Presidencia de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales

ASISTENCIA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales (a las 12:23 horas): Se abre la sesión. Pido a la secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 272 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de abril de 2018

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De los diputados Jesús Sesma Suárez y Cesáreo Jorge Márquez Alvarado

Solicitan el retiro de sus iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua

Remite contestación a Puntos de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prohibir la quema de los ecosistemas de pastizal alpino y páramos de altura.

De la Cámara de Senadores

Comunica la designación de Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo.

Reincorporación de diputado

Solicitudes de licencia de diputados

Protesta de diputados

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se declara el Día 28 de noviembre de cada Año como el “Día Nacional de las Personas Sordas”.

Con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de violencia de género, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se adicionan los artículos 175 Bis a la Ley General de Salud y 199 Sextus al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 4 y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 31 y 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 236 y 237 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 70-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy y Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 18 y 121 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 56 Bis y adiciona un artículo 56 Ter a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2448-D del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley de Protección y Derechos del Ciclista, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 64, 65, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 48 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 27 y 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 132, 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 263 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Tristán Manuel Canales Najjar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 212 y 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Verónica Bermúdez Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 36 y 42 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se establece el 10 de junio de cada año la Celebración del Día del Padre, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, suscrita por el diputado Abel Cruz Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o., 19 y 32 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se declara el 7 de octubre de cada año como el Día Nacional del Mole, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de instaurar la medalla “Acciones en favor de la niñez y la adolescencia”, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

De decreto por el que se declara el 26 de junio de cada año como Día Nacional en contra de la Tortura, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Nancy López Ruiz e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 15 Sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 10 Ter y reforma el artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o., 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o. y 9o. de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 7o. del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 20 de la Ley Minera y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado David Mercado Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de divorcio incausado, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de denominaciones discriminatorias de los hijos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 147 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 61, 74, 108, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de suprimir el fuero constitucional de los servidores públicos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para eliminar el IEPS a los servicios de telecomunicaciones, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma el artículo 1o. de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 159 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Hugo Ángel Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el fuero, suscrita por los diputados Lorena Corona Valdés, Lia Limón García, Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para aumentar la tasa de IEPS al tabaco, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 85 y 90 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de carrera policial, a cargo del diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Erick Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Banco de México, suscrita por el diputado José de Jesús Galindo Rosas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de La Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, suscrita por los diputados José Carlos Camacho Díaz, Oscar Ferrer Abalos e Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Daniella Judith Hernández Flores, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Luis Velázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para la Regulación de la Fractura Hidráulica, a cargo del diputado José Carlos Camacho Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 280 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 84 y 85 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ma. Idalia del Socorro Espinoza Meraz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados Carlos Iriarte Mercado y José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Declaratoria de publicidad

De la Comisión Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma la facción IV del artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud auditiva.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21, y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco.

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 30 bis a la Ley de Migración.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social para hombres.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización del personal que brinda atención médica pre-hospitalaria.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato, para que realice las auditorías correspondientes a la Secretaría de Obra Pública, por existir irregularidades en el otorgamiento de la concesión por 30 años para construir, operar y administrar el Libramiento de Silao a la Sociedad México Proyectos y Desa-rrollos S. A. de C. V., a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a que por medio de la SCT y la SHCP, difunda la información relativa a la viabilidad de reducir el pago de peaje en las carreteras federales que comunican con las entidades afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre de 2017, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a que investigue y se consigne a los culpables de los crímenes de odio cometidos contra la población LGBTI y para que en todos los casos se aplique el protocolo de actuación de parte de su personal, a cargo del diputado Sergio René Cancino Barffusón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SECTUR, para la creación de un programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que reciban promoción y difusión a nivel nacional e internacional, fomentando así el desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que, a través de la Secretaría de Salud de la entidad, haga del conocimiento público las acciones, campañas, programas y/o cualquier estrategia dirigida a prevenir y combatir el suicidio en jóvenes, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, a difundir las acciones a efectuar para reducir la incidencia de pobreza en zonas rurales y disminuir el volumen de pobreza en contextos urbanos, así como reorientar la política pública dirigida a mejorar el ingreso de las familias, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a acatar lo ordenado por el INAH, en materia de retiro de publicidad de la línea 7 del metrobús que circula por avenida Paseo de la Reforma, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a efecto de no criminalizar a los médicos, esto en virtud al caso del médico pediatra, Luis Alberto Pérez Méndez, del hospital privado San Lucas, ubicado en Oaxaca, quien hace unos meses fue detenido y acusado de homicidio doloso eventual por negligencia médica, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que analicen la alternativa de ampliar dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud, el rango de edad en la atención y tratamiento de las enfermedades cardiacas a los afiliados del Seguro Popular, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a difundir los asuntos relacionados con el financiamiento para la construcción de la planta de termovalorización, así como proveer detalles pormenorizados sobre el proyecto y la identidad de las empresas participantes, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a establecer la Secretaría del Migrante, a cargo del diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la CNDH, para que en el ámbito de su competencia, establezcan protocolos para atender a las personas que viven en situación de calle, respetando y vigilando sus derechos, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la fiscalía de Oaxaca, para que se reclasifique la acusación de homicidio doloso en el caso del médico Luis Alberto Pérez y se lleve en proceso de acuerdo a las investigaciones y autoridades correspondientes en los casos de una presunta negligencia médica y no como homicidio por la vía penal, a cargo del diputado Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, para que realice la revisión a los medicamentos que se suministran en las clínicas de la CDMX para la interrupción legal del embarazo, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diez de abril de dos mil dieciocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y dos diputadas y diputados, a las doce horas con dieciséis minutos del martes diez de abril de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados: Timoteo Villa Ramírez, y Evelio Plata Inzunza, ambos del Partido Revolucionario Institucional, por las que solicitan el retiro de sus iniciativas con proyecto de decreto que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que comunica la integración del diputado Luis Jorge Mayorga Godínez a dicho Grupo. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.

c) Del Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por la que comunica la integración del diputado Ricardo López Priego a dicho Grupo. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Cámara de Senadores, por la que comunica la modificación en la integración de la Junta de Coordinación Política para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobadas por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, a los organismos responsables de la infraestructura física educativa en las entidades federativas y a las autoridades locales, para que hagan del conocimiento público un informe sobre las fuentes de recursos públicos y las acciones realizadas y por realizar para la edificación, mejoramiento, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura física educativa dañada a causa de los sismos ocurridos el pasado siete y diecinueve de septiembre del año próximo pasado. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la Comisión Especial de seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo, de Cultura, y de Economía del Gobierno de la Ciudad de México, así como a los gobiernos federal, estatales y municipales a realizar acciones tendientes a impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como utilizar el eslogan #valemásdeloquecuesta. Se remite al promovente.

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo, de Cultura, y de Economía, así como a los gobiernos federal, estatales y municipales y a la micro y pequeña empresa en la Delegación de Magdalena Contreras, a realizar acciones tendientes a impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como utilizar el eslogan #valemásdelouecuesta. Se remite al promovente.

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, en un plazo de quince días, remita un informe donde se especifique la ubicación y dimensiones de las áreas verdes y espacios públicos de esparcimiento, como plazas y parques localizados en la Ciudad de México; así mismo se desglosen aquellos en los que se ha realizado algún tipo de intervención para modernizarlos o equiparlos en la presente administración. Se remite al promovente.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas de las treinta y dos entidades federativas, a fortalecer la coordinación e impulso a las campañas nacionales de detección oportuna del cáncer de próstata en la población masculina del país, de veinte y más años. Se remite al promovente.

• Por el que se exhorta a las entidades federativas a realizar campañas de verificación e inspección en las casas de empeño de todo el país y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, con el objeto de prevenir posibles prácticas de abuso y engaños a la población, ante el incremento en la demanda de crédito en el mes de enero. Se remite al promovente.

f) Del Congreso del estado de Chihuahua, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a deliberar y, en su caso, aprobar a la brevedad, el proyecto de decreto por el que reforma el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las entidades federativas a emprender acciones legislativas a fin de continuar armonizando los ordenamientos jurídicos locales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

g) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país, a desarrollar e implementar instrumentos de planeación, que permitan ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre, así como realizar la correcta disposición final y el manejo adecuado de los escombros generados por los sismos del mes de septiembre del presente año, mitigando con ello los riesgos de generar otros desastres por su inadecuada disposición. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Especial de seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de Protección al Ambiente y a los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y los gobiernos municipales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable a prohibir la práctica de quemas en los ecosistemas de pastizal alpino y páramos de altura y, en donde los suelos están pocos desarrollados.. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de Protección al Ambiente y a los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y los gobiernos municipales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Unidad Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable para coadyuvar con el Gobierno Federal a emprender acciones para la preservación, restauración y conservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico en áreas naturales protegidas bajo categorías establecidas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

h) De las Secretarías de Salud de los estados de Nuevo León, y de San Luis Potosí, con la que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para realizar acciones con enfoque de prevención en materia de salud mental. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

i) De la Secretaría General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para a presentar los avances en la aplicación del expediente clínico electrónico. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

j) De la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a la declaratoria de cero pagos de derechos por reposición de escritura pública. Se remite a la Comisión de Gobernación y a la Comisión Especial de seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, para su conocimiento.

k) De la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con la que remite su Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Gobernación, y de Radio y Televisión, para su conocimiento.

l) De la Cámara de Senadores, por las que remite las minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo doce, un artículo cuatrocientos ochenta y siete bis y se deroga la fracción segunda del primer párrafo del artículo cuatrocientos ochenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Por el que se reforma el párrafo tercero del artículo cincuenta y uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

m) Se recibieron oficios de los diputados Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Javier García Chávez, de Morena; Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero, Salomón Fernando Rosales Reyes, y Nora Liliana Oropeza Olguín, todos del Partido Revolucionario Institucional, por los que se comunican la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

n) De las diputadas y de los diputados:

• Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia, por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades como diputada federal electa por el Noveno Distrito Electoral del estado de Guanajuato, a partir de esta fecha.

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia, por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades como diputado federal electo por el Tercer Distrito Electoral del estado de Hidalgo, a partir esta fecha.

• Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia, por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades como diputada federal electa de la Segunda Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

• Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia, por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades como diputado federal electo por la Quinta Circunscripción Plurinominal, a partir esta fecha.

En votación económica se aprueban. Comuníquense y llámense a los suplentes.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del recinto los ciudadanos: María Eugenia Rojas González; Ascención Reyes Santiago; y José Soto Medina, y se designa una comisión de cortesía para acompañarlos al interior del salón de sesiones, rinden protesta de ley, y entran en funciones.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios los diputados Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano; y Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza. La Presidencia instruye se inserten íntegramente sus intervenciones en el Diario de los Debates.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se declara vacante la fórmula de diputados al Congreso de la Unión, por el principio de representación proporcional correspondiente a la Segunda Posición de la lista de la Primera Circunscripción Plurinominal, asignada al Partido de Nueva Alianza. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se adiciona la fracción octava al artículo treinta y cinco de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

b) De Defensa Nacional, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.

c) De Igualdad de Género, por el que se reforman los artículos treinta y ocho, cuarenta y nueve, y cincuenta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

La Presidencia felicita al Tecnológico Nacional de México, por los setenta años de su creación y lleva a cabo la entrega de un reconocimiento que es recibido por su director general el C. Manuel Quintero Quintero.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. La Presidencia informa que se han registrado tres mociones suspensivas por lo que concederá el uso de la palabra a sus autores y al finalizar dichas intervenciones las someterá a votación en un solo acto, en consecuencia se otorga el uso de la tribuna a los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; y Juan Romero Tenorio, de Morena.

A las doce horas con cincuenta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos sesenta y tres diputadas y diputados.

Concluida la presentación de las tres mociones suspensivas, la Presidencia solicita se consulte al Pleno en votación económica si son de considerarse de manera inmediata para su discusión, la Secretaría informa el resultado de la misma, la Presidencia invoca el artículo ciento treinta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados e instruye que se tome la votación nominal con objeto de dar claridad a la decisión de la Asamblea. Derivado de las reincorporaciones y tomas de protesta realizadas anteriormente, la Presidencia anuncia que se tomará votación de viva voz los nueve diputadas y diputados recién integrados. En consecuencia, se abre por cinco minutos el tablero electrónico. Con un resultado de ciento sesenta y ocho votos a favor; ciento noventa y cuatro en contra (se incluyen los votos de viva voz) no se toman en consideración las mociones suspensivas. Para fijar la postura de sus respectivos Grupos Parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social; Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaMartha Sofía Tamayo Morales

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Samuel Rodríguez Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; y Arturo Huicochea Alanís, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; en pro César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y Ernestina Godoy Ramos, ambos de Morena, en pro Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Rafael Hernández Soriano,

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

y Tomás Octaviano Félix, ambos del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputadaMartha Sofía Tamayo Morales

y en pro Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: uno, dos, dos bis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho bis, ocho ter, nueve, diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete bis, diecisiete ter, diecisiete quáter, diecisiete quintus, diecisiete sextus, dieciocho, dieciocho bis, diecinueve, veinte, veinte bis, veinte ter, veintiuno, veintiuno bis, veintiuno ter, veintidós bis, veintidós ter, veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta bis, treinta ter, treinta quáter, treinta quintus, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y ocho bis, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, y sexto transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por doscientos cinco votos a favor; y ciento sesenta y ocho en contra (se incluyen los votos de viva voz), se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular los artículos reservados, se concede el uso de la palabra para presentar sus propuestas a las diputadas y a los diputados:

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, a los artículos: uno, dos, dos bis (adición), tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho bis (adición), ocho ter (adición), nueve, diez, once, doce, y adición de un título sexto con los artículos cuarenta y seis, cuarenta y siete, y cuarenta y ocho, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: dos, siete, dieciocho, y cuarenta y cinco, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, a los artículos: tres, cuatro catorce, veintisiete, veintiocho, y veintinueve, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: tres, cuatro, nueve, once, catorce, diecisiete, dieciocho, veintiuno, treinta y cinco, treinta y seis, y treinta y siete; y la adición de los artículos diecisiete bis, diecisiete ter, diecisiete quáter, diecisiete quintus, y diecisiete sextus, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, a los artículos: cuatro, diecisiete, treinta y tres, y treinta y ocho, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo: cuatro; y la adición de los artículos veinte bis, veinte ter, veintidós bis y veintidós ter, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, la adición de los artículos: treinta bis, treinta ter, treinta quáter, treinta Quintus; la modificación de los artículos treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete; y la adición de un treinta y ocho bis, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: cuatro, y veinte, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, treinta y uno, y cuarenta y tres, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Ricardo David García Portillo, del Partido Revolucionario Institucional, a los artículos: cuatro, siete, dieciocho, veinticuatro, cuarenta y uno, y sexto transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica se admiten a discusión, no habiendo oradores registrados para su discusión, en votación económica se aprueban y se reservan para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas.

• Maricela Contreras Julián, de Morena, a los artículos: cinco, y dieciocho, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que la diputada Daniella Judith Hernández Flores, de Movimiento Ciudadano, declina su intervención en tribuna para presentar propuesta de modificación al artículo cinco del proyecto de decreto, e instruye que el texto que la proponente ha remitido se integre al Diario de los Debates.

• Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, al artículo cinco del proyecto de decreto, que en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados para su discusión, en votación económica se aprueba y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada.

• Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, a los artículos: seis, doce, dieciocho, y cuarenta y cuatro, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos: quince, dieciséis, dieciocho, dieciocho bis (adición), veinte, veintitrés, treinta y uno, treinta y dos, cuarenta y dos, y cuarenta y tres, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México, al artículo diecinueve del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Eduardo Villafuerte García, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veintiuno del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, adición de los artículos veintiuno bis y veintiuno ter al proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social, a los artículos: veintinueve, treinta y tres, y treinta y cinco, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Salvador García González, de Movimiento Ciudadano, declina su intervención en tribuna para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y cuatro del proyecto de decreto, e instruye que el texto que el proponente ha remitido se integre al Diario de los Debates.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por ciento noventa y seis votos a favor; y ciento cuarenta y seis en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados: uno, dos, tres, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno, veintitrés, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, en términos del dictamen; y los artículos cuatro, cinco, siete, dieciocho, veinticuatro, cuarenta y uno, y sexto transitorio, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. Se notifica y se remite las constancias documentales de esta Sesión, al Poder Judicial de la Federación; al Juzgado Décimo Primero del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en relación con el juicio de amparo 940/2014; así como a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al amparo 1359/2015.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones:

a) De Agricultura y Sistemas de Riego:

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a establecer los mecanismos necesarios para fijar un precio justo al kilogramo de frijol en la entidad y establecer las líneas de apoyo para encontrar los canales de comercialización y acopio del grano para el ciclo productivo dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.

• Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que tome las medidas necesarias a fin de evitar prácticas monopólicas en la comercialización de naranjas de temporada.

b) De Asuntos Indígenas para exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a adoptar las medidas necesarias para que los estados de Guanajuato y Querétaro tengan una delegación de esa dependencia.

c) De la Ciudad de México:

• Relativo a atender diversas irregularidades en obras y construcciones vinculadas a las consecuencias en la Ciudad de México del sismo sucedido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno de la Ciudad de México, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que den a conocer los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo del diecinueve de septiembre, así como de aquellos que se encuentren en riesgo por ubicarse en el entorno de inmuebles colapsados o con graves daños.

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a contemplar a legisladores locales y federales, en la conformación de la Comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México y a garantizar el suministro de agua en las demarcaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a emitir una resolución de carácter general que condone el cobro de derechos por el suministro de agua a las demarcaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a solicitar la Declaratoria de zona de desastre natural en la demarcación Tláhuac.

• Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Procuraduría General de Justicia, dé celeridad a las investigaciones por los presuntos actos de abuso sexual de niñas y niños dentro del Kínder “Círculo Infantil Personalizado S.C.”, ubicado en la Delegación de Cuajimalpa de Morelos.

• Relativo a los programas emergentes implementados en la Ciudad de México, para atender a los damnificados del sismo del diecinueve de septiembre y las presuntas responsabilidades administrativas y penales por el mal uso de los mismos.

• Relativo a la prevención, rescate, preservación, conservación, protección y restauración de la Barranca de Tarango en la Ciudad de México.

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación de Coyoacán, a efecto de que, en apoyo a la Secretaría de Cultura Federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, realicen trabajos urgentes de apuntalamiento en el arco de piedra ubicado en Calzada del Hueso, número ciento treinta y nueve.

• Relativo al caso de un servidor público cesado por causa de las denuncias por abuso y acoso sexual, y se formula un atento llamado a las autoridades de la Ciudad de México, para garantizar la prestación de los servicios de salud en la Clínica Especializada Condesa en condiciones seguras.

• Relativo al análisis del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, y a dotar de los recursos necesarios a las instancias encargadas de Protección Civil y Atención de Desastres Naturales en dicha entidad.

d) De Cultura y Cinematografía por el que se solicita al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco y al Pleno del Honorable Ayuntamiento, se dictamine la iniciativa por la que se decreta el Parque Eca do queiros, como área de valor cultura popular y forma parte del paisaje tradicional del municipio.

e) De Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a reforzar las políticas públicas para que se permita ampliar las posibilidades de denuncias de casos sobre abuso sexual infantil.

• Por el que se exhorta a diversas dependencias a intensificar las campañas que promuevan los derechos de la infancia e implementen campañas y programas focalizados contra el maltrato infantil.

• Por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus municipios, a fin de implementar e institucionalizar mecanismos de expresión y participación infantil como los parlamentos y cabildos infantiles.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que haga del conocimiento público los avances sobre los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a realizar acciones para apoyar psicológicamente a niños y adolescentes afectados por los sismos de septiembre.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad en diversos albergues localizados en los estados de Guanajuato y Michoacán.

• Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a continuar con el fortalecimiento de las políticas públicas y aplicación de los Tratados Internacionales para el combate del trabajo infantil en México.

f) De Desarrollo Social:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que haga público el fomento de las compras de bienes y servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a empresas cooperativas mexicanas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a establecer lineamientos específicos para evitar que los programas sociales operen de manera regular en el estado de Zacatecas, sin ser usados para fines políticos y electorales.

g) De Igualdad de Género

• Por el que se exhorta al estado de Quintana Roo, a expedir las disposiciones legales necesarias a fin de instituir un Centro de Estudios para el Adelanto y Equidad de Género, en cumplimiento del artículo catorce de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Puebla, a crear un programa de fomento al respeto y la no violencia hacia la mujer.

• Relativo a la implementación de una estrategia integral que erradique la discriminación ejercida hacia las estudiantes embarazadas.

• Por el que se exhorta a las fiscalías generales de las entidades federativas, a aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia, respecto a los actos delictivos cometidos contra las mujeres.

• Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a homologar sus protocolos de investigación ministerial, pericial y policial, con perspectiva de género para los delitos de violencia sexual.

• Relativo a la implementación de diversas acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, debido al alarmante aumento de feminicidios en el estado de Nuevo León.

• Relativo a incorporar las políticas de igualdad de género y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, conforme al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres dos mil trece-dos mil dieciocho.

• Por el que se exhorta al estado de Puebla y a diversas entidades federativas, a efecto de que, en el caso del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, se realice la reparación integral del daño y se garantice la no repetición de estos delitos; y a su vez se tomen las medidas necesarias, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de mujeres y niñas que utilizan servicios de transporte públicos y privados.

• Relativo a fortalecer las acciones necesarias para destinar recursos para la transversalizacion de la perspectiva de género.

• Por el que se exhorta a distintas instancias gubernamentales a atender el caso de violaciones de Derechos Humanos de la ciudadana Yndira Sandoval.

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a investigar urgentemente el feminicidio de la estudiante de la Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Cinthia Nayeli Vázquez.

h) De Relaciones Exteriores:

• Relativo al diseño e implementación de un plan de acción y respuesta frente a la cancelación del programa Deferred Action For Children Arrivals (DACA) que coloca en riesgo a un número importante de jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos de América.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a buscar los consensos necesarios que conduzcan a la renovación del acta trescientos diecinueve respecto del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, misma que expira el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

• Por el que esta Soberanía expresa su rechazo a la Ley SB 04 del estado de Texas y respalda las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer frente a dicho ordenamiento, por atentar contra los Derechos Humanos de nuestros connacionales.

i) De Salud:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y al Gobierno del estado de Veracruz, para que continúe e implemente nuevas acciones que coadyuven en la prevención y combate de la posible epidemia en la zona de Coxquihui.

• Por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a crear un nuevo hospital en la ciudad de Matamoros, Coahuila.

• Relativo a intensificar las líneas de acción de la estrategia nacional de lactancia materna, así como la difusión de información acerca de los beneficios de esta práctica.

• Relativo a las acciones de educación para la salud orientadas a la alimentación nutritiva y la activación física.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a retomar los compromisos y reuniones de las mesas de atención interinstitucional de la fibrosis quística; así como exhortar al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, para que publique la guía de práctica clínica de tratamiento de la fibrosis quística.

• Relativo a la problemática de la falta de insumos en el Hospital General de Saltillo, Coahuila.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a fin de implementar la estrategia de capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en las salas de Gineco-Obstetricia de los servicios de salud.

• Relativo a la creación de espacios destinados como Centros de Atención de Animales de Compañía en situación de calle, así como llevar a cabo campañas de esterilización y adopción dirigidas a promover y fortalecer su bienestar.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que garantice el abasto del material de osteosíntesis en el Seguro Popular.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de que instrumente las acciones necesarias para implementar a nivel nacional una cartilla de vacunación complementaria para las personas con Síndrome de Down, la cual cuente con la información de salud fundamental para dicho colectivo.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente una campaña de prevención a fin de combatir el aumento indiscriminado del trastorno bipolar en los jóvenes.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que, en coordinación con especialistas, se diseñe e implemente un programa nacional de atención oportuna designado a los niños y niñas con Síndrome de Down de cero a seis años.

• Relativo a la investigación y fraudes médicos en el estado de Oaxaca.

• Por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las acciones jurídicas, administrativas, contables y todas aquéllas que resulten necesarias para mejorar la infraestructura y servicios que presta la Clínica Hospital “Agosto doce” ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, promuevan una estrategia conjunta para prevenir, tratar, controlar y combatir la obesidad infantil en México.

j) De Transportes:

• Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a dejar sin efecto la Declaratoria del Instituto Estatal del Transporte sobre el incremento de tarifas de servicio y a desarrollar políticas públicas para garantizar un transporte seguro y eficiente.

• Relativo a la inmediata rehabilitación de carreteras, caminos y puentes del estado de Oaxaca, afectados por el sismo del pasado siete de septiembre.

• Por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de disminuir el número de reductores de velocidad conocidos como topes que hay en las ciudades de las entidades federativas.

k) De la Ciudad de México:

• Por el que se exhorta a los jefes delegacionales de Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, a atender a la brevedad la recomendación emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y realizar las acciones necesarias a efecto de que las condiciones generales del río y la presa San Joaquín cuenten con los estándares de calidad necesarios que aseguren el cuidado del medio ambiente y la salud de la población.

• Relativo a formular acciones que permitan mejorar la experiencia del usuario dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Sistema de Metrobús de la Ciudad de México.

l) De Ganadería por el que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para que establezcan mecanismos que otorguen un incremento del precio que se paga a los productores de leche del país, por parte de la empresa paraestatal Liconsa.

m) De Seguridad Pública

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las Cámaras Empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

• Relativo a la problemática que existe en los Centros Penitenciarios del país.

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca, a reforzar la seguridad pública desde el ámbito civil, mediante un plan de contingencia ante el incremento de la violencia y atienda los casos de homicidio doloso.

• Por relativo a la capacitación del personal del Sistema Penitenciario.

• Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en coordinación con la Policía Federal, establezcan y difundan protocolos de actuación ante el extravío de personas menores de edad o incapaces de valerse por sí mismas, en los aeropuertos del país.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que, a través de la Policía Federal, incrementen las acciones de prevención y combate a la delincuencia en las carreteras del país, particularmente el tramo carretero que comprende La Esperanza-Córdoba en el estado de Veracruz.

n) De Atención a Grupos Vulnerables por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las personas sordas.

o) De Transportes:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la Norma Oficial Mexicana que detalle las especificaciones técnicas para la construcción de pasos de fauna en caminos y carreteras federales.

• Para exhortar al Gobierno del estado de Veracruz, a retirar inmediatamente la caseta de peaje denominada puente Coatzacoalcos uno, ubicada en el kilómetro dos más cien de la carretera federal número ciento ochenta Matamoros-Puerto Juárez, en el Municipio de Coatzacoalcos.

No habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se da cuenta con oficio del diputado Armando Soto Espino, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita licencia para separarse de sus actividades como diputado federal electo por el Trigésimo Primer Distrito en el Estado de México, a partir del nueve al veintitrés de abril de del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul realiza diversos comentarios la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia instruye se inserten íntegramente sus expresiones en el Diario de los Debates.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma los artículos cuatrocientos veinticuatro, cuatrocientos veinticuatro bis, y cuatrocientos veinticuatro ter, del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que reforma el artículo cuarto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos cincuenta y cuatro, y sesenta y dos de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, que reforma el artículo doce de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos ciento ochenta y nueve del Código Penal Federal, y cuarenta y cinco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, para dictamen.

• Carlos Alberto de la Fuente Flores y Ricardo David García Portilla, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y nueve-B del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a sus equivalentes en las entidades federativas, para que incorporen el estudio del genocidio, los crímenes de odio y de lesa humanidad, en los planes y programas de estudio, con el propósito de fortalecer los contenidos referentes al respeto a los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jaime Mauricio Rojas Silva, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al reforzamiento de medidas contra la violencia de género en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Alerta de Género, para opinión.

• Sergio René Cancino Barffuson, de Morena, relativo a actos de transfobia y detenciones arbitrarias contra la población transexual y en particular la comunidad LGBTTI en Torreón, Coahuila, y a la revisión de sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes que permitan el pleno y libre ejercicio de la identidad de género a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

• María Ávila Serna, y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno de la Ciudad de México, y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a redoblar los esfuerzos para la protección y reproducción del Ajolote y efectúen estrategias y proyectos para la conservación del Patrimonio Cultural de la Humanidad en Xochimilco. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas autoridades, en relación con el proyecto inmobiliario en la calle Tetongo, Santa Úrsula, Delegación Coyoacán, a fin de proteger, conservar y en su caso reubicar los especímenes de flora y fauna que habitan en dicho predio. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a instrumentar campañas informativas referentes al desabasto de vacunas, así como de las fechas probables de provisión. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Juan Luis de Anda Mata, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda antes de que concluyan las cosechas del presente ciclo agrícola de maíz, todos los pendientes de pago por apoyos a la comercialización de los últimos dos ciclos agrícolas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la protección de áreas naturales en la zona del área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Salvador García González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a garantizar el libre tránsito y la seguridad de los migrantes que se trasladan a la frontera norte del país en la caravana denominada “Viacrucis del Migrante”. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades educativas y electorales federales y locales, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, intensifiquen la oferta de capacitación, formación y difusión de herramientas tecnológicas para el acceso seguro y pertinente de información veraz, contenida en las diversas redes sociales, y medios electrónicos y/o digitales. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.

• José Hugo Ángel Olvera, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a continuar con la investigación sobre la posible comisión de diversos delitos en la creación y capitalización de la Unión de Crédito Progreso y del Banco Progreso de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a declarar “tecnologías esenciales para el desarrollo futuro de México” a la óptica y la fotónica, así como a instruir a la Secretaría de Educación Pública, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, a adherirse a la iniciativa mexicana de fotónica y adoptar las recomendaciones planteadas en el documento “Hacia un México más brillante. Mapa de ruta de óptica y fotónica” en los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

La Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos, y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día jueves doce de abril de dos mil dieciocho, a las once horas.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que están por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Continúe la Secretaría con comunicaciones.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral, 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la siguiente iniciativa presentada y turnada a comisiones:

• Fecha: 2018-febrero-13

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 65 y 68 de la Ley General de Educación y 132 de la Ley Federal del Trabajo, para que los padres de familia puedan participar activamente en la formación escolar de sus hijos, sin que ello interfiera con el cumplimiento de su jornada laboral y termine afectando su economía. Presentada por integrantes del GPPVEM.

Turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Trabajo y Previsión Social.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suaréz (rúbrica), Coordinador del GPPVEM.»

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, se dirige a usted de manera muy respetuosa a efecto solicitar el retiro de la iniciativa siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XVI al artículo 2, recorriéndose las demás en el orden subsecuente; se reforma el artículo 3; y se adiciona un artículo 3 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La cual presenté ante el pleno el día 13 de marzo del presente año.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente solicitud al tiempo que me suscribo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2018.— Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-2901 signado por la diputada Martha Hilda González Calderón, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-409/2018 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como dé su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se exhorta a esa dependencia para que a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), analice la viabilidad de elaborar un atlas nacional de abejas y derivados apícolas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretarío de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, Coordinador General de la Oficina del secretario, referente al atento oficio número SELAP/ 300/ 3866/ 17 de fecha 19 de diciembre de 2017, signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017, anexo al presente me permito enviar la respuesta que nos hizo llegar, la Dirección de Análisis Estratégico del SIAP, mediante oficio número G00.04.-0010/ 2018 de fecha 23 de marzo de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.

En respuesta a su oficio 112.02.352/ 2018, mediante el cual solicita comentarios al punto de acuerdo signado por la diputada Martha Hilda González Calderón, que a continuación transcribo: “ Único. La Cámara de Diputados, en el ámbito de colaboración entre los Poderes exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el ámbito de sus atribuciones y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), analicen la viabilidad de elaborar un atlas nacional de abejas y derivados apícolas”, le comunico lo siguiente: el SIAP conforme a la Ley de Desarrollo Sustentable, su respectivo Reglamento y el Reglamento Interior del SIAP, cuenta con las atribuciones para llevar a cabo un proyecto como lo es el atlas nacional de abejas y derivados apícolas. Dispone de la experiencia técnica y herramientas de vanguardia (imágenes satelitales diarias de alta resolución) para elaborar este tipo de documentos, tal cual lo constata la quinta edición del Atlas Agroalimentario que en 2017 publicó en español e inglés, el cual se encuentra disponible para su descarga en dispositivos móviles en la siguiente liga http://nube.siap.aob.mxlaobmx publicaciones siap/. No obstante este producto requiere de recursos adicionales por lo que en razón de su disponibilidad nos comprometemos a desarrollar este proyecto con la calidad y oportunidad que se requiera.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018.— Licenciado Jorge Gustavo Tenorio Sandoval (rúbrica), director.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-2899, signado por la diputada Martha Hilda González Calderón, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/JDR/1.3.-144/2018, suscrito por la maestra Jéssica Duque Roquero, directora general de Vinculación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a ejercer la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos diversos a la iniciativa, privada para que sean ellas las que instalen el mayor número de electrolineras posibles, a efecto de que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretarío de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SELAP/300/3891/17, de 19 de diciembre de 2017, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017, cuyo resolutivo cito:

Único. La Cámara de Diputados exhorta con absoluto respeto a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en atención a sus competencias, así como a las respectivas dependencias en las entidades federativas, para que se ejerza la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos diversos a la iniciativa privada para que sean ellas las que instalen el mayor número de electrolineras posibles, a efecto de que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos autos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; de los llamados autos “verdes” o “ecológicos”, para contribuir eficazmente desde luego en el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y los seres vivos, así como en el desarrollo de la industria automotriz sobre este rubro.

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envío la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de Desarrollo Carretero, adscrita a la Subsecretaría de Infraestructura de esta dependencia, mediante oficio 3.4.3.-1135, de 26 de marzo de 2018, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.— Maestra Jéssica Duque Roquero (rúbrica), directora general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestra Jéssica Duque Roquero, directora general de Vinculación de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/300/3891/17, de fecha 19 de diciembre de 2017, dirigido al ciudadano secretario de Comunicaciones y Transportes por el ciudadano subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite el siguiente punto de acuerdo, aprobado por el honorable Congreso de la Unión:

Único. La Cámara de Diputados exhorta con absoluto respeto a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en atención a sus competencias, así como a las respectivas dependencias en las entidades federativas, para que se ejerza la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos diversos a la iniciativa privada para que sean ellas las que instalen el mayor número de electrolineras posibles, a efecto de que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos autos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; de los llamados autos “verdes” o “ecológicos”, para contribuir eficazmente desde luego en el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y los seres vivos, así como en el desarrollo de la industria automotriz sobre este rubro.

Al respecto, para dar atención a dicho punto de acuerdo se comunica lo siguiente:

A la fecha se han registrado avances en la instalación de electrolineras en el país, con énfasis en su ubicación en zonas urbanas, ante lo reducido del parque vehicular existente de autos eléctricos e híbridos, derivado sobre todo de sus costos de adquisición: sólo 8,260 vehículos comercializados en 2016 y 9,177 vendidos entre enero y noviembre de 2017, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Dichos vehículos se concentran en más del 70% en la Ciudad de México, Estado de México y en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey.

En 2017, la Secretaría de Energía y la CFE programaron destinar 25 millones de pesos para la instalación de 100 electrolineras públicas, gratuitas para la recarga de autos eléctricos e híbridos a instalar en el área Metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para en ese mismo año llegar a 1,000 electrolineras públicas instaladas en el país.

Asimismo. la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo promueve la instalación de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio, programando su ubicación a cada 40 o 50 kilómetros en los corredores carreteros Monterrey-Tampico y Tampico-San Luis Potosí.

Con base en dichos antecedentes y en las atribuciones de esta Dirección General de Desarrollo Carretero, se pedirá a los concesionarios de las autopistas federales analicen la viabilidad de instalar electrolineras en los paradores existentes de servicios al usuario establecidos en los títulos de concesión, considerando la demanda potencial de recarga de los vehículos eléctricos o híbridos que circulen en los tramos carreteros de cuota, en los que se prevea mayor requerimiento del servicio, con énfasis en los ejes carreteros principales del país.

Sin otro Particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México. a 26 de marzo de 2018.— Ingeniero Roberto Magallanes González (rúbrica), director general adjunto.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-7-2709, signado por el diputado Arturo Santana Alfaro, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 112.02.- 410/ 2018, suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a garantizar la representación de los pequeños productores en los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable, con objeto de cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretarío de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del secretario, referente al atento oficio número SELAP/ 300/ 3136/ 17, de fecha 30 de octubre de 2017, signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017, anexas al presente me permito enviar las respuestas que nos hicieron llegar la Subdirección de Seguimiento al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable de la Dirección General Adjunta de Concertación de la Coordinación General de Enlace Sectorial, mediante el oficio número 112.01.02.03-2017/11, de fecha 6 de diciembre de 2017; y la Dirección General de Adjunta de Control Operativo de la Coordinación General de Delegaciones, con el oficio número 113.01.- 0350/ 2018, de fecha 26 de marzo de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Para: César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.

Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la oficina del secretario.

Referencias documento

Turnado por Blanca Patricia Becerra Rodríguez, directora de Control de Gestión, oficina del secretario.

Fecha documento: 20 de octubre de 2017.

Entidad: Dirección de Control de Gestión de la oficina del secretario.

Fecha de recepción: 7 de noviembre de 2017, 12:56:30 horas.

Estatus: Turnado.

Fecha compromiso: 21 de noviembre de 2017, 12:56:30 horas.

Identificador del documento: Turno/00003/2017.

Tipo de documento: Turno.

Asunto: Remite punto de acuerdo (Ley de Desarrollo Rural Sustentable).

Instrucciones

Instrucción: Para los efectos procedentes.

Recibido por César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso, Dirección General Adjunta de Enlace con el Congreso.

Fecha compromiso: 13 de noviembre de 2017.

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

Me refiero a sus oficios números 112.02- 1246/ 2017 y 112.02.- 1332/ 2017, donde solicita a esta subdirección comentarios respecto al punto de acuerdo signado por el diputado Arturo Santana Alfaro, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, referente al exhorto realizado a esta secretaría con relación a garantizar la representación de los pequeños productores en los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable, al respecto me permito comentarle lo siguiente:

Con arreglo al artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, respecto al carácter incluyente y representativo del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, me permito informarle que en este órgano se han rea-lizado acciones que permiten la participación de las organizaciones que intervienen en el desarrollo rural, de forma incluyente y asegurando su representatividad a través de los Lineamientos para la Acreditación y Permanencia de Integrantes del Consejo Mexicano realizados por miembros consejeros pertenecientes a organizaciones sociales, económicas y productivas, representantes de pequeños productores.

Estas acciones refuerzan la solicitud objeto del exhorto, que de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable refiere la integración de los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable de forma homóloga a la integración que guarda el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, permitiendo que los avances del segundo en materia de inclusión y representatividad sirvan de base para fortalecer la integración de los primeros.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2017.— Licenciado Iván Dranath Laffitte Montalvo (rúbrica), subdirector de Seguimiento al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

En atención del oficio número 112.02.- 1244/ 2017, de fecha 10 de noviembre de 2017, donde se hace referencia al similar SELAP /300/ 3136/ 17, de fecha 30 de octubre de 2017, signado por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, envía punto de acuerdo aprobado el 26 de octubre de 2017.

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los estados y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la representación de los pequeños productores en los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable, con objeto de cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anterior, la Coordinación General de Delegaciones informa a usted que, con arreglo al artículo 11, fracción III, del Reglamento de la Ley Desarrollo Rural Sustentable en materia de Organismos, instancia de representación, sistemas y servicios especializados. (En el caso de los consejos estatales, en el gobernador del estado o en el jefe del gobierno del Distrito Federal; en el representante de la secretaría en la entidad correspondiente o en el funcionario que al efecto designe el gobierno del estado o del Distrito Federal.) No se tienen atribuciones para el tema en comento.

Sin otro particular, sirva la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018.— Licenciado José Francisco de la Peña de la Peña (rúbrica), director general adjunto de Control Operativo.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite a la Comisión de Desarrollo Rural, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-3009 signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113. 2018. DGVP. 177 suscrito por el licenciado édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar incentivando los apoyos de producción, regulación, publicidad y de competencia económica de la industria lechera y. de los lácteos en México; así como velar por el mejoramiento de todos los sectores de la economía mexicana, incluida la industria lechera en el marco de las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretarío de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SELAP/ 300/ 173/ 18 de fecha 18 de enero mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cuyos resolutivos se transcriben a continuación:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el ámbito de sus facultades, continúen incentivando los apoyos de producción, regulación, publicidad y de competencia económica de la industria lechera y de los lácteos en México.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a que, en el ámbito de las posibilidades sobre el panorama de las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2018, velen por el mejoramiento de todos los sectores de la economía mexicana, incluida la industria lechera.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Cámara Nacional de Industriales de la leche a que, en el ámbito de las posibilidades de los calendarios de las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2018, coadyuve esfuerzos con las autoridades públicas nacionales involucradas, para velar por los intereses de la industria lechera mexicana.

Al respecto la Secretaria de Economía (SE) informa lo siguiente:

En materia de apoyos: Para el gobierno federal el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, son pilares para el progreso económico y social sostenible, en este contexto, a fin de democratizar la productividad, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se establece como línea de acción “incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo en centros de investigación y empresas, particularmente en la creación y expansión de empresas de alta tecnología”. En el caso específico del sector agroalimentario, se establece como línea de acción, orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que aplicadas a dicho sector permitan elevar su productividad y competitividad.

Por su parte, a fin de desarrollar una política de fomento industrial y de innovación, en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (Prodeinn) se establecen como líneas de acción: propiciar la innovación y su aplicación en las empresas para escalar la producción hacia bienes de mayor valor agregado; impulsar el desarrollo tecnológico mediante el mejoramiento de los incentivos para la inversión en investigación, desarrollo y gestión tecnológica; e, impulsar la creación, atracción y fortalecimiento de centros de ingeniería, diseño, investigación, desarrollo, servicios, capacitación, innovación e impacto transversal.

En este marco, el gobierno federal fomenta y apoya la innovación y el desarrollo a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), que tiene como objetivo incentivar la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional.

Asimismo, la SE, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), otorga apoyos para fomentar la innovación y el desarrollo de nuevos productos y/o procesos; por otra parte, a través del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) se otorgan apoyos a rubros de capacitación y certificación de capital humano y certificación de procesos productivos y productos con la finalidad de que la industria incremente su competitividad y productividad, y, mediante el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) y la Innovación, otorga apoyos o financiamiento a empresas pertenecientes al sector de alimentos y bebidas para la adopción y apropiación de tecnologías de la información y la innovación que les permita incrementar su productividad.

En materia de regulación y publicidad: Esta SE con la participación de las organizaciones de productores e industriales, instituciones de educación e investigación superior, SAGARPA, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)y del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, integró los correspondientes grupos de trabajo con el propósito de elaborar los siguientes proyectos de normas oficiales mexicanas que actualmente se encuentran en proceso de consulta pública y que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en las fechas que se indican:

1. PROY-NOM-181-SCFI/SAGARPA-201.7, que establece la denominación, especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas e información comercial que debe cumplir el yogurt, así como los métodos de prueba. (DOF 01-02-2018)

2. PROY-NOM-222-SCFI/SAGARPA-2017, que determina las características de la leche en polvo o deshidratada que se comercializa como materia prima dentro del territorio nacional, con sus especificaciones fisicoquímicas, información comercial y ~étodos de prueba. (DOF 01-02­2018)

3. PROY-NOM-223-SCFI/SAGARPA-2017, denominaciones y especificaciones fisicoquímicas de queso, así como métodos de prueba. (DOF 19-02-2018).

Con dichos proyectos de NOM, se da atención al planteamiento de diversos sectores de la cadena productiva para contar con un marco normativo actualizado que brinde certeza a los productores a la industria y a los consumidores. Adicionalmente, se da continuidad y complementa el marco normativo que se ha venido actualizando o elaborando de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Por mencionar algunos ejemplos:

1. NOM-193-SCFI-2014, “Crema-denominaciones, especificaciones, información comercial y métodos de prueba.” (DOF 05-01-2015)

2. NOM-155-SCFI-2012 “Leche-denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”. (DOF 03-05-2012)

3. NOM-183-SCFI-2012, “Producto lácteo y producto lácteo combinado-denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”. (DOF 03-05-2012)

4. NOM-190-SCFI-2012 “Mezcla de leche con grasa vegetal denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”. (DOF 03-05-2012)

En materia de competencia: El 17 de enero de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó el Aviso mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica informa del inicio de la investigación por oficio identificada con el número de expediente 10-003-2016 por la posible realización de una concentración ilícita en el mercado de la producción de leche cruda, así como la producción, distribución y comercialización de leche sometida a un proceso de pasteurización y sus derivados en territorio nacional”.

Recientemente se publicó en el DOF el inicio de una investigación para el caso específico de Chihuahua (Extracto del Acuerdo por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación, identificada bajo el número de expediente IEBC-002-2017, en el mercado de la producción, distribución y o comercialización de leche bronca de bovino para uso industrial con origen y o destino en el estado de Chihuahua, con el fin de determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia que puedan generar efectos an:ticompetitivos. DO F 08-11-2017).

En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); la SE, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, tiene implementados los mecanismos de consulta y estrecha coordinación con la industria nacional, incluyendo la industria lechera, de manera que el proceso de negociación cuente con la retroalimentación permanente de dicha industria.

De igual manera la SE informa que a través de la Dirección General de Normas, ha establecido como prioridad una normalización que atienda las necesidades del sector lechero, lo interior con la finalidad de garantizar que los productos derivados de leche cumplan con las especificaciones requeridas para su comercialización.

Para atender el punto anterior, se han elaborado los siguientes proyectos de normas oficiales mexicanas, los cuales se encuentran en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su consulta pública:

i. PROY-NOM-222-SCFI/ SAGARPA-2017 “Leche en polvo o deshidratada, Materia prima-especificaciones, información comercial y métodos de prueba”, este proyecto de norma tiene como finalidad establecer las especificaciones fisicoquímicas que deberá cumplir el producto que ostente esta denominación, en la norma se establecen parámetros que brindan mayor información a los usuarios del producto.

ii. PROY-NOM-223-SCFI/SAGARPA-2017 “Queso-Denominación, especificaciones, información comercial y métodos de prueba”, este proyecto de norma tiene como finalidad establecer las especificaciones fisicoquímicas que debe cumplir el queso para poder ostentar dicha denominación para su posterior comercialización en territorio nacional, en el proyecto se prevé que para ostentar la denominación “queso”, debe ser elaborado con leche.

iii. PROY-NOM-181-SCFI/SAGARPA-2017 “Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba”, este Proyecto de Norma tiene como finalidad establecer las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas que deberá cumplir el yogurt para su posterior comercialización en territorio nacional, asimismo, se considera elevar el contenido de proteína láctea en el producto.

Cabe mencionar que, para la elaboración de los proyectos de normas anteriormente mencionados, se ha trabajado desde 2015, para contar con los comentarios, posicionamientos y consensos entre los actores interesados.

Una vez que concluya el periodo de consulta pública para los tres proyectos de normas referidos anteriormente, la Dirección General de Normas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, darán respuesta a los comentarios vertidos por los particulares, de los cuáles se dará respuesta a cada uno de ellos, se harán las modificaciones necesarias y en su caso se justificará la no inclusión de los comentarios que en su caso apliquen.

Concluido el proceso de respuesta a los comentarios vertidos en consulta pública, el CCONNSE sesionará para aprobar la respuesta a comentarios y las Normas Oficiales Mexicanas como definitivas a través de su publicación en el DOF, y las cuales entrarán en vigor de la siguiente manera: para los Proyectos de Normas identificados con los numerales (i) y (ii) 365 días naturales después de su publicación, y para el numeral (iii) 180 días naturales después de su publicación.

Una vez publicadas las normas oficiales mexicanas como definitivas en el DOF y su entrada en vigor, contribuirán a mejorar los productos derivados de leche que se comercializan en territorio nacional.

Adicionalmente, la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la eficiencia de los mercados, está realizando un estudio con la metodología establecida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para la realización de exámenes de mercado del sector lechero y sus condiciones de competencia.

El estudio de referencia tiene como propósito identificar las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados que componen la cadena de valor de la leche y proponer políticas públicas para mejorar su eficiencia. Una vez que el estudio esté concluido se realizarán las acciones correspondientes para su difusión y, en su caso, implementación.

También es preciso mencionar que desde principios del 2017, esta SE inició el proceso de consultas públicas referentes a las negociaciones para modernizar el TLCAN a través de reuniones presenciales, comunicados, foros y otros medios de comunicación. Se llevaron consultas con el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), organizaciones campesinas, productores agropecuarios (incluido el sector lácteo), instituciones educativas, representantes del sector cultural, entre otros, para recabar su opinión sobre el proceso de negociación para la modernización del tratado en comento.

Desde entonces, y durante todo el proceso de negociación llevado a cabo hasta la fecha; esta SE ha mantenido contacto permanente con todo el sector productivo nacional, a través de los medios antes señalados, incluyendo el “cuarto de junto”, informando y consultando temas relacionados con la modernización del TLCAN. Durante las 7 rondas de negociación que se han tenido hasta el momento, esta secretaría ha conducido su actuar en beneficio del sector productivo nacional, incluyendo al sector lácteo, tomando en consideración sus intereses particulares y los intereses generales de nuestro país.

Finalmente, para concluir se hace mención de que esta SE continuará la negociación de la modernización del TLCAN salvaguardando los intereses de todos los sectores productivos nacionales, incluyendo’ el sector lácteo.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 49 del Reglamento Interior .de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento del honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-3061, signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 113.2018.DGVP.178, suscrito por el licenciado édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar acciones tendientes a impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como implementar acciones para desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen, mediante el uso de la difusión del eslogan #valemásdeloquecuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretarío de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/300/318/18, de fecha 25 de enero, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cuyo resolutivo se transcribe a continuación:

Único. La Comisión Permanente hace un atento y respetuoso exhorto a las Secretarías de Turismo, de Cultura, y de Economía del gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, para que, en cumplimiento a sus atribuciones legales y de acuerdo a su capacidad presupuestal, realicen acciones tendientes a impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como implementen acciones para desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen, mediante el uso de la difusión del eslogan #valemásdeloquecuesta.

Al respecto esta Secretaria de Economía (SE) informa lo siguiente:

Esta SE, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario ya la Mujer Rural (Pronafim), en cumplimiento a sus funciones y con apego a sus Reglas de Operación, otorga servicios de microfinanzas con mejores condiciones a los y las microempresarias, promoviendo la creación de unidades económicas y el incremento de la productividad de las ya existentes, a través de instituciones de microfinanciamiento acreditadas y organizaciones incorporadas.

Lo anterior se realiza mediante las siguientes líneas de acción:

1. El otorgamiento de líneas de crédito a instituciones de microfinanciamiento acreditadas al Programa, cuyos recursos son destinados únicamente para las actividades productivas de los y las microempresarias y sus unidades económicas, siendo gran parte de esta población, artesanos y artesanas de distintas regiones de nuestro país.

2. Incubación de actividades productivas, y;

3. Capacitaciones con temáticas financieras y empresariales.

Cabe destacar, que dentro de las diversas actividades realizadas por el Pronafim en el ejercicio pasado, se llevó a cabo la primera edición de la “Feria Pronafim”, evento diseñado especialmente para que más de 300 microempresarias y microempresarios identificados como casos de éxito del programa tuvieran acceso a mayores canales de venta, experiencias y aprendizaje, además de difundir sus productos, al tiempo que brindó a la población en general la oportunidad de conocer estas historias y acceder a herramientas para desarrollar sus propios negocios.

Durante los días del evento, se contó con la asistencia de más de 16,300 personas y se lograron ventas superiores a los 3.2 millones de pesos, contando con la participación de 18 entidades federativas del país, tales como Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Adicionalmente, la Feria Pronafim sirvió como plataforma para difundir el Movimiento Consume Campeche y con ello promover el consumo local e incentivar la integración de microempresarios campechanos.

En virtud de lo anterior, el Pronafim ha llevado a cabo acciones que van encaminadas a cumplir los objetivos a que hace referencia el Punto de Acuerdo; destacando que en el presente ejercicio el programa continuará llevando a cabo los esfuerzos que sean necesarios para apoyar al sector artesanal, en estricto apego a sus reglas de operación.

De igual manera esta SE a través de ProMéxico puede incluir en la sección de estilo de vida de cada edición de la revista Negocios ProMéxico, un artículo sobre alguna técnica artes anal característica de México o alguna región específica del país que destaque por su producción artesanal. Así como publicar 2 veces al mes en redes sociales mensajes relacionados con las artesanías mexicanas, su valor como piezas de arte popular y su importancia como parte de la imagen e identidad de México en el mundo. En ambos casos, se podrá utilizar el slogan propuesto #Valemásdeloquecuesta.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Linea-mientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento del honorable Congreso de la Unión, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua.

Diputada María Ávila Serna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En respuesta a su oficio número DGPL 63-II-5-3299, de fecha 14 de diciembre de 2017, en donde comunica al licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, el punto de acuerdo aprobado a través del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que se exhorta a la Sagarpa a prohibir la práctica de quemas de los ecosistemas de pastizal alpino y páramos de altura, mismo que quedó registrado en el expediente 8020, al respecto me permito informarle que en nuestro estado no contarnos con este tipo de ecosistemas, los cuales son propios de alturas de más de 4 mil metros sobre el nivel del mar (msnm), condición que no ocurre en la entidad en donde la mayor altitud se da en el Cerro del Mohinora que está ubicado a 3,300 msnm.

En cuanto a las quemas controladas, me permito informarle que son actividades realizadas previas a las temporadas de incendios, y su propósito es eliminar el exceso de vegetación seca (pastos y arbustos), dado que en la temporada alta de este tipo de siniestros nos pudieran provocar grandes desastres ecológicos por el exceso de combustible disponible, durante este trabajo se cuida precisamente no afectar el suelo vegetal y mineral, con el propósito de que no pierda su productividad.

Cabe añadir que, en algunas áreas agrícolas del estado, se efectúan quemas agrícolas para preparar la tierra al siguiente cultivo, sin embargo, son cada vez menos las personas que realizan esta actividad, precisamente por la difusión que realizamos para evitarlas.

Por otro lado, me permito informarle que existen factores ambientales que provocan la presencia de incendios forestales en Chihuahua, entre las que se encuentran las altas temperaturas, derivadas del cambio climático, las extensas sequías que se presentan en nuestra entidad y, por ende, la escasa presencia de lluvias.

Sin embargo, en nuestro caso, y como es de su conocimiento en Chihuahua existe una excelente coordinación entre las dependencias que atienden el sector agropecuario y forestal para impartir cursos sobre el uso y manejo del fuego (NOM 015), así como la prevención, detección y combate de incendios forestales, lo que ha provocado que, aunque somos la entidad con mayor superficie de bosque, nuestros recursos forestales han sigo salvaguardados de estos siniestros. Cabe resaltar que a estas acciones se han sumado tradicionalmente efectivos de la Sedena a través de sus zonas militares.

Asimismo, durante el mes de enero de cada año, se activa el Comité Estatal de Incendios Forestales, integrado por dependencias del gobierno federal, estatal, asociaciones de productores forestales y organizaciones de la sociedad civil. Éste coordina todas las acciones para evitar que cada incendio que se presente, se convierta en una catástrofe.

Aprovecho para comentarle que, durante esta administración, a fin de prevenir grandes desastres ecológicos, nos hemos dado a la tarea de agregar a la coordinación de la prevención y detección temprana de incendios a la Unión Ganadera y a una mayor cantidad de municipios, en los que estamos conformando los Comités de Combate de Incendios.

Finalmente informo a usted que por parte del Ejecutivo estatal estaremos atentos a dar seguimiento al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, y esperando el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa Legislatura, aprovecho la oportunidad para remitirle mis consideraciones y respetos.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de enero de 2018.— Ingeniero Rubén Chávez Villagrán (rúbrica), Secretario de Desarrollo Rural.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el acuerdo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación con su mesa directiva.

Para conocimiento preciso del referido acuerdo, adjunto copia del mismo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Acuerdo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación con su Mesa Directiva.

Los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General y

Considerando

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 62 establece que la Mesa Directiva del senado se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios; y

Que la importancia de los trabajos de la Cámara de Senadores hace necesaria una participación corresponsable y equilibrada entre los representantes de los diversos grupos parlamentarios en la integración de los órganos de la Cámara, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se designa Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, a partir del 5 de abril de 2018, al Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, en sustitución de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de abril de 2018.— Mesa Directiva: Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), Presidente; senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta; senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senador David Monreal Ávila (rúbrica), vicepresidente; senador Adolfo Romero Lainas (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria; senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria; senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretario; senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De enterado.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

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La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.

REINCORPORACIÓN DE DIPUTADOS

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para comunicarle mi reincorporación al cargo que he venido desempeñando como diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con efectos a partir del 11 de abril de 2018.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente, quedo de usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito informar a usted la reincorporación al ejercicio de mi cargo como diputada federal, el miércoles 11 de abril del presente año.

Solicito de la manera más atenta conceda el trámite correspondiente ante el pleno de este cuerpo legislativo.

Sin otro particular, me despido reiterándole mi amistad, aprecio y consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2018.— Diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

El que suscribe Pedro Luis Noble Monterrubio, diputado federal propietario por el 03 distrito electoral del estado de Hidalgo, por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito mi incorporación al ejercicio del cargo antes mencionado al cual solicite licencia.

Sin otro particular, agradezco la atención al mismo y le reitero mi consideración y alto afecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 12 de 2018.— Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De enterado. Comuníquese.

SOLICITUD DE LICENCIA

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 60 y 12, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de manera indefinida con efectos a partir del 12 de abril del presente año.

Lo anterior, con el objeto que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento correspondiente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 12 de 2018.— Diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Pido, por tanto, a la Secretaría, dar cuenta con el punto de acuerdo correspondiente.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el décimo tercer distrito electoral del estado de Guanajuato, a partir de esta fecha. Llámese al suplente.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobada. Comuníquese.

MINUTAS

DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS”

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 28 de noviembre de cada año, como “Día Nacional de las Personas Sordas”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-III-2P- 257

POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS”.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 28 de noviembre de cada año como el “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS”, con el objeto de sensibilizar y concientizar a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

DECLARA EL 2 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de cada ano como “Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-III-2P-258

POR EL QUE SE DECLARA EL 2 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 2 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se turna a la Comisión de Gobernación para dictaminarse.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-III-2P-259

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Artículo Único. Se reforman los artículos 29 y 30, Y se adiciona un artículo 29 Bis, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 29. Las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, así como las instituciones de defensoría pública, contarán, en todos sus servicios, con formas de asistencia humana, incluida la información en Sistema de escritura Braille, guías, traductores e intérpretes profesionales de Lenguaje de Señas Mexicana o del que sea usuaria y, en general los medios o medidas adecuadas, que permitan a las personas con discapacidad la comunicación, interacción, información y entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones concernientes al proceso. Para ello, las instituciones mencionadas podrán hacer uso de medios tecnológicos y ayudas técnicas que permitan mejorar la prestación de estos servicios.

Las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, independientemente de la calidad con la que participe en un juicio una persona con discapacidad, deberán brindarle la información acerca del procedimiento que va a enfrentar, la función que tendrá dentro del mismo y los recursos disponibles con que cuenta para la defensa de sus intereses, con la finalidad de que el procedimiento y sus alcances sean comprendidos a cabalidad.

A su vez, deberán atender otros factores que puedan dar origen a discriminación múltiple de las personas con discapacidad, generada por su origen étnico, edad, sexo, el género o cualquier otro.

Artículo 29 Bis. Las personas que funjan como juzgadores deberán utilizar un lenguaje accesible, con estructuras gramaticales comprensibles, en todo tipo de notificaciones, requerimientos, actuaciones, comparecencias, así como el uso de formatos de fácil lectura y comprensión para las resoluciones que emitan con motivo del juicio.

De ser necesario, deberán aplicarse medios alternativos de comunicación e información, como dispositivos multimedia, medios de voz digitalizada, o cualquier tipo de ayuda humana o técnica.

Asimismo, procurarán una interacción accesible, idónea y eficaz con las personas con discapacidad.

Artículo 30. Las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, así como las instituciones de defensoría pública y autoridades fiscales, implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, en las que se promueva la eliminación de toda forma de discriminación en el ejercicio de los derechos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-III-2P-260

POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

Artículo Único.- Se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue:

Artículo 152....

A solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para después del mismo.

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, lo cual deberá ser comprobado con los dictámenes expedidos por médicos militares o navales especialistas en servicio activo.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Óscar Román Rosas González, senador de la República por el estado de Campeche a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 163 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso D), fracción I, del artículo 2o. y el artículo 2o.- A, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante más de siete décadas la oferta de producción de petrolíferos como son las gasolinas y diésel, se determinaron a través de precios controlados por el gobierno bajo esquemas no competitivos, puesto que el inminente monopolio de hidrocarburos y sus derivados obedecían a una lógica de proteccionismo y beneficio social.

Hoy en día las condiciones han cambiado, los países necesitan ser más competitivos y tener economías de mercado eficientes que oferten bienes y servicios con esquemas lo suficientemente abiertos y flexibles para que los consumidores, tanto internos como externos, obtengan mejores precios y calidad en sus productos.

La reforma energética abrió la posibilidad de generar competencia en la cadena de refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos. Ahora no solo podrán participar empresas públicas, si no diversos agentes económicos privados que, en conjunto, generarán desarrollo y modernización de nuestro mercado energético y petrolífero.

Bajo el modelo anterior, que perduró hasta el 31 de diciembre de 2015, las gasolinas y diésel que se comercializaban en territorio nacional estaban subsidiadas, esto variaba ya que dependía de los recursos fiscales destinados, el precio del petróleo y las ventas de refinados, pero sin lugar a dudas los recursos públicos eran destinados para determinar el precio final, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 18 de noviembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante el cual se establecieron en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a combustibles automotrices, cuotas fijas por litro, en las cuales se tomó en cuenta para su fijación, un nivel congruente con lo observado hasta agosto de 2015 y la evolución de los futuros de los combustibles prevista para 2016. Esta decisión surge a partir de este cambio sustancial que ha impactado las condiciones del mercado interno e internacional del petróleo a finales de 2015. Para 2017 se consideró necesario mantener el estímulo fiscal actualizado a efecto de reflejar los movimientos de tipo de cambio monetario y de los precios del petróleo, así como establecer una relación más adecuada entre los precios relativos de los tipos de gasolinas.

A partir de enero de 2017, se implementó la flexibilización del mercado de combustibles, buscando reflejar las condiciones internacionales de los mismos en el país, considerando de un precio fijo máximo según la región geográfica y costos logísticos.

La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en México inició el 30 de marzo del 2017, los precios de los combustibles se fueron liberalizando de manera gradual. La flexibilización del mercado contribuirá a transitar de una industria monopólica a un mercado competitivo, propiciar condiciones de eficiencia en la industria y para Pemex, detonar inversión en infraestructura de petrolíferos (actualmente, estimada en 18.2 mil millones de dólares) y creación de empleos; garantizar el suministro y fortalecer la seguridad energética de México, así como proteger al consumidor en un contexto de apertura.

En este nuevo panorama, los precios finales de la gasolina ya no serán por decisiones administrativas o fiscales, el precio es considerado por los costos de la cadena productiva: el precio internacional del petróleo, el transporte, almacenamiento, margen comercial, el costo de la refinación, el tipo de cambio del peso mexicano respecto del dólar americano, así como el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios.

De manera esquemática se presenta el costo de las gasolinas antes de los precios administrados por el gobierno y el esquema de libre mercado.

Como se puede apreciar, el impacto más fuerte sobre el precio de las gasolinas son los impuestos, puesto que estos representan cerca del 30 por ciento del costo final que pagan los consumidores por este tipo de energéticos.

Si bien existen tres tipos de impuestos a las gasolinas: 1) a combustibles automotores; 2) a combustibles fósiles y 3) a las gasolinas que se expenden en territorio nacional, el primer tipo de impuesto es el más gravoso e injusto para los consumidores, puesto que ya se pagan otro tipo de tasas por el mismo producto consumido.

El artículo 2, fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios así lo clarifica:

D) Combustibles automotrices:

l. Combustibles fósiles/Cuota/Unidad de medida

a) Gasolina menor a 92 octanos/4.59/pesos por litro

b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos/3.88/pesos por litro

e) Diésel/5.04/pesos por litro

2 Combustibles no fósiles/3.88/pesos por litro

Si se derogara el inciso anterior, tendría un impacto muy positivo en el precio final que paga el consumidor, puesto que si tomamos los precios actuales de las gasolinas y diésel, los precios quedarían de la siguiente manera:

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto derogar las disposiciones legales que encarecen el consumo de gasolinas y que tienen un impacto directo en la población general y en los diversos medios de transporte automotriz en el país.

Se deroga el inciso D), numeral primero, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para reducir 4.59 pesos el precio de la gasolina menor a 92 octanos (magna); 3.88 pesos el precio de la gasolina mayor a 92 octanos (Premium); y 5.04 pesos el precio del diésel, por litro, respectivamente.

De la misma manera se deroga el numeral segundo del mismo inciso, para suprimir el impuesto injusto a los combustibles no fósiles, ya que estos son una alternativa energética para el país. Con ello, el precio de los combustibles automotrices no fósiles, producto de energías renovables, sería menor en 3.88 pesos por litro.

Finalmente, se deroga el artículo 2o.-A para dejar sin efecto las cuotas por enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, con ello los consumidores finales dejarán de pagar de manera adicional 40 centavos por cada litro de gasolina menor a 92 octanos; 49 centavos por gasolina mayor a 92 octanos y 33.6 centavos por litro de diésel

Con estas medidas se estaría beneficiando a miles de familias mexicanas, que al día de hoy, no pueden acceder a los energéticos de manera asequible y de manera suficiente para su vida diaria, adicionalmente se espera beneficiar a las diversas actividades económicas, donde las gasolinas automotores son un insumo indispensable para su actividad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se derogan el inciso D), fracción I, del artículo 2o. y el artículo 2o.- A, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se derogan el inciso D), fracción I, del artículo 2o. y el artículo 2o.- A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) a C) ..

D) (Se deroga)

E) a J)...

II...

III...

Artículo 2o.- A. (Se deroga)

Transitorio

Único. El Presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota­_detalle.php?cod igo=5467667 &fecha=27/12/2016

2 http://www.cre.gob.mx/documento/Fiexibilizaciondemercadosdegasolinasydieselenel centroysurestedelpais.pdf

3 Ley IEPS. Artículo 2. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/78_291217.pdf

Senado de la República, a 3 abril de 2018.— Senador Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INTERVENCIONES DE LEGISLADORES

SOLICITUD DE UN MINUTO DE SILENCIO POR LA MUERTE DEL ESCRITOR SERGIO PITOL

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se han registrado para participar desde su curul los siguientes diputados: el diputado Santiago Taboada Cortina, del Partido de Acción Nacional. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Santiago Taboada Cortina(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para pedirle a esta Cámara, a través de su conducto, un minuto de silencio por la muerte de Sergio Pitol, a los 85 años. Un incansable promotor de nuestro patrimonio y destacadísimo escritor mexicano. Entonces, quisiera pedir un minuto de silencio.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Registramos su solicitud y en su momento resolvemos, muchas gracias. Además de que queda su manifestación en el Diario de los Debates.

PARA REFERIRSE AL DESABASTO DE LOS HOSPITALES DEL SECTOR SALUD DE MICHOACÁN

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Gracias, presidenta. Para hacer del conocimiento del pleno la grave crisis que existe en el estado de Michoacán en torno al desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales estatales del sector Salud.

También el hecho de que el gobierno del estado de Michoacán, con bombo y platillo, anuncia que están al 100 por ciento abastecidos de medicamentos e insumos los hospitales estatales del sector Salud en Michoacán, pero por otra parte hay directores y doctores que ya hasta en los medios de comunicación salieron. Hasta con Denisse Maerker salió donde acusan que existe un desabasto de medicamentos e insumos. Es más, hasta les mandan jeringas recicladas o medicamentos caducos.

En este sentido, yo hago un exhorto respetuoso al gobierno del estado para que inicie una investigación para deslindar responsabilidades y se castigue a los culpables si esto es verdad.

También comentarles que un servidor presentó una solicitud al secretario de Salud del gobierno federal para que nos informara cuánto ha venido apoyando a Michoacán, que es mucho. Y que, si existe un desabasto de medicamentos e insumos, pues que nos vuelva a ayudar. Que el secretario de Salud del gobierno federal vuelva a componerle la plana...

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Concluya, por favor. Su tiempo ha concluido.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Concluyo diciendo: Michoacán, los medicamentos no están en ti. No. Silvano, no. No hay medicamentos en Michoacán. Gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se ha registrado su manifestación en el Diario de los Debates.

EXHORTO AL TITULAR DE LA SEDESOL A QUE HAGA PÚBLICAS LAS ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL PARA EL PROCESO 2018, EN CHIAPAS

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Y hoy toca el turno a la solicitud de la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, desde su curul. Ella es del Partido de la Revolución Democrática y podrá participar hasta por un minuto.

La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán(desde la curul): Gracias presidenta. Para hacer del conocimiento de esta soberanía, que he presentado un punto de acuerdo para exhortar al secretario de la Sedesol, a que haga públicas las acciones de blindaje electoral para el proceso 2018 en Chiapas.

La aplicación de los programas como Prospera, Empleo Temporal, Programa de Adultos Mayores, entre otros, debe ser imparcial. No podemos permitir que los programas sociales sirvan para condicionar el voto de los ciudadanos. El gobierno no puede seguir lucrando con la necesidad de los chiapanecos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.

CONDENA EL ASESINATO DE LA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO DE MÚJICA, NUEVA ITALIA, EN MICHOACÁN, MARIBEL BARAJAS CORTÉS, Y SOLICITA UN MINUTO DE SILENCIO EN SU MEMORIA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El turno también para la diputada Georgina Paola Villalpando Barrios, del Partido Verde Ecologista de México, por un minuto, desde su curul.

La diputada Georgina Paola Villalpando Barrios(desde la curul): Gracias. El día de hoy es para presentar un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para condenar enérgicamente el cobarde asesinato de la candidata a diputada local por el distrito de Mújica, Nueva Italia, en Michoacán, Maribel Barajas Cortés. Mujer ejemplar y preparada. Expresamos nuestra solidaridad a toda su familia y nuestro más sentido pésame.

Asimismo, hacemos un atento llamado a la concordia, a todos los actores políticos y sociales del país, para que el hecho ocurrido no se exprese en guerra sucia, ni campañas de odio, a fin de propiciar un clima de tranquilidad y colaboración que permita a las instituciones del Estado garantizar la paz y la seguridad de los michoacanos. Así también, exhortamos a las autoridades competentes al pronto esclarecimiento de este artero asesinato que le costó la vida a nuestra candidata.

Solicitamos una investigación a fondo y estaremos atentos a los resultados oficiales que arrojen las investigaciones en torno a esta atrocidad. Nos sumamos al grito de todos los ciudadanos que exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos. Creemos que en nuestro país existe más ente que quiere la verdad y la democracia que gente que quiere la violencia.

Condenamos de manera absoluta y repudiamos totalmente este artero crimen que le costó la vida a nuestra candidata. La situación que vive el país a nivel nacional no debe ni puede quedar impune. No permitiremos que la impunidad ofenda a Michoacán y a México.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Le rogamos concluya.

La diputada Georgina Paola Villalpando Barrios (desde la curul): Por lo que hacemos un atento llamado a las autoridades competentes y al gobierno del estado para que implementen las medidas necesarias para dar seguridad y protección a las personas que contienden por algún cargo a elección popular. Pido un minuto de silencio para nuestra candidata.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Su solicitud, junto con la solicitud del diputado Santiago Taboada, se procesará en su oportunidad. Quedaron sus manifestaciones también inscritas en el Diario de los Debates.

PREOCUPACIÓN EXISTENTE POR PARTE DE LOS MECANISMOS DEL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MECANISMOS MUNICIPALES

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De este capítulo de intervenciones desde la curul toca el turno a la diputada Laura Plascencia, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Laura Nereida PlascenciaPacheco(desde la curul): Gracias, presidenta. Para externar la preocupación existente por parte de los mecanismos del adelanto de las mujeres en las 32 entidades federativas y los mecanismos municipales.

El Anexo 13 es un anexo que peleamos desde hace muchos años en esta Cámara y logramos un incremento importante para el 2018, pero vemos con preocupación algunas modificaciones realizadas al Programa S010 de transversalidad en la perspectiva de género, que es un recurso que va dirigido a las instancias municipales y a los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.

Nos preocupa que la modificación se hizo después del cierre de la convocatoria de manera unilateral. Nos preocupa también que precisamente en un año —que es un año electoral— se cambie la ruta de la administración y los recursos públicos de programas dirigidos a las mujeres para el fortalecimiento de los institutos que velan por la igualdad y los derechos de las mujeres en todo el país. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.

DECISIÓN DEL CONGRESO DE NAYARIT DE INICIAR JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El turno es para el diputado Jesús Valencia, de Morena, también desde su curul por un minuto.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Gracias, presidenta, muy buenas tardes. Con su permiso. La reforma constitucional que instauró el sistema nacional anticorrupción y propició la creación de los sistemas estatales anticorrupción, creó instituciones, la articulación entre las mismas, las normas y los procedimientos para detectar, investigar y castigar las actitudes deshonestas de los servidores públicos.

Esta es la base del sistema nacional, así funciona, solamente con funcionarios que sean capaces de enfrentar a los integrantes de los poderes sin la amenaza de su remoción, puede garantizarse que estos cumplan el cometido que tienen asignado. Bajo este supuesto están construidos los sistemas locales de combate a la corrupción.

Sin embargo, el pasado 21 de febrero la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado de Nayarit, al servicio de su gobernador, aprobaron con 18 votos a favor, iniciar juicio político a los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, en contravención a la normatividad local, a la normatividad federal y a las disposiciones locales y federales.

No tiene facultades ni el Congreso del estado ni el gobernador, de establecer un juicio político contra los magistrados, por lo que hago un llamado desde esta tribuna, desde esta Cámara de Diputados, al gobernador y al Congreso del estado para que rectifiquen y no sean suspendidos de sus labores los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se han quedado asentadas sus opiniones en el Diario de los Debates, diputado.

LLAMADO AL GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSÍ PARA QUE REDOBLE ESFUERZOS PARA APOYAR A LOS HABITANTES DELMUNICIPIO DE VENADO, DEVASTADO PORUNA TROMBA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación se ha registrado aquí en la Mesa el diputado José Carlos Camacho Díaz, del Partido de la Revolución Democrática para participar desde su curul, por un minuto.

El diputado José Carlos Camacho Díaz(desde la curul): Sí, diputada, muchas gracias. Con la intención de hacer un llamado urgente al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, con la intención de que redoble esfuerzos para apoyar a nuestros hermanos del municipio de Venado, San Luis Potosí, los cuales han sido devastados por una fuerte tromba de granizo.

Esta tromba ha dejado al municipio de Venado con techos de lámina afectados, con el ganado muerto, con cabezas de ganado afectando también el cultivo y, bueno, en este sentido estamos necesitando el apoyo del gobierno del estado y todos los órganos que sean posibles para llevar agua, productos enlatados, pañales, colchones, botas de trabajo, equipo de trabajo y maquinaria que puedan ayudar a poder resolver la urgente necesidad de este municipio tan afectado por esta tromba. Gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Quedan registrados sus dichos en el Diario de los Debates, diputado.

CONDENA LA REPRESIÓN DE LA QUE HA SIDO VÍCTIMA EL MAGISTERIO TABASQUEÑO EN DÍAS RECIENTES

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Por último, en esta sección intervendrá hasta por un minuto, desde su curul, el diputado Mario David Mex Albornoz, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El diputado Mario David Mex Albornoz(desde la curul): Sí, muchísimas gracias. Tomo la palabra para condenar la represión de la que ha sido víctima en días recientes el magisterio tabasqueño.

Ese ataque contra el magisterio fue llevado a cabo por el gobierno de ese estado de la República, cuando los maestros se estaban manifestando frente al Palacio de Gobierno de Villa Hermosa, exigiendo el pago de varias quincenas atrasadas de su salario y otras prestaciones que se les adeudaban, de manera semejante a lo que ocurre en Yucatán y otros lugares. Los actuales gobiernos no se ocupan por mejorar las condiciones de vida y laborales de las profesoras y los profesores frente a grupo.

Y la solución es el diálogo, no el uso de la fuerza. Y, desde luego, también es parte de la solución la cancelación de la llamada reforma educativa, que como se ha visto, no puede dar resultados si tenemos educadores mal pagados en el país y contra los que se usa la violencia del estado. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Quedan registradas sus opiniones en el Diario de los Debates, diputado.

TOMA DE PROTESTA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se encuentra a las puertas de este recinto, se encuentran los ciudadanos Adrián Maldonado Campanor y Karina Miranda Becerra, para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputados federales.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta a las diputadas y a los diputados: Oscar Cuevas Corona, Christian Alejandro Carrillo Fregoso, María Olivia Picazo Olmos, Julio Saldaña Morán, Tomás Octaviano Félix, Tania Elizabeth Ramos Beltrán y Roberto Guzmán Jacobo para que se sirvan en esta comisión de cortesía, conducir a los nuevos diputados.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, secretaria. Ciudadana y ciudadano, Karina Miranda Becerra y Adrián Maldonado Campanor, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Karina Miranda Becerra y el ciudadano Adrián Maldonado Campanor: Sí protesto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. Pueden tomar asiento.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Iniciamos la ronda de intervenciones para presentar iniciativas, y la primera en hacerlo es la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La diputada María Eloisa Talavera Hernández: Con la venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, medios de comunicación, la educación superior constituye uno de los aspectos fundamentales que coadyuvan a impulsar el desarrollo de cualquier país.

México posee una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de la ciencia, de acuerdo el estudio Panorama de la Educación 2017, de la OCDE. Este estudio nos dice que, en 2015, el 32 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso en la universidad optaron por estudiar en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esto ubica a México entre los primeros seis países miembros de la OCDE en este punto.

Por este contexto, las habilidades y competencias y herramientas que pueden ayudar a mejorar a la población son la ciencia. De acuerdo al British Council, las habilidades y competencias se definen como un grupo de conocimientos, atributos y capacidades que pueden aprenderse y que posibilitan a los individuos a realizar una actividad o tarea de forma más exitosa y consistente.

Según la OCDE, las competencias, destrezas y habilidades se han convertido hoy en un factor clave para lograr el bienestar individual y el éxito económico de una sociedad. En su diagnóstico sobre la estrategia de competencias, destrezas y habilidades en México, la organización identificó desafíos en términos de competencia tales como:

Mejorar el nivel de competencias de los estudiantes de educación obligatoria. Otro de los desafíos que se detectó es el bajo nivel de competencias de la fuerza laboral, ya que las competencias que ofrecen los jóvenes al buscar un empleo no son en ocasiones precisamente las que están buscando los empleadores, situación que la relaciona con el bajo desempeño en términos de productividad a nivel nacional.

Esto también se explicaría no solo porque sea por falta de estudios, sino también porque falta desarrollar habilidades en nuestros jóvenes. Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos en este sentido, el programa especial de ciencia y tecnología e innovación del 2014 al 2018 tiene como objeto hacer del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación pilares para el progreso económico y social. Sin embargo, el programa apenas menciona a las habilidades, mientras que si hablamos de competencias y destrezas básicamente no se menciona nada.

Por eso es importante que en una política pública rectora para la ciencia y la tecnología se considere un apartado específico para este tema, y que sea al menos en su estructura principal la que tenga la finalidad de atender y trabajar el tema del desarrollo de habilidades específicamente con estas áreas de la ciencia.

Nuestro país no cuenta con un marco legal especifico que respalde el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas enfocadas al desarrollo científico e innovación.

Y si bien es cierto que en nuestro país se han implementado políticas para el fortalecimiento y desarrollo de infraestructura y de recursos humanos, es importante complementarlas con adecuaciones al marco normativo, para que se establezca una estrategia en materia de habilidades y competencias que impulse el desarrollo científico y tecnológico de la nación.

Es por ello, que la presente propuesta tiene como objetivo reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer como política nacional el desarrollar e implementar estrategias tendientes a integrar el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas necesarias para impulsar y desa-rrollar la consolidación científica y tecnológica en nuestro país.

De igual forma, en esta iniciativa se propone establecer que las dependencias y las entidades de la administración pública federal que realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como sus centros públicos de investigación y los distintos sectores productivos, implementen programas para el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas que realicen estas actividades, para que con estas tareas se puedan fortalecer las competencias de los jóvenes mexicanos.

El Centro de Análisis para la Investigación e Innovación, AC, organización con la que coadyuvo a la elaboración de la presente iniciativa, se señala que en el estudio de habilidades para la innovación en México y las competencias y las ciencias, que se debe de incluir un conocimiento especializado, capacidad generar para resolver conflictos, habilidades de pensamiento, creatividad y emprendimiento.

En Acción Nacional estamos convencidos que la instrumentación de programas y políticas en favor de la enseñanza, de competencias y habilidades en todos los contextos educativos, formales, así como la capacitación para el trabajo permitirán mejorar los niveles de productividad e impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen.

Queremos saludar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Djérou Robert Ly, embajador de la República de Cóte d'Ivoire, quien realizó una visita de cortesía a la Presidencia de esta Mesa Directiva. Sea usted muy bienvenido a esta Cámara de Diputados junto con sus acompañantes, y hacemos votos porque los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones sean cada vez mayores. Bienvenidos.

LEY GENERAL DE SALUD

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Hugo Ángel Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 159 Bis a la Ley General de Salud.

El diputado José Hugo Ángel Olvera:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, estadísticamente las muertes en México atribuidas a neoplasias malignas son la tercera causa de muerte, y de este conjunto destaca el cáncer de próstata.

En los hombres el total de muertes por cáncer, los tumores malignos de la próstata constituyen la principal causa de muerte. En México ocupa el primer lugar con el 15.4 por ciento del total de las defunciones por cáncer. Sin embargo, es importante señalar que el 80 por ciento de los casos de cáncer en adultos son prevenibles.

En caso del cáncer de próstata se sabe que altos niveles de producción de testosterona están asociados con la mayor probabilidad de desarrollo de cáncer de próstata, por lo que el consumo de sustancias que inducen una mayor producción representa un factor de riesgo previsible.

También el consumo de alimentos con alto contenido de grasas de origen animal puede estar relacionado con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Si bien, el cambio en la dieta no parece estar asociado en edades avanzadas, existe la posibilidad de que un cambio en la dieta tenga mejores efectos en edades tempranas.

Lo que es claro es que factores como la edad, el origen étnico, la herencia genética están mejor asociados al desarrollo del cáncer de próstata.

El riesgo de desarrollar esta neoplasia aumenta con la edad, del mismo modo que existen grupos humanos con mayor predisposición, así como los antecedentes familiares y la presencia de casos de hombres que dentro de la familia lo hayan desarrollado.

Cada año se diagnostican en México cinco mil casos de cáncer testicular, el 80 por ciento del diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad el cáncer de testículo afecta a hombres de entre 15 y 35 años de edad.

Es un cáncer que se extiende al abdomen, a los pulmones, a la columna vertebral y detona siendo muerte por cáncer en diferentes órganos. El 95 por ciento de los casos de este tipo de cáncer pueden ser curables si se detectan a tiempo.

En nuestro país, con base en registros históricos de las neoplasias malignas, el cáncer testicular representa el tumor sólido más curable, siendo después del cáncer de próstata la neoplasia urológica más frecuente en el hombre, en general, y la neoplasia urológica más frecuente en el hombre de edad laboral.

El problema con el que se concluye estriba en la necesidad de establecer medidas preventivas adecuadas, tanto en el manejo de la información como en la reducación de los hombres en todas las edades, pues como se ha descubierto en este apartado, hablamos de padecimientos prevenibles y con una detección oportuna que puede ser advertida con la autoexploración y otros cuidados sencillos.

La detección oportuna se puede realizar por medio del análisis del antígeno prostático específico a través de una muestra sanguínea, o bien clínicamente por medio del examen digital del recto.

Una detección oportuna y una adecuación de salud pueden representar la oportunidad eficaz no solo de reducir la prevalencia de los casos de cáncer de próstata sino la muerte, importante prevenir en nuevos casos.

Por eso es recientemente, en noviembre de 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el decreto que reforma la Ley General de Salud en materia de cáncer de próstata y testicular. Con ello se avanza en la consolidación de una normatividad que dota al sector Salud de un marco adecuado para el establecimiento de políticas públicas orientadas a la prevención y del control de este padecimiento.

Pero esta tarea no es suficiente, pues mientras la discusión sobre este grave problema de salud pública se viene a bordo, con preocupación nos encontramos con esfuerzos escasamente coordinados y la ausencia de una visión general del problema. Solo abre los esfuerzos como el que emprende en la Ciudad de México con la campaña de prevención y detección de cáncer de próstata, mediante la prueba de antígeno prostático implementado en toda la red hospitalaria capitalina, desde junio del año 2017.

Pero el problema no se corrige solo con acciones puntuales, así nos enfrentamos a enfermedades no transmisibles de cuyo contenido y aproximación científica orienta a consolidar tanto la detención oportuna, como las medidas preventivas que los individuos pueden adoptar con la información adecuada.

Constituye un núcleo de acción conjunta cuyo diseño programático debe responder a una concepción de salud general. En este sentido consideramos que es pertinente incluir en el artículo 59 Bis de la Ley General de Salud para que quede como sigue:

Artículo 159 Bis. Tratándose del cáncer, los programas preventivos deberán incluir acciones conjuntas, coordinadas y focalizadas que incluyan la detección oportuna, la educación para autocuidado, como son...

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Ha concluido su tiempo, diputado.

El diputado José Hugo Ángel Olvera:... las autoexploraciones, el cuidado de la alimentación y métodos sencillos para la dirección. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el diputado Carlos Iriarte Mercado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 74, 108, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de proponer la supresión del fuero constitucional de los servidores públicos. Suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos, por ser reforma constitucional.

El diputado Carlos Iriarte Mercado:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Buenas tardes. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces, decía Octavio Paz. El Premio Nobel de Literatura mexicano tenía razón al hablar sobre un asentamiento de esta pues, incluso cabe destacar que nuestra Constitución siempre ha protegido y seguirá resguardando la soberanía y la libre expresión de ideas.

En un pueblo con un sistema democrático consolidado es posible decir, actuar y elegir libremente con la confianza que los organismos legislativos velarán por la justicia e igual trato entre las y los mexicanos.

Por ello, es importante subrayar que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que todas y todos seamos iguales ante la ley. En esta segunda década del siglo XXI debemos transitar hacia un mayor ejercicio de la democracia y seguir construyendo instituciones fuertes, confiables y particularmente transparentes. Nos corresponde, por tanto, asegurar la homologación ante la ley de las y los mexicanos.

En México contamos con un nuevo sistema de derechos humanos y uno de justicia penal garantista en los cuales todas y todos, sin excepción, tenemos el derecho a una defensa en la que se prioriza la presunción de inocencia, por lo cual solamente son procesados aquellos a quienes se les encuentren y comprueben elementos.

Al dar cuenta de dichas innovaciones, y con base en el principio de igualdad y justicia que estas señalan, cabe notar la repercusión que generan aquellas personas que cuenten con una garantía procesal adicional como lo es el llamado fuero constitucional.

Como una propuesta integral e incluyente, la iniciativa que hoy presentamos el Grupo Parlamentario del PRI, va más allá de todas las que con anterioridad han sido formuladas, pues esta contempla eliminar por completo el fuero para todos los servidores públicos sin distinción alguna.

En este sentido, esta permitirá suprimir el llamado fuero comprendido hoy con la declaración de procedencia para cualquier servidor público. Es decir, no sólo para diputados y senadores, sino también para el titular del Ejecutivo.

Conservar la inviolabilidad parlamentaria con la finalidad de asegurar la libertad de expresión de las y los legisladores al momento de emitir sus opiniones. Asegurar que, en caso de que un servidor público sea responsable de alguna falta que amerite destitución temporal, deberá permanecer externo del cargo aun cuando siga vigente el periodo para el cual fue designado electo, sin posibilidad de ser restituido o reincorporado al mismo. Prever la separación del cargo del funcionario público cuando se imponga prisión preventiva respetando siempre la presunción de inocencia.

De ser aprobada esta iniciativa, todas las personas en el servicio público, sin excepción, enfrentarán en su caso la responsabilidad penal o administrativa sin distinción procesal alguna.

Se trata, en suma, de garantizar lo que ha dicho José Antonio Meade —nuestro candidato del partido—. Que todo servidor público que cometa un delito comparezca como cualquier ciudadano ante las autoridades y no pueda volver a ocupar su cargo bajo ninguna circunstancia No habrá fuero para nadie, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos.

Compañeras y compañeros diputados, a los aliados Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, la labor legislativa consiste en aportar ideas con el propósito de construir una sociedad más fuerte y también consolidar incentivos para que las y los mexicanos, tanto servidores públicos como ciudadanos, actuemos conforme a la ley, así la justicia debe de ser equivalente y absoluta, lo cual significa que los 125 millones de mexicanos, por consiguiente, merecemos recibir el mismo trato de igualdad ante la justicia.

Ser mexicano, ser mexicanas y mexicanos es un gran honor, es un gran orgullo. Por eso desde el Grupo Parlamentario del PRI y nuestros aliados Partido Nueva Alianza y Verde Ecologista, hacemos un atento llamado a continuar con el fortalecimiento de los valores republicanos. Que el único privilegio que tengamos sea servir y vigorizar nuestra democracia. Muchas gracias. Sería cuanto.

Presidencia del diputado Edgar Romo García

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: La diputada Dennisse Hauffen, de Movimiento Ciudadano. Sonido en la curul, por favor.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Sí, gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada decirle al diputado Carlos Iriarte que si nos permite adherirnos a su iniciativa, y que esta no sea sólo hoy un eslogan de campaña, sino que verdaderamente le den trascendencia a este tipo de iniciativas que desde Movimiento Ciudadano la hemos impulsado, desde julio del 2016 esta iniciativa se encuentra en la congeladora, y que hoy el PRI está proponiendo una copia a esta iniciativa que nosotros hemos realizado pero que le felicito, nos adherimos y que ojalá tenga trascendencia y no sea sólo este eslogan de campaña. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado Carlos Iriarte, existe solicitud para adhesión a su iniciativa ¿estaría usted de acuerdo?

El diputado Carlos Iriarte Mercado (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El presidente diputado Edgar Romo García: Está de acuerdo, diputada. La iniciativa estará a su disposición en la Secretaría de esta Mesa Directiva para que proceda la adhesión correspondiente.

El diputado Francisco Martínez Neri(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado Francisco Martínez Neri, desde su curul. Diputado Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Gracias. Muchas gracias, presidente. Para dejar constancia acerca del papel histórico que ha jugado la izquierda durante muchos años, y dentro esa izquierda el Partido de la Revolución Democrática, planteando incesantemente, constantemente, la desaparición del fuero.

Hoy creo que esto va a ser posible y quiero hacer constar también que esa lucha de la izquierda por desaparecer el fuero fue también la lucha de quienes no quisieron, en otro tiempo, desaparecer esa ignominiosa posibilidad de aparecer ante los demás como inocentes, cuando muchas veces se incurrió en irregularidad de diverso tipo.

Hoy pues, el PRD desde luego, saluda esta propuesta y manifiesta también, que en su oportunidad hemos presentado iniciativas sobre el particular. Qué bueno que hoy haya esa oportunidad de desaparecer el fuero ignominioso en este país. Gracias, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Sus comentarios quedarán transcritos en el acta de la sesión respectiva. Diputado Juan Pablo Piña, desde su curul.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para pedir que quede constancia que todos los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional firmamos una iniciativa que presentó nuestro coordinador, Marko Cortés, desde hace más de un año, en donde también hemos solicitado la eliminación del fuero, la reducción del número de legisladores, y otra serie de iniciativas que van encaminadas a evitar el abuso de esta figura constitucional. Que quede constancia que Acción Nacional ya lo había presentado, y solicitamos que cuando sea dictaminada, sea considerada la iniciativa que presentamos y se nos dé el crédito correspondiente. Es cuanto.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, desde su curul, diputado.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco(desde la curul): Buenas tardes. Queremos dejar constancia, felicitar al Partido Revolucionario Institucional por el hecho de plantear esta iniciativa, sobre todo porque todos los partidos políticos, y sobre todo Encuentro Social desde el inicio de esta legislatura, presentamos esta iniciativa.

Es una iniciativa demandada por la sociedad, de las campañas políticas de 2015, la sociedad nos lo exigió, por eso se presenta esta iniciativa, y nos felicitamos de que aquí el Partido Revolucionario Institucional también recoja lo que todos los partidos políticos ya habíamos manifestado, y que se ha manifestado también por diferentes actores políticos en las campañas actuales. Ojalá que esta iniciativa, la iniciativa de todos los partidos, sea una y que realmente se dictamine, que se publicite y que se vote antes de terminar este periodo.

Decirles que el partido mayoritario, o sea el partido, el PRI, tiene la mayoría para poder dictaminar y para poder sacar la iniciativa. Entonces si esta iniciativa no sale, no se dictamina, es porque el Partido Revolucionario Institucional no lo quiso. Así quiero dejar constancia. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado. Sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra por diez minutos la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, estamos a punto de concluir este periodo legislativo y como todos sabemos aún quedan temas en el tintero. Hay uno que en especial llama mi atención, y es el de los afromexicanos, quienes después de 50 años siguen siendo ignorados y discriminados.

La iniciativa que hoy presento ante ustedes tiene por objeto la modificación de los artículos 2, 27, 28 y 115, para que dentro de la Constitución mexicana se reconozcan los derechos de los afromexicanos.

Los primeros pobladores provenientes de África llegaron a estas tierras como esclavos, fueron secuestrados de sus lugares de origen y traídos por la fuerza. Nadie se preocupó por ellos, nadie preguntó si podrían sobrevivir el largo trayecto dentro de las insalubres mazmorras de los barcos. Ninguno de sus captores se tentó el corazón antes de separar a madres de hijos, a esposos de esposas, a amigos, a parientes, a comunidades, porque los negros africanos eran considerados como seres inferiores que no tenían el derecho ni de protestar.

Actualmente, y a pesar de ostentarnos como una sociedad democrática, seguimos sin escuchar sus peticiones. Varios grupos de afromexicanos piden que se les reconozca el justo lugar que ocupan en la historia, pues miles de ellos viven en la invisibilidad total por no estar reconocidos por la Constitución Política Mexicana.

Aún y cuando nuestro país ha firmado varios convenios y recomendaciones internacionales sobre el combate del racismo y la discriminación, en donde los países firmantes se comprometen a facilitar la participación de afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha cumplido dentro de nuestro territorio.

Grupos organizados de afromexicanos consideran que es menester que tales acciones se traduzcan en apoyo real para sus comunidades, ya que a pesar de que el tres por ciento de la población mexicana es negra, mulata o afrodescendiente, es también el sector de la población más marginado, discriminado y marcado por la desigualdad, sobre el que no se han establecido siquiera políticas públicas para aminorar esa brecha.

Creo que es hora de que saldemos la deuda histórica que tenemos con nuestra tercera raíz, reconozcámoslos como hermanos, como ciudadanos, como mexicanos, con plenos derechos y agradezcámosles sus aportaciones culturales, como por ejemplo, la llamada “chilena” introducida a la costa chica de Guerrero en el siglo XIX por marineros chilenos que pasaban en camino a California, y que músicos afromexicanos la hicieron suya y le agregaron la utilización de diversos instrumentos como la quijada, un maxilar seco de burro con dientes que repiquetean.

Estos sonidos son parte central de la vida musical de los afromexicanos junto con sus bailes que se remontan a los días de las haciendas coloniales, y que incluyen “la danza de los diablos” que se ejecuta alrededor del día de los muertos en los pueblos de Guerrero y Oaxaca.

Aún estamos a tiempo de escuchar y apoyar este justo reclamo que surge de la poderosa voz de una raza fuerte, bella y luminosa, y como prueba y aprovechando que me dieron 10 minutos y para relajarnos en este cierre, les voy a dejar aquí con la voz de una maravillosa cantante Toña La Negra (se escucha una canción), el que lleve raza negra en las venas puede cantarla, para acompañar a Toña. Arriba nuestra tercera raíz. Gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Lorena Corona Valdés, Lia Limón García y Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lorena Corona Valdés, Lia Limón García, Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el fuero, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es eliminar la figura del fuero a los servidores públicos en la Constitución, a fin de evitar el uso de esta figura como un mecanismo de impunidad al amparo del ejercicio de un cargo público.

Indudablemente, la figura del fuero se ha utilizado de manera incorrecta, ya que fue creada con el fin de garantizar que los servidores públicos, por ejemplo, los legisladores, no corrieran riesgos por las expresiones que hicieran en el ejercicio de su cargo a fin de evitar que se utilicen las instituciones de administración de justicia para reprenderlo. En el caso del Ejecutivo federal y de los Ejecutivos locales, el fuero se otorgaba con el fin de evitar un mal mayor, dejar a una entidad sin gobernante o al país sin presidente, por lo que al momento de retirar el fuero se considerase si la falta así lo ameritase.

De tal manera que el problema es un abuso de esta figura, que en algunos casos ha llevado a la impunidad y corrupción, por lo que la finalidad es desterrar cualquier resquicio de falta de aplicación de la ley e impunidad.

En el sentido anterior, el estudio denominado “Fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político en México” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República refiere lo siguiente:

“Aunque en el mundo se considera al fuero (o inmunidad parlamentaria) como una garantía de independencia de los parlamentarios y otros servidores públicos ante el acoso judicial, en años recientes ha sido caracterizada y percibida como un mecanismo de impunidad. Estudios de opinión pública ilustran esta percepción. Un sondeo de Parametría (2010) concluyó que siete de cada diez mexicanos no estaban de acuerdo con que se otorgara fuero a los legisladores; ocho de cada diez consideraban que era un privilegio usado “para abusar de su cargo y cometer actos ilícitos sin poder ser juzgados”, y únicamente uno de cada diez creía que se utilizaba como “una garantía constitucional para la libre expresión de las ideas”. Cinco años después, en noviembre de 2015, una encuesta en vivienda aplicada por Consulta Mitofsky reportó que 64 por ciento de los mexicanos están a favor de la eliminación del fuero y sólo 24 por ciento lo respaldan (CESOP, 2016)”

El mal uso de esta figura también se contempla en el precitado estudio, veamos:

“En suma, la inmunidad judicial tiene como fin proteger a legisladores y funcionarios de la persecución judicial que podría derivarse del cumplimiento de sus funciones públicas. El argumento más sólido a favor de la inmunidad parlamentaria es que ésta puede contribuir a fortalecer la autonomía del Poder Legislativo ante intentos de acoso por parte del Poder Ejecutivo o de intereses que se ven afectados por la labor que realice el parlamento. (Chafetz, 2007). En el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, dicha inmunidad evita o limita la posibilidad de que se inicien actos de persecución contra ellos mientras cumplen con las funciones y responsabilidades que la ley les mandata. No obstante, en años recientes se ha argumentado que la inmunidad judicial de legisladores y funcionarios ha sido utilizada de manera abusiva para cometer delitos o escapar de la persecución judicial. En especial, se ha afirmado que la inmunidad judicial puede ser un mecanismo que facilite las condiciones para la prevalencia de hechos de corrupción. Este puede ser en particular el caso para los parlamentarios que tienen posibilidad de reelegirse, de extender temporalmente su fuero y por tanto su inmunidad. Ante ello, Wigley (2003) afirma que la solución es reducir la protección de la inmunidad y que los comités parlamentarios encargados de revisar los casos de corrupción sean mucho más efectivos en su atención.”

Esta modificación responde a una exigencia de que los servidores públicos no constituyen una clase privilegiada que se encuentra fuera de la aplicación de la justicia, ni mucho menos que la obtención de un puesto de elección popular significara que no serán castigados por ilícitos que cometieron previamente ni que el cargo constituye una patente para seguir cometiendo delitos y faltas.

Es entendible que el fuero de los servidores públicos se concedió constitucionalmente como una garantía ante el ataque político y la persecución judicial de las fuerzas políticas contrarias, sin embargo, la finalidad esperada se ha pervertido, y se ha convertido en una suerte de inmunidad que nulifica cualquier posibilidad de exigir una responsabilidad a quien detenta el fuero constitucional.

Es necesario que el pacto constitucional sea modificado y hacer los ajustes correspondientes para clarificar el principio de igualdad ante la ley, y generar los incentivos necesarios para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares, sólo de esta manera se elevará el rasero de la exigencia de honestidad, decoro y ética con la que deben dirigirse los servidores públicos.

La democracia constitucional exige que el ejercicio de un cargo público sea ejercido por las mejores mujeres y hombres, aspiramos a que las posiciones de gobierno se ejerzan sin la menor suspicacia o tacha sobre la probidad y honradez, de ahí que el fuero o inmunidad procesal lejos de fortalecer esa confianza, la debilita y se percibe como una garantía de la cual se abusa indebidamente.

Muestra del origen y fundamento que tiene la figura del fuero, lo podemos encontrar en los siguientes criterios judiciales:

Época: Séptima Época

Registro: 233383

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen 45, Primera Parte

Materia(s): Constitucional

Tesis:

Página: 45

Fuero de los funcionarios, naturaleza del.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue tres diversas categorías de funcionarios que gozan de fuero, cada una de las cuales recibe un tratamiento distinto. En primer término están los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios del despacho y el procurador general de la República, quienes son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. La segunda categoría de funcionarios está compuesta por los gobernadores de los estados y los diputados a las legislaturas locales, mismos que son responsables por violaciones a la Constitución federal y leyes federales. Finalmente, la tercera categoría comprende al presidente de la República, quien, durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Respecto de la primera categoría de funcionarios arriba precisada, ningún delito cometido durante el tiempo de su encargo queda excluido del fuero, aunque es posible perseguirlos por cualquier delito conforme al procedimiento previsto en la Constitución federal para cada uno de ellos. Con relación al presidente de la República, tiene una singular posición constitucional en cuanto a responsabilidad, pues mientras ésta es absoluta para otros funcionarios, ya que responden de toda clase de delitos una vez desaforados, para el jefe del Ejecutivo queda limitada a los delitos de traición a la patria y los graves del orden común. Finalmente, en cuanto a la segunda categoría de funcionarios, compuesta por los gobernadores de los estados y los diputados a las legislaturas locales, debe señalarse que en el artículo 103 de la Constitución de 1857 sólo se incluía a los gobernadores de los Estados como responsables por infracción a la Constitución y leyes federales pero la Constitución de 1917 extendió la prerrogativa de fuero constitucional por infracciones delictuosas a la Carta Magna y leyes federales, a los diputados locales. Son las únicas autoridades locales que gozan de fuero federal y ello por disponerlo el único cuerpo legal que podía hacerlo: la Constitución General. Ahora bien, la interpretación sistemática de los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución Federal, lleva a la conclusión que únicamente las tres categorías de funcionarios previstas en la Ley Fundamental gozan de fuero por violaciones a la Constitución y leyes federales, lo cual se traduce en que no pueden ser perseguidos por las autoridades federales si previamente no son desaforados en los términos de los artículos 109, 110, 111 y 112. Por su parte, la constitución de cada estado puede consagrar el fuero de los funcionarios locales frente a los delitos tipificados en sus propios ordenamientos, pero de ninguna manera por delitos a la Constitución federal y leyes federales. Aceptar lo contrario llevaría a concluir que la inclusión de los gobernadores y diputados locales en el artículo 108 constitucional era superflua y que cada Constitución local puede consignar fuero en el ámbito federal. Cuando la constitución de un estado tiene a bien conceder inmunidad a ciertos funcionarios del propio estado, no puede hacerlo sino en relación con los actos que considera punibles la legislación del mismo estado, nunca respecto a los delitos de orden federal, en relación con los cuales corresponde a la Constitución federal señalar a los funcionarios que disfruten de inmunidad. Síguese de aquí que el fuero federal de los gobernadores y diputados locales vale en todo el país, frente a todas las autoridades federales, por delitos federales, puesto que la Constitución federal que así lo dispone, tiene aplicación en todo el país; mientras que el fuero local de los mismos y otros funcionarios, vale por delitos comunes y tan solo dentro del Estado donde rige la Constitución que lo otorga, de suerte que no servirá a ningún funcionario local frente a autoridades locales de otro Estado, por delitos comunes, ni frente a autoridades federales por delitos federales cuando en este último caso no se tratara del gobernador o de diputados locales.

Amparo en revisión 6438/60. Fidencio Silva Galicia. 5 de septiembre de 1972. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Época: Novena Época

Registro: 190589

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XII, Diciembre de 2000

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. XXVII/2000

Página: 248

Inmunidad parlamentaria y fuero constitucional. Su aplicación cuando se trata de responsabilidad penal y de reclamaciones civiles que se imputan a un diputado federal.

El artículo 61 de la Constitución federal consagra la figura de la “inmunidad parlamentaria” como una garantía otorgada a los diputados federales y senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas; mientras que el diverso artículo 111 de la propia Carta Magna, contempla la institución del “fuero constitucional”, bajo la denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de carácter procesal, otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, los diputados y senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, existe la posibilidad de que en materia penal se presente la conjugación de ambas figuras, precisamente en el caso de que un diputado federal atribuyera a una persona un hecho que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para proceder contra aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 constitucional y después determinar si se está o no en el caso de la inmunidad a que se refiere el artículo 61 en cita. En cambio, si la imputación de ese hecho sólo puede generar afectación en derechos de orden civil del congresista, únicamente debe atenderse a la figura de la inmunidad sustantiva y, por ende, el fuero constitucional es totalmente ajeno; conclusión que se refuerza con el contenido del octavo párrafo del mencionado artículo 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sin mayor virtud que la de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en el primer párrafo de ese numeral a propósito de la necesidad de declaración de procedencia en materia penal. Esto es si en el primer párrafo se estableció desde el origen de la actual Ley Fundamental, que ese requisito era necesario en materia penal, obligado era deducir que no abarcaba a la materia civil; pero conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido, desecha cualquier resquicio de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin ambages así lo declara. En consecuencia, si la reclamación jurisdiccional que se endereza contra un diputado federal es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse el fuero-inmunidad a que se refiere el artículo 61 constitucional, sin tomar en consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 constitucional; lo que no implica que exista impedimento para demandarlo en la vía civil por actos que realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario.

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

En el Partido Verde estamos convencidos de que hay que eliminar el fuero de la Constitución, bajo la consideración de que se genera una ventana de oportunidad para la impunidad no sólo en la comisión de delitos sino en el incumplimiento de la ley, fomentando la cultura de la ilegalidad y contraviniendo seriamente la igualdad ante la ley.

Esta reforma busca establecer un verdadero plano de igualdad ante la ley, que los servidores públicos no gocen de ventajas indebidas, así como establecer límites ciertos al ejercicio del poder político, buscamos una democracia donde se destierre la corrupción, la impunidad y los privilegios.

Debemos valorar que debemos confiar en nuestras instituciones y estar atentos para que no se usen como instrumentos de venganza política, de tal manera que eliminar el fuero es dar un voto de confianza a la fortaleza y autonomía de las instituciones tanto de procuración de justicia como de impartición de la misma, que no se deben prestar a ataques e infundios en contra de servidores públicos.

El fuero de los políticos está llamado a eliminarse, buscamos que los ciudadanos se sientan y consideren como iguales frente a quienes detentan un cargo público.

De lo que antecede, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el fuero

Único. Se reforma el artículo 111 y se derogan el segundo párrafo del artículo 108 y el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 108. ...

Se deroga.

...

...

...

Artículo 111. Para proceder penalmente durante el tiempo del encargo con el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les concede autonomía, por la comisión de delitos bastará con la denuncia debidamente presentada ante la autoridad correspondiente.

Una vez que exista sentencia condenatoria firme ejecutoriada, se comunicará está a la dependencia del funcionario, para el único efecto de que tome conocimiento y se proceda a la ejecución de la sentencia ordenada por la autoridad judicial.

Artículo 112. Se deroga.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contarán con 180 días a partir de que entre en vigor el presente Decreto para armonizar las constituciones y legislación locales.

Nota

1 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle /123456789/3400/reporte_41_webVF.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de abril de 2018.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Daniella Judith Hernández Flores, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La diputada Daniella Judith Hernández Flores:Los saludo, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente.

En esta ocasión, como representante de la bancada de los ciudadanos vengo a presentar iniciativa que modifica los artículos 19 y 74, y fracción III de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal.

Los diputados ciudadanos nos hemos caracterizado por impulsar todos aquellos asuntos en los que se vea beneficiada la población y se impulse de manera eficiente la defensa de los derechos de los consumidores.

Hoy, la tecnología que tenemos al alcance genera impactos positivos en el estilo de vida de las personas, por ejemplo, el pago de las casetas a través del telepeaje agiliza la carga vehicular al evitar que el vehículo se detenga por completo para realizar el pago en efectivo.

Actualmente, el sistema IAVE es el que predomina en las autopistas concesionadas, mientras OHL México cuenta con el sistema TeleVía, con menos rutas.

Junto a ellos se encuentran otros sistemas como Vía Pass, Quik Pass y E Pass, del gobierno de Chihuahua. Todos ellos con un funcionamiento similar, cuyo objetivo es automatizar el cobro de las casetas en el territorio nacional.

Por eso, hay que tener en cuenta que las condiciones de inseguridad que actualmente imperan en el territorio nacional orillan a los viajeros a utilizar métodos de pago electrónicos y cargar poco o nulo efectivo.

No obstante, aunque lleves tu TAG, prepago o pospago, te puedes topar con la sorpresa de que una determinada caseta solo acepta efectivo.

La homologación en el procedimiento de cobro no debería ser un obstáculo para las concesionarias. Y convencidos estamos que la carga vehicular y tránsito lento de las casetas disminuirá con esto considerablemente.

No obstante, la falta de homologación en los cobros de los principales concesionarios en la administración de las carreteras ocasiona un detrimento en los derechos del usuario consumidor y en la movilidad de la ciudadanía.

En algunas casetas aceptan pago inmediato IAVE, en otras solo TeleVía y otras casetas más, únicamente pago en efectivo.

Actualmente, ante la falta de homologación por parte de los concesionarios, ha ocasionado un detrimento en los derechos de los usuarios como consumidores, ya que existen casetas que no reciben el pago por medio de telepeaje, requiriendo este en efectivo, ocasionando mayores filas, sobre todo en la época vacacional, en la que se ven rebasados por la cantidad de vehículos que reciben y a los cuales no pueden darles el servicio adecuado que merecen por el pago que realizan.

Es por eso que solicitamos ante ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas, actuar en favor de la ciudanía brindándoles la certidumbre que requieren, con el fin de poder garantizar a los usuarios de las carreteras del país una movilidad plena a través de la homologación del sistema telepeaje. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza hemos enarbolado como principios fundamentales la inclusión, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas, salvaguardando los derechos de aquellos grupos con mayor grado de vulnerabilidad.

Nuestra labor legislativa lo ha reafirmado en innumerables iniciativas y puntos de acuerdo encaminados a promover, refrendar y proteger los derechos de los más desfavorecidos.

Hoy de nueva cuenta hacemos uso de esta tribuna para propiciar cambios en beneficio de este sector de la población. Las personas con discapacidad representan la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo, toda vez que son blanco frecuente de discriminación y exclusión de la vida social. A menudo enfrentan barreras y obstáculos físicos y sociales que les impiden su pleno desarrollo.

En Nueva Alianza hemos asumido el compromiso de transformar su entorno e impulsar acciones afirmativas que les permitan alcanzar mejores niveles de vida.

En su artículo primero, la Constitución garantiza la promoción y protección del pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Desafortunadamente, pese a su reconocimiento en la Carta Magna y en múltiples instrumentos internacionales de los que México es parte, el concepto de discapacidad no se ha homologado en todas las normas que nos rigen, lo que deja la puerta abierta a una mayor discriminación, de ahí la importancia de que los conceptos y términos alusivos a las personas con discriminación se armonicen desde las leyes generales hasta las específicas para evitar malas interpretaciones en el ejercicio de sus derechos.

En este contexto se hace indispensable que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, que rige las bases de organización, funcionamiento y desarrollo del personal que labora en las dependencias de la administración pública federal centralizada, elimine el término capacidades diferentes y lo sustituya por el de discapacidad, toda vez que al no contar con una adecuada comprensión del concepto de discapacidad, resulta difícil tener certeza jurídica para garantizar los derechos de inclusión y no discriminación.

Recordemos, compañeras y compañeros, que nuestra responsabilidad como legisladores consiste en propiciar los cambios y reformas que posibiliten a las personas con discapacidad, la inclusión plena en la sociedad. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ESTABLECE EL 10 DE JUNIO DE CADA AÑO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE

El presidente diputado Edgar Romo García: Y continúa con el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 10 de junio de cada año, la celebración del Día del Padre y suscrita por el diputado Abel Cruz Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras diputadas. Comparezco ante esta tribuna, para presentar una iniciativa que pretende rendir homenaje a los buenos padres de familia, ya que con anterioridad presenté una iniciativa para castigar con más años de cárcel a los malos padres que abandonan a sus hijos sin procurarles alimento.

En esta ocasión acudo ante ustedes para hacer un reconocimiento a nuestros hombres que han dado todo de sí para procurar el bienestar de su familia. Por ello, propongo a esta soberanía el decreto por el que se establezca el día 10 de junio de cada año el Día del Padre.

Si bien es cierto en México hemos adoptado la costumbre de celebrar al padre el tercer domingo de junio, sin embargo dicha fecha no se ha generalizado, por lo que en muchos lugares —sobre todo en provincia— pasa desapercibido, lo que en mi opinión es discriminatorio considerando que en la crianza de los hijos la figura paterna es tan importante como la figura materna si bien con roles tradicionales distintos, pero con la misma importancia.

Por ello considero injusto dejar para un domingo la celebración del Día del Padre, pues significa que puede celebrarse a papá sólo cuando hubiese concluido sus labores y obligaciones de toda la semana, recordando que la gran mayoría de los padres mexicanos laboran de lunes a sábado. Por el contrario, la celebración del Día del Padre debe de ser tan grande como lo es el amor que brinda su familia.

Hacer este día un reconocimiento a uno de los pilares principales de toda la familia y retribuir en algo el don de servicio y sacrificio del padre de familia por ser, en la mayoría de los casos, quienes sacrifican las horas valiosas con su familia para salir a buscar el sustento del hogar y que a pesar de esto no dejamos de reclamar nunca que está en casa.

Los sacrificios de los padres superan por mucho el temor la muerte. Quien no conoce de sacrificios que hacen los padres, los bomberos, los mineros, los policías, los militares, así como todos aquellos padres que arriesgan su vida por llevar el pan de cada día a su mesa, ya ni hablar de los cientos y miles de padres indocumentados que hoy están ausentes de su país para buscar un mejor futuro de vida para sus hijos.

Por ello solicito, sobre todo a las mujeres y aquí como también hay mucho caballero, se suman a esta propuesta, pues quién no tiene en casa a un esposo, a un hermano, a un hijo, un amigo que desempeña el papel de padre extraordinariamente. Por eso les pido, por favor, se sumen a esta iniciativa para que se celebre el 10 de junio de cada año el Día del Padre. Gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

TOMA DE PROTESTA

El presidente diputado Edgar Romo García: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano José Eduardo Ojeda Guerrero para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputado federal. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado Oscar Cuevas Corona, diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, diputada María Olivia Picazo Olmos, diputado Julio Saldaña Morán.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión designada cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El presidente diputado Edgar Romo García: Ciudadano José Eduardo Ojeda Guerrero, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano José Eduardo Ojeda Guerrero: Sí protesto.

El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Bienvenido, diputado.

DICTAMEN PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

EXPIDE LA LEY GENERAL DE JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE

El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE PERROS GUÍA O ANIMALES DE SERVICIO

El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio.

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Brenda Borunda Espinoza, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Brenda Borunda Espinoza: Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad se estima que en nuestro país viven más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Comparándolo con los más de 125 millones de mexicanos, estos representan apenas el 5.13 por ciento de la población total.

Cuando se habla de discapacidad es difícil imaginar la situación en la que cada una de estas personas pueden vivir, y esto se debe a que los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años no han sido suficientes para visibilizar a este grupo en situación de vulnerabilidad.

Reflexionemos un poco. ¿Cada cuánto nos preguntamos cómo viven estas personas, dónde están, si son personas independientes o si tienen una vida digna? Para poner un ejemplo, el porcentaje de personas con discapacidad visual en México es del 58.9 por ciento, es decir más de la mitad de esos siete millones de personas con alguna discapacidad padecen de ceguera parcial o total.

En México, el 30 por ciento de la población con alguna discapacidad tiene un empleo formal. Dentro de estos empleos se busca que las condiciones laborales sean óptimas para su desarrollo y se les facilite el acceso a sus lugares de trabajo, sin embargo, aún no logramos garantizar la accesibilidad al resto de los espacios.

Las personas con discapacidad visual cuentan con la posibilidad de aminorar la brecha que se genera por su falta de visión, con la ayuda de un perro guía. Estos animales permiten la libre movilidad de sus usuarios y les permite ser personas independientes, pues fungen como sus ojos y los guían en sus vidas cotidianas además que generan en ellos un sentimiento de seguridad.

Los perros son seres extremadamente inteligentes y nos ayudan no solo siendo perros guía, sino que al recibir un correcto entrenamiento se convierten en elementos que asisten a los cuerpos policiacos, a rescatistas y hasta a personal médico en los hospitales o en centros de salud, entre otras tantas tareas que pueden tener estos animales. Basta con recordar simplemente a la perrita labrador, Frida, que tanto ayudó en el terremoto del 19 de septiembre.

Hoy en día hay perros que ayudan a cuidar a personas con diabetes, con epilepsia, puesto que gracias a su entrenamiento son capaces de identificar cuánto alguien necesita de una dosis de insulina o medicamento para evitar una crisis médica. También fungen como una magnifica terapia para aquellos que tienen depresión crónica, autismo o diversos trastornos neurológicos. Gracias a estos animales muchos mexicanos pueden vivir dignamente, sanamente y felices.

Debido a lo anteriormente expuesto, en nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, les pido que voten a favor de este dictamen que expire la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía y Animales de Servicio, porque sabemos que todas las personas que requieren de algún animal —guía o de servicio— han logrado la independencia gracias a estos seres, que más allá de fungir como guía, cumplen con la función de llenar el vacío que su discapacidad o trastorno les genera.

Para una persona con discapacidad visual se convierten en sus ojos; para una persona con epilepsia o diabetes se convierte en el ser que puede evitar una crisis médica; para las personas con algún trastorno neurológico se convierte en su estabilidad y tranquilidad. Para cada uno el animal que los acompaña se convierte en parte importante de su existencia.

En esta comisión pensamos que esta ley creará un marco regulatorio eficiente, ya que con ella se establecen los derechos y obligaciones de los usuarios de estos animales. Y, además, protegerá en todo momento los derechos que emanan de nuestra Carta Magna, sancionando a todos aquellos que nieguen el acceso injustificado a estos usuarios a lugares de uso público.

Esta ley atiende dos cuestiones de suma importancia, pues además de sancionar la discriminación de los usuarios, vela por la seguridad de los perros guía, de los perros y los animales de servicio, ya que las autoridades competentes establecerán una serie de cuidados mínimo que aseguren el bienestar y seguridad de los animales.

Creemos que es totalmente discriminatorio, y me atrevería a decir inhumano, que alguien por propia voluntad ponga obstáculos a estas personas que se apoyan de cualquier animal para llevar una vida digna, esto porque gracias a los animales se ha logrado la independencia laboral, personal y la autosuficiencia de los mismos.

Es necesario cambiar la perspectiva y entender que estos animales son una extensión que permite a las personas con discapacidad gozar de la libertad de ser independientes. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario la siguiente diputada, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, promovente de la iniciativa, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muy buenas tardes. Con el permiso, señor presidente. Después de más de dos años de presentar ante ustedes esta iniciativa, hoy regreso ante este pleno para exponer y pedir su voto para crear en México la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guías o Animales de Servicio.

Nadie está exento de nacer con alguna discapacidad o adquirirla en cualquier momento de su vida. El riesgo crece de forma importante en nuestro país y en general en todo el mundo a medida que envejece una población.

La aprobación de esta ley significa un gran avance para nuestro país en el tema de discapacidad, no discriminación, inclusión e igualdad, así como en la salvaguarda de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Esta ley aporta elementos jurídicos de suma importancia, para defender los derechos de las personas que usan algún animal de asistencia, como personas débiles visuales, quienes viven en el espectro autista, personas que tienen epilepsia o convulsiones, diabetes o cualquier tipo de discapacidad motriz o cognitiva.

El Inegi reveló que en México existen casi seis millones de mexicanos con alguna discapacidad. A las personas que tienen alguna discapacidad en México y que se apoyan de un perro guía o animal de asistencia, les permitiríamos con esta ley tener seguridad y protección para su salud y su integridad física y emocional y gozar de la accesibilidad del entorno que le rodea, teniendo así una participación más activa en nuestra sociedad.

México suscribió a la Convención Internacional de las Naciones Unidas con respecto a las personas con discapacidad y aprobado también por el Senado mexicano, que en el artículo 9 nos dice que el Estado deberá ser garante y adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, información, comunicaciones y otros servicios abiertos y destinados a uso público o privado.

Durante muchos años los derechos de los grupos vulnerados no han sido respetados en México. Las opciones de crecimiento que han tenido son escasas y se han visto rezagados en ámbitos de la vida.

Su inclusión en la sociedad resulta difícil ante la falta de oportunidades, pero hoy es diferente, ya que después de mucho tiempo, trabajo y perseverancia de muchas personas que colaboraron para hacer esto posible podemos tener ahora, en el pleno de esta Cámara de Diputados, la votación para expedir la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de un Perro Guía o Animal de Servicio que beneficiará a muchos mexicanos que se encuentren en las condiciones ya mencionadas.

Este ordenamiento jurídico que hoy estaremos creando en México no hubiera sido posible sin la participación activa y propositiva del diputado Federico Döring Casar, del PAN, la diputada Brenda Borunda Espinoza, del PRI, Javier Herrera Borunda, del Partido Verde, asociaciones de la sociedad civil, y por supuesto, a la Comisión de Grupos Vulnerables.

Yo les pido a todos los aquí presentes su voto para sacar esta ley de nueva creación en México, y así estaríamos contribuyendo como servidores públicos a evitar el dolor evitable. Un buen político debería sentir en los huesos el dolor ajeno.

Queda mucho por hacer en materia de inclusión bajo el principio de no discriminación, pero ahora damos un gran paso en esta lucha para reconocer los derechos de las personas usuarias de un perro guía o animal de servicio, así como el libre acceso a espacios públicos y privados, erradicando cualquier tipo de discriminación contra los derechos humanos de las personas que viven con alguna condición de discapacidad o enfermedad.

Por último, pero no menos importante, quiero reconocer el gran esfuerzo de la maestra María Concepción Herrera Gaytán, persona débil visual que durante muchos años ha buscado el cobijo de diputados en esta honorable Cámara.

El día de hoy una persona que vive una discapacidad en México no se la pasa fácil ni se la pasa bien. Las personas que viven una discapacidad o enfermedad y sus familias, enfrentan a diario cientos de obstáculos al entorno lleno de barreras, donde las miradas, rechazos, burlas, lenguaje inapropiado nos hacen más difícil tener un país con verdadera inclusión.

Los perros, por ejemplo, forman con una persona usuaria un binomio perfecto, porque armoniza su calidad de vida. El amor y las habilidades de estos animales logran evitar más laceraciones o accidentes, que sin duda a quienes asisten le cambian, le mejoran y le transforman la vida, incluso a personas con diabetes les salvan la vida misma.

No olviden que después de los terribles sismos de septiembre pasado muchos binomios caninos salvaron la vida de cientos de mexicanos y en este caso los perros se convirtieron en héroes nacionales. Así justamente, eso son los animales de asistencia para sus usuarios: sus propios héroes. Les pido un voto a favor. Es cuanto. Por su atención muchas gracias a todos. Gracias a la Presidencia.

El presidente diputado Edgar Romo García: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido en lo general.

Toda vez que, de conformidad con el artículo 109 de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El presidente diputado Edgar Romo García: Saludamos la presencia en este salón de sesiones de los representantes de la institución que se encarga de entrenar perros de asistencia y de ayuda. Bienvenidos a este recinto.

Igualmente les damos la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Cadereyta de Montes, que han sido invitados por el diputado Cabrera Ruiz y que hoy nos acompañan en este recinto. Bienvenidos.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 299 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, vengo a presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Este dictamen pretende dar solución a un problema surgido recientemente en el seno de la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados.

Como se recordará, en la sesión del 12 de octubre de 2017 la Sección Instructora no pudo tomar una determinación respecto a acusaciones contra dos diputados por su presunta implicación de los malos manejos de la administración pública en el estado de Veracruz, por lo cual se acordó enviar el asunto a la Mesa Directiva para que este órgano decidiera si el asunto pasaba al pleno de la Cámara de Diputados o no.

Cabe apuntar que ya en abril de ese año había sucedido esto mismo al discutirse por primera vez.

Esta circunstancia hizo revisar el número de integrantes que componen la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para tratar de resolver este problema, y los integrantes de este órgano colegiado hemos considerado que al haber un número impar de integrantes, la Sección Instructora podría tener más posibilidades al interior de tomar determinaciones que eviten el empantanamiento de los asuntos en esa instancia, por lo que esperamos que esta resolución legislativa evite parálisis y atascos, por lo que solicitamos votar a favor del dictamen propuesto.

No obstante, es necesario reconocer que el rezago en materia de solicitudes de procedencia y juicios políticos, no será resuelto con esta reforma.

Recordemos que la Sección Instructora es el órgano que se encarga de practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hechos materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado en el juicio político, y debe realizar las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita en el caso de la declaración de procedencia, y concluida esta averiguación, dictaminar si ha lugar a proceder penalmente contra el inculpado.

En ambos casos la Sección Instructora procede solamente después de que las acusaciones pasan por un primer filtro, el de la Subcomisión de Examen Previo, que es quien establece los antecedentes de la acusación para determinar si el caso amerita la investigación e instrucción.

Como ha sido descrito por el jurista Fernando Santolaya: una revisión parlamentaria ante actos de corrupción por parte de servidores públicos debe ser limitado y con estricto apego de los valores y principios protegidos.

Conforme a las cifras entre 2003 y 2017, en la Cámara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio político. Esta cifra nos hace reflexionar sobre la importancia y la celeridad con que debemos actuar, pero sobre todo responder como legisladores ante estos actos.

En febrero de 2017 los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo recibieron del juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, el requerimiento de pronunciarse sobre la procedencia o no de denuncia de juicio político en contra del ex gobernador del estado de Chiapas, Juan José Sabines. El juzgado los apercibió que, de no pronunciarse, se les impondrían una multa a las y los diputados federales por incumplir las sentencias de amparo. Finalmente, por no haberse pronunciado, el juzgado terminó por multarnos.

No obstante, en cumplimiento a la sentencia de amparo, la Subcomisión de Examen Previo sesionó el 1 de marzo de 2017 y con 12 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, resolvió desechar por prescripción 109 solicitudes de juicio político de las 364 que presentaron desde 2003 a esta fecha.

Tengamos en mente que los agentes de control deben ser autoridades o sujetos de poder cualificados por su condición política cuyo control se basará en la capacidad de una voluntad para fiscalizar, tal como lo menciona el magistrado español Manuel Aragón, labor que deberá ser acompañada por los correspondientes medios de control, los cuales son elementos imprescindibles de la democracia.

Los exhorto, compañeras y compañeros, a trabajar en conjunto a fin de generar los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta labor que, sin duda alguna, signará un precedente importante en la actividad legislativa que realizamos en este recinto.

Por todo ello insto a la pronta revisión y actualización de las normas relativas de las responsabilidades de los servidores públicos, y agradecer a los compañeros y compañeras diputadas de la comisión por la aprobación de este dictamen.

Y, asimismo hago del conocimiento que hay una propuesta —si me permite presidente— muy breve, para que se cambie el artículo primero transitorio, que diría de origen: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta de modificación es:

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 14, de los Estados Unidos Mexicanos, los procesos que se encuentren en curso de la Sección Instructora de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, continuarán su desahogo conforme al acuerdo de su integración publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2016. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, a nombre de la Comisión.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Está a discusión el dictamen en lo general, y en lo particular con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición hasta por cinco minutos, los Grupos Parlamentarios del Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción y del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la tribuna para tales efectos, el diputado Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social.

El diputado Abel Cruz Hernández:Con su venia, presidente. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento referente al dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Es en el artículo 109 constitucional en el que se establece que se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

El mecanismo para iniciar el juicio político, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, corre a cargo del Poder Legislativo en dos etapas: La primera, ante la Cámara de Diputados, quien funge como órgano instructor y de acusación. Y la segunda, ante la Cámara de Senadores quien actúa como jurado de la sentencia.

No obstante, la conformación heterogénea que desde 1997 se ha presentado en el Poder Legislativo, ha impedido iniciar juicios políticos en contra de diversos actores públicos denunciados, debido a que no se construye una mayoría absoluta o calificada requerida en el texto constitucional. Lo que ha derivado no solo en impunidades, sino también en un estado de desconfianza propiciado por las cuestionables decisiones de tal órgano ante la sociedad.

Es importante señalar que el juicio político se encuentra dentro del derecho público, es decir, su objeto se encuentra directamente vinculado con los intereses fundamentales de la nación y su buen despacho. Sin embargo, frente a las actuales circunstancias de impunidad y corrupción por las que atraviesa el país, donde se ven transgresiones graves a los ordenamientos jurídicos por parte de servidores públicos, la desconfianza ciudadana hacia la clase gobernante cada vez es mayor.

Por lo tanto, resulta necesario reformar no solo las atribuciones a los distintos órganos competentes, sino también los mecanismos mediante los cuales se hacen efectivas tales atribuciones.

En este sentido, uno de los medios de control del poder, como es el juicio político, requiere una revisión, transformación tanto en sus fines como en su procedimiento y efectos, en virtud de que desafortunadamente no se ha cumplido con el objeto para el cual fue creado.

En Encuentro Social consideramos necesario una redefinición en el procedimiento del juicio político, a efecto de que verdaderamente sea un control o medio de defensa de la Constitución, para así poder demostrarle a la ciudadanía que, tratándose de requerimientos, de responsabilidad para servidores públicos, únicamente se atienden criterios jurídicos y que no existen estados de excepción o tolerancia.

Por lo anterior, el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor del dictamen. No obstante, queremos manifestar que lo verdaderamente importante para combatir la impunidad y la corrupción sería legislar sobre la inmunidad constitucional, de la cual gozamos legisladores y otros servidores públicos, ya que por todos es conocido que existen personas sin distinción de colores ni partidos políticos, que escudados en el fuero cometen abusos de todo tipo que quedan impunes.

Por tal razón, Encuentro Social fue el primer grupo parlamentario en presentar una iniciativa para eliminar el fuero, ya que es evidente que el sistema político se ha dedicado a desvirtuar la inviolabilidad constitucional en un fuero de impunidad, que de ninguna manera puede continuar.

Por eso lo hemos repetido muchas veces en esta tribuna, Encuentro Social dice, no al fuero. Por su atención gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso, es para mí un honor el hecho de hablar hoy a nombre de la bancada turquesa, de la bancada Nueva Alianza y a la cual le agradezco a mi coordinador, al diputado Luis Alfredo Valles, la confianza, gracias coordinador.

La democracia es un principio fundamental para el desarrollo y bienestar de la nación. Implica establecer reglas y normas bajo las cuales debe conducirse la administración de un buen gobierno.

Nuestra Constitución, en su Título Cuarto, establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa. Además de los principios rectores de la función pública.

Pues desafortunadamente la experiencia demuestra que muchos de los servidores públicos han deshonrado la confianza en ellos depositada, cayendo en actos de corrupción, conducta ilícita e impunidad.

Para sancionar estos actos la ley prevé el juicio político, que debe ser procesado por la Cámara de los Diputados como órgano de acusación, y por su parte, la sanción de la Sección Instructora y la de Senadores como órgano de sentencia mediante la sesión de enjuiciamiento.

En Nueva Alianza entendemos la responsabilidad que como servidores públicos tenemos para conducirnos con apego a la legalidad, a la honradez, a la lealtad, la imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de nuestras funciones, cargos y comisiones.

Creemos que conductas contrarias a estos principios afectan, sin duda, el interés público federal y ponen en riesgo la democracia en México y, por ende, la estabilidad de nuestro país.

Por lo que consideramos que aquel servidor público que actúe de manera ilícita, entonces debe de asumir las consecuencias.

En ese sentido, en la mayoría de los casos donde se ha solicitado un juicio político, la Sección Instructora se ha visto obstaculizada para complementar su labor, principalmente por el número de integrantes que la conforman. Actualmente, como todos sabemos es de cuatro, por lo tanto, se registran empates y empates y empates en la votación de juicios de procedencia, con lo cual se estanca y luego se le da carpetazo a todas las solicitudes.

Para Nueva Alianza, hemos detectado que de ahí la necesidad de que dicha instancia tenga una conformación que permita alcanzar una mayoría. Es decir, ampliarla a cinco integrantes para que esta posibilidad de tomar una decisión que conduzca a evitar encubrimientos y así erradicar la impunidad. Porque seguro estoy de que todos los aquí presentes y quienes nos están viendo en el Canal del Congreso deben saber y debemos estar conscientes de que, como diputados, es nuestro deber y obligación impulsar la certeza jurídica y democrática de México. Por su atención, muchísimas gracias.

Presidencia de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. El turno es para la diputada Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano.

En tanto, saludamos a un grupo de mujeres miembros de la Asociación de Mujeres Emprendedoras e Innovadoras, Asociación Civil, del estado de Puebla, que nos están visitando y son invitadas del diputado Ricardo Ernesto López Priego. Bienvenidos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. El proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es importante y fundamental para adquirir la menor credibilidad, al menos de esta Cámara de Diputados.

El artículo 11, segundo párrafo de esta ley establece la integración de la Sección Instructora encargada de la sustanciación de juicios políticos y de declaraciones de procedencia.

En la actualidad se integra por cuatro diputados, por eso ha sido imposible sacar los dictámenes que son importantes para la ciudadanía, pero sobre todo que son los cuatro diputados y diputadas que no han podido desempatar la votación para incoar juicios de procedencia y que este pleno conozca de ellos.

Pero, además, es importante que resuelva para retirar la protección constitucional a algún servidor público que ha sido imputado y aquí lo tuvimos en esta Cámara. Aquí el PRI lo protegió, aquí estuvo tres días intentando tomar protesta.

El juicio político es un principio que deberíamos tener como una parte fundamental para quienes violentan la ley. Por ello la propuesta de ampliar a cinco miembros esta comisión es no solamente una acción de justicia, sino también para que se tomen decisiones serias y se pueda proceder ante quien violenta la ley.

No pasa desapercibido que en la Junta de Coordinación Política se da la integración de la Sección Instructora y que en esa misma se puede dar una composición mayor a algún grupo parlamentario. Y eso lo vemos en las comisiones, hay comisiones en donde el PRI tiene una amplia mayoría y así no vayan las demás fracciones parlamentarias, ellos imponen su votación.

Por eso es que la reforma a este artículo es muy importante, porque así podríamos destrabar los juicios de procedencia. Nosotros hemos sido impulsores del principio de igualdad ante la ley, de todos y todas las ciudadanas y, por lo tanto, no debe existir protección o impunidad en favor de cualquier servidor público y mucho menos del que violenta la ley. El fuero generalmente es utilizado por quien delinque, no por sus opiniones, sino porque en el fondo hace acciones contra la ley.

Es necesario que lo que lleva en vigor el régimen de responsabilidades, del gobierno de Miguel de la Madrid —a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y con la vigente Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 y que está en vigor—, conforme a lo dispuesto en el transitorio cuarto —a partir del 1 de enero de 1983—, ningún servidor público ha sido separado de su cargo por juicio político. Pero sí recordamos aquí el caso de Andrés Manuel López Obrador, a quien le fincaron un juicio de procedencia para descalificar su jefatura de gobierno. No solo se ha procedido cuando hay consigna, los casos de Díaz Serrano también es un ejemplo de ello.

Votaremos a favor del dictamen, pero me permito decir que estamos en contra de que entre en vigor hasta la siguiente legislatura, porque en la Comisión de Transparencia cuando lo discutimos debió haber entrado en vigor en esta legislatura. No a juicios políticos a modo. Todos los juicios políticos que están en la Comisión, son responsabilidad del PRI. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación es el turno para el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.

Y en tanto procede, saludamos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 133, Miguel Alemán, del municipio de Chalco, Estado de México y a productores agrícolas del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Los primeros invitados por la diputada Susana Osorno Belmont y los últimos por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Muy bienvenidos sean.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Adelante, diputado.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Un saludo a quienes nos siguen por el Canal del Congreso. Quienes ocupamos un cargo público debemos tener conciencia plena de nuestro deber, ante quiénes habremos de rendir cuentas. Es decir, las y los ciudadanos mexicanos.

Todos los servidores públicos estamos condicionados a no cometer actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño de cualquier cargo que tengamos, cualquier empleo o cualquier comisión.

En este contexto, para evitar abusos de poder los altos funcionarios públicos se encuentran sujetos jurídicamente desde nuestra Constitución a la posibilidad de responder a los juicios políticos en caso de incurrir en acciones que lesionen los intereses públicos como lo son actos de corrupción o cualquier otro señalado en nuestra ley.

Para lograr que los procesos de juicio político se lleven a cabo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente las actividades de la llamada Sección Instructora, a efecto de determinar la existencia o no de un delito y la probable responsabilidad del imputado, y así determinar al final de las diligencias si se procede o no se procede en contra de dicho inculpado.

En este caso, el dictamen que estamos analizando indica la necesidad de aumentar de cuatro a cinco miembros el número de integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la Cámara de Senadores. Ello con la intención de evitar posibles empates o resoluciones dictadas por un número muy reducido de legisladores.

Modificar la cantidad de integrantes a una cifra impar permitirá agilizar la toma de decisiones de la Sección Instructora, al definirse de manera más rápida y más clara el proceso de votación de los dictámenes al interior de dicho órgano.

De esta forma, la ciudadanía tendrá total certeza de que el procedimiento se ejercerá con plena ecuanimidad, neutralidad y objetividad para decidir si se procede o no penal o administrativamente en contra de funcionarios públicos señalados como probables responsables de cometer actos contrarios a los intereses de la sociedad mexicana.

En el Partido Verde consideramos que esta medida permitirá avanzar en la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia el procedimiento legislativo que hoy llevamos a cabo y que posibilita la investigación de servidores públicos involucrados en acciones ilícitas, por lo que votaremos a favor del dictamen, pues con ello seguiremos sumando esfuerzos para combatir la corrupción.

Ningún funcionario público debe de estar por encima de la ley, y quien cometa un ilícito o falta administrativa, debe ser sancionado con todo el peso de la ley aplicable. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es el turno para la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para la fijación de postura.

La diputada Guadalupe Hernández Correa:Con su permiso, presidenta. A las personas que nos ven a través del Canal del Congreso, la importancia del dictamen que hoy se discute, forma parte de lo que diversos expertos en la materia han considerado la función jurisdiccional de los parlamentos, función desarrollada con las características propias de un poder que formula reglas generales y controla al Ejecutivo.

Para Fernando Santaolalla, tratadista español dentro de la función jurisdiccional, la manifestación más notable y aún vigente en diversas latitudes, es la que se refiere a los delitos cometidos por miembros de las cámaras de Congreso o del gobierno.

La exigencia de responsabilidades por determinados delitos cometidos por miembros de las cámaras de Congreso o de gobierno, el mecanismo de acusación a través de la cual la Cámara baja realiza una acusación que posteriormente es juzgada por la Cámara alta, procede del parlamento británico.

Sin embargo, como lo hace notar Francisco Berlín Valenzuela, citando a Emilio Rabasa, en México es preciso distinguir la actuación de la Cámara de Diputados en materia de juicio político, refiriéndose al artículo 110 constitucional, en cuyo caso funge como órgano acusador ante la Cámara de Senadores a la cual le corresponde el juicio de procedencia, cuando tiene a su cargo declarar o no el fuero de los presuntos responsables por violaciones a las leyes penales, refiriéndose al artículo 111.

Corresponde entonces a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político actuando como órgano instructor y de acusación.

Es atribución de la Sección Instructora abrir un período de pruebas, recibirlas, agrupar otras que considere convenientes, calificarlas y una vez terminada la instrucción poner el expediente a la vista de denunciantes para que pueda formular alegatos.

Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán que se declare si hay o no lugar para proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta que dio origen al procedimiento.

En la actual legislatura en la Cámara de Diputados solo se han pronunciado una sola vez en jurado de procedencia para retirar la protección constitucional a una legisladora local por haber cometido un delito federal.

No obstante, la Sección Instructora ha detenido importantes asuntos por su composición impar que ha impedido la emisión de los dictámenes, como sucedió en el desafuero de los diputados federales por el PRI, Antonio Tarek Abdala y Alberto Silva Ramos, presuntamente involucrados en desvíos de recursos públicos en Veracruz cuando Javier Duarte gobernó esa entidad.

El entonces presidente de la Sección Instructora, el diputado federal Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, dio a conocer el dictamen propuesto en el que se consideraba improcedente retirar el fuero a ambos congresistas.

Esto fue sometido a un par de rondas de votación que terminaron en empate, por lo que la protección legal de sus compañeros del partido nuevamente quedó intacta.

De no resolver esta circunstancia, como ahora se propone en el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la función jurisdiccional de la Cámara de Diputados se verá obstaculizada dañando nuestra frágil democracia.

Morena votará a favor de este dictamen y participará activamente en el debate sobre la supresión del fuero, si es que así lo decide la Cámara de Diputados. Suprimir los privilegios y remover obstáculos para la acción de la justicia forma parte de nuestra agenda legislativa. Es cuanto, presidente.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Es el turno para el diputado Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar su postura en relación al tema, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el juicio político es una de las muchas figuras jurídicas ornamentales que tenemos en México.

No funciona porque no está hecho para que funcione. No se aplica porque está hecho para que no se aplique, como tantas y tantas normas en México. Ese es el origen de la corrupción, dicho sea de paso, ese abismo que hay entre la norma y la realidad en este país que se llena también, dicho sea de paso, por cierto, con códigos de reglas no escritas.

El propósito de este dictamen, de la reforma que nos llevó a este dictamen, es inyectar una dosis de eficacia a esa figura jurídica ornamental. Hacer que la norma pueda ser más fácilmente aplicable con algo tan sencillo como aumentar de cuatro a cinco el número de legisladores que votan por la declaración de procedencia, pasar de un número par a un número impar.

Así de fácil y así de complicado. ¿Y por qué complicado?, porque ahora resulta que se está proponiendo que esta reforma, que cuando aprobemos este dictamen se haga con un transitorio que diga que entrará en vigor hasta el fin de esta legislatura.

El Grupo Parlamentario del PRD está de acuerdo con el espíritu de la reforma, con la idea de facilitar el funcionamiento del juicio político, con pasar de cuatro a cinco integrantes de la Sección Instructora, pero no con la postergación de su entrada en vigor, porque esa trae dedicatoria.

Es evidente que quien propuso esa postergación es el PRI, y es evidente que intenta proteger en particular a uno de los integrantes de su bancada. Por eso no estamos de acuerdo con esa postergación, pero el tema de este dictamen es el fuero, el fuero que tanto se ha discutido y en torno al cual tantas propuestas demagógicas se han hecho.

Hace poco, el candidato presidencial del PRI y de su coalición, dijo ante los medios que presentaría una iniciativa, que él ya la tenía, que se la había dado a su grupo parlamentario, para eliminar el fuero. Lo que está pasando el día de hoy contradice esa propuesta y la desnuda como lo que es, una propuesta demagógica.

Si vamos a acabar con el fuero, vamos a acabar en serio y vamos a hacerlo hoy, no cuando termine esta legislatura, no cuidando a unos, no tratando de que otros se salgan con la suya, no discriminando.

Porque yo quiero ver esa iniciativa del fuero, de la supuesta supresión del fuero de la que hablaba el candidato priista ¿incluye a los legisladores también? porque en las listas, en las listas plurinominales del PRI y de sus aliados hay muchas personas en busca de fuero. Si las incluye vamos discutiéndolo y vamos aprobándolo de una vez, legisladores, al Ejecutivo y a todas aquellas personas que hoy están protegidas por esa inmunidad.

Si deberás vamos a entrarle, como lo ha propuesto el Frente, vamos a entrarle sin demagogia, vamos a hacerlo con realidades, y si vamos a acabar con los ornamentos, con esas normas inaplicables alejadas de la realidad hechas a propósito para que no se apliquen, hagámoslo de una vez, hagámoslo votando este dictamen sin la postergación y hagámoslo discutiendo de una vez enserio la eliminación del fuero en todas sus expresiones. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. A continuación es el turno para el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, hoy vengo como promovente de la iniciativa que vamos a votar en pleno el día de hoy, a pedirles que voten a favor.

Es una iniciativa muy sencilla, reforma solamente un artículo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que el organismo de esta Cámara de Diputados, que tiene como función determinar si se retira o no el fuero a quien en su momento lo tiene, no puede ser procesado penalmente y también de llevar los casos de juicio político ante el Senado, este compuesta por un número non de integrantes y no por un número par como lo es actualmente.

El motivo es que en la actual legislatura hemos reiteradamente tenido empates en las votaciones, dos en un sentido, dos en otro, y en virtud de que existe un vacío legal muchos asuntos no han podido discutirse hasta su conclusión.

Los temas que se discuten en el seno de la Sección Instructora son de una gran relevancia para la vida pública del país, porque es precisamente dentro del sistema de responsabilidades políticas y penales que se pueden aplicar a servidores públicos corruptos, que se discuten ahí mismo y precisamente el tener un número par que genere la posibilidad de tener empates ahí, se traduce en la imposibilidad de llegar a las consecuencias de fincar responsabilidades a quienes lo merecen.

Por este motivo y ahora justamente que estamos en campañas políticas y que los candidatos de los diferentes partidos, coaliciones y frentes se han pronunciado a favor de retirar el fuero, a favor de reducir el número de legisladores, a favor de llamar a cuentas a políticos corruptos, es que toma importancia este dictamen, porque es el momento de demostrarle a la ciudadanía de que somos congruentes con lo que dicen los partidos en campaña y lo que hacemos una vez que estamos ya en funciones.

Se ha dicho en esta tribuna y se han presentado ya varias iniciativas, que vamos a retirar el fuero. Ojalá sea así. Ojalá de una vez podamos retirar el fuero en este país y aun así en ese caso, la Sección Instructora seguirá teniendo funciones de una gran relevancia, como será el caso de los juicios políticos.

Así es que, compañeras, amigas, amigos diputados, yo les pido, por favor, sensatez, congruencia, acompañen a Acción Nacional en esta propuesta, para poder hacer más eficaz la impartición de justicia en el sistema de responsabilidades políticas y administrativas contra los políticos corruptos en este país. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. El turno ahora es para el diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la postura de su partido, hasta por cinco minutos, compañero.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, con total independencia de que es necesario que se incremente a un integrante más para evitar los casos de empate, habrá que precisar que no solamente el número es el importante para sacar adelante un dictamen. Lo verdaderamente relevante es que, en el caso específico de los juicios de declaración de procedencia, realmente se observe en la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El artículo 111 de la Constitución Política del país es clarísima, para poder proceder penalmente en contra de un servidor público dotado de fuero es necesario que se reúnan los requisitos previos para poder ejercitar acción penal.

¿Cuál es un requisito previo? Pues simple y sencillamente que el Ministerio Público, cuando menos, mande las carpetas de investigación debidamente integradas, completas y pueda así estar en condiciones de poder ejercitar acción penal.

Pero la Sección Instructora no ha sido diseñada para politizar la justicia, enmendar las planas que permanentemente, al menos en esta legislatura tuvo el Ministerio Público al mandar carpetas de investigación totalmente sesgadas, incompletas y más aún, con reconocimiento al interior de la propia institución de que se encuentran en trámite, que se encuentran incompletas, que faltaban actuaciones para poder seguir adelante y poder estar en condiciones de acudir ante un juez a solicitar una acción penal.

¿Qué hizo la Sección Instructora? Única y exclusivamente acatar lo que establece el artículo 111 constitucional, ser garante de la Constitución y no torcer la ley como se pretendió al interior de la Sección Instructora y por esa razón se suscitaron los empates.

Cuando hubo una congruencia total y de veras un estudio al interior de los asuntos, estos salieron en forma positiva, sin ningún problema. Pero cuando se pretendió politizar la justicia fue cuando ya no hubo el acuerdo unánime y se privilegiaron cuestiones políticas dejando al margen la cuestión jurisdiccional.

Habrá que recordar, compañeras y compañeros, que la función legislativa, la función de la Cámara de Diputados es primordialmente legislativa, pero por excepción es jurisdiccional.

Y cuando estamos en ese supuesto tenemos la obligación ineludible de observar la ley, de observar la Constitución y no de torcerla, como se pretendió en algunos casos, particularmente de los diputados que se hicieron mención y los cuales de ninguna manera recibieron un trato diferenciado ni tampoco estuvieron amparados por una tutela de impunidad.

Simple y sencillamente, como con cualquier otro, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento y se determinó en ese momento que no era procedente declarar la procedencia solicitada por el Ministerio Público. Así pues, estamos en una situación de estricto apego a derecho y de un acatamiento total a las disposiciones que lo rigen y que es de observancia obligatoria.

Hace unos momentos los diputados del PRI, a través de nuestro coordinador parlamentario, el doctor Carlos Iriarte, presentamos una iniciativa para eliminar el fuero de todos los servidores públicos del país, incluyendo al presidente de la República, como ha sido la petición expresa de nuestro candidato y próximo presidente de la República, José Antonio Meade Kuribreña. Por lo que, en su caso, los funcionarios tendrán que enfrentar sin excepción sus responsabilidades penales y administrativas sin protección procesal alguna, como todos los ciudadanos.

En este orden de ideas y una vez que dicha iniciativa sea dictaminada y aprobada por este pleno, lo referente a la declaración de procedencia, lo referente a los desafueros quedarán sin materia, pues al desaparecer el fuero ya no hay nada que investigar.

Dicho lo anterior, es urgente y necesario que actuemos sin el número de integrantes que obstaculice o detenga los procesos. Porque, insisto, no vamos a permitir que se politice la justicia.

Compañeras y compañeros diputados, la fracción parlamentaria del PRI votará a favor del presente dictamen, porque estamos conscientes de la necesidad de un quinto integrante, sin que ello signifique que por esa sola circunstancia los dictámenes deban resultar positivos por una simple mayoría, cuando lo que nos mandata la ley en los casos específicos es fundar y razonar adecuadamente todos los asuntos que le turnen a la Sección Instructora. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Suficientemente discutido. Consecuentemente, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprovechamos para saludar a los ciudadanos provenientes del municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, y a destacados jóvenes del Estado de México. Invitados por las diputadas Horalia Noemí Pérez González y diputada Mariana Vanessa Ruiz Ledesma.

Así como a ciudadanos de Tijuana, Baja California, que fueron invitados por la diputada María Luisa Sánchez Meza. Muy bienvenidos.

Presidencia del diputado Edgar Romo García

El presidente diputado Edgar Romo García: Enviamos un saludo desde esta tribuna a estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Iberomexicana del estado de Hidalgo, que han sido invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: ¿Algún diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema. Señor presidente, se emitieron 310 votos en pro y 0 votos en contra. Es cuanto.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 310 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

MINUTO DE SILENCIO

El presidente diputado Edgar Romo García: La Mesa Directiva participa a la asamblea de la pérdida irreparable de don Sergio Pitol, quien fuera licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Bristol. Fue un escritor mexicano reconocido por su trayectoria intelectual tanto en el campo de la creación literaria como en el de la difusión de la cultura.

Así como también lamentamos el sensible fallecimiento de doña Maribel Barajas Cortés, quien fuera candidata a diputada local por el distrito 22 de Múgica, Michoacán.

Los integrantes de la LXIII Legislatura nos unimos a la pena que embarga a sus familiares. Descansen en paz. Se pide a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Pueden tomar asiento.

INTERVENCIONES DE LEGISLADORAS

LLAMADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON EL FIN DE QUE GARANTICEN LA VIDA DE LAS MUJERES CANDIDATAS EN EL PROCESO ELECTORAL

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Desde su curul, la diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Presidente, un gran pesar por el escritor Sergio Pitol, pero un gran pesar porque a Maribel Barajas no se murió, Maribel Barajas fue asesinada a puñaladas.

Van seis mujeres candidatas en este proceso que han sido asesinadas, y los partidos políticos no las han protegido. Y le pedimos aquí al Partido Verde que proteja a sus diputadas, y le pedimos al PRI que proteja a sus candidatas, y le pedimos al PAN que protejan a sus candidatas, y les pedimos a todos los partidos que son quienes las proponen para ser candidatas, que las protejan porque ellas están siendo amenazadas de muerte, porque están siendo asesinadas, y los partidos no hacen nada, nada.

Les queremos decir que las mujeres están en riesgo en esta elección, y tienen que tomar conciencia de ello, que seis mujeres sean asesinadas durante este proceso, es muy grave. Así que, señor presidente, les pido un llamado muy serio a los partidos políticos para que garanticen la vida de las mujeres candidatas.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada Candelaria, sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates. Estamos, compartimos igualmente su punto de vista.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: La diputada Paola Félix, desde su lugar.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidente. De igual forma con la compañera Candelaria, poner atención a lo que está sucediendo en toda la República. No solamente son los homicidios, también hay amenazas directas a los que estamos caminando en las calles, a los brigadistas, a los ciudadanos.

Tenemos que poner atención porque no puede ser que la elección del 2018 sea como lo han dicho diferentes medios de comunicación y organismos internacionales, la elección más sangrienta de la historia de nuestro país.

No lo podemos permitir, queremos paz, tranquilidad, tocar puerta por puerta y que la gente decida de manera libre su decisión en las urnas. Muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: Bien, diputada. Se registra en el Diario de los Debates su posición.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados. Hace unos momentos fuimos testigos en este pleno del apoyo a los grupos vulnerables, en particular a quienes lamentablemente viven discapacidad visual o ceguera, respaldándolos precisamente con los binomios que requieren de una enorme capacitación para que pudieran tener otro tipo de vida.

Quiero felicitar ampliamente a la Comisión de Grupos Vulnerables, por haber dictaminado por unanimidad esta iniciativa que he formulado para también apoyar en todo lo que vale a las personas con discapacidad visual o ceguera.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2010 el número estimado de personas con discapacidad visual en todo el mundo ascendía a 285 millones, de los cuales 39 millones eran ciegos.

A este respecto es que la presente iniciativa busca proteger mediante la inclusión en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a un importante grupo poblacional que merece todo el impulso del Estado mexicano, que son las personas con algún tipo de debilidad visual, al incorporar en los medicamentos con escritura Braille, para que las personas con debilidad visual puedan saber el contenido del envase para su consumo de seguridad.

Esta iniciativa transitó durante algunos meses, en los que los diferentes grupos parlamentarios tuvieron ejercicios de acercamiento con las empresas farmacéuticas, y es por ello que esto será el inicio a nivel nacional de una serie de apoyos para, que con impresión Braille, todos los productos médicos puedan ser identificados por las personas que tienen esta gran problemática.

Si ustedes, compañeras y compañeros, por unos minutos cerraran sus ojos y necesitaran utilizar los medicamentos que requieren para su propia atención y no tuvieran quién los pudiera asistir, vivirían momentos muy difíciles, porque puede haber confusión si no pudieran utilizarlos y una equivocación es grave a nivel de eso.

Es por ello que esta aprobación, y debo de reconocer que hubo la voluntad política también y económica de las empresas farmacéuticas, para que en un futuro próximo pudiera iniciarse este tipo de acciones, reconociendo que en este momento ellos tienen inversiones importantes y no podrían etiquetar, de aprobarse, de inmediato en todas estas etiquetas la letra Braille, por lo que existe en los transitorios una prórroga para que la Secretaría de Salud deberá expedir en un plazo no mayor de dos años de la publicación del presente decreto, las disposiciones administrativas para su implementación, pero tendrán hasta cinco años, de acuerdo a esto, las empresas farmacéuticas para que en razón a sus proyectos y programas de inversiones, puedan quedar incluidas.

Es por eso que quienes lamentablemente hemos vivido un momento difícil, en donde pudimos haber perdido la vista y observamos esto, tenemos que ser conscientes de la realidad que viven millones de personas en el mundo y más también en nuestro país.

Por eso celebro a la presidencia de la Comisión de Grupos Vulnerables, a los secretarios de todos los partidos políticos, a todos los integrantes de la misma, haberlo firmado por unanimidad. Espero, de parte de todos los diputadas y diputados, poder votar en favor de este dictamen y poderle dar una etapa de ventaja a estas personas que tanto lo necesitan. Por su atención, muchas gracias. Es todo, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Al no haber más oradores registrados, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido.

Se pide a la secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Se cierra el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 284 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

DICTAMEN PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDADLEY GENERAL DE SALUD

El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327 y 329, se adiciona un artículo 321 Ter, y se deroga la fracción XVI del artículo 314 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Luis Jorge Mayorga Godínez cause alta como integrante de la Comisión Especial del Café.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que la diputada Daniella Judith Hernández Flores cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Daniella Judith Hernández Flores cause alta como secretaria en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que la diputada Claudia Sofía Corichi García cause baja como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Daniella Judith Hernández Flores cause alta como secretaria en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Mirza Flores Gómez cause baja como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que la diputada Claudia Sofía Corichi García cause alta como secretaria en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 11 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez cause alta como secretaria en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez cause alta como secretaria en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín cause alta como secretaria en la Comisión de la Ciudad de México.

• Que la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Óscar García Barrón cause alta como secretario en la Comisión de Ganadería.

• Que el diputado Óscar García Barrón cause alta como secretario en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Óscar García Barrón cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes cause alta como secretario en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Susana Corrella Platt cause baja como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata cause alta como secretaria en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Edith Yolanda López Velazco cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Ascención Reyes Santiago cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Érika Lorena Arroyo Bello cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Érika Lorena Arroyo Bello cause alta como secretaria en la Comisión de Juventud.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán cause alta como presidenta en la Comisión Especial de alerta de género.

• Que la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Oracio Flores Ruiz cause alta como secretario en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Oracio Flores Ruiz cause alta como secretario en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Oracio Flores Ruiz cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Hilda Miranda Miranda cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Hilda Miranda Miranda cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Hilda Miranda Miranda cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Julio César Tinoco Oros cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Julio César Tinoco Oros cause alta como integrante en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Julio César Tinoco Oros cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Luis Jorge Mayorga Godínez cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Luis Jorge Mayorga Godínez cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Alberto Ojeda Ojeda cause alta como secretario en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Alberto Ojeda Ojeda cause alta como secretario en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Alberto Ojeda Ojeda cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que el diputado Eduardo Villafuerte García cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Eduardo Villafuerte García cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Eduardo Villafuerte García cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

• Que el diputado José María Arroyo Juárez cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Social.

• Que el diputado José María Arroyo Juárez cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado José María Arroyo Juárez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado José Carlos Camacho Díaz cause alta como secretario en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado José Carlos Camacho Díaz cause alta como secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado José Carlos Camacho Díaz cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado José Hugo Ángel Olvera cause alta como secretario en la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado José Hugo Ángel Olvera cause alta como secretario en la Comisión de Justicia.

• Que el diputado José Hugo Ángel Olvera cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado José Hugo Ángel Olvera cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse. A las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquese.

SOLICITUDES DE LICENCIA

El presidente diputado Edgar Romo García:Se recibieron solicitudes de licencia de diputados. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción XVI; 12, fracción V, 13.1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito se me conceda licencia por tiempo indefinido a partir del día 11 de abril del año en curso.

Aprovecho la ocasión para agradecer su atención a la presente y reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2018.— Diputada María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia temporal al cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura por la tercera circunscripción, por el periodo comprendido entre el 28 de marzo al 2 de julio de 2018.

Mucho agradeceré se conceda el trámite correspondiente ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2018.— Diputado Mario Machuca Sánchez (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueban.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquense.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados Carlos Iriarte Mercado y el antes referido, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz:Agradezco a mi coordinador parlamentario, mi amigo Carlos Iriarte, por darme la oportunidad de suscribir junto con él esta presente iniciativa.

Con un saludo respetuoso a los representantes de los distintos cultos religiosos en nuestro país. Y también con un saludo a nuestro país a través de los medios de comunicación, especialmente en el Canal del Congreso.

En enero de 1992 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para modificar las normas que definieron la situación jurídica de las iglesias, sus ministros y el culto público, a fin de promover el respeto a la libertad de creencias. Fue, indudablemente un cambio de paradigma en México.

Derivado de dicha reforma constitucional, el 15 de julio de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La emisión de este instrumento jurídico tuvo por objeto el desarrollo de los principios contenidos en nuestra norma fundamental sobre la base de la clara separación del Estado y las iglesias, así como de las demás agrupaciones religiosas.

En 2013, ya en tiempos más recientes, nuestra Constitución sufrió otra modificación en el tema, dando pauta a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión, encaminadas a eliminar la discrepancia entre las normas nacionales e internacionales.

Tal como sucedió en 1992, compañeras y compañeros, hoy nuestro país enfrenta realidades que exigen actualizar la normativa que rige la vida de las asociaciones religiosas. Entre esa fecha y ahora han ocurrido diversos cambios en la realidad social.

Asimismo, el compromiso de nuestro país con los derechos humanos se ha consolidado. Ello ha llevado a que la norma que contiene los derechos en materia de libertad, de convicciones éticas, de conciencia y de religión no sea congruente con las necesidades que se pretenden regular.

En otras palabras, el desfase entre el marco normativo y la realidad social ha llevado al escenario en donde las personas jurídicas y las asociaciones religiosas actúan con poca certeza jurídica. Por ello, es necesario reformar dicha Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

La iniciativa que hoy presento parte de la importancia que revisten para nuestra sociedad las creencias y prácticas religiosas. Asimismo, reconoce la diversidad de creencias religiosas y convicciones que existen en nuestro país.

Lo anterior, sin menoscabo de los principios históricos en que se funda la relación entre Estado e iglesias. Por una parte, la iniciativa busca fortalecer el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Para ello enuncia diversas expresiones que pueden tener el derecho de libertad, de convicciones éticas, de conciencia y de religión.

Entre tales aspectos vale la pena destacar y mencionar los siguientes. Incorpora esta iniciativa la prohibición de discriminar por tener o no tener creencias religiosas. Amplia el derecho a manifestarse para expresar creencias religiosas. Establece el derecho a ofrecer y recibir asistencia espiritual. Consagra el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Reconoce el derecho de las personas para manifestar su voluntad respecto de sus restos mortales y reconoce el derecho de las personas para prestar servicios voluntarios y contribuir al sostenimiento de cualquier asociación religiosa.

Es oportuno, compañeras y compañeros, mencionar que el ejercicio de esos derechos no puede ser un motivo válido. No puede ser un motivo válido para cometer delitos, faltas penadas por la ley o afectar a derechos de terceros.

Por otra parte, la presente iniciativa pretende clarificar el ámbito de actuación de las asociaciones religiosas, así como simplificar la regulación a la que se encuentran sujetas. En este aspecto es oportuno mencionar, modificaciones como las siguientes.

Las asociaciones religiosas ya no tendrán que recabar autorización por parte de la Secretaría de Gobernación antes de adquirir un bien inmueble, únicamente será necesario que registren la adquisición de que se trate ante dicha dependencia. Posibilita que las asociaciones religiosas puedan solicitar, al igual que otras personas morales, concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Permite al Estado trabajar de manera coordinada con las asociaciones religiosas para la promoción del desarrollo cultural y social en un marco de laicidad.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos en otra época en donde hoy más que nunca, la sociedad nos exige en modernizar el marco jurídico de todas las actividades y esta no puede quedar fuera.

La presente iniciativa, por ende, pretende modernizar y adecuar a nuestra realidad constitucional y social la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de esa manera la intención es que las personas en México, todos nosotros, puedan ejercer de manera plena su derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión con mayor certeza jurídica. En una palabra, estamos apostando a consolidar un país de derechos plenos, de derechos efectivos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por los diputados Carlos Iriarte Mercado y José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

En enero de 1992, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para modificar las normas que definen la situación jurídica de las iglesias, sus ministros y el culto público, a fin de promover el respeto a la libertad de creencias. La reforma de aquel año tuvo como finalidad la modernización de la normatividad para adecuarla a la realidad de la época.

Derivado de dicha reforma constitucional, el 15 de julio de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La emisión del instrumento tuvo como objeto el desarrollo de los principios contenidos en la norma fundamental sobre la base de la clara separación del Estado y las iglesias, así como de las demás agrupaciones religiosas. La misma ley buscó detallar, preservar y refrendar, a través de normas específicas, los principios básicos en materia de libertades religiosas, tales como el respeto a la libertad de creencias; un Estado soberano como responsable único de la regulación política de la vida pública; la demarcación clara entre los asuntos civiles y religiosos; así como la igualdad jurídica de las iglesias y demás agrupaciones religiosas.

En 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una segunda modificación relacionada con la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión, encaminada a eliminar la discrepancia entre normas nacionales e internacionales. En ese tenor, la Constitución Federal fue modificada para ampliar la libertad concebida en el artículo 24 y tutelar la libertad de convicciones éticas y la libertad de conciencia. Lo anterior, con pleno respeto a la laicidad del Estado.

II. Contenido de la iniciativa

Tal como sucedió en 1992, nuestro país enfrenta realidades que exigen actualizar la normativa que rige la vida de las asociaciones religiosas. Entre esa fecha y ahora han ocurrido diversos cambios a la realidad social que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no contempla, dado el contexto en el que fue emitida. Asimismo, el compromiso de nuestro país con los derechos humanos se ha reafirmado.

Ello ha llevado a que la norma que contiene los derechos en materia de libertad de convicciones ética, de conciencia y de religión no sea congruente con las necesidades que pretende regular. Ha contribuido a esta problemática el hecho de que dicha ley no ha sido materia de alguna revisión integral, que hubiera permitido depurar los problemas que hubieren ocurrido en su aplicación, así como ampliar el catálogo de derechos conferidos a personas y asociaciones religiosas.

El desfase entre el marco normativo y la realidad social ha llevado al escenario en donde las personas jurídicas y las asociaciones religiosas actúan con poca certeza jurídica. Por ello, es necesario reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

La iniciativa parte de la importancia que revisten para nuestra sociedad las creencias y prácticas religiosas. Asimismo, reconoce la diversidad de creencias religiosas y convicciones que existen en nuestro país. Lo anterior, sin menoscabo de los principios históricos en que se funda la relación entre Estado e iglesias.

A. En ese contexto, la iniciativa busca, por una parte, clarificar el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Para ello, enuncia diversas expresiones que pueden tener el derecho de libertad de convicciones éticas, conciencia y religión. Entre tales aspectos, vale la pena mencionar los siguientes:

i. Incorpora la prohibición de discriminar por tener o no tener creencias religiosas. La iniciativa pretende confirmar la protección que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece frente a aquellos que no profesan religión ni creencia alguna. Por ello, establece como componente del derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, el derecho a no ser discriminado por esos motivos.

ii. Amplía el derecho a manifestarse para expresar creencias religiosas. Este derecho se clarifica para establecer el derecho de las personas de manifestar ideas religiosas en asuntos de carácter social. Lo anterior, sin menoscabo de mantener la prohibición para que las asociaciones religiosas o ministros de culto puedan intervenir en asuntos de carácter político1.

iii. Establece el derecho a ofrecer y recibir asistencia espiritual. La iniciativa propone incluir el derecho a ofrecer asistencia espiritual, así como de recibirla, de conformidad con las creencias religiosas de cada persona.

iv. Consagra el derecho a ejercer la objeción de conciencia. La iniciativa reconoce el derecho a la objeción de conciencia justificada en una regla religiosa o principio ético. El ejercicio de ese derecho, que se reconoce como principio en la ley que se pretende modificar, se sujetará a lo que dispongan las leyes, en aquellos casos en donde sea regulado. De esta forma, se da un paso importante para establecer los casos en que podrá ejercerse ese derecho. Además, la iniciativa establece que podrá ejercerse cuando la oposición no constituya un delito o falta penados o sancionados por las leyes o, que por el ejercicio de este derecho se vea violentado el derecho de terceros.

v. Reconoce el derecho de las personas para manifestar su voluntad respecto de restos mortales. La presente Iniciativa establece las bases para que las personas puedan, en vida, manifestar su deseo respecto al destino de sus restos mortales de conformidad con sus convicciones. Lo anterior, siempre que mediante el ejercicio de este derecho se respeten las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sanidad.

vi. Reconoce el derecho de las personas para prestar servicios voluntarios y contribuir al sostenimiento de cualquier asociación religiosa. La Ley vigente prohíbe que se obligue a una persona a contribuir con dinero o en especie para el mantenimiento de las asociaciones religiosas. Sin embargo, la ley vigente no prevé expresamente la posibilidad de hacerlo, lo cual queda ajustado en esta ley.

Es oportuno mencionar que el ejercicio de esos derechos siempre debe realizarse de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Es decir, el ejercicio del derecho de libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión no puede ser un motivo válido para cometer delitos, faltas penadas por la ley, o para afectar derechos de terceros.

B. Por el otro lado, la iniciativa también pretende clarificar al ámbito de actuación de las asociaciones religiosas, así como simplificar la regulación a la que se encuentran sujetas. En este aspecto, es oportuno mencionar las siguientes modificaciones:

i. Adquisición de bienes inmuebles. Actualmente, las asociaciones religiosas deben obtener autorización de la Secretaría de Gobernación para adquirir bienes inmuebles. La Iniciativa propone reformar ese procedimiento con la finalidad de que las asociaciones religiosas ya no tengan que recabar dicha autorización por parte de la Secretaría de Gobernación antes de adquirir un bien inmueble. De tal suerte, únicamente será necesario que dichas asociaciones registren la adquisición de que se trate ante esa dependencia, con lo que se simplificará el día a día de dichas asociaciones, sin menoscabo del control del Estado sobre sus actividades.

ii. Eliminación de la prohibición para que las asociaciones religiosas puedan obtener concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La legislación actual establece la prohibición para que las asociaciones religiosas sean concesionarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La iniciativa propone eliminar esa prohibición, para que las asociaciones puedan solicitar, al igual que otras personas morales, concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Son esos mecanismos, y no una prohibición absoluta, los que garantizan que las concesiones se otorguen a quienes beneficien a la sociedad de mejor manera. Asimismo, y en consonancia con lo anterior, proponemos eliminar el régimen extraordinario para la transmisión de actos de culto público.

iii. La colaboración de las asociaciones religiosas en materia de desarrollo cultural y social. En la actualidad, muchas asociaciones religiosas coadyuvan en el desarrollo cultural y social de los mexicanos. Sin embargo, la regulación actual carece de disposiciones que permitan una colaboración expresa entre las asociaciones religiosas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Ello dificulta que se emprendan acciones coordinadas con un fin común y, como lo han mostrado casos recientes, en cuestiones de asistencia social y desarrollo humano es necesario sumar acciones de todos los actores. Por ello, sometemos a consideración una disposición que permite al Estado trabajar de manera coordinada con las asociaciones religiosas, para la promoción del desarrollo cultural y social, en beneficio de la sociedad mexicana.

III. Conclusión

La iniciativa pretende modernizar y adecuar a nuestra realidad constitucional y social la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. De esa manera, la intención es que las personas en México puedan ejercer su derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión con mayor certeza jurídica.

Dicha reforma se propone en el marco de laicidad del Estado que establece el artículo 130 constitucional. Por ello, al clarificar el espacio de actuación de las personas al ejercer su derecho de libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como la actuación de las asociaciones religiosas, la reforma también ha buscado ser muy precisa en mantener limitantes previstas en otros ordenamientos. En ese sentido, los derechos deben ejercerse en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables a cada caso.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración del Honorable Congreso de la Unión la sigueinte Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Artículo único. Se Reforman los artículos 1, 2, 3, primer y segundo párrafos, 8, fracción II, 9 fracciones V, VI y VII, 11, segundo párrafo, 12, 12 Bis, 15, 16, segundo párrafo, 17, 18, 21, segundo y tercer párrafos, 22, primer párrafo, 25, primer y segundo párrafos, 28, fracciones III y IV, 29, primer párrafo, así como sus fracciones IV, VII y X, 30 fracción II, 32, fracción II, así como su tercer párrafo, 34, segundo párrafo y 36; se ADICIONAN la fracción VIII al artículo 9, un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 14 y un cuarto párrafo al artículo 32, y se DEROGA el tercer párrafo del artículo 34, todos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.

Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, salvo en los casos en que las leyes prevean expresamente esa posibilidad, siempre y cuando dicho incumplimiento no constituya un delito o falta penados o sancionados por la ley, o se violente un derecho de un tercero.

Artículo 2o.El Estado mexicano reconoce y garantiza el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión de todas las personas.

El derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión comprende, enunciativamente, lo siguiente:

I. Tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como a conservarlas, cambiarlas o abandonarlas en cualquier momento;

II. Profesar y participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto, propios de sus creencias religiosas, siempre que no constituyan un delito o falta penados o sancionados por la Ley;

III. Buscar, recibir, expresar, difundir y propagar sus creencias religiosas, a través de cualquier medio de expresión y comunicación, en los términos de la legislación aplicable. No podrá establecerse la previa censura, ni coartar la libertad de expresión y difusión en materia de libertad de religión, salvo los límites previstos en la Constitución;

IV. Asociarse, reunirse o manifestarse pacíficamente con fines religiosos, así como expresar sus creencias religiosas en relación con asuntos de carácter social, sin perjuicio de las limitantes establecidas por las leyes;

V. Recibir la formación religiosa que esté de acuerdo con sus propias creencias religiosas;

VI. Ofrecer y recibir asistencia espiritual, de acuerdo a sus creencias religiosas o convicciones;

VII. Prestar servicios voluntarios y contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de cualquier asociación religiosa, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

VIII. Manifestar su voluntad respecto de sus restos mortales de conformidad con su convicción religiosa, sujeto a las restricciones señaladas en la legislación aplicable;

IX. No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa;

X. No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por motivo de tener o no tener creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en esta Ley;

XI. No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso, y

XII. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas o creencias religiosas.

Toda persona tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia justificada en un principio o regla religiosa o ética, en los casos en que las leyes así lo prevean, siempre y cuando ello no constituya un delito o falta penados o sancionados por las leyes o se afecten derechos de terceros.

El ejercicio del derecho de libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión debe respetar el orden público y no debe constituir delito o falta penada o sancionada por la ley.

El ejercicio del derecho de libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión no será limitado por desempeñar un empleo, cargo, comisión o función pública, salvo en el caso que las leyes así lo señalen, constituya un delito o falta penados o sancionados por la ley, o se viole un derecho de un tercero.

Artículo 3o.El Estado mexicano es laico y respeta el ejercicio del derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. El Estado ejercerá su autoridad en la materia, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, esta Ley, y demás disposiciones aplicables.

El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Lo anterior no impedirá que las asociaciones religiosas puedan proponer y, en su caso, llevar a cabo acciones conjuntas con el Estado para la promoción del desarrollo cultural y social de las personas, así como de asistencia social.

...

Artículo 8o. ...

I. ...

II. Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos; sin perjuicio de llevar a cabo las actividades económicas necesarias para su sostenimiento y cumplimiento de su objeto;

III. y IV. ...

Artículo 9o. ...

I. a IV...

V. Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de obras de asistencia social, de promoción humana y cultural, instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente, a las leyes que regulan esas materias;

VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación, en los términos de la legislación aplicable;

VII. A la formación religiosa de sus asociados y ministros de culto, y

VIII. Disfrutar de los demás derechos que les confieren ésta y las demás leyes.

Artículo 11. ...

Los representantes de las asociaciones religiosas deberán ser mayores de edad y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades correspondientes.

Los extranjeros que tengan el carácter referido en el párrafo anterior, deberán cumplir con la normatividad aplicable en materia migratoria.

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar dicha designación, en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de que se realice, a la Secretaría de Gobernación.

En caso de que las asociaciones religiosas omitan la notificación a que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que derive, serán considerados como ministros de culto, salvo prueba en contrario, a quienes ejerzan en ellas funciones de dirección, representación u organización.

En cuanto a las iglesias o agrupaciones religiosas, para efectos de esta Ley, se reputarán ministros de culto a quienes ejerzan en ellas, funciones de dirección, representación u organización.

Artículo 12 Bis. Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata, a la autoridad correspondiente, al momento en que tengan conocimiento sobre la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones.

Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata, al momento en que tengan conocimiento sobre el mismo, a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos.

Artículo 14. ...

...

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por fines políticos o carácter político, de proselitismo y propaganda política:

I. Inducir a una o más personas a votar por un candidato o por un partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, o a abstenerse de ejercer el voto, siempre que dicha inducción se realice en los lugares destinados al culto, en los locales de uso público o en los medios de comunicación, o

II.- Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular.

...

...

Artículo 15. Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a las que pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Artículo 16. ...

Las asociaciones religiosas podrán solicitar las concesiones a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para lo cual deberán cumplir con los principios y requisitos establecidos en dicha ley, así como con los demás requisitos que determine la legislación aplicable.

...

Artículo 17. Las asociaciones religiosas sólo podrán adquirir aquellos bienes inmuebles que resulten indispensables para el cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de cumplir con las demás obligaciones previstas en la legislación aplicable.

Las asociaciones religiosas deberán registrar ante la Secretaría de Gobernación los bienes inmuebles a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 18. Las personas que gocen de fe pública que intervengan en los actos jurídicos por virtud de los cuales una asociación religiosa adquiera la propiedad de un bien inmueble, deberán informar a la Secretaría de Gobernación y al Registro Público de la Propiedad que corresponda, de que el inmueble de que se trata habrá? de ser destinado a los fines de la asociación. Derivado de dicho informe, la Secretaría de Gobernación y el Registro Público de la Propiedad realizarán la anotación respectiva.

Artículo 21. ...

Las asociaciones religiosas podrán transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación. En ningún caso, los actos religiosos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión destinados al Estado.

En los casos mencionados en el párrafo anterior, los organizadores, patrocinadores, concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, serán responsables solidariamente junto con la asociación religiosa de que se trate, de cumplir con las disposiciones respecto de los actos de culto público.

...

Artículo 22. Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades federales, de las entidades federativas, de las demarcaciones territoriales o municipales competentes, por lo menos quince días hábiles antes de la fecha en que pretendan celebrarlos. El aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo por el que éste se pretende celebrar.

...

Artículo 25. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de esta ley. Las autoridades estatales y municipales, así como de la Ciudad de México, serán auxiliares de la Federación en los términos previstos en este ordenamiento.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas.

...

Artículo 28. ...

I. y II. ...

III. En la junta de avenencia, la Secretaría exhortará a las partes para lograr una solución conciliatoria a la controversia y, en caso de no ser esto posible, la nombren árbitro de estricto derecho, y

IV. Si las partes optan por el arbitraje, se seguirá el procedimiento que previamente se haya dado a conocer a éstas; en caso contrario, se les dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los Tribunales competentes.

...

Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los ministros de culto, asociados, iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones religiosas:

I. a III. ...

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas;

V. y VI. ...

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier título, a un fin distinto de su objeto;

VIII. y IX. ...

X. Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. La expresión de ideas respecto de asuntos sociales motivados en su doctrina o cuerpo de creencias, no podrá considerarse como oposición a las leyes del país o a sus instituciones;

XI. a XIV. ...

Artículo 30....

I. ...

II. La autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley, apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas, y

III. ...

Artículo 32. ...

I. ...

II. Multa de hasta treinta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización;

III. a V. ...

...

Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definitiva de un local propiedad de la nación destinado al culto ordinario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, determinará el destino del inmueble en los términos de la ley de la materia.

Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Artículo 34. ...

Si el recurso fuere oscuro o irregular, requerirá al recurrente para que dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya notificado el requerimiento aclare su recurso, con el apercibimiento que en caso de que el recurrente no cumplimente en tiempo la prevención, se tendrá por no interpuesto el recurso. La resolución que se dicte en el recurso podrá revocar, modificar o confirmar la resolución o acto recurrido.

Se deroga.

Artículo 36.Para los efectos de este título, a falta de disposición expresa y en lo que no contravenga a esta ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sus disposiciones supletorias.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán cubrirse con cargo a su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal que corresponda.

Notas

1 Por ejemplo, se ha puntualizado la prohibición que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo relativo a la intromisión en asuntos de carácter político. De esa forma, se busca asegurar que pueda expresarse la dimensión exterior del derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, sin que ello trascienda a la laicidad del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril de 2018.— Diputados: Carlos Iriarte Mercado y José Hugo Cabrera Ruiz (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Ávila Serna

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado José Hugo Cabrera Ruiz. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene la palabra por diez minutos el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Santiago Taboada Cortina:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Santiago Taboada Cortina: Tenemos que detener el crecimiento urbano desordenado. La voracidad no debe ser moneda de cambio y ni un centímetro de varilla puede estar fuera de la ley.

Basta del caos, la improvisación gubernamental y por supuesto de la corrupción. La corrupción se debe pagar con inhabilitación o con cárcel. Los vecinos merecen certeza, los ciudadanos deben ubicar a los responsables directos.

Debe existir una articulación de una política nacional que regule el desarrollo urbano, armonizándolo con el crecimiento económico y el crecimiento de la población. Las ciudades exitosas lo son porque su crecimiento es ordenado y tienen una visión a largo plazo. Se desarrollan anteponiendo a la persona y sobre todo su calidad de vida.

Es necesario crear instancias superiores a las locales de coordinación entre distintos órdenes de gobierno y que establezcan por mandato legal las directrices, los análisis, estudios y políticas que regulen la expansión de las ciudades, pues es una realidad que sobrepasó los límites geopolíticos generando necesidades de coordinación para el desarrollo de las ciudades y particularmente de las metrópolis.

El crecimiento desordenado de las grandes urbes ya no es exclusivo de la zona metropolitana del valle de México. Prácticamente todas las entidades federativas han tenido la necesidad de improvisar controles legales en el desarrollo de sus ciudades adoptando agendas que en poco o nada corresponde a su identidad regional, necesidades de la población, servicios y calidad de vida.

Es preciso dar el siguiente paso y transitar a un consejo, a un órgano de rango constitucional a manera de una agencia que cuente con su propia autonomía técnica, operativa, financiera y de gestión que no se encuentre supeditado a los controles, límites y restricciones que su actual estatus jurídico le confiere, en el que se definan verdaderas acciones de regulación desde una perspectiva integral e integradora.

Y los alcaldes, por supuesto, los presidentes municipales deben de estar, por supuesto, en el centro de la toma de decisiones.

La responsabilidad de normar y coordinar dichos sistemas, estará a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana, como organismo con autonomía técnica y de gestión.

En este sentido es importante no confundir que, al referirnos a la creación de un Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, no me refiero a un mecanismo informático como el que ya existe en la Ley General denominado, Sistema de Información Territorial y Urbano.

Al proponer la creación del sistema, me refiero a la creación de un mecanismo coordinado y coordinador de entes de la administración pública federal, de los tres niveles de gobierno, y un sistema en el que bajo la rectoría de la Agencia Nacional de Desarrollo Urbano, concurran autoridades cuya materia sea transversal con el ordenamiento del territorio y el establecimiento de una política nacional de desarrollo de las ciudades, regulando la participación de los sectores público y privado, involucrando a expertos, especialistas y a la sociedad civil.

Finalmente, por tratarse de un organismo cuya existencia ya se prevé en términos financieros a manera de consejo, el gasto adicional sería mínimo en comparación con los beneficios obtenidos, pues se aprovecharía la estructura, los recursos humanos y materiales, la información generada y presupuesto con el que ya cuenta el actual Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial.

Esta iniciativa, insisto, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear la Agencia Nacional de Desarrollo Urbano, tiene esta finalidad: ordenar. Tiene la finalidad de establecer mecanismos de coordinación, pero, sobre todo, el poder detener el crecimiento urbano desordenado que tanta afectación ha causado no solamente a nuestra ciudad, a la zona metropolitana del valle de México, sino a muchos estados de la República que hoy ven en este crecimiento desordenado, perjudicados sus servicios y su calidad de vida. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 1o., 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de crear la Agencia Nacional de Desarrollo Urbano.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la sustentan

Planteamiento del problema

Una reforma constitucional que permita establecer orden y debida regulación en el importante tema, al adicionar un apartado D al artículo 26 de la Carta Magna en donde se instaure un Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de establecer a nivel nacional los contenidos, mecanismos, estudios, análisis, procedimientos y definiciones de una política nacional de desarrollo urbano con énfasis en la protección a la vida, la integridad y la seguridad de los mexicanos cuyos datos y criterios serán considerados oficiales. Para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Argumentos

El crecimiento desordenado de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a fines de la década de los cincuenta como consecuencia de la desarticulación de una prácticamente inexistente política nacional que regulara el desarrollo urbano armonizándolo con el crecimiento económico y cuyo fenómeno se vio acrecentado por un acelerado crecimiento de la población que migraba del campo a la ciudad a fin de conseguir mejores condiciones de vida ante el evidente y descarado abandono de la política agraria, la cual fue la generadora de millones de pobres.

Para finales del siglo XX, nuestro país vivió una dramática transformación al convertirse en una nación predominantemente urbana; por primera vez las zonas donde se asentó la población mexicana fue en las ciudades y ya no en el campo.

Con datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, mientras que a principios del siglo pasado solamente había 33 ciudades con más de quince mil habitantes, para el año 2010 tenemos 384 ciudades con este número de pobladores y en ellas reside ya 71 por ciento de los mexicanos.

Es claro que el acelerado y desmedido proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los asentamientos humanos y el deterioro e inminente abandono de las zonas rurales del país; en primer término porque a pesar de lo evidente del fenómeno y del hecho de que el mismo se presentó en prácticamente todo el mundo, el gobierno federal nunca tuvo la visión y altura de miras para diseñar una política integral de desarrollo urbano, generando que el proceso migratorio no fuese suficientemente asimilado con orden y calidad de vida, asimismo, las propias ciudades no se encontraban preparadas para recibir a tales cantidades de población por lo que éstas tuvieron que asentarse en zonas de suelo no apto y accesible, es decir, de manera irregular.

Aún en tiempos recientes la inexistencia de ese suelo apto al interior de las ciudades y accesible para los sectores más desfavorecidos para la población, continúa siendo un factor que impulsa el asentamiento en zonas de riesgo.

A nivel nacional, 11 por ciento de las viviendas en localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 por ciento se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9 por ciento sobre barrancas.

Las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de alto y muy alto riesgo se ven reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, reportado como un hecho frecuente en 4 por ciento de los hogares urbanos, cuarteaduras de muros por reblandecimiento reportado por 5 por ciento de los hogares y deslaves y derrumbes de cerros por lluvias reportado por 4 por ciento.

Un segundo efecto del proceso de urbanización en México es la expansión desproporcionada de la mancha urbana. En las ciudades de nuestro país el crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis.

Otro de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado de las ciudades fue la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las necesidades habitacionales privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar su impacto territorial, urbano y ambiental al tiempo que la industria desarrolladora encontró una oportunidad de negocio en la producción de vivienda de interés social en lugares donde el suelo era más barato, es decir, en los lugares cada vez más alejados de los centros urbanos consolidados.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), las ciudades de más de un millón de habitantes presentan densidades promedio de 36 viviendas por hectárea (viv/ha); las de 500 mil a un millón promedian 27 viv/ha; las de 100 mil a 500 mil, 21 viv/ha; y las de 50 a 100 mil presentan en promedio densidades de 19 viv/ha, con un promedio general nacional de 23 viv/ha.

El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía como para el país en su conjunto. Por un lado, la provisión de servicios básicos por parte del gobierno se vuelve más costosa, problema que, aunado a la debilidad financiera de las recaudaciones locales, se traduce en desigualdades en la calidad y oportunidad con la que los gobiernos locales proveen bienes públicos a los ciudadanos.

Se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que se han consolidado los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor a la de aquellas regiones en donde existió una planeación urbana ordenada. La provisión de servicios básicos como estrategia para conectar desarrollos alejados de las ciudades, sumando al abandono de los centros de las ciudades debido al deterioro de inmuebles provoca subutilización del equipamiento e infraestructura e incluso genera incentivos para la especulación del suelo.

Por otra parte, la distancia que millones de mexicanos deben recorrer diariamente para acceder a sus trabajos, genera inversiones significativas en dinero y tiempo. 15 por ciento de los hogares en zonas urbanas reporta que gasta aproximadamente entre 51 y 200 pesos diarios para trasladarse de su casa al trabajo. En el Valle de México, el porcentaje de hogares que paga dicha cantidad aumenta a 16 por ciento y en las ciudades de más de un millón de habitantes aumenta a 21 por ciento.

En cuanto al tiempo de traslado se refiere, 62 por ciento de los hogares encuestados reportan que a la persona que más aporta al gasto familiar le toma entre 23 y 38 minutos llegar a su centro de trabajo.

La sustentabilidad social de las ciudades debe reforzarse mediante la construcción de relaciones significativas entre las personas y los lugares que habitan. La existencia de ciudades competitivas, prósperas, justas, seguras y sustentables depende de la acción articulada de sus ciudadanos y de las autoridades que las gestionan.

En este sentido, resulta evidente la necesidad de crear instancias superiores de coordinación entre distintos órdenes de gobierno y que establezcan por mandato legal, las directrices, los análisis, estudios y políticas que regulen la expansión de las ciudades, pues es una realidad que ésta sobrepasó los límites geopolíticos, generando necesidades de coordinación para el desarrollo de las ciudades y particularmente, rebasó los alcances y potencial de las instancias locales.

Ejemplo de ello, es la Ciudad de México en donde el gobierno a lo largo de los últimos quince años y bajo el pretexto de un supuesto despoblamiento de las zonas del centro, emitió una serie de desafortunadas medidas, primero con la emisión del llamado “Bando 2” donde solamente se autorizaban desarrollos inmobiliarios en cuatro demarcaciones territoriales: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Azcapotzalco, a fin de construir vivienda a bajo costo, sin embargo esto no revirtió el fenómeno y por el contrario, generó un denominado “boom inmobiliario” que junto con otros ordenamientos como la Norma 26 de Construcciones, propició un caos, voracidad por parte de las empresas constructoras y un verdadero desorden que hizo crisis durante los sismos de septiembre de 2017.

Es una realidad que el marco legal que vincula las atribuciones y obligaciones de los gobiernos locales con el ámbito territorial al que atienden, se ha visto rebasado por la dinámica de las zonas metropolitanas y conurbadas en las que distintos gobiernos locales confluyen en el momento de definir acciones de política para una misma área urbana, desbordamiento que se ve acrecentado por la evidente corrupción y contubernio entre autoridades locales y desarrolladores inmobiliarios.

La carencia de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas conurbadas y metrópolis ha provocado acciones desarticuladas e incluso contradictorias; la escasa coordinación entre gobiernos en combinación con el plazo tan corto de gestión con el que cuentan, la falta de capacitación y continuidad de sus cuadros administrativos, así como la carencia de herramientas y técnicas de planeación, incentiva la politización de la toma de decisiones y promueve la existencia proyectos sin visión a largo plazo que no consideran la planificación del territorio y de las ciudades, propiciando asentamientos humanos en zonas de riesgo, y con ello, la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales.

Un tema fuertemente asociado a las condiciones ambientales urbanas, es la vulnerabilidad y la ocurrencia de desastres. En los últimos años la ocurrencia de fenómenos naturales y antropogénicos han generado pérdidas para la población, la infraestructura y la economía.

Los efectos de los terremotos en 1985 y 2017, así como diversos eventos meteorológicos registrados son muestras de la vulnerabilidad que enfrentan millones de familias mexicanas asentadas en zonas de riesgo.

Lo anterior se agrava debido a que no existen obligaciones claras acerca de la actualización de los atlas de riesgos a nivel estatal; cabe señalar que a pesar de que en el ámbito federal la Ley General de Protección Civil mandata al Sistema Nacional de Protección Civil por medio del Centro Nacional de Prevención de Desastres a la constante actualización del Atlas Nacional de Riesgos, esto no se replica en todas las entidades federativas por ser ésta una facultad de las mismas.

En tanto la actualización de los atlas de riesgo en el ámbito estatal y municipal no sea considerada como un insumo indispensable para la gestión del desarrollo urbano por parte de autoridades locales, la población asentada en zonas irregulares continuará asumiendo los costos de una política de desarrollo urbano incompleta.

Aunado a lo anterior, la falta de un ente coordinador para todo el país que defina las acciones y alcances de la política nacional de desarrollo urbano, que establezca los principios rectores en la materia y sea la autoridad que constituya los tramos de actuación a los que deberán sujetarse los estados de la República y la Ciudad de México, ha generado una verdadera anarquía, pues las grandes ciudades crecen de forma desordenada como consecuencia de la ausencia de una estructura gubernamental por parte del Estado que atienda dicha problemática. Y si esta autoridad existe, la problemática actual en cuanto a crecimiento urbano se refiere, denota la presencia de un plan rector del desarrollo urbano, infructuoso, ineficaz y obsoleto.

A mayor abundamiento, el crecimiento desordenado de las grandes urbes ya no es exclusivo de la Zona Metropolitana del Valle de México; prácticamente todas las entidades federativas han tenido la necesidad de improvisar controles legales en el desarrollo de sus ciudades, adoptando agendas que en poco o nada corresponde a su identidad regional, necesidades de la población, servicios y calidad de vida.

No es casualidad que, en donde existe un crecimiento urbano desordenado cuya falta de planeación y visión de sustentabilidad futura, confluyan otros fenómenos como el déficit de servicios públicos y la inseguridad pública.

Las ciudades exitosas lo son porque su crecimiento es ordenado y se sustenta en principios fundamentales de planeación, tienen una visión de largo plazo, se desarrollan anteponiendo a la persona y su calidad de vida supeditando la economía y el progreso a indicadores de bienestar y no a variables de mercado y por ello se han convertido en referentes de desarrollo urbano estableciéndose en muchos casos como definidores de los indicadores de calidad y eficiencia.

Asimismo, es una realidad que las autoridades de las entidades federativas requieren de un mucho más sólido esquema jurídico que les permita una correcta distribución de competencias, pues en casos como la Ciudad de México, la centralización administrativa en materia de desarrollo urbano ha impedido erradicar con eficacia prácticas como la falsificación de documentos del uso del suelo.

Este ejemplo de centralización ha impedido que la Ciudad de México crezca de manera ordenada y planeada, evitando que su política de desarrollo urbano se rija bajo criterios uniformes desde el ámbito nacional por un lado y por el otro, que las delegaciones políticas puedan ejercer facultades que por su naturaleza de gobierno de proximidad similar al del municipio deberían corresponderle, como es el caso de otorgamiento de permisos para desarrollos inmobiliarios.

El promovente de la presente iniciativa no desconoce los esfuerzos por parte del órgano legislativo, para crear la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano del año 2016, en la que se establece un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, así como contar con un Sistema de Información Territorial y Urbano y Programas para las Zonas Metropolitanas.

Sin embargo, en la experiencia de la administración pública federal, un consejo no es suficiente para generar las acciones tendientes a ordenar la política nacional de desarrollo urbano con los alcances que se requerirían para implementar políticas públicas vinculantes en la materia.

Es preciso dar el siguiente paso y transitar de un consejo a un órgano de rango constitucional a manera de agencia, que cuente con su propia autonomía técnica, operativa, financiera y de gestión; que no se encuentre supeditado a los controles, límites y restricciones que su actual estatus jurídico le confiere y en el que se definan verdaderas acciones de regulación desde una perspectiva integral e integradora.

Por ello, propongo una reforma constitucional, cuyo objetivo es establecer en nuestra Constitución, orden y debida regulación en este importante tema, al adicionar un apartado D al artículo 26 de la Carta Magna, en donde se establezca un Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de instituir a nivel nacional los contenidos, mecanismos, estudios, análisis, procedimientos y definiciones de una política nacional de desarrollo urbano con énfasis en la protección a la vida, la integridad y la seguridad de los mexicanos cuyos datos y criterios serán considerados oficiales para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana como organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

Este organismo tendrá una junta de gobierno integrada por cinco miembros, designados por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los cuáles sólo podrán ser removidos del cargo por causa grave y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, salvo por aquellos no remunerados en instituciones de carácter docente, científico, cultural o beneficencia y estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto de esta Constitución.

Asimismo, se propone que el Congreso de la Unión establezca en la reciente Ley General de Asentamientos Humanos, las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, de acuerdo con los principios de transparencia, acceso a la información, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la junta de gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo y no sólo como se considera actualmente, como un administrador de la información existente en el Sistema de Información Territorial y Urbano.

En este sentido, es importante no confundir que, al referirnos a la creación de un Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, el promovente no se refiere a un mecanismo informático como el que ya existe en la ley general denominado Sistema de Información Territorial y Urbano; al proponer la creación de un sistema, nos referimos a la creación de un mecanismo coordinado y coordinador de entes de la administración pública en los tres niveles de gobierno; un sistema en el que bajo la rectoría de la Agencia Nacional de Desarrollo Urbano concurran autoridades cuya materia sea transversal con el ordenamiento del territorio y el establecimiento de una política nacional de desarrollo de las ciudades, regulando la participación de los sectores público y privado e involucrando a expertos, especialistas y sociedad civil.

Dentro de la misma iniciativa, se propone un esquema de distribución de competencias hacia arriba y hacia abajo, en donde sea desde el más alto nivel donde se definan las políticas rectoras en la materia y en el nivel más próximo de gobierno sea el lugar natural desde donde se tramiten, valoren y, en su caso, autoricen aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario de la localidad.

En ese mismo orden de ideas, se propone que sea la Agencia Nacional de Desarrollo Urbano la que defina las grandes líneas en que deberá ser desarrollado un ambicioso plan global de desarrollo urbano en cada una de las entidades federativas y no sólo de carácter enunciativo o “metropolitano” y sea desarrollado en sus contenidos por los estados y la Ciudad de México a partir de las definiciones establecidas por el sistema y se haga valer la opinión de los municipios y alcaldías.

Finalmente, por tratarse de un organismo cuya existencia ya se prevé en términos financieros a manera de consejo, el gasto adicional sería mínimo en comparación con los beneficios obtenidos pues se aprovecharía la estructura, los recursos humanos y materiales, la información generada y presupuesto con que ya cuenta el actual Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial.

De esta manera, se establece un régimen de orden y corresponsabilidad en el tema del desarrollo urbano, en beneficio no sólo de la sustentabilidad y calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades en el país sino de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

II. Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con las facultades que al suscrito confiere el artículo 1, 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de reforma

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de crear la Agencia Nacional de Desarrollo Urbano.

IV. Texto normativo propuesto

Proyecto de decreto

Artículo único. Se adicionaun apartado D al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como a continuación se propone:

Artículo 26.

A. a C. ...

D. El Estado contará con un Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, el cual, establecerá a nivel nacional los contenidos, mecanismos, estudios, análisis, procedimientos y definiciones de una política nacional de desarrollo urbano con énfasis en la protección a la vida, la integridad y la seguridad de los mexicanos cuyos datos y criterios serán considerados oficiales. Para la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley y participará en la emisión de los atlas de riesgo en los tres órdenes de gobierno.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana como organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una junta de gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los cuáles sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, salvo por aquellos no remunerados en instituciones de carácter docente, científico, cultural o beneficencia y estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, de acuerdo con los principios de transparencia, acceso a la información, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la junta de gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Cada entidad federativa deberá elaborar un plan denominado Plan General de Desarrollo Urbano considerando la opinión de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México que correspondan, asimismo el Sistema Nacional de Desarrollo Urbano establecerá las bases, contenidos y metodología que deberán regir la elaboración de dichos planes.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal deberá, en un término no mayor a 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizar las acciones tendientes a modificar la estructura organizacional, manuales y lineamientos a fin de que los recursos humanos, materiales y financieros, así como operativos, a efecto de constituir la Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana a partir de la estructura del propio Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano.

Tercero.El Congreso de la Unión deberá, en un término no mayor a 180 días hábiles a partir de la aprobación del presente decreto, modificar la legislación general en la materia a fin de que las funciones del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano sean ejercidas por la Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana.

Cuarto.La Agencia Nacional de Desarrollo y Política Urbana, deberá expedir, en un término no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos y mecanismos a los que deberán sujetarse los estados y la Ciudad de México, a efecto de elaborar sus planes generales de desarrollo urbano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018.— Diputados y diputada: Santiago Taboada Cortina, Elisa Estrada Torres, José Eduardo Ojeda Guerrero (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Santiago Taboada Cortina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Por favor abran el micrófono al diputado Héctor Barrera, desde su curul diputado.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Sí, solamente solicitarle al diputado Santiago Taboada, que me permita adherirme a la iniciativa que hoy ha planteado aquí en tribuna. Gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Santiago Taboada, autoriza, ¿sí?

El diputado Santiago Taboada Cortina (desde la curul): Sí.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Está aquí a su disposición, diputado Héctor Barrera.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación vamos a dar el uso de la palabra, por diez minutos, al diputado Erick Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando:Con la venia de la Presidencia. Saludo a las y los mexicanos que nos siguen a través del Canal del Congreso y de las redes sociales.

Honorable asamblea, ser diputado federal o ser senador de la República para muchos tiene un significado importante por lo que significa ser diputado federal y representar a un distrito, a un estado y a una nación como lo es nuestro México.

Para muchos tiene un significado importante y ha sido una de las encomiendas más honrosas que hemos tenido en nuestra vida. Pero para muchos ser diputado federal y ser senador de la República es venir a refugiarse de, como dicen en mi pueblo, el mentado fuero constitucional.

Muchos vienen aquí no con vocación de servir al pueblo, no vocación de legislar y hacer leyes en beneficio de nuestra nación, sino de venir a refugiarse del fuero que nos otorga la Constitución para ser intocables.

En esta ocasión quiero referirme a los gobernadores de las entidades federativas. A los 32 gobernadores de nuestro país, aquellos que, sin haber terminado su mandato como gobernadores, quieren venir a este Congreso a legislar, pero no porque tengan esa vocación legislativa o quieran servirle al pueblo, sino porque quieren refugiarse del fuero constitucional.

Fíjense diputadas y diputados, bueno, los que quedan, porque ya hay muy pocos. Fíjense diputados, el artículo 55 constitucional no es tan claro, los requisitos para ser diputado federal: el primero es ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos, tener 21 años el día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, etcétera.

Pero nos vamos a la fracción V, párrafo segundo: los gobernadores de las entidades federativas y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en sus respectivas jurisdicciones, es decir en sus estados. Cualquiera que lee el artículo 55 fracción V, párrafo segundo, puede decir que un gobernador no puede ser senador ni puede ser diputado.

El artículo 58 te manda al 55, que para ser senador son los mismos requisitos que el 55, que para ser diputado, lo único que cambia es la edad de 25, de 21 a 25, 25 para senador y 21 para diputado.

Vamos a reformar este artículo 55, vamos a ponerle candados a los gobernadores, porque muchos han hecho un papel malo y se han visto envueltos en delitos de corrupción y ni siquiera han terminado su mandato y ya quieren estar aquí protegidos por el fuero constitucional.

¿Qué vamos a poner ahí en esa iniciativa?, pues que los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos por ningún principio, ni de mayoría relativa ni de representación proporcional. Ahí estamos hablando claramente que no pueden venir a este Congreso sin haber terminado su encargo por el que fueron votados por los ciudadanos, por seis años de acuerdo a las constituciones de los estados.

Muchos podrán decir, ¿por qué no ir a las causas y no a los efectos del problema? Pues demagógicamente muchos aquí hemos presentado propuesta de eliminar el fuero, todos los grupos parlamentarios hemos propuesto quitar el fuero, pero nadie le entra, mucho menos la bancada que tiene mayoría en este Congreso, los priistas. No aprueban en comisión, no quieren que esto pase.

Entonces, mientras eso sucede vámonos a la reforma al 55 constitucional para que los gobernadores terminen su encargo, y si quieren tienen el derecho de ser votados nuevamente o reconocidos por sus partidos, para que vengan a este Congreso.

Pongamos orden, diputadas y diputados, valoremos esta iniciativa. Hay que poner orden en este Congreso y hay que permitir que aquí vengan hombres y mujeres que tengan esa capacidad de legislar, que tengan esa vocación de servir al pueblo, de servirle a nuestra nación, de servirle a nuestro México. Es cuanto, diputada presidenta, y arriba Chiapas.

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Érick Figueroa Ovando, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Actualmente, los titulares del Poder Ejecutivo en la esfera estatal mantienen viva la expectativa de participar, durante sus mandatos, en elecciones federales, mediante la solicitud de licencia a sus cargos. Esa posibilidad, que aún puede estar abierta y sujeta a interpretación judicial, vulnera el régimen democrático en tres vertientes.

En primer lugar, provoca que los gobernadores o el jefe del gobierno de la Ciudad de México no estén concentrados en su mandato de principio a fin, por anidar ambiciones electorales, faltando a la confianza de quienes los eligieron para desarrollar su mandato.

En segundo lugar, provoca que estos gobernantes pretendan utilizar a su favor, y con fines electorales todos los recursos y programas públicos a su alcance, generando graves conflictos de interés.

Y en tercer lugar, provoca que en el gobierno se anticipe un ambiente sucesorio entre los servidores públicos, que deriva siempre en una competencia insana, feroz y desleal, por apuntalarse en la línea de sucesión del titular, una vez que éste pide licencia para separarse de su cargo y contender para algún otro dentro del tiempo del mandato para el que fue electo; haciendo daño a los otros servidores públicos que también aspiran a ocupar el cargo que quede vacante, todo esto en detrimento de la eficacia del gobierno en turno, y peor aún, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Argumentos

La democracia mexicana está pasando por un momento complejo y riesgoso. La decepción de la gente sobre la llamada era de la transición democrática o la consolidación democrática es muy grande. Sólo 42 por ciento de los mexicanos confía en sus instituciones y 38 está satisfecho con el régimen democrático que hoy tenemos, según las mediciones del Latinobarómetro de 2017.

Estas cifras son preocupantes, porque México, va adquiriendo cada vez más el perfil de lo que algunos teóricos han definido como Estado fallido. Es decir, un Estado vulnerado por la inseguridad, la desigualdad y la debilidad de las instituciones. La sociedad en su conjunto es responsable de esta situación en la medida en que la apatía nos derrota, al crear un ambiente de desánimo para organizarnos, para exigir y luchar por mejores condiciones de vida y para cerrarle el paso a la corrupción. Pero sin duda, la clase política tiene aún mayor responsabilidad en este descontento generalizado y en la falta de resultados.

Cuando pedimos el voto a los ciudadanos, cuando queremos que la gente deposite su confianza en nosotros, se entiende que nos estamos comprometiendo a desarrollar nuestro encargo hasta el límite de nuestras capacidades y con toda responsabilidad política y ética pública.

En el caso de los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades, en un México lleno de problemas y de necesidades, de emergencias y de justos reclamos sociales, es muy importante que quede plasmado el mandato constitucional en el sentido de que quien se elige para el cargo de gobernador o de jefe del gobierno, deberá de ejercer su encargo durante todo el periodo para el que fue electo.

Estos funcionarios de primer nivel, además de ser pilares de la administración pública del país, son pilares del sistema democrático que tanto trabajo nos ha costado construir. Por lo tanto, debemos de desarrollar la práctica y la cultura, anclada en nuestro andamiaje constitucional, para que la ciudadanía tenga la certidumbre de que están eligiendo a un gobernante que se va a dedicar tiempo completo a resolver los problemas de la gente a lo largo de todo su mandato.

Debemos asegurar que estos servidores públicos elegidos por una mayoría de los ciudadanos de cada entidad, no van a usar los recursos públicos ni los programas sociales de manera facciosa, y que no van a utilizar los fondos públicos para autopromoverse para ningún cargo diverso al que ya ostentan durante su mandato, es decir, que no van a usar su cargo como un trampolín político.

Esta disposición constitucional será muy útil y aportará mucho para consolidar nuestro régimen democrático en cuanto al ejercicio ético, y profesional de los cargos del más alto nivel de responsabilidad.

La reforma que proponemos desde el Grupo Parlamentario del PRD ataca directamente cualquier conflicto de interés que se pueda generar por la pretensión de un gobernante de querer involucrarse en un proceso electoral dentro del periodo de su mandato.

A nuestro juicio, es muy importante apuntalar la cultura política en donde los titulares del poder ejecutivo en el ámbito de las entidades federativas, sean servidores públicos que culminen su mandato, y que lo desarrollen con todas sus capacidades y con total imparcialidad y objetividad en la priorización del uso de los recursos del erario público de su entidad.

La sociedad debe exigir esta condición para que los gobernantes, una vez culminado su mandato, y en el siguiente ciclo electoral, ya sea local o federal, pudieran participar, si lo desean, en elecciones, habiendo cumplido cabalmente con su mandato al frente de un gobierno estatal y seguramente lo harían con mayor prestigio y con mayor autoridad democrática para optar por una diputación local o federal, alguna alcaldía o senaduría e incluso por la Presidencia de la República.

A continuación se muestran en el cuadro comparativo las propuestas de modificación del proyecto de decreto que estamos poniendo a consideración de esta asamblea:

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere

I. a IV. (...)

V. ...

...

Los gobernadores de los estados y el jefe del gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos bajo ningún principiodurante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

...

VI. y VII. (...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018.— Diputados: Érick Figueroa Ovando, Tania Ramos Beltrán (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Erik Figueroa Ovando. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Ricardo Ernesto López Priego:Con el permiso de la Mesa Directiva y del permiso de la diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Ernesto López Priego: Diputadas y diputados de este honorable Congreso de la Unión, buenas tardes.

En el contexto laboral y la escasez de oportunidades de empleos, nos hace reflexionar sobre la imperiosa necesidad de solicitar al Estado que genere políticas públicas encaminadas al desarrollo social. Estas políticas deben generar líneas de acción que impulsen el mejoramiento de las condiciones de vida, así como incentivar las actividades económicas y empresariales, produciendo más y mejores fuentes de empleo con mejores salarios.

Existe un sector de la sociedad, en particular el de las mujeres, que están inconformes porque aún son escasas las fuentes de financiamiento para ellas, y sobre todo, para las que pertenecen a grupos vulnerables. Esta situación de vida les obliga a buscar fuentes de financiamiento para poder emprender un negocio que les genere un ingreso suficiente para una vida digna.

Sin embargo, los créditos en México para poder impulsar una micro, pequeña o mediana empresa son proporcionados por intermediarios financieros, los cuales les ofrecen con intereses elevados, periodos prolongados y bajo la figura de contratos confusos con mayores provechos para una de las partes, expresamente para estas instituciones bancarias y sus análogas.

Así cuando se ha incumplido con una obligación parcial de crédito, los intereses y las comisiones que se generan con posterioridad, resultan ser tan excesivas que sobrepasan por demás la capacidad de pago de las personas que adeudan estos créditos.

En esta tesitura, el incumplimiento de pago, de forma inmediata, es reportado por las sociedades de información crediticia al buró de crédito, las cuales califican a la persona como sujetos no aptos para la obtención de un crédito, sin tomar en consideración las causas por las cuales incumplieron con los pagos. Este hecho lesiona de forma grave el derecho para emprender una micro, pequeña o mediana empresa.

Lo anterior da como resultado que no se puede obtener un financiamiento aun cuando el proyecto para emprender empresarialmente sea viable, hecho que impide generar el desarrollo económico de muchos lugares del país con alta vulnerabilidad.

Con la presente modificación a diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Información Crediticia, se busca promover acciones que permitan a las mexicanas y a los mexicanos tener acceso a financiamiento del Estado mexicano, con el objeto de impulsar el desarrollo económico entre sus habitantes y generar con ello mejores condiciones de vida para todas las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo primero. Se reforman el primer párrafo del artículo 20, el primero, segundo, tercero, sexto, séptimo y décimo y décimo primer párrafo del artículo 23. El primer párrafo del artículo 41. El primer y segundo párrafo del artículo 42. Y el segundo párrafo del artículo 45, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. Anexar las circunstancias de hecho o de derecho, por las cuales las personas físicas o morales incumplieron con sus obligaciones.

Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral al menos durante un plazo de 36 meses.

Artículo 41. Los clientes tendrán derecho a solicitar a las sociedades el envío gratuito de su reporte de crédito especial cada vez que lo soliciten.

Artículo 42. Cuando los clientes no estén conformes con la información contenida en su reporte de crédito o reporte de crédito especial podrán presentar su reclamación.

Artículo 45. En caso de que el usuario acepte parcialmente lo señalado en esta reclamación o señale la improcedencia de esta, deberá expresar en su respuesta los elementos que consideró respecto a la reclamación y adjuntará copia de la evidencia que sustente su respuesta.

Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Ricardo Ernesto López Priego, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la falta de empleos, elemento constante desde hace algunos años, aunado a los que se generan, están sustentados en sueldos mínimos que escasamente logran propiciar una vida digna a las familias mexicanas, existe la necesidad imperiosa de solicitar al Estado que genere políticas públicas encaminadas al desarrollo social. Estas políticas deben generar líneas de acción que impulsen el mejoramiento de las condiciones de vida, así como incentivar las actividades económicas y empresariales produciendo más y mejores fuentes de empleo con mejores salarios.

Existe un sector de la sociedad, en particular el de las mujeres, que están inconformes porque aún son escasas las fuentes de financiamiento para ellas, sobre todo a las que pertenecen a grupos vulnerables.

En acercamiento con diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, como la Asociación Civil de Mujeres Empresariales e Innovadoras, AC, existe un sentir de inconformidad social toda vez que en la actualidad muchas mujeres son el principal o bien el único sostén económico de sus familias, hecho que les motiva a trabajar arduamente para propiciarles mejores condiciones de vida a sus seres queridos.

Esta situación de vida les obliga a buscar fuentes de financiamiento para poder emprender un negocio que les genere un ingreso suficiente para una vida digna; sin embargo los créditos en México para poder impulsar un micro, pequeña o mediana empresa son proporcionados por intermediarios financieros, los cuales ofrecen con intereses elevados, periodos prolongados, bajo la figura de contratos confusos y con mayores provechos para una de las partes, expresamente para estas Instituciones bancarias y sus análogas.

Aunado a lo anterior, en muchas ocasiones la mayoría de las solicitantes de los créditos no tiene un plan de negocio o una estructura que le permita determinar la viabilidad de su negocio y el prever si podrán o no cumplir con dichas obligaciones de pago, situación que provoca a veces de forma involuntaria el incumplimiento de los pagos de forma oportuna; no por motivos de morosidad o mala fe, sino por situaciones de hecho ajenas a los solicitantes de los créditos.

Así, cuando se ha incumplido con una obligación parcial del crédito, los intereses y las comisiones que se generan con posterioridad resultan ser tan excesivas que sobrepasan por demás la capacidad de pago de las personas que adeudan esos créditos ya que en términos reales es más alta una comisión por pago tardío que cobra una institución de crédito, que el salario mínimo de una jornada de ocho horas de trabajo, lo que hace posteriormente casi imposible el cumplimiento de la obligación por parte de quien solicito el crédito.

En esta tesitura, el incumplimiento de pago de forma inmediata es reportado por las Sociedades de Información Crediticia al Buró de Crédito, las cuales califican a la persona como sujetos no aptos para la obtención de un crédito sin tomar en consideración las causas por las cuales incumplieron con los pagos. Este hecho lesiona de forma grave el derecho para emprender una micro, pequeña o mediana empresa.

Ante ello, se recurre a financiamientos del Estado para emprender una actividad empresarial, sin embargo, las reglas de operación tienen como primer supuesto para la obtención de un financiamiento, no tener un antecedente crediticio negativo lo cual es casi imposible si estamos en el entendido de que en México las condiciones económicas y el poder adquisitivo de los mexicanos es insuficiente.

Lo anterior da como resultado que no se puede obtener un financiamiento aun cuando el proyecto para emprender empresarialmente sea viable, hecho que impide generar el desarrollo económico de muchos lugares del país con alta vulnerabilidad.

Con la presente modificación a diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Información Crediticia se busca promover acciones que permitan a las mexicanas y mexicanos tener acceso a financiamientos del Estado mexicano con el objeto de impulsar el desarrollo económico entre sus habitantes y generar con ello mejores condiciones de vida para todas las familias mexicanas.

Por tal motivo, la presente reforma pretende que el marco jurídico aplicable al historial crediticio se modifique de tal forma que atienda también a una problemática social latente y no solo obedezca a intereses de particulares cuyo objetivo primario es tener ganancias excesivas con el perjuicio de la población, generando de esta forma leyes más humanas, cuyo contenido proteja y resguarde el derecho de la persona a un desarrollo económico viable, al mejoramiento de las condiciones de vida de su familia y el respeto pleno a su dignidad humana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 20; el primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, decimo y décimo primer párrafos del artículo 23; el primer párrafo del artículo 41; el primer y segundo párrafos del artículo 42; y el segundo párrafo del artículo 45, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias, que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban, fecha del primer incumplimiento, las circunstancias de hecho o derecho por las cuales las personas físicas y morales incumplieron con sus obligaciones. Las Sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 36 meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta Ley.

...

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Artículo 23. Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo de treinta y seis meses.

Las Sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de treinta y seis meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente, después de treinta y seis meses de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.

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En el caso de que el Cliente celebre un convenio de finiquito y pague lo establecido en éste, el Usuario deberá enviar a la Sociedad la información respectiva, a fin de que ésta refleje que el pago se ha realizado, con la correspondiente clave de observación. Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a estos créditos, así como las claves de observación correspondientes, en el plazo señalado en el tercer párrafo de este artículo, contado a partir de la fecha en que se incorpore en el historial crediticio el primer incumplimiento, en caso contrario además de las sanciones que para este efecto la ley señale, serán acreedoras al pago de daños y perjuicios.

...

Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos menores al equivalente a mil UDIS en los términos que establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general; asimismo, en dichas disposiciones se podrá determinar un monto y plazo de referencia para eliminar el registro de saldos residuales de cuantías mínimas, el cual no podrá ser superior a veinticuatro meses.

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Las Sociedades incluirán en sus manuales operativos procedimientos que les permitan a éstas revisar el razonable cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 primer párrafo así como el procedimiento de eliminación de la información que les envíen los Usuarios en los términos de este artículo. La Comisión autorizará estos manuales de forma exhaustiva atendiendo que sean claros, precisos y susceptible de que dicho procedimiento pueda ser supervisado en cualquier tiempo.

Las Sociedades deberán establecer criterios aplicables mismos que deberán ser dados a conocer de forma oportuna, publica y sin restricción,a todas ellas para la implementación operativa del presente artículo, respecto de la información que reciban de Usuarios. La Comisión estará facultada para resolver consultas respecto de la implementación operativa del presente artículo.

Artículo 41. Los Clientes tendrán derecho a solicitar a las Sociedades el envío gratuito de su Reporte de Crédito Especial cada vez que lo soliciten. Lo anterior, siempre que soliciten que el envío respectivo se lleve a cabo por correo electrónico o que acudan a recogerlo a la unidad especializada de la Sociedad.

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Artículo 42. Cuando los Clientes no estén conformes con la información contenida en su Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial, podrán presentar la reclamación. Las Sociedades no estarán obligadas a tramitar reclamaciones sobre la información contenida en los registros que hayan sido objeto de una reclamación previa, respecto de la cual se haya seguido el procedimiento previsto en el presente artículo, así como en los artículos 43 y 45.

Dicha reclamación deberá presentarse ante la unidad especializada de la Sociedad por escrito, correo, Internet, teléfono o por correo electrónico señalando con claridad los registros contenidos en el Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial en que conste la información impugnada y, en su caso, adjuntando copias de la documentación en que funden su inconformidad. De no contar con la documentación correspondiente, los Clientes deberán explicar esta situación en el escrito o medio electrónico que utilicen para presentar su reclamación y de resultar que la información no se tiene en virtud de que son datos que las mismas sociedades han negado proporcionar, además de las sanciones a las que tiene lugar la sociedad responsable, se presumirán ciertas las manifestaciones que para el efecto realice el cliente. Las reclamaciones que se formulen por teléfono deberán ser grabadas por la Sociedad.

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Artículo 45. ...

En caso de que el Usuario acepte parcialmente lo señalado en la reclamación o señale la improcedencia de ésta, deberá expresar en su respuesta los elementos que consideró respecto de la reclamación y adjuntará copia de la evidencia que sustente su respuesta. La Sociedad deberá remitir al Cliente dicha respuesta y copia de la mencionada evidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que reciba la respuesta del Usuario. El Cliente podrá manifestar los argumentos por los que a su juicio la información proporcionada por el Usuario es incorrecta y solicitar a la Sociedad que incluya dicho texto en sus futuros Reportes de Crédito.

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Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril de 2018.— Diputado Ricardo Ernesto López Priego (rúbrica).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Ricardo Ernesto López Priego. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

LEY DEL BANCO DE MÉXICO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: «Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley del Banco de México, suscrita por el diputado José de Jesús Galindo Rosas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José de Jesús Galindo Rosas y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII artículo 47 de la Ley del Banco de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La política monetaria es el conjunto de acciones que suelen llevar a cabo los bancos centrales con el objetivo de incidir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias de una economía, a fin de garantizar que la evolución de los precios sea baja y estable. La política monetaria es de interés general, pues permite generar las condiciones propicias para un crecimiento económico sostenido y la creación de una mayor cantidad de empleos permanentes.

En nuestro país, el Banco de México (Banxico) es la institución encargada de desarrollar e implementar la política monetaria. De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del Estado en el desarrollo económico de la nación. Asimismo, el texto constitucional le atribuye las responsabilidades de acuñar moneda, emitir billetes, regular los cambios, la intermediación y los servicios financieros.

Por su parte, el artículo 2o. de la Ley del Banco de México establece que también serán tareas del banco central promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, entre otras.

Para el cumplimiento de su mandato constitucional y de las funciones que su propia ley le impone, el Banxico encuentra una constante relación con el Poder Legislativo. Por ejemplo, cuando el titular del Poder Ejecutivo designa a quien habrá de desempeñar el cargo de gobernador, dicho nombramiento debe ser ratificado por el Senado de la República.

Otro ejemplo de la interrelación del Banxico con el Poder Legislativo es que la Cámara de Diputados, con base en la fracción VII del artículo 74 de la Constitución, está obligada a designar al titular de su Órgano Interno de Control, así como a los de todos los órganos constitucionalmente autónomos, dado que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Un caso más de lo anterior es que en el proceso de selección del auditor externo del Banxico, éste habrá de ser validado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, conforme lo dicta el artículo 50 de la Ley del Banco de México.

En cuanto hace a la rendición de cuentas, en las disposiciones generales de la referida ley se le obliga al banco central a enviar tanto al Ejecutivo federal como a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y en sus recesos a la Comisión Permanente, en enero de cada año, un programa sobre la política monetaria a seguir por la institución durante el ejercicio en curso, así como informes trimestrales sobre la inflación y el comportamiento de los principales indicadores económicos en los periodos correspondientes.

Igualmente, el artículo 52 de la Ley del Banco de México permite que cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión pueda citar al gobernador a rendir informes sobre las políticas y actividades de la institución.

Por si fuera poco, es de especial relevancia recordar que la Cámara de Diputados cuenta con la facultad exclusiva de analizar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como seguir de cerca la totalidad del ciclo presupuestario.

Por lo anterior, consideramos de gran utilidad que el gobernador del Banco de México esté obligado a acudir, en el segundo periodo ordinario de sesiones, ante la Cámara de Diputados a rendir un informe sobre el cumplimiento de su mandato, tal como ya lo hace ante el Senado de la República. Con dicha propuesta se busca que los diputados tengan la oportunidad de aclarar sus inquietudes y de escuchar de primera mano información acerca del comportamiento de la inflación, la actividad financiera, el crédito, las remesas, el tipo de cambio y las tasas de interés. Especialmente, cuando se aproxima la recepción del documento señalado en la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, también conocido como Pre-criterios Generales de Política Económica, los cuales deben conocer a más tardar el 1 de abril de cada año.

Por lo anterior, creemos oportuno establecer en la ley nuevos canales de vinculación entre el banco central y el Poder Legislativo, así como, fortalecer aquellos con los que ya se cuenta. De tal suerte que estamos seguros que la presente iniciativa contribuirá a fomentar la cooperación interinstitucional, el diálogo republicano y el debate de las políticas puestas en marcha por el Banxico, con el fin de que se tomen en conjunto las decisiones que más beneficien a la economía nacional.

Así pues, la presente iniciativa tiene por objeto modificar la fracción XIII del artículo 47 de la Ley del Banco de México para indicar que el gobernador del mismo deberá acudir, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, no sólo a las comisiones del Senado de la República, sino también a las de la Cámara de Diputados para rendir un infirme relacionado con el cumplimiento de su mandato.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 47 de la Ley del Banco de México

Único. Se modifica la fracción XIII del artículo 47 de la Ley del Banco de México para quedar como sigue:

Artículo 47. Corresponderá al gobernador del Banco de México:

I. a XII. (...)

XIII. Comparecer ante comisiones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados cada año, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, a rendir un informe del cumplimiento del mandato.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018.— Diputados: José de Jesús Galindo Rosas, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Compañeras y compañeros diputados, la diputada Karina Sánchez Ruiz nos pide diferir su intervención.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La presidenta diputada María Ávila Serna: Así que le daremos el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Nancy López Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita además por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Nancy López Ruiz:Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.

La diputada Nancy López Ruiz: La iniciativa que traigo a su consideración no busca modificar los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y los logros que las luchas de los movimientos de los pueblos y comunidades indígenas han conquistado.

Tiene como finalidad proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas como efecto de la aplicación de usos y costumbres en sus comunidades que sufren día a día.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 estableció que las mujeres de origen indígena desde niñas son explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente.

El diagnóstico del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 señala que las mujeres migrantes indígenas sufren largas jornadas laborales, la falta de seguro médico, el maltrato físico y el acoso sexual.

Estudios sobre usos y costumbres entre la población indígena señalan que, cuando la mamá muere, el esposo toma a la hija mayor como esposa en todos los sentidos. En el caso de migración, el hombre mayor toma a la mujer de la familia que haya dejado el migrante.

Estos abusos contra la dignidad de las mujeres indígenas son una larga lista de violaciones a sus derechos humanos, la falta de cuidados y acceso a los servicios de salud para las madres, desprecio y subvaloración al trabajo. Escaso o nulo acceso a la educación bajo el pretexto de para qué estudia. No tienen aún derecho a la tierra.

Los acosos sexuales en diversos ámbitos constituyen prácticas que violentan los derechos de las mujeres indígenas. He sabido también que la violencia, el alcoholismo, el abuso sexual y la compra de mujeres son las costumbres que lastiman su dignidad de mujer.

La Constitución prevé que la federación, las entidades federativas y los municipios promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminarán cualquier práctica discriminatoria.

El artículo 22 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes señala que los estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de discriminación y violencia. Por eso la bancada legislativa del Partido Encuentro Social proponemos:

Primero. Que se conciba la violencia cultural como todas aquellas derivadas de los usos y costumbres que dañen la estabilidad psicológica, la integridad de su cuerpo, su situación familiar, el desarrollo político o cualquier otra que atente con los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Segundo. Que se proporcione atención, asesoría jurídica por medio de intérprete en su lengua.

Tercero. Que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenga la transformación progresiva de los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres como los usos y costumbres.

Diputadas, diputados. En este momento alguna niña o mujer está siendo casada o vendida sin su consentimiento o violentada su dignidad, no lo permitamos. Respetuosamente les pido, en su nombre, apoyen esta iniciativa. Llevemos alivio y justicia a las mujeres indígenas. La historia les debe muchas muestras de cariño y de dignidad. Gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Nancy López Ruiz e integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy López Ruiz, diputada federal a la LXIII Legislatura, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa, en tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 estableció que las mujeres de origen indígena desde niñas son explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente.

El diagnóstico del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 señala que las mujeres migrantes indígenas sufren largas jornadas laborales, la falta de seguro médico, el maltrato físico y el acoso sexual.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México 2015, considera como municipios indígenas aquellos que además de sus usos y costumbres, el 40 por ciento o más de su población habla alguna lengua indígena. El Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2006, señaló que las mujeres indígenas son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad: tres de cada 10 mujeres son analfabetas. Una de cada cuatro se encuentra sin escolaridad alguna y una de cada cinco cuenta con secundaria completa.

En la población indígena las uniones suelen llevarse a cabo en edades más tempranas. En el grupo de edad de 15 a 19 años, el 19.3 por ciento de las mujeres.

El matrimonio forzado, el incesto y el desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres persisten en el sistema de usos y costumbres.

Datos del CIMAC, periodismo de género, plantean que en febrero de 2004 en la zona tzotzil de Navenchaug, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el “precio” para que la mujer se una a un hombre oscila entre dos mil y ocho mil pesos. Se le atribuye mayor precio a una mujer que da a luz a más varones, incluso son más apreciadas que aquellas que son vírgenes aunque las primeras sean mayores de edad o viudas.

Además, en el texto Usos y costumbres entre la población indígena, de Kara Castillo, señala que a esa lista “se agrega el incesto como una práctica común. Cuando la mamá muere, el esposo toma a la hija mayor como la esposa en todos los sentidos. Y para agravar la situación, la pobreza y migración abonan este deplorable cuadro, ya que debido a estos fenómenos se dan casos en los que el hombre mayor toma a la mujer de la familia que haya dejado el migrante”.

Adicional a lo que se ha manifestado, la falta de cuidados y acceso a los servicios de salud para las madres, desprecio y subvaloración al trabajo doméstico, escaso o nulo acceso a la educación –bajo el pretexto de para qué estudia–, no tienen aún derecho a la tierra, los acosos sexuales en diversos ámbitos constituyen prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Un trabajo realizado en enero por la Comisión Diocesana de Mujeres señala que la violencia, el alcoholismo, el abuso sexual y la compra de mujeres, son las costumbres que lastiman su dignidad de mujer.

La cuestión que nos ocupa, la plantea Martín Ángel Rubio Padilla en el artículo “Usos y costumbres de la comunidad indígena a la luz del derecho positivo mexicano”, de la revista del Instituto de la Judicatura Federal: “El problema de la aplicación entre la ley indígena y la ley nacional es bastante complejo, no obstante que tanto en nuestra Constitución mexicana como en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, elevado a la categoría de tratado internacional, se reconocen los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Bastante más complejo resulta el problema por cuanto los estudios sobre la costumbre jurídica en los pueblos indígenas son pobres y con muy poca recopilación.

Sin embargo, nuestra Carta Magna es clara con respecto de los derechos humanos, de lo cual indudablemente, se incluyen los de las mujeres indígenas:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por otro lado, y como lo señala Rubio Padilla, la Constitución reconoce los usos y las costumbres, al establecer: “Que se protegerá y promoverá el desarrollo de su cultura, usos y costumbres”. Empero lo hace con respecto de sus sistemas de procuración de justicia y otras normas escritas del llamado derecho indígena.

En cuanto a las violaciones que Cimac señala en contra de la dignidad de las mujeres, estos usos y costumbre no pueden ser el pilar de la discriminación y abusos en contra de ellas.

Argumentos que la sustentan

Fátima Ibarrola, en su columna del diario Milenio nos recordó el caso de Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar a la alcaldía de Chenalhó, Chiapas, por ser mujer. Ibarrola se cuestiona: “¿En qué momento el machismo se sigue respaldando en los ‘usos y costumbres’?”. Para lograr quitarle el cargo a Rosa Pérez Pérez, un grupo de la comunidad secuestró al presidente del Congreso del estado de Chiapas, quien fue vestido de mujer para presionarlo a legitimar una renuncia obligada. Otro caso fue el de María Gloria Sánchez Gómez, quien solicitó licencia a la alcaldía de Oxchuc, Chiapas, por ser acosada para que renunciara.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales, 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres. Y 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües.

Según la Encuesta Intercensal 2015, en el país 15 de cada 100 personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a servicios de salud. Esta Encuesta estima que 46.9 por ciento de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, es decir, desempeña alguna actividad laboral o busca trabajo. La mayor participación de mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2 por ciento).

Información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señala que la situación conyugal predominante de la población indígena de 12 y más años es la de casada o en unión libre, ya que 55.6 por ciento de las mujeres y 57.8 por ciento de los hombres se encuentran en ese estado, seguida por la soltería, con proporciones de 31.4 por ciento y 37.4 por ciento, para cada sexo, respectivamente.

El Consejo Nacional de Poblaciónestima que las mujeres hablantes de lengua indígena tienen en promedio 3.1 hijos nacidos vivos. La fecundidad de las adolescentes hablantes de lengua indígena - 82.8 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años- es mayor a la que presentan las adolescentes no hablantes de lengua indígena. El Consejo también afirma que del total de viviendas de hablantes de lengua indígena, el 24.4 por ciento son jefaturadas por mujeres.

Las mujeres indígenas en el continente tienen un común denominador: han enfrentado y continúan sufriendo formas diversas y sucesivas de discriminación debido a su género, etnicidad, edad, discapacidad y/o situación de pobreza. Estas discriminaciones las exponen en mayor medida a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana, desde sus derechos civiles y políticos hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a vivir sin violencia.

Como lo argumenta Sonia Toledo Tello: “La cultura patriarcal de los indígenas funciona como el principal obstáculo para que las mujeres luchen por sus derechos; lo que no sólo permite que los hombres indígenas mantengan su posición dominante en la comunidad, sino que posibilita la reproducción del sistema en su conjunto”.

El artículo 2o. constitucional establece que “son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El apartado B del texto constitucional, del mismo artículo, prevé que “la Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas forma parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; sin embargo la ley sólo prevé atender la materia que se pretende reformar con dos preceptos: la fracción VII del artículo 41 y el último párrafo del artículo 52:

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

VII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres;

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Por otra parte, y de acuerdo con la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada: “Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas”

En este texto se señala que las manifestaciones de violencia contra las mujeres indígenas:

-La violencia en el contexto del conflicto armado

-La violencia en el contexto de proyectos de desarrollo, de inversión, y de extracción.

-La violencia relacionada con la militarización de las tierras indígenas

-La violencia doméstica

-La violencia en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales

-La violencia contra las lideresas y defensoras indígenas y contra las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para promover sus derechos humanos

-La violencia en el medio urbano y durante procesos migratorios y de desplazamiento

La Comisión Interamericana concluye su informe con diez recomendaciones para ayudar a los Estados en su labor para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas, de ellas las recomendaciones 2 y 6 están vinculadas con lo que proponemos en la presente iniciativa:

2. Formular, adoptar y aplicar una perspectiva de género e intercultural para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas.Esta perspectiva debe incorporarse también en las reparaciones, a fin de que tengan un efecto transformador en las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas.

6. Incorporar una perspectiva de género e intercultural al garantizar el derecho a una vida digna, sin discriminación; reconocer que el derecho a una vida digna incluye el reconocimiento de los conceptos indígenas de comunidad, cultura y vida familiar y, en consecuencia, hacer una revisión de sus políticas públicas, programas y leyes a fin de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres indígenas y su comunidad que contengan y modificarlos a fin de incluir una perspectiva de género e intercultural.

Otro instrumento jurídico de carácter internacional los es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, establece

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

El Decreto promulgatorio del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991, por lo que este Convenio es Ley Suprema de la Unión de conformidad con el artículo 133 constitucional.

La presente iniciativa armonizará la Ley local con el instrumento internacional.

De acuerdo con las reflexiones finales del Diagnóstico estadístico de la situación de las mujeres indígenas en México 2015, publicado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que si bien “la defensa de los pueblos indígenas, a su autonomía y libre determinación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo dos, se respetan los usos y costumbres, siempre que no contravengan las leyes establecidas por el gobierno mexicano. En realidad se establece un doble sistema Legal, a través del cual se da una gran discriminación de género, principalmente hacia las mujeres de estas localidades.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3; 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Denominación del Proyecto de Decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ordenamiento a Modificar

Único. Se reforman los artículos 8, fracción I, 12, 38 , fracción II; 47, fracción II; y se adicionan la fracción V al 4, la fracción V Bis al 6, y al 17 la fracción II Bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

I. a II. ...

III. La no discriminación;

IV. La libertad de las mujeres; y

V. Los usos y costumbres.

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. a V. ...

V Bis. Violencia cultural, son todas aquellas derivadas de los usos y costumbres que dañen la estabilidad psicológica, la integridad de su cuerpo, su situación familiar, su desarrollo político o cualquier otra que atente sus derechos humanos;

VI. ...

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica, intérprete en su lengua y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia;

II. a VI. ...

Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, origen étnico, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

I. ...

II Bis. La eliminación progresiva de los efectos de los usos y costumbre en las comunidades y pueblos indígenas en detrimento de los derechos humanos de las mujeres;

II. a III. ...

Artículo 38. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. ...

II. Transformar progresivamentelos modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, como los usos y costumbres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;

III. a XIII. ...

Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. ...

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Para el caso de mujeres indígenas, la orientación y asesoría se brindará en su lengua.

III. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1 Usos y costumbres entre la población indígena, por Kara Castillo

2 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/38163

3 https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/24/r24_6.pdf

4 http://www.milenio.com/firmas/fatima_ibarrola/Usos-costumbres-Mexico_18_7477052 98.html

5 https://www.gob.mx/cdi/articulos/indicadores-sobre-las-mujeres-indigenas-result ados-de-la-encuesta-intercensal-2015

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINAL_080 82016.pdf

7 http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_P I.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2018.— Diputadas: Nancy López Ruiz, Flor Estela Rentería Medina (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada Nancy López Ruiz. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación se le da el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, Unesco, proclamó el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, con la intención de crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales alrededor del mundo, toda vez que las lenguas indígenas representan la mayoría de los idiomas del mundo.

México cuenta con más de 11 millones de indígenas que poseen aproximadamente 72 lenguas diferentes, entre las que destacan el náhuatl, el maya y el tzetzal, que son las más habladas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, revelan que a nivel nacional 7 de cada 100 habitantes de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. Los estados con mayor porcentaje de hablantes son: Chiapas, Yucatán y Oaxaca. Seguidos de Campeche, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Desafortunadamente, la marginación histórica que han enfrentado y la falta de protección jurídica generan constantes violaciones a los derechos y a la riqueza cultural de nosotros los indígenas. Por ello, constituye uno de los sectores de la sociedad mexicana que requerimos mayor atención para nuestro desarrollo económico, político, social y cultural.

En Nueva Alianza estamos comprometidos en impulsar la reivindicación y salvaguarda de los derechos de las y los indígenas, así como a fomentar la preservación de su cultura, su lengua y sus tradiciones, porque reconocemos en ellos nuestros orígenes como pueblo, pero sobre todo como nación.

Con esta convicción hacemos uso de esta tribuna una vez más para someter y poner a su consideración una iniciativa cuyo propósito consiste en salvaguardar los derechos de las y los indígenas como consumidores en los procedimientos efectuados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco.

Lo que se busca con ello es establecer la obligación de contar con personal que tenga conocimiento de las lenguas indígenas nacionales en las delegaciones y subdelegaciones de dicha institución. De igual manera, se propone la asistencia gratuita en todo momento de intérpretes y defensores en lengua indígena en aras de no dejarlos en estado de indefensión.

Si bien la Constitución mandata en su artículo 2o. las directrices para que se reconozcan y se garanticen los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas al señalar que en los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente se deberán de tener presentes sus costumbres y especificidades culturales, la ley en comento aún no contempla la asistencia de intérpretes y defensores con conocimiento de la lengua y cultura de las personas pertenecientes a un pueblo o a una comunidad indígena.

Por ello, esta iniciativa que hoy propongo es por demás pertinente con el objeto de evitar situaciones en las que se lleguen a violentar los derechos humanos de las y los indígenas. En Nueva Alianza hay un convencimiento que con esto coadyuvaremos en la construcción de una cultura de inclusión, igualdad, pero sobre todo de respeto y consideración por nuestros pueblos originarios que tanto nos han dado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen y a la Comisión de Asuntos Indígenas para opinión.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

La presidenta diputada María Ávila Serna:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda.(*)

(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada María Ávila Serna (a las 15:52 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 17 de abril del año 2018 a las 11:00 horas.

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