sistema de información pública de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
En caso de que el testigo social en su testimonio detecte o refiera probables irregularidadesen los procedimientos de contratación, el Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad convocante iniciará la investigación correspondiente,informando la radicación del asunto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquellos casos en que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. Toda contratación que actualice el supuesto de excepción, deberá justificarse y remitirse al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Artículo 28. En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.
[...]
[...]
[...]
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 31. [...]
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o ente público convocante;
II. a XXVIII. [...]
XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet y de los Portales de difusión de obras públicas de cada ente público, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que se señale por la convocante;
XXX. a XXXI [...]
XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes , así como el cumplir con el protocolo de actuación en contrataciones expedido por el Comité Coordinador del SNA, y
XXXIII. [...]
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a ciento cincuenta mil unidades de medida y actualización diaria, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante veinte días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.
En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, simultáneamente a la publicación de los proyectos de convocatoria se remitirá copia de los mismos al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
[...]
Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y del Portal de difusión de obras públicas del Ente Público convocantey su obtención será gratuita. simultáneamente el ente público convocante remitirá copia de la convocatoria al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción y enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y la fecha de publicación en CompraNet y en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público convocante y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.
Artículo 33. [...]
[...]
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, el documento que exponga y justifique la reducción de plazos deberá suscribirlo el titular del área responsable de la contratación y remitirá copia del mismo al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, y en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Públicoa más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. Asimismo, deberá informar de las modificaciones realizadas al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
[...]
[...]
Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
[...]
El Órgano Interno de Control de la convocante verificará la implementación del Protocolo de Actuación en Contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
[...]
[...]
Artículo 37. [...]
I. a II. [...]
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. El acta con la información referida en la presente fracción deberá publicarse en Declaranet y en el Portal de Difusión de Obras Públicas del ente público que corresponda, asimismo, en caso de diferimiento del fallo, el aviso además de publicarse en los portales anteriores, también deberá remitirse alSistema de Información Pública de Contrataciones.
Artículo 38. Las dependencias, entidades y entes públicos para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.
[...]
[...]
[...]
[...]
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad o de protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes.
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. En todas las licitaciones públicas será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia, entidad o ente público de que se trate, quien verificará el cumplimiento del protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 39. [...]
I. a V.
[...]
[...]
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet, del Portal de difusión de obras públicas del Ente Público, el mismo día en que se emita y se remitirá copia del acta del fallo al Sistema de Información Pública de Contrataciones. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 39 Bis.Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Simultáneamente se publicará en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público y remitirá copia del acta de aclaración al Sistema de Información Pública de Contrataciones. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
[...]
Artículo 40.
[...]
[...]
[...]
Las resoluciones que declaren desierta o cancelada una licitación se publicarán en DeclaraNet, así como en los respectivos Portales de difusión de obras públicas del Ente Público correspondiente. Asimismo, remitirán copia de dichas resoluciones al Sistema de Información Pública de Contrataciones.
Artículo 41. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias, entidades o entes públicos, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
[...]
[...]
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia, entidad o ente público de que se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato, asimismo se remitirá copia de este informe al Sistema de Información Pública de Contrataciones y deberá publicarse en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público.No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 fracción IV de esta Ley.
[...]
Artículo 42. [...]
I. a VI. [...]
VII. Se deroga
VIII. Se deroga
XI. Se deroga
XII. Se deroga
XIII. [...]
XIV.Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Tratándose de las fracciones II, IV, V de este artículo, no será necesario contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública.
Artículo 43. Las dependencias, entidades y entes públicos, bajo su responsabilidad y de conformidad al Protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
[...]
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y deberá publicarse en el respectivo Portal de difusión de obras públicas del Ente Público y remitir copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
En casos excepcionales, el titular de la dependencia, el órgano de gobierno de la entidad o el titular del ente público, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control, asimismo el documento que justifique la excepción que refiere el presente artículo, se publicará en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público que corresponda y remitirá copia al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias, entidades o ente público.
La Auditoria Superior de la Federación y sus similares en las entidades federativas, así como los órganos internos de control de los entes contratantes podrán realizar las verificaciones e inspecciones, cuando lo estimen pertinente y en cualquier momento, en lo que establece el presente artículo.
Artículo 44. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
I. Difundir la invitación en CompraNet y en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público que corresponda, simultáneamente dicha invitación se remitirá al sistema de información pública de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia, entidad o ente público, quien supervisará que se implemente el protocolo de actuación en contrataciones públicas emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
III. a V. [...]
VI.Las proposiciones serán públicas, se difundirán en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público que corresponda, simultáneamente dichas proposiciones se remitirán al sistema de información pública de contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
VII. [...]
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia, entidad o ente público deberá emitir y difundir una nueva invitación.
Artículo 46. [...]
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad, o ente público convocante y del contratista;
II. a XVI. [...]
[...]
[...]
Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se publicarán en versión pública en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público que corresponda. Asimismo, se remitirán al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Artículo 51. Las dependencias, entidades y entes públicos se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
I. a III. [...]
IV.Las que se encuentren registradas con sanción de inhabilitación en el Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados.
V. a X. [...]
XI. Aquellos licitantes que prometan, ofrezcan o entreguen un bien patrimonial o económico a un servidor público o a un tercero que tenga relación con esté, a cambio de que el servidor público intervenga en cualquier acto realizado derivado con sus funciones, con el objeto de beneficiar o favorecer algún participante independientemente del resultado obtenido;
XII. Aquellos licitantes que simulen actuar como competencia en el procedimiento, pero pertenecen a un mismo grupo empresarial, con el objeto de limitar a los demás concursantes;
XIII. De cualquier persona que promueva o use su influencia o intimide mediante su poder económico o político, real o ficticio, a cualquier servidor público con el objeto de beneficiar a algún participante, independientemente del resultado obtenido;
El órgano interno de control de cada ente público, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que los entes públicos se encuentren impedidas de contratar el cual será difundido a través de CompraNet, y del Portal de difusión de obras públicas de cada Ente Público, información que deberá actualizarse trimestralmente y se remitirá al Sistema Nacional Anticorrupción para integrarse a la Plataforma Digital Nacional.
Artículo 53. Las dependencias, entidades y entes públicos establecerán la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia, entidad, o ente públicoquien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos y deberá elaborar un informe quincenal que remitirá al titular de la dependencia, entidad o ente público con copia de conocimiento al superintendente de obra y al órgano interno de control.
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
[...]
Artículo 70. [...]
I. a IV. [...]
[...]
[...]
Todo trabajo por administración directa deberá publicarse en el Portal de difusión de obras públicas del Ente Público, así como remitirse al Sistema de Información Pública de Contrataciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 74. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, al Sistema de Información Pública de Contrataciones la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías y por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
La administración de CompraNet, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y entes públicos sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, les requiera.
[...]
I a III. [...]
[...]
a) Los programas anuales de obras pu?blicas y servicios relacionados con las mismas de las dependencias , entidades y Entes públicos.
b)El registro de contratistas;
c) a e) [...]
Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
g) a h)
[...]
[...]
Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de las Dependencias, Unidades y Entes Públicos, en el ejercicio de sus facultades, periódicamente deberán verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.
La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de las Dependencias, Unidades y Entes Públicos periódicamente deberán realizar las visitas e inspecciones que estime n pertinentes a los sitios de desarrollo o ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá n solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, debiendo levantar el acta de la visita e inspección correspondiente.
Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de cada ente público podrá nverificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determinen, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.
[...]
Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 78. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. a VI. [...]
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de ocho años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Autoridad resolutora la haga del conocimiento de las dependencias, entidades y entes públicos, mediante la notificación de sanción firme, publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, el Ente público notificado, informará y remitirá copia de la resolución al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para la inscripción en el Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados.
[...]
Las dependencias, entidades y entes públicos dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a sus Órganos Internos de Control la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, quienes iniciaran la investigación de presunta responsabilidad administrativa correspondiente.
Artículo 79. La autoridad resolutora impondrá las sanciones considerando:
I. a IV. [...]
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la autoridad resolutoradeberá observar lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 80. La autoridad resolutora aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 83. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control del ente público convocanteconocerá nde las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:
I. a V. [...]
[...]
Artículo 84. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, del Órgano Interno de Control correspondiente o a través de CompraNet.
[...]
[...]
[...]
I a V. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 94. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control del ente público derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 83 de esta Ley.
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control del ente público señalará n con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.
[...]
[...]
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberá emitir los lineamientos correspondientes para que los entes públicos se sujeten y observen las obligaciones establecidas en el presente decreto.
Notas
1 David Marcial Pérez, “el 97% de las denuncias por corrupción en México se pierden en el Limbo”, 2016,
Recuperado de:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/26/mexico/ 1456448126_178248.html?rel=mas
2 Auditoría Superior de la Federación , “Informe Cuenta Pública 2014”:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/ InformeGeneral/ig2014.pdf
3 México Evalúa, “Métrica de Transparencia en Obra Pública”, México 2016. Pág. 12:
http://mexicoevalua.org/2016/04/29/metrop-antidoto-vs-la-corrupcion-2/
4 Sayda Chinas, “ Detectan desvío de 43 millones en obra” La Jornada Veracruz, 19 de febrero de 2017. Recuperado de:
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170219_075000_873
5 Claudia Barrientos, “Confirman obras pagadas, no ejecutadas”, El Siglo de Durango, 14 de febrero de 2017.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/718383.confirman-obras- pagadas-no-ejecutadas.html
6 Redacción, “ Confirman en Veracruz obras fantasma”, Reforma, 8 de febrero de 2017. Recuperado de:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1041987&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1041987
7 Revista Proceso redacción, “Gobierno de Javier Duarte pagó 18 mil mdp a empresas fantasma”, julio 2016,
Recuperado de:
http://www.proceso.com.mx/447008/gobierno-veracruz-pago-18-mil-mdp-a- empresas-fantasma
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada María Ávila Serna:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)
(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada María Ávila Serna (a las 16:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 12 de octubre de 2017, a las 11 horas. Muchas gracias.
————— O —————
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 26 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 274 diputadas y diputados
• Minuto de silencio: 1
• Comunicaciones oficiales: 13
• Iniciativas de senadores: 2
• Dictámenes de declaratoria de publicidad: 1
• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 3
• Acuerdos de los órganos de gobierno: 1
• Iniciativas de diputadas y diputados: 16
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 37
6 PRI
6 PAN
8 PRD
6 Morena
3 PVEM
4 MC
3 NA
1 PES
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekAusente
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithAbstención
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaAbstención
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaAbstención
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaAbstención
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeAusente
35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
38 Castillo Martínez, EdgarFavor
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoAusente
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor
63 Etcheverry Aranda, AzulAbstención
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloFavor
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAbstención
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoFavor
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónFavor
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaAusente
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
103 López Velasco, Edith YolandaFavor
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteContra
107 Majul González, SalomónFavor
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletAusente
119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
120 Monroy del Mazo, CarolinaAusente
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánAusente
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeAbstención
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaContra
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAbstención
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoAusente
152 Rentería Medina, Flor EstelaAbstención
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliAusente
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisFavor
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadAusente
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosAusente
175 Saracho Navarro, FranciscoAusente
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente
177 Serrano Hernández, MaricelaFavor
178 Silva Ramos, AlbertoAusente
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoFavor
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithFavor
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelAusente
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor
194 Vidal Aguilar, LiborioAusente
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 166
Contra: 2
Abstención: 9
Quorum: 0
Ausentes: 27
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor
16 Cambranis Torres, EnriqueAusente
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueAusente
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoFavor
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarFavor
36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente
42 Garza Treviño, PedroFavor
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónAusente
45 González Navarro, José AdriánFavor
46 González Suástegui, GuadalupeFavor
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaFavor
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteFavor
75 Padilla Avila, KarinaFavor
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesAusente
81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
82 Ramos Hernández, JorgeFavor
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosFavor
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioFavor
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor
95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoAusente
99 Taboada Cortina, SantiagoFavor
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 98
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeContra
2 Alanis Pedraza, Angel IIContra
3 Amador Rodríguez, LeonardoContra
4 Aragón Castillo, HortensiaContra
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaContra
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelContra
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísAbstención
8 Beltrán Reyes, María LuisaContra
9 Bocanegra Ruiz, ElioContra
10 Briones Pérez, Erika IrazemaContra
11 Castelán Mondragón, María ElidaContra
12 Catalán Padilla, OlgaContra
13 Cruz Molina, Eva FlorindaContra
14 Estefan Garfias, José AntonioContra
15 Fernández González, WaldoContra
16 Ferrer Abalos, ÓscarContra
17 Flores Sonduk, LluviaContra
18 García Bravo, María Cristina TeresaContra
19 García Calderón, David GersonContra
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneContra
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeContra
22 Hernández Soriano, RafaelContra
23 Hurtado Arana, KarenContra
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikContra
26 López Sánchez, SergioContra
27 Madrigal Sánchez, AraceliAusente
28 Maldonado Venegas, LuisContra
29 Martínez Neri, FranciscoContra
30 Martínez Soto, Norberto AntonioContra
31 Meza Guzmán, Lucia VirginiaContra
32 Nava Palacios, Francisco XavierContra
33 Octaviano Félix, TomásContra
34 Ordoñez Hernández, DanielContra
35 Ortega Álvarez, OmarContra
36 Parra Álvarez, EvelynContra
37 Peralta Grappin, HéctorContra
38 Pool Pech, Isaura IvanovaContra
39 Pérez Alvarado, CandelarioContra
40 Ramírez Peralta, Karen OrneyContra
41 Reyes Álvarez, FelipeContra
42 Rubio Quiroz, Juan FernandoContra
43 Saldaña Morán, JulioContra
44 Santana Alfaro, ArturoContra
45 Santiago López, JoséContra
46 Saucedo Reyes, AraceliContra
47 Soto Espino, ArmandoContra
48 Soto González, Cecilia GuadalupeContra
49 Valera Fuentes, Diego ValenteContra
50 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
51 Wences Real, VictorianoContra
52 Zambrano Grijalva, José de JesúsContra
Favor: 0
Contra: 48
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 52
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoContra
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaContra
3 Alva y Alva, MiguelContra
4 Álvarez López, Jesús EmilianoContra
5 Armenta Mier, AlejandroContra
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaContra
7 Barrientos Pantoja, AliciaAusente
8 Basurto Román, AlfredoAusente
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteContra
10 Calderón Torreblanca, FidelAbstención
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroContra
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaAbstención
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaContra
14 Castro Vázquez, RogerioAbstención
15 Chávez García, MaríaContra
16 Contreras Julián, MaricelaContra
17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaContra
18 Damián González, AraceliContra
19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizContra
20 Falcón Venegas, Sandra LuzAbstención
21 Fuentes Alonso, ModestaAbstención
22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAbstención
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 García Jiménez, CuitláhuacContra
25 Godoy Ramos, ErnestinaContra
26 Guzmán Jacobo, RobertoContra
27 Gómez Álvarez, DelfinaAbstención
28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente
29 Hernández Correa, GuadalupeContra
30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioContra
31 Hernández Mirón, CarlosContra
32 Juárez Rodríguez, Mario ArielContra
33 Llerenas Morales, VidalContra
34 Lomelí Bolaños, CarlosAbstención
35 López López, Irma RebecaContra
36 Martínez Urincho, AlbertoContra
37 Molina Arias, Renato JosafatContra
38 Montiel Reyes, AriadnaContra
39 Nahle García, Norma RocíoContra
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroContra
41 Ramos Ramírez, BlandinaAbstención
42 Romero Tenorio, JuanContra
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelContra
44 Serrano Lora, JesúsContra
45 Tello López, JorgeContra
46 Trejo Flores, MarianaContra
47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
48 Villa González, ConcepciónContra
Favor: 0
Contra: 34
Abstención: 9
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 48
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
24 Limón García, LiaAusente
25 López Roblero, UberlyAusente
26 López Ruiz, NancyFavor
27 Machuca Sánchez, MarioFavor
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Rodríguez Torres, SamuelFavor
32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
34 Sarur Torre, AdrianaFavor
35 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente
36 Sesma Suárez, JesúsFavor
37 Spinoso Carrera, EdgarFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 35
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 40
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeContra
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoAbstención
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeAbstención
4 Cervera García, RenéContra
5 Corichi García, Claudia SofíaContra
6 Delgadillo García, VerónicaAbstención
7 Flores Gómez, MirzaContra
8 Guerra Mota, MoisésAbstención
9 Hauffen Torres, Angie DennisseContra
10 Martínez García, JonadabContra
11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
12 Munguía González, Luis ErnestoAbstención
13 Ochoa Avalos, María CandelariaContra
14 Orantes López, María ElenaContra
15 Pérez Utrera, AdánContra
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoAbstención
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
20 Toledo Ibarra, MarbellaContra
21 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 5
Contra: 10
Abstención: 6
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaContra
2 García Yáñez, ÁngelContra
3 Gutiérrez García, CarlosContra
4 Hernández León, Luis ManuelContra
5 Méndez Salas, Jesús RafaelContra
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaContra
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaContra
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelContra
10 Sánchez Ruiz, KarinaContra
11 Torres Sandoval, MelissaContra
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoContra
Favor: 0
Contra: 11
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
9 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsAusente
2 Torres Cantú, DanielAbstención
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 2
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud (en lo particular el segundo párrafo, con la modificación propuesta por la diputada Cecilia Soto González y aceptada por la asamblea, y el segundo transitorio, en términos del dictamen)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekAusente
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithAbstención
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaAbstención
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
38 Castillo Martínez, EdgarFavor
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueAusente
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoAusente
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor
63 Etcheverry Aranda, AzulAbstención
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloFavor
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónFavor
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaAusente
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
103 López Velasco, Edith YolandaFavor
104 Luna Canales, ArmandoAusente
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónFavor
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletAusente
119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
120 Monroy del Mazo, CarolinaAusente
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánAusente
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeAbstención
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaAbstención
153 Rivera Carbajal, SilviaAbstención
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliAusente
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeAusente
164 Sáenz Soto, José LuisFavor
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadAusente
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoAusente
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor
177 Serrano Hernández, MaricelaFavor
178 Silva Ramos, AlbertoAusente
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoFavor
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithFavor
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisAusente
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaAusente
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelAusente
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor
194 Vidal Aguilar, LiborioFavor
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 171
Contra: 0
Abstención: 6
Quorum: 0
Ausentes: 27
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor
16 Cambranis Torres, EnriqueAusente
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoFavor
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarFavor
36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente
42 Garza Treviño, PedroFavor
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónFavor
45 González Navarro, José AdriánFavor
46 González Suástegui, GuadalupeFavor
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaFavor
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaAusente
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente
74 Ovando Reazola, JanetteFavor
75 Padilla Avila, KarinaFavor
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesAusente
81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
82 Ramos Hernández, JorgeFavor
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosFavor
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioAusente
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente
95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoAusente
99 Taboada Cortina, SantiagoFavor
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 94
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 15
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeAbstención
2 Alanis Pedraza, Angel IIAusente
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaAbstención
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioFavor
10 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente
11 Castelán Mondragón, María ElidaAusente
12 Catalán Padilla, OlgaAbstención
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonAbstención
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López Sánchez, SergioFavor
27 Madrigal Sánchez, AraceliAusente
28 Maldonado Venegas, LuisFavor
29 Martínez Neri, FranciscoFavor
30 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
31 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
32 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
33 Octaviano Félix, TomásFavor
34 Ordoñez Hernández, DanielFavor
35 Ortega Álvarez, OmarFavor
36 Parra Álvarez, EvelynFavor
37 Peralta Grappin, HéctorFavor
38 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
39 Pérez Alvarado, CandelarioFavor
40 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor
41 Reyes Álvarez, FelipeFavor
42 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
43 Saldaña Morán, JulioFavor
44 Santana Alfaro, ArturoFavor
45 Santiago López, JoséFavor
46 Saucedo Reyes, AraceliFavor
47 Soto Espino, ArmandoFavor
48 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
49 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente
50 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
51 Wences Real, VictorianoFavor
52 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 41
Contra: 0
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 52
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoContra
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaContra
3 Alva y Alva, MiguelContra
4 Álvarez López, Jesús EmilianoContra
5 Armenta Mier, AlejandroAusente
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaContra
7 Barrientos Pantoja, AliciaAusente
8 Basurto Román, AlfredoAusente
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteContra
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroContra
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaAbstención
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaContra
14 Castro Vázquez, RogerioAbstención
15 Chávez García, MaríaContra
16 Contreras Julián, MaricelaContra
17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaContra
18 Damián González, AraceliContra
19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizContra
20 Falcón Venegas, Sandra LuzAbstención
21 Fuentes Alonso, ModestaAbstención
22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAbstención
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 García Jiménez, CuitláhuacContra
25 Godoy Ramos, ErnestinaContra
26 Guzmán Jacobo, RobertoContra
27 Gómez Álvarez, DelfinaAbstención
28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente
29 Hernández Correa, GuadalupeContra
30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioContra
31 Hernández Mirón, CarlosContra
32 Juárez Rodríguez, Mario ArielContra
33 Llerenas Morales, VidalContra
34 Lomelí Bolaños, CarlosAbstención
35 López López, Irma RebecaContra
36 Martínez Urincho, AlbertoContra
37 Molina Arias, Renato JosafatContra
38 Montiel Reyes, AriadnaContra
39 Nahle García, Norma RocíoContra
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroContra
41 Ramos Ramírez, BlandinaAbstención
42 Romero Tenorio, JuanContra
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelContra
44 Serrano Lora, JesúsContra
45 Tello López, JorgeContra
46 Trejo Flores, MarianaContra
47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
48 Villa González, ConcepciónContra
Favor: 0
Contra: 33
Abstención: 8
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 48
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoAusente
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaAusente
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyFavor
26 López Ruiz, NancyFavor
27 Machuca Sánchez, MarioAusente
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Rodríguez Torres, SamuelFavor
32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
34 Sarur Torre, AdrianaFavor
35 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente
36 Sesma Suárez, JesúsAusente
37 Spinoso Carrera, EdgarFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 31
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 40
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Cervera García, RenéFavor
5 Corichi García, Claudia SofíaFavor
6 Delgadillo García, VerónicaFavor
7 Flores Gómez, MirzaFavor
8 Guerra Mota, MoisésFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor
10 Martínez García, JonadabFavor
11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
12 Munguía González, Luis ErnestoFavor
13 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente
14 Orantes López, María ElenaFavor
15 Pérez Utrera, AdánFavor
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
20 Toledo Ibarra, MarbellaContra
21 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 19
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAbstención
2 García Yáñez, ÁngelAbstención
3 Gutiérrez García, CarlosAusente
4 Hernández León, Luis ManuelAbstención
5 Méndez Salas, Jesús RafaelAbstención
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaAbstención
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaAbstención
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelAbstención
10 Sánchez Ruiz, KarinaAbstención
11 Torres Sandoval, MelissaAbstención
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoAbstención
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 10
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
9 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor
2 Torres Cantú, DanielFavor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekAusente
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosAusente
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaFavor
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaAusente
29 Borunda Espinoza, BrendaAusente
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente
36 Cardoso Estévez, José LuisAusente
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
38 Castillo Martínez, EdgarFavor
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueAusente
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoAusente
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoFavor
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloFavor
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioFavor
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidAusente
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónFavor
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaAusente
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
103 López Velasco, Edith YolandaFavor
104 Luna Canales, ArmandoFavor
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónFavor
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletAusente
119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánAusente
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaFavor
153 Rivera Carbajal, SilviaAusente
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoAusente
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisFavor
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidFavor
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadAusente
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierAusente
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor
177 Serrano Hernández, MaricelaFavor
178 Silva Ramos, AlbertoAusente
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoFavor
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithFavor
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaFavor
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelAusente
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor
194 Vidal Aguilar, LiborioFavor
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizAusente
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 174
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 30
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor
16 Cambranis Torres, EnriqueAusente
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoFavor
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarFavor
36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaFavor
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente
42 Garza Treviño, PedroFavor
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónFavor
45 González Navarro, José AdriánFavor
46 González Suástegui, GuadalupeFavor
47 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaFavor
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteFavor
75 Padilla Avila, KarinaFavor
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesAusente
81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
82 Ramos Hernández, JorgeFavor
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosFavor
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioFavor
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaAusente
95 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoAusente
99 Taboada Cortina, SantiagoFavor
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeFavor
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 97
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaFavor
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaAusente
11 Castelán Mondragón, María ElidaAusente
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeAusente
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenFavor
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López Sánchez, SergioAusente
27 Madrigal Sánchez, AraceliAusente
28 Maldonado Venegas, LuisFavor
29 Martínez Neri, FranciscoFavor
30 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
31 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
32 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
33 Octaviano Félix, TomásFavor
34 Ordoñez Hernández, DanielFavor
35 Ortega Álvarez, OmarAusente
36 Parra Álvarez, EvelynFavor
37 Peralta Grappin, HéctorFavor
38 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
39 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
40 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor
41 Reyes Álvarez, FelipeFavor
42 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
43 Saldaña Morán, JulioFavor
44 Santana Alfaro, ArturoFavor
45 Santiago López, JoséFavor
46 Saucedo Reyes, AraceliFavor
47 Soto Espino, ArmandoFavor
48 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
49 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor
50 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
51 Wences Real, VictorianoFavor
52 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 42
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 52
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaAusente
8 Basurto Román, AlfredoAusente
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Chávez García, MaríaFavor
16 Contreras Julián, MaricelaAusente
17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor
18 Damián González, AraceliFavor
19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor
20 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
21 Fuentes Alonso, ModestaFavor
22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 García Jiménez, CuitláhuacFavor
25 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
26 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente
29 Hernández Correa, GuadalupeFavor
30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
31 Hernández Mirón, CarlosFavor
32 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor
33 Llerenas Morales, VidalFavor
34 Lomelí Bolaños, CarlosFavor
35 López López, Irma RebecaFavor
36 Martínez Urincho, AlbertoFavor
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaFavor
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanFavor
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsFavor
45 Tello López, JorgeFavor
46 Trejo Flores, MarianaFavor
47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
48 Villa González, ConcepciónFavor
Favor: 40
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 48
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoFavor
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaAusente
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyFavor
26 López Ruiz, NancyFavor
27 Machuca Sánchez, MarioAusente
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Rodríguez Torres, SamuelFavor
32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
34 Sarur Torre, AdrianaFavor
35 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente
36 Sesma Suárez, JesúsAusente
37 Spinoso Carrera, EdgarAusente
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 32
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 40
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Cervera García, RenéFavor
5 Corichi García, Claudia SofíaFavor
6 Delgadillo García, VerónicaFavor
7 Flores Gómez, MirzaFavor
8 Guerra Mota, MoisésFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor
10 Martínez García, JonadabFavor
11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
12 Munguía González, Luis ErnestoFavor
13 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
14 Orantes López, María ElenaFavor
15 Pérez Utrera, AdánFavor
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
20 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
21 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 21
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor
2 García Yáñez, ÁngelFavor
3 Gutiérrez García, CarlosAusente
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaFavor
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
9 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor
2 Torres Cantú, DanielFavor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abdala Carmona, YahleelFavor
2 Abdala Saad, Antonio TarekAusente
3 Abramo Masso, YericoFavor
4 Aguilar Robles, DavidFavor
5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor
6 Aguirre Chávez, Marco PoloAusente
7 Aguirre Romero, AndrésFavor
8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor
10 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente
11 Amaro Cancino, AntonioFavor
12 Anaya Mota, Claudia EdithFavor
13 Anaya Orozco, AlfredoFavor
14 Antelo Esper, BernardinoFavor
15 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor
16 Arellano Núñez, EfraínFavor
17 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor
18 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor
19 Barragán Amador, CarlosFavor
20 Barranco Sánchez, Marco AntonioFavor
21 Barrientos Cano, Laura MitziFavor
22 Bañales Arámbula, RamónFavor
23 Bedolla López, PabloFavor
24 Bejos Nicolás, AlfredoFavor
25 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor
26 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
27 Bernal Casique, IvethFavor
28 Boone Godoy, Ana MaríaFavor
29 Borunda Espinoza, BrendaFavor
30 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor
31 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor
32 Cabrera Ruiz, José HugoFavor
33 Camacho Quiroz, César OctavioFavor
34 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor
35 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente
36 Cardoso Estévez, José LuisFavor
37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor
38 Castillo Martínez, EdgarAusente
39 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor
40 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor
41 Ceja García, XitlalicFavor
42 Cervera Hernández, FelipeFavor
43 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente
44 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor
45 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor
46 Coheto Martínez, Vitalico CándidoAusente
47 Córdova Hernández, José del PilarFavor
48 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor
49 Corella Platt, SusanaFavor
50 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor
51 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor
52 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesAusente
53 Cruz Campos, VictorinoFavor
54 Dávila Flores, Jorge EnriqueAusente
55 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor
56 Díaz Montoya, RocíoAusente
57 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
58 Elizondo García, PabloFavor
59 Escobar Manjarrez, GermánFavor
60 Escobedo Villegas, FranciscoAusente
61 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor
62 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente
63 Etcheverry Aranda, AzulFavor
64 Fernández Márquez, JulietaFavor
65 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor
66 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor
67 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor
68 Gamboa Miner, PabloAusente
69 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor
70 García Ayala, Marco AntonioAusente
71 García Barrón, ÓscarFavor
72 García Carreón, TelésforoAusente
73 García Navarro, OtnielFavor
74 García Portilla, Ricardo DavidFavor
75 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor
76 González Calderón, Martha HildaFavor
77 González Rojas, AarónFavor
78 González Salum, Miguel ÁngelFavor
79 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor
80 Guerrero Aguilar, FabiolaAusente
81 Guerrero Coronado, DeliaFavor
82 Guerrero Esquivel, AraceliFavor
83 Guevara Cobos, Luis AlejandroAusente
84 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor
85 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor
86 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor
87 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor
88 Hernández Madrid, María GloriaFavor
89 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente
90 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor
91 Ibarra Otero, Próspero ManuelAusente
92 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor
93 Iriarte Mercado, CarlosFavor
94 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioAbstención
95 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente
96 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelAusente
97 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor
98 Kuri Grajales, FidelFavor
99 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor
100 Le Baron González, AlexFavor
101 Leyva García, Leydi FabiolaFavor
102 López Gutiérrez, David EpifanioFavor
103 López Velasco, Edith YolandaFavor
104 Luna Canales, ArmandoAusente
105 Luna Munguía, Alma LiliaAusente
106 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor
107 Majul González, SalomónFavor
108 Maya Pineda, María IsabelFavor
109 Mazari Espín, RosalinaFavor
110 Medrano Quezada, BenjamínFavor
111 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
112 Melhem Salinas, EdgardoFavor
113 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor
114 Méndez Hernández, SandraFavor
115 Mercado Ruiz, DavidFavor
116 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor
117 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor
118 Mólgora Glover, ArletFavor
119 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor
120 Monroy del Mazo, CarolinaFavor
121 Montes Salas, Dulce MaríaFavor
122 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor
123 Mota Hernández, AdolfoFavor
124 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor
125 Muñoz Parra, María VerónicaFavor
126 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor
127 Navarrete Pérez, FernandoFavor
128 Nazar Morales, JuliánAusente
129 Nazario Morales, MatíasFavor
130 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor
131 Orantes López, Hernán de JesúsFavor
132 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor
133 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor
134 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor
135 Osorno Belmont, SusanaFavor
136 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor
137 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor
138 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor
139 Pinete Vargas, María del CarmenFavor
140 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor
141 Plata Inzunza, EvelioFavor
142 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor
143 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor
144 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor
145 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor
146 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor
147 Ramírez Nieto, RicardoFavor
148 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlAusente
149 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor
150 Real Salinas, Dora ElenaFavor
151 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor
152 Rentería Medina, Flor EstelaFavor
153 Rivera Carbajal, SilviaFavor
154 Rivera Sosa, José LorenzoFavor
155 Rocha Aguilar, YulmaFavor
156 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor
157 Rojas Orozco, EnriqueFavor
158 Rojas San Román, Francisco LauroFavor
159 Romero Vega, EsdrasFavor
160 Romo García, EdgarFavor
161 Rosales Reyes, Salomón FernandoAusente
162 Rosas Cuautle, FabiolaFavor
163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor
164 Sáenz Soto, José LuisFavor
165 Salazar Espinosa, HeidiFavor
166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente
167 Salinas Lozano, CarmenFavor
168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
169 Sánchez Coronel, CristinaFavor
170 Sánchez Isidoro, DavidAusente
171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor
172 Sandoval Martínez, María SoledadAusente
173 Santillán Oceguera, Francisco JavierAusente
174 Sarabia Camacho, CarlosFavor
175 Saracho Navarro, FranciscoFavor
176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor
177 Serrano Hernández, MaricelaAusente
178 Silva Ramos, AlbertoAusente
179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor
180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor
181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor
182 Taja Ramírez, RicardoFavor
183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor
184 Tannos Cruz, YarithFavor
185 Terrazas Porras, AdrianaFavor
186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor
187 Toledo Medina, José LuisFavor
188 Torres Huitrón, José AlfredoFavor
189 Trujillo Zentella, GeorginaFavor
190 Uriarte Zazueta, FernandoFavor
191 Valencia García, ÓscarFavor
192 Vallejo Barragán, ManuelAusente
193 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor
194 Vidal Aguilar, LiborioFavor
195 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor
196 Villa Ramírez, TimoteoFavor
197 Villa Trujillo, EdithFavor
198 Villagómez Guerrero, RamónFavor
199 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor
200 Vélez Núñez, BeatrizFavor
201 Yerena Zambrano, RafaelFavor
202 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor
203 Zepahua García, LillianFavor
204 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor
Favor: 169
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 34
Total: 204
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Aguilar López, María MercedesFavor
2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor
3 Alejo Domínguez, HugoFavor
4 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor
5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor
6 Amparano Gámez, LeticiaFavor
7 Antero Valle, Luis FernandoFavor
8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor
9 Barraza López, José TeodoroFavor
10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor
11 Bello Otero, CarlosFavor
12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor
13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor
15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente
16 Cambranis Torres, EnriqueFavor
17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor
18 Castañón Herrera, EukidAusente
19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor
20 Chavarrías Barajas, EloisaAusente
21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor
22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor
23 Corral Estrada, HerminioFavor
24 Corral Mier, JuanFavor
25 Cortés Berumen, José HernánFavor
26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor
27 Cortés Mendoza, Marko AntonioAusente
28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor
29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor
30 Culin Jaime, GretelFavor
31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor
32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor
33 Döring Casar, FedericoFavor
34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor
35 Flores Sosa, CésarFavor
36 Gama Basarte, Marco AntonioFavor
37 García Escobar, Lilia ArmindaFavor
38 García García, PatriciaFavor
39 García López, José MáximoFavor
40 García Pérez, MaríaAbstención
41 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroAusente
42 Garza Treviño, PedroFavor
43 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente
44 González Ceceña, ExaltaciónFavor
45 González Navarro, José AdriánFavor
46 González Suástegui, GuadalupeFavor
47 Gutiérrez Campos, AlejandraAusente
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséAusente
49 Hernández Ramos, MinervaFavor
50 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor
51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor
52 Huerta Villegas, GenovevaFavor
53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor
54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente
55 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor
57 López Córdova, José EverardoFavor
58 López Martín, JorgeFavor
59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor
60 Mandujano Tinajero, RenéFavor
61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor
62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor
63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor
64 Martínez Santos, WenceslaoFavor
65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor
66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor
67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor
68 Moya Marín, AngélicaFavor
69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor
70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor
71 Nava Mouett, JacquelineFavor
72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor
73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor
74 Ovando Reazola, JanetteAusente
75 Padilla Avila, KarinaFavor
76 Paes Martínez, JiselaFavor
77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor
78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor
79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor
80 Ramírez Núñez, UlisesAusente
81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor
82 Ramos Hernández, JorgeFavor
83 Rendón García, César AugustoFavor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor
85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor
86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesAbstención
87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor
88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor
89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
90 Ruiz García, Juan CarlosFavor
91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor
92 Salas Valencia, José AntonioFavor
93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor
95 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
96 Sánchez Meza, María LuisaFavor
97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor
98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoAusente
99 Taboada Cortina, SantiagoAusente
100 Talavera Hernández, María EloísaFavor
101 Tamariz García, XimenaFavor
102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor
103 Triana Tena, JorgeAbstención
104 Valenzuela Armas, RafaelFavor
105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor
106 Vargas Bárcena, MarisolFavor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeAusente
108 Velázquez Valdez, BrendaFavor
109 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor
Favor: 91
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 15
Total: 109
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor
2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor
3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor
4 Aragón Castillo, HortensiaFavor
5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor
6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor
8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor
9 Bocanegra Ruiz, ElioAusente
10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor
11 Castelán Mondragón, María ElidaFavor
12 Catalán Padilla, OlgaFavor
13 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor
14 Estefan Garfias, José AntonioFavor
15 Fernández González, WaldoFavor
16 Ferrer Abalos, ÓscarFavor
17 Flores Sonduk, LluviaFavor
18 García Bravo, María Cristina TeresaFavor
19 García Calderón, David GersonFavor
20 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor
21 Hernández Alcalá, José GuadalupeAusente
22 Hernández Soriano, RafaelFavor
23 Hurtado Arana, KarenAusente
24 Jiménez Rumbo, DavidAusente
25 Juárez Blanquet, ErikFavor
26 López Sánchez, SergioFavor
27 Madrigal Sánchez, AraceliAusente
28 Maldonado Venegas, LuisFavor
29 Martínez Neri, FranciscoFavor
30 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor
31 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor
32 Nava Palacios, Francisco XavierFavor
33 Octaviano Félix, TomásFavor
34 Ordoñez Hernández, DanielFavor
35 Ortega Álvarez, OmarAusente
36 Parra Álvarez, EvelynFavor
37 Peralta Grappin, HéctorFavor
38 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor
39 Pérez Alvarado, CandelarioAusente
40 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor
41 Reyes Álvarez, FelipeFavor
42 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor
43 Saldaña Morán, JulioFavor
44 Santana Alfaro, ArturoFavor
45 Santiago López, JoséFavor
46 Saucedo Reyes, AraceliFavor
47 Soto Espino, ArmandoAusente
48 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor
49 Valera Fuentes, Diego ValenteAusente
50 Valdes Ramírez, María ConcepciónAusente
51 Wences Real, VictorianoFavor
52 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor
Favor: 42
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 52
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor
2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor
3 Alva y Alva, MiguelFavor
4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
5 Armenta Mier, AlejandroFavor
6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor
7 Barrientos Pantoja, AliciaAusente
8 Basurto Román, AlfredoAusente
9 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor
10 Calderón Torreblanca, FidelAusente
11 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor
12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor
13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor
14 Castro Vázquez, RogerioFavor
15 Chávez García, MaríaFavor
16 Contreras Julián, MaricelaFavor
17 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor
18 Damián González, AraceliFavor
19 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor
20 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor
21 Fuentes Alonso, ModestaFavor
22 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor
23 García Chávez, Héctor JavierAusente
24 García Jiménez, CuitláhuacFavor
25 Godoy Ramos, ErnestinaFavor
26 Guzmán Jacobo, RobertoFavor
27 Gómez Álvarez, DelfinaFavor
28 Hernández Colín, Norma XochitlAusente
29 Hernández Correa, GuadalupeFavor
30 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor
31 Hernández Mirón, CarlosFavor
32 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor
33 Llerenas Morales, VidalFavor
34 Lomelí Bolaños, CarlosAusente
35 López López, Irma RebecaFavor
36 Martínez Urincho, AlbertoAusente
37 Molina Arias, Renato JosafatFavor
38 Montiel Reyes, AriadnaFavor
39 Nahle García, Norma RocíoFavor
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente
41 Ramos Ramírez, BlandinaFavor
42 Romero Tenorio, JuanAbstención
43 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor
44 Serrano Lora, JesúsAusente
45 Tello López, JorgeFavor
46 Trejo Flores, MarianaFavor
47 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente
48 Villa González, ConcepciónFavor
Favor: 37
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 48
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Álvarez Angli, ArturoAusente
2 Álvarez López, JorgeFavor
3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor
4 Arévalo González, José AntonioFavor
5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaAusente
6 Ávila Serna, MaríaFavor
7 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor
8 Canales Suárez, PalomaFavor
9 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor
10 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor
11 Corona Valdés, LorenaFavor
12 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente
13 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor
14 De los Santos Torres, DanielaFavor
15 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente
16 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor
17 Galindo Rosas, José de JesúsFavor
18 García Treviño, DanielaFavor
19 González Evia, EdnaFavor
20 González Torres, SofíaFavor
21 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor
22 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor
23 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
24 Limón García, LiaFavor
25 López Roblero, UberlyFavor
26 López Ruiz, NancyFavor
27 Machuca Sánchez, MarioFavor
28 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor
29 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor
30 Ochoa Rojas, CándidoFavor
31 Rodríguez Torres, SamuelFavor
32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor
33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor
34 Sarur Torre, AdrianaFavor
35 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente
36 Sesma Suárez, JesúsAusente
37 Spinoso Carrera, EdgarFavor
38 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente
39 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor
40 Zamora Morlet, EnriqueFavor
Favor: 33
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 40
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Álvarez Maynez, JorgeFavor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor
3 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor
4 Cervera García, RenéFavor
5 Corichi García, Claudia SofíaAusente
6 Delgadillo García, VerónicaFavor
7 Flores Gómez, MirzaFavor
8 Guerra Mota, MoisésFavor
9 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor
10 Martínez García, JonadabFavor
11 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor
12 Munguía González, Luis ErnestoFavor
13 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor
14 Orantes López, María ElenaAusente
15 Pérez Utrera, AdánFavor
16 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor
17 Ramírez Nachis, Rosa AlbaAusente
18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor
19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor
20 Toledo Ibarra, MarbellaFavor
21 Zamora Zamora, SalvadorFavor
Favor: 18
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 21
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente
2 García Yáñez, ÁngelFavor
3 Gutiérrez García, CarlosFavor
4 Hernández León, Luis ManuelFavor
5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor
6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor
7 Pinto Torres, Francisco JavierAusente
8 Reyes Ávila, AngélicaFavor
9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor
10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor
11 Torres Sandoval, MelissaFavor
12 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 12
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Escobedo Miramontes, Justo FedericoFavor
2 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor
3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente
4 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor
5 González Murillo, AlejandroFavor
6 Guízar Valladares, GonzaloFavor
7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor
8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor
9 Pineda Morín, AbdiesFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor
2 Torres Cantú, DanielFavor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2