SUMARIO
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite el Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial 2018. Se turna a las Comisiones de Derechos Humanos, y de Gobernación y Población, para su conocimiento
De la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento
De la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y detener los actos de linchamiento. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento
INICIATIVAS DE CONGRESOS ESTATALES
Del Congreso de Baja California Sur, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y reforma el artículo 136 de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Del Congreso de Chihuahua, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
La diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de tratamiento de reconstrucción mamaria. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para dictamen
El diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen
El diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
El diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
La diputada Beatriz Manrique Guevara y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Sandra Paola González Castañeda, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353 E de la Ley Federal del Trabajo, y 87 y 95 de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para dictamen
La diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de víctimas. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
La diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen
DICTAMEN PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. La Secretaría da lectura a los resolutivos del dictamen
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
A consulta de la Presidencia, la asamblea autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016
Para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, interviene:a
-El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, de Morena
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, participan:
-El diputado Arturo Escobar y Vega, del PVEM
-El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD
-La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de MC
-El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT
-El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del PES
-El diputado Fernando Galindo Favela, del PRI
-El diputado Xavier Azuara Zúñiga, del PAN
-La diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena
Para la discusión en lo general, hacen uso de la tribuna:
-El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del PRI, en contra
-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT, a favor
-La diputada Marcela Guillermina Velasco González, del PRI, en contra
-El diputado Irineo Molina Espinosa, de Morena, a favor
-El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del PVEM, en contra
-El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, a favor
-La diputada María Geraldine Ponce Méndez, de Morena, a favor
-El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, de Morena, a favor
-El diputado Marco Antonio Andrade Zavala, de Morena, a favor
Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
La Presidencia instruye la inserción de las intervenciones entregadas por las diputadas María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, y Martha Angélica Tagle Martínez, de MC
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Remítase a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de las facultades legales correspondientes
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publica la votación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (en lo general y en lo particular)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 31 de octubre de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 317 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:03 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Orden del día
Miércoles 31 de octubre de 2018.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Remite el Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial 2018.
De la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres.
De la Secretaría de Seguridad del Estado de México
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y detener los actos de linchamiento.
Iniciativa del Congreso del Estado de Baja California Sur
Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y reforma el artículo 136 de la Ley Aduanera.
Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Iniciativas
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, suscrita por la diputada María Lucero Saldaña Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 129 Bis del Código Penal Federal y 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 213-Bis del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 26, 28, y 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 76 y adiciona un artículo 137 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que deroga la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 2o., 44 y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Erika Mariana Rosas Uribe, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Nayeli Arlen Fernández Cruz, de los Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 353-E de la Ley Federal del Trabajo y 87 y 95 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 74 y 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Eliminar el Acoso Escolar, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 8o. y 127 y adiciona un artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Archivos, suscrita por las diputadas Lilia Villafuerte Zavala y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de víctimas, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 115 y adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Israel Ramos Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 10, 13 y 29 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 74 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación y se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo del diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultades y obligaciones del Presidente de la República y de zonas económicas especiales, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para simplificar la tramitación de la iniciativa ciudadana, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 189 y deroga el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Sandra Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de austeridad y transparencia, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de seguridad pública turística, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 17, 19, 33 y 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que deroga la fracción II del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 96 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 1o. y 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 308 del Código Civil Federal, 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa por el Quinto Centenario de la Fundación del Municipio en México, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Saenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Beatriz Manrique Guevara y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de tratamiento de reconstrucción mamaria, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 6o. de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley de la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Ramón Cambero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 50 y 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 134, 139 y 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma artículo 3o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para tener derecho al acceso a la reconstrucción mamaria gratuita, a cargo de la diputada Nelly Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 28 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Deuda Pública, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de conservación del medio ambiente, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 146, 331 y 334 de la Ley Federal del Trabajo y 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 115, 212 y 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 203 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año como Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional Mexicana, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 4o. y 7o. de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Manuel Rodríguez González, Julio César Ángeles Mendoza y Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 30 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de maltrato animal, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Declaratoria de publicidad
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
Proposiciones de urgente resolución
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, informe sobre el estado que guarda la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que se involucra el C. Miguel Ángel Yunes Linares, a cargo de la diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a fin de que emprenda la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y haga público un informe de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de zonas metropolitanas correspondientes a dicho fondo establecido en el PEF 2018, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, hasta en tanto existan estudios que determinen los efectos adversos que puedan producir en los pacientes en un corto, mediano y largo plazo, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir declaratoria de desastre a diversos municipios del estado de Nayarit afectados por el Huracán Willa, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE y la ASEA, a garantizar la protección del ambiente de quienes expenden hidrocarburos al público, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo, a que retire la invitación al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión del próximo Presidente de México, suscrito de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a las autoridades competentes del estado de Quintana Roo, a atender el caso de traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri del penal del Altiplano a una cárcel municipal, suscrito por las diputadas Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, María Wendy Briceño Zuloaga e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Electo, a hacer de conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería que planea construir en Dos Bocas, Tabasco, a garantizar el Estado de Derecho y considerar la opinión de los expertos en la materia, así como a realizar un ejercicio de consulta pública imparcial, objetivo y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo, a través de la Segob, a establecer un protocolo para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Proposiciones
Con punto de acuerdo relativo a la violencia creciente contra las mujeres en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revisar las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche en México, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicletas, sin proporcionar casco y excediendo la disponibilidad de asientos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo relativo a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de octubre de dos mil dieciocho, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos setenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del martes treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma manera se aprueba.
Comunicaciones Oficiales:
a) De la Comisión Federal de Competencia Económica, por el que remite el Tercer Informe Trimestral dos mil dieciocho de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del primero de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.
b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles dos mil diecinueve. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento
c) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos los días siete y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.
d) Del Congreso del Estado de Oaxaca, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto Decreto por el que se adiciona el Título Vigésimo Séptimo "De los Delitos contra las Libertades de Expresión e Imprenta y el Acceso a la Información" y se derogan los párrafos tercero y cuarto del artículo cincuenta y uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
A las once horas con veintiséis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintiséis diputadas y diputados.
El siguiente punto del Orden del Día es la comparecencia del Titular de la Secretaría de Educación Pública el ciudadano Otto Granados Roldán, a fin de profundizar en el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, quien se encuentra en el Salón Protocolo de esta Cámara de Diputados, por lo que se designa una comisión para recibirlo y acompañarlo al interior de este Recinto Legislativo.
La Presidencia toma protesta de decir verdad al ciudadano Otto Granados Roldán, Titular de la Secretaría de Educación Pública, y se le otorga el uso de la tribuna para referirse al Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República.
En la primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México; Luz Estefanía Rosas Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano; Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo; Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social;
Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna
para formular preguntas Cynthia Iliana López Castro, y realizar réplicas Ricardo Aguilar Castillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional; para formular preguntas y realizar réplicas; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; para formular preguntas Adela Piña Bernal, y realizar réplicas Lorena del Socorro Jiménez Andrade, ambas de Morena. En su oportunidad el ciudadano Otto Granados Roldán, Titular de la Secretaría Educación Pública, formula las respuestas correspondientes.
En la segunda ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y los diputados: Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México; Abril Alcalá Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Kehila Abigail Ku Escalante, de Movimiento Ciudadano; Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo; Claudia Báez Ruiz, del Partido Encuentro Social;
A las catorce horas con veintiún minutos la Presidencia declara un receso.
A las catorce horas con veintinueve minutos se reanuda la sesión.
Para formular preguntas Rubén Ignacio Moreira Valdez, y realizar réplicas Martha Hortencia Garay Cadena, ambos del Partido Revolucionario Institucional; para formular preguntas y realizar réplicas; Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo
para formular preguntas Juan Pablo Sánchez Rodríguez, y realizar réplicas Zaira Ochoa Valdivia, ambos de Morena. En su oportunidad el ciudadano Otto Granados Roldán, Titular de la Secretaría Educación Pública, formula las respuestas correspondientes.
En la tercera ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y los diputados: Rogelio Rayo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Eugenio Russo Salido, de Movimiento Ciudadano; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Carolina García Aguilar, del Partido Encuentro Social; para formular preguntas Ana Lilia Herrera Anzaldo, y realizar réplicas Mariana Rodríguez Mier y Terán, ambas del Partido Revolucionario Institucional; para formular preguntas y realizar réplicas; María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional; para formular preguntas Azael Santiago Chepi, y realizar réplicas Idalia Reyes Miguel, ambos de Morena. En su oportunidad el ciudadano Otto Granados Roldán, Titular de la Secretaría de Educación Pública, formula las respuestas correspondientes.
A las dieciséis horas con cuarenta y un minutos la Presidencia declara un receso.
Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna
A las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos se reanuda la sesión.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas y los diputados: Mildred Concepción Ávila Vera, María Chávez Pérez, ambas de Morena; Norma Adela Guel Saldívar, del Partido Revolucionario Institucional; Flora Tania Cruz Santos, María de Jesús García Guardado, María Teresa López Pérez, todas de Morena; Alán Jesús Falomir Saenz, de Movimiento Ciudadano; Jorge Luis Montes Nieves, de Morena; Juan Francisco Espinoza Eguia, del Partido Revolucionario Institucional; Araceli Ocampo Manzanares, de Morena; Marcela Guillermina Velasco González, del Partido Revolucionario Institucional; Carmen Patricia Palma Olvera, Francisco Javier Ramírez Navarrete, ambos de Morena; Laura Barrera Fortoul, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora, todas del Partido Revolucionario Institucional; Laura Imelda Pérez Segura, Oscar Rafael Novella Macías, Rubén Cayetano García, todos de Morena; María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Elorza Flores, Estela Núñez Alvarez, ambos de Morena; Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo; Delfino López Aparicio, de Morena; Juan Ortiz Guarneros, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor René Cruz Aparicio, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Hernández Pérez, Lidia García Anaya, María Bertha Espinoza Segura, todas de Morena; Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional; Hildelisa González Morales, del Partido del Trabajo; Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Leticia Arlett Aguilar Molina, ambas de Morena; Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Partido Acción Nacional; Ricardo Aguilar Castillo, del Partido Revolucionario Institucional; Marco Antonio Andrade Zavala, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, José Guillermo Aréchiga Santamaría, todos de Morena; Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Partido Acción Nacional; Claudia Pastor Badilla, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Carlos Loera de la Rosa, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, ambos de Morena; Margarita Flores Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; María Esther Mejía Cruz, de Morena; Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Partido Acción Nacional; Carmen Medel Palma, de Morena; María Ester Alonzo Morales, del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo; Maribel Aguilera Cháirez, de Morena; Cynthia Iliana López Castro, del Partido Revolucionario Institucional; Nelly Minerva Carrasco Godínez, y Juanita Guerra Mena, ambas de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.
La Presidencia declara cumplida la obligación establecida en los artículos sesenta y nueve y; noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agradece la presencia del Titular de la Secretaría de Educación Pública, el ciudadano Otto Granados Roldán, e informa a la Asamblea que, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.
Y solicita a la comisión designada acompañar al Secretario, cuando desee retirarse del Salón de Sesiones.
Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y juntas directivas de Comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.
Se da cuenta con oficio del diputado Ciro Sales Ruiz, de Morena, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades como diputado federal de la Tercera Circunscripción Plurinominal. En votación económica se concede la licencia. Llámese al suplente.
De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Desde su curul realiza comentarios el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.
Agotados los asuntos del Orden del Día, la Presidencia cita para la próxima Sesión que tendrá lugar el día de mañana miércoles treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas; y levanta la sesión a las dieciocho horas con veinte minutos.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
COMUNICACIONES OFICIALES
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite el informe especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial correspondiente a 2018
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Distinguido Presidente:
El pasado 21 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial, resultado del análisis que este organismo nacional realizó sobre la manera en que tanto las autoridades federales como estatales manejan y otorgan recursos públicos para esos fines, y en el que advertimos opacidad y falta de transparencia en la asignación de la publicidad oficial, en atención a los estándares internacionales aprobados al respecto.
Dicho informe fue dado a conocer con el objeto de incidir en la discusión que en ese momento se estaba llevando en el Poder Legislativo, que finalmente derivó en la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018. En atención a que la referida ley no incorporó los estándares contenidos tanto en el informe como aquellos aprobados por la Organización de Estados Americanos (OEA), el 11 de junio de 2018 la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para combatir algunos de sus preceptos, misma que está pendiente de resolución.
Por lo anterior, y ante la información que ha trascendido en el sentido de que el honorable Congreso de la Unión revisará la citada Ley General de Comunicación Social con el objeto de publicar una nueva ley que se adecue a los estándares referidos, envío a usted el informe especial al que he hecho referencia pues estamos seguros que su contenido podrá servir para orientar la discusión en esta materia.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018.— Maestro Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación y Población, para su conocimiento.
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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Secretaría de las Mujeres de Zacatecas.
Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura.— Presente.
En atención al oficio JOG.2532/2018, de fecha 14 de septiembre del año en curso, signado por el jefe de la Oficina del Gobernador del estado y recibido en esta secretaría a mi cargo el 24 de septiembre de 2018, a través del cual se remite oficio número D.G.P.L.-64-II-8-0045, de fecha 11 de septiembre de 2018, signado por usted en el que nos informa se aprobó punto de acuerdo, que a la letra dice:
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres.”
Al respecto, enunciamos que el gobierno del estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de las Mujeres, trabaja arduamente en la defensa y garantía de los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres en la entidad. A continuación se enumeran las acciones instrumentadas por el gobierno del licenciado Alejandro Tello Cristerna para dicho fin:
Primero. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Asimismo el artículo 4o. constitucional establece la igualdad entre mujeres y hombres, el gobierno del estado de Zacatecas, comprometido con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, implementa acciones integrales, e interinstitucionales, para dar cumplimiento a la normativa internacional, nacional y local en materia de violencia de género contra las mujeres y, en concreto, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la legislación local.
Segundo. Se realizaron acciones de promoción de la participación política y de prevención de la violencia política contra las mujeres, a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado, el cual preside la Secretaría de las Mujeres. Se efectuaron 5 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias, así como 3 reuniones de trabajo, de las que destacan los siguientes acuerdos: presentación, aprobación y difusión de la página de internet del observatorio, así como dar a conocer y promover la plataforma “Políticas.mx”, como un programa nacional que contribuye a la formación del liderazgo de las mujeres interesadas en participar en la toma de decisiones.
Tercero. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado efectuó cinco acompañamientos: a dos legisladoras locales, a una candidata a presidenta municipal, una candidata a regidora y atendió, también, el caso de la Directora de la UPN-Zacatecas, todos ellos en materia de presunta violencia política.
Cuarto. Se efectuó la presentación del dictamen que contiene reformas a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, así como a la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado, en materia de paridad vertical y horizontal, y de violencia política aprobadas por la LXII Legislatura del Estado.
Quinto. Se realizaron conferencias en torno a violencia política contra las mujeres; un conversatorio sobre la participación política de las mujeres rumbo al proceso electoral federal y local 2017-2018, así como el Foro sobre violencia política en contra de las mujeres.
Sexto. En un evento de difusión, en el cual se realizó el Foro sobre violencia política arriba citado, también se efectuó el lanzamiento de la campaña nacional #NoEsElCosto.
Séptimo. El gobierno del estado de Zacatecas a través de la Secretaría de las Mujeres, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en noviembre de 2017, efectuó el programa de activismo naranja “Luchemos contra la Violencia de Género para que no suceda Más”, que contempló, entre otras, la realización de la siguiente actividad:
Octavo. La Secretaría de las Mujeres es parte del comité organizador de la octava Consulta Infantil y Juvenil 2018, convocada por el INE Zacatecas. El objetivo es promover que niñas y adolescentes ejerzan su derecho a participar y expresar su opinión en torno a problemas y temas diversos, como condiciones de igualdad de género en la convivencia, entre otros; además, se impulsa el escuchar y tomar en cuenta sus opiniones y propuestas.
Noveno. Con el objetivo de seguir impulsando acciones conjuntas entre instancias públicas y organismos autónomos, federales y locales que promuevan la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como promover, fortalecer y defender sus derechos político-electorales, asistimos al segundo Encuentro de observatorios locales de participación política, organizado por el Inmujeres, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que sirva brindar a la presente y le envío un atento y respetuoso saludo.
Atentamente
Zacatecas, Zacatecas, a 22 de octubre de 2018.— Doctora Adriana Guadalupe Rivero Garza (rúbrica), Secretaria de las Mujeres.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
———————— o ————————
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura Federal.— Presente.
En atención de las instrucciones del gobernador constitucional, así como de su oficio número DGPL 64-II-8-0119, dirigido al titular del Ejecutivo estatal, a través del cual informa que, en sesión celebrada el 2 de octubre del año en curso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el siguiente punto de acuerdo:
...
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos a garantizar el estado de derecho y tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.
...
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría de Seguridad es la dependencia del Ejecutivo estatal encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, los programas y las acciones en materia de seguridad pública.
En este contexto, la secretaría implanta la estrategia de atención integral de los 28 municipios con mayor incidencia delictiva, en la cual se han emprendido 7 ejes de operación a fin de atender dicha incidencia. Para ello se consideró la formación de células de policía estatal, municipal y fuerzas federales, en algunos casos, a través de la denominada “base de operación mixta”. Además, esta estrategia ha permitido inhibir el delito, mediante acciones de carácter transcendental, entre las que destacan la realización de corredores seguros y un despliegue inteligente, por lo cual es posible prevenir y mitigar los actos de linchamiento.
El director general de Información instruyó a su personal para identificar el contexto social, cultural político y de conflicto de los lugares donde ocurre, y a las personas que lo protagonizan, así como los antecedentes de los linchamientos suscitados, identificando y recopilando los datos generales, como fecha, lugar, número de víctimas, motivos, actores colectivos involucrados, grado de intervención estatal ante el episodio, y presencia o no de disturbios.
Se instruyó a las áreas que forman la Coordinación de Grupos Tácticos y la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte el punto de acuerdo de referencia, a fin de difundirlo entre el personal de esas unidades administrativas.
No omito hacer de su conocimiento que se concientizará a la ciudadanía sobre la cultura de la legalidad para garantizar un estado de derecho, durante las pláticas que se imparten en materia de prevención del delito. Asimismo, se realizarán campañas de difusión en los medios digitales de la Secretaría de Seguridad, y se fortalecerán los canales de comunicación con la sociedad, a través del programa Vigilante Voluntario.
No obstante lo anterior, se instruyó a distintas unidades de esta secretaría a fin de que formulen e implanten las acciones correspondientes para prevenir y detener los actos de linchamiento, y que dicha información sea difundida para que con ello se asegure su pronto y general cumplimiento.
Finalmente, es importante precisar que la Secretaría de Seguridad, en su ámbito competencial, continuará impulsando políticas de prevención y combate de los delitos, contribuyendo con ello a garantizar la seguridad e integridad de los mexiquenses.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Maestra Maribel Cervantes Guerrero (rúbrica), Secretaria de Seguridad.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
INICIATIVAS DE CONGRESOS ESTATALES
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY ADUANERA
La secretaria diputada María Sara Roch Medina: «Congreso de Baja California Sur.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente en el siguiente resolutivo:
Único: El Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo contemplado en el artículo 64, fracciones II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, tiene a bien remitir a la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales y constitucionales procedentes, iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se propone adicionar el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como reformar el artículo 136 de la Ley Aduanera
Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente
La Paz, Baja California Sur, a 9 de octubre de 2018.— Diputada Maricela Pineda García (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»
«Congreso de Baja California Sur.
Proyecto de Decreto
Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se reforma el artículo 136, primer párrafo, de la Ley Aduanera
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 8% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 8% siempre que los bienes y servicios sean, enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%.
Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 30 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora; así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 136 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 136. Para los efectos de esta Ley, se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de treinta kilómetros hacia el interior del país.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2019, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sala de comisiones del Poder Legislativo del estado, en la Paz, Baja California Sur, a los 27 días del mes de septiembre del año 2018.— Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, Diputados: Milena Paola Quiroga Romero, presidenta; Esteban Ojeda Ramírez, Ramiro Ruiz Flores, secretarios (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Congreso de Chihuahua.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia de la iniciativa ante el Congreso de la Unión número LXVI/INICU/0001/2018 I P.O., por medio del cual el honorable Congreso del Estado de Chihuahua, propone reformar los artículos 87 y 108, fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, me permito informarle que el dictamen que da origen a lo anterior, se encuentra para su consulta en la página oficial del honorable Congreso del Estado: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/8 309.pdf
Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Chihuahua, Chihuahua, a 10 de octubre de 2018.— Diputado Misael Máynez Cano (rúbrica), en funciones de presidente del honorable Congreso del Estado.»
«Congreso de Chihuahua.
La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional, tiene a bien emitir la siguiente resolución con carácter de
Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión
Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, tiene a bien enviar ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto para reformar los artículos 87 y 108, fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo Único. Se reforman los artículos 87 y 108, fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados en los siguientes términos:
Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, así como los ayuntamientos a los que se les encomiende la elaboración o aprobación de su iniciativa o proyecto.
...
Artículo 108. ...
I. y II. ...
III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Tratándose de leyes de ingresos municipales o tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, el quejoso deberá señalar al ayuntamiento al que la ley le otorgue atribución para elaborar y aprobar la iniciativa o proyecto correspondiente;
IV. a VIII. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. De conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia de la presente resolución al honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.— Diputados: Misael Máynez Cano, en funciones de presidente; Janet Francis Mendoza Berber, Carmen Rocío González Alonso, secretarias (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Iniciamos el capítulo de iniciativas, para que después de que sea ampliamente consultado por ustedes, pasemos al otro, que es el de Cuenta Pública. El análisis que merece la consideración detenida de esta asamblea.
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
LEY GENERAL DE SALUD
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en tratamiento de reconstrucción mamaria.
La diputada Rocío Barrera Badillo:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México el cáncer de mama se ha convertido en uno de los desafíos más importantes para la salud de la mujer.
Se calcula que una de cada ocho mujeres padecerá este mal, y diariamente están muriendo quince mujeres a causa del cáncer. Lo que más indigna es que en los últimos 20 años los fallecimientos han aumentado en nuestro país, mientras que en Europa y Estados Unidos han disminuido dramáticamente.
De acuerdo con las estadísticas internacionales, si el cáncer se diagnóstica en las dos primeras etapas, se tiene una probabilidad de un 88 y 95 por ciento de sobrevivir, pero lamentablemente en México, el 90 por ciento de los casos son detectados en las etapas 3 y 4, en donde la probabilidad de superar esta terrible enfermedad oscila entre el 7 el 36 por ciento.
Esta es una tragedia desde el ángulo que se le vea y en la que el gobierno también le ha fallado a la sociedad mexicana, pese a que nuestra nación es uno de los pocos países que ofrece protección financiera universal para el tratamiento, no sirve de nada si no hay una verdadera política pública que detecte oportunamente esta enfermedad.
En eso también falló el gobierno. En seis años no fue capaz de llegar a todos los niveles de educación y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la prevención, por lo que de manera indirecta es responsabilidad de una tragedia que les ha arrebatado a miles de familias sus madres, hijas, hermanas y abuelas.
El Grupo Parlamentario de Morena va a cambiar radicalmente esta situación, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y a partir del primero de diciembre vamos a trabajar una estrategia integral que sensibilice verdaderamente a la población mexicana, para que al cierre del sexenio estemos orgullosos de haber reducido significativamente los tantos casos que le duelen y afectan a familias mexicanas.
Por múltiples razones, las mujeres no tienen el hábito de la autoexploración ni de visitar con frecuencia los centros de salud para realizarse una mastografía, y esa realidad la vamos a cambiar en los siguientes años.
Sumado a lo anterior y como objetivo principal de esta iniciativa, es ofrecer todo el apoyo necesario a las mujeres que han logrado vencer esta enfermedad, que desafortunadamente suelen enfrentar secuelas físicas y psicológicas, porque al mirarse al espejo se ven incompletas y eso invariablemente altera su vida en forma determinante, principalmente en lo relativo a la autoestima y la inseguridad para retomar su vida cotidiana.
Que la mujer goce de una vida plena es lo más importante y por esta razón propongo reformar la Ley General de Salud, en sus artículos 3, 13, 27, 33 y 194 Bis, para que el sistema de salud realice en forma gratuita la reconstrucción mamaria de todas aquellas mujeres que han sido sometidas a una mastectomía.
Esto jamás debe ser visto como una intervención estética, que solo atiende caprichos visuales, sino como la piedra angular de una rehabilitación integral y la contribución más importante de este Poder Legislativo para que todas aquellas mujeres que han vencido el cáncer.
Dicho todo lo anterior, exhortamos a todas y a todos mis compañeros legisladores de esta Cámara de Diputados, a que seamos solidarios con la desgracia y tragedia que tienen que enfrentar miles de mujeres en nuestro país.
Como representantes de la sociedad debemos extender un brazo solidario con todas aquellas mujeres que requieren de una operación, para que al mirarse al espejo reconozcan a la mujer que antes eran, y llenas de alegría y de vitalidad sigan adelante con todos sus proyectos. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de tratamiento de reconstrucción mamaria, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal Rocío Barrera Badillo, integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del inciso a) del artículo 13 y el artículo 194 Bis; y se adicionan una fracción XVI Ter al artículo 3o.; una fracción XII al artículo 27 y una fracción V al artículo 33, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conmemorado el 19 de octubre, debemos tener presente que esta enfermedad se presenta en 3 de cada 10 personas en el mundo y según la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de muerte por tumores malignos en las mujeres y el más diagnosticado en América Latina, con más de 40 mil al año y más de 92 mil muertes a consecuencia de este padecimiento.
Esta organización advierte que, si las tendencias actuales continúan, para el año 2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 46 por ciento y lo que más preocupa es que la mayor frecuencia de muertes se registra en países de bajos ingresos, ya que la detección se realiza en etapas muy avanzadas de este padecimiento.
En México, el cáncer de mama se ha vuelto uno de los desafíos más importantes para la salud de la mujer, se calcula que 1 de cada 8 mujeres padecerá este mal y diariamente mueren 15 mujeres por esta enfermedad. A este respecto la Secretaría de Salud dio a conocer que cada año se reportan 6 mil muertes por cáncer de mama en México y se diagnostican más de 23 mil casos nuevos, es decir, 60 nuevos casos al día.
El éxito del tratamiento contra el cáncer depende de la etapa en la que se encuentre al ser diagnosticado. En la etapa casi inicial hay 95 por ciento de probabilidad de supervivencia; en la etapa I, del 88 por ciento; en la II, del 66 por ciento; en la III, del 36 por ciento y en la IV, del 7 por ciento de supervivencia.
En México el 90 por ciento de los casos son detectados en las etapas III y IV
Por su parte el Instituto Nacional de Cancerología de México ha señalado que mientras en Europa los tumores son detectados cuando apenas miden un centímetro, en Latinoamérica se detectan cuando ya miden un promedio de seis centímetros y en México el problema se agudiza por la falta de personal médico, ya que actualmente se tiene registro de entre 2,500 y 3 mil especialistas en oncología, entre cirujanos, oncólogos médicos, radio oncólogos, oncólogos pediatras y ginecólogos oncólogos, lo que representa una cifra insuficiente para atender a una población que supera los 120 millones de personas, de los cuales 40 millones son adultos.
Tomando en cuenta lo anterior y sumado a que las mujeres no tienen el hábito de la autoexploración, ni la visita frecuente a los centros de salud, en México sólo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama son detectados en la etapa inicial. Por consiguiente, el dato que más sorprende y que representan el reto más urgente para el nuevo gobierno es que en la actualidad más del 60 por ciento de las pacientes llegan al diagnóstico inicial en etapas avanzadas, lo que confirma que se han hecho mal las cosas en materia de información y prevención.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país, por entidad federativa, se observan grandes diferencias en la distribución de las mastografías realizadas por las instituciones de salud pública. Datos de 2014 reportaban que había 700 mastógrafos en instituciones públicas de salud, 6 por ciento corresponde a unidades móviles. Respecto del total de estudios de mastografía realizados por las instituciones públicas, los mayores porcentajes se observaron en la CDMX (29 por ciento), Veracruz (6.7 por ciento) y Nuevo León (6.3 por ciento).
Por entidad federativa, durante 2015 los estados con el mayor número de casos nuevos de tumores malignos de mama fueronCampeche (119.00 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más),Aguascalientes (53.91 de cada 100 mil) yJalisco (50.26 de cada 100 mil).
Las tasas más altas de morbilidad hospitalaria de mujeres por cáncer de mama, las presentan las de 60 a 64 años (212.51 casos por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad), seguidas por las mujeres de 65 a 74 años de edad (183.03) y las de 50 a 59 años con 172.81 egresos hospitalarios.
En nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, se deben contemplar tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años.
Como ya se ha dicho anteriormente, las mujeres generalmente posponen la visita al médico, excusando la existencia de otras prioridades en su vida cotidiana, como la crianza de los hijos, la atención a la pareja, la familia, el trabajo o una combinación de esos factores. También la capacidad económica y la condición de aseguramiento, determinan en gran medida la búsqueda, acceso y utilización de los servicios de atención por parte de las mujeres con cáncer de mama.
Ante ello, el Estado y la sociedad mexicana debemos unirnos y redoblar esfuerzos para revertir esta situación. Necesitamos invertir y fortalecer los programas de prevención y atención especializada de salud y de educación para incrementar el acceso oportuno a la detección, al diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado.
El cáncer de mama es fácil de detectar, diagnosticar y prevenir. La prevención es la herramienta más importante en la lucha contra el cáncer de mama; sin embargo, la falta de información adecuada y la carencia de un enfoque de género en la elaboración de políticas públicas en materia de salud, contribuye a que un sector de la población en situación de vulnerabilidad enfrente esta enfermedad en la intimidad de su hogar y que cuando busca ayuda sea demasiado tarde.
Por otra parte, las mujeres que logran vencer a esta enfermedad, suelen enfrentar secuelas físicas y psicológicas que pueden alterar su vida en forma determinante, principalmente en lo relativo a la autoestima y la inseguridad para retomar su vida cotidiana.
El impacto emocional y físico que enfrentan las mujeres con cáncer de mama puede ser abrumador o representar un castigo que le pondrá fin a sus vidas. Por una parte, está el miedo de enfrentar el cáncer y por la otra, la pérdida física de uno o de los dos senos si la mastectomía es necesaria en su tratamiento. Una operación de esta envergadura es capaz de alterar los proyectos de cualquier mujer, sus vínculos afectivos y su femineidad. La aparición de un nódulo maligno en la mama de la mujer constituye un impacto psíquico capaz de desestructurar su equilibrio anímico y afectivo.
Por tal razón, la multiplicidad de factores que intervienen en el tratamiento de esta enfermedad, el dolor físico, hasta concluir las etapas del llamado duelo oncológico, hacen necesaria una intervención interdisciplinaria para poder acompañar a la paciente en este difícil proceso, ya que la mama es un importante signo de vitalidad, fortaleza, reproducción y belleza.
De ahí que la reconstrucción mamaria, no debe ser vista como una intervención estética que sólo atiende caprichos visuales, sino debe ser considerada piedra angular de la rehabilitación de las mujeres que enfrentan la más monstruosa de las enfermedades.
En el Poder Legislativo nadie está exento de padecer esta enfermedad y aunque tengamos conciencia de los beneficios de la autoexploración y de la visita frecuente a nuestros centros de salud, allá afuera hay miles de mujeres que por vergüenza, ignorancia o falta de información, mueren todos los días sin que la ciencia pueda hacer algo por ellas y aquellas que logran salir delante de este terrible proceso, tienen que enfrentar una dificultad aún mayor, enfrentan la recuperación sin el apoyo del Estado.
Vale la pena señalar que este tipo de operaciones tienen un costo que oscila entre los 500 mil y un millón de pesos, por esa razón, se vuelve fundamental la intervención del Poder Legislativo en este tema y desde la máxima tribuna de la nación, exhorto a todas y todos mis compañeros legisladores a que esta Cámara de Diputados se convierta en un brazo solidario de todas aquellas mujeres que son candidatas a la reconstrucción mamaria y traducir esta iniciativa en el reconocimiento nacional de que el tratamiento contra el cáncer concluye cuando las mujeres se miran al espejo y reconocen a la mujer que eran antes, llenas de alegría, de vitalidad y de mil proyectos por emprender.
En función de lo anterior, debemos precisar en la ley de Salud que la reconstrucción mamaria será un derecho de toda paciente que va a ser sometida a una mastectomía ya sea en forma inmediata o diferida, cuyos beneficios son los siguientes:
• Recuperación emocional.
• Previene dolores musculares causados por el desequilibrio debido a la falta de un seno.
• Reintegración Biopsicosocial de la Mujer con Cáncer Mamario.
• Menor formación de fibrosis y retracción cicatrizal.
• Menor incidencia de linfedema.
Tomando en cuenta que el artículo 4to de nuestra constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de todos ustedes diversas modificaciones a la Ley General de Salud para incluir el derecho de la cirugía reparadora o reconstructiva, como un derecho de las mujeres y garantizando la gratuidad de este procedimiento.
Para una mayor comprensión de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción II del Inciso A del Artículo 13 y el artículo 194 Bis; y se adicionan una fracción XVI Ter al artículo 3o.; una fracción XII al artículo 27 y una fracción V al artículo 33, todos de la Ley General de Salud
Ley General de Salud
Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
I. a XVI Bis. ...
XVI Ter. El tratamiento de reconstrucción mamaria;
XVII a XXVIII. ...
Artículo 13. ...
A. ...
I. ...
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XVI Ter, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;
III. a X. ...
B. ...
C. ...
Artículo 27. ...
I. y IX. ...
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas ;
XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica , y
XII. El tratamiento de reconstrucción mamaria, incluyendo la prótesis necesaria respecto de su salud y atención psicológica en forma oportuna.
Artículo 33. Las actividades de atención médica son:
I. y II. ...
III.De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad ;
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario , y
V. Reconstructivas, que incluyen procedimientos médicos de especialidad posterior a una mastectomía.
Artículo 194 Bis. Para los efectos de esta ley se consideran insumos para la salud: Los medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, implantes o prótesis mamarias, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, éstos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud contara con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente reforma, a fin de que haga las adecuaciones reglamentarias, presupuestales a las que haya lugar.
Notas
1 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article &id=5041:2011-breast-cancer&Itemid=3639&lang=es
2 https://www.cdn.com.do/2018/10/07/mas-92-mil-muertes-cancer-mama-america- latina-segun-oms-ops/
3 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/veamos-al-cancer-de-mama-con-los- ojos-de-la-disrupcion/
4 https://www.excelsior.com.mx/opinion/carolina-gomez-vinales/octubre-rosa/ 1271355
5 https://www.elsoldetoluca.com.mx/doble-via/salud/hay-deficit-de-oncologos- en-mexico-sociedad-mexicana-de-oncologia-1730998.html
6 http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/combinar-terapias-reduce- reaparicion-de-cancer-de-mama
7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157 &fecha=09/06/2011
8 Mastectomía: operación quirúrgica que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o de una parte de ella.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Rocío Barrera Badillo,Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, María Beatriz López Chávez, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Martha Robles Ortiz, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Sergio Mayer Breton, Sergio Pérez Hernández (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Éctor Jaime Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal para la Protección a Personas. –Para adhesión, por favor.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hace 835 días, para ser explícito el 18 de julio de 2016, México amaneció con publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba, entre otros, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal.
A esa distancia seguimos con un diagnóstico muy claro que se ha vertido aquí innumerables ocasiones: La corrupción sigue galopante y no se dice mucho de todo lo que la gente supone.
Quiero darles otro hecho de diagnóstico, en México estamos 4.2 millones de servidores públicos. Si la corrupción es tan galopante como pensamos, ¿cómo es posible que 4.2 millones de mexicanos, servidores públicos, más los que privadamente trabajan con ellos o tienen que interactuar con ellos, no se den cuenta que hay actos de corrupción, desde una simple falta administrativa hasta una falta administrativa que puede ser grave?
La ley que fue promulgada hace 835 días no prevé cómo proteger para estimular que esos 4.2 millones de servidores públicos puedan alertarnos de que alguien le está metiendo la mano a la canasta, de que alguien no está haciendo bien las cosas, de que alguien está llevándose a su bolsillo temas del erario, de que alguien está recibiendo moches.
Lo que proponemos los legisladores del Partido Acción Nacional con esta iniciativa es modificar la figura que se cita ahí como denunciante y llamarla alertadores, e insertarle a esta ley un capítulo específico de protección al alertador. Con esto lo que pretenderíamos entre las medidas, por ejemplo, ¿qué medidas de protección tendría alguien que denunciara un hecho, que se diera cuenta con sus colaboradores, con sus jefes, con quien le recibe el trámite administrativo?
Primero, la asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia. Segundo, la reserva de su identidad, cuando así se solicite. La protección de sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de su denuncia, cuando sea un funcionario público. La asistencia legal, para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público.
A las personas morales que participen en un procedimiento de contratación y denuncien una falta administrativa, no se podrá perjudicar su participación en el proceso de contratación en el que participan, tampoco puede perjudicárseles en futuros procesos en los que participan. Así de simple, así de claro es.
Esta es la oportunidad de que, insertando un capítulo a esta ley, podamos estimular, poner a la vista de todos si realmente lo queremos hacer, si realmente queremos tener voluntad, que un servidor público pueda denunciar un acto de corrupción como aquí se dice, como aquí hemos dicho hasta el cansancio que estamos convencidos y entonces aprobémoslo.
Señor presidente, le pido de favor que la iniciativa quede inserta en el Diario de los Debates tal y cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, esperando esta decisión a favor de México, les agradezco su atención. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, y Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa iniciativa que sometemos a la consideración de esta asamblea tiene por objeto regular uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, que consiste en proteger a aquellos servidores públicos que alerten o denuncien la comisión de una conducta que pudiera ser constitutiva de responsabilidad administrativa.
En esta ocasión, retomamos la Iniciativa presentada en la legislatura pasada por la entonces diputada Cecilia Romero del GPPAN, y respecto de la cual, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción emitió Dictamen a favor, sin que éste haya sido aprobado por el Pleno de la misma.
Durante los últimos años en nuestro país se ha avanzado en el fortalecimiento del marco jurídico aplicable a la Administración Pública en el ámbito de atención al ciudadano, y por ende, a regular de una manera más eficiente y eficaz la actuación de los servidores públicos, tanto de los encargados de atender directamente las solicitudes de la población, como de aquellos que toman decisiones que guiarán las acciones de todas las dependencias que integran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los Organismos Constitucionales Autónomos, y demás entidades que prestan servicios públicos.
A pesar de la aprobación de la reforma constitucional para combatir la corrupción, que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la expedición del marco jurídico secundario, no se puede decir que los trabajos han terminado. Este esfuerzo debe ser permanente para detectar las áreas de oportunidad.
Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hace necesario fortalecer los procedimientos para la tramitación y resolución de las responsabilidades administrativas, como para fortalecer la denuncia de dichos actos.
No basta que el ciudadano que se ve afectado por una mala conducta del servidor público denuncie el hecho; es necesario propiciar la denuncia de faltas administrativas por el que tenga conocimiento de hechos que pueden constituir una falta, ya sea grave o no, otorgándole la protección necesaria que impida que se vean vulnerados sus derechos laborales y su integridad personal.
Este tema trató de ser regulado tiempo atrás; en 2010 el titular del Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores una iniciativa que reformaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a través de la cual se pretendía establecer los requisitos mínimos las denuncias o quejas, su presentación anónima, integrar como obligaciones de los servidores públicos abstenerse de inhibir a denunciantes y establecer recompensas a personas que aportaran información. Sin embargo, la propuesta no concluyó con el procedimiento legislativo correspondiente.
Por otro lado, la recién creada Ley General de Responsabilidades Administrativas, consideró de manera general la protección a las personas que denuncian alguna falta administrativa, estableciendo las siguientes disposiciones:
• Artículo 22.- Obligación de las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, de incluir dentro de sus controles internos medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a sus socios, directivos y empleados sobre el cumplimiento del programa de integridad y que incorporen herramientas de denuncia y de protección a denunciantes.
• Artículo 64.- Los servidores públicos responsables de investigación, substanciación y resolución de Faltas Administrativas, incurrirán en obstrucción de justicia, cuando simulen conductas no graves, no inicien procedimiento que corresponda durante los 30 días posteriores a que tengan conocimiento de la conducta de corrupción o cuando revelen identidad de un denunciante anónimoprotegido bajo los preceptos establecidos en la ley.
Como se observa, las disposiciones señaladas son por demás ambiguas al no señalar en qué consisten las herramientas de protección a denunciantes, ni lo debe entenderse por medidas de protección razonables, tampoco señala la manera en que éstas se proporcionarán.
Nuestro país ha suscrito diversos tratados Internacionales en materia de combate a la corrupción, como son:
• Convención Interamericana Contra la Corrupción, firmada por México el 26 de marzo de 1996 y ratificada por la Cámara de Senadores el 2 de junio de 1997. En este instrumento se establece la obligación de los Estados parte a emprender acciones jurídicas y políticas públicas tendientes a crear y fortalecer mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción.
• Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), firmada por México el 21 de noviembre de 1997 y ratificada por la Cámara de Senadores el 27 de mayo de 1999. En este instrumento se establece la obligación de los Estados parte de implementar mecanismos para evitar la corrupción en transacciones comerciales internacionales.
• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2004. En este instrumento se establece la obligación de los Estados parte de brindar en conjunto asistencia legal para perseguir casos de corrupción transnacional.
En el mismo contexto internacional, desde el año 2011, en el marco de las evaluaciones periódicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la implementación de la Convención Anti-Cohecho, se recomendó a México establecer una normatividad específica para la protección a denunciantes de corrupción, en los siguientes términos:
“ 3. With respect to the reporting of transnational bribery to the appropriate authorities, the Working Group recommends that Mexico:
Welcoming the consensus existing between the business sector, public officials and civil society, consider the adoption of general whistleblower protection sufficient to protect employees from dismissal or other forms of retaliation in respect of the reporting of foreign bribery”.
Recientemente en septiembre del 2016, al dar respuesta al “Informe relativo al seguimiento de la implementación en México de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la segunda ronda, así como con respecto a las disposiciones de la convención seleccionadas para la quinta ronda”, realizado por el Comité de expertos del Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, nuestro país ha informado sobre los avances a su obligación de establecer mecanismos de protección a denunciantes de actos de corrupción, haciendo referencia al Programa y al Centro Federales de Protección a Personas, establecidos de conformidad con la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal de junio de 2012, así como a las disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en julio de 2016.
Derivado de dicho informe se establece que, pese al desarrollo normativo que ha tenido el combate a la corrupción en los últimos años, el Comité de expertos recomienda la realización de una serie de acciones en la materia, las cuales se señalan íntegramente dada su importancia:
[294] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 2.1 y 2.2 del capítulo II de este informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:
2.3.1 Considerar adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la CPEUM y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).
2.3.2 Desarrollar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial o administrativa. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).
2.3.3 Desarrollar medidas de protección orientadas a proteger la integridad física del denunciante de actos de corrupción y su familia, al igual que de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción denunciados puedan involucrar al superior jerárquico y/o compañeros de trabajo. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).
2.3.4 Desarrollar solicitudes de protección de denunciantes de actos de corrupción simplificadas. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).
2.3.5 Desarrollar medidas adicionales para la protección de testigos, peritos y víctimas, que otorguen a éstos las mismas garantías previstas para los denunciantes de actos de corrupción. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).
2.3.6 Desarrollar mecanismos que faciliten la cooperación internacional en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, cuando sea pertinente. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).
2.3.7 Dotar al Centro Federal de Protección a Personas, dentro de los recursos disponibles, con la infraestructura física necesaria para llevar a cabo las funciones que en términos de la LFPPIPP le competen, principalmente aquellas que podrían relacionarse con la protección a denunciantes de actos de corrupción. (Véase párrafo 287 en la sección 2.2.1, literal b), del capítulo II de este informe).
2.3.8 Diseñar e implementar mecanismos que permitan realizar evaluaciones integrales periódicas para valorar la utilización y efectividad del Programa Federal de Protección a Personas establecido en dicha normativa, principalmente en los procedimientos penales que involucren actos de corrupción y, con base en sus resultados, si corresponde, se definan y adopten las medidas que se estimen pertinentes para asegurar la eficiencia del mismo. (Véase párrafo 293 en la sección 2.2.3 del capítulo II de este informe).
Como se observa, nuestro país aún tiene la obligación de implementar nuevos mecanismos para responder a las recomendaciones que ha realizado el Comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Ahora bien, en el rubro de derecho comparado, encontramos que en países como Perú y Chile ya se contemplan medidas enfocadas a proteger la permanencia laboral de aquellas personas que denuncien alguna falta administrativa o acto de corrupción.
En Chile, en la Ley 18.834 Sobre Estatuto Administrativo se establecen derechos para aquellos funcionarios que denuncien ante el Ministerio Público o ante la policía crímenes o simples delitos, o ante la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente los que contravienen el principio de probidad administrativa, cuyas conductas se encuentran previstas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley Nº 18.575)
En el caso de Perú, la regulación normativa se establece en el “Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe”, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal.
Este Decreto Legislativo tiene por finalidad fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la Administración Pública pueda denunciarlo, estableciendo, además, como competencia de la máxima autoridad administrativa de la entidad de que se trate, la imposición de medidas de protección al denunciante.
Por otra parte, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que “La protección de las personas que denuncian actos de corrupción aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Las personas que denuncian actos de corrupción pueden garantizar el acceso a la información mucho antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los ciudadanos. De hecho, los datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información.”
En el año 2013 la OEA emitió una “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” para ayudar a los Estados a que desarrollen legislaciones que les permitan la correcta implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, desarrollando específicamente sistemas de protección para los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien actos de corrupción.
En dicha ley, se regulan incentivos para la denuncia de actos de corrupción, medidas de protección a denunciantes, solicitud y concesión de medidas de protección, medios impugnatorios, responsabilidades por incumplimiento de funciones, entre otras.
Como se observa, esta ley modelo muestra las directrices que deben atenderse para regular la protección de denunciantes de actos de corrupción, por lo cual, sirvió de referencia para la elaboración de la propuesta que aquí se presenta.
Ahora bien, la doctrina existente en materia de protección a denunciantes, contempla como referencia la figura vigente en Estados Unidos conocida como “whistleblowers”, término que, sin tener una traducción exacta, hace referencia a aquella persona que da aviso de algo a la autoridad, que da alerta de la comisión de una conducta indebida, de ahí que también llegue a utilizarse el término “alertador”.
Algunos teóricos del tema, como la maestra Irma Sandoval Ballesteros, ha señalado la necesidad de atacar la corrupción desde arriba y desde adentro, recurriendo a los llamados alertadores, que son aquellas personas que están realmente dispuestas a combatir la corrupción, pero que necesitan garantías laborales y para sus derechos cívicos más básicos.
En el mismo sentido, Carlos Requena ha recalcado la importancia que ha tenido la práctica del whistleblowing en los gobiernos corporativos, ya que mediante ésta “cada miembro de la organización asume el deber de poner en conocimiento de los órganos de auditoría, de vigilancia o de las autoridades, los actos u omisiones ilícitas y los comportamientos presuntamente delictivos cometidos internamente.” Además, hace referencia a los valores que se concretan con la implementación de ésta figura, entre los que se encuentran la honestidad, transparencia, control organizacional, productividad, fidelidad y cultura de la legalidad.
De esta manera, la presente iniciativa busca considerar a lo que actualmente se conoce como “denunciantes” como “alertadores”, en aras de propiciar la cultura de la denuncia en todas las personas que tengan conocimiento de un acto indebido cometido por alguna autoridad, y que teniendo la obligación o no de denunciar el acto, lo hagan, con la tranquilidad de que actuar conforme a su ética no le acarreará ningún tipo de problema.
La forma en que se encuentra diseñado nuestro marco jurídico en el tema de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción, hace necesario que éste se regule, no mediante la expedición de una ley específica, sino más bien, en la legislación vigente que regula los procedimientos de responsabilidad administrativa, principalmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; que regulan los aspectos de carácter administrativo y lo referente a la participación de una persona dentro de un procedimiento penal, respectivamente.
De esta manera, las reformas que se proponen a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se enfocan a propiciar la denuncia de faltas administrativas (graves o no graves) tanto por servidores públicos como por ciudadanos, así como la protección laboral de los servidores públicos que participen como testigos en el procedimiento.
Para ello, se sustituye la definición de “denunciante” por la de “alertador” y se establece la definición de medidas de protección, que deberá proporcionar la autoridad correspondiente para proteger a los alertadores y testigos.
Se crea un nuevo capítulo específico para protección de alertadores en el cual se establece expresamente en qué consistirán las medidas de protección y la autoridad que debe imponerlas de manera inmediata a la presentación de la denuncia, garantizando con ello la protección del servidor público que denuncie, así como para darle certeza de que no será sujeto de ninguna represalia de carácter laboral.
Se propone que, de manera inmediata a la presentación de la denuncia, la autoridad investigadora otorgue las siguientes medidas de protección básicas:
• Asistencia legal para los hechos relacionados con la denuncia.
• La reserva de su identidad, cuando así lo solicite.
• Protección de sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia, cuando se trate de un funcionario público.
• Asistencia legal para interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de denunciantes que no tengan carácter de servidor público.
Para el caso de denuncia a nombre de una persona moral que se encuentre participando en algún proceso de contratación pública, se establece la prohibición de que se perjudique su participación en el mismo o, que se le impongan trabas para evitar su participación en futuros procedimientos.
Adicionalmente y a efecto de motivar que los servidores públicos acudan sin presiones a dar testimonio en un procedimiento de responsabilidad administrativa, se establece de facto la prohibición de que sean cesados, removidos o suspendidos de sus funciones.
Se propone, además, que tratándose de faltas administrativas graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa federal o local, según se trate al momento de recibir el expediente de responsabilidad, podrá imponer adicionalmente medidas extraordinarias de protección laboral y personal, cuando ante la gravedad del hecho denunciado se encuentre en peligro la seguridad personal del alertador, pudiendo ser:
• Traslado de área administrativa dentro de la dependencia,
• Traslado de centro de trabajo,
• Suspensión con goce de sueldo,
• Otras que considere la autoridad.
Por lo que se refiere a la duración de las medidas de protección, se establece que estas iniciarán con la denuncia de los hechos y hasta que finalice el procedimiento de responsabilidad administrativa, previendo que pueda extenderse su duración en caso de que la autoridad considere que se mantienen las circunstancias de vulnerabilidad del alertador.
A efecto de desincentivar la denuncia de mala fe, se establece multa económica a aquellos que denuncien un hecho a sabiendas de que es falso. Además, se incluyen algunas obligaciones de las personas sujetas a protección, para que éstas puedan cumplir con su finalidad.
A efecto de guardar un vínculo de protección para investigaciones administrativas de las que se desprenda una responsabilidad penal, se propone que las medidas de protección sigan aplicándose, para lo cual se deberá dar cuenta a la autoridad respectiva para que se inicien los procedimientos pertinentes, debiéndose mantener las máximas garantías que impidan difundir la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del alertador o del testigo del hecho. Para tal efecto serán aplicables las medidas previstas en las leyes penales correspondientes, específicamente lo previsto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
Como se sabe, este último es el ordenamiento específico en el cual se establecen las bases de protección de las personas que intervienen en un proceso penal y cuya integridad se encuentra en riesgo. De ahí que en la presente iniciativa se presenten propuestas enfocadas a prever la protección de las condiciones laborales de la persona. Además, se establece que se incorpore directamente al Programa de protección de testigos, a las personas protegidas en un proceso administrativo del cual derive algún procedimiento penal, cuando se prevea su participación en el mismo, en calidad de testigo.
Las propuestas de reforma que se presentan en esta iniciativa, tienen el objetivo fundamental de complementar el diseño de las instituciones y la normativa vigente para el combate a la corrupción, por lo que, al ser prevista esta protección en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá ser observada por las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno.
Además, esta propuesta se enmarca en un contexto en el que nuestro país es cada vez peor evaluado en materia de corrupción de acuerdo con las cifras del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 emitido por Transparencia Internacional las cuales colocaron a México en el lugar 123 de los 176 países que son evaluados y resultó además ser el país más corrupto entre los pertenecientes a la OCDE.
Dicha situación no ha cambiado, toda vez que, bajo la misma medición, en el 2017 se dieron datos que ubicaron a nuestro país en el lugar 135 de 180 países evaluados empeorando su calificación por un punto, pasando de 30 a 29, siendo, además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).”
Derivado de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa:
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en materia de protección de alertadores de faltas administrativas
Primero. Se reforman el artículo 22, la fracción III y el último párrafo del artículo 64, el último párrafo del artículo 100, el último párrafo del artículo 101, el artículo 102, el artículo 108, la fracción IV del artículo 116, la fracción XI del artículo 208, la fracción V del artículo 209; y se adicionanuna nueva fracción I recorriéndose en su orden las actuales I a IX, y una nueva fracción XX recorriéndose en su orden las actuales XX a XXVII, todas del artículo 3, se adiciona el Capítulo I Bis. al Título Primero del Libro Segundo, con los artículos 93 Bis, 93 Ter, 93 Quater, 93 Quintus, 93 Sextus, 93 Septimus. Se adiciona una fracción IX recorriéndose la subsecuente en el artículo 194, y un último párrafo al artículo 209, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. Alertador. La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de esta Ley;
II. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación;
III. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas;
IV. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;
V. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente;
VI. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción;
VII. Conflicto de interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;
VIII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IX. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley;
X. ...
XI. ...
XII. ...
XIII. ...
XIV. ...
XV. ...
XVI. ...
XVII. ...
XVIII. ...
XIX. ...
XX. Medidas de Protección. Conjunto de acciones dispuestas por la autoridad competente orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los alertadores y testigos de faltas administrativas,
XXI. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas;
XXII. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos;
XXIII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos previstos en la presente Ley;
XXIV. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal;
XXV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas;
XXVI. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXVII. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y
XXVIII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas.
Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a alertadores y testigos, conforme a las bases previstas en la presente ley.
Artículo 64. ...
I. a II. ...
III. Revelen la identidad de un alertador anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta Ley.
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección previstas en esta ley.
Artículo 65 a 93. ...
Capítulo I BisArtículo 93 Bis. La autoridad investigadora, al recibir la denuncia, dictará al alertador las medidas de protección básicas previstas en esta ley de manera inmediata.
Las medidas de protección seguirán aplicándose cuando de la investigación de los hechos se desprenda la posible comisión de un delito. En tal caso, se deberá dar cuenta del mismo a la autoridad respectiva para que se inicien los procedimientos pertinentes, debiéndose mantener las máximas garantías que impidan difundir la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del alertador del hecho. Para tal efecto serán aplicables las medidas previstas en las leyes penales correspondientes.
Artículo 93 Ter. Todos los alertadores de faltas administrativas, contarán con las siguientes medidas de protección básicas:
I. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia.
II. La reserva de su identidad, cuando así lo solicite.
III. Protección de sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia, cuando sea funcionario público.
IV. Asistencia legal para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público.
A las personas morales que participen en un procedimiento de contratación y denuncien una falta administrativa, no se podrá perjudicar su participación en el proceso de contratación en el que participan o su posición en la relación contractual establecida con la entidad. Tampoco puede perjudicárseles en futuros procesos en los que participen.
Los servidores públicos que sean llamados como testigos en el procedimiento, gozarán de la medida de protección prevista en la fracción III del presente artículo.
Artículo 93 Quater. Adicionalmente, y a criterio del Tribunal competente, se podrán otorgar nuevas medidas de protección a los alertadores de faltas administrativas graves –con carácter de excepcionalidad- siempre que se considere el peligro o vulnerabilidad real o potencial de sus derechos a la integridad personal y la de sus bienes o sus condicionales laborales. Estas son:
I. Traslado de área administrativa dentro de la dependencia,
II. Traslado de centro de trabajo según sea el caso,
III. Licencia con goce de sueldo.
IV. Otras que considere la autoridad.
Artículo 93 Quintus. La autoridad otorgante de las medidas de protección a los alertadores, una vez finalizado el proceso administrativo e impuestas las sanciones del caso podrá, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro, extender la continuación de las medidas de protección.
Artículo 93 Sextus. A la persona que realice una denuncia a sabiendas que los actos no se han cometido, se le aplicará multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil y penal a que hubiese lugar.
Al momento de comprobarse la falsedad de la denuncia, la autoridad correspondiente dará por terminada la aplicación de las medidas de protección que se hubieren otorgado al alertador.
Artículo 93 Septimus. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiaria de protección están referidas a garantizar la buena marcha del proceso de responsabilidad administrativa y a mantener las debidas condiciones para el sostenimiento de las medidas de protección.
Son obligaciones del alertador:
1. Acudir a las diligencias a las que sea citado.
2. Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas de protección, asegurando su propia integridad y seguridad.
3. Guardar confidencialidad de la información a la que tenga acceso.
4. Otras medidas a consideración de la autoridad competente.
Artículo 100. ...
...
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los alertadores cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.
Artículo 101. ...
I. ...
II. ...
La autoridad investigadora o el alertador, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.
Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al alertador, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa.
La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el alertador, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto.
Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación que conste en el expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que , en caso de existir,aporten el alertador o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno.
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el alertador.
Artículo 194. ...
I a VII. ...
VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso ,
IX. El informe de las medidas de protección a alertadores que se hayan dictado, y
X. Firma autógrafa de Autoridad investigadora.
Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:
I. a X. ...
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los alertadores únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Artículo 209. ...
...
I a IV. ...
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los alertadores únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.
El Tribunal, al momento de recibir el expediente, deberá pronunciarse sobre la aplicación de medidas de protección excepcionales a los alertadores, considerando la gravedad del asunto.
Segundo. Se adiciona un inciso e) a la fracción I y una nueva fracción X recorriéndose la subsecuente del artículo 18, y un último párrafo al artículo 20, todos de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:
Artículo 18. ...
I. ...
a) a d) ...
e) Laboral.
II. a IX. ...
X. Protección de las condiciones laborales de la persona, no pudiendo ser cesada, despedida o removida de su cargo a consecuencia de su participación en el procedimiento penal.
XI. Implementar cualquier otra medida de seguridad que de conformidad con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar con la finalidad de proteger la vida y/o la integridad física de la persona.
...
...
Artículo 20. ...
...
...
Tratándose de la investigación de delitos por hechos de corrupción, las personas a las que se les hayan otorgado medidas de protección en un procedimiento de responsabilidad administrativa, serán incorporadas directamente al Programa.
Artículos TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Las entidades federativas deberán realizar las modificaciones necesarias a su marco jurídico en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto, a efecto de cumplir con lo aquí previsto.
Notas
1 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Mexico. October 2011. Página 42. Consultado el 20 de febrero de 2017.
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Mexicophase3reportEN.pdf
2 México. Informe Final (aprobado en la sesión plenaria del 15 de septiembre de 2016). Consultado el 17 de febrero de 2017.
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_inf_mex_sp.pdf
3 Ley 18.834 Sobre Estatuto Administrativo.
http://www.sii.cl/transparencia/ley18834del2005.pdf
4 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29967
5 Decreto legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. Consultado el 24 de febrero de 2017.
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que- establece-medidas-de-proteccion-para-decreto-legislativo-n-1327-1471010-6/
6 Devine Thomas, Henderson Keith, Vaughn Robert, Ley Modelo Protección de personas que denuncian actos de corrupción.
http://www.oas.org/juridico/spanish/ley_modelo_protec_denun.htm
7 Testigos Sociales, la simulación. Revista Contralínea. 1 de noviembre de 2008.
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/ 2008/11/01/testigos-sociales-la-simulacion/
8 Revista Forbes. 24 de noviembre de 2015.
https://www.forbes.com.mx/whistleblowing-uso-o-abuso-de-controles- empresariales/#gs.ShI=JrU
9 Cae de nuevo México en Índice Global de Corrupción: Transparencia Mexicana. Disponible en
https://www.tm.org.mx/ipc2017/
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Éctor Jaime Ramírez Barba, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, para dictamen e insértese en el Diario.
LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
El diputado Ernesto Vargas Contreras:Buenos días. Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeros diputados y compañeras diputadas, hago uso de esta máxima tribuna el día de hoy porque quiero proponerles a todos ustedes un negocio, quiero proponerles un negocio en el que todos vamos a salir ganando.
Es un negocio que beneficiaría desde al mexicano más pobre hasta el empresario más rico de este país y de cualquier otro país.
Es un negocio en donde ya tenemos instalaciones, ya estamos capacitados y además es un negocio en el que todos estamos, como mexicanos, sumamente orgullosos.
Para hacerlo más interesante, este negocio no puede ser copiado por ningún otro país, no hay problema con abasto ni con el inventario y lo tenemos en todos los rincones de nuestro amado México.
A este negocio hoy apenas le hemos invertido y ya ha generado grandísimas oportunidades. Si le invertimos un poquito más, yo estoy convencido que podremos potenciar a nuestro país.
Insisto, es un negocio legal. No voy a señalar errores cometidos por administraciones pasadas. Yo estoy frente a todos ustedes porque estoy convencido que queremos lograr todos nosotros un cambio y que tenemos la responsabilidad histórica de generar ingresos a nuestro país. Y en este caso, lo podemos hacer en algo que somos muy ricos, somos sumamente ricos, compañeros.
Les quiero proponer que invirtamos en el gran negocio que siempre ha tenido México en sus manos y que nadie se ha atrevido a generar una inversión verdaderamente interesante.
Por supuesto que estoy hablando de la cultura de nuestro país. La cultura vista no solo como una fuente de riqueza interior en los seres humanos sino como una fuente de negocio que podemos impulsar talentos, zonas turísticas culturales, nuevos espectáculos, nuevas oportunidades de negocio para restauranteros, hoteleros, medios de transporte y miles, quizá millones de empleos directos e indirectos.
Nuestros artistas han tenido que emigrar sus exposiciones a distintos países del mundo, generando negocios millonarios que hemos exiliado de nuestro país por una ceguera comercial y cultural que no podemos seguir permitiendo.
No se trata de dar pequeños apoyos a nuestros artistas, se trata de ver en la cultura mexicana una catapulta de artistas, ingresos, escuelas, turismo, orgullo nacional, divisas, fuentes de empleo y el puesto que nuestro país, el lugar que nuestro país debería tener en la comunidad internacional.
Podemos vivir de las memorias de nuestros grandes artistas mexicanos, por supuesto, o de las culturas prehispánicas, pero también podemos ver que en México la cultura, el arte, la música, la danza, la escultura, la pintura, todas las artes están circulando por sus venas y por nuestras venas y por las venas de todo ser nacido en este país.
Varias firmas de alta costura han copiado los tejidos de nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas, compañeros. Los han copiado, vendiendo la ropa en precios altísimos, mientras que en las comunidades herederas de esta cultura muchas veces no tienen dinero para comer.
Tenemos la gallina de los huevos de oro en nuestras manos, vamos a generar riqueza con lo que es nuestro, nuestro orgullo nacional. Las administraciones anteriores lamentablemente han reducido las partidas presupuestales perjudicando la cultura de nuestro país.
En el Partido Encuentro Social estamos a favor de que la cultura de nuestro país crezca en todas las generaciones de todos los mexicanos. No se trata de vivir de los recuerdos del pasado, sino de generar artistas ahora y mañana.
Compañeras y compañeros, necesitamos exportar arte a todo el mundo, no exportar artistas. Voy a repetir esto: necesitamos exportar arte a todos los rincones de este planeta, no artistas. Solo como una nota al margen, un país culto es un país con menos índice de violencia, y violencia es lo que estamos viviendo en este momento en este país. Y la podemos combatir por medio de la cultura y somos inmensamente ricos, compañeros.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para nosotros, es fundamental la presente iniciativa que tiene por objeto incluir en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales un artículo que señale la obligación para el gobierno de la República de destinar como mínimo uno por ciento, uno por ciento del producto interno bruto en cultura.
Vamos a cosechar grandes artistas, tendremos la recuperación de las inversiones en turismo, comercio de arte, espectáculos, miles de empleos y por distintas fuentes de ingresos. Este gobierno debe ahorrar en los gastos excesivos y opacos e invertir en todo aquello que nos va a generar ingresos y beneficios.
Con la inversión en cultura vamos a ganar todos. Va a ganar México. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES
El suscrito, diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3; 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa política cultural tiene un campo de acción muy amplio. En éste se pueden incluir acciones encaminadas a preservar el patrimonio, a promover las diferentes prácticas sociales de una población, administrar y reglamentar las industrias culturales, fomentar la práctica creativa, establecer canales de distribución y recepción de bienes y objetos, etcétera.
La acción del gobierno establece líneas generales para la administración pública y dentro de ellas se perfilan elementos que atañen a la creación artística y cultural, sin embargo, al no existir ninguna disposición legal que obligue a los gobernantes a destinar una cantidad determinada de recursos, aún se deja un margen de acción a la personalidad de los mismos en torno a la utilización discrecional y oculta de los recursos presupuestales.
Por tal razón, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, es fundamental que se fije un monto mínimo de inversión para el sector cultural y artístico en México, por lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto incluir en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales un artículo que señale la obligación para el gobierno de la República de destinar como mínimo el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) para este rubro.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Si bien no siempre es posible medir estas creencias y valores en forma directa, sí lo es medir las prácticas y comportamientos asociados con ellos.
En la Declaración de México sobre las Políticas Culturales (1982) se asentó que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, a través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
En síntesis, el concepto de cultura alude al conjunto de creencias, conocimiento, técnicas y tradiciones que conforman el patrimonio de un determinado grupo social. Algunos antropólogos llaman a la cultura herencia social, porque se recibe de los antepasados.
En México, la política pública en materia cultural está normada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. “( ... ) el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
En este sentido, el doctor Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, conceptualiza a la política cultural como la totalidad de las medidas que tienen que llevarse a cabo por todos los órdenes de gobierno para la promoción, transmisión, desarrollo y formación de la cultura y de la vida cultural. Afirma que ésta permea todos los aspectos de la vida del individuo, elevando y conservando la calidad de la vida espiritual y material en la persona y en la sociedad; por esta razón es un asunto que atañe a la sociedad y al Estado.
En la actualidad, la política cultural cobra una relevancia inusitada, porque México transita por una crisis económica y social, que pone en riesgo los valores culturales que nos dan identidad. No debemos perder de vista que en los años recientes, México enfrenta un fenómeno de aculturación como consecuencia, principalmente, del incremento de la delincuencia organizada.
El narcotráfico transnacionalizado trae nuevas pautas de consumo de droga entre la población mayoritariamente adolescente y joven del país; dictando también nuevos patrones de comportamiento.
Estamos frente a razonamientos de una sociedad que no alcanza a percibir con claridad si nuestro país está frente a una crisis de la seguridad pública, la existencia de una crisis de Estado, un estado fallido o una guerra, paradójicamente, donde existe total coincidencia es en la percepción de que nos estamos alejando de los valores y la herencia cultural que años atrás nos dio cohesión social.
Estos son los grandes desafíos que tiene la política cultural en nuestro país, y que justifica una mayor inversión por parte del Estado mexicano para esta materia, en su función de difundir cultura y arte a nuestra sociedad, para que conozca y adopte sus herencias culturales y acepte y tolere las externas.
En el actual contexto globalizador, caracterizado por la integración de los mercados económicos en bloques regionales, que imponen modas y símbolos a las sociedades emergentes, su función se centra en suavizar los procesos de transculturación, aculturamiento y desculturación.
Asimismo, uno de los aspectos más importantes de esta política pública es la conservación del patrimonio cultural. La UNESCO afirma que durante su existencia, las personas necesitan dar testimonio de su vida diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los lazos de su historia, y esto solamente es logrado a través del patrimonio cultural.
De acuerdo con la clasificación que realiza la UNESCO, el patrimonio cultural de cada país se conforma de sitios patrimonio cultural, ciudades históricas, sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas culturas), paisajes culturales, patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el hombre), museos, patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entré otros), artesanías, patrimonio documental y digital, patrimonio cinematográfico, tradiciones orales, idiomas, eventos festivos, ritos y creencias, música y canciones, artes escénicas (danzas, representaciones), medicina tradicional, literatura, tradiciones culinarias, así como deportes y juegos tradicionales.
El resguardo del patrimonio cultural es otra de las razones que justifica la existencia de esta política, es importante señalar que la conservación de los bienes tangibles e intangibles que conforman el acervo cultural de nuestro país, se debe resguardar con recursos públicos para que nunca pierda su carácter social (disfrute de la población en general), y porque es la autoridad gubernamental la responsable de preservarla y poder cumplir la función de heredarla intergeneracionalmente.
La política cultural en México inició como resultado de una herencia directa del afán de los gobiernos postrevolucionarios de consolidar la identidad nacional, desde 1921 la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue la encargada de establecer la política cultural en México, sin embargo la configuración en esta materia tal como la conocernos en la actualidad, surge en 1988, cuando se crea una nueva entidad con el fin de que fuera la principal ejecutora de la cultura en el país, y para que, aunque dependiente de la SEP, tomara bajo su mando diferentes instancias culturales existentes.
En otro orden de ideas, y pese a que el país cuenta con una intensa vida cultural y artística, la Secretaría de Cultura del gobierno federal reveló que 4 de cada 10 personas no tiene como hábito el arte y la cultura.
En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de acuerdo con la encuesta Módulo sobre Eventos Culturales seleccionados (Modecult), realizada en mayo de 2017, reveló que:
• El PIB de la cultura representa 2.8 por ciento del total nacional.
• 59 por ciento de la población mayor de 18 años ha asistido a eventos culturales como obras de teatro, exposiciones, cine, danza o conciertos.
• 67 por ciento dice no destinar gasto alguno para asistir a espacios culturales como museos, teatros o eventos culturales.
• Las mujeres asisten con mayor frecuencia a espectáculos de danza y obras de teatro, mientras los hombres prefieren exposiciones y conciertos o presentaciones de música en vivo.
• La asistencia a proyecciones de películas son los eventos con mayor audiencia, mientras que los espectáculos de danza reportan el menor número de público.
Por otro lado, de los mexicanos que declararon haber asistido a algún evento cultural en el último año:
• 86.7 por ciento asistió al menos una vez, a una proyección de películas o cine.
• 46.5 por ciento declaró haber asistido a un concierto o presentación de música en vivo.
• 33 por ciento a una exposición.
• 26 por ciento a una obra de teatro.
• 22.7 por ciento a un espectáculo de danza.
En cuanto a la frecuencia de asistencia a los eventos culturales, el evento al que la población asistió con mayor frecuencia (4 o más veces en los últimos doce meses) fue a proyección de películas o al cine. En cuanto a espectáculos de danza, 55 por ciento de la población declaró solo acudió una vez en los últimos doce meses.
En cuanto al interés de la población por los diferentes eventos culturales:
• 70 por ciento indicó tener poco o nada de interés en espectáculos de danza.
• 35.7 por ciento no siente nada de interés en asistir a exposiciones.
• 36.7 por ciento tiene un interés medio en asistir a conciertos.
• 36.2 por ciento siente poco interés en obras de teatro.
• 63 por ciento señala tener mucho o regular interés en asistir al cine.
Como se observa en los datos anteriores, los intereses artísticos y culturales de la población mexicana, se centran mayormente en la proyección de películas, sin embargo la gran mayoría de filmes que se consumen en nuestro país, son de corte comercial, lo que significa que no necesariamente las personas que gustan de ir al cine con frecuencia, asisten pensando en ampliar sus horizontes culturales, sino más bien representa una distracción o pasatiempo de tipo común.
La ausencia de interés de una gran parte de la población para temas artísticos y culturales, puede estar relacionada a un aspecto que merece especial atención, se trata de lo contradictorio que resulta que, a pesar de que los programas culturales del Estado dependan de la SEP desde hace muchos años, existe una marcada ausencia de materias culturales en los planes educativos de la instrucción básica.
Si bien es cierto que desde la concepción humanista de José Vasconcelos y las ideas de construcción de una identidad nacional de los gobiernos revolucionarios, se concibió un modelo educativo y cultural integral, con el paso del tiempo estos engranajes se han ido diluyendo.
Si bien es cierto, que a más de cien años de que se plasmó en la Carta Magna una visión de política cultural, los mexicanos “podemos enorgullecernos de muchos logros”; como las producciones culturales de los pueblos indígenas, las prácticas artísticas y patrimoniales, los museos, la creación de una escuela artística como el muralismo y el cine que durante una época tuvo un apogeo a nivel mundial.
También lo es que en las últimas décadas la cultura en nuestro país no ha cumplido el factor primordial de unidad nacional. La cultura y las artes no se han presentado como un espacio para desarrollar una visión de futuro basada en el consenso y la negociación, por el contrario, poco a poco se está perdiendo la presencia y prestigio de México en la conducción de interacciones artísticas y culturales con otros países en el proceso de globalización.
En este sentido, cabe recordar lo que el muralismo mexicano, por ejemplo, aportó al reconocimiento de nuestra riqueza artística en el exterior. Muchos artistas plásticos jóvenes de hoy están exponiendo en los museos de diversos países, sin embargo, estos logros obedecen en mayor medida a una labor y esfuerzo personal, que a un gran fomento originado en las instituciones encargadas de promover la cultura.
Sabemos que la Secretaría de Cultura y otras instituciones del ramo, otorgan apoyos, pero no con el suficiente énfasis como para lograr los resultados deseables. Lo anterior parece indicar que existe un problema de visión y significado respecto al arte y la cultura en el aparato gubernamental.
En la idiosincrasia mexicana el arte y la cultura son actividades no rentables que deben realizarse para cumplir con un compromiso social, es decir, la inversión aplicada se considera a “fondo perdido”.
Lo anterior refleja una visión muy limitada y revela que no se ha dimensionado que en la actualidad existe una gran tendencia global para hacer del arte y la cultura una actividad altamente rentable económicamente, porque se desarrolla para grandes públicos.
El planteamiento de esta reflexión se orienta hacia la necesidad de estimular un cambio de paradigma gubernamental, para que se considere al arte y la cultura como una actividad económica en potencia, que puede generar divisas y gran riqueza para nuestro país, si se impulsa con visión comercial en el exterior.
La búsqueda de talentos artísticos debe ser considerada una prioridad y su desarrollo con visión de mercado, puede constituir un gran proyecto para mostrar a la comunidad internacional esta faceta de gran riqueza humana que puede aportar al mundo la sociedad mexicana.
Para Encuentro Social es necesario que el gobierno mexicano cuente con una política de gran apoyo a la creación de arte y cultura, de lo contrario se correrá el riesgo de no tener qué ofrecer a las nuevas generaciones, en el mercado, en los medios masivos de comunicación, en las publicaciones, museos, escuelas, etcétera, y tendremos la necesidad de comprar lo que viene de fuera que tiene otros significados, que no son los de nuestra vida cotidiana y nuestra vida compartida.
Es momento de que el gobierno mexicano comience a tomar en consideración las potencialidades de la cultura. Una de ellas, hacia el interior, es la de convertirse en una herramienta para la regeneración del tejido social, principalmente en el contexto marcado por la violencia que se vive actualmente en México.
Al tiempo, hacia el exterior, la cultura puede ser un recurso estratégico para el ejercicio de la diplomacia pública, pues recordemos que hoy en día el poder de un estado no se mide únicamente en términos políticos, militares o económicos, sino que también interviene la influencia que ejercen sus ideas y su cultura en otras sociedades.
Por todo lo anterior, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, es indignante y alarmante que el sector cultural del país reciba en promedio 22 veces menos recursos de los que genera para la economía, según datos de la Comisión Especial para América Latina (Cepal).
Se debe aumentar la inversión nacional en este sector pues es menor a lo que destinan países de la región como Argentina, Brasil, Colombia y Bolivia.
De acuerdo con el Inegi, las actividades culturales en México generaron 490 mil 446 millones de pesos en 2015, lo cual representó 2.9 por ciento del producto interno bruto total del país.
Por si fuera poco el bajo presupuesto para la cultura en México, este sector también ha tenido que lidiar durante muchos años con recortes presupuéstales. Por ejemplo, desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, los recursos para la cultura han menguado, tanto que cada año (a excepción de 2018, que existió un incremento derivado de los sismos de 2017) cayeron a un ritmo promedio de 7.1 por ciento.
Los efectos de los recortes se pudieron apreciar en la reducción a la mitad del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados; falta de pago a bailarines y músicos; funciones de ballet realizadas con música grabada; escasos estrenos en la Compañía Nacional de Teatro; encuentros de música regional celebrados casi sin recursos; exposiciones canceladas, etcétera.
Derivado de lo anterior, el 5 de junio de 2015, 708 miembros de la comunidad artística en los que se encontraban escritores, críticos, artistas visuales, curadores, arquitectos, estudiantes, etcétera, exigieron al presidente Peña Nieto, mediante una carta abierta, que se restituyera, de manera inmediata, el presupuesto asignado al sector, ya que “la magnitud de los recortes en materia de cultura ponía en riesgo las actividades sustantivas del sector y afectaba directamente a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la nación, así como a la producción y educación artísticas de México”.
Evidentemente, la respuesta del gobierno no fue la deseada, pues los recortes y la baja asignación de presupuesto al sector no se han modificado, aun con la creación de la Secretaría de Cultura.
El hecho de que no existiera un ordenamiento general para la cultura afectaba directamente en la asignación de un presupuesto, ya que legalmente no se estipula un compromiso desde el ámbito federal en cuanto a los recursos con los que contará el sector anualmente.
Por ejemplo, la Ley General de Educación en su artículo 25 otorga el 8 por ciento del producto interno bruto al gasto en educación; la Ley General de Ciencia y Tecnología define que su presupuesto no podrá ser menor a 1 por ciento del PIB, etcétera, por tal motivo es necesario que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establezca el monto mínimo de inversión que el Estado mexicano debe realizar en el campo de la cultura y las artes.
Finalmente, es necesario enfatizar que si el nuevo gobierno quiere generar un impacto social positivo por medio del ahorro de dinero público, realizando recortes en áreas con gastos excesivos u opacos, este dinero se debe invertir en áreas en donde el impacto que se genere sea en beneficio de toda la sociedad y qué mejor que empezar por la cultura y las artes.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para quedar de la siguiente manera:
Artículo 4. Para el cumplimiento de esta ley la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y con los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de las manifestaciones culturales a las que hace referencia esta ley. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México– destinen a las actividades culturales, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, y en atención al principio de subsidiariedad, los presupuestos de ingresos y egresos de la federación, entidades federativas y municipios, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2020, recursos equivalentes al uno por ciento del producto interno bruto que considera el presente decreto.
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.
Notas
1 Sánchez, H. (2011), La federalización de la política cultural en México: ¿Alemania como modelo? México, D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 9786070226816. Recuperado de:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3045/pl3045.htm.
2 Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.— Diputados y diputadas: Ernesto Vargas Contreras,Héctor René Cruz Aparicio, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Martín Espinoza Cárdenas, María Beatriz López Chávez, María Libier González Anaya, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Armando Reyes Ledesma:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es lamentable que en nuestro país hoy en día se han destinado al rescate carretero alrededor de 247 mil millones de pesos. Esto sin contar a la fecha los 918 mil millones del Fobaproa, programa creado por Carlos Salinas de Gortari en 1990.
Desde la gestión de esos gobiernos se han otorgado concesiones de carreteras a particulares a través del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, actualmente Fondo Nacional de Infraestructura, estableciendo el cobro de un peaje como condición para circular por dichas autopistas, túneles, carreteras y puentes.
En este sexenio que finaliza, se han otorgado 28 tramos carreteros a particulares con una longitud total de mil 649 kilómetros, destinando 390 mil millones de pesos el gobierno federal, de los cuales solamente 68 mil millones de pesos fueron de origen privado.
En esas condiciones, los mexicanos vemos violentado el derecho de libre tránsito establecido en los artículos 11 de nuestra Carta Magna constitucional y el 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal estipula que para autorizar la construcción, operación y administración de una carretera de cobro debe existir una vía alterna libre de costo. Sin embargo, en su mayoría dichas vías tienen demasiadas carencias de infraestructura básica.
Asimismo, la ley mencionada debe contener el marco regulatorio correspondiente para brindar seguridad a la ciudadanía en sus traslados cuando los tramos carreteros de cuota se encuentren en reparación o en mantenimiento, lo cual afecta a los conductores y pasajeros en sus tiempos y recorridos en seguridad.
Hay que recordar que las autopistas fueron creadas para acortar los tiempos de traslado. Actualmente no existen vías alternas libres de peaje en condiciones óptimas, lo cual se pone en riesgo la vida de las personas al momento que se trasladan en dichas vías carreteras en malas condiciones.
Esta situación que se vive en todo el territorio de nuestro país nos obliga a reformar la ley en materia para que las personas puedan ejercer su derecho al libre tránsito en condiciones de seguridad, tal como lo estipula el artículo 11 constitucional. Ejemplo de ello es que en pasadas legislaturas en esta Cámara de Diputados se han presentado diversos puntos de acuerdo, iniciativas, para velar por dicho derecho.
Esta legislatura no debe quedarse atrás, debe concretar y hacer realidad dicho principio, por lo que ante esta tribuna presento una adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 19 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal para que en aquella carretera, puente u autopista con cobro de peaje que esté en operación, administración por parte de Capufe y el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, permitan la circulación libre y gratuita de los vehículos particulares con placas nacionales y fronterizas cuando la inversión inicial de la construcción ya haya sido recuperada.
Asimismo, para que las carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que cuenten con una concesión en vigor, sean estas de inversión mixta o extranjera, permitan la circulación libre y gratuita de todos aquellos vehículos particulares que cuenten con placas de la entidad y se encuentren ahí asentados. Y no solo eso, cuando dichas carreteras se encuentren en reparación o mantenimiento, tendrán la obligación de reducir los cobros de las tarifas establecidas en por lo menos un 50 por ciento a todo el paso vehicular.
Lo anterior es respaldado por todos los legisladores de la fracción del Partido del Trabajo, el partido que está y estará siempre con la gente. Muchas gracias, legisladores federales, es cuanto.
«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEs obligación del Estado dotar de caminos y puentes que permitan la movilidad y el libre tránsito de personas y mercancías, que conecten a las distintas regiones del país y que permitan el crecimiento económico y desarrollo social de los estados y municipios, con el objetivo de impulsar un nivel de vida a sus habitantes.
A lo largo del desarrollo de nuestra nación, una demanda permanente de la población y condición indispensable para garantizar un adecuado crecimiento ha sido la apertura y operación de caminos y puentes que hagan concreto el derecho establecido en el artículo 11 constitucional, derecho que también esta expresado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte y que por tanto adquiere carácter de Ley en nuestro país.
Es innegable que el derecho de libre tránsito se entiende como un derecho individual mismo que para concretarse se hace extensivo a los medios para lograrlo o hacerlo posible, de ahí que las personas cuando usan un vehículo como medio ejercen este derecho, sin que se pueda entender que dicho derecho está enmarcado únicamente, al derecho de libre tránsito de las personas cuando se movilizan a pie.
Esto implica, que el derecho a la movilidad y libre tránsito, debe comprender a los medios que usa una persona para trasladarse, en este sentido durante muchas décadas el Estado mexicano, garantizo dicho derecho construyendo, operando y dándole mantenimiento a carreteras, caminos rurales y autopistas, sin costo alguno, esto es, como carreteras libres de peaje.
Sin embargo, al paso del tiempo y con el arribo de gobiernos insertos dentro de un modelo económico neoliberal, establecieron y concretaron la posibilidad de otorgar concesiones a particulares para construir, operar y administrar carretas y autopistas de cobro, estableciendo el cobro de un peaje como condición para circular por algunas autopistas, túneles, carreteras y puentes.
Es importante destacar que en la construcción, modernización y conservación de la infraestructura carretera del país, el actual gobierno de la república, de diciembre de 2012 a junio de 2018, destinó 390 mil millones de pesos. de los cuales 321,697 millones de pesos corresponden a recursos públicos y 68,390 millones de pesos a recursos privados.
De hecho, en este sexenio se han otorgado 28 tramos carreteros a particulares con una longitud total de mil 649 kilómetros, de estas concesiones, 12 son de inversión mixta y 16 son de capital extranjero.
Las principales empresas concesionarias extranjeras son: OHL con 10 concesiones; Isolux Corsan con 2 concesiones; Azvi Cointer con una concesión; Global Via con una y Aldesa con dos.
Entre las concesiones mixtas, se encuentran la empresa ICA, asociada con Global Via con una; ICA, asociada con Red de Carreteras de Occidente y Goldman Sachs con 6 concesiones, y Concesiones Michoacán asociada con Pinfra, Azvi, Supra e Icuadra con 5 concesiones. Dichas inversiones, sin duda, han sido importantes, para incrementar la red carretera, pero el gobierno debe ser cuidadoso en que las concesionarias cumplan a cabalidad con la ley de la materia y sobre todo que ofrezcan servicios de calidad, que cuenten con seguros de daños a los vehículos y pasajeros que usan dichas vías, que ofrezcan servicios de emergencia, sanitarios higiénicos, accesibles y gratuitos y que cuando interrumpan el flujo normal, descuenten el costo de la tarifa de peaje.
En este punto, no podemos dejar de recordar que en materia carretera a nuestro país le han costado rescates financieros que han afectado las finanzas públicas que es el dinero del pueblo destinado a una mejor prestación de servicios públicos, mantenimiento y operación de las instituciones e inversión en obra pública.
De tal forma que de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda correspondientes al mes de febrero de 2018, la deuda del rescate financiero carretero mediante el Fideicomiso para el Rescate de las Autopistas Concesionadas (Farac) era de 247 mil millones de pesos.
Esto impacta fuertemente al PIB nacional por el pago de una creciente deuda, a la cual se suma la deuda del rescate bancario (Fobaproa) que al mismo mes de febrero de este año, ascendía a más de 918 mil millones de pesos, y aun así, este gobierno continuó otorgando concesiones carreteras, cuando deberíamos estarnos preguntando la conveniencia de dichas concesiones, porque quienes ganan son los particulares mientras que quien corre con los riesgos es el gobierno y lo hace con el dinero del pueblo.
Recordemos que en la actualidad la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece como condición para autorizar la construcción, operación y administración de una carretera de cobro, que exista una vía alterna libre de costo.
Pero en algunas ocasiones la existencia de dicha vía libre, no contempla la distancia que existe para acceder a dicha vía libre y poder trasladarse de un punto a otro, que es menos distante que trasladarse por dicha vía, tampoco consideran el adecuado mantenimiento, señalización y riesgos de dichas vías libres que quedan en muchas ocasiones en parcial o total abandono en cuanto a un adecuado mantenimiento y modernización.
Por si esta circunstancia fuera poco, la ley deja también sin regular, ni contemplar el que las carreteras de cobro de peaje, cuando están concesionadas a particulares o administradas directamente por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), cuando están haciendo reparaciones u operaciones de mantenimiento y que por tanto, cortan la circulación de forma temporal, establecen tramos de terracería y o reducen el número de carriles, tengan la obligación de reducir el cobro de la tarifa establecida.
Esto a pesar de que dichas operaciones afectan a los conductores y pasajeros en sus tiempos de recorrido, en la seguridad y en el funcionamiento de sus motores o riesgos de averías a sus vehículos. Cuando lo justo sería, que, si afecta al vehículo o al pasajero que paga una cuota, en estos casos tendría que cobrarse una tarifa ajustada a la baja.
Lo anterior, pone de manifiesto que, al no existir vías alternas libres de peaje en condiciones adecuadas de acceso y seguridad, se obliga a las personas que se trasladan de una ciudad a otra a pagar el cobro del peaje, o a arriesgar su vida y su patrimonio circulando por carreteras sin un adecuado mantenimiento, lo cual es injusto y muestra a un Estado Mexicano sin la debida sensibilidad y responsabilidad social.
Esta situación debe obligarnos a buscar medidas para que las personas puedan ejercer su derecho al libre tránsito y a viajar en condiciones de seguridad.
Y en aquellos casos en donde la inversión inicial de la construcción de las vías de comunicación con o de peaje ya se haya recuperado y que estén siendo administradas y operadas por el gobierno federal a través de Capufe o el Fonadin, permitan la circulación libre y gratuita de todos los vehículos particulares con placas nacionales o fronterizas.
Y que en aquellas vías de comunicación otorgadas en concesión a particulares permitan la circulación libre y gratuita, en dichas carreteras, puentes o autopistas a los vehículos particulares que cuenten con placas de la entidad federativa en que se encuentren asentadas.
Es importante señalar que en este congreso de la unión en anteriores legislaturas, han sido presentados iniciativas y puntos de acuerdo que abordan este tema para eliminar o exentar del pago de peaje a los residentes de la zona donde se ubican las casetas de cobro.
Entre otras es importante destacar que en el Senado se presentó el 30 de abril del 2002, punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, a exentar a todos los residentes del municipio que sean propietarios de vehículos del pago de las tarifas del puente Zacatal.
En la LX Legislatura, en el Senado se presentó el 24 de abril del 2007, un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar o reubicar la caseta de cobro de la carretera Tihuatlán-Tuxpan, en el municipio de Tuxpan, Veracruz.
Y con fecha 29 de abril del 2011, se presentó punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Dirección General de CAPUFE a que disminuyan el costo del peaje por el uso del puente Carmen-Zacatal a los residentes de Ciudad del Carmen propietarios de automóviles de dicha localidad.
Posteriormente con fecha 30 de abril del 2013, fue aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo presentado y dictaminado positivamente por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Dirección General de CAPUFE, a eximir el cobro de peaje de la plaza 164 del puente Zacatal, ubicada en Isla del Carmen, Campeche.
Es por lo antes expuesto que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Único. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 19.En caso de que la Secretaría...
En aquellas carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que estén en operación y administración por parte del organismo público federal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos o el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, y cuya inversión inicial de construcción ya haya sido recuperado, permitirán la circulación libre y gratuita de los vehículos particulares con placas nacionales y fronterizas, aplicando el cobro sólo a vehículos particulares extranjeros y a vehículos de carga de materiales y pasajeros de tipo comercial.
Las carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje, que cuenten con una concesión, sean estas de inversión mixta o extranjeras, permitirán la circulación libre y gratuita de todos aquellos vehículos particulares que cuenten con placas de la entidad en que se encuentren asentadas dichas vías de comunicación concesionadas.
Cuando las carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje, sean estas concesionadas a particulares o administradas directamente por el organismo público federal descentralizado o el Fideicomiso mencionados en el segundo párrafo de este artículo, se encuentren en reparación u operaciones de mantenimiento, cortando la circulación de forma temporal estableciendo tramos de terracería o reduciendo el número de carriles, tendrán la obligación de reducir el cobro de la tarifa establecida en por lo menos un 50 por ciento.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a dos de octubre de 2018.— Diputados y diputada: Armando Reyes Ledesma,Héctor René Cruz Aparicio, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Martín Espinoza Cárdenas, María Libier González Anaya, Mario Alberto Ramos Tamez (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez:Gracias, presidente. En 1993 comenzaron a denunciarse públicamente en Ciudad Juárez casos de mujeres adolescentes y jóvenes asesinadas de entre 15 y 22 años de edad.
Obreras de maquilas con rasgos y características similares, la mayoría de ellas fueron ultrajadas y brutalmente asesinadas para posteriormente abandonarlas en el desierto o basureros y lotes baldíos.
Han pasado 25 años y la violencia contra las mujeres se recrudece. Hoy en día, siete mujeres son asesinadas en nuestro país diariamente en medio de violencia extrema.
Es por el alto índice de mujeres muertas ocurridas en Ciudad Juárez y la visibilización por parte de las madres, familiares y organizaciones de la sociedad civil, que hicieron posible que el gobierno reconociera la violencia sistemática hacia las mujeres, teniendo como respuesta que el 18 de febrero de 2004 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
Posterior a ello, en el año 2006, se publicó la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como su respectivo reglamento.
Este nuevo marco legal reconoce que la violencia que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana es sistemática, tiene ciertas especificidades y es un obstáculo para el libre desarrollo de su proyecto de vida, que la vida de las mujeres importa.
El principal avance con la promulgación de estas leyes, es que el Estado mexicano reconoce que la violencia hacia las mujeres debe ser atendida como un asunto de primer orden en la agenda política interior del Estado.
Este nuevo marco legal mandata la creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que implica la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral e interinstitucional la violencia hacia las mujeres.
En ese sentido el primero de junio del 2009 surge por decreto presidencial la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Conavim, con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país, y para promover la igualdad de género, atendiendo de forma integral y transversal las causas que dan origen a esta situación, respetando los derechos humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento, en todo momento, de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.
Algunas de sus funciones son: elaborar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del gobierno de la República en materia de promoción de igualdad y condiciones de combate a la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Por otra parte, la Conavim es convocante del Protocolo Alba, mecanismo interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas.
Es de vital importancia el hecho de que tiene bajo su responsabilidad en la declaración y seguimiento de las alertas de violencia género contra las mujeres, de las cuales ya hemos dado cuenta en este pleno.
Por eso, y ante una propuesta de reforma por parte del siguiente gobierno en materia de la Ley de la Administración Pública Federal, nos parece fundamental que la Conavim siga existiendo, y que ya no sea por decreto, sino que ahora forme parte la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Hay muchos cuestionamientos en el sentido de si ha habido resultados o no en materia del combate a la violencia de género y, sin duda, los resultados concretos es que hoy en día tenemos muchas más mujeres asesinadas en nuestro país, y las múltiples formas de violencia hacia las mujeres se han incrementado.
Pero no podemos dejar de reconocer y de mencionar que toda la política institucional que nos hemos dado para el combate a las diferentes formas de violencia de género, tienen grandes vacíos y, entre otros, presupuestales
Y por ello no debemos intentar desaparecer estos organismos o minimizarlos, sino por el contrario, dejarlos en la ley, darles los instrumentos legales para que funcionen los instrumentos humanos para que también puedan operar, pero sobre todo, y eso corresponde a esta soberanía, darle los instrumentos presupuestales para que realmente el combate a las diferentes formas de violencia de género, pueda ser una realidad y nos permita disminuir este fenómeno tan lastimoso como son los asesinatos de mujeres en nuestro país.
Por ello, desde el Legislativo, nuestra obligación es velar porque el marco jurídico avance y ser fortalezca para que sea útil, como eje rector de la política pública...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: ...desde la administración pública. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXII Bis y XLII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de violencia contra las mujeres, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosLa Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) surge por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009. Se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Su antecedente inmediato es la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Que dio pie a visibilizar una realidad, que luego de las batallas libradas sobre todo por madres de las desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, derivó en que el gobierno mexicano reconociera que las muertes de mujeres no sólo sucedían en Ciudad Juárez sino que eran resultado de una violencia sistemática hacia las mujeres en casi todo el territorio nacional.
Así en 2006 se publica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2 de agosto) y un año después la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (1 de febrero de 2007), así como sus respectivos reglamentos.
Cabe destacar que este nuevo marco legal lo que reconoce de fondo es que la violencia que tienen que enfrentar las mujeres en su vida cotidiana es sistemática, tiene ciertas especificidades y es un obstáculo para libre desarrollo de su proyecto de vida en suma, que la vida de las mujeres importa.
Retomando a Marcela Lagarde “La violencia de género daña la vidas y el mundo de las mujeres...es evidente que [su] finalidad cumple funciones políticas para lograr la dominación de las mujeres y menguar su capacidad de respuesta, de defensa y de acción”.
El principal avance con la promulgación de estas leyes es que el Estado mexicano reconoce que la violencia hacia las mujeres debe ser atendida como un asunto de primer orden en la agenda de la política interior del Estado, otorgándole atribuciones de dirección y coordinación de la política pública en la materia a la Secretaría de Gobernación.
Este nuevo marco legal mandata la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que implica la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral e interinstitucional la violencia contra las mujeres.
En este contexto, la original Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez tiene que evolucionar en su cobertura geográfica para poder cubrir todo el territorio nacional pues se reconoce que el fenómeno de la violencia contra las mujeres es un problema en todo el país. Pero sobre todo se identifica que es a través de esta comisión que la Secretaría de Gobernación puede operar las atribuciones otorgadas en las nuevas leyes aprobadas.
En ese sentido es que el decreto de 2009, crea a la Conavim, con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país y promover la igualdad de género, atendiendo de forma integral y transversal las causas que dan origen a esta situación, respetando los derechos humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento en todo momento de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.
La Conavim “coadyuvará en el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como en la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes, en razón de que a través del ejercicio de las atribuciones que el orden jurídico confiere a la Secretaría de Gobernación en la materia de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres en el país se busca salvaguardar, entre otras, la garantía de igualdad, prevista en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es base fundamental de una sociedad democrática”.
Acorde con la información publicada en la página de internet la Conavim:
- Formula las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Elabora y da seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del gobierno de la República en materia de promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas.
Desarrolla estas tareas mediante dos subcomisiones:
1) La Subcomisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el territorio nacional, y
2) La Subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la comisión tiene a su cargo los recursos para operación y seguimiento, así como el monitoreo del cumplimiento de metas de los Centros de Justicia para las Mujeres.
Por otra parte, la Conavim es convocante del Protocolo Alba, mecanismo interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas.
Otro asunto de vital importancia es que tiene bajo su responsabilidad esta comisión es la declaración y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las mujeres.
Como se observa, la Conavim tiene a su cargo el desarrollo de acciones y tareas de suma importancia en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, diversas organizaciones civiles, como la Colectiva Ciudad y Género, Colectiva por la Ciudadanía de las Mujeres, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación (MIDI), entre otras, señalan algunas áreas de oportunidad que deben ser revisadas para el óptimo cumplimiento de las funciones que tiene a su cargo Conavim:
• Profunda inactividad por parte de la comisión en lo referente a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y promoción del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a lo largo de los últimos seis años.
• A pesar de que Sistema Nacional de Prevención, Atención, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPAEVM) es presidido por la Secretaría de Gobernación, y éste cuenta con comisiones específicas en torno a la violencia hacia las mujeres, no ha actuado con la suficiente fuerza y eficacia para prevenir, atender ni erradicar la violencia contra las mujeres. Más allá de la instalación del sistema nacional o los sistemas estatales, la instrumentación de acciones y políticas públicas continúa siendo deficiente e ineficaz para coordinar las diferentes estrategias, para instrumentar en el nivel operativo y no solamente protocolario. Esas comisiones dentro del sistema son:
- La Comisión de Prevención, presidida por la Secretaría de Educación Pública;
- La Comisión de Atención, presidida por la Secretaría de Salud;
- La Comisión de Sanción, presidida por la Procuraduría General de la República, y
- La Comisión de Erradicación, presidida por la Secretaría de Gobernación.
• Generación de múltiples modelos y/o protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia, sin articulación entre ellos, ni estandarizaciones, por más que se requieran modelos específicos de acuerdo a la ejecución local de medidas en diferentes estados o municipios. Nuevamente, la coordinación de esta política pública es dispersa y sin conexiones entre sí. Presenta vacíos en la cadena de la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
• Las organizaciones ubican que las principales acciones que la Conavim ha desarrollado en el sexenio aún vigente se refieren al desarrollo del “Modelo conceptual y operativo de los centros especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres” y el “Modelo de Intervención para Erradicar la Violencia Masculina contra las Mujeres”, que pretenden la reeducación para los hombres violentos. No obstante, la falta de acceso a la información y rendición de cuentas de estas y otras acciones no permiten una evaluación a fondo del éxito de dichos modelos.
• Se encuentran multiplicidad de factores limitantes para una de las principales acciones de la Conavim: las alertas de violencia de género contra las mujeres, estos van desde la percepción de simulación por parte de autoridades al declarar e instrumentar las alertas; nulos cambios estructurales en el entramado institucional que debe atender la violencia contra las mujeres; la aplicación de políticas públicas ineficientes, y el nulo acceso a la justicia para las mujeres.
• Sobre los centros de justicia se observan problemas en su estructura institucional, la asignación de recursos y el diseño operativo de los centros, falta de homogeneidad, métodos de creación y justificación jurídica en torno a su adscripción y asignación de recursos. Además están centrados en un modelo punitivo más que integral (prevención, detección, atención, registro, análisis y evaluación y seguimiento) para la atención a las mujeres que viven violencia. Asimismo es necesario modificar la naturaleza jurídica de los centros de justicia o su tipo de conformación, para que tengan fuerza institucional debe ser establecido como un órgano descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia presupuestaria, adscrito a las Secretarías de Gobierno estatales. Y la Secretaría de Gobernación con las atribuciones que las leyes le confieren debería cumplir el papel de la coordinación institucional y a través del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
• Presupuesto. El destino de recursos etiquetados en el Anexo 13 Igualdad entre mujeres y hombres se colocan en grandes bolsas, lo que limita un eventual seguimiento específico de recursos destinados desde el nivel federal para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Por lo que la transparencia y rendición de cuentas es un gran desafío, ya que actualmente no puede medirse el impacto del destino de esos presupuestos en favor de una vida libre de violencia para las mujeres en el país. El presupuesto autorizado por el Congreso para 2018, ubicó en la Secretaría de Gobernación un monto total de 245,997 millones de pesos para acciones, tales como: diseño e instrumentación de la política pública en materia de: igualdad entre mujeres y hombres; de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres; acciones de coadyuvancia para las alertas de género; construcción y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres; recursos transferibles para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la declaratoria de alerta de violencia de género.
• Si bien el uso de estos presupuestos requiere transparencia y rendición de cuentas, podemos observar que son limitados e insuficientes, y que sólo se destinan al ámbito federal. Por ello tendría que ubicarse algún mecanismo fiscal que promueva, y sancione que los estados y municipios apliquen presupuestos para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Derivado de este análisis diagnóstico sobre el papel de la comisión es que se identifica la urgente necesidad de fortalecer este importante órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación para que su actuar tenga un impacto real en la vida de las mexicanas.
Aunado a ello consideramos que la ausencia de datos e información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres, que si bien no es tarea directa de la Conavim si lo es de la Secretaría de Gobernación, en tanto tiene a su cargo la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, debe ser un punto importante a considerar si queremos fortalecer su labor.
El Comité de la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha emitido recomendaciones al Estado mexicano respecto a la violencia de género, a saber:
En 2018 el Comité CEDAW recuerda su recomendación general número 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer [...] y reitera su recomendación al Estado mexicano para que:
• Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres;
• Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria;
• Vele porque se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio;
• Simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta Amber y el Protocolo Alba, agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género;
• Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia;
• Subsane la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la sociedad civil;
• Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores;
En 2017 el Comité CEDAW emitió la Recomendación general 35:
“Violencia por razón de género contra la mujer” se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión refuerza aún más la noción de la violencia como problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervivientes.
Asimismo se refirió a la violencia por razón de género en determinados contextos:
“Las mujeres experimentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, que tienen un agravante efecto negativo, el comité reconoce que la violencia por razón de género puede afectar a algunas mujeres en distinta medida, o en distintas formas, lo que significa que se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas”.
En este marco, Naciones Unidas ha manifestado cuatro principios en torno a la violencia contra la mujer:
• Es una cuestión de igualdad y de no discriminación entre las mujeres y los hombres;
• La convergencia de múltiples formas de discriminación aumenta el riesgo de que algunas mujeres sean víctimas de discriminación específica, compuesta o estructural;
• La interdependencia de los derechos humanos se refleja en esfuerzos como los encaminados a abordar las causas de la violencia contra la mujer vinculándolas con las esferas civil, cultural, económica, política y social (ONU, 2011);
• La interseccionalidad (2017).
Como puede observarse, la problemática asociada al cumplimiento del objetivo de garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, es decir que sea prevenida, atendida, sancionada y erradicada es sumamente amplio y requiere que el Estado mexicano en su conjunto, utilice todos sus recursos y fortalezas para lograrlo en el inmediato y largo plazo.
Al inicio de esta exposición de motivos ya mencionamos que la Conavim surge en el año 2009 esa fecha fue un parteaguas pues se reconoció la violencia contra las mujeres como un problema nacional, a la fecha el balance no es nada alentador la violencia permanece y se recrudece, así lo muestran las cifras y el dato duro, las diferentes ediciones de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
De las mujeres con 15 años y más, 66.1 por ciento ha enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida. En lo que concierne a aquellas con pareja o que tuvieron pareja a lo largo de una relación, la prevalencia de violencia contra las mujeres asciende a 43.9 por ciento. Se considera a las mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos o comunitarios, donde 34.3 por ciento de las mujeres dijo haber sido víctima de este tipo de violencia.
Ante esta terrible realidad nos preguntamos qué debe suceder para que el derecho a una vida libre de violencia sea una realidad en la cotidianidad de las mexicanas, desde el espacio legislativo nuestra obligación es velar porque el marco jurídico avance y se fortalezca para que sea útil como eje rector de la política pública, desde la administración pública sabemos que lo que no se enuncia no existe y se queda en buena intención. En el caso de la Conavim sucede que sus atribuciones y funciones sólo se enuncian en el decreto que le da existencia, no aparecen ni en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece las funciones de Secretaría, ni en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, como si sucede en otros casos, como el del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, o la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres cuyas acciones y tareas se mencionan en la LOAPF y se enumeran en el reglamento interior.
Asegurar a las personas que puedan desarrollarse libremente en ejercicio pleno de todos sus derechos es una obligación del Estado, para cumplir con esa elemental y crucial responsabilidad. Se debe garantizar la seguridad de las personas y la violencia contra las mujeres atenta contra ese elemental principio, es en ese sentido que presentamos esta propuesta en aras de fortalecer la gobernabilidad democrática.
Se considera apremiante reforzar el papel institucional de la Conavim e integrar una de sus atribuciones principales: la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a ello, así como formular las bases para a coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencia contra las mujeres, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como función fundamental de la Secretaría de Gobernación.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan las fracciones XXII Bis y XLII recorriéndose las subsecuentes al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo Único. Se adicionan las fracciones XXII Bis y XLII recorriéndose las subsecuentes al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde...
I.-XXII. ...
XXII Bis. Reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores, con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XXIII.-XLI. ...
XLII. Presidir el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres; coordinar y dar seguimiento, con pleno respeto a los ámbitos de competencia, las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y diseñar con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres.
Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres; sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que atenten contra esas directrices.
Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Para el desarrollo de las facultades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres contará con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como órgano administrativo desconcentrado.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Notas
1 Lagarde, Marcela, Identidad de Género y Derechos Humanos, La construcción de las humanas
2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, p. 8. En:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
3 Ibídem.
4 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Martha Angélica Tagle Martínez,Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Dulce Alejandra García Morlán, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Kehila Abigail Ku Escalante, María Libier González Anaya, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Robles Ortiz, Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
EXPIDE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Teófilo Manuel García Corpus:Con su venia, señor presidente. Solamente decirle que, de acuerdo al artículo 76, al ser una nueva norma, tengo derecho a diez minutos, pero si sigue existiendo la discriminación hacia los pueblos indígenas, opto por los cinco minutos.
Honorable asamblea, ya en 1987 el reconocido etnólogo Guillermo Bonfil Batalla, en su obra México profundo, una civilización negada,afirmaba que durante la Colonia y en el México independiente no importaba cuál fuera al método para medir la pobreza, los indígenas siempre estarán en el último lugar. 31 años después, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social concluye que la población indígena no solo presenta niveles de pobreza altos, sino que, en comparación con el resto de la población, las brechas de desigualdad mantienen a este grupo rezagado y con pocas oportunidades de desarrollo.
Sin importar la variable que se elija, el registro de rezago importante al resto de la población. Es decir, los pueblos originarios, no obstante, su gran aportación histórica y patrimonial, siguen marginados de las oportunidades, el bienestar y el desarrollo de México, entre otras causas, es que las leyes internacionales y nacionales que protegen sus derechos solamente se consideran en los diagnósticos que justifican acciones de gobierno.
Ni siquiera las limitadas normas del sistema nacional de planeación democrática y del Presupuesto de Egresos de la Federación, y mucho menos los mandatos del artículo 2o. constitucional y la legislación internacional en la materia son observados para la planeación y ejecución de las acciones de los gobiernos federal y estatales, para atender la situación de injusticia de los pueblos.
Lo que se ha negado a los pueblos indígenas en la práctica es su derecho al desarrollo, al disfrute de la riqueza natural y social de que son dueños y portadores. Para superar estas limitaciones y omisiones, propongo la iniciativa de Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene como objeto que los pueblos indígenas puedan crear las condiciones para reconstituirse como entes autónomos, con capacidades para fortalecer sus estructuras económicas y sociales, además de participar en condiciones de equidad en las oportunidades del progreso nacional.
Esta iniciativa es congruente con lo que establece el apartado B del artículo 2o. constitucional, cuando señala la obligación del gobierno de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo de los pueblos con su participación.
La legislación internacional que México se ha comprometido a cumplir en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las Declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, la recomendación que se hiciere en su informe en el 2017, la señora Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que dice recomienda la celebración de diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno, sobre el concepto de desarrollo que conduzca a la duración de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas.
La iniciativa presenta siete capítulos. El primero, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a diseñar, ejecutar las acciones para el desarrollo, así como la obligación del Estado para apoyar ese proceso. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con facultades para formular, gestionar sus programas de desarrollo, directamente o a través de algoritmos específicos. Establecer los derechos y obligaciones de las comunidades de los últimos, de los comités y consejos de desarrollo, lo mismo que las obligaciones de cada uno de los tres niveles de gobierno. Obliga a los tres niveles de gobierno a incorporar a sus planes y programas de desarrollo los contenidos y prioridades de los pueblos. Programar el gasto para atenderlos.
Se prevé un ramo general que se denominará Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, que manejará cada entidad responsable. Prevé infracciones y sanciones a las conductas de los funcionarios públicos que se desvíen de lo dispuesto por la ley.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos que reflexionar y aprobar esa iniciativa para solventar la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos que le dieron origen y hoy le dan identidad.
Hay que tomarle la palabra al presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que reiteradamente se ha pronunciado por hacer un gobierno con prioridad para llevar justicia y equidad a los que han carecido de ella.
La participación, justicia, equidad y bienestar de los pueblos indígenas son condiciones necesarias para la transformación del país para hacer una nación verdaderamente democrática. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Teófilo Manuel García Corpus, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicano por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosAdemás de la discriminación, la problemática que más afecta a los individuos, comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, es la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo, cultura, salud, educación y acceso al bienestar social y al desarrollo integral.
Con base en la Encuesta Intercensal 2015, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estima que la población indígena la constituyen 12 millones 25 mil 947 personas, cantidad que significa 10.1 por ciento de la población total del país.
Por su parte, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) en su boletín de prensa del 9 de agosto del presente año, revela que en 2016:
• 71.9 por ciento de la población indígena, es decir, 8.3 millones de personas, se encontraban en situación de pobreza;
• 3.2 millones de personas indígenas (28.0 por ciento) presentaban tres o más carencias sociales y no tenían la capacidad económica de adquirir la canasta básica, lo que los colocó en una situación de pobreza extrema;
• 71.3 por ciento del total de la población indígena, con al menos un empleo, ganaba hasta un salario mínimo;
• Mientras que el porcentaje de pobreza extrema de los hombres urbanos que no son indígenas es de 4 por ciento, 45 por ciento de las mujeres indígenas en zonas rurales estaban en situación de pobreza extrema;
• 31.6 por ciento presentaba rezago educativo y poco más de 50.3 por ciento contaba como máximo con la primaria completa; 19.8 por ciento de la población indígena entre los 30 y 64 años, no sabía leer ni escribir, mientras que sólo 4.3 por ciento de la no indígena se encontraba en la misma situación;
• Las diferencias entre mujeres y hombres son todavía más agudas, dado que la tasa de alfabetización es de 86.3 por ciento para hombres y de 76.5 por ciento para el segundo caso;
• Los indígenas son los más afectados en términos de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa, situación asociada a las condiciones de exclusión social, política y económica en la que se han encontrado inmersos históricamente. En 2016, más de 30 por ciento de ellos presentaban carencia de acceso a la alimentación;
• La carencia por acceso a la seguridad social es el principal derecho no cumplido en la población mexicana; el acceso al mismo es aún más reducido en la población indígena: de acuerdo con las estimaciones de 2016, 77.6 por ciento de este grupo (8.9 millones de personas) no contaba con seguridad social. Es decir, carecen de protección ante eventos como el desempleo, la enfermedad, la invalidez y la muerte;
• Respecto al acceso a los servicios de salud, 15.1 por ciento de los indígenas presentaron esta carencia, lo la cual se traduce en una situación de vulnerabilidad, pues cuando las personas no tienen acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o incluso, su integridad física;
• La segunda carencia con mayor repercusión dentro de la población indígena es la de servicios básicos en la vivienda, ya que 56.3 por ciento carecía de estos en 2016. La falta de drenaje y agua dentro de la vivienda, la permanencia en el uso de leña y carbón para cocinar, así como la prevalencia de pisos de tierra, continúan siendo parte de la vida cotidiana de estas comunidades;
El Coneval concluye que la población indígena no sólo presenta niveles de pobreza altos, sino que, en comparación con el resto de la población, las brechas de desigualdad mantienen a este grupo rezagado y con pocas oportunidades de desarrollo..., sin importar la variable que se elija, registra rezagos importantes respecto al resto de la población. La marginación y precariedad se agravan cuando, además de indígena, es mujer o es adulto mayor.
Ya en 2010 el documento Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México, estimó que el índice de desarrollo humano para la población indígena (0.68) es menor que el de la población no indígena (0.76), al grado que existen municipios indígenas con índices inferiores a los de los municipios de menor índice del continente africano, situación que, a la fecha no ha cambiado.
Asimismo, al comparar estos mismos datos con las metas que se propuso el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, se concluye que no se avanzó significativamente en mejorar las condiciones de vida de la población indígena.
En resumen, las cifras que, en cualquiera de los indicadores busquemos, son reveladoras de las graves condiciones de desigualdad, marginación y discriminación a que se encuentra sometida esta parte de nuestra población, no obstante ser la heredera y portadora de nuestro origen, nuestra cultura y nuestro ser como individuos y como nación.
Lo anterior es indicativo de que el enfoque de desarrollo para los pueblos indígenas que el gobierno ha impulsado es incongruente con las prácticas culturales y tampoco ha promovido la participación de estos pueblos y comunidades como reiteradamente éstos lo han demandado y como lo han recomendado los informes de los relatores especiales del sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sus visitas a México en los años 2003 y 2017; particularmente, en el último informe, la relatora Victoria Tauli-Corpuz, señala y recomienda entre otros aspectos lo siguiente:
• La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Un desarrollo sostenible requiere un enfoque de derechos humanos.
• Se recomiendan diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas. Las propuestas de desarrollo de los pueblos indígenas deben tener prioridad en sus territorios. Al respecto, deben tenerse en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de los pueblos originarios e indígenas residentes en centros urbanos.
• Se deben promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos, incluido con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• 111. Se recomienda el establecimiento de canales de diálogo, coordinación y colaboración entre las instituciones autonómicas indígenas, como las policías comunitarias, juzgados indígenas, juntas de buen gobierno y municipios autónomos, y el Gobierno en todas las áreas de interés mutuo.
Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo establece el reconocimiento de los derechos colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, diferenciándose, en el apartado A, los referentes al ejercicio de su libre determinación y en consecuencia a la autonomía para mantener y fortalecer las instituciones que conforman su cultura, y en el apartado B, las obligaciones del Estado para diseñar e impulsar políticas públicas que contribuyan a superar las desigualdades que les caracterizan.
Como se ha demostrado, lo que se ha negado, en la práctica, a los pueblos indígenas, es el derecho a su desarrollo y al disfrute de la riqueza natural y social de que son dueños y portadores.
La emergencia de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, no solo en nuestro país, sino también en el contexto internacional, nos enfrenta al reto de reconocer que sus derechos requieren ser plasmados en nuestro marco jurídico para que puedan garantizarse; pero eso no es suficiente, también se necesita reformar las instituciones y ofrecer instrumentos para que esos derechos puedan ejercerse. Entre ellos el derecho al desarrollo.
No partimos de cero en este aspecto. En nuestra historia tenemos los ejemplos de lo que se ha hecho, pero también un reflejo de lo que falta por hacer. El Estado que se construyó después de la revolución mexicana diseño y ejecutó una política, el indigenismo, con instituciones y programas específicos para atender las necesidades de los pueblos indígenas.
Hay que reconocer que las políticas aplicadas desde hace décadas se han agotado, porque la evolución de la vida del país y de los pueblos indígenas también, nos sitúa hoy en otra realidad. Si antes se pensaba que sacarlos de la pobreza para integrarlos a la sociedad nacional era el camino adecuado, hoy lo que los pueblos demandan es respeto a ser ellos mismos y, diseñar y construir su futuro, de acuerdo con sus condiciones específicas y sus aspiraciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece algunas disposiciones, sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación del desarrollo y en la definición de las políticas públicas para su atención. Estas disposiciones, a lo más que han llegado es a ofrecer una limitada oferta institucional que para acceder a ella se deben cumplir condiciones diseñadas desde el gobierno que sólo atienden pequeñas necesidades individuales o de grupo, pero con poco efecto para promover el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados constitucionalmente y, particularmente el relativo a su desarrollo. Ese es el vacío que la Lay General de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas que hoy presentó ante este pleno, pretende subsanar.
Esta iniciativa tiene como objeto que, a mediano plazo, los pueblos indígenas puedan establecer las condiciones para reconstituirse como entes autónomos, con capacidades para impulsar y fortalecer sus estructuras económicas y sociales y, con ello, poder participar, en condiciones de equidad, y contribuir a enfrentar los retos y acceder a las oportunidades del progreso nacional.
La iniciativa de ley consta de siete capítulos:
Uno sobre disposiciones generales. Ahí se establece: La naturaleza y alcance de la ley; el derecho de los pueblos indígenas a diseñar y ejecutar las acciones para su desarrollo; la obligación del Estado para apoyar ese proceso; y los principios que deberán prevaler en la relación entre los pueblos y las autoridades.
El segundo capítulo define y regula los sujetos del desarrollo. En la ley se reconoce que estos son los pueblos y comunidades indígenas, porque justamente son los nuevos sujetos de derecho. Se determina que los pueblos y las comunidades indígenas podrán formular y gestionar sus programas de desarrollo directamente o a través de organismos específicos que ellos mismos constituyan, como son comités o consejos de desarrollo. También se establecen los derechos y obligaciones de las comunidades, de los comités y consejos de desarrollo, lo mismo que las obligaciones de cada uno de los tres niveles de gobierno.
En el tercer capítulo se establece la forma en que deberán integrarse los comités y consejos de desarrollo, teniendo como base el reconocimiento de su autonomía y por lo mismo su derecho a hacerlo conforme a sus propios sistemas normativos. También se definen las funciones de los comités y los consejos de desarrollo, así como los instrumentos para su reconocimiento y la obligación de las autoridades gubernamentales de reconocerlos.
El capítulo cuarto se refiere a la planeación del desarrollo indígena. En él se establece que las comunidades y pueblos indígenas, directamente o a través de sus comités o consejo de desarrollo, formulen y ejecuten su proceso de planeación, definiendo sus prioridades de desarrollo y las formas de llevarlos a cabo. Los tres niveles de gobierno tendrán la obligación de considerar los contenidos y prioridades de los indígenas, en sus planes y programas de desarrollo, y programar el gasto de tal manera que puedan llevarse a cabo. No se trata de un tema totalmente nuevo. Ese es el espíritu que permea nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo mismo que en la Ley de Planeación. Además, el Estado Mexicano se ha comprometido en el ámbito internacional a legislar y a establecer las políticas públicas en apoyo a que sean los propios pueblos indígenas los que diseñen y gestionen su propio desarrollo, de acuerdo con sus necesidades y el futuro que quieran construir.
El siguiente capítulo regula la programación. Las disposiciones propuestas buscan asegurar que en los presupuestos de egresos que formulan los gobiernos federales, estatales y municipales se establezcan las partidas presupuestales suficientes para garantizar el apoyo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Además, en el ámbito federal, las partidas presupuestales y sus montos para este fin y para atender lo que se ordena en el Apartado B del artículo 2o. Constitucional, deberán de consignarse en un Ramo General que se denominará Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que manejará cada entidad responsable, con la participación de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El capítulo sexto de la ley plantea que los pueblos y comunidades indígenas participen también en las etapas de seguimiento y evaluación del desempeño de sus programas de desarrollo, a través de los comités y consejos de desarrollo porque son ellos los que mejor conocen las oportunidades y obstáculos que tuvieron que enfrentar en los procesos de planeación y ejecución de los programas.
Finalmente, la ley prevé un capítulo de infracciones y sanciones. En él se establece que las conductas de los funcionarios públicos que se desvíen de lo dispuesto en la ley y por ello constituyan faltas administrativas o delitos, sean evaluados y, en su caso, sancionados conforme a las disposiciones respectivas. Lo anterior porque se considera que los funcionarios públicos no tienen derecho alguno a aprovecharse de su encargo para beneficio propio, y menos afectando al erario público y a la población que más necesidad tiene de un desempeño eficiente y honesto de los servidores públicos.
Compañeras y compañeros diputados: Hoy después de 208 años de vida independiente de México y próximos a conmemorar 108 años del inicio de la primera revolución social del siglo XX. En el balance, debemos asumir que los pueblos indígenas, protagonistas principales de estos movimientos que definieron la fisonomía de la nación que hoy tenemos, aún siguen excluidos del Estado al que pertenecen y sus derechos, en muchos casos, denegados. Es tiempo ya, y ahora es el momento de que, como legisladores, con la alta responsabilidad que tenemos encomendada, corrijamos, de una vez por todas, esta situación, aportando lo que nos corresponde, desde la tarea legislativa.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Artículo Único. Se expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:
Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Capítulo PrimeroArtículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:
I. Garantizar el ejercicio de los derechos los pueblos y comunidades indígenas en materia de desarrollo;
II. Establecer principios y lineamientos generales a los que el Estado debe sujetarse para apoyar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
III. Promover la organización y participación de los pueblos y comunidades indígenas para el diseño de sus programas de desarrollo, estableciendo los lineamientos y procedimientos para ello;
IV. Determinar las obligaciones de los tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
V. Fomentar el sector social de la economía en los pueblos y comunidades indígenas;
VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas enfocados a pueblos y comunidades indígenas;
VII. Establecer instancias de evaluación y seguimiento de los programas y acciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
Artículo 2. Por desarrollo indígena se entiende el proceso de mejoramiento integral y progresivo de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, que les garantice el acceso a los derechos sociales y colectivos.
Artículo 3. Los planes y programas y para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se sujetarán a los siguientes principios:
I. Autonomía. Forma específica en que se ejerce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el cual les permite establecer su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural;
II. Buena fe. Disposición de las instituciones y dependencias del los tres órdenes de gobierno que participan en los planes y programas de desarrollo para hacer con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas;
III. Corresponsabilidad. Responsabilidad compartida por los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas, de obligaciones para participar en el desarrollo indígena;
IV. Desarrollo indígena. El proceso de mejoramiento integral y progresivo de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, que les garantice el acceso a los derechos sociales y colectivos reconocidos por en el sistema jurídico mexicano;
V. Diversidad cultural. Reconocimiento de las diferentes culturas que los pueblos indígenas son portadores de culturas diferentes, que coexisten en la sociedad nacional y tienen impacto en el tipo de desarrollo a que aspiran;
VI. Participación. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas de planear, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones para su desarrollo y el del país;
VII. Equidad. Condiciones para que el en diseño de los planes y programas de desarrollo se incluya a los diversos sujetos de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con la orientación específica de los programas;
VIII. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, tratándolas en un plano de igualdad, combatiendo toda forma de discriminación, así como las desigualdades económicas y sociales;
IX. Transparencia. Acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, estatal o municipal, necesaria para planear y ejecutar sus planes y programas de desarrollo, de manera objetiva, oportuna, sistemática y veraz;
X. Sustentabilidad. Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
Capítulo SegundoArtículo 4. Los sujetos del desarrollo son los pueblos indígenas y las comunidades que los integran. El mismo derecho asiste a las comunidades de migrantes.
Artículo 5. Son derechos de los sujetos del desarrollo los siguientes:
I. Planear ejecutar y evaluar los programas de desarrollo, con base en sus propias necesidades y condiciones económicas, sociales y culturales
II. Solicitar y recibir financiamiento y asesoría técnica, administrativa y contable para la elaboración y ejecución de sus planes y programas de desarrollo.
III. Asociarse con otros pueblos y comunidades, lo mismo que con otros sectores sociales para planear y llevar a cabo su desarrollo,
IV. Acceder a la información necesaria para la elaboración de sus propios programas de desarrollo o para incorporarse a los que de manera general elaboren los tres niveles de gobierno. Cuando así lo requieran dicha información deberá proporcionarles en su propia lengua;
V. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley.
Artículo 6. Los pueblos y comunidades indígenas gestionarán sus proyectos de desarrollo directamente o a través de los comités o consejos de desarrollo.
Artículo 7. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, los cuales se ejercerán de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
Capítulo TerceroArtículo 8. Los pueblos y comunidades indígenas participarán en las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus programas de desarrollo a través de los comités y consejos de desarrollo indígena.
Artículo 9. Los comités de desarrollo indígena serán nombrados por las comunidades indígenas con base en sus sistemas normativos. El número de sus integrantes y su denominación será decisión de cada comunidad indígena.
Artículo 10. El acta de la reunión o asamblea de la comunidad en que fueron electos, será el documento probatorio de su nombramiento.
Artículo 11. Son funciones de los comités de desarrollo indígena:
I. Representar a sus comunidades ante el Consejo de Desarrollo y ante los órganos del Estado que tengan intervención en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
II. Presentar los programas de desarrollo de su comunidad ante el Consejo de Desarrollo y vigilar que se le dé el seguimiento correspondiente;
III. Informar a la asamblea de su comunidad sobre las gestiones que realice, así como de los resultados;
IV. Participar en las tareas de programación, seguimiento y evaluación de Consejo de Desarrollo;
V. Rendir un informe anual a su comunidad de sus actividades;
VI. Ejecutar obras directamente, cuando para ello no se requieran estudios técnicos específicos ni conocimientos especializados.
Artículo 12. Los consejos de desarrollo indígena se integrarán con cuando menos cinco comités de desarrollo indígena. Las reglas de su funcionamiento y representación serán acordadas de manera autónoma por los mismos. El acta de la reunión o asamblea en que se constituyan y nombren a sus representantes, será el documento básico para acreditar su constitución y representación.
Artículo 13. Los consejos de desarrollo indígena podrán ser municipales o regionales, según se integren por comités de comunidades que pertenezcan a un solo municipio, o serán regionales cuando se integren por comités de comunidades que formen parte de dos o más municipios.
Artículo 14. Los Consejos podrán constituirse con los comités de las comunidades de un solo pueblo indígena o de dos o más pueblos.
Artículo 15. Son funciones de los consejos de desarrollo indígena:
I. Representar a las comunidades indígenas de los comités comunitarios que formen parte de él;
II. Integrar los programas de desarrollo comunitario y con ellos integrar el Programa de Desarrollo Regional;
III. Presentar el Plan de Desarrollo Regional a las instancias de gobierno que correspondan, para su evaluación y financiamiento;
IV. Dar seguimiento a los programas de desarrollo comunitario que integren el Programa Regional de Desarrollo;
V. Informar a los Comités comunitarios de desarrollo de las gestiones que realice para cumplir su encomienda, así como de sus resultados;
VI. Participar en las tareas de programación, seguimiento y evaluación del Programa Regional de Desarrollo;
VII. Rendir un informe anual de sus actividades a los comités comunitarios de desarrollo;
VIII. Ejecutar obras directamente, cuando para ello no se requieran estudios técnicos específicos ni conocimientos especializados.
Artículo 16. En las consultas a los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere la Ley de Planeación y otros ordenamientos jurídicos, cuando la materia se vincule directamente con el desarrollo, deberá considerarse la participación de los Comités y Consejos de Desarrollo Indígena.
Artículo 17. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, de acuerdo a los alcances de los programas destinados a la atención de los pueblos y comunidades indígenas, acordarán con los comités o consejos de desarrollo indígena, la forma en que éstos participarán en su ejecución, seguimiento y evaluación.
Artículo 18. Para los efectos del artículo anterior, se instituye una Junta Interinstitucional para la coordinación y concertación de acuerdos entre los representantes de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, con los consejos y comités de desarrollo indígena.
La Junta Interinstitucional se constituirá y se reunirá en cada uno de los centros coordinadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para atender a los consejos y comités del área de influencia del centro coordinador.
En los casos en que no exista centro coordinador, o que el más próximo no sea accesible, la junta se constituirá en los distritos de desarrollo rural sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable o, en su defecto, en la presidencia municipal, o alcaldía de la Ciudad de México que resulte más accesible.
Artículo 19. En la Junta Interinstitucional deberán participar, en el orden federal, por lo menos las dependencias y entidades integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; en el orden estatal, las dependencias y entidades homólogas o que guarden correspondencia por la materia, con las del orden federal, y en el orden municipal, el presidente municipal o el servidor público designado por éste.
Artículo 20. La Junta Interinstitucional será convocada y presidida por el representante de la Secretaría de Desarrollo Social, o de la dependencia en quien recaiga la designación del Ejecutivo federal para la presidencia de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Artículo 21. Son funciones de la Junta Interinstitucional:
I. Informar a los Consejos y comités de desarrollo indígena, de los programas y acciones de desarrollo, de las dependencias y entidades que la integran.
II. Recibir los programas y acciones de desarrollo propuestas por los consejos y los comités de desarrollo indígena.
III. Concertar, previa discusión y análisis, con los representantes de los consejos y comités, las acciones fundamentales a incluirse en la planeación y programación gubernamentales, para el cumplimiento de los programas de desarrollo de las comunidades y de las regiones representadas por los comités y consejos, respectivamente.
Capítulo CuartoArtículo 22. Los planes de desarrollo indígena de los gobiernos federal, estatales y municipales, tendrán como uno de sus objetivos principales, alcanzar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo e lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta ley.
Artículo 23. Los planes a que se refiere el artículo anterior, tendrán como base las propuestas que los pueblos y comunidades indígenas formulen, atendiendo a sus propias necesidades.
Artículo 24. Los programas de desarrollo que presenten los comités o consejos de desarrollo deberán ser de carácter comunitario y tener como finalidad satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas interesados. Deberán, asimismo, impulsar el ejercicio de la autonomía y los derechos sociales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 25. Los gobiernos federales, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, deberán acordar con los pueblos y comunidades indígenas la forma de apoyar sus programas de desarrollo, especificando las dependencias y entidades públicas responsables de su ejecución y el presupuesto destinado a ello.
Artículo 26. Los tres órdenes de gobierno darán prioridad a la atención de de los programas de los pueblos y comunidades indígenas orientados a:
I. El financiamiento de los programas productivos que se propongan rescatar los cultivos, técnicas, conocimientos propios del pueblo de que se trate o de la región en que habita.
II. Los programas destinados a brindar servicios sociales que empleen a los miembros de los pueblos o comunidades indígenas beneficiarios del programa y fortalezcan las estructuras y practicas comunitarias.
III. Las obras destinadas para el uso común por los pueblos y comunidades indígenas, que consideren la aportación de trabajo comunitario de los beneficiarios y utilicen materiales de la región en su realización.
Artículo 27. En caso de controversia derivada de la constitución o acreditación de los comités o consejos de desarrollo indígena, ésta será resuelta por la autoridad del pueblo o comunidad o, en su caso, por la autoridad competente.
Capítulo QuintoArtículo 28. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatales y municipales que tengan obligaciones o facultades para la atención de las necesidades de la población en materia de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, agua potable, saneamiento hidráulico, financiamiento y fomento productivo, deberán tomar como base los requerimientos señalados en los programas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, para el diseño de sus programas de atención a dichos pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 29. Para llevar a cobo las acciones a que hace referencia el artículo anterior, deberán incluir en sus propuestas de presupuesto de egresos, las erogaciones que permitan la atención de esos requerimientos.
Artículo 30. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en los presupuestos de egresos que les corresponda aprobar, darán un trato preferente a las propuestas de presupuesto de las dependencias y entidades respectivas, destinadas a apoyar los programas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 31. Las erogaciones aprobadas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán de consignarse en un ramo general que se denominará “Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas”. En el caso de las erogaciones que se aprueben en las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se integrarán en el mayor nivel de agregación previsto en sus respectivas legislaciones o normatividad aplicable en materia de presupuesto de egresos.
Artículo 32. El ejercicio de los recursos del Ramo General a que se refiere el artículo anterior, por las dependencias y entidades de la administración pública federal, requerirá la autorización previa de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Artículo 33. En el caso de cantidades federativas, la autorización corresponderá al organismo público especializado en la atención de los pueblos indígenas si lo hubiere y si no, la autoridad hacendaria respectiva autorizará con la opinión del representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de los Consejos de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Entidad.
Artículo 34. En los municipios con población indígena, la autorización la extenderá el cabildo del ayuntamiento respectivo, con la participación del Consejo de Desarrollo Indígena correspondiente.
Artículo 35. Los Comités de Desarrollo Comunitario y los Consejos de Desarrollo Indígena podrán convenir con las dependencias o entidades gubernamentales la realización directa de obras que, por la experiencia y conocimiento de la comunidad puedan llevar a cabo ellas mismas. En estos casos, para la comprobación del gasto ejercido ante la autoridad correspondiente no se exigirá más requisito que la evidencia de la obra realizada.
Artículo 36. Cuando la magnitud de la obra propuesta requiera de estudios especializados o de presupuesto especial, se realizarán todos los trámites necesarios para su aprobación y de resultar viable, se programarán para el año siguiente.
Capítulo SextoArtículo 37. Con base en los informes de los planes, programas y presupuestos de egresos de los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales; los consejos y comités de desarrollo indígena, anualmente acordarán con las dependencias y entidades de la administración pública que corresponda, las modalidades, participación, presupuestos, metas y calendarios, conforme a los que se ejecutarán las acciones consideradas a favor del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas que representan.
Artículo 38. Los presupuestos, metas y calendarios acordados, será la base para que los consejos y comités den seguimiento a las acciones a realizar por las dependencias y entidades que correspondan. En caso de detectar incumplimiento o desviación de los presupuestos, metas y calendarios, los consejos y comités, por escrito lo harán del conocimiento de la dependencia o entidad pública responsable, las cuales deberán de tomar las medidas necesarias para su corrección e informarán de ello a los consejos y comités.
Artículo 39. Los consejos y comités de desarrollo indígena realizarán, cuando menos una vez al año, reuniones con sus representados para evaluar el cumplimiento de los objetivos de sus programas de desarrollo, el desempeño de quienes participan o participaron en la realización de sus programas, el uso y aplicación de los recursos que se aportaron y los impactos sociales, económicos y ambientales que han implicado las realizaciones de las acciones consideradas en los mismos. En estas reuniones, los representantes de las dependencias y entidades públicas que apoyaron esos programas, deberán de participar sí son requeridos.
Artículo 40. Las dependencias y entidades públicas que participaron en los programas de desarrollo indígena, así como aquellas con funciones de evaluación de la gestión pública y la política social, apoyaran a los consejos y comités de desarrollo indígena, con asesoría e información, para la evaluación de sus programas de desarrollo.
Artículo 41. Los consejos y comités de desarrollo indígena, podrán asesorarse por quien estimen conveniente, para realizar la evaluación de sus programas de desarrollo.
Artículo 42. Las conclusiones de las evaluaciones serán remitidas a las dependencias y entidades de la administración pública corresponsables con los programas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, para en los casos de observaciones a su desempeño, se tomen las medidas conducentes.
Capítulo SéptimoArtículo 43. Toda autoridad, organización o persona, indígena o no, podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley o contravenga sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.
Artículo 44. La denuncia deberá presentarse ante el órgano de control de la dependencia o entidad competente y presentarse mediante escrito que contenga:
I. El nombre, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante;
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;
III. Los datos que permitan identificar a la persona, física o moral, presuntamente infractora, y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.
Artículo 45. Si de las denuncias a las que se refiere el artículo anterior, o de cualquier otra investigación, resultara algún hecho presumiblemente delictuoso, se dará parte al Ministerio Público correspondiente para que se proceda como legalmente corresponda. Si las conductas constituyeran faltas administrativas, éstas se sancionarán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o las de sus similares en los estados, según el caso.
TransitoriosPrimero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal proveerá lo necesario para que, en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la publicación de esta ley, se constituyan las juntas interinstitucionales y para facilitar la constitución y funcionamiento de los comités y consejos de desarrollo indígena, así como su participación regular en las juntas interinstitucionales.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas
1 https://www.gob.mx/cdi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los- pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128?idiom=es
2 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/ Comunicado-Dia-Pueblos-Indigenas.pdf
3 http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018.— Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa de decreto que adiciona el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La diputada Beatriz Manrique Guevara:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros, es más fácil construir a un niño fuerte que reparar a un adulto roto. De acuerdo con el artículo 18 de nuestra Carta Magna, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos de los internos. A pesar de ello, es de todos conocido que las condiciones de los centros penitenciarios en México hacen difícil garantizar el cumplimiento de lo anterior.
Durante la última década, la población femenil en los centros de reclusión se ha duplicado, además se debe mencionar que la vida de las mujeres dentro de la cárcel es mucho más dura que la de los hombres, pues en la mayoría de los casos existe abandono, existe desarraigo de sus parejas y por ese motivo es importante proteger los vínculos de las mujeres con sus hijos, pues ello representa para ellas una esperanza y un aliciente para alcanzar la aspirada reinserción social.
En los centros penitenciarios hay un pleno desarrollo en la relación de madre e hijo por un periodo corto. Sin embargo, encontramos también graves dificultades, no puedes moverte hacia ningún lado, avanzas luchando con tu hijo de la mano, tapándole los ojos, los oídos, aislándolos en una estancia, limitando su desenvolvimiento. Tener conciencia de todo esto causa un gran conflicto emocional que también tenemos que ocultar: la impotencia, el coraje, la angustia.
Esto que acaban de escuchar de mi boca es el testimonio de una madre, que recogió un grupo de investigadoras mientras realizaban un trabajo sobre niños y niñas que viven con sus madres en reclusión.
Un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015, da cuenta de hechos y situaciones que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad, pero también de sus hijos que permanecen con ellas y está relacionado con el maltrato, deficiencias alimentarias, sobrepoblación, hacinamiento y falta de condiciones de una vida digna.
Si las mujeres enfrentan en los centros penitenciarios mexicanos condiciones que ponen en riesgo sus derechos, la situación de sus hijos y de sus hijas es aún mayor. Es por eso que quiero hacer hincapié en la necesidad de la intervención legislativa de todos y todas nosotras, para garantizar la salud mental de estos menores.
De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, se encuentran aproximadamente 500 niños y niñas viviendo con sus mamás en la prisión. Sin embargo, hay que señalar que esta es una cifra que está en constante movimiento.
Los niños y las niñas que nacen y crecen dentro de los centros penitenciarios no se desarrollan bajo condiciones naturales, ya que tienen poca o nula interacción con otros infantes y presencian cotidianamente situaciones de hostilidad y de violencia.
Los más afortunados visitan a sus familiares en fin de semana. Otros no tienen la posibilidad de salir nunca durante sus primeros tres años y juegan y se desarrollan dentro de una cárcel.
En la actualidad, la discusión sobre la maternidad dentro de los reclusorios es un tema vigente. Sin embargo, hoy en la ley se les permite a las madres conservar la presencia de sus hijos los tres primeros años.
Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana que reconoce el principio del mantenimiento del menor en su familia biológica como protección fundamental. Y el hecho de que la madre de un menor esté privada de su libertad no es una circunstancia que impida que el niño disfrute de la relación con su madre, si ella así lo desea, dentro del reclusorio.
Actualmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal no contempla como el derecho de las mujeres para que tengan más acceso que la presencia de estos menores.
La iniciativa que presentamos el día de hoy tiene por objetivo reformar la ley, de tal manera que se pueda garantizar de manera obligatoria y gratuita la atención psicológica de los menores que viven con sus madres, para prepararlos tanto para el momento de la separación como durante el tiempo que están con ellas y de esa manera salvaguardar su integridad mental y psicológica.
Es obligación del Estado garantizar que los niños que están en la cárcel con sus madres reciban esta atención psicológica, los preparen para el momento de la separación cuando cumplen tres años y tengamos la posibilidad de prevenir y de construir niños sanos. Así impediremos reparar adultos rotos. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que adiciona el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Beatriz Manrique Guevara e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputada Beatriz Manrique Guevara e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al párrafo cuarto del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosDe acuerdo al artículo 18 de nuestra Carta Magna, el sistema penitenciario en México se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos de los internos, a pesar de ello, las condiciones estructurales de los centros carcelarios hacen difícil garantizar el cumplimiento de lo anterior.
En nuestro país, la mayor proporción de personas en reclusión corresponde a varones, mientras que las mujeres representan un porcentaje que ronda el 5 por ciento de la población carcelaria. Esta situación hace aún más compleja para las mujeres su estancia en la cárcel, pues las instalaciones, las normas y las políticas públicas propias del sistema penitenciario en nuestro país difícilmente consideran de manera integral las necesidades específicas del sexo femenino.
Una muestra de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las mujeres en el sistema penitenciario de nuestro país se tiene en el Informe especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2015, en el cual se reporta lo siguiente:
El personal de esta Comisión Nacional, con base en los señalamientos realizados por las mujeres internas, lo que pudo observarse y lo informado por los servidores públicos adscritos a los centros visitados, tuvo conocimiento de hechos que dificultan las condiciones de vida digna y segura, así como de situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos que permanecen con ellas, relacionados con maltrato; deficiencias en las condiciones materiales de los centros de reclusión; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno; cobros y privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias; diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica; inexistencia de manuales de procedimientos; deficiencias en la prestación del servicio médico; insuficiente personal de seguridad; falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de reclusión; anomalías en la supervisión de los centros de reclusión; deficiencias relacionadas con las actividades de reinserción social; ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física; inadecuada atención a las personas con discapacidad psicosocial, así como inexistencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación.
Por otra parte, en la descripción de la situación nacional por la que atraviesan las mujeres privadas de la libertad en nuestro país, un trabajo conjunto de la asociación civil Reinserta y del Instituto Nacional de las Mujeres, se señala que: “La cárcel es sin duda alguna, un espacio de deshumanización y deterioro social; de injusticias, prejuicios, violencias y carencias. Estas condiciones inherentes a los muros de la prisión se multiplican cuando se habla de mujeres, muchas de ellas víctimas de un sistema social patriarcal y un sistema jurídico androcéntrico”.
Ahora bien, si las mujeres enfrentan en las cárceles mexicanas condiciones que ponen en riesgo de vulnerabilidad sus derechos humanos, la situación de los hijos e hijas que viven con ellas al interior de algún centro penitenciario es mucho peor.
Si bien la maternidad en prisión ha sido un tema poco estudiado, éste es un asunto de gran relevancia por el impacto que genera en las y los hijos de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad.
Las y los menores que viven con sus madres en prisión han sido considerados como niñas y niños “invisibles”, pues se trata de un fenómeno sobre el cual apenas recientemente se ha llamado la atención. En este sentido, el trabajo de diversas asociaciones civiles, como Reinserta, y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha sido fundamental para poner el foco sobre ellos y hacer hincapié en la necesidad de la intervención pública para garantizar el bienestar y sano desarrollo de los menores.
Hasta hace poco eran relativamente escasos los estudios y estadísticas que existían sobre el tema, por lo cual se dificultaba que la sociedad tuviera consciencia de la magnitud del problema.
Actualmente, de acuerdo a datos obtenidos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se pueden encontrar alrededor de 500 niños y niñas viviendo con sus madres en prisión. Sin embargo, se debe señalar que se trata de una cifra en constante cambio.
Las niñas y los niños que nacen y crecen en un centro penitenciario no se desarrollan bajo condiciones normales, ya que tienen poca o nula interacción con otros infantes y presencian cotidianamente situaciones de hostilidad y violencia. Los más afortunados visitan a sus familiares los fines de semana. Otros no tienen la posibilidad de salir y nunca han recorrido una calle o jugado con otros niños en un parque.
Su realidad es injusta y dolorosa, pues no están involucrados en la comisión de delitos y no tienen la capacidad para comprender la reclusión, pero pasan los primeros años de su vida, los cuales son decisivos para el desarrollo de la personalidad, aislados y expuestos a un ambiente inapropiado. El hecho de vivir en lugares sin infraestructura adecuada para su descanso, educación y recreación les ocasiona traumas que podrían afectarlos para el resto de sus vidas.
En la actualidad, la discusión sobre la maternidad en prisión, gira en torno a determinar si las y los niños deben permanecer o no con sus madres al interior de un centro de reclusión. Lo primero que se debe tener en cuenta es que, si bien la pena privativa de la libertad restringe el derecho al libre tránsito, ello no significa que se deban restringir otros derechos fundamentales de las mujeres como los sexuales y reproductivos, por lo cual no debieran entrar en conflicto la situación de encarcelamiento y el ejercicio de los derechos mencionados.
En este sentido, la reciente creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal representa un avance importante en cuanto respecta a la maternidad en prisión y a la tutela de los derechos inherentes a la condición de ser mujer, pues en este ordenamiento se incorpora de manera textual el derecho a la maternidad y a la lactancia y se reconoce la existencia de los niños que permanecen con sus madres en prisión. Del mismo modo, la Ley enuncia una serie de derechos encaminados a la protección del bienestar integral de los menores, obligando al Estado a proveer lo necesario para salvaguardar esas condiciones de bienestar integral.
No obstante lo anterior, existe un tema que no está contemplado entre los derechos a los cuales deben tener acceso las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos. Ese tema es la atención psicológica que debieran tener los menores para garantizar su adecuado desarrollo, pues son muchas las situaciones no convencionales a las que se encuentran expuestos.
Se debe señalar que, actualmente, en algunas prisiones en las que existen visitas interreclusorio, las mujeres acuden con sus hijos y se realiza la convivencia conyugal en presencia de los menores, impactando directamente en el desarrollo de los mismos.
Otro aspecto que se debe considerar para alcanzar un estado de idoneidad en el desarrollo del menor y su bien superior es el rango de edad de permanencia con su madre en el ambiente carcelario. Es complicado pensar en un rango de edad ideal de convivencia diaria de hijas e hijos con sus madres en prisión. No obstante, según lo señalan Reinserta y el Inmujeres, existen autores clásicos en el campo de la psicología, como Donald Winnicott, Lev Vygotsky o Jean Piaget, que han abordado la importancia de la relación materna y la calidad de los vínculos que se establezcan en etapas tempranas con respecto al desarrollo y la socialización de las niñas y los niños.
Las y los niños crecen en las condiciones en las que viven sus madres, interiorizando las formas de vida dentro de prisión, como horarios, alimentación, carencias, y contacto con otras mujeres internas. Las mujeres que tienen una red familiar de apoyo, permiten la convivencia de sus hijos con sus familiares durante las visitas destinadas para ello, e incluso algunas de ellas, consideran que sus hijos salgan de la cárcel con sus familias, regresando con ellas algunos días entre semana o fines de semana.
Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda Gómez Mont señalan que “Los menores que actualmente viven en prisión con sus madres están constantemente en situaciones de violencia [Conviven] en espacios con sobrepoblación y en condiciones infrahumanas; son espectadores de las visitas conyugales de sus padres cuando ambos están en reclusión, y son privados por los primeros años de su vida de conocer el mundo, al cual eventualmente se tendrán que enfrentar”.
Evidentemente, experiencias como las descritas son perjudiciales para cualquier niño o niña, ya que afectan su desarrollo normal, lo cual tendrá consecuencias en su vida emocional y social, tanto en el corto como en el largo plazo.
Otro factor que pudiera influir negativamente en la estabilidad emocional de las niñas y niños que viven con sus madres en prisión y que debe ser tomado en cuenta es el de la separación, una vez que cumplen tres años, la cual es la edad máxima que, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se permite para que los menores puedan permanecer en el centro penitenciario.
El diagnóstico de la asociación civil Reinserta y del Inmujeres señala que los niños y niñas que viven la experiencia de ser separados de sus madres, no cuentan con una intervención oportuna o el apoyo psicológico necesario para vivir y comprender su proceso de separación, lo que genera efectos negativos para su desarrollo. Cuando llegan a la edad permitida, las y los niños son excarcelados llevándolos con algún familiar alterno (si la madre cuenta con el apoyo de alguno) o alguna casa hogar que se encargue de su atención y custodia, pero no se cuenta con el ordenamiento jurídico, ni con los protocolos o instituciones que tutelen y garanticen el bienestar integral de los menores una vez que estén fuera de prisión.
Al interior de prisión, algunos niños se desenvuelven mejor que otros y aunque sus habilidades psicomotrices varían por edad, es a través del juego y de los dibujos que se puede observar el impacto que existe en su desarrollo. El problema es que en la actualidad no existe una propuesta para dar seguimiento a estos niños y poder medir el efecto que estas condiciones tienen en su vida futura. Al interior, no todos los menores asisten a las actividades académicas y de recreación que el centro o los centros ofrecen, lo que se suma a los factores que afectan su desarrollo.
El diagnóstico de la asociación civil Reinserta y del Inmujeres, observa que las y los niños que [al salir de prisión] son canalizados a instituciones, tienen mayor dificultad para un adecuado crecimiento y desarrollo, que se incrementan durante su etapa de adolescencia, lo que puede producir conductas parasociales o incluso antisociales.
Reconociendo que la prisión es un entorno inadecuado para el desarrollo de los menores, la presente iniciativa pretende establecer que las mujeres privadas de la libertad que viven con sus hijas o hijos en reclusión tendrán derecho a que su hija o hijo reciba la prestación de servicios de atención psicológica especializada que permita garantizar el adecuado desarrollo socio-emocional del menor.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al párrafo cuarto del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Único.Se adiciona una fracción II Bis al párrafo cuarto del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como a continuación se presenta:
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos
(...)
(...)
(...)
Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I. a II. (...)
II Bis. A que su hija o hijo reciba la prestación de servicios de atención psicológica especializada, de manera gratuita, que permita garantizar el adecuado desarrollo socio-emocional del menor, tanto durante su estancia en el centro penitenciario como al momento de su egreso del mismo.
III. a IV. (...)
(...)
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Véase, “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 2015. Pp. 10-11. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ 2015_IE_MujeresInternas.pdf
2 Véase, “Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes”, Instituto Nacional de las Mujeres y Reinserta A.C., México 2016. Página 19.
3 Ibídem. Página 19.
4 Ibídem. Página 33.
5 Ibídem.
6 Véase, Niño de Rivera, Saskia y Castañeda Gómez Mont, Mercedes, “Maternidad en Prisión”, revista Foro Jurídico, febrero 2016. Pp. 20-25.
7 Véase, “Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad...”, Op. Cit. Página 36.
8 Ibídem. Página 38
9 Ibídem. Página 39.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Beatriz Manrique Guevara,Ana Patricia Peralta de la Peña, Arturo Escobar y Vega, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Martha Estela Romo Cuéllar, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcántar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez, Jesús Carlos Vidal Peniche (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Ignacio Moreira, para presentar dos iniciativas. Serán cinco minutos para cada una.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el señor presidente electo, en su campaña política y en la reciente visita a las entidades del norte, ha mencionado el compromiso de disminuir cargas impositivas en una franja de 30 kilómetros en la frontera de nuestro país con Estados Unidos.
Hoy pongo a su consideración, diputadas y diputados, dos iniciativas que siguen la ruta de la propuesta del presidente electo. Una de ellas a la Ley al Impuesto al Valor Agregado, y otra más a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Las iniciativas que presento buscan que el beneficio que va a representar la disminución de impuestos en la mencionada franja de 30 kilómetros se extienda a poblaciones que por su cercanía guardan una identidad económica con la frontera y buscan también evitar que se fraccione el territorio de municipios, y se provoque en ella la existencia de dos tasas impositivas diferenciadas.
Hasta hace muy poco, la frontera norte tenía un régimen distinto al resto del país en materia de cargas impositivas. La vecindad con la Unión Americana y su compleja economía era el motivo de tal distinción.
La última reforma fiscal homologó los impuestos con todo el país y, paradójicamente, provocó una desventaja significativa en la economía de ciudades como Juárez, Mexicali o Acuña.
Según reportes del Colegio de la Frontera Norte, la homologación del impuesto al valor agregado en los estados fronterizos significó un aumento del cinco por ciento en los precios, provocando una disminución en el poder adquisitivo de la población.
La primera iniciativa, tal y como lo ha propuesto el presidente electo, busca generar una reducción en la tasa del IVA en la zona fronteriza, para afectar lo menos posible la competitividad económica. Por ello se propone que el pago del IVA en esta área sea del ocho por ciento.
Ahora bien, contrario a lo que ha ocurrido con el IVA, en el caso del ISR no existe antecedente de una tasa diferenciada en las regiones del país. Sin embargo, hoy día es necesario ofrecer a la frontera mayores condiciones de competitividad, por lo que el presidente electo ha planteado una reducción de la tasa del ISR del 30 al 20 por ciento.
En consonancia con lo anterior, esta iniciativa plantea reformar el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de que se puntualice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30 por ciento, salvo en la zona fronteriza donde sería de un 20 por ciento.
Diputadas y diputados, mi propuesta se suma a la oferta que hizo pública el presidente electo, sin embargo, presenta algunas variables con el propósito de evitar que una línea inflexible genere injusticia y desventaja a poblaciones que se encuentran a escasos kilómetros de ella.
Mi iniciativa no agrega a la idea original de los 30 kilómetros, grandes proporciones de territorio o entidades federativas completas, se entiende que esto sería imposible por el desbalance que se generaría a las finanzas públicas. En lo que propongo incluyo solo aquellas poblaciones íntimamente ligadas a la economía de la frontera, con el propósito de evitar que los municipios tengan una tributación diferenciada.
Si en su oportunidad se aprueba la iniciativa, la que ya se ha anunciado por el presidente electo, se agregaría la franja de los 30 kilómetros los siguientes municipios y localidades: Playa de Rosarito, Baja California; Cananea, Sonora; Nava, Allende, y Morelos, Villa Unión, Zaragoza y Ocampo, en Coahuila.
Y finalmente, el total del territorio de los municipios que tengan una fracción del mismo dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de dicha superficie, lo que les presento es una propuesta integral que no deje fuera las poblaciones a las que he hecho referencia y con ello se robustece la franja de los 30 kilómetros con el propósito de dar competitividad a la zona fronteriza, condición que es muy importante. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputada Irma María Terán Villalobos, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada Martha Hortensia Garay Cadena y diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto en materia del impuesto sobre el valor agregado.
Exposición de MotivosLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31, fracción IV, que es obligación de las y los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Al observar los efectos que ha tenido la homologación del IVA en las zonas fronterizas, encontramos una evidente vulneración de los principios de proporcionalidad y equidad fiscal contenidos en nuestra Carta Magna. Nuestra actual legislación en la materia no toma en cuenta las condiciones específicas del mercado fronterizo, ignorando por completo la dinámica particular que se desarrolla en la demanda de bienes y servicios.
Según reportes del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Baja California, la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) en los estados fronterizos, significó un aumento en los precios del 5 por ciento provocando una disminución en el poder adquisitivo de la población local, entre otras implicaciones.
En el estudio realizado por especialistas del Colegio de la Frontera Norte se destaca el empeoramiento del efecto distributivo de los recursos de las familias, toda vez que el aumento al IVA recae principalmente en los pobladores más pobres de la región fronteriza, quienes no tienen alternativa de elegir sus gastos entre México o Estados Unidos, quedándoles únicamente la opción de adquirir los productos a un precio mayor en el mercado nacional.
En cambio, para quienes tienen la posibilidad de consumir en el mercado externo de la frontera sur de los Estados Unidos, el efecto es también nocivo, pues reduce su capacidad de compra en el mercado interno, trasladando su consumo hacia bienes y servicios de procedencia externa.
Estados Unidos tiene un impuesto que va del 8 al 10 por ciento de las ventas y si bien la naturaleza del mismo no es igual a la del valor agregado, al final de cuentas la gente terminó pagando del 6 al 8 por ciento más por la compra de bienes o contratación de servicios.
Al tener que pagar más impuestos por la compra de bienes o prestación de servicios en la zona fronteriza, muchos de los consumidores mexicanos optaron por realizar sus compras en Estados Unidos.
Esta reducción del consumo local tiene un efecto negativo en la producción y generación de empleo, atenuando el potencial productivo de la región fronteriza y significando desventajas competitivas frente a inversionistas.
Los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora aportan el 25 por ciento del PIB nacional en las actividades secundarias, es decir, en sector industrial, según datos del Inegi.
La tendencia hacia las compras externas provocadas por el IVA podrá destruir sistemáticamente los efectos multiplicadores de la actividad económica, en particular en el estado de Baja California, de acuerdo con el estudio del Colef.
Otro factor que impactó la homologación del IVA fueron las personas que viven del turismo, los cuales se hicieron menos competitivos con un IVA del 16 por ciento ya que lo que venden a los turistas podría ser adquirido en EU por un menor precio.
Por lo que se refiere a la frontera sur del país, a partir de la homologación del IVA hubo una pérdida de competitividad a nivel regional respecto a Centroamérica, puesto que actualmente en dicha región el impuesto al consumo no rebasa una tasa de 10 por ciento. En consecuencia, el efecto de la desaceleración económica provoca un duro golpe a la economía familiar de la región.
Para cambiar esta situación de desigualdad, es indispensable elevar la capacidad competitiva de la frontera sur y establecer las condiciones económicas necesarias para generar un mayor desarrollo económico, oportunidades de crecimiento, inversiones y empleos de calidad.
En el mes de agosto de 2014, las principales ciudades fronterizas del norte y del sur del país alcanzaron una inflación acumulada que superaba con facilidad a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
La tasa del IVA reducido en las zonas fronterizas tiene como objeto, afectar lo menos posible la competitividad con el comercio exterior, en consecuencia la Suprema Corte emitió la Tesis siguiente:
Tesis: P. CXXXVIII/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197681 234 de 246 Pleno Tomo VI, Septiembre de 1997 Pag. 208 Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa) Tomo VI, septiembre de 1997
Valor agregado. El artículo 2o. de la Ley relativa al impuesto correspondiente, que establece la aplicación de una tasa menor cuando los actos o actividades gravados se realicen por residentes en la región fronteriza, no viola el principio de equidad tributaria (Legislación vigente a partir del 1o. de abril de 1995).
El artículo anterior respeta el principio de proporcionalidad y equidad tributaria al aplicar una tasa reducida sobre actos o actividades gravados cuando estos se realicen por residentes de la región fronteriza, ya que los patrones de consumo no se presentan en igualdad de condiciones en esta región que en el resto del país; lo cual se traduce en claras desventajas competitivas que afectan a la economía de las regiones fronterizas, desacelerando su desarrollo. La motivación del legislador al implementar esta tasa del IVA diferenciado, es desalentar el consumo de bienes y servicios extranjeros con el fin de disminuir los efectos negativos que perjudican la competitividad de la región.
Amparo en revisión 1772/95. Isaías García Calvillo y otros. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo en revisión 1989/96. Maximino Rubén Cerón López. 3 de julio de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.
Amparo en revisión 1981/95. Enlaces Radiofónicos, S.A. 3 de julio de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Ángel Mattar Oliva.
Amparo en revisión 3047/96. Juan Ricardo Juárez Castillo. 3 de julio de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Ángel Mattar Oliva.
El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete.
En el año 2013 se propuso la homologación del IVA en la región fronteriza, pasando de un 11 por ciento a un 16 por ciento a partir del 2014. Lo anterior se argumentó en la siguiente exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación:
Este tratamiento resulta inequitativo frente a las operaciones similares que se realizan en el resto del territorio nacional. La aplicación de una tasa reducida en dicha región, además de implicar una menor recaudación, dificulta la administración y el control del impuesto, por lo que se abren espacios para la evasión y elusión fiscales.
En su momento, el otorgamiento de dicho beneficio obedeció a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la citada región.
Asimismo, la eliminación de la tasa para la región fronteriza, resulta constitucional, ya que su establecimiento fue una decisión de política tributaria que atendía al fin extrafiscal de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros en tal región, por lo que su otorgamiento no es exigible constitucionalmente, además de que la libertad de configuración del legislador en materia fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse bajo la idea de que en ella se da espacio para diversas políticas tributarias, en virtud de que no se encuentran previamente establecidas las opciones de los modelos impositivos, ni las tasas aplicables a los impuestos.
Se puede observar que existe un razonamiento jurídico fiscal, sin embargo, no se compartieron estudios que ofrecieran datos acerca de la inflación, recesión, impacto en las inversiones y generación de empleo, así como otras consecuencias económicas.
Es obligación del Estado mexicano brindar un marco legal e institucional que brinde un clima favorable para la inversión, potencie la conectividad hacia el mercado nacional e internacional y desarrolle actividades económicas compatibles con el perfil productivo y potencial de los estados que conforman la franja fronteriza del país; más específicamente de los municipios y poblaciones que por su cercanía geográfica con los Estados Unidos de América, sufren en mayor medida de estas desventajas competitivas.
Lo anterior, con el objeto de promover el desarrollo comercial local y binacional de la frontera norte y sur del país, al fomentar su integración a los mercados internacionales; lo cual fortalecerá su economía local, traduciéndose en una mejora de las condiciones de vida de la población fronteriza, a través de una mayor inversión y generación de empleos.
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
Único. Se adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2o. El pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley será del 8% en la región fronteriza del norte de México.
Tratándose de importaciones, se aplicará la tasa del 8% siempre que los bienes o servicios sean enajenados o prestados, según el caso, en la citada región fronteriza.
Para efectos de esta Ley, se considerará como región fronteriza:
I. Los municipios y poblaciones que se encuentren dentro de la franja fronteriza de 30 kilómetros paralelos a la línea divisoria internacional de las fronteras norte y sur del país.
II. El total del territorio de los municipios que tengan una fracción del mismo dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie.
III. Los municipios que formen una unidad geográfica y económica con aquellos que se encuentran dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie.
IV. En los términos a los que se refiere la fracción anterior se entenderán los siguientes municipios: Playas de Rosarito, Baja California; Cananea, Sonora; Nava, Allende, Morelos; Villa Unión, Juárez, Zaragoza, y Ocampo, Coahuila.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputados y diputadas: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Irma María Terán Villalobos, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortensia Garay Cadena, Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez:
«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Exposición de MotivosEl impuesto sobre la renta es una contribución de carácter directa, cuyo objeto es gravar todo incremento positivo en el patrimonio del contribuyente.
Al respecto, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece la manera en que se realizará el cálculo del impuesto, para lo que se requiere determinar la utilidad fiscal que se obtiene disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables durante el ejercicio correspondiente, las deducciones autorizadas por la ley.
En el caso de la frontera norte del país, es importante señalar que la dinámica comercial de esa región y las condiciones de competitividad que deben existir con los Estados Unidos de América (EUA), hace necesario repensar la tasa que debe cobrarse, que hoy día es de 30 por ciento.
A lo anterior se suma que los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora aportan 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional en las actividades secundarias, es decir, en sector industrial, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que evidencia la necesidad de otorgar a la franja fronteriza norte del país condiciones para seguir siendo competitiva respecto de EUA.
Contrario a lo que ha ocurrido con el Impuesto al Valor Agregado, en el caso del ISR no existe antecedente de una tasa diferenciada en las diferentes regiones del país, sin embargo, hoy día es necesario ofrecer a la frontera norte mayores condiciones de competitividad, por lo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha planteado una reducción de la tasa, en el caso del ISR de 30 a 20 por ciento.
Los efectos de esta reducción en términos de recaudación son imposibles de cuantificar, sin embargo, es importante destacar que, tratándose de cualquier impuesto, la recaudación no depende exclusivamente de las tasas, sino de otros factores como el crecimiento económico.
En otras palabras, generar un incentivo de esta naturaleza en la frontera norte, no necesariamente significa perder un porcentaje de la proyección de recaudación anual para el país, toda vez que el incentivo podría constituir en sí mismo mayor recaudación al potenciar el crecimiento económico en la franja fronteriza norte.
Por tal motivo, se plantea reformar el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a efecto de que se puntualice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de 30 por ciento, salvo en la región fronteriza norte del país donde será de 20 por ciento.
Ahora bien, es importante que este incentivo no se limite a únicamente 30 kilómetros contados a partir de la franja fronteriza, sino que considere la dinámica económica que se conforma en toda una región que, en algunos casos, puede extenderse más allá de los 30 kilómetros, o bien, consiguiendo que no se establezca tasa diferenciada dentro de un mismo municipio, cuya extensión pudiera ir más allá de los 30 kilómetros.
Por tal motivo y a efecto de no dejar lugar a interpretación sobre qué se entenderá por región fronteriza norte, se propone precisar que la región fronteriza está constituida no sólo por los municipios y poblaciones que se encuentren dentro de la franja fronteriza de 30 kilómetros paralelos a la línea divisoria internacional de las fronteras norte y sur del país, sino por los municipios que formen una unidad geográfica y económica con aquellos que se encuentran dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie, así como el total del territorio de los municipios que tengan una fracción del mismo dentro de la franja de los 30 kilómetros, incluso cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie.
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 9.Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de 30 por ciento, salvo en la región fronteriza norte del país donde será de 20 por ciento.
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
I.Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
El impuesto del ejercicio se pagará mediante una declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.
Para determinar la renta gravable a la que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta ley.
Para los efectos de lo establecido en el primer párrafo, se entenderá por región fronteriza norte:
I. Los municipios y poblaciones que se encuentren dentro de la franja fronteriza de 30 kilómetros paralelos a la línea divisoria internacional de las fronteras norte y sur del país.
II. Los municipios que formen una unidad geográfica y económica con aquellos que se encuentran dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie.
III. En los términos a los que se refiere la fracción anterior se entenderán los siguientes municipios: Playas de Rosarito, Baja California; Cananea, Sonora; Nava, Allende, Morelos; Villa Unión, Juárez, Zaragoza, y Ocampo, Coahuila.
IV. El total del territorio de los municipios que tengan una fracción del mismo dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.— Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sandra Paola González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himnos Nacionales. Suscrita por diputados del Grupo de Morena.
La diputada Sandra Paola González Castañeda:Con su permiso, señor presidente. Buenos días, estimados y estimadas legisladoras y legisladores. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El artículo 34 que se propone reformar establece que la banda presidencial es el emblema del Poder Ejecutivo federal, por lo que solo puede ser portada por el presidente de la República. Asimismo, dispone que tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente. Llevará el escudo nacional bordado en hilo dorado a la altura del pecho del portador y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado.
Es importante destacar que el mismo dispositivo legal señala que la banda presidencial constituye una forma de representación de la bandera nacional. En este sentido, desde el año de 1984, cuando se emitió la ley vigente sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se estableció que el orden de los colores en la banda presidencial seguiría los mismos de la bandera correspondiendo el color verde en la franja superior.
Sin embargo, mediante la reforma del 23 de junio de 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el orden de los colores en la banda presidencia, correspondiendo, después de esta reforma, el color rojo a la franja superior de la banda.
Como dije anteriormente, la banda presidencial es una forma de representación de la bandera nacional, cuyos colores tienen una profunda significación histórica y de identidad nacional.
La propia Secretaría de Cultura reconoce a la bandera nacional y sus colores como testimonio de la construcción de la identidad mexicana. En su confección simbólica se distingue la mezcla de alegorías provenientes de tres civilizaciones distintas tanto en el tiempo como en el espacio.
La primera de ellas es la prehispánica, derivada de la mitología olmeca, maya y mexica, cuyo símbolo mítico fundacional es el águila parada sobre el nopal que se convirtió en insignia universal del Estado mexica; a la postre, en el escudo nacional mexicano, la segunda, la española, religiosa y Colonia representada por las ramas de encino y laurel; y la última, la franco iglesia de liberalismo ilustrado reflejado en sus colores verde, blanco y rojo.
Nuestra bandera es un símbolo mestizo. Es el espejo fiel de nuestra identidad, mezcla de raza y de cultura unida por su tradición e historia.
Por la trascendencia de la bandera como símbolo de identidad nacional, y en particular la significación de sus colores, en el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es fundamental que la banda presidencial recupere el orden original establecido desde la ley emitida en 1984.
Por ello proponemos que se establezca la disposición de que el color verde corresponde a la franja superior de la banda presidencial. Con ello el artículo 34 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales guardaría congruencia con lo dispuesto en el artículo 3o. de la misma ley que establece que los colores de la bandera nacional son, sucesivamente, el verde, el blanco y el rojo. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosDe conformidad con el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la banda presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo federal, es por esto que debe sujetarse a los requisitos establecidos en el artículo 3o. de la mencionada ley que establece que “la Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo”.
La finalidad de esta iniciativa es que la banda presidencial, al ser una de las representaciones más importantes de nuestro país, y ser portada exclusivamente por el titular del Poder Ejecutivo, se adecúe respecto del orden de los colores dispuestos para la Bandera Nacional, esto es, el color verde en la parte superior, seguida del color blanco y el color rojo.
Este orden fue modificado con la reforma publicada el 23 de junio de 2010. Con dicha reforma, se alteró el orden en que se venía utilizando en la banda presidencial, cambiando el color verde de la franja superior por el color rojo. En su momento, se argumentó que la banda presidencial debía sujetarse a la forma y orden que establece el artículo 3o. de la ley respectiva. Sin embargo, se considera que por congruencia normativa y por así corresponder a su historia debe establecerse el color verde en la parte superior.
En adición, se hace este ajuste al emblema del Poder Ejecutivo federal para recuperar el uso histórico que se le había dado durante casi diecisiete sexenios, desde la administración del general Plutarco Elías Calles en 1924 hasta 2010 con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, periodo en el que se portaba la banda presidencial con el verde en la parte superior, seguido del blanco y el Escudo Nacional y el rojo en la parte inferior.
Este protocolo formó parte de la historia de México durante 86 años, hasta la reforma de 2010, cuando se cambió el orden de los colores, colocando el color rojo en la parte superior, seguida del color blanco y finalmente el color verde en la parte inferior, alterando el orden que durante 26 años se encontró regulado en la ley, desde 1984. Esa reforma interrumpió una parte importante de la historia de México al cambiar un uso institucional, por un criterio que no corresponde a la historia nacional, por lo que ahora se pretende retomar las formalidades y el protocolo tradicional de la banda presidencial, considerado uno de los símbolos más importantes de nuestro país.
En virtud de las consideraciones expuestas, se somete a consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con los cambios siguientes:
Artículo Único. Se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 34. La banda presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo federal, por lo que sólo podrá ser portada por el presidente de la República, y tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado.
Artículo TransitorioÚnico. Esta reforma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre de 2018.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY GENERAL DE SALUD
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Silvia Guadalupe Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353 E de la Ley Federal del Trabajo y 87 y 95 de la Ley General de Salud.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván:Gracias, diputado presidente. Aprovecho la tribuna para decir, comentar nuestra inconformidad del Tribunal Electoral que está pasando con los derechos de los ciudadanos a decidir por el caso Nuevo León, por el caso Monterrey, grave esa situación.
Compañera y compañeros diputados, el artículo 1o. constitucional nos habla de que la esclavitud está prohibida en México, pero existen situaciones contrarias que nos manifiestan lo contrario.
Quiero tratar aquí un tema muy delicado referente a las jornadas médicas, a nuestros médicos en formación, a nuestros médicos residentes, a nuestros médicos de internado de pregrado y a nuestros médicos que cursan el servicio social.
Esta es una situación muy delicada. Ya diputados y diputadas, en legislaturas pasadas, de la mayoría de los partidos políticos, han impulsado este tipo de iniciativas, no teniendo éxito. Hoy podemos lograr, entre todos, hacerles justicia a los médicos residentes, hacerles justicia a nuestros médicos en formación.
Les pregunto, compañeros y compañeras diputados, las jornadas médicas, hay una norma, la norma 001-SA-3-2012 que habla de las guardias médicas, que son guardias ya establecidas que permiten tener, sumadas al turno normal, jornadas hasta de más de 33, 36 horas.
Nosotros tenemos que garantizar que a los trabajadores se les respeten los derechos humanos, y los médicos en formación son trabajadores. No entiendo por qué la excepción que se ha hecho.
Estoy segura, con la sensibilidad de todos mis compañeros y compañeras diputadas, podemos hacer justicia y terminar de una vez por todas, esta lamentable situación. Y no estoy hablando de quitarles la instrucción médica rigurosa, la formación, estoy hablando de revisar el aumento en suicidios en médicos en formación, estoy hablando del grave daño que se les está causando con este tipo de jornadas físico, psicológico y emocionalmente.
Consideran ustedes, compañeros y compañeras diputados, que es moralmente correcto permitir, pisotear los derechos humanos de los trabajadores de México, incluidos los médicos en formación.
¿Qué clase de país somos? ¿Qué clase de mensaje estamos viendo? Estos médicos en formación están atendiendo la salud de los mexicanos y mexicanas. Este tipo de médicos en formación los estamos maltratando.
Los convoco a solucionar, de una vez por todas, esta situación. Una situación grave que no podemos permitir por ningún motivo es pisotear los derechos humanos de cualquier ser humano, es inaceptable. Nuestros médicos en formación nos llaman, nos convocan a sumarnos y a poner fin a esta grave situación.
Por eso presentamos esta iniciativa de reformar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 353-E y la Ley General de Salud, en sus artículos 87 y 95, para establecer desde la ley que las jornadas médicas tengan una duración de ocho horas. Esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer.
Los médicos bien descansados, los médicos bien alimentados, nos van a otorgar tiempos de calidad. No podemos permitir esta situación siga así, compañeros y compañeras. Créanme que se lo van a agradecer los miles de médicos que nos están viendo en todo el país, y terminar de una vez por todas con esta cadena de odio, de que para que ser un buen médico tienen que sufrir, tienen que desvelarse, tienen que poner en riesgo su vida.
Eso no es cierto. Los médicos son seres humanos como tú y como yo. Vamos juntos, los invito a sumarse a esta iniciativa y cumplirles a estos médicos en formación. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 353-E de la Ley Federal del Trabajo y 95 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan un segundo párrafo al artículo 87 y un tercero al artículo 95 de la Ley General de la Salud, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y sirve, entre otros aspectos, para satisfacer las necesidades materiales del ser humano. Su distribución y duración es uno de los elementos más importantes para el desempeño de las funciones y la vida familiar del trabajador, por lo que un mal diseño de tiempo de la jornada laboral puede causar numerosos problemas de tipo físico, psicológico y emocional.
El trabajo debe realizarse con respeto de los principios y derechos humanos fundamentales; encontrando que la duración del trabajo en algunas actividades como lo es el internado de pregrado y la residencia médica puede llegar a ser hasta de 36 horas continuas, generándose problemas fisiológicos y alterando drásticamente las fases de trabajo, comida y sueño, lo que provoca modificaciones en el ritmo natural de muchas funciones corporales y genera una considerable disminución en las actividades familiares y sociales.
La residencia médica y el internado de pregrado son actividades en donde se necesita dedicación completa, ya que se debe actuar de forma eficaz, eficiente y oportuna en las situaciones tan delicadas que se les presentan, lo que genera un alto contenido de estrés.
Aunado a ello deben considerarse las altas horas de guardia que cumplen los residentes, lo cual puede provocar desde un descuido hacia algún paciente hasta daños a ellos mismos de carácter cognitivo, cardiaco, hipertensión, diabetes o incluso depresión.
Por todo lo anterior, la intención de la presente iniciativa es proponer la reducción de la jornada de las y los residentes a ocho horas, a efecto de favorecer la intensidad de trabajo y reducir espacios que pueden generar una carga negativa en el ambiente; además de beneficiar una mejor calidad de vida del médico en formación, lo que igualmente causará un aumento de su productividad .
El trabajo de ocho horas contribuye a estabilizar un modelo de desarrollo que pone al centro a la persona y genera, por ende, un mejor trabajador.
Hay suficiente evidencia científica que establece que trabajar veinticuatro horas continuas origina una desincronización de las funciones corporales, ya que los humanos somos seres diurnos que estamos programados para desarrollar actividades durante el día y recuperarnos de la fatiga durante la noche.
El internado de pregrado es la figura mediante la cual el interno es un médico en formación y cuya etapa es parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina del país, considerándolo como periodo obligatorio previo al servicio social e indispensable para que los estudiantes de la carrera de medicina integren y consoliden los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los ciclos escolarizados previos de la carrera.
Con el propósito de asegurar a la sociedad la existencia en el país de médicos cada vez más capacitados y así propiciar una mejor calidad de atención médica, las instituciones educativas y las instituciones operativas buscan permanentemente la creación de un currículo escolar óptimo, por lo que el ideal es organizar el internado de pregrado de una manera que corresponda adecuadamente a las necesidades de los alumnos, a los objetivos del plan de estudios y procurar así una mejor formación profesional de los estudiantes.
Durante este periodo, el estudiante tiene la oportunidad de participar en la actividad asistencial que se desarrolla en los hospitales de segundo nivel de atención y en el contacto con la comunidad en las unidades de primer nivel, en donde, bajo la tutoría de médicos especializados, permanentemente ponen en práctica sus conocimientos y tienen la oportunidad de observar la respuesta en el corto y el mediano plazos.
Las unidades aplicativas reconocen que la existencia de médicos en formación y de actividades de docencia, son estímulos y factores que promueven la elevación de la calidad en la atención médica, entre los objetivos generales del internado de pregrado destacan
• Integrar los conocimientos obtenidos previamente en los ciclos escolares previos y aplicarlos en el estudio y atención de los pacientes.
• Obtener habilidades y destrezas a través de la práctica de competencias clínicas al grado de dominio que corresponda a la solución de problemas de primer nivel de atención.
• Capacitar al interno de pregrado en las habilidades y destrezas que desarrollará en el servicio social.
• Proporcionar al interno un entorno en el marco operativo de las especialidades troncales de la medicina para que posteriormente decida con base en la experiencia vivida a que actividad o especialidad se va a dedicar en su vida profesional.
• Aumentar en el alumno un apego a los valores humanos y principios éticos de la práctica médica.
Por su parte, se establece que la frecuencia y duración de las prácticas clínicas complementarias, conocidas comúnmente como “guardias”, deben estar determinadas por la institución de salud, sin exceder un máximo de tres veces por semana, con intervalos de por lo menos dos días. En días hábiles inicia a la hora que termina el turno matutino y concluye a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente. Los sábados, domingos y días festivos las actividades deben cubrir 24 horas. Las prácticas clínicas complementarias o guardias denominadas de “castigo” no son aplicables.
Las residencias médicas son de conformidad con el artículo 353-A de la Ley Federal de Trabajo “el conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en periodo de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de posgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una unidad médica receptora de residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas”.
Es decir, un médico ya titulado que desea especializarse en alguna rama de la medicina debe cumplir con la residencia médica, realizando el conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación dentro de las unidades médicas receptoras de residentes, durante el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes.
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 regula la organización y el funcionamiento de las residencias médicas, pues considera los elementos indispensables para la realización de dichas residencias expresados en deberes de las instituciones de salud integrantes del Sistema Nacional de Residencias Médicas, como son la existencia de convenios, disposiciones para los profesores y los requerimientos mínimos de las unidades médicas receptoras de residentes, además de los derechos y obligaciones de los médicos residentes, entre otros. La coordinación de todo lo relativo a la formación de médicos especialistas en las residencias médicas, le corresponde a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a través del Comité de Enseñanza de Posgrado y Educación Continua.
En atención de lo expuesto, la Secretaría de Salud emitió la NOM para la organización y funcionamiento de residencias médicas, a fin de garantizar la formación óptima de los médicos especialistas; sin embargo, en opinión de la suscrita dicha norma viola los derechos humanos de los médicos y crea inseguridad en la atención que brindan a la salud de la población.
Las guardias en las residencias médicas son muy parecidas a las realizadas en el internado de pregrado, ya que los horarios establecidos tanto en una como en otras, violan los derechos humanos de las y los médicos en formación.
La NOM establece en lo relativo a las guardias de los residentes lo siguiente:
8.1Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente.
8.2Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio.
8.3Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas.
8.4En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud.
8.5Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que terminen su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo.
8.6El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes.
8.7Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.
De la anterior transcripción se desprende que hay días en que el médico debe cumplir 24 horas de guardia y luego cumplir con su turno normal, lo que conlleva a afirmar que pueden llegar a cumplir más de 30 horas sin dormir, cuestión que no debe ni puede ser permitido en ninguna actividad humana y mucho menos en una tan delicada.
Aunado a lo anterior, en algunas especialidades se tiene que cumplir el servicio social profesional, definido como “el conjunto de actividades de carácter temporal, cuya duración en ningún caso será menor de tres meses ni mayor de seis meses, que ejecutan los residentes del último año de la especialidades troncales (cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna y pediatría) anestesiología y medicina familiar, como parte de su formación y en interés de la sociedad y del Estado, por lo que queda abierta la posibilidad de incorporar otras especialidades, con base en los programas académicos y operativos en cada Institución.”
Así, el servicio social profesional se establece como un elemento más de la estructura curricular en estas disciplinas médicas al que se le asigna un doble propósito, académico y asistencial, que al mismo tiempo sirve para fortalecer el proceso de formación del residente y da justa satisfacción a las demandas que en materia de salud son competencias del Estado, sin embargo, en dicho servicio social profesional también existen guardias de hasta 36 horas continuas. Es importante destacar que igual ocurre en el servicio social que por ley deben cumplir los aspirantes a ser médicos.
Por lo anterior podemos afirmar que el internado de pregrado, el servicio social y las residencias médicas cuentan con los mismos vicios, esto es, existe una saturación de horas de servicio que afecta la salud del médico en formación y pone en riesgo a los pacientes que atiende.
La Carta Magna establece en el artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que de manera general la duración de la jornada máxima será de ocho horas.
Diversas propuestas en otras legislaturas de la Cámara de Diputados han buscado terminar con esta esclavitud moderna y que –en el mejor de los casos– se quedaron sin dictaminar o fueron desechadas con argumentos tan discutibles como afirmar que los médicos residentes “no pueden ser tratados como trabajadores en estricto derecho, ya que su residencia consiste en la especialidad de un área formativa que difícilmente podría encuadrarse en una jornada laboral de ocho horas”, con lo cual se olvida por completo que el artículo 353-B de la Ley Federal del Trabajo establece que hay una relación laboral entre los médicos residentes y la persona moral o física de quien dependa la unidad médica receptora de residentes.
Sin embargo, suponiendo sin conceder que no existiera una relación laboral cabría preguntarnos: ¿es moral y constitucionalmente aceptado que una persona cubra jornadas de 36 horas continuas?, ¿es válido que una persona que no cuenta con el descanso suficiente atienda a personas en estado de enfermedad?
Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un segundo párrafo al artículo 87 y un tercero al artículo 95 de la Ley General de la Salud
Primero.Se reformay adicionael artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 353-E.Dentro del tiempo que el médico residente debe permanecer en la unidad médica receptora de residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los periodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos . La jornada del médico residente no deberá exceder de ocho horas en el turno diurno y siete en el turno nocturno.
Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces por semana.
Segundo.Se adicionan un segundo párrafo al artículo 87 y un tercero al artículo 95 de la Ley General de la Salud, para quedar como sigue:
Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.
En todo momento se garantizará que la jornada del prestador del servicio social sea adecuada y permita su desarrollo profesional y personal.
Artículo 95. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.
La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.
En los lineamientos y normas que se expidan para regular las actividades y horarios de los internos de pregrado y médicos residentes deberá garantizarse que cuenten con las condiciones idóneas para realizar su actividad. La duración de dichas actividades se establecerá de acuerdo con las disposiciones del artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Silvia Guadalupe Garza Galván,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Dulce Alejandra García Morlán, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Frida Alejandra Esparza Márquez, Gloria Romero León, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Romero Hicks, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución federal.
La diputada Abelina López Rodríguez:Me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer bien, el bien solo es temporal, el mal que hace es permanente. Mahatma Gandhi.
Con su permiso, ciudadano presidente. Una de las conductas delictivas más lacerante que padece la sociedad es la extorsión. Seguiré ahí remarcando. Cuando el delito se multiplica y nadie quiere verlo, es señal que no estamos haciendo nada. He ahí que prevenir, perseguir y sancionar este delito debe ser una prioridad para los tres órdenes de gobierno.
La iniciativa que hoy presento a la reforma del artículo 19 constitucional. En dicho artículo se faculta al juez de control para aplicar prisión preventiva de oficio en los supuestos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y justamente buscamos que el delito de extorsión sea un delito grave.
He ahí que causa un gran daño, así como los delitos que se enumeran en el artículo constitucional, ya que repercute en el daño patrimonial y psicológico a las víctimas, vulnera el libre desarrollo de la personalidad y refleja un disminuido Estado de derecho.
Que quede claro que este delito ha rebasado a las autoridades y justamente a este Poder Legislativo.
Sigo remarcando, Acapulco, compañeras y compañeros, sigo remarcando, traemos la muerte minuto a minuto. En lo que va del año se han cerrado mil 200 negocios de los cuales el 70 por ciento ha sido por extorsión. El puerto es una de las ciudades, una de las 20 ciudades más inseguras del país.
Se trata de un delito de alto impacto a nivel nacional, como muestran los datos duros emitidos hoy por el periódico Milenio y su nota titulada “Una extorsión por cada hora y 15 minutos”. Refiere que cada hora y cuarto un ciudadano es extorsionado en México, por lo menos cada 74 minutos y 39 segundos se registra una extorsión en algún punto del país.
Lo anterior, de acuerdo con los datos más recientes del Observatorio Nacional Ciudadano, el año pasado 6.6 millones de personas fueron víctimas de extorsión o intentos de cobro de piso en todo el país.
De acuerdo al Envipe, en 448 mil 800 casos de extorsión, fue entregado al extorsionador. La extorsión se ha convertido entonces en el acto delictivo más común en el país.
Compañeras y compañeros, la verdad es que estoy sumamente preocupada. Hace algunos días presenté, efectivamente, una reforma, el jueves 18 de octubre, la reforma al 390 del Código Penal Federal para aumentar penalidad, y en ese mismo sentido hicimos reforma al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que quedara inmerso el delito de extorsión para prisión preventiva.
¿En qué casos se aplica la prisión preventiva? El Ministerio Público puede solicitarlo cuando el imputado se pueda evadir de la justicia o de alguna manera la víctima corra riesgo en su integridad física o en su patrimonio. Pero de acuerdo a los datos, esto no debe quedar aquí.
Por eso, ante el alza de las extorsiones, tenemos que, compañeras y compañeros, hacer la reforma al 19 constitucional, para que quede inmerso ahí como un delito grave y sea delito de prisión preventiva oficiosa.
Sin paz, sin paz no hay avance en nuestro país. Es cuanto, ciudadano presidente.
«Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Abelina López Rodríguez, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos“El derecho penal es el restructurador del derecho mismo, cuando el derecho penal fracasa surge la venganza privada”
I. La reforma del artículo 19 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en su segundo párrafo, faculta al ahora juez de control a aplicar prisión preventiva de oficio en los supuestos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Sin duda, el reformador constitucional pretendió incluir en ese catálogo los tipos penales que más daño causan a la sociedad. Empero consiente de que no son todos los mencionados, que existen otros tipos penales que de igual forma causan en su comisión grave daño social, dejo la opción para que se aplicara prisión preventiva oficiosa a otras conductas delictivas al señalar: “Así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Considero que uno de los delitos que quedo fuera del referido catálogo –sin ser el único– es el delito de extorsión, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal Federal, con el texto siguiente:
Extorsión
Artículo 390. Al que sin derecho obligue a otro a dar hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicaran de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
¿Por qué lo considero? Las razones son más que suficientes, ya que gran parte de la población y en particular los pequeños comerciantes, han sido extorsionados en diferentes formas y medios, algunos obligados a firmar un documento, otros a endosar una factura, a traspasar un depósito bancario de una cuenta a otra, o bien a depositar en una determinada cuenta bancaria, o lo más común el llamado cobro de piso. Delitos que por temor a represalias por parte del indiciado, muchas veces no son denunciados, pues al no estar considerado como delito que amerita prisión preventiva el hechor, sigue su proceso en libertad.
Es verdad que el Ministerio Publico también está facultado para pedir al juzgador aplique prisión preventiva en algunas circunstancias, que señala en su inicio del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo la prisión preventiva del indiciado, lo que podría hacer en la comisión de este delito, lo cierto es que pocas veces lo hace y menos aún le es favorable su petición, tal parece que tanto el Ministerio Publico, como el juzgador no conocen su entorno.
No podemos dejar a criterio del Ministerio Publico o del juez de control la decisión de que los indiciados por el delito de extorsión estén libres en el desarrollo de su proceso. La prisión preventiva en este delito es necesaria su aplicación, por que cumple una importante función de defensa, en favor de la víctima, por lo menos durante el tiempo que dura el proceso.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del año 2017, precisa que se cometieron un poco más de 31 millones de delitos en el año 2016, de los cuales, 7.50 millones, o sea, el 24.16 por ciento fueron ilícitos de extorsión de las que solo 129 mil 588 (1.7 por ciento) fueron denunciadas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SESNSP) refiere que hasta mayo de 2017, los casos de extorsión aumentaron en 19 de los 32 estados del país, siendo estos los siguientes:
• Veracruz, con el 348 por ciento, pues, de 62 casos en 2016 paso a 216 en 2017;
• Baja California Sur con 321 por ciento, al pasar de 42 a 135 casos;
• Tabasco con un aumento de 238 por ciento, al pasar de 52, casos a 124.
• Tamaulipas con incremento de 229 por ciento, al pasar de 34, casos a 78; y
• Zacatecas, con un incremento del 205 por ciento, al pasar de 36 a 74 denuncias realizadas en dicho periodo.
A partir del análisis estadístico, se puede deducir que la extorsión es un delito de alto impacto, que va al alza en nuestro país en el lapso comprendido entre 2016 y 2017. Un ejemplo claro del crecimiento descontrolado de este delito, lo observamos en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, en donde en los últimos años se ha incrementado significativamente, pues, acuerdo a los datos proporcionados por las cámaras empresariales de ese destino turístico, son extorsionados 8 de cada 10 comercios, extorsiones que se cometen preferentemente, en contra de pequeños y medianos comerciantes, sin distinguir formales o informales. A últimas fechas se ha victimizado también a grandes empresas nacionales y transnacionales. También existen casos de extorsión a profesionistas y amas de casa, muchos no denunciados.
Este delito repercute en un grave daño patrimonial y psicológico a las víctimas; vulnera el libre desarrollo de la personalidad y refleja un disminuido estado de derecho, en razón de que el mencionado delito ha rebasado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, actualmente no existe seguridad de los habitantes de Acapulco, Guerrero, y otras ciudades de nuestro país.
Una de las principales formas que utiliza un extorsionador para someter a la víctima a sus pretensiones es utilizando instrumentos como teléfonos, recados, mantas, para ejercer presión psicológica, y algunas veces físicas que han llegado a producir la muerte en las victimas. Es primordial, brindar seguridad a las víctimas, garantizando que el indiciado no será puesto en libertad –por lo menos durante la secuela de su proceso– en tanto no se determine su responsabilidad penal.
Para mayor objetividad, se presenta en la siguiente tabla el texto actual del artículo 19 de nuestra Carta Magna y el texto que contiene la modificación que se propone.
Es oportuno precisar que la presente iniciativa es complementaria a la iniciativa que presente el pasado jueves 18 de octubre del año en curso, en la cual pongo a consideración la reforma del artículo 390 del Código Penal Federal, y la adición de una fracción XII, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ambas iniciativas sobre el mismo tema, se presentan por separado y no en un mismo acto, con la intensión de abreviar tiempo en la elaboración y aprobación del dictamen en comisiones.
Sobre la base de los argumentos expuestos, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 19.
(...)
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, extorsión;así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
(...)
(...)
(...)
(...)
Artículo transitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.— Diputada Abelina López Rodríguez (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Por no encontrarse el ciudadano diputado en el salón, damos la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Con su venia, diputado presidente, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 20 constitucionales para hacer justicia a las víctimas del delito.
Esta reforma, lo que pretende es poner en igualdad de circunstancias un ente que defienda técnicamente y brinde asesoría jurídica desde el primer momento, pero poniéndola en igualdad de circunstancias con la Defensoría Pública.
Como todos ustedes bien saben, la institución de la Defensoría Pública tiene más de 60 años en vigencia en nuestro país y es apenas ahora en donde estamos dando, brindándole este derecho que tienen las víctimas, pero se lo estamos reconociendo en el 20 constitucional. La propuesta aquí sería llevar al 17, en el párrafo que habla sobre el Ministerio Público y la Defensoría Pública, que deben tener un servicio de carrera, que deben tener una remuneración igual y que deben ser órganos técnicos.
Incluir ahí también el ente que estaría llevando a cabo la defensa de las víctimas, o lo que vienen siendo los abogados victimales. Que estuvieran a la par de los defensores públicos, que ganaran lo mismo que los defensores públicos y los Ministerios Públicos y que pudieran tener también las mismas oportunidades de servicio profesional de carrera, así como los Ministerios Públicos.
¿Qué pretendemos hacer con esto? Continuar igualando a las partes en un proceso penal y llevando a cabo la rectificación del papel preponderante que deben tener las víctimas.
Apelo a todos los grupos parlamentarios, puesto que esta iniciativa de dotar desde el primer momento a todas las víctimas del delito, ya sean directas o indirectas, en un procedimiento penal, desde el primer momento, con asesoría técnica, de la misma manera que la tienen los inculpados, vendría a crear mayor igualdad entre las partes, pero vendría a poner en un primer término esta deuda que hemos tenido como sociedad con las víctimas, que era no considerarlas como una parte activa en el procedimiento en el proceso penal que enfrentaban, al cual ellas en ningún momento quisieron llegar a tener que enfrentar la justicia.
Ellas, como su nombre y categoría, por ponerlo de alguna manera, de víctimas, no quisieron estar en ese lugar y lo menos que podemos hacer es continuar con estas reformas para poder dotarlos de una igualdad procesal con su contraparte, que viene siendo el inculpado.
Entonces, pues yo apelaría a la solidaridad de todos los grupos. Este es un tema muy noble, es un tema que estaríamos haciendo justicia, lo repito una vez más, con las víctimas y se somete a la consideración de esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de víctimas, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Mariana Rodríguez Mier y Terán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en La LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de víctimas.
Exposición de MotivosEl derecho victimal puede ser definido como “el conjunto de principios, normas y procedimientos jurídicos, locales, nacionales e internacionales, tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delitos y abusos de poder”.
Nació en 1985 en el marco de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia del delito y abuso de poder cuando por primera vez, la Asamblea General de la ONU definió a las víctimas y estableció un catálogo de derechos en el marco del acceso a la justicia.
En México, fue la reforma Constitucional de 1993 la que permitió el reconocimiento de las víctimas en el rango constitucional. En dicho año se publicó un decreto que reformó el artículo 20 con el objetivo de establecer cuatro derechos fundamentales para las víctimas: acceder a asesoría jurídica, contar con una reparación el daño, recibir atención médica de urgencia y coadyuvar con el ministerio público en el marco de la investigación.
Esta reforma fue relevante porque la víctima adquirió la calidad de parte en el proceso penal. También, permitió que comenzara a ser considerada como un sujeto de derechos en el marco del procedimiento penal.
Tal y como lo refiere la exposición de motivos de la iniciativa:
El desarrollo de la cultura de los derechos humanos ha llevado progresivamente a analizar al proceso penal, ya no sólo como un problema entre el Estado y el delincuente, en el cual la víctima sólo tiene un papel secundario como mero peticionario de la indemnización. La sensibilidad de la sociedad mexicana frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre la víctima, da lugar a una exigencia para que se le reconozca a la víctima u ofendido una mayor presencia en el drama penal.
Si bien esta reforma representó un parteaguas en la conformación de un sistema jurídico fundamentado en la atención, la justicia y la protección de los derechos humanos de las víctimas, no fue sino hasta la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia de 2008, que la víctima adquirió un papel más protagónico.
La introducción del sistema acusatorio incorporó los mecanismos alternativos de solución de controversias que, entre otras cosas, permiten que la víctima participe de manera activa en el proceso penal. A decir verdad, los acuerdos reparatorios permiten la negociación entre las partes y la restitución de los daños causados a fin de brindar justicia. Adicionalmente, la acción penal privada otorga la posibilidad de que la víctima, en ciertos delitos específicos, acuda directamente ante el juez sin la necesidad de recurrir primero ante el ministerio público.
En el marco de los derechos humanos, el artículo 20 de la Constitución incorporó un nuevo y más amplio catálogo de derechos que quedó consagrado en el inciso C):
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I a X. ...
B. De los derechos de toda persona imputada:
I a IX. ...
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Posteriormente, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, México se incorporó a un sistema garantista en el cual, las autoridades tienen la obligación de atender, respetar, proteger, investigar y sancionar los derechos humanos de todas las personas. Con ello, se estableció un nuevo paradigma de atención que estableció como principio constitucional: la reparación integral del daño.
Este concepto alude a que no basta con la mera restitución de una cuantía económica, sino que el Estado debe buscar, en la medida de lo posible, restituir los derechos violentados a través de distintas medidas como son la atención médica, la salud, el apoyo psicológico, entre muchos otros. Ante todo, el sistema acusatorio busca brindar justicia a las víctimas.
Fue precisamente por ello que el nueve de enero de 2013, se publicó la Ley General de Víctimas como el marco jurídico que establece los ejes rectores de la protección y atención de los derechos de las víctimas de los delitos y de violaciones de derechos humanos.
Aunque esta ley establece un marco amplio de protección, lo cierto es que a nivel constitucional todavía resulta necesario fortalecer más los derechos de las víctimas a fin de establecer un equilibrio entre las partes del proceso.
En este sentido, se advierte que de acuerdo con la fracción VIII, del aparado B del artículo 20, el imputado tiene derecho a una defensa adecuada, de tal forma que, de no contar con un abogado, el Estado tendrá la obligación de proporcionarle uno. En caso contrario, si bien la víctima tiene derecho a recibir asesoría jurídica, ésta no necesariamente consiste en la posibilidad de contar con un abogado que la acompañe en todas las etapas del proceso penal.
Si bien es cierto que en algunos estados y en la federación, las Comisiones Ejecutivas de Víctimas provén de abogados a las víctimas para que den seguimiento a los casos desde el inicio y hasta la sentencia, también ocurre que en algunas entidades federativas únicamente se limitan a informar sobre los derechos con los que cuenta y las posibilidades para presentar una denuncia, sin dar seguimiento al caso.
Tanto es así que de acuerdo con la Encuesta Internacionalidad sobre Criminalidad y Victimización, la tasa de atención a víctimas en México es del 8 por ciento, mientras que en Nueva Zelanda es del 47 por ciento.
Es precisamente por tales motivos que la presente iniciativa tiene por objetivo fortalecer el derecho de las víctimas a recibir atención y asesoría jurídica a fin de establecer en el rango constitucional la obligatoriedad de las autoridades de proveer a las víctimas de abogados que den seguimiento a los casos, cuando éstas no cuenta con la posibilidad de contratar este tipo de servicios profesionales.
Lo anterior, se establece con el objetivo de fortalecer los derechos de las víctimas y equilibrarlos con los derechos de los imputados. Ello, de conformidad con el inciso c) del numeral 6 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, el cual refiere que lo siguiente:
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) ...
b) ...
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
Es así que resulta necesario fortalecer en el texto constitucional los alcances del derecho a la asistencia jurídica a fin de que ésta atienda a principios establecidos en la referida declaración.
De esta forma, se prevé la siguiente modificación:
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de víctimas
Único.Se reforma el párrafo octavo del artículo 17 y la fracción primera del inciso c) del artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
...
...
...
...
...
...
La federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Asimismo, garantizarán la existencia de un servicio de asesores jurídicos especializados en atención a víctimas. Las percepciones de los defensores y asesores jurídicos especializados en víctimas no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Artículo 20.El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. a X. ...
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. a IX. ...
...
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Tendrá derecho a una representación y asesoría jurídica adecuada y especializada en todas las etapas del proceso;ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. a VII. ...
Artículo TransitorioÚnico.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Rodríguez Manzanera, Luis. Derecho “Victimal y victimodogmática”. Eguzkilore. México: Número 26. San Sebastián 2012. 131-141.
2 Cuando l
3 Secretaría de Gobernación. Decreto por el cual se reforman los artículos16, 19,20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial el día viernes 3 de septiembre de 1993.
4 Secretaría de Gobernación. Decreto por el cual se reforman los artículos16, 19,20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial el día viernes 3 de septiembre de 1993.
5 http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/207/11_encuesta_enc %20internacional%20criminalidad_Instituto.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2018.— Diputadas y diputados: Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Benito Medina Herrera, Carlos Pavón Campos, Enrique Ochoa Reza, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Soraya Pérez Munguía (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El diputado Absalón García Ochoa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de dar a conocer mi iniciativa, quiero manifestar nuestra inconformidad con la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, por la resolución arbitraria en contra de la voluntad popular en Monterrey, Nuevo León.
Acudo a esta tribuna para presentar proyecto de iniciativa que propone derogar el inciso I, fracción I, del artículo 2o. de la Ley del IEPS, relacionada con las tasas aplicables a las actividades por enajenación e importación de plaguicidas.
Explico mis razones esperando que esta soberanía valore en su justo peso y medida las implicaciones positivas del mismo en beneficio de los productores del campo. Las razones de la creación del impuesto se expresaron en la exposición de motivos y mencionaban que eran con el objeto de desincentivar las conductas que afectaban negativamente al medio ambiente.
El gobierno de Peña Nieto propuso, en el marco de la reforma hacendaria de 2013, establecer un impuesto a la enajenación e importación de plaguicidas. Señalo dos motivos que, a mi parecer, fundamentaron la creación de este lesivo impuesto.
Por un lado, se buscó reducir las emisiones de dióxido de carbono que generan el efecto invernadero. En segundo lugar, el objetivo era reducir el uso de plaguicidas para evitar los riesgos ambientales y los riesgos a la salud de la población.
Aprobada la reforma, las tasas aplicables del IEPS a plaguicidas se determinan por el nivel de toxicidad de los mismos, clasificados en cuatro categorías de peligrosidad tóxica, variando entre seis y nueve por ciento el gravamen.
De esta manera el impuesto fue concebido como un instrumento de política fiscal para modificar los precios de los plaguicidas a partir de tasas diferenciadas que modificaran también el consumo de los plaguicidas más tóxicos.
En principio, reconocemos que deben existir normas y leyes que controlen el uso eficiente de los plaguicidas, pero también estamos ciertos de que el análisis para la concepción del impuesto vigente partió de una visión parcial y solo recaudatoria que no tomó en consideración las graves afectaciones económicas que generaría a los productores del campo. Seamos claros, lo único que ha generado este impuesto son mayores ingresos a las arcas del gobierno en detrimento de la economía de los agricultores, en tanto que el uso de plaguicidas se mantiene prácticamente igual, y señalo algunos datos en este tenor.
De acuerdo con los informes trimestrales de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2014 al segundo trimestre de 2018 se han recaudado más de 2 mil 600 millones de pesos producto de este impuesto. Pero, además, los ingresos adicionales a las estimaciones hechas ascienden a más de 260 millones de pesos en un acumulado de cuatro años, 11 por ciento mayor a lo estimado al primer año de la reforma fiscal.
Por otro lado, las estadísticas de la FAO señalan que en 2014 nuestro país usó más de 53 mil toneladas de plaguicidas, mientras que en 2016 el consumo fue de más de 57 mil toneladas. En dos años a pesar del nuevo impuesto y el incremento en los precios, el monto de su uso en el país fue superior a las 3 mil 900 toneladas.
Esto, sin duda, plantea que el impuesto no ha logrado inhibir el consumo de plaguicidas, se recauda más y se utilizan más plaguicidas y está demostrado que el consumo de estos no se puede vincular al precio ni a los impuestos, sino a la necesidad del control de plagas que afectan a la rentabilidad de los cultivos.
En resumen, el daño se causó en dos vías, se encarecieron los precios y se afectó la productividad del medio rural. Es importante señalar que el impuesto ambiental a los plaguicidas en México impacta más un mercado de más de mil millones de dólares y a una producción cercana a los dos millones de toneladas.
Desde la presentación del paquete de reformas fiscales en el 2013, que dieron origen a la modificación total del régimen fiscal, los diputados de Acción Nacional manifestamos nuestra oposición por el daño que generaría el alza de impuestos a los mexicanos y a nuestro sector productivo, por eso tenemos que revertir los efectos negativos que causa esta reforma fiscal.
El caso de la imposición de tasas impositivas a los plaguicidas no fue la excepción, por ello presentamos los proyectos correspondientes para revertir los efectos negativos que causó en el corto y el mediano plazo la reforma fiscal.
Lo que pretendemos con el presente proyecto es eliminar el IEPS a los insecticidas y plaguicidas por las justificaciones que he expuesto y por una justa retribución de los productores del campo de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso I), fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de eliminación de las tasas aplicables a la toxicidad de plaguicidas, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosCon el objeto de desincentivar las conductas que afectan negativamente al medio ambiente, en el marco de la reforma hacendaria de 2013 el Ejecutivo federal propuso establecer un impuesto a la enajenación e importación de plaguicidas orientado a cumplir con dos temas en específico:
a) Reducir de forma gradual las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, principal gas de efecto invernadero y;
b) Reducir de forma gradual el uso de plaguicidas.
Este último tema lo planteó el Ejecutivo federal bajo la justificación de que los plaguicidas generan indirectamente daños a la salud y al medio ambiente y que se presentaba la oportunidad (de gran potencial) para mejorar al mismo.
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de iniciativa que propuso la reforma al artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) los principales argumentos expresados, se señaló por ejemplo que en México se dan prácticas agrícolas sustentables con un manejo biológico de plagas que no necesariamente utilizan plaguicidas con fuertes riesgos ambientales. Asimismo, se argumentó que en la actualidad hay una gran cantidad de ingredientes activos para la formulación de dichos plaguicidas que además generan un monto de desechos contaminantes como envases vacíos de alto riesgo sanitario.
Por esta razón, el presidente Peña Nieto reformó la ley correspondiente para establecer una tasa del IEPS por nivel de toxicidad clasificadas en cuatro categorías y vinculadas a la categorización de peligro tóxico establecido en NOM-232- SSA1-2009.
Es decir, el impuesto fue concebido por el gobierno federal como un instrumento de política fiscal que modificara los precios de los plaguicidas a partir de tasas diferenciadas para que con base en la nueva composición de precios, se dejaran a las decisiones del mercado (y del consumidor) la sustitución de plaguicidas tóxicos por los menos tóxicos y en consecuencia, de menores costos.
Se reconoce que de no ser eficientemente controlado y normado el uso de plaguicidas se pueden causar daños irreversibles al medio ambiente y en consecuencia a la salud humana, pero se considera que el análisis hecho por el gobierno federal se hizo de forma parcial al no tomar en consideración las diferentes aristas vinculadas al tema de plaguicidas.
En primer lugar es importante dejar patente en el presente proyecto de iniciativa que el origen inicial del impuesto deviene de la proyección de una mayor recaudación por el mayor consumo de plaguicidas más allá de que el objetivo primario (en el discurso) haya sido el de generar beneficios puntuales en el corto y mediano plazo al medio ambiente.
De acuerdo con los Informes Trimestrales Sobre la Situación de la Economía, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 2014 al segundo trimestre de 2018, se han recaudado 2 mil 628 millones de pesos producto del impuesto, pero además, los ingresos adicionales a las estimaciones hechas para cada ejercicio fiscal, el Gobierno Federal ha recaudado en 4 años un total acumulado de 264 millones de pesos más a los proyectados en un principio, es decir, el ingreso observado es 11 por ciento mayor a lo estimado al primer año de la reforma fiscal.
Esto sin duda plantea que la aplicación del impuesto no ha logrado inhibir su consumo, pues dada las características del mercado interno relacionadas a las necesidades de uso, los plaguicidas tienen un comportamiento precio-demanda inelástico, es decir, que su consumo no se vincula a su precio sino en este caso, a la necesidad de su uso.
Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nos ayudan a respaldar la afirmación anterior pues señalan que en 2014 nuestro país usó 53 mil 197 toneladas de plaguicidas, mientras que en 2016 el consumo fue de 57 mil 110 toneladas. En dos años, a pesar del nuevo impuesto y del incremento de los precios el monto de su uso en el país fue superior en 3 mil 913 toneladas.
El impuesto no ha limitado su uso en tanto que los ingresos percibidos y los ingresos adicionales no tienen una aplicación de tipo ambiental que ayude a disminuir los efectos lesivos de los plaguicidas en el medio ambiente como se planteó en la exposición de motivos del proyecto que reformó la ley del IEPS.
Por otro lado, vale la pena señalar que además de haber encarecido el precio de los plaguicidas en el país, el impacto ha sido en dos vías. En primer lugar se afecta la productividad del medio rural.
Además, no se ha demostrado la eficiencia de los impuestos, pues en el caso de aquellos grupos de personas ubicadas en el medio rural que no tienen la capacidad de hacer frente a los altos costos de los plaguicidas, han observado una caída en el rendimiento del cultivo de alimentos producto de la distorsión de precios, por citar un ejemplo.
En segundo lugar, se ha generado un impacto económico inmediato que no debe perderse de vista y que se genera en el sector de ventas de productos agrícolas, una vez aplicado el impuesto. De acuerdo con la Asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, el impuesto ambiental a los plaguicidas en México impacta directamente en un mercado que genera mil millones de dólares anuales (19 mil millones de pesos) y una producción cercana a dos millones de toneladas.
La creación del impuesto ha incidido no sólo en los precios, sino también en comportamientos no deseados de los agentes económicos relacionados en concreto, con el uso de plaguicidas apócrifos, adulterados, o de contrabando, que no cuentan con los registros oficiales expedidos por las autoridades sanitarias y que trastocan los objetivos de protección a la salud humana y al medio ambiente
Aunado a ello, la composición del mercado en el uso de plaguicidas según categoría, de acuerdo a los estudios del Centro Mario Molina, debería mostrar cambios en el corto plazo que den como resultado una disminución de -0.5 por ciento en la participación de los plaguicidas más tóxicos.
Esta reducción estimada, no ha sucedido hasta el momento, lo que en suma, demuestra la ineficiencia del impuesto, la falta de una política pública orientada a prevenir daños y generar beneficios en el corto y mediano plazo al medio ambiente y la falta de sensibilidad del gobierno federal que no conforme con incrementar impuestos como el IVA y el ISR, pretende contribuir a consolidar una mayor recaudación en el sexenio a costa de lesionar los bolsillos de muchas familias y sectores importantes que contribuyen a la dinámica y crecimiento de la economía mexicana.
No es casual por lo tanto que desde que se aplicó la reforma fiscal, los ingresos tributarios hayan crecido 30 por ciento en términos reales y signifiquen hoy el 13 por ciento del PIB comparado con el 9.6 por ciento de hace 5 años (2013).
Por las razones anteriores, el presente proyecto de iniciativa busca derogar el inciso I), fracción I del artículo 2 de la ley del IEPS y eliminar con ello la distorsión de mercado que ha generado su creación. Así, el comparativo de la reforma propuesta es la siguiente:
Por lo antes expuesto, me permito someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se deroga el inciso I) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Artículo Primero. Se deroga el inciso I) de la Fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
A) a H)...
I) (Se deroga)
J)...
II. y III. ...
TransitorioÚnico. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Categorías 1 y 2 con una tasa del IEPS de 9 por ciento; Categoría 3 con 7 por ciento, y Categoría 4 con 6 por ciento.
2 En el mercado nacional el nivel de toxicidad de los plaguicidas se distinguen por etiquetas: Etiqueta roja, categoría 1 y 2 con un IEPS de 9.0 por ciento; etiqueta amarilla con categoría de peligro 3 es de 7 por ciento; la categoría 4 de banda azul es de 6 por ciento y la banda verde o categoría 5 es de 0 por ciento (exento).
3 La información se obtuvo de FAOSTAT, “Uso de Plaguicidas”, 2018. Su consulta se puede hacer en el siguiente link
http://www.fao.org/faostat/es/#data/RP Las cifras más actualizadas corresponden al año 2016.
4 Los plaguicidas tienen un uso urbano, agrícola y pecuario, por lo tanto pueden ser usados para controlar gusanos, hierbas y otro tipo de plagas en la producción agrícola, pero también está estrechamente vinculado al uso para fumigaciones de hormigas o cucarachas en casas o negocios como los restaurantes, o bien las pulgas o garrapatas en mascotas o animales de engorda. Por lo tanto, afecta a más de un sector.
5 Argumento retomado en fecha de declaración del día 1 de junio de 2014.
6 Estudios Económicos de respaldo para la Reforma Fiscal 2013. Centro Mario Molina.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2018.— Diputados y diputados: Absalón García Ochoa,Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Leticia Méndez Reyes, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo
EXPIDE LA LEY GENERAL PARA EL USO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DEL SUELO
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los problemas más comunes en relación al suelo tienen que ver con las actividades de las personas.
Al respecto, los problemas directamente derivados del uso antrópico de los suelos son actualmente muy severos. La erosión, la desertificación, la contaminación, la compactación, el avance de las ciudades y urbanización y la pérdida de fertilidad, se encuentran entre los problemas más graves que afectan hoy a los suelos.
Sin embargo, las consecuencias de la erosión de suelos van más allá de efectos naturales que provocan este fenómeno. La erosión de suelos puede ser ocasionada por otras actividades, la industria, la minería, la agricultura y el pastoreo mal practicado, y la recuperación de los suelos suele ser muy costosa.
Algunas estimaciones prevén que el costo de erosión de los suelos en México puede superar los mil millones de dólares o bien el equivalente a 38.3 a 54.5 dólares por hectárea por pérdida de rendimiento y nutrientes que deben de ser reemplazados por fertilizantes, lo cual constituye entre el 37 y el 52 por ciento del presupuesto de apoyo que recibe un productor.
Esta situación es especialmente grave al considerar que hace 14 años se estimaba que la degradación de suelos afectaba al 71 por ciento del territorio nacional y hoy es del 80 por ciento.
Como un ejemplo de esta irracionalidad, tenemos la minería que se practica en México, la de concesiones baratas y comportamiento desordenado.
El despojo de la riqueza nacional no puede quedar mejor demostrado que con lo que ocurre con la minería mexicana y trasnacional donde se amalgaman todos los fenómenos que son parte de la desgracia nacional.
Ahí, como si fuera el centro de gravedad de los problemas nacionales, confluyen la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la esclavitud, el despojo, la explotación laboral y el desplazamiento de pueblos completos, y todo por la explotación irracional de los suelos y los recursos naturales.
Un claro ejemplo son los contratos para explotar mediante el frackinglos hidrocarburos, sin importar el deterioro que vaya a ocasionar sobre el suelo.
Lo más lamentable es que todos esos fenómenos no solo son ignorados, sino que pareciera que son tolerados o aun alentados por la autoridad federal y gobiernos estatales o municipales.
En todo el país no existe un solo reducto de suelo que no sufra eventos donde la peor parte la llevan las comunidades propietarias originales de la riqueza. La pérdida de la fertilidad del suelo y su erosión, constituyen los problemas más graves que limitan el propósito de la seguridad alimentaria y la adaptación de estos sistemas que, ante la variabilidad climática, influyen en las condiciones de pobreza y de migración rural.
El progreso de los nacionales se basa en la sustentabilidad de sus agrosistemas, en el uso racional e inteligente de estos, y el uso sustentable del suelo mexicano es un reclamo de nuestro tiempo.
El progreso de México, diputados y diputadas, lo vamos a lograr haciendo un uso eficiente de nuestros recursos naturales, el petróleo, minerales, el agua, bosques y selvas y, por supuesto, el suelo.
A estos, amigos diputados, en Morena le llamamos la cuarta trasformación. Cerrémosle el paso a las políticas rapaces de explotación de nuestros recursos.
Compañeras y compañeros diputados, existen estudios que destacan que hay estados de la República que tienen problemas graves de erosión y degradación edáfica, indican que el promedio es de 48 por ciento de su área estatal, pero hay 18 entidades que están por encima de dicho promedio, entre ellos: Tlaxcala, 73.9 por ciento; Yucatán, 71.3 por ciento; Tabasco, 70.5 por ciento, o Chihuahua, 67.3 por ciento, entre otros.
Esto implica que, de aprobarse el presente decreto de Ley General de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, y al aplicarse las medidas al respecto, habrá que dar prioridad a los estados con mayor problema y recuperar la fertilidad, aumentar la productividad y producción agrícola, pecuaria y forestal, y prohibir prácticas de explotación como el fracking.
La Ley General de Uso Sustentable y Conservación de Suelo, que someto a esta soberanía republicana, tiene como objetivo central aplicar un marco legal en el Estado mexicano para que implemente una política pública que propicie un uso adecuado de los suelos y se desarrollen prácticas culturales, vegetativas y mecánicas que mejoren los que tienen algún grado y tipo de degradación o erosión que afecte la productividad y producción agropecuaria y forestal, así como otras implicaciones ambientales y socioeconómicas.
Por eso es urgente establecer un programa nacional de suelos, ya que éste aporta diversos servicios para la sociedad, algunos por ejemplo, los siguientes. Permite producir biomasa que captura dióxido de carbono y coadyuva a reducir el cambio climático. Es sostén para producir los alimentos para la población humana y la fauna importante en las cadenas...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputado.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Votar por esta propuesta de ley es votar por una transformación de la visión que tenemos de la naturaleza. Si seguimos pensando que la naturaleza es nuestra y no somos parte de ella, estaremos condenados a seguir despreciándola, estaremos condenados a seguir destruyéndola. Es cuanto, amigos diputados.
«Iniciativa que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, de conformidad con la siguiente:
Exposición de MotivosLa Ley General de Uso Sustentable y Conservación del Suelo que se somete a esta soberanía republicana tiene como objetivo central, aplicar un marco legal para que el Estado mexicano implemente una política pública, que propicie un uso adecuado de los suelos, y se desarrollen prácticas culturales, vegetativas y mecánicas que mejoren los que tienen algún grado y tipo de degradación o erosión, ya que se afectan la productividad y producción agropecuaria y forestal, así como otras implicaciones ambientales y socio económicas, por eso es urgente establecer un Programa Nacional de Suelos, ya que éste aporta diversos servicios para la sociedad, algunos son por ejemplo los siguientes: permite producir biomasa que captura CO2 y coadyuva a reducir el cambio climático; es sostén para producir alimentos para la población humana y la fauna herbívora importante en las cadenas tróficas y ciclos biogeoquímicos; es ambiente para retener agua que aprovecha la flora, y de la infiltración para recargar acuíferos; es el nicho de una amplia gama de microorganismos y biota que ayuda a formar suelos, a la disponibilidad de nutrientes y agua, y en la fertilidad y productividad de los mismos, entre otros bienes y servicios ambientales.
La importancia edáfica se constata ante el hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2015 como el Año Internacional de los Suelos, el 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo y el 7 de julio como el Día Internacional de la Conservación del Suelo, dada su importancia para lograr la seguridad alimentaria, y en el caso de México es determinante para recuperar la soberanía alimentaria; y es fundamental para que la importante agricultura familiar, logre al menos lo indispensable para una sana nutrición y facilite la adaptación al cambio climático con provisión de servicios ambientales y ecosistémicos.
Estas son razones importantes para diseñar y establecer estrategias que reviertan los procesos de degradación y erosión de los suelos de México, y adoptar buenas prácticas en su uso y manejo en general, así como en su conservación, y esto es procedente tanto para lo que se relaciona con la actividad agropecuaria y forestal como la industrial, minera, energética y urbana.
Lo anterior es necesario porque México no produce los suficientes alimentos para su población y menos lo logrará si los suelos se siguen deteriorando. En el ámbito mundial se estima que para el 2050 existirán alrededor de 9 mil millones de personas, lo que implicará aumentar en más de mil millones de toneladas de cereales y más de 200 millones de toneladas de productos cárnicos, situación difícil de lograr porque además hoy existen alrededor de 900 millones de humanos con problemas de hambre.
De tal manera que para nuestro país será muy difícil cumplir en erradicar completamente la subalimentación, y menos viable será cumplir con el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad su proporción de personas que sufren hambre, y es preciso indicar en este momento y ante la máxima tribuna de la nación, que los gobiernos neoliberales abandonaron el campo mexicano, es decir, ha sido totalmente errónea la política alimentaria, pensando en que se pueden conseguir alimentos en otros países, cuando el cambio climático afectará en forma negativa a la mayoría de naciones.
Ante esta perspectiva planetaria, desde inicios de la década de los 90, se estimó que poco más de mil millones de hectáreas estaban con problemas de erosión hídrica, lo cual representaba el 55.6 por ciento de la degradación del suelo a nivel mundial según datos de Glasod ( Global Assessment of Human-induced Soil Degradation), por lo que en 1992 se creó la Convención de las Naciones Unidas para el Combate de la Desertificación en la Conferencia de Río (WOCAT, 2011 y Naciones Unidas, 2009). Entonces resulta evidente que por problemas de degradación de suelos y por impactos negativos del cambio climático entre otros aspectos, la disponibilidad de alimentos en el mercado internacional no será fácil conseguirlos, además de que sus precios serán más volátiles, por lo que México debe cambiar la estrategia en la producción de alimentos, y darle más importancia al mercado interno, a la producción de básicos y a la agricultura familiar, requiriéndose el buen uso de los recursos naturales, específicamente el suelo y el agua.
En este contexto, procede indicar que en México existen varios estudios que confirman que un alto porcentaje de los suelos se encuentran degradados, erosionados, ensalitrados, compactados o contaminados, por lo que en esta exposición se indicarán algunos antecedentes y las más recientes y relevantes investigaciones al respecto, con lo cual se hace evidente que dicho problema ha sido planteado desde hace varias décadas, pero por diversas razones, el gobierno federal y esta soberanía, no lo han atendido al nivel que se requiere, lo que ha provocado que los efectos y perjuicios sean cada vez mayores, siendo entonces obvia la recomendación de que esta asamblea debe valorar su importancia y decidir lo conducente lo más rápido posible, ya que no hacerlo, dificultaría aún más, entre otros problemas, el de producción de alimentos para la población mexicana, donde 26 millones sufren insuficiencia alimentaria, y además por las políticas agrícolas deficientes y la baja productividad de los suelos, nos hemos convertido en el tercer país importador de alimentos a nivel mundial.
El conocimiento y uso sustentable de los suelos en México no es una novedad pero sí una necesidad urgente. Varias culturas originarias realizaron prácticas en ese sentido, por ejemplo: “la cultura Zapoteca en Oaxaca y la Acolhua en Texcoco emplearon prácticas de conservación de suelos a través de la construcción de terrazas de las cuales aún es posible observar sus vestigios en Monte Albán y el Cerro del Tezcutzingo. Los pueblos de Acolman, Chalco y Xochimilco, desarrollaron los sistemas de subirrigación a través de la construcción y el uso de las chinampas.” ( Evolución de la Ciencia del Suelo en México, Algunos avances y los Desafíos para el Futuro, Reggie J. Laird, 1989).
Con base al mismo autor, se resalta esta opinión: “Desde luego, no se puede versar sobre el impacto de la ciencia del suelo en la producción agrícola mexicana sin tratar el tema de la conservación del suelo. Es evidente que la extinta Dirección de Conservación de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como las contribuciones de la Sección de Física de Suelos del Centro de Edafología del Colegio de Posgraduados, sobre todo su Manual de Conservación de Suelo y Agua, han tenido cierto efecto favorable en el control de la erosión. Sin embargo, la magnitud del problema de la erosión del suelo en México es tan grande que resulta difícil apreciar los pocos avances que han ocurrido hasta el momento.” El reconocer que la erosión es un problema grave, hace necesario tener una idea general de lo que se ha hecho para lograr un uso adecuado de los suelos, por lo que procede considerar los siguientes:
Antecedentes
En la atención a los suelos en su vinculación internacional, México tuvo un incipiente inicio en 1890, con una visión de los recursos naturales (flora y fauna) en la Primera Conferencia Interamericana, en la cual se creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. En esta etapa se dio prioridad al comercio: “datos e informes referentes a la producción, comercio, leyes y reglamentos de aduana de los respectivos países,”: Unión Panamericana (Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas).
En 1902, la Segunda Conferencia Interamericana amplió sus funciones, y en 1910 la Cuarta Conferencia Interamericana realizada en Buenos Aires, Argentina, constituyó la Unión Panamericana (Informe: Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las bellezas escénicas de América (Washington 1940), donde se incentivaba a los Estados a tomar “medidas necesarias para proteger sus especies endémicas y en las que se encuentran en peligro de extinción”. La Unión Panamericana en 1948 se transformó en la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington DC.
En el Capítulo VII de la Carta de la OEA, en su artículo 34 inciso d), indica lo siguiente: “Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines; y en el inciso j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos” (Carta OEA, IX Conferencia Internacional Americana, 1948).
Mientras tanto en Estados Unidos en 1933, Hugh Hammond Bennett se hizo cargo del reciente Servicio de Conservación de Suelos, agencia que se formó para atender las tormentas de polvo y la consecuente erosión de los suelos (Fotografía 1).
En nuestro país, a partir de 1906 se empezaron a establecer los campos experimentales en Sinaloa y Chihuahua, y poco después en San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco y Coahuila, que dependían del Departamento de Agronomía de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Esto obligó a construir laboratorios (Departamento de Agronomía de la SAF, Departamento Agronómico de la Comisión Nacional de Irrigación, y en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo).
Al aumentar la superficie de riego y el avance técnico en los campos experimentales, se hizo necesario tener una estructura institucional más integral, por lo que en 1946 la Comisión Nacional de Irrigación (C.N.I.) se transformó en Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) y en 1947 se creó el Instituto de Investigaciones Agrícolas (I.I.A.). La SRH impulsó el conocimiento edáfico con los Estudios Agrológicos a diferente nivel, sumándose otras instituciones que también hacían análisis de suelos como la Unión Nacional de Productores de Azúcar SA, la Escuela Superior de Agricultura “Antonio Narro”, el Instituto Tecnológico de Monterrey, y la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo que ya los venía haciendo.
Estos avances en el agro mexicano obligaron al gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) a expedir en 1942 la Ley Forestal, que determinó medidas para proteger los parques nacionales, y desarrollar un uso eficiente con fines industriales. Al ser cada vez más necesario proteger los suelos, se promulgó un acuerdo Presidencial el 25 de marzo de 1942 para crear el Departamento de Conservación del Suelo y Agua de la CNI, y en 1946 pasó como Dirección General de Conservación del Suelo y Agua a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Un hecho destacado de este gobierno, es que se aprobó la Ley de Conservación del Suelo y Agua expedida el 31 de diciembre de 1945, y publicada en el DOF, el 6 de julio de 1946 (DOF, 1946).
“En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la presente ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.—Manuel Ávila Camacho.—(Rúbrica).—El Secretario de Estado y del Despacho de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez.—(Rúbrica).—El Secretario de Estado y del Despacho de Educación Pública, Jaime Torres Bodet.—(Rúbrica).—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez.— (Rúbrica).—El Jefe del Departamento Agrario, Silvano Barba González.—(Rúbrica).—Al C. Lic. Primo Villa Michel, Secretario de Gobernación.—Presente.”
El gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) cambió la Ley Forestal, estableciendo reservas forestales y zonas para proteger los sistemas de irrigación y energía eléctrica, y decretó veda forestal para recuperar bosques del centro del país. En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se reconoció que el desarrollo se limitaba por “el estado lamentable en que se encontraban los suelos y los bosques como consecuencia de muchos años de uso indiscriminado y que se había disminuido también la presencia del agua y la fauna silvestre”.
En este contexto, Rómulo Escobar, en su libro Economía Rural, incluyó el capítulo “Conservación de suelos” y propuso en 1929 crear la especialidad de suelos en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, lo cual se logró hasta 1954 con el Departamento de Enseñanza e Investigación de Suelos; para 1959 el Colegio de Posgraduados creo la Rama de Suelos para estudios de posgrado y en 1962 se creó la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, realizándose el Primer Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo en 1963 conjuntamente la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, siendo una de las mesas la de Conservación de Suelos.
En 1960, el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) promulgó una nueva Ley Forestal que normaba la gestión y administración de los parques nacionales, impulsando un importante programa forestal. En el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se talaron más de tres millones de hectáreas de selva, para desarrollar la ganadería, principalmente en Tabasco y Chiapas, y se iniciaron los emporios turísticos afectando y con el siguiente gobierno, para 1980 se habían talado más de 9 millones de hectáreas para dedicarlas a la ganadería (Martín Federico, 2013).
Esta síntesis de los antecedentes permite entender que la atención a los suelos de México ha sido un proceso lento, y no ha sido suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la deforestación, del sobre pastoreo, del uso indiscriminado de agroquímicos, de la deforestación, de la contaminación industrial y minera, por lo que hoy el país enfrenta un problema serio de degradación y erosión de los suelos como se indica a continuación.
Problemática Actual de los Suelos de México
Plantear la problemática de suelos en México sin considerar otros aspectos, es hacer un análisis parcial y no certero, pues hay una relación estrecha con otros aspectos determinantes en el desarrollo del país, sin embargo, ello llevaría un espacio que en este momento no se dispone, pero se deja señalado que los suelos son importantes en contextos con megatendencias como las siguientes a nivel global:
-La pobreza alimentaria mundial no disminuye a pesar de importantes esfuerzos;
-La disponibilidad per cápita de tierra productiva está disminuyendo;
-El cambio climático afecta cada vez más a las actividades agroalimentarias;
-El mercado de alimentos se torna especulativo y volátil;
-El crecimiento urbano utiliza tierras de mayor productividad agrícola;
-El ciclo hidrológico se altera y afecta la producción de alimentos básicos;
-Los conflictos bélicos están aumentando el número de migrantes;
-El cambio climático influye en el desplazamiento de población rural;
-La desigualdad se mantiene con pocos que tienen mucho, y muchos que tienen poco;
-Los conflictos comerciales provocan incremento en aranceles y precios volátiles;
-El crimen organizado genera incertidumbre en la producción agroalimentaria;
-El cambio climático provoca eventos extremos de huracanes, inundaciones y sequías;
-La población rural está en proceso de envejecimiento;
-La plutocracia mundial sigue exacerbando la desigualdad;
-La mujer campesina continúa marginada de actividades productivas y de toma de decisiones;
-Las trasnacionales continúan extrayendo recursos de los países menos desarrollados;
-La corrupción e impunidad son más evidentes y provocan desanimo democrático, y
-En conclusión, la globalización y el neoliberalismo han agudizado las contradicciones sociales, económicas, políticas y ambientales.
En el caso de México, además de presentarse estos problemas, destaca que la aberrante corrupción y la impunidad; la inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado; las políticas públicas desnacionalizadoras; los pocos y cuestionables resultados en programas socio-productivos y la ineficacia de la mayoría de ellos, mantienen índices de pobreza, marginación, desigualdad, desarrollo humano, optimismo futuro y empleo digno, en niveles muy preocupantes.
Producto de lo anterior es el contundente triunfo del Movimiento de Renovación Nacional, ya que en México la población tiene un 80 por ciento de insatisfacción hacia el gobierno actual, como se indica en la figura 1.
En este sentido, realizar las transformaciones requeridas para resolver los ingentes problemas del país, debe, necesariamente, considerar las tendencias y megatendencias de situaciones y factores globales y su interacción con factores internos y la complejidad que de ello se deriva, para valorar la viabilidad de las políticas a seguir, así como de las estrategias, planes, proyectos, ritmos y tiempos, para no ser solo acciones voluntaristas y coyunturales. Ver figura 2.
Proponer una Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, es un imperativo importante y necesario para el país, ya que los suelos de la República tiene problemas de erosión hídrica y eólica, de degradación química y física, de compactación, de ensalitramiento y de contaminación, pero de manera paralela México atraviesa por graves problemas que de una u otra manera tienen relación estrecha con los recursos edáficos como se indica a continuación.
México es el tercer país a nivel mundial en importar alimentos (después de China y Japón, países donde esto se justifica porque en el primero son mil 300 millones de habitantes, y el segundo porque prácticamente no tiene suelos agrícolas), como se aprecia en la figura 3 (Villa Isa, 2012).
Aunado a lo anterior se tiene que el aumento en la tasa de rendimiento productivo de los granos básicos está siendo cada vez más limitada (aún con clima más o menos benigno), productos que históricamente han sido la base de la dieta alimentaria de los mexicanos, lo que hace comprender la urgencia de un Programa Nacional de Suelos, para recuperar su productividad y conservar aquellos con problemas de erosión, principalmente hídrica (ver el Cuadro 1. Turrent, 2018), pues no atender rápido esta problemática, tendremos que importar más alimentos y seguir perdiendo más soberanía alimentaria, ya que México está siendo derrotado en la carrera población/producción-productividad de alimentos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz, sorgo y oleaginosas).
Además, hay que considerar que quienes producen gran parte de los alimentos que consumen los mexicanos, tienen características que limitan su capacidad laboral, como el envejecimiento de la población rural, el crecimiento urbano que ocupa las mejores áreas productivas, el encarecimiento y escasez de mano de obra para trabajos agropecuarias, feminización de la población rural, unidades de producción pequeñas y sin financiamiento ni asistencia técnica.
Por lo tanto, se hace evidente rescatar algunas instituciones que le permitieron a México ser autosuficiente en alimentos, como por ejemplo la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y la Comisión Nacional de Fruticultura (Conafrut), además de reempoderar al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) otorgándole la conducción de programas como Masagro y otros, así como establecer un amplio servicio de extensionismo productivo.
México tiene mapas de los suelos desde los años 70 que fueron elaborados por la Comisión Nacional de Estudios del Territorio Nacional (hoy Inegi), y están a una escala de 1:1´000,000, 1:250,000 y 1:50,000 para toda la República. Son mapas de edafología en cuanto a la clasificación de suelos con el sistema FAO-Unesco modificado, y mapas de Uso Potencial de los suelos según su capacidad de uso con varios factores limitantes. Estos mapas y los estudios agrológicos realizados por la antigua SARH, han sido la base para nuevas investigaciones y precisar la magnitud del problema de erosión y degradación de suelos en nuestro país, ya que en los mapas de Uso Potencial, se determinan, aunque en forma muy general, las áreas que tienen problemas de erosión y las que deben ser atendidas con prácticas y obras de conservación.
La ubicación geográfica de México hace que sea un país vulnerable a los impactos del cambio climático, ya que cada año recibe huracanes, ciclones y tormentas tropicales por el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y por el mar Caribe, siendo cada vez de mayor intensidad, lo que provoca daños y desastres a diferentes sectores productivos y sociales (que algunas áreas se beneficien por ejemplo con lluvias no compensa las pérdidas en la mayor parte afectada), y por supuesto, afecta la producción agroalimentaria, con inundaciones, arrastre de suelos, azolve de presas, pérdida de fertilidad y biodiversidad, etc. (Figuras 4 y 5 con información de Conagua)
Esta situación que se presenta en México no es exclusiva de nuestro país, aunque aquí su efecto es mayor que en otros, pero también hay algunos Estados como Vietnam o Indonesia que padecen cada año verdaderas tragedias. Pero en conjunto, está cada vez más cerca la dificultad de producir los suficientes alimentos, si no se toman medidas contundentes en varios aspectos, siendo uno de ellos, el mejoramiento, restauración y conservación de los suelos agrícolas para incrementar la productividad y producción de alimentos, ya que el número de desastres a nivel mundial, y en gran parte por eventos hidroclimáticos, está aumentando como puede verse en la figura 6 donde 80 por ciento de 13 mil “desastres naturales” se han presentado en las tres últimas décadas.
Figura 6, Aumento de “Desastres Naturales”Por lo tanto, fue equivocada la estrategia seguida por los últimos gobiernos neoliberales de México, al abandonar literalmente al campo con recursos insuficientes, sin seguimiento real en los programas, con estafas maestras, con desvíos de recursos, con un gran encubrimiento e impunidad, con evaluaciones “a modo”, y con solo dar paliativos pensando que los alimentos podrían comprarse más baratos en el mercado internacional, lo que conllevó a la pérdida de soberanía alimentaria y a tener el oprobio de un grave problema con 26 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.
Pero más grave aún, es la perspectiva planteada por estudios de la NASA ( National Aeronautics and Space Administration)que predice una megasequía para América del Norte (Figura 7), lo cual implica una mayor dificultad tanto para Estados Unidos (principal productor de maíz en el mundo y del cual México importa 15 millones de toneladas), y el incremento en los costos para nuestro país como se indica en la línea naranja de la figura 2.
Un estudio estimativo sobre la desertificación y la erosión en México, realizado por Inegi en 1994 (Tablas 1 y 2) citado por Becerra en 1998, indica el problema de degradación de los suelos, y muestra que no solo se afecta por un solo factor de deterioro, sino que se conjuntan, lo que hace más difícil su restauración. Indica que la erosión hídrica se presenta en tres cuartas partes del país. Un dato importante que se destaca de este estudio, es la inferencia que plantea de hectáreas de tierra cultivable (criterio sujeto a interpretación) per cápita, pasando de 1.3 hectáreas en 1930, a 0.23 en 1990, (la población pasó de 16.5 millones a 81.3 millones respectivamente)
El Banco Mundial indica los siguientes valores para México: 0.495 hectáreas per cápita para 1961; 0.254 para 1990 y 0.182 para 2015, pero a nivel mundial para el año 2015 fue de 0.194 hectáreas por persona, es decir, México está por debajo de la media mundial. Así se debe producir los alimentos para la Soberanía Alimentaria, pero además, con el agravante de que ya estamos en un evidente rezago, por lo cual, esta iniciativa de Ley es determinante que sea aprobada por esta Soberanía. (https:// datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=MX)
Procede indicarse que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su Título Tercero Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales, en su Capítulo II Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos, considera 10 artículos (del 98 al 105) sobre el recurso suelo, destacando lo siguiente como lo más relevante:
Artículo 98. Indica criterios para preservar y aprovechar el suelo, entre otros: “Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación...”; “En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión...”; “En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación...”.
Artículo 99. Menciona los criterios ecológicos para preservar y aprovechar el suelo: “Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y restauración de suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas”; “El establecimiento de distritos de conservación del suelo”;
Artículo 100. Indica que “Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales implican la obligación de hacer un aprovechamiento sustentable de ese recurso”.
Artículo 101. Plantea que en zonas de selva debe atenderse las disposiciones aplicables: “El cambio progresivo de la práctica de roza, tumba y quema a otras que no impliquen deterioro...”; “La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su restauración...”; “La prevención de los fenómenos de erosión, deterioro de las propiedades... del suelo...”
Artículo 101 Bis. Indica se observe la Ley en la realización de actividades en zonas áridas, en el uso sustentable del suelo.
Artículo 102. Se refiere al cumplimiento de esta Ley en el uso del suelo en zonas selváticas.
Artículo 103. Indica que “Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las prácticas de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias para evitar la degradación del suelo...”
Artículo 104. Indica que la Semarnat solicitara a Sagarpa y otras instancias, introducir prácticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias.
Artículo 105. Indica que los apoyos y estímulos fiscales en la actividad forestal, debe sustentarse en criterios ecológicos, y que “Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario”.
Los datos del estudio “Recurso Suelo. Elementos para la definición de una política pública en México”, realizado por el Centro de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, el CDRSSA que es parte importante de esta Soberanía Republicana, con datos de Semarnat y del Colegio de Posgraduados resalta la gravedad del problema de degradación de suelos del país.
Los resultados indican que las actividades agrícolas y pecuarias provocan casi el 80 por ciento de la superficie degradada (38.8 por ciento y 38.4 por ciento respectivamente), por realizar prácticas no adecuadas de manejo de suelos, monocultivo, uso de agroquímicos, riego con aguas de mala calidad, quema de residuos de la cosecha o su no incorporación al suelo; por sobrepastoreo o introducir más animales en pastizales, matorrales, bosques y selvas. El tercer factor es la deforestación con 16.4 por ciento, ya que se elimina la vegetación natural para cambiar el uso del suelo y dedicarlos a la agricultura, a pastizales o urbanización (Figura 8). Entonces el 93.6 por ciento de la degradación de los suelos de México, es producto de actividades que competen al sector rural productivo, por lo tanto, son las instancias de este sector las más obligadas a realizar acciones para revertir esta problemática (CEDRSSA, 2015).
El estudio citado retoma datos de Semarnat-Inegi (Usos del Suelo), indicando que en México hay 27 de los 32 grupos por su clasificación taxonómica. Los tres principales por su área territorial son Leptosoles, Regosoles y Calcisoles (25 por ciento, 19 por ciento y 18 por ciento respectivamente) que representan el 62 por ciento y no son aptos para la agricultura, por poca profundidad, pedregocidad y ubicarse en sierras y zonas áridas, pero la necesidad de las comunidades alejadas obliga a desarrollar unidades agrícolas, pero la producción es exigua. Los dos siguientes grupos son los Phaeozems y Vertisoles (10 por ciento y 8 por ciento respectivamente), ubicados en las llanuras de la mesa central y costeras de las vertientes de Pacífico y el golfo de México, son donde se encuentra gran parte de la agricultura de temporal y riego. El 20 por ciento restante lo constituyen arenosoles (6 por ciento), los luvisoles (3 por ciento) y otros de menor extensión, regularmente aptos para fines agrícolas.
La diversidad de suelos, climas y condiciones orográficas ha propiciado diversos ecosistemas y es la explicación de por qué México es el sexto a nivel mundial en biodiversidad con un alto número de especies endémicas; esto generó condiciones muy diversas para que se desarrollara una plurietnicidad, que es la característica de nuestra mexicanidad, lo que ha dado lugar a un número considerable de agroecosistemas, por lo que las políticas públicas hacia el sector rural debe obligadamente considerar esta diversidad de sistemas productivos, de prácticas de manejo de suelos y por lo tanto, también de conservación de suelos. La mayor extensión de superficie está ocupada por vegetación de matorral xerófito con 56.8 millones de hectáreas (el 29 por ciento), de bosque 34.6, de uso agrícola 32.5, de selva 31.8 y de pastizal 24,7 millones de hectáreas. Los factores formadores del suelo (material parental, clima, microorganismos y biota, relieve, y el tiempo), hacen que éste sea un recurso natural renovable, pero su degradación permanente sin darle tiempo suficiente para su recuperación, ha hecho que hoy se esté considerando al suelo como un recurso natural no renovable. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), indica que una tercera parte del suelo mundial está moderada o altamente degradado por erosión, salinización, compactación, acidificación, agotamiento de los nutrientes y contaminación química.
Se estima que 71 por ciento de los suelos (142 millones de hectáreas) se encuentra en procesos de degradación física, química y biológica, y que cada año se degradan 1.4 millones de hectáreas (Colegio de Postgraduados. Protejamos al suelo que nos da vida..., México, 2013). Este estudio de 2001 aplicó la metodología del Centro Internacional de Información y Referencia del Suelo (ISRIC), e hizo 16,040 mediciones directas en unidades fisiográficas, siendo hoy el estudio más preciso sobre la degradación y erosión de los suelos de México. “Los principales resultados son los siguientes: la superficie que se consideró con algún proceso de degradación causada por las actividades humanas ascendió a 94 millones de hectáreas y representan el 45.1 por ciento; los terrenos estables o sin degradación aparente, ascendieron a 62 millones de hectáreas y representan el 28.6 por ciento; los terrenos sin uso aparente y que pueden estar degradados de manera natural, sumaron 38.7 millones de hectáreas y representan el 25.9 por ciento”.
Por el tipo de degradación, el deterioro interno de los suelos reporta la mayor superficie, con 47.5 millones de hectáreas (24.2 por ciento). El desplazamiento externo de suelo está afectado con 40.8 millones de hectáreas (20.8 por ciento); siendo la erosión hídrica la más importante dentro de este grupo con 22.4 millones de hectáreas (11.4 por ciento). Finalmente, los datos del estudio citado destaca que hay estados que tienen problemas graves de erosión y degradación edáfica, indica que en promedio es de 48 por ciento de su área estatal, pero hay 18 entidades que están por encima de dicho promedio: Tlaxcala (73.9 por ciento), Yucatán (71.3 por ciento), Tabasco (70.5 por ciento), Chihuahua (67.3 por ciento) y Ciudad de México (64.5 por ciento). Esto implica que de aprobarse el presente Decreto de Ley, y al aplicarse las medidas al respecto, habrá que dar prioridad a los estados con mayor problema, y recuperar la fertilidad, aumentar la productividad y producción agrícola, pecuaria y forestal.
De tal manera que, de aprobarse el presente decreto de ley, será obligación del gobierno federal, asignar recursos económicos suficientes y establecer verdaderos programas con real eficiencia y seguimiento, con prácticas de buen manejo y conservación de suelos y aguas, como lo plantea la FAO que es parte de WOCAT ( World Overview Conservation Approaches and Tecnhnologies), red global que tiene una metodología con 25 prácticas/tecnologías y 12 enfoques de conservación de suelos y aguas (http://www.fao.org/americas/prioridades/suelo-agua/es/).
La propuesta de Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, además de tener una relación estrecha con otras leyes como la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Aguas entre otras, también es determinante para el logro de los compromisos que el próximo gobierno republicano ha hecho ante la sociedad mexicana, compromisos como: lograr la autosuficiencia alimentaria en granos básicos y oleaginosas (maíz, frijol, trigo harinero, soya y arroz), así como en huevo, leche y cárnicos; Apoyar a la pequeña agricultura; Fomentar la ganadería sustentable; Promover la transición a sistemas de producción agroecológica; Mejorar la infraestructura hidroagrícola; Sembrar en un millón de hectáreas árboles frutales y maderables; Establecer el Programa Nacional de Cooperativas en el medio rural; Establecer el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas; Establecer el Programa de Rescate del Sector Cafetalero; Reestructuración del Proagro; Apoyos diferenciados por cultivo, calidad región, ciclo y tipo de productores; Nuevo Sistema Financiero Rural; Establecer un Sistema eficiente de Extensionismo agropecuario y Forestal; Establecer el Sistema Nacional de Investigación y Educación Agrícola media-superior y superior; Promover la Economía Solidaria basada en Sistemas de Comercio Justo; Reestructurar el Sistema de compras y logística de Diconsa para compras directas a productores; Establecer el Sistema multianual de precios piso garantizados y de certidumbre en la comercialización.
Dado lo anterior, es obvio que siempre se busca el beneficio de la sociedad, pero cuando se da prioridad a lo económico sobre lo social o lo ambiental, entonces no sólo se explotan los recursos naturales renovables, sino que se expolian y se convierten, implícitamente en recursos naturales no renovables como ya sucede con los suelos sino se restaura lo perdido. Hay muchas prácticas y técnicas que ya se aplican pero que se requiere hacer extensivas a través de políticas de gobierno, por lo que es necesario un Programa Nacional de Suelos, para que se realicen en el entorno fisiográfico de cuencas hidrológicas, con una supervisión continua y honesta.
En la agricultura hay prácticas que conservan y mejoran el suelo, lo mejoran en cuanto a su fertilidad y otras características, ayudando a reducir gastos en fertilizantes industriales y aumenta la productividad, tales prácticas pueden ser: labranza cero o mínima, rotación de cultivos o de cobertera. En lo ganadero y para la silvicultura también hay prácticas que permiten conservar y mejorar los suelos con los beneficios que ello implica. Incluso para actividades que integran de manera sinérgica, la agricultura y ganadería con aspectos de silvicultura, tal como son los sistemas agroforestales y silvopastoriles, o el Sistema MIAF que ha desarrollado el Colegio de Posgraduados y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
También existen propuestas de reordenamiento ecológico en territorios con núcleos urbanos, para garantizar que en su crecimiento no se afecten áreas forestales o de cultivo, que prestan invaluables servicios ambientales. Los residuos urbanos bien manejados y procesados, se pueden convertir en abonos para la recuperación de la materia orgánica y fertilidad de los suelos, y otras actividades consideradas como de alto impacto como la minería, también tienen alternativas para minimizar los efectos negativos.
Para finalizar, es conveniente indicar lo que concluye el estudio realizado por el CDRSSA: “ Se considera que la definición de la acción pública en la materia, así como los derechos y obligaciones de los usuarios, se hagan con la emisión de una Ley General de Conservación y Restauración de Suelos, para la cual existen bases constitucionales sólidas para fundamentarla, como son las siguientes:
-Lo establecido en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución en materia de garantía de los derechos humanos y la especificación de que todas las personas tienen derecho a la alimentación, el agua potable y el medio ambiente sanos; derechos que sólo se pueden garantizar si se conservan los suelos íntegros y sanos.
-Lo señalado en el párrafo tercero del artículo 27, que entre otras disposiciones en materia del medio ambiente, establece el derecho de la nación de regular en beneficio social los elementos naturales con la finalidad de cuidar su conservación.
-Lo establecido en la fracción XX también del artículo 27, en el sentido de que se fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra.
-Lo establecido en la fracción XXIX-G del artículo 73, que faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.”
La propuesta para Decreto de Ley General de Uso Sustentable y Conservación del Suelo está conformada por cinco Títulos. El Título I Disposiciones Generales consta de 1 capítulo Normas Generales; el Título II Del Programa Nacional de Suelos, tiene un Capítulo De su Creación y Funciones; el Título III Del Arreglo Institucional consta de tres capítulos: De las Atribuciones de la Federación y los Coordinadores Estatales, De las Atribuciones de Sagarpa, y De la Distribución de Competencias con cuatro secciones: De las Entidades Federativas, De los Municipios y Demarcaciones Territoriales, De la Relación de Sagarpa con Otras Instituciones, y De la Comisión de Suelo; Título IV De la Investigación, Capacitación y Extensionismo Productivo con tres capítulos, uno para cada concepto; el Título V Del Fondo para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo; Título VI De las Infracciones y Sanciones con dos Capítulos, y los Transitorios.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, de conformidad con el siguiente proyecto de:
DecretoÚnico.Se expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, para quedar como sigue:
Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo Título IArtículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y los recursos naturales, así como a proteger el medio ambiente y los suelos en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general, teniendo por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer el marco legal y las bases para:
I. Que el Estado mexicano promueva, garantice y ejecute las acciones para un uso sustentable y conservación de los suelos del país;
II. Crear e implementar políticas públicas, acciones y programas necesarios para facilitar el uso sustentable y conservación del suelo;
III. Establecer el Programa Nacional de Suelos a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para lograr un uso sustentable y conservación de los suelos de la República Mexicana;
IV. Preservar, restaurar, mejorar y conservar los suelos en todo el territorio nacional;
V. Propugnar por el incremento de la producción y productividad agropecuaria y forestal a través del uso sustentable y conservación del suelo, con la finalidad de coadyuvar para que toda persona tenga el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo indica el Artículo cuarto párrafo tercero de la Constitución;
VI. Definir los principios de la política pública en el uso sustentable y conservación del suelo de la República Mexicana de manera integrada con los demás recursos naturales, especialmente el recurso hídrico para hacer un uso eficiente de ambos;
VII. Garantizar a través del uso sustentable y conservación del suelo, el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar como lo demanda el Artículo cuarto párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Promover la ordenación, rehabilitación y conservación del suelo en conjunto con los demás recursos naturales de las cuencas hidrográficas;
IX. Aprovechar planificada y sustentablemente el suelo, así como a preservar y, en su caso, restaurarlo, para que sea productivamente compatible con la obtención de beneficios económicos de acuerdo con su capacidad de uso y el potencial productivo;
X. Prevenir y controlar la contaminación de los suelos, debido las diferentes actividades industriales, mineras y agropecuarias;
XI. Procurar dar prioridad en oportunidades de uso sustentable y conservación del suelo, a mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes;
XII. Establecer mecanismos de coordinación y concertación entre las autoridades competentes en la materia, entre éstas y los sectores social y privado, así como con comunidades, productores, industriales y grupos sociales, para lograr un uso sustentable y conservación del suelo;
XIII. Ejercer las atribuciones que en materia de uso sustentable y conservación del suelo, le corresponda a la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo correspondiente al artículo 27 párrafo tercero;
XIV. Impulsar, implementar y controlar el uso de prácticas sustentables, que eviten la erosión, la degradación o la contaminación del recurso suelo;
XV. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, para preservar y restaurar los suelos a través de su uso sustentable y su conservación;
XVI. Promover la transversalidad de recursos y acciones con las dependencias e instituciones involucradas en el uso de los suelos del país;
XVII. Establecer las medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.
XVIII. Propugnar porque el recurso suelo sea un factor importante para lograr la seguridad y soberanía alimentarias;
XIX. Promover en las actividades que conciernen a la Sagarpa, adoptar tecnologías que conserven y mejoren la productividad de las tierras, la biodiversidad, los servicios ambientales y los valores culturales;
XX. Atendiendo al Artículo 161 Fracción V de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Programa Nacional del Suelos Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de uso colectivo;
XXI. Coadyuvar en la elaboración del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, de tal manera que permita un uso racional y sustentable a nivel de cuencas hidrográficas;
XXII. Promover todas las acciones que sean necesarias en el uso y manejo sustentable de los suelos, para dar cumplimiento a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte en lo relativo al cambio climático, la diversidad biológica y demás aplicables en la materia;
XXIII. Crear y aplicar una amplia estrategia de Extensión Productiva para que las buenas prácticas de uso y conservación de suelos se apliquen: culturales, vegetativas y mecánicas; y
XXIV. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con la materia que regula este ordenamiento.
Artículo 2. La presente Ley tiene como fin fundamental usar adecuadamente, proteger, conservar y mejorar los suelos, de manera sustentable e integral con los demás recursos naturales, a través del desarrollo productivo y con una planificación ambiental a nivel de cuenca o micro cuenca hidrológica.
Artículo 3. Se consideran de utilidad pública e interés social:
I. El ordenamiento de los suelos del territorio nacional, a través de su uso sustentable y conservación en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;
II. La formulación y ejecución del Programa Nacional de Suelos y las acciones de protección y preservación de los suelos del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y
III. Las demás que se deriven de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Actividades Agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura;
II. Agroforestal (uso). La combinación de agricultura y ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de especies forestales;
III. Alimentos Básicos y Estratégicos. Respectivamente, aquellos así clasificados por su importancia en la alimentación de la mayoría de la población o su relevancia en la economía de los productores del campo o de la industria;
IV. Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;
V. Bioenergéticos. Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuícola, algacultura, residuos de pesca, domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, y sus derivados, producidos por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los términos de esta Ley;
VI. Cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables,
VII. Capacidad de Carga. Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperación en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico;
VIII. Consejo Distrital. El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural Sustentable;
IX. Consejo Estatal. El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable;
X. Consejo Municipal. El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable;
XI. Conservación de Suelos. Son las actividades que mantienen o aumentan la capacidad productiva de la tierra en áreas afectadas por o propensas a la degradación, que prevén o reducen la erosión del suelo, la salinidad, la contaminación, la compactación, y mejoran la fertilidad, el drenaje y la estructura;
XII. Coordinador Estatal (anteriormente delegado de Sagarpa). Representante del gobierno federal para la supervisión de los recursos asignados en el uso sustentable y conservación del suelo y aspectos relacionados en la entidad correspondiente;
XIII. Criterios ecológicos. Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y proteger el ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental;
XIV. Cuenca Hidrológica. Superficie geográfica delimitada por la parte más alta de las montañas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las cuales se unen y desembocan a una presa, lago o al mar;
XV. Degradación. Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y ecosistemas para brindar servicios ambientales, así como de su capacidad productiva;
XVI. Desarrollo Rural Sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos según las disposiciones aplicables, asegurando la conservación constante de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho terreno;
XVII. Desarrollo Sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
XVIII. Desertificación. La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causada por el humano, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana;
XIX. Distrito de Riego. El establecido mediante Decreto Presidencial, el cual se conforma por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o varias unidades de riego;
XX. Distrito de Temporal Tecnificado. Área geográfica destinada normalmente a las actividades agrícolas que no cuenta con infraestructura de riego, en la cual mediante el uso de diversas técnicas y obras, se aminoran los daños a la producción por causa de ocurrencia de lluvias fuertes y prolongadas -éstos también denominados Distritos de Drenaje- o en condiciones de escasez, se aprovecha con mayor eficiencia la lluvia y la humedad en los terrenos agrícolas; el distrito de temporal tecnificado está integrado por unidades de temporal;
XXI. Factores disruptivos. Factores naturales o antropogénicos causantes de cambios drásticos en los ecosistemas que afecten la calidad de los suelos, tales como: contaminación por hidrocarburos, mineros o residuos industriales;
XXII. Fondo de uso Sustentable y Conservación del Suelo. El Fondo promovido por la Sagarpa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien funge como fideicomitente, y el fiduciario considerado por dichas secretarias, conforme lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Crédito;
XXIII. Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Es el instrumento de la política forestal, de alcance nacional que proporciona información integral, actualizada y periódica sobre la ubicación, cantidad, características, dinámica y calidad de los recursos forestales y asociados a estos;
XXIV. Ley. Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo;
XXV. Ley de Desarrollo Rural. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
XXVI. Persona física o moral. Los individuos, los ejidos, las comunidades, las asociaciones, las sociedades y las demás instituciones a las que la ley reconozca personalidad jurídica, con las modalidades y limitaciones que establezca la misma;
XXVII. Productos Básicos y Estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales;
XXVIII. Preservación. El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;
XXIX. Programa Especial Concurrente. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que incluye el conjunto de Programas Sectoriales relacionados con las materias motivo de la Ley de Desarrollo Rural;
XXX. Programa Nacional de Suelos. El Programa de Suelos implementado por la Sagarpa en toda la República Mexicana;
XXXI. Programa de Suelos de la Cuenca. El Programa de Suelos propio de una cuenca, e integrado al Distrito de Desarrollo Rural correspondiente;
XXXII. Protección. Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;
XXXIII. Recursos Naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos;
XXXIV. Redes Locales de Suelos. Conjunto de unidades productivas localizadas en los territorios forestales ganaderos o agrícolas, interrelacionadas en el proceso de uso sustentable y conservación del suelo, y que contribuyen a retener los beneficios económicos y oportunidades de empleo en los mismos territorios;
XXXV. Sagarpa. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
XXXVI. Sedatu. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
XXXVII. Sedesol. Secretaría de Desarrollo Social;
XXXVIII. Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
XXXIX. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;
XL. Soberanía Alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional;
XLI. Servicios Ambientales. Los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, captura de contaminantes, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad, provisión de agua, mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación; para la aplicación de este concepto en esta Ley se consideran primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales;
XLII. Servicio de Extensionismo Productivo. Estructura técnica con profesionistas en actividades agropecuarias, forestales y acuícolas, encargados de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y desarrollo de la innovación tecnológica;
XLIII. Sistema Nacional de Investigación. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable;
XLIV. Suelo Forestal. Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la corteza terrestre, compuesto de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que han evolucionado bajo una cubierta forestal y que presentan características que les confirió la vegetación forestal que en él se ha desarrollado;
XLV. Tecnologías de SWC. Son las medidas agronómicas, vegetativas, estructurales, y de gestión que controlan la degradación del suelo y aumentan la productividad del campo;
XLVI. Unidades de Manejo Edáfico. Territorio con semejanzas físicas, ambientales, sociales y económicas, delimitado por Consejo Distrital;
XLVII. Urderales. Pequeñas Unidades de Riego para el Desarrollo Rural Sustentable;
XLVIII. Uso Sustentable del Suelo. Uso y manejo holístico del suelo, con buenas prácticas según el Programa Nacional de Suelos y la planeación consensuada que se determine en el Distrito de Desarrollo Rural;
XLIX. Visita de Inspección. La supervisión que realiza el personal autorizado para verificar que el aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y transformación de recursos forestales, se ajuste a la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; y
L. Wocat. ( World Overview of Conservation Approaches and Technologies). Iniciativa internacional no gubernamental, que persigue el manejo sustentable de los recursos suelo y agua a través de un consorcio de instituciones de varios países, que operan en forma descentralizada con el apoyo de la FAO, el ISRIC ( World Soil Information, Wageningen, Holanda, y el CDE ( Center for Development and Environment, Univerity of Berne, Suiza.
LI. Zona de Reserva Edáfica. Aquellas áreas específicas de las cuencas hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las tierras disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación;
Título IIArtículo 5. El Programa Nacional de Suelos es uno de los ejes centrales de la política pública del Gobierno Mexicano, que se aplica en todos los suelos del territorio nacional con la finalidad de alcanzar la seguridad y la soberanía alimentarias;
Artículo 6. El Programa Nacional de Suelos se constituye como un instrumento importante para realizar medidas de adaptación y mitigación contra el cambio climático, propiciando un aprovechamiento sustentable del suelo y los demás recursos naturales renovables;
Artículo 7. El Programa Nacional de Suelos se constituye como una estrategia importante y prioritaria para la producción de los alimentos básicos y estratégicos que permita coadyuvar a reducir y eliminar la pobreza alimentaria en México;
Artículo 8. El Programa Nacional de Suelos, estará vinculado con programas alimentarios promovidos por Sedesol, y por programas relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales de Semarnat;
Artículo 9. El Programa Nacional de Suelos se relacionará con los dirigentes y productores de los Distritos de Riego y las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, con la finalidad de que dichos recursos se usen de manera sustentable, considerando la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de aguas, en los términos que se adecuen a la presente Ley;
Artículo 10. Con el Programa Nacional de Suelos se desarrollará una política pública centrada en los siguientes objetivos:
I. Establecer en todas las cuencas y microcuencas hidrológicas del país, el Programa Nacional de Suelos a través de los Distritos de Desarrollo Rural, procurando mejorar los recursos naturales, aumentar los servicios ambientales e incrementar la productividad sustentable;
II. Promover a nivel de cuenca, de región o de municipio, la aplicación del Programa Nacional de Suelos, con la participación de las autoridades correspondientes, los habitantes y los productores que se ubiquen en ellos;
III. El Programa Nacional de Suelos estará contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo;
IV. El Programa Nacional de Suelos será un eje importante en el Programa Sectorial de la Sagarpa;
V. El Programa Nacional de Suelos tendrá congruencia con los programas sectoriales de las secretarías y organismos desconcentrados que se relacionen con dicho recurso natural;
VI. El Programa Nacional de Suelos estará en congruencia con el Sistema Nacional de lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales del país;
VII. Los compromisos y responsabilidades que se deriven de la materia de esta Ley, al quedar plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal propondrá a la Cámara de Diputados el aspecto financiero en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación;
VIII. El Ejecutivo federal considerará las adecuaciones presupuestales pertinentes, que de manera progresiva se requieran en cada período para propiciar el cumplimiento de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazos contemplados en el Programa Nacional de Suelos;
IX. Procurar que todos los municipios tengan un diagnóstico del estado que tienen los suelos de su demarcación, así como las acciones que se deben realizar para lograr un uso sustentable de los mismos, y realizar las prácticas de preservación y conservación requeridas;
X. Establecer Redes Locales de Suelos, para intercambiar experiencias, se difundan casos exitosos, se contrate servicios integrados, y se apoye con el Servicio de Extensionismo Productivo creado al respecto:
XI. Elaborar el Manual técnico para el Diagnostico Municipal de los Suelos, con criterios cualitativos y cuantitativos, diseñando y operando los talleres de capacitación para su realización, a través de un servicio amplio Servicio de Extensionismo Productivo;
XII. Toda Programa que implique actividades agropecuarias y agroforestales en forma directa, tendrán en sus reglas de operación, un componente para el uso sustentable de suelos y para la preservación y conservación de los mismos; y
XIII. El Programa Nacional de Suelos tendrá, aparte de los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un Fondo de Uso Sustentable y Conservación de Suelos, el cual se regirá por el Reglamento respectivo.
Artículo 11. En el Promana Nacional de Suelos se harán inversiones públicas y privadas para la ampliar y mejorar la infraestructura que mejore el uso sustentable de los recursos naturales, y que estarán permanentemente supervisados.
Artículo 12. El Programa Nacional de Suelos, apoyará obras de infraestructura y de fomento de las actividades productivas y de generación de bienes y servicios para todas las cadenas de valor del medio rural, con prioridad a las de alimentos básicos y estratégicos, y se hará conforme a criterios de preservación, restauración, sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como prevención, adaptación y mitigación del impacto ambiental y climático.
Artículo 13. Las acciones del Programa Nacional de Suelos, tendrá su aplicación en todas las regiones del país, pero dará prioridad a las zonas de muy alta y alta marginación, procurando crear fuentes de empleo y desarrollo de actividades socioeconómicas del campo con un Servicio de Extensionismo Productivo.
Artículo 14. Con base al Párrafo segundo del Artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Sagarpa suscribirá contratos de aprovechamiento sustentable de tierras con productores individuales u organizados, con la finalidad de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de tierras que integre y diversifique las cadenas productivas prioritarias, genere empleos permanentes en el medio rural, agregue valor a las materias primas, revierta el deterioro de los recursos naturales, produzca bienes y servicios ambientales, proteja la biodiversidad y el paisaje, respete la cultura, los usos y costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales o provocados por el cambio climático.
Artículo 15. Con base al artículo 55, fracción V, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reorientar el uso del suelo cuando existan evidencias de niveles altos de erosión, degradación o impacto negativo sobre los ecosistemas, siendo áreas prioritarias para su atención por el Programa Nacional de Suelos.
Artículo 16. Con base al Artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Sagarpa procurará a través del Programa Nacional de Suelos, coadyuvar en el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional con un Servicio de Extensionismo Productivo que mejore el nivel tecnológico de sus unidades agroambientales.
Artículo 17. En relación al artículo 57 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, relativo a las tierras que la Semarnat dictamine como frágiles o preferentemente forestales según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el apoyo se dará en forma directa para reconversión productiva, y se procurará un desarrollo agroforestal y prácticas de restauración y conservación.
Artículo 18. A las organizaciones y asociaciones sociales y económicas del medio rural de cualquier sector, respetando su derecho de prioridad y decisión, se promoverá el uso productivo adecuado con criterios de sustentabilidad indicados en la presente Ley, y con base al artículo 173 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se impulsará reestructurar las unidades productivas de manera rentable y sustentable según la aptitud edáfica y requerimientos del mercado, preferentemente con productos básicos y estratégicos.
Artículo 19. El Programa Nacional de Suelos debe ser un instrumento importante en las áreas de uso común, tanto ejidal como a nivel comunal, para realizar prácticas sustentables que mejoren la productividad y rentabilidad de esas áreas, y procuren mantener el empleo rural para disminuir la migración de personas.
Título IIIArtículo 20. La Federación reconoce plenamente que la presente Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, es congruente con las disposiciones que se indican en el artículo 2o., fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de “Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución” referido a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas distribuidos en todo el país.
Artículo 21. La Federación reconoce plenamente que la presente Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, es congruente con las disposiciones que se emiten en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 22. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejercerán sus atribuciones en materia de suelos de acuerdo a la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales relacionados con el recurso suelo.
Corresponderá a la Sagarpa la responsabilidad federal de elaborar los instrumentos técnicos, normativos, reglas de operación, así como de aplicación y de evaluación del Programa Nacional de Suelos.
Artículo 23. El gobierno federal, en materia de recursos para el uso sustentable y conservación del suelo, supervisará permanentemente a través de la delegación o coordinador estatal, la asignación de recursos a las entidades federativas, con la finalidad de garantizar su ejercicio adecuado para los fines asignados.
Artículo 24. Los coordinadores estatales del gobierno federal, que sustituyen a los delegados, tendrán, en relación al uso sustentable y conservación del suelo, las siguientes atribuciones:
I. invariablemente de las condiciones ambientales, procurarán de manera permanente, vigilar de que el Programa Nacional de Suelos, se aplique con eficiencia en la entidad correspondiente;
II. Para lo anterior, los Coordinadores Estatales definirán una agenda pública de visitas y supervisión de las acciones que en materia de uso sustentable y conservación de suelos, se esté desarrollando en la entidad a su cargo; y
III. Aunado a lo anterior, promoverán eventos técnicos, de investigación, de difusión y extensión para potenciar el Programa Nacional de Suelos, con un enfoque sustentable y rentable, con preferencia en productos básicos y estratégicos.
Capítulo IIArtículo 25. La Sagarpa promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la aplicación del Programa Nacional de Suelos, considerando de forma prioritaria a los productores de las zonas de reconversión y especialmente en las partes altas de las cuencas como lo indica el artículo 171 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de que sus actividades productivas se realicen de manera sustentable en los recursos suelo, agua y biodiversidad.
Las actividades agropecuarias o agroforestales, deben procurar una reconversión integral que permita la rentabilidad y sustentabilidad económica, social y ambiental, que propicie la estabilidad de las laderas y reduzca el riesgo de desastres naturales.
Artículo 26. Son atribuciones de la Sagarpa para dar cumplimiento a lo indicado en esta Ley, las siguientes atribuciones y funciones específicas:
I. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con otras Secretarias y organismos descentralizados, es la encargada de operar y dar cumplimiento el Programa Nacional de Suelos, y a las disposiciones de esta Ley en la materia indicada;
II. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de uso sustentable y conservación de suelos;
III. Diseñar y aplicar los instrumentos de uso sustentable y conservación del suelo, previstos en esta Ley, garantizando la adecuada y eficiente coordinación entre la Federación a través de Sagarpa y sus diversas dependencias, con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
IV. Elaborar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa Nacional del Suelo, referido en esta Ley, en el ámbito nacional, regional y de cuenca hidrográfica;
V. Realizar, fiscalizar y evaluar cuando lo considere necesario, las acciones y proyectos del uso sustentable y conservación del suelo, para definir los mejores usos, acatando los lineamientos de esta Ley y del ordenamiento territorial que existan;
VI. Elaborar el mapa de áreas prioritarias que requieran aplicarse el Programa Nacional de Suelos, donde se procure la producción de los cultivos básicos y estratégicos;
VII. Emitir las normas e indicadores para el uso sustentable del suelo, considerando su aplicación a nivel de cuenca hidrográfica;
VIII. Promover de manera permanente y sistemática, la aplicación del Programa Nacional de Suelos y las estrategias y mecanismos para lograr la participación de los productores e industriales, en el adecuado uso sustentable y conservación del suelo;
IX. Establecer un calendario de verificaciones y auditorías internas para asegurar que se están cumpliendo las acciones del Programa Nacional de Suelos;
X. Diseñar las estrategias, prácticas, metodologías, acciones y mediciones de conservación para evitar la pérdida de carbono en el suelo y poder incrementarla con prácticas sustentables;
XI. Elaborar y expedir las Normas Oficiales Mexicanas que prevengan la contaminación de suelos, y velar por su cumplimiento;
XII. Otorgar a los productores agropecuarios y agroforestales, asistencia técnica en el manejo agroecológico, agropecuario y agroforestal, para lograr el uso sustentable de sus suelos, que propicie la prevención de los suelos en riesgo de erosión, y para la conservación de sus tierras erosionadas;
XIII. Desarrollar acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático, y al combate de la desertificación y la degradación de los suelos;
XIV. Elaborar, difundir y aplicar técnicas y metodologías para el uso sustentable y conservación del suelo, considerando experiencias exitosas y retomando las sugerencias del Wocat que aporta casos exitosos internacionales;
XV. Elaborar manuales prácticos para el uso sustentable y conservación del suelo, incluyendo prácticas culturales, vegetativas y mecánicas, con metodología y costos estimados;
XVI. Facilitar el acceso al Programa Nacional de Suelos, a las organizaciones que establezcan un convenio de cumplimiento regional o de cuenca del uso sustentable y conservación del suelo;
XVII. Establecer acciones de capacitación permanente acerca de los principios y prácticas más adecuadas sobre el uso de los suelos, que garanticen la sustentabilidad y también rentabilidad, por lo que la capacitación debe ser en todos los niveles, con transferencia de tecnología en el uso, manejo y recuperación de suelos;
XVIII. Promover con las cadenas productivas el establecimiento del Programa Nacional de Suelos, con convenios de corto, mediano y largo plazo que asegure el funcionamiento del mismo;
XIX. Establecer y ejecutar un calendario de verificación y vigilancia a través de auditorías técnicas y administrativas internas, para conocer el cumplimiento en la aplicación del Programa Nacional de Suelos;
XX. Pronunciarse sobre la posible degradación, contaminación o deterioro de los suelos e impactos ambientales, por actividades industriales, agropecuarias, mineras, de hidrocarburos o de proyectos gubernamentales;
XXI. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en la aplicación no adecuada de las acciones del Programa Nacional de Suelos;
XXII. Conjuntamente con la instancia correspondiente, aplicar las regulaciones de uso sustentable y conservación del suelo en terrenos forestales;
XXIII. Elaborar un registro de las personas físicas u organizaciones que participen en el Programa Nacional de Suelos, incluyendo las acciones realizadas y los beneficios obtenidos y proyectados;
XXIV. Supervisar que la expedición de las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, se haga con criterios de sustentabilidad;
XXV. Todas las acciones que se realicen en el Programa Nacional de Suelos, serán funciones realizadas con la participación de Sagarpa, quien las ejecutará directamente a través de apoyos directos a los productores, o por medio de contratación de servicios licitados, consolidados y auditados, para lo cual efectuará con antelación las asignaciones de presupuesto correspondientes;
XXVI. Construir un banco de datos sobre las acciones que se realicen a través del Programa Nacional de Suelos y temas relacionados, en los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos;
XXVII. Elaborar mapas por cuenca donde se realicen convenios, especificando la capacidad de uso actual y potencial, así como las prácticas y costos en dicha potencialidad, indicando la tasa interna de retorno y la rentabilidad a lograr, para incentivar a las organizaciones a participar en el Programa Nacional de Suelos; y
XXVIII. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento en materia de uso sustentable y conservación del suelo, y las que resulten necesarias para cumplir los objetivos definidos en la presente Ley;
Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, además de lo indicado en el Artículo anterior, la Sagarpa, tendrá las siguientes facultades:
I. Elaborar en el marco de la Ley de Planeación y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Programa Sectorial, y los programas anuales relativos al uso sustentable y conservación del suelo;
II. Establecer las Normas Oficiales Mexicanas para los requerimientos, características, indicadores y medidas a considerar en el uso sustentable y conservación del suelo, en su relación con los demás recursos naturales;
III. Controlar y vigilar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones que se emitan sobre el uso sustentable y conservación del suelo, haciendo visitas e inspecciones periódicas, con la finalidad de que los apoyos directos se están aplicando adecuadamente;
IV. Evaluar periódicamente los resultados de los programas derivados de esta Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, y sus impactos en materia de producción, seguridad y soberanía alimentarias, y desarrollo rural, considerando análisis técnicos, sociales, ambientales y económicos;
V. Imponer sanciones por cometer infracciones a las leyes y disposiciones aplicables que deriven de acciones relacionadas con la aplicación de esta Ley, mismas que se indicarán en la reglamentación respectiva; y
VI. Asesorar a los productores y sus organizaciones para que el uso sustentable y conservación del suelo, sea aplicado con las prácticas apropiadas a cada agroecosistema y según la capacidad de uso de cada suelo.
Capítulo IIIArtículo 28. Corresponde a las Entidades Federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I.Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política de suelos a nivel nacional, la política de uso sustentable y Conservación del Suelo que corresponda a las entidades federativas;
II.Aplicar los criterios de política de suelos previstos en esta Ley y en las leyes locales en la materia;
III.Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al uso sustentable de los suelos en la entidad, vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con su respectivo Programa Estatal de Desarrollo;
IV.Participar en la elaboración de los programas de suelos regionales o de cuencas hidrográficas de corto, mediano y largo plazos, en el ámbito interestatal;
V.Impulsar en la jurisdicción correspondiente, los sistemas y procedimientos para atender con eficiencia a los participantes en el Programa Nacional de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, con la integración de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a que haya lugar;
VI.Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos en coordinación con la Sagarpa, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos;
VII.Promover, en coordinación con la Federación e instituciones de educación superior, programas, proyectos y talleres de educación, capacitación, investigación y cultura sobre el uso sustentable y conservación del suelo, en concordancia con los programas nacionales al respecto;
VIII.Firmar acuerdos y convenios sobre el uso sustentable y conservación del suelo, para coordinar, cooperar, concertar y realizar acciones y proyectos en la entidad;
IX.Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de los terrenos estatales dedicados a la ganadería y al uso forestal;
X.Apoyar con un Servicio de Extensionismo Productivo y capacitación técnico-social, a los productores del campo, para que aplique el Programa Nacional de Suelos, que les permita procesos de reconversión y diversificación productiva;
XI.Proporcionar capacitación respetando sus costumbres, a la población de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades agrarias, en el uso sustentable y conservación del suelo, que permita desarrollar su organización, hacer más rentables sus actividades productivas a través de empresas sociales, que a la vez permita la sustentabilidad de los ecosistemas locales;
XII.Apoyar de forma coordinada con la Federación, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los asuntos relacionados con el uso sustentable y la conservación del suelo, para el mejoramiento de todos los ecosistemas de los pueblos y comunidades indígenas;
XIII.Coadyuvar en coordinación con la Federación y de acuerdo a la planeación nacional, estrategias, programas y proyectos que contribuyan a reducir la emisión bióxido de carbono por prácticas de deforestación y/o degradación forestal;
XIV.Diseñar y aplicar acciones en coordinación con la Federación y de acuerdo a la planeación nacional, estrategias, programas y proyectos, que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático;
XV.Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo productivo agroalimentario de la entidad, aplicando el Programa Nacional de Suelos de conformidad con esta Ley y la política nacional al respecto;
XVI.Promover la inversión para desarrollar y mejorar la infraestructura para la conservación de los suelos con problemas de erosión en la entidad;
XVII.Informar a las autoridades competentes, y en caso de proceder, denunciar las infracciones o delitos que se cometan en relación al Programa Nacional de Suelos; y
XVIII.Promover la aplicación del Programa Nacional de Suelos en las áreas donde hay un uso comunitario forestal,
Artículo 29. Los Congresos de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para el ejercicio de las atribuciones previstas en esta Ley.
Sección SegundaArtículo 30. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política de uso sustentable y conservación del suelo del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México;
II. Aplicar los criterios del Programa Nacional de Suelos indicados en esta Ley y en las leyes locales que correspondan en su jurisdicción municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en los aspectos que no estén expresamente reservadas a la Federación o a las Entidades Federativas;
III. Participar, en coordinación con la Federación, las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los trabajos derivados de la aplicación del Programa Nacional de Suelos;
IV. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura en el uso sustentable y conservación del suelo, en acato a la presente ley y el Programa Nacional de Suelos;
V. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia de uso sustentable y conservación del suelo;
VI. Participar en la planeación y ejecución del uso sustentable del suelo y en los programas de reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales de las áreas de su jurisdicción territorial de su competencia;
VII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el gobierno federal y de las Entidades Federativas, en materia de uso sustentable y conservación del suelo;
VIII. Informar a las autoridades competentes, y en los casos que proceda denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia uso sustentable y conservación del suelo;
IX. Participar y coadyuvar con la Federación y el gobierno de la entidad federativa que corresponda, en las estrategias, acciones y proyectos para un uso sustentable y conservación del suelo que permita mantener y mejorar la provisión de los servicios ambientales;
X. Participar y coadyuvar con la Federación y el gobierno de la entidad federativa, en la elaboración y aplicación de políticas públicas relacionadas con el uso sustentable y conservación del suelo que propicien la adaptación y mitigación al cambio climático;
XI. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes locales en la materia, mecanismos para obtener recursos destinados al pago y compensación de los servicios ambientales relacionados con el uso sustentable y conservación del suelo;
XII.La atención de los demás asuntos que en materia de uso sustentable y conservación del suelo les conceda esta Ley u otros ordenamientos; y
XIII.Promover la aplicación del Programa Nacional de Suelos en su jurisdicción y redes locales relacionadas;
Sección TerceraArtículo 31. Atendiendo a los lineamientos de la presente Ley y al Programa Nacional de Suelos, la Sagarpa coordinará las acciones de uso, manejo y conservación de suelos con la Semarnat, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y demás instituciones y dependencias de dicha Secretaría, en los aspectos de suelos que les competa, con la finalidad de que los diferentes agrosistemas y ecosistemas funciones sustentablemente;
Para el funcionamiento adecuado de la fracción anterior, se deberá:
I. Recomendar a las diferentes instituciones oficiales, sociales, autónomas, descentralizadas, privadas, de crédito, de fomento, que sus actividades se ajustarán al ordenamiento de esta Ley, para promover el uso, manejo, mejoramiento, restauración, conservación y explotación racional del recurso suelo en toda la República Mexicana;
II. Difundir el Programa Nacional de Suelos, con las estrategias, prácticas, metodologías e indicadores, sobre el uso, manejo y conservación de los suelos del país, así como las responsabilidades operativas de las diferentes instituciones y dependencias, incluyendo los mecanismos y criterios mínimos de coordinación; y
III. La Sagarpa contará en su estructura orgánica, con el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, que actualmente se encuentra en la Semarnat, para integrarse a las funciones propias del Programa Nacional de Suelos. En este sentido, la Subdirección de Prevención y Control de la Contaminación de Suelos y Residuos de la Semarnat, queda como Departamento de Sistemas de Manejo de Residuos Sólidos.
Artículo 32. Para los efectos de la presente Ley, la Semarnat, tendrá las siguientes facultades:
I. Supervisar que se cumplan las disposiciones para el uso sustentable y conservación de los suelos;
II. Autorizar previa evaluación, los proyectos de su competencia que estén relacionados con el uso del suelo y sus impactos ambientales;
III. Aplicar las regulaciones en materia de uso sustentable y conservación de los suelos, para asegurar la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad en las actividades que regula la presente Ley;
IV. Vigilar constantemente para que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, sin que exista una evaluación previa de los beneficios sociales, económicos y ambientales, con la prioridad de un uso sustentable y conservación del suelo;
V. Regular y, en su caso, expedir conjuntamente con la Sagarpa, Normas Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos, características, medidas de seguridad y demás aspectos que considere pertinentes, para asegurar la protección al medio ambiente, en relación al uso sustentable y conservación de los suelos; y
VI. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las Leyes y disposiciones en materia de uso sustentable y conservación de los suelos, así como ordenar medidas de seguridad y sancionar por infracciones a las mismas, que deriven de acciones relacionadas con la aplicación de la presente Ley.
Artículo 33. Además, la Semarnat en materia de suelos y en concordancia con la presente Ley, atenderá en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Sagarpa, lo indicado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los Artículos 98 a 107 referido a la Sustentabilidad del Suelo y sus Recursos, y a los Artículos 134 a 105 de Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.
Artículo 34. Atendiendo a los lineamientos de la presente Ley y al Programa Nacional de Suelos, la Sagarpa coordinará las acciones de uso, manejo y conservación de suelos con la Sedesol, específicamente con las Direcciones Generales de Opciones Productivas y de Vinculación Interinstitucional, así como con la Unidad de Microrregiones, en los aspectos de uso, manejo y conservación de suelos, en los que hubiera alguna relación de trabajo conjunto;
Artículo 35. Atendiendo a los lineamientos de la presente Ley y al Programa Nacional de Suelos, la Sagarpa coordinará las acciones de uso, manejo y conservación de suelos con la Sedatu, en relación a la contaminación por residuos de la explotación minera.
Lo anterior se hará a través de la elaboración de las Reglas de Operación que emita la Sedatu, relativa a los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, de tal manera que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, considere proyectos para restaurar la contaminación de suelos y aguas derivados de los residuos mineros, atendiendo a los lineamientos de la presente Ley y del Programa Nacional de Suelos.
Artículo 36. La Sagarpa procurará que en cada Distrito de Desarrollo Rural, exista personal técnico especializado en el manejo y la conservación de suelos, para brindar en las respectivas cuencas o micro cuencas, la asistencia técnica indicada en la presente Ley, y que propicie coordinar tal asistencia con las acciones de las otras instituciones participantes.
Sección CuartaArtículo 37. Se crea la Comisión de Suelos, que estará integrada por los titulares de la Sagarpa, Semarnat, Sedesol, SEP y SHCP, la cual tendrá las siguientes funciones:
I. Participar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, para que exista congruencia con el Programa Nacional de Suelos, que implique el uso sustentable y conservación del suelo en todo el territorio nacional;
II. Participar en los programas de corto, mediano y largo plazos, que estén relacionados con la producción y productividad agrícola, pecuaria, forestal, considerando las opiniones de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable;
III. Establecer las bases y lineamientos para la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación entre los gobiernos federal, estatales, de la Ciudad de México y los municipios, para dar cumplimiento a esta Ley, y a los programas y las disposiciones que deriven de la misma, en lo relativo al uso sustentable y conservación del suelo;
IV. Establecer las bases para que concurran los sectores social y privado, a fin de dar cumplimiento a esta Ley, y los programas y disposiciones que se deriven de la misma, en lo relativo al uso sustentable y conservación del suelo;
V. Dar seguimiento a los programas derivados de esta Ley, relativos al uso sustentable y conservación del suelo;
VI. Establecer los indicadores que determinen el grado de cumplimiento en lo relativo a los programas aplicados en el uso sustentable y conservación del suelo;
VII. Proponer lineamientos programáticos, presupuestales y metodológicos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las apliquen en los ámbitos de su competencia en lo relativo al uso sustentable y conservación del suelo;
VIII. Establecer mecanismos y normas para el seguimiento periódico del presupuesto asignado a los programas relacionados con el uso sustentable y conservación del suelo;
IX. Establecer mecanismos y normas para la evaluación objetiva e imparcial, de los programas e instrumentos de apoyo, en lo relativo al uso sustentable y conservación del suelo, interaccionando con las atribuciones de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público e instrumentos de la Administración Pública; y
X. Establecer prioridades, criterios y normas para la asignación del gasto público federal en la promoción del uso sustentable y conservación del suelo de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Artículo 38. Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en razón de su competencia, corresponde ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 39. La aplicación de la Ley de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, así como del Programa Nacional de Suelos, y los demás instrumentos técnicos y metodológicos que se aplique al tenor de los mismos, necesaria y obligadamente deberán ajustarse a los criterios de austeridad planteados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión.
Título IVArtículo 40. La Sagarpa realizará y promoverá con las demás dependencias federales, estatales y municipales, la realización de investigación científica y tecnológica para el uso sustentable y conservación de los suelos, que demande el desarrollo y necesidades de mejorar el uso de los recursos naturales y en específico los suelos del país;
Artículo 41. La Sagarpa promocionará ante los sectores social y privado, para que apoyen investigaciones y generen tecnologías en su entorno local para el aprovechamiento adecuado de los suelos, independientemente del uso que se les esté dando;
Artículo 42. En cuanto a la investigación y tecnología para el uso sustentable y conservación del Suelo, la Sagarpa y los coordinadores estatales del gobierno federal, tendrán, además de lo indicado en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las siguientes obligaciones:
I. Fomentar, apoyar y desarrollar la investigación científica para el uso sustentable y conservación del suelo, que permita generar una producción sustentable y rentable en lo agrícola, pecuario y forestal;
II. Establecer proyectos de investigación y capacitación en el uso sustentable y conservación del suelo, los cuales estarán integrados al Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, y al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, considerados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
III. Integrar los programas de investigación y capacitación en el uso sustentable y conservación del suelo, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, para que sean considerados en el presupuesto correspondiente;
IV. Establecer un esquema de información permanente sobre los proyectos, programas, avances y resultados del uso sustentable y conservación de suelos, mismo que será parte del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. y
V. Establecer procedimientos de evaluación permanente que permita conocer en forma inmediata, el estado de operación, avances y resultados del uso sustentable y conservación del Suelo.
Artículo 43. La Sagarpa, a través de la Comisión de Suelos, establecerá las bases a corto, mediano y largo plazos, para impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la capacitación en materia de uso sustentable y conservación del suelo.
Artículo 44. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, será la instancia encargada de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de uso sustentable y conservación de suelos, incluyendo el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector.
Artículo 45. El Sistema contará, además de los establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y para los efectos de esta Ley, con las siguientes facultades:
I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, en materia de uso sustentable y conservación del suelo;
II. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en materia de uso sustentable y conservación del suelo, considerando las propuestas de las instituciones educativas y de investigación, universidades y organizaciones de productores;
III. Coordinar la integración y funcionamiento de una red nacional de grupos, institutos de investigación, universidades y Organismos no gubernamentales, en materia de uso sustentable y conservación de los suelos, con la finalidad de intercambiar información; articular acciones; optimizar recursos humanos, financieros y de infraestructura; y difundir experiencias y resultados;
IV. Asesorar en aspectos técnicos a través del Sistema Nacional de Extensionismo Productivo para el Desarrollo Rural Sustentable (propuesta para incorporarse en la LDRS), a los productores y organizaciones del agro mexicano, en lo relativo a uso sustentable y conservación del suelo, con programas formales al menos durante un ciclo;
V. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología en uso sustentable y conservación del suelo, de forma accesible a los productores del campo y sus organizaciones;
VI. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad en coordinación con centros de investigación, universidades, autoridades federales, y de los gobiernos de las entidades federativas;
VII. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo, para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de uso sustentable y conservación del suelo;
VIII. Difundir sus actividades y los resultados de las investigaciones, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la Ley de la materia;
IX. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
X. Las demás que expresamente le atribuya esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven y las Leyes y Reglamentos correspondientes vinculados al ámbito del uso sustentable y conservación del suelo.
Artículo 46. El Sistema promoverá y coordinará la integración de la Red Nacional de Información e Investigación en materia de uso sustentable y conservación del suelo, vinculando y fortaleciendo la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos naturales especialmente el recurso suelo.
Capítulo IIArtículo 47. El Programa Nacional de Suelos, contendrá un componente amplio de capacitación a todos los niveles, desde primaria hasta licenciatura, por lo que la Sagarpa coordinará acciones con la SEP, para que además de los contenidos ecológicos ya incluidos, se proceda a incluir temáticas sobre las ventajas del uso sustentable y conservación del suelo.
Artículo 48. La Sagarpa desarrollará las actividades de capacitación en todo lo relacionado con el uso sustentable y conservación del suelo, de acuerdo al artículo 22, fracción II, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
Artículo 49. La Sagarpa en lo que respecta a la aplicación del Programa Nacional de Suelos, procurará integrar los Sistemas Nacionales de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, con el de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable; indicados en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
Artículo 50. La Sagarpa en cuanto a la aplicación del Programa Nacional de Suelos y en lo específico en cuanto a la capacitación en esta materia, tendrá las siguientes obligaciones:
I. Establecer que en las publicaciones técnicas para capacitación, los contenidos sobre el uso sustentable y conservación del suelo, se relacionen con las problemáticas hídrica, de cambio climático, de soberanía alimentaria y de pérdida de biodiversidad, para concientizar sobre la importancia de dicha capacitación;
II. Promover ante los diferentes medios de comunicación masiva, la inducción por valorar la importancia del recurso suelo, y las ventajas de usarlo sustentablemente y conservarlo y restaurar donde hay problemas de erosión, degradación o contaminación;
III. Conjuntar esfuerzos con la SEP, y dar condiciones técnicas y financieras para que los centros de Educación Superior y de investigación tecnológica y científica, realicen y desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional;
IV. Promover que la capacitación que se imparta, considere problemas estratégicos del medio ambiente y la naturaleza, tales como: cambio climático, crisis hídrica, azolve de presas, sequías e inundaciones extremas, pérdida de capital natural, con el fin de hacer programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección de los diversos ecosistemas del país.
Artículo 51. Promover la firma de convenios con dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, no gubernamentales, de la sociedad civil, o instituciones educativas y científicas, para fomentar la investigación científica y la capacitación técnica, para prevenir, controlar y abatir la erosión, la degradación, la contaminación y la desertificación, y a la vez que se deba aprovechar sustentablemente los recursos naturales, a través de preservar, proteger y restaurar los ecosistemas y agroecosistemas que eviten desequilibrios ecológicos y contrarresten los impactos del cambio climático.
Capítulo IIIArtículo 52. El Programa Nacional de Suelos tendrá un sólido componente en el Servicio de Extensionismo Productivo, ya que, como lo reconoce la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 41, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología son fundamentales tanto para el fomento agropecuario como para el desarrollo rural, por lo tanto, esta Ley lo retoma como imprescindible en las acciones de la Sagarpa en general, y en específico para el uso sustentable y conservación del suelo.
Artículo 53. En cada Distrito de Desarrollo Rural de las entidades federativas y de la Ciudad de México, existirá un equipo amplio de extensionistas para atender en las diferentes regiones, las acciones de asistencia técnica, transferencia de tecnología, desarrollo productivo e innovación tecnológica, entre otros aspectos, la atención al uso sustentable y conservación del suelo.
Artículo 54. La Sagarpa y los coordinadores estatales sumarán esfuerzos para establecer el Servicio de Extensionismo Productivo en los municipios de cada entidad federativa y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
Artículo 55. El Servicio de Extensionismo Productivo, será parte importante del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, retomando los planteamientos indicados en el mismo, formando en principio parte de él, en tanto avanza y se consolida para formar más adelante, el Sistema Nacional de Extensionismo Productivo, que a su vez se incorporará a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 56. El Servicio de Extensionismo Productivo propiciará sin ser un intermediario, que los apoyos que reciban los productores, sean apoyos directos, constatando con evidencias fotográficas que dichos apoyos se han aplicado para los fines que fueron otorgados.
Artículo 57. Dado que uno de los problemas principales del rezago en el campo mexicano ha sido que los apoyos otorgados no llegan en su totalidad a los verdaderos productores, se establecerá un mecanismo de verificación real, ajenos a desviaciones políticas o de cualquier otra índole.
Artículo 58. La estricta vigilancia y el preciso cumplimiento de que los apoyos directos sean recibidos por los verdaderos productores del padrón verificado, será una acción permanente y transparente.
Artículo 59. Cualquier desviación al cumplimiento del otorgamiento de los apoyos directos, serán severamente sancionado de acuerdo a la normatividad tipificada como actos de corrupción.
Artículo 60. El Servicio de Extensionismo Productivo tendrá las siguientes características:
I. Será integral, incluyente, sustentable, respetuoso, transversal y participativo;
II. Comprenderá desde el diagnóstico hasta la comercialización, pasando por: planeación, producción, organización, crédito, transformación, capacitación desarrollo social y humano;
III. Se atenderá a todas las regiones productivas pero habrá prioridad a las regiones de mayor rezago social, económico y productivo;
IV. Los técnicos que desarrollen el Extensionismo Productivo procurarán desarrollar sus actividades con grupos organizados que permita socializar las recomendaciones y ampliar los resultados positivos. Esto no significa que estarán al servicio de los líderes de grupo u organizaciones, ya que su trabajo será social y comunitario;
V. Los técnicos incorporados al Servicio de Extensionismo Productivo, aparte de su salario normal, recibirán un estímulo por productividad, la cual se especificará en la reglamentación de esta Ley.
VI. Propiciar el fortalecimiento de la autonomía de los participantes en las cadenas productivas, induciendo la creación de capacidades que le permitan apropiarse del proceso productivo
VII. Promover y divulgar el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los programas y apoyos institucionales que se ofrecen en relación al uso sustentable y conservación del suelo;
Artículo 61. La Sagarpa promoverá que la actividad de extensionista y de capacitación productiva, sean reconocidas como competencias laborales ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por lo que inducirá a su establecimiento formal.
Artículo 62. El Servicio de Extensionismo Productivo, en lo que respecta a esta Ley, cubrirá, al menos, los siguientes rubros técnicos:
I. Una visión integral y sustentable;
II. Diagnóstico de la capacidad de uso del suelo;
III. Inclusión de factores ecosistémicos y socioeconómicos;
IV. Estrategia de cuenca o microcuenca;
V. Identificación de áreas críticas;
VI. Aprobación del Consejo Municipal y Distrital;
VII. Priorización de áreas socialmente marginadas;
VIII. Priorización de métodos agroecológicos
IX. Concertación y participación con compromiso social;
X. Plan local de uso sustentable y conservación del suelo;
XI. Integración institucional y organizaciones
XII.Análisis de suelos y aguas;
XIII.Aumento de la productividad;
XIV.Uso y aumento de la cobertura vegetal;
XV.Aumento de la infiltración del agua en el perfil del suelo;
XVI.Manejo adecuado de la escorrentía;
XVII.Priorizar uso de prácticas orgánicas
XVIII.Incremento de la fertilidad del suelo;
XIX.Mantenimiento de la materia orgánica;
XX.Labranza cero y labranza mínima;
XXI.Uso eficiente y racional del agua de riego;
XXII.Sistemas agroforestales y silvopastoriles;
XXIII.Esquema Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF);
XXIV.Uso de lombricomposta y consorcios bacterianos;
XXV.Priorizar control biológico integral;
XXVI.Uso de acolchados orgánicos (mulch) como fertilización orgánica;
XXVII.Aprovechar residuos de frijol, paja de trigo y rastrojos de maíz;
XX.Prácticas estructurales de drenaje y evacuación de escorrentía;
XX.Prácticas estructurales y agronómicas de infiltración de aguas;
XX.Reducir uso de fertilizantes químicos y agrotóxicos;
XXX.Manejo de lixiviados y desechos de origen vegetal y animal;
XXX.Control de erosión en obras de infraestructura vial;
XXX.Denuncia pública por el perjuicio de lixiviados industriales y mineros;
XXX.Prevención y reducción de la contaminación;
XXX.En general, uso permanente de buenas prácticas, y
XXX.Seguimiento y evaluación.
Título VArtículo 63. Se crea el Fondo para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo, con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para lograr un uso sustentable de los suelos del país, y para mejorar, restaurar o conservar aquellos suelos que han sido afectados por erosión, degradación y contaminación.
Artículo 64. La aplicación de los recursos financieros captados a través del Fondo, será prioritariamente en las regiones de mayor marginación social y económica, de acuerdo a los indicadores planteados por las instancias correspondientes.
Artículo 65. El patrimonio del Fondo se constituirá por las siguientes fuentes:
I. Recursos financieros anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación;
II. Aportaciones de otros fondos públicos;
III. Contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos previstos en las leyes al respecto;
IV. Las donaciones de personas físicas o morales, nacionales o internacionales;
V. Aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales; y
VI. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.
Artículo 66. Los recursos del Fondo se destinarán a:
I. Acciones para apoyar el uso sustentable y conservación del suelo, atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más marginadas del país;
II. Proyectos que contribuyan a la sustentabilidad y rentabilidad de los suelos del país, procurando su uso en productos básicos y estratégicos; que permitan generar fuentes de empleo; reducir la migración rural; mejorar, conservar y restaurar los suelos agropecuarios y forestales; mantener los suelos con cobertura vegetal y carbono interno; que se propicie el manejo integral de cuencas; que se conserve la biodiversidad; y que se facilite la recarga de los acuíferos.
III. Programas de educación, para sensibilizar y concientizar a la población, difundiendo información sobre la importancia del suelo y las ventajas de usarlo sustentablemente y de restaurar y conservar áreas degradas y erosionadas;
IV. Proyectos de capacitación, investigación, de innovación, de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en el uso sustentable y conservación del suelo; y
V. Otros proyectos y acciones sobre el uso sustentable y conservación del suelo, en su contexto de ser un recurso natural renovable importante para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.
Artículo 67. El Fondo operará a través de un Fideicomiso público creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 68. El Fondo tendrá un Comité Técnico que será presidido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y con representación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Gobernación; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Artículo 69. El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen esta Ley y las disposiciones legales aplicables.
Título VIArtículo 70. La persona física o moral que por acción u omisión, atente contra lo dispuesto en la presente Ley, incurrirá en las acciones que tipifiquen la normatividad administrativa y penal vigentes.
Artículo 71. La persona física o moral que contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la responsabilidad, de culpa o dolo o del grado de participación, estará obligado a indemnizar, en nivel jurídico que corresponda, así como a reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados.
...
...
Artículo 74. Los fondos que provengan por la aplicación de multas, se destinarán al Fondo para aplicarlo en las acciones prioritarias, preferentemente de donde se hubiese cometido la infracción que derivó en dicha sanción.
Artículo 75. Los depósitos obtenidos por las multas correspondientes, estarán dirigidas al Fondo de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, y se especificará en el reglamento de esta Ley y con los mecanismos de transparencia aplicables.
Capítulo IIArtículo 76. Las autoridades correspondientes apercibirán a toda persona, pública o privada, física o moral, por la violación de esta Ley, su reglamento y las disposiciones conexas, otorgando un plazo prudencial de 10 días hábiles, y que dependerá del tipo de violación en que se esté incurriendo, con la finalidad de que cese cualquier actuación u obra generadora de peligro o riesgo para el recurso suelo.
Artículo 77. Las instituciones competentes establecerán procedimientos sumarios y dispensa de formalidades, para tomar las medidas pertinentes a fin de evitar daños al suelo o restablecer, en lo posible, la situación anterior, cuando el daño ya se haya producido. Estos procedimientos podrán ser iniciados y tramitados, de oficio o a petición de cualquier persona física moral o jurídica, según los lineamientos establecidos en la Legislación pertinente.
Artículo 78. Corresponderá a los Tribunales Agrarios conocer y resolver, definitivamente, los asuntos originados en la aplicación de la presente ley. La tramitación de las sanciones se ajustará a lo previsto para las faltas y contravenciones, en el Código Procesal procedente.
Capítulo IIIArtículo 79. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociaciones y sociedades, podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño al recurso suelo, o que contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos relacionados.
Artículo 80. Si en la localidad no hay representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la denuncia se podrá hacer ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación.
Artículo 81. La denuncia popular puede ser realizada por cualquier persona física o moral, bastando que se presente por escrito y contenga, lo especificado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. También es permitida la denuncia telefónica, por lo que el servidor público que la recibe, levantará un acta circunstanciada para que el denunciante la ratifique según los tiempos y normas fijados en la Ley mencionada.
Artículos TransitoriosPrimero. Esta Ley entrará en vigor a los 60 días de publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que según las disposiciones de este ordenamiento son de competencia de estados y municipios, corresponderá a la Federación aplicar esta Ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso.
Tercero. Para la elaboración de la reglamentación de esta Ley, el ejecutivo cuenta con un plazo máximo de noventa días hábiles.
Cuarto. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.— Diputado Cipriano Charrez Pedraza (rúbrica).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz:Buenos días. Con su venia, diputado presidente. Presento ante este pleno una iniciativa de ley que protege la libertad de expresión, pero sobre todo el ejercicio profesional de cientos de periodistas de todo el país.
Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar en la mayor medida de lo posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo.
En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta al poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.
En los últimos años, constantemente aparecen noticias de periodistas asesinados, cuyos responsables continúan en la impunidad. Sin embargo, poco se conoce de la larga lista de profesionistas desempleados por proteger su derecho a informar con plena libertad o a proteger el secreto profesional que garantiza la seguridad de sus fuentes de información.
Por ello, para garantizar el derecho de los periodistas a informar con absoluta libertad y resguardar el secreto profesional, proponemos reformar el artículo 6o. constitucional para incorporar los conceptos de cláusula, de conciencia y secreto profesional.
Esta propuesta tiene el objetivo de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tutelen ambos casos para dar garantías a los periodistas en el ejercicio de su labor profesional.
Ante el acoso constante que enfrentan los informadores para ejercer su profesión en absoluta libertad, es necesario dotarlos de todas las herramientas necesarias que apoyen su ejercicio diario, toda vez que esta profesión es considerada una de las más peligrosas en nuestro país, y México es considerado el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, solo después de Siria, país que enfrenta un conflicto bélico.
La cláusula de conciencia es una figura que protege la independencia del periodista en su trabajo, es un derecho para rescindir, si así lo creen necesario, su contrato con la empresa para la que trabaja, si considera que hay cambios editoriales o ideológicos que no van acordes a su quehacer profesional.
Como consecuencia de la ruptura contractual, el periodista deberá recibir la liquidación correspondiente, según lo hayan establecido en el contrato o como si se tratara de un despido injustificado.
Respecto al secreto profesional, éste es un derecho vital para el ejercicio periodístico, toda vez que resguarda la identidad de las fuentes de información a que tiene acceso el periodista y garantiza la seguridad de estos. Ninguna autoridad podrá ejercer presión de ninguna índole para que se violente este derecho.
El periodista tiene el derecho de negarse a revelar la identidad de su fuente de información a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales que la requieran.
Con ello se armonizan estos derechos con constituciones locales, que ya los incorporaron en sus textos, entre ellas la Constitución Política de la Ciudad de México, y que ya fueron avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a controversia constitucional presentada por la Procuraduría General de Justicia.
Según la Recomendación General 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el año 2000 la actividad de los profesionales de la comunicación ha sido severamente amenazada en nuestro país, ya que según se informa existen investigaciones en la Procuraduría General de la República y entidades federativas que incluyen atentados a medios de comunicación, desapariciones de periodistas y homicidios, pero por la indebida realización de diligencias y la tortuosa integración de carpetas de investigación, algunas presentan retrasos de hasta 15 años. Esto quiere decir que más del 90 por ciento de las agresiones contra periodistas se encuentra en total impunidad.
Ese panorama ilustra con claridad la terrible situación que enfrenta el país en materia de libertad de expresión, por lo que es necesaria la actuación de las instituciones del Estado mexicano para revertir esta condición y, por consiguiente, revalorizar la calidad de nuestra democracia.
Por último, las acciones que realizamos para fortalecer la labor de los profesionales de la comunicación redundarán en apuntalar nuestra democracia, por lo que confío en que los nuevos tiempos que vivimos en México, que la propuesta sea apoyada oportunamente. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cláusula de conciencia y secreto profesional de los periodistas, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosLos medios de comunicación juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática.
Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo.
En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.
En los últimos años, constantemente aparecen noticias de periodistas asesinados que continúan en la impunidad. Sin embargo, poco se conoce de la larga lista de profesionistas desempleados por proteger su derecho a informar con plena libertad o a proteger el secreto profesional que garantiza la seguridad de sus fuentes de información.
Por ello, para garantizar el derecho de los periodistas a informar con absoluta libertad y resguardar el secreto profesional, proponemos reformar el artículo 6o.
constitucional en la que se incorporan los conceptos de cláusula de conciencia y secreto profesional.
La propuesta tiene el objetivo de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tutelen ambos casos, que dan garantías a los periodistas en el ejercicio de su labor profesional.
Ante el acoso constante que enfrentan los informadores para ejercer su profesión en absoluta libertad, es necesario dotarlos de todas las herramientas necesarias que apoyen su ejercicio diario, toda vez que esta profesión es considerada una de las más peligrosas en nuestro país.
La cláusula de conciencia es una figura que protege la independencia del periodista en su trabajo; es un derecho para rescindir, si así lo cree necesario, su contrato con la empresa para la que trabaja si considera que hay cambios editoriales o ideológicos que no van acordes a su quehacer profesional.
Como consecuencia de la ruptura contractual, el periodista deberá recibir la liquidación correspondiente según lo hayan establecido en el contrato o como si se tratara de un despido injustificado.
Respecto del secreto profesional, éste es un derecho vital para el ejercicio periodístico, toda vez que resguarda la identidad de las fuentes de información a que tiene acceso el periodista y garantiza la seguridad de éstos. Ninguna autoridad podrá ejercer presión de ninguna índole para que se violente este derecho.
El periodista tiene el derecho de negarse a revelar la identidad de su fuente autor de la información a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales que se la requieran.
Con ello, se armonizan estos derechos con constituciones locales que ya los incorporan en sus textos, entre ellas la Constitución Política de la Ciudad de México, y que ya fueron avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a controversia constitucional presentada por la Procuraduría General de Justicia.
Según la Recomendación General 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el año 2000, la actividad de los profesionales de la comunicación ha sido severamente amenazada en nuestro país, ya que según se informa existen investigaciones en la Procuraduría General de la República y entidades federativas que incluyen atentados a medios de comunicación, desapariciones de periodistas y homicidios pero por la indebida realización de diligencias y la tortuosa integración de las carpetas de investigación, algunas presentan retrasos de hasta 15 años.
Esto quiere decir que más de 90 por ciento de las agresiones contra periodistas se encuentran en la impunidad total.
Este panorama ilustra con claridad la terrible situación que enfrenta el país en materia de libertad de expresión, por lo que es necesaria la actuación de las instituciones del Estado mexicano para revertir esta condición y por consiguiente revalorizar la calidad de nuestra democracia.
Por último, las acciones que realicemos para fortalecer la labor de los profesionales de la comunicación redundarán en apuntalar nuestra democracia, por lo que confió en que los nuevos tiempos que vivimos en México y por la conformación de la Cámara de Diputados, la propuesta sea apoyada oportunamente.
En mérito de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cláusula de conciencia y secreto profesional de los periodistas
Primero.Se reforma el primer párrafo del artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, así como el derecho de réplica será n ejercidos en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
...
...
...
A. al B. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico para regular la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Dado en el Palacio Legislativo, a cuatro de octubre del año dos mil dieciocho.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
La diputada Brenda Espinoza López:Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Brenda Espinoza Lopez: La iniciativa que hoy presento obedece al comienzo de una nueva etapa de la vida pública a la cuarta transformación de la que ya formamos parte y a la que tenemos que empezar a impulsar desde esta Cámara de Diputados.
Debo señalar que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Servicio Postal Mexicano es considerado un área estratégica del Estado y, sin embargo, en agosto de 2016 el Servicio Postal Mexicano, denominado Sepomex, contaba con 17 mil 864 trabajadores y para agosto de 2018 cuenta con 14 mil 706 trabajadores, lo que quiere decir que tan solo en dos años hay 3 mil 158 trabajadores menos, sufriendo despidos masivos. Por lo tanto, la actividad del Servicio Postal Mexicano se ha visto menguada por los malos manejos de las administraciones anteriores.
Por otro lado, en el año corriente se aprobó y publicó una reforma al propio artículo 4o. de la Ley del Sepomex, donde se permite la participación de las empresas públicas y privadas. Sin embargo, esto ha permeado en el ánimo de los propios trabajadores, aunado a que se han celebrado contratos en perjuicio de la propia empresa.
El servicio público de correos es un área estratégica, reservada al Estado en forma exclusiva. En este orden de ideas y ante la reforma que otorga la potestad de la participación de las asociaciones públicas y privadas, la premisa de exclusiva, ¿dónde queda?
Imagínense ustedes, existe una investigación realizada por Expansión y ahí se desprende que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó un contrato, sin concurso público, a la firma alemana DHL, un contrato con vigencia indefinida para que ejerza como distribuidor autorizado y ofrezca, comercialice, venda y cobre por nombre y cuenta de DHL.
Lo más grave es que dicho contrato establece que Sepomex podrá cobrar y facturar los servicios que realice DHL. Y cuenta con una cláusula que indica, y cito: DHL podrá a su entera discreción modificar las tarifas en cualquier momento, previa notificación por escrito a Sepomex, con cinco días hábiles de anticipación.
Por cosas como esta entendemos por qué el gobierno actual está a favor de las asociaciones públicas y privadas. Y ahora resulta que los privados imponen a las empresas públicas sus tarifas, teniendo como consecuencia la falta de competitividad del Sepomex, así como un sometimiento tácito de una empresa del Estado mexicano hacia una empresa particular de capital extranjero.
Por casos como éste, la reforma que propongo pretende que el Sepomex, como empresa del Estado, nos pueda llevar a combatir la pobreza y a erradicar la corrupción a su interior de manera alineada al proyecto de nación 2018-2024.
Lo anterior, dado que estamos en un mundo globalizado donde el personaje más rico del mundo es el dueño de Amazon, empresa que todo lo que vende a través de internet lo entrega por paquetería, siendo éste un nicho que se ha dejado de explorar por intereses ajenos a Sepomex y que, sin embargo, con la infraestructura mencionada y con una buena administración se puede sacar adelante.
No olvidemos que dicha empresa, el día de hoy, reporta ganancias, por lo tanto, es necesario que continúe siendo manejada de manera exclusiva por el Estado y que, a su vez, siga siendo un área estratégica.
No olvidemos que si dejamos la entrega de correspondencia en manos de privados, también ponemos en peligro la seguridad de la nación.
En este sentido, pido su apoyo para que esta reforma avance y acabemos de raíz con esta reforma retrógrada de abril de 2018, que da entrada a las asociaciones públicas y privadas.
Por último, la reforma que estoy proponiendo atiende a la naturaleza de la ley, el plan alternativo de nación y sobre todo, el de hacer crecer el Servicio Postal Mexicano.
Nos enfrentamos a una tarea fundamental e inmensa de reconstruir y fortalecer las instituciones y las empresas mexicanas para dar trabajo a las y los mexicanos, que tanta falta hace. Y con el esfuerzo en un corto tiempo, aspiremos a tener una empresa de correos de primera, que aporte dividendos a la economía del país y de la cual nos podamos sentir orgullosos como mexicanos.
Una empresa nacional se está quedando en el olvido. Una forma de impulsar la economía en nuestro país es apoyando y rescatando las empresas nacionales. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo de la diputada Brenda Espinoza Lopez, del Grupo Parlamentario de Morena
Brenda Espinoza Lopez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosPlanteamiento del problema
De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Servicio Postal Mexicano es considerado un área estratégica del Estado, misma que a la fecha ha reportado ganancias, como se demostrará en el cuerpo de la presente iniciativa.
A pesar de ser una empresa productiva a la fecha, la misma ha sufrido despidos masivos, con el argumento del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear ahorros, por lo que, tan solo en 2017 sufrió el despido de 2 mil 300 (dos mil trecientos) trabajadores, no obstante, de ser una empresa estratégica del Estado que reporta gananciales y que no está quebrada.
Por otro lado, en el año corriente se aprobó y publico una reforma al propio artículo 4o. de la Ley del Sepomex donde se permite la participación de las empresas públicas y privadas, sin embargo, esto ha permeado en el ánimo de los propios trabajadores, aunado a que se han celebrado contratos en perjuicio de la propia empresa.
La investigación realizada por Expansión, señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó un contrato, sin concurso público, a la firma alemana DHL, un contrato con vigencia indefinida para que ejerza como “distribuidor autorizado” y “ofrezca, comercialice, venda y cobre por nombre y cuenta de DHL”, indica la copia del contrato que dio a conocer el portal RindeCuentas.org., lo más grave que dicho contrato dice que Sepomex podrá cobrar y facturar los servicios que realice DHL, con una cláusula que indica que “DHL podrá, a su entera discreción, modificar las tarifas en cualquier momento, previa notificación por escrito a Sepomex con cinco días hábiles de anticipación”.
Con esto quiero dejar en claro, que la administración del Sepomex va en contra de los intereses del propio estado y de sus ciudadanos, ya que no están siendo beneficiados con la celebración del contrato mencionado en el párrafo anterior, y peor aún resulta que los privados imponen a las empresas públicas sus tarifas, teniendo como consecuencia la falta de competitividad del Sepomex, así como un sometimiento tácito de una empresa del estado mexicano, hacia una empresa particular, de capital extranjero.
En ese orden de ideas y toda vez que los contratos como el que se menciona en el párrafo anterior, fueron celebrados con anterioridad a la reforma propuesta por el PRI desde 2014, aprobada hasta el año 2018, que van en contra de los intereses del estado y de sus ciudadanos, aunado a que estamos hablando de una empresa estratégica, que además, tiene que ver con la seguridad nacional de nuestro país, dado que se trasporta correspondencia oficial y se deben elevar los índices de seguridad de la misma, y que no puede quedar al arbitrio de los particulares, así como que la globalización está en un punto donde las compras por internet tienden a subir exponencialmente en los próximos cinco años y que la entrega de estas compras se hace vía mensajería y ya que Sepomex cuenta con la infraestructura física y material para cubrir las necesidades de la población se propone, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, con la finalidad de rescatar y apuntalar mundialmente al Sepomex, de conformidad con los siguientes:
Argumentos
Que de acuerdo a la fracción XVII, del artículo el artículo 73 de nuestra Carta Magna el Congreso de la Unión, ésta facultado para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
Que el artículo 117 fracción III del máximo ordenamiento en comento, prohíbe a los Estados: acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que; no constituye monopolio la función que el estado ejerce de manera exclusiva en el área estratégica de correos en entre otras, sin embargo, la actividad del Servicio Postal Mexicano se ha visto menguada por los malos manejos de las administraciones, anteriores no obstante que el artículo 11 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, establece:
“...Artículo 11. El servicio público de correos es una área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva.”...
No pasa por desapercibido, para la proponente, que, en la sesión ordinaria del Senado de la República, con fecha del 13 de marzo de 2014, el senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformó el artículo 4o. de la Ley de Servicio Postal Mexicano, para quedar como se encuentra en la actualidad, cito:
“... Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o., por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta ley.
Artículo reformado DOF 04-06-2015, 31-05-2018.”
Seguido, el procedimiento parlamentario correspondiente y no fue sino hasta el 24 de abril de 2018, que se probó en la Cámara de Diputados y hasta el 25 de mayo del mismo año se publicó el decreto por el titular del Ejecutivo federal.
Sin embargo, faltaron voces para señalar que dicha reforma con la apertura de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia por sí o a través de asociaciones públicas o privadas, se pierden y perderán miles de empleos y de recursos que el estado requiere, para su funcionamiento y el desarrollo nacional.
No se olvida, que en el año de 1986, Correos de México se transformó en el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), como un organismo descentralizado de la administración pública federal, que tuvo objeto otorgarle autonomía en la gestión de sus recursos y sobre todo en la toma de decisiones, por lo cual el marco normativo debe ser actualizado, tomando en consideración el avance tecnológico de estos últimos años con el objeto de incorporar nuevos servicios sustentados en el desarrollo de las tecnologías de la información.
En ese sentido debemos recordar, que para agosto 2016 el Sepomex contaba con 17 mil 864 trabajadores, para 2018 y para agosto de 2018 cuenta con 14 mil 706 trabajadores, lo que quiere decir que tan solo en dos años hay 3 mil 158 trabajadores menos, siendo trabajadores de base y sindicalizados 12 mil 154 trabajadores y 2 mil 192 trabajadores de confianza.
Cabe destacar, que el Sepomex, reporta ganancias para el año 2017 de 39 millones 936 mil 359 pesos, no obstante que gozó un financiamiento el Estado en ese año de 2 mil 391 millones 610 mil 124 pesos; en ese mismo sentido en el año 2016 tuvo ganancias por 497 millones 897 mil 402; en el año 2015 de 73 millones 23 mil 363; en el año 2014 44 millones 579 mil 311 y en el año 2013 169 millones 477 mil 723 pesos.
Se reporta por parte de Sepomex al 31 de julio del año en curso, un total de mil 29 millones 994 mil 790 de pasivos, debiendo destacar que en el rubro de servicio personales son 384 millones 307 mil 74 pesos y 282 millones 820 mil 924 de adeudos a proveedores, cantidades que contrastan con los activos que asciende mil 673 millones 714 mil 35 pesos.
Aunado a lo anterior, el Sepomex reportó al 2016, una infraestructura compuesta de oficinas con atención al público 1,487, oficinas con atención a clientes corporativos 107, centros de distribución y trasbordo 59, puntos de servicio con terceros 15 mil 701 para dar un total de17 mil 354 oficinas; 10 mil 991 vehículos que incluyen: 7 mil 235 motocicletas; 2 mil 777 bicicletas; 979 Autos y camionetas, vehículos todos ellos con los que en ese año manejaron 97 millones 629 mil 750 piezas a nivel nacional y se recibieron vía internacional 51 millones 401 mil 512 piezas.
Tampoco pasa por desapercibido para la proponente, que existe una contradicción entre lo que dice el artículo 4o. y el artículo 11 de la Ley del Servicio Postal Mexicano y que dicha reforma está viciada de naturaleza, lo anterior es así, toda vez que el cómo se mencionó el artículo 11 de la ley en comento señala que: El servicio público de correos es una área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva, en ese orden de ideas y ante la reforma que otorga la potestad de la participación de las asociaciones públicas y privadas, la premisa de “exclusiva”, dónde queda?.
De ahí que se sostiene la ilegalidad de la reforma, no por el procedimiento si no por el fondo del procedimiento y porque no se estudió al momento de la dictaminación de la iniciativa que en su momento fue presentada, el fondo de la reforma, por lo tanto, las cosas si deben de mejorarse en beneficio del Servicio Postal Mexicano, sin la participación de las asociaciones públicas y privadas, toda vez que, es ilegal de acuerdo al propio artículo 11 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, la palabra exclusiva no admite interpretación, exclusiva en el caso particular es que el servicio de correos es una área estratégica el Estado.
No debemos olvidar que:
“... Correos de México firmó un contrato de colaboración DHL Express México, empresa perteneciente al corporativo alemán Deutsche Post DHL, en cual el organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se compromete a ofertar los servicios de la empresa de servicios de paquetería de acuerdo con los tiempos de entrega y destino del envío.
“La colaboración estratégica que inician las dos instituciones alineada al Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, generará valor agregado a los usuarios a través de la capacidad logística global de Deutsche Post DHL con la amplia infraestructura de Correos de México en el país”, aseguró la SCT en un comunicado.
Este convenio con DHL forma parte de los esfuerzos de Correos de México para modernizarse y diversificar sus servicios, a través de la entrega de paquetes, así como documentos por medio de la red de logística que tiene la empresa alemana en más de 220 países en el mundo.
“El convenio celebrado con el Correo Alemán (Deutsche Post DHL) marca el inicio de esta nueva etapa de alianzas estratégicas que hacen patente la confianza de empresas globales en la capacidad y potencial de Correos de México”, dijo la SCT.
La dependencia federal aseguró que ha exhortado a otras empresas de mensajería y paquetería a celebrar alianzas estratégicas para ampliar los servicios de las oficinas postales.”
En conclusión, el servicio postal mexicano se presta exclusivamente por el Estado Mexicano a través de Sepomex, la normatividad vigente permite que en determinadas circunstancias se pueda coordinar la prestación del servicio con otros entes gubernamentales o incluso con particulares, no debemos poner en riesgo el trabajo miles de carteros y personal administrativo que durante muchos años han servido de manera diligente, incluso se pone en riesgo la seguridad de la nación.
Asimismo, se puede alimentar la comisión de ilícitos a través de empresas privadas que son utilizadas con estos fines y la corrupción que se está dando al interior, como ejemplo tenemos, que el 22 de marzo se publicó que la SCT otorgó un contrato sin concurso público a la firma alemana DHL, un contrato con vigencia indefinida para que ejerza como “distribuidor autorizado” y “ofrezca, comercialice, venda y cobre por nombre y cuenta de DHL”, indica la copia del contrato que dio a conocer el portal RindeCuentas.org., lo más grave que dicho contrato dice: que Sepomex podrá cobrar y facturar los servicios que realice DHL, con una cláusula que indica que “DHL podrá, a su entera discreción, modificar las tarifas en cualquier momento, previa notificación por escrito a Sepomex con cinco días hábiles de anticipación”.
Asimismo, justifican, que “no hubo licitación porque no se trató de una compra de bienes o servicios, materia de la Ley de Adquisiciones. Se trata de un convenio comercial con un operador postal para ampliar la gama de productos que ofrecemos a nuestros clientes”, pero más grave aún es que Sepomex se obliga a no ofrecer directamente a los clientes actuales o futuros de DHL los Servicios Express a un costo menor a las tarifas públicas vigentes establecidas en la página de internet www.dhl.com.mx”, indica el documento.
Por otro lado, la empresa Aeroflash ha sido señalada por la entregó de drogas para financiar campañas políticas, del PRI, en su momento, cito:
Del diario de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso mexicano (21 de junio de 2000), dos semanas antes de la celebración de elecciones a la presidencia:
“...Nota del diario El Heraldo de Chihuahua. [...] Elementos del Grupo Orión [de la Policía Municipal de la fronteriza ciudad de Juárez] aseguraron un cargamento de veintisiete kilogramos de mariguana que venía empaquetado y etiquetado para ser supuestamente entregado al [oficialista] Partido Revolucionario Institucional con motivo de la campaña
electoral del 2000. La droga venía procedente del Distrito Federal en tres cajas, y fue transportada por el servicio de Paquetería Aeroflash, por lo que al ser detectada se montó un operativo especial, logrando la captura de dos sujetos, de los cuales la Policía Judicial del Estado se reservó la identidad. [...] Fin de la nota.
La C. [ciudadana] Presidenta [María de los Ángeles Moreno Uriegas, del partido oficial]: Puede usted continuar, señor senador.
El C. [ciudadano] Senador Francisco Javier Molina Ruiz [del Partido de Acción Nacional, conservador]: Gracias, señora Presidenta. Bueno, como ustedes ven, existe evidencia suficiente de cómo financia el PRI [Partido Revolucionario Institucional] sus campañas. Porque precisamente en una documentación de propaganda, que supuestamente, en teoría, es manejada exclusivamente por verdaderos priístas, pues aquí vemos este involucramiento de droga. Y el financiamiento es evidente, porque veintisiete kilogramos de mariguana, puestos en el mercado de Juárez, alrededor de dos mil dólares el kilo, bueno, pues ya se darán cuenta pues de qué manera se está financiando el Partido oficial, para lograr esta campaña de Francisco [Buenaventura] Labastida [Ochoa, el candidato oficialista]. Señores, hoy por hoy, tienen que entender que hay un pueblo opositor en contra de su gobierno; que ya no quiere este gobierno, tienen que entenderlo, que ya no se pueden estar financiando y haciendo este tipo de cosas, ni de manera oficial, ni asociándose a los [empresarios de drogas]. Señores, hoy por hoy, quiero recordarles, para que lo escriban por lo menos cien veces, una catilinaria, que dice: “Ya no abuses de la paciencia de tu pueblo, Catilina”, en el libro de las leyes, dicho por Marco Tulio Cicerón, y que va dirigido a ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.) [...] Nosotros sí hemos presentado evidencias, evidencias de la miseria en la que tienen a la ciudadanía, [...] cómo también los recursos del [comercio de drogas] están inmersos dentro de la campaña política de Francisco Labastida.”
No podemos soslayar la gravedad de la reforma al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano que permite que el Sepomex preste los servicios de recepción, transportación y entrega de los envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2°, por sí o a través de asociaciones públicas o privadas, cuando estamos hablando de una empresa estratégica del estado, máxime cuando se han señalado actos de corrupción delincuencia a las empresas privadas, hasta llegar a perjudicar la democracia del país.
Ahora bien, el proyecto alternativo de nación 2018-2024 establece, lo siguiente:
“... 3. Legalidad y erradicación de la corrupción
México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias pero la parte medular de los problemas nacionales no deriva de la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la ausencia de voluntad para cumplirlas o bien de su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta. En efecto, el incumplimiento generalizado del marco legal y la corrupción, conforman el círculo vicioso que más ha dañado al país en décadas recientes y del que se deriva el deterioro generalizado en otros ámbitos.
El saqueo sistemático de los presupuestos públicos por parte de un pequeño grupo no sólo significa la desviación de recursos que deben ser empleados en reactivar la economía, ensanchar la infraestructura, generar empleos, combatir la pobreza y mejorar los niveles educativos y de salud,sino que es también un ejemplo negativo de los gobernantes a los gobernados a partir del cual se generan redes de intereses inconfesables, que acaban vinculando a la delincuencia de cuello blanco con la criminalidad organizada. La corrupción incrementa la desigualdad, la violencia, la desintegración, la decadencia moral y, en última instancia, el mal desempeño económico del país.”
“... 4. Combate a la pobreza
México no puede hacer frente al resto de sus desafíos con más de 50 por ciento de su población en situación de pobreza (así lo reconocen las propias cifras oficiales, aunque la proporción es sin duda mucho mayor) y si no se establece como prioridad el cumplimiento efectivo de los derechos de la gran mayoría a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna, la cultura y el deporte. Es innegable la relación causal entre la precariedad material que padece la mayor parte de la población con el incremento de la inseguridad, la violencia, la migración forzada por las circunstancias, la descomposición política e institucional y la mediocridad del desempeño económico en general...”
En este orden de ideas, esta reforma pretende que el Sepomex como empresa nos pueda llevar a combatir la pobreza y a erradicar la corrupción a su interior, de manera alineada al proyecto de nación 2018-2024.
Lo anterior, dado que estamos en un mundo globalizado donde el personaje más rico del mundo es el dueño de Amazón empresa que todo lo que vende a través de internet lo entrega por paquetería, siendo este un nicho que se ha dejado de explorar por intereses ajenos al Sepomex y que sin embargo con la infraestructura mencionada y con una buena administración se puede sacar adelante, no olvidemos que dicha empresa al día de hoy reporta ganancias, por lo tanto, es necesario que continúe siendo manejada de manera exclusiva por el estado y que a su vez siga siendo un área estratégica.
Asimismo, no debemos dejar pasar por desapercibido el término servicios diversos que refiere según el diario de los debates de fecha 9 de septiembre de 1986 lo siguiente:
“...Se incorpora también el concepto de ‘servicios diversos’ que consisten en el manejo y entrega de otros servicios diferentes a la correspondencia, que presta adicionalmente el Estado como servicios complementarios...”
En ese orden de ideas, la reforma que se propone atiende a la naturaleza de la ley, el plan alternativo de nación y sobre todo el de hacer crecer el servicio postal mexicano, para dar trabajo a los mexicanos y que con el esfuerzo aspiremos a tener una empresa de correos de clase mundial, que también aporte dividendos a la economía del país.
En consecuencia, se propone la siguiente la reforma al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano:
Por lo anterior, se somete a consideración la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano
Artículo Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia y paquetería, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley.
El organismo aprovechará para la continuidad y modernización del Servicio Postal Mexicano, las tecnologías de la información y comunicaciones, gestionando nuevos productos y servicios que permitan de acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia y paquetería, así como de la prestación de los diversos servicios a que se refiere esta Ley, promoviendo en todo momento la eficiencia y competitividad a nivel nacional e internacional del mismo.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://expansion.mx/empresas/2017/03/21/dhl-gana-con-sepomex-a-traves- de-contrato-sin-licitacion
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lspm.htm
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/140483/Correo_ en_Numeros_Agosto2016.pdf
4 Datos proporcionados por la Subdirección de Recursos materiales del Sepomex respuesta a información pública no. 0933800016618
5 Ídem 4
6 https://www.forbes.com.mx/correos-de-mexico-el-nuevo-cliente-de-dhl/ #gs.XzRCEXQ
7 https://expansion.mx/empresas/2017/03/21/dhl-gana-con-sepomex-a-traves-de- contrato-sin-licitacion
8 https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/chap4.pdf página 726.
9 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/94367/CG2ex201712-22-rp-5-2-a2.pdf
10 Ídem 9
11 Diario de los Debates, número 8, 9/09/1986
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.— Diputada Brenda Espinoza Lopez (rúbrica).»
Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
Se ha terminado esta ronda de iniciativas.
DICTAMEN PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Vamos a pasar a un tema fundamental para el ejercicio de los deberes constitucionales de esta Cámara, que es la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen. La Secretaría...
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ...dé lectura a los resolutivos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Decreto.
Primero. La Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal de fecha, de 30 de abril de 2017, entregó la Cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, misma que fue turnada a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública el 2 de mayo de 2017.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 para su revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Las fuentes de información para la integración del presente dictamen son las siguientes.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, presentada por el Ejecutivo federal el 30 de abril de 2017. El primer informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 30 de junio de 2017. El segundo informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 31 de octubre de 2017.
El tercer informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 20 de febrero de 2018 por la Auditoría Superior de la Federación.
Las conclusiones del análisis del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, los comentarios generales al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 y los análisis al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.
Estos tres últimos elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitidos por esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 18 de julio de 2018.
Cuarto. La información contenida en la Cuenta Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016, se desprende que el Ejecutivo federal ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, que al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos. Esto es 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.
Quinto. Se reconoce que, de los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinaron ocho mil 69 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones. Sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios.
Sexto. Por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Específicamente, el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del producto interno bruto en el ejercicio fiscal 2016, establecida a 3.1 por ciento alcanzando solamente 2.3 por ciento del producto interno bruto.
De forma reiterada se representaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los Ramos generales 23 y 33, siendo la falla más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable.
En el ejercicio 2016 no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios. Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública objeto del presente decreto.
Séptimo. Acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, esta comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.
Octavo. Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2016 y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Noveno. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública coordinarán una mesa de trabajo en la que se atenderán y darán seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relativas a las áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, con la finalidad de priorizar áreas de mejora normativa.
Atentamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En virtud de que se ha cumplido ese requisito de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se pide a la Secretaría consulte en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación.
La secretaria Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2016.
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, de la fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
En este sentido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos de lo que disponen los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII, 45, numerales 5 y 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 227 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, recibió para su estudio, análisis y dictaminación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
Las fuentes de información para la integración del presente dictamen son las siguientes: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, presentada por el Ejecutivo federal el 30 de abril del 2017; el Primer Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 30 de junio del 2017; el Segundo Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 31 de octubre del 2017; el Tercer Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 20 de febrero del 2018. Por la Auditoría Superior de la Federación, las Conclusiones del Análisis y Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
Los comentarios generales al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 y los análisis sectoriales al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
Estos tres últimos elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitidos a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 18 de julio del 2018.
De acuerdo con la información revisada y analizada por esta comisión dictaminadora, en la Cuenta Pública del 2016 y en el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se observó que durante el ejercicio fiscal en estudio, las condiciones de la economía mexicana resultaron decepcionantes.
La actividad económica medida por el producto interno bruto creció en solo 2.3 por ciento real, manteniendo la tendencia de los años anteriores. Por su parte, la demanda agregada presentó un comportamiento de lento crecimiento, destacando el avance del consumo total que en el 2016 aumentó un tasa real del 2.6 por ciento debido al crecimiento de un punto por ciento de su componente público y de 2.8 por ciento, en el privado.
La formación bruta de capital fijo se incrementó 0.4 por ciento en términos reales, principalmente por el dinamismo de la inversión en maquinaria y equipo y las exportaciones se incrementaron a un ritmo anual de 1.2 por ciento.
La inflación anual fue de 3.36 por ciento mayor en 1.23 por ciento a la alcanzada en 2015, y rebasó el límite de tres por ciento establecida por el Banco de México.
En cuanto a los ingresos presupuestarios del sector público, durante 2016 estos se ubicaron en 24.8 por ciento del producto interno bruto, 4 billones 845 mil 530.3 millones de pesos, cifra superior en 16.6 por ciento a la prevista originalmente, y en 8.6 por ciento real registrada en 2015.
Si se excluye en ambos años el entero del remanente de las operaciones de Banco de México y los ingresos asociados a las exportaciones patrimoniales del gobierno federal, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, los ingresos fueron inferiores a los registrados en el año anterior en 0.9 por ciento real.
Por su parte, los ingresos del gobierno federal alcanzaron un total de 3 billones, 571 mil 281.2 millones de pesos, cifra que rebasó en 7.4 por ciento real a lo obtenido en el año previo.
La recaudación no petrolera resultó superior en 24.7 por ciento a lo previsto en 12.8 por ciento real a lo registrado en el año precedente. Los ingresos tributarios no petroleros excedieron en 12.8 por ciento a lo pronosticado y presentaron un crecimiento en términos reales del 10 por ciento.
La variación se explica principalmente por la mayor recaudación del sistema-renta, por 176 mil 844.1 millones de pesos debido al aumento en los pagos anuales definitivos, un incremento en la base de contribuyentes y la actividad económica del impuesto sobre la producción y servicios por 62 mil 444.4 millones de pesos, del IVA por 49 mil 711.5 millones de pesos, asociados a la evolución del consumo y del impuesto a la importación por 14 mil 264.3 millones de pesos, como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio.
Los ingresos no tributarios, no petroleros, excedieron lo previsto en 337 mil 954.1 millones de pesos, debido a los ingresos de la naturaleza no recurrentes por 239 mil 93.8 millones de pesos por el entero del remanente de operaciones del Banco de México.
Con relación al ejercicio fiscal previo, los ingresos petroleros también registraron una disminución del 28.9 por ciento en términos reales, como resultado de la evolución de las siguientes variables. Una caída del precio de la mezcla mexicana del petróleo en los mercados internacionales del 24.5 por ciento. Una disminución de la plataforma de producción de crudo con respecto al mismo periodo del año anterior del 4.4 por ciento. Los efectos anteriores se compensaron parcialmente por un mayor tipo de cambio en 14.4 por ciento.
El costo financiero superior fue de 2.4 por ciento a lo aprobado y 10.8 por ciento real a lo registrado el año anterior. Lo que se explica por la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés.
Se destaca que en el 2016 se realizó por segunda ocasión el ajuste al gasto público por 164 mil millones de pesos. No obstante, el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado y se derivó en ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, los cuales se cubrieron con ingresos excedentes.
El gasto en Comunicación y Transportes se incrementó en 28 mil 144.5 millones de pesos, como resultado de los recursos aportados a través del programa presupuestario Proyectos de Construcción de Aeropuertos al Fideicomiso el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Asimismo, el programa de Proyectos de Infraestructura Ferroviaria destinó 5 mil 177.5 millones de pesos para el proyecto de inversión denominado Construir el Tren Interurbano México-Toluca, primera etapa.
Así es también necesario destacar que, al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos. Es 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.
Conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Banco de México anunció el monto del remanente de operación que sería entregado al gobierno por un monto que resultó de 239 mil 94 millones de pesos. El remanente se utilizaría de la siguiente manera, 167 mil millones de pesos, equivalente al 70 por ciento del entero se destinaría a recomprar la deuda existente del gobierno federal y disminuir el monto de colocación de la deuda del gobierno federal durante el 2016, de los cuales hasta 103 mil millones de pesos se utilizarían para realizar recompras de valores gubernamentales y al menos 64 mil millones de pesos para la reducción de la colocación.
La esencia de la fiscalización superior es la revisión de la Cuenta Pública, por el número de las graves irregularidades que se concentró la mayoría en el gasto federalizado destacan, por el número de observaciones, los estados de Nayarit, Michoacán, México y Baja California Sur, por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
No se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales, tuvieron un impacto marginal en el beneficio de la sociedad...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, le ruego que vaya terminando.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: ... por lo que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinamos que no existen los elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2016. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con el artículo 104 del Reglamento se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Arturo Escobar y Vega:Gracias, presidente. Bueno, efectivamente y simplemente para aclarar, la propuesta de dictamen presentada por la Comisión de Presupuesto no es en su unanimidad el rechazo a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, es por mayoría.
Hay algunos de nosotros que pensamos que en la revisión de la Cuenta Pública tendría que haber una revisión mucho más integral de los datos duros de la posición macroeconómica que el país enfrentaba en ese año y de los resultados en cuanto a la adversidad económica mundial que estábamos viviendo en ese momento.
Quiero referirme a ocho elementos muy importantes que pueden referirnos a por qué en el año 2016 y ante el espacio internacional de enorme animadversidad que estábamos viviendo, enfrentamos, creo yo, con creces los fenómenos mundiales que estábamos viviendo.
Este Informe de Resultados del año 2016, al final del día tiene que ver cómo estábamos y cómo nos fue.
Los datos duros del año 2016 nos llevan a que se generaron, en inversión directa, más de 27 mil 526 millones de dólares, un incremento del 22 por ciento al año 2015.
Se crearon 3.9 por ciento más empleos que en el 2015. El nivel más bajo desde el 2017, en materia de desempleo, con un desempleo en porcentaje anual del 3.8 por ciento. Se registró un incremento en salarios base de más del 0.9 por ciento.
Un dato bien importante, que aparte lo señaló el diputado que me antecedió, es que ya era un reflejo de lo que fue la reforma energética. Se disminuyeron los ingresos en gastos peroleros en más del 10.8 por ciento.
Se incrementó la recaudación y este dato hay que resaltarlo. Que va a ser un dato que va a ayudar en mucho a la nueva administración entrante el primero de diciembre, en más del 12.8 por ciento el incremento de recaudación de recursos no petroleros. Se disminuyó el déficit en más del 2.9 por ciento.
Uno de los elementos trascendentales que no aparecen en el dictamen son algunas aseveraciones que buscan crear una posición política ante una responsabilidad de carácter técnico.
Me voy a permitir hacer un breve resumen de la posición internacional que en ese momento vivíamos. No se acentúa en el dictamen, diría yo, ni de forma pertinente ni de forma clara la situación macroeconómica que México vivía en el 2016, donde el mundo vivía una posición adversa muy clara. Países como Chile, Estados Unidos, Alemania y Brasil crecieron en uno por ciento menos que nuestro país, que creció el 2.3 por ciento.
En el año 2016 la economía mexicana se vio implicada en forma negativa, debido al entorno internacional de enorme volatilidad en los mercados financieros, asociados a fenómenos geopolíticos, como fue la decisión de la Gran Bretaña de salirse de la Comunidad Europea.
Este entorno de volatilidad obligó al organismo autónomo Banco de México a subir la tasa de interés en más de 50 puntos base, en cinco ocasiones a lo largo de todo el 2016. Y eso obviamente se refleja en menor posibilidad de consumo, de generación de gasto del pueblo de México y, en consecuencia, disminuye directamente en el crecimiento económico.
Uno de los problemas que genera, sin duda, aumentar esa tasa de interés es el dinamismo que pierde la economía mexicana al no tener el flujo de efectivo para poder generar mayor consumo.
Sin embargo, independientemente, ante esta adversa situación económica, la decisión por parte del gobierno federal, específicamente la Secretaría de Hacienda, para enfrentar estos fenómenos fue acertada. Y tan es acertada que, independientemente de los fenómenos internacionales negativos, se pudo crecer a más del 2.3 por ciento, repito, muy por arriba de algunos países con situación económica similar a México y de otros, como Estados Unidos, que decrecieron a los niveles de México.
En otras palabras, creo yo que se cumplen los objetivos de la política de gasto reflejados en la economía mexicana y que fueron materia del Presupuesto de Egresos aprobado en diciembre de 2015.
El aumento de la tasa laboral reflejado en los datos finales del Instituto Mexicano del Seguro Social, no nada más en 2016, porque hay que decirlo, desde el 13 hasta el 18 nos hacen los años con mayor aumento en la tasa de empleo en la historia de México. Este es un gran dato con el que también creo yo el gobierno entrante se verá beneficiado.
En conclusión, consideramos que debe haber un análisis adicional para buscar sí apoyar y aprobar esta Cuenta Pública, ya que además de la situación internacional adversa, en la economía en el año 2016 se obtuvieron resultados significativos, importantes.
Gracias a la oportuna intervención de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, intervención para poder mantener vivos a los programas sociales, que las reformas estructurales...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le rogamos, señor diputado, vaya...
El diputado Arturo Escobar y Vega: Termino, señor presidente. Para que los programas sociales tuvieran vigencia y viabilidad, para que las reformas estructurales pudieran seguir caminando en su ejecución. Y, más importante, buscar que siguiera disminuyendo la tasa de desempleo, una contención adecuada del tipo de cambio y un control muy adecuado de la inflación.
Por eso llamo a esta asamblea a que podamos hacer una revisión integral de los datos macroeconómicos y que demos un voto de confianza a la Cuenta Pública de 2016 aprobándola y entendiendo que aquellas irregularidades se siguen por cuerda separada, tanto en Procuraduría de la República como en la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez:Diputadas, diputados, estamos revisando la Cuenta Pública de 2016, cuenta que le corresponde revisar a esta legislatura, y en el informe que entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia, se destaca que esta administración, particularmente el 2016, el gobierno de Peña Nieto cayó en excesos quizás nunca antes vistos. Ello, obviamente, impactó la vida política y tuvo un resultado palpable en los procesos electorales pasados.
El Grupo Parlamentario del PRD ha decidido votar a favor del dictamen y rechazar la Cuenta Pública 2016, pues no podemos dejar pasar, en el análisis crítico, temas recurrentes de la administración de Peña Nieto que lo marcan ineludiblemente.
Graves daños al erario. Una gran discrepancia entre los resultados prometidos, e incluso esperados, y los finalmente obtenidos; discrecionalidad en el manejo de estos recursos; información financiera contable incorrecta o insuficiente, reporta la Auditoría Superior de la Federación, e incluso otros órganos fiscalizadores; y la gran vulnerabilidad en las finanzas públicas que, como ya dijimos, fue saqueada en muchas áreas del gobierno central a nivel de las secretarías de Estado y, desde luego, a nivel de entidades federativas y municipios.
Por otra parte, respecto de la operación gubernamental, hubo asuntos de distinta índole, pero recurrentes, que tuvieron efectos económicos y sociales significativos. Me gustaría destacar, como uno de los más relevantes, la estafa maestra. Me refiero en primer lugar a las contrataciones que se realizan al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Este tipo de operaciones han sido señaladas recurrentemente por la Auditoría Superior, por poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Son de tan excesiva discrecionalidad, que propician y estimulan irregularidades. Crean condiciones para que no se cuente con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
La Auditoría Superior constató que en este tipo de esquemas participaron sobre todo universidades públicas como supuestas proveedoras de bienes y servicios; sin embargo, no solo universidades, como ya lo demostró el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
En distintas revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas y, en ocasiones, de la propia federación, incluso empresas privadas y partidos políticos. Hay que enfatizar que la contratación entre entes públicos fuera de los mecanismos de licitación es válida, pero siempre en estricto apego a lo que las leyes establecen.
Otra grave deficiencia en el gasto de la administración pública de Peña Nieto fue la obra pública. La Auditoría Superior de la Federación también ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura: pésima planeación y programación de los trabajos, deficiencias graves de carácter técnico, insuficiencia económica y sobrecostos, fallas de ejecución.
Incluso, particular mención –en relación con la Cuenta Pública de 2016– deben de tener las operaciones de las empresas públicas del Estado Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Se han apreciado por la Auditoría Superior áreas de riesgo en el esquema de gobierno que las rige; sin embargo, nos sobran ejemplos.
Adquisiciones de complejos industriales en condiciones desfavorables con costos de reparación irrecuperables, como son los casos de las plantas de fertilizantes agronitrogenados y de tipo fosfórico; enajenación de activos vinculados con los procesos industriales de las empresas rentables y productivos para supuestamente salir de problemas temporales de liquidez.
El gobierno de Peña Nieto se caracterizó por la carencia de cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; se mantuvo la opacidad en fideicomisos, fondos y contratos análogos, y fue débil la incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental.
Dice la Auditoría en su informe: Se observaron problemas estructurales que limitan el impacto del gasto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien es cierto que se han perseguido mejorías en la gestión de algunas entidades federativas de manera general, aún persisten áreas de oportunidades...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego al orador que vaya llegando al final.
El diputado Antonio Ortega Martínez: –Sí, presidente– ...como elevada incidencia y recurrencia de estas observaciones, subejercicios, transparencia insuficiente y un reducido avance en el sistema de evaluación.
Por tal razón, el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del dictamen y en rechazo a la Cuenta Pública 2016.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El marco legal que regula el ejercicio del gasto público deja claro que los principios que deben seguirse con obligatoriedad son, entre otras, la racionalidad, la austeridad, la transparencia, la legalidad y la eficacia en el gasto.
Bajo ese contexto, la política de gasto para el 2016 estableció como objetivos contribuir al crecimiento económico nacional, impulsar la educación de calidad, mejorar la seguridad pública, promover el acceso a la cultura y contribuir a la ciencia y tecnología.
No obstante, el dictamen de la Cuenta Pública demuestra que esos objetivos y principios se incumplieron en su totalidad.
A lo largo de este documento quedan reflejadas las graves irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público, lo que dejó al país con un terrible daño económico, por el pésimo manejo de los recursos federales.
El daño al erario público es abismal, compañeros. Se trata de un boquete económico de poco más de 103 mil millones de pesos. Con estos recursos –para darles un ejemplo– podrían haberse llevado a cabo acciones como construir y equipar más de 200 hospitales generales, así como edificar 68 universidades públicas y atender a más de dos millones y medio de alumnos y alumnas, incluso se podría cubrir toda la demanda de centros culturales en todos los municipios del país, y aun así sobraría dinero.
El dictamen que hoy estamos discutiendo no es un documento cualquiera, es el segundo dictamen de esta naturaleza que se sube al pleno de la Cámara en esta década. Así es, más de diez años, y solamente dos dictámenes discutidos en esta Cámara, Cámara que se ha prestado o se prestó, porque hoy estamos haciendo la diferencia, a ser tapadera del Poder Ejecutivo, rebajando así la voluntad popular a su mínima expresión –de la que es depositaria– para permitir y fomentar el despilfarro público en este país.
La muestra son las otras diez Cuentas Públicas que están todavía pendientes por dictaminar y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en contra de cualquier acto de investigación y procesamiento contra cualquier funcionario o servidor público federal a raíz de una controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que esta LXIV Legislatura debe demostrar que es distinta a todas sus antecesoras, actuando con urgencia en ese sentido para que no queden en la impunidad las posibles irregularidades en el manejo del erario.
Por otra parte, hacemos un llamado, como grupo parlamentario, para que el dictamen de la Cuenta Pública 2016 marque la pauta para impulsar una ruta de trabajo al interior de esta honorable Cámara, a fin de que la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior se vea reflejada en acciones legislativas encaminadas a resarcir estos daños y se sancione a todo aquél que haga mal uso de los recursos públicos.
En este sentido, la Cámara baja debe fortalecer a la Auditoría Superior para que las denuncias y querellas que presenten sean investigadas y sustanciadas por la fiscalía especializada en hechos de corrupción en un plazo determinado, tal como lo ha propuesto en el Senado el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para evitar que las denuncias por corrupción terminen en el limbo. Esto representaría un mejor control del gasto social, así como el aprovechamiento de los recursos de una manera más eficaz.
Hacemos un llamado a que el dictamen de la Cuenta Pública, así como los informes trimestrales remitidos por la Secretaría de Hacienda den pauta para que, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, observemos de forma responsable la asignación a los diferentes recursos de fondos como programas y partidas para que realmente beneficien a la población.
También es fundamental que demos seguimiento a los semáforos de riesgos financieros, en virtud de que este dictamen, como ya lo dijeron mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, hay un aumento en la deuda pública por parte del Banco de México.
Compañeros, no ha tenido el efecto deseado, a pesar de que el reporte de la cuenta pública no se señala en donde se encuentra el impacto de estos recursos públicos. Es cuanto, señor diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pueblo de México.
Hoy tomaremos una decisión fundamental que reafirma a la Cámara de Diputados como contrapeso del Ejecutivo federal, no solo en la aprobación del Presupuesto, sino en la fiscalización y exigencia de rendición de cuentas sobre su ejercicio.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública plantea que no es de aprobarse la Cuenta de la Hacienda Pública del Ejercicio Fiscal 2016, porque los resultados de la gestión financiera del gobierno federal no correspondieron a las aspiraciones económicas y sociales del pueblo de México.
No se cumplieron los objetivos de los programas nacionales, por lo cual siguió creciendo la pobreza, mientras la economía y el empleo se estancaron.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la no aprobación de la Cuenta Pública 2016 es una decisión que honra la exigencia popular de transformar la vida pública en México expresada en las urnas pasado primero de julio, porque se trata de una acción que hace efectiva la rendición de cuentas.
El gasto público neto de 2016 ascendió a 4 billones 763 mil millones de pesos, por eso resulta indispensable que los responsables rindan cuentas a fondo, porque no solo son números, sino recursos que impactan en la educación, la salud, el transporte, la seguridad, la alimentación y demás rubros que preocupan a la gente.
Las diputadas y diputados del Partido del Trabajo estamos convencidos que una fiscalización superior eficaz es indispensable para hacer del presupuesto una herramienta apropiada para cambiar el modelo económico que ha imperado en los últimos 30 años.
Por ello consideramos que esta legislatura debe abrir el presupuesto a la participación ciudadana efectiva, en un esquema de presupuesto participativo, incluso asumir que esta legislatura sea constituyente, fundacional, para poder ordenar los cambios profundos que espera el pueblo de México en la cuarta transformación.
Lo anterior se justifica cuando observamos que, derivado de los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, aún están pendientes por aclarar 103 mil millones de pesos de la Cuenta Pública 2016.
Para darnos una idea del daño causado, pensemos que esos recursos no aclarados equivalen a 1.2 veces el presupuesto destinado al desarrollo de los pueblos indígenas, significan 2.6 veces el presupuesto de la UNAM. De ahí que sea totalmente inaceptable esta anomalía.
El dictamen revela que la práctica de la asignación directa de contratos se mantiene persistente e impune. Ahí están los grandes negocios del sexenio que termina, las constructoras como Grupo Higa, fenómeno que está detrás del tristemente célebre tema de la casa blanca. Además, al privilegiar la subcontratación, se abrió la puerta para estrategias de defraudación, como la estafa maestra, que utilizó empresas fantasmas para corromper a ocho universidades públicas, que hoy están al borde del colapso financiero.
En la Cuenta Pública 2016 ya se advertían indicios al respecto, pero no se hizo nada, permitieron un desfalco de 7 mil 670 millones de pesos. Tampoco se hizo nada para frenar las desviaciones multimillonarias de Javier Duarte, en Veracruz, a pesar de que la Cuenta Pública 2016 ya consignaba sus malas prácticas en el manejo de diversos fondos federales, permitiendo una defraudación de hasta 60 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
En el mismo tenor, la revisión de la Cuenta Pública 2016 demuestra que el gobierno federal, sin explicación alguna, asignó 28 mil millones de pesos a la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, lo cual hace evidente que, desde el principio, este proyecto se caracterizó por la discrecionalidad y la falta de transparencia.
El 2016 fue el primer año de obra y el informe de la Auditoría presentó observaciones sobre irregularidades y faltantes de comprobación de gastos por más de mil millones de pesos. Por eso la sociedad decidió cancelar, con la reciente consulta popular, esa obra.
En fin, la decisión de no aprobar la Cuenta Pública 2016 se justifica plenamente por el hecho de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no solicitó el aval de la Cámara de Diputados para decidir a cuáles ramos y programas asignar los 804 mil millones de pesos de ingresos presupuestarios adicionales respecto al monto aprobado.
El gobierno decidió, unilateralmente, favorecer con esos recursos adicionales a rubros como la comunicación social, que creció año con año, y a pesar de ello la popularidad del presidente se desplomó. También se favoreció el pago del servicio de la deuda pública; con todo y eso la deuda creció 952 mil millones de pesos en 2016.
Señoras y señores legisladores, el presente dictamen ratifica que las cosas han cambiado en México...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, compañero, se le agotó el tiempo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: ...no se pueden seguir solapando las irregularidades, las ineficiencias, las desviaciones y la indolencia en el ejercicio de los recursos públicos. No podemos aceptar una Cuenta Pública con más de 10 mil acciones promovidas y con miles de obras públicas paradas.
Por eso, en el dictamen se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a que continúe el procedimiento jurídico para fincar responsabilidades, porque no es posible que ninguno de los grandes responsables de estas defraudaciones...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: ...esté procesado o condenado. En el ánimo del Grupo Parlamentario del PT impulsará la pronta revisión de las 11 cuentas públicas de los años anteriores que no han sido dictaminadas y contar así con la historia completa de los tres últimos sexenios, porque es inaceptable que la Cámara de Diputados abdique a su atribución soberana de dictaminarlas.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, del Partido Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde su diseño teórico, y obviamente en la práctica, el sistema republicano de gobierno plantea que el poder público se divida para que entre ellos haya pesos y contrapesos.
A partir de ello, el Poder Legislativo tiene como una de sus principales atribuciones la asignación del Presupuesto y la posterior fiscalización por medio de la Auditoría Superior de la Federación, del ejercicio adecuado de los recursos monetarios que ejerce el Poder Legislativo; y que no se nos olvide, al final del día sus propietarios son los ciudadanos.
Sucede que el día de hoy tenemos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presenta ante este pleno su proyecto de decreto, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio 2016.
Muchas personas y analistas han señalado que el gobierno que está por terminar tuvo episodios de corrupción, manejo inadecuado de fondos e inconsistencias e ineficiencias constantes en el ejercicio del recurso público. Esta es una percepción general. Incluso hay quienes señalan que en la elección de julio pasado este tuvo un fuerte componente de voto de castigo ante tales hechos.
Pero hoy, aquí tenemos no meras impresiones ni suposiciones, sino datos duros, observaciones cuantitativas; pero, sobre todo, cualitativas, ya que se demostró que se incumplieron frecuentemente los principios normativos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley Federal de Disciplina Financiera y Deuda Pública y, por supuesto, en lo previsto en el propio Presupuesto de Egresos 2016. Estas conductas, como se demuestra, también en el 2016 fueron recurrentes a lo largo de la administración.
Lo que tenemos el día de hoy es lo que la gente permanentemente señala en el territorio, que sus recursos que con tanto esfuerzo pagan vía los impuestos no son ejercidos de manera eficiente.
Reconocemos que el Ejecutivo federal entregó en tiempo y forma su Cuenta Pública, el requisito legal se cumplió.
Por su parte, esta Cámara también cumplió con su revisión detallada y cuidadosa, a pesar del hecho del cambio que se hizo de la LXIII a la LXIV Legislatura.
Reconozco aquí a los compañeros integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de la legislatura anterior y de la actual, que dieron muestra de institucionalidad, al iniciar y concluir esta revisión a pesar de la transición.
¿Y qué es lo que encontramos en este proceso? Tristemente que hay más de ocho mil observaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación. El Ejecutivo federal incumplió sus metas, las metas que ellos mismos se impusieron. Lograron apenas el 75 por ciento de lo que se habían propuesto. Si esto fuera una escuela, la calificación sería de siete.
Nos parece particularmente grave que, en casos como los Ramos 23 y el 33, la falla más común sea la orientación del gasto, ya que ésta se desarrolló a rubros no contemplados en la normatividad vigente. Esto es, se saltaron las reglas y es lo que la gente ya no está dispuesta a permitir.
Sabemos que administrar un país del tamaño del nuestro no es fácil, sobre todo cuando hay millones de servidores públicos que sirven a la patria y que muchos lo hacen por omisión. Pero cuando se hace por dolo eso no puede ser permisible.
Por todo lo anterior, estamos a favor de que no se apruebe la Cuenta Pública de 2016 y de que la Auditoría Superior de la Federación continúe con los procedimientos jurídicos de sanción, siempre apegados a la ley.
Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual Encuentro Social es parte fundamental, haremos caso al mandato que se dio el primero de julio, y a partir de este nuevo gobierno no permitiremos que se dilapide. Y que se ejerzan de manera eficiente los recursos propiedad de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Perdón, antes de comenzar el orador, rogaría a las compañeras que están en amable tertulia tomaran sus asientos. Por favor, compañeras, esperamos. Gracias, compañeras.
El diputado Fernando Galindo Favela:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, por lo que celebramos el análisis de la ejecución de los recursos financieros otorgados por esta soberanía a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Compañeros, como lo establece el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el dictamen que discutimos debe contar con un análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del informe general y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión de Presupuesto. Destaco: debe estar basado en conclusiones técnicas, no en conclusiones políticas.
Además, establece que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la ley, en lo cual en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor.
En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación es el brazo técnico y no político para revisar la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y de las empresas productivas del Estado, entidades federativas y municipios.
Que quede claro: esta cuenta pública no solo es del Ejecutivo, es de todas las entidades que acabo de nombrar, en términos del artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación realiza observaciones que los entes auditados pueden solventar por ley, esto no significa un desvío de recursos en automático, se debe de esperar a que los entes auditados finalicen sus procesos para solventar dichas observaciones, y solo en caso de no ser solventadas debidamente, la Auditoría Superior de la Federación podría iniciar un procedimiento jurídico de responsabilidades.
Les doy un dato: como se ha mencionado aquí, faltan solventar 98 mil 485 millones de pesos, un monto significativo, pero de los cuales 84 mil 675 corresponden a las entidades federativas y municipios. En ese sentido, al Ejecutivo federal solo le falta solventar 13 mil 810 millones de pesos, es decir, el .25 por ciento el Presupuesto de Egresos de la Federación, con esto no se puede reprobar una cuenta pública.
El dictamen que se busca aprobar el día de hoy por este pleno tiene más valores políticos que técnicos, por ello el Grupo Parlamentario del PRI está en contra del dictamen de la Cuenta Pública 2016, porque éste, así como se presenta, hace una valoración política y no técnica del informe de la Auditoría Superior de la Federación.
¿Qué faltó considerar en este dictamen de la cuenta pública? La creación de casi un millón de empleos en el 2016, en comparación a 2015, una inversión extranjera de 27 mil 526 millones de pesos –histórica la cifra de inversión extranjera directa en nuestro país–, el incremento del consumo del 2.6 por ciento, el aumento a las exportaciones, la tasa de desocupación más baja desde el 2007, 55 millones de beneficiarios en el Seguro Popular. Se cumplieron todas las metas fiscales que autorizó el Congreso de la Unión.
A seis de cada 10 estudiantes que solicitaron becas se les otorgaron, se aprobaron apoyos monetarios a 6.2 millones de familias en condición de pobreza; y un dato que les menciono y vale la pena recordar, esta es la conclusión del informe de la Auditoría Superior de la Federación y lo cito textualmente:
En lo que se refiere a los resultados observados en las finanzas públicas comparados con los propuesto en dichos criterios y lo aprobado por la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los principales indicadores de la posición fiscal fueron mejores a lo previsto y aprobado. Esta es la parte técnica del informe que no se consideró. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga:Con su venia, presidente. Los diputados del Partido Acción Nacional expresamos nuestro enérgico repudio a las decisiones tomadas por el Tribunal Federal Electoral en el caso de Monterrey, resolución emitida el día de ayer. Es claro que no se respetó la decisión de los ciudadanos.
Amigas y amigos, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, recita un conocido proverbio. El día de hoy es un buen momento para reflexionar sobre ello.
El dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto sobre la Cuenta Pública 2016, representa la oportunidad de recapacitar sobre las consecuencias que puede tener para nuestro país el autoritarismo y las malas decisiones.
El análisis de la Cuenta Pública 2016 se interpreta desde dos grandes aristas: la subestimación de los ingresos, y la opacidad en el gasto público.
Para ello doy un par de ejemplos: en 2016 los ingresos del gobierno federal superaron 7.4 por ciento lo obtenido en el año previo y los ingresos tributarios no petroleros excedieron en 12.8 por ciento a lo pronosticado, y en 10 por ciento a lo obtenido en el año anterior. Sin embargo, la deuda también fue superior en 2.4 por ciento a lo aprobado y 10.8 por ciento real a lo registrado el año anterior.
No obstante que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo mayores ingresos, esto no se tradujo en mejores decisiones en la conducción de la política económica, ni tampoco se reflejó en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por la discrecionalidad en la asignación de ingresos excedentes, la opacidad en el gasto público, la falta de transparencia y la corrupción en las obras públicas.
De acuerdo con eso, en el 2016 el gasto neto total se incrementó, respecto al presupuesto autorizado, por más de 613 mil millones de pesos. Y solo el gasto corriente se incrementó en cuatro por ciento con relación a la estimación original.
Asimismo, de acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2016, se detectaron cinco áreas de riesgo en la gestión del sector público; las contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, las obras públicas, las finanzas estatales, la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado y los padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.
Para Acción Nacional, cada uno de estos rubros son un signo de preocupación, no solo por las pésimas decisiones que el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó, sino porque la historia se puede repetir con el próximo gobierno.
En Acción Nacional nos preocupa la certidumbre, la transparencia, la legalidad de las obras públicas a realizar en el próximo sexenio. La cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la construcción de las pistas de Santa Lucía, la construcción del tren Maya o la construcción de una nueva refinería, son malas decisiones que solo están sustentadas en el capricho del presidente electo.
Nos preocupan las finanzas estatales y la posibilidad de que los delegados estatales se conviertan en caciques y operadores de recursos públicos a favor de candidatos simpatizantes del gobierno federal. Nos preocupa la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado, como es la posibilidad de revertir o modificar la reforma energética.
Nos preocupan también los padrones de los programas sociales, que no han sido claros en las reglas operativas, sin mecanismos que eviten la duplicidad de acciones o la existencia de sistemas, evaluaciones funcionales.
Amigas y amigos, en Acción Nacional no queremos repetir la historia de este sexenio trágico, no queremos más un gobierno autoritario que tome pésimas decisiones que afecten a los ciudadanos.
Por ello combatiremos la continuidad de las prácticas antidemocráticas mencionadas anteriormente. Muchas gracias, es cuanto presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy recuperamos la facultad constitucional de esta soberanía de analizar las Cuentas de Hacienda Pública Federal. Son diez cuentas sin revisar, diez años que no se ha hecho el trabajo, en los que no se ha cumplido con esta responsabilidad: 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. ¿Cuál es el pretexto?, pero basta de ser tapaderas, de ser tapaderas del mal gobierno. Hoy ya no son mayoría.
Escuchamos demasiadas veces en su discurso estar de acuerdo en hacer las cosas bien, siempre están de acuerdo, pero en los momentos críticos se contradicen, traicionan a las personas que aquí los pusieron; y cuántas veces no les hemos escuchado decir “estamos de acuerdo, pero”. Pretextos.
No quieran seguir engañando, no quieran seguir engañando a la gente, porque la gente ya no se lo cree. Dejen de poner pretextos para hacerse de la vista gorda del mal gobierno. No somos contadores de facturas, nosotros podemos y debemos expresar un posicionamiento político-social, y vamos a seguir revisando, se está dando un cambio. Esta transformación se va a expresar en todos los espacios públicos, y con mayor razón en esta Cámara de Diputados.
Las resoluciones de la Cuenta Pública tienen también un carácter político. El análisis técnico le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, quien presenta sus resultados, pero no es la Auditoría quien hace el Presupuesto. El Presupuesto de Egresos es un programa político que se expresa a través de objetivos, metas y cifras en un proyecto económico y social.
A la luz del análisis se puede ver claramente que hubo un gasto irresponsable y discrecional por parte del gobierno federal, un gasto irresponsable de los recursos que le confiaron a través del Presupuesto de Egresos, que se aprobó en el mes de diciembre de 2015.
Los moches crecieron en ese año 2016, y son más de 100 mil millones de pesos que aún hoy no se han aclarado. No se ha aclarado su destino y es una cantidad, por cierto, mayor a las pérdidas que tanto alegan por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero no es lo que les preocupa, ¿verdad?
Dejen de repetir ese discurso mediático y engañoso de que lo bueno casi no se cuenta. No, casi no se cuenta, porque solo cuenta para unos cuantos.
Esta soberanía volverá a representar la voz del pueblo y su posicionamiento será el de este, y el pueblo de México, en sus carencias, en la injusticia, en la desigualdad, en la pobreza, en el hartazgo de los moches, de la corrupción, de las obras de relumbre, de la falta de sentido común, de sensibilidad, de corazón en la aplicación del gasto. En esa falta de oportunidades reprueba la Cuenta de Hacienda Pública Federal del año 2016. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputada.
De conformidad con el artículo 104, esta Presidencia informa que cederá la palabra sucesivamente a los oradores que se han inscrito en contra y en pro del dictamen. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Donato de las Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Comisión de Presupuesto estudiará el informe general que presente la Auditoría Superior de la Federación, un análisis de la comisión y el propio contenido de la Cuenta Pública, para presentar al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Cuenta Pública de cada año.
De la misma manera, se señala que el dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado del contenido del informe general de la Auditoría Superior de la Federación y estar sustentado en conclusiones técnicas, recuperando las discusiones técnicas de la comisión.
El dictamen que se nos presenta no cuenta con las características técnicas de objetividad que establece la ley. Es a todas luces una suma de juicios de valor. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera del gobierno, la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados.
Además, busca constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado.
El ejercicio de fiscalización también tiene como objeto revisar que los egresos se ejercieron adecuadamente en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, la adquisición de arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo.
Por ejemplo, este dictamen que se presenta no menciona los logros palpables de combate a la pobreza y a la desigualdad. No menciona que 2.2 millones de mexicanos dejaron de vivir en la pobreza extrema y 1.9 millones dejaron la pobreza extrema alimentaria, la cantidad de personas en esta situación se redujo de 7 a 5.1 millones. El porcentaje de la población en pobreza se redujo de 45.5 por ciento en el 2012 a 43.6 por ciento en el 2016 y la pobreza extrema disminuyó del 9.8 al 7.6 respectivamente.
La mortalidad materna continúo su tendencia a la baja: del 2012 al 2016 se redujo en 13 por ciento; es decir, pasamos del 42.3 al 36.7 de defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.
El dictamen tampoco valora que, debido al cambio de la política social, 1.3 millones de mexicanos más superaron el rezago educativo, 1.2 millones cuentan con acceso a servicios básicos en la vivienda, 1.1 millones cuentan con calidad y espacio en sus viviendas.
Debemos ser claros, el ejercicio responsable del gasto público nos atañe a todos los órganos del Estado, a los órganos constitucionales autónomos y a los gobiernos estatales y municipales.
La fiscalización es un sano ejercicio para corregir desviaciones y para castigar abusos. Los procesos de auditoría se encuentran solventándose por aquellos organismos auditados y por las instancias autónomas correspondientes. Es decir, la fiscalización y el correcto uso de los recursos públicos siguen adelante.
Compañeras y compañeros diputados, no hagamos de este proceso de fiscalización un juicio sumario que busca poner en duda la honradez y capacidad de todo funcionario público por el simple hecho de no compartir una misma ideología. Es cuanto, señora presidenta.
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, a favor.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Diputada presidenta, compañeras, compañeros, pues parece que hay oradores que todavía no entienden que este país ya cambió.
Ya cambió este país, compañeras y compañeros. Y también los dueños del dinero y sus personeros deben entenderlo. Y por lo que veo, también deben entenderlo los del haiga sido como haiga sido. Este país ya cambió.
Se acabaron los robos en despoblado, aprobados después con toda impunidad por el propio Congreso. Se acabaron las complicidades entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Este país ya cambió y hoy vamos a darles una muestra más de este cambio. No se aprobará la Cuenta Pública del 2016. La Cuenta Pública de la estafa maestra, la Cuenta Pública del uso discrecional del presidente con fines políticos. Y en cambio, lo que sí debe exigirse es continuar con los procedimientos jurídicos y responsabilidades correspondientes.
México necesita desterrar la corrupción. México necesita desterrar los privilegios. No más simulación y no más acuerdos ni hipocresía.
Porque, compañeras y compañeros, resulta un escándalo moral que los mismos integrantes del régimen que ya se va lancen ahora proclamas al cielo cuando se trata de consultar a la población con proyectos estratégicos. Pero qué extraño que no dijeran nada ante los 13 mil millones de pesos que están perdidos en los cajones o en los bolsillos del actual gobierno federal.
¿Dónde están los representantes de las cúpulas empresariales ante la desaparición de esos recursos públicos? ¿Por qué no se escandalizan también ante el dictamen nítido, técnico y detallado que hoy se presenta y que dice que el gobierno no cumplió con los objetivos de la política de gasto? Tampoco con los avances en el cumplimiento de los programas nacionales; que existen también más de ocho mil observaciones a su proceder y, lo que es peor, casi un billón de pesos gastados en exceso.
¿Dónde está entonces su proceder democrático, su apego a las leyes, su preocupación por el comportamiento de los mercados o la devaluación del peso, si el gobierno al que defienden ha cometido estos agravios al pueblo?
Sin embargo, les decimos: nadie quedará impune. Las señales son muy claras: ningún número rojo se convertirá en negro de la noche a la mañana. Todos tendrán que hacerse responsables de sus actos.
He aquí una de las principales características del cambio verdadero que estamos presenciando. Sí, porque por vez primera los servidores públicos y los funcionarios deben estar ciertos de que todas sus actuaciones tienen consecuencias. Que un proceder oscuro o injustificado no será convalidado en las instancias legislativas. Que se acabaron, para decirlo claro, los negocios al amparo del poder público.
Y estas determinaciones, les garantizo que las estamos tomando con gran serenidad. Aquí no hay nadie con sed de venganza; pero tenemos, eso sí, sed de justicia. Aquí no hay nadie que pretenda derribar lo que ya está construido; pero tampoco lo hay quien desee continuar con un camino que a todas luces se dirige a perpetuar la miseria de las mujeres y de los hombres de México.
En el movimiento democrático del cual el Partido del Trabajo forma parte estamos tomando determinaciones bien pensadas, serenas, estableciendo cuáles son las prioridades y anteponiendo los intereses de la gente.
Nosotros apostamos por la paz y la estabilidad de México. Nosotros queremos tranquilidad y unidad, pero eso no será a costa de que la mayoría sufra y de que enferme de pobreza; por el contrario, la paz y la estabilidad se logra con bienestar generalizado, con justicia y comportamiento ético, esa es la garantía que le otorgamos al pueblo de México.
Sí, este país ya cambió. La gente, a través del PT y nuestro movimiento, no le aprobará las cuentas públicas a Peña Nieto. Y sí, tendremos que construir un país...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: ...sobre ruinas. No importa. Nos sobra patriotismo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Marcela Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que la fiscalización brinda elementos de suma utilidad para conformar gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y orientados por principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las diversas entidades oficiales. Sin embargo, para que los resultados arrojados por la fiscalización sean objetivos e integrales, deben considerar el conjunto de variables de los contextos nacional e internacional.
En este sentido, los resultados económicos favorables y tangibles registrados durante el 2016 y su impacto positivo en las familias mexicanas contrastan con las principales conclusiones del dictamen que hoy se pone a nuestra consideración.
Es importante señalar que, pese a un entorno internacional complejo, la economía mexicana presenta avances importantes que no debemos soslayar, las cuales se están materializando en beneficios tangibles para la mayoría de la población. Ello ha sido posible gracias a las acciones impulsadas por el gobierno de la República y a las medidas prudentes y responsables de política económica implementadas.
Para poner en perspectiva esta situación, basta señalar que durante el 2016 el producto interno bruto se expandió de 1.3 por ciento, por lo que comparativamente experimentó un crecimiento superior al promedio de países como Estados Unidos, Chile, Alemania, Brasil, entre otros.
La tendencia positiva de nuestra economía contribuyó a una mayor generación de empleos formales y mejor remunerados de 732 mil 591 en dicho año. Igualmente, se redujo la tasa promedio de desempleo en 3.9 por ciento, el menor nivel desde el 2007.
Ello permitió que el mundo confiara más en México, posibilitando un mayor flujo de inversiones del exterior. La inversión extranjera directa se dio de 27 mil 526 millones de dólares, cifra que representó un incremento anual del 22.6 por ciento. De igual manera, disminuyeron los ingresos petroleros en 10.5 por ciento con respecto a 2015, y aumentó la recaudación en un 10 por ciento real.
Entre los logros observados, destaca también el incumplimiento de muchas de las metas fiscales, particularmente los requerimientos financieros del sector público que alcanzaron un nivel de 2.9 por ciento del PIB menor en un .2 por ciento.
Es importante destacar que el 99.9 por ciento del gasto del gobierno federal tiene información del desempeño, lo cual permite detectar puntos de intervención para mejorar.
Estos avances económicos obtenidos durante el 2016 dan cuenta de los esfuerzos del gobierno de la República por mantener la estabilidad macroeconómica, generar más y mejores empleos y atraer inversiones extranjeras.
La economía nacional cuenta con fundamentos sólidos y condiciones de certidumbre para resistir la complejidad y volatilidad del contexto global, así como acceder a mayores tasas de crecimiento, de inversiones y empleos dignos, entre otras variables sustantivas en beneficio de la calidad de las familias mexicanas.
Por estos y muchos otros datos, estamos en contra de ese dictamen. Es todo, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Irineo Molina Espinoza, de Morena, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Irineo Molina Espinoza:Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hago uso de esta máxima tribuna del país para manifestar, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, nuestro voto a favor del presente dictamen en su totalidad.
Como ustedes se han dado cuenta, compañeras y compañeros diputados, en las últimas semanas, en los últimos meses, distintos compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Morena hemos hecho uso de esta tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto como la de eliminación del fuero; en breve presentaremos la iniciativa para que la corrupción sea considerada delito grave.
Un servidor, hace unas semanas, presentó la iniciativa para que el subejercicio también sea penalizado y se encuentra enlistada la iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional relacionada con la extinción de dominio a delitos de hechos de corrupción.
Todo esto lo estamos haciendo con la firme intención de combatir la corrupción y la impunidad.
En mi estado, Oaxaca, existe la queja recurrente de presidentes municipales, autoridades ejidales y autoridades comunales, quienes han padecido la extensa cadena de trámites burocráticos para poder ser beneficiarios de un programa para el campo o para modernización de la infraestructura social.
Al leer las inmensas anomalías observadas en los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la Cuenta Pública 2016, he confirmado que los mitos y leyendas que se escuchan en nuestros pueblos, cada vez que un campesino solicita apoyo, son una realidad.
¿Cómo vamos a aprobar la Cuenta Pública cuando a muchos de nosotros nos tocó ver, por ejemplo, que la Sagarpa entregaba apoyos productivos, programas e insumos a gente que ni siquiera se dedica al campo? ¿O al ver cómo en las oficinas de los partidos políticos recababan credenciales de elector o redactaban listas para recibir apoyos durante los procesos electorales?
Derivado de la revisión del tercer informe de la Comisión de Vigilancia, se concluye que muchos de estos apoyos se entregaron a gente ya fallecida, a beneficiarios que no cumplían los requisitos de los programas, inclusive se atrevieron a beneficiar a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
En el año 2016, en el sector de desarrollo rural, se operaron 14 programas presupuestados con un monto de 65 mil 157 millones de pesos, equivalente al 52.4 por ciento de los 124 mil 200 millones de pesos ejercidos en los programas para el desarrollo económico, sin que la Sagarpa determinara ni cuantificara a la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población.
Lo que hoy se discute, todo este daño al erario público, recae en la responsabilidad de una buena parte de esta soberanía, ya que ha habido diputados federales del partido oficial que han sobreprotegido al Ejecutivo.
En su momento, en las pasadas legislaturas, sobreprotegieron a Enrique Peña Nieto y su gabinete, y aquí están las consecuencias.
Un mal uso de los recursos públicos señalados en el informe de la Auditoría Superior de la Federación y también por la Comisión de Vigilancia de esta soberanía.
Lo que pasó, y que hoy viene resumido en este dictamen, debe de servir de precedente, y asumimos la responsabilidad que nos confiere el pueblo, y estamos preparados para que, en lo sucesivo, evaluemos y revisemos la Cuenta Pública de la misma manera.
Por lo menos, el ejercicio de la Cuenta Pública 2016, correspondiente al gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene que ser rechazada por esta soberanía, y a partir de ello devolverle la honorabilidad a este Congreso.
Manifiesto pues, compañeras y compañeros, a nombre de mi Grupo Parlamentario de Morena, a favor del presente dictamen, donde se reprueba la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de Enrique Peña Nieto.
Como dicen en mi pueblo: cuentas claras, amistades largas, y esto no se aprecia en la Cuenta Pública del Ejercicio 2016. Es cuanto, diputado presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en ejercicio de sus funciones, presenta a esta soberanía el dictamen de la Cuenta Pública del año 2016, justo antes de cumplirse el término legal para su aprobación.
Debemos ser claros, la fiscalización de los recursos públicos es un tema primordial en cualquier democracia moderna, y en nuestro país ha adquirido una gran relevancia para nuestras instituciones; debemos poner en su justa dimensión lo que es la fiscalización de los recursos públicos y el andamiaje institucional que compone este ejercicio de rendición de cuentas.
En el ejercicio del gasto participan distintos actores de la administración pública, y también distintos poderes y órdenes de gobierno. La ley señala que el dictamen de la Cuenta Pública debe contar con el análisis pormenorizado del contenido del informe general de la Auditoría Superior de la Federación y estar sustentado en conclusiones técnicas, recuperando las discusiones técnicas realizadas en la comisión.
El dictamen que se nos presenta no cuenta con las características técnicas y de objetividad que establece la ley. Es la suma de juicios de valor que sobre acciones emprendidas solo por el gobierno federal.
El gobierno federal gastó con criterios sociales. El buen uso de los recursos públicos logró que la economía mexicana sea estable. Se crearon más de un millón de empleos formales y mejor remunerados. Se redujo más del 10 por ciento la dependencia de los ingresos petroleros y, asimismo, se incrementó la recaudación.
Ahí están los datos del impacto social del gasto público. En el año 2016, más de 329 mil niños y niñas se beneficiaron del Programa de Estancias Infantiles, para apoyar a madres solteras y a padres solteros.
Prospera benefició a 6.8 millones de familias; 6 de cada 10 estudiantes de excelencia que solicitaron una beca para estudiar el bachillerato o la universidad la obtuvieron.
En este mismo año, 2016, 74.7 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años cursaron el bachillerato. El ahorro financiero alcanzó el 62.2 por ciento del producto interno bruto y se sumaron miles de kilómetros a la red rural y alimentadora de pavimento.
El 81.9 de los proyectos apoyados por el Conacyt cuentan con dictámenes de maduración tecnológica favorable. El 60.8 por ciento de los municipios rurales contaron con servicios financieros gracias a la red telegráfica. 50.5 por ciento y 50.5 millones de personas fueron beneficiadas con la señal de televisión del sistema público de radiodifusión.
Lo más importante, compañeras y compañeros, el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo de 45.5 en 2012, a 43.6 en 2016, y la pobreza extrema disminuyó de 9.8 a 7.6 por ciento, respectivamente.
Como sabemos, la Auditoría Superior de la Federación es el brazo técnico, no político, para revisar la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y de las empresas productivas del Estado, entidades federativas y municipios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación realiza observaciones que los entes auditados puedan solventar por ley.
Esto no significa un desvío de recursos en automático, se debe esperar a que los entes auditados finalicen sus procesos para solventar dichas observaciones, y solo en caso de no ser solventadas debidamente, la Auditoría Superior de la Federación podría iniciar un procedimiento jurídico de la responsabilidad.
Reiteramos, diputadas, diputados, un dato muy importante: sí falta solventar 98 mil 485 millones de pesos, de los cuales más de 84 mil millones de pesos corresponden a estados y municipios. En este sentido, al Ejecutivo federal solo le falta solventar un poco más de 13 mil millones de pesos. Es decir, un 25 por ciento del presupuesto aprobado...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo, diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:...para el 2016 –un segundo, señora presidenta–. En suma, el dictamen que se nos presenta pareciera más que lo impulsan intereses estrictamente políticos que técnicos. Es por ello que votaremos en contra del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya su intervención, señor diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Diputadas y diputados, de acuerdo con los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación practicó un mil 865 auditorías a 553 entidades públicas, de las cuales emitió un total de 8 mil 69 observaciones, que dieron lugar a 10 mil 346 acciones, donde el 43 por ciento de éstas fueron acciones preventivas y el 57 por ciento acciones correctivas.
Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó recuperaciones operadas que ascendían a 7 mil 897 millones de pesos, en enero de 2018.
Con relación a esta Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación señaló áreas relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano que dieron lugar a la recurrencia de observaciones de auditoría con un impacto económico y social considerables.
Las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fue un área que registró recurrencia de prácticas que propiciaron cuantiosos desvíos de recursos públicos.
En las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas 2012-2016, se han observado montos con posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos. Se constató que en este tipo de esquemas participaron, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios, aunque también otros entes públicos, como empresas paraestatales de entidades federativas y empresas u órganos del gobierno federal.
Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se amplíe para dispersar los recursos entre varios entes. En numerosos casos se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, con una patente desviación de recursos.
En educación, a cuatro años de la aprobación de la reforma educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7 por ciento de los alumnos en el área de matemáticas, y el 48.1 por ciento en lectura obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo, mientras que en la media superior fueron de 49.3 por ciento en el área de matemáticas y el 45 por ciento en lenguaje y comunicación.
En el acceso efectivo a la atención médica con calidad, en 2016 se observó un avance de apenas 18.3 por ciento en la conformación del sistema universal de salud.
En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dicha estrategia no contribuyó a una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el Coneval en esa condición.
En materia de obras y con base en las 136 auditorías a inversiones físicas, practicadas sobre la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación identificó como causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura, problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter técnico, insuficiencias económicas y fallas de ejecución.
Respecto a las empresas productivas del Estado, algunas de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades, no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano.
Los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación constatan que las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos.
En las finanzas estatales, de manera recurrente se identificaron condiciones que propiciaron el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas a cargo de los gobiernos estatales y municipales.
La Auditoría Superior de la Federación constató que un elevado número de entidades federativas enfrentaban desequilibrio en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa.
No obstante el fortalecimiento del trabajo fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación, en todos los sectores que conforman el Grupo Funcional de Desarrollo Económico persisten las irregularidades recurrentes, que muestran claramente que no se ha detenido el desvío de recursos a otros objetivos distintos a los planteados en los programas presupuestarios. No se han evitado actos de corrupción que involucran grandes sumas de recursos públicos, como la estafa maestra y la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.
Me queda claro entonces que las observaciones que hoy tenemos al alcance, este día, tienen que ver no necesariamente con los logros presentados. Siempre será bueno saludar logros por los gobiernos federales, estatales o municipales, pero estos no pueden ser a costa de no subsanar estos señalamientos que hoy la Auditoría Superior de la Federación nos presenta.
Y en términos generales, me parece que tampoco tiene qué ver con que, si es mucho o poquito lo que falta por subsanar, sino que tienen que subsanarse en su totalidad las observaciones expuestas en tiempo y forma, y que además ya vencieron en términos de ley.
Como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, vamos a favor de los términos en los que va el dictamen. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Geraldine Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor.
La diputada María Geraldine Ponce Méndez:Con su venia, señor presidente. La Auditoría Superior de la Federación establece áreas claves con riesgo en la gestión del sector público; entre ellas, una que denomina gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado.
Con la reforma energética, la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos y la CFE cambian y dejan de ser organismos públicos descentralizados, para pasar a ser empresas productivas del Estado, con la finalidad de dotarles de una estructura empresarial que les permitiera generar valor económico y rentabilidad.
El marco legal que las regula prevé el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo, en el caso de Pemex; y la instalación de un modelo operativo, en la CFE.
No obstante, los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2016 muestran debilidades respecto de la gobernanza en la toma de decisiones de ambas empresas. Las revisiones practicadas a Pemex y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano.
Ambas empresas han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos; por ejemplo, las auditorías 468-DE, de la adquisición del Grupo Fertinal, por parte de Pemex, registró una pérdida integral neta de más de 565 millones de pesos; y 1800-DE, en cuanto a la contratación y suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, identificó que Pemex Transformación Industrial incurrió en pérdidas por más de mil 900 millones de pesos.
En la auditoría 479-DE, de la misma forma, el Consejo de Dirección de Pemex aprobó la adjudicación directa para la contratación de servicio relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de Salamanca y Tula, la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización practicada por un monto de más de mil 178 millones de pesos. En esta revisión han quedado de manifiesto los riesgos que enfrenta la empresa, toda vez que la normativa que rige a Pemex es más laxa que la federal.
438-DE, se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que esa decisión haya contribuido en esa práctica al fortalecimiento de la posición estratégica de Pemex, como la compra de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico y nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz.
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017.
474-DE. En lo que se refiere a la comercialización de coque, PTI acordó la venta de este producto a una empresa cementera a un precio fijo. La fiscalización practicada muestra que, en 2016, dado que el precio internacional estuvo por encima del precio pactado en más de 700 por ciento. El no haber estipulado dicho valor de referencia mundial en el contrato implicó efectos de 839 millones de pesos que se relacionan con los ingresos que PTI dejó de percibir por haber contemplado un precio fijo desligado de las condiciones del mercado internacional.
486-DE. En lo que corresponde a la CFE, en la adquisición de energía eléctrica a productos externos se determinó que, de 2014 a 2016, dicho ente registró pérdidas por más de 2 mil 646 millones de pesos. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos.
492-DE. En lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE, respecto a los servicios de transporte de gas natural, se identificó que el 51.2 por ciento de los pagos realizados por este concepto no generaron valor económico ni condiciones de rentabilidad para la comisión.
Esto es más de la mitad, compañeros. Esta muestra de las irregularidades ilustra la carencia de toma de decisiones estructurales en donde se ha constatado que hubo resultados negativos.
Esta es una de las razones por la que consideramos que los resultados de gestión y financiera no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública, objeto del presente decreto. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo:Con su venia, señor presidente, y a todo el pleno. Con las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, 74, tenemos facultades de revisar, a través de la Auditoría Superior de la Federación, las cuentas públicas de la administración pública federal, así como también los convenios o los anexos que tenemos con los estados, los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal con los estados y con los municipios.
Desde luego, cuando se hacen las revisiones, se determinan la procedencia, si fueron bien utilizados los recursos o no se utilizaron. Voy a poner pequeños ejemplos:
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los padrones gubernamentales son el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de mayores carencias sociales. Algunos de los resultados a destacar con la fiscalización superior en esta temática son las siguientes.
Padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. En 2016 en el sector desarrollo rural se operaron 14 programas presupuestarios con un monto de 65 mil 157.4 millones de pesos, equivalente al 52.4 por ciento de los 124 mil 218.1 millones de pesos ejercidos en el programa para el desarrollo económico, sin que la Sagarpa determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo.
La Auditoría Superior de la Federación puede señalar que la Sagarpa aún no ha concluido el diseño de los manuales y lineamientos, y tampoco se han constituido los padrones específicos de los programas presupuestarios que otorgan subsidios. Y así podemos hablar de varios padrones únicos de beneficiarios de programas de desarrollo social de la administración pública federal, etcétera.
Sin embargo, con las observaciones que se han hecho a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 y que no han sido comprobados, que no han sido solventados, esto no quiere decir que sea un tema político. Aquí no estamos hablando de colores, aquí estamos hablando del recurso que los ciudadanos pagamos, con nuestros impuestos, que se dirige a los programas y los administra el gobierno federal, firmado con los convenios a los estados y los municipios.
¿Y qué pasa? A veces decimos, cuando hacen falta recursos y cuando nos observan, que fue mal utilizado el recurso; pensamos que todo es político, que estamos afectando al presidente de la República. No, señores, no estamos afectando al presidente de la República ni estamos hablando mal de un partido político, estamos diciendo que si no se han solventado las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que hizo en la Cuenta Pública 2016, tienen que solventarse, y a quien no cumpla, no solvente las observaciones, se le tienen que fincar las responsabilidades, y el que la hace la paga, porque ese es el mandato que nos dieron el primero de julio los ciudadanos cuando votaron por nosotros.
Votaron por todos los colores, y nos dijeron y nos mandataron, señores, no puede ser que se gasten nuestros recursos, no puede ser que no lleguen esos recursos a la población.
Y aquí tengo todas las observaciones de los estados, de la administración pública federal, no estamos hablando solo del presidente de la República, no se confundan, estamos hablando también de los anexos de los estados que incurrieron en omisiones y que no pudieron comprobar, así que, señores, yo les pido: no podemos votar a favor de esta Cuenta Pública si no está debidamente solventada.
Solventemos, hagamos las cosas bien, y cuando se corrijan, vamos adelante. Mi voto es en contra de la Cuenta Pública 2016. Gracias, señor presidente, gracias, señores diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marco Antonio Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado Marco Antonio Andrade Zavala:Con su venia, presidente. Buenas tardes a todos. Hoy venimos a reprobar la Cuenta Pública de 2016. El informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación presenta observaciones respecto a la ejecución del gasto público en programas asistenciales, debido a la falta de claridad en los padrones de beneficiarios, la duplicidad de acciones dentro de diferentes programas o en distintos niveles de gobierno, la dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistemas de evaluación funcionales, entre otros.
Otro problema, en término de transparencia, es la transferencia de recursos a las delegaciones, entidades federativas y municipios, debido principalmente a la ambigüedad de los ordenamientos jurídicos y a la falta de elementos técnicos para priorizar el gasto público.
De la revisión a los ramos generales 23 y 33, las observaciones más recurrentes consisten en que los recursos se orientan a rubros que no contempla la normatividad aplicable. La Auditoría Superior de la Federación destaca la existencia de subejercicios recurrentes en diversos sectores de la administración pública federal.
De acuerdo con la información provista por la propia Auditoría, los subejercicios son producto del exceso de trámites para el oportuno ejercicio del gasto, la falta de proyectos en los distintos niveles de gobierno que cuente con estudios que lo sustenten, la canalización de los ejercicios a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos con el propósito de utilizarlos posteriormente con fines distintos a los aprobados sin control, transparencia ni rendición de cuentas.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación destaca irregularidades en las labores de supervisión del gobierno en el cumplimiento de contratos y concesiones de particulares.
Menciona que esta deficiencia ha permitido que este tipo de contratos, licencias se otorguen a personas o empresas que no tienen la capacidad para proveer los servicios por los que reciben una contraprestación.
Asimismo, menciona que, en prácticamente todos los órdenes de gobierno, faltan mecanismos para supervisar y exigir que los particulares cumplan con sus obligaciones contractuales.
En diversas auditorías a las que se hace referencia en el presente dictamen, se comprueba que, en muchas dependencias y entidades autónomas, no observan la normatividad en materia de licitaciones. Todo ello, en detrimento de la transparencia y la obtención de las mejores condiciones para el Estado.
Uno de los principales objetivos de esta soberanía, que además coincide con los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, es revisar la normatividad actual para garantizar que los entes públicos responsables de la regulación y supervisión de las actividades y procesos que han sido delegados a particulares, ejerzan con oportunidad, autonomía y firmeza sus atribuciones.
Dentro de la revisión de prácticamente todos los sectores, la Auditoría Superior de la Federación incluye varias recomendaciones relacionadas con la imposibilidad de evaluar y dar seguimiento oportuno a los programas que implementa el gobierno federal, lo cual impide medir la efectividad de los mismos respecto a los objetivos que para cada uno de estos programas se han planteado.
Este es uno de los problemas que, de manera urgente, se debe solventar para poder alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición de cuentas.
Estamos a favor del dictamen que, en su parte resolutiva, señala que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2016. No queremos más corrupción, no queremos más opacidad, queremos transparencia y rendición de cuentas.
Nos dicen que no fue grave ni recurrente lo que realizó el gobierno federal. ¿Qué más necesitan, qué más elementos?
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación seguirá la vía legal, y necesitamos que se finquen responsabilidades a todos los servidores públicos que cometieron ilícitos. No más corrupción, no más opacidad, castigo para los que han incumplido. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañero. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se recibió de las diputadas Dolores Padierna y Martha Tagle, texto con sus respectivas intervenciones. Insértense en el Diario de los Debates.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente
Con fundamento en el artículo 235, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que el siguiente texto sea inscrito de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Posicionamiento a favor del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
El saldo de la Cuenta Pública 2016 lamentablemente ilustra la tónica en el uso de recursos públicos en esta administración federal. Las múltiples irregularidades son graves e indican que la gestión de los dineros públicos se caracterizó por la corrupción, ineficiencia, dispendio y falta de resultados. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación documenta múltiple evidencia.
En cuanto a los resultados financieros comparados con lo aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el dictamen señala: “Los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública objeto del presente decreto”.
Estando en general de acuerdo con el proyecto de dictamen, se considera importante hacer algunos señalamientos puntuales sobre la eficacia y eficiencia de los procesos de presupuestación y ejecución del gasto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos de las políticas de ingresos y gastos.
1. Durante la administración de Peña Nieto se utilizó como una práctica recurrente la subestimación de los ingresos con el propósito de que los recursos excedentes se utilizaran de manera discrecional por el Ejecutivo. Para 2016, en la Ley de Ingresos se aprobó un total de ingresos ordinarios por 4 billones 155 mil millones de pesos y se obtuvieron 4 billones 845 mil millones, un 16.6 por ciento de más. Es decir, 690 mil millones de ingresos excedentes.
2. En cuanto a los principales objetivos de la política de ingresos en los criterios generales de política económica, destacan:
• Coadyuvar al fortalecimiento de la postura fiscal y al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la deuda aumentó de 6 billones 495 mmp en 2015 a 7 billones 448 mmp en 2016, es decir, no se cumplió con el objetivo de fortalecer la postura fiscal.
• Contribuir a generar un entorno de mayor certidumbre para la promoción de las inversiones.No obstante, en 2016, la Formación Bruta de Capital Fijo creció sólo 1.1 por ciento, contra 5.0 por ciento que aumentó en 2015.
• Apoyar el aumento de la competitividad. Desafortunadamente, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, México pasó del lugar 61 en 2015 al 57 en 2016 en el Índice Global de Competitividad.
En cuanto a la política de gasto se establecieron los siguientes objetivos:
• Preservar la seguridad, tanto interna como externa y continuar la lucha frontal contra la delincuencia.Este objetivo no se cumplió ya que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de delitos cometidos en 2016 fue 6.0 por ciento superior al de 2015.
• Asegurar una educación de mayor calidad, que privilegie la innovación y la equidad.En esta materia, en el dictamen se documenta que no hubo avances.
• Incrementar la inversión nacional en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.En 2016, el gasto en ciencia, tecnología e innovación fue de 0.3 por ciento del PIB, 11.4 por ciento menor al autorizado y 6.8 por ciento menos del ejercido en 2015.
• Fomentar el acceso a la cultura, ampliar la infraestructura y preservar el patrimonio cultural.El gasto en cultura fue 21.8 por ciento menos que en 2015.
• Impulsar programas para al crecimiento económico y la calidad de vida de la población. La Auditoría documenta ampliamente la ineficiencia de la mayoría de los programas sociales y su muy limitada contribución al bienestar de la población.
En síntesis, al comparar los objetivos de las políticas de ingresos y gastos establecidos en el paquete económico de 2016, con los resultados obtenidos, es claro que los objetivos no se lograron, esto demuestra la ineficacia e ineficiencia de las finanzas públicas.
Permítanme ahora referirme a las múltiples irregularidades documentadas por la Auditoría y que sugieren otra de las principales razones del incumplimiento de los objetivos: el dispendio y corrupción en el uso de recursos. Como se ha mencionado, los 1,865 dictámenes de la ASF derivaron 8 mil 069 observaciones y 10 mil 346 acciones. Destaca también que la Auditoría afirma que logró un monto de 8 mil 906.7 millones de pesos de pesos de recuperaciones operadas. Sin embargo, en mayo de este año, seguían pendientes de aclarar 103 mil 377.0 millones de pesos. De ese tamaño es el daño al erario público.
Los casos de las irregularidades son francamente lamentables. Déjenme ejemplificar:
• En la Secretaría de Educación, cuyo desempeño es fundamental para el desarrollo del país, en solamente un programa auditado (Programa Nacional de Inglés), se encontraron irregularidades relacionadas con alrededor de 600 millones de pesos.
• En Pemex, en solo uno de los trabajos de mantenimiento, (Mantenimiento de la Capacidad de Producción en dos Refinerías y Tren Energético), se encontraron problemáticas en el ejercicio de recursos relacionadas a casi 400 millones de pesos.
• En el caso de la Cancillería, el programa, “Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral” contó con un presupuesto de 1,835 millones de pesos. La Auditoría indican que no hubo consistencia en las labores realizadas.
También en materia de dispendio y corrupción, la memoria de los trabajos de Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 de la ASF, identifica cinco áreas del gobierno son características de los daños en la Cuenta Pública, cuatro del gobierno federal.
1. Obra Pública
• La auditoría identificó múltiples deficiencias en los proyectos de obra pública. Las 136 auditorías relacionadas del 2016, señalan: problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, debilidades técnicas, insuficiencias económicas y fallas de ejecución. En México se destina alrededor de 15 por ciento del Presupuesto de Egresos para el desarrollo de proyectos de inversión física. Es decir, hablamos de miles y miles de millones de pesos mal utilizados, derrochados o involucrados en casos de corrupción.
2. Contrataciones al amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
• Este tipo de contrataciones generaron recurrencia en el desvío de recursos públicos. Entre otras razones se encuentra la falta de evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante. Para 2016, en al menos nueve dependencias públicas contrataron a entidades (públicas o privadas) que carecían de la capacidad técnica requerida y utilizaron subcontratistas que a su vez debieron volvieron a subcontratar para lograr los contratos. Es decir, se trata de un absurdo para forzar la asignación de contratos de manera arbitraria. Además, en numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante. Algunas donde se identificaron estas prácticas son: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Comisión Nacional de Agua; la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras.
3. Toma de decisiones en las empresas productivas del Estado
• Los resultados de la fiscalización de la ASF a la cuenta pública 2016 muestran importantes deficiencias en la toma de decisiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta es otra de las evidencias del fracaso de la reforma energética. De acuerdo a la Auditoría, los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano. Por el contrario, las revisiones constataron que han tenido pérdidas en los negocios emprendidos, al respecto hay múltiples diversos ejemplos. Uno de ellos es la adquisición del Grupo Fertinal por parte de Pemex, se registró una pérdida de más de 565 mdp (auditoría 468-DE). Adicionalmente, en la contratación y suministro de etanol para el Complejo Petroquímico Etileno XXI (auditoría 1800-DE), Pemex Transformación Industrial (PTI) generó pérdidas por más de 1 mil 900 mdp. Son solo algunas ilustraciones, pero denotan el grado del desfalco.
4. Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios
• La ASF identificó múltiples irregularidades en estos padrones, la relevancia no son solamente los miles de millones de pesos involucrados, sino que los padrones son un instrumento fundamental para la eficiencia y control de los subsidios que están enfocados en la población más desfavorecida. Una ilustración, de los varios casos detectados, es el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR). En 2016, se operaron 14 programas con un monto de 65 mil 157.4 mdp. Lo anterior sin que la Sagarpa determinara ni cuantificara la población por beneficiar. De esta forma, en múltiples padrones, existe una dispersión de información que imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos de recursos.
5. Finanzas Estatales
• En materia de gasto federalizado, de manera recurrente, se han identificado desvío de recursos e inobservancia de los objetivos de los fondos y programas, por parte de gobiernos estatales y municipales. Asimismo, se ha registrado un crecimiento en su deuda pública que en 2016 alcanzó 568 mil 600 mdp; esto representó el 82 por ciento de las participaciones federales para este mismo año.
Por todo lo anterior, la ASF ha corroborado con el análisis de la cuenta pública 2016 que esta administración federal nos heredará instituciones que se encuentran afectadas en sus estructuras más elementales por la corrupción. Por la enorme cantidad de irregularidades, el mal uso de recursos públicos además del deplorable desempeño en el cumplimiento de las metas de las políticas, el gobierno federal está reprobado. Respaldamos completamente el dictamen: no existen elementos suficientes para aprobar esta cuenta pública. Cabe también agregar que este trámite no suspenderá las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación. En sentido, subrayo el resolutivo octavo del decreto: esta soberanía instruye a la ASF para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la cuenta pública 2016, y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. Los diputados de la cuarta transformación estamos comprometidos en liberar al gobierno del cáncer de la corrupción, estaremos atentos al seguimiento de la ASF a esta cuenta pública.
Nota
1 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. 20 de octubre de 2018.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2018.— Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica).»
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«Intervención de la diputada Martha Tagle (cuenta pública, sesión 181031)
Dictaminar la cuenta pública es un primer paso de los muchos que en el legislativo debemos dar para fiscalizar y controlar el gasto público.
La Cámara de Diputados asumió una de sus facultades al dictaminar la cuenta pública 2016, en la que se reprueba al gobierno de EPN por no comprobar 103 mil millones de pesos.
Celebro que tras muchos años, la Cámara de Diputados asuma una de sus facultades en materia de control y fiscalización del presupuesto público: dictaminar la cuenta pública es un primer paso de los muchos que en el legislativo debemos dar para fiscalizar y controlar el gasto público.
Sin embargo, siguen sin comprobarse más de 103 mil millones de pesos de la cuenta pública del 2016 y además hubo un subejercicio por 613 mil millones de pesos. Ahora corresponde dar seguimiento a las actuaciones y vistas de la Auditoría Superior de la Federación para sancionar y desarticular la corrupción y combatir la impunidad.
Lamento, finalmente, que el dictamen no tenga repercusiones, ya que legalmente no existen sanciones para el titular del Ejecutivo Federal, pero sin duda es un gran avance para que la Cámara de diputados tome las riendas en el control presupuestal y así exigir que se rindan cuentas para acabar con la corrupción.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.— Martha Angélica Tagle Martínez.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Toda vez que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha presentado reserva alguna para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, ya se terminó, ya cierre.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Quiere dar cuenta del resultado?
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Se emitieron 332 votos en pro, 41 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 332 votos, el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Recuerdo que, en consecuencia, se rechaza la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en los términos que ha sido aprobado el dictamen. Remítase a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales correspondientes.
CLAUSURA Y CITA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 15:04 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre de 2018, a las 11 horas. Buen provecho.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 01 minuto
• Quórum a la apertura de la sesión: 317 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 3
• Iniciativas de congresos estatales: 2
• Iniciativa de las diputadas y diputados: 17
• Dictamen para declaratoria de publicidad: 1
• Dictamen con proyecto de decreto a discusión: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 34
12 Morena
4 PAN
5 PRI
2 PES
3 PT
3 MC
2 PRD
3 PVEM
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (en lo general y en lo particular)
MORENA
1 Abasolo Sánchez, Pedro DanielAusente
2 Aguilar Castillo, Heriberto MarceloFavor
3 Aguilar Linda, BonifacioFavor
4 Aguilar Molina, Leticia ArlettFavor
5 Aguilar Vázquez, AdrianaFavor
6 Aguilera Brenes, SebastiánFavor
7 Aguilera Chairez, MaribelAusente
8 Alavez Ruiz, AleidaFavor
9 Alegre Salazar, Luis JavierFavor
10 Alejandro Candelaria, MaximinoFavor
11 Alfaro Morales, María IsabelFavor
12 Almazán Burgos, Karla YuritziFavor
13 Alvarado Moreno, María GuillerminaAusente
14 Ambrocio Gachuz, José GuadalupeFavor
15 Andazola Gómez, Socorro IrmaFavor
16 Andrade Zavala, Marco AntonioFavor
17 Angeles Mendoza, Julio CésarFavor
18 Antonio Altamirano, CarolFavor
19 Aréchiga Santamaría, José GuillermoFavor
20 Arrieta Sánchez, EleuterioFavor
21 Arvizu De la Luz, Felipe RafaelFavor
22 Ascencio Ortega, Reyna CelesteFavor
23 Avalos Magaña, Laura PatriciaFavor
24 Avila Vera, Mildred ConcepciónAusente
25 Ávila Olmeda, Marina del PilarAusente
26 Badillo Moreno, Cuauhtli FernandoAusente
27 Bahena Jiménez, SocorroFavor
28 Barajas Barajas, EstebanFavor
29 Barrera Badillo, RocíoFavor
30 Barroso Chávez, AlejandroFavor
31 Bautista Bravo, Juan AngelAusente
32 Bautista Peláez, Maria del CarmenFavor
33 Bautista Rivera, DavidFavor
34 Blas López, VíctorAusente
35 Bonilla Herrera, RaquelFavor
36 Borrego Adame, Francisco JavierFavor
37 Briceño Zuloaga, María WendyFavor
38 Burelo Cortazar, TeresaAusente
39 Calderón Medina, SamuelAusente
40 Calderón Salas, RodrigoFavor
41 Campos Equihua, Ignacio BenjamínFavor
42 Cano González, SusanaFavor
43 Carbajal Miranda, Marco AntonioFavor
44 Carranza Aréas, JulioFavor
45 Carrasco Godínez, Nelly MinervaFavor
46 Carrazco Macías, OlegariaFavor
47 Carrillo Luna, JuanaFavor
48 Carrillo Martínez, MiroslavaFavor
49 Carvajal Hidalgo, AlejandroFavor
50 Castañeda Ortiz, María Guadalupe EdithFavor
51 Castillo Lozano, Katia AlejandraFavor
52 Cayetano García, RubénFavor
53 Cazarez Yañez, MartinaAusente
54 Charrez Pedraza, CiprianoFavor
55 Chávez Pérez, MaríaAusente
56 Chico Herrera, Miguel ÁngelFavor
57 Clouthier Carrillo, TatianaFavor
58 Contreras Castillo, ArmandoFavor
59 Contreras Montes, GustavoFavor
60 Cruz Santos Flora, TaniaAusente
61 Cuaxiloa Serrano, Susana BeatrizAusente
62 Cuéllar Cisneros, LorenaAusente
63 Cuevas Barron, GabrielaAusente
64 De Jesús Jiménez, LucioFavor
65 De La Cruz Delucio, Patricia Del CarmenFavor
66 Del Bosque Villarreal, Diego EduardoFavor
67 Del Castillo Ibarra, Erika VanessaAusente
68 Delgado Carrillo, MarioFavor
69 Delsol Estrada, José RicardoFavor
70 Díaz Aguilar, LeticiaAusente
71 Diaz García, María ElizabethAusente
72 Domínguez Flores, RosalindaFavor
73 Domínguez Rodríguez, Roberto ÁngelAusente
74 Duarte Olivares, HoracioAusente
75 Elizondo Garrido, FranciscoAusente
76 Elorza Flores, José LuisFavor
77 Espadas Méndez, Gregorio EfraínFavor
78 Espinosa de los Monteros García, Adriana María Guadalupe Favor
79 Espinoza Lopez, BrendaFavor
80 Espinoza Segura, María BerthaFavor
81 Exsome Zapata, Ricardo FranciscoFavor
82 Farías Zambrano, Melba NeliaFavor
83 Farrera Esponda, Juan EnriqueFavor
84 Fernández Cruz, Nayeli ArlenFavor
85 Flores Anguiano, FelicianoAusente
86 Flores Olivo, LucíaFavor
87 García Anaya, LidiaFavor
88 García Cayetano, DorhenyFavor
89 García Guardado, Ma. de JesúsAusente
90 García Hernández, Jesús FernandoAusente
91 García Rosales, EdithAusente
92 García Rubio, AgustínFavor
93 García Soto, UlisesFavor
94 García Vidaña, Martha OliviaFavor
95 García Zepeda, JulietaFavor
96 Gómez Álvarez, PabloFavor
97 Gómez Ventura, ManuelFavor
98 González Castañeda, Sandra PaolaFavor
99 González Reyes, Marco AntonioFavor
100 González Robledo, ErasmoFavor
101 Guerra Mena, JuanitaFavor
102 Guerra Méndez, Lizeth AmayraniFavor
103 Guerrero Barrera, YolandaFavor
104 Guillén Quiroz, Ana LiliaFavor
105 Gutiérrez Gutiérrez, DanielFavor
106 Guzmán De La Torre, Francisco JavierFavor
107 Guzmán Valdéz, EdgarFavor
108 Hernández Pérez, César AgustínFavor
109 Hernández Pérez, María EugeniaFavor
110 Hernández Tapia, Arturo RobertoFavor
111 Hernández Villalpando, RafaelFavor
112 Herrera Chávez, SamuelFavor
113 Herrera Pérez, GonzaloFavor
114 Hidalgo Ponce, Javier ArielFavor
115 Huerta Corona, Benjamín SaúlFavor
116 Huerta del Río, María de los ÁngelesFavor
117 Huerta González, Agustín ReynaldoFavor
118 Huerta Martínez, ManuelFavor
119 Interian Gallegos, Limbert Iván de JesúsFavor
120 Jarero Velázquez, Miguel PavelFavor
121 Jáuregui Montes de Oca, Miguel ÁngelFavor
122 Jiménez Andrade, Lorena del SocorroAusente
123 Jiménez y Meneses, Héctor Guillermo de JesúsFavor
124 Juan Carlos, IrmaFavor
125 Lamarque Cano, Carlos JavierAusente
126 Loera De La Rosa, Juan CarlosAusente
127 López Aparicio, DelfinoFavor
128 López Castillo, ManuelFavor
129 López Chávez, Maria BeatrizFavor
130 López Pérez, María TeresaFavor
131 López Rayón, ClaudiaFavor
132 López Rodríguez, AbelinaFavor
133 Maceda Carrera, NellyFavor
134 Maldonado Tapia, Mirna ZabeidaFavor
135 Manzano Salazar, JavierFavor
136 Márquez González, Miguel ÁngelFavor
137 Martínez Aguilar, Emeteria ClaudiaFavor
138 Martínez Aké, Carlos EnriqueFavor
139 Martínez Flores, JuanFavor
140 Martínez González, LauraFavor
141 Martínez Ventura, Luis EnriqueFavor
142 Maya Martínez, HirepanFavor
143 Mayer Bretón, SergioFavor
144 Medel Palma, CarmenFavor
145 Medina Pérez, Marco AntonioFavor
146 Mejía Cruz, Maria EstherFavor
147 Mercado Torres, Edith MarisolFavor
148 Merino García, VirginiaAusente
149 Merlín García, María del RosarioAusente
150 Mier Velazco, Moisés IgnacioAusente
151 Minor Mora, Jesús SalvadorFavor
152 Mojica Toledo, AlejandroAusente
153 Mojica Wences, Víctor AdolfoFavor
154 Molina Espinoza, IrineoFavor
155 Montes Nieves, Jorge LuisFavor
156 Montes Salas, José JaimeAusente
157 Mora García, CarmenFavor
158 Mora Ríos, María Teresa Rebeca RosaFavor
159 Morales Elvira, Erik IsaacFavor
160 Morales Miranda, Flor IvoneFavor
161 Moreno Gil, Mario IsmaelFavor
162 Muñoz Ledo, PorfirioFavor
163 Murguía Soto, UlisesFavor
164 Navarrete Rivera, Alma DeliaFavor
165 Novella Macías, Oscar RafaelAusente
166 Núñez Alvarez, EstelaAusente
167 Obrador Narváez, Manuela del CarmenFavor
168 Ocampo Manzanares, AraceliFavor
169 Ochoa Valdivia, ZairaAusente
170 Olvera Bautista, Sandra SimeyFavor
171 Orihuela Nava, DavidAusente
172 Ortega Nájera, Hilda PatriciaFavor
173 Padierna Luna, DoloresFavor
174 Palacios Cordero, Lucio ErnestoFavor
175 Palma Olvera, Carmen PatriciaAusente
176 Pani Barragán, AlejandraFavor
177 Parra Juárez, InésFavor
178 Pedrero Moreno, HumbertoFavor
179 Peralta De La Peña, Ana PatriciaFavor
180 Pérez Bernabe, Jaime HumbertoFavor
181 Pérez Hernández, SergioFavor
182 Pérez López, Beatriz DomingaFavor
183 Pérez Mackintosh, Miriam CitlallyAusente
184 Pérez Segura, Laura ImeldaFavor
185 Piña Bernal, AdelaAusente
186 Ponce Cobos, AlejandroAusente
187 Ponce Méndez, María GeraldineAusente
188 Pool Moo, Jesús de los ÁngelesFavor
189 Prado de los Santos, MiguelFavor
190 Rabelo Velasco, Roque LuisFavor
191 Ramírez Cuellar, AlfonsoAusente
192 Ramírez Lucero, Martha PatriciaFavor
193 Ramírez Navarrete, Francisco JavierAusente
194 Ramos Cruz, VerónicaFavor
195 Ramos Ruiz, Juan IsraelFavor
196 Ramos Sotelo, GuadalupeAusente
197 Regalado Mardueño, Carmina YadiraFavor
198 Reyes Colín, Marco AntonioFavor
199 Reyes López, ValentínAusente
200 Reyes Miguel, IdaliaAusente
201 Ríos Fararoni, Eulalio JuanFavor
202 Rivera Castillo, FortunatoFavor
203 Robledo Aburto, Zoé AlejandroAusente
204 Robles Gutiérrez, Beatriz SilviaFavor
205 Robles Ortiz, MarthaFavor
206 Rocha Vega, EfraínAusente
207 Rodríguez Arellano, EdiltrudisFavor
208 Rodríguez Gómez, EraclioAusente
209 Rodríguez González, ManuelFavor
210 Rodríguez Ruiz, Ana MaríaFavor
211 Rojas Martínez, BeatrizFavor
212 Román Ávila, María GuadalupeFavor
213 Rosas Uribe, Erika MarianaAusente
214 Ruiz Arias, MaximilianoFavor
215 Ruiz Lustre, Hugo RafaelAusente
216 Sales Ruiz, CiroFavor
217 Sánchez Barrales Zavalza, Raúl ErnestoFavor
218 Sánchez Barrios, CarlosFavor
219 Sánchez Castro, AnitaFavor
220 Sánchez Galván, MiroslavaFavor
221 Sánchez Ortiz, GracielaFavor
222 Sánchez Rodríguez, Juan PabloAusente
223 Sandoval Soberanes, LucindaFavor
224 Santiago Chepi, AzaelAusente
225 Santiago Manuel, IranAusente
226 Santiago Marcos, Nancy YadiraFavor
227 Santos Díaz, Edelmiro SantiagoFavor
228 Solís Barrera, María MarivelFavor
229 Tellez Infante, JannetFavor
230 Tello Espinosa, ClaudiaFavor
231 Tenorio Adame, PaolaFavor
232 Terán Águila, RubénFavor
233 Valencia Cruz, RosalbaFavor
234 Valles Sampedro, Lorenia IvethFavor
235 Varela López, Víctor GabrielFavor
236 Vargas Hernández, Lidia NallelyFavor
237 Vargas Meraz, Teresita de JesúsFavor
238 Vazquez Vazquez, AlfredoFavor
239 Veloz Silva, María LuisaFavor
240 Vences Valencia, Julieta KristalFavor
241 Viedma Velázquez, AlejandroFavor
242 Villa Villegas, AlbertoFavor
243 Villalvazo Amaya, Mirtha IlianaFavor
244 Villarauz Martínez, Rocío del PilarFavor
245 Villavicencio Ayala, LorenaAusente
246 Villegas Guarneros, Dulce María CorinaFavor
247 Villegas Sánchez, MeraryAusente
248 Vitela Rodríguez, Alma MarinaAusente
249 Vizcaíno Silva, IndiraAusente
250 Yáñez Centeno y Cabrera, Claudia ValeriaAusente
251 Zagal Ramírez, Xochitl NashiellyFavor
252 Zamora Valdéz, CasimiroAusente
253 Zavaleta Sánchez, GracielaAusente
254 Zenteno Santaella, Pedro MarioFavor
255 Zertuche Zuani, Armando JavierFavor
Favor: 193
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 63
Total: 256
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Adame Castillo, Marco AntonioFavor
2 Aguilar Vega, MarcosFavor
3 Alemán Hernández, NohemíAusente
4 Arriaga Rojas, Justino EugenioFavor
5 Ascencio Barba, Sergio FernandoAusente
6 Ayala Díaz, Ma. de los ÁngelesFavor
7 Azuara Zúñiga, XavierFavor
8 Bonnafoux Alcaraz, MadeleineAusente
9 Cambero Pérez, José RamónFavor
10 Carreón Mejía, CarlosFavor
11 Castaños Valenzuela, Carlos HumbertoAusente
12 Dávila Fernández, AdrianaFavor
13 Espadas Galván, Jorge ArturoFavor
14 Espinosa Rivas, Ma. Eugenia LeticiaFavor
15 Flores Suárez, RicardoFavor
16 García Escalante, RicardoFavor
17 García Gómez, Martha ElenaAusente
18 García Morlan, Dulce AlejandraFavor
19 García Ochoa, AbsalónFavor
20 García Rojas, Mariana DunyaskaFavor
21 Garfias Cedillo, Sylvia VioletaAusente
22 Garza Galván, Silvia GuadalupeFavor
23 Gómez Cárdenas, Annia SarahíFavor
24 Gómez Quej, José Del CarmenFavor
25 González Estrada, Martha ElisaFavor
26 González Márquez, Karen MichelFavor
27 Gracia Guzmán, RaúlFavor
28 Guerra Villarreal, Isabel MargaritaFavor
29 Gutiérrez Valdez, María de los AngelesFavor
30 Guzmán Avilés, JesúsAusente
31 Guzmán Avilés, María Del RosarioAusente
32 Lixa Abimerhi, José ElíasFavor
33 López Birlain, Ana PaolaFavor
34 López Cisneros, José MartínAusente
35 Luévano Núñez, Francisco JavierAusente
36 Macías Olvera, Felipe FernandoFavor
37 Mares Aguilar, José RigobertoFavor
38 Martínez Juárez, JacquelinaFavor
39 Martínez Terrazas, Oscar DanielFavor
40 Mata Carrasco, MarioFavor
41 Mata Lozano, LizbethFavor
42 Méndez Reyes, Laura LeticiaAusente
43 Mendoza Acevedo, Luis AlbertoFavor
44 Muñoz Márquez, Juan CarlosAusente
45 Murillo Chávez, Janet MelanieAusente
46 Núñez Cerón, SaraiFavor
47 Ortega Martínez, Ma. del PilarFavor
48 Patrón Laviada, Cecilia AnunciaciónAusente
49 Pérez Díaz, Víctor ManuelAusente
50 Pérez Rivera, Evaristo LeninAusente
51 Preciado Rodríguez, Jorge LuisFavor
52 Ramírez Barba, Éctor JaimeFavor
53 Riggs Baeza, Miguel AlonsoAusente
54 Rivera Hernández, MarcelinoFavor
55 Robledo Leal, Ernesto AlfonsoAusente
56 Rocha Acosta, SoniaAusente
57 Rodríguez Rivera, Iván ArturoFavor
58 Rojas Hernández, Laura AngélicaAusente
59 Romero Herrera, JorgeFavor
60 Romero Hicks Juan CarlosFavor
61 Romero León, GloriaFavor
62 Romo Cuéllar, Martha EstelaFavor
63 Romo Romo, GuadalupeAusente
64 Rosas Quintanilla, José SalvadorFavor
65 Ruffo Appel, ErnestoAusente
66 Salazar Báez, JosefinaFavor
67 Salazar Fernández, Luis FernandoFavor
68 Salinas Wolberg, HernánFavor
69 Sandoval Mendoza, María LiduvinaFavor
70 Sobrado Rodríguez, Verónica MaríaFavor
71 Tejeda Cid, ArmandoFavor
72 Terrazas Baca, PatriciaFavor
73 Torres Graciano, FernandoAusente
74 Torres Peimbert, María MarcelaAusente
75 Torres Ramírez, AdolfoFavor
76 Trejo Reyes, José IsabelFavor
77 Valenzuela González, Carlos AlbertoFavor
78 Verastegui Ostos, Vicente JavierAusente
79 Villarreal García, RicardoAusente
Favor: 52
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 26
Total: 78
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Acosta Peña, Brasil AlbertoContra
2 Aguilar Castillo, RicardoContra
3 Alemán Muñoz Castillo, MaríaContra
4 Alonzo Morales, María EsterContra
5 Álvarez García, Ivonne LilianaContra
6 Angulo Briceño, Pablo GuillermoContra
7 Azuara Yarzabal, FrinneContra
8 Barrera Fortoul, LauraAusente
9 Campos Córdova, Lenin NelsonContra
10 Canul Pérez, Juan JoséContra
11 Córdova Morán, Luis Eleusis LeónidasContra
12 De las Fuentes Hernández, Fernando DonatoContra
13 Espinoza Eguia, Juan FranciscoAusente
14 Flores Sánchez, MargaritaContra
15 Galindo Favela, FernandoContra
16 Garay Cadena, Martha HortenciaContra
17 González Cuevas, IsaíasAusente
18 Guel Saldívar, Norma AdelaContra
19 Hernández Deras, Ismael AlfredoAusente
20 Herrera Anzaldo, Ana LiliaAusente
21 Ingram Vallines, AnilúContra
22 Juárez Cisneros, ReneContra
23 Limón Hernández, ManuelContra
24 López Castro, Cynthia IlianaAusente
25 Medina Herrera, BenitoAusente
26 Miranda Nava, Luis EnriqueAusente
27 Moreira Valdez, Rubén IgnacioContra
28 Nemer Alvarez, Ernesto JavierContra
29 Noroña Quezada, Hortensia María LuisaContra
30 Ochoa Reza, EnriqueContra
31 Ortiz Guarneros, JuanContra
32 Pastor Badilla, ClaudiaAusente
33 Pavón Campos, CarlosContra
34 Pérez Munguía, SorayaContra
35 Puente De La Mora, XimenaContra
36 Roa Sánchez Cruz, JuvenalContra
37 Rocha Medina, Ma. SaraAusente
38 Rodríguez Mier Y Terán, MarianaContra
39 Saldaña Pérez, María LuceroContra
40 Sánchez Martínez, Lourdes ErikaAusente
41 Sauri Riancho, Dulce MaríaContra
42 Terán Villalobos, Irma MaríaContra
43 Treviño Villarreal, Pedro PabloAusente
44 Velasco González, Marcela GuillerminaContra
45 Villegas Arreola, AlfredoAusente
46 Yunes Landa, HéctorAusente
47 Zarzosa Sánchez EduardoContra
Favor: 0
Contra: 33
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 14
Total: 47
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
1 Acundo González, MiguelFavor
2 Argüelles Victorero, Jorge ArturoAusente
3 Báez Ruiz, ClaudiaFavor
4 Baldenebro Arredondo, Manuel de JesusFavor
5 Buenfil Díaz, Irasema del CarmenFavor
6 Cabrera Lagunas, Ma. del CarmenAusente
7 Castañeda Pomposo, Javier JuliánFavor
8 Cruz Aparicio, Héctor RenéFavor
9 De la Peña Marshall, RicardoFavor
10 Elizondo Guerra, Olga JulianaFavor
11 García Aguilar, CarolinaFavor
12 García Duque, José LuisFavor
13 Garza Gutiérrez, Laura Erika de JesúsFavor
14 González Escoto, ArmandoFavor
15 Lozano Rodríguez, AdrianaFavor
16 Manzanilla Prieto, Fernando LuisFavor
17 Moreno Medina, Esmeralda de los AngelesFavor
18 Onofre Vázquez, Vicente AlbertoAusente
19 Pérez Hernández, José ÁngelAusente
20 Pérez Negrón Ruiz, Iván ArturoFavor
21 Reséndiz Hernández, Nancy ClaudiaAusente
22 Rosete Sánchez, MaríaFavor
23 Saldivar Camacho, Francisco JavierFavor
24 Salvatori Bojalil, NayeliAusente
25 Sosa Ruíz, Olga PatriciaFavor
26 Sosa Salinas, José de la LuzFavor
27 Teissier Zavala, Adriana PaulinaFavor
28 Torres Díaz, Elba LorenaAusente
29 Vargas Contreras, ErnestoAusente
30 Villegas González Héctor JoelAusente
Favor: 21
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 30
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Bernal Martínez, Mary CarmenFavor
2 Dekker Gómez, Clementina MartaFavor
3 Domínguez Vázquez, Claudia AngélicaAusente
4 Favela Peñuñuri, FranciscoAusente
5 Femat Bañuelos, AlfredoFavor
6 Fernández Noroña, GerardoFavor
7 Garay Ulloa, SilvanoFavor
8 García García, MargaritaFavor
9 García Grande, Ana RuthFavor
10 González Morales, HildelisaFavor
11 González Soto, SantiagoFavor
12 González Yáñez, ÓscarAusente
13 Guevara Espinoza, Ana GabrielaFavor
14 Huacus Esquivel, Francisco JavierFavor
15 Jiménez Pérez, María RoseliaFavor
16 Lastra Muñoz, Claudia ElenaAusente
17 Manzanilla Téllez, EmilioAusente
18 Martínez Ruiz, MaribelFavor
19 Marú Mejía, María TeresaAusente
20 Montalvo Luna, José LuisAusente
21 Porras Domínguez, AlfredoFavor
22 Reyes Ledesma, ArmandoFavor
23 Roblero Gordillo, MaricruzFavor
24 Robles Montoya, Ángel BenjamínFavor
25 Rojo Pimentel, Ana KarinaFavor
26 Sánchez García, LizethFavor
27 Sandoval Flores, ReginaldoFavor
28 Vázquez García, DioniciaAusente
Favor: 20
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 28
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Bravo Padilla, Itzcoatl TonatiuhFavor
2 Cheja Alfaro, Jacobo DavidFavor
3 Contreras González, Lourdes CeleniaFavor
4 Espinoza Cárdenas, Juan MartínFavor
5 Esquer Gutiérrez, AlbertoAusente
6 Falomir Saenz, Alan JesúsFavor
7 García Lara, Jorge AlcibíadesFavor
8 Gómez Maldonado, Maiella Martha GabrielaFavor
9 González Anaya, María LibierFavor
10 González García, Ana PriscilaFavor
11 Herrera Vega, Geraldina IsabelFavor
12 Ku Escalante, Kehila AbigailFavor
13 Loya Hernández, Fabiola Raquel GuadalupeFavor
14 Lozano Mac Donald, PilarFavor
15 Macías Rábago, JulietaFavor
16 Medina Ortíz, Adriana GabrielaAusente
17 Méndez De La Luz Dauzón, Dulce MaríaFavor
18 Prudencio González, Carmen JuliaFavor
19 Ramírez Salcido, Juan FranciscoFavor
20 Ramos Tamez, Mario AlbertoFavor
21 Rodríguez Carrillo, Mario AlbertoFavor
22 Rodríguez Vázquez, ArielFavor
23 Ron Ramos, EduardoFavor
24 Russo Salido, Jorge EugenioFavor
25 Salinas Reyes, RuthFavor
26 Tagle Martínez, Martha AngélicaFavor
27 Villarreal Salazar, Juan CarlosFavor
28 Zamudio Macias, Martha AngélicaFavor
Favor: 26
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 28
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguilera Rojas, José GuadalupeFavor
2 Alcalá Padilla, AbrilFavor
3 Almaguer Pardo, Ma. GuadalupeFavor
4 Almeida López, MónicaAusente
5 Bautista Rodríguez, MónicaFavor
6 Esparza Márquez, Frida AlejandraFavor
7 Gallardo Cardona, José RicardoFavor
8 García Corpus, Teófilo ManuelFavor
9 García Gutiérrez, RaymundoFavor
10 Juárez Piña, Verónica BeatrizFavor
11 Ortega Martínez, AntonioFavor
12 Reyes Carmona, EmmanuelFavor
13 Reyes Montiel, ClaudiaFavor
14 Rodríguez Zamora, Norma AzucenaFavor
15 Rosas Martínez, Luz EstefaníaFavor
16 Salinas Narváez, JavierFavor
17 Serrano Cortes, HéctorAusente
18 Toledo Gutiérrez, Mauricio AlonsoFavor
19 Torres Piña, CarlosFavor
20 Villafuerte Zavala, LiliaFavor
Favor: 18
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 20
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Alcántara Núñez, Jesús SergioContra
2 Bautista Villegas, OscarContra
3 Bugarín Cortés, Lyndiana ElizabethContra
4 Escobar y Vega, ArturoContra
5 Gómez Alcantar, Marco AntonioContra
6 Gómez Ordaz, Leticia MarianaAusente
7 González Martínez, Jorge EmilioAusente
8 Manrique Guevara, BeatrizAusente
9 Puente Salas, Carlos AlbertoContra
10 Rayo Martínez, RogelioContra
11 Vidal Peniche, Jesús CarlosContra
Favor: 0
Contra: 8
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Morales Vázquez, Carlos AlbertoFavor
2 Riojas Martínez, Ana LuciaFavor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2