«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción I del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Problemática

El delito de robo se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, por lo tanto, representa una problemática que afecta gran cantidad de regiones en el mundo, y México no es una excepción.

La delincuencia está presente en muchos sectores que, por la naturaleza de sus actividades, son blanco fácil de este delito, entre los sectores más afectados a nivel nacional se encuentra el autotransporte federal de carga de mercancías, pasajeros, turismo y transporte privado de carga y transporte privado de personas.

Como todos sabemos, el objeto de tipificar una conducta recae en la importancia que tiene la protección de un bien jurídico, derivado de la importancia que éste tiene socialmente, en este caso el patrimonio de las personas, es decir, los actos que atentan o dañan el patrimonio de las personas físicas y morales.

Los delitos patrimoniales más comunes son el robo, que consiste en el apoderamiento de un bien mueble, ajeno, sin derecho ni consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley; por otra parte el delito de daño que también es recurrente, consiste en el menoscabo de un bien ya sea mueble o inmueble derivado de un actuar del sujeto activo. Los supuestos anteriores, desde luego incluyen aquellas conductas cometidas en perjuicio de los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros y turismo, tano público como privado.

Derivado de lo anterior, se expresa la siguiente

Como ya se ha señalado, el robo al autotransporte federal se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años, lo cual ha afectado de manera importante tanto al sector privado como al público, generando importantes pérdidas de carácter económico que redundan en perjuicio de nuestra sociedad, ya que por una parte, las víctimas resultan ser pasajeros o turistas; y por otra impacta de manera directa la cadena de producción de distintas mercancías.

Por su parte, el sector privado, a través de algunas organizaciones de transportistas, como la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Cámara Nacional de Pasaje y Turismo y la Asociación Nacional de Transporte Privado reportan que en los últimos dos años el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las carreteras del país, incrementándose de 1,087 en el año 2015 a 1763 unidades en el 2016, lo cual representa un aumento del 62 por ciento, lo anterior, representa cuantiosas pérdidas a la industria.

Por cuanto hace al autotransporte de pasaje y turismo en el años 2014 se registraron 12,294 robos, sin perder de vista que la cifra negra (robos no denunciados) asciende entre 2014 y 2015 a más de 90 por ciento del total de robos denunciados, razón por la que se considera que la atención a este fenómeno delictivo debe ser de atención prioritaria para las autoridades federales.

Lo anterior, no sólo por el aumento considerable de su incidencia sino, también, porque a decir de las propias organizaciones, ante los incrementos en los robos al autotransporte, aumentó también el costo de seguridad para las empresas el cual ha pasado del 6 a 12 por ciento en el mismo periodo, asimismo, los autotransportistas de carga, pasaje, turismo y transporte privado de carga y transporte privado de personas, han venido modificando aspectos operativos de sus respectivas actividades, lo que en muchos casos incrementa los gastos de operación. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el sector asegurador pues ante la creciente actividad delictiva, compañías aseguradoras ahora definen al autotransporte como un mercado de alto riesgo, por lo que han comenzado a retirarse.

Asimismo, las ventas de póliza de seguro se han incrementado, en promedio, hasta el 100 por ciento impactando la estructura de costos de la actividad, hasta el 4 por ciento en este año, siendo que años anteriores solo era del 2 por ciento.

Otro aspecto que impacta a la industria del autotransporte es el robo de las unidades (tracto camiones, autobuses y remolques o cajas), en cuanto a las unidades de carga no son encontrados, por lo que se estima que el 50 por ciento de las unidades y de los vehículos ya no son recuperados, lo que sin duda afecta la competitividad del sector. Por su parte el robo de unidades de pasajeros (autobuses) se ha incrementado en un 275 por ciento en los últimos cuatro años.

En este sentido, cabe destacar que derivado de la comisión del delito de robo al autotransporte, se pueden cometer otros delitos de carácter grave, lo cual da pauta a dos elementos emergentes, el primero es en el caso de los servicios de transporte de pasajeros, y consiste en que derivado de las circunstancias en las que se encuentran las víctimas (lejos de su lugar de residencia, sin conocer el territorio en el que se encuentran, etc.), no presentan la denuncia correspondiente.

Por otra parte, en el caso del servicio de carga, la mercancía objeto de apoderamiento, es llevada al mercado informal de otra u otras entidades, y al encontrarse el conductor en la misma circunstancia de desconocimiento del espacio territorial en el que se encuentra, no da parte a la autoridad.

En cualquier de los casos anteriores la consecuencia natural es la impunidad derivado de que la autoridad no cuenta con los elementos necesarios para investigar los hechos correspondientes.

Tales circunstancias justifican ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes corresponda el combate a este flagelo, ello aunado al hecho que el bien jurídico en contra el cual atenta es la economía nacional y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos.

Las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política de estado que evite que el robo al autotransporte llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal

Único.Se reforma la fracción XVI del artículo 381; se adiciona el capítulo I Bis denominado “Del Robo al Autotransporte Federal”, al título vigésimo segundo, con los artículos 381 Ter a 381 quinquies, y se derogan las fracciones VII y XIII del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 381 Ter, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo en los casos siguientes:

I. a XII...

XIII. Se deroga.

XIV. y XV. ...

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras, en contra de vehículos, conductores, usuarios del autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, o sobre su equipaje o valores en cualquier lugar durante el transcurso del viaje;

XVII...

...

...

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión cuando el objeto del robo sea las mercancías y cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Asimismo, se sancionarán todas aquellas acciones previstas en el artículo 253 del presente código, que tengan por objeto dificultar o impedir la concurrencia en la producción o el comercio.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 Bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluidas las previstas en el párrafo primero del presente artículo.

Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.

Artículo 381 Quáter. Además de la pena que le corresponda conforme al primer párrafo del artículo anterior, se aplicarán las previstas en este artículo en los casos siguientes:

I. La pena de prisión se aumentará en un tercio cuando exista apoderamiento del remolque o semirremolque y sea utilizado para cometer otro ilícito.

II. La pena de prisión se aumentará en una mitad, al servidor público que cometa o participe en el robo y que tenga a su cargo funciones de prevención, investigación y persecución del delito, así como de ejecución de penas y, además se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

III. La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes al que utilice, trafique o comercialice con los productos y bienes robados de los vehículos de autotransporte federal y transporte privado;

Artículo 381 Quinquies. En los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turista o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Álvaro Ibarra Hinojosa, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Alberto Silva Ramos, Alejandra Gutiérrez Campos, Alex Le Baron González, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Ana María Boone Godoy, Armando Luna Canales, Brenda Velázquez Valdez, César Alejandro Domínguez Domínguez, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Estela Rentería Medina, Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Hugo Cabrera Ruiz, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Carlos Ruiz García, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Marco Antonio Aguilar Yunes, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, Nora Liliana Oropeza Olguín, Pablo Elizondo García, Paloma Canales Suárez, Pedro Garza Treviño, Ramón Villagómez Guerrero, Ricardo Ramírez Nieto, Rocío Díaz Montoya, Timoteo Villa Ramírez, Wenceslao Martínez Santos, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción VIII; 71 numeral 1, 2 y 3; 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, los que suscribimos, Diputadas y Diputados de la LXIII Legislatura, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

El desarrollo del sistema de partidos en México ha sido un largo proceso que ha resultado fundamental en la construcción y consolidación de nuestra democracia. El financiamiento a los partidos políticos ha vivido distintas épocas y circunstancias, los cuales debemos recapitular para fundamentar el planteamiento de la presente reforma.

Tras la Revolución Mexicana, la Ley para la Elección de los Poderes Federales de 1918 reglamentaba de manera incipiente a los partidos políticos, sin embargo, tanto los partidos como los candidatos independientes no sólo carecían de prerrogativas para realizar sus actividades, sino que debían financiar parcialmente los procesos electorales, al estar obligados a sufragar campañas de empadronamiento, sus propios actos proselitistas e incluso la impresión de las boletas que se usarían durante la jornada electoral.

La Ley Federal Electoral de 1946 estableció el régimen de partidos, haciendo obligatorio su registro con un mínimo de ciudadanos afiliados; limitando la proliferación de partidos locales y regionales pues podían obtener registro los que tuvieran carácter nacional; los obligó a ajustar sus estatutos, programa y actividades a lo establecido en la Constitución, a realizar procesos de elección interna, a constituir órganos internos con funciones diferenciadas y a dotarse de mecanismos de sanción a quienes faltaran a los principios o fines del partido. No obstante, esta Ley no contempló destinar financiamiento público a las actividades de los partidos.

Dicha legislación, sin embargo, no impidió que existiera en la realidad el financiamiento público ilegal, inmoral, sin control ni límite y por tanto desmesurado que el régimen posrevolucionario brindó al Partido de Estado. En esta época, el PRI disfrutó no sólo del cobijo autoritario del poder y de la instrumentación de la persecución a la oposición política, sino además usó edificios públicos, el dinero que fuera necesario, recursos materiales gubernamentales y empleados públicos a su servicio para empadronar, colocar propaganda oficial, borrar o retirar publicidad de la oposición, promover el voto o intimidar electores, conformar las plantillas de funcionarios de casilla a modo, contar tramposamente los votos y salir a aplaudir los supuestos triunfos del PRI-Gobierno.

Ante esta situación, una de las principales demandas de la oposición, tanto la que contaba con registro como la que existía en la clandestinidad, era que el gobierno organizaba las elecciones, que usaba todos los recursos públicos para imponer a los suyos y que era juez y parte al momento de determinar a los ganadores. No existían las mínimas condiciones de competencia democrática, de libertad de expresión en los medios de comunicación, de equidad en las campañas y de imparcialidad de las autoridades electorales.

En específico, la oposición exigía terminar con el uso de recursos gubernamentales con fines electorales. No dinero público para financiar al PRI, no funcionarios públicos al servicio del partido oficial, no programas gubernamentales condicionados al voto a favor de los candidatos priístas. Esta crítica se enfocaba a terminar con el corporativismo y el control social, a poner fin a la simbiosis Partido-Gobierno, a realizar elecciones limpias donde el voto contara y se contara. No existe registro de iniciativa alguna o de discurso alguno donde la oposición de entonces pidiera la existencia de financiamiento público para generar condiciones de equidad.

Los partidos de oposición se financiaban mediante las cuotas de sus militantes y simpatizantes, la realización de rifas y de otras promociones económicas, de la donación de parte de la dieta de sus diputados y de las aportaciones de empresas privadas que muchas veces se hacía en secreto para prevenir represalias del PRI-Gobierno.

Las sucesivas reformas a la Ley Federal Electoral, incluso la nueva Ley en la materia aprobada en 1973, modificaron diversos aspectos relativos a los requisitos para constituir partidos y sobre la organización de los comicios, incluida la geografía electoral, pero no incluyeron norma alguna relativa al financiamiento público de los partidos.

El agotamiento y la crisis de legitimidad del régimen posrevolucionario que empezó a manifestarse en las elecciones federales de 1976, llevaron al gobierno a promover una Reforma Política encaminada a legitimarlo de nuevo aduciendo la necesidad de promover mayor pluralidad de los actores políticos, sin reconocer que era imposible mantener indefinidamente un modelo de control político autoritario por más tiempo. Fue así como el entonces secretario de Gobernación e ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, apadrinó tal reforma para dar una bocanada de oxígeno que mantuviera con vida al régimen.

La iniciativa de Reforma Política de 1977 consideró de manera inédita, entre otras cosas, el otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos nacionales para la realización de sus actividades como instituciones de interés público. La visión soberbia y el menosprecio del régimen a la democracia le permitía justificar la medida plasmando en la Constitución la noción de que "los partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades a la obtención del voto popular".

Sin embargo, la oposición de entonces señaló con toda claridad que el propósito de fondo de esta medida era legalizar e institucionalizar el uso de recursos públicos a favor del PRI y sus membretes, además de plantear una peligrosa dependencia económica de los partidos de oposición hacia el gobierno, lo cual podría incluso favorecer la corrupción política. El régimen empleó como justificación el criterio prevaleciente en varias democracias europeas donde existía no sólo el financiamiento público a los partidos políticos, sino que se establecía que el mismo debería tener preponderancia respecto al financiamiento privado, aduciendo que ello garantizaría que los partidos no se vieran condicionados por los intereses políticos o económicos ocultos tras los recursos económicos que recibían.

La Reforma Política de 1977 se concretó con la reforma constitucional de octubre de 1977 y la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) aprobada en los términos decididos por el gobierno. Esta legislación estableció las siguientes prerrogativas a favor de los partidos políticos:

1. Acceso permanente a tiempos de radio y televisión.

2. Exención de impuestos y derechos.

3. Franquicias postales.

4. Facilidades para tareas editoriales (Entrega de papel en especie del monopolio oficial PIPSA).

5. Contar con el mínimo de elementos para desarrollar la actividad electoral (Financiamiento público en efectivo).

La generalidad de estas disposiciones significó que el ejercicio de estas prerrogativas quedara por varios años como una facultad discrecional de la Secretaría de Gobernación al carecer de bases, criterios o fórmulas para la distribución de los tiempos, montos y recursos en especie, lo cual generó aún más sospechas de que el PRI se despachaba con la cuchara grande en el uso de recursos, razón por la cual un partido como el PAN decidió no aceptar dinero en efectivo y sólo optó por acceder a los tiempos oficiales en radio y televisión y disponer del papel para sus publicaciones al no existir alternativa para su obtención.

En 1987 tuvo lugar una nueva reforma electoral que derogó la LOPPE y promulgó el nuevo Código Federal Electoral; en materia de financiamiento público, el Código mantuvo esencialmente lo dispuesto por la legislación derogada. Tras la fraudulenta elección presidencial de 1988 y la nueva reforma política derivada de ella que fue negociada y acordada en el periodo 1989-1990 la cual dio origen al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el tema del financiamiento público fue claramente precisado y ampliado, incorporando fórmulas y criterios que lo vincularan a la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón, al porcentaje de votos obtenido por cada partido y estableciendo topes de gastos, al desarrollo de las campañas y en general a la propaganda electoral para generar condiciones de competencia equitativa.

Sin embargo, la reforma política de 1996, que estableció la norma constitucional vigente que vincula el financiamiento al total de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores y el salario mínimo ha sido considerada excesiva y por consiguiente criticada como un derroche injustificado de recursos. No obstante los crecientes costos de la política y la democracia en todo el mundo, las condiciones de un país como México continúan apuntando a que existen otras prioridades de gasto público más importantes que el financiamiento de los partidos políticos.

Los partidos políticos son instituciones que poseen una evidente importancia en las sociedades contemporáneas, pues los sistemas democráticos del mundo resultan impensables sin la existencia de dichas organizaciones, en virtud de que estas suponen el acceso de los ciudadanos al poder público. Así, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a los partidos políticos como entidades de interés público, cuyos fines son promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Lo cual da a los partidos calidad de medios o instrumentos para que el pueblo en uso de su soberanía, tengan acceso al poder público.

Ahora bien, para que los partidos políticos puedan subsistir como organizaciones estructurales, completas e independientes, y además lleven a cabo sus funciones y actividades, necesitan recursos que les permitan solventar los gastos que implica el sostenimiento de toda la maquinaria política y el cumplimiento de los fines que la ley señala. Estos recursos económicos son los que comúnmente conocemos como financiamiento de los partidos políticos.

En nuestro país, el financiamiento de los partidos políticos, se encuentra en su mayor parte subsidiado por dinero público; es decir, recursos económicos, bienes y servicios que el Estado otorga a los partidos políticos para que estos lleven a cabo las funciones y cumplan con los fines que la ley señala. Sin embargo, debido a la poca transparencia en el uso de recursos públicos y a la corrupción que ha permeado el actuar de las administraciones públicas en todos los niveles de Gobierno, durante los últimos años ha surgido en nuestro país la legítima inconformidad ciudadana relacionada con el excesivo financiamiento público recibido por los partidos políticos y lo onerosas que resultan las campañas políticas, en contraste con los altos índices de pobreza, marginación y desigualdad que vive la sociedad mexicana, que desafortunadamente se incrementan con el arribo de desastres naturales, como los ocurridos durante las últimas semanas.

Los partidos que integramos el Frente Ciudadano por México reconocemos que la preeminencia del financiamiento público ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de la democracia en nuestro país, sin embargo, estamos convencidos de que prolongar éste subsidio en los términos actuales y de manera indefinida, traería consecuencias devastadoras para el propio sistema democrático, al convertir a los partidos políticos en entes dependientes del erario público, alejados de los problemas y las necesidades actuales de la sociedad. Ante tal coyuntura, los partidos políticos estamos obligados a representar debidamente a los ciudadanos y contribuir a la formación de una cultura política en la sociedad y no convertirnos en una carga a la economía nacional, que desvíe los recursos públicos de las necesidades prioritarias del país. Ante ello, proponemos eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y que éstos realicen sus fines constitucionales y sufraguen actividades y funciones con preeminencia de financiamiento privado, con lo cual, los partidos políticos se verían obligados a estrechar sus lazos con la sociedad en búsqueda de simpatizantes y militantes que contribuyan con recursos económicos al sostenimiento de la organización política y al cumplimiento de sus fines constitucionales.

No obstante lo anterior, estamos conscientes de que el financiamiento preeminentemente privado, trae consigo riesgos que deben contenerse de manera seria y responsable, para no producir efectos contrarios a lo deseado; por lo que debe fortalecerse el sistema de control, transparencia y vigilancia en el uso y fuentes de los recursos de los partidos políticos y fomentar la participación de simpatizantes y la militancia de los partidos políticos en la financiación de los mismos; además, se debe promover una regulación legal que disminuya los gastos administrativos y operativos erogados por los servidores públicos, para evitar el desperdicio de recursos económicos.

Este es el espíritu primordial de la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional, cuyo objetivo principal es eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, para que dichos recursos económicos puedan ser reorientados a la satisfacción de necesidades prioritarias, urgentes e inmediatas, como las que actualmente demanda la sociedad mexicana.

Bajo ese tenor, proponemos la modificación del artículo 41 y adición de artículos transitorios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguiente:

1) La eliminación constitucional del financiamiento público a los partidos políticos, tanto en sus actividades ordinarias y específicas, como para la realización de las campañas electorales.

2) La reducción de topes de gastos de campaña al máximo.

3) Eliminación de los gastos de publicidad gubernamental, con excepción de los relacionados con los rubros de seguridad nacional, servicios educativos, salud, protección de derechos humanos, turismo y protección civil, y que estos sean los estrictamente necesarios.

4) La reorientación de tales recursos económicos para cubrir las necesidades urgentes e inmediatas de los ciudadanos, bajo el contexto que actualmente viven las familias mexicanas después de la afectación producida por los recientes desastres naturales ocurridos en territorio nacional.

Así mismo, de un análisis pormenorizado realizado al Presupuesto de Egresos de la Federación, se advierte la posibilidad de reducir hasta en $48,272,250,784 del presupuesto etiquetado en lo Ramos Administrativos no vinculados a salud, seguridad, protección civil y educación en las que deberá hacerse un programa de austeridad específico. Por lo cual, se propone la adición de diversas normas transitorias constitucionales y artículos al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, en los siguientes términos:

El Gobierno Federal implementará un programa de austeridad que incluya, al menos:

1) La reducción del cincuenta por ciento del presupuesto del gobierno federal en gastos de personal por honorarios.

2) La reducción de por lo menos el cincuenta por ciento de la nómina de mandos altos y medios, relacionados con personal con cargos de Secretarios, subsecretarios, directores y jefe de departamento, o sus equivalentes, en las dependencias del gobierno federal;

3) La eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de vida, de altos funcionarios del gobierno federal;

4) La eliminación de gastos de representación, pago de teléfonos celulares, gasolina, vehículos y otras prerrogativas no prioritarias, de funcionarios de mando medio y superior del gobierno federal;

5) La eliminación de gastos en publicidad gubernamental, con excepción de los estrictamente necesarios para la seguridad nacional, salud, turismo, derechos humanos y protección civil.

6) Los recursos que resulten del programa de austeridad señalado en el presente artículo serán destinados en su totalidad a la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias ambientales en territorio nacional, mediante la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional, el cual estará vigilado por ciudadanos con alta probidad moral y profesional.

El plan de austeridad descrito en los puntos anteriores se ubica en los capítulos presupuestarios 1100, 1200, 1400, 3600 y 3700 respectivamente.

También, se propone la modificación de diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, eliminando las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables. Lo anterior, tiene como finalidad atender la demanda ciudadana de reorientar el financiamiento público para cubrir las necesidades prioritarias y urgentes que actualmente tiene la sociedad mexicana.

Por las razones expuestas, se somete a consideración de esta honorable soberanía la presente

Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 41, Base II; y, Base V, apartado B, inciso a), numerales 6, 7, y 8; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un artículo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; y se reforma el artículo 58 y se deroga la fracción III del artículo 64, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

PRIMERO. Se reforma el artículo 41, Base II; y Base V, apartado B, inciso a), numerales 6, 7, y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

I. ...

II. Los partidos políticos, podrán obtener recursos para el sostenimiento de actividades ordinarias, específicas y de campaña, mediante aportaciones de militantes, simpatizantes, y mecanismos de autofinanciamiento, conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) La ley determinará los montos máximos de las aportaciones de militantes, simpatizantes y de autofinanciamiento, así como los procedimientos para su recaudación y gasto, los cuales se ajustarán a criterios de transparencia y vigilancia, para lo cual la ley ordenará los procedimientos para el control y fiscalización oportuna;

b) El tope de gastos para las precampañas, así como para el tope de gasto en las campañas federales, se ajustará a los máximos siguientes y en las modalidades que establezca la ley;

I. Para la elección de Presidente de la República será lo que resulte de dividir entre sesenta, la multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización y el padrón electoral.

II. Para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, será lo que resulte de dividir el tope para Presidente de la República, entre doscientos.

III. Para Senador por el principio de mayoría relativa, serálo que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.

c) La ley determinará las sanciones cuando la recaudación y gasto no se ajuste a lo establecido en los párrafos anteriores, así como cuando exista financiamiento de personas no autorizadas y de actividades ilícitas.

d) La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro.

III.

...

IV.

...

V.

...

Apartado A. ...

...

Apartado B. ...

a) ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tendrá autonomía técnica y de gestión, y será nombrado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, previo procedimiento señalado por la ley;

7. La coordinación con partidos políticos de programas de capacitación con el objeto promover el liderazgo político de las mujeres, y la difusión y promoción de la educación cívica, la cultura democrática, y la elaboración de investigaciones socioeconómicas y políticas; y

8. Las demás que determine la ley.

b) ...

Apartado C....

Apartado D. ...

VI. ...

SEGUNDO. Se agregan los siguientes artículos transitorios a la reforma constitucional:

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan derogados todos los artículos de la legislación federal que se encuentren contrarios a la presente reforma constitucional.

ARTÍCULO TERCERO. La presente reforma aplicará a partir del actual proceso electoral 2017 - 2018. Para ello, por única ocasión podrán realizarse modificaciones a la legislación secundaria iniciado el proceso electoral, como excepción a lo señalado en el cuarto párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución.

ARTÍCULO CUARTO. La legislación federal secundaria contemplará lo siguiente:

1. Que los montos máximos de recaudación permitidos de financiamiento privado a los partidos políticos, sean suficientes para alcanzar los topes de campaña y su operación ordinaria.

2. Contemplar al menos la celebración de seis debates para la elección de Presidente de la República, cuatro para la elección de senadores por entidad, y tres para la elección de cada diputado federal; todos ellos organizados por el Instituto Nacional Electoral.

3. Para el caso de propaganda gubernamental, la ley contemplará que bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener el carácter institucional y fines informativos y exclusivamente podrán versar sobre servicios educativos, seguridad, salud, protección de derechos humanos, turismo, y las necesarias para la protección civil en casos de emergencias. La ley señalará los montos y modalidades máximos de publicidad gubernamental en los rubros antes señalados. Para ello la ley garantizará que la publicidad no se condicione a otros contenidos que emitan los medios de comunicación, para lo cual la contratación estará sujeta a los principios de transparencia, equidad e imparcialidad.

ARTÍCULO QUINTO. A partir de la publicación del presente decreto, habrá un plan de austeridad con el objeto de hacer frente a las necesidades de ayuda y reconstrucción para los damnificados de las catástrofes naturales acontecidas en el año 2017. El gobierno federal incluyendo los órganos desconcentrados y descentralizados, así como los órganos constitucionales autónomos, el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral, implementarán las siguientes medidas:

1) La reducción del cincuenta por ciento del presupuesto del gobierno federal en gastos de personal por honorarios.

2) La reducción de por lo menos el cincuenta por ciento del personal con cargos de jefe de departamento y hasta nivel de subsecretarías, o sus equivalentes, en las dependencias del gobierno federal. Lo anterior con excepción de las áreas relacionadas con salud, seguridad, protección civil y educación, en las que deberá hacerse un programa de austeridad específico.

3) La eliminación de oficinas alternas de funcionarios públicos, incluyendo secretarios de estado.

4) La eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de vida de altos funcionarios del gobierno federal, salvo los relacionados con labores de seguridad;

5) La eliminación de gastos de representación, pago de teléfonos celulares, gasolina, vehículos, y otras prerrogativas no prioritarias, de funcionarios de mando medio y superior del gobierno federal;

6) La eliminación de gastos en publicidad gubernamental, con excepción de los estrictamente necesarios para la seguridad, salud, turismo, derechos humanos y protección civil. Para ello, en caso de no haberse reformado la ley en los términos señalados en el numeral tercero del artículo cuarto transitorio, la Cámara de Diputados aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los montos máximos para dicha publicidad en los rubros antes mencionados, basados en el criterio de máxima austeridad.

Los recursos que resulten del programa de austeridad señalado en el presente artículo serán destinados en su totalidad a la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias ambientales en territorio nacional, y serán erogados a través del Fondo de Reconstrucción Nacional, en términos señalados por la ley que al efecto se apruebe, creado para el efecto y manejado mediante mecanismos bajo la estricta vigilancia de un comité integrado por ciudadanos apartidistas, con plena solvencia moral y experiencia profesional.

ARTÍCULO SEXTO. El nombramiento del primer titular nombrado por la Cámara de Diputados, deberá realizarse de inmediato, mediante el procedimiento que determine la Junta de Coordinación Política. La autonomía técnica y de gestión de dicha Unidad iniciará su vigencia a partir del primer nombramiento hecho por la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los ahorros que resulten de las ministraciones que no se otorguen a los partidos políticos, derivado de esta reforma, así como aquellos que resulten de las acciones señaladas en el presente decreto, serán erogados a través del Fondo de Reconstrucción Nacional, en términos señalados por la ley que al efecto se apruebe, creado para el efecto y manejado mediante mecanismos bajo la estricta vigilancia de un comité integrado por ciudadanos apartidistas, con plena solvencia moral y experiencia profesional.

A partir de que se atienda completamente el objeto del Fondo en mención, el Presupuesto de Egresos de la Federación, cada año definirá el destino de dichos recursos.

TERCERO. Se adiciona un artículo a Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, para quedar como sigue:

Artículo "46": El gobierno federal implementará un programa de austeridad que incluya, al menos:

a) La reducción del cincuenta por ciento del presupuesto del gobierno federal en gastos de personal por honorarios.

b) La reducción de por lo menos el cincuenta por ciento del personal con cargos de jefe de departamento y hasta nivel de subsecretarías, o sus equivalentes, en las dependencias del gobierno federal. Lo anterior con excepción de las áreas relacionadas con salud, seguridad, protección civil y educación, en las que deberá hacerse un programa de austeridad específico.

c) La eliminación de oficinas alternas de funcionarios públicos, incluyendo secretarios de estado.

d) La eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de vida, de altos funcionarios del gobierno federal, salvo los relacionados con labores de seguridad;

e) La eliminación de gastos de representación, pago de teléfonos celulares, gasolina, vehículos y otras prerrogativas no prioritarias, de funcionarios de mando medio y superior del gobierno federal;

f) La eliminación de gastos en publicidad gubernamental, con excepción de los estrictamente necesarios para la seguridad nacional, salud, turismo, derechos humanos y protección civil, bajo los montos máximos precisados en el presente Presupuesto.

Los recursos que resulten del programa de austeridad señalado en el presente artículo serán destinados en su totalidad a la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias ambientales en territorio nacional, mediante el fideicomiso y vigilancia del comité a los que hacen referencia el decreto de reforma constitucional de fecha __ de __ de 2017.

CUARTO. Se modifica el artículo 58 y se deroga la fracción III del artículo 64 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 58. ..:

I. ...

II. ...

III. ...

...

...

...

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variaciónmenor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. Cuando las variaciones del ramo sean superiores al 5% de un ramo, requerirán la aprobación de la Cámara de Diputados.

...

Artículo 64. El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad de recursos para cubrir:

I. ...

II. ...

III. (Derogado)

IV. ...

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan derogados todos los artículos de la legislación federal que se encuentren contrarios a la presente reforma constitucional.

ARTÍCULO TERCERO. La reforma se aplicará para los procesos electorales federales y locales a partir de los que se celebrarán en 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: José Clemente Castañeda Hoeflich,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Alfredo Miguel Herrera Deras, Ángel II Alanís Pedraza, Angélica Moya Marín, Araceli Saucedo Reyes, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Baltazar Martínez Montemayor, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carlos Bello Otero, César Augusto Rendón García, Claudia Sánchez Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, David Gerson García Calderón, Diego Valente Valera Fuentes, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloisa Chavarrias Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Engell Santiago Torreblanca, Enrique Cambranis Torres, Erik Juárez Blanquet, Eva Florinda Cruz Molina, Evelyn Parra Álvarez, Exaltación González Ceceña, Federico Döring Casar, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco Martínez Neri, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Francisco Xavier Nava Palacios, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopany Schemelensky Castro, Jacqueline Nava Mouett, Janette Ovando Reazola, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Joaquín Jesús Díaz Mena, Jorge Álvarez Maynez, Jorge López Martín, Jorge Triana Tena, José Adrián González Navarro, José Antonio Salas Valencia, José de Jesús Zambrano Grijalva, José Everardo López Córdova, José Guadalupe Hernández Alcalá, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Santiago López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Carlos Ruiz García, Juan Corral Mier, Juan Fernando Rubio Quiroz, Juan Pablo Piña Kurczyn, Julio Saldaña Morán, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia Bolio Pinelo, Leonardo Amado Rodríguez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Ernesto Munguía González, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luis Gilberto Marrón Agustín, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María Cristina Teresa García Bravo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Elida Castelán Mondragón, María Eloísa Talavera Hernández, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Beltrán Reyes, María Luisa Sánchez Meza, María Mercedes Aguilar López, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Marisol Vargas Bárcena, Marko Antonio Cortés Mendoza, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Minerva Hernández Ramos, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Olga Catalán Padilla, Omar Ortega Álvarez, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Rafael Valenzuela Armas, René Mandujano Tinajero, Román Francisco Cortés Lugo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Salvador Zamora Zamora, Santiago Taboada Cortina, Sergio Emilio Gómez Olivier, Teresas de Jesús Lizárraga Figueroa, Tomás Octaviano Félix, Ulises Ramírez Núñez, Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley que Regula e Incentiva la Donación Solidaria de Alimentos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver

En la actualidad no existe un marco jurídico amplio y eficaz que pueda regular y a la vez incentivar la donación de alimentos, de hecho, a nivel federal este tipo de regulación se limita a lo establecido por el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la disposición reglamentaria de la misma, contenida en los artículos 88 y 89 del Reglamento de esa misma Ley.

Lo anterior significa que las incipientes disposiciones legales existentes en el orden federal respecto a la donación de alimentos están orientadas fundamentalmente a la deducibilidad de inventarios de mercancías que han perdido valor comercial. Por ende, estas limitadas disposiciones no contemplan ni regulan aspectos esenciales para el éxito y desarrollo de la donación de alimentos como lo son: mecanismos para promover la creación de bancos de alimentos y fortalecer la operación de los existentes; establecer protocolos para el manejo y disposición de los alimentos donados; establecer medidas específicas para la prevención de riesgos sanitarios; otorgar certidumbre legal a los donantes respecto al deslinde de responsabilidad por daños a la salud por el consumo de los productos donados; delinear el marco de actuación de las distintas instancias de gobierno y especialmente establecer salvaguardas y derechos a la población beneficiaria de la donación de alimentos.

La deducibilidad por sí misma no ha logrado convertirse en un incentivo atractivo y un mecanismo que propicie una práctica efectiva de donación de alimentos. Por otra parte, debido a que el objetivo de estas disposiciones se concentra en la deducción fiscal, las empresas que buscan deducir el valor de sus mercancías en ocasiones simulan la donación o tan sólo se limitan a cumplir el requisito formal de avisar y publicar en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la disponibilidad de sus inventarios de alimentos en ofrecimiento de donación sin que se concrete un mayor esfuerzo por hacer llegar esos productos a la población que los necesita.

En el orden local, las entidades federativas de Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas cuentan con alguna legislación relacionada con la donación de alimentos y en todas ellas se denomina a la donación de alimentos como un acto altruista, lo que reduce su alcance al limitarse a dar cierto manto legal a lo que se concibe como un intercambio asistencialista entre particulares. Este tipo de legislaciones no intentan impulsar una política pública ni establecen mecanismos adicionales para el apoyo y fomento de la donación de alimentos, lo que hacen es reafirmar y describir situaciones que acontecían en la realidad previa a la promulgación de las mismas, lo que significa que nada han contribuido al fomento y regulación de esta actividad y lo mismo sucede con las iniciativas de ley presentadas en aquellas entidades donde no se cuenta con una legislación local en la materia o la que se ha presentado en esta misma Cámara.

Uno de los problemas de concebir y conceptualizar a la donación de alimentos como un acto altruista es que la misma es un acto propio del voluntariado y como tal queda circunscrita al control y operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual, en varios estados y en la mayoría de municipios, es prácticamente inoperante. Las leyes locales de donación altruista de alimentos otorgan al DIF la responsabilidad de coordinar los esfuerzos públicos y privados, lo que de entrada significa darle a una institución funciones sustantivas que no está en la posibilidad de cumplir, incluso se tienen documentados casos en los que el DIF es el que solicita apoyo, capacitación, instalaciones e insumos a los bancos de alimentos para cumplir con sus funciones, como en el caso de Quintana Roo, el cual no dista de las otras entidades federativas donde operan leyes de este tipo, las cuales establecen una serie de generalidades que no debieran replicarse en una legislación federal.

Es así que, con una legislación federal muy acotada y un conjunto de legislaciones locales deficientes, el potencial de la donación de alimentos como un instrumento complementario de los programas sociales de combate al hambre no ha sido aprovechado. Por eso es que las acciones de donación de alimentos no han podido contribuir para disminuir el número de personas en situación de pobreza alimentaria, por el contrario, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la cifra aumentó de 27.4 millones de personas en esta condición en 2012 a 28 millones en 2014.

Al finalizar el año 2013 la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) hizo el siguiente anuncio: “Minimizar las pérdidas de alimentos en la post-cosecha y durante su transporte y almacenamiento, así como en los establecimientos comerciales, es uno de los principales objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, lo cual representó un intento de cambiar sustancialmente la forma en que el gobierno federal se vinculaba en procesos relacionados con la donación de alimentos, dejando a un lado —por lo menos en la intención— el papel accesorio y marginal de la donación de alimentos en las estrategias de combate a la inseguridad alimentaria trascendiendo la idea de que esas actividades son meramente altruistas y que la injerencia gubernamental debiera ser sólo a nivel de coordinación del voluntariado —es decir a través del DIF— convirtiendo el tema en una política pública integrante del Sistema Nacional de Desarrollo Social. A decir del comunicado, la Sedesol y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos generarían una estrategia orientada a “recuperar parte de las 30 mil toneladas de artículos perecederos que a diario se desperdician, con el propósito de llevarlos a los mexicanos que más los necesitan”... “Asimismo, la Sedesol, a través del Programa de Empleo Temporal (PET), trabaja actualmente con más de 60 bancos de alimentos para levantar, con autorización de los productores, frutas y verduras en excelente estado que, al no cumplir con estándares del mercado, dejan de cosecharse”.Además, como parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol creó en julio de 2013 un mecanismo denominado Grupo técnico de trabajo de desperdicio y merma de alimentos, cuyo objetivo principal se concentró en “establecer mecanismos de intervención, tanto del sector público mexicano como de las organizaciones de la sociedad civil para reducir los desperdicios y aumentar la recuperación de alimentos a lo largo de toda la cadena desde la cosecha hasta el consumo final de alimentos de la población”.

Es difícil saber sí los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre se cumplieron en términos de minimizar las pérdidas y recuperar una parte significativa de los alimentos que se desperdician diariamente en nuestro país, ya que ni la Evaluación del Impacto Alimentario y Nutricional en Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre-2015, publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública ni el Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2016, publicado por el Coneval, hacen mención alguna del cumplimiento de este objetivo o si el mismo se constituyó en un factor para haber bajado la carencia de acceso a la alimentación de 100 a 42.5 por ciento en la población atendida por la cruzada. Sin embargo, la intención de convertir en política pública las acciones para evitar el desperdicio de alimentos y aumentar su recuperación es un avance sustancial y tal intención coincide plenamente con los motivos que sustentan esta iniciativa, la cual, más que replicarla y plasmar como ley la experiencia práctica de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que hace es profundizar y ampliar el alcance de la misma convirtiendo los programas, acciones y procesos implicados en la donación de alimentos y en la prevención de su desperdicio en un sólido instrumento de política pública para el desarrollo social y el cual bajo nuestro enfoque denominamos “donación solidaria de alimentos”.

Una incuestionable contribución del Grupo técnico de trabajo de desperdicio y merma de alimentos es haber generado un conjunto de indicadores y datos que nos hablan de la magnitud del reto a enfrentar: 30 mil toneladas de artículos perecederos que a diario se desperdician en nuestro país y que además el 37 por ciento de los alimentos producidos en el agro no llegan a consumirse, ya sea por fallas en los procesos de cosecha, de transporte, de envasado o por inadecuado empaque o embalaje además de la condiciones de oferta y demanda.

Finalmente, el reto más importante y que esta iniciativa está orientada a resolver es que en el país no se vuelvan a presentar situaciones como las del encarcelamiento por robo famélico, ya que: “En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal” ... “Este tipo de delito se le conoce como robo famélico y, por lo general, lo cometen las personas de escasos recursos, quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que, en México, de acuerdo con las últimas cifras del Coneval, suman 55.3 millones”.

Objetivo de la iniciativa

La iniciativa que se presenta es del orden federal y de observancia en todo el territorio nacional para fomentar las actividades relacionadas con la donación de alimentos y la prevención de su desperdicio regulando además las actividades de donantes, donatarios y beneficiarios y estableciendo también las facultades y atribuciones de las dependencias del gobierno federal en la materia.

No es pretensión de esta iniciativa establecer disposiciones que versen sobre facultades, atribuciones y áreas de concurrencia que deban observar los gobiernos locales; erróneamente otras iniciativas sobre el tema se denominan de carácter general y no establecen las competencias y concurrencias de estados y municipios. Por el contrario, sí es pretensión de esta iniciativa incorporar a las acciones de donación de alimentos como parte del Sistema Nacional del Desarrollo Social, por ende las mismas deberán ser convertidas en programas y políticas públicas impulsadas desde la federación. Por tanto, se supera y se trasciende la idea y el concepto de la donación altruista para convertirlo en un acto responsable y solidario.

Adicionalmente se proponen modificaciones a la Ley General de Salud con el propósito de precisar e incorporar a la política nacional de protección contra riesgos sanitarios a los alimentos perecederos, ya que son estos la materia fundamental de la donación solidaria a la que se refiere la presente iniciativa.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 77, numeral 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Incentivar la Donación Solidaria de Alimentos y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Primero. Se expide la Ley General para incentivar la donación solidaria de alimentos, para quedar como sigue:

Ley General para Incentivar la Donación Solidaria de Alimentos

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones para incentivar, fomentar y regular la donación solidaria de alimentos.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio mexicano y en ella se establecen las facultades, competencias, áreas de concurrencia y concertación de la federación, las entidades federativas, los municipios y las organizaciones sociales y privadas para:

I. Determinar los apoyos e incentivos y establecer los mecanismos y modalidades que propicien el fomento de la donación solidaria de alimentos en beneficio de aquellos grupos sociales y población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o pobreza alimentaria.

II. Las disposiciones y principios generales, conforme a los cuales se llevarán a cabo las acciones de donación solidaria de alimentos en el territorio nacional.

III. Las bases y apoyos para garantizar y promover la participación de las organizaciones sociales, las instituciones de asistencia y las empresas privadas, en la donación de alimentos perecederos y no perecederos.

IV. Las normas y principios para fomentar vínculos y acciones relacionadas con la donación de alimentos entre diversos actores de la sociedad civil y las entidades públicas relacionadas con la donación solidaria de alimentos, en favor de la población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o pobreza alimentaria.

V. Prevenir, evitar y sancionar el desperdicio deliberado o injustificado de alimentos.

VI. Generar una cultura del aprovechamiento y la donación solidaria de alimentos.

VII. Constituir a la donación solidaria de alimentos como parte de las acciones y programas comprendidos en la Política Nacional de Desarrollo Social.

VIII. Coadyuvar con el cumplimiento del derecho a la salud y el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad como partes integrales del desarrollo social.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Alimentos: Productos comestibles para consumo humano perecederos y no perecederos susceptibles de ser donados por razones de: sobreoferta de mercado, cambio de presentación del producto, caducidad próxima a vencimiento, presentación inadecuada u otros distintos factores que dificultan su comercialización sin que por ello presenten merma en su calidad alimenticia o representen daño alguno para la salud humana;

II. Banco de Alimentos: Son los donatarios o las instituciones de asistencia social de carácter público o privado cuyas funciones son:

a) Recibir de los distintos donantes alimentos en cantidad suficiente para su posterior distribución entre los beneficiarios y

b) Rescatar alimentos de los centros de producción agrícola y pecuaria, centrales de abasto, industrias alimentarias, mercados, supermercados y tiendas de autoservicio para canalizarlo a los beneficiarios;

III. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y específicamente las que son susceptibles de beneficiarse con la donación solidaria de alimentos;

IV. Cofepris: Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios;

V. Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

VI. Donatario: Las instituciones de asistencia pública o privadas y organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto recibir donación de alimentos para almacenarlos temporalmente y repartirlos con posterioridad a la población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o pobreza alimentaria.

VII. Donante: Toda persona física o moral que por su actividad agrícola, pecuaria, industrial o comercial se encuentre en posibilidad de realizar donaciones solidarias de alimentos.

VIII. Población en situación de inseguridad alimentaria: Aquellas personas, familias o grupos sociales que por falta de dinero o recursos de manera sistemática o frecuente padecen hambre; no tienen acceso a una alimentación variada; comen menos de lo necesario; disminuyen las cantidades servidas en la comida; realizan la ingesta de una sola comida o dejan de comer durante todo el día.

IX. Población en situación de pobreza multidimensional extrema: Aquellas personas o grupos sociales cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades y presentan carencias de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

X. Población en situación de vulnerabilidad: Aquellas personas o grupos sociales que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo, pobreza o discriminación y, por lo tanto, requieren de la atención del gobierno y de la asistencia pública o privada para superar tal situación;

XI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal;

XII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social;

XIII. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con la donación solidaria de alimentos;

XIV. Padrón: Registro oficial de beneficiarios, donatarios y donantes de alimentos realizado por la Secretaría a efecto de diseñar acciones y políticas publicas relacionadas con la donación solidaria de alimentos;

Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo federal diseñar, implementar y coordinar las acciones y programas relacionados con el fomento a la donación solidaria de alimentos a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 5. En materia de donación solidaria de alimentos son atribuciones y funciones de la Secretaría de Desarrollo Social las siguientes:

I. Diseñar y ejecutar acciones y programas relacionados con el fomento a la donación solidaria de alimentos;

II. Coordinar los esfuerzos de las dependencias del gobierno federal en materia de donación solidaria de alimentos;

III. Establecer áreas de coordinación con los gobiernos municipales, estatales y de la Ciudad de México

IV. Considerar una partida presupuestal para la operación de acciones y programas para la donación solidaria de alimentos;

V. Suscribir convenios de apoyo a las labores de donantes y donatarios de alimentos;

VI. Fomentar y ser garante de la suscripción de convenios entre donantes y donatarios;

VII. Elaborar, administrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios de la donación solidaria de alimentos;

VIII. Elaborar, administrar y mantener actualizado el registro de donatarios;

IX. Identificar a los núcleos de población, grupos sociales y personas que puedan ser potencialmente beneficiarias de los programas y acciones relacionadas con la donación solidaria de alimentos, para tal efecto deberá auxiliarse de los indicadores elaborados por el Coneval;

X. Facilitar espacios en su página de Internet para que los donantes puedan publicar su disponibilidad de inventarios relativas a alimentos susceptibles de ser donados o en su caso, la fecha, hora y lugar de destrucción de los mismos a efecto que los donatarios tengan conocimiento de ello y puedan solicitar y reclamar para sí los alimentos en donación;

XI. Impulsar y fomentar a las organizaciones y a las instituciones de asistencia privada para que estas puedan conformar y constituir bancos de alimentos;

XII. Cuando las organizaciones y las instituciones de asistencia privada no puedan hacerlo, constituir bancos de alimentos en aquellas entidades federativas y municipios en los cuales se considere necesaria su operación;

Artículo 6. Son atribuciones y funciones de la Secretaría de Salud las siguientes:

I.

II. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas y dictar los criterios técnicos a los que deberán sujetarse los procesos de entrega recepción de los alimentos otorgados en donación;

III. Brindar capacitación a los operadores de los bancos de alimentos para el adecuado manejo de los mismos;

A través de la Cofepris:

IV. Verificar el cumplimiento de la normatividad en procesos de entrega-recepción de los alimentos otorgados en donación;

V. Expedir la certificación oficial que dé cuenta de la buena operación sanitaria de los bancos de alimentos;

VI. Establecer medidas de seguridad y dictar las disposiciones cautelares para evitar riesgos sanitarios en la distribución y consumo de los alimentos otorgados en donación;

Artículo 7. Son atribuciones y funciones de la Secretaría de Hacienda las siguientes:

I. Aplicar las exenciones y deducciones que determine la legislación fiscal en beneficio de donantes y donatarios de alimentos;

II. Emitir disposiciones de carácter general que establezcan incentivos y beneficios fiscales en favor de donantes y donatarios de alimentos;

III. Emitir la autorización oficial para que los donatarios puedan recibir donativos y llevar el control de las mismas.

IV. Dar cuenta y sancionar los convenios que se celebren entre donantes y donatarios o entre donantes y las instancias de gobierno con tengan como fin la donación solidaria de alimentos.

V. Reglamentar la entrega y publicidad de informes respecto a la disponibilidad de inventarios relativos a alimentos susceptibles de ser donados o destruidos de los donantes constituidos en personas morales.

Artículo 8. Son atribuciones y funciones de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación las siguientes:

I. Realizar los estudios correspondientes sobre la incidencia y recurrencia de desperdicio de alimentos entre los agricultores, productores rurales y pescadores;

II. Promover e informar sobre los programas de la donación solidaria de alimentos entre los productores;

III. Proporcionar información a la Secretaría de Desarrollo Social y a los donatarios sobre los excedentes de producción y situaciones de mercado que favorezcan la donación solidaria de alimentos.

Artículo 9. Pueden ser donantes las personas físicas o morales que por su actividad agrícola, pecuaria, industrial o comercial se encuentren en la posibilidad de realizar donaciones solidarias de alimentos.

Artículo 10. Con independencia de los apoyos e incentivos fiscales que reciban de los gobiernos federal y estatal y de las facilidades administrativas que reciban de los gobiernos municipales, las donaciones solidarias de alimentos que realicen los donantes serán en todo momento a título gratuito y sin contraprestación alguna.

Artículo 11. Los donantes tienen el derecho a conservar en los productos otorgados en donación las etiquetas y empaques con los logotipos y emblemas que distinguen su marca comercial.

Artículo 12. Los donantes podrán solicitar a la Secretaría, sin cargo alguno, espacios en su página de Internet para publicar su disponibilidad de inventarios relativos a alimentos susceptibles de ser donados o, en su caso, la fecha, hora y lugar de destrucción de los mismos.

Artículo 13. Como parte del proceso de entrega recepción de alimentos en donación, los donantes podrán firmar una carta responsiva expedida y sancionada por la Secretaría de Salud o por las autoridades sanitarias estatales que los deslinde de responsabilidad por afectaciones a la salud de los beneficiarios siempre y cuando personal capacitado y certificado por esas dependencias verifique las condiciones de higiene, calidad y sanidad de los alimentos.

Artículo 14. Los donantes tienen la obligación de proporcionar al donatario de toda la información del producto donado como lo son: las cusas que originaron la baja comercial del producto y los cuidados y manejos especiales que se requieran para la conservación de su higiene, calidad y sanidad.

Artículo 15. Los donantes tienen la obligación de conservar en el etiquetado del producto donado la fecha de caducidad original, así como los contenidos alimenticios del producto cuando este hubiera sido empacado originalmente para su venta comercial.

Artículo 16. Las organizaciones e instituciones de asistencia social que pretendan fungir como donatarias de alimentos están obligadas a solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Social el registro de inscripción al padrón de donatarios de alimentos mismo que será obligatorio y permitirá manejar y recibir donativos en especie y de manera complementaria en dinero o en servicios personales para operar los bancos de alimentos.

Artículo 17. Los donativos que reciban los donatarios y en su caso los rendimientos financieros de los mismos deberán destinarse sólo para el objeto social de las instituciones. Las instituciones donatarias podrán destinar hasta el 10% de los donativos que reciban para cubrir sus gastos de administración, destinando este recurso única y exclusivamente para fines de su autosuficiencia y eficaz funcionamiento.

Artículo 18. El donatario deberá contar con instalaciones para un adecuado manejo y conservación de los alimentos otorgados en donación y con mecanismos para la buena recepción, acopio, y distribución de los productos, y está obligado a realizar la trasmisión de los alimentos a los beneficiarios en el menor tiempo posible.

Artículo 19. Es derecho de los donatarios recibir capacitación, asistencia técnica y asesoría por parte del personal de la Secretaría de Salud a efecto de observar las condiciones sanitarias necesarias para operar los bancos de alimentos.

Artículo 20. Es derecho de los donatarios participar del beneficio de los programas que a efecto diseñe y ejecute la Secretaría de Desarrollo Social con el propósito de financiar las necesidades de equipamiento de conservación y transporte de los alimentos otorgados en donación.

Artículo 21. Cuando los donatarios no puedan acceder a los beneficios de los programas sociales que ejecute la Secretaría de Desarrollo Social podrán establecer una cuota de recuperación de los servicios, la cual no podrá exceder el 10% del costo promedio de los alimentos donados.

Artículo 22. Podrán beneficiarse con los programas y acciones relacionadas con la donación solidaria de alimentos principalmente aquellas personas y grupos sociales que se encuentren en situación de pobreza multidimensional extrema y de inseguridad alimentaria, definidos en los “Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza” publicados por el Consejo Nacional de Evaluación en el Diario Oficial de la Federación.

Podrán también ser beneficiarios todas aquellas personas y grupos sociales con alguna condición de vulnerabilidad, como lo son las víctimas y damnificados por fenómenos y desastres naturales, los desplazados por situaciones de violencia y los migrantes extranjeros.

Artículo 23. Para participar en las acciones y programas relacionadas con la donación solidaria de alimentos, los beneficiarios deberán cubrir los requisitos que establezca la Secretaría y que serán difundidos por los operadores de los bancos de alimentos.

Artículo 24. Es derecho de los beneficiarios recibir los alimentos en donación en forma totalmente gratuita y recibir toda la información relativa a la procedencia, contenidos, calidad y caducidad del alimento que se les entrega en donación.

Artículo 25. Los beneficiarios no podrán ser obligados, coaccionados o inducidos a participar en actividades políticas, electorales, religiosas o de cualquier otra índole a cambio de participar en las acciones y programas relacionados con la donación solidaria de alimentos.

Artículo 26. Los beneficiarios no podrán comercializar los productos que reciban como parte de los programas o acciones de la donación solidaria de alimentos

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXII del artículo 3 y fracción II del 17 bis de la Ley General de Salud

Ley General de Salud

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. ...

...

XXI....

XXII. El control sanitario de alimentos perecederos y no perecederos, así como de productos y servicios en general incluyendo su proceso de importación y exportación;

...

Artículo 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que, conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3 de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. ...

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, alimentos perecederos otorgados en donación, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diputado Daniel Torres Cantú, Grupo Parlamentario PRI. “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley General para la Donación Altruista de Alimentos”, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2016, y diputado Mauricio A. Toledo Gutiérrez, presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el 14 de abril del 2016.

2 “Inoperante la Ley de Donación de Alimentos”; nota de Karla Ortega en: Luces del Siglo, diario de circulación estatal; Cancún, Quintana Roo; 23 de julio de 2013.

http://lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/inoperante-la-ley-de- donacion-de-alimentos/205

3 Coneval, “Medición de las Carencias Sociales con base en la Encuesta Nacional del Ingreso Gasto de los Hogares 2012 y 2014”, México, 2015.

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

4 Secretaria de Desarrollo Social. Comunicado de Prensa núm. 588/241213, “Minimizar las pérdidas de alimentos es uno de los principales objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, 24 de diciembre de 2013.

5Ibídem.

6Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre; “Plan de Trabajo del Grupo de Desperdicio y Mermas de Alimentos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, México, D.F. a 17 de julio de 2013

7 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/65659/Evaluaci_n_ de_Impacto_Alimentario_.pdf

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Paginas/Resultados_ Intermedios_Cruzada.aspx

8Secretaría de Desarrollo Social. “Plan de Trabajo del Grupo de Desperdicio y Mermas de Alimentos de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, México, D.F. a 17 de julio de 2013.

9 “El robo por hambre en México encierra a 7 mil personas, la mayoría mujeres, en la cárcel” Nota de Guadalupe Fuentes López; en:

www.sinembargo.mx Nota de Guadalupe Fuentes López, 14 de octubre de 2015.

10 Diputado Daniel Torres Cantú, Grupo Parlamentario PRI. “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley General para la Donación Altruista de Alimentos” presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputado Francisco Xavier Nava Palacios, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración iniciativa de reforma y adiciones al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de fortalecer el combate a la corrupción a tenor de la siguiente

En mayo de 2015, se publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El 4 de abril de este año se realizó la instalación del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción, con la ausencia del fiscal anticorrupción.

Lo anterior pretendió ofrecer una respuesta institucional a la creciente indignación social por la desbordada corrupción en México y con ello establecer las bases de un modelo para su combate. Este sistema es resultado de los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto Peña Nieto y su entorno más próximo.

Es una respuesta tardía, que muestra a instituciones incapaces de mirar lo obvio, de ver lo que miran los ciudadanos y los medios independientes. México cuenta con leyes e instituciones creadas para combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos; tenemos miles de auditores, contralores y fiscales que no descubren nada. Instituidos para encubrir y aplicar sanciones administrativas a cosas intrascendentes.

Ninguno de los escándalos de corrupción que han conmocionado a México, fue conocido por el trabajo de las instituciones responsables de ello, sino resultado de investigaciones periodísticas. Porque los órganos de control y justicia en México, sólo actúan cuando hay línea y permiso del responsable político.

En los pocos meses de operación del Sistema Nacional Anticorrupción y de su Comité Coordinador, su diseño muestra limitaciones profundas, sin capacidad de operación ni recursos, acotado a las inercias burocráticas.

El órgano de gobierno es presidido por el Comité de Participación Ciudadana, pero se encuentra dominado por las instituciones públicas que ahí concurren, con ello se diluye el poder de los ciudadanos y les resta incidencia en la definición de los asuntos fundamentales del Sistema.

El brazo operativo del sistema, la Secretaría Ejecutiva, es más fuerte y cuenta con mayores atribuciones que el Comité de Participación Ciudadana y su presidenta. Esto representa un problema y un enorme riego para el funcionamiento de los mecanismos anticorrupción establecidos, ya que un funcionario subordinado del presidente de la República, concentra atribuciones sustantivas y operativas fundamentales.

También, prevalece el problema de una fiscalía anticorrupción subordinada a un fiscal empleado del presidente y al enorme riego que entraña para esta institución garante de la justicia y la legalidad, la intención del PRI y sus aliados de imponer a un fiscal general orgánicamente identificado con sus intereses y negocios, defensor del gobierno de Peña Nieto; sin autonomía ni credenciales democráticas.

Estamos a tiempo de corregir las insuficiencias de este sistema y transformarlo en un sólido sistema anticorrupción, con fuerza para transformar el estado actual de las cosas y capacidades reales de impedir el abuso del poder y la impunidad. Pareciera que tenemos que enterarnos desde otros países que existe una endémica corrupción nacional que nuestras autoridades no son capaces de prever y sancionar. El caso Odebrecht y su relación con el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto es el más reciente ejemplo.

Esta iniciativa propone definir al Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia del Estado mexicano responsable de la coordinación y articulación de la estrategia para prevenirla y combatirla en todas sus dimensiones y ámbitos territoriales. Se trata de trascender su limitación estructural actual, que lo reduce sólo a una junta de instituciones, que reciben informes de las dependencias.

Se incorpora al Comité Coordinador del Sistema, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y con ello a una institución fundamental para el combate de la corrupción política y el uso de dinero ilícito en el financiamiento de las actividades políticas. Se trata de generar una estrategia de estado que erradique la simbiosis existente entre corrupción y clase política.

Se incluye la participación con voz y voto de todos los ciudadanos integrantes del órgano de participación ciudadana en el Comité Coordinador y con ello se reconoce la relevancia que tienen en la dirección del sistema y una correlación más equilibrada en la toma de decisiones.

Se establece a nivel constitucional que el órgano rector del sistema será presidido por la persona que dirija el Comité de Participación Ciudadana, lo cual si bien está establecido en la ley secundaria, busca otorgarle fuerza constitucional y evitar que futuras modificaciones legales saquen a los ciudadanos de la dirección del sistema.

Se prevé la creación de un órgano de apoyo técnico del Sistema, bajo la dirección y coordinación del Comité de Participación Ciudadana, con ello se sujeta a la actual secretaría ejecutiva a los ciudadanos y se extrae del ámbito de responsabilidad del ejecutivo federal en su carácter de órgano desconcentrado de la administración pública que mantiene actualmente.

Se faculta, desde la constitución de la República, al Comité de Participación Ciudadana para solicitar la asistencia técnica de organismos internacionales especializados, para investigar casos de corrupción de relevancia nacional. Con ello, México robustece el combate a la corrupción y la impunidad, con un mecanismo de asesoría, acompañamiento y asistencia en temas donde las instituciones nacionales no garanticen objetividad, oportunidad, imparcialidad y profundidad en la investigación en virtud de su subordinación política o administrativa a los poderes constituidos.

Se establece esta atribución al grupo de ciudadanos que forman parte del Sistema, para que se cuente con una herramienta que no esté sujeta a las consideraciones políticas de los responsables de las instituciones que forman el Comité Coordinador, las estarán obligadas a atender los requerimientos que se les formule para esclarecer los casos de corrupción que se investiguen

Es decir, se recupera una experiencia internacional exitosa, implementada en nuestro país vecino, Guatemala, donde la asesoría y acompañamiento de una oficina de Naciones Unidas ha sido fundamental para combatir la corrupción en los más altos niveles, acabar con la impunidad y generar un nuevo andamiaje institucional independiente y autónomo.

Recordemos que las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), contempló la creación de la Cicig como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Ello mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

Para tal efecto se crea la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que tiene como fin investigar los casos de alto impacto para la nación centroamericana.

Se establece la facultad constitucional para que el Comité Coordinador del Sistema elabore y apruebe estrategia nacional contra la corrupción y evalúe sus avances, esto es atribución fundamental, que transforma el modelo vigente en un real mecanismo de Estado para definir la estrategia contra la corrupción en todas sus dimensiones. Esto cambia la visión actual que centra la acción del sistema en el seguimiento de las faltas administrativas de los servidores públicos y en el desempeño de los órganos de control interno.

Asimismo, se establece la obligación constitucional de emitir indicadores públicos de seguimiento y evaluación de la estrategia anticorrupción, ya que ello les otorga herramientas a los ciudadanos para verificar lo que se hace y medir su impacto real en el combate a la corrupción en cualquiera de los ámbitos.

Se impone la obligación al Comité Coordinador de elaborar y publicar un informe anual sobre la corrupción en México, que contenga una evaluación nacional y sectorial de estado que guarda y de las acciones desarrolladas para su combate. Esto tiene como objeto contar con un diagnóstico público oficial sobre la corrupción en todas sus dimensiones, ámbitos territoriales y sectoriales como instrumento fundamental para la planeación y mejora, que permita a las instituciones generar planes de acción para disminuirla y erradicarla y le posibilite a la sociedad evaluar el avance.

De esta forma corregimos la carencia de un diagnóstico preciso de la magnitud, profundidad e impacto de la corrupción en México. El propio titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, lo reconoció frente al Congreso de la Unión en diciembre de 2016, frente al cuestionamiento que el Grupo Parlamentario de Morena le formuló en pregunta parlamentaria.

Para el gobierno que usted encabeza, ¿Cuál es el diagnóstico del estado de la corrupción en México? ¿A cuánto asciende el costo anual de la corrupción? ¿Qué proporción del presupuesto de Egresos de la Federación se pierde por actos de corrupción de servidores públicos federales?

Ante ello, el titular del Poder Ejecutivo federal respondió:

“La corrupción es un fenómeno que por su propia naturaleza permanece oculto y no queda registrado en cifras oficiales. Por esta razón, difícilmente se dispondrá de datos que permitan medir la dimensión del problema y, por lo tanto, el efecto que genera en los ámbitos político, económico o social de manera objetiva y verificable.”

Es fundamental contar con información oficial la corrupción y su impacto la economía, en el sector público, en la seguridad, en la procuración e impartición de la justicia, en el medio ambiente, en las finanzas públicas, en los medios de comunicación, en el sistema de salud, en la educación, en el sistema electoral, en la contratación de obras y servicios públicos, en los sindicatos, el mundo empresarial, en el campo y el sector energético, entre muchos otros rubros, es decir en todas sus dimensiones y ámbitos territoriales de la nación.

En otro sentido, se propone mejor el sistema de recomendaciones contenido en el texto constitucional y la ley secundaria, se deja abierto en la constitución a todas las materias vinculadas con el combate a la corrupción y posibilita que la ley secundaria refiera con mayor precisión los asuntos que podrán ser objeto de este instrumento. Ello corrige el actual modelo que pone un énfasis preocupante en un sola tema: las faltas administrativas y la actuación de los órganos de control interno. Ya que parte de una premisa incorrecta, al suponer que ahí es donde se combate la corrupción. Cuando, el universo de las conductas y prácticas de corrupción están presentes en todos los ámbitos y muy pocas veces se logra ubicarlas con la acción de los órganos de control.

Por último, se propone que el Comité Coordinador conozca las bases específicas de colaboración con organismos internacionales especializados que presten asistencia técnica al Sistema en la investigación y prevención de la corrupción, solicitada por el órgano de participación ciudadana.

Se modificará, reformando y adicionando el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se expone en el siguiente recuadro.

Por lo expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de la asamblea el presente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación y articulación del Estado mexicano de la estrategia para la prevención, detección, sanción y combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto, se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno; de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana;

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será presidido por la persona que presida el Comité de Participación Ciudadana;

El Sistema Nacional Anticorrupción, contará con un órgano de apoyo técnico, que estará bajo la dirección del Comité de Participación Ciudadana y contará con los recursos necesarios para su funcionamiento;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema se deberá integrar por cinco ciudadanos que cuenten con una amplia trayectoria y reconocimiento social por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley;

El Comité de Participación Ciudadana, estará facultado para solicitar la asistencia técnica de organismos internacionales especializados, para la investigación y seguimiento de asuntos de corrupción que por su relevancia afecten de manera grave a la nación.

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley:

a) Aprobar y evaluar los avances de la estrategia nacional contra la corrupción, con la participación que señale la Ley a los integrantes del Sistema y la más amplia participación social.

b) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;

c) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

d) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; así como la generación de indicadores públicos de evaluación y seguimiento.

e) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

f) La elaboración de un informe anual sobre la corrupción en México, que contenga una evaluación nacional y sectorial de estado que guarda y de las acciones desarrolladas para su combate; los avances y resultados, del ejercicio de las funciones de las instituciones responsables y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

g) Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a las autoridades de todos los órdenes de gobierno orientadas fortalecer la lucha contra la corrupción. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

h) Conocer, las bases específicas de colaboración con organismos internacionales especializados que presten asistencia técnica al Sistema en la investigación y prevención de la corrupción y atender sus requerimientos.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales contarán con 60 días posteriores a la publicación del presente decreto para adecuar las leyes que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ arturo-gonzalez-de-aragono/nacion/2017/03/28/ conflicto-de-interes-en el?fb_comment_id=1555901744421099_ 1556602634351010#f2d69a8ce3dbc48

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Cervantes_Andrade

http://www.diputados.gob.mx/comisiones/comunica1/integrantes/8.htm

3 http://www.cicig.org/index.php?page=reforma-institucional

4 Respuesta de Enrique Peña Nieto a las preguntas parlamentarias formuladas por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados con motivo del cuarto Informe de Gobierno, Gaceta Parlamentaria, 16 de diciembre de 2016

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161215-XXIII.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Ernestina Godoy Ramos,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez López, Magdalena Moreno Vega, Marco Antonio Aguilar Yunes, Norma Xochitl Hernández Colín, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento de los partidos políticos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero recorriéndose en su orden los subsecuentes a la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento de los partidos políticos, con base en la siguiente

La democracia de nuestro país se refleja en el sistema educativo, sector salud, en las políticas públicas que impulsan los representantes populares y la constante participación de los ciudadanos. El pueblo mexicano al constituirse en una república, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos unidos en una federación, plasmó las bases de organización del Estado mexicano en el pacto social.

En la integración estableció el sistema de democracia representativa, donde ciudadanos organizados forman partidos políticos, o bien, candidatos independientes que juegan un papel primordial para la elección en cargos de elección popular “la ciudadanía puede influir sobre el proceso político en general y brindar legitimidad a las autoridades”, es decir, se crea la aceptación mayoritaria de los gobernados hacia los gobernantes.

En México la elección de los representantes en el legislativo y ejecutivo está supeditada a la decisión popular a través de la emisión del voto y son los partidos políticos uno de los vínculos en la intervención de los sectores de la población en la vida democrática del país. Los partidos políticos contribuyen en las decisiones del gobierno para el bien común de la sociedad, para ello, cuentan con una serie de prerrogativas en la activa participación de los ciudadanos.

En 2014 se diseñó una reforma electoral con la finalidad de reestructurar el régimen electoral mexicano y transformar la institución electoral, logrando con ello la homologación de estándares de los procesos electorales a nivel nacional para garantizar la calidad en nuestra democracia.

Los partidos políticos son instituciones que promueven la participación ciudadana en la vida democrática, sus miembros deben velar por los intereses y necesidades de los habitantes, por ello sirven como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección popular.

En este sentido, para la realización de sus actividades los partidos obtienen recursos mediante financiamiento público y privado, prevaleciendo el público sobre el privado. La institución encargada de garantizar la vida democrática de México es el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual tiene entre sus funciones fiscalizar los recursos de los partidos políticos a nivel federal y local.

Sin embargo, una de las grandes inconformidades de la sociedad mexicana es el excesivo financiamiento público que reciben los partidos políticos, de ahí la importancia de hacer un ajuste a la fórmula para el financiamiento; no sin antes llevar a cabo un análisis del esquema actual de financiamiento, que se clasifica básicamente en tres tipos:

1) Financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias: se calcula de acuerdo con la Constitución Política de la siguiente forma:

El total obtenido, se distribuye:

2) Financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en el que se elijan presidente, senadores y diputados federales, el cual equivale a 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; y tratándose de la elección sólo de diputados federales se otorga solo 30 por ciento del financiamiento, como se refleja en la siguiente tabla:

3) Financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, mismo que equivale a 3 por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.

El total obtenido, se distribuye:

La propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México abre la oportunidad para que los recursos del financiamiento de partidos políticos puedan ser destinados para atender los siguientes:

1. Emergencia extraordinaria declarada por decreto podrá designarse hasta 100 por ciento de los recursos del financiamiento de los partidos políticos para atender las necesidades de la población.

2. Políticas públicas prioritarias declaradas por decreto.

Con la reasignación del financiamiento público de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se fomentará la eficiencia en el gasto de los partidos políticos, en caso de emergencia extraordinaria en beneficio de la población.

Lo anterior cobra especial relevancia si se toman en consideración las afectaciones derivadas de los sismos registrados en nuestro país en días recientes, que han dejado pérdidas humanas y económicas calculadas en más de 29 mil millones de pesos en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Hoy los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, conscientes del reclamo social y las necesidades prioritarias de la ciudadanía, es momento de permitir que los recursos económicos de México sean utilizados para atender las contingencias y reconstruir a nuestra nación.

La ciudadanía posterior a los sismos del 7 y 19 de septiembre, nos dieron el ejemplo de solidaridad, apoyo, compromiso y amor a su país, mediante el rescate de las víctimas, el retiro de escombro y la creación de centros de acopio para ayudar a todos los afectados.

Ante esta muestra ciudadana lo menos que podemos hacer los representantes de la nación es brindar los elementos jurídicos que permitan hacer los ajustes presupuestales necesarios para solventar las afectaciones graves.

De manera particular proponen:

• Reformar la fracción II del artículo 41 constitucional, a fin de reasignar hasta el cien por ciento en caso de emergencia extraordinaria o política pública prioritaria declarado por decreto.

• Para atender las emergencias extraordinarias por los sismos del 7 y 19 de septiembre, proponemos en un artículo transitorio que los recursos destinados a partidos políticos de 2018 sean destinados en su totalidad para atender estas emergencias.

• Asimismo, proponemos que el cáncer infantil es un problema de salud pública creciente y costosa, es necesario hacer un rubro temporal para asignar 60 por ciento del financiamiento de los partidos políticos de 2019, para contribuir con la ayuda a la población afectada por esta enfermedad.

• La excepción al párrafo tercero del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Con la finalidad de que el espíritu de reasignación del financiamiento público de los partidos políticos plasmado en el presente, aplique de manera inmediata a partir de su entrada en vigor.

Para mayor claridad sobre el contenido de las reformas que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero recorriéndose en su orden los subsecuentes a la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento de los partidos políticos

Artículo Único.Se adiciona un párrafo tercero recorriéndose en su orden los subsecuentes a la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. ...

II. ....

...

a) ...

b) ...

c) ...

En caso de emergencia extraordinaria o ejecución de políticas públicas prioritarias declaradas por decreto, el financiamiento público de los partidos políticos referido en la presente fracción, podrá destinarse y distribuirse de manera distinta a lo indicado en esta fracción.

...

...

III. al VI....

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la legislación secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto, dentro de los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico correspondiente con lo previsto en el presente decreto, en los términos que determinen las reformas a la legislación secundaria realizadas por el Congreso de la Unión.

Cuarto. Por única ocasión, para el proceso electoral de 2018 no será aplicable la regla prevista en el párrafo tercero del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

Quinto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión deberá asignar el cien por ciento de los recursos públicos referidos en la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las labores de reconstrucción y apoyo a damnificados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

Tratándose de este rubro, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá integrar un órgano de vigilancia, conformado por ciudadanos, cuya finalidad sea supervisar el ejercicio transparente de los recursos.

Sexto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión deberá asignar el sesenta por ciento de los recursos públicos referidos en el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la prevención y atención del cáncer infantil.

Tratándose de este rubro, los recursos referidos se destinarán al Ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para su distribución y ejercicio exclusivo en materia de cáncer infantil.

Nota

1 Crespo, José Antonio, Elecciones y Democracia,Instituto Nacional Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 2016, p. 55

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo y se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de los siguientes considerandos:

Desde hace algunas décadas la discapacidad ha cobrado importancia en las agendas gubernamentales y legislativas de los países. Sin embargo, la atención se ha centrado en quienes padecen directamente la discapacidad y se ha valorado de manera insuficiente a las personas que velan por ellos, en quienes recae la responsabilidad de lograr el desarrollo e inclusión de este sector de la población.

La discapacidad va más allá de la sola consideración de las limitaciones personales, implica restricciones de participación social y problemas que surgen en la interacción entre una persona con discapacidad y los factores sociales que la rodean, entre ellos la familia.

Tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad:

Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

Los datos disponibles permiten realizar un diagnóstico general sobre la discapacidad en México.

En el país se reconocen distintos tipos de discapacidad, los cuales son clasificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (Inegi) en cuatro categorías:

En primer lugar se encuentra la discapacidad sensorial y de comunicación, clasificación que contempla las limitaciones en la función de la percepción de los sonidos externos (oído) o de los objetos (vista). En ésta se reconoce la ausencia total de la percepción visual, padecer debilidad visual (ausencia parcial de la visión), tener una hipoacusia (disminución parcial del oído) o sordera (ausencia total de la percepción de los sonidos). Este grupo a su vez se subclasifica en diversas discapacidades: para ver, oír, hablar (mudez), de la comunicación y comprensión del lenguaje.

La segunda clasificación contempla la discapacidad motriz, en la que se toman en cuenta las secuelas de afecciones de órganos o sistemas del cuerpo producto de paraplejia, cuadriplejia, amputaciones de extremidades, poliomielitis y artritis.

En tercer lugar se reconoce la discapacidad mental, en donde se incluyen las discapacidades intelectuales, es decir, las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las habilidades adaptativas. Aquí se ubica el retraso mental, al Síndrome de Down, Síndrome de Martin y Bell, Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger y Alzheimer.

Una cuarta categoría es la discapacidad múltiple, la cual se define como la presencia de dos o más discapacidades, entre las que se pueden encontrar la sensorial, intelectual, mental y motriz o física.

De acuerdo con datos del Inegi, el 5.1% de los mexicanos padece algún tipo de discapacidad. De los casos registrados, se reconocen las siguientes causas:

Tabla I. Porcentaje de la población mexicana con discapacidad y su causa

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi, “Discapacidad en México”. Disponible en: <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P>

La discapacidad se manifiesta en diferentes grados y, por ende, dificulta de forma diversa las actividades de quien la padece. De acuerdo con el Inegi, el 58.3% de los casos presenta dificultad para caminar o moverse, el 27.2% para ver, el 12.1% para escuchar, el 8.5% tiene dificultades mentales, el 8.3% problemas para hablar o comunicarse, para el 5.5% es difícil atender el cuidado personal y, finalmente, el 4.4% presenta dificultades para poner atención o aprender.

Del total de personas con alguna discapacidad, el 7.6% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años, mientras que el 7.3% son niños de 0 a 14 años. Entre estos dos grupos de edad la causa principal de la discapacidad es la presencia de algún problema antes o durante el nacimiento, que representa el 68.9% de los casos.

Los apuntes anteriores son producto de un creciente interés institucional por el tema de la discapacidad. Empero, como se ha señalado, los esfuerzos se han centrado en quienes la padecen directamente, desatendiendo a las personas que les brindan los cuidados necesarios para hacer más llevadera su condición.

Así se advierte, por ejemplo, en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual no menciona en sus seis objetivos a las personas de quienes en muchos casos depende que ese desarrollo e inclusión sea una realidad:

I. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas y acciones de la administración pública.

II. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención de salud especializada.

III. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

IV. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.

V. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad.

VI. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad.

Hasta el momento no se conoce con precisión el porcentaje de la población que tiene un hijo con discapacidad a su cargo, todavía menos el número de quienes en esta situación no cuentan con el apoyo económico de una pareja.

Pese a ello, diversos datos y estudios muestran que los hogares monoparentales en los que vive una o más personas con discapacidad deben ser atendidos, dado que en muchos casos podrían estar en situación de vulnerabilidad, entendida ésta como la articulación de la exposición a riesgos con la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente a sus efectos; especialmente cuando quien presenta la discapacidad es un niño o adolescente.;

Desde 2011 el Conapred advirtió sobre las dificultades que conlleva el nacimiento de un hijo con discapacidad y cómo por lo general es en la madre en quien recaen los cuidados, debido a que usualmente son abandonadas por el marido: “el peso de lo que significa tener un hijo o hija con discapacidad en el hogar hace que las familias se desintegren y haya más divorcios que en familias con hijos sin este problema, lo cual aumenta de manera doble la responsabilidad para las madres, quienes deben hacerse cargo no sólo del hijo con discapacidad, sino de la familia entera”.;

Además, personal encargado de centros de rehabilitación infantil y juvenil ha hecho notar que una de las principales causas que impiden la recuperación de las personas con discapacidad es que en general de ellas se hacen cargo sólo las mujeres, la mayoría madres solteras o abandonadas por sus parejas.;

Los datos disponibles indican que en el país hay poco más de 31 millones de hogares familiares (conformados por individuos que guardan algún parentesco entre sí), de los cuales se estima que un 21% son monoparentales,es decir, encabezados sólo por uno de los padres. Cabe destacar que este tipo de hogares cuenta en su gran mayoría con una jefa de familia (81.7% de los casos) y que el Inegi ha advertido sobre los riesgos que se pueden presentar en su interior:

En particular el [hogar] monoparental resulta de interés, no solo porque ha venido en aumento, pues en 2010 representaban 16.8% del total de hogares familiares y para 2015 aumentó a 21.0%, sino porque aunado a otras variables, en su interior se puede presentar mayor riesgo de pobreza, dificultades económicas, precariedad e inestabilidad laboral, entre otras que señalan también mayor conflicto en el desarrollo de los hijos.;

Riesgos que tienden a aumentar cuando uno o más de los hijos que integran estos hogares presenta algún tipo de discapacidad. Al respecto, cabe mencionar que los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) indican que en México hay 39.7 millones de personas menores de 18 años ,de los cuales1.9% tienen discapacidady4.8%presenta limitaciones para realizar alguna actividad de la vida cotidiana. Esto significa que 6.7% de la población infantil o adolescente padece alguna dificultad para realizar actividades como caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver, mover o usar brazos o manos, aprender, recordar, escuchar, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse.;

De lo anterior se desprende la preocupación por impulsar medidas que contribuyan a hacer menos vulnerables los hogares monoparentales en los que se atiende a un niño o adolescente con discapacidad.

La discapacidad tiene un impacto en el entorno familiar, por lo que es necesario desarrollar mecanismos que apoyen no sólo a la persona directamente afectada, sino a su familia, para crear un ambiente de atención y cuidados que permita al menor insertarse en su comunidad con mayor seguridad. Debe tenerse en cuenta que la atención que los padres puedan brindar al menor con discapacidad en sus primeros años de vida determina cómo se desenvolverá en sus años adultos.

Como se sabe, sin embargo, la situación de los padres en esta condición no es sencilla. Desde el nacimiento del menor se enfrentan a gastos superiores a los esperados, puesto que los estudios médicos especializados, en algunos casos las terapias y el cuidado especial del bebé se convierten en un gasto extra al planeado.

Autoridades responsables de atender a grupos vulnerables han calculado que mantener un hijo con discapacidad equivale en gasto, atención y educación a tener 5 hijos.; Por otro lado, a partir de lo dicho por la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catalina Devandas-Aguilar, se puede calcular que un hogar monoparental puede destinar hasta el 50% de su ingreso para gastos generados por la discapacidad de alguno de sus integrantes.; Esto implicaría que dicho hogar seguramente caería en lo que se denomina “gasto catastrófico”, que se cumple cuando la proporción del gasto en salud respecto del ingreso neto disponible supera el 30%.; Cifras en franco contraste con el promedio de gasto por hogar en cuidados de la salud, que es de apenas 2.5%, según cifras del Inegi.;

Además del dinero, la falta de tiempo para que quien encabeza un hogar monoparental brinde los cuidados adecuados a un menor con discapacidad también pone en riesgo la estabilidad familiar.

Existe la posibilidad de que el jefe de familia obtenga un empleo que no le proporcione los recursos suficientes para su hogar con tal de tener tiempo para atender a su hijo en condición de discapacidad o que el padre se vea obligado a vivir de un empleo informal.

Cabe recordar que el salario mínimo en México es de los más bajos en América Latina, apenas situado en 80.40 pesos. Además de que incluso el salario promedio más alto en el país, que es de 8,674 pesos mensuales y se obtiene en la Ciudad de México,; no garantiza que puedan cubrirse suficientemente las necesidades de un hogar monoparental con un menor con discapacidad.

Si a lo anterior se suma el hecho de que por lo regular un trabajo formal implica cubrir un horario que dificulta atender a una persona con discapacidad, es la informalidad la opción que en estos casos se torna viable.

En la informalidad se emplea ya el 57.4% de la población ocupada en México, lo que significa un incremento de 1.5% de 2015 a 2016. El problema es que la informalidad constituye un obstáculo a la prosperidad; de hecho, “los salarios y prestaciones de los empleos formales son un medio fundamental para combatir la pobreza. Los cuatro estados más pobres son los que tienen mayor informalidad y los cuatro más formales son los más desarrollados”.

Con base en los datos presentados, es posible considerar a los hogares monoparentales en los que vive un menor con discapacidad como en riesgo de vulnerabilidad. Esto porque para el jefe de familia puede resultar complicado cubrir al mismo tiempo las necesidades económicas y las afectivas de los integrantes de su hogar. Como consecuencia, existe también la posibilidad de que el menor con discapacidad no acceda a la atención médica completa que requiere ni cuente con la educación y el ambiente necesario para desarrollarse a plenitud.

En ese sentido, se justifica el diseño de condiciones especiales no sólo para el menor con discapacidad, sino también para quien se hace cargo de él, contribuyendo así a crear un entorno propicio para el desenvolvimiento íntegro de la familia que conforman.

Para lograr lo anterior, se propone que aquellos jefes de familia de un hogar monoparental en el que se desarrolle uno o más menores con discapacidad puedan tener una jornada laboral reducida que les permita brindar una mejor atención a su hijo, acompañarlo a terapias de rehabilitación, ayudarlo a que se sienta seguro en el entorno en el que se desenvuelve y a que desarrolle habilidades que le permitan adaptarse a la vida cotidiana.

Como complemento, se plantea otorgar incentivos fiscales a las empresas que contraten a los padres en la situación antes referida. Hecho viable si se toma en cuenta que las entidades federativas en las que habita una mayor cantidad de personas con discapacidad son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, consideradas entre las más competitivas del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Primero. Se adiciona un artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

61 Bis. La jornada laboral de una madre o padre que encabece un hogar monoparental en el que vivan uno o más niños o adolescentes con discapacidad, será de máximo seis horas la diurna, cinco la nocturna y cinco horas y media la mixta.

Ley del Impuesto sobre la Renta

Segundo.Se reforma la denominación del Capítulo II y el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo II.De los patrones que contraten a quienes padecen o estén al cuidado de una persona condiscapacidad y adultos mayores

Artículo 186. ...

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate a jefas o jefes de familia de hogares monoparentales en los que vivan uno o más niños o adolescentes con discapacidad, así como a personas de 65 años y más, consistente en el equivalente al 25% del salario queefectivamente les sea pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, “Temas de salud: Discapacidad”. Disponible en: <http://www.who.int/topics/disabilities/es/>

2 Inegi, Clasificación de Tipo de Discapacidad – Histórica, p. 8. Disponible en:

<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/ clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf>

3 Ibid. p. 13.

4 Ibid. p. 22.

5 Ibid. p. 28.

6 Ibíd., p. 29.

7 Inegi, “Discapacidad en México”. Disponible en:

<http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P>

8 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014. Disponible en:

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100 &fecha=30/04/2014>

9 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018”, 30 de abril de 2014. Disponible en:

<http://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional- para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad- 2014-2018-5882>

10 CEPAL, “Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas”. Disponible en:

<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/11674/LCW3-Vulnerabilidad.pdf>

11 La Ley de Asistencia define como niños a las personas con hasta 12 años incompletos, en tanto que considera como adolescentes a quienes cuentan con 12 años cumplidos y hasta 18 años incumplidos (Artículo 4, segundo párrafo).

12 La Jornada, “Recae en la madre todo el peso del hijo con discapacidad: Bucio”, 9 de mayo de 2011. Disponible en:

<http://www.jornada.unam.mx/2011/05/09/sociedad/038n1soc>

13 MS Noticias, “Siete de cada 10 mujeres con hijos discapacitados son abandonados”, 5 de noviembre de 2013. Disponible en:

<http://www.msnoticias.com/notas.asp?id=84568>

14 Inegi, “Estadísticas a propósito del... día de la familia mexicana (5 de marzo)”, 2 de marzo de 2017. Disponible en:

<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf>

15 Inegi, “Estadísticas a propósito del... día del niño (30 de abril)”, 27 de abril de 2016. Disponible en:

<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/ni%C3%B1o2016_0.pdf >

16 El Puntero, “El 80% de los padres que tienen un hijo con discapacidad abandonan a la madre”, 4 de noviembre de 2015. Disponible en:

<http://elpuntero.com.mx/n/2924>

17 COCEMFE, Observatorio de la Accesibilidad. Disponible en:

<https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/noticias/noticias/ los-gastos-asociados-discapacidad-persona-se-llevan-casi- 50-sus-ingresos.html?hemeroteca=true&pag=93>

18 José Urquieta-Salomón, José Figueroa y Bernardo Hernández-Prado, “El gasto en salud relacionado con la condición de discapacidad. Un análisis en población pobre de México”, en Salud pública de México, vol. 50, núm. 2, marzo-abril de 2008, p. 145. Disponible en:

<http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v50n2/07.pdf>

19 Inegi, México en cifras,“Hogares y vivienda”. Disponible en:

<http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/>

20 IMCO, “Índice de Competitividad Estatal 2016”, 28 de noviembre de 2016. Disponible en:

<http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad- estatal-2016/#>

21 Inegi, “Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, 13 de mayo de 2016. Disponible en:

<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ enoe_ie/enoe_ie2016_05.pdf>

22 IMCO, “Índice de Competitividad Estatal...”, óp. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Ingrid Krasopani Schemelensky Castro,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Miguel Herrera Deras, Angélica Moya Marín, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Bello Otero, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, José Adrián González Navarro, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Kathia María Bolio Pinelo, Lilia Arminda García Escobar, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Aguilar Yunes, Marco Antonio Gama Basarte, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eloísa Talavera Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Pedro Garza Treviño, Próspero Manuel Ibarra Otero, Ulises Ramírez Núñez, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 3o. Bis a 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Ángel García Yáñez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quáter, y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio Profesional en el Distrito Federal, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, publicada en el año 1945, en principio referida en su ámbito de regulación al Distrito Federal, encuentra su aplicación espacial tanto en la capital del país, en materia de fuero común, como en el resto del territorio nacional, en materia del fuero federal.

Esta afirmación encuentra sustento, en virtud del contenido del artículo 7o. de esa norma, el cual prescribe que las “disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden común, y en toda la República en asuntos de orden federal”.

Al respecto, diversos analistas han cuestionado el ordenamiento citado, al aducir que, tanto en la práctica de las profesiones como por la firma de diversos tratados internacionales con otros países, tal regulación ha sido rebasada.

Atento al contenido actual y vigente del orden jurídico de mérito, es de observar que toda persona que culminó sus estudios de técnico superior, técnico superior universitario, licenciatura, maestría o doctorado, si ha obtenido el título profesional que avale los estudios realizados, tiene la obligación de acudir a la Dirección General de Profesiones para el registro correspondiente; en consecuencia, el órgano gubernamental referido tiene la responsabilidad de expedir la certificación o cédula profesional 1 con efectos de patente, la cual autoriza el ejercicio de la profesión de que se trate.

La expedición de la cédula profesional representa un trámite de carácter administrativo que se hace una sola vez en la vida, sin que se presenten, posteriormente, elementos de supervisión, vigilancia y posible sanción, en caso de incumplimiento a lo dispuesto por el marco legal que regula el ejercicio de las profesiones en el país.

Prueba de ello es que el director general de Profesiones, a través de un comunicado, exhortó a los titulados del país a renovar su cédula profesional por un nuevo documento, más práctico, seguro y que se acepta en cualquier sitio como identificación oficial; sin embargo, la indiferencia que muestra un sector de profesionales es considerable. 2 El funcionario arguyó que desde 1945, año en que se creó la Unidad Administrativa a su cargo, se han emitido 5 millones, 400 mil cédulas y que de esa cantidad, sólo se han renovado el 50 por ciento, lo anterior a pesar que desde hace ocho años se comenzó a cambiar el citado documento. 3

En los términos mencionados, la emisión de la cédula profesional representa la coronación de los estudios de tipo Superior, la cual avala a las personas que la obtienen, el encontrarse apto para el desempeño de la carrera señalada en el documento oficial, tal y como lo establece el artículo 3o. del ordenamiento previamente citado: “toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrán obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.”

En Nueva Alianza consideramos necesario que periódicamente los profesionistas se sometan al escrutinio de la autoridad, a fin de dejar constancia de que son personas con igual o mayor grado de conocimientos y, por lo mismo, son poseedores de las habilidades y de la experticia que la cédula certifica.

En este sentido, consideramos que la ley, en sus términos vigentes, ha sido omisa en esta materia, pues no toma en cuenta la superación periódica y la actualización de los estudios del profesionista y, en razón de ello, es que esta expresión legislativa tiene como objetivo atender la omisión precitada, a fin de que la Dirección General de Profesiones certifique cada seis años a los profesionistas del país, mismos que deberán acreditar ante dicho órgano gubernamental, que han realizado estudios de actualización, especialización o de grado mayor para que, en esa virtud, se les expida una nueva cédula profesional que avale y registre esos adelantos académicos o de estudios especializados.

Aunado a lo anterior, se está en el entendido de que la cédula profesional tendrá una vigencia de seis años, al término de los cuales perderá toda vigencia; consecuentemente, el profesionista que no obtenga la nueva acreditación, no podrá seguir ejerciendo la actividad profesional que desarrollaba de manera habitual, a gracia o habilitación concedida por la primera cédula profesional, que deja de ser vigente.

Argumentación

Como ya se argumentó, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, no contiene dispositivos legales para que los profesionales que han obtenido su primera cédula profesional, en el curso del tiempo, vuelvan a certificarse ante la Dirección General de Profesiones y demuestren, con ello, que han seguido capacitándose a través de estudios de especialización o de mayor rango, para que en ese tenor y previa evaluación, puedan obtener una nueva cédula profesional que reemplace a la anterior.

En Nueva Alianza, comprometidos con los proyectos que generen bienestar social, proponemos con el presente producto legislativo que la cédula profesional que acredita los estudios adquiridos, sea renovada cada seis años, en contra sentido, la cédula obtenida dejará tener vigencia a los seis años de expedida, tiempo en que deberá reemplazarse con la otra.

En nuestro país, y en diversas áreas, se establece una periodicidad de vigencia a un instrumento; para mayor claridad, citaremos distintos documentos como la licencia de conducir, la credencial de elector, el pasaporte, diversas visas para viajar o mantenerse en determinados países, permisos para prestar el servicio público de transporte por parte de particulares, las concesiones, los mandatos populares (diputado, senadores y presidente), los cargos concejiles, las Magistraturas, los cargos de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, entre otros.

Como vemos en el elenco citado, ninguno tiene carácter vitalicio, de ahí que sea natural preguntarse por qué un documento como la cédula profesional, sí asume la naturaleza de vitalicia, cuando puede ser que, en el desarrollo del tiempo, el profesionista pierda las condiciones que originaron la asignación del documento que, en teoría, demuestra encontrarse en aptitudes para desarrollar una profesión con calidad y experticia.

Cuando una persona no cuenta con el documento que lo acredita como perito en determinada materia, aunque posea sobrados conocimientos empíricos, simplemente no puede ejercer la profesión y se considera ésta como trunca o incompleta, aunque en muchas de las veces se haya terminado la carrera; entonces, la cédula demuestra que se tienen los conocimientos para ejercer la profesión.

El reemplazo que se propone con la presente iniciativa, tiene por finalidad acreditar que el profesionista mantiene sus conocimientos a un nivel avanzado o actualizado, para así sostener que los servicios que presta son dignos de reconocerse como experto en la materia. Lo contrario, es decir, la no certificación, equivale a encubrir una condición que no es la real en el desempeño profesional.

Por ello, para el bienestar de la sociedad, se requiere que los profesionistas se mantengan en situación de satisfacer las necesidades del público demandante, sobre todo, en carreras como la medicina, que implica diversas ramas y especialidades, sean éstas la anestesiología, ginecobstetricia, odontología, oncología, enfermería, entre otras; así también, en el caso de psicólogos o psiquíatras y la misma condición se extiende a los abogados que ejercen las distintas disciplinas jurídicas, donde se requiere de expertos y no de chantajistas, pues el resultado de un mal ejercicio profesional puede derivar en ser privado de derechos como a la libertad, el patrimonio o la vida.

No se omite mencionar a los contadores, ingenieros, arquitectos, quienes desarrollan actividades, que si no se desempeñan con la experticia correspondiente, las cosas pueden ser de lamentables, cuando no, con dramáticos resultados. Sin registro o certificación no hay legalidad, como no la hay en una unidad automotriz sin matrícula; en síntesis, sin un control o supervisión de la autoridad, el ejercicio de la profesión se vuelve un escenario anárquico.

La ley vigente no toma en cuenta la superación periódica y la actualización del profesionista, omitiendo establecer los medios legales para certificar su actualización, quedando rezagada en la adopción de evaluaciones, con fines de certificación, que recientemente están cobrando vigencia, como en el área médica, que es la profesión en donde tiene más tradición; además, debemos considerar que la certificación profesional, que es practicada por organismos gremiales, tiene un carácter social y no jurídico, salvo para el ejercicio de ciertas actividades profesionales que están normadas por ley. Asimismo, la evolución de la práctica de las profesiones ha superado esta legislación y la descentralización de la vida del país lleva a revisar los convenios celebrados entre la Federación y los estados, en materia de reconocimiento de las patentes para el ejercicio profesional.

Los países más desarrollados han apostado por ese camino y el resultado obtenido se refleja en su economía, política, cultura, nivel de bienestar social, fuentes de empleo, ingreso, combate a la pobreza, tecnología, etcétera.

México no puede quedar a la zaga, debemos de transitar hacia mejores escenarios mediante la ruptura de modelos tradicionales.

Ventajas que ofrece la presente Iniciativa, en caso de ser aprobada:

a) Garantizar a la sociedad la prestación de un efectivo servicio profesional;

b) Brindar mayor certeza y confianza al contratante de los servicios profesionales;

c) Elevar el nivel de la calidad de la prestación de los servicios profesionales;

d) Registrar y actualizar, por parte de la autoridad, el número y condición de los profesionistas;

e) Abatir con mayor contundencia la usurpación de funciones;

f) Obligatoriedad a los profesionistas para acudir a clases, cursos, seminarios, simposios, o conferencias y, con ello, contar con personas mejor capacitadas y actualizadas; y

g) Aplicar mayor transparencia en la contratación de servicios profesionales.

Aunado a lo antes mencionado, la nueva mica sería prácticamente infalsificable, pues las mismas se expedirán cumpliendo las actuales normas que regulan la emisión de este documento; del mismo modo, a través de la certificación se podrá saber si las Cédulas Profesionales están vigentes, en virtud de que muchas de ellas se cancelan de manera permanente o en forma provisional por orden judicial; no omitimos mencionar que se generaría un ingreso para el Estado o las arcas públicas y habría un incremento importante en la economía de las instituciones educativas, publicas y privadas, pues podrían diseñar e instrumentar una serie de programas y estímulos que promuevan, primero la titulación y, posteriormente, la certificación, cuyos fondos obtenidos, derivados de cursos de especialización, posgrado, seminarios, ingreso a maestrías o doctorados, arrojaría un caudal financiero que estará reflejado en crecimiento tanto en calidad como cantidad educativa.

En virtud del nuevo escenario, obligaría a los abogados, médicos, arquitectos, biólogos, contadores públicos, economistas, físicos, químicos, homeópatas, ingenieros, licenciados en trabajo social, odontólogos, profesores, psicólogos, topógrafos, veterinarios, enfermeros, zoólogos, licenciados en educación, administradores y profesionistas de carreras en general, a participar en los cursos de actualización profesional que impartan las Instituciones de Educación Superior, los institutos o las direcciones especializadas, incluyendo a los colegios o agrupaciones de profesionistas, lo que en resumen nos permitirá tener un México con mayor calidad y más competitivo.

En Nueva Alianza, comprometidos con los grandes proyectos que requiere y demanda la sociedad, promovemos productos legislativos que respondan a las exigencias y necesidades de la ciudadanía.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quáter y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio Profesional en el Distrito Federal

Artículo Único. Se adicionan los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quater y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio Profesional en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

Artículo 3o. Bis. El ejercicio profesional se deberá prestar con la diligencia que el caso concreto lo permita y con responsabilidad, experticia, objetividad, imparcialidad y decoro. Para lo cual, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, deberá certificar por periodos de seis años a los profesionistas, quienes, a su vez, en caso de que se les haya vencido el plazo referido, deberán acudir a la Secretaría para que se les expida una nueva cédula que los habilitará para el ejercicio profesional.

Para la expedición de la certificación a que se refiere el párrafo precedente, los profesionistas están obligados a presentar las constancias referidas en el artículo 3o. Quárter de esta ley, mismas que acrediten de forma fidedigna los estudios de actualización, de especialización o de posgrado, en su caso, así como de investigación o las publicaciones del solicitante.

Los profesionistas que no acudan a la certificación referida estarán impedidos para seguir ejerciendo la carrera de que se trate, manteniendo su prerrogativa de acudir ante la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, para solicitar una prórroga o término para acreditar los estudios a que se refiere el párrafo anterior.

Si a pesar de transcurrido el plazo solicitado, el profesionista no acredita los estudios prescritos en este artículo, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, podrá dictaminarle la prohibición de ejercer la profesión de que se trate por un término de dos años.

Artículo 3o. Ter. La emisión de la prohibición prevista en el artículo anterior faculta a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, para emitir un boletín público que deberá estar disponible para su consulta a través de los medios electrónicos institucionales de la dependencia, el cual contenga el número de la cédula profesional de aquellos profesionistas que sometidos a la certificación, no cumplieron con los estándares establecidos para la misma.

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, integrará un padrón por especialidades de todos los profesionistas titulados y certificados, mismo que deberá actualizarse en forma anual y estará disponible para su consulta a través de los medios electrónicos institucionales de la dependencia.

Artículo 3o. Quáter. Para acreditar la certificación a que se refiere la presente ley, los interesados deberán presentar una evaluación teórico-práctica a fin de demostrar tener los conocimientos necesarios en la materia que trate la certificación que pretendan. Esta evaluación podrá solicitarse en la institución de educación superior donde haya cursado sus últimos estudios o en otra de su elección, la cual deberá expedirle una constancia que contenga los resultados de la evaluación correspondiente.

Artículo 3o. Quintus. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, en todo momento emitirá las acciones concretas para supervisar que el ejercicio profesional se desarrolle por los acreditados con un claro propósito de servir al interés de la sociedad y dentro de los estándares internacionales que dicta el ejercicio de la ética profesional.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días naturales para expedir las normas reglamentarias que se deriven por la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero. La Secretaría de Educación Pública, dentro de las normas reglamentarias que se deriven por la entrada en vigor del presente decreto, establecerá la carga académica teórico-práctica para acreditar las evaluaciones, que en ningún caso será menor a 120 horas.

Notas

1 La cédula profesional funge como una de las formas de identificación, expedida por la sus estudios y que tiene los conocimientos para ejercer la profesión.

2 Disponible en

http://www.informador.com.mx/mexico/2008/6915/1/exhorta-sep-a-titulados- a-renovar-su-cedula-profesional.htm. Fecha de consulta 31 de marzo de 2017.

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de septiembre de 2017.— Diputado Ángel García Yáñez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado federal Abdíes Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

La agenda legislativa del primer periodo de sesiones ordinarias se encuentra sobre saturada para que los legisladores le dediquen tiempo de calidad para ejercer plenamente sus atribuciones.

Una de estas facultades, digamos de las sustanciales es el análisis del Informe del Titular del Ejecutivo de la Unión que se entrega el 1 de septiembre y que se desahoga la primera quincena del mes.

La glosa del Informe se ventila en dos sesiones, las comparecencias en las comisiones y varias de ellas unidas.

Esta práctica no da fortaleza al Congreso frente al Ejecutivo ni le permite contribuir a la mejora de la legislación y de los programas de gobierno.

Es necesario que está atribución se pase al segundo periodo del año legislativo que inicia en el mes de febrero. Al ser febrero el mes de análisis del Informe éste se podrá desarrollar con comisiones instaladas plenamente, con el año fiscal concluido y el presupuesto del año aprobado; además será un tiempo apropiado para, de darse el caso las reglas de operación puedan ser modificadas, y con ello eficientar el programa en beneficio de las personas.

Por otra parte, el énfasis político de la Comisión Permanente requiere que servidores públicos asistan a comparecer a fin de atender asuntos competencia de sus ramos respectivos.

¿Qué diferencia hay en el estatus de los legisladores para que por separado los servidores públicos puedan asistir a éstas a comparecer y en la Comisión Permanente, no?

Esta cuestión los legisladores de la Comisión Permanente la han resuelto convocando a los servidores públicos bajo la figura de “Reunión de Trabajo” o pidiendo un informe de lo que le preguntarían al funcionario.

Es necesario, para fortalecer el Poder Legislativo, que en cualquier momento, cualquier funcionario comparezca ante ese órgano parlamentario.

Argumentos que la sustentan

La presente iniciativa considera los antecedentes legislativos de diputadas y diputados que han planteado modificaciones constitucionales para modernizar la presentación del Informe:

Los autores de las iniciativas son de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano con 8, el PRD y el PAN con 2 y los grupos parlamentarios del PES, MORENA y Nueva Alianza con una. Ninguna de ellas ha sido dictaminada. 8 fueron desechadas sin dictamen; 6 se encuentran el estado de prorroga y una fue retirada.

Nuestro presidente nacional, diputado federal con licencia, Dr. Hugo Eric Flores Cervantes presentó el 27 de febrero de 2016 iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, asistirá el presidente de la República a rendir ante el Congreso de la Unión un informe donde manifieste el estado general que guarda la administración pública del país y lo presentará por escrito , En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

...

...

El legislador, para el sustento de su proyecto motivo con las siguientes cuestiones:

“Al eliminar la obligación al presidente de la República, de asistir a la apertura del inicio del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, evitando que haga uso de la palabra, genera más perjuicios que beneficios, ya que dicho acto protocolario y de importancia, en los últimos años se ha realizado ante un grupo selecto de la clase política, empresarial, diplomática, académica, invitados especiales y medios de comunicación en un acto privado, con un formato a manera de informe, mediante un discurso fuera de realismo y veracidad, con frases nacionalistas y populistas, que no reflejan la realidad del país, evitando así el discurso de rendición de cuentas ante el Honorable Congreso de la Unión, de cara a la nación y con toda la investidura presidencial, resaltando la solemnidad que implica un informe de gobierno.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 7, correlativo del artículo 69 de nuestra Carta Magna, establece la regulación del formato aplicable para el Informe presidencial, menciona que deberá de realizarse ante el Congreso de la Unión, en sesión pública y conjunta, que se deberá presentar un informe por parte del presidente de la República en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, el cual, deberá de ser contestado por el presidente del Congreso, para posteriormente ser analizado por ambas cámaras, donde existe la posibilidad de que los legisladores soliciten al Ejecutivo, la ampliación de la información que considere necesaria mediante pregunta por escrito sin poder interpelarlo por las decisiones dentro de su administración.

El haber reformado el artículo 69 constitucional, en el 2008, resultaba ilógico y esencialmente antidemocrático. Considerando que el Congreso de la Unión como representante del pueblo, no puedan interpelar y formular al Ejecutivo las preguntas que estimen conveniente en relación a su administración, con la finalidad de informar de manera plena, veraz y oportuna sobre el estado que guarda su administración.

El objeto de la presente iniciativa es reformar el artículo 69 constitucional, priorizando que el titular de la administración pública, asista ante el Congreso de la Unión a rendir cuentas, respecto de la situación que guarda la administración pública a su cargo, como un ejercicio democrático que resalta la importancia y solemnidad que implica un informe de gobierno, restituyendo la formalidad dando cumplimiento a tan importante trascendencia, permitiendo fomentar las relaciones entre los Poderes del Estado para con la sociedad.

La presente iniciativa propone que el titular del Poder Ejecutivo se presente a rendir el informe anual de manera verbal y no sólo por escrito, considerando que la oralidad de la comparecencia ante el Congreso de la Unión es un acto de participación democrática, que independientemente de la temporalidad del informe, este debe ser amplio y circunstanciado, ya que es en el informe presidencial y en ningún otro momento, donde éste justifica las acciones emprendidas, así mismo el anuncio de medidas económicas a realizar o legitimarlas dentro de la administración.

El texto: “Informes presidenciales” del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados rescata los antecedentes por los que ha pasado la presentación del Informe del Presidente ante el Congreso.

Antecedentes constitucionales de la rendición del informe presidencial al Congreso de la Unión

Constitución Política de la Monarquía Española (Cádiz, 18 de marzo de 1812)

Artículo 121. El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la hará el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.

Artículo 123. El Rey hará un discurso en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y al que el presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al Presidente, para que por este se lea en las Cortes.

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814.

Artículo 44. Permanecerá el Cuerpo Representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán, además, dos corporaciones, la una con el título de Supremo Gobierno, y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 45. Estas tres corporaciones habrán de residir en un mismo lugar, que determinará el congreso, previo informe del supremo gobierno; y cuando las circunstancias no lo permitan, podrán separarse por el tiempo y a la distancia que aprobare el mismo congreso.

Capítulo XII De la autoridad del Supremo Gobierno. Al Supremo gobierno toca privativamente:

Artículo 174. Así mismo, presentará cada seis meses al Congreso un estado abreviado de las entradas, inversión y existencia de los caudales públicos, y cada año le presentará otro individual y documentado, para que ambos se examinen, aprueben y publiquen.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824)

Artículo 67. El Congreso general se reunirá todos los años el día 1º de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo, se prescribirán las operaciones previstas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.

Artículo 68. A ésta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales.

Constitución Política de la República Mexicana de 1857

Artículo 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales

Por lo que se refiere al artículo 69 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se han presentado cuatro reformas al texto original.

El artículo 69 original de la expedición del decreto del 5 de febrero de 1917, establecía:

Artículo. 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al Congreso de la Unión o la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocatoria, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.

Este artículo prevé la asistencia del Presidente de la República al Congreso para presentar el informe por escrito del estado que guarda la administración pública a su cargo. Asimismo, prevé que presidente asista a explicar de las razones por la que se convoca a sesiones extraordinarias.

La primera reforma al artículo 69 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923, esta reforma señaló:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Esta reforma confirió la responsabilidad de informar de las razones por las que se convocan a sesiones extraordinarias al Presidente de la Comisión Permanente

La segunda reforma, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1986, esta reforma estableció:

Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

La modificación constitucional precisa que será en el Primer Periodo de sesiones en la que el Presidente asistirá al Congreso a rendir su informe.

La tercer reforma al artículo 69, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008, esta reforma previó:

Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejerciciodel Congreso el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad

La situación nacional democrática de la división de los poderes y empoderamiento de las oposiciones en las Cámaras se refleja en desaparecer el “Día del Presidente”; además de ello, el proceso electoral del 2006 dejó encono entre los partidos políticos que disputaron la presidencia de la república.

Por segunda ocasión el Partido Acción Nacional, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, ascendió a la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación en 2006.

El diario “La Jornada” así lo reseñó:

“El desaseo legal y político marcó la toma de protesta de Felipe Calderón Hinojosa como presidente constitucional de la República. No sólo entró por la puerta de atrás ­porque los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) colocaron candados y cadenas en los cinco accesos del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, también capitalizó la toma de la tribuna por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) e inclusive el nuevo jefe del Ejecutivo federal asumió el cargo con el respaldo del Estado Mayor Presidencial (EMP), que ingresó armado al recinto.

La asunción de Felipe Calderón se realizó en una ceremonia de transmisión de poderes apresurada y atropellada, que duró casi cinco minutos, en la que el ex presidente Vicente Fox Quesada fungió como un edecán proclive a los errores legales en las postrimerías de su mandato: quiso imponerle la banda a su sucesor, cuando esa tarea corresponde constitucionalmente al presidente de la Cámara de Diputados.

Ante el paroxismo de una tribuna más parecida a la de un estadio de futbol, el presidente de la Cámara de Senadores ­obligado a participar en el ritual, Manlio Fabio Beltrones, resumió la abigarrada escena: “ojalá pronto encuentre la puerta de enfrente”.

Una de las consecuencias de este encono, como ya se afirmó, fue la desaparición del “Día del Presidente”.

El informe del presidente en el Congreso duró un periodo de 91 años, de 1917 a 2008.

Los diputados de filiación diferente a la del Presidente de la República que respondieron un Informe de Gobierno, fueron: Porfirio Muñoz Ledo y Lasso De la Vega del PRD, Carlos Medina Plascencia del PAN, Ricardo García Cervantes del PAN, Juan De Dios Castro Lozano del PAN, Jorge Zermeño Infante del PAN y Ruth Zavaleta Salgado del PRD.

De 1917 al 2008 sólo siete mujeres han respondido el Informe, destaca la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, quien lo respondió en tres ocasiones 1979, 2001 y 2002. En 1966 la diputada Luz María Zaleta de Elzner fue la primera mujer en responder un Informe, Irma Cué de Duarte lo respondió en 1983, Elba Esther Gordillo Morales en 1987, María de los Ángeles Moreno Urías en 1992, María Elena del Rosario Guerra Díaz en 1995 y la última fue la diputada Ruth Zavaleta Salgado del PRD.

* El Informe se presentó el 1 de noviembre.

La cuarta reforma al artículo 69, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, reforma que señala:

Artículo 69. ...

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.

De conformidad con el decreto de publicación, en lo particular con el artículo décimo segundo, la adición que se hacen al artículo 69, párrafo tercero entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018.

Por lo que se refiere al artículo 93, materia de esta reforma, ha sufrido 6 modificaciones al texto original de 1917.

El texto original de este artículo constitucional preveía:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio relativo a su secretaría.

La primera reforma a esta disposición constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 1974, éste decía:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho y los jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, a los jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los directores y administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Esta reforma lo explica el crecimiento constante de las empresas paraestatales en México. De acuerdo con Lombardo y Orozco, con datos de la Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatales, hacia 1940 sumaban 36, ya para 1954 el número de estas empresas ascendió a 144, al año de 1970, ya sumaban 272; sin embargo, a 1982 llegaron a 1,155 entidades paraestatales.

En el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977 se publicó la segunda reforma constitucional, que señaló:

Artículo 93. ...

...

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

A partir de la reforma constitucional de 1977, 16 comisiones de investigación han sido encontradas en los registros de las cámaras, todas ellas creadas en la Cámara de Diputados.

En este lapso, podemos diferenciar dos etapas. La primera, en la que la aparición de esta clase de comisiones fue casi nula, de 1977 a 1996, periodo en el que únicamente fueron creadas tres comisiones: una creada en la LI Legislatura (79-82), una de éstas fue la Comisión de Investigación de Teléfonos de México, por supuestas interferencias ilegales a líneas telefónicas, otra en la LIV Legislatura (88-91), la Comisión de Investigación sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito y Comisión de Investigación sobre el Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y filiales en la LVI Legislatura (94-97).

La segunda etapa, de 1997 a 2007, han sido creadas trece comisiones: tres en la LVII Legislatura (97-00), Comisión de Investigación sobre el Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y filiales; la Comisión de Investigación sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social; y la Comisión de Investigación sobre la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, una en la LVIII Legislatura (00-03), Comisión de Investigación sobre la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz.

Seis en la LIX Legislatura (03-06), la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex; la Comisión de Investigación en relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo; la Comisión de Investigación encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.; una segunda Comisión de Investigación en relación con las Políticas Implementadas para la determinación de los Precios del Petróleo; así como una segunda comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.

En la Legislatura 2006—hasta septiembre de 2007, se han establecido tres comisiones de investigación más. Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex, una nueva Comisión de Investigación encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV; y la Comisión para Investigar los Organismos Descentralizados y Empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero.

La tercera reforma a este artículo de la Constitución se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, misma que estableció:

Artículo 93. ....

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República,a los jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los directores y administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

...

Lo anterior, debido a que el artículo 102 constitucional se dividió en los apartados A, que correspondía al Procurador, y el B, que correspondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La cuarta enmienda al artículo 93 constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007, misma que señaló

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

...

Desaparecen de la disposición constitucional los Jefes de los departamentos Administrativos.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la quinta reforma el 15 de agosto de 2008, esta refirió, lo siguiente:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Se les impone a los titulares de los órganos autónomos la obligación de comparecer ante las Cámara del Congreso.

Uno de los avances de esta reforma es la introducción de la protesta de decir verdad

En el texto de la iniciativa que reforma el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Juan José Guerra Abud, el 11 de julio de 2012, atinadamente se puntualiza:

La protesta o juramento de decir verdad, constituye el acto más solemne y eficaz que se conoce en la sociedad para dar fuerza a una promesa o declaración; se considera que no hay ningún otro nexo o vínculo más fuerte que el juramento para impedir que las personas falten a la verdad, por eso al juramento se lo ha visto como la garantía más firme, de que lo manifestado se habrá de cumplir.

En la doctrina jurídica se dice que cuando una persona miente estando bajo protesta de decir verdad comete perjurio, en tanto que cuando falta a la verdad sin estar bajo juramento, se dice que rinde falso testimonio.

La diferencia entre una y otra falta es de grado, ya que la falsedad de declaración ante autoridad se considera una falta simple, en tanto que estando bajo juramento de decir verdad representa una falta grave porque, además de mentir, se rompe un juramento solemne y agravia con ello a la sociedad.

La protesta de decir verdad que se toma a los secretarios y demás funcionarios que comparecen a rendir informes ante cualquiera de las Cámaras representa un juramento de conducirse con verdad al hablar y dar información el ramo que les corresponde ante el análisis y revisión del informe presentado por el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión.

En el Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto de 2008 se publicó el Acuerdo Parlamentario para normar el formato de la Sesión de Congreso General para la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura, para regular la recepción y trámite del Informe por escrito que debe presentar el Presidente de la República sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país el 1o. de septiembre de 2008, así como para establecer criterios generales para que las Cámaras de Diputados y de Senadores lleven a cabo su análisis y, en su caso, citen a comparecer a los servidores públicos a que se refiere el artículo 69 constitucional y formulen preguntas por escrito al Presidente de la República, el Acuerdo Octavo, numeral 5, establecía:

Octavo. Con motivo del análisis del informe por escrito que presente al H. Congreso de la Unión el Presidente de la República, cada una de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales que estime pertinente para que comparezcan y rindan informes adicionales, conforme al formato que en cada Cámara se establezca, observando los criterios generales siguientes:

5. Las comparecencias y rendición de informes de los Secretarios de Estado, del Procurador General de la República y de los directores de las entidades paraestatales se harán bajo protesta de decir verdad. Al inicio de cada comparecencia el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara o de la comisión que corresponda hará saber de viva voz al servidor público compareciente que, para todos los efectos que correspondan, a partir de ese momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad con la obligación establecida por el artículo 69 constitucional.

Otro instrumento de control y de dialogo entre los Poderes es la pregunta parlamentaria.

El Acuerdo, anteriormente citado, en su Noveno Acuerdo establece los lineamientos para operar la pregunta de los parlamentarios:

Noveno. Una vez desahogadas las reuniones o sesiones conjuntas de comisiones para el análisis del informe, así como el desahogo de las comparecencias de los servidores públicos a que se refiere el resolutivo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 constitucional el Pleno de cada una de las Cámaras podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información contenida en el informe presentado mediante preguntas por escrito aprobadas por sus asambleas plenarias. La correspondiente Junta de Coordinación Política hará la propuesta de preguntas conforme a los criterios generales siguientes:

1. La atribución de formular preguntas parlamentarias al Presidente de la República para solicitarle información adicional al informe presentado corresponde exclusivamente al Pleno de cada Cámara, conforme a las propuestas de los grupos parlamentarios.

2. Las preguntas se formularán por escrito, en términos claros y precisos y versarán sobre los contenidos del informe o, en su caso, sobre las omisiones del mismo que las Cámaras consideren relevantes.

3. Tan pronto se haya recibido el informe en cada Cámara, las respectivas Juntas de Coordinación Política aprobarán un acuerdo en el que se establezcan las reglas para definir el número de las preguntas que puede formular cada Grupo Parlamentario; el plazo para recibir el pliego de propuestas de preguntas correspondiente a cada Grupo Parlamentario; y los requisitos de formulación para las preguntas escritas para el Presidente de la República que someterán a la aprobación de sus respectivos Plenos. El número de preguntas que podrán formular los Grupos Parlamentarios atenderá al criterio de proporcionalidad, conforme al tamaño de los mismos en relación con la integración de sus respectivas Cámaras.

4. Para los efectos de lo señalado en el numeral anterior, se considerarán única y exclusivamente las propuestas de preguntas presentadas de manera formal y debidamente firmadas por los coordinadores de los grupos parlamentarios registrados en la Junta de Coordinación Política que corresponda, siempre que las propuestas de preguntas cumplan con las reglas de formulación y presentación. Las propuestas de preguntas serán presentadas en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara que corresponda, cuya Secretaría Técnica deberá llevar el control del registro respectivo. No se recibirán propuestas de preguntas concluido dicho plazo.

5. Vencido el plazo que se haya establecido para la presentación de propuestas de preguntas por parte de los grupos parlamentarios, cada Junta de Coordinación Política deberá reunirse para conocer las propuestas de los grupos parlamentarios y aprobar el acuerdo que contenga la propuesta única y final de preguntas parlamentarias que por escrito se formulen al Presidente de la República, para someterlo a la aprobación del Pleno por conducto de la correspondiente Mesa Directiva.

6. Una vez que haya sido aprobado por cada Cámara el acuerdo único con las preguntas escritas formuladas por los Grupo Parlamentarios, los Presidentes de las Mesas Directivas procederán a notificarlo formalmente al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación e instruirán su inmediata difusión mediante la publicación del acuerdo respectivo en la Gaceta que corresponda y en la página de Internet de cada Cámara.

7. Las respuestas que el Presidente de la República envíe a las Cámaras del Congreso en atención a las preguntas que se le hubieren formulado, se harán del conocimiento del Pleno de la Cámara que en cada caso corresponda en la sesión inmediata siguiente a la recepción de las respuestas. Los Presidentes de las Cámaras ordenarán su inclusión en el orden del día, la publicación correspondiente en su Gaceta y en la página de Internet respectiva e instruirán el turno de cada respuesta a la comisión o comisiones con las que encuentren vinculación en razón de la materia, para su correspondiente análisis y valoración, así como a la Junta de Coordinación Política respectiva para su debido conocimiento.

8. Las comisiones a quienes se hayan turnado las respuestas del Presidente de la República, se reunirán para deliberar en torno a su análisis y valoración y producirán un acuerdo de conclusiones en el que se pronuncien sobre las respuestas del Presidente de la República a las preguntas escritas que las Cámaras del Congreso le hayan formulado.

9. Las conclusiones derivadas del análisis y valoración que realicen las comisiones en términos del numeral anterior, se someterán a consideración del Pleno de la Cámara que corresponda. Las comisiones remitirán las conclusiones referidas a la Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día, así como a la Junta de Coordinación Política correspondiente para su conocimiento.

La sexta, y más reciente reforma fue publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014, está señala:

Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

...

...

La evolución del Informe del presidente de la república y los avances democráticos del país se han visto reflejados en el texto de nuestra carta Magna. Hoy, los legisladores y el Ejecutivo de la Unión tienen la responsabilidad de recobrar la confianza de la ciudadanía convirtiéndose en un parlamento abierto y en una administración pública guiada por la máxima publicidad.

Contenido de la propuesta

La iniciativa está constituida por cinco propuestas:

1. Que el Informe presidencial se entregue el 1 de febrero en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones;

2. Que se reincorporen a los titulares de los órganos autónomos al catálogo de servidores público obligados a comparecer ante las Cámara del Congreso de la Unión;

3. Que los servidores públicos enlistados en los artículos 69 y 93 comparezcan ante la Comisión Permanente cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades;

4. Que la solicitud para integrar una comisión de investigación se reduzca a 50 diputados o 43 senadores, con la finalidad de garantizar el derecho de minoría.

5. Reincorporar a los directores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad al catálogo de servidores públicos obligados a comparecer ante las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente

Consideraciones

Primera. Que el informe presidencia se entregue el 1 de febrero en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones.

A lo largo de la historia de los Informes presidenciales ante las Cámaras del Congreso éste sea presentado en diferentes fechas.

De acuerdo con el texto: “Informes presidenciales” del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados el informe se ha presentado en dos fechas distintas, el primero de septiembre y el primero de noviembre:

Fecha de presentación Periodo

Primero de septiembre De1917 a 1988

Primero de noviembre De 1989 a 1994

Primero de septiembre De 1995 a 2008

Es por ello que resulta viable la modificación del día en el que el presidente entregue su Informe y que el Congreso ejerza sus atribuciones de análisis y revisión plenamente y con el tiempo suficiente para ello. Es decir, el primero de febrero.

Las razones por la que se propone la modificación radican en la agenda del primer año de ejercicio de la legislatura. Revisémosla.

Agenda del Primer Año Legislativo en la Cámara de Diputados.

Emanadas de disposiciones constitucionales.

De conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Es por lo aquí expuesto que se propone que la entrega del informe, así como su discusión y análisis se lleve a cabo a partir del 1 de febrero, es decir, en el transcurso del segundo periodo de sesiones ordinarias de cada año legislativo.

Otra razón es que el Ejercicio Fiscal del año que se informa concluye en coincidencia con el gasto previsto en el presupuesto de egresos de la federación.

Segunda. Que se reincorporen a los titulares de los órganos autónomos al catálogo de servidores público obligados a comparecer ante las Cámara del Congreso de la Unión.

La quinta reforma del 15 de agosto de 2008 adicionó a los titulares de los órganos autónomos como funcionarios a ser convocados por las Cámara a rendir cuentas del estado que guarda su dependencia cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades

En sentido contrario en la reforma al artículo 69 del 10 de febrero de 2014 se eliminan a los titulares de la obligación de ampliar la información mediante pregunta por escrito ser citado por alguna de las Cámaras del Congreso.

La obligación de que comparezcan los titulares de los órganos autónomos se encuentra vinculada con el Apartado A, fracción I del artículo 6 de la misma Carta Magna.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

También, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo particular con los artículos 1 y 72:

Artículo 1.La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, ...

Artículo 72.Además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, los órganos autónomos en el ámbito federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El Banco de México:

a) La estadística de la emisión de billetes y acuñación de moneda metálica;

b) El informe del crédito que, en su caso, otorgue al Gobierno Federal de conformidad con la Ley del Banco de México;

c) El listado de las aportaciones realizadas por el Banco de México a organismos financieros internacionales de conformidad con la Ley del Banco de México;

d) El listado de los financiamientos otorgados a las instituciones de crédito, en forma agregada;

e) El importe de la reserva de activos internacionales;

f) La relación de sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones emitidas por el propio Banco, que regulan las entidades y personas sujetas a su supervisión, excepto por aquellas relacionadas con operaciones realizadas como parte de política monetaria, para lo cual deberán señalar:

1. El nombre, denominación o razón social del infractor;

2. El precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, el monto o plazo, según corresponda, así como la conducta infractora, y

3. El estado que guarda la resolución, indicando si se encuentra firme o bien, si es susceptible de ser impugnada y, en este último caso, si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo, cuando se tenga conocimiento de tal circunstancia por haber sido debidamente notificada por autoridad competente.

En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, deberá igualmente publicarse tal circunstancia, y

g) La exposición sobre la política monetaria a seguir por el propio Banco, así como los informes trimestrales sobre la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país y la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco, que este deba enviar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión de conformidad con la Ley del Banco de México.

II. La Comisión Federal de Competencia Económica:

a) Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, en los términos que señala la Ley Federal de Competencia Económica;

b) El registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con personas que representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia, en términos del artículo 25 de la Ley Federal de Competencia Económica;

c) Las versiones públicas de los votos particulares, así como de las resoluciones que califiquen las excusas o recusaciones de los Comisionados;

d) Previo a la celebración de una sesión del Pleno de la Comisión, el listado de los asuntos por resolver;

e) Las notificaciones que deban realizarse por lista en los términos que señale la normativa aplicable;

f) El listado de las sanciones que determine el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica;

g) Las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos que emita previa consulta pública;

h) Los comentarios presentados por terceros en un procedimiento de consulta pública para la elaboración y expedición de las Disposiciones Regulatorias a que se refiere el artículo 12 fracción XXII de la Ley Federal de Competencia Económica;

i) La versión pública de las evaluaciones cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar del consumidor que haya generado la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica en el periodo respectivo, y

j) La versión pública de los estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con las propuestas respectivas de liberalización, desregulación o modificación normativa.

III. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:

a) Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza;

b) Los resultados de la medición de la pobreza en México, a nivel nacional, estatal y municipal, así como su desglose por año;

c) Las metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social;

d) El listado de organismos evaluadores independientes;

e) La valoración del desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal, y

f) El Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social.

IV. La Fiscalía General de la República publicará la información estadística en las siguientes materias:

a) Incidencia delictiva;

b) Indicadores de la procuración de justicia. En materia de carpetas de investigación y averiguaciones previas, deberá publicarse el número de aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se ejerció la facultad de atracción en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión; en cuántas se ejerció el criterio de oportunidad, y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los hechos de su conocimiento. Dicha información deberá incluir el número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, y

c) Número de órdenes de presentación, aprehensión y de cateo emitidas.

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones:

a) Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, en los términos que señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

b) Las versiones públicas de las grabaciones de las sesiones del Pleno;

c) Las versiones públicas de los acuerdos y resoluciones del Pleno;

d) El registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con personas que representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia, en términos del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

e) Los procesos de consultas públicas, el calendario de consultas a realizar y las respuestas o propuestas recibidas;

f) Los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que sean materia de licitación pública, y

g) Respecto del Registro Público de Concesiones, en términos del artículo 177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Información Pública y no clasificada de:

1. Los títulos de concesión y las autorizaciones otorgadas, así como sus modificaciones o terminación de los mismos;

2. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado;

3. Los servicios asociados;

4. Los gravámenes impuestos a las concesiones;

5. Las cesiones de derechos y obligaciones de las concesiones;

6. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

7. Los convenios de interconexión, los de compartición de infraestructura y desagregación de la red local que realicen los concesionarios;

8. Las ofertas públicas que realicen los concesionarios declarados como agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión o con poder sustancial;

9. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por los concesionarios y los autorizados;

10. Los contratos de adhesión de los concesionarios;

11. La estructura accionaria de los concesionarios;

12. Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones;

13. Los programas anuales de trabajo, los informes trimestrales de actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los estudios y consultas que genere;

14. Los lineamientos, modelos y resoluciones en materia de interconexión, así como los planes técnicos fundamentales que expida el Instituto Federal de Telecomunicaciones;

15. Las medidas y obligaciones específicas impuestas al o a los concesionarios que se determinen como agentes económicos con poder sustancial o preponderantes, y los resultados de las acciones de supervisión del Instituto, respecto de su cumplimiento;

16. Los resultados de las acciones de supervisión del Instituto, respecto del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios;

17. Las estadísticas de participación de los concesionarios, autorizados y grupo de interés económico en cada mercado que determine el Instituto;

18. Los procedimientos sancionatorios iniciados y las sanciones impuestas por el Instituto que hubieren quedado firmes, y

19. Las sanciones impuestas por la PROFECO que hubieren quedado firmes.

VI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

a) El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el resultado de su evaluación sexenal;

b) El Programa Nacional de Estadística y Geografía;

c) El Programa Anual de Estadística y Geografía;

d) Las inspecciones realizadas para verificar la autenticidad de la información de interés nacional, así como el seguimiento que se dé a las mismas;

e) El Catálogo nacional de indicadores;

f) El anuario estadístico geográfico;

g) El Catálogo de claves de áreas geo estadísticas estatales, municipales y localidades;

h) Los documentos que den cuenta de la realidad demográfica y social, económica, del medio ambiente, de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia del país;

i) Las variables utilizadas para su cálculo, metadatos, comportamiento en el tiempo, a través de tabulados y elementos gráficos;

j) Las clasificaciones, catálogos, cuestionarios;

k) Las metodologías, documentos técnicos y proyectos estadísticos;

l) Los censos, encuestas, conteos de población, micro datos y macro datos, estadísticas experimentales y muestras representativas de los operativos censales realizados;

m) La información nacional, por entidad federativa y municipios, cartografía, recursos naturales, topografía, sistemas de consulta, bancos de datos, fuente, normas técnicas;

n) Los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica correspondiente al año inmediato anterior;

o) Un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas;

p) El informe anual de actividades y sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, y

q) El calendario anual de publicación aprobado por la Junta de Gobierno.

VII. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional, en el ámbito de la educación obligatoria;

b) Los lineamientos y directrices que emita el Instituto;

c) Los tipos y modalidades de evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los educandos, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, así como su implementación;

d) El diseño de la política nacional de evaluación de la educación a que se refiere la fracción VI del artículo 27, así como los programas descritos en la fracción II del artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el avance de su implementación; los resultados de las evaluaciones que, en el marco de su competencia, lleve a cabo. La publicación de estas evaluaciones se desagregará considerando los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje;

e) Las recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus resultados, exclusivamente referidos al ámbito de la educación obligatoria;

f) Las respuestas que las Autoridades Educativas remitan al Instituto respecto de las directrices que haya emitido, así como su grado de cumplimiento o atención;

g) La información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional;

h) Los criterios que orienten al diseño y la implementación de las evaluaciones;

i) Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados obtenidos para el financiamiento de los programas y actividades del Instituto; así como los ingresos y derechos susceptibles de estimación pecuniaria que se obtengan por cualquier medio;

j) Los estudios e investigaciones destinadas al desarrollo teórico, metodológico y técnico de la evaluación educativa;

k) Los mecanismos de rendición de cuentas relativos a los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional, que sean de su competencia;

l) Los acuerdos que apruebe su Junta de Gobierno para dar cumplimiento a las atribuciones que a ésta le confiere el artículo 38 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y

m) Las declaratorias de nulidad de los procesos y resultados de las evaluaciones que no se sujeten a los lineamientos que expida el Instituto, así como las sanciones impuestas a la Autoridad Educativa responsable.

Asimismo, y como una manifestación de transparencia y de rendición de cuentas, la propuesta se vincula con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo referente a los artículos 1, 6, 23 y 74.

Artículo 1. ...

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos...

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,...

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial , órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 74.Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas:

a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;

b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;

c) La geografía y cartografía electoral;

d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;

e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;

f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;

i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;

j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;

l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;

m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y

n) El monitoreo de medios;

II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:

a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;

b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;

c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;

d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;

e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;

h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;

i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;

j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;

k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, y

m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo;

III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales:

a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;

b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados;

e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y

g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.

Luego entonces, si existe en disposiciones secundarias el carácter de información pública y los órganos autónomos como sujetos obligados, los legisladores federales no tiene por qué tener límites por encima de la Constitución para convocar a comparecer a los titulares de los organismos autónomos.

Tercera. Que los servidores públicos enlistados en los artículos 69 y 93 Constitucionales, comparezcan ante la Comisión Permanente cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades;

Los acuerdos relativos a las sesiones y al orden del día que se expiden en la apertura de las sesiones de la Comisión Permanente no incluye disposiciones que permita la comparecencia de funcionarios. Lo anterior debido a la ausencia de esta atribución en las Constitución General de la República.

Estos acuerdos señalan en su parte introductoria que:

Los trabajos de la Comisión Permanente son de la más alta importancia como único órgano legislativo que funciona durante los recesos del Congreso de la Unión y, por tanto, merecen ser atendidos con el mayor interés, por lo que la ausencia de una reglamentación, que de manera exclusiva los regule, justifica la suscripción de acuerdos que complementen la normatividad vigente del Congreso de la Unión, a fin de contribuir al mejor desarrollo de los trabajos de este cuerpo colegiado. En tal virtud, el 3 de mayo de 2000 se adoptó en el Senado de la República la práctica parlamentaria de integrar acuerdos parlamentarios para normar las sesiones de la Comisión Permanente que funciona durante e:1 Segundo Receso de cada Año Legislativo, repitiéndose esa normatividad cada receso en que le corresponde funcionar en la sede senatorial.

Debido a lo anterior, y cuando así lo proponen los legisladores se expiden acuerdos en la Mesa Directiva para la realización de reuniones de trabajo con funcionarios federales para atender asuntos de su competencia.

Algunas diferencias de las reuniones de trabajo con las comparecencias radican en los formatos bajo los cuales se desarrollan las reuniones de trabajo en la Comisión Permanente:

1. No hay protesta de decir verdad del funcionario.

2. Las versiones estenográficas de las reuniones no se turnan al Ejecutivo de la Unión.

3. La reunión es informativa

4. No genera obligaciones del funcionario para con los legisladores

5. No se prevé que sí hay insatisfacción con la información que brinde el funcionario sea susceptible de complementarla con preguntas parlamentarias

Cuarta. Que la solicitud para integrar una comisión de investigación se reduzca a 50 diputados o 43 senadores, con la finalidad de garantizar el derecho de minoría.

De Acuerdo con el texto “Pequeñas minorías y control parlamentario” de Rosario Serra Cristóbal, se precisa que “hay una tendencia generalizada a identificar la minoría con la oposición, puesto que ésta está conformada por aquellos grupos que no han apoyado al Gobierno en su investidura y, por lo tanto, ejercen una actividad de control del Gobierno más intensa que los del grupo mayoritario.”

La autora refiere, que la función de control es desempeñada también por esas pequeñas minorías. Y sentencia que esta función es la función más importante que desempeñan.

Con la atención a las iniciativas de investigación de las minorías se evita la aparición del obstruccionismo de minorías. Entendida ésta, como lo señala Sierra Cristóbal: “Es aquella forma especial y excepcional de oposición que una minoría parlamentaria, dentro de los límites reglamentarios, ejercita contra el Gobierno y la mayoría parlamentaria, normalmente con el objetivo de dilatar la adopción de un determinado acuerdo”.

Con la disminución del umbral mínimo para la creación de comisiones de investigación, las minorías tienen la posibilidad, además de intervenir críticamente en el debate parlamentario, utilizar cauces de información y control como las preguntas o las interpelaciones, solicitar comparecencias de miembros del Gobierno, con independencia a fortalecer la atribución fiscalizadora del Poder Legislativo.

Las Comisiones de investigación se han convertido en un instrumento de control especializado fundamentalmente dirigido a la actividad de vigilancia del Gobierno y de búsqueda de información.

Con esta propuesta se reduce la desventaja para los grupos minoritarios en las dificultades para crear comisiones de investigación.

Con la integración actual de la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por sí solos podría solicitar la integración de una comisión investigadora.

Los otros grupos parlamentarios requerirían de una alianza parlamentaria para la solicitud de la comisión.

A pesar de ello, a lo largo de 40 años de historia político-parlamentaria sólo se creado alrededor de 16 comisiones de investigación en la Cámara de Diputados:

• Comisión de Investigación de Teléfonos de México, por supuestas interferencias ilegales a líneas telefónicas,

• Comisión de Investigación sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito y

• Comisión de Investigación sobre el Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y filiales.

• Comisión de Investigación sobre el Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y filiales III.

• Comisión de Investigación sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Comisión de Investigación sobre la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

• Comisión de Investigación sobre la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz.

• Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

• Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex.

• Comisión de Investigación en relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo.

• Comisión de Investigación encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.

• Comisión de Investigación en relación con las Políticas Implementadas para la determinación de los Precios del Petróleo.

• Segunda comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.

• Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social generado por Pemex, una nueva Comisión de Investigación encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.

• Comisión para Investigar los Organismos Descentralizados y Empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero

Quinta. Reincorporar a los directores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad al catálogo de servidores públicos obligados a comparecer ante las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 transformó a Petróleos Mexicanos y a la Compañía Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado

Artículo 25...

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Artículo 28...

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación , ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Por lo que es necesario actualizar a estos titulares como sujetos obligados de comparecer ante las Cámara del Congreso y ante la Comisión Permanente.

Con la finalidad de aportar una visión sencilla de la propuesta, se adiciona el siguiente comparativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 69 y se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. En la apertura del Segundo Periodo Sesiones Ordinariasde cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado , a los directores de las entidades paraestatales , así como a los titulares de los órganos autónomos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión podrá citar a comparecer a los Secretarios de Estado, a los directores de las entidades paraestatales, de las empresas productivas del Estado, así como a los titulares de los órganos autónomos, quienes comparecerán bajo protesta de decir verdad.

...

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el segundoperiodo de sesiones ordinarias de cada año, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras , o en su caso la Comisión Permanente, podrán convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una décima parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de un tercio, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados , empresas productivas del Estado y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Informes presidenciales. Servicio de Investigación y Análisis, Dirección Referencia Especializada, Subdirección, febrero de 2009, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-01-09.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_orig_ 05feb1917_ima.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_ 002_24nov23_ima.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_ 107_07abr86_ima.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_ 181_15ago08_ima.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_orig_ 05feb1917_ima.pdf

8 Régimen de las entidades paraestatales y el proceso de desincorporación en México, Horacio Lombardo Aburto y Jesús Orozco Hernríquez, disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/701/15.pdf

9 El control parlamentario a través de las comisiones de investigación, José Pablo Abreu Sacramento, disponible en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/ article/view/5826/7701#N64

10 Gaceta Parlamentaria, Número 3555, lunes 16 de julio de 2012, disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/jul/ 20120716/Iniciativa-3.html

11 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/03_Acuerdo_Relativo_Sesiones_ Orden_04-05-2016.pdf

12 Pequeñas minorías y control parlamentario” de Rosario Serra Cristóbal, disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet- PequenasMinoriasYControlParlamentario-3120639.pdf

13 El control parlamentario a través de las comisiones de investigación, José Pablo Abreu Sacramento, disponible en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/ cuestiones-constitucionales/article/view/5826/7701#N64

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.— Diputado Abdíes Pineda Morín(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI

Arlet Mólgora Glover, diputada Federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

Los avances en la tecnología y el acceso a información, entre un sinnúmero de razones más, han potenciado la curiosidad de las personas por querer conocer diferentes lugares del mundo por su riqueza natural, histórica o gastronómica.

La enorme diversidad de lugares por conocer y la evolución de los sistemas de transporte con los que hoy contamos convierte al turismo en un eslabón imprescindible para la economía de algunos países. Aunado a ello, el aumento en la demanda de servicios turísticos ha generado nuevas modalidades de hospedaje con base en la preferencia de los consumidores. En ese sentido, a continuación, analizaremos la importancia de circunscribirlas a un adecuado marco legal, con el fin último de proteger a los consumidores y garantizarles sus derechos.

En el año 2014, México fue el segundo país de América en recibir turistas. Respecto del número de visitantes internacionales, ocupó el décimo lugar a nivel mundial con más de 29 millones de turistas en ese año. Ese mismo año, los tres países con mayor número de visitantes fueron Francia, Estados Unidos y España con 83.7, 74.8 y 65 millones, respectivamente.

En comparación con las cifras anteriores, en 2016 México se colocó en el octavo lugar a nivel mundial respecto al número de visitas internacionales, con un total de 35 millones de turistas extranjeros en el país. Ese mismo año ocupó la posición catorce respecto a los ingresos económicos que generaban las visitas de turistas extranjeros, las cifras totales de este año fueron de 19.6 miles de millones de dólares.

El turismo es un elemento clave para la economía mexicana en tanto correspondió al 8.7 por ciento del PIB en el 2013, esto es equivalente a 8.7 pesos por cada 100 producidos. El 89.8 por ciento de los turistas residen en México. De este porcentaje, poco más del 80 por ciento corresponde a servicios como alojamiento, transporte y alimentos, mientras el resto, a bienes. Asimismo, el 5.9 por ciento de los puestos de trabajo remunerados en el país, de ese año, correspondió a la producción de dichos bienes y servicios. El 41.9 por ciento de ellos fue empleado en entidades sin litoral, mientras el resto correspondió a aquellas que cuentan con litoral en su territorio. La Ciudad y el Estado de México son las entidades que más personal emplean, mientras las entidades con litoral con mayor proporción de empleo turístico son Quintana Roo, Jalisco y Baja California Sur.

El total nacional de establecimientos de hotel es de 20 mil 38 con 736 mil 512 cuartos disponibles en 2015. La Ciudad de México abarca 626 establecimientos con casi 52,000 habitaciones. Jalisco comprende 1,684 hoteles con 66 mil 79 cuartos. Quintana Roo cuenta con 941 instalaciones hoteleras que contienen 90 mil 48 habitaciones para alojamiento.

La tasa de crecimiento promedio desde el 2010 ha sido de 5.9 por ciento en cuanto a establecimientos, mientras que de habitaciones fue de 8.2 por ciento, respecto de las entidades mencionadas. Mientras tanto, el porcentaje de ocupación hotelera promedio en 2015 fue de 71 por ciento en centros de playa, del 60 por ciento en grandes ciudades, de 48.7 por ciento en ciudades fronterizas y del 46.8 por ciento en ciudades del interior.

Tabla 1: oferta de servicios turísticos 2015 por entidad

El crecimiento de los establecimientos hoteleros en las principales ciudades turísticas —así como en el resto del país—, es muestra de la importancia que representa mantener a este sector normado de manera adecuada. Esto no sólo implica que ha habido crecimiento en la demanda, sino también que se deben llevar a cabo escrutinios estrictos a los prestadores del servicio para evitar fallas en una cuestión tan relevante. Una manera de llevarlos a cabo es mediante el Sistema de Clasificación Hotelera que circunscribe las características propias de cada especie.

Este sistema se basa en la protección a los huéspedes en cuanto a sus expectativas y su experiencia. De esta manera, el turista huésped cuenta con certeza sobre las cualidades del hotel en el que se alojará. Aunado a ello, es una herramienta indispensable para que se mida con precisión la demanda y se generen comparaciones entre los tipos de espacios e instalaciones. La clasificación es accesible puesto que se basa en el sistema universal de medida en un rango de cinco estrellas con intervalos de media estrella para reflejar el tipo de oferta.

Tabla 2: Variables del instrumento de auto clasificación del SCH.

Esta clasificación atiende a variables que se asocian con las vocaciones de los hoteles que se resumen en categorías como ambiente, personal de servicio, producto, otros huéspedes, comunicación, entorno y recepción, habitación, alimentos y bebidas, instalaciones e integralidad de servicio. Como resultado, la vocación de los hoteles va desde los hoteles de ciudad, los de eventos y convenciones, boutique, cama y desayuno, express, negocios, playa/vacaciones, centro de ciudad, hacienda, reserva y carretera.

En México este mecanismo de regulación y clasificación se circunscribe al Registro Nacional de Turismo (RNT), y se encuentra contemplado en la Ley General de Turismo y detallado en su respectivo Reglamento. El Registro es un catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, y constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados y los municipios, cuentan con la información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, esto con objeto de tener mejor conocimiento acerca del mercado turístico y así establecer la debida comunicación con las empresas del sector.

Los prestadores de servicios de hospedaje en el sector turístico que se encuentren debidamente registrados formarán parte del Sistema de Clasificación Hotelera, este sistema tiene diversos objetivos como son: I) Ordenar y homologar la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país, II) Informar a los turistas la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros o de hospedaje, III) La publicación y promoción de la información para que los turistas puedan realizar un consumo responsable e informado, IV) Promover e incrementar la competitividad en el sector, y V) Mejorar la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios hoteleros y de hospedaje.

A pesar de los sistemas universales de clasificación, el nacimiento de nuevos mercados ha sido inevitable al tener una demanda desatendida. Los modos tradicionales de alojamiento han ido variando hacia una tendencia alternativa que responde a usuarios cuyos intereses y expectativa de viaje difieren de la vocación de la mayoría de los hoteles. Así, se han creado plataformas que enlazan a los usuarios con personas dispuestas a ceder un espacio para hospedaje que difiere de la hotelería tradicional.

Un ejemplo de ello es el denominado turismo alternativo, cuyo fin es ejercer un turismo más responsable e independientemente económico, enfocado en la optimización de recursos y el desarrollo de la economía local, preservando el medioambiente y la cultura de las comunidades. Las categorías de este clase son el ecoturismo, el geo turismo, el responsable y el sustentable. En este sentido, cuando los viajeros buscan un acercamiento directo con los oriundos de los lugares que visitan, o buscan una experiencia distinta, pueden recurrir a familias anfitrionas.

A esta clase también se le ha denominado homestay, distinguiéndose por ser un alojamiento no estandarizado en el que los turistas se hospedan en casas de familia, teniendo una aproximación cultural directa. Estos pueden ubicarse en áreas residenciales en los que una familia recibe a los viajeros en alguna habitación de su casa para que se aloje cómodamente a cambio de una remuneración económica.

Así, una clasificación realizada en el Reino Unido encuadra al hospedaje con fines lucrativos respecto del espacio disponible. De acuerdo con las características demográficas se distingue entre los sitios pequeños como casas de familias anfitrionas de uno a dos cuartos; medianos, como casas de huéspedes de tres a siete habitaciones y grandes, como hoteles de hasta quince habitaciones.

El citado estudio reveló particularidades de los administradores de las pequeñas unidades de hospedaje. Este se debe a diversos factores: baja ocupación de los cuartos disponibles, una forma de obtener un ingreso extra, bajos conocimientos de administración empresarial, alto nivel de participación de la familia con los huéspedes, bajo entrenamiento en hospitalidad y baja comercialización de la unidad de hospedaje.

Un análisis del fenómeno realizado por la Universidad de Monterrey en 2013 mostró que la mayoría de las personas que usaban el modelo de anfitriones alcanzaba el éxito que éste había tenido en otros países. También se encontró que, dentro de los motivos para hospedar turistas en sus casas no sólo se encontraba el beneficio económico, sino también el de la comunidad local y del turista. Aunado a ello, las personas consideraron que es bueno por cuestiones sociales como el altruismo, la creación de nuevas amistades y cambiar el estereotipo que se tiene de los mexicanos.

Actualmente existen plataformas que conectan a los anfitriones con los turistas a cambio de una retribución. En ellas se anhela por una estandarización de los servicios, así como diferenciación entre ellos por precios. En ellas se crea un perfil en el que se describe el espacio ofrecido y el precio que los anfitriones esperan recibir. Se intercambian mensajes con los huéspedes para conocerlos, responder preguntas y organizar la llegada. Al recibirlos en sus casas pueden elegir el tipo de servicio que brindaran, por ejemplo, dar desayuno, limpiar el espacio, dejar artículos esenciales (cobijas y sábanas limpias, papel higiénico, toallas). Los visitantes pagan de manera previa y la plataforma es la encargada de gestionarlo.

La popularidad de estas plataformas ha sido de gran impacto a nivel nacional. En el país, 62,000 inmuebles están registrados para ofrecer el servicio, destacando aquellos en la Ciudad de México, la Riviera Maya, Cancún y Puerto Vallarta. El gobierno local de la capital mexicana y la Asamblea Legislativa comenzaron a regularlos, siendo el primer lugar en América Latina que se coordina con la plataforma Airbnb para recolectar los impuestos locales.

En ese sentido, es imperativo que el turismo que se lleva a cabo a través de las plataformas, aplicaciones o sitios Web, sea incluido en el Registro Nacional de Turismo, con la finalidad de que le sean garantizado a los turistas y consumidores la certeza y seguridad jurídica propias de la relevante actividad económica existente a lo largo de toda la República, con especial énfasis en los tradicionales polos turísticos.

De esta manera, el Registro Nacional de Turismo y su Sistema de Clasificación permitirá ordenar y homologar la categoría o categorías de las habitaciones que se ofrecen a los turistas; así como la publicación y promoción de la información para que los turistas puedan realizar consumos responsables e informados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Primero.Se reforma el artículo 48 de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán cumplir con la información que determine el Reglamento.

El Registro deberá incluir a las personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras intervengan en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje, a través de medios electrónicos, aplicaciones, sitios Web o plataformas electrónicas.

Los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operaciones, contarán con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al Registro Nacional de Turismo.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi, Estadísticas a propósito del día mundial del turismo, Datos nacionales, Inegi Aguascalientes, septiembre del 2015. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/turismo0. pdf.

2 Sectur, Ranking Mundial de Turismo Internacional, Datatur, Disponible en:

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx

3 ídem, página 3.

4 Sectur, Oferta de servicios turísticos, Datatur. Disponible en:

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InventarioTuristico.aspx.

5 Inteligencia de Mercados, Reporte de la actividad hotelera y ocupación hotelera, Sector turístico en México. Disponible en:

http://www.siimt.com/en/siimt/siim_ocupacion_hotelera.

6 ídem

7 Sectur, Cestur y Conacyt, Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano, Análisis de mejores prácticas y generación de una metodología para la clasificación hotelera en México. Disponible en:

http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/ estudiosfondosectorial/analisismejorespracticas/ 2012_FSIDITT_ClasificacionHotelera_FactorDelta_VersionCorta.pdf

8 ibidem, página 12.

9 Registro Nacional de Turismo, Ley General de Turismo, fecha de consulta: 31 de agosto de 2017, disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399483 &amp;fecha=06/07/2015

10 Reglamento de la Ley General de Turismo, Diario Oficial de la Federación, fecha de consulta: 31 de agosto de 2017, disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399483 &amp;fecha=06/07/2015

11 Banda, González, Orozco, et. al., Familias anfitrionas: un alojamiento alternativo, División de Negocios, Universidad de Monterrey, mayo del 2013. Disponible en:

http://bibsrv.udem.edu.mx:8080/e-books/Tesis/000258108_LTU.pdf.

12 ídem, página 36.

13 ídem, página 46.

14 ídem, página 49.

15 Ídem, página 50.

16 Ídem, página 44.

17 Ídem, 93.

18 Airbnb, Cómo ser anfitrión de Airbnb. Disponible en:

https://www.airbnb.mx/host/homes.

19 Secretaría de Finanzas, Regula gobierno de la Ciudad de México operación de Airbnb, mayo del 2017. Disponible en:

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/regula-gobierno- de-la-ciudad-de-mexico-operacion-de-airbnb.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Arlet Mólgora Glover,Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, José Hugo Cabrera Ruiz, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Gloria Hernández Madrid (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente

La incorporación de las mujeres en el ámbito laboral y los cambios sociales que se generado, deben verse reflejadas en legislaciones de vanguardia, aunado a las políticas públicas que se puedan emanar de dichas legislaciones.

El derecho a una vivienda digna y decorosa está reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que a la letra dice: el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de la condiciones de existencia.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) establece en su artículo 14 párrafo 2 que:

Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y en particular le asegurarán el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

La agenda urbana aprobada por la ONU en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible organizada en Quito en el 2016, reorienta la manera en que se planifican, diseña, financian, desarrollan, administran las ciudades y los asentamientos humanos. Entre los objetivos está el “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible”.

En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo séptimo establece el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con los datos intercensales 2015, las mujeres representan más de la mitad de la población total es decir el 51.4 por ciento con relación a los hombres 48.6 por ciento.

También dicha encuesta arrojó lo siguientes datos: del total de la población las mujeres de 15 a 59 años que se encuentra en edad productiva es del 62.8 por ciento arriba del porcentaje de hombres en la misma situación, es decir el 61.5 por ciento.

Del resto de la población que es de menores de 0 a 14 años y de 60 y más años, representan juntos el 37.8 por ciento que sería la población dependiente económicamente.

A nivel nacional, las mujeres jefas de hogar en condición de pobreza por cada cien jefes de hogar en condiciones de pobreza, representan el 33.44 por ciento, de acuerdo al Coneval.

En ese tenor, se observa un crecimiento considerable de 4 puntos porcentuales entre 2010 al 2015 en hogares con jefatura femenina. Del Censo 2010 se registraron 6 916 206 hogares con jefatura femenina, lo que daba un total de 24.6 por ciento, para la Encuesta Incercesal 2015 se registraron 9 266 211 hogares con jefatura femenina, que dan un 29 por ciento.

A nivel Estatal, la Ciudad de México es la Entidad Federativa que cuenta con el porcentaje más alto de hogares con jefaturas femeninas, seguida por Guerrero y Morelos, con un 35.7 por ciento, 32.7 por ciento y 32.2 por ciento, respectivamente.

Para este 2015, se registró que en México 31.9 millones de viviendas particulares habitadas, sin embargo solo en el 67.7 por ciento viven las o los propietarios.

De este porcentaje de propietarios de las viviendas y condición de la tenencia nos encontramos que el 56 por ciento de los propietarios son hombres, mientras en el 35.3 por ciento son mujeres.

Sin embargo, un dato muy revelador es que cuando se trata de diferenciar entre zona urbana y rural la brecha de desigualdad se amplia. Mientras en el sector urbano el 57.3 por ciento de hombres son propietarios y el 42.7 por ciento de mujeres, en el sector rural el porcentaje de hombres propietarios aumenta a 69.9 por ciento frente al 30.1 por ciento de mujeres propietarias.

Estos datos dan cuenta que la mujer sigue estando en estado desigual para acceder a una vivienda, por lo que se requiere hacer cambios en la legislación que se reflejen en políticas públicas con perspectiva de género.

La propuesta radica que el Instituto Nacional de las Mujeres sea integrante permanente de la Comisión Intersecretarial, ya que de acuerdo al art. 32 de la Ley de Vivienda es la instancia que hace garante la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda.

Uno de los objetos generales del Instituto Nacional de las Mujeres de conformidad a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres es el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

- Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

Además, el Instituto tiene como atribución el estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, como en la ley que nos aborda refiriéndose a la Política Nacional de Vivienda.

Por primera vez en la historia se cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo que incluye en uno de sus ejes transversales la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Derivado de ello, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres contempla la transversalidad de género ya que obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres; y por lo tanto a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones.

Del diagnóstico que presentan en materia de vivienda es la siguiente:

Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la armoniosa convivencia familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 15 por ciento de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42 por ciento de las mujeres y por carencias en los servicios básicos a un 50.6 por ciento.

La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15 por ciento; cuando tienen que acarrear el agua el incremento llega a ser del 40 por ciento. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 17 por ciento.

Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 35.3 por ciento de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores.

Por lo que se reitera que es de vital importancia el ingreso permanente del Instituto Nacional de las Mujeres a dicha Comisión Intersecretarial dado el crecimiento de las jefaturas de mujeres, y el poco acceso a la propiedad por parte de las mismas.

A fin de cumplir su objeto el Instituto en mención tiene como organismo responsable de conformidad al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género;

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional de desarrollo, programación y presupuesto de la federación;

III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal;

Por lo que la participación del Instituto dentro de esta Comisión permitirá fortalecer las acciones que eliminen las desigualdades que actualmente se tienen entre las y los jefes de familia, además que se contemple un real acceso de las mujeres a una vivienda digna y decorosa tal y como lo establece nuestra carta magna. Este tipo de medidas no solo benefician a las mujeres jefas de familia sino a la familia en general.

Además, es importante mencionar que la intervención del Instituto en la Comisión será relevante, en virtud de que es una obligación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que los recursos públicos federales se apliquen con base en la equidad de género.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción X al artículo 33, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 33. La Comisión Intersecretarial será? presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por quien éste designe y estará? integrada por las y los titulares de las siguientes secretarías de estado o entidades:

I. a IX. ...

X. Instituto Nacional de las Mujeres;

XI. Salud, y

XII. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

....

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Guadalupe González Suástegui,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Eloísa Chavarrías Barajas, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Es importante mencionar que desde 1979, a nivel mundial se han elaborado convenios para eliminar todo tipo de discriminación hacia la mujer, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en cuyos considerandos indican su preocupación al comprobar que a pesar de la existencia de diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los múltiples pactos internaciones de derechos humanos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, además recuerdan que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana.

También, el contenido de dicho instrumento contienen tareas específicas que los estados partes deben comprometerse:

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

En el año 2012, el Estado Mexicano presentó y sustentó los informes periódicos séptimo y octavo ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Derivado de dicha sustentación, el Comité de Expertas citado en el párrafo anterior elogió los avances legislativos en la materia y de manera relevante la reforma constitucional en materia de derechos humanos que consagra el principio pro persona, además de las modificaciones al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, que introdujo las cuotas de género de 60/40 hasta llegar a la paridad, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia de estos delitos, así como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin duda los avances son sustanciales, no obstante todavía prevalecen disposiciones que a todas luces son discriminatorias hacia la mujer, como las que se contienen en el artículo 158 del Código Civil Federal, al establecer la prohibición hacia la mujer de casarse nuevamente dentro de los trescientos días después de la disolución del matrimonio anterior.

Ante esta situación el Comité de Expertas emitió en las consideraciones lo siguiente:

El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico.

De igual forma el Comité de Expertas en las recomendaciones que emitió en el 2012 instó en su numeral 14 a las autoridades federales del Estado parte a:

b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención.

La legislación que se pretende reformar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928, no podemos dejar de observar que se derivó de un movimiento social y que sustituyó a la Ley de Divorcio y la Ley de Relaciones Familiares.

Efectivamente, como considera Oscar Cruz Barney, en su libro La Codificación Civil en México: aspectos generales; uno de los grandes avances o innovaciones del Código Civil de 1928 fue el establecimiento de la capacidad jurídica del hombre y la mujer en su artículo 2, que a la letra dice:

Artículo 2o.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.

Aun así, el Código Civil contiene más adelante artículos y disposiciones contradictorias y discriminatorias hacia la mujer como la mencionada en el artículo 158, que se replica en los artículos 264 y 334 respectivamente.

La disposición en el artículo 158 es la prohibición expresa hacia la mujer de contraer matrimonio por 300 días con la salvedad de que en ese plazo dé a luz a un hijo. Estamos ciertos que los avances científicos proporcionan certeza en cuanto a filiación se refiere, por lo que esta disposición es obsoleta y por demás discriminatoria.

En legislaciones mexicanas tiende a desaparecer la clasificación sobre la filiación respecto a la condición del nacimiento de los hijos o del estado civil de los padres, tal es el caso de las reformas al código civil para el Distrito Federal en junio de 2000.

Los compromisos derivados de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos instan a los legisladores a realizar reformas que regulen las relaciones entre padres e hijos sin pautas de discriminación contra los hijos, reconociendo el mismo estado y los mismos derechos independientemente de las circunstancias anteriores o del origen de la filiación.

Por lo que estas disposiciones que se encuentran en estudio contravienen la legislación nacional e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los cuales el Estado Mexicano forma parte, por lo cual deben ser derogados y reformados respectivamente para hacerlos compatibles con el principio de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y la no discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Único. Se reforma la fracción II del artículo 264 y se deroga los artículos 158 y 334 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 158. Se deroga.

Artículo 264.Es ilícito, pero no nulo el matrimonio:

I. ...

II. Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 159, y cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijado s en el artículo 289.

Artículo 334. Se deroga

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Guadalupe González Suástegui,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Araceli Saucedo Reyes, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Eloísa Chavarrías Barajas, Gabriela Ramírez Ramos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Jesús Antonio López Rodríguez, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Mesta Soule, María Eloísa Talavera Hernández, María Luisa Sánchez Meza, María Olimpia Zapata Padilla, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Minerva Hernández Ramos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Pese a que el Código Penal Federal ha sido objeto de algunas reformas que han modificado el tipo penal del estupro y han eliminado una serie de adjetivos que descalificaban y denigraban a las personas que son víctimas de este delito, lo cierto es que aún hace falta una nueva reforma que retome el principio constitucional del interés superior de la niñez y que resguarde la seguridad sexual de los menores de edad.

De acuerdo con el Código Penal Federal vigente, el delito de estupro solamente se persigue por querella promovida por la víctima o por sus representantes. De tal forma, los mayores de 15 años y menores de 18 años que sean víctimas de estupro tendrán que probar ante un juez que otorgaron su consentimiento a través de algún tipo engaño, de lo contrario la denuncia no podrá proceder.

Además, por tratarse de un delito menor, las penas que prevé el código permiten que los procesados puedan obtener la libertad con el simple pago de una fianza. Por tanto, en esta propuesta se plantea que el delito de estupro no se tenga que perseguir sólo por querella; se propone aumentar las penas para quienes incurran en el delito de estupro y se suprime el requisito de probar que la víctima fue objeto de engaño por parte de su agresor.

Adicionalmente, se plantea que si la diferencia de edad entre el adolescente mayor de quince años y la persona adulta es menor a cuatro años, no se configurará ningún tipo de delito.

Argumentos

El título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a los derechos humanos y sus garantías. En el artículo 4o., párrafo noveno, considera lo relativo al principio del interés superior de la niñez y la obligación del Estado de garantizar que se cumpla, como se muestra a continuación:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Resulta imprescindible que el Código Penal Federal establezca sanciones para quienes violen este principio fundamental y que se defina el delito de estupro para que quienes atenten sexualmente en contra de los menores que tengan más de 16 años, sean sancionados.

Asimismo, planteo que dicho delito se persiga de oficio y no solo cuando la víctima acuda a denunciar y que además tenga que demostrar que ha sido objeto de engaño.

En los antecedentes del Código Penal Federal, observamos que desde su promulgación en 1938, ya preveía en el título décimo quinto, relativo a los delitos sexuales, el tipo penal de estupro, sólo que en ese momento tenía un enfoque sexista, porque solamente consideraba que ese delito se cometía en contra de las mujeres y además contemplaba disposiciones que denigraban a las víctimas, ya que solamente las mujeres menores de dieciocho años que fueran consideradas “castas y honestas” y que demostraran haber otorgado su consentimiento a través de la seducción y el engaño podían ser consideradas como víctimas de éste delito, pero lo que resulta todavía más aterrador, es que el agresor tenía la posibilidad de ser exonerado si se casaba con su víctima, lo cual significa un doble martirio para la persona agredida.

A continuación se muestra el contenido del artículo 262 del Código Penal Federal de 1938:

Artículo 262. Al que tenga cópula con mujer menor de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño, se le aplicarán de un mes a tres años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos.

El 21 de enero de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación otra reforma a este artículo en la que se establece un rango de edad específico para identificar a las víctimas de estupro y también se incrementó ligeramente la pena privativa de la libertad y se eliminó la sanción económica, tal como se transcribe a continuación:

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se aplicarán de tres meses a cuatro años de prisión.

La última reforma de que ha sido objeto este artículo fue la del 14 de junio de 2012. El que se transcribe a continuación es el vigente:

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.

Desde que se promulgó el Código Penal Federal observamos que ha habido ligeros avances en la tipificación del estupro porque se suprimieron los elementos que denigraban a las víctimas y se amplió el universo de las víctimas hacia los adolescentes masculinos también.

Al respecto, me parece importante señalar las cifras que arrojaron las encuestas Panorama Actual del Consumo de Sustancias en Estudiantes de la Ciudad de México, publicada en 2015 por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, pues en él se señala que el abuso sexual en adolescentes hombres tuvo mayor incremento que el de las mujeres durante los últimos años, ya que mientras los hombres pasaron de 9.9 por ciento en 2012 a 12.6 en 2014, las mujeres pasaron de 10.7 en 2012 a 11.4 para 2014, lo cual nos obliga a cuidar de manera integral a todos los adolescentes.

A manera de ilustración, a continuación se muestra un cuadro comparado que contiene el texto vigente del Código Penal Federal y la propuesta de reforma que se pone a consideración de esta soberanía:

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, para tipificar el delito de estupro

Único.Se reforma el artículo 262, se adiciona el 262 Bis y se deroga el 263 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 262. Comete el delito de estupro la persona de edad adulta que lleve a cabo actos sexuales con una persona mayor de quince años y menor de dieciocho, aunque haya obtenido el consentimiento de la víctima.

No se considerará delito cuando exista cópula consentida entre una persona mayor de edad y una persona mayor de quince años, si la diferencia de edad entre ellos es menor de cuatro años.

Artículo 262 Bis. A quien cometa el delito de estupro se aplicará una pena de tres a seis años de prisión.

Artículo 263. ( Se deroga)

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Una vez que entre en vigor el presente decreto, las entidades federativas deberán homologar sus ordenamientos en la materia en un plazo no mayor de un año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputado Érik Juárez Blanquet(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Planteamiento del problema

Considerando que actualmente México registra sobre-regulación territorial en nuestro orden normativo y que además ha suscrito recientemente instrumentos y compromisos internacionales que inciden directamente en la materia que regula la ley que se reforma debido a que omite comprenderlos y asimilarlos en su texto vigente, es preciso que esta soberanía observe lo siguiente:

El ordenamiento territorial, en relación a los tres niveles de competencia, tiene su fundamento respectivamente en los artículos 27, 122 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A nivel federal, como sabemos, el ordenamiento territorial se establece por las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional.

En nuestro sistema jurídico, la ordenación del territorio nacional se ha desarrollado de acuerdo al texto de dicho artículo 27 y a partir de sus respectivas reformas y leyes reglamentarias, de manera sucesiva, intermitente y básicamente sectorial conforme la materia que regula la ley reglamentaria de este precepto que en su pertinencia instaura algún tipo de régimen de ordenamiento territorial o de uso aprovechamiento y explotación de recursos naturales susceptibles de apropiación o no.

Así, la regulación territorial en México ha sido y es sectorial y dispersa, y generalmente desde su génesis, carece de un enfoque integral, y cada ley matriz de dicha ordenación, reglamentarias del artículo 27 como entre otras la que ésta iniciativa modifica, omiten considerar el carácter integrado y sustentable en el diseño planificación y desarrollo del ordenamiento territorial que establecen. Su enfoque es sectorizado, o sea no es integral.

Esto constituye omisión legislativa grave por lo que toca a las características constitucionales del desarrollo nacional que conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Carta Magna, el Estado deberá garantizar estos principios constitucionales de integralidad y sustentabilidad en dicho desarrollo nacional.

Son múltiples las leyes reglamentarias del importante artículo 27 de la Constitución que establecen diversos regímenes jurídicos territoriales, pero cada ley lo hace como está dicho, por lo general, en forma sectorial; es decir, existen diversos regímenes de aprovechamiento uso y ordenamiento territorial que la ley secundaria establece en forma dispersa, no integral y desde una mera perspectiva del sector que regula, que luego son regímenes de ordenamiento territorial y de aprovechamiento protección preservación explotación y uso a veces hasta incompatibles entre sí, lo cual afecta o impide su debida observancia y la concreción de sus respectivos objetos y fines.

Este es el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que esta iniciativa propone reformar, principalmente debido a que carece de un enfoque integral y sustentable; además de que omite considerar el cumplimiento de compromisos derivados de acuerdos e instrumentos internacionales aplicables, muchos de reciente creación suscripción y aprobación, de necesaria asimilación en nuestro orden jurídico para su consecuente aplicación, que México está obligado a atender y asimilarlos paulatinamente en nuestra legislación nacional para su debido cumplimiento.

Así, además de los regímenes de propiedad que el mismo precepto establece, cada ley general reglamentaria del artículo 27 establece por su parte algún tipo de ordenamiento o régimen territorial de aprovechamiento en sus materias correspondientes; materias tales como las de desarrollo económico; agua; desarrollo de las telecomunicaciones; desarrollo energético; asentamientos humanos y desarrollo urbano; ordenamiento territorial; conservación uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; cambio climático; así como de preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección al ambiente; preservación de la biodiversidad; desarrollo forestal sustentable; minería; gestión integral de residuos; biotecnología y organismos genéticamente modificados, etcétera; pero muchas de éstas se han elaborado sin considerar el carácter integral y sustentable que el Estado debe garantizar en materia de desarrollo nacional.

Igualmente se requiere actualizar parte de dichas legislaciones reglamentarias del artículo 27 constitucional, entre éstas la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que la presente iniciativa propone reformar, para compatibilizarlas entre sí y alinearlas con el cumplimiento de compromisos y tratados internacionales suscritos y aprobados por nuestro país recientemente, en materia de desarrollo sostenido, cambio climático, derechos humanos, hábitat y desarrollo urbano sostenible, deforestación y degradación forestal, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservación de la biodiversidad, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, integridad de tierras indígenas, patrimonio mundial de la humanidad, etcétera, entre otros instrumentos internacionales aplicables.

Conforme al pronunciamiento que manifesté en la sesión del miércoles 12 de octubre de 2016, respecto al dictamen de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), es preciso recordar que entonces destacamos que mi bancada no estaba de acuerdo en la forma apresurada en que se procesó este dictamen que por tal apresuramiento presentaba ciertas insuficiencias y omisiones legislativas.

No obstante, entonces votamos a favor de ese dictamen puesto que incluyó algunos de nuestros puntos de vista en materia ambiental. Subsanar dichas insuficiencias y omisiones es el objeto de la presente iniciativa que atiende a nuestra propuesta de perfeccionamiento de esta ley.

Nuestro posicionamiento ante el pleno sugirió entonces ciertas reservas a considerar respecto a dichas insuficiencias y omisiones legislativas de la LGAHOTDU, por lo mismo susceptibles de ser subsanadas y modificadas para su perfeccionamiento, tales como entre otras: clarificar el funcionamiento, integración y temporalidad de los que formarán parte del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; impulsar que se plasme como estrategia nacional la armonización de las disposiciones establecidas por los ordenamientos ecológicos del territorio, y los programas, instrumentos de planeación de la política nacional ambiental y la de cambio climático, así como las estrategias nacionales que inciden en la materia que regula esta ley que la presente iniciativa modifica.

También destacamos entonces que es necesario velar siempre porque el desarrollo urbano no amenace bajo ninguna circunstancia la propiedad social, por ser una modalidad de propiedad territorial muy importante y un régimen jurídico establecido por dicho artículo 27, tutelado y regulado por su legislación agraria reglamentaria. Asimismo sugerimos tomar en cuenta los ecosistemas forestales y en general toda la mega-diversidad que caracteriza a nuestro prodigioso territorio nacional; e, hicimos votos porque en el siguiente periodo podamos revisar los temas pendientes de esta ley.

Considerando lo anterior, esta iniciativa propone insertar elementos que fundamentan la implementación jurídica eficaz de disposiciones que en nuestro ámbito normativo nacional asimilan paulatinamente en él los instrumentos, convenios y compromisos internacionales suscritos por nuestro país como la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) con sus 169 metas; los compromisos establecidos en 2015 en el Acuerdo de París durante la COP 21 en materia de cambio climático, que aplica a todos los países del mundo; las Metas de Aichi en materia de preservación de la Biodiversidad; la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III en materia de asentamientos humanos ciudades y urbanización planificada, inclusiva, sostenible e integrada, entre otros, desde luego comprendiendo básicamente los compromisos y convenios en materia de derechos humanos.

En materia de desarrollo sustentable, la presente iniciativa atiende los compromisos nacionales derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) que dentro de la transversalidad en las políticas públicas comprenden la materia de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible.

Asimismo, la presente iniciativa por supuesto que toma en cuenta la Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI, Acción New Urban, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en el mes de octubre de 2016, en Quito Ecuador, conocida como Hábitat III, pocos días después de la expedición de la LGAHOTDU (lo cual constituye una deficiencia legislativa injustificada, pues era menester esperar sus resultados para incluirlos en esa ley) registrada por cierto como la segunda cumbre mundial más concurrida en la historia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo superada por Río+20, orientada a la acción que establece estándares globales de progreso en el desarrollo urbano sostenible, replanteando la forma como hasta ahora se construye gestiona y vive en las ciudades, ante la creciente urbanización mundial.

Este instrumento internacional Nueva Agenda Urbana de Hábitat III, constituye un importante motivo de asimilación en la presente iniciativa y un texto componente de inclusión prioritaria en las modificaciones de la ley que se reforma.

Éste y los demás instrumentos y compromisos internacionales aplicables en esta materia ya mencionados, serán adelante objeto de referencia en el fundamento jurídico de la presente, en que se identificarán los aspectos aplicables a la ley que esta iniciativa propone reformar.

La nueva Agenda Urbana destaca el diseño de políticas por parte de las naciones, que garanticen el derecho a la vivienda digna. Se calcula que en 2050 la población que vive en ciudades llegará a una cifra de 6 mil millones de personas. Por ello en Hábitat III se prevén principios y criterios relativos a la proyección sustentable del desarrollo territorial y urbano, conurbaciones y ciudades; servicios; los derechos de los migrantes; derechos de la ciudad para los discapacitados; tratamiento al problema de las invasiones; de la especulación del suelo; de la plusvalía ilegítima; de la falta de planificación, así como de los problemas del sur global, con perspectiva hacia el desarrollo sostenible, que la presente iniciativa propone ser integrados en la ley que reforma y adiciona.

Con base en este instrumento internacional, es que esta iniciativa propone alinear las normas de la LGAHOTDU y ampliar su enfoque, considerando también el aspecto integral y sustentable del desarrollo urbano y territorial, con la pretensión de hacerla al mismo tiempo compatible con las disposiciones de las citadas leyes reglamentarias de ese tan importante artículo 27 constitucional, para que así sea realmente una ley de ordenamiento territorial, tal y como se ostenta en su propia denominación.

Esta iniciativa incluye también en la ley los instrumentos de política ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) denominados Planeación Ambiental, Ordenamiento Ecológico del Territorio; Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos; Evaluación del Impacto Ambiental, Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, así como los principios y criterios de política ambiental nacional y los criterios de aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, que prevé esa ley marco en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y que no fueron considerados en la LGAHOTDU.

La presente iniciativa establece la adecuación de las disposiciones que regulan y establecen las funciones y atribuciones en la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, para concreción del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo Sostenible, vigente y sucesivos, de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que modifica la lógica del quehacer gubernamental a partir de los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación. Motiva esta iniciativa la necesaria inserción de elementos normativos para hacer viable acciones públicas de un gobierno eficaz y eficiente.

Asimismo, en materia de distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, se propone incluir en la ley algunos aspectos de concurrencia previstos en el capítulo II del título primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en concordancia con las funciones, órganos colegiados, acciones, estrategias nacionales, programas e instrumentos que se prevén en otros ordenamientos jurídicos también aplicables, como la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Vida Silvestre ya que esta iniciativa prevé incluso aspectos de coordinación de acciones de gobierno mediante agentes técnicos intersectoriales, que influyen en el ordenamiento territorial y que presenta y propone la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México, que comprenden incluso la coordinación de los esquemas de gestión administrativa de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Igualmente esta iniciativa considera allanar la viabilidad de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y dicha Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, ésta última presentada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) el 4 de diciembre de 2016 en la COP 13 sobre Biodiversidad en Cancún, Quintana Roo, implementa un Plan de Acción 2016-2030 y prevé aspectos sobre Servicios Ambientales y Servicios Ecosistémicos, así como restauración de ecosistemas.

Este documento es de necesaria consideración en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se reforma, ya que está alineado al Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), y las Metas de Aichi en materia de preservación de la Biodiversidad, y a los ODS de la ONU en materia de desarrollo sostenible, cuyos compromisos nuestro país debe cumplir y hacer observar.

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México propone el establecimiento de una instancia intersectorial para la coordinación de las acciones de implementación de la misma, y también atiende aspectos para la integración y gobernanza; conservación y restauración; atención a factores de presión, uso y manejo sustentable de los recursos.

Igualmente la presente iniciativa comprende en lo fundamental la materia de derechos humanos, considerando que, en la tercera generación de éstos, son tales los derechos de los pueblos del mundo, conocidos también como derechos de solidaridad internacional, como entre otros el derecho a: la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional, al uso de avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, al medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad, y al desarrollo que permita una vida digna.

La Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 24 de octubre de 1945; y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, son los fundamentos que en el plano internacional permiten el reconocimiento de los Derechos Humanos.

También se considera importante en esta iniciativa el aspecto de los derechos humanos en materia de protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas, jurídicamente protegidas por los artículos 1, 2, 4, 27 y 133 de la Constitución y por el corpus iuris del derecho internacional sobre esta materia, mediante instrumentos como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, puesto que es de carácter vinculante, entre otros instrumentos internacionales relativos a dicha materia de derechos humanos tutelares de este vulnerable sector poblacional originario y pluricultural de la nación mexicana.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Senado el 11 de junio de 1990, establece en su artículo 3 que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”. Asimismo determina que “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”.

Dicho instrumento internacional expresa que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que, para las culturas y valores de los pueblos, reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan, y que se deberán adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Asimismo, señala que se deberá reconocer a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; y que, los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

Este Convenio establece que los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente y que esos derechos comprenden a la vez su derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Además, determina que no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan; y que, deberá impedirse que, personas extrañas a esos pueblos, puedan aprovecharse de sus costumbres, o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros, para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa tiene como fin perfeccionar los lineamientos y mecanismos normativos y administrativos para optimizar la gestión coordinación de funciones, acciones, estrategias nacionales, planes y programas de gobierno, con el objeto de propiciar la planificación adecuada de los asentamientos humanos y la ordenación integral y uso sustentable del territorio y el desarrollo urbano sostenible e integrado, compatibles con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, para el cumplimiento de los convenios, instrumentos y compromisos internacionales aplicables.

Se sustenta la presente iniciativa en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siguientes: artículo primero por lo que corresponde a los derechos humanos; artículo segundo, por lo que toca a la integridad de las tierras indígenas; artículo cuarto, por lo que toca al derecho humano que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; y el derecho humano de toda persona al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, también garantizar el respeto a los mismos, que conforme este artículo 4 constitucional se atenderá el principio de que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley; artículo veinticinco, por lo que corresponde a garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable; artículo veintisiete, por los motivos expuestos; y, Artículo ciento treinta y tres, por lo que toca a la aplicación de los tratados y compromisos internacionales.

Asimismo se sustenta la presente iniciativa en los instrumentos y compromisos internacionales que se identifican, y en los ordenamientos normativos aplicables y sus reglamentos que igualmente se han mencionado y se relacionan adelante en lo conducente.

Entonces los instrumentos y compromisos internacionales que inciden directamente en la materia de la ley que esta iniciativa modifica son ya varios a la fecha y son de necesaria aplicación y en consecuencia de necesaria consideración en esta ley, que al tiempo que la sustenta se asimilan en nuestro orden normativo a través de ella, y son: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) de la ONU; el Acuerdo de París en materia de cambio climático; la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos; la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en materia de quehacer gubernamental a partir de los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación; así como las Metas de Aichi en materia de preservación de la Biodiversidad; y en materia de tierras y derechos indígenas y agrarios el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente.

El artículo primero constitucional, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y que las normas relativas a tales derechos se interpretarán de conformidad con ella y con dichos tratados de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y que en el ámbito de sus competencias todas las autoridades tienen obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En el artículo segundo constitucional se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras; así como a la autonomía para acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y las leyes de la materia, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades; así como su derecho a la participación y a la consulta en la planeación del desarrollo nacional estatal y municipal. Estas garantías son jurídicamente tuteladas por la presente iniciativa al tiempo que también la fundamentan.

Como está señalado, los derechos humanos preconizados por el artículo 4 de la Constitución, específicamente los relativos al derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los individuos, y el derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, constituyen una motivación básica de la presente iniciativa, por lo que la misma prevé garantizarlos, al tiempo en que igualmente le sirve de fundamento jurídico.

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es garantizar el acceso universal al agua potable y su saneamiento, cuyo abastecimiento es esencial, como garantía de ese derecho humano, en la lucha contra la pobreza y factor determinante para la gobernanza, por lo que su gestión debe ser sostenible.

También sirve de fundamento a esta iniciativa el artículo 25 de la Constitución por cuanto a los principios de integralidad y sustentabilidad que deberá garantizar el Estado en materia de desarrollo nacional, principios consecuentemente rectores en materia de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano, objeto de la ley que modifica la presente.

Desde luego también sirve de fundamento a la presente el multicitado artículo 27 de la Constitución, tanto por los motivos expuestos como por determinar en su tercer párrafo que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. Considerando lo anterior, la iniciativa propone de inicio precisar en el artículo 1 de la LGAHOTDU que reforma, su carácter de ley reglamentaria de dicho precepto, pues su texto vigente lo omite.

La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es materia básica de legislación ambiental mexicana desde 1987, año en que se facultó al Congreso a expedir leyes que en la materia establezcan la concurrencia, del gobierno federal de los gobiernos estatales y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Y se expide, en 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ley marco en la materia, lo cual significa que sus disposiciones establecen los principios y criterios de política ecológica general que se aplicarán en todas ordenaciones territoriales, incluida la materia de asentamientos humanos que esta ley marco prevé como uno de los principales instrumentos de política ambiental en la sección IV del capítulo IV del título primero, denominado Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, que esta iniciativa integra en la ley que reforma ya que omite considerar en su texto los criterios que la LGEEPA establece para esta materia de asentamientos humanos y la de planificación del desarrollo urbano y la vivienda, lo cual constituye una importante omisión legislativa que la presente iniciativa subsana. Estos principios y criterios de política ambiental nacional son incluidos en el título primero de la ley que se reforma.

Igualmente la presente iniciativa considera el reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico, así como el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 7 de septiembre de 2012, que la ley que se reforma igualmente omite considerar, lo cual es grave pues el ordenamiento territorial es materia de regulación de la misma, como lo señala su propia denominación. Estos instrumentos normativos se asimilan e insertan en los numerales de los títulos cuarto y noveno de la ley que se reforma.

Esta iniciativa también inserta en la ley que reforma elementos normativos que desde luego incluyen a la política nacional de adaptación al cambio climático y la estrategia nacional y el programa en la materia, previstos en la Ley General de Cambio Climático, publicada en el DOF del 6 de junio de 2012. La LGAHOTDU que se modifica, tampoco los considera, lo cual también constituye omisión legislativa que esta iniciativa subsana.

Por lo que toca a los instrumentos y compromisos internacionales aplicables y ya mencionados, a continuación se identifican algunos aspectos previstos en estos que inciden en la materia que nos ocupa:

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) de la ONU: En el año 2012, en Río+20, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, los países acordaron establecer un grupo de trabajo abierto para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, que resultaron de un proceso de negociación que involucró a los 193 estados miembros. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) fijados por el concierto de las naciones en la Agenda 2030, son de amplio alcance ya que se abordan los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente; además de que se aplican a todo el mundo. Los ODS que se relacionan con la materia de la presente iniciativa son el 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15 y 17.

La presente reforma a la LGAHOTDU, en materia de desarrollo sostenible, recae básicamente en los numerales de su título cuarto.

Por otra parte, en materia de cambio climático, el Acuerdo de París suscrito en 2015 por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP 21, establece compromisos internacionales para reducir sus causas, prevenir sus efectos y los factores de vulnerabilidad y resiliencia de los sistemas sociales y ambientales, mediante políticas nacionales de adaptación y mitigación. La reforma que propone la presente iniciativa, por lo que toca a esta materia de cambio climático recae básicamente en numerales de su título sexto.

Como está expuesto, la presente iniciativa modifica artículos de la LGAHOTDU en que inciden los temas materia de regulación y tutela por estos instrumentos internacionales y las leyes generales reglamentarias del artículo 27 constitucional, como es el cambio climático, el desarrollo sostenido, el desarrollo urbano sostenible, el ordenamiento territorial, la preservación de la biodiversidad, y los derechos de propiedad rural y de protección a la integridad de tierras indígenas; por lo cual, en la inteligencia de que es bastante compleja la dimensión del reto de establecer un ordenamiento territorial integral y la dimensión de lograr la óptima coordinación de las atribuciones y acciones de los tres órdenes de gobierno conforme sus respectivas competencias en estas materias, la presente iniciativa propone la instalación de un mecanismo administrativo de agencias técnicas estatales con agentes técnicos delegados de la federación en materia de concurrencia y distribución de competencias que puntualiza esta iniciativa perfeccionando la ley en los aspectos que implica su coordinación para el ordenamiento territorial y desarrollo de los asentamientos humanos, en forma compatible con las instancias, funciones y acciones que otros ordenamientos reglamentarios del artículo 27 establecen por su parte.

El fin es regular y desarrollar acciones y funciones concurrentes en forma integral. Aprovechar instrumentos administrativos, órganos de gobierno y planes de acción que ya se desarrollan en estas materias, así como en materia de gobierno abierto, será el objeto de regulación del esquema propuesto por esta iniciativa. La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en materia de quehacer gubernamental tiene su génesis a partir de los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación.

La presente iniciativa afecta los puntos de la ley relativos a este tema de concurrencia, competencias y atribuciones, comprendidos en sus títulos segundo y tercero, y los perfecciona ya que el texto vigente de la ley que se modifica no colma las necesidades reales de una concurrencia en efecto eficiente y es impreciso y hasta poco claro inclusive respecto a las funciones integración y temporalidad de sus órganos deliberativos y auxiliares como el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que prevé, y los consejos locales y municipales. La iniciativa desde luego incide en la integración y funciones del Consejo Nacional y los locales y municipales.

Igualmente, en materia de desarrollo urbano sostenible y de asentamientos humanos la presente iniciativa modifica numerales de los títulos cuarto, quinto, sexto y octavo de la ley que reforma, insertando elementos no considerados en ella establecidos en la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. Por cierto, en virtud de este instrumento y sus alcances, la presente iniciativa refiere invariablemente el concepto calificativo “sostenible” en los artículos en que se alude al desarrollo urbano, para quedar atingente y subsecuentemente referido en la ley como desarrollo urbano sostenible.

En materia de preservación de la biodiversidad, la presente iniciativa afecta algunos artículos comprendidos en los títulos cuarto, quinto y noveno de la ley que se reforma, para insertar en ella elementos previstos en las Metas de Aichi y la Estrategia Nacional sobre esa materia.

Y en materia de propiedad y tenencia de tierras y derechos indígenas y agrarios, la presente iniciativa afecta el título noveno de la ley, para garantizar la integridad de las tierras sujetas al régimen de propiedad social que establece el artículo 27 de la Constitución, comprendiendo elementos normativos de nuestro ordenamiento agrario y sus reglamentos en materia de certificación de derechos y titulación de solares; y de ordenamiento de la propiedad rural, así como del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Así entonces, sin perjuicio de los bienes jurídicos ya tutelados por la LGAHOTDU, los que la presente iniciativa propone tutelar son: nuestra soberanía y la integridad territorial; la integralidad y sustentabilidad del desarrollo nacional; la gobernanza; los derechos humanos, principalmente los preconizados por el artículo 4 constitucional que son el derecho que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y el derecho de toda persona al universal acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; el desarrollo sostenido; la adaptación y mitigación del cambio climático; la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; la prevención y control de su contaminación; la preservación de la biodiversidad; el régimen de propiedad social y la integridad de las tierras indígenas; la transparencia gubernamental; la vulnerabilidad social; la resiliencia de los sistemas naturales y sociales, y la responsabilidad ambiental.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción 1, numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único.Se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II, III, y IV del artículo primero, el artículo 2, las fracciones I, II, VII, VIII, XIII, XV, XVIII, XXI, XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVIII, y XXXIX del artículo 3, el primer párrafo y fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, y X del artículo 4, las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 6, el artículo 7, las fracciones I, II, IV, VI, VII, X, XII, XIII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXIX y XXXI del artículo 8, el primer párrafo y las fracciones II, III, IV, y V del artículo 9, las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, y XXVI del artículo 10, las fracciones I, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII y XXIII del artículo 11, el artículo 12 y el artículo 13; se adicionan un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 5, las fracciones XI y XII del artículo 6, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible y sus disposiciones sonde orden público e interés social, y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, sus leyes reglamentarias y reglamentos aplicables, así como los convenios y compromisos internacionales relacionados con la materia,para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional a efecto de lograr un aprovechamiento integral y sustentable del territorio; y que las ciudades, el desarrollo urbano y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles;

III. Conforme los criterios establecidos por el instrumento de política ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente denominado Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, y considerando el patrón de ocupación y aprovechamiento del territorio que prevén las disposiciones aplicables de esa ley y su reglamento en materia de ordenamiento ecológico del territorio, así como el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio; y, conforme a los criterios y demás disposiciones establecidas por la citada Ley en materia de preservación, aprovechamiento sustentable y racional y en su caso restauración del suelo, agua, aire y demás recursos naturales, fijar los criterios para que en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación y consolidación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento y Conservaciónde los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección del derecho a la ciudad y el acceso equitativo a los espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos de tierras y aguas a efecto de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población y para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y

V. ...

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos sostenibles, resilientes, sanos, productivos, accesibles, asequibles, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Las actividades que realice el Estado mexicano para ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, debe realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior, cuidando la integridad y conectividad ecológica del territorio y su función social económica y ambiental.

Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social para la utilización responsable de los recursos y para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos nacionales e instrumentos internacionales aplicables.

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, determinación de predios, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios Urbanos;

II. Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento urbano sostenible y contiguo a los límites del Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los planes o programas de Desarrollo Urbano, cuya extensión y superficie se calcula en función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión;

III. a VI. ...

VII. Consejo Nacional: el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano S ostenible;

VIII. Conservación: acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de valor ambiental por sus funciones y servicios ecosistémicos que proporcionan, considerando la integridad funcional del suelo, de los recursos hídricos y de los ecosistemas naturales y artificiales o inducidos por el hombre;

IX. a XII. ...

XIII. Desarrollo Urbano Sostenible: el proceso de planeación y consolidación sustentablede la Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población;

XIV. ...

XV. Desarrollo Regional: proceso de crecimiento económico en dos o más Centros de Población determinados, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la proteccióndel ambiente, así como la preservación del equilibrio ecológico, el aprovechamiento racional y sustentable y, en su caso, la restauración de los recursos naturales;

XVI. a XVII. ...

XVIII. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso común, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito;

XIX. a XX. ...

XXI. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción, de conformidad al sistema de información territorial y urbano, al Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, al Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas Estatales del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Territorio;

XXII. a XXV. ...

XXVI. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial es una política pública y acción del Estado que tiene como objeto la ocupación y utilización responsable y sostenible del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental, mediante la planeación y consolidación del asentamiento y desarrollo equilibrado y sustentable de la población, de las ciudades y de las actividades económicas en el territorio nacional;

XXVII. a XXVIII. ...

XXIX. Reducción de Riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión integralde los suelos y del medio ambiente;

XXX. ...

XXXI. Resiliencia: es la capacidad de un sistema , natural o social, potencialmente expuesto a un peligro, para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;

XXXII. a XXXIII. ...

XXXIV. Sistema Nacional Territorial: delimita las regiones y Sistemas Urbano Rurales que las integran y establece la jerarquización y caracterización de las zonas metropolitanas, Conurbaciones y Centros de Población, así como su integridad, seguridad, conectividad, sostenibilidad y sus interrelaciones funcionales;

XXXV. a XXXVII. ...

XXXVIII. Zonificación: la determinación, planeación y consolidación sustentable de las áreas que integran y delimitan un territorio; sus aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y Destinos, así como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, y Mejoramiento;

XXXIX. Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables por causas de preservación ambiental y las áreas naturales protegidas conforme los ordenamientos ecológicos, así como la red de vialidades primarias, y

XL....

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los principios de Política Ecológica General previstos en el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en apego a los siguientes principios de política pública:

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población y las Ciudades, la igualdad en su uso y disfrute y que sean justos, inclusivos, seguros, sanos, accesibles asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos; y el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad y oportunidades, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover la erradicación de la pobreza extrema y el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad raíz con la intención de que los propietarios y los legítimos poseedores del suelo tengan protegidos sus derechos inmobiliarios tanto urbanos como rústicos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos para los diferentes regímenes y distintas modalidadesde la propiedad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio. Es obligación del Estado impedir la especulación de los terrenos, promover la tenencia segura de la tierra y cuando proceda gestionar la contracción de las zonas urbanas;

IV. Coherencia y funcionalidad sostenible de la urbanización. Adoptar perspectivas integrales y sustentables que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera planificada, equilibrada, armónica, sostenible y congruente, acorde a los planes, políticas y estrategias nacionales aplicables e instrumentos internacionales suscritos por México en la materia; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

V. ...

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la conectividad y consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;

VII. ...

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo. La resiliencia es la capacidad en los sistemas naturales y sociales de restablecer sus funciones básicas ante un eventual impacto en sus estructuras;

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional y sostenible del agua, del suelo y de los demás recursos naturales, así como la preservación del ambiente, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de futuras generaciones. Así como, evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano impacte el equilibrio y la integridad ecológica del territorioy ocurra sobre suelos agropecuarios, zonas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y terrenos forestales, y

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la conectividad y la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

Artículo 5. Toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados en el artículo anterior, sin importar el orden de gobierno de donde emana.

Asimismo los tres órdenes de gobierno deberán asegurar el desarrollo de economías sostenibles e inclusivas en la urbanización planificada; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente promoviendo el uso de energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica, fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de desastre y mitigando el cambio climático y poniendo en práctica medidas de adaptación a este.

Igualmente se deberán adoptar enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados centrados en las personas; y reorientarse la manera de planificar, financiar, desarrollar, dirigir y gestionar las ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano y territorial sostenible es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenido y la prosperidad para todos.

La consolidación planificada de las ciudades y los asentamientos humanos deberá cumplir su función social, entre otras la función social y ecológica de la tierra, a efecto de lograr la plena realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso universal al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos los bienes públicos y servicios de calidad en materias como seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire, el acceso universal al agua potable y al saneamiento, y los medios de vida.

Los planes y programas de desarrollo urbano sostenible pondrán en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres que reduzcan la vulnerabilidad, aumenten la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y humanos, y fomenten la mitigación y adaptación al cambio climático.

Artículo 6. ...

...

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población;

II. ...

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano Sostenible;

IV. La regularización de los derechos de propiedad y tenencia de la tierra en los Centros de Población;

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos y metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad y la conectividad;

VI. La protección y preservación del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población;

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en la planeación y consolidación de los Centros de Población;

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso comunitario y para la Movilidad y la conectividad urbana y periurbana;

IX. La atención de situaciones emergencia y/o desastre debidas a la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior;

X. ...

XI. La atención a la mitigación y adaptación al cambio climático, y

XII. La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular.

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano sostenible y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen conforme la concurrencia y los principios, criterios e instrumentos establecidos en esta ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las demás leyes reglamentarias del artículo 27 Constitucional aplicables, así como los convenios y compromisos internacionales suscritos por México relacionados con la materia, en forma compatible con las estrategias nacionales, planes de acción y programas especiales aplicables.

Artículo 8. ...

I. Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal. El ordenamiento territorial se formulará conforme los lineamientos de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, básicamente mediante la coordinación de la Secretaría con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados competentes, y mediante la concurrencia de los tres órdenes de gobierno;

II. Formular, conforme la planeación nacional del desarrollo y las estrategias nacionales y programas especiales aplicables, el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial con la participación de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con las entidades federativas y los municipios;

III. ...

IV. Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio ambiente y vinculación con el entorno conforme las normas aplicables en esta materia, a los que se sujetarán las acciones que se realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda, financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. ...

VI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para Desarrollo Urbano y vivienda, considerando la vocación natural de los terrenos y la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

VII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas que tengan por objeto satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de Provisiones y Reservas territoriales para el desarrollo sustentable de los Centros de Población, lo anterior con la colaboración entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, con la coordinación entre éstas y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, y con la participación y concertación con los diversos grupos sociales;

VIII. a IX. ....

X. Formular y ejecutar el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, así como promover, controlar y evaluar su cumplimiento;

XI. ...

XII. Integrar agencias técnicas estatales y proponer a las instancias competentes de las entidades federativas y los municipios la creación de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos y otras estructuras institucionales y ciudadanas, en los términos de esta Ley;

XIII. Coordinar sus actuaciones mediante las agencias técnicas estatales, con las entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el Desarrollo Urbano de los Centros de Población, mediante la celebración de convenios y acuerdos;

XIV. a XVI. ...

XVII. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el Desarrollo Regional y urbano que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten directamente o a través de sus agencias técnicas estatales en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como con los sectores social y privado;

XVIII. ...

XIX. Emitir los criterios y lineamientos normativos para la delimitación territorial de zonas metropolitanas y conurbaciones; observando las disposiciones de esta ley y la estrategia nacional de ordenamiento territorial y previa consulta a las entidades federativas;

XX. a XXIII. ...

XXIV. Crear y administrar el sistema de información territorial y urbano de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en concordancia y congruencia con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Sistema de Información sobre Cambio Climático, con apego a lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.

XXV. ...

XXVI. Procurar, promover, respetar, proteger, garantizar, y tomar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial, el Desarrollo Urbano sostenible, el derecho al agua en calidad y cantidad y su saneamiento, y el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas;

XXVII. a XXVIII. ...

XXIX. Asesorar a las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la observancia de esta ley y asegurar la correcta distribución competencial entre los niveles de gobierno;

XXX. ...

XXXI. Elaborar programas y acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de las competencias de la presente Ley y de conformidad con el marco legal vigente, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, e informará anualmente de sus avances, y

XXXII. ...

Artículo 9. La Secretaría, de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expedirá normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos para garantizar las medidas adecuadas para el ordenamiento territorial, el Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo Metropolitano únicamente en los siguientes aspectos:

I. ...

II. La preservación, la protección, la restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, el ambiente y la biodiversidad, así comola custodia y aprovechamiento de las zonas de valor ambiental no urbanizables, incluyendo terrenos forestales y las primeras dunas de las playas, vados de ríos, lagos y vasos reguladores de agua, para la sustentabilidad y resiliencia urbana;

III. La homologación de terminología para la jerarquización de espacios públicos y equipamientos en los planes o programas de Desarrollo Urbano Sostenible;

IV. La homologación de mecanismos administrativos para fortalecer la función de coordinación de los tres órdenes de gobierno, y de contenidos, metodologías y expresión gráfica para la elaboración de los planes y programas en la materia, y los criterios para su consolidación yactualización con una visión de largo plazo, y

V. La prevención y atención de riesgos y contingencias en los Centros de Población para el fortalecimiento de la resiliencia en los sistemas naturales y sociales.

...

Artículo 10. ...

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenamiento Territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley;

II. ...

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano Sostenibley la vivienda;

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de ordenamiento territorial y demás estrategias nacionales aplicables.

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la sociedad;

VI. ...

VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que deberán observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible, incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes de congruencia estatal, de conformidad a lo dispuesto por esta Ley.

VIII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a petición de parte, los planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano Sostenible, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios, cuando éstos tengan congruencia y estén ajustados con la planeación estatal y federal;

IX. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generen efectos significativos en el territorio; las cuales deberán estar incluidas en los planes de Desarrollo Urbano Sostenible;

X. Participar, conforme a la legislación federal y local, con eficiencia en el uso de los recursos, en la constitución y administración de Reservas territoriales, la dotación de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, la salvaguarda de la población que se ubique en los polígonos de protección y amortiguamiento determinados por los planes de Desarrollo Urbano Sostenible; así como en la protección del Patrimonio Natural y Cultural, y de las zonas de valor ambiental preservando y, en su caso, restaurando elequilibrio ecológico de los Centros de Población;

XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas incluyendo el enfoque de género, situaciones de vulnerabilidad, barrios marginales y el marco de los derechos humanos;

XII. Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia de Desarrollo Urbano que permita contribuir al financiamiento e instrumentación del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así como para la recuperación de las inversiones públicas y del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano;

XIII. ...

XIV. Establecer planes de accióny participar en las instancias de coordinación metropolitana en los términos de esta Ley;

XV. Coordinar sus acciones con la Federación, con otras entidades federativas sus municipios o Demarcaciones Territoriales, según corresponda, para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo Metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, incluyendo las relativas a la Movilidad, a la conectividady a la accesibilidad universal;

XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo Metropolitano, atendiendo a los principios de esta Ley y a lo establecido en las leyes en la materia;

XVII. ...

XVIII. Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales relativas, al impacto urbano o regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la entidad de que se trate, e informar a la federación por conducto de la Secretaría, para su registro en el Sistema Urbano Nacional y el Sistema de Información Territorial y Urbano;

XIX. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del Desarrollo Urbano Sostenible, o convenir con ellas la transferencia de facultades estatales en materia urbana, en términos de los convenios que para ese efecto se celebren;

XX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas y de los programas estatales de Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo Metropolitano, conforme a lo que se prevé en el Título Decimotercero de esta Ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones a tales disposiciones;

XXI. Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las legislaciones fiscales, que permitan contribuir al financiamiento del ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano Sostenible, Desarrollo Regional y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así como la recuperación del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación de ciudades y centros de población y el Crecimiento urbano;

XXII. Formular y aplicar las políticas, así como realizar las acciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, Conservación del Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad universal, incluyendo la Movilidad y la conectividad;

XXIII. Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales aplicables al impacto territorial de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la entidad de que se trate , a fin de lograr un desarrollo urbano y territorial equilibrado, sostenible e integrado, como resultado de la urbanización planificada;

XXIV. a XXV. ...

XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano Sostenible, y

XXVII. ...

Artículo 11. ...

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, observando las disposiciones de esta Ley y los principios y criterios que la misma establece, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación, concurrencia y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. a XI. ...

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada previsibilidad, coherencia y congruencia, así como coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano Sostenible, lo anterior en los términos previstos en esta Ley y en los artículos 27 y 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIII. ...

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible y sus modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría;

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares y barrios marginales, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos , para permitir la inclusión social, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y la protección del medio ambiente.

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano Sostenible, de conformidad con las estrategias nacionales y las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;

XVIII. ...

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia de responsabilidad penal, civil, administrativa y ambiental se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de esta Ley por motivo de la consolidación indebida o la no consolidación ya sea por omisión o injustificada, de tales planes o programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible y, en su caso, por afectación a la ordenación ecológica y medio ambiente;

XX. ...

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible;

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano Sostenible y los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano Sostenible y la vivienda;

XXIV. a XXV. ...

Artículo 12. La Secretaría con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en su caso, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas con la intervención de los municipios y Demarcaciones Territoriales respectivas, así como de convenios de concertación con los sectores social y privado.

Artículo 13. Los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos y Desarrollo Urbano Sostenible le corresponden a los municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les corresponden a las entidades federativas.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputada Ana Leticia Carrera Hernández(rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción II Ter al artículo 3o., una fracción VIII Bis al apartado A y una fracción II Bis al apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.”

Por ello con la presente iniciativa se propone reformar los artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud para establecer que será materia de salubridad general la solución de controversias a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y para que en todas las entidades federativas del país se operen MASC derivados de una deficiente atención médica, pues actualmente sólo 27 entidades federativas cuentan con comisiones estatales de arbitraje médico.

Es así que nuestra Constitución política establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y conforme a la Ley General de Salud, los servicios de salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Para tal efecto, clasifica en tres tipos los servicios de salud: i. De atención médica; ii. De salud pública, y iii. De asistencia social.

“La atención médica resulta fundamental pues es la base para otorgar atención oportuna al usuario, conforme los conocimientos médicos y principios éticos vigentes, con satisfacción de las necesidades de salud y de las expectativas del usuario, del prestador de servicios y de la institución”.

En nuestro sistema jurídico, la atención médica se otorga a través del Sistema Nacional de Salud, el cual conforme al artículo 5o. de la Ley General de Salud, está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud.

Con base en lo anterior, las instituciones públicas relacionadas con la salud son: Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población total en México fue de 119 millones 530 mil 753 personas, de las cuales, 82.2 por ciento estuvieron afiliadas a los servicios de salud tanto públicos como privados, es decir 98 millones 230 mil 372 personas contaron con servicios de salud. Al Seguro Popular estuvieron afiliados 49.9 por ciento del total de la población; mientras que el IMSS afilió a 39.2 por ciento; el ISSSTE a 7.7 por ciento; y Pemex, Sedena y Semar en su conjunto contaron con 1.2 por ciento del total de la población afiliada a los servicios de salud. Mientras tanto, el sector privado prestó sus servicios a la población con capacidad de pago, afiliando a 3.3 por ciento del total de la población.

En 2014, el Sistema Nacional de Salud brindó 332 millones 336 mil 069 consultas externas y en 2015 la Secretaría de Salud proporcionó 134 millones 572 mil 342 consultas y en 2016, 132 millones 081 mil 962. Asimismo, la Secretaría de Salud proporcionó un millón 706 mil 461 intervenciones quirúrgicas en 2015 y un millón 750 mil 061 en 2016. De lo anterior se desprende que los servicios de salud son constantemente requeridos en nuestro país.

Los objetivos fundamentales de los sistemas de salud radican en mejorar la salud de la población a la que sirven y responder a las expectativas de las personas de recibir un trato adecuado. Por lo que las intervenciones de atención de salud se realizan con el propósito de beneficiar a los pacientes, pero también conllevan un riesgo de que se les causen daños como lesiones, discapacidades e incluso, la muerte.

El informe de la OMS en relación a la calidad de la atención y seguridad del paciente establece que: “Las intervenciones de atención de salud se realizan con el propósito de beneficiar al paciente, pero también pueden causarles daño. La combinación compleja de procesos, tecnologías e interacciones humanas que constituyen el sistema moderno de prestación de atención de salud puede aportar beneficios importantes. Sin embargo, también conlleva un riesgo inevitable de que ocurran daños”. Actualmente la OMS calcula que en los países desarrollados hasta uno de cada diez pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital.

La deficiencia en la calidad de la atención de la salud se puede manifestar de diversas maneras, entre ellas, las quejas médicas que derivan de la actuación, el diagnóstico, el tratamiento o la cirugía realizado por el médico o prestador de servicios de salud y también cuando se presenta una irregularidad en el servicio médico, una omisión, una negación del servicio, un error técnico, una mala práctica médica, una imprudencia o una negligencia (abandono, descuido).

En el peor de los escenarios la deficiencia de la calidad en la prestación de servicios de salud llega a significar la pérdida de vidas humanas.

En virtud de que la protección a la salud constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en lo individual, este derecho se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. No obstante este interés, desafortunadamente una deficiencia en la calidad de la atención médica da lugar a que los usuarios de los servicios de salud presenten quejas médicas.

Por queja médica se entiende la inconformidad manifiesta presentada por la persona que recibió la atención médica, o sus representantes, como consecuencia de insatisfacción con los servicios de salud recibidos, ante las instancias competentes para recibirla, atenderla y realizar las acciones pertinentes para resolverla.

En nuestro país, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud para contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud, así como a mejorar, la calidad en la prestación de los servicios médicos.

Es una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos.

Entre las facultades que se otorgaron a la Conamed se prevén las siguientes: la de recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación de dichos servicios; intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos y fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje.

De 1996 a 2015, este órgano desconcentrado recibió 35 mil 059 quejas médicas, lo anterior implica que globalmente 11.2 por ciento de la actividad de la Conamed se centra en la resolución de estos asuntos, mismos que representan cada año un promedio mil 669 quejas iniciadas. Del total de quejas médicas, 16 mil 309 se concluyeron por la modalidad de conciliación mediante firma de convenio y mil 045 por la modalidad de proceso arbitral.

El trabajo que la Conamed ha desempeñado desde su creación resulta fundamental en la conciliación y arbitraje para la solución de controversias derivadas de la atención médica, a través de su creación se privilegió la función del arbitraje por las ventajas que ofrece sobre procesos judiciales, al ser más expedito, con expertos en el tema médico, menos costoso y permitir llegar a conciliaciones en cualquier momento y de ser el caso concluir con un laudo arbitral homologable ante los tribunales.

Hoy los medios alternativos de solución de controversias (MASC) son reconocidos por su respuesta fácil y eficaz y accesible frente a un problema mediante una solución más sencilla y rápida que la que se obtiene a través de un juicio.

Dentro de los MASC se encuentran la mediación, la conciliación y el arbitraje. En los tres procedimientos interviene un tercero: mediador, conciliador o árbitro. En la mediación y la conciliación el tercero no tiene ningún poder de decisión sobre las partes, las cuales son las únicas que tienen facultad de decidir si llegan o no a un acuerdo de voluntades que ponga fin a su conflicto de intereses. La diferencia entre estos dos mecanismos es que el mediador sólo ayuda a facilitar la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo, mientras el conciliador además puede proponer posibles soluciones al conflicto. En el arbitraje las partes se someten a la decisión del árbitro.

Los MASC facilitan el acceso a la administración e impartición de justicia. No obstante, como medios alternos no sustituyen la actuación de los órganos jurisdiccionales, sólo dan alternativas a los ciudadanos para la solución de sus conflictos.

El 18 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, se reforma el artículo 17, para establecer que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”.

Al respecto, en el proceso legislativo, las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados señalaron:

“... en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros la mediación, conciliación y arbitraje, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.”

Conforme a lo expuesto, hacer uso de los MASC en los conflictos que deriven de los servicios de atención médica resulta fundamental por el bien jurídico que se protege, como es la salud; por ello, necesitamos actualizar nuestro marco jurídico para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, para que a través de la justicia alternativa se tramiten las demandas de la población ante el incumplimiento o deficiencias de la atención médica.

Para tal efecto, con la presente iniciativa se propone adicionar una fracción a los artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud para establecer que será materia de salubridad general la solución de controversias a través de MASC; asimismo, para establecer que la federación y las entidades federativas “estarán facultadas para que mediante mecanismos alternativos de solución de controversias se dé trámite a las quejas que se presenten por la prestación de servicios de salud de atención médica “

Con la adición propuesta se atiende al mandato constitucional previsto en el artículo 17 relativo al acceso a la justicia, conforme al cual las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. La reforma a los artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud permitirá que los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos, se puedan resolver a través de la mediación, conciliación y arbitraje, fortaleciendo con ello la función que a nivel nacional desempeña la Conamed y las comisiones estatales, las que también podrán hacer uso de la mediación.

Con el propósito de coadyuvar en la solución de conflictos derivados del servicio de salud de atención médica, a través de procedimientos ágiles y expeditos, se presenta esta iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan una fracción II Ter al artículo 3o., una fracción VIII Bis al apartado A y una fracción II Bis al apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adicionan una fracción II Ter al artículo 3o.; una fracción VIII Bis al apartado A y una fracción II Bis al apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a II Bis. ...

II Ter. El trámite de las quejas que se presenten por la prestación de servicios de salud de atención médica, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias;

III. a XXVIII. ...

Artículo 13. ...

A.

I. a VIII....

VIII Bis. Tramitar mediante mecanismos alternativos de solución de controversias las quejas que se presenten por la prestación de servicios de salud de atención médica y operar, en su caso, los mecanismos en coordinación con las entidades federativas;

IX. a X. ...

B. ...

I. a II. ...

II Bis. Tramitar mediante mecanismos alternativos de solución de controversias las quejas que se presenten por la prestación de servicios de salud de atención médica.

III.a VII. ...

C....

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas deberán reformar la legislación local en materia de salud, de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Notas

1 Calidad de la Atención Médica, diferencia entre la vida y la muerte, [en línea], disponible en web:

http://www.revista.unam.mx/vol.13/num8/art81/art81.pdf

2 Fuente: SSA.DGIS. Boletín de Información Estadística No. 34, vol. lll. 2014. México 2014, [en línea], disponible en web:

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/serviciosotorgados_gobmx.html

3 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Salud, 2015-2016, p. 260.

4 Indicadores relevantes sobre la atención de controversias en salud 1996-2016, Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

5 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2401-VIII, martes 11 de diciembre de 2007. Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, con base en la siguiente

I. En junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, misma que se enmarca en el sistema garantista de justicia y es acorde al sistema acusatorio recientemente implementado en el país. El objeto de la presente iniciativa es la revisión de la aplicación de las garantías del debido proceso de la nueva ley, particularmente sobre el uso y duración de la prisión preventiva para adolescentes, misma que sigue siendo un área de preocupación y con oportunidades de mejora.

Los efectos de la prisión preventiva en la salud física, mental, social y de desarrollo de los adolescentes pueden ser devastadores. Por ejemplo, las probabilidades de depresión y suicidio son entre dos y tres veces mayores entre los adolescentes en prisión preventiva. Además, los periodos de prisión preventiva interrumpen la educación de los adolescentes y hacen menos probable que retomen sus estudios después de ser liberados. Igualmente, los lazos familiares y comunitarios se ven afectados, por lo que su reintegración se vuelve más complicada después de ser liberados.

También se ha señalado que la prisión preventiva puede tener efectos negativos en la seguridad pública, debido al efecto de “escuela del delito” que se propicia al compartir la reclusión con otro tipo de delincuentes. Adicionalmente, en México sigue siendo demasiado común en los centros de reclusión el abuso y maltrato de adolescentes, así como la sobrepoblación de los mismos y la ausencia de servicios básicos e higiene.

II.La prisión preventiva debe entenderse como una medida excepcional, y por ello, estamos convencidos que en el caso de los adolescentes debe ser lo más breve posible, ya que una detención preventiva que se prolonga por meses o años constituye una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de la presunción de inocencia.

Aun cuando dicha convención no estipula un tiempo máximo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó un máximo estatutario de 45 días en el caso de Brasil y desaprobó los casos de prisión preventiva que se extendían por seis meses a un año o más. A su vez, el Comité de los Derechos del Niño recomienda que cualquier prisión preventiva sea estrictamente limitada por ley.

Es fundamental recordar que el principio pro-persona fue incorporado en el 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, colocando la protección y garantía de los derechos humanos en el centro del ejercicio de los poderes del Estado y la interpretación de estas garantías favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes pretende garantizar la brevedad de la medida cautelar de prisión preventiva estableciendo un periodo máximo de cinco meses, pero la realidad es que este lapso se encuentra fuera del promedio de otros países del Continente Americano.

De todos los países del continente que cuentan con la figura de prisión preventiva para adolescentes, México cuenta con el periodo más largo, que es de cinco meses:

III.De acuerdo con Justicia Juvenil Internacional México, AC, una organización internacional sin fines de lucro que busca reformar el sistema de justicia para adolescentes en México, se debe establecer un periodo máximo de prisión preventiva de 30 días. Dicha organización argumenta que al reducir dicho lapso, se reduce también la población promedio diaria en los centros de detención, al tiempo que se agilizan los procesos. En este sentido, señalan que si disminuyera el tiempo del plazo de la prisión preventiva de 5 meses a 30 días, se reduciría la población diaria del centro a 79 por ciento.

Al desarrollar prácticas donde el uso de la prisión preventiva sea solamente para casos excepcionales y por el periodo de tiempo más corto, la población de los centros de detención disminuirá, lo que también significa optimizar los recursos destinados a la procuración de justicia. En este sentido, la propuesta de reducir el periodo de prisión preventiva contribuiría a una mayor eficiencia en el sistema.

Por otra parte, debe destacarse que la reducción del periodo máximo de prisión preventiva, permitiría salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y ayudaría a contener prácticas discriminatorias y arbitrarias, ya que en muchas ocasiones las decisiones que toman los ministerios públicos o jueces para detener o no detener a adolescentes tienen un elemento altamente discrecional. Al convertir en una excepcionalidad la prisión preventiva para adolescentes, se inhibirían este tipo de prácticas.

Finalmente, la reducción de la prisión preventiva también contribuirá a un mejor proceso de reinserción en la sociedad del adolecente, ya que no se verían cancelados sus lazos con el entorno escolar, familiar y comunitario.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa plantea lo siguiente:

1. Disminuir el plazo máximo de prisión preventiva de cinco meses a 30 días.

2. Disminuir el plazo máximo del proceso de seis meses a 30 días para los adolescentes que se encuentran con medidas cautelares en libertad o bajo prisión preventiva.

3. Disminuir el plazo de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva de un mes a 10 días.

4. Establecer un plazo máximo de 20 días para que el Ministerio Público pueda cerrar la investigación complementaria en el caso de adolescentes que se encuentran con medidas cautelares en libertad o en prisión preventiva.

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que se proponen con la presente iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

Artículo Único.Se reforman los artículos 117, 121; el cuarto párrafo del artículo 122, y el primer párrafo del artículo 131, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 117. Duración del proceso para adolescentes.

Desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia no podrá transcurrir un plazo mayor a seis meses, salvo que la extensión de dicho plazo sea solicitada por la persona adolescente por serle benéfica. En caso de que el adolescente se encuentra en una medida cautelar en libertad o que se encuentra en prisión preventiva, el plazo no podrá ser mayor a 30 días.

Artículo 121. Revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo.

La medida cautelar de prisión preventiva deberá ser revisada cada 10 días, en audiencia, por el Juez de Control. En la audiencia se revisarán si las condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva persisten o, en su caso, si se puede imponer una medida cautelar menos lesiva.

Artículo 122. Reglas para la imposición del internamiento preventivo

[...]

[...]

[...]

La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de 30 días. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares.

[...]

[...]

Artículo 131. Plazo para la investigación complementaria

Antes de concluir la audiencia inicial, el Ministerio Público deberá solicitar el plazo para el cierre de la investigación complementaria y deberá justificar su solicitud. El juez fijará un plazo para que el Ministerio Público cierre dicha investigación que no podrá ser mayor a tres meses, y en caso de que el adolescente se encuentra en una medida cautelar en libertad o en prisión preventiva, el plazo será de 20 días, ambos contados en días naturales, a partir del auto de vinculación a proceso, tomando en consideración la complejidad de los hechos atribuidos a la persona adolescente y la complejidad de los mismos.

[...]

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “The Dangers of Detention: The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities”, Justice Policy Institute, (20-11-2006), traducción propia, recuperado de:

http://www.justicepolicy.org/images/upload/06-11_rep_dangersofdetention_jj.pdf

2 “La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley: De la situación actual hacia una propuesta de intervención”, (08-2014), recuperado de:

http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/membres/ Reporte_Adolescentes_CIESAS_22sep14.pdf

3 “Observación General No. 10 “Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores”, Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, (25-04-2007), recuperado de:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf

4 “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en la Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, (13-07-2011), recuperado de:

https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/justiciajuvenil.pdf

5 “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”)”, Asamblea General de las Naciones Unidas, (29-11-1985), recuperado de:

https://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm

6 “Diagnóstico de procesos en materia de justicia penal para adolescentes”, Justicia Juvenil Internacional, recuperado de:

https://jjimexico.org/every-child-has-a-story/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputado y diputada: Víctor Manuel Sánchez Orozco, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Rafael Méndez Salas, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un octavo guion al inciso a) de la fracción II del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad de género, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Durante las últimas dos legislaturas, temas como el combate a la violencia de género, la constante adecuación de la normatividad y la generación de políticas públicas encaminadas a fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, han presentado avances importantes, sin lugar a dudas. Sin embargo, aún se encuentran áreas de oportunidad que como legisladores debemos atender.

Pese a la lucha cotidiana en erradicar la violencia contra las mujeres, en nuestro país se siguen presentando datos alarmantes. Con base en las cifras presentadas por el INEGI, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en México, de 2013 a 2015, fueron asesinadas en promedio 7 mujeres por día, lo que significa un incremento del 100%, con relación al promedio de homicidios a ese género, realizados en el periodo de 2001 a 2006.

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, señala que 6.3 de cada 10 mujeres, de 15 años y más de edad, ha experimentado al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica o patrimonial, así como discriminación laboral.

En este sentido, el objetivo de esta Iniciativa consiste en coadyuvar a fortalecer la legislación y las políticas públicas relativas a la protección de los derechos de las mujeres, robusteciéndolas a través de la inclusión de la Secretaría de Cultura en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Mujeres; tal inclusión no es menor y es un asunto prioritario para la fracción parlamentaria Nueva Alianza, al ser un eje prioritario de nuestra labor legislativa salvaguardar los derechos humanos de las mujeres y ser propósitos en consolidar su igualdad y libertad.

La prevalencia total por tipo de violencia contra la mujeres señala que el 47% de ellas, que tiene o tuvieron pareja, han sido agredidas por éstas; mientras que un 44.3% manifestó violencia de tipo emocional y en casi la mitad de los casos dicha violencia es generada por la pareja o el esposo.

Se resalta que la violencia emocional de pareja hacia las mujeres, que incluye como violencia emocional el menosprecio, la humillación, las amenazas con alguna arma, amenazas de quitarle los hijos, infundido miedo, entre otras, tiene mayor presencia en el Estado de México, Sonora y la Ciudad de México, mientras que los estados de Baja California Sur, Coahuila y Chiapas presentan menor número de incidencias en este rubro.

Las entidades federativas donde se presenta una mayor incidencia de violencia económica hacia las mujeres, por arriba de la media nacional del 24%, son el Estado de México, Nayarit, Colima, Yucatán y Morelos; mientras que los estados que presentan menos violencia son Tamaulipas, Baja California, Tabasco y Chiapas.

Es de observar que esta clase de violencia se ejerce prohibiéndoles trabajar o estudiar, le quitan el dinero o sus bienes muebles e inmuebles, entre otros.

La violencia física se caracteriza por empujones, patadas, que la mujer haya sido amarrada, aventar objetos, golpes con las manos o con algún objeto, intentos de ahorcamiento o asfixia, agresiones con cuchillos o navajas y disparos con un arma. En estos casos, de conformidad con la ENDIREH, la media nacional de 13.5% es sobrepasada en el Estado de México, Guerrero y Campeche. Por su parte, Nuevo León, Sonora y Sinaloa son los que menor incidencia muestran en este tipo.

En el rubro de violencia sexual, ésta se caracteriza por exigir a la mujer tener relaciones sexuales (contra su voluntad); en cuanto a la relación sexual, implica obligar a hacer cosas que no les gustan a las mujeres y, a su vez, ejercer fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales. En este sentido, la media nacional es del 7%, siendo Colima, San Luis Potosí y Puebla quienes encabezan la lista por arriba de media, mientras que Sinaloa, Coahuila y Chipas las entidades en que menor se presenta este delito.

La violencia en el ámbito laboral, escolar y social se presenta cuando hay, sin consentimiento de la mujer, manoseo o tocamientos, propuestas o insinuaciones para tener relaciones sexuales a cambio de algo, castigos por negarse a tener relaciones sexuales u obligado a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, entre otros.

El embarazo también ha sido motivo de menoscabo hacia las mujeres, toda vez que se les ha solicitado certificado de ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las han despedido; no les renovaron el contrato o les bajaron el salario. Coahuila es el lugar donde se presenta mayor incidencia de este tipo, con un 34%.

Lo anterior muestra la que atraviesan cotidianamente las mujeres en México. El objetivo de esta iniciativa es coadyuvar para fortalecer la legislación relativa a la protección de los derechos de las mujeres robusteciéndola a través de la Inclusión de la Secretaría de Cultura en el Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Mujeres. Para la fracción parlamentaria Nueva Alianza es un eje prioritario salvaguardar los derechos humanos de las mujeres y ser propósitos en consolidar su igualdad y libertad.

No dejamos de mencionar que anteriormente la Secretaría de Educación Pública federal, miembro vigente de la Junta de Gobierno, tenía la responsabilidad del ámbito cultural, por lo que a partir de la creación de la Secretaría de Cultura, en Nueva Alianza consideramos pertinente su inclusión en dicha Junta de Gobierno, al considerar que parte del problema de la violencia hacia las mujeres en nuestro país radica en la falta de acceso a la educación y la cultura, con un enfoque de género; por ello, proponemos que dentro de la Junta de Gobierno del Inmujeres se incluya a la Secretaría de Cultura, toda vez que la Junta de Gobierno define las prioridades y políticas públicas que han de implementar el Inmujeres, aprueba el presupuesto y el informe de actividades, entre otras funciones.

Argumentación

Desde la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dicho organismo tiene la misión de coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuvar con la erradicación de la violencia contra las mujeres. A su vez, el Inmujeres está reconocido a nivel nacional e internacional por asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los hombres.

No obviamos que el objetivo general del Inmujeres es promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida política, cultural, económica y social del país.

Dentro de su estructura orgánica y funcional, el Instituto cuenta con los siguientes órganos administrativos: la Junta de Gobierno, la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, el Consejo Consultivo, el Consejo Social y la Contraloría Interna; de éstos, la Junta de Gobierno, de conformidad con la Ley de Instituto de Nacional de las Mujeres, tiene las siguientes facultades:

I. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus integrantes, una terna que someterá a la consideración del Presidente de la República, a efecto de que designe a la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres;

II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto;

III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto, y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;

IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;

V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto;

VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera;

VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 12, fracción II, inciso b) de esta ley;

VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla;

IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a la Secretaria Técnica y a la Prosecretaria;

X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos;

XI. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que correspondan;

XII. Fijar las condiciones generales de trabajo;

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidencia, con la intervención que corresponda al Comisario;

XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;

XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas;

XVI. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social, y

XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.

La Junta de Gobierno del Inmujeres, a su vez, se integra por los titulares de las siguientes dependencias federales:

- Gobernación;

- Relaciones Exteriores;

- Hacienda y Crédito Público;

- Desarrollo Social;

- Medio Ambiente y Recursos Naturales;

- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

- Educación Pública;

- Función Pública;

- Salud;

- Trabajo y Previsión Social;

- Reforma Agraria;

- Procuraduría General de la República;

- Instituto Nacional Indigenista, y el

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Como se observó, la relevancia de la Junta de Gobierno es incuestionable; tiene a su cargo el funcionamiento administrativo, presupuestal y de dirección de la política pública que ha de realizar el Inmujeres. Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que se debe incluir a la Secretaría de Cultura en este órgano, toda vez que anteriormente era la Secretaría de Educación Pública la encargada de atender los temas referentes a la cultura de nuestro país.

Es de recordar que en el año 2015 se crea la Secretaría de Cultura, tomando como base la estructura administrativa de lo que fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, junto con los organismos, museos, bibliotecas, escuelas, centros de investigación y todo el patrimonio del Consejo. Además, en términos presupuestales, no implicó una mayor erogación para las arcas de la nación, toda vez que a la nueva Secretaría de Cultura se le transfirieron los programas presupuestarios que estaban en la Secretaría de Educación Pública.

Por lo que hace a los recursos presupuestales, en su primer presupuesto, a la Secretaría de Cultura, en el “Ramo 48 Cultura”, para este ejercicio fiscal 2017 tiene un monto asignado de 12.4 mil millones de pesos, siendo los programas denominados de “Desarrollo Cultural” y el “Programa Nacional de Becas”, los encargados de coadyuvar a cerrar las brechas entre hombres y mujeres.

Por lo que hace a los recursos que se destinan de manera transversal a combatir la desigualad de género, se observa que se han etiquetado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación recursos que son consignados específicamente a atender esta problemática a la que se ha hecho referencia en la problemática expuesta. Así, para el 2017, al Anexo 13, denominado como “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, se le asignaron 27.4 mil millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 6% con relación a 2016; es decir, cuenta con 1.5 mil millones de pesos más.

En ese mismo Anexo 13, los recursos por parte de la Secretaría de Cultura, encaminados a atender la igualdad entre hombres y mujeres, son del orden de 29.1 millones de pesos; con ello, la reciente Secretaría de Cultura se suma a los esfuerzos por parte del Ejecutivo Federal en el combate a erradicar la desigualdad de género, a través de sus políticas públicas.

No dejamos de reconocer que los esfuerzos continuaron realizándose en materia de cultura, pues en abril del año en curso, el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en la que claramente señala, en sus disposiciones generales, que la política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, atenderá, entre otros, la igualdad de género.

En Nueva Alianza nos interesa fortalecer las acciones encaminadas a la igualdad de género que emprenda la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres; por tal motivo, y en congruencia con el andamiaje administrativo, jurídico, presupuestal y de políticas públicas que ha emprendido el Estado mexicano, consideramos pertinente que se incorpore a la Secretaría de Cultura en el máximo cuerpo administrativo del Instituto Nacional de la Mujeres.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se adiciona un octavo guion al inciso a) de la fracción II del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo Único. Se adiciona un octavo guion al inciso a) de la fracción II del artículo 12de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I....

II....

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

- ... - ...- ...- ...- ...- ...

Educación Pública;

Cultura

- ...- ...- ...- ...- ...- ...- ...

b) ...

...

III....

...

...

...

...

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Visto en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf Agosto 2017

ii Ídem.

iii Visto en file:///C:/Users/USUARIO.SOPORTE-PC/Downloads/ MTRA.%20ETERNOD_ENDIREH%202011_PRESENTACI%C3%93N.pdf Agosto 17

iv Visto en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf Agosto 2017

v Visto en https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos Agosto 2017

vi Ídem.

vii Visto en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_040615.pdf Agosto 2017

viii Artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales visto en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf Agosto 2017

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de septiembre de 2017.— Diputado Jesús Rafael Méndez Salas(rúbrica).»