«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Para la consolidación de cualquier régimen político democrático se hace indispensable el respaldo de una cultura política democrática. Pero, en México ¿vivimos dentro de un sistema democrático? ¿Cómo es la cultura política de los mexicanos? ¿Realmente en nuestro país tenemos una cultura política democrática? ¿Quién se ha encargado de construirla? ¿La transición política trajo consigo una cultura política democrática? ¿A qué se debe la poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones? ¿A la falta de espacios para decidir? ¿Al poco interés de la mayoría de la gente por la política?

A lo largo de nuestra historia del siglo XX hemos vivido en México dentro de un sistema político autoritario y vertical. Nuestra cultura política consistió en el compadrazgo, el corporativismo, el clientelismo, la tranza, el dedazo, el chayotazo, la mordida, el preciso, la línea, el tapado, la cargaday la negociación política entre actores políticos que no rendían cuentas a nadie. Debido a esa forma de hacer y percibir a la política, hoy nos encontramos ante un serio problema de cómo es que percibimos a la democracia cuando aún contamos con una serie de valores que son antidemocráticos y que por su misma naturaleza ponen en riesgo nuestra incipiente democracia. Además de la desconfianza existente en las instituciones más importantes que son las encargadas de construir la cultura política democrática.

En México es difícil hablar de una consolidación de la democracia. Porque el hecho de darnos cuenta que por medio del proceso electoral podemos cambiar de gobernantes, no indica que hayamos adquirido una cultura política democrática. Es más, contar con elecciones limpias, transparentes, competitivas, con un sistema electoral fuerte y un sistema de partidos plural, no es garantía de que nuestra percepción con respecto a la política haya cambiado en su totalidad.

La importancia del estudio de la cultura política democrática en México radica en que mientras mayor información tengamos nos será más fácil diseñar políticas públicas de cualquier índole, pero sobre todo políticas públicas de fomento a la participación ciudadana y a la toma democrática de las decisiones que conciernen a todos los mexicanos. Finalmente, somos los ciudadanos quienes construimos la democracia.

Para entender mejor lo que consideramos cultura política democrática diremos que:

“Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura política...Los componentes que debe contener una cultura política democrática son: 1) La ciudadanía. Entendida ésta como un conjunto de personas que usan su razón, son libres e iguales ante la ley y que le dan legitimidad al poder; 2) La participación. Se entiende por participación a este conjunto de personas que tienen la capacidad para nombrar a sus representantes y al mismo tiempo defender sus derechos y participar de los asuntos públicos; 3) Sociedad abierta, activa y deliberativa; 4) La secularización. Una cultura que se seculariza es aquella en la que las creencias, sentimientos, concepciones y actitudes hacia los objetos políticos van dejando de estar ligados a estilos ideológicos rígidos y dogmáticos que dependen de una voluntad ajena, para abrirse a toda clase de información y convertirse en seculares, vale decir, conscientes, pragmáticos y multivalorativos, esto es, sujetos al libre albedrío y tolerantes frente al flujo de los cambios; 5) Competencia; 6) Legalidad; 7) Pluralidad; 8) Cooperación y 9) Una autoridad políticamente responsable.”

A grandes rasgos estos son los componentes indispensables para construir una sociedad democrática y una cultura política democrática. En este sentido es importante señalar que una sociedad plenamente democrática es aquella donde los ciudadanos participan de forma libre, autónoma y sin condicionamientos por medio de organizaciones ciudadanas, que no están sujetas a condicionamientos de cualquier gobierno o partido político.

En la actualidad, es indispensable contar con una cultura cívica que respalde los esfuerzos institucionales por construir ciudadanía. Nuestro país está inmerso en una dinámica democrática que exige la amplia e informada participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, sin embargo, en ocasiones la falta de una cultura cívica y de buenas prácticas urbanas nos impide participar plenamente y con conocimiento de los temas de las agendas públicas.

Por cultura cívica entendemos todos aquellos aspectos de la cultura política que tienen que ver con el sistema político, sus valores, instituciones y formas de organización política. Por buenas prácticas urbanas entendemos todas aquellas actitudes y comportamientos que las personas tenemos en la vía pública y con relación a la convivencia entre vecinos y respeto a las autoridades gubernamentales; respeto de leyes y reglamentos, uso adecuado de servicios públicos, cultura del cuidado del medio ambiente, etcétera.

La cultura cívica implica varios temas que a continuación se señalan:

• Construcción de ciudadanía política, económica, social y cultural.

• La participación ciudadana en los asuntos públicos.

• Sociedad plural, activa y deliberativa.

• Cultura de la legalidad.

• Aceptación de la pluralidad como elemento básico democrático.

• Cooperación para solucionar conflictos.

• Una autoridad políticamente responsable.

Con respecto a la ciudadanía, es importante señalar que no sólo es un hecho que se dé por sentado por simplemente alcanzar una cierta edad y tener una honesta forma de vivir; también es un concepto que se construye por medio de acciones concretas en diferentes ámbitos de la vida de la población de un estado. Estos ámbitos son lo social, lo económico y lo político.

Desde el punto de vista de la ciudadanía social podemos decir que se construye por medio de una sólida educación cívica, con valores que tiene que ver con el respeto al otro, al medio ambiente, a las diferencias por cuestiones de raza, género, credo religioso, preferencia sexual o ideología política, entre otros temas. Esta educación cívica y los valores que implica y profundiza, nos ayudan a tener un comportamiento ético tanto en el ámbito de lo privado como de lo público. En el ámbito público como servidores públicos o como ciudadanos nos ayuda a hacer lo correcto, a conocer leyes y reglamentos, a tener conciencia de la importancia del respeto hacia los otros. En el ámbito de lo privado nos enseña a respetar lo que es diferente a nosotros y a tener una sana convivencia. En pocas palabras podemos decir que la ciudadanía social construye democracia social y crea sociedades más horizontales en términos de igualdad de derechos y de oportunidades.

La ciudadanía económica implica el desarrollo de las propias capacidades para salir adelante por nuestros propios medios, con base en nuestras cualidades y recursos materiales, intelectuales y hasta de lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. La ciudadanía económica implica la independencia financiera para no depender de la política social y así no ser susceptibles de condicionamientos político-electorales.

Por último, la ciudadanía política obedece a la construcción de una cultura política democrática (ya que vivimos en un régimen político democrático) con valores y prácticas democráticas. Estos valores y prácticas democráticas implican la participación libre, autónoma e informada de la ciudadanía (ya sea de forma individual por medio de organizaciones de la sociedad civil) en los asuntos públicos, en la conformación de las agendas públicas y como garantes de vigilar las acciones de gobierno y así estar al pendiente que los recursos públicos se usen con eficiencia, eficacia y honestidad, con transparencia y por medio de la rendición de cuentas.

En términos generales, podemos decir que para que la ciudadanía sea plena se requieren tres factores fundamentales:

• Valores cívicos (ciudadanía social)

• Independencia financiera (ciudadanía económica)

• Participación en los asuntos públicos (ciudadanía política)

Esta triada por sí misma implica un proceso de construcción, ningún ordenamiento jurídico construye ciudadanía, pero sí sientan las bases legales para que los distintos tipos de ciudadanía se construyan. Aquí es importante resaltar que la ciudadanía se construye, por medio de un marco jurídico adecuado y a través de programas que difundan valores, acciones e interioricen conceptos clave para el proceso de construcción; en pocas palabras, la ciudadanía conlleva un proceso de educar o de reeducar si se quiere ver así, a las personas y alejarlas de atavismos culturales propios de una sociedad autoritaria.

Todos estos temas son de fundamental importancia para construir sociedades más colaborativas entre autoridades gubernamentales y ciudadanos. Ya que en la actualidad debemos entender que el gobierno ha dejado de ser el gran proveedor de bienes y servicios, y ha pasado a ser un catalizador que activa a las instituciones y a las organizaciones públicas y privadas para que en colaboración solucionen los temas de la agenda pública.

En este sentido, los gobiernos deben estar enfocados en dar resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de la población. Y este es parte de un nuevo esquema de gobierno: gobiernos de resultados.

Y para dar buenos resultados que satisfagan las demandas ciudadanas, es indispensable identificar causas que generan un problema y los efectos negativos que conlleva, así como posibles vías de solución. Y en el caso del tema que nos convoca en el presente decreto, identificamos el problema y la solución de la siguiente forma:

La idea central del presente proyecto de decreto es construir un Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática, el cual tendrá como objetivo principal, coordinar el trabajo para crear una estrategia nacional de fomento y difusión de la cultura política democrática, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana, entre diferentes entes públicos, que ya tienen por ley, dicha responsabilidad y que, sin embargo, lo hacen de forma aislada.

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Único. Se adicionan ocho párrafos al artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para quedar como sigue:

Artículo 38.

Para que la coordinación sea efectiva, se instalará un Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática. Dicho Comité, estará integrado por el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Gobernación, los partidos políticos con registro nacional y la Secretaría de Cultura, quien será la encargada de presidir al Comité.

El objetivo del Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática, será construir y, en su caso, aprobar e implementar la Estrategia Nacional para fomentar y difundir la cultura política democrática, la construcción de ciudadanía, los valores cívicos y la participación ciudadana.

El Instituto Nacional Electoral difundirá los acuerdos del Comité Coordinador con los organismos públicos locales, para que a su vez estos implementen en sus respectivas entidades federativas, la Estrategia Nacional.

La Estrategia Nacional será una política pública que se difundirá por medio de cursos, talleres, seminarios, coloquios, conferencias, pláticas en escuelas de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior, publicaciones impresas y electrónicas, cápsulas de televisión, radio, redes sociales y cualquier otro medio que sirva para tal fin.

El Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática, dentro de su proceso de planeación, diseñará e implementará indicadores para medir el avance e impacto de la Estrategia Nacional.

El Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática, sesionará por lo menos cada dos meses y al año un mínimo de seis ocasiones. Las convocatorias a las sesiones deberán estar firmadas por el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural quien presidirá el Comité.

El Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática, contará con un secretario ejecutivo, el cual tendrá las funciones técnicas y operativas del Comité; durará en su encargo cuatro años y será designado por el titular de la Secretaría de Cultura.

Los titulares de los entes públicos arriba mencionados, designarán a un funcionario con nivel de Subsecretario o el equivalente para representarlos en el Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática. En el caso de los partidos políticos, designarán como representante a quien dentro de su Comité Ejecutivo Nacional, se encargue de la promoción y difusión de la cultura cívica o en su caso a quien designen.

Primero.El Comité se instalará a más tardar a los 60 días de haber entrado en vigor la presente ley.

El titular de la Secretaría de Cultura será el encargado de proveer los recursos necesarios para que el Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática cumpla con su objetivo, en un lapso no mayor a 60 días una vez instalado el Comité. Asimismo designar al titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador.

Segundo. La Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática, elaborará un proyecto de reglamento para dar funcionalidad y operatividad al Comité, mismo que será aprobado en la primera sesión de Comité Coordinador para el Fomento de la Cultura Democrática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca,Ariel Rodríguez Vázquez, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Higinio del Toro Pérez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, suscrita por el diputado Raúl Gracia Guzmán e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gracia Guzmán, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al tenor de lo siguiente:

1. En México, se estima que 7 por ciento de la población cuenta con una póliza de seguros de gastos médicos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (Condusef) señala que, de los 18 millones 876 mil 834 usuarios que cuentan con algún tipo de seguro, el 27 por ciento contrató un seguro de gastos médicos.

2. Las personas que cuentan con protección de alguna institución de seguridad social es de 77 por ciento, mientras que el porcentaje restante tiene que recurrir a sus ingresos para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad o padecimiento:

2

3. Referente a las personas que no cuentan con seguridad social la Condusef hace énfasis en que, “del 23 por ciento de la población sin seguridad social, SÓLO EL 7 por ciento tiene contratada una póliza de gastos médicos”. Por otro lado, para un tratamiento médico o alguna consulta las personas que no cuentan con seguridad social destinan en promedio el $3,786 pesos al año, lo que representa el 9 por ciento del ingreso promedio anual, sin embargo, para las personas con menores ingresos podría representar hasta un 51 por ciento de su ingreso. (Comisión, 2017)

(Comisión, 2017)

4. Las personas que pueden adquirir un seguro de gastos médicos se ha incrementado de manera constante, de acuerdo a la Condusef se ha presentado el aumento en una tasa media del 9 por ciento al pasar de 4 a 10.8 MILLONES, en promedio, el 70 por ciento son pólizas contratadas por empresas públicas o privadas (colectivos).

(Comisión, 2017)

Si comparamos la población total con el número de personas que cuenta con una póliza de seguros de gastos médicos, estos son los resultados:

En 2016, de los 122 millones de personas SÓLO EL 8.8 por ciento cuenta con un producto de gastos médicos mayores* y 17.3 millones no cuentan con algún tipo de servicio de salud.

(Comisión, 2017)

La edad promedio de las personas que adquieren un seguro de gastos médicos es de 32 años, el 48 por ciento son hombres y 52 por ciento mujeres. El 50 por ciento se encuentran entre los 25 y 50 años de edad.

(Comisión, 2017)

Para la contratación de un seguro de gastos médicos, se toman cinco aspectos a evaluar que son:

• La cobertura ya que esta depende de la edad y el número de personas que amparara la póliza.

• El monto del seguro.

• El coaseguro

• La prima

• El deducible

5. Respecto a quiénes pueden comprar un seguro de gastos médicos, en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera se indica que el 73.1 por ciento de adultos no cuenta con algún tipo de seguro, principalmente porque los consideran muy caros. Lo cual es muy lógico ya que cotizaciones en internet de un seguro de gastos médicos mayores para un hombre residente en la Ciudad de México de 60 años en promedio tiene un costo de $51,000.00.

Lo anterior, muestra lo complejo que puede ser el adquirir un seguro de gastos médicos y que una persona adulta lo pueda pagar, ya que representa un alto costo y con el tiempo estos incrementan su precio a cifras desproporcionadas.

Es decir, a pesar de que el contratante sea un cliente estable que todos los años pague su seguro, éste no va a detener su costo, sino al contrario, se irá incrementando, lo cual genera una contradicción ya que México tiene una de las tasas de pobreza en la vejez más elevadas dentro de la OCDE. Cerca de 66 por ciento del total de la población de más de 65 años de edad (8.6 millones de mexicanos) no tiene acceso a una pensión y cuatro millones viven en situación de pobreza.

Consideraciones

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Las personas mayores de 60 años se encuentran entre las más vulnerables, es un sector de la población que en ocasiones sufre el olvido de sus familiares y el abandono de las instituciones del gobierno. Este sector de la población, no puede adquirir un seguro de gastos médicos ya que su poder adquisitivo es muchísimo menor al que podía tener siendo joven o una persona en edad productiva. El costo que tienen los seguros de gatos médicos incrementan de acuerdo a la exposición a riesgo que pueda tener una persona, es decir, las personas adultas por su edad y sus condiciones económicas son más propensas a contraer una enfermedad o padecimiento que les impida desarrollar una actividad laboral para solventar el pago de una prima de seguros de gastos médicos mayores.

En este sentido, es pertinente mencionar que, en edad productiva, las pólizas de gastos médicos mayores tienen un menor costo pues la exposición a riesgos es menor dado que es poco frecuente que se presenten padecimientos o enfermedades en esa edad.

III. Si bien es cierto en México se cuenta con cobertura universal de salud, es innegable que los hospitales públicos no tienen la capacidad de albergar a tantas personas y los hospitales privados son muy caros, uno de los principales objetivos de los seguros médicos es aliviar la carga monetaria que en algún momento se puede requerir, sin embargo, llegado cierto tiempo esta no cumple su función ya que el costo es muy elevado, entonces por un lado no se puede pagar un seguro y mucho menos la atención médica.

Teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano universal, el estado mexicano debe hacer todo el esfuerzo por garantizarlo, sin importar si es por un medio público o privado. En este tipo de responsabilidad del estado, no solo basta con que existan hospitales o medicinas si no también el hacerlo accesible a toda la población, es decir, incrementar la cobertura. Para lo anteriormente descrito el estado necesita cumplir determinadas características como lo son la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y adaptabilidad.

IV. Dentro de la presente iniciativa se aborda totalmente la característica de la de accesibilidad, desde el punto de vista económico. Ya que como en párrafos anteriores se ha expresado el 66 por ciento de las personas con más de 65 años viven en condiciones de pobreza, pues son condiciones naturales de la vida que la productividad económica disminuye al paso de los años. Con la presente iniciativa se busca aligerar la carga pecuniaria a los contratantes que han tenido su seguro durante un tiempo, pero que en determinado momento ya no pueden pagar más.

Para abundar más en el tema me permito citar lo dicho por el Comité de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales en su observación número 14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud” que a la letra señala: “Los pagos por servicios se atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.

La presente iniciativa tiene como objetivo proteger a los adultos mayores, los cuales pertenecen a los grupos vulnerables, por lo que el estado debe procurar en todo momento proteger y velar por el cumplimiento del derecho humano a la salud. Cabe mencionar que en la anterior Legislatura LXIII, ya había manifestado la necesidad de legislar en esta materia presentando una iniciativa similar la cual tenía el mismo espíritu, sin embargo, las condiciones políticas que se presentaron en el último año de la legislatura en referencia, no permitieron se dictaminara dicha iniciativa en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adiciona el artículo 37 Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue

Artículo 37 Bis. En los seguros de vida, en los de accidentes y enfermedades, así como en los de daños, cuando el contratante sume al día de la contratación la cifra de 75 años entre su edad y los años que tiene contratando el mismo seguro, la prima máxima será la que resulte del promedio anual del costo actualizado con los años que haya pagado el contratante.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en El Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, recuperado de:

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/gastos-medicos/ 872-si-de-salud-se-trata revisión hecha el 12 de diciembre de 2018.

2 Simulador de Gastos Médicos Mayores Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170172/ Presentaci_n_a_Medios_-_Simulador_de_Gastos_M_dicos_Mayores.pdf revisión hecha el 15 de diciembre de 2018.

Fuentes consultadas

Comisión, S. d. (noviembre de 2017). Simulador de Gastos Médicos Mayores Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Obtenido de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170172/ Presentaci_n_a_Medios_-_Simulador_de_Gastos_M_dicos_Mayores.pdf

Condusef, C. N. (2018). Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Obtenido de

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/gastos-medicos/ 872-si-de-salud-se-trata

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018.— Diputados y dipudas: Raúl Gracia Guzmán, Raúl Gracia Guzmán, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El 30 de noviembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante el cual, entre otros, se introdujeron dos nuevas figuras en su estructura:

• Delegaciones de Programas para el Desarrollo

• Coordinación General de Programas para el Desarrollo

En el artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las facultades de dichas figuras:

Artículo 17 Ter. El Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

Para la coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en la implementación de las funciones descritas en este artículo, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República.

Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán adscritas, jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la Secretaría a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

En el decreto, no se estipulan los requisitos técnicos, profesionales o méritos con los que deben contar aquellos que desempeñarán los cargos de coordinador general o delegados de programas para el desarrollo, dando así un amplio margen al titular del Poder Ejecutivo para habilitar en esas posiciones a personas con perfiles políticos.

Lo anterior, se refuerza si consideramos que, los perfiles designados para realizar esas funciones son actores políticos clave para la coalición política gobernante, como excandidatos al gobierno de su Estado, aspirantes a la gubernatura, fundadores del partido político, militantes y familiares de los mismos.

Hasta el momento, las designaciones realizadas por el Ejecutivo Federal son las siguientes:

Coordinador General de Programas para el Desarrollo

Nombre: Maestro Gabriel García Hernández.

Perfil

• Senador de representación con licencia por Morena (2018-2024)

• Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Distrito Federal (2000-2005, durante la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador).

• Apoderado Legal de Honestidad Valiente A.C. (Organización encargada de recibir donativos y aportaciones del entonces Candidato Presidencial Andrés Manuel López Obrador)

• Secretario Nacional de Organización en Morena.

• Enlace de Morena en Michoacán

• Secretario Técnico del Consejo Nacional de Morena

• Coordinador Técnico de la Defensa del Voto en la Campaña del Candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador (2012).

• Licenciado en Economía por la UNAM.

• Maestro en Finanzas Públicas por el INAP.

Delegados de Programas para el Desarrollo

Antes de la publicación del decreto de reforma a la Ley Orgánica existían alrededor de 2 mil 300 oficinas, entre delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los Estados, que contaban con más de 5 mil 300 atribuciones previstas en la legislación y otras disposiciones aplicables.

Ahora, todo el cumulo de oficinas y atribuciones que existían, especialmente, aquellas funciones relativas a la atención ciudadana, supervisión de los servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades federales, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, se concentrarán en solo 32 Delegaciones de Programas para el Desarrollo.

Claramente, los personajes que ocupan tanto la Coordinación General como las Delegaciones de Programas para el Desarrollo son perfiles políticos, incluso algunos de ellos cuestionados en su trayectoria, y que, además, se ha visibilizado el gran número de facultades y recursos que se concentran en una sola persona, podemos dar cuenta de que se pone en peligro el principio de equidad en la competencia entre los partidos políticos, previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional:

Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Lo anterior toda vez que, los actores políticos que ostentan dichos cargos tendrán acceso a una mayor exposición mediática, a recursos públicos, personal e información de beneficiarios, que, a pesar de ser acciones prohibidas por la ley, se pueden llevar a cabo, al no existir mecanismos de control para evitarlas.

El artículo 41 constitucional fracción II establece, entre otros, que la ley debe garantizar la que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Dicho mandamiento implica que el legislador debe velar porque ningún partido tenga una ventaja sobre sus demás competidores.

La Convención Americana de los Derechos Humanos, reitera lo establecido en nuestra Constitución, en su artículo 23, numeral 1, inciso c):

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) y b)...

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

...

Por otro lado, las figuras motivo de esta iniciativa, ponen en peligro el pacto federal, cuya protección se encuentra en el artículo 40 constitucional:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Ello es así, ya que, un gran número de actores políticos que actúan como Delegados han sido o serán candidatos a la gubernatura de sus respectivos estados, dotándoseles de herramientas legales e institucionales, que les permiten instituirse, básicamente, como un poder intermedio entre la Federación y los Gobiernos Estatales.

Al no existir, mecanismos de coordinación entre los Delegados y los Poderes Estatales, ni alguna obligación expresa de trabajar de manera conjunta, se da un amplio margen a los titulares de las Delegaciones para ejercer los recursos públicos federales a su cargo, de la manera en que ellos considere conveniente.

Lo mismo, sucede con el Coordinador General, quien cuenta con un amplio margen de discrecionalidad político, económico y administrativo en las 32 entidades federativas, sin que exista un mecanismo de control político constitucional que puede limitarlo.

Con lo anterior, no solo se pone en peligro el pacto federal, sino también el principio de división de poderes, previsto en el artículo 49 constitucional:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo yJudicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

La Suprema de Corte de Justicia ha expresado, respecto al principio de división de poderes, que éste exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional, y que si con motivo de la distribución de funciones establecida por el Constituyente se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes, tal situación transgrede el principio de división de poderes.

Si bien es cierto que, lo que antes se encontraba disperso en diferentes personajes, ahora se concentra en un solo delegado o delegada, esta disposición no crea funciones nuevas, sino conlleva a una concentración de poder político y presupuestal en una sola persona, la cual, invariablemente, será actor político relevante en la entidad federativa. Esta condición puede producir distorsiones en el sistema de competencias previsto en las Constituciones Federales y Estatales, por lo que sería necesario generar mecanismos que aseguren el sistema de pesos y contrapesos que implica el principio de división de poderes.

Por último, recientemente, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, expresó la intención de proponer una iniciativa de ley para prohibir a ex funcionarios trabajar en empresas particulares durante los diez años posteriores al abandono del cargo público. Ello, con el objetivo de evitar conflictos de interés.

Dicho razonamiento puede aplicar análogamente a los Delegados de Programas para el Desarrollo, lo que lleva a proponer la prohibición de competir como candidato o candidatas a la gubernatura de los Estados en los que se encuentren ejerciendo su encomienda, excepto que se haya separado de su encargo, 3 años antes de la fecha de la elección. Con ello se reduce drásticamente, la posibilidad de hacer uso electoral de dicho cargo.

Por todo lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones:

• Insertar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las y los titulares de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán impedidos de participar como candidatos y candidatas a diputaciones federales o senadurías, a menos que se separen definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección, asegurando de esta manera, que no se hará uso electoral de los recursos y facultades a su cargo.

• Establecer la prohibición constitucional, en el artículo 116, de que las y los Delegados de Programas para el Desarrollo participen como candidatos y candidatas a la Gubernatura del Estado donde ejerzan su encomienda, a menos que se separen 3 años antes de dicho encargo. Ello para asegurar que dicho cargo no tenga un fin electoral.

• Establecer expresamente en artículo 108 constitucional que las y los Delegados de Programas para el Desarrollo serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, asegurando así la responsabilidad de las y los Delegados en el manejo de los recursos a su cargo.

• Insertar en los artículos 76, 78 y 89 constitucionales que el o la titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, deberá ser ratificado por el Senado de la República, toda vez que esta soberanía representa el pacto federal. De esta manera se establece un control político al Ejecutivo, por parte del poder legislativo, cumpliéndose así con el principio de división de poderes, que implica el establecimiento de mecanismos de equilibrio, a través de pesos y contrapesos, que eviten la distorsión o consolidación de un poder en detrimento de otro.

• Establecer en el artículo 69 constitucional que las Cámaras podrán llamar a comparecer al titular de la Coordinación General y a las y los Delegados de Programas y Proyectos, para informar acerca de los motivos o razones que, en su caso, den pie al llamamiento. Dicho ejercicio con el objetivo de habilitar mecanismos de control político, transparencia y rendición de cuentas, a cargo del poder legislativo.

• Establecer en el artículo 93 que el o la titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dará cuenta al Congreso del estado que guarden sus asuntos; que podrá ser convocado para que informe bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que responda a interpelaciones o preguntas; podrá ser investigado por comisiones de investigación creadas para ese fin por cualquiera de las Cámaras; y que le podrá ser requerida información o documentación mediante pregunta por escrito.

• Establecer un transitorio por el que se determine un máximo de 30 días para que el Congreso reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que en ella se establezcan de manera clara y precisa, las facultades con las que contará el o la titular de la Coordinación General y las y los Delegados de Programas para el Desarrollo, los mecanismos de coordinación que establecerán con los gobernadores de las Entidades Federativas, así como las modificaciones pertinentes que se deriven de este decreto. Asimismo, el Congreso, deberá modificar la legislación electoral, a fin de que se consideren las modificaciones producto de este decreto.

• Establecer un transitorio por el que se brinde un plazo máximo de 30 días, a los Congresos Estatales a fin de que puedan armonizar Constitución Local y su legislación electoral con el contenido de esta reforma.

• Establecer un transitorio más, por el que se ordene armonizar el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la Comisión Permanente; así como el Reglamento del Senado de la República en lo relativo a ratificaciones y comparecencia.

A continuación, se hace un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar al texto constitucional materia de la presente iniciativa:

Así, ante lo expuesto, fundado y motivado, me permito presentar a consideración de esta Cámara la iniciativa con el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.Se reforman los artículos 55, 69, 76, 78, 89, 93, 108 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. a IV ...

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

...

...

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, las personas titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI. ...

VII. ...

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

...

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III a la XIV ...

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

...

I. a VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de la persona Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII...

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. ...

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover al Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado , la persona Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. Nombrar, con la ratificación de la Cámara de Diputados, a las y los empleados superiores de Hacienda, y con la aprobación del Senado, al Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, a los embajadores, cónsules generales y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

IV a la XX...

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. De la misma manera lo hará la persona titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo del estado que guarden sus actividades.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a la persona Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados , y empresas de participación estatal mayoritaria y al Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias , al Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Los ejecutivos de las entidades federativas, las personas titulares de las delegaciones de programas para el desarrollo,los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

...

...

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

...

...

...

a)...

b)...

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa y no ser titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo, a menos que se separe definitivamente de su cargo tres años antes del día de la elección.

II a la IX...

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión tendrá un máximo de 30 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y establecer de manera clara y precisa, los requisitos técnicos y profesionales que deberá reunir la persona titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y las y los titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, así como sus facultades y los mecanismos de coordinación que establecerán con los gobernadores de las entidades federativas.

De la misma manera, el Congreso de la Unión contará con un máximo de 30 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, para reformar la legislación electoral conforme a las modificaciones producto de este decreto.

Tercero.Los Congresos de los Estados contarán con un máximo de 30 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, para modificar sus Constituciones Estatales y legislación electoral, a fin de armonizarlas con el contenido de este decreto.

Cuarto.El Congreso de la Unión tendrá un máximo de 30 días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto, para armonizar su reglamentación interna con el contenido de este decreto.

Notas

1 Portal Oficial de la Presidencia de la República, Directorio, consultado el 31 de enero del 2019 en

https://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabriel-garcia-hernandez

2 Sistema de Información Legislativa, Secretaría de Gobernación, García Hernández, Gabriel, consultado el 31 de enero del 2019 en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php? SID=&Referencia=9223911

3 Animal Político, El SAT, impedido para transparentar información de Honestidad Valiente, consultado el 31 de enero de 2019 en

https://www.animalpolitico.com/2012/06/el-sat-impedido-para-transparentar- informacion-de-honestidad-valiente/

4 Animal Político, Expanistas, expriistas y viejos colaboradores: estos son los coordinadores de AMLO, consultado el 31 de enero de 2019 en

https://www.animalpolitico.com/2018/07/expanistas-expriistas-y-un- presunto-operador-del-crimen-estos-son-los-coordinadores-de-amlo/

5 La Jornada Baja California, Joime Bonilla será candidato a gobernador, confirma Leonel Godoy, consultado el 2 de febrero de 2019 en

http://jornadabc.mx/tijuana/21-01-2019/jaime-bonilla-sera-candidato- gobernador-confirma-leonel-godoy

6 Ibídem, Op. Cit., nota 4.

7 El Universal, Morena sanciona a superdelegado de Durango, consultado el 2 de febrero de 2019 en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-sanciona-superdelegado-de-durango

8 Ibídem, Op. Cit., nota 4.

9 Excélsior, Perfil: Irma Erendira Sandoval Ballesteros, consultado el 2 de febrero de 2019 en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/perfil-irma-erendira- sandoval-ballesteros/1281602

10 Ibídem, Op. Cit., nota 4.

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Sistema de Información Legislativa, Abdala Dartigues, Rodrigo, consultado el 2 de febrero de 2019 en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php? Referencia=9219490

14 Político.mx, Barbosa, Lozano, Banck y Doger podrían ser candidatos en Puebla, consultado el 2 de febrero en

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/ barbosa-lozano-islas-y-doger-podr%C3%AD-ser-candidatos-en-puebla/

15 Morena Sonora, Presentan Lily Téllez y Alfonso Durazo su equipo de campaña rumbo al Senado, consultado el 3 de febrero de 2018 en

http://morenasonora.org/presentan-lilly-tellez-y-alfonso-durazo-su- equipo-de-campana-rumbo-al-senado/

16 Morena, Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno de Selección de Candidatos/as a Presidentes Municipales por el Principio de Mayoría Relativa del Estado de Tamaulipas, para el Proceso Electoral 2017-2018. Consultado el 3 de febrero en

https://morena.si/wp-content/uploads/2018/04/DICTAMEN-DE-APROBACI%C3%93N- DE-PRESIDENTES-MUNICIPALES-TAMAULIPAS.pdf

17 Sistema de Información Legislativa, Declaratoria de Publicidad de los dictámenes De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consultado el 4 de febrero de 2019 en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/11/ asun_3776071_20181113_1542373705.pdf, pág. 104.

18 Semanario Judicial de la Federación, Tesis P./J. 111/2009 (9a.), División de poderes a nivel local. Dicho principio se transgrede si con motivo de la distribución de funciones establecidas por el legislador, se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes de la entidad federativa respectiva.

19 López Dóriga, Prohibirán a ex funcionarios trabajar en empresas particulares, consultado el 11 de febrero de 2019 en

https://lopezdoriga.com/nacional/prohibiran-a-ex-funcionarios-trabajar- en-empresas-particulares/ ?fbclid=IwAR1uF0gJmFIFCN0aI7bjD5aKN-Z6B2KBgIRDsuGCCj9vpqnQpItNqG-DeY0

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Dulce María Sauri Riancho, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Ariel Rodríguez Vázquez, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Carmen Julia Prudencio González, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzábal, Higinio del Toro Pérez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ivonne Liliana Álvarez García, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Ortiz Guarneros, Julieta Macías Rábago, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, María Marivel Solís Barrera, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Norma Adela Guel Saldívar, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Ruth Salinas Reyes, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 8o., 12 y 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Javier Julián Castañeda Pomposo diputado perteneciente a la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman: la fracción I del artículo 8, el artículo 12 y el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos que regulan los pagos por las entradas y salidas de los extranjeros que se internan al territorio nacional.

Ha sido relevante en materia de derechos implementar una política fiscal que sea un factor determinante para facilitar la prestación de los servicios públicos y el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación, por lo que es de suma importancia su actualización y mejoramiento permanente del marco jurídico fiscal que regula estas contribuciones.

En este orden de ideas, la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico que refleja las regulaciones y competencias del sector público, otorgando certeza jurídica y coadyuvando a la sistematización y transparencia en el cobro de dichas contribuciones, ya que los ciudadanos demandan la provisión de bienes y servicios públicos de manera eficiente.

En virtud de lo anterior, el suscrito estima conveniente continuar con las labores de actualización y adecuación del sustento fiscal de los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que se plantea modificaciones menores a dicho ordenamiento en materia migratoria.

De conformidad a la Ley de Migración, uno de los principios en que debe sustentarse la política migratoria del Estado Mexicano es la facilitación de la movilidad internacional de personas, a efecto de salvaguardar el orden y la seguridad, lo que a su vez fortalece la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública, fronteriza, regional y al combate contra el crimen organizado.

En virtud de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración está facultado para autorizar la renovación de algunas condiciones de estancia a los extranjeros que requieran permanecer más tiempo en nuestro país. En ese sentido, en la Ley Federal de Derechos se ha adicionado el concepto de cobro por Servicios Migratorios, los cuales en ocasiones se dejan en manos de intermediarios como lo son las empresas de transporte aéreo, toda vez que las líneas aéreas son las que tienen el primer contacto con el turista extranjero, aunado al hecho de que con posterioridad a la entrada del extranjero a territorio nacional se dificulta el cobro por parte de la autoridad migratoria, se ha propuesto, que previo a la prestación de los servicios, las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros recauden y enteren el derecho por la condición de estancia de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, así como el derecho por servicios migratorios a los extranjeros que arriben al país vía aérea, con lo cual se busca mejorar la captación de los recursos en la materia.

Por lo que se ha homologado la Ley Federal de Derechos con el Reglamento de la Ley General de Población, en el cual se establece el pago de derechos por servicios migratorios por la expedición de autorización para realizar actividades remuneradas.

Siendo esta contribución denominada DNR (Pago de Derecho de No Residente) que es el cobro que deben pagar los extranjeros al ingresar a México bajo la condición de estancia de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, que se efectúa al extranjero que viaja por vía aérea, marítima y terrestre, solo si su estancia en México es mayor a 7 días, si su entrada es vía aérea o marítima; la empresa de transporte aéreo  internacional de pasajeros realizará el cobro dentro del costo del boleto de avión o del boleto del barco, según sea el caso.

Al extranjero que viaja por vía terrestre, deberá pagar a través de las siguientes opciones:

a) Por vía internet.

b) En sucursal bancaria.

c) En los Módulos de Banjercito.

d) En los lugares en donde no exista módulo de Banjercito, podrá realizar el pago en efectivo ante el Agente Federal de Migración (AFM) en el lugar por donde ingrese al país, en donde le entregaran un “Comprobante de pago de Derechos Migratorios”; el cual deberá ser firmado por el AFM y el interesado, previa presentación del pasaporte y la Forma Migratoria Múltiple (FMM), para obtener el sello de validez.

En este orden de ideas, los extranjeros están obligados a pagar el derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuyo motivo de viaje pueden ser turismo, negocios u otros. Siendo esta contribución denominada DNR (Pago de Derecho de No Residente) que es el cobro que pagan los extranjeros al ingresar a México bajo la condición de estancia de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, por las vías de internación aérea, marítima y terrestre, la cuota para este pago durante el año 2018 fue de 533.00 pesos (quinientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional) por persona, la cual debe actualizarse cada año;  y en virtud de que para este año 2019 no sufrió modificación ni incremento alguno, es que el suscrito tiene a bien proponer a esta Soberanía la presenta iniciativa en modificar el monto a $855.00 pesos (ochocientos cincuenta y cinco pesos); la excepción a esta regla es para aquellos extranjeros que se internan al territorio nacional Vía Terrestre y por un periodo menor a los 7 días naturales.

Este ajuste a la cuota del derecho para la obtención de la condición de estancia de “visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR)”, se basa en que se debe considerar el costo que representa para el Instituto Nacional de Migración la atención del flujo migratorio en nuestro país.

Asimismo, es importante considerar que, con este aumento, se generaría un impacto directo en el sector turístico; toda vez que de lo recaudado por este cobro se distribuye actualmente de la siguiente manera, de conformidad al artículo 18-A de este mismo ordenamiento:

• 80% (ochenta por ciento) para el Consejo de Promoción Turística de México, por sus siglas (CPTM) y que se utiliza para la promoción turística del país, del cual transferirá el 10% (diez por ciento) de la recaudación total del derecho, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que esté determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

• El 20% (veinte por ciento), siendo el resto de los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

• Los ingresos que se destinen a Fonatur podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura, a que se refiere en dicho párrafo.

Por lo que, al aumentar la recaudación del DNR y de conformidad a los porcentajes señalados con anterioridad, contribuiría para la promoción turística del país, y al Instituto Nacional de Migración (INM) le beneficiaria para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, ya que como se señaló con anterioridad, con este incremento el INM obtendría más recursos para acciones de protección a migrantes, capacitación de agentes migratorios y de fortalecimiento institucional

Por lo que es necesario pasar de los 533 a los 855 pesos, a fin de mantener el poder adquisitivo en dólares; con la intención de que la misma sea congruente con el costo de los servicios migratorios, de igual forma compensaría la perdida de la depreciación cambiaria y la inflación de Estados Unidos en los últimos años, puesto que tres cuartas partes de los gastos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se realizan en moneda extranjera.

De esta manera se cobraría el equivalente a 46 dólares convertido al (tipo de cambio publicado en el DOF al 11/02/2019 para pagos de 19.08), encontrándose dentro del estándar que el promedio mundial cobra por este tipo de derechos.

Es importante enfatizar que, con este incremento, y como se ha dicho el porcentaje que se destina de la captación de estos recursos, se utilizan para fortalecer la promoción turística de México, que contribuye a incrementar la llegada de turistas internacionales cada año, mantener de manera sostenida los ingresos provenientes de las divisas turísticas y, sobre todo, generar fuentes de empleo ya que el desarrollo de los diversos destinos y localidades que dependen del turismo en México. Observando datos que emitió el Secretario de Turismo de la anterior administración federal, en 2017 México avanzo ocho posiciones en el rankin de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum, al pasar del lugar 30 en 2015 al lugar 22 en el 2017, señalo que al cierre de 2017, por 5to. Año consecutivo el turismo internacional en México registro cifras históricas, al recibir en los diferentes destinos, alrededor de 39 millones de turistas extranjeros, un crecimiento superior a 60 por ciento en los primeros cinco años del inicio de la administración anterior.

Todos los extranjeros que se internen a territorio nacional tienen que pagar el derecho establecido en la fracción I del Artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, que a la letra dice:

Artículo 8o. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas $533.15

Se propone modificar el monto a $855.00 pesos.

En otro orden de ideas, y a fin de igual manera fortalecer la recaudación del cobro de derechos; y con ello estar en posibilidades de obtener mayores recursos para enfrentar la atención del flujo migratorio a nuestro país, es que se propone adicionalmente, modificar el primer párrafo del Artículo 12 y el Articulo 18-A ambos de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de dotar al Instituto Nacional de Migración de autonomía presupuestaria y capacidad para modernizar su modelo de gestión.

Por lo que se propone modificar el primer párrafo del Artículo 12 de la Ley Federal de Derechos, que a la letra dice:

Artículo 12. Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de $74.41

Tratándose de pasajeros que abandonen el país vía aérea, el derecho previsto en este artículo, deberá ser recaudado y enterado por las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros.

Los prestadores del servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros a que se refiere el párrafo anterior, deberán enterar el pago mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria.

Y se propone modificar el monto al primer párrafo del Art. 12 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Artículo 12. ......................................... $380.00

En la siguiente tabla se señala la proyección de lo que podría recaudarse con los aumentos que se proponen en la presente iniciativa, relativos al cobro a extranjeros del pago de derechos por entradas y salidas a territorio nacional.

Se propone que el texto sobre la distribución de estos recursos se modifique para reflejar las nuevas prioridades y el posible destino de estos recursos. Una división en tercios que aumente la parte del INM y distribuya los otros dos tercios en forma equitativa en infraestructura y promoción turística puede ser considerada.

El estado de fuerza del Instituto Nacional de Migración (INM) es demasiado pequeño para atender el rango de responsabilidades que este tiene incluida la responsabilidad recaudatoria.

Por lo que se propone modificar el primer párrafo del artículo 18-A que a la letra dice:

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

Para quedar como sigue:

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 1/3 (un tercio) al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y los otros 2/3 (dos tercios) en forma equitativa al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

...

...

La supervisión de entradas y salidas de territorio nacional requiere de presencia permanente en los cientos de puntos de internación al país, con un despliegue de agentes y mandos medios que opere en forma óptima 24 horas 7 días de la semana. Al 31 de diciembre del 2017 el INM tenía 5,809 empleados de los cuales 5,097 son de confianza y 712 sindicalizados.

No es un asunto menor, la deficiencia del número de agentes, su capacitación y la ausencia de supervisores en la huella operativa del INM. Esta situación vulnera en forma grave la seguridad nacional y requiere que el INM tenga flexibilidad administrativa para enfrentar los retos cambiantes de los flujos migratorios ajustando su despliegue para atenderlos.

Toda proporción guardada, un ejemplo de esta situación, pude ser el análisis del despliegue de las organizaciones del gobierno que hacen las mismas funciones que el INM:

Es importante señalar que la comparación no es exacta, ya que tanto CBP (Custom and Border Protection) como ICE (Immigration and Customs Enforcement) llevan a cabo diversas actividades distintas a las migratorias, pero aun descontando estos factores, es notoria la importancia de estas organizaciones para el despliegue de seguridad nacional de los Estados Unidos, así como su capacidad operativa. Esto refleja entre otras cosas, una gran asimetría entre la gestión fronteriza / migratoria entre los dos países, la cual, en la práctica resulta disruptiva y dañina para México en términos de seguridad nacional y soberanía.

Al igual que la mayoría de los retos operativos del INM, la autonomía de gestión, que se requiere transita por la modificación del Artículo 19 de la Ley de Migración y un replanteamiento del INM como Órgano Descentralizado y no Desconcentrado de la Administración Pública Federal.

Comparativo

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman: la fracción I del artículo 8, el artículo 12 y el artículo 18-a de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Primero.Se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8o. ...

I. ......................................................... $855.00

Segundo.Se reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 12. Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de  $380.00

Tercero.Se reforma el primer párrafo del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 1/3 (un tercio) al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y los otros 2/3 (dos tercios) en forma equitativa al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

...

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Javier Julián Castañeda Pomposo, Jannet Tellez Infante, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

Planteamiento del Problema

A través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha garantizado la paridad de género y con el tiempo hemos visto avances sustanciales, muestra de ello es la conformación del Congreso de la Unión, donde la cantidad de legisladoras y legisladores es casi la misma. La Cámara de Diputados está integrada por 241 mujeres y 259 son hombres, es decir, las mujeres conforman el 48.2 por ciento de la composición de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado de la República, tenemos a 63 legisladoras y 65 legisladores, 49.2  por ciento son legisladoras que integran el Senado para la toma de decisiones en nuestro país.

A pesar de que estos avances muestran la inclusión de las mujeres en la vida pública y política como tomadoras de decisiones en nuestro país, aún se requiere esfuerzos legislativos que armonicen estos mandatos constitucionales en diversos ámbitos de nuestra legislación. Ejemplo de ello es la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en donde sus mesas directivas están conformadas mayoritariamente por mujeres, pero sus juntas de coordinación política están integradas en su totalidad por hombres, es decir, el máximo órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna a la Cámara de Senadores y Diputados, no cuenta con representación de ninguna mujer.

Por tal motivo, es prioritario que el Congreso de la Unión vele y sea congruente con las normas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos y el garantizar la paridad de género como un ejemplo a seguir por las diversas instituciones del país, aplicando este principio en la conformación de sus órganos de gobierno, comisiones, comités, en los servicios profesionales de carrera y para el caso específico de la Cámara de Diputados, en el personal de confianza, personal de base, personal externo y asesores especializados.

Argumentación

La paridad de género busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. La necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad.

Este precepto ha quedado plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su artículo 41, que garantiza la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, así mismo, establece la existencia de  reglas que garanticen dicha paridad.

No hay que olvidar que el artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en ellas y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte así como garantías para su protección; mientras que el artículo 4o. determina que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Como lo establece el Instituto Nacional Electoral, la participación de las mujeres en el ámbito político y público no sólo implica un aumento con relación a la integración de las cámaras, sino un avance en la implementación de acciones a favor de la igualdad, la eliminación de estereotipos y el mejoramiento de las condiciones de vida para las mujeres y los hombres de nuestro país.

El magistrado Salvador Nava Gomar establece que esta paridad de género debe permear en la postulación de todas las candidaturas para la integración de los órganos de  representación popular desde dos dimensiones:

a) Vertical: implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección popular tanto. En el caso de los ayuntamientos exige la  postulación de candidatos de un mismo  ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros.

b) Horizontal: exige  asegurar  la  paridad  en el  registro  de  las candidaturas  entre los diferentes  ayuntamientos que integran un Estado.

Las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la de Partidos Políticos (LGPP) están dispuestas las nuevas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de representación popular. El siguiente cuadro presenta los artículos de las legislaciones que tratan estos temas.

Sobre el tema de paridad de género

-Las fórmulas para senadurías y diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional deberán integrarse por personas del mismo género. Lo mismo sucede con las candidaturas independientes.

Artículo 14, numerales 4 y 5. Artículos 233, 234 y 36, LEGIPE

-Los pueblos y comunidades indígenas elegirán autoridades o representantes garantizando la participación de mujeres y hombres en condición de igualdad, respetando las normas de la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.

Artículo 26, numeral 4, LEGIPE.

-Es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas para integrar el Congreso de la Unión, los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículos 7, numeral 1, 232, numerales 3 y 2, LEGIPE.

-Los partidos políticos, el Instituto y los organismos públicos locales electorales, en el ámbito de sus competencias, podrán “rechazar el registro del número de candidaturas de género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la situación de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros”.

Artículos 232, numeral 4, y 241, LEGIPE.

-Es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros para integrar el Congreso de la Unión, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículos 3, numerales 4 y 5, y 25, inciso r, LEGIPE.

Fuente: Instituto Nacional Electoral https://igual-dad.ine. mx/ paridad-de-genero/

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 6, determina que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. En el caso de la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, su artículo 35 señala que la Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres para  ello, las autoridades correspondientes promoverán diversas acciones y entre ellas, promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos.

Es importante mencionar que no sólo existen lineamientos a nivel nacional que abordan temas de igualdad entre mujeres y hombre así como eliminación de cualquier forma de discriminación, sino que existen diversos tratados y convenios internacionales que respaldan estos temas. Tal es el caso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y estipula que los Estados Parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de facto de la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados.

En el mismo tenor, México, como país firmante de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, requiere realizar un informe periódico que detalla los avances o lineamientos que ha realizado para cumplir con sus compromisos en la materia. Dentro de las Observaciones realizadas por parte de la CEDAW a este último informe del 2018, se destaca especialmente la inquietud del Comité por la discriminación racial y por razón de género en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones estatales o municipales.

Si bien es cierto que se han dado avances en el tema, como en la actual conformación del Congreso de la Unión, que se encuentra casi en igualdad en término de numéricos, es decir, el número de legisladoras y legisladores es prácticamente el mismo. En ambas Cámaras la conformación de sus mesas directivas están integradas en su mayoría por mujeres legisladoras, sin embargo, llama la atención que la Junta de Coordinación Política, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, se conforma totalmente por hombres. Por lo tanto, las grandes decisiones en materia política que definen el rumbo de nuestro país, están depositado enteramente en una visión masculina por parte de los legisladores, sin contar con ninguna representación por parte de las mujeres.

No basta con decir que la paridad de género está casi garantizada sino que debe ser replicada, como ya se mencionó en la conformación de sus órganos de gobierno, comisiones, comités, en los servicios profesionales de carrera y para el caso específico de la Cámara de Diputados, en el personal de confianza, personal de base, personal externo y asesores especializados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente iniciativa:

Fundamento legal

La suscrita, Clementina Marta Dekker Gómez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de paridad de género.

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Primero. Se reforma el numeral 2 del artículo 15; numeral 1 del artículo 17; numerales 3 y 4 del artículo 43; numeral 1 del artículo 46; numeral 1 del artículo 57; numeral 2 del artículo 60; numeral 1 del artículo 62; inciso b) del numeral 2 del artículo 72; numeral 1 del artículo 81; numeral 1 del artículo 101; numerales 2 y 3 del artículo 104; numeral 2 del artículo 114; numeral 1 del artículo 117; inciso c) del numeral 2 del artículo 118, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 15.

1. ...

2. La Mesa de Decanos se integra por los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes los diputados electos que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes tres diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades. En todos los casos deberá respetarse el principio de paridad de género.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho. La integración de la Mesa Directiva se apegará en todo momento al principio de paridad de género. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

Artículo 43.

1. ...

2. ...

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. En todos los casos se deberá atender al principio de paridad de género, en sus dimensiones vertical y horizontal.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno, atienda al principio de paridad de género y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. ...

6. ...

7. ...

Artículo 46.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación, mismo que deberá atender el principio de paridad de género en su integración.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

Artículo 57.

1. Las normas y los procedimientos para la conformación de los servicios parlamentario y administrativo y financiero de carrera, atenderán al principio de paridad de género y se ajustarán a las siguientes bases:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

2. ...

3. ...

Artículo 60.

1. ...

2. La Mesa de Decanos se integra por los Senadores electos presentes que, en orden decreciente, hayan desempeñado con mayor antigüedad el cargo de Senador y deberá atender al principio de paridad de género. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá a favor de los de mayor edad.

3. ..

4. ...

5. ...

6. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

Artículo 62.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, deberá atender al principio de paridad de género, y seránelectos por mayoría absoluta de los senadores presentes, en votación por cédula.

2. ...

3. ...

Artículo 72.

1. ...

2. ...

a) ...

b) Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directivas. En los procesos de elección o designación, deberá atenderse el principio de paridad de género; y

c) ...

Artículo 81.

1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura. Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura, nombramientos que deberán atender el principio de paridad de género. En su ausencia el Coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar un Senador que lo represente.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

Artículo 101.

1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 8 Senadores y un máximo de 12, atendiendo al principio de paridad de género, con la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios.

Artículo 104.

1. ...

2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, atendiendo al principio de paridad de género. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes.

3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal que se refleje la proporción que representen en el pleno y se atienda el principio de paridad de género.

4. ...

Artículo 114.

1. ...

2. La Comisión de Estudios Legislativos elaborará el proyecto de Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado, que será aprobado por el pleno, mismo que deberá contener disposiciones que garanticen la paridad de género.

Artículo 117.

1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos. Las Cámaras deberán garantizar que, en los procedimientos de designación de los integrantes de la Comisión Permanente, se deberá atender el principio de paridad de género, en sus dimensiones vertical y horizontal.

2. ...

Artículo 118.

1. ...

2. ...

a) ...

b) ...

c) Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios; de estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores, dos serán mujeres y dos hombres.

Artículo Segundo. Se reforma el numeral 1 artículo 23; numeral 2, artículo 148, y fracción del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo 23.

1. Los grupos podrán contratar asesoría especializada y personal de confianza, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto aprueben, en su reglamento interior y atendiendo en todo momento el principio de paridad de género. Los pagos de honorarios, prestaciones y pasivo laboral de dicho personal se harán con cargo a las subvenciones de cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la Ley.

Artículo 148.

1. ...

2. Podrán además, en los casos que así lo amerita, tener personal de confianza y, en su caso, de base, que reúna el perfil de conocimiento requerido para cada tema atendiendo el principio de paridad de género.

Artículo 150.

1. ...

I. al XIV ...

XV. Designar y en su caso, proponer la contratación del Secretario Técnico y de los asesores parlamentarios, así como del personal de apoyo de la comisión o Comité, que deberá reunir el perfil del conocimiento requerido de cada tema y podrá ser del servicio de carrera, de base o externo atendiendo en todo momento el principio de paridad de género.

XVII al XVIII ...

2. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Cámaras contarán con un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las reformas correspondientes a sus reglamentos.

Tercero. Las Cámaras contarán con el plazo improrrogable de sesenta días para realizar las modificaciones correspondientes en la integración de sus órganos de gobierno, comisiones y comités.

Cuarto. En lo que se refiere a los Servicios Profesionales de Carrera, las Cámaras contarán con el plazo improrrogable de seis meses para realizar las modificaciones correspondientes a la normatividad interna y emitir las convocatorias correspondientes para dar cumplimiento al presente decreto.

Quinto. En lo que respecta a las modificaciones propuestas en el Reglamento de la Cámara de Diputados se contará con un plazo improrrogable de seis meses para realizar las modificaciones correspondientes a la normatividad interna

Notas

1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php

Asimismo, existen otras propuestas legislativas como la de la diputada Hortensia Aragón Castillo en la LXIII Legislatura

2 Solorio Almazán Ramiro (2014), Para entender la paridad de género, Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria, 71 pp

3 https://igualdad.ine.mx/paridad-de-genero/

4 http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw

5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2018), Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, 20 pp.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Clementina Marta Dekker Gómez,Ana Ruth García Grande, Claudia Elena Lastra Muñoz, Dionicia Vázquez García, Jannet Tellez Infante, Lizeth Sánchez García, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, Mariana Dunyaska García Rojas, Maribel Martínez Ruiz, Maricruz Roblero Gordillo, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el fortalecimiento de la independencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el ámbito académico y social de nuestro país, existe preocupación sobre la actividad jurisdiccional federal, específicamente en materia de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, disminución de vulnerabilidades por conflictos de interés, fortalecimiento de la autonomía entre poderes y reforzamiento del servicio de carrera judicial.

En este sentido, la designación de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial de la Federación juega un papel fundamental para impactar en todas esas áreas de mejora que han despertado el debate académico y parlamentario de los últimos años, fundamentando las iniciativas de distintas fuerzas políticas en la presente legislatura.

Así, los perfiles dispuestos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elegir a los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definen la correlación de fuerzas que se genera al interior del máximo tribunal del país, son causa de la calidad o deficiencia técnica que se despliega en las sentencias y, a partir de ello, pueden dañar o fortalecer la imagen del Poder Judicial de la Federación, la sensación de impunidad y la estabilidad constitucional del Estado Mexicano. Esto, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el foro que define los criterios constitucionales, equilibra las acciones de los supremos poderes constitucionales, define la vulnerabilidad del ciudadano injustamente afectado por los actos de autoridad amparándolo o negándole protección y dirime las controversias entre los órganos del poder público constituido definiendo el marco general de la impartición de justicia, abonando directamente a la percepción de justicia o impunidad, y generando la certidumbre que requiere ofrecer el país a sus ciudadanos y a los inversores, perfilando los alcances de nuestra democracia.

En este contexto de áreas de mejora y debido a la importancia del alto tribunal para marcar la pauta del ritmo de trabajo al resto del Poder Judicial de la Federación e indirectamente las tendencias de desarrollo institucional en los poderes judiciales locales, académicos como Miguel Carbonell sostienen con respecto a la impartición de justicia en nuestro país que hay “un clima de mala praxis, de desapego a la ley, con dilación procesal, de desatención a las víctimas u ofendidos (lo que representa graves violaciones a los derechos fundamentales) y con un ambiente de profunda corrupción. Aunado a esto, se añade la poca técnica jurídica y administrativa, así como la falta de actualización e insuficiencia del personal con que cuentan los tres niveles de gobierno para realizar la labor de procuración e impartición de justicia”.

En consecuencia, si bien es cierto que se deben reconocer los avances generados tras la reforma de 1995, la realidad nos indica que el México contemporáneo ha rebasado los logros generados hace más de 20 años y resulta necesario seguir avanzando en mejoras dentro del diseño institucional, buscando nuevos mecanismos y fórmulas desde el Poder Legislativo.

Atender estas necesidades, fortalecerá la independencia del Poder Judicial de la Federación brindando certidumbre a todos los actores sociales, políticos y económicos que confluyen e interactúan en México. Por ello, resulta necesario mejorar los perfiles de selección de ministros y ministras para favorecer el conocimiento técnico sobre las relaciones sociales, la experiencia judicial sobre los compromisos políticos y generar nuevos incentivos para que el servidor público de carrera judicial vea en la profesionalización, además de una mejor manera de desempeñarse, la posibilidad real de materializar sus legítimas aspiraciones a integrar el pleno de nuestro tribunal constitucional.

Las condiciones sociopolíticas de 1995 planteaban la necesidad de fortalecer con perspectivas diversas la integración del pleno, por ello, los mecanismos implícitos en la reforma hacían más accesible el ingreso de personas ajenas al servicio de carrera judicial. Sin embargo, hoy en día los mecanismos para fortalecer dicho sistema de profesionalización hacen viable y necesario propiciar un endurecimiento en los criterios constitucionales de elegibilidad para aprovechar el desarrollo fomentado en la carrera judicial y disminuir los cada vez más comunes dislates técnicos en algunas sentencias.

En este sentido, hoy se requiere la experiencia que el juzgador adquiere en los juzgados de distrito y tribunales federales para evitar desenlaces desafortunados como los sucedidos en casos como el de Florence Marie Louise Cassez Crépin en el que lo que técnicamente correspondía era una reposición del proceso pero la falta de técnica y exceso de vanidad orientó una sentencia que no permitió aclarar la participación de dicha persona en presuntos actos delictivos y re victimizó a secuestrados y familiares. Asimismo, vemos casos en los que por falta de criterio y experiencia se eluden las facultades de atracción, permitiendo por omisión la perpetración de impunidad o casos más escandalosos en los que se favorecen compromisos políticos como la reciente y desafortunada protección que la justicia federal hizo sobre presuntos responsables de desvío de recursos públicos en Chihuahua y el Gobierno Federal. Estos casos, técnicamente muestran como común denominador una ausencia de técnica evidentemente derivada de la falta de experiencia en el trabajo de tribunales y juzgados federales y políticamente proyectan un Poder Judicial de la Federación al servicio de intereses de grupo y vanidades particulares.

En este sentido, al Estado Mexicano le resulta cara la curva de aprendizaje de los miembros del pleno de la Suprema Corte que no tienen experiencia como juzgadores federales y que han sido formados exclusivamente en la burbuja protectora de la academia, el desapego social del litigio corporativo, la extraña disciplina de poderes judiciales sometidos a gobernadores de estados o la docilidad política del ministerio público y fiscalías administrativas en el Ejecutivo Federal.

La tendencia propiciada por el marco jurídico vigente llegó a ser advertida por el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, quien criticó dicha inercia en los últimos años de su vida, señalando que “juzgar según las leyes no equivale a aplicarlas mecánicamente a los casos concretos que se presenten. El juez tiene la obligación de interpretarlas para extraer su razón, esto es, su sentido normativo”.

Derivado de lo anterior, tenemos que los funcionarios de carrera que han sido designados como Ministros, bajaron de 9 en 1994 a 8 en 2003. Posteriormente, en 2006, se incorporaron dos ministros cuyas carreras habían transcurrido fuera de los juzgados, disminuyendo a 6 el número de ministros con carrera judicial, tendencia que siguió en 2010 cuando éste tipo de perfiles bajo a cinco espacios.

Dicha dinámica continuó hasta 2015, año en que se ha establecido el punto más bajo de perfiles con carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener únicamente 4 Ministros con dicha característica. Esto, representó un descenso de juzgadores profesionales del 81.80% del pleno a sólo el 36% en los últimos 20 años. Hoy en día, la proporción es de cinco ministros provenientes del servicio de carrera judicial federal contra seis ministros cuya primera experiencia en el Poder Judicial de la Federación, mayor a 6 meses, es su ejercicio como integrantes del pleno.

Estos cambios, paralelamente han coincidido con una disminución considerable en la percepción internacional sobre la independencia del Poder Judicial en México. Como ejemplo tenemos que, en 2006, cuando la proporción entre externos y funcionarios de carrera en la corte era de 45.5% a 54.5 respectivamente, el Foro Económico Mundial ubicaba a nuestro país en el lugar 67, correspondiendo el primer lugar al país con mayor independencia de su órgano judicial.

En contraste, en 2015, considerando que cuatro de los once espacios en la corte sean ocupados por funcionarios de carrera, tenemos que México ha descendido hasta el lugar 100 en función de la independencia del poder judicial.

Por esa razón, es evidente que se debe privilegiar al servicio profesional de carrera en materia judicial. Asimismo, cabe observar que, con la finalidad de proteger la independencia del poder judicial federal ante los regateos políticos, sería conveniente también poner atención en mecanismos de control para disminuir los incentivos que existen en el texto vigente para que, tras la posibilidad de favores efectuados por juzgadores en el plano electoral, se les premie con espacios en el tribunal constitucional. Ello se puede hacer desde los perfiles constitucionales de elegibilidad y por eso también deben añadirse candados para no comprometer la integración de la corte a intereses electorales, ni poner en entredicho la loable labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, esta propuesta plantea agregar al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un texto que cierre el paso a intereses electorales o de grupos de interés para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un espacio donde la técnica y experiencia del juzgador federal profesionalizado prevalezca. Esto es, considerando que, para integrar el alto tribunal, se tenga como mínimo 7 años de experiencia, en alguna etapa del desarrollo profesional de los aspirantes al cargo de Ministro como juzgadores federales, ya sea como magistrados o como jueces del Poder Judicial de la Federación, sin importar si esa experiencia es inmediata o se registró años atrás al día del nombramiento. Así, sin importar si la mayor parte de la trayectoria de los aspirantes es en la academia, el poder público, la sociedad civil o la iniciativa privada, se tenga asegurada la calidad técnica y el conocimiento que brinda la experiencia en quienes definen los criterios de la justicia federal.

Además de lo inmediato anterior, esta propuesta plantea establecer un periodo para que quien hubiese tenido responsabilidades judiciales en materia electoral no vea comprometida su honorabilidad al generar elementos para asumir que su ascenso al pleno de la Corte se debe a favores político-electorales y no a su conocimiento.

Cabe señalar que esta propuesta no implica impacto presupuestal y tampoco discrimina a quienes tengan experiencia fuera del Poder Judicial de la Federación, únicamente añade el requisito de experiencia para asegurar el conocimiento técnico, sin especificar que esa experiencia hubiese sido de manera inmediata anterior a la nominación que haga el Ejecutivo Federal ante el Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Se reforma y modifica el numeral V y VI; se adiciona el VII; y se modifica el segundo párrafo del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma y modifica el numeral V y VI; se adiciona el VII; y se modifica el segundo párrafo del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I.a IV. ...

V.Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante siete años previos al día de su nombramient o, y

VII. Haber desempeñado el cargo de juez y/o magistrado del Poder Judicial de la Federación durante al menos siete años;

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia yque se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Miguel Carbonell, El difícil acceso a la justicia en México, CEIDAS, julio 22, 2014 - 3:35:17 PM Disponible en

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/ El_dif_cil_acceso_a_la_justicia_en_M_xio.shtml

2 Ignacio Burgoa Orihuela, Mensaje a aspirantes a jueces, P. 101 Disponible en

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1160/17.pdf

3 En la actualidad, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con carrera en el servicio de carrera judicial mayor a seis meses, son Luis María Aguilar Morales, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Gelacio Pérez Gayán y Norma Lucía Piña Hernández. En el caso del ministro Javier Laynez Potisek, ante las críticas de la sociedad civil emanadas del cuestionado nombramiento del Min. Eduardo Medina Mora, seis meses antes de su nombramiento se le designó como Magistrado de un Tribunal adscrito al Poder Ejecutivo Federal. Véanse los perfiles disponibles en https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Adriana Gabriela Medina Ortiz,Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Higinio del Toro Pérez, Jacobo David Cheja Alfaro, Jannet Tellez Infante, Jorge Alcibíades García Lara, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, María Marivel Solís Barrera, Martha Angélica Zamudio Macías, Ruth Salinas Reyes, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 89, 95, 96 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XVIII del artículo 89, los artículos 95, 96 y la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para impulsar el principio de paridad de género en la integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales locales.

La reforma generada hace 23 años que reconfiguró la estructura y organización del Poder Judicial de la Federación atendió problemas específicos acumulados durante décadas dentro del ámbito jurisdiccional de nuestro país. Su cambio, registrado con una coyuntura radical y riesgosa para la vida institucional del país, implicó al menos un mes sin pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una convulsión política extraordinaria en la que se nombró efímeramente una integración del Pleno y se le disolvió para dar paso a una nueva generación de ministros.

El impacto de este cambio marcó el inicio de la novena época del Poder Judicial de la Federación, la creación de nuevas instituciones como el Consejo de la Judicatura Federal, la instauración de un tribunal constitucional en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una serie de cambios que impactaron en la relación entre los tres poderes de la Unión. Estos cambios acompañaron la vida institucional de nuestro país durante cuatro cambios de gobierno y al menos una transición en el poder ejecutivo, marcando una diferencia sustancial en cuanto a autonomía que mostró ese órgano del poder público constituido antes de 1995.

Hoy, diversas voces en la academia y organizaciones de la sociedad civil, han ubicado nuevos retos y necesidades de transformación para emparejar la vida institucional del Poder Judicial de la Federación con los requerimientos de una sociedad que exige más democracia, transparencia, rendición de cuentas y equidad social en sus instituciones.

En este sentido, uno de los ámbitos en el que el Poder Judicial de la Federación se ha quedado rezagado con respecto al Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo es la participación de la mujer en los espacios de decisión, como bien lo han podido documentar organizaciones como Fundar.

El contraste señalado resalta al observar que, en el Poder Legislativo Federal, a partir de reformas en materia electoral, cambió radicalmente la relación de hombres y mujeres. Hoy se puede apreciar que en la Cámara de Diputados existen 241 mujeres en un universo de 500 distritos, es decir el 48.2 por ciento. Asimismo, en el Senado de la República, hay 63 senadoras en un universo de 128, es decir casi el 50 por ciento. Ello ha transformado positivamente muchas dinámicas en cuanto a los usos y modos del poder público y la negociación política en el ámbito legislativo.

De igual manera, se observa que la mujer ha ido ganando espacios en los gabinetes presidenciales y desde diciembre de 2018, como ya sucedía en algunos gobiernos estatales, se integró un gabinete prácticamente paritario, en el que podemos observar a 8 mujeres como titulares de secretarías de Estado en un universo de 19 espacios.

Las dinámicas de poder y la normalización de la desigualdad social, caracterizada entre otras cosas por la falta de oportunidades para las mujeres, han demostrado que en el Poder Legislativo no se hubiese generado el cambio, sin la reforma electoral.

No obstante todo lo anterior, el ímpetu de cambio en este tema, mostrado en la integración del gabinete del actual Ejecutivo Federal no alcanzó para impulsar este cambio en sus nominaciones para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ello se aprecia al ver que por sí mismo, el Presidente de la República no ha sido capaz de marcar una ruta clara para cambiar la proporción de hombres y mujeres en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el cabildeo en la colegisladora, a pesar de integrar mujeres en las ternas, se ha sido orientado a favorecer el estatus actual en el que, entre los 11 ministros, sólo 2 son mujeres, postergando el cambio que se requiere en esta materia.

Aunado a todo lo anterior, es importante notar que inclusive el anterior Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar, intentó generar condiciones más favorables a la mujer al interior del Poder Judicial pero evidentemente no tenía atribuciones para llevar estas acciones a la integración del pleno, en cuyo proceso el Ejecutivo Federal y el Senado de la República dominan.

En el ámbito internacional, instancias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o ONU Mujeres, han hecho énfasis en impulsar la paridad de género en la judicatura como el siguiente paso a generar condiciones de participación de la mujer en la toma de decisiones. Cabe señalar que esta propuesta da continuidad al esfuerzo que se ha impulsado la bancada ciudadana en legislaturas anteriores, a través de propuestas de reforma cercanas a esta, buscadas a través de proyectos de cambios a otros artículos.

En consecuencia, la presente iniciativa busca dar el siguiente paso en la conquista de derechos para las mujeres y aportar un avance en la construcción de una sociedad más equitativa. Ello, proponiendo que se reformen los artículos 89, 95 y 96 de la Constitución para hacer que el titular del Ejecutivo Federal favorezca la paridad de género en sus propuestas para le integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se plantean cambios en el artículo 116 para que las constituciones locales contemplen mecanismos orientados a la paridad de género en la integración de los tribunales de justicia locales. Cabe señalar que esta propuesta no implica impacto presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Se reforman y adicionan la fracción XVIII del artículo 89, el artículo 95, 96 y la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a XVII. ....

XVIII.Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, favoreciendo una integración con paridad de género en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;

XIX. ...

XX....

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I.a VI....

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Asimismo, deberá buscarse que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga una integración afín a la paridad de género.

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República , favoreciendo la paridad de género en la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas y buscando una integración paritaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Artículo 116. ....

...

I. ...

II....

III....

...

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Las constituciones y leyes de los estados deberán disponer de mecanismos orientados a refrendar la paridad de género en el nombramiento de magistrados y magistradas de los Poderes Judiciales Locales.

...

...

...

IV.a IX. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas tendrán un plazo no mayor a 90 días naturales para realizar las adecuaciones legales que correspondan.

Notas

1 La reforma al poder judicial de 1994 y 1995. Para mayores referencias véase a Gutiérrez de Velasco, “Comentario a las reformas de 1995 y 1996 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los órganos judiciales federales”. Revista Jurídicas, número 3, Julio-diciembre 2000. Disponible en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/ article/view/5603/7291

2 Ejemplos de estos llamados los podemos encontrar en organizaciones como Fundar, disponible en

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/generoyjusticia.pdf

Excélsior,disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-reto-es-la-autonomia-en- 1994-se-inicio-la-transformacion-del-poder-judicial/1281220 o La revista IUS de la UANL, disponible en http://www.unla.mx/iusunla2/opinion/NUEVA%20CORTE.HTM

3 Véase:

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/generoyjusticia.pdf

4 Las reformas consistieron en cambios al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales. Véase:

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/ DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf

5 Véase a Cámara de Diputados, “Integración por género y grupo parlamentario”, disponible en:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php

6 Véase a Senado de la República, “Senadoras”, disponible en:

http://www.senado.gob.mx/64/senadoras

7 En los primeros dos meses de la actual administración, se han desempeñado como miembros de gabinete las siguientes mujeres: Olga María Sánchez Cordero, en la Secretaría de Gobernación; María Luisa Albores en la Secretaría de Bienestar; Rocío Nahle, en la Secretaría de Energía; Graciela Márquez Colín, en la Secretaría de Economía; Alejandra Frausto, en la Secretaría de Cultura; Luisa María Alcalde, en la Secretaría del Trabajo; Josefa González en la Secretaría de Medio Ambiente, e Irma Eréndira Sandoval, en la Secretaría de la Función Pública.

8 Apenas en 2003 Margarita Luna Ramos se convirtió en la primera mujer en ocupar un espacio en el Consejo de la Judicatura Federal y en 2004 fue nombrada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo desde esa fecha una proporción de 2 mujeres y 9 hombres en el pleno. Véase

https://www.scjn.gob.mx/ministra-margarita-beatriz-luna-ramos/ experiencia-profesional

9 En 2016, el Ministro Luis María Aguilar promovió la creación del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Véase

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero

10 Véase http://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality/ women_s-participation-in-decision-making.html

11 En septiembre de 2015, la diputada Mirza Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso una reforma orientada a los tres poderes de la unión para orientar la paridad de género desde el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa fue desechada. Véase:

Fecha: 2015, septiembre 22,

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de observar el principio de paridad de género en la integración de los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos.

Presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, Movimiento Ciudadano.

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de enero de 2016, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Desechada el viernes 15 de julio de 2016, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 4363-II, martes 15 de septiembre de 2015. (79), Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/ 20150915-II.html#Iniciativa11

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los candidatos deben de contar con una serie de cualidades y conocimientos que permitan el correcto desempeño de su función. En la fracción sexta de dicho artículo se establece también que quienes aspiren al cargo no deben estar vinculados por el periodo de un año al ejercicio de cargos de naturaleza política, ya sea por elección popular o por nombramiento.

Esta restricción tiene como objetivo garantizar una plena independencia de los integrantes de la Suprema Corte respecto a factores e intereses que pudieran hacer perder esa necesaria libertad con que deben contar los ministros en su labor como impartidores de justicia, sin embargo, tanto el tiempo como los cargos señalados en la fracción mencionada no otorgan una plena garantía de la exigencia de independencia e imparcialidad con que deben de contar los miembros de la SCJN.

La presente iniciativa plantea reformas al artículo 95, con el objetivo de modificar la temporalidad señalada y establecer más requisitos a cubrir para quienes aspiren a ser integrantes de la Suprema Corte de Justicia esto con el objetivo de garantizar una mayor independencia judicial.

Argumentos

La independencia judicial es un elemento fundamental de la democracia liberal y puede definirse como la garantía de que los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones estarán únicamente sometidos al estado de derecho y que sus acciones y decisiones se encuentran garantizados por la misma ley, lo que permite evitar presiones por parte de otros poderes o actores.

La existencia de una independencia judicial en México ha ido de la mano con la construcción de la Democracia y en este sentido, puede verse como resultado de los importantes cambios políticos que han ocurrido en las últimas décadas. Estos cambios han permitido que dicho poder haya dejado de concebirse únicamente como un ente técnico para observarse, como menciona Héctor Fix Fierro, como un verdadero poder político capaz de influir de manera importante en el desarrollo nacional. Lo anterior porque, de acuerdo a este autor, el Poder Judicial trata con problemas que la política es incapaz de resolver, como lo son la corrupción y los dilemas axiológicos de la sociedad contemporánea.

La importancia de la independencia judicial es tal que ha sido reconocida como principio general de derecho y se ha establecido como tal en diversos documentos como los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, en donde se estableció que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país.

Una de las formas de garantizar la independencia judicial es mediante el establecimiento de requisitos y procesos de selección que permitan escoger no solo a los mejores y más capaces, sino también evitar la injerencia de actores diversos que afecten el actuar de los ministros. En México los requisitos y el proceso de selección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran establecidos en los artículos 95 y 96 de la Constitución. Con respecto a los requisitos para ser electo ministro de la SCJN el artículo 95 establece los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Como se dijo el establecimiento de estos requisitos buscan garantizar la independencia judicial y, en el caso de la fracción sexta que no exista injerencia de un actor político o de un poder en otro, empero, tanto el tiempo como los cargos nombrados en dicha fracción no dan una garantía plena de que no pueda existir una subordinación a un interés o grupo en particular, esto porque puede darse el caso de que se quiera nombrar a un aspirante que haya pertenecido a un gobierno o partido que sigue en el poder al momento del nombramiento, como ya ha ocurrido, lo que nos haría retroceder en los avances democráticos que hemos ganado, así como en la independencia obtenida por el poder judicial y en la confianza que se debe tener en esta importante institución.

La confianza, como la independencia, es un aspecto muy importante para la función de los integrantes del poder judicial, por la relación que tiene con la legitimidad, ya que si no cuentan con márgenes prudentes de confianza por parte de los ciudadanos, lo más probable es que encuentren severas resistencias hacia sus actuaciones.

A fin de generar mayores índices de independencia y confianza al momento de designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se propone modificar el artículo 95 para ampliar el tiempo de separación y establecer que los aspirantes no hayan pertenecido a una organización política ni postulado a un cargo de representación por estos. Con lo anterior se logrará generar una mayor autonomía y legitimidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ampliación del tiempo tiene como objetivo que quienes hayan concluido un cargo político y aspiren a formar parte de la Suprema Corte no tengan durante su encargo una inclinación hacia un partido o gobierno, por esta razón se propone pasar de un año a tres y así igualarlo con el exigido a quienes hayan pertenecido al poder judicial y busquen ser diputados o senadores.

Con respecto al no haber sido miembro de un partido o postulado a un cargo de representación por estos, es un requisito que se encuentra presente en varios países, como Bolivia que establece en el artículo 182, fracción IV de su Constitución que las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas. De igual forma en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España se establece que el cargo de magistrado es incompatible con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos y con toda clase de empleo al servicio de estos.

Para finalizar es importante recalcar que estas reformas que se proponen buscan fortalecer el poder judicial, garantizar su independencia y generar una mayor confianza de la población en general hacia este poder y las decisiones que tome, lo cual contribuirá de manera importante a la consolidación democrática de México.

Fundamento legal

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada Claudia Reyes Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 95. ...

I. a V...

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, tres años previos al día de su nombramiento.

VII. No haber desempeñado cargos de dirección o representación partidista ni haber sido postulado a un cargo de representación popular tres años antes a su designación.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fix Fierro, Héctor, “Poder Judicial” en González, María del Refugio y López Ayllón, Sergio, Transiciones y diseños institucionales, México, UNAM, 1999, páginas 170-171.

2 Carbonnel, José y Carbonell, Miguel, “El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte: Una propuesta de reforma”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3824/6.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Claudia Reyes Montiel(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 113 y 115 de la Ley General de Salud, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garridoy Humberto Pedrero Moreno, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 113 y la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

El Unicef ha destacado que lamentablemente la obesidad infantil es uno de los grandes problemas nutricionales a los que se enfrentan las niñas y niños en nuestro país.

Como es sabido, México tiene un grave problema de sobrepeso y obesidad. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sobre la salud lo sitúa como el país miembro con una mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su población, por delante de Estados Unidos.

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.

La Ensanut (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 2012 muestra que, si bien la desnutrición aguda no es ya un reto de salud pública, la desnutrición crónica continúa siéndolo y ésta convive con problemas de sobrepeso y obesidad en los mismos hogares y comunidades. La prevalencia de desnutrición crónica (baja talla) en menores de 5 años fue de 13.6 por ciento, lo que representa casi 1.5 millones de niños con esta condición. De igual manera, en hogares que reportan percepción de inseguridad alimentaria o experiencias de hambre, se identifican niveles de sobrepeso y obesidad comparables con los hogares con seguridad alimentaria.

De igual forma, en la Ensanut 2016 se evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Estos resultados variaron según sexo (masculino o femenino) y lugar de residencia (zona rural o urbana).

El sobrepeso y la obesidad en mujeres presenta un aumento respecto a cifras de 2012, en los tres grupos de edad, el cual es mayor en zonas rurales que urbanas.

En la población masculina adulta el sobrepeso y obesidad aumentó en zonas rurales (de 61.1 por ciento en 2012 a 67.5 por ciento en 2016) mientras que se estabilizó en zonas urbanas, en las que se mantiene en un nivel elevado (69.9 por ciento).

Los principales resultados se presentan a continuación:

Niños en edad escolar – 5 a 11 años de edad

-Tres de cada 10 menores padecen sobrepeso u obesidad (prevalencia combinada de 33.2 por ciento). En 2012, la prevalencia en este grupo de edad era de 34.4 por ciento. En esta última medición se observa una disminución significativa del sobrepeso en niños varones.

-Se observa un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales en ambos sexos.

Adolescentes – 12 a 19 años de edad

-Casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad (prevalencia combinada de 36.3 por ciento). En 2012, esta cifra era de 34.9 por ciento.

-En mujeres adolescentes se observó un aumento del 2.7 puntos porcentuales en sobrepeso, alcanzando un nivel de 26.4 por ciento. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes fue de 39.2 por ciento

-En hombres adolescentes se presenta una reducción, de 34.1 por ciento a 33.5 por ciento en prevalencia combinada.

Adultos – Mayores de 20 años de edad

-Siete de cada 10 adultos (prevalencia combinada de 72.5 por ciento) continúa padeciendo exceso de peso (sobrepeso u obesidad) respecto a la cifra de 2012 de 71.2 por ciento.

-Se observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas (prevalencia combinada de 75.6 por ciento). Este incremento es mayor en zonas rurales (aumento de 8.4 por ciento) que en zonas urbanas (aumento de 1.6 por ciento).

-En hombres adultos (prevalencia combinada de 69.4 por ciento) se observa un incremento continuo en zonas rurales, en el que la prevalencia de sobrepeso y obesidad (67.5 por ciento) aumentó 10.5 por ciento respecto a 2012.

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70 por ciento en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. La experiencia demuestra que una correcta alimentación desde el nacimiento previene los problemas de sobrepeso y obesidad.

Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En 2010, esta enfermedad causó cerca de 83 000 muertes en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que las consecuencias de la obesidad infantil son desarrollar una serie de problemas de salud en la edad adulta. Entre ellos:

-Cardiopatías;

-Resistencia a la insulina (con frecuencia es un signo temprano de diabetes inminente);

-Trastornos osteomusculares (especialmente artrosis);

-Algunos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon);

-Discapacidad.

La OMS también afirma que la mayoría de estos problemas son, en gran medida, prevenibles, haciendo énfasis en la importancia de políticas y leyes que impacten en los entornos, las escuelas y las comunidades, pues condicionan las decisiones de los padres y los niños, y pueden hacer que los alimentos más saludables y la actividad física regular sean la opción más sencilla (accesible, disponible y asequible), previniendo, así, la obesidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, puntualizando la obligación del Estado de garantizar ese derecho.

En este orden de ideas, también menciona que, en la nación mexicana, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, con atención prioritaria de las niñas y los niños.

Destaca que en términos de esta Constitución, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos que satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Dicho principio es la guía de diseño, ejecución, seguridad y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es importante resaltar que la prioridad en la niñez en términos de la Constitución y Leyes secundarias, no solo abarca el momento en el que se ingresa a la educación básica, ni a la educación primaria, sus derechos deben ser asegurados desde la concepción y para efectos de la presente iniciativa , desde la educación inicial y preescolar.

Mientras que no hay duda de que el consumo de energía en exceso juega un papel central en el sobrepeso y la obesidad, la evidencia científica ha mostrado que el estrés metabólico postnatal puede predisponer al individuo para el desarrollo de síndrome metabólico, especialmente en el aspecto de ganancia de peso postnatal de los recién nacidos prematuros, el cual está asociados con un mayor riesgo de obesidad, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, dislipidemia y la presión arterial elevada.

Muchos estudios epidemiológicos, así como estudios experimentales, indican que los eventos adversos tempranos de la vida como la desnutrición in útero, exposición a toxinas ambientales y cambios en las hormonas juegan un papel determinante en la susceptibilidad a ciertas enfermedades crónicas.

Teorías como la de Barker, explican que la deficiencia, exceso o desequilibrio de ácidos grasos en las etapas clave del desarrollo pueden tener consecuencias a largo plazo, debidas a alteraciones en desarrollo celular, la expresión génica, la respuesta metabólica y neuroendocrina o el aporte de ácidos grasos.

Por tanto, no solo el exceso en el consumo de energía o grasas, sino también la desnutrición en la primera infancia, condicionan a los menores y los hacen más propensos a padecer obesidad y sobrepeso en etapas escolares.

Es por lo anterior, que resulta fundamental incluir en la Ley General de Salud, que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulen, propongan y desarrollen programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos para alcanzar una cobertura total de la población, incluyendo a la primera infancia.

Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica, educación inicial y preescolar

La Secretaría de Educación Pública considera Educación Preescolar al primer nivel de la educación básica, donde se atiende a niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad, con el propósito de que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que paulatinamente desarrollen su afectividad, adquieran confianza para expresarse, desarrollen el gusto por la lectura, utilicen el razonamiento matemático, se interesen en la observación de fenómenos naturales, adquieran valores y principios indispensables para la convivencia, usen su imaginación, sean creativos, posean iniciativa para expresarse con lenguajes artísticos, y mejoren sus habilidades de coordinación, desplazamiento.

El servicio se ofrece en planteles públicos y privados, en tres formas:

1. Jardín de Niños

2. Centro de Atención Psicopedagógico de Educación Preescolar (CAPEP)

3. Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)

En el mismo sentido, define como educación inicial, a aquella que proporciona atención y educación a los niños de 43 días a 2 años, 11 meses. Busca favorecer y estimular el desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas, afectivas, sociales y cognitivas; además orienta la responsabilidad y participación de la familia en el proceso educativo.

El servicio es administrado por diferentes dependencias del gobierno federal y local, y en todos los casos es supervisado por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Éste se brinda en tres modalidades:

1. Escolarizada

2. Semiescolarizada

3. No escolarizada

La primera infancia, es una etapa clave del desarrollo de todos los seres humanos, es un periodo de crecimiento acelerado y de mayor desarrollo en la vida de todas las personas.

Por lo anterior, resulta indispensable implementar programas de nutrición y hacer un seguimiento cercano del estado de nutrición de los menores, detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en centros de educación inicial y preescolar, no únicamente en la educación básica o a partir de los 5 años de edad.

Para muchos menores, el momento de la vida en el que se encuentran en la educación básica o primaria ya es tarde, ya que los cambios metabólicos se presentan desde el embarazo, el nacimiento y periodos tempranos de la vida.

Lo presente iniciativa abona al cumplimiento del artículo 4o. constitucional, que dice a la letra: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 113 y la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman el artículo 113 y la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presentan:  

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica, educación inicial y preescolar.

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica, educación inicial y preescolar;

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase,

https://elpais.com/internacional/2017/11/10/actualidad/ 1510307789_995412.html

2 Véase,

https://www.sinembargo.mx/11-08-2018/3449782

3 Véase,

https://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Desnutricion.pdf

4 Véase,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

5 Véase,

http://oment.uanl.mx/cifras-de-sobrepeso-y-obesidad-en-mexico-ensanut-mc-2016/

6 Véase,

https://www.insp.mx/avisos/3652-diabetes-en-mexico.html

7 Véase,

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/Obesidad/obesidad.pdf

8 Véase,

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-9240-8_20

9 Véase,

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187533715000345#bib0065

10 Véase,

https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/preescolar.html

11 Véase, https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/inicial.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Jesús Carlos Vidal Peniche,Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno, Jannet Tellez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Edgar Guzmán Valdez, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la siguiente

El Grupo Parlamentario de Morena, reconoce a la transparencia gubernamental como aquella política orientada a dar carácter público a la información gubernamental, a través de información accesible, oportuna, completa, relevante y verificable, cuya característica es fundamental de los Estados democráticos de derecho.

Esta transparencia gubernamental es el resultado de innumerables esfuerzos desde el aparato gubernamental para transparentar los asuntos relevantes, pero más que ese esfuerzo gubernamental, dicha transparencia es el resultado de una exigencia de la sociedad civil.

Transparencia gubernamental no puede ser entendida sin acceso a la información, cuyo concepto es entendido como un derecho fundamental que implica la potestad de cualquier persona de requerir información (documentos) al Estado y la obligación correlativa de éste de entregarla, en los plazos y términos que establece la ley. Este derecho a la información obliga al Estado mexicano a adoptar una política de transparencia gubernamental cuando lo soliciten los gobernados, siempre y cuando no sea información reservada temporalmente por temas de interés público y seguridad nacional.

Hacer valer el derecho a la información pública es primordial para nuestra sociedad, pues de acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, se indica que los organismos garantes del acceso a la información recibieron 421,256 solicitudes de información pública, de las cuales 28.7% fueron recibidas por instituciones de nivel federal, y 71.3% por los sujetos obligados a nivel estatal y municipal.

Durante el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, se indicó que solo el 62.4% de las respuestas de los sujetos obligados entregó información completa o parcial, y el 37.6% restante no obtuvo la información requerida o bien, obtuvo otro tipo de respuesta, dejando sin efectos el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública gubernamental. Ante este panorama, algunos ciudadanos decidieron inconformarse e interpusieron un recurso de revisión ante el organismo garante, para hacer valer su derecho.

Es precisamente, la inexperiencia o falta de profesionalismo de los sujetos obligados, así como el propio personal del organismo garante al resolver los medios de impugnación, quienes obstaculizan un eficiente derecho de acceso a la información pública.

Para atender esta problemática de fondo, se proponen cambios a la Ley en la materia, para que los candidatos a comisionados para integrar el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tengan además de los requisitos señalados en su propia ley, la experiencia mínima de tres años en materia de transparencia y acceso a la información, con el fin de profesionalizar al propio Instituto.

Esto es así, toda vez que el propio Instituto es un órgano colegiado integrado por siete comisionados, cuyo nombramiento debe ser aprobado por las dos terceras partes del Senado de la República, garantizando imparcialidad, independencia, y transparencia en el proceso.

El nombramiento que otorga el Senado de la República a los comisionados para integrar el Pleno del Instituto además de ser imparcial e independiente, debe ser profesional, en virtud de ser nombramientos a un organismo al que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga autonomía, por lo que resulta indispensable, que quienes ocupen la función de comisionados, sean conocedores de la materia de transparencia y acceso a la información.

En razón de las atribuciones señaladas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo constitucional autónomo, es necesario impulsar la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para garantizar que los aspirantes a comisionados del Pleno del Instituto, sean personas que cuenten con al menos tres años de experiencia en la materia, y así, robustecer el profesionalismo del propio Instituto en sus decisiones y resoluciones.

El sentido de la presente iniciativa, es garantizar que los aspirantes a comisionados cuenten con la experiencia mínima en la materia, y se logre un proceso transparente de designación de los mismos por el Pleno del Senado de la República.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo Único. Se adiciona una fracción II Bis al artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para quedar como sigue:

Artículo 28. Para ser Comisionado se requiere:

I. ...

II. ...

II Bis. Contar con experiencia mínima de tres años en materia de transparencia y acceso a la información;

III. a V. ...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 López Ayllón, Sergio, La Transparencia Gubernamental, Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf [en línea], consultado el 06 de febrero de 2019.

2 Ibídem.

3 Inegi. Estadística sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública en México. Documentos de estadística y análisis 2017, p. 29.

4 Ibídem, p. 34.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de febrero de dos mil diecinueve.—Diputados y diputadas: Edgar Guzmán Valdez, Eudoxio Morales Flores, Jannet Tellez Infante, Lorena Villavicencio Ayala, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, suscrita por el diputado Hernán Salinas Wolberg e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Hernán Salinas Wolberg, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona al artículo 80, fracción II, a la Ley de Hidrocarburos para constituir la reserva estratégica nacional de petrolíferos, bajo la siguiente

El inicio de la administración pública federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador se puede etiquetar o tildada con múltiples calificativos, sin embargo no se le pueden negar dos de sus principales postulados relativos a la soberanía nacional y el combate a la corrupción. Con esas consideraciones, y sin duda otros loables indicadores, se ha emprendido desde finales de diciembre de 2018 una lucha frontal en contra del robo de hidrocarburos, a cuyo esfuerzo no se le pueden regatear reconocimientos y consideraciones.

Sin embargo, en ese contexto, se hizo evidente la debilidad del país en cuanto al inventario de petrolíferos almacenados y listos para despachar. Esta lucha contra el robo de hidrocarburos se ha visto cuestionada por la baja de las importaciones de gasolina por parte del nuevo gobierno, que se colocaron en 512 mil barriles diarios, 49 por ciento menos de lo registrado en el mismo periodo de 2018, cuando entraron al país un millón 12 mil barriles al día, conforme a los propios datos de la Secretaría de Energía.

Con 49 por ciento menos de importaciones, aunado al cambio de logística de distribución que sustituye oleoductos por pipas, aunque sea de forma parcial, el combate al robo de combustibles exhibió las precarias reservas de gasolina o petrolíferos almacenadas disponibles para los consumidores finales. Al consumidor, a los comerciantes, y en general a la población le resulta inútil que la gasolina se encuentre en buques o en traslado, puesto que el no tener acceso a combustibles le impacta negativamente en sus actividades económicas.

Se entiende y reconoce la valentía de la decisión del Ejecutivo. Nosotros como parte del Poder Legislativo no podemos eludir nuestra responsabilidad para normar las directrices o condiciones que le pueden brindar salvaguardas al Ejecutivo en esta lucha. Si bien existen políticas en materia de almacenamiento, las experiencias nacionales de política regulatoria han demostrado fehacientemente que las políticas son insuficientes para garantizar la regulación y ejecución de las mejores prácticas internaciones. De forma reiterada, las directrices mínimas deben estar asentadas en las normas y regulaciones específicas que generen los derechos y obligaciones necesarios para el correcto funcionamiento del estado y del mercado, a fin de garantizar la correcta autonomía del país en momentos de desabasto, como los que se han presentado.

En ese orden de ideas, es preciso asentar la necesidad de la existencia de reservas de existencias de productos del sector privado que sean liberadas a petición del pleno de la Comisión Reguladora de Energía, y de reservas estratégicas de petrolíferos a cargo del Estado.

A nivel internacional existe una política rectora en la materia, bajo el liderazgo de la Agencia Internacional de Energía (AIE); que como la mayoría de los acuerdos internacionales, no es por sí un ordenamiento positivo en la normatividad mexicana.

Desde el 18 de febrero de 2018 “México se convirtió oficialmente en el 30 país miembro de la Agencia Internacional de Energía y su primer miembro en América Latina. La membresía se produjo después de que se firmara y ratificara por el Senado mexicano el acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía (IEP) y posteriormente se depositara con el gobierno de Bélgica, que sirve como estado depositario”, la AIE es un organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México es miembro.

La adhesión del Estado mexicano a la AIE conllevó a la suscripción del tratado internacional denominado Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el 18 de noviembre de 1974, enmendado el 9 de mayo de 2014, y aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 7 de diciembre de 2017, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de enero de 2018. El decreto promulgatorio del tratado fue publicado en el DOF por el Ejecutivo federal en fecha 6 de marzo de 2018, “para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con ello, México tendría acceso a:

• Asistencia técnica por parte de los expertos de la AIE y sus países miembros, protegiendo finalidades como el comercio libre y abierto con un ambiente seguro para las inversiones.

• Participación en la junta de gobierno y comités de la agencia, para la adopción de políticas y mejores prácticas energéticas internacionales.

• Acceso a las bases de datos y cooperación de la AIE.

• Asesoría y recomendaciones en materia de política energética.

• Colaboración en acciones colectivas en casos de emergencia energética

Por el contrario, se aceptaron las siguientes obligaciones:

• Comercio libre, abierto y ambiente seguro para las inversiones;

• Cooperación entre todos los participantes del mercado energético;

• Provisión y uso de la energía ambientalmente sustentable;

• Investigación y desarrollo continuo y despliegue de nuevas tecnologías;

• Diversidad, eficiencia y flexibilidad en el sector energético;

• Habilidad para responder pronta y flexiblemente ante emergencias energéticas;

• Fuentes de energía ambientalmente aceptables;

• Eficiencia energética mejorada, y

• Precios energéticos sin distorsiones.

La habilidad para responder pronta y flexiblemente ante emergencias energéticas en lo que concierne a la iniciativa de mérito. A efecto de estar en la debida capacidad de enfrentar el robo de combustible, es menester sostener en el largo plazo la posibilidad de responder a las emergencias energéticas y paralelamente defender el estado de derecho en el país.

Como botón de muestra de la debilidad existente en el país para hacer frente a este flagelo, simplemente hay que observar las noticias recientes respecto a las explosiones en Hidalgo, pérdidas económicas en el Occidente y Bajío, buques parados en las costas del país, entre muchos otros.

Sin ahondar en la cobertura nacional incesante, hay que revisar la cobertura internacional en la que se ha comentado de todo sobre el esfuerzo del ejecutivo. Desde los medios que han tildado a los “huachicoleros” como chivos expiatorios del gobierno que ocultan problemas sistemáticos de presunta corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). Otros medios como la BBC y Associated Press señalan que los grupos que roban hidrocarburos abren aproximadamente 42 tomas al día en los oleoductos de Pemex, que en los primeros 10 meses de 2018 formaron 12 mil 581 tomas ilegales de hidrocarburos, mermando los ingresos de Pemex en el orden de los 3 mil millones de dólares anuales.

Es un hecho público, que desde octubre de 2018 la producción de barriles de petróleo de la mezcla mexicana ha disminuido a 1.76 millones de barriles por día, 7 por ciento menos que en octubre de 2017, marcando una de las producciones más bajas desde 1990. En septiembre de 2018 las mezclas Olmeca e Istmo se designaron para consumo interno, sin lugar para exportaciones, por lo que solamente se destinaba al exterior la mezcla maya. Nos resulta evidente que desde antes de asumir su mandato constitucional del 1 de diciembre de 2018, el equipo de transición del Ejecutivo federal y el equipo que lo acompaña desde ese periodo, estaba en posición de saber de estas condiciones propicias para que se presente un desabasto de petróleo.

En ese mismo mes de octubre se reportó en S&P Global Plattsque la utilización de las instalaciones de las refinerías en Pemex se estimaba en apenas 25.7 por ciento de su capacidad, identificando que entre las causas del bajo uso obedecía al desabasto de petróleo ligero y dificultades técnicas existentes en cada refinería. La conclusión lógica es que hay una imperante necesidad de que Pemex mejore sus refinerías existentes para producir gasolina a fin de ser más rentable. Claramente se tiene un área de oportunidad importante en la capacidad instalada existente en Pemex para poder garantizar la suficiencia energética del país.

Nosotros aplaudimos la intención del Ejecutivo en encabezar un plan frontal y enérgico en contra del robo de combustibles del pasado 27 de diciembre de 2018, que busca atacar directamente una fuerte de ingresos del crimen organizado y lacera al Estado. Por eso desde este Poder Legislativo debemos sumarnos al esfuerzo del Presidente de la República, y eso incluye la crítica y la propuesta, que hacemos en esta iniciativa. El propio Pemex reporta que el robo de combustibles ha dañado al erario durante 2016, 2017, 2018 en 147 mil millones de pesos, cuantías por demás importantes. Si bien estos números reflejan una arista de la debilidad del estado de derecho en el país, una consecuencia de este corto en el suministro en oleoductos y el bajo inventario de combustible disponible es que se desenmascaró la poca existencia de inventario que permitiera mantener en un funcionamiento óptimo las actividades económicas de diversas partes de la República.

Por otro lado, esto ha desencadenado una serie de eventos desafortunados con consecuencias adversas para la economía y que incluso ha costado vidas humanas. La cobertura de estos hechos ha llegado a todos los rincones del planeta, Estados Unidos de América (EUA), Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, el Vaticano, y Sudáfrica, por mencionar algunos.

En ánimos de brindar rumbo y certeza al país y a nuestros socios comerciales a lo largo del mundo, es que consideramos fundamental atender esta iniciativa y resolver o complementarla sobre los propios méritos técnicos, jurídicos y materiales. Esta emergencia nacional trasciende cualquier consideración o cálculo político.

Por virtud de lo anterior, es menester integrar la política de la Agencia Internacional de Energía al derecho positivo mexicano. La medida internacional aplicada consiste en que cada país miembro que sea importador neto de petróleo crudo, como lo es México, debe mantener inventarios totales equivalentes a por lo menos, 90 días del promedio de sus importaciones netas en el último año. Esta condición varía cuando el país específico es un exportador, cuya obligación es menor, entorno a los 60 días.

En el caso particular de esta propuesta, se sugiere integrar una reserva de existencias de inventario del sector privado y una reserva estratégica de petrolíferos a cargo del Estado. Por supuesto, la reserva del sector privada debe ser para uso de emergencia y no estará a disposición de agentes privados, sino que estará a disposición del Estado cuando se considere que hay un posible desabasto o contingencia energética. La iniciativa en boga propone ese modelo dual de almacenamiento, por lo que se busca diluir el riesgo de desabasto.

En esa misma inteligencia, es que el Estado debe tener a disposición por lo menos 90 días de reserva estratégica a su cargo y 15 días de la reserva de existencia de inventarios del sector privado. Del universo de 90 días de reserva estratégica del Estado, por lo menos 30 días deben estar disponibles en terminales de almacenamiento y despacho (TAD), que son los puntos inmediatos a los puntos de venta a la población general.

Dentro de estos esfuerzos actuales del gobierno federal contra el robo en oleoductos, destaca el poco o nulo aumento previo de los inventarios en la TAD previo al combate directo. En enero de 2019 se ha contado entre 2.6 y 4.2 días de inventario de autonomía en las TAD a nivel nacional. En diciembre de 2018, siendo diciembre un mes de alta demanda en otros años, se contaba con una autonomía en las TAD de entre 3.3 y 2.5 días de inventario. Es decir, la época menos ideal del año para cerrar los ductos y cambiar radicalmente la logística, puesto que no había bienes suficientes disponibles para hacer frente. Incluso, hoy no los hay. A mayor abundamiento, sírvase a revisar las capturas del propio portal de estadísticas de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Además, los datos globales de 2017 y 2018 reflejan que en ningún momento tuvimos 5 días de inventarios de demanda, como se muestra a continuación:

Al formular la política de almacenamientos mínimo, la Secretaría de Energía mostró los niveles de inventarios de los países miembros de la AIE, como se reproduce íntegramente:

De estos importantes comparativos de la Secretaría de Energía (Sener) se desprenden diversas conclusiones muy evidentes. En primera, que México no cuenta ni con la mitad de los inventarios en reserva que el estado miembro con menor desempeño, que es Australia. Segundo, las reservas de inventarios públicos coexisten con los inventarios privados. Tercero, todos los países reflejados de la AIE tienen más de 45 días de demanda de inventario disponible, lo que se traduce en aproximadamente un mes y medio de autonomía. Cuarto, de sus inventarios existentes, México solamente tiene 3 días disponibles en las TAD, por lo que acceder a sus otros 11 días requiere mayores esfuerzos que diluyen la inmediatez de la necesidad.

Ninguna de esas conclusiones por sí es buena para México, sin embargo, creemos que trazan la ruta a seguir sobre los objetivos mínimos indispensables que debemos alcanzar y garantizar a la población. Esta cuestión se debe entender no como un compromiso internacional liso y llano, sino como un asunto de seguridad nacional y autonomía energética.

Los esfuerzos que como Poder Legislativo debemos hacer trascienden a nuestras diferencias partidarias o posturas ideológicas. A mayor abundamiento, se cita un extracto de lo que el entonces senador Mario Delgado Carrillo, y sus compañeros senadores Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, suscribieron como iniciativa análoga a esta:

“Una muestra de este problema se evidenció a finales del año 2016. Cuando el país experimentó desabasto de gasolinas y diésel en diversas regiones del país. La explicación de Petróleos Mexicanos fue que debido a las malas condiciones del clima en los puertos por los que se distribuyen los combustibles, fue imposible suministrar de manera regular los petrolíferos. Además, según lo expuesto por el director de Petróleos Mexicanos durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 13 de enero de 2017, el desabasto fue ocasionado, también, por un incremento inusual en la demanda de petrolíferos.”

Lo descrito por los entonces senadores resulta bastante coincidente con lo que ha sucedido con el arranque de la administración pública federal actual. Los fragmentos enfatizados, entorno a la imposibilidad de suministrar de manera regular petrolíferos y que eso generó desabasto de gasolinas y diésel en diversas regiones del país, es exactamente lo mismo que ahora. Por más que se diga que obedeció a un combate al crimen o cualquier otro supuesto, el simple hecho de que en la cadena de suministro haya fallas que no permitan entregar los bienes a los puntos de venta o gasolineras, genera, como bien se apuntó en ese momento, desabasto.

Nuestra propuesta establece en una responsabilidad compartida entre la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, Pemex y los agentes privados para constituir reservas de días de inventarios, con roles específicos para cada uno de los involucrados. Evidentemente, el país no cuenta con las condiciones para tener esas reservas por la mera aprobación del Congreso, por lo que se estima prudente brindarles un periodo de transición y de aumento gradual y sostenido de las reservas.

En virtud de su autonomía, es preciso que sea la Comisión Reguladora de Energía el ente del estado responsable en sentar las directrices y autorizaciones conducentes entorno a las reservas y los posibles escenarios en las que estas sean necesarias.

La propuesta no trastoca las adjudicaciones de los procedimientos de temporadas abiertas vigentes. Sin embargo, se deberá considerar la capacidad necesaria de almacenamiento para la Reserva Estratégica en los procedimientos subsecuentes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto con sus respectivos seis incisos numéricos al artículo 80, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 80. Corresponde a la Secretaría de Energía:

I.

II.

...

...

La política pública en materia energética aplicable a los niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro de petrolíferos seguirá las siguientes bases:

a) En el sector privado, las empresas con permisos de almacenamiento otorgados por la Comisión Reguladora de Energía en términos de esta ley, deben mantener reservas de existencias de productos equivalentes a 15 días de sus ventas en el mercado interno.

b) Las reservas de existencias de productos del sector privado serán liberadas a petición del pleno de la Comisión Reguladora de Energía, en caso de que, a su juicio, exista un déficit de suministro en ese momento o esté por suceder en los siguientes 5 días hábiles.

c) Las reservas de existencias de productos a nivel nacional serán autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía conforme a los siguientes límites máximos:

i. 70 por ciento gasolinas;

ii. 10 por ciento destilados intermedios;

iii. 10 por ciento combustible pesado, y;

iv. 10 por ciento petróleo crudo.

d) La Secretaría de Energía, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía deben normar las reservas de existencias de productos del sector privado atendiendo los siguientes lineamientos:

i. Minimizar los costos de la Reserva Estratégica de Petrolíferos y optimizar sus recursos;

ii. Minimizar la vulnerabilidad de la nación a una interrupción o déficit de suministro;

iii. Minimizar el impacto en las condiciones del mercado energético, a fin de mantener un equilibrio en el flujo y suministro de recursos en el mercado nacional, sin disrupciones, y;

iv. Fomentar la libre competencia en la industria energética en condiciones de equidad.

e) La Secretaría de Energía en conjunto con Petróleos Mexicanos deberán constituir y mantener la Reserva Estratégica de Petrolíferos del Estado mexicano. El nivel de reservas no será menor a 90 días naturales de importaciones netas en el último año calendario de petróleo crudo, líquidos de gas natural y productos refinados, conforme a los montos que indique la Comisión Reguladora de Energía.

f) En los términos del inciso anterior, se garantizará un nivel de inventarios de gasolina, diésel y turbosina en términos de días de ventas internas, que considerando los inventarios en las terminales de almacenamiento y despacho de Petróleos Mexicanos, será de al menos 30 días naturales.

III. a VI. ...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020, en los términos de las disposiciones siguientes:

a. La Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Reguladora, y Petróleos Mexicanos establecerá un programa para la implementación de las medidas a que se refiere el último párrafo del artículo 80, fracción II, de este decreto. Dicho programa tendrá la siguiente meta de volumen anual de la Reserva Estratégica:

b. Los petrolíferos que se integrarán a la Reserva Estratégica del Estado deben contener gasolinas, turbosina y diésel de manera preponderante.

c. La Comisión Reguladora de Energía deberá modificar los procedimientos subsecuentes a la entrada en vigor de este decreto, de temporada abierta para la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos de petrolíferos de Petróleos Mexicanos, para reservar la capacidad correspondiente a la Reserva Estratégica, en términos de esta norma y de los programas aplicables.

d. La proporción de petróleo crudo, líquidos de gas natural y productos refinados con las que se establecen las reservas, será propuesta por la Secretaría de Energía en conjunto con Petróleos Mexicanos a la Comisión Reguladora de Energía, quien podrá avalar, modificar o rechazar la propuesta recibida en un término de 30 días hábiles, contados al día siguiente de su recepción.

e. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá prever los recursos necesarios para la adquisición, transporte, almacenamiento e infraestructura de almacenamiento de petrolíferos de la Reserva Estratégica.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bajan-importaciones-de-gasolina-en- inicio-de-ano

2 Para efectos de análisis para la elaboración de esta iniciativa, sírvase a revisar:

Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía ; la Directiva del Consejo de Europa 2009/119/EC de 14 de septiembre de 2009 en la que se imponen obligaciones a los Estados Miembros de mantener un inventario mínimo de petróleo crudo y/o derivados de petróleo; Energy Policy and Conservation Act de los Estados Unidos de América, y; la Energy Act 1976 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

3 https://www.gob.mx/sener/articulos/mexico-se-une-oficialmente-a-la-agencia- internacional-de-energia-aie-como-el-30-pais-miembro-148082?idiom=es

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515163 &fecha=06/03/2018

5 Ídem.

6 http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/ presentacion1_051217.pdf

7 Ídem.

8 https://www.insightcrime.org/news/analysis/mexico-oil-shortages-theft/

9 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46939165

10 https://www.apnews.com/625418d0b1334da883d09df54ae03b3b

11 Ídem.

12 https://uk.reuters.com/article/mexico-oil/crude-oil-output-exports-drop- in-october-for-mexicos-pemex-idUKL2N1Y11JD?rpc=401&

13 Ídem.

14 Ídem.

15 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/ 092618-pemex-olefins-output-dips-in-august-on-unplanned-outages

16 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Mexicos-Oil-Crisis-Deepens.html

17 https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-theft/mexico-says-military-to- play-larger-role-in-fighting-fuel-theft-idUSKCN1OQ19X

18 https://twitter.com/Pemex/status/1078355425119137792

19 Revisar información en las siguientes ligas: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-08/mexico-s-oil-chiefs- under-pressure-as-fuel-crisis-hits-capital

https://www.nytimes.com/2019/01/19/world/americas/hidalgo-explosion- mexico-pipeline.html

https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2018/12/30/ mexicos-renewed-focus-on-oil-and-natural-gas/#3f68024044d0

https://www.latimes.com/world/mexico-americas/ la-fg-mexico-fuel-20190112-story.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/inside-the-deadly- business-of-stealing-fuel-in-mexico

https://edition.cnn.com/2019/01/11/americas/mexico-gasoline-shortage/ index.html

20 https://www.cbc.ca/news/world/mexico-oil-theft-shortages-motorists-1.4967883

21 https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/10/world/drivers-running-empty- say-mexico-must-fix-fuel-shortage-blamed-massive-theft/#.XFHddlxKiUl

22 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46939165

23 https://www.dw.com/en/mexicans-battling-fuel-shortage-afraid-to-end-up- like-venezuela/a-47157968

24 https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-01/mexico-suffering-acute- gasoline-shortage.html

25 https://ewn.co.za/2019/01/10/don-t-panic-mexico-president-says-as-fuel- shortages-spiral

26 https://www.ebv-oil.org/cms/pdf/iep.pdf, Emergency Self-sufficiency

27 Ver

https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/Inventarios.aspx

28 https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/Inventarios.aspx

29 Iniciativa de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 80 bis a la Ley de Hidrocarburos, del 15 de marzo de 2016. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/03/ asun_3502432_20170316_1489680047.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Hernán Salinas Wolberg, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Isaías González Cuevas y Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de comisiones bancarias.

De acuerdo con la fracción IV del artículo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se entiende por comisión cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad diferente del interés, que una entidad cobre a un cliente.

En el caso de entidades financieras, el citado precepto considera como comisión a los cargos que se realicen por operaciones pasivas, activas o de servicio, y tratándose de entidades comerciales se considerarán los cargos que se efectúen por las operaciones de crédito, préstamos o financiamientos. En todos los casos se considerarán los cargos por el uso o aceptación de los productos que ofrecen las entidades.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) las define como los cobros, distintos de las tasas de interés, que efectúa la institución que otorga el producto financiero, y que tienen como finalidad cubrir los costos directos y los gastos administrativos, relacionados con ellos.

Dicha institución refiere que estos cobros generalmente se originan principalmente por la contratación o la operación de un producto financiero. Estos cobros pueden ser por productos como tarjetas de débito o crédito, cuenta de cheques, crédito hipotecario o crédito de nómina, solo por citar algunos, así como por los servicios que se deriven de ellos.

La ley materia de esta iniciativa establece que el Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, ejerciendo dichas atribuciones auxiliándose, en su caso, de la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Condusef o de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Las facultades regulatorias conferidas en la ley al Banco de México se encuentran acotadas por lo dispuesto en el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el cual ofrece un catálogo de los supuestos en los que las entidades deberán abstenerse de cobrar comisiones o bien, las consideraciones que deberá tener en cuenta el Banco de México en materia regulatoria.

De igual manera, establece que el Banco de México deberá incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita en materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de éstas.

No obstante, en la actualidad los bancos cobran comisiones más altas en México que en los países donde se encuentran sus sedes, como ha revelado la Condusef, lo que coloca al país en el tercer lugar en el cobro de comisiones bancarias en América Latina, las cuales representan alrededor de 30 por ciento de los ingresos de los bancos.

En otras palabras, además de los beneficios económicos que las instituciones bancarias y otras entidades reciben por el manejo de las cuentas de sus clientes y por los productos que brindan, existen cobros adicionales que representan importantes ingresos, en detrimento de la economía de los ciudadanos.

Una persona que maneja diversos productos con instituciones bancarias puede estar sujeta a pagar alguna de las más de 5 mil comisiones existentes en el sector por servicios a los que tiene derecho, como conocer su saldo, disponer de efectivo, o bien, no mantener un saldo mínimo en su cuenta.

Por tal motivo y con el propósito de contribuir a la economía de millones de mexicanos que son usuarios de productos financieros se propone reformar el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a efecto de adicionar algunos supuestos en los que los bancos no pueden cobrar comisiones.

En tal virtud se plantea que las entidades no puedan cobrar comisión por consulta de saldos, no sólo en ventanilla como se prevé actualmente, sino en cajero automático, aun cuando la operación se realice en una entidad diversa a aquella en la que el cliente contrató la tarjeta de débito o crédito.

La iniciativa plantea prohibir comisiones por apertura de crédito, la cual se considera un exceso, toda vez que el banco sustenta su ganancia en la tasa de interés, por lo que cualquier otro pago representa un sobrecosto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123, fracción a), numeral octavo, que el salario quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.

La Ley Federal del Trabajo establece una serie de normas protectoras y privilegios del salario, donde los salarios no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción.

La propuesta en cuestión plantea prohibir el cobro de comisiones por no mantener un saldo mínimo en una cuenta, por administración y/o manejo de cuenta, por disposición de efectivo y por cheque librado, por considerarse que se trata de cargos que generan un sobrecosto a los productos previamente contratados con las instituciones bancarias.

Esta iniciativa adiciona también cuatro fracciones, IV a VII, al citado artículo a afecto de que las entidades no puedan cobrar comisiones a establecimientos comerciales por recibir pagos con tarjeta de crédito o débito; para prohibirles el cobro de comisiones o intereses adicionales sobre los créditos por los que cobran intereses moratorios; para que únicamente puedan cobrar una comisión por concepto de anualidad de tarjeta de crédito, aun cuando hayan emitido más de una al mismo titular, exceptuando también de cualquier cargo adicional la compraventa de moneda extranjera o metales amonedados.

La iniciativa busca repercutir de manera positiva en la economía de las familias mexicanas, que trabajan todos los días para construir un patrimonio que les permita garantizar estabilidad y un óptimo desarrollo.

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4 Bis de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Único. Se reforma el inciso b) de la fracción III; y se adicionan los incisos d) a h) a la fracción III, y las fracciones IV a VII del artículo 4 Bis de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. ...

...

I. y II. ...

III. ...

...

a) ...

b) Por consulta de saldos en ventanilla o cajero automático, aun cuando se realice en una entidad diversa a aquella en la que se contrató el producto,

c) ...

d) Por apertura de crédito,

e) Por no mantener un saldo mínimo,

f) Por administración o manejo de cuenta,

g) Por cheque librado, y

h) Por disposición de efectivo.

IV. Las entidades no podrán cobrar comisiones a personas físicas o morales por recibir pagos con tarjeta de crédito o débito.

V. Las entidades tienen prohibido cobrar comisiones o intereses adicionales sobre los créditos por los que cobran intereses moratorios.

VI. Las entidades únicamente podrán cobrar una comisión por concepto de anualidad de tarjeta de crédito, aun cuando hayan emitido más de una al mismo titular.

VII. Las entidades no podrán cobrar comisión por la compraventa de moneda extranjera o metales amonedados.

...

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/condusef-resp onde/810-las-comisiones

2 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/bancos-cobran-mas-comision-en-mexico-qu e-en-sus-sedes

3 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/mexico-tercer-lugar-en-cobro- de-comisiones-bancarias-en-al-condusef

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputados: Isaías González Cuevas, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen elementos fundamentales para el desarrollo de los países y el bienestar de las sociedades. En las últimas décadas, el mundo se ha transformado con una celeridad nunca vista en las distintas etapas de la historia y las diversas aplicaciones de la ciencia y la tecnología han jugado un papel determinante, tanto para la profundidad de las transformaciones, como para la ampliación de las brechas de desigualdad entre los países y las regiones desarrolladas que producen ciencia, tecnología e innovación y aquellos que debido a una serie de debilidades estructurales no tienen la capacidad de competir satisfactoriamente en este terreno.

La presente iniciativa identifica que uno de los factores cruciales para que México pueda desarrollar capacidades suficientes para incorporarse de forma competitiva a la sociedad del conocimiento, es la educación. En particular, la educación científica nos permitirá como país, en el mediano y largo plazos, generar la producción de ciencia, tecnología e innovación para alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Los tiempos de incesante innovación científica, tecnología y productiva, obligan a los sistemas educativos a replantearse las bases de la educación científica, para trascender el modelo basado en la enseñanza de las ciencias y asumir un modelo cuyos ejes pedagógicos y epistemológicos contemplen que la elaboración y transmisión de conocimiento en la escuela se lleven a cabo bajo los métodos, prácticas, actitudes y filosofías científicas. Se trata de enseñar a pensar, aprender y dialogar científicamente

(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/ Montevideo/pdf/PolicyPapersCILAC-CienciaEducacion.pdf).

Dado lo anterior, es preciso establecer que nos encontramos en un mundo cada vez más interconectado y dinámico, pero paradójicamente, es también un mundo cada vez más dividido, no solo entre quienes tienen y no tienen, entre los que saben y los que no saben, y ahora, quienes están conectados y quienes no están conectados de la red; generándose así, una brecha tecnológica que divide según la capacidad para generar, asimilar y difundir conocimiento, y que tiene que ver directamente con las posibilidades de cada sociedad.

La ciencia y la tecnología han transformado numerosos asuntos de las sociedades, son innegables los beneficios de cada transformación en muy diversos campos que van desde la salud, la industria y hasta el cuidado de nuestro medio ambiente, aunque también son numerosos los riesgos que han surgido de estos desarrollos tan apresurados; y esta doble condición, obliga a que la ciencia y la tecnología deban ser vistas con una actitud más crítica, ya que no siempre son los mismos impactos los que se presentan en el mundo desarrollado que en los países en vías de desarrollo.

El elemento detonante para el avance científico y tecnológico, es siempre la calidad de la educación en cada país, que depende de diversas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales. En las últimas décadas, la educación científica ha propiciado una visión socialmente contextualizada de la ciencia, la tecnología y la innovación; en cuanto a las políticas públicas de ciencia y la tecnología, se avanzó en la participación pública en la toma de decisiones en cuestiones de política y de gestión científico-tecnológica; y en el plano educativo, encontrar la manera de que contribuyera con una nueva y más amplia percepción de la ciencia y la tecnología, y con el propósito de formar una ciudadanía más alfabetizada y familiarizada científica y tecnológicamente.

Empero, cuando se comprendió que la formación científica debía ser accesible a todos y, por tanto, que todos tienen el derecho a la misma, la educación científica fue extendiéndose hacia los niveles inferiores y hacia las primeras edades, encontrándose con dos situaciones que no permitieron cumplir con los fines pensados: por un lado las propuestas de contenidos, se estructuraron simplificando los contenidos de niveles superiores; y por otro lado los educadores no tenían la formación adecuada para abordar los temas en sus clases. Las consecuencias de estos hechos no han sido menores, pues las propuestas curriculares se han estructurado de arriba hacia abajo, lo que impide pensar en el niño, en sus intereses, en sus necesidades, y acompañarlo en su evolución.

Lo fundamental estriba en que la educación, en sentido amplio, es responsable de brindar a todos los alumnos la formación pertinente para que se apropie de una cultura general, base de la formación ciudadana, por ello, educar a través de las ciencias, implica reencontrar, pensar y comprender el mundo en el cual se vive y se actúa; por tanto, es de afirmarse de manera enfática que en la escuela circula cultura y como parte de ella, la cultura científica.

Hoy, los niños y adolescentes viven en un contexto donde gran cantidad de información circula a gran velocidad, y donde las cosas aparecen y caducan rápidamente. Los lenguajes, los tiempos y las modalidades de comunicación han cambiado significativamente; sin embargo, en los ambientes intencionales de aprendizaje se enfrentan a estructuras rígidas, caracterizadas por la lentitud y por ese papel pasivo, en muchos casos, desestimula al estudiante.

Es importante permitir que lo que viven los estudiantes fuera del sistema educativo, impregne el mismo y muy principalmente, poner énfasis en la innovación en educación científica para promover transformaciones en las estructuras mentales de esos estudiantes, que les permitirán comprender, actuar e interactuar con el mundo y con las comunidades a las cuales pertenecen. Pues de continuar trabajando en un mundo paralelo, que pocas veces roza el mundo real de los estudiantes, éstos continuarán sintiendo que lo que se pretende que aprendan en ciencias, no tiene utilidad.

En el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que la educación científica tiene una dimensión política, en el sentido de que toda persona tiene derecho a una formación científica; y para ello la educación científica en la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) debe ser asequible para todos, lo que impone saber y poder innovar, en los contenidos, en la pertinencia de los aprendizajes que se ponen a disposición de los estudiantes, y en los dispositivos y estrategias que se utilizan para involucrarlos y permitir descubrir el gusto por aprender ciencias; solo así se democratizará del conocimiento científico.

El desafío de la educación científica debería partir de la convicción que todas y todos pueden acceder al conocimiento científico y dar espacios en los procesos de aprendizaje al error, a la búsqueda, al aprender con otros y de otros, al trabajo colaborativo, para realmente contribuir a desarrollar la creatividad, de tal manera que se tejan fuertes lazos, basados en la horizontalidad y en la confianza entre las distintas comunidades de actores para participar en el diseño de las propuestas de educación, y direccionarlas de manera más reforzada hacia la educación científica.

Lo que entendemos como educación científica ha conferido prioridad durante mucho tiempo a una educación basada en las propias lógicas de las disciplinas científicas, y por tanto, los conocimientos, objeto de aprendizaje y de enseñanza, son considerados fines en sí mismos; pero esta situación ha traído como consecuencia la ciencia abstracta, y hasta elitista; es decir que esta concepción e identidad de la educación científica, han sido, en cierto modo, responsables de las maneras de presentar los conocimientos científicos en el momento de ser enseñados, incidiendo en la falta de aprendizaje y motivación, y por lo tanto, en cierta medida, responsable de los malos desempeños que se observan hoy.

Es decir, no se trata de “enseñar ciencias” sino de educar a través de los conocimientos científicos, lo que transforma los conocimientos en medios para educar y formar, y los aleja de ser un fin en sí mismo; se trata entonces, de educar a través, y por las ciencias.

En los contextos escolares, los esquemas vigentes de educación científica no son capaces de movilizar y motivar a los estudiantes hacia el conocimiento, para transformarse en protagonistas activos en la apropiación del saber, pues pareciera que los programas educativos, han hecho sentir a los estudiantes la sensación de fracaso, de desmotivación y como consecuencia, alejarse del conocimiento; por tanto, se deben refundar las propuestas de educación científica, y ello implica cambiar: los contenidos, objetos de aprendizaje y metodologías de enseñanza; la manera en cómo se enseña, las estrategias y las maneras cómo estos contenidos son presentados a los estudiantes.

Deben revisarse las rutinas pedagógicas y las culturas instaladas en las instituciones, para que los aprendizajes sean transformados para proponer una educación científica estructurada alrededor del deseo, de la duda, de la creatividad, de la racionalidad y de la innovación.

Es decir, que la educación se centre en despertar el interés de los alumnos por los conocimientos científicos y hacerles sentir lo que aportan a nuestras vidas, pues través de la educación científica se educan hábitos saludables de vida, se sensibiliza y educa sobre problemas de salud, y a través de los alumnos se llega a la familia; y del mismo modo hábitos para el buen uso de los recursos y el cuidado del ambiente del cual somos parte.

El objetivo estratégico es garantizar aprendizajes de calidad a todos los estudiantes, asegurando así generaciones futuras científicamente preparadas, despertar el gusto por el aprendizaje de las ciencias y orientar el interés de los estudiantes hacia vocaciones científicas. La educación científica debe plantearse el objetivo de que las personas desarrollen capacidades para

• Adaptarse a las situaciones que podrá encontrar en su vida, y tener las herramientas para enfrentar y vivir en contextos cambiantes;

• Tener habilidades para el trabajo en equipo, trabajar con otros, y saber aprender con otros y de los otros;

• Reconocer problemas, poder delimitarlos, evaluar las posibles soluciones en la búsqueda y la indagación;

• Poner en juego su imaginación para plantearse problemas, y caminos de búsqueda hacia posibles soluciones;

• Argumentar, fundamentar, escuchar a los otros, poder defender sus ideas con base en razones y diálogo, saber que para un mismo problema puede haber más de una perspectiva, y todas podrían ser igualmente válidas;

• Saber moverse en la complejidad y enfrentar lo nuevo, siendo capaz de adaptarse; y

• Poseer estrategias que le permitan aprender y seguir aprendiendo, ser consciente de lo que aprende, desarrollando habilidades metacognitivas y de autorregulación de sus aprendizajes.

El óptimo camino para consolidar una transformación en la educación y reforzar la ciencia, la tecnología, así como incentivar la innovación, para fomentar de manera permanente la aplicación de una educación científica, asegurando aprendizajes de mejor calidad para las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, debe integrar por lo menos

• El diseño, la implantación y la evaluación periódica de políticas claras en educación científica;

• El refuerzo de la formación de educadores en ciencias, que les permita cambiar las maneras de enseñar, a partir de la indagación, de situaciones de problemas abiertos y contextualizados y acordes a las funciones que debe cumplir la educación científica;

• La promoción de políticas de formación permanente y especialización, que permitan mantener actualizados a educadores y estudiantes en los avances científicos y tecnológicos;

• La consolidación de alianzas entre tomadores de decisión de las políticas educativas, de los diseños curriculares, de la formación de los profesionales de la educación en ciencias y los ámbitos académicos y científicos;

• La vinculación de la formación de educadores, en todas sus etapas, a los espacios donde se produce el saber científico;

• La promoción de la investigación en didáctica de las ciencias en relación estrecha con la investigación en ciencias;

• La incorporación de la innovación programática y el enriquecimiento de las oportunidades de aprendizaje creativo (intercambios, pasantías, campamentos científicos, entre otros), tanto para educadores como para estudiantes, y a la vez, conocer las políticas de Estado en materia educativa;

• El apoyo de la tarea de promoción y profesionalización de la actividad docente generando programas orgánicos de vínculos con las universidades y los centros de investigación;

• La vinculación colaborativa entre la educación formal, los museos, los clubes de ciencias y todos aquellos espacios dedicados a formar científicamente a niños y jóvenes;

• El plan periódico de propuestas educativas para los primeros años de vida, que potencien espacios de exploración y relacionamiento con temáticas de alimentación, salud, energía, entre otros aspectos clave de la vida cotidiana;

• El fomento de las asociaciones de padres que, conjuntamente con los gobiernos locales y la sociedad civil, produzcan intercambios sobre acciones ciudadanas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la salud, entre otras; y

• La promoción de popularización y masificación científica, que acerquen a la ciudadanía a temas de actualidad científica y social.

Finalmente, la educación científica debe promover la toma de conciencia del vínculo entre la ciencia y los problemas sociales, y de la relación entre las decisiones individuales cotidianas y sus consecuencias en la vida colectiva, así como perseguir la adquisición de la autonomía necesaria para formar ciudadanas y ciudadanos responsables, críticos, capaces de analizar y actuar en el mundo, poniendo en juego la forma de ver de la ciencia.

La educación científica debe derribar una serie de mitos que obstaculizan su avance, tales como que existen conocimientos exclusivos de un grupo de personas (los científicos), los cuales son inaccesibles para los demás; que los conocimientos científicos son permanentes y tienen mayor valor si se originan en los países desarrollados; que los conocimientos más importantes son aquellos que se adquieren de la lectura de libros y revistas científicas; que el método científico es absoluto y secuencial; que es más importante el aprendizaje de los conceptos; que el trabajo teórico debe prevalecer sobre el trabajo práctico; que no todos los estudiantes tienen la capacidad suficiente para aprender ciencias, entre otros.

La presente iniciativa parte de la convicción de que la actual coyuntura política en México, permite abordar profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida pública. La llegada al gobierno de la república de un presidente progresista y comprometido con los mejores ideales de justicia social, que además ha expresado su intención de llevar a cabo una verdadera reforma educativa que tenga como objetivo central la generación de ciudadanos libres, solidarios, transformadores y convencidos de instaurar la justicia y la equidad social; estas condiciones hacen propicia la transformación de la realidad institucional, legal y pedagógica de la educación científica en el sistema educativo nacional, a fin de orientarla hacia las características y objetivos descritos.

La presente iniciativa parte del pleno reconocimiento de que la política educativa, los planes y programas de estudio, así como la conducción del sistema educativo corresponden a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en los términos que establece la Ley General de Educación. Dicha Ley establece que la definición de las materias, asignaturas y temas que integran los planes de estudio, corresponde a la autoridad educativa federal, con el concurso, en su caso, de las autoridades educativas locales.

En este orden de ideas, y respetando a cabalidad las atribuciones de las autoridades educativas, así como las disposiciones legales en cuanto a la conformación de la estructura curricular de los planes de estudios, la presente Iniciativa plantea una acción legislativa concreta para establecer que dichos planes de estudio se conciban, diseñen, desplieguen, transmitan y socialicen en el aula, con base en métodos y enfoques científicos, de tal forma que estimulen el interés de los estudiantes por las ciencias y las tecnologías y, a la vez, entiendan las ventajas personales y sociales de la innovación.

Con la presente iniciativa, más que proponer que los planes de estudio de los distintos niveles de educación obligatoria incluyan asignaturas de “ciencias”, lo que se plantea es que dichos planes asuman la perspectiva, la metodología, la epistemología y la filosofía científicas, para que la enseñanza-aprendizaje de los conocimientos en el aula escolar contribuya a incorporar el pensamiento, el razonamiento, la curiosidad y las actitudes científicas en los estudiantes.

La propuesta concreta consiste en realizar una reforma a la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Educación, para establecer que, en los planes de estudio de cada nivel educativo, que éstos sean elaborados y transmitidos basándose en métodos y prácticas científicas, y con ello, detonar en los estudiantes un estímulo para que se interesen por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Esta propuesta, además, proporciona un complemento sistémico a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 7o. de la propia Ley General de Educación, que establece:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

...

En consecuencia, la presente iniciativa es congruente con las disposiciones tanto constitucionales como legales en materia de educación científica, debido a que proporciona a los mandatos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, una complementariedad operativa y de política pública, encaminada a orientar la construcción de los planes de estudio y la estructura curricular del sistema educativo nacional, hacia la consolidación funcional de la educación científica.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Educación

Único.Se reforma la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo, elaborados y transmitidos con base en métodos y prácticas científicas, que estimulen el interés de los estudiantes por las ciencia, la tecnología y la innovación.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, deberá adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: María Eugenia Hernández Pérez, Alejandra Pani Barragán, Ana María Rodríguez Ruiz, Anita Sánchez Castro, Armando Javier Zertuche Zuani, Arturo Roberto Hernández Tapia, Beatriz Rojas Martínez, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Brasil Alberto Acosta Peña, César Agustín Hernández Pérez, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera,  Cruz Juvenal Roa Sánchez, David Bautista Rivera, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Graciela Sánchez Ortiz, Gustavo Contreras Montes, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Juana Carrillo Luna, Juanita Guerra Mena, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Laura Martínez González, Laura Patricia Ávalos Magaña, Lenin Nelson Campos Córdova, Leticia Díaz Aguilar, Lucía Flores Oliva, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel López Castillo, Marco Antonio Carbajal Miranda, Marco Antonio Reyes Colín, María Bertha Espinoza Segura, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Miroslava Carrillo Martínez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Oscar Rafael Novella Macías, Ricardo García Escalante, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Sandra Simey Olvera Bautista, Socorro Bahena Jiménez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Víctor Gabriel Varela López (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento concurrente que establece derechos para las personas con discapacidad, establece en su artículo 19 que:

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral.”

Asimismo, la fracción V del mismo precepto precisa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá:

“Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.”

Por su parte, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares señala en el artículo 62 que:

“...las tarifas registradas serán las máximas y a partir de ellas los permisionarios estructurarán las promocionales o de descuento.”

Sin embargo, no hay vinculación entre estos ordenamientos jurídicos y la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, ley en la que no sé prevén los descuentos que deben gozar las personas con discapacidad, ni siquiera en el reglamento que, como ya expresamos, únicamente refiere la posibilidad de promocionales o descuentos sin especificar el porcentaje que debe aplicarse a las personas con discapacidad.

En virtud de lo anterior, el Congreso del Estado de Veracruz envió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que se establezcan descuentos en las tarifas de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, no menores a 50 por ciento de las tarifas registradas, para personas con discapacidad;iniciativa que fue turnada a la Comisión de Transportes el pasado 23 de mayo de 2018, es decir, en el último periodo de receso de la LXIII Legislatura.

Por todo ello, y tomando en consideración el acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, relativo al desechamiento de las iniciativas con proyecto de ley o de decreto presentadas en la LXII y LXIII Legislaturas, cuyo plazo y/o prórroga para ser dictaminadas ha precluido, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 5133-III, el jueves 11 de octubre de 2018; la presente iniciativa tiene por objeto retomar e impulsar la propuesta de reforma referida en el párrafo anterior, con la finalidad de subsanar la omisión y falta de vinculación entre ambos ordenamientos jurídicos, para que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal prevea y garantice los descuentos que deben gozar las personas con discapacidad en los servicios de transporte público. Se los debemos.

México fue uno de los principales impulsores de la Convención de la Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, este importante y trascendental tratado internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, entró en vigor el 3 de mayo de 2008 en nuestro país. Con este acto, México ha enviado un mensaje muy claro y positivo a la comunidad internacional, consiste en que nuestro compromiso es con la igualdad de derechos y oportunidades para este sector de la población.

Esta Convención, expresa muy claramente que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Por su parte la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad las define como aquellas que por razón congénita o adquirida, presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Según la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suman en México, a las más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270 mil personas.

Las personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Esas personas presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas en comparación con las personas sin discapacidad.

Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no sólo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales, las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración.

La discapacidad puede afectar a cualquier persona de muchas maneras durante su ciclo de vida, y las causas que la provocan también son diversas. Existen personas con discapacidad que la tienen desde el nacimiento y otras que la adquieren durante su vida, ya sea por accidente, enfermedad, proceso de envejecimiento o un hecho violento. Disponer de datos sobre el origen de la discapacidad es importante para la implementación de políticas públicas a favor de este sector de la población. Por cada 100 personas con discapacidad, 41 la adquieren por enfermedad, 33 por edad avanzada, 11 por nacimiento, nueve por accidente, cinco por otra causa y uno por violencia.

La enfermedad o la edad avanzada son las principales causas para todos los tipos de discapacidad considerados. Los problemas relacionados con el nacimiento ocupan el segundo lugar en las discapacidades del habla y comunicación (31.8 por ciento) y en los emocionales y mentales (18.1 por ciento); también llama la atención que 14.1 por ciento de las discapacidades relacionadas con mover las extremidades superiores se deben a accidente, y 16.2 por ciento en el caso de las extremidades inferiores.

Por lo que hace a los ingresos de este sector poblacional, se tiene que por las condiciones en las cuales viven las personas con discapacidad y por las barreras que enfrentan para acceder a ámbitos como la educación y el trabajo, es importante saber si reciben dinero y de dónde proviene. Del total de la población de 15 años y más con discapacidad, 32 por ciento no recibe dinero; de los que sí reciben, las principales fuentes de ingreso son su(s) trabajo(s) (40.2 por ciento), los programas sociales del gobierno (39 por ciento), por jubilación o pensión (21.6 por ciento) y por ayuda de personas que viven en el país (12.9 por ciento).

Ahora bien, es indudable que conocer la distribución territorial de la población con discapacidad en México permite desarrollar estrategias y programas encaminados a satisfacer sus necesidades con oportunidad y equidad. En este sentido, se tiene que 15 de las 32 entidades federativas del país, la prevalencia de la discapacidad entre la población que reside en cada una de ellas es mayor que la observada a nivel nacional. Nayarit y Durango son las entidades que presentan las prevalencias más altas del país, con 8.2 y 7.5 por ciento respectivamente. Le siguen tres estados con una prevalencia de 7.4 por ciento (Colima, Jalisco y Zacatecas). Las otras entidades con valores por encima de la nacional son: Michoacán (6.9 por ciento), Baja California Sur (6.8 por ciento), Veracruz (6.7 por ciento), Chihuahua y San Luis Potosí (6.6 por ciento), Oaxaca, Sinaloa y Yucatán (6.5 por ciento), Estado de México (6.2 por ciento) y Guerrero (6.1 por ciento).

Conscientes de la situación actual de este sector de la población, consideramos idóneo legislar a efecto de llevar a cabo acciones que los beneficien, y que estos beneficios sean directamente en su economía, en sus bolsillo. En este tenor, consideramos viable establecer descuentos en algunos de los servicios de los que son usuarios, tal como lo es el servicio de transporte federal. Y de suma importancia es asegurarnos que dichos beneficios no queden sujetos a la discrecionalidad o a la decisión o buena voluntad de algunos, es necesario pues, que tales beneficios se establezcan en la ley, para que así se apliquen con igualdad, con uniformidad en todo el país y de manera permanente.

En este tenor, es menester precisar que la movilidad es una parte inherente de la libertad del individuo y para las personas con discapacidad es un elemento esencial que posibilita la integración en la sociedad, por lo tanto es un derecho por el que debemos luchar incansablemente.

Por su parte, el acceso al transporte es un derecho de las personas con discapacidad y tal debe ser garantizado sin discriminación de ningún tipo.

Así, por su trascendencia e importancia, es nuestro deber emprender acciones que detengan las violaciones a estos dos importantísimos derechos: 1) El de movilidad, y 2) El de accesibilidad al transporte de las personas con discapacidad.

Su transgresión ha traído como consecuencia que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya emitido en febrero de 2018 la recomendación 02/2018 al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), precisamente por violaciones a los derechos humanos a la accesibilidad y movilidad de dos personas en condición de discapacidad, una de Morelos y otra en Veracruz, derivado de la falta de aplicación de descuentos en las tarifas del servicio público de autotransporte de pasajeros.

Esta recomendación fue motivada por la interposición de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y remitidas a la CNDH en razón de competencia, este organismo nacional conoció e investigó los dos casos, para lo cual integró los expedientes CNDH/ 2/2015/632/Q y CNDH/2/2017/2594/Q, respectivamente.

En Xochitepec, Morelos, una madre llevaba diariamente a su hija menor de edad con discapacidad intelectual a practicar deporte en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, pero dejó de hacerlo debido al alto costo del transporte y a que los transportistas no siempre les hacían efectivo el descuento, no obstante contar con una credencial del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que acredita la condición de discapacidad de la niña.

El otro caso está referido a una persona con discapacidad motriz en Orizaba, Veracruz, quien solicitó al Área de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se suscribieran convenios con los transportistas para beneficiar a las personas con discapacidad mediante descuentos en las tarifas, realizada el pasado 25 de octubre de 2016, la cual no fue atendida por la autoridad referida hasta después de remitida la queja ante el Ombudsman nacional.

De acuerdo con normas internacionales y nacionales aplicables, principalmente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de su Reglamento, la CNDH acreditó que en México está plenamente reconocido y establecido el derecho humano de accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad al servicio público de transporte con descuentos en las tarifas, por lo cual la SCT está obligada a promover, respetar, proteger y garantizarlo.

La CNDH sostiene que el derecho de las personas con discapacidad al servicio público de transporte con descuento en las tarifas, no está al criterio discrecional y optativo de los permisionarios o prestatarios del servicio, sino debe respetarse, protegerse, cumplirse y garantizarse por todos, ya que el sector privado de transportistas tiene la obligación compartida de incluir a esas personas en todas las actividades de la vida en comunidad, puesto que las empresas privadas también están obligadas a respetar los derechos humanos.

Por ello, la CNDH recomendó al secretario de Comunicaciones y Transportes celebrar convenios con los permisionarios del servicio público de autotransporte de pasajeros relacionados con los dos casos investigados para que otorguen tarifas reducidas o disminuidas a las personas con discapacidad, así como colaborar e interactuar con el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Programa Especial de Empresas y Derechos Humanos de la CNDH, para capacitar y actualizar al personal de la SCT en materia de derechos humanos, con énfasis en los derechos de accesibilidad y movilidad de ese grupo poblacional.

Como se ve, la recomendación en comento enfatiza la importancia de instaurar descuentos en el servicio transporte en beneficio de este sector de la población y, sin duda, hacer efectivo este derecho es un deber que está a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano desde sus respectivos ámbitos de competencia, incluidos por su puesto los legisladores. Por ende, nuestra obligación es actualizar el marco jurídico en la materia a fin de lograr que los descuentos en análisis queden plasmados en la ley y no sujetos a la discrecionalidad.

El derecho de las personas con discapacidad a gozar de descuentos en las tarifas del servicio público federal de transporte de pasajeros, es justamente eso, un derecho humano y nuestro deber es salvaguardarlo, respetarlo y trabajar en acciones que lo hagan efectivo en todo el territorio nacional.

Finalmente, para respaldar esta propuesta, hay que considerar que los permisionarios de transporte ya ofrecen descuentos para estudiantes, maestros del 25 y 50 por ciento y adultos mayores, en razón de un número específico de lugares (8 para estudiantes, 2 para maestros y 2 para adultos mayores), en los periodos vacacionales aprobados por la Secretaría de Educación Pública.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

...

La Secretaría establecerá en coordinación con los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros descuentos hasta de 50 por ciento, para las personas con discapacidad, en las tarifas aplicables y con un límite máximo de 5 lugares disponibles, respecto del total de la capacidad de la unidad vehicular.

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría establecerá la normatividad para el cumplimiento de este decreto dentro de los 90 días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

Notas

1 Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

2 Ídem.

3 Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

4 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Mariana Dunyaska García Rojas, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, María Marivel Solís Barrera, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Laura Martínez González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante este honorable pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un nuevo decimoprimer párrafo a la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el orden de los párrafos subsecuentes, recorriéndose en sus términos, y se reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El artículo 6o. constitucional establece el derecho fundamental a la información y en consecuencia, es obligación del Estado garantizarlo. En dicho precepto se define que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Asimismo se señala que el derecho de réplica será ejercido en los términos de lo dispuesto por la ley.

El mismo precepto constitucional determina que toda persona tiene derecho al libre acceso de información plural y oportuna, para lo cual el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los derechos de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Por ello, en la reforma constitucional de enero de 2016, se abre un apartado A específicamente para establecer las directrices, principios y bases desde el mismo marco constitucional que deberán ser observadas por la federación y las entidades federativas en el ámbito de su competencia.

En ese apartado A se enumeran los aspectos relevantes y las bases que se deberán observar para el manejo de toda información en posesión de cualquier autoridad y de todo aquel que reciba y ejerza recursos públicos en cualquier ámbito.

Todo manejo de la información que esté dentro de los criterios de este artículo es público y estará regulado por la ley en la materia en donde deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Desde luego que siempre existe la posibilidad de que haya cierta información de índole privado con datos personales. En este caso la propia ley deberá establecer los mecanismos para quedar protegida.

Contrario a lo que es indispensable en los actos administrativos y en procesos judiciales, para obtener información en términos de lo que establece la ley, no se necesita acreditar interés jurídico alguno para justificar su utilización, además de señalar de manera expresa que el acceso a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de los mismos debe ser completamente gratuito, con mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante organismos autónomos especializados e imparciales.

Es importante señalar que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicados en medios electrónicos disponibles. Asimismo, se determina la forma en cómo los sujetos obligados deberán hacer pública la información relacionada con el ejercicio de recursos públicos que se entreguen a personas físicas o morales y en caso de que no se observen las disposiciones de ley en materia de acceso a la información pública, debe haber sanciones.

Por mandato constitucional la federación cuenta con un organismo autónomo especializado responsable de garantizar el acceso a la información pública y a la protección de datos personales, y su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

La manera de garantizar el derecho a la información a la ciudadanía es que las resoluciones del órgano referido sean vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Sin embargo se deja la posibilidad de que el consejero jurídico del gobierno pueda impugnarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando esas resoluciones pongan en riesgo la seguridad nacional.

Dicho organismo tiene una organización administrativa con siete comisionados, quienes designan de entre ellos mismos al que habrá de desempeñarse como comisionado presidente. Es en la propia Constitución en donde se determina la forma en que son seleccionados estableciendo que la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios los nombra, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, poniendo énfasis en la participación de organizaciones especializadas en el tema, para conocer sus puntos de vista respecto de los requerimientos que deben cumplir los aspirantes a tan importante cargo. Una vez nombrados, el Presidente de la República está en posibilidad de objetar dichos nombramientos en un plazo de 10 días. En caso de objeción, el mismo Senado de la República deberá hacer una nueva propuesta.

El órgano garante a que se refiere la Constitución se denomina Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Desde el momento en que se creó, en el INAI ha sido fundamental la participación de la sociedad civil, debido a que se trata de una participación que queda al margen de filias partidistas. Sólo así es posible contar con la opinión para que en los diferentes procesos, empezando por las designaciones de los comisionados, se consideren los mejores perfiles, señalando a su vez a la opinión pública la pertinencia o no de los nombramientos propuestos.

A la vista y al paso del tiempo vemos que se ha procurado que los aspirantes a comisionados cuenten con alta especialidad, conocimiento y profesionalismo en la materia. También que cuenten con reconocida participación en temas de derecho a la información con probidad, al ser también personas destacadas en el conocimiento de dicho derecho fundamental con imparcialidad y autonomía para el debido ejercicio del cargo.

Derivado de lo anterior, no tiene sentido que los consejeros del órgano garante, después de haber sido filtrados por la sociedad civil y el Senado de la República por sus buenas cartas de presentación, puedan ser designados en puestos partidistas o electos para un cargo de elección popular perteneciente a un partido político, inmediatamente después de la terminación de su gestión, máxime cuando ello definitivamente podría repercutir en el manejo y salvaguarda de la información pública, reservada de interés público, de seguridad nacional, privada o de datos personales, que durante el ejercicio de su encargo manejó como comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía.

Porque el hecho de que un comisionado se haya ganado la confianza ciudadana de la sociedad civil para ser nombrado finalmente como tal por haber cumplido ciertos estándares de profesionalismo y que no obstante, inmediatamente a la conclusión de su encargo esté en posibilidades de obtener un cargo partidista o de elección popular por un partido político, representa al final de cuentas un acto que podría interpretarse como una burla a la ley, a la sociedad civil, así como al total de los procedimientos por los que pasó para ser seleccionado y nombrado comisionado, cubriendo cierto perfil y condiciones específicas en el proceso de selección dentro de las cuales tuvo que acreditar su imparcialidad, autonomía y apartidismo.

Por lo que de a partir de lo señalado en el párrafo anterior se considera pertinente la presente propuesta con el fin de salvaguardar la información pública, reservada de interés público, de seguridad nacional, privada y de datos personales, que durante el ejercicio de su encargo manejó un comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía y en consecuencia, desde la Constitución se impida a los comisionados salientes que en lo inmediato puedan ocupar puestos partidistas o cargos de elección popular propuestos por partidos políticos.

Y es que, más allá de que se ocupe en lo inmediato el cargo partidista o de elección popular representando algún partido político, lo que se pretende con la presente iniciativa, es cuidar el cúmulo de información que dicho comisionado conoció, la cual podría encontrarse desprotegida por un uso indebido o para beneficio de un interés político.

Por ello resulta altamente contradictorio que si un comisionado fue nombrado por habérsele considerado imparcial y autónomo como parte de sus virtudes, sin dependencia partidaria, a la terminación del encargo y en lo inmediato resulte que sí tiene preferencias políticas, relación e incluso participación activa con algún partido político, comprometiendo algún tipo de información a la que tuvo acceso durante el encargo.

Es una situación que resulta totalmente contraria a la esencia y naturaleza jurídica de las facultades y alcances de un comisionado encargado de velar por el derecho al acceso a la información; que por supuesto vale la pena decir que cuando se proponen como tal, jamás dicen tener preferencias, relación, acuerdos o tratos políticos con determinado partido político.

Para mayor claridad en la propuesta, señalo a continuación un cuadro comparativo con los cambios sugeridos:

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 6o. y se reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un nuevo decimoprimer párrafo a la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el orden de los párrafos subsecuentes recorriéndose en sus términos, y se reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 55 para quedar como sigue:

Artículo 6o....

...

...

...

A. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Quienes hayan fungido como comisionado presidente, comisionados y secretario ejecutivo, no podrán desempeñar cargos partidarios ni ser postulados como candidatos en elecciones para gobernador, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presidente municipal, diputado local, concejal o regidor durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.

...

...

...

...

...

...

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. a IV. ...

V.No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. En el caso de ser consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no podría postularse a menos que se separe del cargo con dos años anteriores al día de la elección.

...

...

...

VI. y VII...

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Laura Martínez González, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Ana María Rodríguez Ruiz, Anita Sánchez Castro, Beatriz Rojas Martínez, César Agustín Hernández Pérez, Cipriano Charrez Pedraza, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Graciela Sánchez Ortiz, Guadalupe Ramos Sotelo, Gustavo Contreras Montes, Idalia Reyes Miguel, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Juana Carrillo Luna, Juanita Guerra Mena, Laura Patricia Avalos Magaña, Leticia Díaz Aguilar, Lucía Flores Olivo, Marco Antonio Reyes Colín, María de los Dolores Padierna Luna, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Maximino Alejandro Candelaria, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Rafael Novella Macías, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Sandra Simey Olvera Bautista, Socorro Bahena Jiménez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Víctor Adolfo Mojica Wences, Víctor Gabriel Varela López (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada federal Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, somete a consideración esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 267, 270, 277 y se reforman los artículos, 279, 281, 278 todos del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

En la antigüedad el matrimonio era considerado como un vínculo jurídico indisoluble, no obstante el corpus iuris mexicano ha evolucionado hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la efectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a cabo una convivencia estable,  por lo que se debe de tener a consideración, que el concepto de familia no se constriñe únicamente al matrimonio sino que debe abarcar otros lazos familiares, por otro lado, se debe de enfatizar que no existe un modelo único de familia, de tal forma que la conceptualización de la misma debe de analizarse no solo como el vínculo derivado de lazos consanguíneos sino como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y, también por el desarrollo de esta, tal y como lo estable la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo lo siguiente:

Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile.

Fondo, Reparación y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012

172. Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar.

Desprendiéndose que el matrimonio no debe considerarse necesariamente como la base del núcleo familiar y que la protección a la familia no es limitativa, sino enunciativa, como lo prevén nuestro marco constitucional en su artículo 4o. y en tratados internacionales signados por nuestro Estado mexicano, tal como lo es el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece como obligación del Estado proteger a la familia debido a que es un elemento fundamental de sociedad mexicana. Es por ello que al sujetar a las personas a causales para disolver el vínculo matrimonial, atenta contra el derecho a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, en los que se encuentra el derecho a decidir el estado civil en el que quiere permanecer, sin que el Estado lo impida de alguna manera, toda vez que como ya lo estableció la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal, la dignidad humana, es “ el origen, la esencia, y el fin de todos los derechos humanos”.

Sin embargo, como ya se mencionó el concepto de familia abarca no solo a los familiares consanguíneos que tenemos alrededor de nosotros, sino que ese concepto ya es visualizado de manera más amplia, siendo injustificado que se obliguen a nivel federal que se acrediten causales para que proceda la demanda de divorcio para poder disolver el vínculo matrimonial a pesar de que su voluntad es no permanecer casado, siendo evidente que se trata de una medida que ingiere y trasgrede el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal y como lo estableció el criterio jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 165822

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Civil, Constitucional

Tesis: P. LXVI/2009

Página: 7

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende.

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Sin dejar de lado lo que el Tribunal Constitucional subrayó respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad otorga a los individuos la posibilidad de elegir y materializar el plan de vida que estimen más conveniente para la persona, dentro del que se encuentra la decisión de permanecer o no casado, lo que no puede ser obstaculizado por el Estado o por un tercero. En tal razón los jueces familiares no podrán condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, solamente bastará que cualquier cónyuge lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. Es por lo anterior, que me permito citar a continuación para mejor comprensión de lo antes mencionado la siguiente jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima

Registro: 2009591

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 10 de julio de 2015 10:05 h

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1ª./J.28/2015

Divorcio necesario. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones análogas).

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que el pasado 3 de octubre de 2008 en el entonces Distrito Federal, se derogaron las causales para la disolución del vínculo matrimonial, por lo que es menester hacer una debida armonización para que sea utilizado a nivel federal y no solo para algunos Estados de nuestra República, teniéndose a consideración los argumentos del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la contradicción de tesis 73/2014,en la que se determinó la inconstitucionalidad de Códigos Civiles que establecen como única forma para divorciarse la demostración de ciertas causales de divorcio cuando no hay mutuo consentimiento, dado que afectan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de quien se pretende divorciar, siendo indispensable que se haga el cambio pertinente para que este tipo de circunstancias no se sigan presentando en el día a día, lo cual es violatorio a los principios de progresividad y universalidad en materia de derechos humanos, tal y como se establece en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior se razona que el Estado mexicano no debe de ingerir a través de normatividad aplicable en el del derecho fundamental al libre desarrollo y al libre plan de vida, contemplados en nuestro marco construccional en los artículos 4o. y 1o., por lo consiguiente es menester que se deroguen las expresiones de causa, de nuestra normatividad positiva federal para contribuir en la construcción de un Estado respetuoso de los derechos de las personas que viven y/o transitan en territorio nacional, en cumplimiento de nuestro deber como mandatarios del pueblo mexicano.

Por lo antes expuesto someto a su consideración de esta Honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se derogan los artículos 267, 270, 277 y se reforman los artículos 279, 281, 278 todos del Código Civil Federal

Único. Se derogan los artículos 267, 270,277 y se reforman los artículos 279, 281, 278, todos del Código Civil Federal.

Artículo 267. Se deroga

Artículo 270. Se deroga

Artículo 277. Se deroga

Artículo 279. Se podrá solicitar en la demanda de divorcio elperdón expreso o tácito; no se considera perdón tácito la mera suscripción de una solicitud de divorcio voluntario, ni los actos procesales posteriores.

Artículo 281. El cónyuge que no haya solicitado el divorcio puede, antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al litigio, otorgar a su consorte el perdón respectivo; más en este caso, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos a los que se refirió el perdón y que motivaron el juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma especie, o por hechos distintos que legalmente constituyan causa suficiente para el divorcio.

Artículo 278. El divorcio puede ser solicitado por el cónyuge que a sus intereses convenga.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase en: Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 17. Protección a la Familia.

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

2 Época: Décima Época Registro: 160870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Materia(s): Civil Dignidad humana. Definición.

3 Véase en Gaceta Oficial del Distrito Federal, 3 de octubre de 2008, Derogación de expresión de causa para el matrimonio, recuperado:

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Leyes/031008leydeproteccion.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, Apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

La cultura es una manifestación del ser humano tanto a nivel individual como colectivo, que precede, rebasa y persiste sobre cualquier regulación existente. El papel del Estado es el de implantar marcos regulatorios que reconozcan a la cultura como un derecho humano y que garanticen el acceso a su disfrute, preservación, fomento, manifestación y producción.

I. Antecedentes y marco normativo

A nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, hace referencia en su artículo 27 a la protección y respeto de los derechos culturales enunciando que: “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

En relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2200 A (XXI) de 1966, en vigor desde 1976, ratificado por el Senado de la República como consta en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 9 de enero de 1981, su artículo 1o. sentencia: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Mientras que el artículo 27 establece que “...no se negará a las personas [...] a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI) y aprobado, entrado en vigor y publicado en el DOF en la misma fecha que el PDCP, establece en su artículo 15 que: “1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) participar en la vida cultural; b) ..., y c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados parte en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 3. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados parte en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.

En el mismo año de adopción de los pactos anteriormente mencionados (1966), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprueba la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional “con el fin de que los gobiernos, las autoridades, las organizaciones, las asociaciones e instituciones, a cuyo cargo están las actividades culturales, tengan constantemente en cuenta tales principios y puedan alcanzar gradualmente... los objetivos de paz y de bienestar enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.”

De igual forma, el mismo año de entrada en vigor del PDCP y del PIDESC (1976), la UNESCO aprueba la Recomendación Relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural, en la que se entiende por acceso a la cultura “la posibilidad efectiva para todos, principalmente por medio de la creación de condiciones socioeconómicas, de informarse, formarse, conocer, comprender libremente y disfrutar de los valores y bienes culturales”; por participación en la vida cultural “la posibilidad efectiva y garantizada para todo grupo o individuo de expresarse, comunicar, actuar y crear libremente, con objeto de asegurar su propio desarrollo, una vida armoniosa y el progreso cultural de la sociedad” y para los efectos del mismo documento el concepto de cultura “se amplía a todas las formas de creatividad y de expresión de los grupos o los individuos, ya sea en sus modos de vida o en sus actividades artísticas”.

A nivel regional, el derecho a la cultura está proclamado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia en 1948.

En su artículo 13 menciona el derecho a los beneficios de la cultura y expone que “Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.”

De igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) adoptada en 1969 y publicada en el DOF en 1981, estipula en su artículo 26 que “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura...”

Esta convención constituye la carta fundamental de derechos humanos vigente dentro del continente americano y a este documento se le adiciona el Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) adoptado en 1988 y cuya ratificación fue publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1995.

En el artículo 14 del Protocolo de San Salvador se establece el Derecho a los Beneficios de la Cultura: 1. Los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a: a) participar en la vida cultural y artística de la comunidad, b)..., y c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.  3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.”

En 2009, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales emitió la Observación General número 21 sobre el “Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a) del PIDESC)” y explica en su punto número 15 que el “derecho a participar o a tomar parte en la vida cultural tiene, entre otros, tres componentes principales relacionados entre sí: a) la participación en la vida cultural; b) el acceso a la vida cultural, y c) la contribución a la vida cultural.”

Asimismo expone en el punto número 16 que son elementos del derecho a participar en la vida cultural: a) la disponibilidad de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, b) la accesibilidad, consistente en disponer de oportunidades efectivas y concretas de que los individuos y comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y rurales, sin discriminación, c) la aceptabilidad, que implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptados por el Estado parte para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades, d) la adaptabilidad, refiriéndose a la flexibilidad y pertinencia de las políticas, programas y medidas adoptadas por el Estado, y e) la idoneidad, que se refiere a la realización de un determinado derecho humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad cultural.

En relación a la normatividad nacional, en 2009 se adhirió el derecho a la cultura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualmente el artículo 4o. párrafo duodécimo determina que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

A partir de dicha adición se comenzó a elaborar una ley que garantizara el ejercicio y cumplimiento de estos derechos. El 19 de junio de 2017 entró en vigor la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, por la cual se pretende según su artículo 2º: reconocer los derechos culturales de los habitantes; establecer mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales; promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país; garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural; promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales; establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades y municipios; establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado; y promover entre la población, el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Creada toda una base normativa a nivel internacional, regional y nacional que reconoce y protege el derecho a la cultura, se encuentra el desafío de impulsar mecanismos legales estratégicos que permitan la producción, desarrollo, manifestación, fomento y disfrute de la cultura y las artes de manera natural, autónoma y espontánea.

II. Planteamiento del problema

México es un país con una cultura rica en diversidad artística. Hemos desarrollado desde disciplinas como la danza, música, escultura, dibujo, arquitectura, teatro, pintura, literatura, poesía y cine, hasta especializarnos en áreas como la gastronomía, vestimenta típica, artesanías y lenguaje.

En medio de esta riqueza cultural, somos también un país inculto, alejado en gran medida del significado de sus costumbres y desconocedor de su historia y sus raíces.

Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales realizada en 2010 por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 43 por ciento de los mexicanos nunca ha ido a una biblioteca y 57 por ciento nunca ha estado en una librería o en tienda donde sólo vendan libros, 66 por ciento jamás ha asistido a una función de danza (excluyendo espectáculos escolares de hijos o conocidos), 53 por ciento nunca ha ido a una zona arqueológica o algún sitio de monumentos históricos, 43 por ciento no conoce un museo, 86 por ciento nunca ha ido a una exposición de artes plásticas (dibujo, grabado, escultura, pintura, arquitectura), y 38 por ciento nunca lee los periódicos.

De la misma Encuesta en la que participaron 32 mil personas, se desprende que sólo 13 por ciento está “interesado” por lo que sucede en la cultura o en las actividades culturales, 34 por ciento dijo estar “algo interesado”, otro 34 por ciento “poco interesado”, 14 por ciento “nada interesado”, 1 por ciento no sabe y 4 por ciento no respondió.

El 67 por ciento no gastó ni un solo peso en el año anterior al levantamiento de la encuesta por asistir a espacios culturales, 46 por ciento no gastó en música, 72 por ciento no invirtió en libros y 58 por ciento tampoco gastó en películas.Asimismo, 45 por ciento manifestó nunca haber asistido a un concierto de música y 67 por ciento dijo nunca haber acudido a una obra de teatro.

Lo anterior se contrapone al hecho de que la infraestructura cultural en México es muy vasta. En el marco del XV Foro Nacional de Turismo celebrado en febrero de 2017, la Secretaría de Cultura en funciones compartió algunas de las cifras de infraestructura cultural, a saber: México posee 1 mil 209 museos, 645 teatros, 189 zonas arqueológicas abiertas al público, 798 galerías, 744 complejos cinematográficos y 820 festivales de arte y cultura.

La ex Secretaría de Cultura recordó que México ocupa el séptimo lugar entre las naciones con sitios declarados Patrimonio Mundial y es también el séptimo en Memoria Documental en el programa “Memoria del Mundo” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de que cuenta con uno de los más ricos territorios donde conviven 68 lenguas indígenas.

Según el Informe 2018 del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle México en el que se encuestaron a 600 personas, 85 por ciento piensa que México es un país con mucha oferta cultural y 58 por ciento considera estar desaprovechando las opciones y eventos a su alrededor.

Asimismo, entre los eventos que los entrevistados consideran más atractivos se encuentran los conciertos, el cine y el teatro, sin embargo, a excepción del cine, también se considera que esos eventos son los más costosos.

De lo anterior se desprende que, en primer lugar, a pesar de una vasta infraestructura cultural, existe una inequitativa distribución entre municipios y localidades. En este sentido y a manera ilustrativa, se destaca la propuesta elaborada por el maestro Eliud Silva y publicada en el Sistema de Información Cultural, para la creación de un Índice de marginación en infraestructura cultural en la que se considera importante “definir un conjunto de espacios culturales como mínimo necesario que debe ofrecer el Estado para propiciar el acceso a la cultura por parte de la población de México”

En segundo lugar, se observa una política de fomento a la cultura que no ha dado resultados adecuados puesto que no ha sido lo suficientemente atractiva ni asequible para la población. En consecuencia, se obtiene que no existe una relación congruente entre la oferta y la demanda de cultura.

Por una parte, existe una oferta no distribuida equitativamente y no aprovechada, y por otra, una demanda mínima que no asegura la rentabilidad de los proyectos culturales por falta de consumidores. Es en este último punto en el que la presente iniciativa pretende focalizar sus esfuerzos, proponiendo una alternativa.

Adicional a lo anterior, es importante destacar que México emitió la Declaración de México sobre Políticas Culturas el 6 de agosto de 1982, documento histórico que marcó un parteaguas internacional en la determinación de conceptos y principios culturales.

Posteriormente, se creó en México, en 1988, el Conaculta, y en 2009 adhirió un párrafo en el artículo 4o. de la Constitución mexicana sobre el derecho a la cultura. En 2015 se creó la Secretaría de Cultura y en 2017 se promulgó de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Sin embargo, los esfuerzos anteriores se han visto mermados a causa de la insuficiencia de recursos destinados año con año en el presupuesto etiquetado para la producción, conservación, fomento y operación de lo relacionado al rubro de cultura.

Según datos de la Comisión Especial para América Latina, expresados por Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sector cultural de México recibe 22 veces menos recursos de los que genera para la economía, pues tan sólo en 2016 este sector aportó 3.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y en contraste, el gasto público en actividades culturales de 2015 fue apenas de 0.15 por ciento.

Los recortes presupuestales impactan directamente en el desarrollo de las actividades de operación, fomento y producción de arte por parte de las secretarías de estado, los programas culturales, las entidades federativas y las instituciones de dedicadas a la investigación, preservación, exposición, producción y desarrollo del arte y cultura, de aquí que resalte la ausencia de mecanismos generados para contrarrestar la falta de presupuesto de manera que las actividades culturales puedan ser sostenibles por sí mismas.

La posibilidad de consumir en las artes no ha sido verdaderamente asequible ni atractiva. En general; el consumo en cultura continúa concibiéndose como un gasto y no como inversión debido a la inexistencia de incentivos y a la falta de profesionalización de algunas instituciones públicas en cuanto su régimen fiscal.

Esto último implica que en diversos municipios, los talleres, eventos y cursos culturales que promueven las instituciones públicas, centros de desarrollo y espacios artísticos, incluso aunque tengan la posibilidad legal, en numerosas ocasiones los pagos en tarjeta no son aceptados y tampoco se emiten las facturas correspondientes.

Todo lo recién señalado se ve reflejado en las cifras que muestra el Módulo Sobre Eventos Culturales Seleccionados 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual señala que ha habido un constante descenso en los últimos años respecto al porcentaje de la población de 18 y más años, que asistió a algún evento cultural seleccionado (en los últimos doce meses). Ya que, por ejemplo, dicho porcentaje a junio de 2016 representaba 60 por ciento de los encuestados, mientras que este porcentaje descendió a 59 en mayo de 2017, y posteriormente se disminuyó a 58 en mayo de 2018.

III. Argumentos

Por lo expuesto es que la presente iniciativa tiene por objeto ofrecer una alternativa para la sostenibilidad de las actividades culturales. Por una parte, se pretende incentivar a los consumidores potenciales de inscripción y asistencia a cursos, talleres, espectáculos y eventos culturales a que lo lleven a cabo. Y por otra, generar una mayor demanda de las mismas actividades con el fin de que el sector cultural se vea beneficiado y sostenga sus proyectos culturales.

Siendo así, se propone establecer expresamente que los contribuyentes puedan presentar como parte de sus deducciones personales en la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR), los gastos efectuados por éste, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta en segundo grado, por concepto de consumo de espectáculos artísticos, incluyendo aquellos relacionados con artes visuales, artes escénicas, danza, orquesta y música de concierto. Así como aquellos generados por concepto de pago de cursos culturales, visita a museos, adquisición de obras de arte, libros, impresiones periodísticas, revistas y artesanías, ya sea que hayan sido organizados, vendidos o producidos por establecimientos públicos o privados.

Según datos de la cuenta satélite de la Cultura de México, en 2017 el valor de las actividades vinculadas con el sector de la cultura ascendió a 661 mil 505 millones de pesos, lo que representó 3.2 por ciento del PIB del país y como desagregado de las actividades, se observó que durante 2017 las más significativas fueron las de medios audiovisuales, las artesanías y la producción cultural de los hogares, que representaron 37, 18.6 y 18.3 por ciento, respectivamente.

Estas actividades en conjunto aportaron 73.9 por ciento de la producción cultural. Le siguieron el diseño y servicios creativos con 8.3 por ciento; las artes escénicas y espectáculos con 5.5 por ciento. La formación y difusión cultural en instituciones educativas con 4.7 por ciento, libros, impresiones y prensa con 3.7 por ciento, patrimonio material y natural con 1.5 por ciento, artes visuales y plásticas con 1.2 por ciento, y música y conciertos con 1.1 por ciento. La presente iniciativa representa una excelente herramienta para incentivar las actividades que representaron una menor aportación al PIB (mencionadas anteriormente) y que constituyen disciplinas básicas para la formación humana, como lo son las artes escénicas y espectáculos, formación y difusión cultural en instituciones educativas, libros, impresiones y prensa, patrimonio material y natural, artes visuales y plásticas y la música y los conciertos. Todas las anteriores representaron sólo 17.7 por ciento de la producción cultural en su totalidad.

Permitir deducciones personales del ISR para personas físicas en consumo cultural y artístico logrará: 1) Profesionalizar los centros y espacios culturales de las instituciones públicas de fomento al arte en cuanto sus obligaciones de facturación; 2) Promover la transición a la formalidad de grupos, colectivos y personas físicas que se dediquen a la producción y venta de artes visuales, escénicas y artesanías a través de la posibilidad de constituirse legalmente; 3) Aumentar la demanda de asistentes y alumnos a talleres y cursos culturales así como incrementar el consumo de espectáculos, obras de arte, libros e impresiones; y 4) Mejorar tanto la seguridad laboral de artistas y productores como el sostenimiento de institutos artísticos una vez incrementada la demanda de sus eventos, cursos, obras y espectáculos.

En este orden de ideas, también se destaca la importancia de la cultura para erradicar la violencia y pacificar al país, mejorar el tejido social y lograr el bienestar de las comunidades.

El artículo 3o. constitucional, fracción II, del inciso a), define a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, de aquí que el mejoramiento de la cultura de los mexicanos sea una condición indispensable para la existencia de su democracia.

Como bien se ha señalado, es necesario que en el país se fomente el consumo de productos y actividades culturales ante la escasa demanda de los mismos, por lo que se propone el uso de incentivos fiscales, los que hagan más atractiva a la población su consumo. Esto redituará en beneficios económicos tanto para el público consumidor, como para las personas físicas y morales dedicadas a actividades culturales.

Por último, cabe destacar que la aplicación de los propuestos incentivos fiscales no provocaría una afectación significante al erario nacional, ya que, el último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR “El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o de 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente...” esto que significa que adicionar la cultura como deducible de impuesto, no generaría una pérdida para el fisco, sino que sólo permitiría al contribuyente tener una opción adicional respecto a los rubros en los que desee deducir ese 15 por ciento de sus ingresos. Adicionalmente, se propone establecer en un artículo transitorio que las deducciones personales contempladas en la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se pretende adicionar, no puedan exceder el límite anual de 12 mil pesos, moneda nacional.

Ante esta situación, se propone la adición de una fracción novena al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, modificación que se reproduce a continuación en un cuadro comparativo, para así facilitar su estudio:

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adicionan la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. Los gastos efectuados por el contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta en segundo grado, por concepto de consumo de espectáculos artísticos, incluyendo aquellos relacionados con artes visuales, artes escénicas, danza, orquesta y música de concierto. Así como aquellos generados por concepto de pago de cursos culturales, visita a museos, adquisición de obras de arte, libros, impresiones periodísticas, revistas y artesanías, ya sea que hayan sido organizados, vendidos o producidos por establecimientos públicos o privados.

Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal.

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo único del presente decreto no podrá exceder el límite anual de deducción por un monto máximo de 12 mil pesos, moneda nacional.

Notas

1 Mónica Mateos-Vega, “CNCA: 48 por ciento de mexicanos no muestran interés por la cultura”, La Jornada, 16 de diciembre de 2010, Sección Cultura.

2 Conaculta, Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, agosto 2010, página 192.

3 Ibídem, página 181.

4 Ibídem, página 182.

5 Ibídem, página 183.

6 Ibídem, página 184.

7 Ibídem, página 30

8 Ibídem, página 56.

9 Secretaría de Cultura, México ofrece experiencias culturales únicas e irrepetibles construidas con su riqueza milenaria: María Cristina García Cepeda, Comunicado para la Prensa, 20 de febrero de 2017.

https://www.gob.mx/cultura/prensa/mexico-ofrece-experiencias-culturales- unicas-e-irrepetibles-construidas-con-su-riqueza-milenaria-ma-cristina- garcia-cepeda

10 Universidad del Valle de México, Eventos Culturales: Alternativas y Preferencias 2018,

https://www.opinionpublicauvm.mx/estudios/eventos-culturales-alternativas- y-preferencias

11 Maestro Eliud Silva, Índice de Infraestructura Cultural,

https://sic.cultura.gob.mx/documentos/1265.pdf

12 UNAM, México Necesita Mayor Inversión en Cultura, Boletín UNAM-DGCS-085, 10 de febrero de 2018.

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_085.html

13 Inegi, Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados 2018, Comunicado de Prensa Número 308/18

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/ 2018/EstSociodemo/modecult2018_07.pdf

14 Inegi, Cuenta Satélite de la Cultura de México 2017, Comunicado para la Prensa Número 581/18.

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/ 2018/StmaCntaNal/CSCltura2018_11.pdf

15 Francisco Javier Dorantes Díaz, Derecho a la cultura en México. Su constitucionalización, sus características, alcances y limitaciones, alegatos, número 85, México, septiembre/diciembre de 2013, página 851,

http://132.248.9.34/hevila/Alegatos/2013/no85/6.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputadas: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Jannet Tellez Infante, María Marivel Solís Barrera, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral quinto del artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que crea la medalla Elena Poniatowska de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

El Congreso de la Unión es el Poder Federal que representa territorial e ideológicamente a las mexicanas y los mexicanos, en él se agrupan la diversidad y la pluriculturalidad de nuestro pueblo y sus expresiones políticas, sociales y culturales y convergen para construir en base al diálogo y el acuerdo las políticas necesarias para el desarrollo nacional.

Sin duda el papel social del Congreso de la Unión, no se limita solamente a sus actividades legislativas, sino que es al mismo tiempo una tribuna para todas las voces que deciden manifestarse y un recinto para conjuntar la Cultura Nacional, entendiéndola como un medio para lograr el desarrollo humano, recopilar las tradiciones y la memoria de nuestros pueblos y difundir ante la sociedad mexicana y la comunidad internacional las expresiones que dan singularidad y representatividad a nuestro país.

La labor social del Congreso de la Unión tiene como finalidad construir un espacio donde la sociedad civil encuentre cauce a sus aspiraciones sociales, económicas, políticas y culturales, es por ello que una de las transformaciones que debe asumir el Poder Legislativo Federal, es constituirse como un parlamento abierto, donde las diversas expresiones tengan cabida y reconocimiento y de esta forma podamos establecer mejores relaciones entre los mexicanos, en momentos donde la realidad nacional requiere de alicientes para que el pueblo manifieste su orgullo y recupere su identidad perdida, para reconstruir el tejido social.

En este sentido la cultura, juega un papel fundamental, no debe concebirse como un accesorio momentáneo, sino como un proceso que le permite a las personas mejorar su calidad de vida a través de la apropiación de contenidos culturales y artísticos, que les brinden la posibilidad de descubrirse como parte de una sociedad con una enorme riqueza, que reside en su Historia, tradiciones, lenguas, saberes y expresiones artísticas.

Por ello, la necesidad imperiosa de alentar la difusión cultural por cualquier vía que permita la interacción de la población con los creadores culturales y artísticos, que han dedicado su vida a la producción de obras que le brinda a la población la oportunidad de participar no solo como espectadores, sino como futuros creadores desde sus comunidades y experiencias.

Porque, podemos decir de una obra popular como El llano en llamas de Juan Rulfo, que es una obra literaria que refleja la vida en la provincia mexicana, donde las personas se sienten identificadas por los personajes y las situaciones que el escritor crea y recrea en su obra.

Que decir de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco y su probable influencia en otras disciplinas culturales y artísticas, como la música popular, el cine y aún más en otras actividades como la crónica de la Ciudad de México y sus colonias y barrios.

Decía el recientemente fallecido escritor Amos Oz, que el viajero, el turista recorre los museos, las playas y los edificios de las ciudades, pero que es a través de la novela donde uno puede más que viajar, convivir con la intimidad de las personas que habitan en cada rincón del mundo. Así sin duda la cultura es un reflejo no sólo de la historia de los países, sino un acercamiento a la vida cotidiana e incluso a la intimidad del pensamiento y las aspiraciones de las personas.

La cultura mexicana, fruto del encuentro de dos mundos que este 2019 conmemoran 500 años de haberse encontrado, primero en el campo de batalla y en la opresión colonial, pero posteriormente en el mestizaje cultural de los cuales sin duda Sor Juana Inés de la Cruz, es representante, símbolo y cima de la cultura colonial, donde también la arquitectura, la crónica, las artes plásticas y el teatro forjaron una buena parte de la identidad nacional.

Durante nuestra vida independiente sucesivas oleadas de migrantes de otras regiones, alentaron el desarrollo cultural en México, apropiándose de las expresiones populares, como la gastronomía, la música popular y medicina tradicional, para incluir en la identidad nacional elementos enriquecidos de la experiencia y la tradición universal, algunos tan simbólicos como el Jarabe Tapatío, fruto de la expresión artística árabe, española y mexicana.

En el siglo pasado la historia moderna y la creciente globalización nos permitió, seguir ensanchando nuestro patrimonio cultural, recordemos las migraciones producidas por causas políticas y humanitarias, donde un ejemplo importante, es la fundación del Colegio de México, formado en su mayoría por maestros del exilio español, más aún, durante el siglo pasado recibimos en nuestro país, un gran número de creadores culturales, que desarrollaron gran parte de su obra en México, como el director de cine español Luis Buñuel, que recreara en Los olvidados, la visión de la pobreza lacerante de las ciudades, donde las personas dejan de ser una estampa estática, para mostrar con realismo y crueldad la vida misma en la creciente Ciudad de México.

Podemos decir que Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, son obras universales pero que fueron escritas en la Ciudad de México, por lo que les corresponde un cierto arraigo en nuestro país.

En conclusión, la cultura nacional es un crisol de expresiones, que se ha enriquecido y abierto hacia lo universal a través del mestizaje y la migración, los cuales han contribuido a moldear una identidad nacional que reside en su diversidad y alimenta la pluriculturalidad, más allá de las expresiones de los pueblos originarios.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad reconocer la diversidad cultural de nuestra sociedad, a través de otorgar un estímulo simbólico, otorgado por la Cámara de Diputados, a mexicanas y mexicanos que hayan contribuido con su obra al enriquecimiento de la cultura nacional y universal.

Actualmente de acuerdo al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece los siguientes reconocimientos que otorga nuestra institución:

Artículo 261.

1. La Cámara otorgará la Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

2. La Cámara otorgará anualmente la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece (DOF 18-12-2015) el decreto de su institución, así como su Reglamento.

3. La Cámara otorgará anualmente la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales, destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano, o a aquellos destacados por el fomento, la protección o el impulso del deporte social, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

4. La Cámara otorgará anualmente la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regule su entrega.

Denotamos, que no existe ninguna distinción reservada a el ámbito cultural y artístico, que coincida con los intereses que la exposición de motivos ha manifestado, de otorgar un reconocimiento que sirva como aliciente para el desarrollo de nuevos creadores y la difusión de la cultura nacional, considerando su aporte universal, a través de la divulgación de la obra de la creadora o del creador reconocido.

Es por ello que la iniciativa promueve lo siguiente:

La Cámara de Diputados, como integrante del Poder Legislativo tiene una responsabilidad social con el pueblo de México, dado su carácter de representación de la diversidad social y territorial de nuestro país y su compromiso con la construcción de una mejor sociedad, donde puedan accederse con las menores restricciones los derechos humanos consagrados en nuestra norma suprema, uno de ellos reconocido en el artículo 4o. constitucional, es el derecho al acceso de la cultura y el ejercicio de sus derechos culturales. Por lo que una medida de acceso a estos derechos es la divulgación de la obra de creadoras y creadores mexicanos, para que la sociedad se apropie de ella y pueda desarrollar su creatividad individual teniendo como aliciente a quienes han sido reconocidos.

En suma, quien suscribe la iniciativa, promueve que este reconocimiento lleve el nombre de Elena Poniatowska, dado que el mestizaje y la migración son elementos claves en el desarrollo de la cultura nacional y su identidad, además de que este reconocimiento no sólo se otorga por su obra literaria y periodística, sino por su valor como luchadora social y cronista de sucesos que han marcado la vida política y social de México, tales como los sucesos trágicos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el movimiento democrático sindical de los trabajadores ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa y la solidaridad, conjugada con el esfuerzo nacional durante los sismos de 1985 en la Ciudad de México.

Tal como se lee a continuación en su semblanza, Elena Poniatowska es un ejemplo vivo de una creadora cultural, desde los ámbitos literarios y periodísticos, donde ha conjugado su pasión por la democracia de nuestro país.

Semblanza de Elena Poniatowska

Elena Poniatowska Amor, hija de padre francés de origen polaco, Jean E. Poniatowski, y madre mexicana, Paula Amor, nació en París, en 1932. Primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo, entre sus obras se cuentan La noche de Tlatelolco, un clásico desde su publicación, al que se le otorgó el Premio Xavier Villaurrutia que rechazó preguntando quién iba a premiar a los muertos. Sus novelas y cuentos son La flor de lis, De noche vienes y Tlapalería, Paseo de la Reforma, Hasta no verte Jesús mío, la vida de una soldadera mexicana, Querido Diego, te abraza Quiela, Tinísima ganadora del Premio Mazatlán (1992), La piel del cielo, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2001 y El tren pasa primero, sobre la vida de los ferrocarrileros mexicanos, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (2007). Leonora obtuvo el Premio Biblioteca Breve Seix Barral (2011). El Universo o nada (2013) es la biografía del astrofísico Guillermo Haro. Rondas de la niña mala, es su primer libro de poesía, y cinco libros de cuentos para niños. Boda en Chimalistac, La vendedora de nubes, El burro que metió la pata, Sansimonsi, ilustrado por Rafael Barajas El Fisgón y El niño estrellero, por Fernando Robles, El Charrito cantor ilustrado por Oswaldo Hernández Garnica.

Traducida a veinte idiomas, Gaby Brimmer y Las mil y una, la historia de Paulina abordan problemas sociales. Tras recibir doctorados honoris causa de la UNAM y de la UAM, le fueron otorgados los de la Universidad de Puebla, de la de Sonora y del estado de México, de la de Guerrero, la de Chiapas y la de Puerto Rico. También recibió el New School of Social Research de Nueva York, Manhattanville College y la Florida Atlantic University en los Estados Unidos y en Paris 8, La Sorbona y en Pau-Pyrénées, así como el premio Mary Moors Cabot de periodismo en la Universidad de Columbia, Nueva York (2004) el de la Universidad Complutense, Madrid (2015), la Legión de Honor Francesa a título de oficial, el “Gabriela Mistral” de Chile y en 2006 el “Courage Award” de La International Women’s Media Foundation. El 19 de noviembre fue nombrada Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013.

Por lo anterior se sustenta que Elena Poniatowska reúne todos los elementos para ser considerada una creadora universal, cuyo aporte a la identidad nacional, está destinado a los sectores populares que han encontrado en sus crónicas y novelas, un reflejo del siglo XX en México, para que puedan apropiarse de la historia de los movimientos sociales y de la vida de personajes que han forjado con su trayectoria el rostro moderno de México, tales como Gabriela Brimmer, Guillermo Haro o Tina Modotti, por ello en una expresión de reconocimiento, la Cámara de Diputados, asumiendo su papel de representante popular, propone que la Medalla que reconoce el mérito a la creación cultural, sea distinguido con el nombre de Elena Poniatowska.

Es por lo expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante esta asamblea popular, el siguiente proyecto de

Único. Se adiciona el numeral 5 del artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar en los términos siguientes.

Artículo 261.

...

...

...

...

5. La Cámara otorgará anualmente la Medalla Elena Poniatowska, para reconocer y premiar a las mexicanas y mexicanos que hayan destacado en el ámbito de la cultura mexicana y universal, así como su vocación social para la difusión y preservación del patrimonio cultural nacional, de acuerdo con el decreto reglamentario de su creación.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir el Decreto Reglamentario.

Nota

1 Semblanza autorizada por Elena Poniatowska, y concedida para publicación.

Dado en el Palacio Legislativo, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 26 días del mes de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Sergio Mayer Bretón, Ana María Rodríguez Ruiz, Beatriz Rojas Martínez, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Eudoxio Morales Flores, Guadalupe Ramos Sotelo, Jannet Tellez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Laura Martínez González, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Marivel Solís Barrera, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Ismael Moreno Gil, Maximiliano Ruiz Arias, Maximino Alejandro Candelaria, Oscar Rafael Novella Macías, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Carlos Alberto Valenzuela González, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con base en lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

Desde la aprobación y la publicación del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, de fecha 27 de mayo de 2015, omitió el Legislativo armonizar y adecuar la legislación secundaria que deriva de haber trasladado asuntos abordados en los artículos 113 a 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Derivado del decreto señalado en el planteamiento de la presente iniciativa se realizaron modificaciones profundas en los artículos 109 y 113 de la Constitución, los cuales no se habían reformado desde 1982 y 2002, respectivamente.

A continuación se presenta una tabla comparativa de los textos de ambos artículos en sus versiones reformadas del 19 de julio de 2013 y 27 de mayo de 2015:

Como es de notarse, los cambios en ambos artículos no fueron simples sino que modificaron sustancialmente la naturaleza de cada uno de ellos. Por lo que será un yerro no realizar esta reforma de manera oportuna, pues si bien la omisión legislativa de estos casi cuatro años no ha generado actos de inconstitucionalidad, puede generar en el futuro reclamaciones por parte de los ciudadanos y estos a su vez al ampararse o presentar sus recursos legales quedarían en una indefensión.

La revisión de esta situación surge de la lectura de la nota al pie de la tesis doctoral presentada y publicada en 2018 por Marco Antonio Zeind Organismos constitucionales autónomos, que señala:

A pesar de no señalarse de manera expresa, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dejaría de ser reglamentaria del artículo 113 constitucional para ahora reglamentar el último párrafo del artículo 109..., situación delicada toda vez que no es poca cosa realizar una reforma constitucional que traslade de un artículo a otro una figura jurídica... (Zeind, 2018).

De la experiencia anterior, la Cámara de Diputados debe promover un enfoque transversal y de previsión de riesgos legislativos, cuyo fin es expedir leyes lo mejor diseñadas y redactadas posibles. Toda vez que los efectos que las mismas causen por omisiones, leyes mal elaboradas o falta de acción para su corrección son también responsabilidad de los legisladores cuando estas van en detrimento de la sociedad, del ciudadano y del país.

III. Fundamento legal de la iniciativa

A esta iniciativa son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

b) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

V. Ordenamiento por modificar

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Único.Se reforma del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 1.La presente ley es reglamentaria del último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

(...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes bibliográficas

Zeind, Marco Antonio (2018). Organismos constitucionales autónomos, Ciudad de México. México. Tirant Lo Blanc, 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Carlos Alberto Valenzuela González, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 205 y el capítulo XII al título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

A escala mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral en comparación con los hombres. La Organización Internacional del Trabajo, afirma que tan solo en 2018, la tasa mundial de participación femenina fue de 48.5%; 26.5 puntos porcentuales más baja que la de los hombres. Estos datos reflejan, que por cada 10 hombres que trabajan, solo 6 mujeres están empleadas.

En nuestro país, las mujeres trabajadoras ganan en promedio 20 por ciento menos que los hombres, tienen mayores niveles de desempleo y altos porcentajes de trabajo no remunerado. México todavía tiene una de las tasas más bajas en cuanto a participación de las mujeres en el mercado laboral.

A través del documento “Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género 2017”, la OCDE indica, que menos de la mitad (47 por ciento) de las mexicanas en edad productiva son parte de la fuerza de trabajo, tasa que es muy inferior al promedio de la OCDE de 67 por ciento y niveles de alrededor de 60 por ciento en Chile, Colombia, Perú y Brasil.

Estas cifras, colocan a México con una brecha laboral de un 35 por ciento frente a los otros países que solo tienen un 17 por ciento, posicionando a nuestro país como primer lugar en desigualdad laboral. La brecha de género más pronunciada se da entre las mujeres jóvenes, ya que están en mayor desventaja de poder obtener un trabajo, sobre todo las que tienen entre 15 y 24 años de edad. Estas cifras muestran la profundidad de las desventajas que tienen las mujeres en el ámbito laboral.

Por otro lado, la representación de las mujeres en el sector público es mayor que en el sector privado. Las mujeres ocupan 51 por ciento de los empleos en el sector público, aunque todavía están subrepresentadas en los niveles administrativos.

En el caso de autoempleos, la OCDE menciona que las mujeres mexicanas, tienen muchas más probabilidades de trabajar en la informalidad que los hombres, por ejemplo, como trabajadoras domésticas o vendedoras ambulantes. Se debe destacar, que esta desigualdad de género tiene un alto costo. Además del imperativo moral y ético, las repercusiones económicas son significativas. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es fundamental para promover y sostener el crecimiento económico.

Los modelos de la OCDE calculan que habría un impulso considerable al crecimiento en México si las mujeres participaran en el mercado laboral en porcentajes similares a los de los hombres. Si se redujera a la mitad la brecha de género en la participación en la fuerza de trabajo de personas entre 15 y 74 años para 2040, se añadirían potencialmente 0.16 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual promedio proyectada en el PIB per cápita para el periodo 2013-2040, incrementando la tasa promedio proyectada a 2.46% anual. Por lo tanto, las acciones decisivas de México para reducir las brechas de género deben seguir siendo una prioridad.

Si bien es cierto, los últimos veinte años han sido positivos para la situación de la mujer en el mundo del trabajo y la igualdad de género en la sociedad; hay más conciencia de la importancia crucial de la igualdad de género en las iniciativas para reducir la pobreza e impulsar del desarrollo económico. Prueba de esa conciencia es la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, y la determinación de los líderes mundiales de «lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor» (Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, meta 8.5), y de «lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas» (Objetivo de Desarrollo Sostenible 5) para 2030. No obstante, pese al progreso logrado hasta ahora y al empeño en seguir avanzando, las perspectivas de la mujer en el mundo del trabajo distan mucho de ser iguales a las de los hombres.

Debemos recordar que para el Estado mexicano, el reconocimiento de que el avance de la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad, ha quedado asentado al ratificar las principales convenciones internacionales, particularmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en su artículo 11 señala: “...los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos.”

México está construyendo un avanzado marco jurídico y político encaminado a lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y a fortalecer los esfuerzos para desarrollar e implementar políticas que hagan frente a muchas de estas desigualdades. Por tanto, nuestro país debe continuar invirtiendo en políticas sociales y de mercado laboral que fortalezcan a las mujeres y revitalizar los esfuerzos para reducir las desigualdades en educación, participación en la fuerza de trabajo, calidad del trabajo, trabajo no remunerado y liderazgo.

La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es esencial para la viabilidad económica de la familia, cuando las mujeres trabajan, hay efectos intergeneracionales a futuro sobre la desigualdad de género, ya que las actitudes de género se moldean tanto en el hogar como en el espacio público. Por ello, debemos adoptar medidas que coadyuven a romper las barreras que enfrentan las mujeres en el mundo laboral.

Esta iniciativa, busca coadyuvar en los esfuerzos implementados hasta hoy en pro de la igualdad de género en el ámbito laboral, incentivando el acceso equitativo a más empleos. En esta iniciativa, propongo adicionar un artículo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que la dueña o el dueño de una empresa pueda deducir hasta un 25 por ciento del ISR total que paga a la Secretaría de Hacienda, cuando en su plantilla de trabajadores tenga como mínimo un 50% de mujeres contratadas. Buscando con esto, que los empleadores opten por contratar a más mujeres dentro de sus empresas; intensificando los esfuerzos y lograr un mercado laboral más justo e inclusivo, esto es crucial para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 205 y el capítulo XII al Título VII de la ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Único: Se adiciona el artículo 205 y el Capítulo XII al Título VII de la ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 205. Se otorgará un estímulo fiscal a quien tenga como mínimo un 50 por ciento de mujeres contratadas en su plantilla de trabajadores. Podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente a 25 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado. Siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Perspectivas sociales y del empleo en el mundo

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2018/05/Perspectivas-Sociales-y- del-Empleo-en-el-Mundo_Tendencias-del-Empleo-Femenino-2018_OIT1.pdf

2 Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ ESTUDIO-OCDE-INMUJREES-2017.pdf

3 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de- desarrollo-sostenible.pdf

4 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: María Ester Alonzo Morales, Beatriz Rojas Martínez, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Juan Ortiz Guarneros, Julieta Macías Rábago, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Marivel Solís Barrera, Martha Hortencia Garay Cadena, Ricardo Aguilar Castillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Ruth Salinas Reyes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de servidores públicos, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de servidores públicos, al tenor de la siguiente

En las sociedades modernas predomina un gran escepticismo sobre la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo eficiente y honradamente los programas de trabajo que se proponen y ofrecen.

Periódicamente conocemos sondeos de opinión que distintas empresas en la materia realizan al ciudadano para conocer y medir su percepción respecto al trabajo y desempeño gubernamental, destacando los problemas de inseguridad pública que se relacionan con la aplicación de la ley y la desconfianza del funcionamiento y actuación de las autoridades para proporcionar servicios de calidad.

Es en este proceso donde el desencanto social por sus gobiernos se rompe al ver la falta de honradez y eficiencia, y por el déficit de sus desempeños.

En el caso de México, el funcionamiento de la administración pública se percibe como burocracias excesivas de funcionarios frente a procedimientos exagerados que, en muchos casos son parte de un círculo vicioso de corrupción, manchando de esta forma el verdadero servicio público; gobiernos en todos sus niveles que no se ocupan de desempeñar eficientemente sus responsabilidades, que endeudan durante sus gestiones las haciendas públicas sin medida y corrompen los programas de desarrollo social destinados a la lucha contra la pobreza y marginación, entre otras tantas malas acciones.

En esta nueva etapa de transformación que hemos iniciado con la Cuarta Transformación que ha planteado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es momento de impulsar una nueva cultura en la burocracia pública que promueva la actitud de servicio eficiente, que estimule la competencia y que la haga responsable de que el gobierno trabaje mejor; de lo contrario, el funcionario público que contravenga la ley será sancionado severamente.

Por ello, es necesaria una reforma constitucional y de la ley reglamentaria correspondiente que adecuen nuestro marco jurídico e institucional a la nueva realidad del país, así como crear las herramientas necesarias para inhibir la comisión de delitos en él y con el servicio público de cualquier persona.

Conocemos de malas prácticas que promueven tanto en el servicio público, como en el entorno particular, quebrantar el marco legal para obtener algún beneficio de manera ilegal, por lo que es preciso actuar de inmediato para ir disminuyendo la corrupción y corregir las causas que afectan el funcionamiento del Estado y de la sociedad.

Hemos visto cómo las leyes han sido rebasadas por la realidad y desafortunadamente las autoridades de gobierno no ofrecen bases sólidas para prevenir y sancionar la corrupción que la sociedad exige erradicar.

La reforma constitucional que promuevo propone establecer bases constitucionales que ayuden a inhibir y erradicar la corrupción que tanto afecta a nuestro país.

Es necesario someter a responsabilidad a todo servidor público y establecer un principio general de cumplimiento por el manejo de fondos y recursos federales. La obligación de servir con legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia los intereses del pueblo, debe ser la misma para todo servidor público, sin importar su jerarquía, rango, origen o lugar del empleo, cargo o comisión.

Las bases constitucionales deben sustentar con claridad las responsabilidades políticas, penales y administrativas que pueden resultar de las obligaciones comunes de todo servidor público.

Además, es necesario establecer normas que obliguen al servidor público servir con eficiencia y respeto a la sociedad.

Tenemos que regresarle a la sociedad la confianza de recurrir al derecho para que no se vea forzada a violarlo, con el fin de obtener de alguna forma lo que la justicia debe garantizarle.

Hay que aumentar constitucionalmente las penas para los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, pero también se requiere la participación de la sociedad; comencemos por advertir a todo aquel funcionario público que se vea tentado a trasgredir la ley, que tendrá una sanción severa como efecto.

Desafortunadamente, la debilidad del régimen jurídico ha permitido que la voluntad política se imponga en muchos casos, sobre todo cuando se pretenden sancionar los actos de corrupción y reintegrar los bienes que presuntamente fueron sustraídos del patrimonio nacional.

No debemos medir resultados por el número de servidores públicos sancionados o denunciados ante las autoridades del Ministerio Público; a final de cuentas, en pocas ocasiones se resarce el daño y quebranto al erario y a los afectados, y si son recluidos, en solo unos años salen libres bajo fianzas irrisorias.

Endentemos que no es fácil conocer los niveles de gravedad de la corrupción que prevalece en México, ya que no se cuenta con la información necesaria y oportuna; sin embargo, mediciones nacionales e internacionales como índices, encuestas de percepción, estudios señalan que, en la mayoría de los rankings relacionados con corrupción, nos encontramos en lugares vergonzosos, a pesar de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado, y de las leyes en materia de trasparencia y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción creado en estos últimos años.

Según la Corporación Latinobarómetro, formada por políticos, académicos chilenos del área de las ciencias sociales, exministros, senadores, exembajadores y exdirectores de institutos de la Universidad de Chile, el Latinobarómetro 2017, ubicó a México dentro de los cinco países con los más altos grados de corrupción en Latinoamérica, y 59 por ciento de los encuestados desaprobó la forma de cómo el gobierno luchó contra la corrupción.

Transparency International (TI), organización internacional, no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional, en su Barómetro Global de la Corrupción 2017, situó a nuestro país con la mayor tasa de sobornos en la región de América Latina y el Caribe, y 61 por ciento de los mexicanos encuestados percibió que la corrupción aumentó.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental(Encig) 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que 49 por ciento de los encuestados consideró que la corrupción en México era muy frecuente, mientras que 40 por ciento la consideró frecuente.

El Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional 2015, ubicó en ese año a México de la siguiente manera:

El Índice de Estado de Derecho 2015del World Justice Project, colocó a nuestro país entre las 20 naciones, junto con Pakistán, Afganistán, Liberia y Venezuela, donde los servidores públicos son más corruptos, al ocupar el lugar 88 de 102.

Resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2017, señalan que, durante ese año la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, pasando de 50.9 por ciento en 2015 a 56.7 por ciento en 2017.

La inseguridad y la delincuencia se mantuvieron como los principales problemas que preocuparon a la población, con 73.7 por ciento, superior a 66.4 por ciento estimado en 2015.

En el rubro de contacto de la gente con autoridades de seguridad pública, se dio el mayor porcentaje de corrupción con 59.5 por ciento de los casos, seguido de los trámites en el Registro Público de la Propiedad con 30.7 por ciento.

Otros datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2017, estiman que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12 mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14 mil 635 en 2017; la incidencia disminuyó de 30 mil 97 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2015, a 25 mil 541 en 2017.

La estimación de la población que enfrentó un acto de corrupción con algún servidor público en 2017 fue de 14 mil 635 personas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

El costo a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otra relación con autoridades, fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que se traduce en 2 mil 273 pesos promedio por persona afectada.

Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores.

Es preocupante que México se encuentra del lado de países que poco o nada tienen que ver con el tamaño de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional. La situación no es alentadora ni cuando se le compara con países miembros de organismos internacionales a los que pertenece, ni con países de características similares.

Por el contrario, la diferencia en la percepción sobre la corrupción es muy amplia entre México y países con economías desarrolladas como Suecia, Canadá y Alemania.

Es inadmisible que los principales competidores económicos de México muestren mejor desempeño en el combate a la corrupción, ya que esto puede convertirse en un factor decisivo al momento de intentar atraer inversión extranjera.

Dentro de los países latinoamericanos con un producto interno bruto (PIB) per cápita similar, México está en los últimos lugares en el combate a la corrupción, solo por arriba de Argentina y Venezuela.

Es momento de convertir a la administración pública en honesta, profesional y eficaz, y exigir la identificación, investigación, proceso y sanción con legalidad, eficiencia, severidad e imparcialidad de la corrupción.

La crisis de legitimidad deviene principalmente de la crisis de funcionalidad y credibilidad de la gestión gubernamental.

A continuación, presento un cuadro comparativo de la reforma que se propone en la presente iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de servidores públicos

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo de la fracción III del artículo 109; el último párrafo de la fracción III del artículo 109; la fracción IV del artículo 109; el tercer párrafo del artículo 109; el tercer párrafo del artículo 110, y el último párrafo del artículo 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 109. ...

I. ...

...

II. ...;

...

III. Se aplicarán sanciones administrativas o penalesa los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación o privación de la libertad, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

...

...

...

...

Los entes públicos estatales y municipales, así como de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para que no participen en futurasadquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

...

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo , adoptando ésta las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a garantizar la seguridad del denunciante y evitar que se ponga en peligro su integridad física.

...

...

...

Artículo 110. ...

...

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. En ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, ni podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

...

...

...

Artículo 111. ...

...

...

...

...

...

...

...

Las sanciones económicas no podrán exceder de cincotantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión al inicio de la vigencia del presente decreto hará las adecuaciones correspondientes a la legislación federal, conforme a lo estipulado en este decreto. Las entidades federativas deberán adecuar sus leyes conforme a las disposiciones del presente decreto a más tardar seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputadas y diputado: María Rosete Sánchez, Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, Eudoxio Morales Flores (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, numerales I y II, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X-Bis al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con base en la siguiente

Durante mucho tiempo prevaleció, en nuestro entorno político-social una percepción que acariciaba una severa crisis de representación política, la cual aquejaba la calidad de un intento por encumbrar nuestra naciente democracia participativa.

Las políticas sociales ya no son una intermediación ciudadana para la solución de la problemática social; se ha perdido el bienestar que se persigue. Tenemos un liderazgo ensombrecido por la desconfianza del ciudadano, provocado por innumerables episodios de corrupción. Todo ello ha acelerado una incertidumbre social que se refleja en la administración de los tres órdenes de gobierno.

México tiene una gran necesidad de continuar construyendo instrumentos que constriñan a nuestros a nuestros funcionarios a una real rendición de cuentas, que no solo sean palabras de discurso ya agotadas, que tengan el deber de reportar sus actos ante los ciudadanos y que nos permitan ser críticos en su desempeño. El pensamiento doctrinario de la democracia representativa, que con posterioridad se fue asociando con un incremento en la abstención electoral, y así también un ascenso en la desconfianza de los ciudadanos hacia los representantes, produjo esferas ideológicas divergentes entre lo político y lo público.

De acuerdo al último informe del índice de percepción de la corrupción, elaborado por la Organización de Trasparencia Internacional en 2017, y muy a pesar del esfuerzo que se ha realizado a nuestro marco normativo, nuestro país ocupa el lugar número 135 del índice de corrupción de 180 naciones; lo cual apremia a instaurar acciones en el establecimiento de gestiones institucionales inclinadas a prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con hechos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, INEGI revela, en un estudio de 2017, desarrollado en la percepción sobre la frecuencia de corrupción en los empleados de gobierno, que el 88.8 por ciento de la población consideró frecuentemente la realización de este acto, y tan solo el 10 por ciento lo considero poco frecuente, siendo en las instalaciones de gobierno donde se observan las mayores prevalencias de corrupción frente a otras modalidades de atención, como los trámites en línea.

Esta aguda perspectiva emana de un sistema político y económico que es aprovechado por la segmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, lo que conlleva a la falta de claridad en las disposiciones presupuestales entre la jerarquía gubernamental, que recae sensiblemente en la cultura de corrupción, originada en un nivel colectivo, por un sistema que cuenta con amplias lagunas jurídicas en la regulación de actos de corrupción tanto de servidores públicos como particulares.

Argumentación

El involucramiento de la ciudadanía es necesario para la concepción de normas que profesionalicen el ejercicio de los actores que intervienen en la ejecución de los recursos públicos. La relevancia del tema no es solo por la solicitud de trasparencia a través de un informe sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas, sino que, a través del acceso a la información, los ciudadanos conozcan de primera mano esa rendición de cuentas que permita conocer los impactos de la inversión, ya que sin duda se relacionan directamente con el bienestar y el progreso social.

La democracia representativa tiene como elemento central la rendición de cuentas. Para nuestros gobernantes es imperativo cumplir su función de garantizar la trasparencia, compromiso y eficacia. Los ciudadanos, interesados y comprometidos con la cuarta trasformación, tienen la gran oportunidad de participar de manera decidida coadyuvando para lograr el objetivo trazado en el Sistema Nacional Anticorrupción.

De ahí la obligación de contar con comités ciudadanos como órganos de representación, con determinadas competencias para realizar gestiones de participación social y de solicitud de información derivados de la ejecución de estos recursos dirigidos a las comunidades.

Ha habido un importante avance democrático en lo que se refiere a los comités ciudadanos de representación, de ahí lo que aseguró Alejandra Barrales Magdaleno: “no hay otra entidad en el país que busque empoderar a sus habitantes para que sean ellos los que decidan las acciones de sus gobiernos delegacionales”.

Entregar al ciudadano estos medios de representación ante las decisiones de gobierno sería de gran trascendencia, al acercar a la ciudadanía con las distintas instituciones y autoridades locales, dotándola de instrumentos que propicien el derecho a manifestarse y a la libre expresión ante la posible corrupción que se ha desarrollado dentro de los programas y proyectos sociales.

Si bien, la figura del comité ciudadano se encuentra contemplada en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y su objetivo se encuentra íntimamente relacionado a la comunidad, como ente colectivo de integración de esfuerzos, así como satisfacer las necesidades sociales de la comunidad, y una de ellas se ve reflejado en la rendición de cuentas, también es cierto que el artículo 97, en su fracción IX, señala la coordinación de fomento a la trasparencia y acceso a la información, entregando con esto al ciudadano los medios de representación ante una estela de corrupción.

En ese tenor, la representación de intereses colectivos comunitarios por parte de estos comités vecinales serian el medio idóneo que funcionaría como el mecanismo que de manera organizada, verifique el cumplimiento de las metas y correcta aplicación de estos recursos públicos asignados, reflejada primero en conocer y analizar los proyectos de desarrollo, actuando como gestor y coordinador ante los ayuntamientos, pero también como promotor de programas y proyectos en su ámbito territorial que los mismos vecinos tengan propuestos.

Derivado de lo anterior, es importante manifestar los contrapesos que han justificado ser espacios de denuncia y toma de decisión con los que cuentan los comités ciudadanos de la Ciudad de México; el más claro ejemplo se indicó “entre julio y agosto del 2015, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aceptó, ante presiones de comités ciudadanos de la Delegación Cuauhtémoc, hacer una consulta para decidir el destino del Corredor Chapultepec?”

Esto nos da una clara idea de qué tan cercanos son los comités ciudadanos y los consejos con los gobiernos en turno; pero no hay que olvidar que aquella consulta sobre el Corredor Chapultepec representó uno de los mayores fracasos para la administración de Mancera, lo que suscitó desconfianza en las autoridades.

Lo que sí es una realidad y consecuencia de lo anterior, es lo plasmado en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que establece en su artículo 25 que los comités ciudadanos sólo estén facultados para solicitar consultas populares como único mecanismo entre los contemplados en esta Carta Magna, por supuesto sin impedir a los ciudadanos en general solicitar referéndum, consulta ciudadana y plebiscito.

Lo importante es que estos comités pueden incidir en diferentes causas, como por ejemplo el uso de suelo, el dispendio en luminarias, así como la decisión del destino de los recursos generados por parquímetros ubicados en diferentes colonias. De ahí la importancia de no abandonar estos espacios, tenemos la obligación de promover la participación de la ciudadanía de entre los vecinos cuenten con la oportunidad de ser actores primordiales para el desarrollo de las actuaciones de gobierno.

Derivado de lo anterior, el comité ciudadano seria pieza fundamental para la ejecución de programas de desarrollo a las comunidades, pero es necesario que cuenten con la información suficiente y esto se logra a través de acceso a la información pronta y expedita establecida en la normatividad vigente, al estar informados se limitarían los actos de corrupción y se establecería más firmemente un verdadero instrumento de rendición de cuentas.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, con base en el impacto logrado con los ejercicios de carácter político, como una práctica que nos ha permitido adentrarnos a la consolidación de una vida democrática y así también reconocer el carácter social que ha realizado, “constituyen el reflejo del logro de los consensos requeridos para establecer un nuevo orden legal en materia de participación ciudadana así como el sentido de apertura en el manejo de los asuntos públicos a cargo de las instancias de gobierno, lo cual significa continuar promoviendo el tema de la democracia participativa entre los habitantes de la capital del país”.

Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es dotar a la población de herramientas para que nuestros gobernantes estén obligados a hacer publica toda la información que se refiere a los programas sociales. Es necesario insertar dentro de este marco normativo la figura de comités ciudadanos, que tengan como facultad proponer mecanismos normativos para la conformación de comités ciudadanos para la supervisión en el gasto público, la recaudación de ingresos, la prestación de los servicios públicos, los programas y acciones de gobierno, así como la actuación y desempeño de las y los servidores del gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción X-Bis, al artículo 21, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo Único. Se adiciona la fracción X-Bis al artículo 21, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via- transparencia-internacional/

ii http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/ corrupcion2017__Nal.pdf

iii http://www.aldf.gob.mx/comsoc-elecciones-vecinales-daran-empoderamiento- los-ciudadanos-diputada-alejandra-barrales—6393.html

iv https://www.letraslibres.com/mexico/politica/la-incomodidad-general-ante- Ios-comites-ciudadano

v http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/resultaelect/Esdadistica2010.pdf

Palacio Legislativo de San lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 122 y 123 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el quese recorre y adiciona la fracción I para pasar a ser la IX; se reforma y adiciona la fracción II; se reforma y adiciona la fracción III; se recorre y adiciona la fracción IV, para quedar como fracción X; se recorre y se adiciona la fracción V para quedar como la VI; se recorre y adiciona la fracción VI para quedar como la fracción VII; se recorre y se adiciona la fracción VII para quedar como VIII; se adicionan las fracciones I, III y IV del artículo 122 y se adiciona el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

México es un país pluricultural, con una identidad única, autentica y aceptada por todas las entidades federativas. Cuando pensamos en una cultura, usualmente se relaciona a través de objetos, escrituras, creencias la cual fue trasmitida por generaciones y habla de una historia, una técnica, un simbolismo.

Las expresiones artísticas es un acercamiento para conocer y comprender una cultura, una sociedad, una persona; parte de su identidad, del modo en cómo se relaciona y convive. El arte está ligado a la sociedad en cuanto la observa, la analiza y elabora lenguajes que nos muestran como es, o al menos diferentes aspectos de ella.

En México, existe un vasto marco jurídico y legal para incentivar el arte y la cultura, uno de ellos es la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que, por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma establece. Cabe mencionar que esta ley es un aliciente a preservar la técnica y el arte, focalizado solo a mexicanos, quienes son reconocidos públicamente por su trabajo valioso y relevante en beneficio de la cultura mexicana.

El Premio Nacional de la Cerámica fue creado hace más de cuatro décadas, su objetivo es fomentar la recuperación y la preservación de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana; además de estimular la creatividad de los ceramistas para el desarrollo de nuevas propuestas, tanto en la cerámica tradicional como en la contemporánea.

El Premio Nacional de la Cerámica es el reconocimiento otorgado a los artesanos que se han destacado por su empeño, trabajo y obras en favor de la promoción efectiva de la cerámica nacional. La convocatoria del Premio es publicada anualmente y considerará en sus objetivos la preservación de las técnicas artesanales y el impulso a las capacidades artísticas de los artesanos, promoviendo la igualdad de género.

Aunque ya existe el recurso económico presupuestado año con año y reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, queda ambiguas las categorías y el proceso de premiación, por ello es necesario realizar adiciones con la finalidad de actualizar las técnicas empleadas por los artesanos, así como dejar de manifiesto en la ley, la evolución del conocimiento y métodos artísticos empleados. De la misma manera, aunque están definidas las categorías, es necesario describir cada una de ellas, para que el Consejo de Premiación tenga un parámetro de medición para su evaluación.

Por lo anterior, propongo las siguientes adiciones con la finalidad de coadyuvar con el Artista Ceramista, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el estado de Jalisco y el Consejo de Premiación del Premio Nacional de la Cerámica, para que tengan mejores herramientas y métodos para llevar a cabo este trascendente evento que evoca las tradiciones y la cultura de nuestro país.

Decreto por el cual se adicionan a los artículos 122 y 123 a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Único.Se reforma y se adiciona al artículo 122, y se adiciona al primer párrafo del artículo 123 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo 122. El Premio Nacional de la Cerámica se concederá en las siguientes categorías:

I. Cerámica Tradicional Bruñida. Se refiere a todo tipo de obras tradicionales en las que se aplica engobes, para decoración se bruñe y posteriormente se hornea.

II. Cerámica Tradicional Vidriada. Se considera toda obra tradicional que está cubierta por una capa de esmalte cerámico.

III. Cerámica Policromada en Frio. Se refiere a todas las obras tradicionales no utilitarias que después de ser horneadas se decoran con pinturas o esmaltes en frio.

IV. Alisado y Decorado con Engobes. Toda obra tradicional horneada en baja temperatura que sea alisada y decorada con engobes.

V. Cerámica Tradicional Vidriada Sin Plomo. Se consideran las obras tradicionales, utilitarias en baja temperatura, vidriada con esmalte sin plomo.

VI. Cerámica Miniatura. Figuras que no excedan los siete centímetros en cualquiera de sus lados sin considerar la base.

VII. Cerámica Navideña. Se considera a toda aquella representación figurativa en cerámica, del nacimiento de Jesucristo.

VIII. Figura en Arcilla. Se considera a toda obra de cerámica tradicional figurativa en cualquiera de sus técnicas.

IX. Cerámica Contemporánea. Se consideran todas las obras utilitarias, que por su forma, diseño, acabado, carácter innovador y contemporáneo reflejen originalidad y nuestras propuestas cualquier técnica cerámica.

X. Escultura en Cerámica. Se considera toda la obra propositivas escultóricas cerámicas no utilitarias elaboradas con cualquiera de las técnicas de libre creación, se admite hasta un veinte por ciento de un material no cerámico.

Artículo 123.Para la entrega del Premio Nacional de la Cerámica, el Consejo de Premiación se integrará por el Presidente de la República, el Secretario de Cultura, el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Gobernador del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, localidad que será sede oficial del concurso y el Presidente del Patronato Nacional de la Cerámica. La entrega de premio en numerario a cada uno de los ganadores de los Premios Nacionales, los segundos y terceros lugares de cada una de las categorías, serán acreedores a un premio numerario y un diploma firmado por el Gobernador del Estado de Jalisco y el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Furió, V. (2000) Sociología del Arte, Ed. Cátedra, Madrid.

2 Artículo 1 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

3 Secretaría de Cultura. Información obtenida el día 18 de diciembre de 2018 en: https://www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/detalle/3026/ convocatoria-2018-xlii-premio-nacional-de-la-ceramica

4 Artículo 120 y 121 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018.— Diputadas y diputados: Lourdes Celenia Contreras González, Ariel Rodríguez Vázquez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Raymundo García Gutiérrez, diputado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 77, numeral 1, y artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de que los partidos políticos garanticen la representación política de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión ,de conformidad con lo siguiente:

Planteamiento del problema

Los pueblos indígenas han sido invisibilizados en la toma de decisiones del rumbo de nuestra nación y en su derecho al acceso al cargo para integrar las instituciones del Estado, se han visto como meros receptores pasivos de programas de corte asistencialista diseñados desde una mirada totalmente occidentalizada que no considera la postura del otro ni propicia el diálogo, a fin de construir a partir de las diferencias y los puntos de encuentro.

Hoy estamos obligados a reconocer las promesas incumplidas y reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Misma que debe cimentarse en términos de igualdad y de posicionamientos horizontales que permitan impulsar escenarios incluyentes de la diversidad en el ámbito político, económico, social y cultural. Tal como lo mencionan Corona y Le Mûr “el reconocimiento de la capacidad de acción de los pueblos indígenas para diseñar y aplicar visiones alternativas igualmente válidas es un principio decisivo en el éxito de la delineación de proyectos interculturales”.

Aun y cuando ya existe un bloque de constitucionalidad y convencionalidad, los Pueblos Originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones gubernamentales como a la carencia de voluntad política para resolver el problema.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o., párrafo primero, establece lo siguiente:

“ CPEUM

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

...”

Dicho artículo también reconoce, entre los criterios para identificar a quienes les aplican las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se autoadscriben como tales, independientemente de su lugar de residencia o si no hablan alguna lengua indígena.

En México reconocemos que la Nación es pluricultural y que tal hecho se basa en la existencia de los pueblos indígenas. Este reconocimiento es el fundamento constitucional para la reconstrucción del Estado, del derecho y de la sociedad en México; es decir de un Estado plurinacional y pluricultural de derecho. Plurinacional porque se incluyen los derechos de las naciones indígenas mexicanas y de la nación mestiza mexicana: una nación de naciones, un pueblo de pueblos. De esta manera se consolida la unidad entre los mexicanos, reconociendo la heterogeneidad cultural de sus pueblos indígenas y mestizo. Pluricultural porque se incluyen los derechos de las culturas radicadas en México.  Continuando con el artículo 2o. constitucional, el inciso B desarrolla una serie de compromisos por parte de la Federación, los estados y los municipios:

“...

para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

...”

En el mismo sentido la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en su Artículo 1, numeral 4, señala que “las acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político-electorales], no se consideraran como medidas de discriminación”.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado su preocupación  por el “número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, en México” y ha recomendado que se “redoblen los esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, [para lo que podría ser útil] la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa”.

Lo anterior es así, toda vez que, en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Consulta Intercensal 2015, la población nacional que se autorreconoce como indígena representa el 21.5% del total y alcanza la cifra de 25 millones 694 mil 928 personas; de los cuales el 48.7% son hombres y el 51.2% mujeres. De igual forma, la población que habla una lengua indígena es de 7 millones 382 mil 785 personas.

De manera específica, la población indígena entre 18 y 64 años es de 15 millones 109 mil 727 personas, 1 millón 989 mil 111 con 65 años y más, lo que representa la suma de 17 millones 98 mil 838 en edad y posibilidades de votar. Por lo que, a la luz de los escasos datos de la representación indígena en el Congreso de la Unión, se puede identificar que esta se encuentra en situación de subrepresentación.

A luz de los datos anteriores, es clara la subrepresentación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, toda vez que, al día de hoy, solo existe una medida por parte de la Autoridad Administrativa Electoral; mas no en la Ley; para establecer una acción afirmativa que permita asegurar la inclusión de ciudadanas o ciudadanos Indígenas en el Congreso de la Unión.

Fue en el 2005 cuando el otrora Instituto Federal Electoral generó el acuerdo que ordenó una redistritación electoral en el país en la cual se incorporaban variables culturales; derivado de ello en México se crearon 28 distritos indígenas.

El año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) generó tres mesas de diálogo sobre la participación indígena en procesos electorales, en donde líderes de diferentes etnias coincidieron en que se deberían generar cuotas explícitas que garanticen la representación de los pueblos originarios.

El 8 de noviembre del 2017, el Consejo General del Órgano Electoral autorizó el acuerdo INE/CG508/2017, el cual estipuló que, en materia de diputaciones por principio de mayoría relativa, a elegirse el pasado 1 de julio, los partidos y coaliciones deberían postular, de manera obligatoria, a personas que se identificaran como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos indígenas; estas candidaturas deberían ser ocupadas en 50% por mujeres y 50% por hombres.

Así mismo, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibió una impugnación sobre dicha medida y modificó el acuerdo del INE para estipular que tendrían que ser 13 los distritos indígenas en los que forzosamente se debería postular a alguna persona perteneciente a alguna etnia.

Además de lo anterior, estipuló que para acreditar una candidatura como indígena no bastaba sólo la autoadscripción, sino que estableció una serie de elementos que conllevaran a identificar la pertenencia a dicho sector de la población, en los términos siguientes:

SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS

“...

En efecto, para hacer efectiva la acción afirmativa en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena , no basta con que se presente la sola manifestación de autoadscripcio?n, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así? como de preservar del cumplimiento de la medida, esto es, estamos en presencia de una autoadscripcio?n calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello.

Dicho vínculo efectivo, puede tener lugar, a partir de la pertenencia y conocimiento del ciudadano indígena que pretenda ser postulado por los partidos políticos, con las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual, como ya se dijo se deberá acreditar por los partidos políticos al momento del registro, con las constancias que, de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no limitativa, se apuntan enseguida:

• Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado

• Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado.

• Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en dichas circunscripciones votaran efectivamente por candidatos indígenas, garantizando que los electos representaran los intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción afirmativa.

...)”

Sin duda, lo anterior no significa que 13 hombres y mujeres indígenas tengan reservados curules en el Cámara de Diputados o, más aun, un solo escaño en el Senado de la República. Es así, porque la combinación de candidaturas de cada partido perjudica la intención de esta medida afirmativa. Así, en tanto que fácilmente se puede derrotar su propósito, al postular a 13 personas indígenas en los distritos en los que el partido es poco competitivo o que, de antemano, sabe que va a perder. La finalidad de esta medida es más que la participación testimonial en la contienda electoral.  Por lo que la medida, por si sola, resulta insuficiente y eficaz.

De igual formar, la acción afirmativa establecida por el INE fue evadida en varios de los casos. En la mayoría de los llamados “Distritos indígenas” en el país, los espacios fueron usurpados por personas no indígenas, que suplantaron la identidad, mediante comprobaciones fraudulentas, que “evadieron” los “filtros de la identidad” que se definieron. En el caso de Chiapas, los resultados se inscriben en esta tendencia fraudulenta, como puede verse en el cuadro siguiente:

Por lo anterior, es claro que para la efectividad de la acción afirmativa, también se debe pasar por el establecimiento de candados que eviten una autoadscripción no legitima, entendiendo por ésta, que sujetos no indígenas se quieran situar en esa condición, con el propósito de obtener una ventaja indebida, al reclamar para sí derechos de los pueblos y comunidades indígenas que, constitucional y convencionalmente, solamente corresponden a dichas comunidades, pues de lo contrario, se dejaría abierta la posibilidad a registros que concluyeran con fraude al ordenamiento jurídico.

Respecto a este tópico, la Suprema Corte de Justicia en la tesis de rubro: “Personas indígenas. Ámbito subjetivo de aplicación del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Autoadscripción”, ha fijado el criterio de que ante la ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en cómo debe manifestarse dicha conciencia, la condición de autoadscripción tiene que descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, desde una perspectiva orientada a favorecer la eficacia de los derechos de ese colectivo.

“Personas indígenas. Ámbito subjetivo de aplicación del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Autoadscripción”. El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los amparos directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las “personas indígenas” o los “pueblos y comunidades indígenas” a quienes aplican las previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas).

Asimismo, la Constitución –siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo– no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante al señalar que “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Por tanto, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas.

La apreciación de si existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.”

Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

Argumentos que la sustentan

Es por ello que, la razón de ser de la acción afirmativa que se propone en la presente iniciativa es la desigualdad estructural que sufren las comunidades indígenas y su propósito es incorporar representantes de esos mexicanos en la Cámara de Diputados. Como ya se dijo la medida del INE difícilmente será eficaz. Las comunidades indígenas representan 21.5 por ciento de la población, ¿por qué reconocer solo por ciento de los distritos? Debió el INE establecer que, en el total de los 28 distritos, todos los candidatos fueran indígenas. Eso, en efecto, garantizaría su incorporación. Los 28 distritos que tienen población mayoritaria indígena representan poco menos de 10 por ciento del total de las candidaturas, que no de la Cámara, que se compone de 500 diputados.

Históricamente el porcentaje de personas Indígenas que accede a las Diputaciones Federales es muy reducido; ello debido a que los partidos políticos no registran suficientes fórmulas de candidaturas integradas con personas indígenas, ni siquiera en aquellos Distritos Electorales en donde representan más del 40% de la población. Esto, sin duda alguna, ha obstaculizado la representatividad de los pueblos indígenas, como se evidencia en los resultados electorales del 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018 en los Distritos con población Indígena y que acreditan que son escasas las personas de origen Indígena que acceden a la Diputaciones Federales en tales Distritos.

Dichos resultados evidencian la necesidad de revertir esta tendencia y garantizar la representatividad de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de los Órganos Legislativos, así como también fomentar la participación de las mujeres Indígenas en la toma de decisiones.

La representación política de los Indígenas en los órganos legislativos ha adquirido especial relevancia en los procesos de transición y consolidación democrática en América Latina, tendencia de la cual México no debe ser ajeno debido a que su población cuenta con un importante componente indígena. Resulta indispensable incluir a dicha población en el concierto de voces y de votos que definen las leyes y los destinos de la nación.

El proceso de construcción de una nueva etapa de la vida pública nacional debe reconocer ampliamente el goce y ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas, y lo anterior solo se conseguirá a través de la inclusión de ellos en los órganos de decisión política del país.

En esencia, se trata de elevar las posibilidades de que este grupo tenga mayores oportunidades de ganar y, sobre todo, tenga representación efectiva en la Cámara de Diputados.

Para lograr este objetivo, es necesario e indispensable modificar algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, como a continuación expongo:

Fundamento legal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, fracción II; el Reglamento de la Cámara de Diputados, en sus artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78.

Texto normativo propuesto

En virtud de legislar a favor de los pueblos indígenas por las cuestiones presentadas en esta iniciativa, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único.Se reforman y adicionan los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 232.

1. a 3. ...

4. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la representación política de los Pueblos Indígenas, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión.

5. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, así como en el caso de la omisión de postular ciudadanas o ciudadanos indígenas en los términos de la Ley, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

6. Los partidos políticos y/o coaliciones deberán postular formulas integradas por ciudadanas o ciudadanos indígenas en al menos 28 Distritos Uninominales con población indígena, lo cuales deberán ser determinados por el Instituto previamente.

7. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

2. En dichas listas, los partidos políticos deberán postular al menos una ciudadana o ciudadano indígena por cada 10 candidaturas, hasta agotar cada lista.

3. Los partidos políticos y/o coaliciones deberán acreditar la vinculación de la  persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, mediante constancias expedidas por las autoridades comunitarias electas de conformidad con las disposiciones de sus propios sistemas normativos, en que conste haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado; participar en reuniones de trabajo tendientes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado; o ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Artículo Segundo.Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2019.— Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y los diputados federales Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de servicio militar ambiental, al tenor de la siguiente

En México, el Servicio Militar Nacional (SMN) es la instrucción militar que todo mexicano debe conocer para cumplir con su papel de ciudadano, mismo que debe cumplir entre los 18 y 40 años. Cabe señalar que hasta el año 2000, esta obligación era exclusiva para los ciudadanos varones, pero a partir de esta fecha se permite, con carácter de opcional, que las mujeres cumplan con este servicio.

Su objetivo es planear, organizar, dirigir, supervisar y proporcionar los conocimientos básicos en todo el proceso de adiestramiento, formación personal y fomento en el personal de conscriptos y de la mujer voluntaria, el nacionalismo, el respeto a los símbolos patrios y el rescate de los valores cívico-morales.

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional obligatorio se lleva a cabo en cinco fases:

1. Alistamiento: Es cuando las Juntas Municipales y Delegacionales de Reclutamiento, así como los Consulados de México en el extranjero, realizan el registro de los jóvenes varones mexicanos que cumplen 18 años de edad en el año en curso, y acuden a tramitar y obtener su Cartilla de Identidad del SMN, a fin de cumplir con sus obligaciones militares.

2. Sorteo:Se lleva a cabo durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año, en las Juntas Municipales y Delegacionales de Reclutamiento a nivel Nacional, donde se determina la forma en que los mexicanos alistados cumplirán con su SMN, ya sea Encuadrados (Bola Blanca o Azul) en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, o a Disponibilidad (Bola Negra) en las comandancias de Zona Militar de las diferentes entidades del país;

3. Reclutamiento:Se realiza los sábados y domingos del mes de enero de cada año.Para ello, en cada Junta Municipal y Delegacional de Reclutamiento, se colocan puestos de recepción, atendidos por personal militar, a los que acuden los jóvenes que obtuvieron Bola Blanca, Azul o Negra durante el sorteo, inclusive, los que no hayan acudido al mismo, los cuales son considerados como Bola Blanca; asimismo, se realiza la invitación a mujeres mexicanas de 18 años o más, para que de forma voluntaria participen en el Programa General de Adiestramiento del SMN;

4. Adiestramiento:Se lleva a cabo del mes de febrero al mes de noviembre de cada año, en el cual se capacita a los Conscriptos y Mujeres Voluntarias en Unidades Militares que fungen como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, sobre los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente, mediante el desarrollo de un Programa General de Adiestramiento, en 44 sesiones, o encuadrado voluntariamente en una Compañía del Servicio Militar Nacional, y

5. Liberación:Se desarrolla durante el mes de diciembre de cada año, donde las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, colocan Puestos de Entrega en las Juntas Municipales y Delegacionales de Reclutamiento, para hacer entrega de las Cartillas de Identidad del SMN y Hojas de Liberación al personal de Conscriptos que cumplió satisfactoriamente con su obligación constitucional “Encuadrado” o “A Disponibilidad”; aquellos documentos que no hayan sido recibidos por los interesados son destruidos el 1 de julio de cada año.

Resulta oportuno, hacer una pequeña referencia sobre los orígenes del Servicio Militar Nacional en nuestro país. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que la situación que prevalecía en Europa a partir de 1939, fue el motivo de la creación del Servicio Militar Nacional, la cual reclamaba que los pueblos tomaran medidas adecuadas para prevenir injustificadas agresiones, de tal manera que, a pesar de la tradicional y definitiva política de nuestro país, que nunca ha albergado propósitos de carácter bélico, se juzgó conveniente resolver los más trascendentales aspectos de la Defensa Nacional, como los que se refieren a la Instrucción Militar y al Servicio Militar Obligatorio, siendo necesario fortalecer los efectivos del Ejército con reservas capaces de responder con éxito a las exigencias de una guerra moderna.

No obstante, hoy en día se han diversificado dichas funciones de tal modo que, actualmente los objetivos del referido Servicio Militar se complementan con acciones sociales como:

1. Fortalecer sus valores cívicos y morales, el fervor y respeto a los Símbolos Patrios: la Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales, con el fin de mantener el sentimiento de Unidad Nacional y amor a la Patria.

2. Conducirse en todo momento con la Ética, Valores y Virtudes Militares que caracterizan a los miembros del Instituto Armado.

3. Coadyuvar en la aplicación del Plan DN-III-E para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres generados por fenómenos perturbadores de origen natural o humano.

4. Abrir espacios laborales a los Soldados del SMN que cumplan encuadrados en las Compañías del SMN en los que puedan ingresar a trabajar una vez que culminen su adiestramiento, capacitándolos a través de Empresas Privadas y/o Dependencias de la Administración Pública, en Talleres de Artes y Oficios, sobre áreas que dichas Empresas y/o Dependencias de la Administración Pública en cada Región Militar lo requieran.

Bajo esta premisa, en nuestro país se han impulsado acciones de coordinación entre instituciones para lograr desempeñar funciones sociales por parte de los reclutados para desarrollar su Servicio Militar Nacional, en este sentido, tenemos un precedente bastante significativo en materia de prevención de adicciones.

Tal es el caso del programa impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional que mediante convenio con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), en donde se capacitó a jóvenes como promotores voluntarios para que realicen acciones de prevención de adicciones entre sus pares y entre los diferentes contextos en que interactúan: comunitario, familia, escolar y recreativo.

La Conadic, inició la capacitación de conscriptos y mujeres voluntarias del servicio militar nacional, sobre la promoción de estilos de vida saludables y prevención del consumo de drogas. Los integrantes del servicio militar fueron capacitados para dar a conocer a la población las diversas formas que existen para prevenir las adicciones haciendo hincapié de los daños que ocasionan las drogas y las consecuencias que generan.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional atendiendo a la necesidad de coadyuvar con las acciones que realiza el Gobierno de la República para disminuir el creciente deterioro ambiental en México, lleva a cabo una serie de actividades tendientes a promover el desarrollo sustentable del país, algunos ejemplos son:

• Construcción y operación de Viveros Forestales Militares en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

• Actividades de reforestación al interior de los campos militares.

• Construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

• Operación de plantas de producción de composta.

En esta materia, también encontramos antecedentes a nivel internacional. En Europa, el servicio militar es reemplazado por un servicio ecológico obligatorio para jóvenes de 19 a 25 años.

Los países europeos están revisando gradualmente su enfoque de la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Algunos ya han lanzado el servicio ecológico y otros, como Francia, se están preparando para hacerlo.

Un servicio ecológico, al servicio de la naturaleza, siguiendo el mismo principio que el servicio militar. Un entrenamiento práctico de 6 meses, obligatorio para los jóvenes de 19 a 25 años de edad que salgan a limpiar, crear conciencia y comprometerse concretamente en la lucha contra la contaminación. Emmanuel Macron anunció su intención de establecer el servicio ecológico obligatorio en Francia a partir de enero de 2020.

Asimismo, en Colombia a partir de 1995, el 20 por ciento de los 30 000 bachilleres seleccionados para prestar el servicio militar deberán dedicarse a la educación ambiental y a la gestión comunitaria de proyectos que tengan que ver con la prevención, control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales.

De tal suerte que, tanto de la experiencia internacional como de los precedentes nacionales, consideramos existe un área de oportunidad para poder fijar en nuestro marco jurídico, la posibilidad de llevar a cabo un servicio militar con fines de protección ambiental.

Ello, atendiendo a la situación de deterioro ambiental que enfrentamos y que, de no hacer algo para frenar los impactos, terminará importantemente afectado nuestro ambiente y nuestra salud.

El Partido Verde ha sido enfático en la necesidad urgente de generar consciencia en la sociedad para entender los cambios ambientales que enfrentamos y las consecuencias que padeceremos si no hacemos algo para detener la afectación a nuestro medio ambiente.

Como se ha referido, se reconocen las acciones que, tanto las autoridades ambientales como, en este caso, las encargadas de la Defensa Nacional, han implementado en beneficio de la protección ambiental, no obstante, nuestro interés es referirlo expresamente en la Ley, para que, de esta manera, no quede sujeto a voluntades, sino que constituya un eje rector de las políticas públicas implementadas en beneficio de la protección ambiental.

En ese sentido, quienes suscribimos proponemos una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca acuerdos de colaboración con las instituciones ambientales a efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar para la ejecución de actividades tendientes a proteger el medio ambiente.

Dicha modificación fija la base para la consolidación de la práctica de un Servicio Militar Nacional con fines de protección ambiental, sin que tenga que desaparecer el actual mecanismo de participación, pero que con su implementación derivarán muchos beneficios para nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Único.Se adiciona una fracción XX al artículo 29, recorriendo las demás en su orden subsecuente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XIX.- [...]

XX. Establecer acuerdos de colaboración con las instituciones ambientales a efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar para la ejecución de actividades tendientes a proteger el medio ambiente, y

XXI.Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Mexicano de la Juventud. Realiza tu Servicio Militar Nacional. Disponible en:

https://www.gob.mx/imjuve/articulos/realiza-tu-servicio-militar-nacional

2 Secretaría de la Defensa Nacional. Fases del Servicio Militar Nacional. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional obligatorio se lleva a cabo en cinco fases. Disponible en:

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/fases-del-servicio- militar-nacional

3 Secretaría de la Defensa Nacional. Origen del Servicio Militar Nacional. Disponible en:

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/antecedentes-historicos

4 Secretaría de la Defensa Nacional. Participación del SMN con la Comisión Nacional contra las Adicciones. Disponible en:

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/participacion-del-s-m-n- con-la-comision-nacional-contra-las-adicciones-56686

5 Secretaría de la Defensa Nacional. Acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, para contribuir al cuidado del medio ambiente. Disponible en:

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/proteccion-ecologica

6 EN 1995, Servicio Militar Ecológico. Portal “El Tiempo”. Disponible en:

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-212463

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Beatriz Manrique Guevara, Arturo Escobar y Vega,  Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlén Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Ariel Rodríguez Vázquez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 23 de febrero como Día Nacional del Rotarismo, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a esta soberanía para su resolución iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de febrero de cada año, como Día Nacional del Rotarismo, al tenor de la siguiente:

Rotary International es una organización internacional y club de servicio cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo.  Rotary está integrado por clubes rotarios, organizados en más de 200 países y regiones geográficas, que llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual.

Los objetivos principales de esta organización son los siguientes:

1. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.

2. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.

3. La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional, y pública.

4. La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.

La meta de los clubes es promover el servicio a la comunidad en la cual trabajan, así como colaborar para el bienestar general de todo el mundo. Muchos proyectos se han organizado para una comunidad local por un solo club, pero igualmente hay muchos clubes que los han organizado de manera global entre varios.

Rotary, a lo largo de la historia, ha transformado la vida de la gente necesitada, así como la historia del mundo combatiendo enfermedades, pobreza, guerra, promoviendo la paz, la salud y la educación. Formando hombres y mujeres líderes a través de los clubes rotarios y programas de paz. Desde hace 113 años, Rotary International realiza un sinfín de acciones altruistas.

El proyecto rotario globalmente conocido más importante es Polio-Plus, propuesto por Carlos Canseco, un mexicano que presidía Rotary International.

Propuso a un grupo de médicos que, si la enfermedad de la poliomielitis se transmitía de boca en boca, al vacunar a todos los niños posibles el mismo día, la vacuna también se transmitiría de boca en boca a los que no lograran vacunar. Los médicos le dijeron que esto no era así pero no podían probar lo contrario, por lo que se inició a vacunar masivamente con el proyecto Polio Plus, que está contribuyendo a erradicar la polio. Desde su inicio en 1985, los rotarios han contribuido a que este proyecto movilice más de 3 mil 850 millones de dólares y decenas de miles de horas-hombre, en el trabajo que han realizado de forma voluntaria para inocular más de mil millones de vacunas a niños del mundo. El objetivo es proteger contra el mal a más de 2 mil millones de niños de 122 países.

Hoy los rotarios tienen grandes líneas de acción en cada uno de los clubes repartidos por el mundo:

-Paz y prevención y resolución de conflictos.

-Prevención y tratamiento de enfermedades.

-Agua y saneamiento.

-Salud materno-infantil.

-Alfabetización y educación básica.

-Desarrollo económico e integral de la comunidad.

Todo esto sin dejar de luchar contra la polio.

Rotary es una organización mundial de personas, con un elevado sentido ético, unidas por la amistad que genera la colaboración con ocasión de servir a los demás.

Por todo ello, Rotary estableció el día de su fundación, el 23 de febrero, como el Día de la Paz y la Comprensión Mundial, que en miles de ciudades en todo el mundo se festeja con el izado de la bandera rotaria, con himnos, suelta de palomas y otros actos conmemorativos.

El rotarismo en México

En 1919, El presidente de R. I. Arch Klumph, visitó nuestro país con la finalidad de establecer un club, e hizo contacto con un selecto grupo de hombres de negocios entre los que estaba el señor Warren Teele, director de la Compañía de Luz y Fuerza, quien invito a sus amigos, entre ellos al señor Zubirán, siendo así, que con una reunión inicial de 30 personas, de los cuales 24 eran ingleses, 5 norteamericanos y 1 mexicano, en el University Club se fundó el Club de la Ciudad de México, quienes ya integrados se reunían en los altos del restaurante Sanborn’s en la famosa Casa de los Azulejos, en la avenida Madero, siendo 28 socios los que recibieron la carta constitutiva. Después por iniciativa de este club, se constituyeron los clubes de Veracruz, Tampico, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, y para 1923 ya había 10 clubes en la república, lo que provocó que Rotary autorizara la separación de los clubes mexicanos del distrito de Texas, quienes conformaron el distrito Rotario número Tres, que abarcaba toda la república y para 1930 ya contaba con 30 clubes.

El club de la Ciudad de México tiene el registro número 885, con admisión el 21 de abril de 1921, después siguieron en 1922 los clubes de Tampico, Tamaulipas; y Veracruz, Veracruz; en 1923, los clubes de Guadalajara, Jalisco, y  Chihuahua, Chihuahua; el de Saltillo, Coahuila, en 1924; siguiendo el de Puebla (disuelto en 1927 y reorganizado en 1937); el de Orizaba, Veracruz; Piedras Negras, Coahuila; San Luis Potosí, y Córdoba, Veracruz, en 1925; en 1926, el de Pachuca, Hidalgo; Mérida, Yucatán, Guanajuato, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1927, Matamoros, Tamaulipas, y Mazatlán, Sinaloa, en 1928, mismo año el de Irapuato y León, en Guanajuato, el de Cuernavaca, Morelos, y Tuxtepec, Oaxaca, Parral, Chihuahua, y Morelia, Michoacán.

Como podemos ver, en México este club no solo se instauró hace casi 100 años, sino que, desde esa fecha se ha dedicado a la promoción e implementación de un sinfín de actividades y programas en beneficio de la comunidad.

Algunos de los programas más importantes del Club Rotario son los siguientes:

Interact: Los clubes rotarios organizan y patrocinan esta organización de adolescentes entre 14 a 18 años de edad, con la visión de preparar ciudadanos comprometidos con su comunidad; en la actualidad funcionan más de diez mil 900 clubes en 121 países.

Rotaract: Los clubes rotarios organizan y patrocinan esta organización de jóvenes con el objeto de encaminarlos en el servicio, liderazgo y desarrollo profesional óptimo, este grupo es para jóvenes de 18 a 30 años de edad; en la actualidad funcionan más de siete mil clubes en 162 países.

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC): Los clubes rotarios organizan y patrocinan estos grupos integrados por personas no pertenecientes a Rotary, que trabajan para mejorar las condiciones de vida de sus respectivas comunidades con un programa de prioridades establecido cada año por el presidente internacional; en la actualidad funcionan más de seis mil 400 GRFC en 76 países.

Grupos para Establecer Contactos Mundiales: Son agrupaciones de Rotary, formadas en torno a personas con intereses comunes en el ámbito recreativo o profesional; así como también agrupaciones de Acción Rotaria, que aglutinan a gente con intereses comunes relacionados con actividades de servicio; forman parte de los Grupos para Establecer Contactos Mundiales, a los cuales pueden afiliarse los rotarios, cónyuges de rotarios y rotaractianos. En la actualidad funcionan más de 90 grupos para Establecer Contactos Mundiales.

Intercambio Rotario de Amistad: Los rotarios y sus familias intercambian visitas entre sus respectivos países, alojándose en los domicilios de los rotarios visitados, lo cual permite conocer la cultura del país en forma directa.

Voluntarios de Rotary: Este programa ofrece a los profesionales rotarios y otros colaboradores numerosas oportunidades de aportar sus conocimientos y experiencia a proyectos humanitarios locales e internacionales que necesitan asistencia.

Intercambio de Jóvenes de Rotary: Los clubes y distritos rotarios envían y reciben estudiantes de 15 a 19 años que viajan al exterior en una misión de intercambio cultural durante una semana y hasta un año entero; se efectúan aproximadamente nueve mil intercambios al año.

Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA): Los clubes y distritos rotarios patrocinan seminarios para alentar y reconocer las cualidades de liderazgo de los adolescentes y los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años de edad; en estos seminarios escuchan a buenos conferencistas con excelentes experiencias en el servicio.

Servicio en la Comunidad Mundial (SCM): Los clubes y distritos rotarios de dos países colaboran en la implementación de proyectos de servicio. En la base de datos de intercambio de Proyectos de Servicio En la Comunidad Mundial (SCM), disponible en www.rotary.org se describen numerosos proyectos para los cuales se buscan colaboradores.

Lista de Oportunidades de Servicio: Rotary recomienda que los clubes que planean actividades de servicio consideren nueve aspectos o áreas de actividad principales: niños en riesgo, ayuda a las personas con discapacidades, atención médica, buena voluntad y comprensión internacional, alfabetización y aprendizaje de aritmética, explosión demográfica, lucha contra el hambre y la indigencia, preservemos el planeta Tierra y problemas urbanos.

Podemos señalar que, con el respaldo histórico de Rotary Internacional, el Distrito 4185, conformado por clubes de los Estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, y Guerrero, está comprometido de responder a este legado con más de 95 Clubes con sus Presidentes y sus juntas directivas y más de 1400 socios, con un Equipo Distrital conformado por más de 60 personas responsables y socios rotarios cumpliendo cabalmente los Estatutos de Rotary, así como también promoviendo la amistad y el compañerismo en nuestros clubes y continuar con el servicio humanitario.

Al día de hoy, el Distrito 4185 pone a disposición de los clubes una cantidad que se traducirá en 30 subvenciones locales de hasta 50 mil pesos destinados a la educación y al cuidado del medio ambiente.

Cabe mencionar que, a lo largo y ancho de nuestro país, el 23 de febrero ha sido instaurado por diferentes legislaturas y gobiernos municipales como el Día del Rotarismo, sin embargo, considero que es importante el poder decretar que este día se conmemore a nivel nacional, reconociendo en todo lo que vale la gran labor del Club Rotario.

El propósito fundamental de esta iniciativa con proyecto de decreto es el de reconocer, desde esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, la gran importancia de esta organización social, cuya aportación, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial se ha vuelto invaluable, conmemorando a nivel nacional el día 23 de febrero de cada año como el Día Nacional del Rotarismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 23 de febrero de cada año “Día Nacional del Rotarismo”

Artículo Único. Se declara el día 23 de febrero de cada año como el Día Nacional del Rotarismo.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

www.josecobian.blogspot.com

|https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/23-febrero-dia-paz- comprension-mundial/idEdicion-2010-02-23/idNoticia-519116

https://rotariopueblaindustrial.org/stories/el-rotarismo-en-mexico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputado Rubén Terán Águila(rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Mario Mata Carrasco e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Mario Mata Carrasco, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de creación del Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales, conforme a la  siguiente  

I. Planteamiento del problema por resolver con la propuesta

El diseño de políticas públicas es el análisis orientado a definir la acción más efectiva para que el gobierno atienda un problema público específico. Por tanto, diseñar una política con estas características requiere de un conjunto de actividades que permitan seleccionar la mejor alternativa para resolver o minimizar una problemática de la sociedad.

En esta tesitura, se presenta invariablemente la disyuntiva de realizar una correcta elección, cuando existe la necesidad imperante de promover acciones efectivas, que beneficien a la población en general, pero sobre todo, cuando ésta se encuentra agrupada en comunidades que durante años han sido impactadas de manera negativa, debido al cumplimiento de los compromisos que se generan entre países y que muchas veces rebasan la esfera de toma de decisiones a nivel local.

Así pues, surge la impronta de generar inversión física con impacto social y de desarrollo en las regiones donde se lleva a cabo la explotación de recursos naturales, porque los beneficios que este tipo de herramientas brindan para nuestro país y para el mundo, resultan considerables. En este sentido su impacto dependerá, de la manera en que son tomadas y consensuadas las decisiones, para que se lleven a cabo los proyectos que resulten realmente sustentables.

Adicionalmente a lo interior, debe tomarse debidamente en cuenta que la optimización de los recursos hídricos que se encuentran en las distintas regiones del país, debieran necesariamente traducirse en obras de conservación de la infraestructura para el sector; en el abastecimiento de agua potable y de saneamiento de la población; en el incremento de la eficiencia de su uso para el sector agrícola, así como en la búsqueda constante de mayores niveles de eficacia en su aprovechamiento.

Por otro lado, vale la pena recordar que los tratados internacionales de aguas, procuran establecer políticas de distribución que beneficien a la población, por lo que resulta deseable establecer mecanismos de compensación, como parte de una política presupuestal equitativa y permanente, que tenga que ver con el fomento al desarrollo de las entidades, toda vez que de alguna manera éstas están renunciando al uso de recursos hídricos en su propio territorio, para permitir el cumplimiento de los tratados internacionales que benefician al país entero.

Por tanto, cabe aclarar de manera precisa, que para los efectos compensatorios de esta propuesta, no es necesario considerar pago alguno por parte de los Estados Unidos de América y mucho menos por alguno de nuestros vecinos países del sur. Esto tiene que ver con la consideración de que puede ser directamente la federación quien estimule la Gestión Hídrica Sustentable en los estados aportantes, a través de recursos equitativamente asignados, con base en la aportación anual de agua que cada entidad realice al extranjero.

En este contexto, la presente propuesta aplica para todos los estados que tengan que ver con el origen o paso de los diferentes afluentes y ríos del país; como lo son la cuenca del Río Colorado, la del Río Bravo, así como la del Suchiate, o del Río Usumacinta, entre otras; considerando para esto que todas ellas se encuentran en capacidad de aportar los volúmenes necesarios de agua, que contribuyan  al cumplimento de las obligaciones mexicanas dentro de los distintos tratados que sean firmados y ratificados.

Con esta referencia tenemos que la propuesta, versa en el sentido de que de acuerdo con el total del volumen aportado cada año para el cumplimiento de dichos compromisos, debiera ser recompensada cada entidad federativa con la creación del Fondo Hídrico de Desarrollo para Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales –Fohdemti-, mismo que estará conformado por la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la federación y su cálculo estará a cargo de la Comisión Nacional de Agua en Coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por tal motivo, se resume como corolario, que existe la imperiosa necesidad de que sea cubierto por parte del Estado mexicano, el derecho de una justa retribución a favor de las comunidades donde se realizan las actividades de entrega de agua; esto mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que resulte acorde con la utilidad neta obtenida y que refleje de manera paralela, la obligación de realizar un esfuerzo adicional para conservar y ampliar las posibilidades de utilización del recurso natural que nos ocupa.  

II. Antecedentes internacionales

Al respecto de esta propuesta, procuraremos referirnos a los eventos más recientes que se han podido observar en la materia, aunado esto a los que destacan porque tienen que ver con un grupo de normas agrupadas de manera tal, que pretenden corresponderse con los derechos y obligaciones sobre cursos de aguas y otros sistemas hídricos, ya sea de la superficie, así como de los considerados de profundidad y que además atraviesan más de un Estado nacional.

En este orden de ideas, se tiene la referencia de que se han llevado a cabo variados estudios de situaciones que tienen que ver con aguas y que dichos estudios pueden permitir la realización de proyectos de integración, donde se detonen las posibilidades de equidad internacional tanto en cuanto a costos, como beneficios.

Y así es como se localiza un referente por demás importante en cuanto a los recursos naturales de carácter hidráulico, como es la realización de la Convención General, que tuvo verificativo en la ciudad delimitada por dos apacibles ríos, que se corresponde con la capital de Suiza, la ciudad de Ginebra, misma que se llevó a efecto el 9 de diciembre de 1923, donde se trató de manera general el rubro de las fuerzas hidráulicas que interesan y donde intervienen varios estados.

En esta tónica se tiene, que fue diez años después -específicamente en 1933- cuando se logró la presentación de la Declaración Panamericana de Montevideo Uruguay, ciudad considerada como la Costa de Oro en el contexto de que es una ciudad portuaria de suma importancia puesto que es la capital Uruguaya y que además se caracteriza por la búsqueda constante de altos niveles de democracia, a nivel de los países de América Latina.

Así pues tenemos, que fue en las costas uruguayas bañadas en la zona sur por el Río de la Plata y donde a partir de Punta del Este se considera que comienza el Océano Atlántico, donde tuvo lugar el planteamiento del tema de los usos de aguas internacionales para propósitos de desarrollo agrícola e industrial.

Por otro lado, se tiene la referencia de que fue en el año de 1959, cuando la ONU en su Sexta Comisión de la Asamblea General, dio inicio a los trabajos que llevarían a serios planteamientos y discusiones sobre los problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de Aguas Internacionales para fines distintos de la navegación.

Es de reconocerse que todos estos antecedentes, así como los distintos trabajos realizados por diversas instituciones de los sectores público, privado y social, sirvieron de base para que la Organización de las Naciones Unidas, aprobara y presentara en 1994 un importante documento que plasma en solo 33 artículos, los Derechos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a los de la Navegación.

III. Antecedentes nacionales

Un antecedente de relevancia es sin duda la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mismo que fue suscrito el día 2 de febrero del año de 1848y en donde quedó definido el aspecto de que los ríos Bravo y Colorado forman parte de la frontera entre los Estados Unidos de América y México y por otro lado se avanzó en la delimitación convencional de la frontera terrestre.

Paralelamente en el propio instrumento, se acordó la designación de un comisionado y un topógrafo por cada país, cuyas funciones serían las de establecer de manera precisa los puntos que definirían la línea divisoria, hecho relevante si consideramos la gran cantidad de problemas que se generaron al respecto de los territorios que le corresponderían a cada nación.

Otro referente importante, es el que se conmemora el día primero de marzo del año de 1889 en Whashington, DC, donde el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el general Porfirio Díaz y Sthepen Groven Cleveland, presidente de Estados Unidos de América, suscribieron la Convención para el Establecimiento de una Comisión Internacional de Límites, misma que tuvo por objeto, el decidir sobre las cuestiones que se suscitaran en el cauce de los Ríos Bravo del Norte y Colorado, instrumento que fue ratificado por las Cámaras de Senadores de ambos países, con el objetivo de facilitar la ejecución de los principios contenidos en el Tratado del 12 de Noviembre de 1884 y evitar la dificultad ocasionada con los cambios que tuvieron lugar en el cauce de los Ríos Bravo del Norte y Colorado en la parte que sirve de límite de las dos regiones.

Sobresale de manera importante, que en dicho documento fue creada la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (International Boundary and Water Commission) CILA Estados Unidos–México, concebida como un organismo internacional direccionado a resolver las diferencias entre los límites y aguas de ambas naciones, integrada equitativamente por una sección mexicana y una estadounidense, cada una de las cuales está dirigida por un comisionado ingeniero designado por el presidente de su respectivo país.

Destaca que las oficinas centrales para el caso de la sección mexicana se encuentran localizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las de la sección estadounidense se sitúan en la Ciudad Americana del Paso, Texas. Cabe detallar que se eligieron estas dos ciudades porque son consideradas como el área de punto medio de la frontera entre México y Estados Unidos de América y la separación geográfica de la línea divisoria fluvial y la línea divisoria terrestre.

La definición de dicho espacio para la ubicación de las oficinas tiene que ver con que brinda las facilidades necesarias para que ambos espacios puedan mantenerse en comunicación para verificar la correcta implementación de las actividades cotidianas que les dan vida como institución, entre las que se encuentran la construcción, la operación y el adecuado mantenimiento del conjunto de obras internacionales, la hidro-medición de las corrientes internacionales necesarias para la contabilidad y la determinación de la debida propiedad de las aguas del Río Bravo y del Río Colorado en cualquier momento, así como la operación diaria de las compuertas de las presas internacionales.

La aparte práctica del Tratado tiene que ver con que Estados Unidos de América cuenta con un gran interés al acceso de las aguas del Río Bravo, para incrementar el desarrollo agrícola del sur de su estado de Texas. Paralelamente por el lado de México, la necesidad de agua se direcciona hacia la obtención de un uso permanente y regular de parte de las aguas del Río Colorado, con objeto de mantener e incrementar el desarrollo agrícola del Valle de Mexicali, y paralelamente la necesidad de definir el aprovechamiento de las aguas del Río Bravo para su uso en la cuenca baja del río.

Conviene señalar que el Tratado de Aguas mejoró lo alcanzado en 1906, toda vez que se logró que se reconociera el derecho de México sobre las aguas que le corresponden y que las tablas de entrega de aguas del Río Bravo a México, pudieran tener un ajuste positivo en los años de escurrimientos excedentes para que se aseguraran los desarrollos agrícolas en ambos países tanto en el bajo Río Bravo como en el Río Colorado, así como que se señalaran los plazos para construir las obras estipuladas en el propio Tratado.

Es de resaltarse que el Tratado de 1944 contribuyó de forma clara a la aparición, en el ámbito del derecho internacional, de algunos nuevos conceptos, que ciertamente están plenamente relacionados con los recursos naturales que se encuentran divididos de manera artificial por las fronteras políticas, entre los cuales sobresalen el derecho legítimo al reparto equitativo y racional de sus aguas, por los países que las comparten y la obligación de los estados de no aplicar al extremo el concepto de soberanía absoluta para usar sus cuencas hidrológicas, si con ese hecho se alteran las condiciones naturales de las corrientes.

Como consecuencia de lo anterior, resulta preciso hacer notar que este Tratado de Aguas de 1944 no debe modificarse, puesto que evidentemente es altamente benéfico para México, considerando que en el acto de intercambio del producto natural, nuestro país recibe más de 1,800 millones de metros cúbicos (m3) provenientes del Río Colorado en poder de Estados Unidos de América, en tanto que México entrega 431 millones de m3 de agua anualmente, a través del Río Bravo; que para el caso del estado de Chihuahua, se corresponden con una aportación de un promedio anual de 251 millones de m3 de  aguas superficiales.

IV. Aspectos conceptuales relevantes

Tenemos por ejemplo que la hidrología es la ciencia que estudia las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, su aparición, circulación y distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, sus propiedades biológicas, químicas y físicas, y sus reacciones con el entorno, incluida su relación con los seres vivos.

Por otro lado, el Programa Nacional Hídrico, es el documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, prioridades y políticas para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos.

La Comisión Nacional del Agua -Conagua- tiene dentro de sus antecedentes más relevantes que las instituciones que le antecedieron encontramos a la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización creada en 1917, la Comisión Nacional de Irrigación, en 1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976.

Así es como Conagua, se constituye jurídicamente como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Cuenta con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la Ley de Aguas Nacionales le corresponde, así como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere.

Sobresalen de entre sus funciones más importantes para efectos de esta propuesta, el mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, incrementar los recursos presupuestales y financieros públicos y privados y mejorar su distribución y aplicación en los proyectos de inversión del sector hidráulico.

Por otro lado, es de relevancia recordar que a la Conagua le compete la función de mejorar la competitividad institucional mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera y tecnológica en todas sus áreas, así como consolidar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.

Adicionalmente, el organismo que nos ocupa, debe promover el cumplimiento del marco jurídico existente e impulsar el desarrollo de instrumentos que fortalezcan el buen uso y manejo sustentable del agua, así como debe mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector hidráulico.

Todo esto de forma adicional a su función primordial para efectos de esta propuesta, que versa en la línea de participar en las deliberaciones y acciones en relación con el agua en el concierto internacional de naciones. Así pues sobresale el porqué, este organismo debe participar de manera estratégica en un gran número de decisiones en el esquema hidrológico nacional.

En este orden de Ideas, tenemos también que el Consejo de Cuenca, es el órgano colegiado de integración mixta, que fungirá como la instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre “la Comisión”, incluyendo el organismo de cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica.

Por lo que hace a la Región Hidrológica, sobresale que es el área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento.

Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones hidrológicas integran una región hidrológico–administrativa.

Llamamos coloquialmente río, a toda aquella corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca en otras corrientes, en un embalse natural o artificial, o en el mar.

V. Objetivos de la propuesta

1 . Se crea el Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales (Fohdemti). El propósito fundamental del fondo es el de dotar de recursos a las entidades federativas y municipios que participan en el cumplimiento de los compromisos internacionales, dotando de agua a los países limítrofes mexicanos que hayan suscrito tratados internacionales o instrumentos similares con nuestro país.

El origen del agua es el que se obtiene a través de las cuencas que pasan o tienen su origen en su territorio, por lo que se considera un medio de compensación ideal en proporción directa al volumen de millones de metros cúbicos de agua que aportan, según se corresponda con lo especificado, como resultado de las negociaciones que se desarrollan entre naciones para encontrar soluciones al controversial asunto de la utilización de los recursos naturales.

2. Se determina como se realizará la distribución del Fondo.Una de las cuestiones principales que deben señalarse en cualquier instrumento en que se pretenden manejar recursos económicos, es el señalar con toda claridad quienes serán los sujetos que podrán contar con el acceso a dichos fondos.

Así se señala en la propuesta que los recursos del fondo serán entregados por la federación a los estados y de estos a los municipios de manera mensual y con los ajustes anuales correspondientes.

También queda establecido de manera puntual que el monto mínimo de entrega de recursos a las entidades federativas a los municipios sea de por lo menos el 30 de ciento de la cantidad que reciban de la federación. El objetivo es establecer que será por convenio y pacto fiscal, que se administrarán y redistribuirán los recursos por concepto los conceptos correspondientes.

3.  Se establece la posibilidad de celebrar convenios de colaboración. En esta tónica se deja muy claro, que será menester la posibilidad de celebrar convenios de colaboración entre las Entidades Federativas que estén interesadas en contar con la disposición de los recursos y la Federación, dando por sentado que dichos convenios estarán integrados por supuesto los municipios.

Este punto tiene que ver con la utilidad de que queden plenamente definidas las acciones tendientes al fomento de la gestión integrada de los recursos Hídricos, así como el hecho de que deben diseñarse las políticas públicas sobre las cuales deberá operarse y mantenerse el fondo a nivel regional y estatal.

Así se propone que será la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información de la Comisión Nacional del Agua, de las Comisiones Internacionales de Límites de México con Estados Unidos, Guatemala y Belice, y de los Consejos Regionales que al respecto se formen, enterará mensualmente a las entidades federativas y de estas a los municipios las cantidades correspondientes de forma provisional, y en su caso efectuará el ajuste anual que corresponda conforme a las disposiciones que al efecto emita.

4 . Se reitera la obligación de fiscalizar los recursos que se manejen a través del Fondo. En este orden de ideas, el cálculo del valor económico del agua en cada entidad federativa, se determinará con base en la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la Federación y su cálculo estará a cargo de la Comisión Nacional de Agua en Coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que hace al aspecto fiscalizador la propuesta se direcciona a que el origen, las formas de utilización y destino final de los recursos, serán fiscalizados permanentemente conforme a lo que establece la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto será de gran utilidad a la hora de determinar con exactitud lo que le corresponde a cada estado o municipio, sin detrimento del valor del uso que se le dará al agua.

VI.  Cuadro comparativo

VII. Reforma propuesta

Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta honorable asamblea, de manera tal que sea este Poder Legislativo, el conducto para el fortalecimiento de la misma.   

Decreto que adiciona el artículo 4o. C a la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único.

a) Se adiciona el párrafo 4o. C a la Ley de Coordinación Fiscal, en los términos siguientes:

Artículo 4o. C.  El Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales (Fohdemti) estará conformado por la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la federación y su cálculo estará a cargo de la Comisión Nacional de Agua en Coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información de la Comisión Nacional del Agua, de las Comisiones Internacionales de Límites de México con Estados Unidos, Guatemala y Belice, y de los Consejos Regionales que al respecto se formen, enterará mensualmente a las entidades federativas y de estas a los municipios las cantidades correspondientes de forma provisional, y en su caso efectuará el ajuste anual que corresponda conforme a las disposiciones que al efecto emita.

Los municipios recibirán cuando menos el 30 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación y será distribuido en proporción a la recaudación obtenida por volumen de agua estimado.

Las entidades federativas y los municipios podrán celebrar convenios con la federación, con el propósito de dejar plenamente definidas las acciones que deberán estar orientadas a fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos para operar y mantener las estaciones hidrométricas y climatológicas que sean necesarias para el abastecimiento y control de la información.  

El Fohdemti será equitativamente distribuido, entre los aportantes que oficialmente se registren, de acuerdo con las reglas de operación que al respecto se emitan.

Las entidades federativas, podrán celebrar convenios con la federación, con el propósito de dejar plenamente definidas las acciones, que deberán estar orientadas a fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos.

Además deberán operar y mantener en los tramos limítrofes de los ríos internacionales, las estaciones hidrométricas y climatológicas que sean necesarias para el abastecimiento y control de la información.

El origen, las formas de utilización y destino final de los recursos, serán fiscalizados permanentemente conforme a lo que establece la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Los recursos para la puesta en marcha de este fondo deberán ser considerados de manera oportuna en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Corzo Julio, Diseño de Políticas Públicas, IEXE Editorial, México, 2013.

2 Cfr. Para mayor referencia favor de consultar el estudio realizado por el doctor Humberto Silva Hidalgo, el maestro en ciencias Óscar J. Estrada Valles  y el ingeniero Roque Martínez Amparán, denominado iniciativa para el pago al estado de Chihuahua por volúmenes de agua superficial entregada a Estados Unidos, en virtud del tratado de Aguas de 1944, UACH-JCAS-SDR, México, 2017.

3 Ídem.

4 Asín Jorge, Aguas Internacionales Evolución de la Legislación, Revista Ciencia y Cultura, SCIELO, número 10, marzo del 2002, Bolivia.

5 Para mayor información consúltese la siguiente dirección electrónica:

http://www.cila.gob.mx/tyc/1889.pdf  Revisada el 24 de noviembre del 2018.

6 Cfr. Consultable en

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/c-i-l-a-mex-eua  Página revisada el 22 de noviembre del 2018.

7 Obra citada cita número 2.

8 Organización Metereológica Mundial, Glosario Hidrológico Internacional, UNESCO, Ginebra Suiza, 2012.

9 Ley de Aguas Nacionales, Orden Jurídico Nacional, Secretaría de Gobernación, México, DOF, 1 de diciembre de 1992.

10 Consultable en la página electrónica de

http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php, específicamente en lo que se refiere a las definiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Revisada para efectos de esta propuesta el 20 de Noviembre del 2018.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Mario Mata Carrasco, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 25, y 26; se adiciona el artículo 21 Bis, y se deroga el segundo párrafo del artículo 21; todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

La violencia contra las mujeres es una vulneración a los derechos humanos, la cual impide el goce y disfrute de los mismos; ante este agravio el tema debe ser atendido por el Estado. Es oportuno recordar que el femicidio, es definido como la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. Por tal motivo, resulta trascendental que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad de atender esta problemática a través del fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos que permitan garantizar a todas las mujeres el goce de una vida libre de violencia.

Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ Info_delict_persp_genero_DIC2018.pdf

La violencia feminicida es toda forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta.3 El feminicidio conlleva desigualdad, así como la dominación de los hombres sobre las mujeres que ejercen violencia sobre ellas. Así mismo, el feminicidio podrá considerarse que representa la ruptura del estado de derecho, en razón a que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos humanos, y de actuar con legalidad, procurando el acceso a la justicia, a la prevención y erradicación de la violencia que lo ocasiona.4

Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ Info_delict_persp_genero_DIC2018.pdf

Esta exigencia hacía el Estado para que responda a la violencia contra la mujer, está encaminada a la existencia de una serie de instrumentos para responsabilizar a los Estados en los niveles internacional y regional. Debido a que las prácticas judiciales de cada lugar inciden necesariamente en los efectos de cualquier delito que se tipifica, cuando se trata de delitos de violencia contra las mujeres las dificultades en el acceso a la justicia constituyen una problemática no resuelta.

En este sentido, el derecho a una vida libre de violencia está plasmado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), en dicho instrumento internacional se expresa que la violencia contra la mujer, es una ofensa a la dignidad humana, asociada a las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que pueden derivar en el asesinato de las mujeres.

El cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, implica la obligación de dictar leyes, con el objetivo de garantizar aquellos derechos. En nuestro país en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se contempla la alerta de violencia de género contra las mujeres, la cual, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Una alerta de violencia de género implica una coordinación intergubernamental con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres implementando acciones encaminadas a detener la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades.

En la ley se dispone que la declaratoria de la alerta de violencia de género también se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Es preciso remarcar que la alerta de violencia de género, es el instrumento encaminado a restituir la situación de violencia o discriminación mediante la aplicación de acciones gubernamentales de emergencia, las cuales están al mando de la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal, y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, a nivel estatal. La finalidad de la ejecución de esas acciones es alcanzar los óptimos resultados, sin embargo, es acertado reflexionar sobre el fortalecimiento de las acciones que se diseñen e implementen, así como los lineamientos de la coordinación entre los actores involucrados en el proceso de solicitud, elaboración, declaratoria, control y seguimiento de una alerta de violencia de género.

A pesar de los avances para atender la violencia contra las mujeres, es de remarcar las ausencias legales y de políticas públicas con contenido de género que aún continúan produciendo impunidad, generando injusticias, y ocasionando inseguridad, favoreciendo el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres.

Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ Info_delict_persp_genero_DIC2018.pdf

Si bien el debate público sobre la violencia a través de los medios de comunicación ha ocasionado que su difusión propiciara la divulgación del problema el cual hasta hace poco era ignorado, aunque este hecho también contribuyo a extender mitos y estereotipos en torno a la interpretación de la violencia. En este punto, resulta importante reconocer las aportaciones y participación de las distintas organizaciones feministas y de familiares, quienes han logrado colocar el tema de la violencia contra las mujeres en la opinión pública y dar una mayor visibilidad a la situación que se vive, esto ha conllevado a un incremento en la consolidación de la toma de decisiones.

En razón a la complejidad que representa la violencia feminicida  que se agudiza en nuestro país, la propuesta que pongo a consideración, pretende fortalecer el procedimiento de difusión de una alerta de violencia de género, con el objetivo de que los actores se coordinen de forma más adecuada, así como la población conozca a la brevedad la emisión de una alerta de violencia de género, con ello, las autoridades federales, estatales y municipales encauzaran y orientaran sus políticas públicas con una perspectiva de género sobre el tema de la violencia contra las mujeres y los retos que representa hacerle frente. Por tal motivo, es imperante que las alertas de violencia de género sean emitidas bajo el principio de máxima publicidad, a fin de lograr una mejor eficacia en la intervención del Estado.

Además, una problemática que se presenta en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país, es que los homicidios de mujeres no son catalogados como feminicidios, aunque estos cumplen a cabalidad con lo señalado en la tipificación del delito, aunado a ello, se observa que no existe una homologación en los códigos penales de las entidades, ya que se presentan variaciones importantes en lo que se refiere a razones de género, por tal motivo, en la Iniciativa se plasma la tipificación del delito de feminicidio considerada en el Código Penal Federal, con la finalidad de que las entidades federativas homologuen este delito en sus diferentes ordenamientos en materia de prevención y protección de la mujer, y con ello, no existan discrepancias de un estado a otro en como catalogar el homicidio de mujeres.

El éxito en la implementación de una política pública bien diseñada requiere que haya sido correctamente identificado y definido el problema a atacar. La violencia contra las mujeres es un problema que se reproduce en todos los niveles de interacción social, impacta los derechos sexuales, reproductivos, económicos, laborales, culturales, entre otros; pero sobre todo menoscaba la dignidad humana y el goce a una vida libre de violencia. Es preciso recordar que el derecho a la no discriminación señala la necesidad de erradicar comportamientos y prácticas que quebrantan el disfrute de los derechos de las personas.

Resulta primordial procurar el fortalecimiento del marco normativo, así como de las acciones que se llevan a cabo con la finalidad de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, es indispensable contar con estudios que muestren las variaciones en las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres señalando el espacio donde se ejerce, cómo se ejerce y qué consecuencias tiene en la vida de las mujeres.

Es preciso remarcar que la inexistencia de leyes en ciertas materias puede significar un incumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, por ello, como legisladores tenemos la obligación de adoptar medidas tendientes a asegurar el goce de éstos derechos. Lo anterior implica que el poder legislativo adopte medidas para hacer efectivos los derechos en favor de sectores de la población considerados como vulnerables, ya que en consecuencia si el Estado no adoptara medidas legislativas, se consideraría una forma de discriminación indirecta. No olvidar que una correcta interpretación del principio de igualdad necesariamente trae aparejado la adopción de medidas que pongan fin a situaciones de exclusión o restricción de derechos.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de

Decreto, por el que se reforman los artículos 23, 25, y 26; se adiciona el artículo 21 Bis, y se deroga el segundo párrafo del artículo 21; todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único: Se reforman los artículos 23, 25, y 26; se adiciona el artículo 21 Bis, y se deroga el segundo párrafo del artículo 21; todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Se deroga

Artículo 21 Bis. En los casos de feminicidio se entenderá que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que viola sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I....;

II.Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, señalando el motivo de la alerta de violencia de género y las entidades federativas, municipios o alcaldías a las que se les decreta la alerta; así como un plan para la implementación de las medidas y acciones, el cual contenga indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las mujeres;

III. ...

IV.Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, para tal efecto la cámara de diputados y los congresos estatales aprobaran en los presupuestos una partida presupuestal; y

V.Hacer del conocimiento público la declaratoria dealerta de violencia de género contra las mujeres, para tal efecto, las autoridades federales y las entidades federativas, se coordinaran para la integración y funcionamiento de un Sistema Único de Información sobre la alerta de violencia de género; así mismo, la Secretaria de Gobernación solicitará a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones de conformidad con la legislación en la materia, la difusión dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado.

Artículo 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad federativa de que se trate. Una vez notificada la declaratoria, las entidades federativas, municipios o alcaldías, en donde se haya emitido deberán de manera inmediata implementar un plan de acción con perspectiva de género, orientado a adecuar las políticas públicas de procuración de justicia, seguridad y transporte público; así como otras acciones para prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Artículo 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los tratados internacionales, en materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte y considerar como reparación:

I. y II. ...

III.La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:

a) ...

b)La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales en las que incurran;

c)El diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la prevención, persecución, y seguimientode la comisión de delitos contra las mujeres, así mismo las relativas a garantizar los derechos de los familiares en ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen tendientes a sancionar a los presuntos responsables; a recibir de manera gratuita copia simple de las diligencias que integran el expediente; a acceder a las medidas de ayuda y asistencia que se implementen para la superación del daño producto de la comisión de delitos, incluidas medidas de apoyo psicosocial; así como otras acciones encaminadas a garantizar su protección y derechos en su calidad de familiares de la víctima;y

d) ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos estatales deberán armonizar su legislación conforme a lo señalado en el presente decreto.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos, 2006, p. 14.

2 Chejter Silvia, Femicidios e impunidad, Centro de Encuentros Cultura y Mujer, Argentina, 2005, p. 10

3 La expresión femicide fue usada por primera vez por Diana Russell en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres celebrado en Bruselas, en 1976. El femicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios. Russell, Diana y Radford, Jill, “Femicide: The Politics of Woman Killing”, 1998, disponible en:

http://www.dianarussell.com/femicide.html

4 Lagarde, Marcela, Antropología, feminismo y política. Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres. Retos teóricos y nuevas prácticas,Ankulegi Antropología Elakrtea, San Sebastián, España, 2008, pp. 217, 237.

5 En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la Organización de Naciones Unidas, en el objetivo 5, se señala: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Organización de las Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para transformar nuestro mundo, Objetivo 5 Igualdad de Género - Metas,” disponible en

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en las Américas, Organización de Estados Americanos, Documento 68, 20 de enero de 2007.

7 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. “Convención de Belem do para”, Departamento de Derecho Internacional, disponible en

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

8 La expresión impunidad, se refiere a la “ausencia de castigo”. Alude a “un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas”. Ambos Kai, Impunidad y Derecho Penal Internacional, Ad-Hoc, Argentina, p. 33

9 Arisó Sinués, Olga, Los géneros de la violencia: una reflexión queer sobre la “violencia de género, Editorial Egales, Madrid, España, 2010, p. 30.

10 Figura penal en que la mujer puede ser sujeto activo o pasivo del delito, pero en las que, en cualquier caso, se refuerzan los roles y estereotipos de género que pesan sobre ella. Acale Sánchez, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal, editorial Reus, Madrid, 2006, p. 21.

11 Vela Barba, Estefanía. El derecho a la igualdad y la no discriminación en México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012.

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Anilú Ingram Vallines, Brasil Alberto Acosta Peña, Eduardo Zarzosa Sánchez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Juan Ortiz Guarneros, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortencia Garay Cadena, Ricardo Aguilar Castillo (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de   la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena

Dulce María Corina Villegas Guarneros, diputada federal por el Distrito XV del estado de Veracruz, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, eleva a la digna consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona nueva fracción XXI al artículo 13 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de establecer mecanismos de protección, rehabilitación y desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Con base en la siguiente

A lo largo del trabajo social que he venido realizado durante un amplio periodo de mi vida dentro de algunas asociaciones civiles en diversos estados de la república, he conocido la fuerte problemática social que representa la drogadicción en niñas, niños y adolescentes y como ese gran problema de salud pública merma a las familias, la seguridad y el desarrollo de nuestros jóvenes. De igual manera durante mis recorridos en campaña por mi distrito, me he percatado que la problemática no es aislada a zonas donde se realiza el cultivo y producción de estas sustancias, sino que se ha convertido en un problema que aqueja a todo nuestro país, siendo los más afectados nuestros jóvenes de las zonas rurales.

Más preocupante es aun que en nuestras leyes no existan verdaderos mecanismos de protección, rehabilitación e incorporación a la sociedad de las niñas, niños y jóvenes que presenten esta problemática.

En nuestra ley general de niñas, niños y adolescentes solo se establece el realizar medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud publica causados por las adicciones, pero no lo establece como un derecho, he ahí la necesidad de agregar la fracción XXI a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde a la letra diga “derecho a una vida libre de adicciones” esto con la finalidad de establecer verdaderos mecanismos de atención, protección y rehabilitación, que logren garantizar el interés superior de la niñez así como la corresponsabilidad de todos y todas para garantizar sus derechos.

Según datos de la ENCONDAT 2016/2017 el consumo de drogas en general en México aumentó en todas las edades 80 por ciento. Y por género, las cifras son más preocupantes: en los varones se registró un aumento de 69 por ciento, mientras que en mujeres se disparó a 175 por ciento. Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida aumentó de 5.7 por ciento en 2008 a 10.3 por ciento en 2016. Por estado, los que presentaron mayor crecimiento proporcional a 2008 son: Jalisco de 5.3 por ciento a 16; Colima de 2.8 a 12.4  por ciento y Coahuila de 3.6 a 11.4 por ciento. En 2016 todos los estados mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional (2.9 por ciento) excepto Oaxaca (1.5) y Chiapas (1.1 por ciento), cuyos porcentajes de consumo son menores al nacional.

En la población de 12 a 17 años, el consumo de cualquier droga ilegal alguna vez en la vida aumentó de 1.3 por ciento en 2002 a 2.9 por ciento en 2011. En este grupo de edad, la mariguana fue la droga más consumida con un 2.4 por ciento, seguida de los inhalables y la cocaína con 0.9 y 0.7 por ciento respectivamente. Al observar los datos por regiones, la nororiental que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, es la que presenta las prevalencias más altas para mariguana con 5.1 por ciento para cocaína con 2.8 por ciento y para estimulantes tipo anfetamínico con 1.6 por ciento.

El consumo en el último año en la población de 12 a 17 años, aumentó casi el doble de 1.6 por ciento en 2011 a 3.1 por ciento en 2016, esto nos representa ya un problema grave de salud ya que los mayores daños a la salud de los adolescentes no se manifiestan en términos de morbilidad o mortalidad. Generalmente, los problemas que ellos enfrentan tienen una repercusión más honda y duradera, que afecta no sólo el bienestar personal, sino también el de su familia y su comunidad.

Esto a su vez nos provoca también un problema de seguridad ya que tan solo en la capital del país, la Secretaría de Seguridad Pública reporta que un 13 por ciento de los detenidos por ese delito tiene entre 15 y 17 años de edad. Esto puede generarse debido a que los niños y adolescentes son altamente vulnerables a las drogas por la presión que sienten para adaptarse o pertenecer a un grupo social.

Es claro que a ello se suma la condición social. “En hogares con escasos recursos, los papás están ausentes porque trabajan, o en muchos casos en zonas rurales como lo es en la comunidad de Xocotla del municipio de Coscomatepec los padres salen en busca de trabajo a los Estados Unidos y esto lleva a que el único lazo de convivencia que tienen los niños y adolescentes es el grupo que está en la calle. Hay colonias y lugares donde los únicos amigos que pueden tener son consumidores de drogas” .

Los niños y adolescentes que consumen lo hacen por una ausencia de límites, de vínculo afectivo, por problemas en la comunicación con los papás o en la familia. Y casi en todas las terapias tiene que ir toda la familia y no sólo el adolescente enfermo”. Por ese motivo es importante establecer este derecho para crear mecanismos integrales de rehabilitación y devolver la felicidad y esperanza a nuestros niños y a sus familias.

Si queremos verdaderos ciudadanos y ciudadanas, debemos defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes a temprana edad, ya que en la infancia es donde realmente ellos empiezan su formación.

Fundamento Legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal por el Distrito XV del estado de Veracruz, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y artículo 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adiciona nueva fracción XXI al artículo 13 de la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

XX...

XXI. Derecho a una vida libre de adicciones.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Dulce María Corina Villegas Guarneros, Alma Delia Navarrete Rivera, Bonifacio Aguilar Linda, Jaime Humberto Pérez Bernabe, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Juanita Guerra Mena, Leticia Díaz Aguilar, María Bertha Espinoza Segura, Martha Robles Ortiz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Raquel Bonilla Herrera, Rosalba Valencia Cruz, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Salvador Rosas Quintanilla, y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 61 de la Ley Aduanera (LA).

Considerando

La búsqueda por posicionar a México como una nación creadora de talento joven es una de las metas comunes que, sin importar el posicionamiento político, se buscan con constancia por parte de nuestros connacionales. Por ello, la educación superior ha tenido una relevancia significativa a lo largo de diversos sexenios, donde universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana, al igual que las múltiples universidades estatales, han sido estandartes de la educación pública a lo largo del país.

Con sus ventajas y desventajas, dichas instituciones han permitido la exportación de talentos nacionales, los cuales buscan aprovechar la oportunidad de adquirir otros saberes en regiones distintas del mundo y los cuales, en muchos casos, están dispuestos a la demanda de volver y compartir dichos conocimientos para contribuir en una formación de mayor calidad en nuestro país.

Tan solo para 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), alcanzó 59 mil entregas de becas, con las cuales múltiples estudiantes de posgrado han tenido la posibilidad de desarrollarse en su especialización. Tan sólo el año pasado viajaron 16,700 mexicanos para estudiar en el extranjero, donde ocupamos el décimo lugar de exportadores de estudiantes de posgrado a nivel mundial.

En muchos de estos casos de estudios en el extranjero, una parte importante de ellos retornan a terminar sus proyectos debido a cuestiones presupuestales o de su propio objeto de estudio (ya que los estudios sobre México o que su objeto de estudio se sitúa en México son usuales entre estudiantes), por lo que en algunos posgrados se  busca mantener la investigación en sus más altos estándares de calidad, ya que el posicionamiento geográfico demanda el uso de ciertas herramientas o dispositivos necesarios para el término de sus respectivas investigaciones y la obtención del grado.

Sobre esto, al observar la fracción X del artículo 61 de la LA, nos damos cuenta que los instrumentos electrónicos, armados o desarmados, provistos por universidades extranjeras mantienen un agregado de impuestos de importación, a diferencia del resto de materiales no electrónicos. Más allá de quién cubra el monto de importación, una ley que entorpezca la formación educativa y genere resultados deficientes ante una constricción de este tipo merece ser observada con atención y replantearse su vigencia y legitimidad ante las demandas actuales. Con la llegada de las tecnologías de la información y la cuarta revolución industrial, como la Inteligencia Artificial y el Internet de las cosas, el uso de dispositivos electrónicos que apoyen la investigación hecha en México y, o por mexicanos irá en aumento. Así que, mantener una legislación con trabas y que no sitúa a México como un país fructífero para la investigación solamente le quita atractivo y competitividad a nuestra nación.

Ante tal situación, se propone una modificación para exentar de impuestos aduaneros a los materiales electrónicos provistos por entidades de educación superior extranjeras a Mexicanos. Esto, en favor de un libre tránsito de las herramientas indispensables para el desarrollo del conocimiento académico que puede tener un impacto benéfico a nivel nacional e internacional. Ello incluye computadoras especiales, equipos métricos para investigaciones sociales, biológicas y físicas, escáneres de recopilación biométrica, entre otras aplicaciones contemporáneas de los desarrollos electrónicos y computacionales.

En búsqueda de mantener y apoyar al sistema educativo, al igual que al desarrollo académico de los mexicanos que realizan posgrados en el extranjero, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que reforma la fracción X del artículo 61 de la Ley Aduanera

Artículo Único. Se reforma la fracción X, del artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

I. a IX. ...

X. El material didáctico ya sea armado o desarmado que reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero.

XI. a XVII. ...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes de estimaciones de recaudación en la propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio siguiente que se trate.

Notas

1 Verenise Sánchez. (2016). Más de 328 mil becas ha otorgado el Conacyt en 45 años, de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sitio web:

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/ 5190-mas-de-328-mil-becas-ha-otorgado-el-conacyt-en-45-anos

2 Forbes Staff. (2017). Viajan al año 16,700 mexicanos para estudiar en el extranjero, de Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/viajan-al-ano-16700-mexicanos-estudiar-extranjero/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: José Rosas Quintanilla, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

Irma Juan Carlos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

En México se han perdido más de 100 lenguas indígenas; y se prevé que 60 por ciento de las que aún sobreviven también desaparezcan. En 2003 se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con objeto de preservar nuestras lenguas, sin que hasta el momento se hayan podido obtener resultados favorables. Los diversos órdenes de gobierno, e incluso la sociedad, siguen mostrando resistencia para fomentar, promover y preservar las lenguas indígenas.

Un caso particular se dio en virtud de la promoción del amparo 192/2016, donde el indígena oaxaqueño Zerafín Reyes López demandó al Ejecutivo federal porque éste no había hecho la traducción de la Constitución federal al mixe. El Ejecutivo federal se había negado y sin embargo la Suprema Corte de Justicia le ordenó al Ejecutivo que hiciera la traducción como ordena la Ley General de Derechos Lingüísticos. Resulta absurdo que para hacer valer el derecho al uso de la lengua indígena haya que acudir a los tribunales. Lo más sensato es promover diversas políticas públicas para promover y asegurar el uso de las lenguas indígenas nacionales.

Esa problemática motiva el presente proyecto de reforma cuyo objetivo es el de preservar las lenguas indígenas desde la educación misma. Por ello propongo que en los niveles de educación prescolar, primaria y secundaria deberán ofertar en su plan de estudios la enseñanza o promoción de cuando menos una lengua indígena.

Conforme al catálogo de las lenguas indígenas nacionales, hay 364 variantes lingüísticas dentro de las 11 familias lingüísticas indoamericanas. Todas ellas son lenguas nacionales. Al menos así lo dispone el artículo 4 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: “Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Sin embargo, pese al contenido textual de la norma, todavía existen negaciones para aceptar que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y esto se puede observar porque la mayor parte de reconocimientos concretos a las mismas, se ha tenido que hacer a través de juicios. En el Amparo en revisión 622/2015 se originó precisamente porque se hizo caso omiso a esta disposición legal y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien reiteró lo siguiente “En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea el idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, más aún, en el artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales”.

Estoy convencida de que esta oposición a hacer válida la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en la vida cotidiana se debe a la falta de una política pública que tome en serio el valor de nuestras lenguas originarias. Por disposición de la Ley decimos que nuestras lenguas son valiosas, pero en la vida diaria no las utilizamos, no fomentamos en nuestros hijos e hijas el uso diario de las mismas. En los diversos niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) se fomenta el uso del español e incluso del inglés o el francés, pero no de una lengua indígena.

Considero esta propuesta que hoy les hago es real, objetiva y consiste en promover que en los centros educativos se ofrezca la enseñanza de cuando menos una de nuestras lenguas indígenas. Paralelamente a ello es importante que en temas de acceso a la información también se permita solicitar información y recibir respuesta en la lengua indígena que se haya seleccionado. Esto realmente si generará un efecto positivo en la conservación de nuestras lenguas.

Por todo esto ponemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, la preservación de las lenguas nacionales, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 90 días hábiles se harán los ajustes a las leyes secundarias a efecto de reglamentar la presente disposición constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Irma Juan Carlos, Ariel Rodríguez Vázquez, Cipriano Charrez Pedraza, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Lidia García Anaya, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Isabel Alfaro Morales, María Marivel Solís Barrera, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en su vertiente parlamentaria, al tenor siguiente:

Antecedentes

Primero. El Servicio de Carrera en la Cámara de Diputados se plasmó en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 3 de septiembre de 1999, impulsada por 2 de las 13 iniciativas que se dictaminaron. En efecto, sólo las iniciativas presentadas por Pablo Gómez Álvarez, el 30 de abril de 1988, a nombre de los grupos parlamentarios PRD, PAN y PT y la presentada por Rafael Oceguera Ramos, del PRI, el 26 de mayo de 1999, abordaron la idea de:

a) Formar funcionarios de alta calidad que proveyeran a los servicios que se prestan en la Cámara garantizando que su desempeño se realice bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad y a los valores éticos de la función pública, como son: lealtad, probidad, imparcialidad, integridad, responsabilidad, respeto y vocación de servicio.

b) Establecer criterios generales, reglas, mecanismos de ingreso y desarrollo de funcionarios, movilidad, percepciones, incentivos y reconocimientos, así como lo relativo a la separación, infracciones y sanciones y procedimientos disciplinarios en materia del Servicio de Carrera

c) Conformar con estos profesionales, unidades de asistencia parlamentaria a comisiones y comités con funcionarios del Servicio de Carrera que de manera directa auxilien a éstas en el ejercicio de sus funciones para dar continuidad a estos órganos de la Cámara de Diputados.

d) Proporcionar con estos servidores de carrera un equipo profesional al servicio de la Mesa Directiva de la Cámara y su Presidente para el cumplimiento de las funciones no encomendadas a los servicios parlamentarios y administrativos y financieros.

e) Dar continuidad de las funciones parlamentarias y administrativas y financieras de la Cámara más allá de los cambios de Legislaturas, conservar la memoria institucional y tener un apoyo técnico y profesional a la labor de los legisladores que sea eficiente, eficaz e imparcial.

El artículo tercero transitorio de esa reforma, en su fracción VI señaló que en tanto se expidiera y aplicara el estatuto, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos propondría al Pleno la designación de los funcionarios de la Cámara.

Segundo. El 22 de mayo de 2000, se publicó el Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y del Servicio De Carrera, cuyos transitorios dispusieron que el Consejo Directivo de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente debía quedar integrado a más tardar el 31 de mayo del 2000, a efecto de iniciar sus funciones al día siguiente y que para la designación del titular de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, el Consejo Directivo propondría a la Conferencia, por conducto de su Presidente, una terna de aspirantes considerando preferentemente a los funcionarios que actualmente prestan sus servicios en la Cámara de Diputados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto.

Tercero. Así las cosas entre el 24 de mayo de 2000, se lanzó la “Primer Convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación para integrar el Servicio de Carrera”, entre el 7 y el 15 de junio de 2000, se realizaron las inscripciones, del 22 de junio al 14 de julio se realizó el curso de inducción, el 12 de agosto se realiza el examen automatizado de opción múltiple a la vertiente parlamentaria, el 19 de agosto el examen teórico práctico también a la vertiente parlamentaria y el 3 de octubre de 2000 se inicia la entrega de resultados

En este proceso diseñado y desarrollado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, de la UAM y de la Universidad Iberoamericana tuvo 1100 solicitantes y 950 solicitudes aceptadas para la vertiente parlamentaria.

El 12 de diciembre de 2000, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, resolvió que los 53 prestadores de servicios profesionales aspirantes al servicio de carrera que habían alcanzado en las evaluaciones correspondientes el nivel satisfactorio para que se considere su permanencia como aspirantes al servicio de carrera de la Cámara, se mantendría en sus términos su contratación, en tanto la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos determina lo conducente y prestarían sus servicios provisionalmente a las áreas u órganos que determine el referido órgano de gobierno.

El 16 de mayo de 2001, La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó un acuerdo por el que se emitieron los “Lineamientos que establecen la forma y Organización y Funciones de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Financieros; así como la designación Transitoria en los puestos vacantes del personal de confianza, aprobados por este órgano de gobierno”

Cuarto. El 24 de diciembre de 2010, expidió el Reglamento de la Cámara de Diputados, en cuyo régimen transitorio se reconoce tácitamente la falta en que se encuentra la Cámara de diputados al disponer que la Mesa Directiva se encargaría de establecer un programa de instrumentación del Servicio de Carrera de la Cámara, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.

Quinto. El 20 de abril de 2011, se publicó una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, que en los artículos transitorios volvió a aceptar la omisión de activar el servicio de carrera al establecer que la Cámara, a través de la Conferencia y dentro de los cuatro meses siguientes a la vigencia del Decreto, debería disponer las acciones y medidas necesarias para regularizar y concluir el proceso de instrumentación del Servicio de Carrera de la Cámara, en su vertiente parlamentaria.

Sexto. El 5 de septiembre de 2011 la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos resolvió:

a) Considerar como aspirantes del servicio profesional de carrera en la vertiente parlamentaria, al personal que cumple con los requisitos determinados para tal efecto. Que con el objeto de que dicho personal concluya con el proceso pendiente de la LVII Legislatura, en su oportunidad, el Consejo Directivo determinará el procedimiento respectivo para conocer –en su caso– de la adscripción y nombramientos definitivos.

b) Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la brevedad posible, procedería conforme a la normatividad aplicable, a la integración complementaria del Consejo Directivo del Servicio de Carrera y demás órganos.

C) Que, a partir de su conformación, se instruía al Consejo Directivo del Servicio de Carrera, a integrar una propuesta de lineamientos, mecanismos y acciones a seguir, que coadyuven con esta Conferencia a instrumentar un nuevo programa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en sus vertientes parlamentaria y administrativa.

Consideraciones

Primera. Resulta evidente que, a 18 años de aquella intención manifiesta, el saldo del proceso de creación del servicio de carrera es un ordenamiento válido, pero no vigente y al grupo de profesionistas que creyeron en un proceso de cambio institucional, subordinados a una burocracia dorada que arribó por cuotas partidistas. Nada hay de la formación de funcionarios de alta calidad. Nada hay de un desempeño profesional bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad y a los valores éticos de la función pública, como son: lealtad, probidad, imparcialidad, integridad, responsabilidad, respeto y vocación de servicio.

Segunda. Que la forma por la que se ha perpetuado en el tiempo, el espasmo en el que se encuentra el servicio de carrera es la aprobación periódica de los “Lineamientos que establecen la forma y Organización y Funciones de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Financieros; así como la designación Transitoria en los puestos vacantes del personal de confianza, aprobados por este órgano de gobierno” y la falta de integración de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente del Servicio de Carrera en la que deben determinarse un coordinador de la unidad y tres vocales del Consejo Directivo.

Tercera. Que los considerados “aspirantes al Servicio Profesional de carrera” cumplieron con los requisitos, de reclutamiento, capacitación y evaluación satisfactoriamente, sin haber recibido como contraprestación lo ofrecido de ocupar un lugar en este servicio de carrera.

Cuarta. Que las remuneraciones de dichos profesionistas ya son contempladas por el presupuesto de cámara, por lo que su inclusión en un cargo con mayor retribución no implicaría un compromiso importante de las finanzas de la Cámara de Diputados.

En atención de lo anterior, la presente iniciativa pretende que esta legislatura de el paso que las 6 legislaturas precedentes a la reforma no han querido dar a lo largo de 18 años: designar al coordinador de la unidad del Servicio de Carrera y a los tres vocales del Consejo Directivo del servicio de carrera para que de una vez por todas se integre la Unidad de Capacitación y Formación Permanente del Servicio de Carera de la Cámara de Diputados.

Para evitar la aplicación de criterios de cuotas y cuates, se propone una fórmula justa y legal: nombrar a estos funcionarios dentro de quienes hace 18 años cursaron un proceso de capacitación, evaluación y selección para fundar el servicio de carrera y obtuvieron las mejores calificaciones, de suerte que no se filtren quienes no tengan mérito ni reconocimiento alguno y otorgar a ese cuerpo tareas inmediatas para poner en marcha una asistencia profesional, preparada, honesta, imparcial y permanente a la Cámara de Diputados al tiempo que se salda una deuda de honor que se tiene con los pocos profesionales que aún permanecen al servicio actual de la cámara y que cumplieron con estas exigencias, requerimientos y evaluaciones.

La reforma propuesta se contrasta a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente proyecto de

Único. Se reforman los artículos transitorios segundo, cuarto y octavo del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados para quedar como sigue

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados

Primero. ...

Segundo.

a) ...

b) La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, designará al coordinador de la unidad del Servicio de Carrera y a los tres vocales del Consejo Directivo del servicio de carrera, de entre los aspirantes al servicio de carrera en activo, que hayan tenido las 4 calificaciones más altas en el “Primer proceso de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación para integrar el Servicio de Carrera”, realizado entre el 7 y el 15 de junio de 2000.

c) A partir de su conformación, el Consejo Directivo del Servicio de Carrera deberá integrar una propuesta de lineamientos, mecanismos y acciones a seguir, que coadyuven a la Conferencia a instrumentar un nuevo programa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados

d) La Secretaría General, presentará a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el organograma general de la Cámara de Diputados; las bases, modalidades y tiempos para la reestructuración orgánica prevista en el presente Estatuto; las modificaciones al Manual General de Organización de la Cámara de Diputados publicado en la Gaceta parlamentaria número 3192, del martes 1 de febrero de 2011, así como el Catálogo de Rangos y Puestos.

Tercero. ...

Cuarto. El Consejo Directivo de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente deberá quedar integrado dentro de los 30 días naturales posteriores al inicio de vigencia del presente decreto, a efecto de iniciar sus funciones al día siguiente.

La Secretaría General, con el apoyo de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y Administrativos, así como con el de los Centros de Estudios de Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de Capacitación, deberán presentar a la Conferencia para su aprobación, dentro de los 45 días naturales después de la aprobación del decreto, los programas relativos al proceso de capacitación, evaluación e ingreso a que se sujetarán los servidores que actualmente están contratados por la Cámara, a efecto de que se les otorgue, en su caso, el nombramiento en el rango y nivel del cuerpo que corresponda.

Quinto. (Se deroga)

Sexto. ...

Séptimo. ...

Octavo. Los Secretarios General, de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, el Coordinador de Comunicación Social, así como el Contralor Interno, conforme lo señala el párrafo segundo de la fracción VI del artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser reelectos por la LVIII Legislatura. Para finales de la LXIV legislatura, los nuevos nombramientos deberán hacerse conforme a los procedimientos y exigiendo los requisitos que señala el párrafo 2 del artículo 48 y la fracción VI del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Noveno. ...

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Las Secretarias General, de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados contarán con 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para hacer las adecuaciones que resulten necesarias para su cumplimiento.

Notas

1 Decreto por el que se expide el Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y del Servicio De Carrera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2000, Artículo cuarto transitorio.

2 Ibídem, artículo quinto transitorio.

3 Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al personal de servicios profesionales que laboró en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión durante la LVII Legislatura, resolutivo primero, inciso b).

4 Decreto por el que se expide el Reglamento de la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010. Artículo quinto transitorio.

5 Decreto por el que se por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2011. Artículo quinto transitorio

6 “Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al proceso pendiente para instrumentar el servicio de carrera de la Cámara de Diputados en su vertiente parlamentaria, así como la implementación de un nuevo programa”, publicado en la Gaceta Parlamentaria año XIV, número 3341-I, del lunes 5 de septiembre de 2011.Acuerdos primero, segundo y tercero

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.— Diputado y diputadas: Juan Ángel Bautista Bravo, Lidia García Anaya, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Isabel Alfaro Morales, María Marivel Solís Barrera (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno Gil, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación de tres a cuatro meses del segundo período de sesiones ordinarias, al tenor de la siguiente:

“La Constitución mexicana de 1917 es una de las más antiguas de mundo y lo es porque ha tenido la capacidad de reformarse, porque se ha ido adecuando a la realidad; y si no lo hubiera hecho así, le hubiera quedado muy estrecha a esa realidad y ésta la hubiera hecho añicos”. Héctor Fix-Fierro

A la luz de los profundos cambios políticos que vive nuestro país, es incuestionable que el Poder Legislativo precisa de una gran transformación, entre los cuales está la pertinencia de continuar con los mismos recesos entre los periodos ordinarios de sesiones.

En este orden de ideas, y en relación al tema que nos ocupa, voy a citar textual un párrafo del artículo escrito por el doctor Miguel Carbonell titulado “Los recesos de nuestros legisladores federales”, que a la letra dice:

“Los periodos ordinarios de sesiones tan breves provienen de disposiciones que estaban en la Constitución de 1857. En ese entonces se dijo que los periodos breves se justificaban por lo demorado de los trayectos que debían recorrer los legisladores desde todas las entidades federativas (trayectos que podían durar varias semanas). Además, se dijo que no se podía comenzar a trabajar antes del mes de septiembre, porque durante la temporada de lluvias “los caminos están intransitables”. ¿Podemos seguir pensando como hace 150 años? ¿Debemos conformarnos con tener que aguardar durante meses para que se vuelvan a reunir y retomen la agenda de los grandes cambios que requiere el país?”.

Por otra parte, en la Revista Mexicana de Derecho Constitucional, el doctor Carbonell resalta que en su libro Constitución y Democracia, el destacado constitucionalista doctor Diego Valadés, “...reúne siete ensayos que fueron escritos y publicados en revistas y obras colectivas durante los últimos años. Los trabajos giran en torno a una temática actual para México: las adecuaciones que debe tener la constitución para poder servir a la nueva configuración democrática del Estado mexicano.”

El tercero de los ensayos del libro “señala que los principios que han de regir los controles entre los órganos de poder son los de responsabilidad, efectividad, utilidad, publicidad, estabilidad y regularidad. Las propuestas concretas del autor en materia de relación entre órganos de poder pasan por una ampliación de los periodos de sesiones del Congreso de la Unión (hasta un máximo de nueve meses)...”

Además, enfatiza el doctor Valadés en su ensayo “La transición del sistema presidencial mexicano” que, (cito): “En cuanto a los periodos de sesiones, ha habido una tendencia para ir ampliando su duración. Es recomendable que haya una línea progresiva en este sentido. La presencia de los debates en el Congreso capta la atención ciudadana hacia los órganos del poder; encauza la manifestación de las inconformidades; permite advertir y prever la orientación de las demandas; habitúa a que sea en ese ámbito donde se ventilen las discusiones políticas, y permite que las expresiones de todos los partidos y de los representantes populares sitúen la magnitud de los problemas y de sus posibles soluciones. Adicionalmente, con todo eso se consolida la naturaleza de los legisladores como actores centrales de la vida política. En suma, se fortalece al sistema representativo”.

En este orden de ideas, en un año de ejercicio legislativo, el Congreso de la Unión, por disposición constitucional, realiza dos periodos ordinarios de sesiones, que en conjunto sólo suman 195 días de trabajo.

En este tenor, estimo que la suma de los dos periodos ordinarios no permite avanzar en el trabajo legislativo que se viene acumulando de las legislaturas que nos anteceden y de la actual.

Lo anterior, sin duda es un freno a las tareas parlamentarias, por lo cual, es ineludible una reforma que aumente uno de los periodos de sesiones del Congreso mexicano, que permita avanzar en las tareas inacabadas del Poder Legislativo; lo anterior, mediante una modificación al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incrementando un mes al segundo periodo ordinario.

Con el objetivo de sustentar en mayor medida mí propuesta en el derecho comparado, como referencia destaco que, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República realizó un valioso estudio titulado “Periodos ordinarios de sesiones en perspectiva comparada”, en el cual reseña las diferencias en el número de meses que sesionan ordinariamente los congresos latinoamericanos, advirtiendo que cada Congreso tiene sus particularidades en relación con los periodos ordinarios de sesiones (cito):

-“El Salvador y Bolivia son los países que cuentan con los periodos de sesiones ordinarias de mayor duración, 12 y 11 meses, respectivamente.

-Los congresos que sesionan menos tiempo de manera ordinaria son Chile con un periodo de cuatro meses, seguido de Costa Rica, con seis meses.

-La media de meses laborados por el poder legislativo en la región latinoamericana es igual a 8,81 meses, lo que equivale a ocho meses con 24 días de sesiones ordinarias.

-La duración más recurrente de los periodos ordinarios en América Latina corresponde a los países que sesionan al menos nueve meses. Dentro de este grupo se encuentran Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

-Los países de la región que sesionan ordinariamente al menos durante diez meses son: Ecuador, Nicaragua y República Dominicana.

-En México el Poder Legislativo sesiona ordinariamente durante 6.5 meses, cifra que ubica al caso mexicano poco más de dos meses por debajo de la media regional.

-En todos los casos del estudio, los órganos legislativos pueden ser convocados a periodos extraordinarios. En su mayoría la convocatoria puede ser realizada por el Poder Ejecutivo, la mayoría de integrantes del Poder Legislativo o por la Comisión Permanente.

-Los países que sesionan al menos ocho meses de forma ordinaria son Colombia, Guatemala, Panamá y Perú.

-La mayoría de los países de la región sesiona anualmente durante dos periodos ordinarios: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

-Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay sesionan anualmente durante un periodo ordinario.”

Sin detrimento de que ha quedado plenamente expuesto el objetivo y motivación de la reforma planteada, no omito mencionar que la propuesta en comento, está incluida en la agenda legislativa que aprobamos en nuestro grupo parlamentario.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Hacia el centenario de la Constitución mexicana de 1917. Una reflexión a propósito de reformas, textos, modelos y culturas constitucionales en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3825/32.pdf

2 Artículo publicado por el diario El Universalde fecha 20 de mayo de 2010,

http://www.miguelcarbonell.com/articulos_periodicos/ Los_recesos_de_nuestros_legisladores_federales.shtml

En esta parte, considero oportuno citar el debate del Congreso Constituyente de 1856, respecto del artículo 66 actual, con fundamento en los Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, sexta edición, coedición con el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa y la Cámara de Diputados LVIII Legislatura, p.p. 562 y 563, 2003:

“Este artículo, que corresponde al 62 y 72, fracción XXVII, de la Constitución de 1857, se presentó como artículo 64, inciso 24; y 73 en el Proyecto de Constitución de 1856, cuyo texto puede ser consultado en el décimo antecedente.

En la sesión del 13 de octubre de 1856, sin discusión, y por unanimidad de 84 votos, fue aprobado el inciso 24 del artículo 64, que dice:

“El Congreso tiene facultad:

“24. Para prorrogar por treinta días útiles el primer periodo de sus sesiones ordinarias.”

En la sesión del 15 de octubre de 1856, se puso a discusión el artículo 73, que dice:

“El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias; el primero comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 de diciembre y el segundo, improrrogable, comenzará el 1º de abril y terminará el último de mayo.”

El señor García Granados teme al mes de septiembre porque es cuando llueve y cuando los caminos están intransitables.

El señor Guzmán replica que en otros meses hace mucho frío y otros mucho calor, y que la comisión consultó que la reunión fuera en septiembre para apresurar el restablecimiento del orden constitucional.

El señor García Granados añade que los caminos de Oaxaca, de Sonora y de Chiapas se ponen intransitables en la estación de lluvias.

No obstante estas consideraciones, el artículo es aprobado por 74 votos contra 6.

3 Número 6, Enero-Junio 2002 en

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestionesconstitucionales/ article/view/5644/7371

4 Valadés, Diego, La transición del sistema presidencial mexicano. Revista Este País, pág. 5 en

http://archivo.estepais.com/ nicio/historicos/65/8_ensayo_la%20 transicion_valades.pdf

5 Vázquez, Lorena, “Periodos ordinarios de sesiones en perspectiva comparada”, México, Cuaderno de Investigación, Dirección General de Análisis Legislativo, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, 2017, p.p. 16 y 17.

6 http://gaceta.diputados.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de febrero de 2019.— Diputado Mario Ismael Moreno Gil (rúbrica).»