Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

ASISTENCIA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 337 diputados y diputadas, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (a las 11:11 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Jueves 22 de noviembre de 2018

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Comunica la modificación de turno de iniciativa.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite contestación a punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados, relativo a las labores pendientes de reconstrucción y atención de damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017

De la Secretaría de Gobernación

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, referente al cumplimiento del Derecho a la Lactancia de las mujeres trabajadoras.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación, presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad.

De la Comisión de Pueblos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Dictamen a discusión de ley o decreto

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Iniciativas

Que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que deroga la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Erika Mariana Rosas Uribe, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 74 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. y 127 y adiciona un artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Archivos, suscrita por las diputadas Lilia Villafuerte Zavala y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultades y obligaciones del Presidente de la República y de zonas económicas especiales, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 189 y deroga el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Sandra Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17, 19, 33 y 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga la fracción II del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 96 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Saenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 134, 139 y 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de conservación del medio ambiente, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 115, 212 y 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 4o. y 7o. de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de paridad de género, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 40 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 146, 331 y 334 de la Ley Federal del Trabajo y deroga la fracción II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Irineo Molina Espinoza y Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar a todos los trabajadores del país y sus familias una vida digna, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1834 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de compra consolidada de medicamentos, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el DOF 27 de enero de 2016, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 36 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 101 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 326 y 327 del Código Penal Federal y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo 198 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 464 Quáter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 139, 140 y 144 de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 37 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 37, 40 y 42 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria, a cargo del diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Anilú Ingram Vallines y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados René Juárez Cisneros y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 2o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que expide la Ley General de Pensiones por Retiro y Garantizadas por Vejez, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 259 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Beatriz Manrique Guevara y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y adiciona la fracción X al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Marco Antonio Medina Pérez y Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz, Juan Carlos Muñoz Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 72 de la Ley General de Bienes Nacionales y 25 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 63 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 50 de Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el domingo 11 de noviembre del año en curso, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar una conversión de Códigos a Químico “A” MO2001, a todo tipo de bases federales, estatales, homologados, regularizados, formalizados y OPD, en beneficio del personal que cumpla con el perfil y ostente un código inferior para que puedan acceder a los mismos derechos laborales, económicos y demás aplicables, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a promover acciones para prevenir la generación de residuos y su gestión integral adecuada, así como a las 32 entidades federativas, garanticen el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al TEPJF, a garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en los que radica la democracia, particularmente en la contienda electoral para la elección de Presidente Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el pasado 1 de julio, a cargo del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Secretaría de Salud, a establecer un programa de medidas para el acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría de Economía, a que inicie un procedimiento de actualización de la NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a implementar acciones en materia de seguridad vial en los alrededores de las escuelas públicas del país, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, a considerar en la medida de sus posibilidades presupuestarias a adoptar un programa de apoyos económicos o en especie a los jóvenes que realizan su servicio social dentro de alguna dependencia o institución de estos órdenes de gobierno, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo relativo a realizar un plan estratégico que atienda, resuelva y vele por los derechos humanos de los miles de desplazados en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Con punto de acuerdo relativo a redoblar los esfuerzos orientados a esclarecer los hechos y atender las denuncias relacionadas con el presunto caso de acoso sexual registrado al interior de las instalaciones de Radio Educación, asimismo, revisar la actualización y difusión del marco jurídico sobre acoso sexual, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a destinar los recursos suficientes al Programa de Seguridad Social de los trabajadores cañeros, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a garantizar la seguridad y respeto de los derechos humanos, así como reestablecer el estado de derecho de los habitantes de Chavajebal, municipio de El Bosque, Chiapas y del corredor Xochipala - Filo de Caballos, municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, Guerrero, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a firmar a la brevedad el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conapred, a la CNDH y la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, a iniciar de oficio investigación por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, por la presunta comisión de actos de xenofobia y discriminación por parte del Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en contra de los derechos de las personas migrantes, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a ampliar y fortalecer acciones encaminadas a promover e incentivar la adquisición de los árboles naturales de navidad de producción nacional, durante esta temporada, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo al proceso seguido en España contra el ex Gobernador Humberto Moreira, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a fortalecer los protocolos para prevenir y atender de manera oportuna la violencia infantil y se establezcan medidas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía y a la ASF, a considerar las irregularidades en que incurrió el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y su repercusión en las cuentas públicas municipales del Ejercicio Fiscal 2017 del estado de Veracruz, a cargo del diputado Bonifacio Aguilar Linda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a ampliar los operativos de supervisión a fin de garantizar los derechos de todos aquellos consumidores que hayan adquirido boletos de avión y por alguna circunstancia tengan problemas con la atención que les presten las aerolíneas, a cargo del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, a homologar y armonizar la tipificación del delito de feminicidio en sus códigos penales estatales, de acuerdo con la descripción típica establecida en el Código Penal Federal vigente, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a impulsar políticas públicas para la promoción del sector turístico en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y del estado de Guerrero, a atender la crisis humanitaria que se vive en dicha entidad, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, a proceder con la dotación de 280 hectáreas al Ejido “San Isidro”, municipio de Venustiano Carranza, hoy San Gabriel, en el estado de Jalisco; a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos del estado de Colima, a establecer un seguro en contra de robo a casa habitación y comercios para los ciudadanos que se encuentren al corriente de sus contribuciones fiscales municipales, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Federal, del estado de Baja California y de Mexicali, a destinar recursos para el rescate económico, productivo y social del Valle de Mexicali, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que por medio del INM, se levante una base de datos de las personas que integran la caravana migrante y se lleven a cabo los protocolos necesarios para la atención inmediata de esta crisis migratoria, a cargo del diputado Héctor René Cruz Apararicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Efemérides

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Juan Ortiz Guarneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.  Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinte de noviembre de dos mil dieciocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintinueve diputadas y diputados, a las once horas con seis minutos del día veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma manera se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, de Morena, por la que solicita el retiro de una proposición con punto de acuerdo relativa a los calentadores de agua solares. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de dos mil diecisiete. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) Del Servicio de la Administración Tributaria, con la que informa que durante octubre de dos mil dieciocho, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio, y Competitividad, para su atención.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para atender la declaratoria de desastre natural por la presencia de lluvia en municipios del estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a sus homologas en las entidades federativas, para que en el ámbito de competencia y de manera conjunta y coordinada realicen las investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de la probable comisión de delitos por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados por los sismos de septiembre de dos mil diecisiete, en concreto, si existe una desviación de recursos públicos. Se remite a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los gobiernos de la entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Por el que se reforman el artículo veintidós; y la fracción trigésima del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la Efeméride con motivo del “Centésimo Octavo Aniversario de la Revolución Mexicana”. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México; Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo; Ricardo de la Peña Marshall, del Partido Encuentro Social; Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano;

A las once horas con treinta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y tres diputadas y diputados.

Ismael Alfredo Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional; Hernán Salinas Wolberg, del Partido Acción Nacional; y Olegaria Carrazco Macías, de Morena.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

Como siguiente punto del Orden del Día, la Presidencia concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las siguientes diputadas y diputados:

• María Guillermina Alvarado Moreno, y suscrita por diputados de Morena, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a las Comisiones de Gobernación y Población; y de Seguridad Pública, para opinión.

• Cynthia Iliana López Castro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos trescientos ocho del Código Civil Federal, setenta y nueve del Código Federal de Procedimientos Civiles y cuarenta y cuatro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

• Miguel Acundo González, del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo treinta y cinco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y reforma y adiciona los artículos segundo y sexto y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo ciento noventa y nueve del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Justicia, para opinión.

• Antonio Ortega Martínez, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma el artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos segundo de la Ley del Banco de México, y treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

• Rogelio Rayo Martínez, y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo once de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Carlos Alberto Morales Vázquez, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Juan Carlos Romero Hicks, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rocío Barrera Badillo, de Morena, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Jorge Luis Preciado Rodríguez, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

• Graciela Zavaleta Sánchez, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Martha Elisa González Estrada, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo cuarenta y seis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

• Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, de Morena, que reforma los artículos ciento cincuenta y cuatro, y ciento sesenta y dos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• José Guadalupe Ambrocio Gachuz, de Morena, que reforma el artículo dieciocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

• Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el Comité de Parlamento Abierto. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

• Lorena del Socorro Jiménez Andrade, de Morena, que reforma el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiocho y veintinueve de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

• Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara la última semana de febrero de cada año, como la Semana Nacional de la Salud Auditiva. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Nayeli Salvatori Bojalil, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona el artículo ochenta y siete bis dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

• Margarita García García, y suscrita por diputados del Partido del Trabajo, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para simplificar la tramitación de la iniciativa ciudadana. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para dictamen; y a la Comisión de Gobernación y Población, para opinión.

• Martha Angélica Zamudio Macías, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo cuarenta y siete bis de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

• Emmanuel Reyes Carmona, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jesús Carlos Vidal Peniche, y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos tercero, y veintitrés de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

• Juan Martínez Flores, de Morena, que adiciona el artículo quinto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

• Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y cuatro, y ciento treinta y nueve de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Carmen Patricia Palma Olvera, de Morena, que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

• Evaristo Lenin Pérez Rivera, y suscrito por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, de Morena:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo ciento trece de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Flor Ivone Morales Miranda, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, y al Comisionado Nacional de Seguridad a que revisen la aplicación de los artículos trescientos ochenta y uno ter, y trescientos ochenta y uno quáter, del Código Penal Federal a fin de combatir de manera eficaz el delito de abigeato. Intervienen para referirse al tema las diputadas y los diputados: Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Partido Verde Ecologista de México; José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; Eduardo Ron Ramos, de Movimiento Ciudadano; Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo; María del Carmen Cabrera Lagunas, del Partido Encuentro Social; Juan Francisco Espinosa Eguia, del Partido Revolucionario Institucional; Guadalupe Romo Romo, del Partido Acción Nacional; y Ediltrudis Rodríguez Arellano, de Morena. Desde su curul para rectificación de hechos interviene el diputado José Ricardo Delsol Estrada, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

El siguiente punto del Orden del Día es el relativo a las proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:

• Erik Isaac Morales Elvira, de Morena, por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reforzar la aplicación de la normatividad regulatoria para transparentar los recursos recaudados por concepto del Impuesto sobre Producción y Servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Maiella Martha Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano; Lizet Sánchez García, del Partido del Trabajo; Elba Lorena Torres Díaz, del Partido Encuentro Social; Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional; Martha Estela Romo Cuellar, del Partido Acción Nacional; e Ignacio Benjamín Campos Equihua, de Morena. Para rectificación de hechos intervienen desde sus respectivas curules los diputados: Javier Ariel Hidalgo Ponce, de Morena; y Miguel Alonso Riggs Baeza, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Alfredo Porras Domínguez, y suscrito por diputados del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a llevar a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención a la problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México; Raymundo García Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Alcibiades García Lara, de Movimiento Ciudadano; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social; Isaías González Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional; José Rigoberto Mares Aguilar, del Partido Acción Nacional; y Martha Patricia Ramírez Lucero, Morena. La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Partido Acción Nacional, presenta una propuesta de modificación, misma que cuenta con el aval del autor y su Grupo Parlamentario e instruye a la Secretaría dar lectura de ella, que en votación económica se acepta, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Comuníquese.

• Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que hagan público un informe sobre las fallas identificadas en la línea tres del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara. En votación económica se considera de urgente resolución, e intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México; Mónica Almeida López, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Ramírez Salcido, de Movimiento Ciudadano; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo; Francisco Javier Saldívar Camacho, del Partido Encuentro Social; Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Partido Revolucionario Institucional; Absalón García Ochoa, del Partido Acción Nacional; y Laura Imelda Pérez Segura, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita modificación en el Orden del Día. En votación económica se aprueba la modificación del orden del día y la Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Población, por el que se reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacionales. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas y los diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Partido del Trabajo; Adolfo Torres Ramírez, del Partido Acción Nacional; María Wendy Briceño Zuloaga, Emilio Manzanilla Téllez, y Brenda Espinoza López, todos de Morena. La Presidencia hace aclaraciones

La Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos, y cita para la próxima sesión que tendrá lugar el día jueves veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago:No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.

INTERVENCIÓN DE DIPUTADA

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En la Mesa Directiva se acordó que en este momento se le dé la palabra a la diputada Pilar Lozano, para solicitar un minuto de silencio, y ella lo explicará en un minuto desde su curul.

La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald(desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. En nuestro país se vive una grave situación que lamentablemente no ha sido atendida con la urgencia que se merece. Los accidentes viales cobran la vida de miles de personas cada año, siendo que en su gran mayoría estos son prevenibles si se contara con las regulaciones necesarias.

En esta semana, el 18 de noviembre para ser exactos, se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tráfico, y en las últimas 24 horas, tres personas han perdido la vida por hechos de tránsito en nuestro país, tres ciclistas urbanos, jóvenes con una vida por delante, atropellados por unidades de transporte público: Patricia, de 26 años, Gabriela, de 20, y Emmanuel, de 28 años, por lo que solicito, señora presidenta, un minuto de silencio por estas víctimas y todas las víctimas de accidentes de tráfico vial. Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se concede el minuto de silencio. Favor de ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

Gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Con qué objeto, diputado? Micrófono para el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una efeméride, diputada presidenta. El día de ayer se cumplieron 96 años...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Las efemérides están registradas, y al final se va a dar un minuto a cada quien para presentar.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No vi que estuviera ahí. Perdón, igual y me perdí, pero no vi que esté sobre el asesinato de Ricardo Flores Magón. Ayer cumplió 96 años de asesinado.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Con todo gusto le damos la palabra al final. Hay varios partidos que han solicitado para también lo mismo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Perfecto. Muy bien.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la parte de comunicaciones oficiales. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se rea-lizó modificación de turno de los siguientes asuntos:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, el 8 de noviembre de 2018.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, para dictamen, y a las Comisiones de Salud, y de Derechos Humanos, para opinión.”

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2018.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de la iniciativa mencionada. Actualícense los registros parlamentarios. Pasamos al apartado de contestaciones.

———————— o ————————

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad a la facultad conferida al licenciado Guillermo Orozco Loreto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México en los artículos 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del Gobierno con órganos de gobierno local y Poderes de la Unión, 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y adminiculado con el manual administrativo en su apartado de Organización de la Secretaría de Gobierno, publicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad en fecha 26 de noviembre de 2013; por instrucciones del coordinador de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio CDMX/ CRRTCDMXR/ DGGJ/ 368/ 2018 signado por el licenciado Jaime Araiza Hernández, director general de Gestión Jurídica para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-11-8-0072.

Cabe señalar que la protección de la información que se adjunta al presente documento queda bajo su estricta responsabilidad, de conformidad con lo señalado por el artículo 68 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con los artículos 22 y 24 fracciones VIII y XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018.— Licenciado Óscar Zarrabal Martínez (rúbrica), subdirector de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestro Roberto Guillermo Campos Fuentes, coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

Me refiero a su oficio número SG/ CEL/ PA/DIP/ 003/ 2018 por medio del cual adjunta el oficio DGPL 64-II-8-00 suscrito por la ciudadana vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión relativo al punto de acuerdo consistente en “...La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales y locales responsables, garanticen y destinen los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas de las comunidades afectadas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala, con motivo de los pasados sismos, del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como informen a la ciudadanía sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucciones de viviendas y ayuda a la población...”

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 1, 4, fracción II, 7, 8, fracciones I, II y III, 9 fracciones I, III, XII y XIV de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México hacia una cada vez más resiliente y artículo 14, tercer párrafo del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal de 2018 publicado el 23 de febrero de 2018 en la Gaceta Oficial, en vía de colaboración informo a usted que corresponde a esta autoridad la aprobación de los planes de acción de las distintas dependencias de gobierno capitalino para efectos de las labores de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, que son del dominio público y se encuentran disponible para su consulta en el siguiente link: https:l/www. plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/acciones-aprobadas-2018, adjuntando además Glosa Anual de Gobierno, en el que se integra la información de las actividades realizadas por cada dependencia en el marco de sus atribuciones, mismo que remito como Anexo 1 de forma digital a la dirección de correo electrónico: rgcamposf@secgob.cdmx .gob.mx.

Aunado a lo anterior los artículos 3, 4 y 10 de dicha Ley para la Reconstrucción, señala que es responsabilidad de las distintas dependencias de gobierno de la Ciudad de México llevar a cabo las labores de reconstrucción en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

En razón de ello y dada la naturaleza jurídica y administrativa bajo la que fue concebida esta autoridad, desde el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, se han generado diversos ordenamientos legales para atender las necesidades de las personas damnificadas los cuales han servido para regular los mecanismos para que las personas afectadas por el fenómeno sísmico puedan acceder a los apoyos y beneficios que la Ley para la Reconstrucción dispone; tales como acuerdos, lineamientos, convocatorias y normas, han sido utilizadas como base para la actuación de las diferentes autoridades de gobierno que se encuentran involucradas en la reconstrucción, recuperación y transformación de esta ciudad, que se sintetizan en el documento denominado “guía de acompañamiento”, en que se desglosan los programas vigentes en materia de Reconstrucción y Rehabilitación estructural, trámites, requisitos y autoridades competentes, mismos que remito en formato digital al correo electrónico ya antes citado que remito vía correo electrónico como Anexo 2.

Las referidas disposiciones fortalecen la atención de los temas vinculados con la afectación de los inmuebles de las personas afectadas, así como el otorgamiento de facilidades administrativas, exenciones de pago y diversos apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de vivienda, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, tal como se especifica en los 91 documentos publicados en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que también remito vía correo electrónico como Anexo 3 en el documento denominado “Matriz Normativa”.

Finalmente le informo que esta autoridad ha aprobado en diversas sesiones de comisión hasta el momento un total de 155 proyectos ejecutivos a cargo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, relacionados con la rehabilitación o reforzamiento de inmuebles; igualmente, ha aprobado 39 proyectos para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, conforme a los Lineamientos y Tabulador de Pagos de Proyectos de Rehabilitación y Reconstrucción, cuyo detalle también se hace llegar como Anexo 4 a la dirección de correo electrónico antes mencionada.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018.— Licenciado Jaime Araiza Hernández (rúbrica), director general de Gestión Jurídica para la Reconstrucción-Recuperación de la Ciudad de México.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

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El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 64- II -8-0238 signado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP/1713/18 suscrito por el licenciado Adrián García Becerril, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad, referente al cumplimiento del derecho a la lactancia de las mujeres trabajadoras.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito hacer llegar la respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo es el siguiente:

“ Único. Exhortar al Poder Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (número 183), referentes al cumplimiento del derecho a la lactancia de las mujeres trabajadoras.”

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la respuesta anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2018.— Licenciado Adrián García Becerril (rúbrica), director general de Coordinación Política, SRE.»

«Respuesta al punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (número 183), referentes al cumplimiento del derecho a la lactancia de las mujeres trabajadoras.

Al respecto, se informa lo siguiente:

-El Convenio 183 relativo a la Revisión del Convenio sobre la Protección de la Maternidad (revisado) de 1952, adoptado en Ginebra el 15 de junio de 2000, fue sometido por el Ejecutivo federal a consideración de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 13 de noviembre de 2000, acompañado del dictamen elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el que recomendaba no ratificarlo por ser incompatible con el marco jurídico nacional.

-En particular, el artículo 4 del Convenio establece un periodo de licencia de maternidad equivalente, por lo menos, a catorce semanas, mientras que la legislación laboral mexicana prevé un periodo mínimo de doce semanas.

-Asimismo, el citado Instrumento prevé que el monto de las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia de maternidad no debe ser inferior a las dos terceras partes del salario de toda mujer trabajadora, pudiendo ser incluso equivalente a la prestación por concepto de licencia por enfermedad. En ese sentido, la norma nacional tiene mayor alcance puesto que establece que dicha prestación no debe ser inferior al total del salario.

-El Convenio dispone que la incorporación de la madre trabajadora al término de la licencia de maternidad podrá ser al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración. Al respecto, la legislación mexicana es más favorable, dado que prevé la potestad de conservar el empleo y los derechos adquiridos por la relación de trabajo.

Es preciso resaltar que, independientemente de los logros obtenidos a través de las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo publicadas el 30 de noviembre de 2012 (artículos 133 y 170 de la Ley Federal del Trabajo), el marco jurídico nacional vigente aún se contrapone con el periodo de licencia de maternidad contemplado en el Convenio, por lo que las disposiciones y circunstancias que impedían la ratificación de este instrumento internacional continúan vigentes.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se turna a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2018.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

«Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXIV Legislatura.— Presente.

Los suscritos, senadoras y senadores de la República integrantes de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 3; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno, con aval de grupo, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción s Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En septiembre del 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó, dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal 2014, lo que se conoció corno la reforma social y hacendaría.

Este paquete económico incluía, entre otras iniciativas, la que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, la que expedía una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta; así como la que reformaba adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se hicieron modificaciones para desaparecer el Régimen de Pequeños Contribuyentes o Repecos. En su lugar, se creó el Régimen de Incorporación Fiscal. En consecuencia, los Repecos pasaron automáticamente a este nuevo régimen.

Según la propuesta presidencial de reforma hacendaria, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pretendía que las personas físicas con actividades empresariales e ingresos inferiores a 2 millones de pesos tuvieran facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Entre las características del RIF es que las empresas se ven obligadas a transitar al régimen general, ya sea porque rebasan el tope establecido, arriba del cual deben contribuir en el régimen general porque establece un límite de su permanencia en el régimen simplificado por un plazo que comprende 10 años.

Para convencerlos de las bondades de tributar en el nuevo régimen, el Ejecutivo les ofreció en la propuesta incorporarlos a servicios de seguridad social.

No obstante, la propuesta del Ejecutivo impuso una serie de obligaciones normativas que resultan muy complejas para ser administradas por los pequeños contribuyentes. Por todo ello, la simplificación ofrecida no era sostenible.

En contraste, en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, éstos podían con mucha facilidad cumplir con sus obligaciones mediante el pago de una cuota fija en la tesorería o secretaría de finanzas de la entidad federativa donde los contribuyentes de este régimen obtenían sus ingresos.

De acuerdo con información del Censo Económico 2014, realizado por el Inegi, las microempresas representan el 97.4 por ciento del total de empresas en el país y generan 50 por ciento del empleo, por lo que constituyen un segmento estratégico para la economía nacional.

Además, los micro y pequeños contribuyentes tienen una extendida participación en el pequeño comercio, en los mercados públicos y en micronegocios dedicados a diversas actividades de transformación y servicios.

Por lo tanto, se encuentran presentes en actividades muy importantes para resolver la necesidad de hacer llegar mercancías, bienes y servicios a los consumidores finales.

No obstante, regularmente son personas físicas y micronegocios que se caracterizan por disponer de poco capital, tecnología y bajos niveles de operación. La administración que llevan de sus operaciones no es muy compleja y, en muchos casos, apoyarse en terceros para llevar la contabilidad de sus negocios les puede significar un costo que consume sus márgenes de ganancia.

Además, en la mayoría de los casos sus empleados o responsables son personas de su propia familia en sus tiempos disponibles y, salvo excepciones, sus posibilidades de desarrollo son muy limitadas porque operan en entornos que no generan una demanda fuerte, y porque se ubican en zonas marginadas o de poca capacidad económica.

Estas son algunas de las razones que justifican la necesidad de ofrecer a este sector un trato distinto como contribuyentes, como lo hacen en otras economías, para ayudarlos a crecer ya tener posibilidades de generar empleo o autoempleo.

Desafortunadamente, se impuso la reforma fiscal de 2013 y ello provocó complicaciones negativas para este sector que declaraba bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes. Entre estas complicaciones podemos mencionar:

1. A partir de 2014, varias de las obligaciones de los ahora ex Repecos se realizan por internet, como la de entregar a sus clientes facturas electrónicas. Por lo tanto, se dio un alto desconocimiento respecto lo que implicaba la expedición de facturas electrónicas. Se presentaron problemas de saturación en las oficinas del SAT para recibir orientación directa y en lugares donde proporcionaron pláticas sobre las facturas electrónicas y el Régimen de Incorporación Fiscal.

2. También existieron, y aún existen, miles de contribuyentes que no cuentan con computadora o teléfono con internet, ni con recursos para adquirirlos. Por lo tanto, quienes desean estar al corriente en sus obligaciones, se ven obligados a adquirir un equipo de cómputo y contar con internet, pagar a terceros o acudir al SAT. En este punto, vale la pena señalar que, de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo el 45.4 por ciento de los hogares del país cuenta con computadora y apenas el 50.9 por ciento cuenta con internet, ya sea mediante una conexión fija o de tipo móvil. Por tanto, los micro y pequeños contribuyentes no están familiarizados con el uso de una computadora, internet y el sistema de servicios del SAT.

3. La exigencia de recursos informáticos lejos de convertirse en un instrumento opcional para la modernización de sus negocios, en la realidad se ha convertido para los pequeños contribuyentes en un trámite complejo, tortuoso, obligatorio y caro debido a los esquemas de validación, a los formatos utilizados por Hacienda y las sanciones, por lo que se obliga a los pequeños negocios y a las personas físicas a depender de terceros, encareciendo su administración para cumplir con sus obligaciones fiscales.

4. Aunque en los años en que se ha aplicado el RIF, la tasa del impuesto sobre la renta para pequeños contribuyentes ha sido reducida, están obligados a presentar información sobre ingresos, egresos y proveedores, lo cual implica un alto costo administrativo. Lejos de facilitar y establecer reglas accesibles para que el contribuyente cumpla sus obligaciones, se imponen más requisitos y sanciones, aunque en estos años no se han aplicado.

5. Además, los pequeños contribuyentes deben hacer frente a una competencia brutal de las tiendas de conveniencia que disponen de financiamiento directo por parte de sus empresas matrices y tienen mayor acceso a la tecnología y variedad de mercancías.

A todo esto hay que agregar que, desde la aprobación de la “tóxica” reforma fiscal en 2013, la economía nacional entró en una etapa de lento crecimiento.

Esta situación ha orillado a muchos pequeños contribuyentes a pensar en cerrar sus negocios o irse a la informalidad, e incluso generó protestas contra la reforma hacendaria en algunas entidades, como Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Guanajuato, por citar ejemplos.

Por eso, la iniciativa que hoy presentamos busca reestablecer el marco normativo que permita a las personas físicas que realizan actividades empresariales, recuperar su carácter de contribuyentes con baja capacidad administrativa y económica, el cual estaba contemplado en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, en la Ley de ISR que fue abrogada en el año 2013.

Esto favorecerá que los micronegocios del país cumplan fácilmente con sus obligaciones, sin que el pago de impuesto se convierta en una carga administrativa compleja y onerosa para sus finanzas.

En la mayoría de las economías se reconoce la necesidad de establecer esquemas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales en general y más en aquellos contribuyentes (pequeños comercios, microempresas, profesionistas independientes, pequeños productores) que por su tamaño, o por lo reducido de sus inversiones y de sus operaciones, requieren que se apliquen medidas para facilitarles su operación y cumplimiento.

En síntesis, los beneficios que tendrán las personas con actividad empresarial que ingresen al régimen de Repecos que se propone, serán:

-Permanencia en este régimen de forma ilimitada mientras sus ingresos anuales no excedan el límite de 2 millones de pesos.

-Sólo estarán obligados a llevar un registro de sus ingresos diarios, ya sea de manera impresa o electrónica.

-Entregarán a sus clientes copias de las notas de venta y conservarán originales de las mismas. Dichos comprobantes podrán ser impresos o electrónicos. El SAT podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes en operaciones menores a $100.00.

-Se ampliará de 5 mil a 10 mil pesos el monto a partir del cual los pagos de compras deben efectuarse mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios de transferencia electrónica de fondos.

-Podrán realizar pagos bimestrales, trimestrales o semestrales, según la actividad y zona donde se encuentre. Además, el SAT y las entidades federativas con convenio podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar así el pago de cuotas fijas de ISR e IVA.

-Para determinar el ISR a pagar de estos contribuyentes, a los ingresos se les restará un monto equivalente a cuatro veces el monto mensual de la UMA vigente. A la diferencia resultante se le aplicará una tasa de sólo 2 por ciento. No obstante, como ya se ha señalado, las entidades federativas con convenio podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar así el pago de cuotas fijas de ISR e IVA, con el fin de que el pago de impuestos sea más sencillo y estable para los contribuyentes.

Con esta iniciativa, las cargas fiscal y administrativa para las personas físicas con actividad empresarial se verán reducidas de manera muy importante, dejándoles más ingresos para ellos mismos y para fortalecer sus micronegocios.

Para ejemplificar la reducción que obtendrían en la carga fiscal, veamos el caso de un pequeño contribuyente con ingresos grava bies de 1.2 millones de pesos anuales, es decir, 200 mil pesos bimestrales. Con el régimen vigente actual (RIF), esta persona pagaría por ISR en 10 años, descontando estímulos y suponiendo ingresos constantes, 1 millón 216 mil 747.81 pesos. En cambio, con el régimen Repecos solo pagaría en 10 años 240 mil pesos, es decir, desembolsaría cinco veces menos impuestos de lo que debe pagar actualmente.

Esto es justicia fiscal: Devolverles a los pequeños contribuyentes su capacidad de ingreso que les fue arrebatada en este sexenio, para que mejoren su calidad de vida.

Por otra parte, en la propuesta se incentiva a estados y municipios para que apoyen los esfuerzos de recaudación y a la vez fortalezcan sus finanzas, ya que las entidades federativas que celebren convenio con la Federación para recaudar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de pequeños contribuyentes recibirán como incentivo el 100 por ciento de lo que recauden por concepto de Impuesto al Valor Agregado (lVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de estos mismos contribuyentes.

En el caso de los municipios de los estados y Ciudad de México participarán con el 80 por ciento de la recaudación de ISR que se obtenga de los pequeños contribuyentes, que a partir del 1 de enero de 2019 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales.

Por otra parte, si los estados convienen coadyuvar con los municipios en los actos de verificación para incorporar a nuevos micronegocios al Registro Federal, entonces la recaudación que se obtenga de los nuevos contribuyentes por concepto de ISR se irá en un 75 por ciento a los municipios, 10 por ciento a los estados y 15 por ciento a la Federación.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de la iniciativa de reforma para reinstaurar los Repecos en sustitución del RIF:

Finalmente, también hay que señalar que el RIF ha sido muy costoso para el erario dado que, de 2014 a 2017, de acuerdo con datos del SAT, el gobierno federal ha dejado de recaudar alrededor de 104 mil 600 millones de pesos por el otorgamiento de estímulos fiscales, mientras que la recaudación acumulada apenas ha sido por 17 mil 600 millones de pesos.

Específicamente en 2017, los contribuyentes bajo el RIF generaron una recaudación de 6 mil 662.1 millones de pesos, mientras que los estímulos fiscales que se les otorgaron fueron de 27 mil 107.1 millones.

De esta manera, el RIF le ha costado al gobierno federal casi seis veces más de lo que ha logrado recaudar.

Es importante puntualizar que en 2017 el gobierno federal recaudó 1.57 billones de pesos por concepto de ISR, por lo tanto los contribuyentes bajo el RIF apenas participaron con el 0.42 por ciento de lo que obtiene la Federación por este impuesto.

En resumen, la reforma hacendaria implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha generado una serie de efectos indeseables en la economía del país y en los contribuyentes.

Por una parte, ha limitado el crecimiento económico y ha disparado la inflación y los precios de los energéticos, lo que ha golpeado duramente el bolsillo de millones de mexicanos, sobre todo de los que perciben menores ingresos.

Además, la “tóxica” reforma fiscal ha obligado a millones de contribuyentes a pagar más impuestos y, en particular a las microempresas, las ha arrastrado a cumplir con sus obligaciones bajo esquemas mucho más complejos y que al paso del tiempo les significarán mayores obligaciones y tasas impositivas.

Esto va en contra de cualquier lógica económica que pretenda hacer de la política fiscal un instrumento que financie el gasto público de manera responsable, y a que a su vez promueva las inversiones, el crecimiento y la generación de empleos.

Por ello, hacemos un llamado a aprobar la presente iniciativa, a fin de que a la brevedad se corrija el grave daño que la reforma hacendaria provocó a miles de microempresarios con la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes. Hagámoslo, es lo justo.

En atención de lo antes expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción s Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación

Artículo Primero. Se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Sección II Del Régimen de Pequeños Contribuyentes

Artículo 111. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere este artículo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección.

Los copropietarios que realicen las actividades empresariales en los términos del primer párrafo de este artículo podrán tributar conforme a esta Sección, cuando no lleven a cabo otras actividades empresariales y siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realizan en copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y siempre que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los intereses obtenidos por el mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere este artículo. Los copropietarios a que se refiere este párrafo estarán a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 11 del artículo 113 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo podrán pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la misma, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal quedarán liberados de presentar la información a que se refiere este párrafo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección quienes obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos, ni quienes obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos para tributar en esta Sección y obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, podrán optar por pagar el impuesto en los términos de la misma, siempre que apliquen una tasa del 20 por ciento al monto que resulte de disminuir al ingreso obtenido por la enajenación de dichas mercancías, el valor de adquisición de las mismas, en lugar de la tasa establecida en el artículo 112 de esta Ley. El valor de adquisición a que se refiere este párrafo será el consignado en la documentación comprobatoria. Por los ingresos que se obtengan por la enajenación de mercancías de procedencia nacional, el impuesto se pagará en los términos del artículo 112 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, podrán estimar que menos del treinta por ciento de los ingresos del contribuyente provienen de la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, cuando observen que la mercancía que se encuentra en el inventario de dicho contribuyente valuado al valor de precio de venta, es de procedencia nacional en el setenta por ciento o más.

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de esta Sección y en tanto no se liquide la misma, el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto en esta Sección.

La cantidad límite a la que los contribuyentes deberán sujetarse para poder realizar el pago del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones descritos en esta sección, se actualizará anualmente de conformidad con el índice Nacional de Precios al Consumidor que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 112. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta Sección calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa del 2 por ciento a la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto equivalente a cuatro veces el monto mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Cuando los contribuyentes realicen pagos con una periodicidad distinta a la mensual conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción VI del artículo 113 de esta Ley, los ingresos y la disminución que les corresponda en los términos del párrafo anterior, se multiplicarán por el número de meses al que corresponda el pago.

Los ingresos por operaciones en crédito se considerarán para el pago del impuesto hasta que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 y 127, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente.

Artículo 113. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán las obligaciones siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

II. Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta Sección o dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones el aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a esta Sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho supuesto.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley o cuando no presente la declaración informativa a que se refiere el cuarto párrafo del citado artículo estando obligado a ello, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos de la Sección I de este Capítulo, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración informativa, según sea el caso.

Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto conforme a esta Sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta Sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de la Sección I de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en la mencionada Sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el primero y segundo párrafos del artículo 111 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior continuarán llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y pagarán el impuesto conforme a la Sección 1 de este Capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a la Sección mencionada, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las Sección I de este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta Sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las Sección 1 de este Capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta Sección; en este caso no podrán volver a tributar en esta Sección.

III. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras o inversiones en mercancías, equipo o servicios, cuyo importe sea superior a $10,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios de transferencia electrónica de fondos. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00

IV. Llevar un registro de sus ingresos diarios.

Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, cambian su opción para pagar el impuesto en los términos de las Sección I de este Capítulo, cuando expidan uno o más comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, a partir del mes en que se expidió el comprobante de que se trate.

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo anterior, los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, cuando en este caso se cumpla alguno de los requisitos que establece el artículo 29-E del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate.

V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o letra. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes en forma impresa o por vía electrónica, con la posibilidad de utilizar para ello la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes simplificados la copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00.

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, declaraciones mensuales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de esta Ley. Los pagos mensuales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.

Los pagos a que se refiere esta fracción se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre que dicha entidad federativa tenga celebrado convenio de coordinación para administrar el impuesto a que se refiere esta Sección. En el caso de que la entidad federativa en donde obtenga sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes a que se refiere esta Sección tengan establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, enterarán los pagos mensuales en cada entidad considerando el impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en la misma.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las entidades federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta Sección, podrán ampliar los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los contribuyentes.

Las entidades federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta Sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo.

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

VIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.

Los contribuyentes que, habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de Sección, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 110 de esta Ley.

Cuando los contribuyentes enajenen a título oneroso la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá ser sujeto del Régimen de regulado en esta Sección, y en consecuencia, deberá enterar el impuesto con apego al régimen que le corresponda en atención a la naturaleza y la finalidad de la actividad empresarial o profesional que desarrolle.

Artículo 113 A. Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de esta Sección u opten por hacerlo en los términos de la Sección I, pagarán el impuesto conforme a esta Sección, y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dicha Sección, aquélla en que se dé dicho supuesto.

Los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio conforme a la Sección I de este Capítulo, cuando hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de la misma, los podrán efectuar aplicando al total de sus ingresos del periodo sin deducción alguna el 1 por ciento o bien, considerando como coeficiente de utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículo 58 del Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a partir de la fecha en que comiencen a tributar en la Sección I, podrán deducir las inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la presente Sección, siempre y cuando no se hubieran deducido con anterioridad y se cuente con la documentación comprobatoria de dichas inversiones que reúna los requisitos fiscales.

Tratándose de bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, la inversión pendiente de deducir se determinará restando al monto original de la inversión, la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la suma de los por cientos máximos autorizados por esta Ley para deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente haya tenido dichos activos.

En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la Sección I de este Capítulo, al monto original de la inversión de los bienes se le aplicará el por ciento que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la proporción que representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el impuesto conforme a la Sección I de este Capítulo.

Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por operaciones en crédito por los que no se hubiese pagado el impuesto en los términos del penúltimo párrafo del artículo 112 de esta Ley, y que dejen de tributar conforme a esta Sección para hacerlo en los términos de la Sección I de este Capítulo, acumularán dichos ingresos en el mes en que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

Artículo Segundo. Se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-E. Las personas físicas que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto al valor agregado en los términos generales que esta Ley establece, salvo que opten por hacerlo mediante estimativa del impuesto al valor agregado mensual que practiquen las autoridades fiscales. Para ello, dichas autoridades obtendrán el valor estimado mensual de las actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago de este impuesto, pudiendo considerar el valor estimado de dichas actividades durante un año de calendario, en cuyo caso dicho valor se dividirá entre doce para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos del cálculo mencionado anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0 por ciento. Al valor estimado mensual de las actividades se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado. El resultado así obtenido será el impuesto a cargo estimado mensual.

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto estimado a su cargo determinado en los términos del párrafo anterior y el impuesto acreditable estimado mensual. Para ello se estimará el impuesto acreditable mensual a que se refiere el artículo 4o. de la presente Ley, pudiendo estimar el que corresponda a un año de calendario, en cuyo caso dicha estimación se dividirá entre doce para obtener el impuesto acreditable estimado mensual.

Para estimar el valor de las actividades, así como el impuesto acreditable de los contribuyentes, las autoridades fiscales tomarán en consideración los elementos que permitan conocer su situación económica, como son, entre otros: El inventario de las mercancías, maquinaria y equipo; el monto de la renta del establecimiento; las cantidades cubiertas por concepto de energía eléctrica, teléfonos y demás servicios; otras erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, de servicios o al uso o goce temporal de bienes, utilizados para la realización de actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado; así como la información que proporcionen terceros que tengan relación de negocios con el contribuyente.

El impuesto al valor agregado mensual que deban pagar los contribuyentes se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales determinen otra cantidad a pagar por dicha contribución, en cualquiera de los supuestos a que se refieren los apartados siguientes:

A. Cuando los contribuyentes manifiesten a las autoridades fiscales en forma espontánea que el valor mensual de sus actividades se ha incrementado en el 10 por ciento o más respecto del valor mensual estimado por las autoridades fiscales por dichas actividades.

B. Cuando las autoridades fiscales, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación superior al 10 por ciento del valor mensual de las actividades estimadas.

C. Cuando el incremento porcentual acumulado del índice Nacional de Precios al Consumidor exceda el 10 por ciento del propio índice correspondiente al mes en el cual se haya realizado la última estimación del impuesto al valor agregado.

Tratándose de los contribuyentes que inicien actividades y que reúnan los requisitos a que se alude en el primer párrafo de este artículo, dichos contribuyentes podrán ejercer la opción prevista en el mismo, en cuyo caso estimarán el valor mensual de las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del impuesto, sin incluir aquellas afectas a la tasa de 0 por ciento. Al valor mensual estimado se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado y el resultado será el impuesto a cargo estimado mensual. Dicho impuesto se deberá disminuir con la estimación que se haga del impuesto acreditable a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley que corresponda al mes de que se trate y el resultado será el monto del impuesto a pagar. Dicho monto se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales estimen otra cantidad a pagar, o bien, los contribuyentes soliciten una rectificación.

Para los efectos del impuesto establecido en esta Ley, los contribuyentes que opten por pagar el mismo en los términos de este artículo, deberán cumplir la obligación prevista en la fracción IV del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta Ley. Así mismo, deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes a que se refiere la fracción III del citado artículo 113.

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo trasladarán el impuesto al valor agregado incluido en el precio a las personas que adquieran los bienes o reciban los servicios. Cuando los citados contribuyentes expidan uno o más comprobantes trasladando el impuesto en forma expresa y por separado, se considera que cambian la opción de pagar el impuesto al valor agregado mediante la estimativa a que se refiere este artículo, para pagar dicho impuesto en los términos generales establecidos en esta Ley, a partir del mes en el que se expida el primer comprobante, trasladando el impuesto en forma expresa y por separado.

El pago del impuesto determinado conforme a lo dispuesto en el presente artículo deberá realizarse por los mismos periodos y en las mismas fechas en los que se efectúe el pago del impuesto sobre la renta.

Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto de administrar también el impuesto al valor agregado a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el mismo. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100 por ciento de la recaudación que obtengan por el citado concepto. Las entidades federativas que hayan celebrado el convenio a que se refiere el párrafo anterior deberán, en una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo y que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como las contribuciones y derechos locales que dichas entidades determinen. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más entidades federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto al valor agregado correspondiente a las actividades realizadas en la entidad de que se trate y el impuesto sobre la renta que resulte por los ingresos obtenidos en la misma.

Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, que realicen únicamente actividades afectas a la tasa de 0 por ciento, podrán optar por tributar conforme a lo dispuesto en este artículo, en cuyo caso quedarán liberados de las obligaciones de presentar declaraciones y de llevar los registros de sus ingresos diarios.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción prevista en el mismo, deberán pagar el impuesto al valor agregado en los términos generales que establece esta ley al menos durante 60 meses, transcurridos los cuales se tendrá derecho nuevamente a ejercer la opción de referencia.

Cuando los contribuyentes opten por pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este artículo, podrán cambiar su opción en cualquier momento para pagar en los términos generales que establece esta ley, en cuyo caso estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 43. ...

I. ...

...

...

...

II. ...

...

III. ...

IV. ....

...

...

En el caso de las personas físicas que tributen en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las entidades federativas podrán estimar la utilidad fiscal de dichos contribuyentes y determinar el impuesto mediante el establecimiento de cuotas fijas.

...

...

...

...

...

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 30. Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, administrarán el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B), de esta Ley, correspondiente a los contribuyentes que hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta mediante estimativa practicada por las autoridades fiscales. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100 por ciento de la recaudación que obtengan por el citado concepto.

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal, quedando como sigue:

Artículo 3-C. Los municipios de los estados y la Ciudad de México participarán con el 80 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a partir del 1 de enero de 2019 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales. La Federación establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la Federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen.

Los municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen, domiciliados en su localidad. Asimismo, podrán convenir con los gobiernos de los estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los municipios participarán del 75 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a partir del 1 de enero de 2019 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales, los estados con el 10 por ciento y la Federación con el 15 por ciento de dicha recaudación.

Esta participación se distribuirá directamente con base en el impuesto pagado por el contribuyente domiciliado en su localidad y se liquidará en el mes siguiente al del pago de las contribuciones.

Artículo Quinto. Se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 29-E. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, deberán expedir comprobantes fiscales simplificados en los términos siguientes:

I. Cuando utilicen o estén obligados a utilizar máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, los comprobantes fiscales que emitan dichas máquinas, equipos o sistemas, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código.

b) El número de folio.

c) El valor total de los actos o actividades realizados.

d) La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

e) El número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.

II. Comprobantes fiscales impresos por medios propios, por medios electrónicos o a través de terceros, los cuales deberán contener los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código.

b) El número de folio.

c) El valor total de los actos o actividades realizados, sin que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen. Cuando el comprobante fiscal simplificado sea expedido por algún contribuyente obligado al pago de impuestos que se trasladen, dicho impuesto se incluirá en el precio de los bienes, mercancías o servicios que ampare el comprobante.

d) La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general quedarán liberados de la obligación de expedir comprobantes fiscales simplificados cuando las operaciones se realicen con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o con tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, dicho órgano desconcentrado podrá establecer mediante reglas de carácter general facilidades para la emisión de los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este artículo o liberar de su emisión cuando se trate de operaciones menores a la contraprestación que se determine en las citadas reglas.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales simplificados no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

Artículo Segundo. Quienes hayan optado por contribuir bajo el Régimen de Incorporación Fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta o que hayan tributado conforme a la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podrán optar por continuar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Quienes opten por continuar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero de 2019.

También les serán aplicables, en lo conducente, las normas reglamentarias y administrativas que estuvieron vigentes en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que estuvo vigente al 31 de diciembre de 2018.

Artículo Tercero. El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán celebrar los convenios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones del presente decreto en un plazo de 90 días.

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.— Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

«Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Los suscritos senadoras y senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., numeral 1, fracción I; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89, fracción X; por la que se adiciona la obligación del titular del Ejecutivo federal de someter a aprobación del Senado de la República la emisión de deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La política exterior de México está dotada de instrumentos para su correcta formulación, dirección, integración y ejecución. La Constitución mexicana señala los principios, las facultades y los límites de cada uno de los Poderes de la Unión en la materia. La normatividad que principalmente la acompaña es la Ley de Servicio Exterior Mexicano, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley sobre la aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley de Comercio Exterior y todos los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte.

Cada gobierno en funciones establece sus prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el programa sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores se señalan los objetivos particulares de la política exterior.

Por su parte, el Senado de la República ejerce funciones de control mediante el análisis de la política exterior del Estado mexicano así como, la aprobación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas. También ratifica a los embajadores y cónsules generales de México. Sin embargo, al ejercer dichas funciones, también revisa la congruencia entre el diseño y la conveniencia en la ejecución de la política exterior de México, que tiene como principal objetivo la consecución de los intereses nacionales.

La cooperación internacional para el desarrollo y la solidaridad de México son una tradición que deriva de las muchas ocasiones en las que nuestro país ha recibido apoyo de países y naciones amigas, que han acudido al llamado de ayuda en situaciones de emergencia. Especialmente, durante los desastres naturales que por huracanes, terremotos, inundaciones y otras tragedias que hemos sufrido los mexicanos. Para ello, desde 2011, contamos con la Ley que crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), institución por la que se contabiliza y se canaliza la cooperación horizontal, vertical y triangular de México.

Sin embargo, no toda la ayuda o apoyo para otros países se canaliza por la vía institucional de la cooperación internacional para el desarrollo. En el pasado, ya ha ocurrido que el Estado mexicano emite crédito o deuda a favor de un Estado extranjero, vía el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), sin que hubiese autorización del Senado, o siquiera se le hubiese informado sobre los objetivos o intereses nacionales que se persiguen al otorgarse dicho empréstito. De esta manera, los senadores, que son constitucionalmente quienes analizan la política exterior, revisan su congruencia y prioridades, carecieron de información oficial al respecto porque el Ejecutivo federal decidió darle a dicho entendimiento el carácter de acuerdo interinstitucional y no el de tratado internacional.

Años más tarde se anunció la condonación o cancelación de la deuda y sucedió de la misma forma, con la única concurrencia del Poder Ejecutivo federal, solo que fue un presidente diferente al que autorizó el crédito. Adicionalmente, se firmó un nuevo acuerdo interinstitucional mediante el que se señala la ampliación de la línea de crédito, con el argumento de incrementar los flujos de comercio e inversión con el mismo Estado extranjero al que se le emitió el crédito y se le condonó la deuda.

En este caso denota un margen de discrecionalidad que no sólo es innecesario, sino incluso antidemocrático, para el titular del Ejecutivo federal con relación a su facultad de conducción de la política exterior. Por las condiciones en las cuales se redactó nuestra Carta Magna -a saber, en las postrimerías de una guerra civil que había devastado la economía nacional- resulta comprensible que el Congreso Constituyente no haya contemplado la posibilidad de que el Estado mexicano estuviese en cuestión de otorgar un empréstito a algún Estado extranjero. No obstante, el día de hoy México es una de las quince economías más grandes del mundo y con un interés y posibilidades reales de incidir en el devenir económico internacional. Una manera de hacerlo es, precisamente, mediante la emisión de una línea de crédito o el otorgamiento de empréstitos a Estados extranjeros. Es por ello que debe estar sujeta al control por parte del Senado de la República.

Al ser recursos públicos, es decir, de los mexicanos, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional proponemos limitar dicha práctica y ejercer funciones de control desde el Senado sobre dicho instrumento de la política exterior de México.

Por lo anterior, en los casos que el titular del Ejecutivo federal considere conveniente para los intereses nacionales, emitir empréstitos internacionales a un Estado extranjero, debe ser considerado como un instrumento más de la política exterior de México y, como tal, estar sujeto a los mecanismos constitucionales de contrapesos entre poderes.

El documento por el que se acuerdan las obligaciones contraídas que incluyen el monto del empréstito, los plazos y métodos de pago, los intereses generados y la terminación del mismo serán considerados, por parte del Senado mexicano, como un tratado internacional.

Para evitar que la política exterior deje de ser una política de Estado se propone que la aprobación de la emisión de deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros requiera de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Senadores.

Dado que la Constitución mexicana mandata con claridad las facultades del Poder Ejecutivo federal para dirigir la política exterior de México, y ésta de ser analizada por el Senado de la República, y no habiendo ningún control legal para evitar o imitar dicha acción, es que se propone modificar nuestra Carta Magna para evitar la discrecionalidad en la emisión de deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros.

Consideramos que es conveniente hacerlo en el artículo 89, en el que se señala cuáles son las facultades y obligaciones del presidente y dentro de la fracción X relacionada a la política exterior de México.

Para una mejor comprensión de esta iniciativa, se expone el siguiente cuadro comparativo que incluye el texto actual y el texto propuesto por la que se adiciona la obligación del Titular del Ejecutivo federal de someter a aprobación del Senado de la República la emisión de deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentamos a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona un texto a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. a la IX. ...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. También podrá emitir deuda o condonación de empréstitos a Estados extranjeros, con la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. a la XX. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de noviembre de 2018.— (Rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la declaratoria de publicidad de dictamen. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con el proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con el proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la presidenta de la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el uso de la palabra la diputada Rocío Barrera Badillo.

La diputada Rocío Barrera Badillo:Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Muy buenos días, diputadas y diputados. El pasado 20 de noviembre aprobamos las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población el dictamen que ahora está a su consideración.

El tema es la Banda Presidencial que se cambia para recuperar su configuración tradicional. Es decir, el color verde en la parte superior y el rojo en la franja inferior, tal como los portaron de 1924 a 2009.

La Banda Presidencial, al ser uno de los elementos emblemáticos del Poder Ejecutivo y tener dispuesto un protocolo estricto respecto de los momentos y el modo en que se debe portar, es símbolo de autoridad, unidad y honor.

Son distintos los íconos que en cada poder se utilizan para recalcar la solemnidad de un acto y que forman parte de una herencia simbólica nacional.

En la Cámara de Diputados contamos con la campana de sesiones y el gran tintero. La primera es de uso exclusivo del presidente de la Mesa Directiva, por lo que es representación de su autoridad y tiene uso estrictamente protocolario. Es hecha sonar al inicio y término de cada sesión.

El gran tintero, por su parte, no solo es una obra de arte, sino que por los elementos que lo conforman simboliza la protección de los derechos y la justicia. Indica, además, el lugar que ha de ocupar quien presida la sesión.

El Senado de la República cuenta también con el águila y la campana de sesiones, que representan la cohesión de la sociedad y los símbolos patrios.

El Poder Legislativo usa estos íconos en remembranza a que la lucha por la Independencia mexicana dio con el toque de la campana del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla.

En el Poder Judicial encontramos también el uso de símbolos diversos del ejercicio de su actividad, entre los que destaca el uso de la toga como símbolo de conocimiento y la especialización, y la escultura de la justicia como representación material de su razón de ser.

Todos estos elementos son íconos del solemne, responsable y libre ejercicio del poder, de lo que es justo y democrático. De ahí la importancia de recuperar y proteger el uso de estos elementos siendo respetuosos de la historia.

Por ello, la Banda Presidencial, como el elemento más representativo del Poder Ejecutivo, hace notoria la autoridad y el prestigio del presidente y su uso es exclusivo de él.

Al recuperar una tradición histórica, el dictamen que ha sido puesto a su consideración pretende, por añadidura, fortalecer el...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Perdón la interrupción, diputada. Perdóneme que la interrumpa. Hay demasiado ruido en la sala, muchos corrillos por todos los pasillos, muchos diálogos por toda la sala. Pedimos atención, porque el dictamen que está presentando la diputada es de fundamental importancia y se va a votar. Muchas gracias, continúe.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Gracias, diputada presidenta. Al recuperar una tradición histórica, el dictamen que ha sido puesto a su consideración pretende, por añadidura, fortalecer el culto y respeto a los símbolos patrios, fomentando el fortalecimiento de la identidad nacional y recalcar el marco de respeto y solemnidad con el que debe actuar nuestro presidente.

Nuestra nación cuenta con símbolos patrios que aspiran a representar la unidad del Estado nacional, la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, los cuales son objetos que buscan mediante su uso reiterado y planeado, alcanzar la cimentación de valores e identidad nacional.

En este sentido, pido a los presentes apoyar con su voto el dictamen que hoy se presenta, a efecto de recuperar, mantener y fortalecer el marco de respeto y solemnidad con que se ha revestido la Banda Presidencial como representación de uno de nuestros símbolos patrios. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Una vez presentado el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar sus posicionamientos, hasta por cinco minutos a cada partido.

Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:Gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, nuestra identidad nacional se crea, se fortalece y se preserva a partir de una serie de elementos culturales históricos y simbólicos que nos identifican como mexicanos. Bajo esta lógica, los símbolos patrios refuerzan el sentido de pertenencia como mexicanos, por lo que adquiere una gran relevancia por su papel como elemento integrador que da cohesión a la sociedad mexicana.

La Banda Presidencial, como forma de representación de la Bandera, forma parte de los símbolos patrios y reviste un significado especial, pues es usada de forma exclusiva por el señor presidente de la República, lo que le ubica como un símbolo de unidad, de autoridad y de honor.

Al utilizar como símbolo político la Banda Presidencial, busca promover la integración en torno a su significado, para hacer notoria la autoridad y el prestigio frente al resto de los gobernados el señor presidente.

En una primera época contaba en su franja superior con el color verde, el color blanco en la franja central y el color rojo en la parte inferior de dicho elemento. Sin embargo, con la reforma al artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 23 de junio de 2010, se alteró el orden de los colores de la Banda Presidencial que se utilizó desde 1924 hasta 2010, cambiando el color verde de la franja superior por el color rojo.

Esta reforma se justificó en su momento con el argumento de que la integración de los colores de la Banda Presidencial debería ir en concordancia con lo establecido en el artículo 3o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el cual dispone lo siguiente:

La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. No obstante, se ha considerado importante que la Banda Presidencial retome su orden original con la afinidad de regresar a la esencia tradicional de este elemento que representa la figura presidencial y cuyo uso está reservado únicamente para las ceremonias oficiales de mayor solemnidad.

Tanto es así, que el próximo primero de diciembre, la semana que entra, durante la toma de protesta del nuevo presidente de la República seremos testigos de un momento simbólico en donde la Banda Presidencial significará la transición pacífica del Poder Ejecutivo emanado de instituciones democráticas.

En razón de lo anterior, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen, pues consideramos oportuno rescatar los elementos históricos y culturales que han contribuido de forma determinante en la construcción de la identidad de nuestro país y de la democracia, fortaleciendo nuestros principios y valores como sociedad mexicana. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez:Con su venia, diputada Dolores Padierna.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Compañeras y compañeros diputados. En conciencia de la frase de don Jesús Reyes Heroles, que dice que la forma es fondo, me parece que la cita viene bien a modo de aprobación de este dictamen por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que sustancialmente propone regresar el texto original que tenía desde 1984.

Con esta reforma, dice la iniciativa, se hace un ajuste al emblema del Poder Ejecutivo federal para recuperar el uso histórico que le había dado durante casi 86 años, desde la administración del general Plutarco Elías Calles, en 1924, hasta 2010 con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, fecha en que fue reformado.

La reforma consiste fundamentalmente en invertir el orden de los colores verde y rojo de la Bandera de la Banda Presidencial que portará el presidente electo a partir del primero de diciembre.

Sobre el particular, como integrante de la Comisión de Gobernación y Población, considero viable la propuesta y creo oportuna su aprobación. Todo esto en cuanto a la forma simbólica que esto guarda y que considero viable.

Ahora bien, quiero aprovechar la oportunidad para referirme a lo que considero el tema de fondo y por el tema que creo oportuna esta aprobación. La ley indica que la Banda Presidencial constituye una forma de representación de la Bandera nacional y es emblema del Poder Ejecutivo federal porque solo podrá ser portada por el presidente de la República.

En ese sentido, el significado de la Banda Presidencial es un simbolismo que representa la unidad de la República, la unidad de los mexicanos en torno a sus instituciones y por supuesto a los ideales de paz, de justicia y de libertad.

Pero no se debe perder de vista que la ceremonia protocolaria de cambio de gobierno, donde su papel protagónico, la Banda Presidencial, la intermediación del presidente de la Cámara de Diputados también representa simbólicamente un acto republicano fundamental en la transmisión de los Poderes.

Su importancia reside en que la entrega del poder presidencial no se realiza de presidente a presidente, sino por mediación de la representación popular y ciudadana. Este acto no es menor y reviste cualquier relevancia, pues a través de la representación popular que se entrega la Banda Presidencial con lo que se queda investido el nuevo titular del Ejecutivo, lo que en suyo representa también simbólicamente el equilibrio entre Poderes.

Ese tiene un valor y peso en la democracia que dejó atrás los tiempos en donde investir al titular del Ejecutivo significaba otorgar un poder absoluto. Eran los tiempos de la obediencia ciega que el equilibrio de Poderes y el juego de los contrapesos propios de una democracia no existían. Eran los tiempos en que el Ejecutivo era también el gran legislador. Era de tal modo que se ejercían, que llegaban a extremos ridículos. Hoy va a desaparecer.

El evento del cambio de poder, más allá de las formas simbólicas y de una formalidad protocolaria, también debe significar aceptar aquello que simboliza. Los emblemas son la representación de una realidad. Es el reconocimiento de que se gobierna en nombre de un pueblo y de que se encuentra sometido a este.

Finalmente, la iniciativa que nos ocupa atiende un tema de interpretación que no altera ni vulnera algún precepto y sí se ocupa de atender un tema de índole político. Por eso considero viable su aprobación.

Estoy convencido de que, en los momentos políticos que hoy vivimos, es importante entender los aspectos de forma, pero asimismo considero igual de importante poner particular énfasis en los aspectos de fondo.

A nombre del PRD, y como secretario de la Comisión de Gobernación, vamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada Dolores Padierna.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez:Gracias, presidenta. La Banda Presidencial constituye una representación de la Bandera Nacional como símbolo patrio de identidad. En tal sentido el honor que distingue al presidente de la República con la facultad exclusiva para portarla, especialmente en actos de trascendencia como lo será el momento de prestar la protesta de ley establecida en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que al asumir funciones se compromete a cumplirla y por ende, velar por el pacto de la unión republicana, el respeto a los Poderes y a los órdenes de gobierno.

Esta facultad exclusiva debe asumirse como el acto de quien ejercerá la Presidencia de la República para todas y todos los mexicanos, sin distingo de filiaciones políticas, de género, religiosas, étnicas, ni de ningún tipo, asumiendo por parte de la institución presidencial el respeto y la defensa a la pluralidad nacional y de los derechos fundamentales de toda persona que se encuentre en el territorio nacional.

En ese sentido, el presidente de la República está obligado a portar la Banda Presidencial en el acto de transferencia del Poder Ejecutivo federal, así como rendir anualmente un informe al Congreso de la Unión en la conmemoración del Grito de Independencia y al recibir las cartas credenciales de los embajadores acreditados ante el gobierno mexicano.

El dictamen que hoy está en este pleno tiene como fin cambiar el orden de los colores. Y desde Movimiento Ciudadano apoyamos, sin regateos, esta reforma. Sin embargo, nos parece importante mencionar y precisar que el fondo es forma, y con un cambio de forma no nos podemos conformar.

Es oportuno decir que, ante el cambio que se ha prometido a la ciudadanía, necesitamos comprometernos a promover valores que nos identifiquen como mexicanos y que unan y pacifiquen a este país, y en ese sentido estos valores ya se encuentran reconocidos en nuestra Constitución mexicana.

No nos parece necesario abonar a una Constitución de otro corte, como la que se ha hablado y se va a convocar a una discusión próximamente, que es la llamada Constitución Moral para hablar acerca de los valores que rigen a los mexicanos.

No necesitamos una Constitución Moral porque el Estado de derecho que está constituido en nuestra Constitución de la República Mexicana tiene los valores suficientes, que nos unen e identifican como mexicanos, y este símbolo patrio que habrá de acompañarlo durante su gestión, sin duda debe ser el recordatorio permanente de la obligación que tendrá como titular del Poder Ejecutivo, de gobernar para todas y todos los mexicanos, de promover una cultura de respeto al Estado de derecho, de promover e impulsar los valores que nos dan identidad nacional, de los valores democráticos, de los valores cívicos y no apostar, en ningún momento, a otro tipo de valores que simple y sencillamente nos separan y nos dividen.

En ese sentido, Movimiento Ciudadano apoya la armonización que establece el orden de los colores de la Bandera Nacional con respecto a la Banda Presidencial, por lo que anunciamos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Silvano Garay Ulloa:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Silvano Garay Ulloa: Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy es un día importante. Estamos a escasos días de la entrega simbólica del cambio de Poderes, y no podíamos hacer eso sin regresar a la historia la Banda Presidencial que es de verde, blanco y rojo.

Nada más por decir una cosa, el rojo representa la sangre de muchas personas que nos dieron independencia, que nos dieron la primera transformación, la segunda y la tercera transformación.

Con esto este Poder está contribuyendo a que el licenciado Andrés Manuel López Obrador sea el mejor presidente de este país, que sea y que este Congreso le pavimente el camino para que el pueblo tenga confianza en esta soberanía legislativa y así quitar la mala imagen que tenemos este Congreso.

Es por ello que el Partido del Trabajo y la fracción que represento estamos totalmente a favor en todos y cada uno de sus partes de este dictamen. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Carolina García Aguilar:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hay quien dice que dedicarle tiempo a este tema es algo menor, que tal vez no es necesario que esta Cámara discuta el orden correcto de los colores en la Banda Presidencial.

A fin de cuentas, la patria tuvo por decenas de años un orden en los colores y hace poco tiempo fue uno distinto. ¿Hace alguna diferencia esto? Además, hay argumentos sólidos que nos permitirán posicionar ambos sentidos. A final de cuentas, si se considera que la cabeza del presidente hace las veces de asta bandera, el verde debe ir hasta arriba, pero si se considera que el águila debe ver siempre hacia el color verde, es el rojo el que debe verse visto de frente.

No es un tema menor por la siguiente razón. Se trata de un símbolo patrio, una representación de algo que nos ha ayudado a mantener una identidad nacional a lo largo de 200 años de vida independiente como nación.

A pesar de que un símbolo patrio debería ser permanente, ha tenido una serie de cambios a lo largo de nuestra historia. El más reciente rediseño de la Bandera en la década de 1960, y en la expresión concreta en la Banda Presidencial, hace menos de una década.

Los cambios existen, el símbolo se modifica, pero también mantiene sus elementos fundamentales y veamos si no. El águila, parada en un nopal devorando una serpiente, en medio de un lago tiene casi 700 años de representar el origen de una identidad propia de estas tierras.

A lo largo del mundo es reconocido sin duda. Es más, podríamos decir un tesoro de Cuauhtémoc, que nos llega hasta el día de hoy, a pesar de que su imperio haya dejado de existir, sus símbolos nos siguen acompañando.

Entendemos que el sentido de realizar este cambio es garantizar una continuidad institucional en el tiempo. Es permitir que el próximo presidente que tomará el cargo el primero de diciembre tenga el mismo aspecto que todos los que han ocupado el cargo a lo largo de los últimos años.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos a favor del dictamen que se presenta, no sin dejar de señalar que hay buenos argumentos para que se mantenga también como está. Pero vayamos un poquito más adelante, nuestro voto a favor es por el cambio propuesto, a fin de mantener una tradición vigente a lo largo de mucho tiempo, porque es la permanencia de la memoria y de los símbolos que nuestra patria tendrá presente desde el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana y por siempre, porque como decían los aztecas: En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama ni la gloria de México. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante

El diputado Ricardo Aguilar Castillo: De entrada, lo que quiero comentar es que el Grupo Parlamentario del PRI va a votar a favor de esta propuesta, que se hace para modificar la ubicación de los colores de la Banda Presidencial.

Pero, como es mi tradición, tengo que señalar los errores que esto significa. Pero no es con otro afán sino simplemente para dejar constancia, a manera de pregunta, porque la ley señala que el cuerpo del presidente se ubica como si fuera el asta de la Bandera, por eso si ustedes observan aquí atrás la Bandera que nos honra, siempre el águila está dispuesta apuntando el pico hacia el color verde. Es decir, como si esta la viéramos de un lado a la inversa y el otro de manera original.

El hecho de que se haya usado durante mucho tiempo la Bandera en esa posición no significa que era lo correcto. No la repetición de muchas cosas por el transcurso del tiempo le da una legitimidad.

Puede haber interpretaciones de toda índole, que si el color rojo tiene que estar más abajo hacia la tierra, que si el color verde representa otros temas. No. Pero lo que jurídicamente señala es que el color verde siempre debe estar pegado al asta, eso lo señala la ley, no lo digo yo.

Sin embargo, por una tradición, desde el punto de vista, muchos presidentes priistas usaron la Banda Presidencial como hoy la usará el próximo presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso no dejo de señalar que, aparte, la Bandera que está en el Archivo General de la Nación está en la posición correcta, eso no significa que el hecho de regresarla nuevamente a la posición con la que se usó a partir del 2010, si no mal recuerdo, cuando se presentó una iniciativa por parte de Gustavo Madero y de otro diputado del PRI, César, bueno, pues así se colocó.

Sin embargo, a manera de pregunta, sí quiero dejar constancia que la forma correcta, desde nuestra interpretación o desde mi interpretación, es exactamente como hoy la porta el actual presidente de la República.

Entonces, pero no vamos a regatear por un tema de esta naturaleza, yo creo que en el futuro habrá temas de mayor tamaño que tenemos que actualizar, pero, sin embargo, la Banda Presidencial es un emblema, es un emblema que distingue al titular del Poder Ejecutivo y por ello estas características, independientemente de la interpretación que se le dé, es un símbolo muy importante de nuestra patria, representa un gran simbolismo, junto con el Himno y el Escudo nacionales.

Yo espero que al rato no se mande una iniciativa para querer modificar el Escudo nacional, yo estoy seguro que no se hará. Pero lo que sí ya consolida esta representación es que nuestra aspiración es que se mantenga una nación democrática, libre, soberana, que sea respetuosa de la República, de la división de Poderes, eso sí es bien importante. Que haya un respeto entre los órdenes de gobierno, eso también es bien importante y por eso nosotros no vamos a detenernos como grupo parlamentario a hacer mayor debate en torno a esto.

El Grupo Parlamentario del PRI estamos seguros que la investidura del señor presidente de la República no es en sí mismo solo el uso de la Banda Presidencial, él obtuvo democráticamente la voluntad de la gente, la voluntad de los mexicanos. Yo estoy seguro de que la portará con una gran dignidad para defender nuestra soberanía, para defender la división de Poderes y para respetar escrupulosamente el federalismo mexicano. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas:Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas: Buenos días, diputadas y diputados, los símbolos patrios son los pilares de amor a la nación y representan la grandeza de México.

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales han sido siempre los testigos de la transformación de México que crece y se desarrolla.

Los símbolos patrios son los que nos dan la identidad e inspiran la unidad nacional y el sentido de pertenencia.

Hoy nos encontramos ante la discusión del presente dictamen. En este consideramos inocuo dar a la directriz de quien en próximas fechas detentará la Banda Presidencial, pero entendemos el trasfondo de este cambio.

En la transmisión de los Poderes del próximo primero de diciembre los mexicanos podremos observar distintos símbolos y simbolismos que dan alma a la vida republicana de nuestro país.

Uno de ellos, quizás el de mayor relevancia en el acto de relevo presidencial sea la entrega de la Banda con los colores patrios. Esta Banda será del presidente saliente al presidente entrante. Banda que siempre ha sido el revestimiento del simbolismo de nuestra figura presidencial.

En distintas épocas y etapas de la historia de nuestro país, el tema del orden de los colores de la Bandera impresos en la Banda Presidencial ha estado a debate y ha correspondido al sello que cada mandatario ha querido dar a su Presidencia.

La última ocasión en que hubo una modificación en el orden de los colores de la Banda Presidencial fue en el año de 2010, a través de una iniciativa impulsada por el presidente Felipe Calderón, en la que el color rojo se colocó en la parte superior y el verde en la parte inferior.

Ahora, como en aquel momento, el presidente entrante tiene la intención de modificar este simbolismo de la figura presidencial para dar su sello propio al sexenio que comienza.

Acción Nacional no pretende confrontar ni disentir, sin embargo, sí pretende dialogar y señalar donde se considera que hay un mejor camino, una mejor postura o un bienestar para el país.

Por lo anterior, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen, bajo el entendimiento de que lo que se modifica es el orden de los colores y en ello no atenta en ningún sentido contra los propios símbolos patrios. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado César Agustín Hernández, de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado César Agustín Hernández Pérez:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, compañero.

El diputado César Agustín Hernández Pérez: Compañeras y compañeros legisladores, como mexicanos compartimos ideas, sentimientos y experiencias en torno a la dignidad nacional y los valores de nuestra vida cívica, los cuales llevamos con orgullo y hemos fortalecido a lo largo de nuestro devenir histórico.

Los símbolos patrios están resguardados por todo el pueblo de México, forman parte de nuestra identidad nacional y, por ende, nos conciernen a todos por igual.

El dictamen que hoy votaremos reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el fin de reordenar los colores de la Banda Presidencial a semejanza de nuestro lábaro patrio.

El objetivo de la reforma es colocar en la Banda Presidencial, en primer lugar, el color verde, en medio el blanco y al final el rojo. Ello a efecto de retomar las formalidades y el protocolo tradicional sin que el orden de los colores obedezca a meros caprichos de algunos cuantos, imperando en todo momento el respeto a este símbolo considerado uno de los más importantes de nuestro país: esperanza, unión y la sangre derramada por los héroes que nos dieron patria, son parte de nuestra historia que se ve reflejada en los colores de nuestra Bandera y por ende de la Banda Presidencial.

Nuestros símbolos patrios no pueden quedar al arbitrio de un solo sector, quienes decidieron alterar durante 26 años lo que durante 86 años había sido parte de nuestra historia. Hay antecedentes más profundos, antaño.

No más reformas sin sustento por el bien de nuestro país y de los mexicanos, la Banda Presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es el emblema del Poder Ejecutivo federal, además de ser un símbolo que nos dota de nacionalidad y pertenencia. Representa la unidad de la República, la unidad de los mexicanos en torno a sus instituciones y, por supuesto, a los ideales de la patria.

De ahí precisamente su importancia, ya que en la entrega del poder Presidencial no se realiza de presidente a presidente, sino por medio de manos de la representación popular.

En el camino hacia la cuarta transformación, las diputadas y los diputados de Morena venimos a hacer las cosas bien, a respetar a nuestra historia y a honrar nuestros símbolos patrios, pues son auténticos baluartes culturales que resumen la forma gráfica, las memorias de la nación mexicana.

Los símbolos patrios nos mantienen cuestionados, son instrumentos de las ideas transmitidas entre quienes compartimos una cultura común, además de que representan una alianza como compatriotas dentro y fuera del territorio nacional.

La historia de nuestro México es extraordinaria, desde civilizaciones milenarias, pasando por la época de los colonizadores, la Revolución del siglo XX, hasta nuestros días. Pero, sin duda alguna, el mejor tiempo para construir la historia es el presente, porque la razón de nuestro pasado es el mejor farol para entender la dimensión en la cual se mueve nuestro país y a cada uno de nosotros.

En poco tiempo seremos testigos de un momento solemne en el cual mediante la entrega de la Banda Presidencial se dará inicio a la refundación de la República. Nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tomará protesta el próximo primero de diciembre mediante un acto protocolario, con lo cual se dará inicio a su administración y con ello una gran transformación de México, velando en todo momento por los intereses del pueblo.

En el Grupo Parlamentario de Morena, somos sabedores de que la gente votó para que exista un México, un verdadero Estado de derecho. El pueblo quiere legalidad. Por eso, junto con nuestro nuevo presidente, haremos equipo para hacer de nuestro México una mejor historia.

Compañeras, compañeros, el artículo de la 2o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales menciona que el Escudo Nacional está constituido por un águila con el perfil izquierdo expuesto. Nunca se establece qué debe estar observando, mirando al color verde. En ese tenor no hagamos una errónea interpretación respecto a que el águila vea hacia el verde. No tengamos miopía ni política así. Lo único que se busca es el acomodo de los colores de la Banda Presidencial en función del devenir histórico de la misma en cada transición sexenal desde los orígenes de la República.

Amar a nuestra patria es nuestra ley y nadie ama a su patria no solo porque ella sea grande, sino porque es suya. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Tello Espinosa, de Morena.

La diputada Claudia Tello Espinosa:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Claudia Tello Espinosa: Distinguidos legisladores. La modificación que se propone en este documento busca dar congruencia a lo señalado en el artículo 3o. de la ley, materia del presente dictamen.

Paradójicamente, el argumento que esgrimieron tanto el diputado César Duarte como el senador Gustavo Madero, en el 2009, cuando presentaron la iniciativa que cambió el orden de los colores que porta el Ejecutivo federal en la Banda Presidencial, también sostiene que se busca dar congruencia a lo señalado en el artículo 3o. del propio ordenamiento que señala: La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo.

¿De dónde sacaron aquellos legisladores que la lectura de izquierda a derecha corresponde con el orden de abajo hacia arriba? Hasta donde yo sé, tal como consta en el texto que estoy leyendo, la lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esa es la lógica que tenía el orden de los colores de la Bandera hasta antes de la ocurrencia de los legisladores del PRI y del PAN en 2009.

Esa lectura disléxica es, tal vez, el mismo razonamiento que han tenido en su formación partidaria para identificar lo que le convenía al pueblo y lo que les convenía a ellos.

Ni siquiera podemos decir que el voto de aquel cambio fue contundente. El dictamen que se votó en esta Cámara de Diputados en la Sexagésima Legislatura para cambiar el orden de los colores de la Banda Presidencial tuvo 214 votos a favor, 84 en contra, 11 abstenciones y hubo 187 ausencias en la sesión. Sumando las ausencias y los votos en contra, sumarían 271, es decir, 57 votos más que los votos favorables, sin contar las abstenciones.

Esta iniciativa es pertinente porque hay que devolver a los símbolos patrios su significado original. No es cosa nimia, es recuperar los elementos de identidad que fortalecen nuestra nacionalidad, principios que nos han inculcado desde pequeños, que debemos cuidar y preservar tanto como la honestidad, el orden, la verdad y la solidaridad.

Los invito a que votemos en sentido favorable, no solo para que el artesano que hace la Banda Presidencial que deberá usar nuestro presidente electo esté lista en tiempo y forma, sino porque es coherente con la interpretación de la ley en sentido estricto y lógico, sin interpretaciones rebuscadas. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada.

Están en este recinto 160 alumnos y alumnas de sexto año de primaria que destacaron en actividades deportivas, educativas y culturales en escuelas públicas y privadas en el estado de Veracruz, invitados por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, y muchas felicidades. Sigan adelante, y de verdad los recibimos con mucho cariño.

Tiene la palabra el diputado Hirepan Maya Martínez, de Morena. Nuevamente hacemos un exhorto a los diputados y diputadas a guardar compostura, orden, y que no haya diálogos tan fuertes, porque se oye demasiado rumor en este salón.

El diputado Hirepan Maya Martínez:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Hirepan Maya Martínez: Compañeros diputados y diputadas, estamos en el umbral de una nueva época para México. El cambio de régimen será también un cambio en la cultura política de nuestro país, y una reconstrucción de la sociedad mexicana.

También será un tiempo de símbolos y rituales nuevos, significados para una República casi devastada y que como nunca demanda seguridad, democracia y bienestar.

Por lo anterior, es muy importante recuperar una dimensión simbólica de la historia de México y reordenar mediante esta reforma el orden de los colores patrios de la Banda Presidencial. Una reforma de 2010 alteró este orden, sin embargo, hoy recuperamos una dimensión simbólica y patriótica que se derivó de la Revolución Mexicana y que se estableció en 1924: el orden verde, blanco y rojo de la Banda Presidencial.

Recordemos que el color verde simboliza la independencia y la esperanza, y ahora será nuevamente con esta reforma el primer color patrio en la Banda Presidencial, congruente no solo con nuestra historia sino con el momento histórico que vivimos.

Independencia y esperanza serán los valores de la nueva república, los que vivimos y los más vigentes. El blanco representaba el catolicismo y la unidad, ahora que somos una república laica, este color patrio debe simbolizar la unidad, pero también la voluntad de pacificar al país, unidad en el proceso de paz que estamos por emprender.

Finalmente, el rojo simboliza la sangre derramada en la construcción de la república. No debemos olvidar que esa sangre derramada llega hasta nuestros días y que miles de seres humanos y desaparecidos hacen más vigente que nunca en la historia de nuestro país, que esa sangre no debe ser exaltada como sacrificio sino como una exigencia de justicia, equidad y unidad, paz y diálogo.

Los símbolos y los rituales de la patria nos dan unidad, sentido patriótico y nuestras acciones y una perspectiva histórica a las más grandes transformaciones.

México necesita y exige símbolos patrios que le den sentido a esta nueva esperanza que comenzará el primero de diciembre con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

Por lo anterior, esta es la justificación que motiva el sentido de nuestro dictamen para reformar el orden de los colores de la Banda Presidencial. Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena.

La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda:Gracias, presidenta. Me siento muy orgullosa y muy contenta de estar el día de hoy ante ustedes y en esta tribuna y en esta casa donde representamos a todos los mexicanos, porque el día de hoy contribuiremos al rescate de nuestros símbolos patrios, de nuestros valores y de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos.

El próximo gobierno tiene bases firmes para impulsar el gobierno de México sin simulaciones y sin los excesos del pasado, y así era en un principio desde la administración del general Plutarco Elías Calles, en 1924, y hasta el año 2010, cuando se reformó con el argumento de que la Banda debía sujetarse a la forma y orden que establece cada gobierno.

Perdieron en ese entonces el sentido que debe dársele a los símbolos patrios. Ahora se pretende con este dictamen retomar las formalidades y el protocolo tradicional de la Banda Presidencial, considerado uno de los símbolos más importantes de nuestro país.

Debemos dejar de lado las diferencias políticas y electorales, fortaleciendo así el ámbito de la función como jefe de Estado y en beneficio de sus responsabilidades como jefe de gobierno.

Esta se trata de una propuesta que sin duda fortalece al sistema presidencial desde una perspectiva democrática. No dejemos que se cambien a modo ni los colores ni los símbolos patrios, dejémoslos como deben ir. Ya basta de cambios a modo.

La Banda Presidencial es una representación de la Bandera Nacional y el emblema del Poder Ejecutivo federal, por eso debe cumplir con los requisitos que menciona la ley respecto a la Bandera, que es un rectángulo dividido en tres franjas verticales idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo.

Se considera que por congruencia normativa y por corresponder a la historia, la Banda Presidencial debe tener como primer color el verde. Por ello apoyamos este dictamen y en Morena, por supuesto, estamos a favor de la identidad de nuestros símbolos patrios.

Regresar a las tradiciones, más allá del respeto a la figura presidencial es un respeto a nuestra Bandera y a nuestra historia, igualmente a nuestros propios símbolos.

La forma es fondo, por tal motivo la Banda Presidencial es el emblema que representa nuestros ideales como mexicanos.

El próximo primero de diciembre estaremos ante una fecha histórica y la relevancia de nuestra Banda será emblemática para el titular del Ejecutivo y para nuestra historia de lucha como mexicanas y mexicanos. Este emblema representa a la nación, nuestra identidad y, por supuesto, nuestros valores patrios.

Hoy estamos en la forma y fondo del cambio de Poderes, la tradición mexicana y el respeto a nuestros símbolos patrios. Hoy contribuiremos al rescate de nuestras tradiciones. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Hildelisa González Morales, del Partido del Trabajo.

La diputada Hildelisa González Morales:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Hildelisa González Morales: Compañeros y compañeras diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Este Congreso cuenta, conforme al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar en la materia que nos ocupa. La propuesta consiste en que se pongan en concordancia con nuestra Bandera los colores de la Banda Presidencial.

La Banda Presidencial la porta el presidente de la República en la fecha política más importante de cada seis años, cuando asume la titularidad del Poder Ejecutivo federal. Es el símbolo de la investidura presidencial y que debe ser armonizada a los colores de nuestra enseña patria.

La Banda Presidencial es una representación de nuestra bandera, implícitamente es la Bandera presidencial en el pecho del titular del Ejecutivo. El artículo 87 constitucional establece el requisito de la protesta del cargo. Una vez que dicha protesta se realiza, el presidente saliente entrega al presidente del Congreso la Banda Presidencial.

El presidente del Congreso, representación del pueblo de México, transmite al Ejecutivo entrante la Banda Presidencial, en ella transfiere el poder del pueblo al nuevo Ejecutivo federal.

Por ser la Banda Presidencial el símbolo del Poder Ejecutivo, esta debe reflejar fielmente los colores de nuestra enseña nacional, en el orden que históricamente han tenido: verde, blanco y rojo.

El verde, que representa la esperanza de millones de mexicanos por una patria mejor. El blanco, que representa la paz y la unidad de este pueblo, que tanto lo requerimos. Y el rojo, la sangre de miles y miles de hombres y mujeres que la dieron para tener una patria mejor, sangre que palpita hoy en nuestros corazones para construir este país que tanto requerimos.

Compañeros legisladores, el próximo primero de diciembre seremos testigos de la toma de protesta de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador; lo hará con una legitimidad incuestionable, producto del voto de más de 30 millones de mexicanos que confiamos en su proyecto y en su propuesta.

En consecuencia, es pertinente que se ajusten los colores de la Banda Presidencial que portará el nuevo presidente. No es un simple tema de coyuntura, significa rescatar una tradición que viene desde la confección misma de la bandera con el Ejército Trigarante.

Por ello, por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mientras está la votación, quisiera anunciar a las diputadas y diputados que se encuentran en este recinto la diputada Heidi Järvinen, del Congreso de Finlandia, el excelentísimo señor Roy Eriksson, embajador de la República de Finlandia en México, y la señorita Hanna, asistente del embajador. Están realizando una visita de cortesía esta Cámara. Están hasta acá adelante, sean bienvenidos.

Está también una visita del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Sean bienvenidas y bienvenidos.

Mandamos un saludo al alcalde Luis Fernando Garza Guerrero, de la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, invitados por el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz. Sea bienvenido, señor alcalde.

Están también los alcaldes de Cedral, Charcas, Moctezuma, Santo Domingo, Venado, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos, Mexquitic de Carmona, del estado de San Luis Potosí, invitados por la diputada Sara Rocha Medina. Sean bienvenidos, señores alcaldes.

Y un saludo al Instituto Progreso y Esperanza, invitados por la diputada Aleida Alavez Ruiz. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Listo, secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron 419 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto en contra. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular, por 419 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIÓN OFICIAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dé lectura.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 64, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente que consulte al Pleno sobre la modificación del orden del día de la sesión del día de hoy, en el rubro de dictámenes, con dispensa de trámites del siguiente asunto:

• Del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.».

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la solicitud de la Junta de Coordinación Política.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba la solicitud. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas, se pide a la Secretaría consulte en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ABROGA LA LEYDE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En consecuencia el siguiente punto en el orden día es la discusión del dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, la diputada Irma Juan Carlos.

La diputada Irma Juan Carlos:Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputada.

La diputada Irma Juan Carlos: Estimada asamblea. El dictamen que ahora se pone a su consideración lleva implícito un mensaje directo a nuestros pueblos indígenas. En México, por fin los pueblos indígenas y afromexicanos serán atendidos, escuchados y, sobre todo, se les devolverá su lugar en la historia.

Hoy les presento aquí un dictamen que significa al mismo tiempo la muerte y la vida. La muerte de un sistema fallido y la vida de una nueva esperanza.

Ciertamente el régimen anterior creó una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuyos sustentos fueran la ideología de la asimilación. Esta política de la asimilación fue rechazada permanente por nuestros pueblos y comunidades.

Ciertamente nuestros pueblos indígenas se organizaron en movimientos sociales y políticos para demandar el reconocimiento de un conjunto de derechos articulados en torno a la autonomía y libre determinación.

Se lograron avances, pero siempre considerando a nuestros pueblos y comunidades como necesitados de tutelaje. Por ello el nuevo escenario político obliga que la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado pase por abordar el alcance del poder comunal comunitario para el ejercicio del autogobierno, reconocerles personalidad jurídica y como sujeto de derecho público.

Esa situación tiene que ver básicamente con cinco dimensiones que sustancian la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho a la no discriminación, el derecho al desarrollo y el bienestar, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales, y el derecho al autogobierno y participación política.

Hoy, el dictamen que se presenta refleja esa nueva institucionalidad, y uno de los temas fundamentales en esta nueva institucionalidad indígena es la promoción del desarrollo indígena con identidad propia o según el principio del buen vivir como lo han hecho países hermanos.

Esta nueva concepción de desarrollo sustituye a aquella que durante décadas del siglo pasado supuso la asimilación e integración del indígena a la cultura nacional a través del indigenismo.

De esta manera, la incorporación del desarrollo se afianza como vector de políticas y acciones programáticas y eje organizador de la institucionalidad estatal.

En muchos países latinoamericanos el énfasis en el desarrollo se ha proyectado en la nominación de las instancias especializadas en materia indígena como el caso de México con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El riesgo que supone centrarse solo en la institucionalización de desarrollo es que termine imponiéndose un enfoque economista y desarrollista que solo sirva para reproducir la lógica capitalista neoliberal generando más desigualdad y exclusión social. Esto es lo que hacía la anterior comisión.

Hoy, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, venimos a implementar y fomentar un desarrollo indígena con identidad propia. Por ello, en el dictamen se proponen los siguientes cambios sustanciales:

En primer lugar, la naturaleza del nuevo organismo está pensada en términos de transversalidad e intersectorialidad. La transversalidad e intersectorialidad son dos instrumentos de políticas públicas que los gobiernos latinoamericanos han empezado a implementar para atender integralmente los temas indígenas.

Estas políticas públicas asumen las recomendaciones de la Declaración de Brasilia, que compele la necesidad de transversalizar la gestión de los asuntos indígenas, y profundizar la articulación intersectorial de las políticas públicas con temas tan necesarios como la política de género y derechos humanos.

En segundo lugar, debo destacar que este dictamen está sustentado en la propia versión de nuestros pueblos, pues para ello realizamos foros de consulta en los cuales se tuvo acercamiento directo con hermanas y hermanos en estos diez foros, donde se abordaron cuatro ejes temáticos que orientaron la discusión, a saber, la naturaleza jurídica, el objeto del nuevo organismo y principios que deben regir la actuación institucional.

Los pueblos indígenas, como sujetos de derecho público, atribuciones del nuevo organismo y órganos de gobierno del nuevo organismo público y estrategia de regionalización. En cada uno de los foros surgieron un conjunto de ideas y agregados que reflejan este dictamen.

En tercer lugar, debo destacar que esta iniciativa ha sido seguida de cerca, tanto los organismos nacionales como internacionales. La relatora especial reconoce el hecho de que la Comisión de Pueblos Indígenas esté realizando el proceso de diálogo y consulta a lo largo y ancho del país.

En cuarto lugar, quiero mencionar particularmente mi reconocimiento a las y los autores de la iniciativa. La iniciativa sufrió cambios en virtud de los procesos de consulta y de las opiniones del pueblo de México.

En el artículo 3 de la iniciativa presentada se considera adicionar la disposición que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público. Esta propuesta armoniza la ley y el funcionamiento del instituto que se crea con el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en el ámbito nacional e internacional, al proponer que el instituto reconocerá y brindará a dichos pueblos y comunidades un trato como sujetos de derecho, sin restricción alguna.

En este mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en relación a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece lo siguiente: Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.

En consecuencia, estas disposiciones sentarán las bases para que las comunidades puedan ejercer sus derechos por sí mismas, evitando la intermediación y la intervención de figuras ajenas a sus formas de organización en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Así lo han sostenido ya los tribunales del Poder Judicial de la Federación al reconocer validez y eficacia jurídica a sus decisiones en los ámbitos electoral, agrario y de administración de recursos municipales.

Esto también significa que serán sujetos de las obligaciones que deriven del manejo de recursos y de la implementación de programas, en condiciones de igualdad y sin discriminación de ninguna índole.

En los foros realizados en el marco del proceso de diálogo y consulta, estas propuestas fueron reiteradas por los asistentes. Asimismo, gozó del más amplio consenso en los Acuerdos de San Andrés, en el marco del proceso de paz en el estado de Chiapas.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que el reconocimiento se plantea en este artículo como sujeto de derecho público al pueblo afromexicano y las comunidades que lo integran.

Las disposiciones que se adicionan reconocen y respetan el derecho de libre determinación y como una expresión de esta, la autonomía. Con ello, en la actuación de la nueva instancia que se propone crear este derecho será la base fundamental para la realización de todos los derechos de que son titulares los pueblos indígenas, incluidos los relativos a las tierras, territorios y recursos o bienes naturales, a los sistemas normativos, a la participación y representación política y al patrimonio cultural, entre otros.

Además, de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución federal, se habrá de dar cumplimiento, atendiendo las especificidades culturales, concepciones, realidades y aspiraciones de vida de los pueblos indígenas, a fin de que a través de la autonomía decidan sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Asimismo, las declaraciones internacionales establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para su desarrollo o para la utilización de sus tierras y sus territorios. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 7, numerales 1 y 3, establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural, además de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, por lo que los gobiernos deberán velar que se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural, y sobre el medioambiente, que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos.

Con este marco jurídico nacional e internacional, el instituto deberá atender y fomentar la concepción particular de desarrollo de cada pueblo, respetando sus aspiraciones y propias formas de organización, que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos, fortalecer sus economías locales y mejorar sus condiciones de vida, con la participación y consentimiento de dichos pueblos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vaya terminando, diputada.

La diputada Irma Juan Carlos: Con esta atribución se busca dar una atención integral e intercultural a los pueblos indígenas, estableciendo los centros coordinadores de pueblos indígenas que se estimen necesarios en todas las regiones indígenas de la República Mexicana.

Se propone adicionar un nuevo artículo 9, para establecer que la ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los instrumentos internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los derechos individuales de las personas indígenas.

Esta disposición concreta y explícita, el mandato constitucional dirigido a todas las autoridades de brindar la protección más amplia posible a los pueblos y comunidades indígenas, en cumplimiento del principio pro persona.

Por todo lo anterior pido a ustedes, diputadas y diputados, la aprobación de este dictamen que hoy, a nombre de la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, tengo el honor de presentarles. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Una vez presentado, expuesto el dictamen y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los diputados de cada partido político.

En el uso de la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pool Moo ha solicitado la palabra, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo (desde la curul): Dios bootik, presidenta. Que significa: gracias, presidenta, en maya. Para adherirme a esta propuesta, porque además como parte de la cultura maya, yo provengo de la península de Yucatán, me da mucho gusto y como parte integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acabamos de aprobar porque no impacta al presupuesto.

Entonces, quiero adherirme y decirle al pueblo quintanarroense que estamos apoyando a la diputada y nos sumamos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Estamos ahorita en lo general y tenemos un orden de oradores, diputado, si usted gusta intervenir, por favor, anótenlo a través de su coordinador. En el uso de la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez.

El diputado Raymundo García Gutiérrez:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: En el Grupo Parlamentario del PRD celebramos el dictamen que se está presentando. Sabedores de que es perfectible, como toda ley, pero convencidos de que se alcanza un primer objetivo, dejando atrás la oratoria política que ha alejado a representantes sociales de la realidad en la que viven muchos hermanos indígenas.

Este dictamen que expide la ley por la que se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas representa la cimentación real del respeto a los derechos de los pueblos originarios, el acercamiento y ascenso a las mismas oportunidades para nuestros pueblos originarios, fortaleciendo lo conducente al goce y disfrute de los derechos fundamentales, pero, sobre todo, la oportunidad para impulsar el desarrollo.

Apegándonos a sus necesidades y respetando sus raíces, sus costumbres y sus derechos no solo vamos a reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, de conformidad con las disposiciones de la Constitución federal, nuevos instrumentos jurídicos internacionales o los marcos normativos estatales, también buscamos rescatar y privilegiar el respeto, derecho y conocimiento de nuestros ancestros, tender un puente para terminar con las diferencias que nos han separado, afianzar su autonomía y libre determinación.

El avance que se tiene en la lucha de los derechos indígenas, en la actualidad no puede ser comprendido sin ubicar las contribuciones que realizó el movimiento social, político y revolucionario de los pueblos originarios.

La legislación que hoy se propone aprobar es resultado de su lucha, lo que ha determinado el ascenso de diversos pronunciamientos y de tratados internacionales, creando nuevas adaptaciones legislativas.

Estamos en un momento de coyuntura en el cual buscamos abrir un nuevo ciclo en favor de los derechos de los pueblos indígenas, en reconocimiento a su lucha y esfuerzo.

Con esta propuesta se pretende fortalecer las políticas públicas a través del acercamiento con las regiones y territorios indígenas, que es uno de los principales objetivos del instituto, forjar una interlocución, concurrencia y cooperación institucional para la implementación de mecanismos y programas que coadyuven al ejercicio de autonomía de los pueblos indígenas.

Mención especial merece al mostrarse de acuerdo con las peticiones de los pueblos afromexicanos e incluirlos en el cuerpo de la ley. Con ello se respaldan las aportaciones históricas que han tenido en la lucha indígena. Se distingue con ello el respeto, reconocimiento y ejercicio de sus derechos demanda de muchos años.

Asimismo, la urgencia de reconocer la pobreza en que viven las comunidades indígenas nos permitió dejar firme, dentro de las facultades del instituto, el fortalecer las economías locales y las actividades productivas, que se tomen acciones vinculantes que detonen el desarrollo económico, respetando las autoformas de bienestar.

Diputadas y diputados, su servidor, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, se congratula con el dictamen y respaldamos el ejercicio y esfuerzo que hubo detrás de él.

Sin embargo, no se debe pasar por alto que existe el firme compromiso de que seamos el eje principal de la demanda de nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.

En el uso de la palabra, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ariel Rodríguez Vázquez:Gracias. Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. Es innegable que tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios y sin duda por eso el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estaremos a favor de este dictamen, porque nos permitirá dar un paso importante.

No es el único que necesitamos, evidentemente hay otros pasos que tenemos que dar entre esas modificaciones necesarias para poder darle cabal sustento y funcionalidad a la nueva Ley del Instituto de los Pueblos Indígenas.

Es hacer una modificación al artículo 2o. de nuestra Constitución para poder reconocer a nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho a cabalidad, porque es muy importante entender. No se trata solo de reconocer las vulnerabilidades sociales de nuestros pueblos indígenas, no se trata solamente de decir: bueno, sí, tienen necesidades y hay que atenderlas. No se trata de llevarles cosas, sino de reconocerlos como sujetos de derecho, capaces de definir la ruta de su propio desarrollo. Es considerarlos ciudadanos de primera, como siempre lo han sido, pero a veces nuestra nación mexicana ha tardado 500 años en reconocer esa capacidad de organización.

Vemos también que otro de los pendientes es la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para poder tener el diálogo correcto con los pueblos y comunidades indígenas y que se consulten adecuadamente.

Se menciona, y es cierto que esta iniciativa fue dialogada con los pueblos y comunidades indígenas a través de foros regionales en todo el país, sin embargo, todavía hubo alguna dificultad para que el diálogo fuera completo, fuera claro, fuera con toda la capacidad de inteligencia que nuestros pueblos originarios son capaces hoy día.

Por eso está este pendiente de hacer con calma en la comisión, y que en su momento lo revisaremos con todos ustedes, la Ley para la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pero es parte ya de los objetos de trabajo de este nuevo instituto.

Por eso, sin duda Movimiento Ciudadano está a favor del dictamen porque creemos que siempre nuestros pueblos originarios tuvieron la mayoría de edad en términos ciudadanos y es momento de reconocerlo, y que con este instituto se dé cabalidad a considerarlos sujetos de derecho para que sean creadores de los rumbos de su desarrollo y no solamente objetos de dádivas.

Ese es el gran paso determinante, por eso estamos a favor, porque nunca más un México sin nuestros pueblos indígenas. Es todo, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

En el uso de la palabra, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Mahaya, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Ixuke wineke san ha petsanalej: Hombres y mujeres legisladores, muy buenos días.

Laik Laik petsanil kumal petsanil kumal laik k'ujulh'k sok kab'ul h'k La jtsom la jtsomh'k yaman jk'ab'hk la jb'ejyih'ka b'eji b'a j h l h'ka snichmal kab'alh'ki.

Vengan voces, todas, todas. Nuestros pensamientos y nuestros corazones uniremos. Tomados de las manos andaremos este camino que nos llevará a cosechar el fruto de nuestros valores. Soy tojolabal de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Se nos presenta el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un motivo de esperanza y de justicia, pues es el reconocimiento a los mexicanos que han estado por años sometidos a la exclusión, la marginación, el olvido y el abandono.

Hay en nuestro país por lo menos 64 pueblos indígenas distribuidos a lo largo de 32 entidades de la República Mexicana. De acuerdo con la encuesta intercensal de 2015, el Inegi estima que hay cerca de 13 millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios en todo el país. Más del 10 por ciento de toda la población. En el territorio nacional hay más de 600 municipios indígenas y casi dos mil municipios con presencia indígena. A pesar de ello, los indígenas mexicanos han tenido que vivir aislados, marginados de la vida pública nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a la nación como única e indivisible y reconoce su composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones, sociales, económicas, culturales y políticas.

También indica que la federación, las entidades federativas y los municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Sin embargo, hasta el día de hoy la población indígena de nuestro país sufre de mayores índices de pobreza y falta de acceso a la educación y discriminación y desprecio. El 55.5 de la población indígena vive en municipios de alta y muy alta marginalidad, el 87.5 de los municipios indígenas están en alto grado y muy alto grado de marginación.

El 16.6 de las personas de nuestros pueblos, mayores de 15 años, no ha tenido acceso a ningún grado de instrucción escolar, mientras que a nivel nacional esa cifra es de seis por ciento. Solo el 18.2 ha concluido la primaria y el 18.1 la tiene incompleta.

El porcentaje de población indígena con estudios terminados del nivel secundaria es de 20.5, mientras que en educación media superior solo el 14.6 ha accedido, y tan solo el 7.7 a la educación superior.

Por ello, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente, urgente, en materia de atención a sus reclamos y a sus necesidades, la cultura, las tradiciones y la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas de ofrecer al país, así como las agendas y asuntos pendientes merecen la conformación de un instituto que tenga la potestad de atender autónomamente en calidad de Poder Ejecutivo, las necesidades de cada uno de nuestros pueblos originarios.

Hoy es necesario romper las visiones paternalistas y coloniales que pesan a lo largo de la historia sobre los pueblos originarios. Hoy tenemos que reconocer sus aportes culturales, políticos y sociales a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Para avanzar hacia una cuarta transformación de la vida nacional, se requiere la integración, respeto y participación activa de todos los mexicanos, de reconocer la importancia de la diversidad de oír, entender y aprender de las distintas visiones del mundo y de la vida que forman parte de la esencia de nuestro país.

Es decir, se les debe dar voz y voto a nuestras comunidades de nuestros pueblos originarios, se requiere avanzar en la realización de la política pública basada en las reales necesidades de nuestras comunidades, su cosmovisión, su filosofía. Se debe dejar de lado la visión desde el escritorio de un funcionario subordinado que puede arreglar aquello que no conoce.

En este camino es que se ha construido la presente iniciativa, pues es fruto del trabajo y discusión de la Comisión de Pueblos Indígenas que realizó una serie de foros para oír y atender las distintas voces que han estado por años gritando ser escuchadas.

El Partido del Trabajo, PT, ha tenido históricamente una agenda de trabajo basada en la participación de las comunidades indígenas, ha sido parte esencial de nuestro proyecto de nación, y han sido una parte activa de la creación y difusión del mismo.

Por ello el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, votará a favor de la presente iniciativa.

El Partido del Trabajo no olvida, en 1994, el derramamiento de sangre de nuestros hermanos, que en gloria estén. Los indígenas, nuestros pueblos, despertaron de un largo letargo. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso en el centro el drama de millones de compatriotas que durante siglos fueron olvidados, marginados y en muchos casos despreciados.

Es necesario dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que el Estado mexicano honre sus compromisos, diputadas y diputados. Un presupuesto justo y digno que bien lo merecen los pueblos originarios de México.

Respeto, amor al corazón de nuestra madre tierra. Que vivan los pueblos originarios de México y del mundo. Bravo. Que vivan nuestros pueblos originarios. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Miguel Acundo González, de Encuentro Social. Adelante, diputado.

El diputado Miguel Acundo González:Con su permiso, diputada presidenta. Después de la realización de varios foros regionales, la Comisión de esta Cámara, de Atención a Pueblos Indígenas ha dictaminado y ha probado la constitución del Instituto Nacional de Atención a Pueblos Indígenas. Y ocupo esta máxima tribuna de la nación para posicionar el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Encuentro Social está de acuerdo con la transformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en un Instituto. Reconocemos el trabajo de la dictaminadora al convertir al Instituto en un organismo público descentralizado sin sector administrativo, con personalidad jurídica propia y autonomía de operación.

Estamos de acuerdo en que el presidente de la República sea la autoridad del Instituto, ya que se requiere que el mandatario de la nación encabece la justicia para nuestros pueblos indígenas.

Encuentro Social se manifiesta a favor de que a nuestros pueblos y comunidades indígenas les reconozcamos como sujetos de derechos públicos, libre determinación y el derecho a la autosuficiencia, y con ello reivindicar las disposiciones de nuestra Carta Magna.

Nuestra bancada considera que es justo que la ley dé al Instituto 48 atribuciones, está de acuerdo con las de evaluar los programas, con ser el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, con la atribución de dar seguimiento a los planes y programas.

Un acierto de este dictamen es el reconocimiento de la llamada tercera raíz, es decir los afromexicanos. Con ello se da respuesta a una demanda histórica de este importante sector.

Estamos de acuerdo con la creación de las estructuras que se crean con la ley, ya que nuestros pueblos y comunidades indígenas son un pilar de la nación mexicana.

En Encuentro Social estamos a favor de la creación del mecanismo para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas como el mecanismo de coordinación de las políticas públicas trasversales para la implementación de los derechos de los pueblos.

Desde esta tribuna nuestra bancada parlamentaria se manifiesta de manera respetuosa para que la colegisladora atienda el decreto que expide la nueva ley, y con ello coadyuvar a elevar la calidad ciudadana de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy es un día muy importante para todo el pueblo de México. Hoy es un día en el que todos los que estamos aquí, representantes genuinos del pueblo mexicano, vamos a aprobar una ley que expide un nuevo instituto, un nuevo instituto que lo que pretende es ir acabando, ir acortando la brecha entre los que más tienen y entre los que más lo necesitan.

Yo celebro, de verdad, que este tipo de temas sean los temas que nos unan a todos, sean los temas en los que podamos coincidir. Y les quiero pedir de manera muy respetuosa a todos los presentes, que de pie le brindemos un caluroso aplauso a nuestros pueblos originarios, con el corazón, con cariño, porque tenemos una gran deuda y porque sabemos que hoy estamos dando un paso muy importante. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Después de haber cumplido con el proceso legislativo que la ley obliga y además después de haber realizado 10 foros a lo largo y ancho del país, en los cuales se escucharon las voces de los 68 pueblos originarios, hoy la Comisión de Pueblos Indígenas presenta ante el pleno de esta legislatura el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley por la que se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Es menester recordarles a todos ustedes que este dictamen contiene asuntos muy relevantes, dos quisiera destacar. Primero, el reconocimiento como sujetos de derecho de todos los pueblos y comunidades indígenas. Y la segunda, que también para mí es muy importante, porque había sido la petición desde hace mucho tiempo de los pueblos afromexicanos para ser reconocidos plenamente.

Así que son dos asuntos que esta nueva ley contempla y que fueron ampliamente discutidos, pero también que contaron con el consenso de todas las comunidades y de los pueblos indígenas representados en los foros.

Vale la pena también recordar que a este naciente instituto le anteceden dos institutos o dos instituciones que anteriormente le dieron atención a pueblos indígenas, el Instituto Nacional Indigenista, que funcionó, que operó a favor de los pueblos indígenas de 1948 a 2003; la CDI, como se le conoció, que operó de 2003 y que operará o que dejará de operar hasta el 30 de noviembre de este año. Y, bueno, ahora dando este paso tan importante.

Celebro de verdad que el nuevo gobierno mire y que fije su atención hacia los pueblos indígenas. La cultura, la historia y la diversidad lingüística de nuestros pueblos indígenas constituyen, sin duda, una de las riquezas más importantes de la nación.

Somos orgullosamente el octavo país en el mundo con el mayor número de pueblos indígenas, y el segundo en América con población de origen étnico, los cuales en su mayoría habitan en zonas rurales.

Una reforma integral a nuestro marco jurídico debe iniciar por reconocer, como ya se ha hecho, que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público y elevarlos a rango constitucional.

Hay que hacerlo, el dictamen que está a discusión, por el que se expide esta ley, busca garantizar que todas las personas mexicanas tengan las mismas oportunidades sin que su origen o condición étnica sean un obstáculo.

Durante los 15 años de existencia, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, ha atendido y beneficiado a millones de familias indígenas con infraestructura, caminos y carreteras. Es decir, no podemos decir que estamos empezando de cero, hay que reconocer que se ha tenido un avance importante, pero que aún es grande la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos indígenas.

Yo quiero invitarlos a todos ustedes, y sobre todo al grupo que tiene mayoría en este Congreso, para que ahora pasemos de los discursos a los recursos.

¿Qué les quiero decir el día de hoy? Que se nos viene la parte más importante en unos días más, que será la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y es ahí donde debemos hacer notar nuestra fuerza y donde esta mayoría debe hacerlo notar para que los pueblos indígenas tengan un presupuesto digno, que no vengamos a regatear a esta tribuna y a esta Cámara el presupuesto para los pueblos indígenas. Discursos que no van acompañados de recursos se quedan en demagogia.

Por eso los quiero invitar, respetuosamente, para que en el próximo presupuesto demos muestra de que verdaderamente queremos una atención digna, queremos una atención responsable para nuestros hermanos, para la gente con la que, insisto, tenemos una deuda histórica. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Marcelino Rivera Hernández, del PAN.

El diputado Marcelino Rivera Hernández:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Adelante.

El diputado Marcelino Rivera Hernández: Diputadas y diputados, el dictamen que hoy se pone a la consideración de todos los compañeros legisladores, corresponde a la creación de un instituto que sustituya a la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Para llegar a este dictamen cabe mencionar que se realizó un análisis y, lo más importante, se realizaron diez foros de consulta en los cuales participaron compañeros de todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de nuestro país.

Si bien es cierto que los tiempos para concluir el dictamen que hoy se expone ante ustedes fue muy corto, es importante resaltar que la participación social de los ejidos y comunidades ayudó mucho a poder tener listo el presente decreto, del que destaco, y por mucho, el que sean consideradas las comunidades como sujetos de derecho público por todo lo que ello implica.

El ser sujetos de derecho público nos permite a los ejidos y comunidades indígenas generar convenios con los órganos de gobierno. Nos permite, por el solo hecho de ser ejido o comunidad indígena, generar y poder trabajar de la mano y coordinadamente con las dependencias de gobierno.

Examinando de manera aislada el reconocimiento legal del orden judicial indígena, casi podríamos asegurar que no se ha presentado en la vida cotidiana de las personas indígenas ningún cambio tangible, ya que el estado de cosas en materia de justicia, al interior de la comunidad, continúa desarrollándose de la misma forma.

No obstante, los hechos deben valorarse de forma conceptual en contacto con la realidad social y la abstracción de la ley en su conjunto. Por lo que... a este reconocimiento la circunstancia de que las comunidades sean reconocidas en esta propuesta legislativa, como sujeto de derecho público, nos encontremos ante un esquema completo de gobierno con todos y cada uno de los elementos propios del orden jurídico administrativo.

El reconocimiento pleno, no solo en la ley sino en la práctica, en su aplicación positiva, no es fruto de una tendencia univalente y caprichosa, sino es realmente como puede observarse la experiencia de otras naciones de este mismo ámbito.

Constituye un presupuesto fundamental para impulsar el desarrollo dentro del marco de la vida nacional, pero con pleno respeto a su idiosincrasia, cosmovisión y formas de autogobierno, para que sean estos quienes definan su propio rumbo como pueblos diferenciados que son en la realidad sociopolítica y cultural en la que vive nuestro país.

Esta clase de reconocimiento se traduce necesariamente en el interés de profundizar y consolidar nuestra democracia de manera participativa.

La convivencia de la diversidad cultural no debe quedarse como idealización sino activarse en los hechos, como una respuesta clara a las demandas indígenas, manteniendo siempre el diálogo directo y efectivo con las propias comunidades, como matriz de las reformas legales de forma concreta en el marco jurídico federal.

Otro tema sin duda que es de gran relevancia es el que tiene que ver con la consulta indígena, la cual debe ser previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como nuestra Carta Magna.

Nunca más un proyecto, una concesión o una ley o reforma o cualquier tema que ataña a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sin tomar en cuenta y sin consultarnos. Nunca más.

Recordemos que la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a iniciativa del Partido de Acción Nacional, cuando recién inició la alternancia de gobierno en nuestro país, y si bien es necesario seguir legislando en este tema, lo cierto es que ha significado la base para construir una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas.

Es por todo lo antes mencionado que el voto de los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es a favor del dictamen. No queremos ser impedimento de la aplicación de políticas públicas a favor de los pueblos y comunidades indígenas de México. Lo que sí señalamos es que estaremos vigilantes del actuar del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, confiando en que su quehacer será transparente y dentro del marco de la legalidad y con un profundo respeto.

Compañeras y compañeros, los invito a que abracemos este proyecto, este dictamen, porque esto sin duda, sin duda el pueblo de México, pero sobre todo los ejidos y comunidades indígenas estarán con nosotros como aliados y se empiezan a generar las condiciones con ser sujetos de derecho y se hará justicia a nuestros pueblos. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Javier Manzano Salazar, de Morena.

El diputado Javier Manzano Salazar:Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Javier Manzano Salazar: Compañeros y compañeras, diputados, diputadas. Es una alegría para mí estar haciendo uso de la máxima tribuna de la nación. Pero es una gran alegría estar observando que la mayoría de las fracciones parlamentarias aquí representadas coincidimos en un tema tan noble, como es el tema indígena.

Es una alegría porque hoy la ruta se traza para la construcción de la cuarta transformación por nuestro presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que el primero de diciembre tomará protesta como nuevo presidente de la República.

En la Comisión de Asuntos Indígenas, a la cual pertenezco, se votó este dictamen por unanimidad, sin ningún voto en contra, y eso a mí me enaltece, me da mucho orgullo porque es lo que se necesita para sacar las grandes tareas de la nación sin que nadie obstruya lo que le sirve a la nación.

La creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se realizó en varios foros para recoger las inquietudes de nuestras hermanas y hermanos indígenas, y se incorporaron sus opiniones al dictamen, que fue aprobado en el seno de la comisión.

Por eso, como diputado de la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de esta República, me da mucho gusto y me emociona que por fin se haga justicia a nuestros pueblos originarios del país.

En todos los momentos de la historia, compañeras diputadas y diputados, si revisamos, son los pueblos indígenas nuestros hermanos y hermanas los que siempre han estado presentes en cualquier movimiento.

En la época prehispánica, en la época de la Independencia, en la época de la Revolución Mexicana, en la Reforma, anteriormente, siempre son nuestros pueblos originarios los que han puesto su cuota de sangre para engrandecer esta historia de México, pero desgraciadamente son los que más mal viven, en situaciones de extrema pobreza.

Yo me pregunto, ¿dónde se encuentra la mayor riqueza natural de nuestro país? Pues donde están asentados, donde viven nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios. ¿Y por qué esa contradicción de tanta riqueza y por otro lado tanta pobreza?

Por eso siempre habían estado en el olvido nuestros pueblos, pero ahora con la instalación del nuevo gobierno federal creo que por fin se hace justicia. Por fin no se les tomará el pelo, como en muchas ocasiones cuando en el 2001 hizo un pacto, un compromiso el gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y nunca esos acuerdos, plasmados en los Acuerdos de San Andrés, se plasmaron en la Carta Magna de los mexicanos.

Hubo una traición grande y solamente se reconocieron a los indígenas como entidades de interés público. Sí, ahí están los indígenas. Existen. México es una nación pluriétnica, pluricultural. Dales despensas, dales programas asistencialistas, y hasta ahí llegaba la atención.

Por eso ahora que nace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pienso que este instituto va a mejorar más cuando vaya acompañado, cuando vaya arropado por una verdadera reforma constitucional donde se reconozca a los indígenas como sujetos de derecho público para tener derecho a la autonomía, a la consulta, al territorio, a la libre determinación.

Espero, pues, hoy, que nazca una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Hago votos para que así sea. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México no se encontraba en el recinto en su turno, por lo tanto, tiene en este momento el turno el diputado Rogelio Rayo Martínez.

El diputado Rogelio Rayo Martínez:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Rogelio Rayo Martínez: El desarrollo social debe ser una de las más altas prioridades del Estado. Y en concordancia con ello se debe legislar para concretar leyes encaminadas a atender las demandas más sentidas de los ciudadanos; se trata de que todos los mexicanos, especialmente quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, puedan acceder a las condiciones de vida más digna.

Lamentablemente, cuando hablamos de los sectores más desfavorecidos de la población, y aquellos mexicanos a quienes la exclusión, la marginación y el rezago afecta con mayor crudeza, tenemos que referirnos a los pueblos indígenas, cuyos miembros son, sin duda alguna, de los más pobres entre los pobres.

La riqueza de la cultura nacional reside en nuestras raíces indígenas, al tiempo que afirma que tanto la sociedad como el Estado tienen con los pueblos originarios un compromiso y responsabilidad históricos en la tarea de preservar sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua y su visión del mundo.

En el caso de los pueblos indígenas aún queda mucho que hacer, en cuanto se refiere al ejercicio efectivo de los derechos que consagra para ellos nuestra Carta Magna, pues la brecha existe entre aquellos, que se asienta a nivel discursivo y lo que sucede realmente en la práctica es todavía muy grande.

Los pueblos indígenas están inmersos, desde hace tiempo, en una intensa lucha por ser reconocidos plenamente como sujetos de derechos y por defender sus territorios.

Lo anterior se acompaña de reclamos por servicios que otros mexicanos no indígenas ya tienen resueltos, como son el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo y a la preservación de su patrimonio cultural.

En lo que toca al tema de la pobreza, es bien sabido que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, siete de cada diez personas hablantes de la lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, y ocho de cada diez tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar, lo cual significa que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades más elementales.

Es imperativo reducir el rezago en que viven miles de comunidades indígenas de todo el país, y ello no será posible si las estrategias orientadas a cumplir con este compromiso se diseñan de manera unilateral. Asimismo, la incorporación de los pueblos originarios del desarrollo nacional no podrá llevarse a cabo sin la participación decidida a sus miembros.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebramos la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de la ley que estamos a punto de aprobar.

Quero reconocer el esfuerzo que ha realizado la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Cámara, pues la elaboración del dictamen que se encuentra a nuestra consideración requirió la realización de foros de consulta en diversas regiones del país para conocer la opinión de los miembros de los diferentes pueblos originarios.

De esta manera se trata de una ley que ha sido ampliamente discutida y debatida con sus principales destinatarios. El propósito fundamental del futuro del Instituto será encontrar soluciones auténticas a los principales problemas que enfrentan nuestros hermanos indígenas como son: la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

Hemos terminado con el posicionamiento de los grupos parlamentarios y se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen que estamos analizando y discutiendo.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general varios diputados y diputadas. Tiene el uso de la palabra el diputado Delfino López Aparicio, de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Delfino López Aparicio: Tonini ntaca danu na'nu diputado, ka'ni tu'u ñuu savi, vita iñu ni nuu danu, kachi ni a vita nkatoni je iñu ni nuanu. Kkantu'o ga nuu nivu fa'a tu'u sut. Ntavi ni nuva nu a nteso'o tu'tu nka ni.

Nosotros los indígenas fuimos los primeros en llegar a estas tierras vírgenes americanas, y sin embargo hemos sido tratados como extraños a nuestras tierras. Hemos sido humillados, discriminados, excluidos y despojados de nuestros recursos materiales e inmateriales, pero llegó el momento de recuperar esa dignidad y esos derechos que nunca debieron de haber sido pisoteados.

Pero en 1492 llegaron los europeos a América y nos dijeron que ellos, su lengua, su filosofía, su religión, su cosmovisión, su ciencia eran las mejores, y así durante tres siglos nos sometieron y terminamos creyendo en esa gran mentira, y casi nos regresan nuevamente a la Edad de Piedra. Era la intención, fue la intención y sigue siendo la intención.

Después, durante la guerra de la Independencia, miles de hermanas y hermanos indígenas fueron a luchar por la libertad, por algo que nuevamente fueron engañados, fueron burlados, fueron excluidos de una nueva patria. Casi nada cambió, y empezó una nueva etapa, la famosa castellanización forzada.

Eso es una hipocresía, etnocidio cultural, señoras y señores diputados, que hasta hoy en día se sigue imponiendo en las escuelas de México, dizque escuelas bilingües indígenas. Es demagogia.

Pero también llega la Revolución adelantito, donde millones participaron por los derechos, por la libertad, por la justicia, por la igualdad, por la tierra, pero nuevamente no mejoró mucho, no cambió mucho. Entonces estamos ahorita con la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Nace una oportunidad histórica para las hermanas y hermanos indígenas de nuestro país, ya que en esta institución se les reconoce como sujetos de derecho público, respetando sus lenguas, sus usos y costumbres, su territorialidad, la administración de sus recursos, etcétera.

Por lo que las hermanas y hermanos indígenas de todo México apoyamos incondicionalmente la aprobación del Instituto de Pueblos Indígenas. Estamos seguros de que el próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, impulsará, promoverá y respetará la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Esta institución será fundamental en la cuarta transformación de México.

Vivan los pueblos indígenas de México y de América. Vivan las hermanas y hermanos afromexicanos. Viva la cuarta transformación. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del PAN.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez:Con su venia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: Kwira ba. Buenas tardes, compañeros diputados. La enorme cultura que engrandece y embellece a México proviene de nuestras raíces, de la tierra y el cultivo cosechado por nuestros indígenas.

Hoy es digno reconocer a los pueblos indígenas que conforman nuestros cimientos nacionales y culturales que enaltecen a nuestro país.

Cabe destacar que la condición de indígena no se ha traducido en una reivindicación efectiva y permanente frente al Estado o la sociedad. Hemos visto que su situación no ha trascendido a darles las mejores condiciones de vida.

Sabemos que se requiere de un cambio en la distribución y asignación de los recursos, y una verdadera transformación en las instituciones gubernamentales y los programas sociales prioritarios. Pero esta vez, en especial a los pueblos indígenas. Pero que no se continúe con programas asistenciales que en nada benefician a nuestros pueblos originarios. Hoy votaremos la ley por la que se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Compañeros legisladores, el nuevo gobierno tendrá la obligación ineludible de emprender políticas públicas que se encuentren focalizadas a transformar la calidad de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas, articulando sus acciones institucionales, a efecto de saldar la deuda social que tenemos con nuestros 68 pueblos originarios que se encuentran en 25 regiones de nuestro querido México.

Quizás más adelante a esta ley que hoy se vota se le deban hacer las modificaciones necesarias para cubrir las expectativas de nuestros pueblos originarios y quizás debamos hacer más adelante también, desde el ámbito legislativo, a favor de los indígenas.

En Acción Nacional estamos convencidos de que el trabajo a favor de los indígenas no puede detenerse, la relación con sus tierras, territorios y recursos naturales supone una fuente de identidad cultural, conocimientos y espiritualidad, que son elementos esenciales del derecho a la libre determinación en lo que debemos de contribuir.

En Acción Nacional creemos que una estructura definida a favor de pueblos originarios y los indígenas es la creación de este nuevo instituto, permitirá a México hacer frente a los retos que trae consigo el fenómeno de desigualdad y marginación, y valoremos de una vez por todas que son personas, que son sujetos de derecho.

Como integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas, también originaria de Parral, Chihuahua, al sur del estado grande, y testigo del foro realizado en Guachochi, Chihuahua, donde viven nuestros hermanos tarahumaras, avalo la importancia y el reconocimiento de la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Amigos legisladores, con voluntad no solo se logrará darles lo que les corresponde, tendremos que apostarle a un presupuesto transversal para garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor de la Ley por la que se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por su atención.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas:Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Aunque mi piel sea blanca mi corazón es moreno. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy es un día trascendental para los pueblos indígenas porque se creará el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para promover, respetar y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de sus derechos.

Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a un reconocimiento a nivel internacional en la construcción del México de hoy.

El artículo 2o. de nuestra ley suprema menciona que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

La nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura menciona que los pueblos indígenas han sido de gran aporte para el progreso de su experiencia en la gestión de ecosistemas, donde no solo aportan a la diversidad biológica sino al patrimonio cultural y la seguridad alimentaria.

Nuestro país cuenta con 68 pueblos indígenas que representan más de 11 millones de personas que lo constituyen. Pero muchos de ellos son discriminados por los mismos mexicanos. Me sorprende que, siendo ellos los que realmente son el linaje de los mexicas y que han estado presentes en los momentos de mayor necesidad de la historia de nuestro país, muchas veces se les haga a un lado.

Ahora es cuando debemos redoblar esfuerzos, empezando por respetar sus tierras y sus tradiciones. No regatear su trabajo, porque muchos de nosotros, por ahorrarse unos pesos, no valoramos el esfuerzo y la necesidad que ellos tienen por salir adelante.

En nuestro territorio se hablan 68 lenguas y cada lengua es un museo vivo, un monumento de cada cultura, y sería una pérdida significativa para cada uno de nosotros si la diversidad lingüística se esfuma cuando todos podemos hacer algo para prevenir esta desaparición.

Desde mi punto de vista, enseñar y aprender, pero sobre todo conservar lenguas que se hablan en nuestro país es importante para la vida de cada persona, porque nos ayuda a concientizar profundamente sobre la diferencia lingüística y cultural y, al mismo tiempo, nos sirve como un puente para ir más allá de las diferencias y barreras que nos separan.

En Movimiento Ciudadano nos sumamos a esta importante iniciativa de la creación de este importante instituto, pero sobre todo declaramos nuestro respaldo en máximo apoyo y solidaridad, y nos unimos a la lucha por las buenas causas de todos nuestros hermanos indígenas y de los pueblos originarios.

Como misionero de pueblos indígenas, con el corazón en la mano y con gran orgullo puedo decir: que viva nuestra raza originaria, que vivan nuestros indígenas de nuestro querido México, de América y del mundo entero. Es cuanto, diputada presidenta. Tlaxcamati mid.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, compañero.

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Ichaj spajtila wotanik ta pisilik jlumal antesik, winiketik tas pisil tas pamal México. Julix yorail te yachil kuxlejal yuún te jlumaltik. Llegó la hora de una nueva vida para nuestras comunidades indígenas.

Como representante de la lengua tzeltal en esta Cámara de Diputados, quiero mandar un saludo a los 68 pueblos hermanos indígenas del país. Estamos hoy ante una gran oportunidad de devolverles a los pueblos indígenas del país aquellos derechos humanos que el Estado mexicano nos había negado.

Estoy aquí para manifestarme a favor de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esa ley recoge los sentimientos de los pueblos indígenas para por fin recuperar esos legítimos derechos, que sean tratados como sujetos de derecho público.

Este es el principio del fin para que seudo líderes y políticos sin escrúpulos lucren con las causas más nobles de los pueblos indígenas.

Voto a favor de esta ley, sin antes dejar de reconocer aquellos hermanos indígenas que se organizaron mediante la (quiptika lekuptezel), que quiere decir fuerza y progreso, en el estado de Chiapas y que fue una estructura política militar que terminó en el levantamiento armado del primero de enero de 1994.

Esta ley recoge los sueños de todos los luchadores sociales indigenistas que han perdido la vida, la libertad por la defensa de nuestros pueblos. Hemos buscado a través de las múltiples formas de lucha, de ser tratados como verdaderos sujetos de derecho público. Hoy estamos seguros que los tiempos de los pueblos indígenas llegarán con la cuarta transformación de México.

La marginación política y económica que hemos padecido los pueblos indígenas es evidente. A partir de ahora queremos disfrutar a cabalidad los derechos que consagra el artículo 2o. constitucional que protege los derechos de los pueblos originarios en materia de salud, de educación, de justicia, entre otros derechos.

Saludo con respeto a los pueblos indígenas de Chiapas y de todo México que hicieron el esfuerzo de enriquecer a través de los foros de consulta llevados a cabo en los días pasados, para enriquecer la iniciativa, para la creación del nuevo instituto. Invito a todas y a todos, diputadas y diputados, a votar a favor de la democracia, la justicia y la libertad de los pueblos originarios de México. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra, la diputada Alejandra García Morlan, del PAN.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan:Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan: En Acción Nacional jamás seremos oposición intransigente. Desde nuestra fundación, el Partido Acción Nacional surgió como un partido de oposición crítico, pero siempre propositivo, siempre pensando en la construcción de consensos.

Hoy, como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tengo el gran honor de reafirmarlo. Jamás nos opondremos a las causas que reivindiquen los derechos, y menos cuando se trate de derechos para las personas que menos han tenido y, en contraste, quienes más nos han dado. De quienes han sido pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad y de nuestra cultura, nuestros pueblos y comunidades indígenas y por supuesto del pueblo afromexicano.

La tarde de hoy es histórica porque por vez primera votaremos una ley consensuada a nivel nacional. Se consultó a lo largo del país a quienes serán sujetos de dicho ordenamiento y que además son quienes realmente conocen sus necesidades. Quisiera aprovechar para hacer un amplio reconocimiento a la presidenta y a quienes integran la comisión por su enorme compromiso para hacer de estos foros una realidad.

Hoy, como Cámara, vamos todos juntos sin distinción de colores y con el único fin de ser eslabón en la construcción de mejores condiciones para nuestros pueblos y comunidades indígenas, a través de un nuevo instituto que velará por el reconocimiento de sus principales derechos, entre ellos su libre determinación y autonomía, su participación y representación política respetando sus formas de organización, el derecho a la tierra y el territorio, su derecho a la consulta previa, libre e informados; el fortalecimiento de su patrimonio cultural, material e inmaterial; su derecho a administrar y operar sus propios medios de comunicación, además del reconocimiento y fortalecimiento de las lenguas indígenas.

Sin duda los desafíos son grandes. Uno de ellos será sin duda el presupuesto. Por más buenos deseos y discursos que tengamos, la realidad de nuestras comunidades y pueblos indígenas no va a cambiar sin un presupuesto digno y bien aplicado, por eso quiero pedirles, diputados y diputadas, que su voto en esta ocasión a favor de la ley también se vea reflejado en su voto en la discusión del Presupuesto de Egresos.

Hoy, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero también como oaxaqueña y como integrante de la comisión, reitero nuestro compromiso con los pueblos indígenas. Vamos a favor del dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Beatriz Dominga Pérez López, de Morena.

La diputada Beatriz Dominga Pérez López:Con la venia de la Presidencia. Saludo desde esta máxima tribuna a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

México no sería México sin la aportación social, cultural y cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, se nos ha negado el reconocimiento pleno de nuestros derechos a la libre determinación, tan es así que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tenía un enfoque asistencialista y no de promoción ni defensa de nuestros derechos. Por eso hoy decimos ya basta de que el término “indígena” sea sinónimo de pobreza, analfabetismo y marginación. Ya basta de ser tratados como sujetos de interés público.

Por lo anterior se hace necesaria la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya que ante un nuevo cambio de régimen se exige implementar una nueva relación del Estado con los pueblos y comunidades indígenas, una relación en la que se contemple el pleno ejercicio de consulta y respeto a su libre determinación.

Eso implica un cambio también en la distribución y asignación de los recursos. Por ello es imperante hacer las transformaciones necesarias en las instituciones que tienen como encomienda la atención a nuestros pueblos y comunidades originarios.

El próximo Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas nace a través de un proceso de consulta indígena, recoge en su articulado muchas de las observaciones, adiciones y modificaciones que emanaron de la participación de nuestros 68 pueblos indígenas del país, contrario a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El instituto que hoy se crea tiene la obligación ineludible de emprender políticas públicas que se encuentren focalizadas a transformar la calidad de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas, articulando las acciones institucionales transversales y de carácter multidimensional.

El instituto diseñará e implementará un sistema de consulta y participación indígena para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, derecho que en sexenios pasados no se ha respetado en la implementación de proyectos y programas que afectan directamente a nuestras tierras y territorios.

Así pues, compañeros legisladores, no tengamos miedo de crear el marco normativo que dará la emancipación a nuestros pueblos indígenas. Los invito a ser parte de este momento histórico votando a favor de esta iniciativa de ley, ya que con ella estaremos dando un gran avance al pago de la deuda histórica con quienes nos han dado una identidad única en el mundo.

En resumen, con este nuevo marco normativo se nos reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, se nos reconoce el derecho a nuestra libre determinación y, sobre todo, se nos garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Hoy es un día de celebración nacional para nuestros ancestros y descendientes de nuestras diversas naciones indígenas, pues la cuarta transformación no estaría completa sin este marco normativo en materia de pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, nunca más un México sin nosotros y nuestros pueblos originarios. Es cuanto

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Se han anotado varios oradores desde sus curules. Les vamos a dar la palabra a la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo. A ver, un momentito. Micrófono en la curul del diputado Cheja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro(desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Se han manifestado ya seis compañeros de diferentes fracciones parlamentarias, todos en pro, y de acuerdo al Reglamento en su artículo número 104, se permite únicamente esos seis participantes y no hay parte en el Reglamento que permita desde la curul manifestarse, puesto que aparte todos fueron a favor. No hay debate.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Lo sé perfectamente, señor diputado, en este tema indígena esta Presidencia ha considerado cierta tolerancia en el Reglamento para que se puedan exponer los que son indígenas. Son cinco, nada más, nos llevaríamos cinco minutos. Creo que no vale la pena discutir el procedimiento, y pasemos a darle un minuto a cada uno.

Son personas indígenas, nunca, casi nunca toman la palabra, es un tema histórico, de altísima relevancia, es un cambio trascendental, diputado, permítanos esta modificación y esta flexibilidad.

Bien. Tiene la palabra desde su curul, la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo.

La diputada Maribel Martínez Ruiz(desde la curul): Muchas gracias, diputada presidente. Para congratularme en favor de la aprobación de este dictamen.

Qué pena que tengamos que hacer estos señalamientos al reglamento, creo que nuestro origen como mexicanos viene de una raíz indígena para todas las mujeres y hombres que hemos nacido en esta tierra.

Así que, por supuesto, mi voto es a favor del presente dictamen, porque preservar nuestros pueblos originarios es preservar nuestra historia, es reconocer y honrar nuestras raíces. Y a quien no se le haya erizado la piel o hecho un nudo en la garganta al escuchar a nuestros compañeros y compañeras que hablaron en lengua materna, la verdad qué lamentable que tengamos que recurrir a un reglamento para acotar nuestras participaciones.

La cuarta transformación también es para nuestros pueblos originarios. A favor del presente dictamen. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Gonzalo Herrera Pérez, de Morena.

El diputado Gonzalo Herrera Pérez(desde la curul): Buenas tardes, honorable soberanía. Decirles a los 68 pueblos originarios que no están equivocados, estamos en la ruta correcta. Por eso, desde aquí un reconocimiento a la Comisión de Pueblos Indígenas, donde formo parte, decirles que me congratulo este día, porque se les va a hacer justicia en este nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su atención, muchísimas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, de Morena.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares(desde la curul): Primeramente, desde esta curul mandarles todo mi reconocimiento y mi respaldo a los pueblos originarios, y decir que me congratulo también por esta nueva iniciativa.

Hacer un reconocimiento también a la comisión de los pueblos originarios, por esta iniciativa y estos foros que se llevaron a cabo. Por primera vez en nuestra historia, en la historia de nuestro país, se les ha tomado en cuenta mediante el diálogo y la consulta a todos los pueblos originarios para que nosotros podamos llevar a cabo este dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Margarita García, del PT.

La diputada Margarita García García(desde la curul): Diputada presidenta. Hermanos indígenas, son ustedes el eslabón vital de la riqueza pluricultural que da identidad a nuestra nación.

Por ello, y a manera de rendirles homenaje, pueden sentirse seguros de que esta nueva ley contiene en sus letras el alma de sus demandas. Asimismo, sepan que seguiremos perfeccionándola para lograr la cohesión social, que desde hace años anhelamos todos los mexicanos.

Como diputada de 100 municipios a los que represento y como hija de padres indígenas, hoy tengo la encomienda de ir a favor de esta nueva ley. En esta nueva etapa democrática de nuestro país, el presidente electo, al igual que la mayoría de nosotros, los legisladores de verdadera izquierda, convivimos y escuchamos de viva voz las dolencias del pueblo, palpamos el hambre, las injusticias y la discriminación por la que atraviesa la población más desprotegida de México.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

La diputada Margarita García García (desde la curul): Por eso, la bancada del Partido del Trabajo estamos a favor de esta ley. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el tema se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias.

(Votación)

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se va a cerrar el sistema. No sirve su... A ver, hay varios diputados y diputadas que no han podido votar a pesar de estar aquí.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Algún diputado...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Es que no están sirviendo sus...

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí. Si pueden ayudar a los diputados que no han podido votar, por favor. Si alguien tiene algún problema con su sistema electrónico háganoslo saber, por favor. Ahorita les ayudan.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: La cuarenta y... ¿Ya?

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Algún diputado o diputada que tenga problema con su sistema electrónico háganoslo saber, por favor. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, tenemos 430 votos a favor y 1 abstención.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular, por 430 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de remitir el proyecto de decreto se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por el pleno.

Esta Presidencia se congratula por la aprobación de esta ley histórica y felicita a la Comisión de Pueblos Indígenas, a su presidenta, a los diputados y diputadas que organizaron o coadyuvaron en la organización de los foros regionales de consulta. Muchas gracias a todas y todos.

A continuación, viene una proposición de los órganos de gobierno. Hay una solicitud de parte de la diputada Pilar Ortega, de Acción Nacional. Micrófono, desde su curul.

La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez(desde la curul): Sí, presidenta. Solamente para que se registre mi voto a favor, en virtud de que nos estamos incorporando.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Estaba cerrado el sistema. Ya se hizo la declaratoria. Me están comentando que eso es imposible, pero si manda un oficio tal vez se incorporará al expediente.

PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

FORMATO DE LA SESIÓN DE CONGRESO GENERAL EN LA QUE EL C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RENDIRÁ PROTESTA CONSTITUCIONAL

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Honorable Cámara de Diputados, por el que se establece el formato de la sesión de Congreso General en la que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el Honorable Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2018.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; 5, numeral 2; 23, numeral 1, inciso a) y 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 185, 186 y 187 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adopta el siguiente acuerdo a efecto de definir el formato de la sesión en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión, a partir de las siguientes

Consideraciones

I. Que el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su primer párrafo que: "El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande";

II. Que el artículo 5, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos refiere que "Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquel”;

III. Que el artículo 23, numeral 1, inciso a) del mismo ordenamiento señala que es atribución del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados "Presidir las sesiones del Congreso General";

IV. Que el artículo 38, numeral 1, inciso a) también de la Ley Orgánica establece que es atribución de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos definir "las formas que seguirán los debates, las discusiones y las liberaciones";

V. Que los coordinadores parlamentarios forman parte de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos e integran la Junta de Coordinación Política, la cual, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica es "... la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden";

VI. Que la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de acuerdo a lo establecido por los artículos 74, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el pasado 6 de septiembre de 2018, el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 8 de agosto anterior;

VII. Que el ceremonial para la sesión de Congreso General en que rinde protesta el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se define en lo esencial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento aplicable a las sesiones de Congreso General;

VIII. Que en el artículo 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que: "En la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, una vez que el presidente entrante haya rendido la protesta constitucional, el saliente entregará la banda al Presidente del Congreso de la Unión, quien la pondrá en manos del Presidente de la República para que éste se la coloque así mismo";

IX. Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en sus artículos 185, 186 y 187, el ceremonial para la toma de protesta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalando lo siguiente:

"Artículo 185. Cuando el Presidente de la República asista el Congreso a hacer la protesta que previene la Constitución, saldrá a recibirlo hasta la puerta del salón, una comisión compuesta de seis diputados e igual número de senadores, incluso un secretario de cada Cámara. Dicha comisión lo acompañará hasta su asiento después, a su salida, hasta la misma puerta. Asimismo, se nombrarán comisiones para acompañarlo de su residencia a la Cámara de ésta a su residencia.

Artículo 186. Al entrar y salir del salón el Presidente de la República, se pondrán en pie todos los asistentes a las galerías y los miembros del Congreso, a excepción de su presidente, que solamente lo verificará a la entrada del primero, cuando éste haya llegado a la mitad del salón.

Artículo 187. El Presidente de la República, hará la protesta de pie ante el Presidente del Congreso, y concluido este acto se retirará, con el mismo ceremonial prescrito en los artículos anteriores."

X. Que en relación con ello, es necesario establecer el formato de la sesión de Congreso General en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2018, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, la conferencia la dirección y programación de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados adopta el siguiente

Acuerdo

Primero.La sesión de Congreso General en la que el ciudadano  Presidente de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2018, iniciará a las 9:00 horas de acuerdo al orden del día detallado en el segundo resolutivo del presente acuerdo.

Segundo.El orden del día de la sesión de Congreso General en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión será el siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum de Congreso General.

2. Lectura a los resolutivos del bando solemne expedido por la honorable Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2018 para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo, así como al primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Designación de las comisiones protocolarias y petición del cumplimiento oportuno de su cometido.

4. Intervención de un legislador de cada grupo parlamentario representado en el Congreso, en orden creciente y hasta por 10 minutos.

5. Arribo al salón de sesiones del licenciado Enrique Peña Nieto.

6. Arribo al salón de sesiones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

7. Protesta Constitucional del licenciado Andrés Manuel López Obrador como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Mensaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

9. Entonación del Himno Nacional.

10. Petición a las comisiones protocolarias del cumplimiento oportuno de su cometido.

11. Retiro del salón de sesiones del licenciado Enrique Peña Nieto.

12. Retiro del salón de sesiones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

13. Clausura de la sesión.

Tercero.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y comuníquese a la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2018.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente; diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa su lectura y se aprueba.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:Sí, señora presidenta. En votación económica se consulta si se dispensa su lectura y se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado Fernández Noroña. Sonido. ¿Con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Solo para que no se siente un precedente, en la votación anterior se planteó que se dispensara la lectura y en el mismo acto que se aprobara. Lo correcto es primero que se vote la dispensa de la lectura y después que se ponga a votación el documento respectivo. No había litigio, yo no intervine, pero sí quisiera que tuviéramos cuidado para que no se siente un precedente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias por su aportación, diputado. Esta Presidencia lo registra y lo tendrá en cuenta en siguientes momentos.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Marco Antonio AdameCastillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Beatriz Dominga Pérez López:Con el permiso de la Mesa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Beatriz Dominga Pérez López: Compañeras, compañeros diputados, hoy es un día histórico para nuestros pueblos y comunidades originarias. Y como consecuencia y dando seguimiento a los temas pendientes que tenemos, quiero presentar la siguiente iniciativa.

El término “indígena” hoy en día es sinónimo de pobreza, analfabetismo y de escasa comprensión del mundo occidental. Además de que dicho término, como ya se ha expuesto, se impuso después de la Conquista, asociándola al término de “indio”, que hoy en día se utiliza de forma despectiva hacia nuestra gente.

Apenas el pasado mes de octubre, con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, en este recinto el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en su intervención se refirió a nuestros pueblos y comunidades como “comunidades indias”, lo que denota una vez más que en el subconsciente de las personas la palabra “indígena” está asociada directamente con la palabra “indio”.

Hace ya 526 años del descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón llegó a un mundo que hasta ese momento era desconocido, pensando que se había llegado a la India. A los habitantes que encontraron en la isla se les llamó “indios”, bautizando de facto a todas las personas que existían en el hoy continente americano.

Lo anterior, por ignorar que dichos habitantes conformaban distintos pueblos originarios. Como, por ejemplo, en lo que hoy es el territorio mexicano estaban asentados los pueblos incas, los mayas, los zapotecas, los mexicas, entre otros, cada uno con su lengua, cultura, sistema de gobierno y su propia cosmovisión. Es decir, cada uno como propia nación. América tenía pues ya sus propios pueblos y división territorial, misma que fue soslayada al momento de conformarse nuestra República Mexicana.

Después de “indios” se nos denominó “indígenas”, que si bien es cierto tiene una definición etimológica, significando “población de ahí”, o de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es un adjetivo que hace referencia a ser originario del país de que se trata.

Surge la duda entonces, ¿por qué solo se llama indígena a las personas originarias antes de la Conquista, y no se les llama indígenas también a los habitantes de otros países, como a los rusos en Rusia? ¿Por qué entonces no se ha impuesto el término “indígena” únicamente para los habitantes originarios de las tierras que en aquel tiempo para el mundo éramos desconocidos?

A pesar de que se ha querido aclarar que la palabra “indígena” hace referencia a los que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la Conquista o la colonización, la realidad es que las comunidades originarias no estamos conformes con el término “indígena”, ya que así se ha manifestado en diferentes espacios de diálogo y foros, en los que sus representantes reclaman autodenominarse en forma genérica como “pueblos originarios”.

En mérito de lo anterior, pongo a su disposición la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos originarios, para sustituir el término de “pueblos y comunidades indígenas”, por el de “pueblos y comunidades originarias”.

Así es que, hermanos y hermanas, un abrazo. Estamos contentos por lo que acaba de suceder el día de hoy en este Congreso de la Unión. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los presidentes municipales Saúl Padilla Gutiérrez, de Zapotlán del Rey, Jalisco; Antonio Media Fuentes, de Degollado, Jalisco; y Luis Miguel Núñez López, de Poncitlán, Jalisco, invitados por el diputado Absalón García Ochoa. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Adolfo Torres Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Adolfo Torres Ramírez:Gracias, buenas tardes. Primero, quisiera lamentar los sucesos que pasaron el día de ayer en la ciudad de Puebla, en donde un activista social y además secretario de Movilidad del municipio de Puebla, perdió la vida en un trágico accidente ciclista. Él era Emmanuel Vara Centeno. Y hace dos días, también aquí, en la Ciudad de México, una usuaria del sistema de Ecobici también perdió la vida en un trágico accidente vial.

Ellos son parte de los datos preocupantes; que de enero a septiembre van 9 mil 583 fallecidos en hechos de tránsito. Son 35.4 personas diarias las que están falleciendo. Y si a esto le sumamos los 23 mil 178 lesionados, significa que tenemos 121 mil víctimas diarias en accidentes de tránsito, lo que significa 32 mil 762 de enero a septiembre de este año.

Por eso, pronto, junto con la sociedad civil organizada y algunos compañeros diputados, estaremos presentando una propuesta para la Ley de Seguridad Vial.

La movilidad fue definida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como derecho humano, es decir el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad aceptable, suficiente, accesible, que en condiciones de igualdad y sostenibilidad permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.

Por eso, hoy les quiero contar las historias de dos buenos amigos de mi ciudad, de Morelia. Una de ellas es la historia de Luis. Luis hace continuamente trámites en diferentes oficinas de gobierno, ya sean federales, estatales o municipales. Él, aproximadamente, tarda 45 minutos en llegar de su oficina hasta donde va a hacer el trámite, que generalmente es en el centro de las ciudades. Esto es parte del promedio que tienen los traslados en nuestro país, que es de 43.6 minutos, y en las zonas metropolitanas esto se agudiza a 57 minutos, casi una hora lo que tardamos en cada traslado.

A él le proponía yo que usara la bicicleta, que se fuera en ella para ir a hacer los trámites. Entonces él decidió, en esa ocasión, irse en la bicicleta. Y la primera sorpresa que se llevó es que en el traslado solamente tardó 15 minutos, pero al llegar a la primera oficina a hacer su trámite, resulta que el policía de la entrada le niega el acceso con la bicicleta y le dice: Estaciónala allá, afuera. Luis dejó la bicicleta encargada con el policía, pasó, hizo su trámite y no tuvo mayor problema, fue muy ágil.

De la misma manera agarró su bicicleta, se fue a la segunda dependencia donde tenía que hacer el trámite y ahí se encuentra con el problema de que no había guardia en la entrada. Decide dejar la bicicleta, le apuesta a que no va a pasar nada. Hace su trámite y, cuando sale, la bicicleta ya no estaba, se la habían llevado.

Y esto es algo común lo que nos atravesamos todos los que somos usuarios de bicicleta. Él es uno de los cientos de miles de usuarios que a diario van a las oficinas de gobierno a realizar algún trámite o a recibir algún servicio.

Y ahora les quiero contar la historia de Vero. Vero no es usuaria, ella es trabajadora del gobierno del estado. Ella tradicionalmente tarda 30 minutos para llegar hasta la oficina donde trabaja. Y de la misma manera decide un día subirse a la bicicleta, tarda solamente 10 minutos en llegar, y además con eso ella descubre que si se va en bicicleta se va a ahorrar el 10 por ciento de lo que gana al mes porque es lo que gasta para pagar una pensión.

Y ella es una de las cerca de cinco millones de trabajadoras que tiene el gobierno. Por eso, el día de hoy propongo que se adicione un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno instrumenten mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas en los edificios que ocupan.

Miren, para ejemplificar, si el Ejecutivo federal implementa ciclopuertos en sus dependencias, estaríamos dando, de forma inmediata, espacio para 1 millón 567 mil empleados que tiene el gobierno federal. Si lo implementan los gobiernos del estado, lo estaríamos haciendo para los 2.3 millones de servidores públicos estatales, y si lo logramos hacer también a que se haga en las alcaldías y en los municipios, estaríamos hablando de un millón más de trabajadores que tienen los municipios. Así es que, de forma inmediata, estaríamos dando el espacio para que cinco millones de trabajadores tengan dónde dejar su bicicleta, y esto sumado a los cientos de miles de usuarios que se tienen en las oficinas diariamente.

Las acciones de movilidad son necesarias, son loables, con esto lograríamos bajar la contaminación, estaríamos ayudando a mejorar la salud de los usuarios de las mismas.

Y nada más para decirles rápido: el espacio que ocupa un coche, si quitamos ese espacio y ponemos un ciclopuerto, estaríamos dando lugar para que 12 bicicletas se pudieran estar estacionando. Y además es un mobiliario que, comparado con el presupuesto ejercido en las oficinas, la realidad es que es bastante bajo.

Así es que, de una manera muy sencilla, estaríamos dando oportunidad para tener una mejor movilidad...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Adolfo Torres Ramírez: Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen, y a  la Comisión de Medio Ambiente, para opinión.

EXPIDE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DEEXPORTACIÓN Y MODIFICA LA LEY ADUANERA

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García:Gracias. Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García: El comercio exterior de México ha sido por décadas un detonador de inversiones, de crecimiento y de desarrollo nacional. Somos uno de los países más abiertos en el mundo y hemos firmado 12 tratados comerciales bilaterales y multilaterales con 46 países y 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones.

La promoción de libre comercio ha sido fundamental para poder mantener productos y servicios a precios muy competitivos, así como para colocar los productos mexicanos en diversos mercados de mundo en beneficio de la economía nacional.

México ha vivido una profunda transformación hacia una economía más competitiva y dinámica. De 2012 a 2017 se posicionó como el cuarto país con el mayor incremento del valor de su comercio exterior en mercancías en el mundo, y hoy somos el décimo tercer país exportador del planeta.

Este dinamismo es particularmente evidente en el sector exportador, que ha pasado de representar el 14 por ciento del PIB en la década de los ochentas, al 32 por ciento en la segunda mitad de este siglo.

Cabe destacar que en el 2017 se alcanzó una cifra récord de exportaciones que llegó a 409 mil 494 millones de dólares, un aumento del 9.5 por ciento, el mayor crecimiento desde el año de 2011.

Por su parte, las importaciones sumaron 432 mil 153 millones, nueve por ciento más que en 2016. Tal dinamismo del comercio exterior, entre otros factores, ha consolidado a México como un importante destino de las inversiones. En lo que va de la presente administración la inversión extranjera directa suma más de 193 mil millones de dólares, cifra sin precedente.

En este contexto, es fundamental contribuir al establecimiento de reglas claras para las exportaciones e importaciones, y además contar con mecanismos apropiados para la defensa de nuestros intereses comerciales, así como las de los exportadores e inversionistas nacionales.

Al respecto, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación establece los impuestos que aplica México a todas las mercancías objeto de comercio exterior, fija la tasa sobre la cual se realiza el cálculo de los impuestos de las mercancías que se importan o exportan a través de las aduanas mexicanas, y también es la base de la estadística utilizada para elaborar la balanza comercial de las mercancías.

Esta legislación se compone solamente de dos artículos, uno que contiene la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, y otro que incluye las reglas generales de clasificación y las reglas complementarias para la interpretación de dicha ley.

La última publicación de esta ley data del 18 de junio de 2017 y la última reforma importante que se realizó fue en 2012. Es innegable que la estructura de la economía mundial y los flujos de comercio del país han cambiado en los últimos años, por lo que dicha ley se ha quedado desactualizada.

Más del 40 por ciento de las fracciones arancelarias vigentes se encuentran en desuso, con valores de comercio menores a un millón de dólares. Hoy, México se encuentra en cumplimiento de sus compromisos internacionales, por lo que es imperativo actualizar esta ley para incluir la aplicación de la sexta enmienda del sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, y nuestro país estaba obligado a aplicarla desde enero de 2017 y hoy estamos en falta en este tema.

Con esta iniciativa que vengo a presentar modernizaríamos esta legislación para facilitar el comercio internacional, se reduciría en un 38 por ciento las fracciones arancelarias que existen actualmente. Contaremos además con una tarifa más sencilla y administrable, y se fomentará la capacidad de atención de las necesidades de la industria productiva en materia de comercio exterior.

Sin duda contribuiremos a fortalecer la integración y la competitividad de nuestro país en el comercio internacional.

Compañeras y compañeros legisladores, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación es uno de los principales instrumentos de las aduanas, pues gracias a ella se clasifican las mercancías que entran y salen del país. Las modificaciones propuestas permitirán modernizar el marco jurídico nacional, pero además cumpliremos con los requerimientos planteados por la industria nacional productora, importadora y exportadora, que dieron inicio a este proyecto y la convirtieron en un pilar de la estrategia nacional de facilitación comercial.

Nos permitirá, además, tener mayor información para impulsar los proyectos que se traduzcan en más inversión, en productividad y en empleo. Por ello su actualización representa un paso medular para el desarrollo económico y social de este país en beneficio de todas las familias mexicanas. Es cuanto, compañeros y muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, integrante del Grupo Parlamentario del PES.

La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas:Con su venia, diputado presidente. El día de hoy vengo a esta tribuna a exponer esta iniciativa sobre el delito de extorsión, donde se propone reformar el artículo 390 del Código Penal Federal y la adición de la fracción XII del párrafo sexto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En México existen 5 millones 39 mil 911 negocios, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, lo que hace al sector comercio un blanco perfecto para la delincuencia.

En la actualidad, nuestra legislación no contempla la protección al sector productivo o comercial ante tal delito. En el caso del estado de Guerrero, específicamente en el puerto de Acapulco, han cerrado en lo que va del año mil 200 negocios, el 70 por ciento de los cuales ha sido por cobro de piso o extorsión. Ese delito es cometido en áreas comerciales, sectores productivos, empresas o negocios, igualmente afecta al sector transporte, puesto que en el desempleo ocasionado por la extorsión implica que haya ciudadanos que utilicen menos el transporte público para trasladarse a su fuente de trabajo.

La proliferación de este delito está ligada a factores como la impunidad, los problemas sociales, la facilidad del acceso a medios de telecomunicación y la falta de credibilidad y confianza de la población hacia las instituciones del Estado encargadas y responsables de garantizar la seguridad.

La extorsión está rompiendo los lazos familiares en los hogares mexicanos y causando desintegración familiar, debido a que cuando no se paga este derecho de piso llegan a asesinar a quien no cubre esta cuota. Estos asesinatos incrementan el número de viudas y huérfanos, quienes se quedan en estado de vulnerabilidad e indefensión, ocasionando un grave problema social para el Estado mexicano.

Adicionalmente, la violencia está ocasionando una gran psicosis generalizada entre la población. Es increíble que hoy en día los ciudadanos tengan temor de emprender una idea de negocio, ya sea en una pequeña o mediana empresa, por el miedo a ser víctimas de la extorsión, además ya nadie quiere ni puede adquirir bienes de gran valor por el temor y miedo a la extorsión, a ser secuestrados o inclusive a ser privados de la vida, con lo cual se crea un clima de aislamiento social y económico.

Con esta propuesta, se estará adicionando la extorsión en el catálogo de delitos de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, delito que por su gravedad afecta el orden público, no consiente arreglo posible y el Estado buscará la impartición de justicia.

Las autoridades competentes pueden iniciar una carpeta de investigación sin que sea necesario que la víctima formule la denuncia o querella del hecho delictuoso y se pueda perseguir al responsable, todo ello para reducir el índice de los delitos de alto impacto, otorgando a la ciudadanía tranquilidad para emprender ideas de negocios. El Estado podrá garantizar la amplia protección a los intereses de los bienes tutelados por el Estado.

La presente propuesta tiene como objetivo adecuar el marco normativo, incrementando las penas relacionadas a este delito, dado el alto impacto de los efectos personales y económicos que se dan en la comisión de este tipo de conductas.

De igual manera, tiene por objeto salvaguardar los intereses nacionales y el logro de los objetivos nacionales y particulares para garantizar que exista el entorno de tranquilidad y colaboración que permita vivir y prosperar en paz.

Es por ello que se propone modificar el artículo 390 del Código Penal Federal y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establecen hipótesis contempladas mediante fracciones normativas que permitan dar mejor comprensión de las sanciones conforme a la vinculación de las conductas que el sujeto activo realice, imponiéndole adicionalmente un tanto más de la pena, más sanciones administrativas cuando se tenga una calidad específica.

La extorsión debe tener una pena severa que permita ir disminuyendo este delito, y regresar la paz y la tranquilidad a todos los ciudadanos que todos los días trabajan para llevar el sustento a sus familias, y que no es justo que todo el esfuerzo y trabajo de años se vea afectado por este delito.

Porque otro México es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Gracias, diputado presidente. El

fracking, compañeras y compañeros, el

frackinges mortal, y quien está a favor de su práctica debe ser desenmascarado, pues aquellos que lo efectúan y también quienes lo validan están a favor de al menos cinco crímenes perpetrados de manera simultánea.

Uno. Del daño directo a la salud de las personas y pueblos que viven en los alrededores de pozos y perforaciones. Daño que puede ir desde padecer distintos tipos de cáncer por la contaminación de las sustancias que se utilizan, hasta la propia muerte.

Dos. Como sabemos, el fracking es un método de extracción de hidrocarburos no convencional. Consiste en bombear, desde el subsuelo, crudo y gas resultantes de romper o fracturar rocas sedimentarias que se encuentran casi siempre a más de dos mil metros de profundidad.

Para hacerlo se usan ingredientes y... también de agua que además se inyecta a altas presiones con arena y más de 750 químicos altamente tóxicos.

Entonces, el segundo crimen lo cometen quienes lo efectúan y validan. Es la contaminación irreparable del subsuelo y del medio ambiente. Los mantos acuíferos, compañeras y compañeros, y los sistemas de abastecimiento de agua se vuelven trampas mortales lentas y silenciosas.

Tres. Son culpables también de la devastación entera de regiones y paisajes. En diversas partes del mundo hay testimonios y documentales que registran cómo los sitios de extracción se convierten pronto en zonas de sacrificio, de abandono poblacional y de olvido. Muere el ganado, desaparece la flora, se desploma la producción regional.

El cuarto crimen que comenten quienes lo efectúan y lo validan es cultural. La infraestructura y el capital instalados avasallan sin clemencia a los pueblos y comunidades originarias. Por su inclemencia, quiero decir sin consideración alguna a su vida, a sus formas de organización, a su opinión e incluso a su arraigo e identidad, lo fracturan todo, hasta el alma de sus comunidades.

Y quinto. Quienes practican y validan el fracking también cometen un crimen contra la patria, pues todos sabemos que su legalización expresa, incluida en la denominada reforma energética, tuvo solamente motivos económicos proclives a los intereses más oscuros del régimen que, por fortuna, ya está en decadencia.

El fracking, compañeras y compañeros, debe irse para siempre con ellos, con los que vendieron el país y sus recursos, con los que hipotecaron la salud y la vida de la gente.

Yo, compañeras y compañeros, no quiero ser parte ni cómplice de estos cinco crímenes ni de ningún otro. Tampoco creo que alguno de ustedes tenga la intención de representar indignamente a las y a los ciudadanos de sus distritos.

¿Cómo le explicarían a la gente que ustedes validaron la enfermedad y la muerte de millones de mexicanos y la población también de territorios enteros? Y la contaminación del agua que consumen con tóxicos para los cuales no existe ni cura ni antídoto. Es imposible, porque el fracking es mortal.

Por todo lo anterior, presento ante esta soberanía una iniciativa que plantea prohibir sin dudas, sin medias tintas, el uso del fracking o técnica de explotación no convencional de hidrocarburos.

Lo hago porque la salud y la vida de los seres humanos es el valor supremo. Lo hago pensando en los millones de personas que han enfermado y muerto debido a la utilización del fracking. Lo hago con profundo respeto a su memoria. Ha sido una larga jornada desde el Senado de la República junto con organizaciones y científicos que estamos en contra del fracking.

Por eso le pido, diputado presidente, que me obsequie el que pueda integrarse al Diario de los Debates la versión íntegra de la proposición que estoy haciendo a esta soberanía. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates la expresión y propuesta del diputado. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

Esta Presidencia saluda al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y a los funcionarios que le acompañan, invitados por la diputada Flora Tania Cruz Santos. Bienvenidos.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Alan Jesús Falomir Sáenz:Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Alan Jesús Falomir Sáenz: Como es sabido, el deporte es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y tiene propiedades que lo diferencian del juego.

En México existen alrededor de 1.4 millones de mexicanos considerados deportistas, de diversas disciplinas, por lo que es nuestro deber como sociedad y representantes populares cuidar a quienes compiten a nombre de nuestros municipios, estados y país.

En los deportes de contacto es muy común que exista una conmoción cerebral y no debe tomarse a la ligera, pues, de ser severa, altera o interrumpe la función del cerebro. Y como consecuencia de la violencia de los golpes, el impacto puede inflamar el cerebro y causar hematomas, daños en vasos sanguíneos y nervios. En México es escasa la información e investigación al respecto y es que no existen programas académicos ni de evaluación sobre el tema, ya sea en instancias públicas o privadas.

De acuerdo con el Centro para Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América, de 2001 a 2005, los departamentos de emergencia recibieron cerca de 208 mil pacientes con lesión traumática cerebral, incluyendo conmoción cerebral relacionada con deportes y actividades de recreación.

La incidencia es tan alta que uno de cada 10 deportistas ha sufrido un traumatismo de importancia, lo que se da principalmente por la falta de conocimiento de las repercusiones del problema, por la presión social y del mismo deportista por seguir practicando determinada disciplina o, bien, por las probables repercusiones económicas.

Como ejemplo, en México tenemos el caso de Yasser Corona, quien, durante un encuentro de fútbol entre los Correcaminos y los Cholos de Tijuana, sufrió un golpe que le provocó una contusión cerebral, impacto que le hizo perder el conocimiento de manera momentánea cayendo sin control contra el pasto sintético con el cuello híperextendido, por lo que en el segundo impacto sufrió una fractura cervical.

Por fortuna, tuvo una atención eficiente y una recuperación exitosa, pero no fue suficiente, pues acabó con su creciente carrera de futbolista y hoy ve a sus compañeros desde el área técnica. Sin embargo, el riesgo sigue latente y es ahí donde recae nuestra responsabilidad como Poder Legislativo para generar apoyos y políticas públicas que abonen a nuestros deportistas.

En la NFL, en Estados Unidos, ya existía un protocolo que se aplicaba cuando un jugador recibía un golpe en la cabeza, sin embargo, a raíz de que el mariscal de campo de los Texanos de Houston, Tom Savage, convulsionara tras un impacto, y cinco minutos después regresara al encuentro, se determinó incluir a un experto que esté alerta en los partidos desde un lugar central y tenga la autoridad de avisar a los equipos médicos en la cancha para que examinen y determinen la gravedad de la situación.

|Así que expertos de la Asociación Americana de Neurología, aseguran que algunos veteranos de la NFL han sufrido consecuencias de memoria años después de sufrir un golpe. Es por ello que si el jugador muestra señales de desorientación, como crisis de ausencia o convulsiones, este será retirado definitivamente de la cancha y llevado directamente al hospital.

Como estas, existen innumerables lesiones que han ocurrido en el fútbol, lucha libre, box, basquetbol y demás disciplinas, y que en más de una ocasión tras un golpe regresan a la cancha, duela o cualquiera que sea el caso para seguir en la práctica de su deporte.

Lo que debe suceder es que todos los atletas de los que se sospecha que han sufrido conmociones cerebrales, no deben regresar al juego hasta que hayan visto un médico encargado de confirmar el diagnóstico de una conmoción cerebral o determinar la necesidad de un examen especializado, para finalmente decidir cuándo puede el atleta regresar a la actividad.

Desgraciadamente, el poder económico de las ligas profesionales en México, como la Liga MX de Fútbol, así como sus intereses comerciales, no han permitido que este asunto sea tomado en serio porque buscan que los jugadores estelares sigan en el terreno de juego, y no verse afectados en su negocio, sin importarles la integridad física de los jugadores y las posibles secuelas que estos puedan tener años más adelante.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108, en el que se agregue un último párrafo que diga: En el caso de los deportistas profesionales y de alto rendimiento, tendrán por obligación abandonar el juego o actividad deportiva cuando derivado de un golpe pudiera existir riesgo de conmoción cerebral a causa del impacto sufrido, y no podrán regresar a la actividad deportiva en curso. Se los dejo a su consideración.

Aprovecho también, de nueva cuenta para pedirles a los diputados de Morena y diputadas de Morena, ya tenemos 80 días en esta legislatura y no le hemos podido dar reversa al gasolinazo. Espero que lo atendamos y que antes de que termine el año, antes de votar la Ley de Ingresos...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Alan Jesús Falomir Sáenz: ...y el Presupuesto, lo podamos aprobar, y de no ser así, pues diputado Noroña, otra vez lo vuelvo a invitar para que vayamos a cargar gasolina a las estaciones de servicio a partir del mes de diciembre, y que no paguemos...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Alan Jesús Falomir Sáenz: ...los impuestos de la misma. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Esta Presidencia hace una moción a los oradores para que se ciñan al orden del día. Estamos en el apartado de iniciativas y ha sido clara la inscripción del tema que se va a exponer, para evitar desarrollar diálogos en esta asamblea. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado. Sonido a la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por alusión personal. Por cierto, del tema que se presenta, yo fui jugador de futbol americano, y yo creo que hay que ir más lejos de lo que plantea el proponente.

Y yo le invito al diputado a que no pida corazón prestado, que use el suyo propio. Yo, cuando hice desobediencia civil, no andaba buscando bules para nadar, lo hice todo el tiempo con firmeza, con determinación, de cara al pueblo y convoqué al pueblo mismo.

Que no se equivoque quien pretende provocarme. Y voy a apoyar con todo al presidente electo López Obrador, es nuestro compañero, es nuestro gobierno popular y lo vamos a defender contra todas las provocaciones. Muchas gracias, diputado presidente.

El diputado Alan Jesús Falomir Saenz (desde la curul): Presidente, para alusiones...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Le ruego que considere que no hay alusión sobre alusiones. Y no está a discusión este asunto tampoco.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala:Gracias, con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Compañeras y compañeros diputados, en este acto acudo a nombre de mi grupo parlamentario a presentar una iniciativa que pretende ser alternativa para la presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la que se militariza la seguridad.

Nuestro grupo parlamentario apuesta por el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno y no por un esquema en el que se cambie de uniforme a los soldados diciendo que las policías militar y naval tienen un entrenamiento diferente al del Ejército.

Queremos dejarlo muy claro, el diseño de la guardia nacional planteado por el presidente electo es el mismo que ha mostrado su ineficacia a lo largo de los últimos 20 años, y que ha dejado a nuestro país sumido en un mar de sangre, porque únicamente apuesta por la recuperación del control territorial de manos de la delincuencia sin desmantelar las redes de encubrimiento político y económico, otorgando un perdón maniqueo a quienes han hundido a México en la corrupción.

El PRD propone una reforma constitucional que, manteniendo la esencia del pacto federal y el principio de municipio libre, establece una nueva relación entre la Federación y las entidades federativas y los municipios.

En múltiples ocasiones hemos escuchado sobre la necesidad de la participación de los gobiernos locales y municipales, así como de sus instituciones en materia de seguridad. Sin embargo, estos llamados han resultado infructuosos, y han permitido que los grupos organizados de delincuencia corrompan a sus autoridades y se apoderen, por ende, de sus territorios, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria debido al incremento de los índices de violencia.

Es por ello indispensable que los estados y los municipios inicien con la construcción de cuerpos policíacos fuertes, con mecanismos ideales de control de confianza, bien capacitados y cuyos integrantes gocen no solo de un salario profesional digno, sino con un esquema de seguridad social que les permita a ellos y a sus familias, contar con servicios de salud, vivienda, becas escolares y pensiones adecuadas, así como un sistema de profesionalización que les garanticen los mecanismos claros de promoción y permanencia dentro de las instituciones.

Lo anterior ha demostrado que el diseño de la política para combatir el crimen organizado ha evidenciado los conflictos en la normativa y la dificultad para articular la política de seguridad pública con la de seguridad nacional, respetando los límites de ambas. Así lo demuestran las declaraciones públicas de integrantes del próximo gabinete presidencial, así como la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que no logran establecer la diferencia entre ambos conceptos.

Asimismo, se sigue mostrando que el objeto de la política no es combatir el crimen organizado, sino la violencia que este provoca y que la estrategia utilizada se ha fundado principalmente en el ejercicio de la fuerza pública. Es decir, que la táctica declarada se sustenta principalmente en la política de seguridad pública y no en un asunto de seguridad nacional, considerándose equivocadamente que el uso de la fuerza, y no los sistemas de inteligencia de los tres niveles de gobierno, es suficiente para alcanzar los objetivos.

Nos oponemos a las manifestaciones de actores públicos, específicamente del gobierno saliente y del presidente electo, que pretenden desaparecer, nulificar o restringir a sus más ínfimas expresiones a las fuerzas del orden en el primero de los ámbitos competenciales de operatividad policial; el municipio.

Es por ello que rechazamos la adopción del llamado Mando Único Policial y de la Guardia Nacional, cuya propuesta se erige como solución a la preocupación sobre la corrupción entrante y el abuso de la fuerza por parte de los agentes policiales municipales y estatales.

Más aún, debemos preguntarnos específicamente, ¿para qué queremos a los policías municipales, dado que las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas no son las de participar en la erradicación del narcotráfico, sino en la preservación de la convivencia de la comunidad?

Es decir, las funciones respecto de la aplicación de los bandos municipales nada tienen que ver en relación con las pugnas impuestas con la delincuencia organizada, que corresponde, sin lugar a dudas, a las policías estatales y federales.

El nuevo modelo policial que el Grupo Parlamentario del PRD propone implica generar agentes de policía más comprometidos, analíticos y con poderes más amplios, además de jerarquías policiales horizontales, privilegiando la prevención del crimen por encima de la represión del mismo.

El Grupo Parlamentario del PRD, consciente de la situación de violencia que priva en nuestro país...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: –Concluyo, presidente– ...ha expresado en diversas ocasiones que no compartimos la idoneidad de que las fuerzas armadas desarrollen actividad de seguridad pública que implica la convivencia diaria con las y los ciudadanos. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde. No, he llamado a la tribuna a la diputada Beatriz Manrique Guevara, diputado.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar:Me pidió que presentara. Perdón.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Le concedo la palabra...

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Le concedo la palabra al diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, para presentar la iniciativa mencionada.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidente. Primero quiero agradecer a mi compañera Beatriz Manrique, por darme la oportunidad de presentar esta iniciativa.

En un solo año, alrededor de cuatro mil millones de abejas murieron en México. Los estados donde se dio el mayor declive de estos insectos fueron Jalisco, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Chihuahua, además de zonas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Para algunos hablar de abejas se reduce a la producción de miel, pero escapa al pensamiento que la vida del ser humano en el planeta depende en buena medida de dichos insectos, ya que la tercera parte de los alimentos son polinizados fundamentalmente por las abejas.

Atendiendo a su importancia, la FAO refiere que existen 100 especies de cultivos que proporcionan el 90 por ciento de los alimentos en todo el mundo, 71 de ellos son polinizados por las abejas evidenciando su importancia para la humanidad. Por lo que, ante su posible desaparición, el impacto resultaría en una auténtica crisis alimentaria.

Pese a las bondades evidenciadas, las abejas actualmente están expuestas a factores de riesgo que comprometen su supervivencia y que puede significar una de las más graves catástrofes naturales.

Principalmente estos indicadores se deben al cambio climático, la deforestación y el incremento de áreas agrícolas y el uso de plaguicidas.

En los últimos años, numerosos estudios se han encargado de demostrar el impacto negativo de los plaguicidas sobre la biodiversidad animal y vegetal de los ecosistemas.

No se puede dejar de reconocer que el uso de estos brinda protección ante posibles contaminaciones, principalmente de nuestros alimentos. Sin embargo, en la búsqueda de mejorar la composición de los plaguicidas, muchos han resultado perjudiciales e incluso tóxicos para la salud humana y el medio ambiente.

Ante ello se han tenido que definir mecanismos de seguridad y control para el uso de los mismos a nivel internacional y nacional, se han implementado acciones para poner en alto la disminución de las abejas.

En nuestro país, la Secretaría de Salud, la Semarnat y la Sagarpa firmaron un convenio para brindar capacitación sobre los límites máximos de residuos en los alimentos, evitando con ello daños al medio ambiente y a la salud humana.

Queda demostrado que nuestro país atiende la necesidad de regular la inminente afectación causada por la toxicidad de algunos plaguicidas usados en nuestro país. Sin embargo, la misma se ha centrado en la protección preponderante de la salud, lo que ha llevado de cierta forma a no proteger de manera adecuada al medio ambiente de los efectos nocivos de los mismos.

Por todo lo anterior, a nombre de quienes suscribimos, pongo a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de plaguicidas. Consideramos necesario hacer dichas modificaciones con la finalidad de robustecer los mecanismos de prevención y protección en el uso y aplicación de plaguicidas, fijando la intención de prohibir todos aquellos que mediante evidencia científica se demuestre que ponen en peligro la salud humana y el medio ambiente. Esperando contar con su respaldo agradezco su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente, para opinión.

Esta Presidencia saluda a los presidentes municipales de Nuevo León: Cristina Díaz, del municipio de Guadalupe; Patricia Salazar Marroquín, del municipio de Allende; Mayra Abrego Montemayor, de Doctor González; Simón Ríos, de Doctor Coss; Eleuterio Villagómez, de General Terán; Jesús Aguilar Hernández, de Hualahuises; Juan Antonio Martínez, de Doctor Arroyo; Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, del municipio de Mina; Hernán Cortés Lozano, del municipio de Hidalgo, y Gerardo de la Maza Villarreal, de El Carmen. Todos ellos invitados por los diputados y diputada Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguia y Pedro Pablo Treviño Villarreal. Sean bienvenidos.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo:Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Gracias. Presento iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Infonavit se ha alejado de la vocación social para la cual fue creado en 1972. En su origen otorgó miles de créditos a trabajadores, cubriendo con ello la gran demanda de vivienda, pero a partir de los nefastos gobiernos de Fox y Calderón todo en esta institución cambió.

Actualmente tenemos más de medio millón de viviendas abandonadas o vandalizadas. Cerca de 20 millones de personas se mudaron de las zonas rurales y de los barrios pobres con la esperanza de buscar una mejor vida en las unidades habitacionales que hoy se encuentran vacías o vandalizadas.

Es por ello que tenemos la obligación, como bancada de Morena, de modificar el espíritu del Infonavit, de modificar la política de vivienda en México. Y someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que modifica el artículo 37 y que es materia de esta presente.

Dicho artículo establece actualmente que el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40, estableciendo que si no se reclaman en 10 años prescribirán a favor del Infonavit. Es decir, toda una argucia de estafa y de robo en contra de los trabajadores.

Por eso estamos sometiendo a consideración de esta soberanía lo siguiente, para que quede de la siguiente forma:

Artículo 37. El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40 es imprescriptible.

Es decir, los trabajadores o las trabajadoras que no reclamen la subcuenta en los términos previstos no la perderán, podrán recuperarla sus beneficiarios, sus familiares o ellos mismos, sin que exista el término prescriptivo que establecía o que establece el artículo 37.

Tenemos que recuperar la dignidad del instituto, tenemos que lograr que el Estado nuevamente sea rector de las políticas habitacionales en México y generar una verdadera política pública que apoye a todos los trabajadores. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

Tiene la palabra...

El diputado Efraín Rocha Vega (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Sí, diputado Efraín Rocha, con qué objeto?

El diputado Efraín Rocha Vega (desde la curul): Ah, sí, para adherirme a la cuestión de las abejas. Soy apicultor y me pidieron este apoyo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, está a su disposición la lista para adhesiones, si el proponente no tiene ningún inconveniente

El diputado Efraín Rocha Vega (desde la curul): Lo que quiero es participar un poco, si me permite, con su venia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No es el momento de discusión del dictamen, pero usted puede pasar a adherirse a esta iniciativa.

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para presentar un proyecto de iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Servicio de Administración Tributaria y el Código Fiscal de la Federación.

El objeto de la iniciativa que someto a su consideración y que espero encuentre apoyo de la comisión a la que sea turnada no es otro que combatir la informalidad mediante la creación de un padrón fiscal de carácter obligatorio para las personas físicas a partir de cumplir criterios específicos para su registro determinado en el Código Fiscal de la Federación.

Además, buscamos establecer en la ley que sea el SAT la instancia encargada de su elaboración tomando como base la información actual del Registro Federal de Contribuyentes y los apoyos económicos de cualquier programa social que estén vinculados al mismo.

México es un país con una economía informal que preocupa desde hace varios años y que, sin duda, demuestra la falta de respuestas eficientes y eficaces del gobierno federal para hacer frente a tan complicado problema. El 57 por ciento de la población ocupada, casi 31 millones de personas, trabaja en las distintas modalidades de la economía informal y, según fuentes oficiales, su aportación al total de todo lo que produce nuestra economía representa un cuarto del producto interno bruto.

En el último año, de acuerdo con las cifras del Inegi, la economía informal creció el 2.2 por ciento, destacando el sector agrícola y las empresas como el polo de concentración de personas en esta condición. Nada qué presumir, pues en un año 650 mil personas se incorporaron al sector informal.

El problema no es menor si consideramos que a lo largo de 30 años la informalidad del país ha sido alta y persistente. La informalidad en México es superior al promedio de los países latinoamericanos que se ubican en un 40 por ciento y de los países de Europa y de Asia Central que registran una informalidad de un 25 por ciento. Si a esta condición de carácter permanente le sumamos las variadas posibilidades legales e ilegales de evasión fiscal en la economía formal, resultan evidentes las razones por las que México tiene una recaudación tributaria inferior a la de los países principales del mundo.

Si comparamos a México con el resto de América Latina, nuestro país solo recauda el 17.2 por ciento, como proporción del PIB, mientras que en Latinoamérica se recauda en un promedio el 22.7 por ciento, y los países integrantes de la OCDE, de la cual formamos parte, es el 34 por ciento.

El gobierno federal sigue cobrando impuestos a los contribuyentes de siempre, la diferencia es que ahora existen tasas impositivas superiores a la de cualquier país de similar economía y una menor posibilidad de deducciones que dañan a los ingresos de las familias mexicanas.

La reforma fiscal está lejos de contribuir de manera importante a disminuir la informalidad. En cambio, incrementó la carga fiscal, hizo menos flexible el pago de impuestos y complicó los mecanismos de la tributación de los diferentes sectores. El sistema fiscal mexicano se ha complicado con el tiempo hasta llegar a constituir un verdadero nudo gordiano.

Compañeras y compañeros diputados, sé lo que significa el trabajo duro para sacar adelante un sueño, un proyecto. Por eso entiendo el bien de todos aquellos que salen todos los días a trabajar en busca de esos sueños personales y un mejor futuro para sus familias.

A pesar de las condiciones actuales del sistema fiscal vigente, continúo sin perder la esperanza de un México mejor. De tal manera que lo que nos queda es trabajar desde nuestras diferentes trincheras. Nos debemos al voto de los ciudadanos y ante este compromiso nos toca ser exigentes con las autoridades en turno y ser responsables con nuestro trabajo legislativo.

Mantenerse en las condiciones actuales de la economía informal y sobre las políticas públicas ha demostrado que no funciona. Genera la posibilidad de que en mediano y largo plazo México tenga una población adulta en estado de pobreza. Estoy convencido de que ningún gobierno emanado de procesos de elección democrática aspira a esto, al menos en la práctica, que nos corresponde hacer algo.

La creación de un padrón fiscal vinculado al Registro Federal de Contribuyentes ayudaría, sin duda, a combatirla, a generar nuevos ingresos tributarios al próximo gobierno, a crear empleos de marco de formalidad, y por supuesto a generar bienestar de los trabajadores y sus familias.

A la política se viene a sembrar y a aportar para un mejor país, no a vivir de ella. Este proyecto de reforma se pretende cumplir con el principio descrito y aportar en la medida de lo posible al objetivo señalado. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Un tema que ha cobrado mayor relevancia en las agendas políticosociales a nivel internacional es justamente el tema de la migración, fenómeno que va más allá de nuestras fronteras trascendiendo la coyuntura del momento y de la cual podemos encontrar un abanico de situaciones que son punto para generar la movilización de millones de personas.

Así, la migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos o más Estados entre países de origen, tránsito y destino. En este sentido, México es conocido como un país emisor y de tránsito de migrantes que buscan mejores condiciones económicas y principalmente llegar hacia su destino, que es Estados Unidos.

Debido a esto nuestra frontera sur se encuentra en medio de la tormenta, nuestra ubicación geográfica al colindar con Guatemala, Belice, y estos a su vez con Honduras y El Salvador, países que se encuentran a la cabeza de los niveles más altos de asesinatos en el mundo, tal como lo demuestra la Organización de las Naciones Unidas, son un referente para comprender el contexto de violencia que azota a los países de Centroamérica a causa de un Estado fallido que no ha sido capaz de brindar condiciones de vida digna, y son incapaces de brindar seguridad y garantía a los derechos humanos, que se traduce en la falta de protección por resguardar la vida de sus connacionales.

Así, estos países se han convertido en expulsores de migrantes. Sin embargo, en los últimos años las cifras de desplazamiento infantil son preocupantes. Sin embargo, las cifras no demuestran ni la vulnerabilidad ni los riesgos a los que se enfrentan en su búsqueda de un sueño que en la mayoría de los casos se convierte en una pesadilla.

Los anhelos por tener una mejor calidad y condiciones de vida, salir de la pobreza, del contexto de violencia, así como ir en búsqueda de sus familiares, son factores que han obligado a la niñez a salir de sus países, y hoy en día ese fenómeno se recrudece al ser un gran porcentaje de ellos migrantes menores de edad no acompañados.

Ante tal situación, los menores de edad no acompañados han acaparado los titulares de noticias debido a historias llenas de horror, con una violación sistemática a sus derechos. Ante ello el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados se ha pronunciado: Son personas menores de 18 años que se encuentran separadas de ambos padres y no están bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo.

En ese sentido, México ha tratado de legislar en materia de niñez migrante ajustando los estándares internacionales de derechos humanos y que regulan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los que surgen de la Convención de los Derechos del Niño, a su legislación nacional.

Esta crisis humanitaria pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país, un Estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado, niveles crecientes de impunidad, corrupción que limita la garantía de los derechos humanos y el acceso de la justicia, así como la violencia generalizada.

Empero, México ha comenzado a tomar acciones para mejorar las condiciones de los migrantes menores de edad no acompañados que viajen a lo largo de nuestro país. En este sentido, el Congreso aprobó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y realizó modificaciones a la Ley de Migración con el objetivo de brindar la protección y dar garantía conforme a la legislación nacional en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, y en las disposiciones jurídicas aplicables.

Así, la presente ley tiene por objeto priorizar las medidas que propendan al cuidado de niñas, niños, adolescentes, con miras a su protección integral cuando el menor no esté acompañado, y privilegiando el interés superior del niño y niña, deba ser canalizado a un espacio propio que cumpla con las condiciones básicas, sin descuidar un área básica para dicho sector, como es el esparcimiento y el juego acorde a su edad y condición. Y con esto, evitar así también un impacto psicológico y emocional. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Carlos Muñoz Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz:Gracias. Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Buenas tardes. Actualmente el delito de robo al autotransporte de carga de pasajeros y el transporte ferroviario no es ajeno al problema de la inseguridad que se vive en el país, afectando seriamente a este sector y a sus usuarios por el incremento de robo de unidades y mercancías.

El reporte global de competitividad 2017–2018 del Foro Económico Mundial señala que entre las principales problemáticas para generar negocios y que afectan la competitividad en México se encuentra la corrupción y la inseguridad.

El transporte federal de carga en México constituye un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país. Además, un modo de integración nacional. Tan solo en 2017, el autotransporte movilizó 546.6 millones de toneladas, equivalente a 81 por ciento de la carga total trasladada en todos los modos de transporte y 81 por ciento de la carga movilizada vía terrestre, que incluye el ferrocarril. Esto, según cifras del estudio denominado Agenda Estratégica ante el Impacto de la Inseguridad en el Sector de Autotransporte de Carga, realizado por la Canacar.

Sin embargo, el robo al autotransporte federal se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años, lo cual ha afectado de manera importante tanto al sector privado como al público, generando importantes pérdidas de carácter económico que redundan en perjuicio de nuestra sociedad ya que, por una parte, las víctimas resultan ser pasajeros o turistas, y por otra parte, de manera directa la cadena de producción de distintas mercancías.

En tan solo siete años, el robo del sector del autotransporte de carga pasó de 4 mil 959 delitos a 10 mil 230, teniendo un crecimiento de 106 por ciento, siendo los estados de Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala los que concentran aproximadamente el 75 por ciento de los delitos en este sector.

Por su parte, el sector privado, a través de algunas organizaciones de transportistas, como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la Asociación Nacional de Transporte Privado, nos ha manifestado en diferentes reuniones su preocupación por el alarmante incremento del delito de robo a autotransporte de carga.

El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en sus estadísticas de incidencia delictiva del fuero común, referente al robo del transporte público colectivo que, de enero a agosto de 2018, se reportaron 8 mil 765 casos de dicho delito, de los cuales 7 mil 487 fueron cometidos con violencia, lo que implica más del 85 por ciento de eventos de esta naturaleza.

En este sentido, el asunto no es menor, ya que la afectación social y económica del propio país que causa el robo de autotransporte federal corresponde a incidencias, movilidad, organización y violencia del crimen organizado, actividad que es llevada a cabo por organizaciones delictivas siendo las empresas y los usuarios los que enfrentan costos en tiempo y dinero.

Recordemos que muchas veces el autotransporte de carga traslada maíz, frijol, arroz, azúcar, leche y demás productos que llegan a diario a las mesas de las familias mexicanas para su consumo, productos de primera necesidad que ante la problemática en algunos casos impactan en su costo, afectando mayormente a los que menos tienen ante la falta de castigos severos y mano firme para hacer valer el Estado de derecho.

Sin embargo, no solo son las pérdidas económicas las consecuencias de este delito, sino el peligro al que se enfrentan los operadores. Sus familias viven preocupadas si regresarán o no a casa.

Basta de escuchar noticias en donde secuestran al operador o lo asesina. Tan solo en esta semana, en el tramo carretero México–Puebla–Veracruz hubo alrededor de 17 robos a autotransporte, un operador mutilado y un operador lastimosamente asesinado.

El robo al transporte ferroviario también cuenta con cifras alarmantes. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario señala que en el segundo trimestre de 2018 se reportaron mil nueve robos, de los cuales 679 fueron actos de robos al tren y 330 robos a vías.

No debemos minimizar el problema del robo de autotransporte...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya diputado.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Gracias, concluyo. No debemos minimizar el problema del robo de autotransporte. De acuerdo a cifras del Inegi, el personal ocupado en el sector hasta 2016 ascendía a 365 mil 436 personas.

Otro delito que se ha incrementado alarmantemente es el robo de hidrocarburos, debido a la falta de planeación para la prevención de este delito.

Es por lo anterior que someto a su consideración esta iniciativa que pretende reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tipificar como delito grave el robo al autotransporte federal, de carga...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya diputado.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: ... pasaje, turismo o transporte privado, delitos en materia de corrupción, delitos contra el transporte ferroviario, el robo, transporte y venta ilegal de hidrocarburos y el uso, la posesión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es tanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame:Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: En mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, para incorporar nuevas tecnologías a la normatividad laboral en materia de seguridad del trabajo al tenor de lo siguiente:

Motivos. Según datos hechos públicos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 394 mil 202 accidentes de trabajo reportados en nuestro país en 2016, las caídas sumaron 106 mil 728 casos, lo que es el equivalente al 27 por ciento, muchos de ellos, informa dicha dependencia, desde alturas superiores al 1.80 metros.

Ante este dato, dicha Secretaría afirma haber vigilado permanentemente el cumplimiento de la normatividad que establece los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales en los trabajos en altura.

Esta información hace referencia a la norma oficial mexicana NOM–009–STPS–2011, que regula estas actividades; afirma que el trabajo en altura se refiere a mantenimiento, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se efectúan a más de un metro 80 centímetros de altura sobre el nivel de la referencia.

Algunos ejemplos que se señalan para este tipo de ocupaciones son la limpieza de ventanas en rascacielos, la construcción, la soldadura en puentes y edificios, así como el mantenimiento de torres de energía en actividades, el uso de andamios, plataformas, escaleras, arneses, cuerdas y/o cables que incluyen el riesgo de caída en aberturas, perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales.

La Ley Federal del Trabajo regula los riesgos de trabajo de dos maneras: una, las enfermedades, otra, los accidentes.

En lo que se refiere a los accidentes, la ley, en su artículo 474, señala que accidente de trabajo es toda lesión orgánica inmediata o posterior, la muerte por la delincuencia o producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo que se preste.

Por su parte, el artículo 132 de la referida Ley federal menciona dentro de las obligaciones patronales, la de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas y locales de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes, enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral.

Es preocupante que los accidentes producidos por las caídas sean una de las principales causas de ausentismo laboral por el temor de sufrir lesiones irreversibles y muertes en el puesto de trabajo, lo que afecta el desarrollo nacional como internacional; sobre todo en países latinoamericanos, el auge de grandes proyectos industriales e infraestructurales hace multiplicar los riesgos laborales, sobre todo en caídas de altura.

También vemos que durante la última década se ha experimentado un espectacular desarrollo de las técnicas, metodologías y materiales específicos para la prevención de los riesgos derivados de la realización de trabajos en altura y suspensión.

Una de esas tecnologías viene siendo el uso de plataformas elevadoras móviles de personal, mismas que son equipo de trabajo utilizadas para desplazar personas hasta una posición de trabajo determinada. Este tipo de máquinas se utiliza normalmente en trabajos, en alturas tales como trabajos de mantenimiento, montaje, reparación, inspección u otras actividades similares.

Tecnologías como estas deben estar contenidas en las normas reglamentarias de la ley laboral. De ahí que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, para que en los casos en los que exista un alto riesgo de la vida del trabajador, se considere el uso de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuven a las labores de seguridad de los centros de trabajo.

En materia internacional vemos casos como el colombiano, donde existe un reglamento de seguridad para protección contra caídas de trabajo en las alturas.

En tal virtud, solicito su apoyo para impulsar el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo.

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 512. En los reglamentos de esta ley y en los instructivos que las actividades laborales expidan en base en ello, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que estas se presten en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.

En caso de que exista un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador, considerando sobre todo la naturaleza del trabajo, las disposiciones reglamentarias o normativas considerarán el uso de la tecnología y de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuven a las labores de seguridad en los centros de labores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, público presente, la organización de los productores rurales es la piedra angular en el proceso de desarrollo de las actividades pecuarias.

Es una condición necesaria la organización para asegurar el escalamiento de la productividad, competitividad de la producción primaria, hasta la consecución de valor agregado. Mejores mercados que abonen a la capitalización, crecimiento económico, principalmente de los pequeños y medianos productores.

Lo anterior obliga a revisar y a actualizar el marco normativo que abarca las actuales formas de organización, a fin de que cumplan con los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los tiempos actuales de libertad, democracia, para que coadyuve y potencialice el desarrollo de la ganadería nacional.

La Ley de Organizaciones Ganaderas, en varios de sus artículos, contradice el primer párrafo del artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice y señala: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente. Los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

Con esto se obstaculiza la libre asociación de los productores. Impone candados a la libre realización de proyectos colectivos, al acceso de los programas de fomento a esta importante actividad. Dificulta el que se pueda cumplir con la trazabilidad del ganado, que lo imposibilita al cumplimiento de medidas de inocuidad alimentaria.

Otorga el monopolio de funciones propias del gobierno federal a favor de una organización denominada Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, en perjuicio de los derechos constitucionales de los ganaderos no afiliados a dicha organización.

Esta ley, que data de 1999, se redactó para un México distinto en el que el gobierno buscaba el voto corporativo y el control con fines políticos. Hoy la mayoría de los mexicanos aspiramos a tener un gobierno plural, democrático, donde tengan cabida las distintas voces y la asociación libre sea una realidad.

Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Organizaciones Ganaderas solo reconoce a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas como organización única que representa a todos los ganaderos del país. Concesiona y monopoliza todos los servicios y obligaciones que le corresponden a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, Sagarpa, discriminando, cooptando y exigiendo cuotas extraordinarias a la ley a los productores no afiliados a esta organización, utilizando monopolio como herramienta de coacción política, económica y de poder. Pasa por encima de los derechos de quienes tienen sus propias ideas y formas de organización.

Desde la década de los setenta, pequeños y medianos productores, por libre albedrío, han decidido organizarse en asociaciones locales, al margen de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. De hecho, actualmente más del 70 por ciento de los ganaderos de nuestro país se encuentra fuera de esta organización oficialista. Al respecto, ante el interés superior de respetar el espíritu de libre asociación en la Constitución y que sirva esto para mejorar las condiciones de este sector ganadero...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores: ... se impone el interés genuino de adecuar el marco normativo para hacerlo acorde con los requerimientos actuales y optimizar el desarrollo de la ganadería.

Esta iniciativa propone el rescate del espíritu del artículo 9o. de la Constitución Política y se corrige el actual monopolio que reserva y concesiona con exclusividad las funciones del Estado a un organismo de cúpula denominado Confederación Nacional de Organizaciones...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores: Sí, presidente. De acuerdo al postulado establecido por el actual y la ley, su reglamento equivale a la voluntad autónoma y libre de los ganaderos de este país para asociarse como mejor les parezca dentro de los cauces y derechos que la Constitución otorgue.

Por lo dicho y en consulta con las diversas organizaciones ganaderas del país, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con la finalidad de garantizar la libre organización de productores.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores: Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para concluir la ronda de iniciativas, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.

La diputada Laura Martínez González:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda, diputada.

La diputada Laura Martínez González: Escribió el filósofo Juan Jacobo Rousseau: La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a costumbres.

A pesar de la alerta de la Organización de las Naciones Unidas de que en México persiste el matrimonio infantil, en dos entidades del país: Baja California y Sonora, todavía se acepta esta práctica.

En México, al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años.

La armonización del Código Civil para prohibir categóricamente el matrimonio infantil sigue siendo necesaria, toda vez que el Código Civil Federal establece los 14 años como la edad mínima de las niñas para contraer matrimonio, y 16 para los niños.

Los matrimonios y las uniones precoces tienen consecuencias como la deserción escolar, el embarazo prematuro que trae consigo riesgos en la salud de las adolescentes y el bebé por falta de desarrollo al organismo de la adolescente; a veces la mortalidad materna porque no se encuentran física ni mentalmente preparadas para ser madres; la transición de la pobreza en general, la limitación de las oportunidades de la misma.

En Morena consideramos que esta práctica nociva constituye una violación a sus derechos y afecta gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, aprobados recientemente en la ONU, establecen la erradicación de las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, la unión temprana para niñas y adolescentes. Y, en cuanto a la violencia, muchas de las menores de 18 años viven más episodios de violencia física, sexual, económica y emocional, que las que se casan con mayoría de edad.

Asimismo, se vulneran los derechos humanos de igualdad, de un trato no discriminatorio, que son derechos consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En promedio, se casan 60 por ciento más de estas mujeres menores de 15 años que hombres. En México, el país con más gravidez adolescente, una de cada cinco embarazadas es menor de edad, y las mujeres que se casaron antes de los 18 años de edad viven el 57 por ciento violencia física, el 61 por ciento violencia sexual, el 23 por ciento violencia económica y el 11 por ciento violencia emocional, en comparación de aquellas que lo hicieron después de los 18 años.

La relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja, por ende, el principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio.

El matrimonio infantil no cumple con los estándares que establecen los derechos humanos internacionales. La mayoría de los países de todo el mundo cuentan con leyes que establece una edad legal mínima para casarse, normalmente los 18 años.

Consideramos que la edad legal mínima para casarse debería ser de 18 años, ya que a esa edad tienen mayor madurez física, mental o emocional. Se tiene un consentimiento pleno y libre. Los estándares internacionales de edad para contraer matrimonio se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres, y en otros instrumentos internacionales.

En México, a pesar de que la Ley General de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, aún algunos estados anteriormente citados permiten el matrimonio infantil en su legislación.

Los derechos de las niñas y los niños y adolescentes deben estar garantizados por el Estado, y sin embargo, el matrimonio se considera como un mecanismo de acceso a derechos de salud a la familia y al registro de nacimiento de hijos y paternidad, por lo que no hay una política pública enfocada al 100 por ciento en erradicar en los matrimonios infantiles, aunque haya para prevenir los embarazos adolescentes.

Por su parte, el Código Civil Federal establece, en su artículo 148, la edad de 16 para los hombres y de 14 para mujeres como edad mínima para poder contraer matrimonio.

Con base en lo anterior, es necesario que las autoridades estatales y federales erradiquen el matrimonio infantil en México a través de la armonización de leyes que impidan esta figura en menores, sin excepción ni dispensa.

Compañeras y compañeros diputados, pido su valioso apoyo para aprobación de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIV Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política dado en la reunión del martes 20 de noviembre del año en curso, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan:

• Que el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad.

• Que el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad.

• Que la diputada Ana Lucía Riojas Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.

• Que la diputada Ana Lucía Riojas Martínez cause alta como secretaria en la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIV Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura, de fecha 5 de noviembre de 2018, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Ivonne Liliana Álvarez García cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación y Población.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2018.— Diputado Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse, en razón de que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobados, comuníquense.

PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

SE CONSTITUYE EL CONSEJO EDITORIAL

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Dé lectura la Secretaría al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura. Solo el encabezado.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.—- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 28 de los Lineamientos para el Servicio de los Talleres Gráficos y Trabajos Externos de la impresión de la Cámara de Diputados, los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el presente acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que en términos del artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión puede, sin la intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;

2. Que la Cámara de Diputados se encuentra comprometida a utilizar con la mayor eficiencia los recursos a su cargo, por lo. cual las ediciones que publique deberán ser aquellas que fortalezcan la cultura republicana, federal, popular, democrática y al Poder Legislativo, en particular, en el ejercicio y profesionalización de sus funciones de representación, fiscalización y control.

3. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1997, en el artículo 57, establecía la existencia de un Comité de Asuntos Editoriales, el cual dejó de operar como resultado de reformas a la misma.

4. Que la Cámara de Diputados se ha caracterizado por contribuir al fortalecimiento de la divulgación y difusión, mediante la publicación de libros, revistas, informes, y otras publicaciones impresas y electrónicas tendentes a la profesionalización del Poder Legislativo; y análisis y debate de otras materias.

5. Que por este motivo y para diseñar y poner en marcha una nueva política editorial objetiva y eficiente se creó, a partir de la LIX Legislatura, el Consejo Editorial, organismo que logró establecer los criterios básicos para la evaluación de las publicaciones cuya edición se solicita a la Cámara, así como encauzar la política editorial de este órgano por la vía de respaldar los proyectos en apoyo a la labor legislativa, cuidando la transparencia en la toma de decisiones y la eficiencia en el uso de los recursos. Para consolidar las acciones mencionadas durante las LX, LXI, LXII y LXIII Legislaturas, en igual forma se constituyó el Consejo Editorial.

Con base en las consideraciones anteriores y con el interés de llevar a cabo un proceso tendente a ordenar las tareas editoriales para fortalecer la utilidad de las publicaciones que realiza la Cámara y racionalizar el uso de los recursos que se destinan para tal fin, se formulan los siguientes

Acuerdos

Primero. Se autoriza la constitución del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura como una instancia técnico-académica de apoyo a la Junta de Coordinación Política.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos de impresión de la Cámara de Diputados, el Consejo Editorial se integrará por un diputado de cada grupo parlamentario quienes tendrán un sustituto.

Tercero.El Consejo Editorial buscará el consenso en la toma de sus decisiones. En caso de no lograrse, el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría absoluta.

Cuarto. El Consejo Editorial deberá reunirse, en la primera convocatoria con la participación de por lo menos cinco de los integrantes de los grupos parlamentarios. De no ser el caso, se realizará una segunda convocatoria que se llevará a cabo con al menos tres integrantes y de no ser el caso, la reunión se realizará con los que estén presentes.

Quinto.Las funciones bajo la responsabilidad del Consejo Editorial serán las siguientes:

a) Establecer, con objetividad y equidad, las políticas, criterios y los programas generales y lineamientos editoriales que regirán a las publicaciones que apoye la Cámara.

b) Aprobar la publicación de libros de la Cámara y otros productos, previa evaluación basada en criterios de calidad y pertinencia del contenido, viabilidad, oportunidad y utilidad de las ediciones que se soliciten a este órgano legislativo.

c) Sugerir la publicación de obras facsimilares, así como las ediciones y coediciones especiales o conmemorativas.

d) Atender y vigilar que se cumpla la normatividad emitida para la producción editorial, ya sea en los Talleres Gráficos de la Cámara o a través de empresas externas y, en su caso, definir los criterios que, en un marco de racionalidad y austeridad presupuestaria, se requieran para aprobar las publicaciones de la Cámara.

e) Informar a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Administración mensualmente sobre el avance de las actividades bajo su responsabilidad y las publicaciones que autorice.

Sexto.El Consejo Editorial contará con un secretario técnico, quién preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente, dará seguimiento a los acuerdos que se adopten y realizará las demás acciones que el Consejo le instruya.

Séptimo.El Consejo Editorial cuidará que la autorización de recursos para las publicaciones de la Cámara de Diputados corresponda además a los criterios de disciplina y austeridad.

Octavo.La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno al Presidente del Consejo Editorial anualmente, previo acuerdo de la misma.

Noveno.Se crea un Órgano Técnico del Consejo Editorial integrado por:

• Los diputados integrantes del Consejo Editorial;

• El Secretario de Servicios Parlamentarios, solo con voz;

• Los directores generales de los Centros de Estudios, el Director General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, solo con voz;

Se invitará a formar de manera honoraria y solo con derecho a voz a:

• Cuatro Especialistas en el ámbito técnico editorial que serán designados por el Consejo Editorial;

• Un representante de Instituciones de Educación Superior;

• Un representante de los Centros de investigación;

• Un representante legal del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) y;

• Un representante del Fondo de Cultura Económica.

El Órgano Técnico del Consejo Editorial será coordinado por la diputada o diputado que acuerde del Consejo Editorial de entre los que integran el mismo, con excepción del Presidente y durará en su encargo la LXIV Legislatura.

El Secretario Técnico del Consejo Editorial, fungirá también en el Órgano Técnico.

Décimo.El Órgano Técnico coadyuvará en las funciones del Consejo Editorial y determinará las características de las ediciones, el tiraje que tendrá cada una de las publicaciones autorizadas, de acuerdo con el objetivo que persiguen y la disponibilidad presupuestal.

Además podrá acordar criterios de técnica, estilos, diseños y conceptos editoriales, así como proponer la formalización de contratos de coedición y vigilar que éstos sean benéficos para la Cámara, así como coadyuvar a su cumplimiento y las demás que sean necesarias por la técnica editorial.

Décimo Primero.Son atribuciones de las y los especialistas y los representes mencionados asistir con voz a las sesiones del órgano técnico colegiado para aportar elementos que permitan la funcionalidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y calidad a las dictaminaciones basadas en el análisis técnico editorial de los proyectos presentados por el Órgano Técnico.

Transitorios

Primero. El Consejo deberá instalarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la autorización del presente acuerdo y de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y contará con un plazo perentorio de hasta 15 días a partir de su instalación para presentar a consideración de la Junta de Coordinación Política los criterios que regirán las publicaciones que apoye la Cámara.

Segundo.Para el Primer Año de la LXIV Legislatura la Junta de Coordinación Política propone como Presidente del Consejo Editorial al diputado Ricardo de la Peña Marshall del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Tercero.Todo acuerdo del Consejo Editorial será sujeto a revisión de la Junta de Coordinación Política.

Cuarto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, secretaria. Informo a la asamblea que el texto completo de este acuerdo está disponible en las pantallas de sus curules. Toda vez que esto es así, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Si, señor presidente. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado. Comuníquese.Informo a la asamblea que estamos realizando una consulta en relación al orden del día.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidencia turna, mediante oficio que se publica en la Gaceta Parlamentaria, diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna a las comisiones respectivas, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo (a las 15:51 horas): Hechas las consultas respectivas, se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 27 de noviembre de 2018, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

EFEMÉRIDES RECIBIDAS

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

«Efeméride con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El 25 de noviembre de cada año se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el cual fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución 54/134, de fecha 17 de diciembre de 1999, en memoria del lamentable asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana.

El objetivo de este día es el invitar a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada y a la sociedad civil en general a reflexionar y sensibilizarse respecto al problema de la violencia contra la mujer y todos los efectos negativos que esta conlleva.

Debemos recordar que la violencia contra la mujer representa una clara violación de los derechos humanos, consagrados en nuestra Constitución Política, la cual es consecuencia de la discriminación que sufren mujeres y niñas en la sociedad y la persistencia de las desigualdades de género, pero no solo eso debemos entender que la violencia contra la mujer afecta e impide el avance de la sociedad en temas como igualdad en derechos y libertades.

El 25 de noviembre de cada año representa la oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra la mujer y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia las mujeres y niñas.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (Unifem) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nos permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que integran sus hogares, así como sobre las relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio comunitario, la cual nos ayuda a conocer y analizar información sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres mayores de 15 años, entre las que se encuentran la violencia emocional, económica, física y sexual.

En su edición más reciente, la Endireh nos muestra que 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más declararon haber padecido algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona.

El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 34 de cada 100 mujeres fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos.

De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 han experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.

La erradicación de la violencia contra la mujer se ha convertido en una prioridad global, que se ha visto reflejada en los enfoques de políticas públicas de los organismos internacionales.

La Organización de las Naciones Unidas ha incluido entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de su Agenda 2030, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y como una de las metas de este objetivo, “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

En México se han logrado avances significativos para erradicar la violencia contra la mujer; muestra de ellos es la expedición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el reconocimiento de derechos económicos y laborales en diversos ordenamientos legales que llevan como guía el impulso al empoderamiento de la mujer.

Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, estamos por contar con un Congreso con paridad de género, de los 128 senadores que componen el Senado de la República 63 son mujeres; por su parte, de los 500 diputados, 241 curules son ocupados por mujeres.

El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2019, que se celebrará el 8 de marzo, por ONU Mujeres es “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.

Son notables los diversos esfuerzos de políticas públicas encabezados por el gobierno federal; entre ellos, cabe señalar la existencia del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a través de 16 estrategias busca cambiar los paradigmas sociales que causan la violencia contra la mujer y hacer que el gobierno federal pueda responder adecuadamente a esta grave problemática.

Una sociedad más justa e igualitaria es una sociedad más próspera, por ello resulta necesario impulsar una agenda de género que logre erradicar la violencia contra la mujer y consolidar su empoderamiento, asegurando así su acceso a todos los roles de la sociedad en igualdad de condiciones.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, representa una fecha para reflexionar y sensibilizarnos respecto al tema de la violencia contra la mujer, velar con especial interés por la integridad de todas las mujeres, asegurar el acceso a la justicia, a empleos dignos y bien remunerados, buscar mejores condiciones de vida para las mujeres, así como promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, para seguir construyendo un México más justo, más próspero, más igualitario y libre de violencia para todas las mujeres.

Notas

1 ONU, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre. Disponible en:

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.shtml

2 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”. Datos Nacionales. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

3 Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

4 ONU, “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer” Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Disponible en:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

5 Día Internacional de la Mujer 2019: Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Disponible en:

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de noviembre de 2018.— Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

«Efeméride con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en febrero del año 2000, con el objetivo de generar conciencia entre las naciones sobre esta terrible problemática e invitar a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a involucrarse en el asunto a través de actividades que contribuyan a su prevención y erradicación.

Se eligió esta fecha para honrar la memoria de las hermanas Maribal, activistas dominicanas que fueron cruelmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del entonces presidente dominicano Rafael Trujillo. Desde entonces, el día se fue posicionando como el espacio idóneo para expresar nuestro repudio y rechazo hacia cualquier conducta que implique violencia contra las mujeres y niñas.

Otro momento emblemático de la lucha que une a mujeres y hombres se remonta a 1981, año que marca un parteaguas en las protestas y movilizaciones a favor de garantizar el pleno respeto de los derechos de la mujer, y, por supuesto, para erradicar la violencia de mujeres y niñas del mundo. Hoy reconocemos los desafíos que persisten, pero también la importancia de todos los esfuerzos hechos para robustecer e impulsar estrategias y campañas que impacten en todos los ámbitos.

Igual de importante es señalar que el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General reconoció la urgente necesidad de ampliar los derechos de la mujer, así como incluir la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos, aprobando la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que a la letra define a la violencia contra la mujer como:

“A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Este día es un recordatorio permanente de la gran deuda que tenemos con el pleno respeto y acceso de los derechos de las mujeres y niñas a nivel nacional e internacional. Al efecto, basta señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer se encuentra extendida en todo el mundo y persiste debido a la impunidad que gozan los perpetradores así como el silencio y la vergüenza de las víctimas.

Para poner en relieve el impacto negativo que tiene este terrible fenómeno, cabe mencionar que según datos de la ONU, el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual, asimismo, expertos en la materia y organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), refiere que diariamente 12 mujeres son asesinadas en América Latina.

A pesar de los avances registrados en el orden jurídico nacional y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano con organismos internacionales para la protección y eliminación de la violencia de género hacia la mujer, el panorama en México es igual de desalentador. Prueba de ello es que somos considerados como uno de los países con mayor número de víctimas femeninas en América Latina, con base a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registramos un aumento gradual en defunciones de mujeres por homicidio doloso en los últimos tres años al pasar de de 1 mil 755 en 2015; 2 mil 572 en el 2017; y en el primer mes de 2018 se registró un promedio de 9 asesinatos de mujeres por día.

Por si esto no fuera suficiente, en el territorio nacional el 66.1 por ciento de las mujeres ha sufrido por lo menos un incidente de violencia en su vida. Los tipos de violencia con los que más se enfrentan son de tipo físico y emocional, destaca que 7 de cada 10 mujeres han presentado estos tipos de violencia y que el 43.9 por ciento han sido agredidas por su cónyuge, pareja o novio.

Es alarmante la situación que vivimos las mujeres en nuestro país, sin que ninguna esté exenta de los peligros que enfrentamos todos los días. Según cifras de la Información Delictiva y de Emergencia con Perspectiva de Género 2018, en 2017 se registraron 715 feminicidios a nivel nacional y 607 carpetas de investigación por feminicidios de enero a septiembre del presente año.

Ante este panorama, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos sumamos a los esfuerzos para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y hacemos propicio el espacio para hacer un llamado a que todo el pueblo de México genere conciencia e implemente acciones ante la gran problemática que vive nuestro país.

En este 2018, como desde el 2009, la Organización de Naciones Unidas impulsa la campaña ÚNETE que tiene como objetivo concientizar e implementar acciones encaminadas a erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y niña, la cual tiene como iniciativa 16 días de activismo contra la violencia de género.

Además, establece la campaña Pinta el Mundo de Naranja, #EscuchameTambién, que invita a las personas a ponerse alguna prenda u objeto de color naranja, como representación simbólica de un futuro mejor y el cese de la violencia contra la mujer y la niña en los contextos sociales, políticos, culturales y geográficos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2018 y en mi carácter de Diputada Federal por el Distrito 2 (con cabecera en Santa María Tultepec) Estado de México, expreso mi máximo apoyo a todas las mujeres de México, para decir que, unidas y organizadas, pongamos fin a la ola de violencia que prevalece en contra nuestra en todo el territorio Nacional.

Atentamente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.— Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO

«Efeméride con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Juan Ortiz Guarneros, del Grupo Parlamentario del PRI

El 23 de noviembre de cada año, los mexicanos celebramos el Día de la Armada de México, la fuerza militar responsable de resguardar las costas, el mar territorial y el espacio aéreo mexicano.

Esta fecha es significativa para nuestra nación, ya que se conmemora el día en que la Marina de Guerra mexicana logró rendir, en 1825, a las tropas españolas establecidas en el Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, donde se resistían a reconocer la Independencia de México.

De esta forma, la Armada de México nació en pie de lucha, siendo su primera misión vital: consolidar nuestra Independencia.

Desde esa fecha, han sido partícipe de la historia del Estado mexicano, vigilando y resguardando la integridad territorial y la seguridad de México ante cualquier amenaza externa.

A lo largo de su historia, México ha sido objeto de seis intervenciones extranjeras por motivos económicos y territoriales, y en todas ellas, la participación de la Armada de México ha sido fundamental para la defensa de la soberanía nacional.

El patriotismo, la valentía y la fortaleza que caracterizan a la Armada de México dieron a nuestro país triunfos y glorias que han permitido a todos los mexicanos vivir con paz e independencia.

Hoy México es una nación fuerte y en pleno crecimiento, pero no debemos olvidar que para llegar a este momento fue necesario el esfuerzo de miles de mexicanos que dieron su vida por la defensa de nuestro país.

Por ello, el homenaje que hoy rendimos a la Armada de México, no sólo es un recordatorio sobre el papel que ha jugado esta institución en la defensa de nuestro país, sino también de la importancia que tiene su fortalecimiento para la seguridad nacional.

La condición geopolítica bioceánica de México demanda una fuerza naval moderna y eficiente que pueda hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI.

Consciente de ello, la presente administración ha realizado importantes aportaciones para coadyuvar en el buen desarrollo de las funciones de la Armada, así como para el mejoramiento de la economía familiar de sus integrantes.

Tenemos plena confianza que el próximo gobierno continuará apoyando a esta noble institución, que es vital para la defensa de nuestra soberanía e intereses nacionales.

Hoy, recordamos la frase del brigadier José Joaquín Herrera... “A la Marina solo le queda terminar con esta gran obra y consolidar para siempre la Independencia nacional”.

Sin duda, la historia de nuestro país no podría entenderse sin la valerosa participación de nuestra Armada de México.

Atentamente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.— Diputado Juan Ortiz Guarneros (rúbrica).»

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