SUMARIO
Intervención del ciudadano Pedro Estrada Hernández, desde la tribuna
De la Junta de Coordinación Política, relativo a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones. Se aprueba, comuníquese
-Del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
-De la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de MC, con la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
-Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del PAN, por la cual solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos
-De la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud
-De la diputada Juana Carrillo Luna, de Morena, con la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y de la Ley de Puertos, en materia de capitanías de puertos
-De la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, de Morena, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
-De la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, de Morena, por la cual solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud
-Del diputado Teófilo Manuel García Corpus, de Morena, por medio de la que solicita el retiro de dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, y, la segunda, que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios
Del diputado José de la Luz Sosa Salinas, por la que comunica su incorporación al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del Trabajo, por la que comunica la incorporación del diputado José de la Luz Sosa Salinas, a ese Grupo Parlamentario. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios
Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2019. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento
De la Cámara de Senadores, con las que remite:
-El Acuerdo por el que se designan a cuatro secretarías, con el fin de reforzar la pluralidad en su Mesa Directiva. De enterado
-El Calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura. De enterado
De las Secretarías de Gobierno de la Ciudad de México, y del Estado de Guanajuato, con las que remiten cuatro contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas. Se turnan a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento
De la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para combatir y prevenir el aumento de delitos y violencia en el territorio nacional. Se turna a Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, por la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, respecto del flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Sur, para su conocimiento
Del Instituto Campechano, con la cual remite el Informe de resultados de la auditoría externa, correspondiente al primer semestre de 2019. Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
La Presidencia informa que, el domingo 8 de septiembre del año en curso, recibió el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, que remite el titular del Ejecutivo Federal, mismo que fue turnado a comisiones, según lo acordado por el pleno
Los turnos dictados son los siguientes:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
2. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
3. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
7. Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
8. Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2020; y la Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal 2020. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión
INICIATIVAS DE SENADORES
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Eva Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario de Morena. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Para expresarse en nombre de su Grupo Parlamentario, hacen uso de la tribuna:
-La diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD
-El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del PVEM
-La diputada Claudia Báez Ruiz, del PES
-El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, de MC
-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT
-La diputada Ximena Puente de la Mora, del PRI
-La diputada Dulce Alejandra García Morlan, del PAN
-El diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena
-El diputado Sergio Mayer Bretón, de Morena, desde la curul, quien solicita un minuto de aplausos, mismo que se concede
-La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, desde la curul
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
La diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen
El diputado Carlos Carreón Mejía, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 7 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 7o-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen
La diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Francisco Javier Luévano Núñez, en nombre propio y de diputados del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 308 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Gloria Romero León, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, en nombre propio y de los diputados Mario Delgado Carrillo y Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen
La diputada Raquel Bonilla Herrera, de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión
INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
-El diputado Benito Medina Herrera, del PRI, desde la curul
El diputado Héctor Yunes Landa, del PRI, desde la curul
-El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del PAN, desde la curul
-La diputada Dionicia Vázquez García, del Partido del Trabajo, desde la curul
-La diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, de Morena, desde la curul
EFEMÉRIDES RECIBIDAS
Efeméride con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Previsión del Suicidio, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Efeméride con motivo del Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 10 de septiembre de 2019, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 304 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 11: 30 horas): Se abre la sesión.
INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2019, COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En el marco de la celebración del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra al ciudadano Pedro Estrada, hablante de la lengua zoque, hasta por cinco minutos.
El ciudadano Pedro Estrada Hernández (habla en lengua originaria): Honorable Cámara de Diputados, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de México:
Hoy es un día histórico para los pueblos zoques de Chiapas, porque es la primera vez que tocamos esta tribuna del pueblo mexicano desde que se creó el Estado, hace casi 200 años. Es la primera vez que la palabra zoque resuena en estas paredes y en el corazón de millones de mexicanas y mexicanos. Por eso queremos aprovechar para expresar nuestro sentir y pensamiento a los gobernantes y a los millones de mexicanos que nos ven ahora.
Los jóvenes zoques estamos aquí gracias a la lucha de un pueblo que ha resistido durante más de 500 años para mantenernos de pie, pese a 200 años de agravios, injusticias, discriminación, racismo, exclusión y empobrecimiento. Aquí estamos, como siempre, y vamos a seguir por un largo tiempo más.
El planeta está en crisis, aunque hay quienes no quieren ver ni escuchar, otros prefieren continuar con políticas que amenazan con destruir todo lo que somos y sabemos. Otros culpan a nuestros pueblos de entorpecer el desarrollo, pero ¿ya se dieron cuenta de que eso es lo que está destruyendo al mundo?
Ese mundo moderno está llegando al municipio de donde vengo, Ocotepec, y a todo ese gran territorio zoque en forma de alcoholismo y violencia, de injusticia, pobreza y despojo con hidroeléctricas, minería, geotermia, geoparques, extracción de gas y aceites en casi 200 mil hectáreas. Es ese mundo moderno el que está acabando con nuestros bosques, selvas, ríos, montañas, los animales y la vida de nuestros pueblos.
Ese mundo del desarrollo no nació en nuestros pueblos, vino hace 500 años a nuestras tierras para extinguirnos. ¿Ustedes siguen pensando en ese desarrollo? ¡Nosotros, no!, ya no podemos seguir pensando en ese modo de vivir.
Por eso nuestro sentir es que urge detener esta nueva barbarie humana. Urge pensar en un mundo diferente sin violencia ni injusticias, sin pobres ni ricos, sin pueblos excluidos ni desiguales, sin un gobierno que recuerda darnos la palabra cada 200 años. Esto, para que no haya más dolores y agravios en este país.
Urge pensar que este país debe organizarse de otro modo con los indígenas, las mujeres, los jóvenes y ancianos, con los pueblos afrodescendientes, respetando siempre las diferencias de lenguas y territorio, color de piel, cultura, educación y todo eso que llamamos mundo indígena. Los primeros que deben dar ese respeto son el Estado y los políticos.
Mandamos desde aquí, desde el corazón de la tierra mexicana, el sentir de los pueblos zoques, nuestro abrazo, nuestras palabras y nuestra esperanza para reconstruir este gran pueblo llamado México. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Agradecemos la presencia del ciudadano Pedro Estrada Hernández y lo invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando lo desee.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Consulto si se dispensa la lectura al orden del día. En votación económica, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Orden del día
Martes 10 de septiembre de 2019
Intervención desde la tribuna del ciudadano Pedro Estrada Hernández, en el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Junta de Coordinación Política
De los diputados César Agustín Hernández Pérez, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, José Salvador Rosas Quintanilla, Lorena Villavicencio Ayala, Juana Carrillo Luna, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Carmina Yadira Regalado Mardueño y Teófilo Manuel García Corpus
Solicitan el retiro de iniciativas.
Del diputado José de la Luz Sosa Salinas
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Del Instituto Mexicano del Seguro Social
Remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2019.
De la Cámara de Senadores
Remite Acuerdo por el que se designan a cuatro secretarias, con el fin de reforzar la pluralidad en su Mesa Directiva.
Remite el Calendario de Sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
De las Secretarías de Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de Guanajuato
Remiten cuatro contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas.
De la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para combatir y prevenir el aumento de delitos y violencia en el territorio nacional.
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México.
De la Secretaría de Gobernación
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, respecto del flujo migratorio proveniente de Centroamérica.
Del Instituto Campechano
Remite el informe de resultados de la auditoría externa, correspondiente al primer semestre de 2019.
Iniciativas del titular del Poder Ejecutivo Federal
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2020; y la Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal 2020.
Iniciativa de senadora
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Eva Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario de Morena.
Análisis correspondiente al Primer Informe de Gobierno, en materia de Política Interior
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobiernos
Iniciativas
Que adiciona el artículo 187 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 132 y 391 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 66 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 38 bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que abroga la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un artículo 140 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 15 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que reforma los artículos 21, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 308 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Trabajo, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley Federal de Becas para la Juventud Mexicana, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que abroga el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 52, 52 Bis y 53 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Que expide el Código Procesal Agrario, abroga la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de eliminar el uso de dinero en efectivo en el sector público, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la H. Cámara de Diputados, el nombre Lucio Blanco Fuentes, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Martha Hortencia Garay Cadena y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
De Decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año, como el Día Nacional del Amaranto, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 1o. y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 14, 42 y 66 de la Ley General de Educación, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 418 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de adecuaciones presupuestarias, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Marco Antonio Adame Castillo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados Armando Reyes Ledesma y Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 52 y 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 7o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis y 53 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que deroga el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Mario Delgado Carrillo, Tatiana Clouthier Carrillo y Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Gloria Romero León y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 7o-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley General del Cambio Climático, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma el artículo 2o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Carreón Mejía, y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 66 y 77 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Claudia Reyes Montiel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que adiciona los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Francisco Javier Luévano Núñez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 169 y 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
De decreto por el que se declara el 30 de junio como Día Nacional del Politólogo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Raymundo García Gutiérrez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, suscrita por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 5 A, 84 y 201 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 7o., 8o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 66 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a cargo del diputado Francisco Jorge Villareal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Francisco Jorge Villareal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley Nacional de Fomento al Cultivo, Comercio e Industrialización del Cacahuate, suscrita por los diputados Jesús Fernando García Hernández, Eraclio Rodríguez Gómez y Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Dirección General del Sistema Colectivo Metro, a establecer acciones que garanticen una mayor accesibilidad a dicho servicio, creando infraestructura suficiente y de calidad que promueva la inclusión, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a realizar un informe especial del Plan de Refinanciamiento de Deuda de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República, para la creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para coadyuvar y dar seguimiento al acuerdo con fecha de 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para realizar una sesión solemne a los atletas medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, realizados en Lima, Perú, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a Capufe, a eliminar las plazas de cobro de peaje del municipio de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Came, a emitir los lineamientos para la reducción de emisiones en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales y de Jalisco, a realizar las gestiones que garanticen la salud y la protección al medio ambiente de los habitantes de las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero, municipio de Autlán de Navarro, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo para fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de los delitos cometidos en contra de mujeres, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la ampliación de la carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, a implementar medidas urgentes para la conservación del ajolote mexicano y demás ambystomas que habitan en el país, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo para realizar una consulta pública en el Valle del Mezquital, estado de Hidalgo, correspondiente al proyecto Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional, en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares, suscrito por la diputada Gloria Romero León y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a declarar al cambio climático como una emergencia nacional e implementar políticas públicas, programas y acciones responsables y efectivas, para revertir sus efectos, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sonora y al Conadis, a realizar diversos convenios de colaboración que permitan el cumplimiento de la accesibilidad a las personas con discapacidad en materia de salud, asistencia social, empleo, educación, vivienda, transporte público y comunicaciones, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, a implementar cursos y talleres conducentes a la sensibilización y educación del personal a su cargo en materia de relaciones de género y derechos humanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a ejecutar acciones que garanticen contar con un registro homologado sobre el cáncer infantil en nuestro país, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas instituciones, a implementar campañas y reforzar las ya existentes para combatir el robo, venta o sustracción del territorio nacional de piezas arqueológicas, paleontológicas o cualquier otro tipo de vestigio histórico o cultural de nuestro país, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a armonizar su marco legal a fin de fortalecer en sus legislaciones correspondientes, que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, suscrito por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a instrumentar una estrategia emergente de seguridad y a fortalecer la coordinación con el Gobierno del estado de Michoacán, ante la ola de violencia que vive la entidad, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán, a realizar acciones conjuntas de seguridad pública que garanticen el bienestar de los habitantes del municipio de Tepalcatepec, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades de Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para atender y dar solución a la problemática que viven los habitantes del municipio de Hidalgo con respecto a la regularización de sus predios, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y al IMSS, a emitir las normas necesarias de salubridad para evitar usar material médico fuera de los hospitales por parte de todo el personal de salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SFP, a emprender las acciones necesarias a fin de identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades en la adquisición, adjudicación y contratos para la compra y disposición de leche en los puntos de distribución del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, a cargo del diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Guanajuato, a armonizar su respectiva legislación con la Ley General de Victimas y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a Pemex, a dar máxima publicidad y transparentar los contratos y avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, para llevar a cabo las acciones conducentes a efecto de verificar que el ganado que se enajena en el centro comercializador de Tepeaca, durante el ingreso y salida del mismo, cuente con todos sus antecedentes de origen y destino, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a realizar un diagnóstico integral de la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo Metro en materia de mantenimiento, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades, a considerar a la miel como un alimento recomendable para su consumo y expendio en las escuelas del sistema educativo y se incluya en los desayunos escolares, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades de Baja California, a brindar atención inmediata a la problemática de feminicidio y hacer la solicitud de declaratoria de alerta de género para dicha entidad federativa, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a declarar la veda total indefinida para todos los bosques ubicados dentro del límite del Estado de México, así como en los bosques de la República Mexicana que estén sufriendo deforestación indiscriminada, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, para armonizar, elaborar e implementar los protocolos para la atención y acceso al aborto legal y de atención posterior, aunque no sea legal, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la recuperación ambiental de la Laguna Plan de los Pájaros de Loma Bonita, Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la implementación de medidas urgentes para el saneamiento y la sanción de delitos ambientales por la mortandad de peces y contaminación del Río Tonto, limítrofe de los estados de Veracruz y Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a los avances obtenidos y a las acciones pendientes en lo que concierne a los objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los organismos y dependencias que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a emitir a la brevedad el protocolo homologado de búsqueda, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato, a establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Bienestar, a acelerar la actualización de sus plataformas relacionadas con la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con la finalidad de que los gobiernos municipales puedan destinar como máximo hasta 60% de los recursos del FISM-DF a proyectos clasificados como de incidencia complementaria, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader y al Senasica, a modificar la NOM-064-ZOO-2000, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FGR, para que reencauce la investigación del caso Ayotzinapa, subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas; y al Consejo de la Judicatura Federal para que a través de la Visitaduría Judicial realice una inspección exhaustiva en aquellos juzgados donde se ventilan los procesos relacionados con el caso Ayotzinapa, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Efemérides
Con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Previsión del Suicidio, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con motivo del mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de septiembre de dos mil diecinueve, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos diecisiete diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del jueves cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, se concede el uso de la palabra a la ciudadana María Bertha Sántiz Pérez, licenciada en Derechos Humanos y docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, hablante de la lengua Tojolabal.
En votación económica, se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica, se aprueba.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De los diputados Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Higinio del Toro Pérez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Ana Karina Rojo Pimentel, Dulce María Corina Villegas Guarneros y, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, por la que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
b) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite el Primer Informe de labores de las Secretarías: de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Defensa Nacional; de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; de Energía; de Economía; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública; de Salud; de Trabajo y Previsión Social; de Turismo; de la Función Pública; de Cultura; de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De enterado, distribúyanse a las Comisiones respectivas y, a las diputadas y diputados las copias que fueron enviadas.
c) Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones de vigilancia epidemiológica de los migrantes que transiten por territorio nacional. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.
d) De la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar que no se vulneren en el sistema penitenciario mexicano los derechos humanos de migrantes. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.
e) Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico y el equipamiento urbano. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
Desde su curul la diputada Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional, realiza comentarios en relación al Día Nacional del Cacao.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:
Rocío Barrera Badillo, de Morena, que reforma los artículos veintinueve y treinta, de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
Desde sus respectivas curules, realizan diversos comentarios las diputadas y los diputados: Irán Santiago Manuel, de Morena, en relación a la conmemoración de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo, solicitando a la Mesa Directiva reciba el punto de acuerdo sobre las lluvias torrenciales ocurridas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, los días tres, cuatro, y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a fin de liberar recursos del Fonden y, que se considere de urgente y obvia resolución; Ricardo Flores Suárez, del Partido Acción Nacional, exhortando a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Gobernación para que amplíen el fondo para tratar las contingencias en el Estado de Nuevo León; Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional, en relación a los desastres naturales ocurridos en Nuevo León; Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo, denunciando la problemática en materia de energía en Baja California Sur ante las altas temperaturas en la entidad; Abelina López Rodríguez, de Morena, en relación a la problemática de corrupción en el Poder Judicial del Estado de Guerrero; Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional, exhortando al Ejecuto Federal gire instrucciones para liberar los recursos de desastres naturales; Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Partido Revolucionario Institucional, haciendo un extrañamiento sobre las declaraciones discriminatorias del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, respecto a las mujeres; y Víctor Adolfo Mojica Wences, de Morena, en relación a los fertilizantes e insumos para el agro en el estado de Guerrero. La Presidencia hace aclaraciones.
Martha Elena García Gómez, del Partido Acción Nacional; que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para las fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y, de Defensa Nacional, para dictamen.
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, y suscrita por los diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez y Martha Hortencia Garay Cadena, todos del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara el año dos mil veinte como el Año de Carranza. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
Desde su curul la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, Presidenta de la Comisión de Seguridad Social, menciona que se solicitará por los conductos pertinentes la ampliación de turno de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la cual tiene que ver con el tema de seguridad social. La Presidencia hace aclaraciones.
Miguel Acundo González, de Encuentro Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidencia hace un exhorto a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios a efecto de que remitan, lo antes posible, una nueva propuesta de planilla para elección de la Mesa Directiva.
Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna
Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo tercero transitorio del Decreto que reforma el inciso a) de la base segunda del artículo cuarenta y uno, y el párrafo primero de la fracción sexta del apartado A del artículo ciento veintitrés; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Desde sus respectivas curules, los diputados Rubén Cayetano García, Manuel López Castillo, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Claudia Pérez Rodríguez, Melba Nelia Farías Zambrano, todos de Morena, solicitan a la promovente adherirse a su iniciativa y; la diputada y el diputado: Isaías González Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional y Susana Cano González, de Morena, hacen comentarios en relación con la iniciativa presentada.
Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo cuarenta y cinco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
Desde su curul, la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena hace una invitación a la Asamblea, al Museo Legislativo Sentimientos de la Nación donde se realizará una exposición fotográfica conmemorativa de los sismos ocurridos en la región sur-sureste del país.
Norma Azucena Rodríguez Zamora, y suscrita por diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y siete, y ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Francisco Elizondo Garrido, y suscrita por los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, y de Morena, que adiciona el artículo setenta y nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Idalia Reyes Miguel, de Morena, que adiciona el artículo diez bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
Marcelino Rivera Hernández, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, de Morena, que reforma y adiciona los artículos: sexto y trece de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
Saraí Núñez Cerón, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, que reforma y adiciona los artículos trescientos setenta y uno, y trescientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Irma Juan Carlos, de Morena, por el que se establece el cinco de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
Sandra Paola González Castañeda, de Morena, que adiciona el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a Comisión de Salud, para dictamen.
Martha Hortencia Garay Cadena, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y suscrita por los diputados integrantes de dicha Comisión, que adiciona los artículos: segundo y diecisiete de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
Marco Antonio Medina Pérez, y suscrita por los diputados: Rodrigo Calderón Salas, y Edith García Rosales, todos de Morena, que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.
Silvia Guadalupe Garza Galván, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
María del Carmen Cabrera Lagunas, de Encuentro Social, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.
Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo, que adiciona los artículos tercero y quinto de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
Claudia Reyes Montiel, y suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos quince, veintidós, y veintiséis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
Desde su curul, el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo, da la bienvenida a los ponentes del simposio internacional de Filosofía y Educación Imaginar hoy la Escuela en América Latina.
Oscar Bautista Villegas, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, y de Morena, que reforma y adiciona el artículo veintitrés de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
Carlos Sánchez Barrios, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
María de los Ángeles Ayala Díaz, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos diecisiete de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
María Lucero Saldaña Pérez, y suscrita por la diputada Laura Barrera Fortoul, ambas del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
María Eugenia Hernández Pérez, de Morena, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Nohemí Alemán Hernández, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar los derechos laborales de los periodistas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Anita Sánchez Castro, de Morena, que reforma el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo ciento veintitrés constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. Desde su curul, la diputada Claudia Pérez Rodríguez, de Morena, solicita a la promovente adherirse a su iniciativa.
María del Carmen Bautista Peláez, de Morena, que reforma y adiciona los artículos doscientos sesenta y cinco, y doscientos sesenta y seis bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Melba Nelia Farías Zambrano, de Morena, que declara el Año dos mil veinte como Año del Primer Jefe, Venustiano Carranza. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de sus atribuciones emitan la declaratoria de emergencia para el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y libere los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, ante los efectos devastadores ocasionados por la depresión tropical Fernand, y el inminente auxilio de la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del acuerdo e intervienen para referirse al tema las diputadas y los diputados: Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, de Encuentro Social; Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo; Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Flores Suárez, del Partido Acción Nacional; Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México; y María Guillermina Alvarado Moreno, de Morena; desde su curul para rectificación de hechos, interviene la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, de Morena. En votación económica, se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
Se continúa con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:
Julieta Kristal Vences Valencia, de Morena, que reforma el artículo veintiuno de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Martha Elena García Gómez, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos: quinto de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y ciento treinta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen; y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
Ximena Puente de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, de Encuentro Social, que adiciona el artículo ciento cuarenta y cinco del Código Nacional de Procedimientos Penalesl. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
Adriana Gabriela Medina Ortiz, y suscrita por diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos veintidós, setenta y cuatro, y setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Mónica Almeida López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintitrés de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Ana Paola López Birlain, y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
Ana Laura Bernal Camarena, del Partido del Trabajo, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte digna. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
Hilda Patricia Ortega Nájera, de Morena, que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.
María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diecisiete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y doscientos treinta y ocho de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen; y a la Comisión de Radio y Televisión, para opinión.
Alejandra Pani Barragán, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen. Desde su curul, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, de Morena, solicita a la promovente adherirse a su iniciativa.
La Presidencia informa a la Asamblea, que se declara un receso a las diecisiete horas con ocho minutos.
Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo
A las diecinueve horas con seis minutos, la Presidencia reanuda la sesión e informa a la Asamblea que, la Junta de Coordinación Política ha remitido una nueva propuesta de acuerdo relativo a la integración y elección de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio, instruyendo a la Secretaría dar lectura al mismo, proponiéndose a las siguientes diputadas y diputados, a saber:
Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, como presidenta; María de los Dolores Padierna Luna, de Morena; Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional; y Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, como vicepresidentes; Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena; Lizbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional; Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor René Cruz Aparicio, de Encuentro Social; Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo; Julieta Macías Rábago, de Movimiento Ciudadano; Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde Ecologista de México, como secretarios.
Desde sus respectivas curules, realizan comentarios en relación con el acuerdo, las diputadas: Hildelisa González Morales, del Partido del Trabajo; y Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, quien informa a la Asamblea que, de resultar electa como presidenta, se desistirá de las acciones legales promovidas en contra de esta soberanía, y que se conducirá de manera imparcial e institucional.
Se procede a su votación nominal, y por mayoría calificada de trescientos cuarenta y nueve votos a favor, cuarenta y dos en contra; y treinta y siete abstenciones, resultan electos las diputadas y los diputados: Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, como presidenta; María de los Dolores Padierna Luna, de Morena; Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional; y Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, como vicepresidentes; Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena; Lizbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional; Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor René Cruz Aparicio, de Encuentro Social; Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo; Julieta Macías Rábago, de Movimiento Ciudadano; Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde Ecologista de México, como secretarios; de la Mesa Directiva que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
La Presidencia invita a las diputadas y a los diputados electos, a pasar al presídium.
Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Puestos todos de pie, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados para el segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Acto seguido, la Presidencia toma la protesta de ley a las diputadas y diputados electos como vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva.
La Presidencia dirige unas palabras a la Asamblea e informa que el día ocho de septiembre de dos mil diecinueve, se recibirá el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, remitido por el Ejecutivo Federal, y consulta a la Asamblea si se autoriza se reciba y se turne de inmediato a las comisiones correspondientes para su dictamen, informando lo anterior al Pleno en la próxima sesión. En votación económica, se autoriza.
La Presidencia instruye comunicar por escrito la integración de la Mesa Directiva al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Congresos de los Estados, y al Congreso de la Ciudad de México.
La Presidencia levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos, y cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes diez de septiembre de dos mil diecinueve, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobada el acta.
COMUNICACIONES OFICIALES
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause baja como presidenta de la Comisión de Radio y Televisión.
Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación y Población.
Que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández cause baja como secretaria de la Comisión de Justicia.
Que la diputada Lizbeth Mata Lozano cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Que la diputada Lizbeth Mata Lozano cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Respetuosamente
Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que el diputado Raymundo García Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas.
Que el diputado Raymundo García Gutiérrez cause alta como secretario en la Comisión de Pueblos Indígenas.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Respetuosamente
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que la diputada Soraya Pérez Munguía cause baja como integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.
Que la diputada Soraya Pérez Munguía cause alta como integrante en la Comisión de Energía.
Que el diputado Rubén Moreira Valdez cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.
Que el diputado Enrique Ochoa Reza cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Respetuosamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobados. Comuníquese.
o
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente escrito vengo a solicitar sea retirada la iniciativa presentada por el suscrito que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de establecer como derecho de las niñas, niños y adolescentes el desarrollarse en un ambiente libre de pobreza, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5226-III el martes 26 de febrero de 2019.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
Palacio Legislativo, a 5 de septiembre del 2019. Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura. Presente.
Muy estimado presidente:
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados me permito respetuosamente solicitar a usted el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5248-VII, publicada el 2 de abril de 2019 (1442) y turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de este órgano legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Palacio Legislativo, a 5 de septiembre del 2019. Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente a usted, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo el derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, presentada por el que suscribe el pasado 8 de abril del año en curso y turnada para su dictamen a la Comisión de Gobernación y Población en misma fecha, lo anterior con la finalidad de enriquecerla.
Palacio Legislativo, a 5 de septiembre del 2019. Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por una servidora el pasado 14 de agosto.
Le pido amablemente sea retirada de la Comisión de Salud para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarla posteriormente.
Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre del 2019. Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y de la Ley de Puertos, en materia de capitanías de puertos, inscrita por la suscrita y publicada el 10 de julio de 2019 en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente, a efecto de profundizar sobre su contenido.
Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019. Diputada Juana Carrillo Luna (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Sirva la presente para solicitarle, de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, registrada por la suscrita en el orden del día jueves 14 de febrero de 2019, en el número 65, a efecto de profundizar sobre su contenido.
Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2019. Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Sirva estas líneas para enviarle un cordial saludo y al mismo solicitarle, de la manera más atenta, que, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de expediente clínico electrónico universal, presentada el pasado 30 de abril del año en curso.
Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, reciba mis más sinceras consideraciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2019. Diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica).»
o
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente .
Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, presentada por el suscrito el martes 18 de septiembre de 2018, a efecto de profundizar sobre su contenido.
Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2019. Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente .
Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por el suscrito el jueves 18 de octubre de 2018, a efecto de profundizar sobre su contenido.
Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2019. Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se retiran. Actualícense los registros parlamentarios.
o
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha del 4 de septiembre de 2019, le informo mi deseo de incorporarme al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de septiembre de 2019. Diputado José de la Luz Sosa Salinas (rúbrica).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado.
o
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le informo que el diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión José de la Luz Sosa Salinas, con fecha del 5 de septiembre del 2019, se incorpora al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Sin otro particular le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de agosto de 2019. Diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
o
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Instituto Mexicano del Seguro Social.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Me dirijo atentamente a usted, haciendo referencia a los artículos 286 C de la Ley del Seguro Social, y 70, fracción XIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los cuales se señala que, de manera trimestral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe remitir un informe sobre la composición y situación financiera de sus inversiones al Congreso de la Unión, previo dictamen favorable de la Comisión de Inversiones Financieras del propio instituto.
Sobre el particular, adjunto al presente encontrará el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al segundo trimestre de 2019, el cual fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS en su sesión ordinaria número 706.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019. Licenciado Humberto Pedrero Moreno (rúbrica), titular de la Dirección de Finanzas.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente acuerdo, por el que se nombra a cuatro secretarias de la Mesa Directiva, que en sus resolutivos señala:
Primero. La Mesa Directiva del Senado de la República acuerda que se designen a cuatro personas en carácter de Secretarios de esta, con el objeto de que la pluralidad de este órgano colegiado se vea reforzada.
Segundo. Las cuatro personas son:
Senadora Martha Guerrero Sánchez
Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat
Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez
Tercero. Estas cuatro legisladoras participarán en las sesiones de la Mesa Directiva asegurando el vínculo de esta con sus Grupos Parlamentarios y coadyuvando con las tareas de la propia Secretaría de la Mesa Directiva:
Para conocimiento preciso del referido acuerdo adjunto copia del mismo.
Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019. Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LXIV Legislatura.
Acuerdo por el que se nombra a cuatro secretarias de la Mesa Directiva
La Mesa Directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, 66, 67 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 32 del Reglamento del Senado de la República, y
Considerando
I. Que, con fundamento en el artículo 77, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión puede dictar resoluciones económicas en cuanto a su régimen interior;
II. Que el artículo 3, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las Cámaras del Congreso tengan la organización y funcionamiento de los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra;
III. Que, de manera sistemática, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos procura que las Cámaras del órgano legislativo expresen la pluralidad democrática de la República y que, en específico, en su artículo 80 se ordena que la Mesa Directiva ha de expresar la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan los entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Mesa Directiva del Senado de la República acuerda que se designe a cuatro personas en carácter de secretarios de esta, con el objeto de que la pluralidad de este órgano colegiado se vea reforzada.
Segundo. Las cuatro personas son:
Senadora Martha Guerrero Sánchez
Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat
Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez
Tercero. Estas cuatro legisladoras participarán en las sesiones de la Mesa Directiva asegurando el vínculo de esta con sus grupos parlamentarios y coadyuvando con las tareas de la propia Secretaría de la Mesa Directiva.
Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2019. Mesa Directiva: senadora Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Presidenta;senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente;senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), vicepresidenta; senador Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), vicepresidente;senadora Minerva Citlali Hernández Mora (rúbrica), secretaria;senadora Verónica Delgadillo García, secretaria;senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica); senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De entrado.
o
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presente.
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Junta de Coordinación Política, acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el primer período ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha documentación, que se anexa, se remita a la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019. Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LXIV Legislatura.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establace el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión
A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4o. y 82, numeral 1 inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Segundo. Este órgano de gobierno determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente calendario de sesiones.
Honorable Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2019. La Junta de Coordinación Política: senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena;senador Mauricio Kuri González (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del PAN;senador Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del PRI;senador Dante Delgado Rannauro (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;senador Raúl Bolaños Cacho Cué (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM;senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT; senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; senadora Sasil de León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES;senadora Maybel Villegas Canché, Grupo Parlamentario de Morena;senador Higino Martínez Miranda, Grupo Parlamentario de Morena;senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado.
o
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio SG/DGAyF/737/2019, de fecha 21 de junio de 2019, signado por el licenciado Gilberto Camacho Botella, director general de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta ciudad y comunicado mediante el similar D.G.P.L.64-II-6-0760.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2019. Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez (rúbrica), director General Jurídico y de Enlace Legislativo.»
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo. Presente.
Al trasmitirle un cordial saludo y en atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/DIP/258.18/2019, de fecha 2 de mayo del año en curso, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 21 de diciembre de 2018, mediante el cual exhortan a promover el respeto de los ciclistas y la implementación de mobiliario urbano para el estacionamientos de bicicletas en edificios públicos.
Al respecto me permito informar a usted que esta Dirección General de Administración y Finanzas solicitó mediante similar número SG/DGAyF/538/2019, de fecha 15 de mayo del año en curso, al apoderado legal de Inmobiliaria Baly, SC, se llevarán a cabo las adecuaciones necesarias en el inmueble ubicado en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl número 185, colonia Tránsito, para la instalación del mobiliario urbano.
Asimismo, se elaboró un proyecto de calcomanía, para promover el respeto a los ciclistas, mismo que se pretende colocar en el parque vehicular de la Secretaría de Gobierno (se anexa proyecto).
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de junio de 2019. Licenciado Gilberto Camacho Botello (rúbrica), director General de Administración y Finanzas.»
o
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presente.
En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa del gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y de lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio número AGAM/ DETAIPD/ 400/ 2019, de fecha 12 de julio de 2019, signado por el licenciado Andrés Sánchez Osorio, director ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la alcaldía Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido en su momento por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-6-0760.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019. Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez (rúbrica), director General Jurídico y de Enlace Legislativo.»
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Presente
En atención del oficio número SG/ DGJyEL/ PA/ DIP/ 258.22/ 2019, de fecha 2 de mayo de 2019, mediante el cual refiere el similar DGPL 64-II-6-0760, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Paridad de Género, respecto al punto de acuerdo que a la letra dice:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas, a fin de reducir el número de accidentes, especialmente en las zonas urbanas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos federales y estatales, a promover e implantar mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas en edificios públicos.
Por instrucciones del alcalde, doctor Francisco Chiguil Figueroa, al respecto me es grato informarle que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil expondrá los puntos citados en el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial en la alcaldía, para acordar acciones transversales e interinstitucionales, por lo cual se enviarán en alcance las acciones realizadas.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de julio de 2019. Licenciado Andrés Sánchez Osorio (rúbrica), director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo.»
o
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de o la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción 1, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio ALCALDÍA-AZCA/ SP /2019-0944 de fecha 28 de agosto de 2019, signado por el licenciado Juan Carlos Chávez Becerril, secretario particular del alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-6-0760.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019. Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez (rúbrica), director general Jurídico y de Enlace Legislativo.»
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Presente.
Por instrucciones del doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta oficio con número de referencia SAF/DGPI/1762/2019, suscrito por la maestra Andrea González Hernández, directora general de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, conducto por el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que a la letra dice:
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como a los organismos autónomos federales y estatales, para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas en los edificios públicos que ocupan.
En éste contexto, le informo que éste Órgano Político Administrativo, cuenta con la existencia de mobiliario urbano determinado para el estacionamiento de bicicletas en la Sede de la Alcaldía, como en el Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco, principales espacios de atención ciudadana, cuyo objetivo es el de promover la movilidad ciclista no-motorizada en la demarcación.
Asimismo, reconociendo la importancia de la movilidad ciclista no motorizada y reiterando el compromiso con dicha política pública, informo que durante el Ejercicio Fiscal 2018, la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, instaló alrededor de 60 piezas de mobiliario urbano en espacios públicos de Azcapotzalco para estos fines: y que durante 2019, a través de los diferentes proyectos estratégicos de obras públicas en el perímetro del Centro Histórico de Azcapotzalco, se colocarán alrededor de 40 pieza adicionales.
Sin otro particular, reciba un respetuoso saludo.
Atentamente
Azcapotzalco, Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019. Licenciado Juan Carlos Chávez Becerril (rúbrica), secretario particular del Alcalde de Azcapotzalco.»
o
«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por instrucciones del licenciado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL. 64-II-6-0760, por el que da a conocer el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados que a la letra señala:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas, a efecto de reducir el número de accidentes, especialmente en las zonas urbanas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como a los organismos autónomos federales y estatales, para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas en los edificios públicos que ocupan.
Al respecto hago de su conocimiento:
De conformidad por lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas, la bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. Además, tiene utilidad como instrumento para el desarrollo al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el deporte. En resumen, la bicicleta es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute beneficiosa mente en el impacto a nuestro medio ambiente.
En cuanto a la prevención de accidentes viales, incluidos aquellos en los que participen. bicicletas, entre otras acciones, en el mes de noviembre de 2018 se realizó en la ciudad de Irapuato, el Primer Foro Estatal de Seguridad Vial, al que acudieron 670 participantes incluidos particulares, así como autoridades federales, estatales y municipales, organizado por el dicho municipio y la Secretaría de Salud del estado.
Los conocimientos adquiridos durante los dos días de la capacitación fueron socializados con los municipios de la entidad, así como al interior de la Comisión Estatal de Prevención de Accidentes (Coepra), donde se refuerzan las acciones para reducir la accidentalidad, fortalecer la cultura y educación vial, pero sobre todo incidir en la población para que conozcan al detalle los contenidos de Reglamentos y Leyes que requieren ser actualizados y aplicados.
En esta tesitura, en febrero del 2019 sesionó el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, en el cual se acordaron el reforzamiento dentro de los 46 municipios, de las actividades de prevención en grupos de riesgos, mediante un plan estratégico dirigido a la población de riesgo, así como la distribución de material de sensibilización y actividades a grupos de riesgos como personas adultas mayores y jóvenes de 15 a 30 años de edad.
Se informó que durante el 2018 más de 67 mil 283 personas fueron capacitadas sobre identificación de factores de riesgo para evitar accidentes viales, en los 46 municipios de la entidad, incluyendo al sector que se transporta en bicicleta.
La Dirección General de Transporte del Estado, adscrita a la Secretaría de Gobierno, ha realizado en los municipios de Guanajuato, pláticas y talleres de educación y seguridad vial, tanto a estudiantes de los diferentes niveles educativos, como en instituciones de gobierno y sector privado, con la finalidad de generar la cultura de educación vial y coadyuvar en la prevención de accidentes de tránsito en el estado.
Entre los temas que se presentan se consideran aspectos vinculados con la conducción segura y medidas de prevención para evitar accidentes, donde se involucra a los ciclistas y a los demás usuarios de la vía pública. La población que se ha concientizado por la mencionada unidad administrativa en lo que va del año 2019 es de 130 mil personas, a través de pláticas, talleres y conferencias, actividades realizadas mediante la promoción en: escuelas de diferentes niveles, eventos masivos (ferias y caravanas), empresas privadas e instituciones de gobierno.
En Guanajuato, de conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado número 45, segunda parte, el 18 de marzo de 2016, establece la implementación de obras y planes para privilegiar el uso de la bicicleta en los centros de población de la entidad, especialmente en aquellos que cuenten con una población superior a los veinticinco mil habitantes, sin perjuicio de los planes que se apliquen con igual objetivo en los municipios de menor población, se consideran de interés público.
Para ello, la citada Ley de Movilidad reconoce el derecho de ciclistas a contar con la infraestructura necesaria para su correcta y segura movilidad; contar preferentemente con servicios que le permitan realizar trasbordos con otros modos de transporte; para ello se destinarán áreas de estacionamiento gratuitas, seguras y estratégicas, dejando sus bicicletas resguardadas; y transportar su bicicleta en las unidades de transporte público en las modalidades que lo permitan, de acuerdo a la norma técnica correspondiente.
De igual forma el Reglamento de la ley de movilidad del estado de Guanajuato y sus municipios, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Guanajuato, número 187, segunda parte, de fecha 22 de noviembre del 2016, establece medidas preventivas y derechos de ciclistas.
Entre los derechos, el artículo 31 establece que ciclistas tendrán derecho a disponer de vías de circulación exclusiva, delimitada o compartida, como son las ciclovías, infraestructura y equipamiento vial para transitar con seguridad, así como aquellas que se designen por programas específicos de recreación para esos fines. De igual manera establece medidas preventivas como usar chalecos reflejantes para transitar durante la noche (artículo 35).
Dentro de esta tesitura, tanto el gobierno del estado como el de los municipios de nuestra entidad, deben promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, para lo cual se crea el Sistema Estatal de Ciclovías, compuesto de una red de ciclovías en los centros de población y carreteras estatales.
Desde 201 2, en el estado de Guanajuato hemos construido ciclovías en la red carretera administrada por el gobierno del estado, entre las cuales podemos mencionar:
-Ciclovía Celaya-Comonfort, en la zona metropolitana Laja-Bajío, la cual se encuentra ubicada en la carretera Celaya-San Miguel de Allende, en el municipio de Celaya, Guanajuato. La ciclovía en mención se realizó en una longitud de 1.82 kilómetros, de ancho de calzada variable de 2.5 a 4.0 metros; el material de la superficie de rodamiento es a base de llancreto; es decir, losa de concreto hidráulico con materiales de caucho reciclados.
Ciclovía Celaya-Villagrán, en la zona metropolitana Laja-Bajío, la cual se encuentra ubicada en la vialidad industrial Celaya-Villagrán, en los municipios de Celaya y Villagrán, Guanajuato. La ciclovía en mención se realizó en una longitud de 14.8 kilómetros, de ancho de calzada de 2.4 metros; el material de la superficie de rodamiento es a base de llancreto.
-Rehabilitación de ciclopista Comonfort-Neutla, en la zona metropolitana Laja-Bajío, la cual se encuentra ubicada en la carretera Comonfort-Neutla, en el municipio de Comonfort, Guanajuato. La ciclo pista se rehabilitó en una longitud de 3.5 kilómetros, con una estructura de pavimento conformada por una capa sub-rasante, capa de base hidráulica, impregnación, carpeta de doble riego de sello y construcción de bordillo en zonas aisladas.
-Ciclovía Eco Bulevar, en la zona metropolitana de León, la cual se encuentra ubicada en la carretera; León-San Francisco del Rincón, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. La ciclovía en mención se realizó en una longitud de 19.6 kilómetros, de ancho de calzada variable de 2.0 a 2.40 metros, el material de la superficie de rodamiento es a base de llancreto.
-Ciclovía Santa Ana del Conde, en la zona metropolitana de León, la cual se encuentra ubicada en el ramal a Santa Ana del Conde, en el municipio de León, Guanajuato. La ciclovía en mención se realizó en una longitud de 3.7 kilómetros, de ancho de calzada de 3.0 metros, el material de la superficie de rodamiento es a base de llancreto.
En el mismo sentido, en anualidades anteriores, se construyó la primera etapa de la ciclovía en el bulevar Vicente Valtierra en León, y se construyó la primera etapa de la ciclovía Juárez-Norte-Sur, en su tramo: bulevar Juan José Torres Landa-bulevar Timoteo Lozano. Para el desarrollo de estas obras se invirtieron 16 millones 177 mil 264 pesos, beneficiando a 140 mil 622 personas. También, se construyó la ciclovía La Luz, tramo: bulevar Morelos a bulevar Francisco Villa, facilitando el traslado seguro y ordenado de los habitantes al brindar vías de comunicación para vehículos no motorizados, invirtiéndose 9 millones de pesos y beneficiando a 140 mil 622 personas, todo ello en el municipio de León.
Durante el 2018, se realizaron trabajos de construcción y rehabilitación de ciclovías en los municipios de: Cuerámaro, León, San Francisco del Rincón, San Diego de la Unión, Uriangato y Victoria, beneficiando a más de 363 mil 371 personas, con una inversión de 30 millones 981 mil 888 pesos.
En Guanajuato impulsamos el transporte multimodal, pues con el Sistema Unebus, un sistema de transporte interurbano que conecta los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León, Silao (incluido el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y Puerto Interior) y Guanajuato, se alienta el uso de este medio de transporte de forma segura, desde su inicio de operaciones en 2018.
De igual manera en enero de 2018 se puso en marcha la Central de Transferencia de Pasajeros en el Puerto Interior (GPI), en el municipio de Silao de la Victoria. Para lo cual la empresa transportista responsable destinó una inversión de 18.5 millones de pesos. La central ofrece 44 servicios diarios entre GPI y la ciudad de León y treinta servicios diarios entre GPI y la ciudad de Silao de la Victoria. La central, en su equipamiento, cuenta con estacionamiento para bicicletas.
En el 2019, la Administración Pública Estatal 2018- 2024, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), anunció que destinará recursos por 25 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de la red de ciclovías en el estado.
El objetivo de estas acciones, como la construcción de ciclovías, es impulsar el uso de medios de transporte alternativos para disminuir la contaminación ambiental y los niveles de ruido, además, en la construcción de las nuevas ciclovías se utilizará concreto ecológico o llancreto, con estas acciones además se cumple el compromiso de generar infraestructura de calidad amigable con el medio ambiente.
Actualmente, la red estatal de ciclovías está conformada por más de 151 kilómetros, adicional a ello se contempla que en el presente ejercicio fiscal se estarán construyendo las siguientes vialidades:
-Camino a Loma de Flores en Irapuato;
-La segunda etapa de la ciclovía en carretera San Diego de la Unión-La Noria;
-La segunda etapa del andador con ciclovía en carretera Victoria-San Luis de la Paz;
-Se rehabilitará de manera integral la ciclovía en el Libramiento Juventino Rosas y la ciclovía en carretera Tarimoro-EI Acebuches.
Asimismo la ciudad de León. Guanajuato, la de mayor población en la entidad, está en el proceso de implementar un sistema de bicicletas públicas, con 500 de estos vehículos y 49 cicloestaciones, el cual se contempla entre en operaciones en el presente año.
Finalmente, el gobierno del estado de Guanajuato ratifica su compromiso con la población guanajuatense al encontrarse en proceso para la publicación del Programa Estatal de Movilidad 2019-2024, dentro del cual se deberán incluir los principios que contempla la normativa local en materia, a efecto de fomentar el uso de bicicleta de manera segura y eficaz dentro de la localidad.
Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.
Notas
1 Artículo 53 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
2 Artículo 95 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
3 Comunicado de Prensa de Gobierno del Estado, Destinará Secretaría de Infraestructura más de 25 MDP para construir y rehabilitar ciclovías, publicado 1 de marzo de 2019, consultable en
https: llsicom.guanaiuato.gob.mx/2019/03/01/destinara-secretaria-de-infra estructura -mas-de- 25-md ppara-construir-y-rehabilitar-ciclovias/
Guanajuato, Guanajuato, 2 de julio de 2019. Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica), secretario de Gobierno de Guanajuato.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se turnan a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Fiscalía General de Chihuahua.
Diputada Dulce María Sauri Riacho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Sirva la presente para enviarle un cordial y respetuoso saludo, y hacer de su conocimiento que, en atención a su oficio número D.G.P.L. 64-II-1-0445, expediente número 29, de fecha 14 de febrero del 2019, dirigido al gobernador del estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, a través del cual hace de su conocimiento que en sesión celebrada en esa misma fecha, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo a través del cual se exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno a implementar acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de violencia que se han presentado en los últimos meses en el territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población, oportunamente se enviaron los oficios correspondientes a diversas autoridades integrantes de la Fiscalía General del Estado solicitando dicha información, mismos que dieron respuesta puntual y anexaron material de apoyo, el cual se anexa al presente.
Sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Chihuahua, Chihuahua, a 19 de julio de 2019. Jesús Chávez Sáenz (rúbrica), director general Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.»
«Fiscalía General de Chihuahua.
Licenciado Jesús Chávez Sáenz, director general Jurídico de la fiscalía General del Estado. Presente.
Por medio del presente, y en atención a su oficio número FGE-4C.3/l/1847/2019, en el cual adjunta Volante de Turno FGE-1S/l/4/978/2019, así como los oficios SP número 115/2019, signado por el maestro Roberto Andrés Fuentes Rascón, secretario particular del gobernador; D.G.P.L 64-II-1-0445 signado por la diputada Dulce María Sauri Riacho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que hace referencia a la sesión celebrada el 14 de febrero de 2019, en la que se aprobó dictamen en el que se acuerda que: La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno a implementar acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de violencia que se han presentado en los últimos meses en el territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población; solicitando a esta Fiscalía informar de los programas que se llevan a cabo en los centros penitenciarios del estado con el propósito de combatir los delitos que, de acuerdo con sus funciones, les corresponde conocer; por lo que al respecto me permito informar a usted lo siguiente:
La Dirección de Reinserción Social adscrita a esta Fiscalía, implementó el programa Valora Tu Libertad, dirigido a la población estudiantil de nivel básico, medio superior y superior, el cual consiste en dos variantes; la primera es realizar pláticas en diversas instituciones educativas públicas y privadas de la entidad, en las cuales se abordan temas sobre el acoso escolar, así como las consecuencias de realizar comportamiento apartados de la norma jurídica y de las buenas costumbres, a la fecha se han atendido a mil 367 estudiantes; asimismo, y para dar seguimiento a lo anterior, se reciben a alumnos de nivel medio superior y superior para que lleven a cabo recorridos en los centros de reinserción social del estado, esta parte es utilizada para observar de primer contacto lo visto en dichas pláticas ya que dentro del recorrido observan la vida de las personas privadas de la libertad, donde están sujetas a horarios establecidos tanto para incorporarse a los servicios brindados, como para tener contacto con su familia, disciplina en todo momento y mantener siempre un buen comportamiento dentro de la institución, sujetarse a pases de lista continuos ordinarios y extraordinarios, entre muchas otras actividades que reflejan las consecuencias de sus acciones desapegadas al marco jurídico de nuestra sociedad. A la fecha se han recibido mil 212 estudiantes. Siendo un total de 13 instituciones educativas las participantes.
De igual forma, a toda la población que ingresa a un centro penitenciario y es vinculada a proceso, se le brinda una plática de prevención del suicidio y otra de agresión sexual, la cual coadyuva a identificar conductas de los demás compañeros que pudieran representar un riesgo en relación a la comisión de un delito y que atenten contra la vida, la salud y la dignidad de los demás.
En las áreas técnicas de cada centro de reinserción social se imparten cursos, programas, talleres y mesas de trabajo a las personas privadas de su libertad, en los siguientes temas: actitud y valores, activación neurocognitiva, asertividad, autoestima, cambio de actitud, ciclo de violencia, comunicación, derechos sexuales y violencia sexual, ética y valores, habilidades interpersonales y sociales, intervención de crisis, manejando la agresión, manejo integral del estrés, pensamiento racional e irracional, plan de carrera, prevención del abuso y-o agresión sexual, programa aprendizaje autónomo, proyecto de vida y evaluación de logros, taller de comunicación familiar, taller superando mi adicción, terapia ocupacional, entre otros; los cuales tienen como objetivo el ayudar a hacer conciencia a las personas privadas de su libertad así como para evitar su reincidencia. Por mes, aproximadamente se imparten 80 sesiones grupales efectuadas a adultos y 12 a adolescentes. Con un total de mil 323 personas privadas de su libertad participando y 22 adolescentes.
Asimismo se brindan asistencias psicológicas individuales, efectuando un aproximado por mes de 267 sesiones a adultos y 71 sesiones para adolescentes. Los servicios del área de psicología que se brindan en todos los centros son los establecidos en el Plan Nacional de Actividades para la Reinserción Social de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Se trabaja día a día en el área educativa de los centros, desde el analfabetismo hasta la licenciatura. La educación es un derecho humano, esencial para el desarrollo individual y social de toda persona. Es un derecho que hace a la condición humana, ya que a partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje; en definitiva, a la transmisión Y recreación de la cultura, esencial para la condición humana.
Se realizan actividades culturales y deportivas interestatales como son torneos de box, ajedrez, futbol, béisbol, voleibol, canto, escoltas y bandas de guerra, básquetbol, zumba, entre otros; ya que estas actividades son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. Ayudan a entender el verdadero significado del trabajo en equipo, de igual manera alguno de los propósitos es el de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales.
Lograr con estos una mejor convivencia entre las personas privadas de su libertad de los diferentes centros de reinserción social en el estado, el aprender a respetar reglas, a sus compañeros, al personal adscrito a los centros penitenciarios y a los visitantes de estos. Teniendo como resultado una mejor reinserción social de las personas privadas de su libertad en la sociedad.
Hasta la fecha se cuenta con la siguiente participación de las personas privadas de su libertad: Culturales: mil 314 adultos y 74 adolescentes; deportivas: mil 77 adultos y 76 adolescentes.
De igual manera, contamos con programas de capacitación al trabajo, ya que tanto la capacitación al trabajo, como el trabajo se encuentran interrelacionados en virtud de que el primero, tiene un objetivo formativo mediante el cual las personas privadas de la libertad adquieren los conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad y el trabajo tiene como propósito específico preparar a las personas privadas de la libertad para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad.
Actualmente un aproximado de 4 mil personas privadas de su libertad y 59 adolescentes desempeñan algún trabajo al interior de los centros o están en capacitación en alguno de los mismos.
Al interior de los centros penitenciarios se realizan revisiones y recorridos constantes tanto a las personas privadas de su libertad, como en las diferentes áreas del centro, arrojando un total de 11 mil 767 entre recorridos y revisiones por mes. En el mes de abril se decomisaron 258 objetos no permitidos, evitando con esto la posible comisión de un delito.
A finales del mes de mayo se implementó la creación y adaptación de un área para personas privadas de su libertad que requieran medidas especiales de seguridad las cuales van más allá de cometer indisciplinas o faltas al reglamento, si no por el grado de peligrosidad y contacto con grupos de delincuencia organizada pueden traspasar conductas delictivas al interior de los centros penitenciarios, cometiendo delitos de alto impacto social, logrando con la creación de esta área el monitoreo constante de tales personas privadas de su libertad, para evitar así que sus acciones trasciendan en interior como en el exterior de los centros penitenciarios.
No omito mencionar que al exterior de cada centro penitenciario se encuentra un cartel de Prohibiciones al Ingresar al Cereso, el cual es visible para todos los visitantes y en él se enlistan los artículos no permitidos al tener acceso a las instalaciones, además se hace mención que será causal de delito el tratar de introducir: drogas, alcohol, estupefacientes o cualquier tipo de fármacos no prescritos.
Por lo anterior y en virtud de que según reza el artículo 18 constitucional: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud v el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, en el sistema penitenciario de esta entidad federativa se aplican los ejes de la reinserción social y se implementan los programas tendientes a que las persona privadas de la libertad se integren de manera favorable a la sociedad y como un elemento útil a la misma, con el propósito de que no vuelvan a delinquir, previniendo con ello el aumento de delitos y de violencia que se ha venido presentando en nuestro país una vez que estos se encuentren nuevamente en libertad y reintegrados a sus familias y a la sociedad; aunado lo anterior a que con las acciones constantes que en aras de la seguridad y estabilidad de los centros penitenciarios se llevan a cabo regularmente se logra dicho propósito ya que estas constituyen también mecanismos de prevención de delitos al interior de los centros, que pueden trastocar al exterior cuando para ello puedan ser auxiliados por personas que no se encuentren en situación de privación de la libertad.
Se adjunta al presente material de apoyo, con lo que se robustece lo aquí informado.
Sin otro particular de momento y esperando haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la superioridad aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterare la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Aquiles Serdán, Chihuahua, a 12 de julio de 2019. Licenciada Nora Angélica Balderrama Cano (rúbrica), Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Fiscalía General del Estado de Chihuahua.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se turna a Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AGAM/ DETAIPD/ 406/ 2019 de fecha 12 de julio de 2019, signado por el licenciado Andrés Sánchez Osorio, director ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido en su momento por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-3-692.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de agosto de 2019. Licenciado Gustavo Vela Sánchez (rúbrica), director general Jurídico y de Enlace Legislativo.»
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Presente.
En atención al oficio SG/ DGJyEL/ PA/DIP/259.4/ 2019, de fecha 2 de mayo de 2019, mediante el cual refiere el oficio DGPL 64-II-3-692, signado por el diputado Marco Antonio Adame Castillo, vicepresidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo federal, Cámara de Diputados sobre el punto de acuerdo que a la letra dice:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Cultura , así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígeneas, para que redoblen esfuerzos en las acciones en materia de fortalecimiento, preservación y revitalización de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, diseñen e instrumenten políticas públicas dirigidas a promover, preservar y revitalizar las lenguas originarias de nuestro país,
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe las acciones en materia de preservación, difusión y revitalización de las lenguas originarias de nuestro país.
Cuarto. Deberá darse prioridad en la atención a las entidades federativas en las cuales haya una mayor población de indígenas.
Por instrucciones del alcalde doctor Francisco Chíguil Figueroa, al respecto me permito informar que la población residente de esta alcaldía que domine lengua originaria se le integrará al Programa Social denominado Tlakualli ik Altepetl (alimento del pueblo) otorgando un presupuesto de 3 millones de pesos, dicho programa está a cargo de la Subdirección de Igualdad social.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de julio de 2019. Licenciado Andrés Sánchez Osorio (rúbrica), director ejecutivo.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En respuesta a los oficios números D.G.P.L. 64-II-7-717 signado por el diputado Marco Antonio Adame Castillo, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y CP2R1A.-1458 signado por la senadora Mónica Fernández Balboa, secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSPC/UGAJT/00197/2019 suscrito por la Bertha María Alcalde Luján, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual responde los puntos de acuerdo relativos a las medidas adoptadas para salvaguardar el orden público de los estados de tránsito migratorio, con motivo de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, y sobre las acciones y medidas que implementa la Guardia Nacional para garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos de los migrantes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 1 de agosto de 2019. Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de Unidad de Enlace, Segob.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Presente.
En atención de los oficios SELAP/UEL/311/1095/19 y SG/UE/311/253/19, por los cuales comunica a esta Secretaría los puntos de acuerdos aprobados por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, siendo competencia de esta Secretaría, los puntos que a continuación se transcriben:
Respecto al primer oficio se desprende el siguiente:
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difunda un informe sobre las medidas adoptadas para salvaguardar el orden público de los Estados de tránsito migratorio, con motivo de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica.
Por lo que hace al segundo se advierten:
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que envié a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 días, un informe detallado sobre las acciones y medidas que se implementarán para que los integrantes de la guardia nacional designados a la zona fronteriza garanticen la seguridad y protección de los derechos humanos de los migrantes y de los menores migrantes no acompañados presentados en las estaciones migratorias.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diseñen un protocolo de actuación que garantice el respeto de los derechos humanos de los Migrantes y de los menores no acompañados derivado de las nuevas políticas migratorias que implementara el gobierno federal.
Sobre el particular y con fundamento en el artículo 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, me permito dar atención y respuesta a los puntos de acuerdo enviados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que recaen en el ámbito de competencia de esta Secretaría.
En relación con los puntos segundo y tercero respectivamente, por el cual solicitan enviar al honorable Congreso de la Unión un informe respecto de las acciones y medidas que se implementarán para que los integrantes de la Guardia Nacional designados a la zona fronteriza garanticen la seguridad y protección de los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados presentados en las estaciones migratorias, me permito informar lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene, entre otras atribuciones, la de formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública del país y sus habitantes, así como el ejercicio de la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena atención a los derechos humanos y libertades fundamentales, salvaguardando la integridad y los derechos de las personas, preservando la libertad, el orden y la paz públicos.
En este sentido, la Guardia Nacional, como órgano administrativo desconcentrado adscrito a esta Secretaría, su Ley y Reglamento faculta a dicha institución, a efecto de salvaguardar la integridad de las personas en los puntos fronterizos, lo cual se realiza en coordinación con las autoridades competentes, de conformidad a la normatividad aplicable.
Por lo anterior, se generarán las siguientes acciones:
-Llevar acabo coordinación con las entidades federativas para protección y resguardo de caravanas migrantes.
-Realizar coordinación con las entidades federativas que son un punto de flujo de migración con la finalidad de emprender acciones en la materia.
-Establecer puntos de controles fijos y objetivos aleatorios en las diversas zonas con flujo de migrantes.
-Coordinar con el Instituto Nacional de Migración acciones conjuntas en todo el territorio nacional, para ingreso y control de migrantes.
-Implementar puntos de inspección en carreteras con la finalidad de atender el flujo migratorio a bordo de autobuses y camiones.
Por lo que hace al punto tercero, en el que exhortan a esta Secretaría a coordinarse con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para diseñar un protocolo de actuación que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados derivado de las nuevas políticas migratorias que implementará el gobierno federal, se informa lo siguiente:
Al respecto, estimamos que es necesaria la estrecha coordinación y colaboración de las instancias de seguridad, con los organismos encargados de garantizar los derechos humanos en nuestro país, por ello se coincide con el planteamiento del legislador, a efecto de generar esquemas de protección que garanticen los derechos de esta población mediante acciones que permitan atender los exhortos de mérito y en su caso instrumentar mecanismos que permitan el adecuado desarrollo de las atribuciones de esta institución y sus órganos administrativos desconcentrados, lo que será informado en su oportunidad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de julio de 2019. Bertha María Alcalde Luján (rúbrica), titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Sur, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Instituto Campechano.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura. Presente.
En cumplimiento del artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, tengo a bien enviarle el Informe de Auditoría de la Matrícula del Instituto Campechano, correspondiente al primer semestre del 2019, por el despacho externo Ramón Vázquez y Asociados, SCP (RVA Consultores).
Sin otro particular, le envió un saludo cordial.
Atentamente
San Francisco de Campeche, Campeche, a 2 de septiembre de 2019. Licenciado en Administración de Empresas, Gerardo Montero Pérez (rúbrica), rector.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
INICIATIVAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Honorable asamblea, se informa que el domingo 8 de septiembre del año en curso, esta Presidencia recibió el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020, que remite el titular del Ejecutivo federal.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido por las fracciones III y XV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y por instrucciones del ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, me permito enviar:
1. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
3. Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con el marco jurídico aplicable, se acompañan a dichos documentos los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2020, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se remite la propuesta de Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria de 2020, con su respectiva nota metodológica y la lista de dichas zonas, así como la estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal en materia de vivienda y de suelo, elaborados por la Secretaría de Bienestar.
En relación con el impacto presupuestario de las iniciativas citadas en los numerales 1 y 2, éstas se sujetan al procedimiento específico previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para su elaboración y presentación ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En ese sentido, la exposición de motivos de dichos instrumentos, junto con los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, comprenden toda la información sobre el impacto presupuestario correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2019. Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del ciudadano presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracciones III y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir las siguientes iniciativas:
1. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
2. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
3. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copia de los respectivos dictámenes sobre la evaluación de impacto presupuestario de cada iniciativa, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2019. Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Solicito a la Secretaría dar cuenta de los asuntos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. El titular del Ejecutivo federal remitió a esta soberanía las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Con proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.,
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.,
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2020, y la estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal, en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal 2020.,
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.
INICIATIVAS DE SENADORES
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretario de la Cámara de Diputados. Presente.
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Eva Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1; 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019. Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»
«La suscrita, Eva Eugenia Galaz Caletti, senadora de la República de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos, y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.
El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales:
1) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública;
2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos;
3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) señala que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles, supone la existencia de los siguientes elementos interdependientes y esenciales, cuya aplicación dependerá de las condiciones existentes en cada estado parte:
a) Disponibilidad: los estados parte deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
b) Accesibilidad: el mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los estados parte. Se proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación de éste por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluso en caso de infección por el VIH/Sida), orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie de igualdad, o hacerlo imposible.
c) Aceptabilidad y calidad: la protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo.
En lo referente a la accesibilidad, en nuestro país ha sido un reto mayúsculo poder brindar ofertas de empleo a las personas con discapacidad, toda vez que pocas empresas (sin importar su tamaño), cuentan con opciones para contratar a estas personas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
A pesar de que ha habido esfuerzos legislativos importantes para poder estimular la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad al mercado laboral, como la expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) y de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2013), esto no ha sido suficiente. Específicamente en el tema de personas con discapacidad visual distinta a la ceguera total, pues en ninguna de estas leyes se les contempla, y al utilizar el término tajante de invidentes, se deja fuera a todos los pacientes con otros problemas visuales, pero que clínicamente también pueden ser considerados como discapacitados visuales.
En México, según datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés) hay 2 millones 237 mil 626 personas con deficiencias visuales graves y moderadas, y más de 415 mil 800 con ceguera total.
Las deficiencias graves y moderadas incluyen a las llamadas enfermedades raras que, aunque se presentan sólo en una de cada dos mil personas, hacen que en México existan al menos 129 mil personas con este tipo de trastornos. Algunas de estas enfermedades son las siguientes:
· Malformaciones oculares (microftalmia/anoftalmia): alteraciones de la organogénesis del ojo, que pueden originarse por la acción de agentes genéticos y/o ambientales durante el desarrollo embrionario.
· Microftalmia: problema derivado de un ojo con una longitud del ojo de menos de 21 milímetros.
· Anoftalmia: ausencia congénita de globo ocular con presencia de anexos oculares (párpados, conductos lagrimales).
· Glaucoma congénito primario: también denominado glaucoma infantil primario, parece ser el resultado de una alteración del desarrollo anormal de la malla trabecular lo que origina el aumento de la presión ocular.
· Distrofias retinianas: conjunto heterogéneo de enfermedades hereditarias que provocan una pérdida progresiva y grave de visión, dado que alteran la anatomía y/o la función de la retina.
· Amaurosis congénita de Leber: es una distrofia retiniana caracterizada por ceguera y una respuesta a la estimulación electrofisiológica por debajo del umbral, asociado con discapacidad visual grave en el primer año de vida.
· Enfermedad de Stargardt: es una degeneración precoz de la parte central de la retina de causa genética.
· Atrofia óptica de Leber: caracterizada por pérdida de la visión central (ceguera) y atrofia (degeneración) del nervio óptico.
· Catarata congénita: opacidad del cristalino que está presente en el momento del nacimiento o poco después de éste.
· Distrofias de córnea: las distrofias corneales son un grupo de trastornos oculares genéticos raros. En las distrofias corneales, se acumula material anormal en la córnea (la parte transparente que recubre el frente del ojo).
Por otra parte, como se mencionaba en párrafos anteriores, en la ley sólo se utiliza el término tajante de invidentes, el cual hace referencia únicamente a los pacientes con ceguera total, la cual médicamente se define como visión menor de 20/400 considerando el mejor ojo y la mejor corrección o un defecto campimétrico en el que el diámetro mayor del campo visual no se extiende más allá de 20 grados. También se considera a un paciente ciego total cuando cursa con la ausencia completa de visión, es decir, sin percepción de luz en ambos ojos. Por lo tanto, el término invidente hace referencia solamente a las personas con las deficiencias visuales más graves y profundas.
Pero la literatura y la práctica médica establecen que existen otras deficiencias visuales que afectan a los pacientes en la misma medida que la ceguera total, nos referimos a la baja visión y a la ceguera legal.
La baja visión, médicamente, se presenta cuando un paciente tiene, en el ojo de visión, después de tratamiento médico, quirúrgico y con corrección convencional, una agudeza visual que va de 20/60 hasta percepción de luz; o un campo visual, desde el punto de fijación, de 20 grados o menor, pero que sea potencialmente capaz de utilizar la visión con propósitos funcionales. Es decir, son personas que tienen un deterioro visual irreversible, bilateral, con afectación del centro y/o la periferia de su campo visual, pero que aún cuenta con un remanente visual que puede ser cuantificado.
Dentro de la visión baja se encuentran las personas con ceguera legal, la cual es una agudeza visual menor o igual a 20/200 en el ojo de mejor visión o un campo visual menor de 10 grados. Con esta visión la persona aún es capaz de deambular de manera independiente y de realizar lectura con aditamentos ópticos y reincorporarse a actividades sociales con entrenamiento. Esta definición se ha adoptado en numerosos países y es la definición como su nombre lo indica para fines legales, como pensiones, incapacidades laborales, etcétera.
Como puede apreciarse, el catálogo de enfermedades visuales que representan una discapacidad importante es muy amplio. Sin embargo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no hace ninguna clasificación al respecto. En su artículo segundo, en el cual se enlistan los conceptos a utilizar en dicha ley, únicamente se señala en la fracción XIII a la discapacidad sensorial, como la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Respecto a las personas ciegas, únicamente se refiere a ellas en la fracción VI del artículo 12, perteneciente al Capítulo III- Educación, en la cual se establece como una facultad de la Secretaría de Educación Pública proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema Braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad.
En cuanto a las condiciones laborales para las personas con discapacidad, en esta ley se señala como una facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el diseño, la ejecución, la evaluación y la promoción de políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad.
No hay una diferenciación específica entre los distintos tipos de discapacidad, ni motriz ni mental ni visual. Esta falta de especificidad se ve reflejada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en la cual se establece el otorgamiento de un estímulo fiscal a los patrones que contraten a personas con distintos tipos de discapacidad. Sin embargo, en el caso de discapacidades visuales únicamente se señala a los invidentes.
Considerando el número de personas que no entran en la categoría de invidentes, pero que sí padecen de una discapacidad visual importante, esta iniciativa plantea reformar el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incorporar a los casos de otorgamiento de estímulo fiscal al patrón que contrate a personas con discapacidad visual que no mejore con lentes, lentes de contacto, medicinas o cirugía, al menos en un ojo. De esta manera se podría incorporar al grueso de los discapacitados visuales en México.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en 80 por ciento o más de la capacidad normal; visual, ya sea ceguera total o visión baja en ambos ojos sin posibilidad de mejoría con el uso de algún tipo de lente, cirugía o medicamentos, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo primero del título cuarto de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
Segundo. Háganse las adecuaciones correspondientes en la normatividad aplicable al presente decreto.
Notas
1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general número 18, del Derecho al Trabajo, aprobada el 24 de noviembre. Ginebra, Naciones Unidas, 2005.
2 Artículo 5o. de la CPEUM: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos (...). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 06-06-2019.
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages /CESR.aspx Entrada en vigor: 3 de enero de 1976.
4 Organización de las Naciones Unidas; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,artículo 1. 2006
5 En este ordenamiento se brinda un estímulo fiscal al patrón que contrate personas con discapacidad.
6 Global Vision Database Maps. Disponible en:
https://atlas.iapb.org/gvd-maps/#AllAges
7 Revista Mexicana de Oftalmología vol. 87. núm. 1. Bases genéticas de las malformaciones oculares congénitas severas. Disponible en:
https:/lwww.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-oftalmologia-321- articulo-bases-geneticas-Ias-malformaciones-oculares-X0187451913949938
8 Verma AS, FitzPatrick. Anophthalmia and microphthalmia, 26 (Orphanet J Rare Dis 2007), pp. 47
9 Morrison D, FitzPatrick D, Hanson 1, National study of microphthalmia, anophthalmia, and coloboma (MAC) in Scotland: investigation of genetic aetiology, 39 (J Med Genet 2002), pp. 16-22
10 Urrets Zavalía, Enrique Alberto. Glaucoma congénito primario. Disponible en:
https://www.estrabologia.org/actas/Acta 1 2017//l01-REVISION%20Dr.%20Urrets%20Zavalia.pdf
11 Instituto de Microcirugía Ocular. Distrofias de la retina. Disponible en:
https://www.imo.es/es/distrofias-de-la-retina
12 Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Amaurosis congénita de Leber. Disponible en:
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC Exp.php?Lng-ES&Expert-65
13 Institut de la Macula. Enfermedad de Stargardt.
http://www.institutmacula.com/patologia/enfermedad-de-stargardt/
14 Natural Center for Advancing Trasnational Sciences. Neuropatía óptica hereditaria de Leber. Disponible en:
https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/13049/ neuropatia-optica-hereditaria-de-le ber
15 Manual MSD Versión para profesionales. Catarata congénita. Disponible en:
https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/ defectos-y-enfermedades-oculares-en-los-ni%C3%B1os/catarata-cong%C3%A9nita
16 American Academy of Ophthalmology. ¿Qué son las distrofias corneales? Disponible en:
https:/www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/distrofias-corneales
17 VASHIST, P., SENJAM SS., GUPTA V., GUPTAN., KUMARA. Definition of blindness under National Programme for Control of Blindness: Do we need to revise it?Indian J Ophthalmol. 2017, Feb; 65(2): 92-96.
18 BROMBERG A. Visión Baja. Editorial Compañía. Editorial e Impresora S.A, México, 2008.
19 Definición disponible en: Centro Mexicano para Visión Baja.
http://services.mine.nu/cmpvbmedia/UnPrincipioParaTuPacienteConVB.pdf
20 La Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Última reforma publicada DOF 12-07-2018.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 3 de septiembre de 2019. Senadores: Eva Eugenia Galaz Caletti, Américo Villarreal Anaya, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Gloria Sánchez Hernández, Germán Martínez Cázares, Cristóbal Arias Solís, Martha Lucía Micher Camarena, Ifigenia Martínez Hernández, Julio Ramón Menchaca Salazar, Nestora Salgado García, Martha Guerrero Sánchez, Miguel Ángel Navarro Quintero, Primo Dothé Mata, José Luis Pech Várguez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Imelda Castro Castro, Cecilia Sánchez García, Lilia Margarita Valdez Martínez, Armando Guadiana Tijerina, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Daniel Gutiérrez Castorena, Ovidio Peralta Suárez, Katya Ávila Vázquez, Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo Molina, Sasil de León Villard, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Ismael Cabeza de Vaca, Mauricio Kuri González, José Erandi Bermúdez Méndez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Eduardo Murat Hinojosa (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DEL DECESO DEL ARTISTA MEXICANO FRANCISCO TOLEDO
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios en homenaje al maestro Francisco Toledo. Para tal efecto se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Abril Alcalá Padilla:Con su venia, diputada presidente. Francisco Toledo perdió la batalla contra el cáncer el pasado 5 de septiembre, perdió él y perdimos todos; sus paisanos juchitecos y oaxaqueños, el pueblo de México y el mundo entero.
Perdimos a uno de los más grande artistas plásticos que además se comprometió con la promoción y conservación del medio ambiente, el patrimonio artístico y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Toledo fue uno de los artistas más influyentes en la cultura oaxaqueña, con Tamayo, con Sergio Hernández, colocó las tradiciones, las historias, las costumbres, los colores y el paisaje indígena al alcance de todos.
Francisco Toledo fue impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Tradujo el arte, la estética de la naturaleza, en especial criaturas que no son convencionalmente asociadas con la belleza, como son los monos, los murciélagos, las iguanas, los sapos y los insectos.
El maestro Toledo, con su ejemplo, nos dio una ruta para que las generaciones venideras continuaran con su lucha por la defensa de los derechos humanos, culturales y ambientales, mismos que fueron el sello personal de Francisco Toledo y el que heredó al pueblo de Oaxaca y a México.
Su gran preocupación por la vida humana lo llevó a actuar con amplia generosidad durante las duras jornadas después de graves acontecimientos, como fueron los sismos de 2017. Se encargó personalmente de establecer cocinas comunitarias para alimentar a más de cinco mil damnificados en Juchitán y otras comunidades. Alejado de protagonismos de todo tipo, solo declaró: Bueno, pues es el lugar en donde nací. Ese apoyo se repitió en Ixtepec e Ixtaltepec.
A Toledo le gustaba hacer referencia a todas las batallas que libraba contra presidentes de la República, gobernadores y autoridades municipales, por la defensa del patrimonio cultural.
En sus palabras: Las luchas no se cuantifican; haces lo que puedes y hay que ser constantes. Entonces mis protestas no me llevan a ningún lado a mí personalmente. No voy a ser diputado, no quiero tener un puesto.
Eso valió para todos los gobiernos y para todas las causas. En diciembre de 2014, con el taller Arte y Papel de San Agustín Etla, elaboró 43 papalotes, cada uno con el rostro de uno de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos en la noche de Iguala.
Fue todo un héroe de las causas culturales y sociales, ya fuera como fundador y promotor del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, ya fuera regalando tamales como protesta por la intención de instalar un restaurante de comida rápida en el zócalo del centro histórico de la Nueva Antequera, ya fuera luchando al lado de las organizaciones que reivindican que sin maíz no hay país.
En la década pasada, cuando combatía al gobierno de Gabino Cué, que pretendía construir un centro de convenciones en el Cerro del Fortín, alguien le preguntó que a qué hora pintaba. El maestro le contestó tranquilamente y con toda sinceridad, ya no pinto, ¿crees que con todo esto voy a tener tiempo de trabajar? Ya no hago nada, me la paso viendo gente, que si le robaron las tierras, que si le mataron al marido. Todos los días alguien me viene a ver y no puedo hacer otra cosa.
La lucha de Toledo tenía que ser incómoda para el poder, de cualquier signo, de cualquier color. En noviembre de 2018 se publicó una carta de intelectuales y artistas criticando al aquí muy debatido Tren Maya. Decían: Nos preocupa que el proyecto del Tren Maya y el corredor comercial y ferroviario del istmo de Tehuantepec tengan características similares a las de otros megaproyectos, como han sido el Plan Puebla Panamá, que se han localizado justamente en los frágiles ecosistemas del trópico americano y mexicano para ofrecer progreso y desarrollo. Este tipo de macroproyectos han sido fuertemente rechazados por su esencialmente carácter mercantil.
No me lo van a creer, o tal vez sí, pero el presidente López Obrador les contestó, con todo respeto, que les hacía falta un baño de pueblo. Encabezando los firmantes del documento estaba Francisco Toledo.
Aquí lamento contradecir profundamente al presidente López Obrador, porque creo que, si alguien estuvo con el pueblo, estuvo con México y con su identidad fue Francisco Toledo. Qué triste que en vida no se le haya reconocido esa lucha y que no se le haya tomado en cuenta porque, aunque él haya dicho que no hubiera querido un puesto, la verdad nos hubiera hecho muchísima falta para iluminar a esta Cámara de Diputados en las luchas culturales.
Viva el artista, el promotor cultural, el benefactor del pueblo, el defensor de la tierra y de los derechos humanos. Viva Francisco Toledo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Este pasado jueves 5 de septiembre el mundo de la cultura mexicana se vistió de luto, la pérdida de Francisco Benjamín López Toledo, a sus 79 años, dejó en orfandad a las artes del país y a Oaxaca misma.
El artista plástico nació en Juchitán, Oaxaca, el 17 de julio de 1940 y fue tan grande el amor demostrado con sus múltiples obras que el gobierno del estado declaró un día de luto.
Su trabajo artístico ha sido reconocido internacionalmente por abarcar técnicas como el grabado, el dibujo, el óleo y la cultura. Sus piezas son inconfundibles por todos, porque cuentan con un sello inigualable que habla del estilo tan único que revela su pasión por la naturaleza.
Esta pasión Toledo la trasladó no solo a sus obras sino a la manera de regir su día a día, ya que si bien a nivel mundial ocupa un lugar entre los más grandes expositores, en México, además de este merecido reconocimiento, lo recordaremos por su gran labor filantrópica y al compromiso social con el medio ambiente demostrado a lo largo de su vida.
En la memoria colectiva quedará siempre presente que el artista libró varias batallas por la defensa del patrimonio cultural, los recursos naturales, el territorio y el maíz nativo, así como la defensa de los derechos humanos. Fue un aliado en la lucha de la justicia social, y convencido de dejar esta tierra hecha un lugar en un mismo entorno, como lo encontró.
Con la persecución que lo caracterizaba logró que el cuartel que ocupaba el ex Convento de Santo Domingo fuera reubicado y que sus instalaciones se convirtieran en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, el cual alberga cientos de especies de plantas características de la región.
Como legado a las futuras generaciones, también entregó en el 2015 al Instituto Nacional de Bellas Artes, en donación, el Museo del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que fundó en noviembre de 1988, y que guardan 124 mil obras artísticas.
En la historia del arte mexicano y especialmente de Oaxaca hay un antes y un después de Toledo.
Por estas y otras tantas razones más, la bancada del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos en este merecido tributo y despedimos con todos los honores posibles a un gran mexicano, esperando que su vida y obra sirva de inspiración para todos nosotros, pero especialmente para las niñas, niños y jóvenes del país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Damos la bienvenida a alumnos del séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Privada del Estado de México, invitados por el diputado César Agustín Hernández Pérez.
La diputada Claudia Báez Ruiz:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la semana pasada sufrimos la pérdida de una de las mentes más potentes, lúdicas y creativas del arte en el último siglo en el país. De una sensibilidad que reconocían y admiraban otros artistas: el maestro Toledo.
Con su pintura o su escultura lograba la sublimación de lo más mexicano, de lo más puro de nuestra cultura, de lo más sencillo de nuestras costumbres y, por tanto, de lo más honesto de nuestro país.
Con su obra logra trazar un arco entre nuestras históricas especies animales del pasado. La riqueza natural y la caótica condición humana. Nos mostró, en resumidas cuentas, un nuevo sentido de los símbolos y de lo fantástico. Y por irónico que suene, su legado no se limitó a lo trascendente de las bellas artes. Su vida fue un ejemplo de lucha por la dignidad de lo nuestro.
Simplemente recordamos su misión por la defensa del patrimonio cultural, la promoción de la lengua materna y la defensa de los pueblos indígenas, sobre todo de su natal Oaxaca.
Francisco Toledo era una de esas pocas personas que enseñaban con o sin intención, con cada una de sus acciones que reflejaban no solo preocupación sino compromiso. Un constante llamado a la acción social que debemos continuar.
En resumen, Encuentro Social reconocemos en el maestro Toledo su historia, su herencia, su congruencia, su compromiso social, su lucha contra las injusticias, su sensibilidad y, sobre todo, el haber elevado el nombre de México a los altos niveles de grandeza que logran pocas mujeres y pocos hombres.
El maestro Francisco Toledo deja una huella que solo pueden acompañar otros grandes con la misma humanidad, talento y sensibilidad, como Orozco, Siqueiros, Rivera y varios más de otras artes y de otras latitudes.
Hoy, Juchitán le llora, Oaxaca lo honra, pero México y el resto del mundo lo habrán de recordar siempre. Descanse en paz, maestro Francisco Toledo. Gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas:Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. No me pidan que mi arte hable de tortura. No hay relación entre lo que hago como artista y la violencia que vivimos. Yo no puedo obligar al arte a que sirva como medio de denuncia. Francisco Toledo.
Oaxaca es una de las tierras más prósperas y hermosas de todo México. Sus colores, sus sonidos, sus sabores y su rica cultura han inspirado a miles de sus habitantes a expresarse a través del arte.
Hace 79 años nació, un 17 de julio de 1940, Francisco Benjamín López Toledo. El cuarto de siete hijos de Florencia Toledo Nolasco y Francisco López Orozco.
Durante su niñez inició sus estudios artísticos en el taller de grabado de Arturo García Bustos, que posteriormente desertó. Después ingresó al taller libre de grabado de la escuela de diseño y artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, convirtiéndose en alumno de Francisco Dosamantes y Guillermo Silva Santamaría.
Sus primeras obras fueron exhibidas en la galería Antonio Souza. Estudió en Europa para profundizar su arte, regresando a México con una visión muy diferente de cuanto se fue.
Fue uno de los mayores artistas plásticos de nuestro país, con gran reconocimiento internacional. Fue pintor, ceramista, impresor, dibujante, escultor, reflejando por la estética de la naturaleza en la que los lagartos, grillos, chapulines, armadillos, coyotes, peces, tortugas, iguanas, culebras, conejos y cocodrilos son los interlocutores en sus obras.
El mono es un nahual, han dicho muchos para describir al artista. Me siento como un pulpo, explicó Toledo en una entrevista, intentando definir sus actividades en la gestión cultural. Los de Juchitán me acusan de traidor, porque pinto y dibujo más chapulines que iguanas, contó al escritor Ernesto Lumbreras.
La visión de Francisco Toledo representa que los humanos y el de los animales son uno solo en la naturaleza, basándose principalmente en el arte de Europa, gozando el arte fantástico en la mayoría de sus obras.
El artista promovió y difundió la cultura y las artes del estado de Oaxaca donde vivió los últimos años de su vida. Con apoyo de otras instituciones fundó en octubre de 1997 el taller, Papel Oaxaca, instalado en San Agustín Etla y posteriormente en 1988 fundó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Siempre se opuso a que se le entregaran premios públicos, pero a pesar de ello se le entregaron diversos reconocimientos por su labor artística y social, entre los que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1998 y el Premio Príncipe Claus en el año 2000.
Asimismo, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca lo distinguió con un doctorado honoris causa por su labor en el mundo de las artes. También fue reconocido por su labor como activista y filántropo, promoviendo durante su vida el cuidado del patrimonio artístico de nuestro país y promover la protección del medio ambiente.
Es importante mencionar que sus obras se caracterizaron por el toque irreverente, provocativo y trasgresor. El arte es una manera de plasmar el mundo y sus ideales. Sigamos, compañeras y compañeros, la convicción de Francisco Benjamín Toledo, de promover y rescatar el patrimonio de nuestro querido México.
Diputadas y diputados, México pierde a un gran ser humano que luchó por los derechos humanos, por nuestros indígenas y por el arte mexicano. El cáncer tristemente le arrebató la vida, por ello debemos de seguir su ejemplo, apoyemos en todo momento la salvaguarda al medio ambiente, ya que sin ello no tendríamos un hogar ni mucho menos vida.
A Toledo lo extrañaremos profundamente, sin embargo, su arte y sus luchas nos acompañan para recordarnos la grandeza del pueblo zapoteco de Oaxaca, de México. Al gran artista Toledo debemos honrar hoy siempre por su gran trayectoria artística, porque la causa es un México con arte.
Que viva por siempre Francisco Toledo y viva su legado artístico y humanitario en todas las acciones que emprendamos todas y todos los mexicanos.
Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Medalla Belisario Domínguez para Francisco Toledo. Así es, compañeras diputadas y compañeros diputados. El artista, el defensor de los derechos humanos, el generoso promotor cultural, el rescatista tras los sismos, merece un reconocimiento también institucional del pueblo de México.
En septiembre de 2014, desde el Senado de la República, hice la misma propuesta. Tuve el honor de dar voz a las voces que desde diversos ámbitos de la vida cultural, social, económica y política de Oaxaca y México solicitaban este reconocimiento en vida a quien dio tanto desde su genuina e independiente trinchera.
Es verdad, a Toledo no le gustaban los reconocimientos porque a él le bastaba con sentir su cine club El Pochote lleno y vivo, obsequiando de proyecciones, de obras cinematográficas capaces de sacudir mentes y generar acción transformadora.
Le bastaba con que los miles de libros del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, que construyó, fundó y puso a disposición gratuita, estuvieran siempre abiertos y en uso incluso entre talleres en los que también él participaba.
Le bastaba con ganar grandes batallas contra los descabellados proyectos gubernamentales que atentaban contra el medio ambiente, la alimentación y todos los derechos humanos.
Le bastaba con coordinar y también financiar 45 comedores comunitarios durante cuatro meses que durante cuatro meses suministraron 193 toneladas de alimentos, así como frutas y verduras; 300 kilos de tortillas y cuatro mil piezas de pan cada día; 400 kilos de carne fresca y alrededor de 30 cajas de huevo blanco semanalmente para miles y miles de damnificados por los terribles sismos de septiembre de 2017, principalmente, como aquí se ha dicho, en el istmo de Tehuantepec, y para que pudieran comer digna y sanamente cada uno de estos, los 120 primeros dolorosos días, luego de las tremendas y desgarradoras pérdidas humanas y materiales que sufrieron.
Le bastaba a Toledo con evidenciar la brutalidad que hiere al pueblo de México y evidenciar la corrupción e ineptitud de aquellas instituciones del Estado que necesitaban una profunda transformación. Lo hacía, por ejemplo, volando papalotes con los rostros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Es verdad, a Toledo no le gustaban los reconocimientos, pero en aquella ocasión por la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil y de queridas personas como Elena Paniatowska, aceptó la postulación, y eso fue un gran logro para quienes le admiramos y respetamos, para quienes queremos, desde entonces, que la patria le reconozca todo cuanto ha hecho por la gente de México.
Solo me explico que el régimen intolerante a la crítica que tenía la mayoría del Congreso de la Unión en aquel 2014, le haya negado la Medalla Belisario Domínguez a un ser humano tan grande, a un real revolucionario y transformador por miedo a que en la casa del pueblo volviera a ganar una batalla.
Es verdad, no le gustaban los reconocimientos, pero por su incansable lucha salvando derechos humanos, el patrimonio natural y cultural, las lenguas indígenas, pueblos originarios y su territorio, creo que se lo debemos.
Por eso, un minuto de aplausos y la Medalla Belisario Domínguez para Francisco Toledo. Y que esta Cámara de Diputados solicite a la colegisladora, que considere la reapertura de postulaciones a esta máxima presea, no solo para incorporar la propuesta del maestro Toledo, sino para que él sea galardonado en este 2019.
Reitero, compañeras y compañeros un minuto de aplauso y medalla, la Medalla Belisario Domínguez para Francisco Toledo.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ximena Puente de la Mora:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Me complace, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, proponer al maestro Francisco Toledo a la máxima presea que otorga esta institución, la Medalla
Eduardo Neri.El maestro Francisco Toledo representa uno de los artistas plásticos y pintores más representativos de la identidad de nuestros pueblos y comunidades, pero sobre todo del arte nacional mexicano.
Sus esculturas, pintura y gráficos lo llevaron a ser considerado el artista vivo más importante de México, y recientemente uno de los mexicanos creativos más importantes del 2019.
El legado del Brujo de Juchitán no solo es material con pinturas surrealistas y antropomórficas, su aporte también fue cultural, con la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, la Casa de la Cultura de Juchitán y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
La visión precisa del maestro Toledo refleja la grandeza del mundo y de un discurso tan objetivo que es difícil abstraerlo como si fueran números. Es en lo cotidiano y en lo minucioso que guardamos su memoria. En la imaginación el universo que como lenguaje nunca se confunde.
La congruencia y la humildad siempre lo acompañaron como sombra y fieles confidentes. Cuando lo quisieron comparar con un Diego Rivera o un David Alfaro Siqueiros renunció a ser tipificado, pues su activismo era de convicciones, pero no de ideologías.
Sin embargo, la importancia de su legado no termina en sus obras artísticas, Toledo fue un luchador social y un defensor de los derechos humanos y del patrimonio cultural, de los recursos naturales y de la diversidad biológica de México, por lo que su trabajo trasciende el ámbito meramente artístico.
Es importante ver el legado del artista en su justa dimensión, desde sus aportaciones sociales, de las defensas de las causas más nobles, de los pueblos indígenas, pero sobre todo de los más desfavorecidos. Solo así podemos comprender la gran pérdida que significa su partida.
Compañeras y compañeros legisladores, solo su alma libre, adversa al riesgo como decantada por la felicidad de vivir, podría haber plasmado la belleza de la fusión de la naturaleza y el hombre, del mundo mágico animal y su relación con el respeto holístico entre todos los seres vivos.
El maestro Toledo enamoró, no solo a los mexicanos con la defensa férrea de la cultura zapoteca, sino a extranjeros en tierras muy lejanas y poderosamente abismales, a su amado Oaxaca. La cultura en nuestro país pierde físicamente un maestro de la honestidad, de la sencillez, de la autenticidad, esa que solo aflora en las almas libres. Afortunadamente, su alma se queda viva y más presente que nunca en cada una de sus obras, y por qué no decirlo, en cada una de las tortugas que han hecho de Oaxaca su nido de vida.
El maestro Toledo deja un gran legado, hoy Oaxaca y todo México se encuentra de luto por la partida de uno de los artistas y uno de los mexicanos más grandes en nuestra historia.
En el Grupo Parlamentario del PRI, y agradezco la oportunidad de hacer este posicionamiento en nombre de mi grupo parlamentario, asumimos nuestra obligación como usted decía, maestro Toledo: Si yo ya estoy por salir, irme, desaparecer, no estar más en este mundo, de seguir con este proyecto, el Estado tiene la obligación.
Retomar sus luchas y conciencia social es el mejor homenaje que podemos hacer a este gran hombre, a este gran mexicano, a este gran artista. Descanse en paz, maestro Francisco Toledo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan:Gracias, presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario nos sumamos a esta propuesta de que le sea otorgada la Medalla
Eduardo Neri,por ser el máximo galardón de esta Cámara de Diputados.Nombro a Oaxaca y alguna parte de nuestro corazón se exalta. Quienes han caminado por sus calles seguramente continúan hechizados por los trazos de la cantera verde y la hospitalaria sonrisa de nuestra gente.
Quienes han caminado por Oaxaca no pueden despegar de sus pupilas por muchos días el azul intenso de su mucho cielo.
Nosotros teníamos un caminante habitual, podía encontrársele a la vuelta de la esquina, meditabundo, contemplando los recovecos del paisaje o de su propia memoria. Él se volvió integrante de la cultura y la tradición de una ciudad y de un pueblo entero. Él, Francisco Toledo, ingresó al corazón de la comunidad andando las calles, ayudando a la gente, expresando en su arte nuestras muchas contradicciones, nuestros misterios más ambiguos.
Por eso, desde el día 5 de septiembre puedo compartir que se percibe un vacío, se reciente una ausencia en mi ciudad y, claro está, en el universo del arte.
Para nadie es un secreto que Toledo representó y lo sigue haciendo, a pesar de su muerte, el artista plástico contemporáneo más importante de México. Se le reconocía sí por su obra fascinante, polifacética, atrevida.
No fue el artista convencional, el creador puramente regionalista, fue siempre impredecible, un descubridor de materiales y formas que sorprendía siempre a los espectadores más exigentes y, más aún, a los espíritus más insospechados.
De alguna Francisco Toledo ha sido uno de los artistas más completos de la historia del arte en México. Diseñaba desde rejas para los más emblemáticos centros culturales, hasta pequeñas piezas para obsequiarlas a sus amigos o a quienes tenían necesidad de ser rescatados de la soledad o del hambre. Porque además de un amante de la cultura, un artista emblemático, fue un activista social auténtico.
Desde 1960, fecha de su primer viaje a París, hasta su muerte, el oaxaqueño comprendió que ningún artista, ningún ser humano puede dejar pasar las injusticias, el abandono, los agravios que se cometen contra otros seres humanos. Así auxilió a ciegos y débiles visuales, editaba y financiaba centros para su formación, libros en braille, grupos de conversación y ayuda.
Luchó con todo lo que tenía contra aquellos que abusan de su poder económico, y así era una voz activa contra los alimentos transgénicos, la defensa de los indígenas, de los campesinos, del patrimonio cultural y del medioambiente. Así fundó centros culturales, espacios para artistas, fotógrafos, escritores.
Francisco Toledo fue un solo ser humano, pero parecía decenas de ellos. Fue en sí mismo muchos ciudadanos, se multiplicaba con su alma grande.
México le extraña, lo hace, sobre todo, porque con su partida se fue un ejemplo, estamos tan necesitados de ellos, no de quienes dicen ser un ejemplo y se vanaglorian de ello y hacen todo para convencer a los demás de su valía, sino de ejemplos de verdad, mujeres y hombres cuya vida habla por sí misma, grita valores, grandeza, solidaridad. Que en paz descanse Toledo. Que viva su obra, que viva su recuerdo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo:Compañeras y compañeros, este 2019 Año Internacional de los Pueblos Indígenas voló, como uno de sus papalotes, el genio de Francisco Toledo. Coincidencia astral, tal vez.
Gracias a nuestra compañera de Juchitán y a nuestros compañeros de Oaxaca el haberme permitido esta libertad y esta audacia fraternal.
Se extinguió una vida luminosa, expresión sin par del México profundo, llenó como ninguno la premonición de la raza cósmica. Pancho Toledo no perecerá en la memoria de los mexicanos ni en la impronta universal del arte. El último de los grandes de nuestra inmensa tradición plástica, Rivera y Tamayo, pero sobre todo Orozco y Siqueiros.
Nunca trabajó para lucimiento formal, más que un arte comprometido, fue una vida comprometida y una creación pluridimensional. Grabador, dibujante excepcional, pintor, escultor y ceramista. El Pablo Picasso de América. Pero también activista social, defensor de derechos humanos y amigo de los mártires. Inolvidable su homenaje solidario a las víctimas de Ayotzinapa. Fue impulsor de talentos oaxaqueños y nacionales. Un hombre del Renacimiento.
Lo conocí en París, en 1965, siendo consejero cultural de México. Huraño y explosivo. En su inmensa cultura plástica habitaban Durero, Paul Klee, Chagall y Kandinsky.
Transita de la lucha social, desde la Coalición Obrera Campesina y Estudiantil del Istmo a la fama mundial.
Albergaba una ilusión escondida: ser mejor autorretratista que Rembrandt y publicar, tal vez, un libro con las obras de los dos.
Propongo a esta Cámara realizar esa ilusión de Toledo: una obra de los más grandes pintores de su tiempo, sueño fantástico, como él lo fue.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado Sergio Mayer, tiene el uso de la palabra.
El diputado Sergio Mayer Bretón(desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Después de escuchar a todos mis compañeros...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Sergio Mayer Bretón (desde la curul): Es con el mismo tema, presidenta. Muchas gracias. Para concretar, justamente después de escuchar a todos mis compañeros. No hay mucho más que decir.
Estoy convencido de que Oaxaca, México y el mundo perdieron a un gran represente, hombre que con su expresión artística y su trazo surrealista se convirtió en el embajador del pueblo, siendo el principal promotor cultural y custodio del patrimonio de las comunidades originarias de Oaxaca.
Así que hoy Cámara de Diputados extiende un amplio reconocimiento a la vida y obra del gran maestro Francisco Toledo. Yo quiero aprovechar el espacio para enviarle mis condolencias no solamente al pueblo de Oaxaca y de México, sino también a una compañera y amiga, la subsecretaria de Diversidad Cultural del gobierno de México, Natalia Toledo.
Y, por supuesto, estoy convencido, estoy seguro de que en otro cielo seguirán volando los papalotes, seguirán volando y construyendo utopías, pues la obra, lucha y congruencia del hijo pródigo de Juchitán quedará para siempre en las memorias de nuestro corazón.
Así que me gustaría también aprovechar que, dentro de la presidencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que me honro en presidir, trabajaremos con todos nuestros compañeros...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiempo, diputado.
El diputado Sergio Mayer Bretón (desde la curul): Sí, rápidamente concluyo. Para proponer la presea a lo mejor de la cultura y reconocer a lo mejor de la cultura con el nombre de Francisco Toledo. Y también me sumo a la propuesta. Por favor, presidenta, solicitarle respetuosamente que conceda un minuto de aplausos para cerrar este bloque. Un minuto de aplausos para el gran Francisco Toledo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Esta Presidencia concede su petición.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández:¿Con qué objeto, diputada? A ver, un segundo. Antes del minuto de silencio vamos a terminar de escuchar a los oradores. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Con el mismo tema, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Un minuto, por favor, diputada.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Propongo, compañeras y compañeros legisladoras y legisladores, que no le quedemos a deber nada Francisco Toledo. En lugar de medallas y reconocimientos que él, por cierto, no aceptaba, abanderemos la última de sus causas que por cierto dio en plena resistencia y digamos: no al Tren Maya.
No le quedemos a deber nada a un luchador, a un hombre congruente y tengamos nosotros y nosotras un ápice de consecuencia con un hombre congruente. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Procedemos al minuto de aplausos. Les ruego a todos ponerse de pie.
(Minuto de aplausos)
Orden, por favor. Diputados, orden.
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
La diputada Rocío Barrera Badillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Los migrantes son aquellas personas que dejaron su hogar o huyen de él por encontrarse en riesgo o para buscar mejores perspectivas de vida en otra región o en otro país.
Las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, en algunas regiones del mundo han propiciado que a los actuales movimientos migratorios se sumen los de aquellos que buscan proteger sus vidas de amenazas o escapan de regímenes poco democráticos y de violencia generalizada.
Lo anterior representa un reto para la gestión gubernamental en materia de protección, en especial en las acciones que faciliten la detección de los solicitantes de la condición como refugiados en México y en la procuración de políticas encaminadas a la integración de los refugiados a la sociedad mexicana.
En México, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, las solicitudes de refugiados aumentaron mil 26 por ciento, al pasar de mil 296 a 14 mil 596, sin embargo, el número de aceptación disminuyó en un 27 por ciento. En 2018 se reconocieron tan solo a 2 mil 825 personas como refugiadas o les brindaron protección complementaria.
Pese al incremento de las solicitudes de reconocimiento de refugiados en los últimos años en México, son un número muy reducido las que se llegan a otorgar ya que prevalecen los miles que son detenidos y devueltos cada año a sus países de origen por las autoridades migratorias.
Legalmente, en México toda persona extranjera en territorio nacional tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, misma que deberá presentar ante la Comar o Instituto Nacional de Migración, dentro de los 30 días siguientes a su ingreso a territorio nacional.
El procedimiento tiene una duración de 45 días hábiles, y durante este periodo los solicitantes de asilo se someten a una audiencia con la Comar en la que deben exponer los factores que amenazan sus vidas en los países de origen. Al término del plazo la dependencia emite una resolución respecto a la condición de refugiado, que también otorga derecho a la residencia de manera permanente.
Lo que queremos recalcar es que el proceso para alzar el estatus de refugiado puede ser desgastante, ya que la autoridad solicita muchos requisitos que el migrante no trae porque salió con premura de su sitio de origen, se los quitaron en el trayecto del viaje, y lo grave es que han documentado casos donde personas que viven huyendo de la violencia criminal, el desplazamiento forzado y han sido deportados y al llegar a sus lugares de origen han sido asesinados.
En meses pasados cruzaron caravanas masivas de migrantes donde se les ofreció atención especial y un trato digno, de acuerdo a lo establecido por nuestra Carta Magna y por los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.
Hoy presentamos esta iniciativa para realizar todos los trámites en materia migratoria con el objetivo de ofrecer a sus familias un mejor futuro, con la finalidad de convertir al gobierno en un facilitador del tránsito de migrantes, proponiendo que se reduzcan los tiempos para obtener la legalidad de su estancia e implementar programas de empleo temporal para refugiados.
La reforma que proponemos tiene dos grandes objetivos: el primero, reformar los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para reducir de 45 a 20 días el plazo que dure el trámite para obtener el reconocimiento de refugiado y con ello las personas puedan gozar de todos sus derechos, acciones, programas, medidas y garantías que otorgan las leyes.
Además, cuando las autoridades de nuestro país consideren que el ingreso masivo de migrantes corresponda a una emergencia humanitaria, la respuesta será de 10 días.
En segundo lugar, proponemos el artículo 44 de la Ley de Refugiados, la facultad de que la Secretaría de Gobernación en coordinación con las acciones de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal para la generación de empleos, para los migrantes.
Solicitamos el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados para que estas propuestas sean reformadas.
Es un tema que les debemos a los mexicanos y es un tema que les debemos también a aquellas personas que piden asilo político. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Rocío Barrera Badillo, integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 15 y el primer y segundo párrafos del artículo 24; y se adiciona la fracción V Bis al artículo 15 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosSi bien la migración es inherente a la historia de la humanidad, en la actualidad se ha convertido en un tema trascendental y sumamente polémico en la agenda de los principales países receptores de dicho éxodo, debido a su efecto demográfico, económico, político y social.
Centroamérica es la región del continente más poblada y al mismo tiempo la más pobre de Latinoamérica. La que menos oportunidades de empleo tiene, la más inestable políticamente y la que más ha sufrido a causa de la violencia. Siendo Guatemala la que más muertes ha registrado con 60 mil, le sigue Honduras con 54 mil y el Salvador con 37 mil, en los últimos 12 años.
En razón de lo anterior y considerando que 51 por ciento de los habitantes de esta región es pobre y 26 vive en una condición de extrema pobreza. No es una sorpresa que en los últimos 20 años han cruzado por México más de 6 millones de personas para encontrar en Estados Unidos una oportunidad para mejorar su calidad de vida y en cierre de este 2018 la migración centroamericana hacia el norte del continente se ha incrementado dramáticamente y a finales de octubre del presente año se cuentan más de 7 mil 500 centroamericanos intentando cruzar por México con rumbo a Estados Unidos.
Cada año, cerca de 700 mil inmigrantes llegan a tierras norteamericanas y desde 2016 se identificó que las principales detenciones que ocurren en la frontera con México son de personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, superaron en número a las de mexicanos.
Con base en estos antecedentes, el pasado sábado 13 de octubre un grupo de más de 4 mil hondureños, de todas las edades, inició una peregrinación al norte de Tegucigalpa hacia la frontera con Guatemala, con la intención de cruzar por México y llegar a Estados Unidos. Una ruta de 2 mil kilómetros que representa un reto por los obstáculos y peligros que tendrán que enfrentar a lo largo de dicho recorrido.
Por consiguiente, exhortamos al gobierno federal a garantizar asistencia institucional a todas las personas en tránsito y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ofreciendo atención especial y un trato digno a mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos y proteger en todo momento que no sean víctimas de violencia de género, tráfico de migrantes, trata de personas, y prostitución.
Desafortunadamente, cuando la caravana llegó a la frontera, las autoridades mexicanas indicaron que no sería posible su acceso argumentando que para entrar en el país se requería una visa o solicitar el reconocimiento como refugiados ante las autoridades migratorias, lo que hoy equivale a realizar un trámite que tarda hasta 45 días.
En México, el reconocimiento de la condición de refugiado tiene como fundamento internacional los artículos 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El artículo 1o. constitucional reconoce de manera amplia y sin excepción que toda persona goza de los derechos reconocidos por el Estado mexicano y en los instrumentos internacionales suscritos por éste. Ello significa que no sólo los nacionales gozarán de dichos derechos sino toda persona, independientemente de su condición de extranjeros y con independencia de su condición jurídica.
En esta tesitura, el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece:
Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:
I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; y
III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Siempre solidario y con estricto respeto de los derechos humanos fundamentales y conscientes de las precarias condiciones que están viviendo todos los seres humanos que dejaron su país y que están realizando esta peregrinación con el único objetivo de ofrecer a sus hijos un mejor futuro, sin importar que tengan que renunciar a su pueblo, a su lengua e incluso a sus costumbres, presento la siguiente iniciativa, a fin de convertir al gobierno en un facilitador del tránsito de migrantes, al reducir los tiempos para obtener la legalidad de su estancia e implantar programas de empleo temporal para refugiados.
El presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido una estrategia para emplear a los migrantes centroamericanos en diversos proyectos para el desarrollar el sureste México y vamos a requerir muchas manos para materializar los proyectos del Tren Maya, el Tren Transístmico y una gran reforestación que implicará plantar 4 millones de árboles en el próximo sexenio, con lo que vamos a dar trabajo a los mexicanos y estaremos en condiciones de ofrecer una oportunidad de empleo a los migrantes que vengan al país.
No obstante lo anterior, también anunció la pertinencia de que el nuevo gobierno ponga sobre la mesa este tema, con la finalidad de que Estados Unidos y Canadá sean solidarios con las dificultades que están orillando a miles de centroamericanos a abandonar su patria y caminar miles de kilómetros.
México debe mostrar empatía con las dificultades que representa cruzar de sur a norte la república y será muy importante apoyar a nuestros hermanos centroamericanos en su recorrido. Nadie abandona su país por el simple gusto de la aventura y menos cuando se cruza la frontera con la ilusión de encontrar en otra nación una respuesta a sus problemas y la única alternativa para sacar adelante a la familia.
¡Que quede claro! Por ninguna circunstancia disculpamos el ingreso en el país en forma desordenada y empujando cualquier obstáculo, pero también debemos reconocer que nuestra regulación en materia migratoria no se encuentra a la altura de las circunstancias y el profesionalismo de la administración anterior no cumplió las expectativas y el nivel de la emergencia.
Si bien los migrantes transgredieron la ley e irrumpieron masivamente en territorio nacional, ése no debe ser pretexto para estigmatizarlos como delincuentes. Su desesperación por encontrar un lugar seguro para sus seres queridos los ha obligado a recorrer un viacrucis que ponga fin a la tragedia que han vivido en sus países.
De manera específica, la reforma que propongo tiene dos grandes objetivos: el primero, reformar los artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para reducir a la mitad el plazo en que se realiza el trámite para obtener el reconocimiento de refugiado.
Quiero subrayar que ésta no es una propuesta basada en la coyuntura de las caravanas de migrantes centroamericanos que intentan cruzar el país, sino que se trata de una reforma que pretende ajustarse a las necesidades de un fenómeno del que tendremos que ser responsables en el futuro, tomando en cuenta que se estima que al cierre de este año se podrían presentar alrededor de 24 mil solicitudes de refugio y en 2019 podrían ser más 36 mil solicitudes.
En consecuencia, al reducir de 45 a 20 días el plazo para obtener el reconocimiento de refugiado, las personas que tengan la necesidad de cruzar por nuestro país gozarán de todos los derechos, acciones, programas, medidas y garantías previstos en favor de los solicitantes. Además, siendo conscientes de la tragedia que puedan vivir los pueblos hermanos de Centroamérica u otras naciones y que provoquen la movilización masiva de su población, establecemos que cuando las autoridades de nuestro país consideren que el ingreso masivo de migrantes corresponde a una emergencia humanitaria se dará respuesta en 10 días.
De manera complementaria y tomando en cuenta que la actual Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su artículo 44 que en virtud de las condiciones que presentan los refugiados, deberán recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, a ejercer el derecho al trabajo, consideramos que debe especificarse en dicho ordenamiento jurídico la facultad de la Secretaría de Gobernación de coordinar las acciones de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, en la generación de empleos para migrantes.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 15 y el primer y segundo párrafos del artículo 24; y se adiciona la fracción V Bis al artículo 15 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a la secretaría lo siguiente:
I. Efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado a los extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten de conformidad con los supuestos previstos en la presente ley, en un plazo no mayor de 20 días hábiles. En todos los casos a que se refiere esta fracción la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
II. a V. ...
V Bis. Coordinar las acciones de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, en la generación de empleos para migrantes;
VI. a XV. ...
Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando las autoridades de nuestro país consideren que el ingreso masivo de migrantes corresponde a una emergencia humanitaria se dará respuesta en 10 días.
Para los efectos del párrafo anterior, la secretaría solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los siete días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el particular.
...
I. a V. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Centroamérica es la región más densamente poblada y pobre de Latinoamérica, ocupa sólo 2.7 por ciento de la superficie de Latinoamérica, pero en ese espacio vive 7.2 de la población del continente. El Salvador, el país más pequeño de Latinoamérica, tiene la mayor densidad, con casi 300 habitantes por kilómetro cuadrado. De los centroamericanos, 51 por ciento vive en la pobreza y 26 en la extrema pobreza. Por tanto, las guerras, la inseguridad y los desastres naturales provocan inevitablemente desplazamientos masivos de población. Durante el último medio siglo, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador no han sufrido más que guerras, revoluciones, golpes de Estado, terremotos, huracanes, problemas que en vez de resolverse se han venido agravando.
https://www.nexos.com.mx/?p=22331
2 https://www.reporteindigo.com/reporte/amlo-dara-trabajo-a-migrantes- en-tren-maya-sanchez-cordero/
3 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Referencias
1 Amnistía Internacional, Enfrentando muros. Violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos y México, páginas 10-11. Recuperado de
https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/6426/2017/es/
2 Comar (2017). Estadísticas 2013-2017. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290340/ ESTADISTICAS_2013_A_4TO_TRIMESTRE_2017.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019. Diputadas: Rocío Barrera Badillo, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Carreón Mejía, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Carreón Mejía:Con su venia, diputada presidenta. Estimadas y estimados diputados, hoy vengo a hablar a favor de todos los municipios del país. La figura de la exención en materia fiscal ha sido utilizada a lo largo de la historia del derecho positivo mexicano, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por las legislaturas en las entidades federativas.
Esta figura supone para el gobernado un beneficio o ventaja fiscal, tomando en cuenta su particular situación de vulnerabilidad frente a la obligación fiscal. Sin embargo, esta ventaja supone una afectación mayor para la colectividad, tomando en cuenta la merma que se ocasiona al erario público municipal.
La baja recaudación a nivel municipal es un círculo vicioso que encierra a los municipios y los limita para disponer de recursos propios que contribuyen a su incremento presupuestal y con ello generar desarrollo para la comuna.
Adicional a lo anterior, en el paquete económico 2020 recortan más los recursos municipales impactando de manera directa en temas como es la inseguridad, una asignatura pendiente de este gobierno.
Una vez que se ha puesto un freno más al gasto federalizado y se ha propuesto reducir en mil millones de pesos al Fortaseg, uno de los principales subsidios de los municipios para afrontar los problemas de inseguridad, que es un tema que va en constante crecimiento.
Es importante también recalcar que, con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existe un aproximado de 103 mil 853 inmuebles del gobierno federal exento de pago predial, de los cuales 80 mil 130 pertenecen a oficinas de gobierno.
Además, hay en el país 449 mil 274 predios de propiedad pública, de los cuales 60 mil 27 son federales y 120 mil 962 son estatales que no pagan dicho impuesto.
En el mismo sentido, alrededor de 76 instalaciones aeroportuarias tanto nacionales e internacionales, que tampoco pagan el impuesto predial.
Cabe destacar que, de acuerdo con el índice de información presupuestal municipal 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, del total de los ingresos municipales, el 21.5 proviene de ingresos propios, mientras que la mayor cantidad proviene de transferencia federal que es el 73 por ciento.
Si se eliminaran las exenciones dentro de marco constitucional, los municipios recibirían por concepto de impuesto predial un monto por alrededor de nueve mil millones de pesos. De ahí la necesidad de impulsar desde la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley que promueva la captación de impuesto en buena parte de los municipios del país, pues la figura de exención en materia fiscal es un mecanismo que juega en detrimento de los municipios, pues son quienes sufren una afectación directa y significativa en su capacidad de captación.
Razón por la cual se colocan en la imposibilidad material de hacer uso de dichos recursos por el simple hecho de que los mismos no ingresan al erario.
La iniciativa que presento tiene la finalidad de fortalecer los mecanismos de recaudación municipal, pues al eliminar la exención de la que gozan los tres órdenes de gobierno del pago de contribuciones inmobiliarias, los municipios podrán captar más contribuciones para otorgar los satisfactores necesarios a la población, incrementar los recursos destinados al combate a la delincuencia, a la educación, a la salud, a la infraestructura y a los demás recursos que necesiten.
Por otra parte, consideramos que al reformarse el texto constitucional deberá mantenerse la exención solamente a las escuelas y a los hospitales con una visión social, en beneficio de la educación y la salud de los ciudadanos.
De ahí que pongo a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa para reformar el artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso c), a fin de que se eliminen la exenciones en el pago del impuesto predial a los inmuebles de la Federación, quedando exentos solamente los que tengan que ver con lo que es educación y salud. Estos beneficios para aquellos que sean utilizados para acciones educativas y de salud. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Carreón Mejía y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Carlos Carreón Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de exención fiscal al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa figura de la exención en materia fiscal ha sido utilizada a lo largo de la historia del Derecho Positivo Mexicano tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por las Legislaturas de las entidades federativas.
En primer plano, esta figura supone para el gobernado un beneficio o ventaja fiscal, tomando en cuenta su particular situación de vulnerabilidad frente a la obligación fiscal; sin embargo, esta ventaja supone una afectación mayor para la colectividad tomando en cuenta la merma que se ocasionada al erario público municipal.
I. Consideraciones
Son las Haciendas Públicas Municipales en las que sufren una afectación directa y significativa en su capacidad de captación de las contribuciones estipuladas a su favor, razón por la cual se colocan en la imposibilidad material de hacer uso de dichos recursos por el simple hecho de que los mismos no ingresan al erario.
El marco jurídico de la exención fiscal nos remonta al derecho mexicano, como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo en sociedad. Por su parte el Derecho fiscal es la rama del derecho mexicano que se encarga de regular el cobro de las contribuciones llevadas a cabo por el Estado en uso de su facultad soberana y por los medios correspondientes para ello.
Recaudación fiscal
Las diversas actividades llevadas a cabo por el Estado para garantizar la satisfacción de las múltiples necesidades de la sociedad a la que éste gobierna dependen de la captación de recursos a través del pago de las contribuciones de los sujetos obligados a ello, por ministerio de ley y en atención al principio de legalidad tributaria.
Lo anterior nos incita a observar que la falta de pago de las obligaciones fiscales de quienes son sujetos de las mismas supone el detrimento de los recursos con los que cuenta el Estado para garantizar el bien común y el desarrollo de sus comunidades.
En este mismo sentido, si el orden municipal de gobierno deja de recibir el pago de las contribuciones de manera oportuna, no le será posible presupuestar la cantidad de recursos adecuada para el buen funcionamiento de las instancias de la administración pública local y por ende la satisfacción de las necesidades y demandas de laciudadanía.
Exención definición jurídica
El Diccionario de la Real Academia Española establece que se entenderá por exención a la Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo.
Asimismo, Refugio de Jesús Fernández Martínez expone al respecto que, la exención puede definirse como una figura jurídica de carácter contributivo, en virtud de la cual se libera al sujeto pasivo de la obligación de pagar una contribución total o parcialmente por disposición expresa de la ley; definición ésta que permite ratificar a través de la doctrina el sentido otorgado en la primera definición transcrita.
Marco normativo
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expresan los alcances jurídicos de la recaudación de las contribuciones conforme a sus siguientes artículos:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [...] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
El párrafo anterior faculta a los diferentes órdenes de gobierno para llevar a cabo el cobro de las contribuciones y al mismo tiempo expresa la obligación a los mexicanos de contribuir al gasto público.
Por su parte el Artículo 115 dice que: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I...
II...
III...
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Cabe destacar que el propio artículo 115, fracción IV, inciso C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de exención fiscal estable actualmente que: Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Exenciones parciales otorgadas por las legislaturas de las entidades federativas
El análisis del artículo 115 Constitucional permite entender la facultad legal de que gozan las legislaturas de los estados para poder llevar a cabo, a través del proceso legislativo correspondiente, la creación de normas generales de aplicación y vigencia obligatorias para la entidad en cuestión que determinen los supuestos y formas en que los municipios llevarán a cabo el cobro de las contribuciones que permitan la percepción de ingresos a los mismos.
Sin embargo, las legislaturas de los estados a través de sus normas establecen excepciones de carácter parcial para grupos determinados, frente a las obligaciones fiscales.
Lo anterior, atenta contra la autonomía municipal y ha culminado en controversias constitucionales por parte de los municipios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recaudación fiscal municipal
Es importante recalcar también que con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía existe un aproximado de 103 mil 853 inmuebles del Gobierno Federal (exentos de pago de predial) de los cuales 80 mil 130 pertenecen a oficinas de gobierno; además, hay en el país 449 mil 274 predios de propiedad pública, de los cuales 60 mil 27 son federales y 120 mil 962 son estatales que no pagan dicho impuesto.
En este mismo sentido, alrededor de 76 instalaciones aeroportuarias tanto nacionales e internacionales que tampoco pagan el impuesto predial.
Cabe destacar que de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal 2018 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), del total de los ingresos municipales el 21.5% proviene de ingreso propios, mientras que la mayor cantidad de estos, el 73% lo trasfiere la federación.
Si se eliminaran las exenciones dentro del marco constitucional, los municipios recibirían por concepto de impuesto predial un monto por alrededor de 9 mil millones de pesos.
De acuerdo con lo antes enunciado hay que tomar en cuenta entonces que el municipio libre es la base para la administración pública en el estado mexicano, y además goza de autonomía total para la administración de sus ingresos resultado de la captación de contribuciones diversas.
Corresponde por tanto a las Legislaturas Estatales establecer, las normas que determinarán la captación de los ingresos a favor de los municipios.
Cabe destacar además que las legislaturas estatales no cuentan con la facultad de establecer exenciones o subsidios en favor de persona institución alguna respecto de las contribuciones contenidas en los incisos a) y b) del ordinal 115 constitucional.
II. Conclusiones
Es necesario entonces fortalecer los mecanismos que permitan un incremento en la recaudación municipal, en el entendido de que el municipio es el primero de los tres órdenes de gobierno, es aquí donde la ciudadanía expresa sus necesidades y la autoridad municipal es la primera en recibir las demandas de la población.
La finalidad es eliminar la exención que gozan los tres órdenes de gobierno del pago de contribuciones inmobiliarias, para respetar la autonomía municipal y permitir que los municipios cuenten con mayor cantidad de recursos para cumplir con la prestación de los servicios a su cargo.
El municipio al captar más contribuciones podrá otorgar los satisfactores necesarios a la población, incrementar los recursos destinados al combate a la delincuencia, educación, salud, infraestructura, etc.
Por otra parte, consideramos que, al reformarse el texto constitucional, deberá mantenerse la exención solamente a las escuelas y hospitales públicos, como una visión social en beneficio de la educación y la salud de los ciudadanos.
Con respecto a lo que en este sentido se señala, la modificación al artículo 115, fracción IV, inciso C, segundo párrafo, debe darse de la siguiente manera:
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a esta soberanía el siguiente proyecto de
DecretoÚnico: Se reforma el segundo párrafo, del inciso C, de la Fracción IV, del artículo 115 Constitucional sobre la exención del pago de impuesto predial para quedar como sigue:
Artículo 115
I...
II...
III...
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes que sean utilizados por instituciones públicas educativas. También quedaran exentos las instancias de salud y únicamente cuando sean de carácter público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.
V...
VI...
VII...
VIII...
IX...
X...
Artículo TransitorioÚnico: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019. Diputado Carlos Carreón Mejía (rúbrica).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Irma María Terán Villalobos:Con la venia de la Presidencia. Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos tenido que luchar por nuestro reconocimiento como iguales ante la ley, frente a los hombres.
Hemos dado la batalla por lograr acciones afirmativas que contribuyan a generar equidad en nuestra participación dentro del desarrollo de esta gran nación. Y un claro ejemplo es esta legislatura de la paridad.
Sin embargo, les pregunto a mis compañeras de este pleno, ¿les parecería correcto que nuestros pares hombres tuvieran una dieta mayor a la de nosotras? No, ¿verdad? Es por eso que debemos esforzarnos en que la igualdad sustantiva, entendida como el ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana, también ocurra en lo laboral.
Para gozar de nuestros derechos como mujeres que aportamos al crecimiento de este gran país, debemos eliminar de una vez por todas, la terrible brecha salarial entre mujeres y hombres. Esta asimetría en la percepción salarial por trabajo igual entre mujeres y hombres, en condiciones iguales, no se funda en una explicación razonable, sino en el prejuicio de los roles y en una discriminación por condición de género.
Esta demanda trasciende al simple reclamo de obtener la misma paga por el mismo empleo. Significa hacer valer los derechos que conlleva el reconocimiento entre iguales, y cuyo impacto positivo se puede reflejar en el desarrollo personal, familiar, social y laboral.
Por ejemplo, con los préstamos para la vivienda o los fondos de ahorro para el retiro y otros créditos bancarios.
ONU Mujeres ha calificado la brecha salarial del 23 por ciento entre mujeres y hombres como un robo. Evidenció que, en promedio, las mujeres ganan 77 centavos menos por cada dólar que logran los hombres.
La misma organización ha señalado que existen países donde la asimetría en la percepción salarial entre mujeres y hombres es enorme, como viene siendo en Turquía, que alcanza el 75 por ciento; en Alemania, el 49 por ciento, y en Francia, hasta un 31 por ciento.
En España tampoco es diferente la historia, una mujer gana cada hora 13 por ciento menos en promedio que un hombre. Ahora, también nuestro vecino, Estados Unidos, reporta un ingreso anual promedio de las mujeres del 20 por ciento menor que el de los hombres en condiciones igualitarias.
Como todos sabemos, aquí en México esta disparidad tampoco está ausente, aunque entre los trabajadores de la escala más baja la diferencia alcanza el cinco por ciento, mientras que en los puestos directivos y profesionales la simetría se eleva hasta el 15 por ciento, según datos del Inegi.
Compañeras y compañeros legisladores, esta legislatura de la paridad pasó por un momento crucial de análisis y debate en el dictamen de la reforma laboral. Por eso es una gran ocasión para reformar el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer explícitamente que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual entre mujeres y hombres, sin excepción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de brecha salarial e igualdad sustantiva, con base en la siguiente:
Exposición de MotivosDecía Aristóteles que el carácter de la injusticia es la desigualdad. El mejor ejemplo de ello se muestra en el ámbito laboral donde mujeres y hombres buscan un modo digno para vivir y no solo pretenden el intercambio simple de la mercancía trabajo por un salario, por cierto, hoy reconocido de manera más efectiva como un derecho humano.
Desafortunadamente, las mujeres a lo largo de la historia han tenido que luchar primero por su reconocimiento como iguales ante la ley frente a los hombres y luego han tenido que dar la batalla por acciones afirmativas que contribuyeran a que su participación en el desarrollo de la nación sea más efectiva, es decir, para lograr la igualdad sustantiva en la vida cotidiana.
De acuerdo con el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores -que fue la primera dependencia certificada en el cumplimiento del Protocolo para la atención, prevención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual- la igualdad de derecho reconoce a cada persona como titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley; mientras que, la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana.
En el documento La hora de la igualdad sustantiva publicado por ONU Mujeres, se recupera una de las muchas posibilidades para definir la igualdad sustantiva, misma que se recupera -a continuación, por su complejidad e integralidad- conforme a la definición de la Doctora en Filosofía por la universidad de Paris, María Isabel Santa Cruz.
Igualdad es equipotencia o la capacidad de ejercicio del poder, no solo el de resistir, sino el de contar con la fuerza y los recursos necesarios para la autonomía (que falta que nos hace); igualdad es equivalencia o tener el mismo valor en el sentido de no ser considerado ni por debajo ni por encima del otro; igualdad es equifonía o sea la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y credibilidad.
Cabe recordar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw) fue el origen del concepto de igualdad sustantiva, a través de la recomendación general número 25 en el 2004.
Desafortunadamente, mujeres y hombres encuentran brechas de desigualdad en diversos ámbitos de la vida cotidiana y que impactan en su desarrollo personal, familiar, social y laboral. Un aspecto muy obvio es el de la desigualdad en la esfera del trabajo, pues no solamente por el mismo cargo y con las mismas tareas gana menos una mujer que un hombre, sino que la efectividad de sus derechos humanos se merma cuando deciden optar por la maternidad, a pesar del cúmulo legal de protección supuestamente en su favor.
En México, esta disparidad no está ausente, aunque entre los trabajadores de la escala más baja de las empresas e instituciones, la diferencia salarial alcanza apenas el 5 por ciento, en los puestos directivos y profesionales la diferencia de salarios llega hasta el 15 por ciento según los Indicadores de Género de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el documento Construir un México Inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género se plantea si se redujera la brecha de género en la participación en la fuerza de trabajo de personas entre 15 y 74 años se añadirían 0.16 por ciento puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual proyectada en el PIB per cápita para el periodo 2013-2040. Es decir, si sumamos fuerzas en igualdad de condiciones, México tendría un futuro más próspero que si seguimos discriminando a la mitad de su población.
Otro aspecto que confirma la brecha salarial es el estudio Mujeres y Hombres 2018 publicado por el Inmujeres y el Inegi donde se advierte que, al analizar la cantidad monetaria que reciben hombres y mujeres por su participación en la actividad económica, a partir de la mediana del ingreso mensual real de trabajo, se evidencia que independientemente de la escolaridad, la edad o el estado civil, la remuneración de las mujeres es persistentemente menor desde el 2005 hasta el 2018, tal como se observa en la siguiente tabla tomada del estudio en cita.
En España tampoco es diferente la historia, una mujer gana cada hora 13 por ciento menos en promedio que un hombre por la misma labor, de acuerdo con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) mientras que, la Encuesta de Estructura Salarial Europea de 2014, concluyeron que una mujer gana cada hora un 14.9 por ciento menos que un hombre.
En los Estados Unidos, la historia es muy similar, la asociación civil Association of Collegiate Allumnae tiene un estudio en el que se mide el ingreso anual promedio de una mujer frente al de un hombre por la misma labor que para 2017 fue bajo el siguiente esquema:
Resalta el mismo estudio que sin importar cómo se haga el análisis, ya sea por ingreso por hora, mensual o anual, el resultado es el mismo, una amplia brecha salarial entre ellas y ellos.
Lo peor de esta injusticia es la consecuencia posterior que trae esta desigualdad pues en el largo plazo financieramente implica la persistencia en rangos de pobreza de las mujeres, tan es así que para el mismo año 2017, el 13 por ciento de las mujeres de entre 18 y 64 años vivieron en condiciones por debajo de la línea de pobreza frente al 9 por ciento de los hombres en el mismo rango de edad.
¿Qué significa esto? Que no combatir esta brecha salarial significa condenar a las mujeres a persistir en la pobreza, por más trabajo, esfuerzo, capacitación y educación profesional que tengan.
Esto impacta no solo la capacidad de pago inmediata de las mujeres, sino su autonomía en el mantenimiento de una familia, en inversión personal, en adquisición de créditos, en los servicios de seguridad social, en los créditos para vivienda y, muy importante, en el monto para su retiro o jubilación.
Al recuperar el contexto de México se advierte que la Ley Federal del Trabajo ya contempla en el artículo 2o. la tutela de la igualdad sustantiva del trabajador y trabajadora frente al patrón.
Señala el mismo artículo que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. También supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.
En este mismo sentido, el artículo 56 de la citada norma señala:
Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.
Es decir, si la Ley Federal del Trabajo tutela la igualdad sustantiva para el ejercicio efectivo de los derechos laborales de mujeres y hombres para trabajo igual y sin ningún tipo de discriminación en México; resulta necesario, oportuno y urgente ser congruentes con la lucha de las mujeres no solo por visibilizar su aportación a la economía del país, sino por garantizar que nunca reciban un pago menor por el mismo trabajo en las mismas condiciones frente a un hombre.
Inclusive, la fracción VII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad. En tal virtud se propone en esta iniciativa armonizar lo que dispone la norma constitucional con la ley reglamentaria a fin de sumar esfuerzos desde el ámbito legislativo en materia de igualdad sustantiva y brecha salarial.
Para mayor ilustración de la propuesta, se expone a continuación la redacción de los artículos vigentes en laLey Federal del Trabajo8 a modificar y la respectiva propuesta en negritas:
Sobre el particular debe recordarse que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. De tal manera que no podrá excusarse bajo ninguna circunstancia un salario menor de manera explícita o implícita con el resto de prestaciones aquí mencionadas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este honorable pleno de la asamblea el siguiente
DecretoÚnico. Se reforma y adiciona un párrafo del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual entre mujeres y hombres, sin excepción.
Para la efectividad de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá atenderse la integración del salario conforme lo dispone el artículo 84 de esta Ley.
TransitoriosPrimero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo. El Ejecutivo federal, por medio de la titular de la Secretaría del Trabajo difundirá, por los medios más apropiados el contenido y espíritu del presente Decreto y emitirá los lineamientos que deberán observarse para darle cabal cumplimiento.
Notas
1 Publicado en el DOF el 31/08/2016. Disponible en:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/docs/protocolo.pdf
2 Consultado en:
https://www.gob.mx/sre/articulos/igualdad-de-derecho-e-igualdad-sustantiva
3 Citados en El Economista. García, Ana Karen. Discriminación salarial por género se agudiza cuando es más alto el puesto al que aspiran las mujeres. Octubre 26, 2018. Consultado en:
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Discriminacion-salarial- por-genero-se-agudiza-cuando-es-mas-alto-el-puesto-al-que-aspiran-las- mujeres-20181026-0048.html
4 Consultado en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825100766.pdf
5 Disponible en:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Glossary: Structure_of_earnings_survey_(SES)
6 AAUW. The simple truth about the gender pay gap. 2018. Disponible en:
https://www.aauw.org/aauw_check/pdf_download/show_pdf.php? file=The_Simple_Truth
7 Ley Federal del Trabajo. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
8 Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre de 2019. Diputadas: Irma María Terán Villalobos, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO FEDERAL DE AGRESORES SEXUALES
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Federal de Agresiones Sexuales.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez:Muy buenos días, tardes ya, muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Querido pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, los delitos cometidos contra la libertad sexual han ido en aumento conforme a los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2016 se cometieron 35 mil 92, de los cuales 14 mil 974 fueron de abuso sexual, mil 316 de acoso sexual, 921 de hostigamiento sexual, 10 mil 897 de violación, 2 mil 547 de violación equiparada, 43 de incesto y 4 mil 394 de otros delitos sexuales.
Por su parte, en el 2017 se cometieron 36 mil 923, de los cuales 15 mil 821 fueron de abuso sexual, mil 685 de acoso sexual, mil 50 de hostigamiento sexual, mil 722 de violación, perdón, 10 mil 722 de violación, 2 mil 734 de violación equiparada, 35 de incesto y 4 mil 876 de otros delitos sexuales.
En el 2018 se cometieron 41 mil 398, de los cuales 18 mil 288 fueron de abuso sexual, 2 mil 825 de acoso sexual, mil 222 de hostigamiento sexual, 11 mil 593 de violación, 2 mil 965 de violación equiparada, 10 de incesto y 4 mil 495 de otros delitos sexuales.
De lo anterior, es evidente que en el 20162017 el índice de los delitos contra la libertad y seguridad sexual aumentaron en más del 5 por ciento y del 2017 al 2018 hubo un aumento de poco más del 12 por ciento.
Lo anterior pone de manifiesto que las actuales penas y sanciones no han sido suficientes para prevenir y disminuir la comisión de este tipo de delitos, por ello el objetivo de la presente iniciativa de ley es la creación del Registro Federal de Agresores Sexuales, el cual estará a cargo del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá contener, entre otros datos, los siguientes:
Nombre y fecha de nacimiento, sobrenombres o alias con los cuales se le conoce, señas particulares, datos de residencia, permanente o temporal, números telefónicos, direcciones de Internet o de las páginas sociales que utilice, datos de su fuente de trabajo, datos de documentos oficiales, registros de ADN. Copia digitalizada de la sentencia condenatoria, fotografía actual y datos de identificación del o de los vehículos automotores que tenga.
La innovación que plantea la presente iniciativa es que el mencionado registro sea publicado en la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior, como parte de la sanción impuesta al delincuente y para que la ciudadanía en general pueda consultar si en su colonia, ciudad o estado reside, de manera permanente o temporal, una persona condenada por algún delito de naturaleza sexual, con la finalidad de ser un instrumento de prevención de este tipo de delitos.
Asimismo, también se propone que sean las fiscalías de justicia de los estados y de la Ciudad de México quienes recopilen, almacenen y envíen al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los elementos actualizados que componen el Registro Federal de Agresores Sexuales, con lo cual se tendrá un control de este tipo de delincuentes, desalentando con ello la comisión o la reincidencia.
Lo que se pretende con esta iniciativa es inhibir este tipo de delitos que afectan cada vez más tanto a la población femenina como masculina en nuestro país.
También quiero comentar que deseo que esta iniciativa sea acumulada a las ya dos iniciativas que existen en la Comisión de Justicia y que están en trámite de dictaminación para que pueda ser tomada en consideración.
Nosotros proponemos que la persona que cometa este delito pueda ir al padrón, una vez que haya una sentencia condenatoria. Lo anterior, para no vulnerar sus derechos.
Por último, solicito a esta Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates correspondiente.
Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl derecho penal había sido conceptualizado por los juristas italianos clásicos bajo la denominación de Diritto crimínale. Por el contrario, los autores españoles del siglo XIX, emplearon unánimemente la denominación derecho penal.
El derecho penal puede definirse como la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de las conductas antijurídicas, culpables y punibles. Esa potestad supone, por un lado, la de regular las condiciones del castigo y de la aplicación de las medidas de seguridad, como complemento o substituto de la pena.
Esa regulación corresponde al llamado derecho penal sustantivo o derecho penal propiamente dicho. Esa misma potestad supone, por otro lado, la de regular los procedimientos para imponer la pena y las medidas de seguridad, esto representa la materia propia del llamado derecho procesal penal.
Finalmente, la potestad de castigar y aplicar medidas de seguridad y corrección supone la de regular la ejecución de la pena o de la medida impuesta.
El derecho penal sustantivo que regula con absoluta independencia de las otras ramas, las infracciones punibles y las sanciones y medidas aplicables. Por otra parte, la pena o la medida aplicable al autor sería una pura amenaza si al juicio no siguiera la ejecución penal. La cual no representa un poder arbitrario de la autoridad encargada de realizarla, tiene sus regulaciones particulares.
Por su parte, el delito ha sido definido tradicionalmente como la conducta (por acción u omisión) típica, antijurídica, culpable y punible, sometida a una sanción penal y a condiciones objetivas de punibilidad. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere,que significa apartarse del buen camino, alejarse del sendero marcado por la ley.
Los delitos se han clasificado de la manera siguientes:
1. Por las formas de culpabilidad: culposo, doloso y preterintencional.
2. Por la forma de la acción: comisión y omisión.
3. Por la calidad del sujeto activo: comunes y especiales.
4. Por la forma procesal: de acción pública y de instancia privada.
5. Por el resultado: materiales y formales.
6. Por el daño que causan: de lesión, de peligro y de resultado.
Asimismo, el derecho penal ha clasificado los delitos en particular, de la manera siguiente:
1. Contra la vida: homicidio, auxilio al suicidio, feminicidio, lesiones, aborto y genocidio.
2. Contra el honor: calumnia, difamación e injuria.
3. Contra la libertad: amenazas, desaparición forzada, secuestro, esclavitud, sustracción de menores, tortura y tráfico de personas.
4. Contra la tolerancia a las diferencias: discriminación, racismo, etcétera.
5. Contra la intimidad: espionaje, violación de correspondencia, allanamiento de morada o violación de domicilio.
6. Contra la propiedad o el patrimonio: daños, contrabando, estafa, apropiación indebida, extorsión, robo, incendio, peculado, usurpación, usura, etcétera.
7. Delitos contra el orden público; rebelión, sedición, motín, traición,
8. Delitos contra la salud.
9. Delitos contra la seguridad pública.
10. Contra la libertad sexual: abuso sexual, estupro, violación, pornografía infantil, incesto, hostigamiento sexual, entre otros.
Los delitos que interesan para los fines de la presente iniciativa, son aquellos en contra la libertad y seguridad sexual, los cuales son definidos como los cometidos por actos verbales o físicos de contenido sexual que se comenten contra una persona de cualquier edad o sexo, sin su consentimiento o a través del engaño, los cuales afectan o perturban o afectan el desarrollo psicosexual de la víctima.
Conforme a los Códigos Penales en México, los delitos contra libertad y seguridad sexual son: Estupro; Violación; Abuso sexual; Hostigamiento sexual; e Incesto.
Por lo que ve al delito de estupro, puede conceptualizarse como al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio del engaño; su bien jurídico tutelado es la seguridad sexual y la inexperiencia de la persona menor de edad y mayor de quince años.
Los elementos constitutivos del delito de estupro son: a). La cópula; b). En persona mayor de quince años y menor de dieciocho; c). El consentimiento obtenido por medio del engaño.
Por su parte el delito de violación se da cuando al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo; siendo su bien jurídico tutelado el derecho de las personas a copular de manera libre y abstenerse de hacerlo con quien no sea de su agrado.
Los elementos constitutivos del delito de violación son: a). La cópula; b). La violencia física o moral.
Además la ley establece los casos en los cuales se equipara a la violación, la cópula con persona menor de quince años; al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.
Por su parte, el delito de hostigamiento sexual, se actualiza cuando al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación; el bien jurídico tutelado es la libertad sexual.
Los elementos constitutivos del delito de hostigamiento sexual son: a). Asedio reiterado con fines lascivos; b). Existencia de una relación jerárquica que implique subordinación.
En otro orden de ideas, el delito de abuso sexual se actualiza en quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.
Se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.
Asimismo, se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.
También se considera abuso sexual a quien ejecute los actos sexuales en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona.
Por otra parte, el delito de incesto se actualiza cuando los ascendientes tengan relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad.
Mención aparte, debo decir que dentro del derecho penal la pena constituye el tercero de los elementos dentro del clásico tríptico: delito, delincuente y pena. Desde que Francis Lieber, en 1834, utilizó por primera vez el término penología, definiéndola como la rama de la ciencia criminal que se ocupa del castigo del criminal, el estudio de la pena, como medio directo de lucha contra el delito, constituye tal vez el más fundamental capítulo de esta disciplina.
El concepto de pena es menos amplio que el de sanción. Desde que se tiene noción del delito surge como su consecuencia, e históricamente aparejada a él, la idea de castigarlo, y allí nace la pena. El concepto de sanción es, en cambio, bien moderno, desde que su elaboración fue fundamentalmente obra de los positivistas.
En ese sentido, la sanción implica la imposición de una pena, pero también de una medida de seguridad, así como la reinserción social del delincuente. La sanción es impuesta por el Estado ante la transgresión de un determinado bien jurídico al que se le ha protegido previamente mediante una ley.
La sanción puede perseguir el fin del cumplimiento de una norma jurídica, la indemnización en caso de que no sea posible este cumplimiento, y la imposición de una pena en caso de que la lesión del bien jurídico sea grave.
Relativo a los delitos cometidos contra la libertad sexual, de conformidad con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2018 se cometieron 41,398 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual, de los cuales 18,288 fueron de abuso sexual, 2,825 de acoso sexual, 1,222 de hostigamiento sexual, 11,593 de violación, 2,965 de violación equiparada, 10 de incesto y 4,495 de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual.
Por su parte, en 2017 cometieron 36,923 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual, de los cuales 15,821 fueron de abuso sexual, 1,685 de acoso sexual, 1,050 de hostigamiento sexual, 10,722 de violación, 2,734 de violación equiparada, 35 de incesto y 4,876 de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual.
Asimismo, en 2016 cometieron 35,092 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual, de los cuales 14,974 fueron de abuso sexual, 1,316 de acoso sexual, 921 de hostigamiento sexual, 10,897 de violación, 2,547 de violación equiparada, 43 de incesto y 4,394 de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual.
De lo anterior, en evidente que de 2016 a 2017, el índice de los delitos contra libertad y seguridad sexual aumentaron en más de 5%, y de 2017 a 2018 hubo un aumento de poco más del 12%, con lo que se demuestra que la simple pena y sanción de los delitos no ha sido suficiente para prevenir la comisión de estos delitos.
Por lo que en se sentido, el objetivo de la presente iniciativa de ley, es la creación del Registro Federal de Agresores Sexuales, el cual estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá contener los siguientes datos: nombre y fecha de nacimiento; sobrenombres o alias con los cuales se le conoce; señas particulares; datos de su residencia, permanente o temporal; números telefónicos; direcciones de internet o de las páginas sociales que utilice; datos de su fuente de trabajo; datos de documentos oficiales como credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir, entre otros; información escolar; registros de su Ácido Desoxirribonucleico (ADN); ficha signaléctica; copia digitalizada de la sentencia condenatoria; breve descripción del delito por el cual fue sentenciado y los demás antecedentes penales que tuviese; fotografía actual; y datos de identificación del o los vehículos automotores que tenga.
La innovación que plantea la presente iniciativa es que dicho Registro, sea publicado en la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos de los Agresores Sexuales como el nombre, sobrenombres o alias con los cuales se le conoce; seña particulares; datos de su residencia, permanente o temporal; direcciones de internet o de las páginas sociales que utilice; fotografía actual; y datos de identificación del o los vehículos automotores que tenga.
Lo anterior, como parte de la sanción impuesta al delincuente y para que la ciudadanía en general pueda consultar si en su colonia, ciudad o Estado, reside de manera permanente o temporal, una persona condenada por algún delito de naturaleza sexual, con la finalidad de ser un instrumento de prevención de este tipo de delitos.
Asimismo, se propone que sean las Fiscalías de Justicia de los Estados y la Ciudad de México, quienes recopilen, almacenen y envíen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los elementos actualizados que componen el Registro Federal de Agresores Sexuales, con lo cual se tendrá un control de este tipo de delincuentes desalentando la reincidencia de estas conductas delictivas.
Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable congreso de la unión, el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único. Se expide la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales, para quedar como sigue:
Título Único Capítulo PrimeroArtículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y tiene por objeto crear el Registro Federal de Agresores Sexuales, prevenir la comisión de los delitos de naturaleza sexual, así como desincentivar su reincidencia.
Artículo 2. El Registro Federal de Agresores Sexuales es el sistema público de información, que contiene los datos de las personas que han sido condenadas por cualquier delito de naturaleza sexual.
Artículo 3. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será el Organismo encargo de llevar el Registro de todas aquellas personas que hubiesen sido condenados mediante sentencia firme, por cualquier delito de tipo de naturaleza sexual.
Artículo 4. El Ejecutivo Federal promoverá? la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta ley.
Capítulo SegundoArtículo 5. Principio de legalidad o de primacía de la ley, consistente en que todo el ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Así como el actuar de los ciudadanos al cumplir con las condiciones y requisitos que determine la presente ley.
Artículo 6. Principio de racionalidad, radica en que la iniciativa de ley o decreto deber ser en la justa medida del problema que motive su solicitud, sin que pueda extralimitarse sus contenidos y alcances.
Artículo 7. Principio de no Discriminación. Tiene por objeto garantizar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades en el goce y disfrute de los derechos humanos de todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, su religión o sus creencias, discapacidad, edad u orientación sexual.
Artículo 8. Principio democrático, consistente en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en la aplicación de la presente ley, sin discriminaciones de carácter político, religioso, racial, ideológico, o de alguna otra especie.
Artículo 9. Principio de corresponsabilidad, que es el compromiso compartido de acatar, por parte de la ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas.
Artículo 10. Principio de solidaridad, es la facultad de los ciudadanos para tomar los problemas de otros como propios, buscando en todo momento la solución de los mismos y los beneficios serán para toda la ciudadanía.
Artículo 11. Principio de buena fe, en razón de que los intervinientes deberán de tener una conducta recta y honesta durante la formulación y aprobación de la ley o decreto que se trate.
Capítulo TerceroArtículo 12. La información que deberá contener el Registro Federal de Agresores Sexuales, serán los siguientes:
I. Nombre y fecha de nacimiento.
II. Sobrenombres o alias con los cuales se le conoce.
III. Señas particulares.
IV. Datos de su residencia, permanente o temporal.
V. Números telefónicos.
VI. Direcciones de internet o de las páginas sociales que utilicé.
VII. Datos de su fuente de trabajo.
VIII. Datos de documentos oficiales como credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir, entre otros.
IX. Información escolar.
X. Registros de su Ácido Desoxirribonucleico (ADN).
Ficha signaléctica.
XI. Copia digitalizada de la sentencia condenatoria.
XII. Breve descripción del delito por el cual fue sentenciado y los demás antecedentes penales que tuviese.
XIII. Fotografía actual.
XIV. Datos de identificación del o los vehículos automotores que tenga.
Artículo 13. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para consulta de la ciudadanía en general, publicará de manera actualizada, en su página de internet, el Registro de Agresores Sexuales, con la información siguiente:
I. Nombre, sobrenombres o alias con los cuales se le conoce.
II. Señas particulares.
III. Datos de su residencia, permanente o temporal.
IV. Direcciones de internet o de las páginas sociales que utilice.
V. Fotografía actual.
VI. Datos de identificación del o los vehículos automotores que tenga.
Artículo 14. La Federación, los Estados y la Ciudad de México, a través de sus Fiscalías Generales, deberán recopilar, almacenar y enviar la información a que alude esta Ley, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 15. La página de internet que publicará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también contendrá información relativa a la educación sexual y a la prevención de los delitos de naturaleza sexual.
Artículo 16. Cuando el Agresor Sexual sea menor de edad al momento de ser sentenciado por el delito de naturaleza sexual, sus datos de Registro, no serán publicados en la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, cuando cumpla 18 años de edad, los mismos deberán de aparecer conforme lo establece el artículo 13.
Artículo 17. Las personas que hayan cometido un delito de naturaleza sexual en el extranjero y fueran sentenciadas por ello, serán incluidas en el Registro Federal de Agresores Sexuales, cuando residan en el país, observado los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Artículo 18. Las personas que hubiesen sido condenados por cualquier delito de naturaleza sexual, deberán de informar a las Fiscalías Generales de Justicia de las Estados y de la Ciudad de México, lo siguiente:
I. Su cambio de residencia, ya sea permanente o temporal.
II. Sus números telefónicos y los cambios que hagan.
III. Los datos de los vehículos que se encuentren a su nombre, así como los cambios que realicen.
IV. Direcciones de internet o de las páginas sociales que utilice, así como los cambios que haga.
V. Fotografía actual.
Artículo 19. Quienes incumplan con lo establecido en el artículo anterior, se les impondrá de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 500 a 1500 Unidades de Actualización y Medida.
Artículos TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre del 2019. Diputadas: Mary Carmen Bernal Martínez, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Jannet Tellez Infante, Julieta García Zepeda, Lidia García Anaya (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández:Con su venia, diputada presidenta. En nuestro país la discriminación y la negación de derechos hacia nosotras las mujeres continúa siendo una constante. De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, que elabora Inegi, más del 50 por ciento de las mexicanas entrevistadas señalaron que los últimos cinco años se les negó en al menos una ocasión la posibilidad de recibir apoyos de programas sociales.
De igual forma, el 45.9 por ciento señaló que al menos una vez les fue negada la atención médica o medicamentos en el mismo periodo. Es importante hacer notar que el acceso a la justicia tiene una estrecha relación con los obstáculos presentes en la normatividad, por lo que es necesario brindar mayor relevancia al combate de la violencia de género que proviene desde nuestras instituciones públicas.
En su estudio El Estado, como aparato reproductor de violencia contra las mujeres, Amnistía Internacional menciona que los Estados latinoamericanos, entre ellos México, no solo fallan en la prevención y erradicación de la violencia de género a manos de terceros, sino que ellos mismos también son generadores de violencia institucional.
En las últimas semanas hemos escuchado de diversos casos que han podido trascender entre los medios de comunicación, en el que mujeres que sufrieron algún delito son doblemente victimizadas cuando buscan justicia.
Desafortunadamente, en nuestro país también existen otros grupos de personas en situación vulnerable frente a la violencia institucional, como las niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, indígenas, adultos mayores y migrantes, solo por mencionar algunos.
Por tal razón, es indispensable fortalecer nuestra legislación vigente, en virtud de que se pueda garantizar que nadie pueda ser víctima de discriminación por parte de las instituciones del Estado mexicano, y se les asegure el acceso a una vida libre de violencia institucional.
Sabemos que ya está legislado en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero es imprescindible seguir avanzando hacia una armonización legislativa en el Código Penal Federal.
En virtud de lo que expuse, propongo ante esta soberanía una reforma al artículo 215 del Código Penal Federal, como ya lo mencioné, con la finalidad de sancionar a todo servidor público que cometa actos u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan:
1. El goce y disfrute de los derechos humanos.
2. El acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las diferentes modalidades de violencia contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
3. Así como toda protección o servicio que están obligados a prestar.
Compañeras y compañeros, nuestro marco legal ya establece obligaciones, atribuciones y mecanismos para que los servidores públicos nos garanticen nuestros derechos humanos a las mexicanas, por lo que ya no hay pretexto; el Estado mexicano tiene que mandar un fuerte mensaje y claro de cero tolerancia a los actos de discriminación y violencia institucional en contra de nosotras las mujeres. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, bajo la siguiente
Exposición de MotivosDe acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala en la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis) 2017 que el 53.7 por ciento de las mujeres mayores de 18 años entrevistadas señalaron que en los últimos cinco años se les negó en al menos una ocasión la posibilidad de recibir apoyos de programas sociales. De igual forma, el 45.9 por ciento de las mujeres entrevistadas señaló que en al menos una ocasión les fue negada la atención médica o medicamentos en el último lustro. A continuación, se muestra una tabla elaborada por el Inegi en donde es posible apreciar dichas cifras. (Inegi, 2017)
En este mismo tenor, la Segunda Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-2017) el 70.7 por ciento de los entrevistados señalaron que consideran que sí existe discriminación en contra de las mujeres. Asimismo, según esta encuesta las mujeres ocupan el séptimo lugar dentro de los grupos más discriminados dentro de la Ciudad de México. (Copred, 2017).
Sin lugar a dudas, la discriminación y la negación de derechos hacia la mujer continúa siendo una constante en nuestro país. Al respecto, es necesario hacer notar que el acceso a la justicia tiene una estrecha relación con los obstáculos presentes en la normatividad y en el procedimiento judicial. Silvia Daniela Heim cita en su tesis doctoral titulada Mujeres y Acceso a la Justicia a Carlos Lista al respecto de dicha situación. A la letra señala lo siguiente:
Lo define en términos del acto que permite el acceso a la justicia formal y que dirige la mirada hacia los obstáculos que presentan las normas jurídicas y, especialmente, la estructura y el funcionamiento del poder judicial. La atención es puesta, sobre todo en el Estado y lo que éste puede y debe hacer al respecto (...). (Lista, 2009)
De la anterior cita es posible desprender que es necesario combatir los obstáculos judiciales y procesales para poder, eventualmente, garantizar el acceso a la justicia para los grupos más vulnerables, incluyendo, por supuesto, a las mujeres.
Por su parte, la organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional señala en su texto El Estado como aparato reproductor de violencia contra las mujeresque:
El informe parte de un análisis del contexto de violencia de género persistente en toda la región y sobre la que los Estados no han demostrado el compromiso político requerido para combatirla y erradicarla. En este informe, Amnistía Internacional argumenta que los Estados no sólo fallan en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres a manos de terceros, sino que son ellos mismos generadores de violencia institucional. (Amnistía Internacional, 2017)
De igual forma, en este mismo texto Amnistía Internacional menciona que la restricción de los derechos fundamentales de las mujeres, genera como consecuencia la promoción o, al menos, la tolerancia, a la falta de igualdad de las mujeres. A la letra se señala lo siguiente:
Cuando un Estado organiza su aparato para restringir los derechos fundamentales de las mujeres, como los ejemplos de este informe muestran, ese Estado manda un mensaje muy claro a sus agentes: desde este Estado se promueve, o por lo menos se tolera, la falta de igualdad de las mujeres, la violación de sus derechos humanos, la discriminación. (Amnistía Internacional, 2017)
Asimismo, de la anterior cita también es posible desprender que es necesario comenzar a brindarle mayor relevancia al combate de la violencia institucional fortaleciendo la legislación vigente con respecto a dichos temas.
Ahora bien, es necesario apreciar que la discriminación es también una grave problemática para el acceso a la justicia. Al respecto, el máximo órgano judicial de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló en su texto Protocolo para Juzgar con perspectiva de Género haciendo realidad el Derecho a la Igualdad lo siguiente:
Para ser discriminatorio, el trato deberá tener por objeto y/o resultado, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales dentro de cualquier esfera. (SCJN, 2013)
Esta concepción se puede ver parcialmente representada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal. Si bien es cierto que existe este esfuerzo legislativo, también lo es que aún es necesaria una armonización legislativa entre dichos textos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Siendo éste último ordenamiento jurídico carente de apreciación de conceptos como la violencia institucional y la discriminación.
En virtud de lo anteriormente expuesto también es necesario distinguir que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como una modalidad de violencia la Violencia Institucional, definiéndose de la siguiente forma:
Capítulo IV De la Violencia Institucional
Artículo 18. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Artículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Artículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito señala en la tesis aislada con rubro 2010797 que la violencia institucional enfocada hacia la mujer puede efectuarse tres principales situaciones. La primera hace referencia a que la autoridad discrimine, dilate, obstaculice o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de la mujer. La segunda se da en virtud de la existencia del ánimo de impedir el disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Finalmente, la tercera situación se da cuando la autoridad, incluso sin intención de hacerlo, vulnere fácticamente algunos de estos derechos mediante alguna práctica u omisión. A continuación se cita dicha tesis.
Violencia institucional contra la mujer. Cuando se reclaman actos u omisiones en los procesos jurisdiccionales del orden familiar, donde aquélla se estima configurada, es necesario que se advierta en su ejecución la intención de las autoridades de discriminar o que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de la persona con aquella calidad.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), establece en su preámbulo que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio; y, contempla que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, entendiendo por ésta, cualquier acción o conducta basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual o psicológico), que se produzca en el ámbito público o privado, dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal y que sea tolerada o perpetrada por el Estado o sus agentes. Por su parte, el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisa que violencia institucional, son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En ese sentido, cuando se reclaman actos u omisiones en los procesos jurisdiccionales del orden familiar, que se estima configuran violencia institucional contra las mujeres, es necesario que se advierta en la ejecución de aquéllos, la intención de las autoridades de discriminar o que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de la persona en su calidad de mujer; o el ánimo de impedirle el disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, o bien, aun cuando no tengan como finalidad trastocar esos derechos, que éstos generan, per se, ese resultado.
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Amparo en revisión 223/2015. Mónica Quintos Mora. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Florida López Hernández. Secretaria: Karla Luz Eduwiges Luna Rodríguez.
Pasando al ámbito internacional es menester señalar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Pará, convención internacional firmada y ratificada por México, establece en su artículo 2 a la letra lo siguiente:
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer señala en su artículo 7 lo siguiente:
Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
Ahora bien, es crucial notar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, también firmada y ratificada por México, señala en sus artículos 1, 2, 7 y 8 lo siguiente:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley
Asimismo, es importante notar que desafortunadamente en nuestro país también existen otros grupos de personas en situación vulnerable frente a la violencia institucional y la discriminación. Al respecto, valdría la pena recordar lo que el investigador de la Universidad de Guadalajara Carlos Barba apuntó en su texto Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010. Textualmente, el doctor Barba señala lo siguiente:
(...) en México millones de personas son vulnerables a la discriminación: los más débiles, las mujeres, los discapacitados, los homosexuales, los pobres, los indígenas, los jóvenes de escasos recursos, los niños, las personas de la tercera edad, los migrantes, las minorías religiosas. Ésa es la mayor contribución de las Enadis realizadas en 2005 y 2010.
Por esta misma razón es necesario fortalecer la legislación vigente en virtud de que se pueda garantizar que ningún grupo pueda ser discriminado o excluido por las instituciones del Estado Mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo señalado en la legislación nacional e internacional, considero fundamental robustecer y armonizar la legislación mexicana para que las mujeres y otros grupos en situación vulnerable puedan acceder a una vida libre de violencia institucional y discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma las fracciones II y III y adiciona la fracción III Bis del artículo 215 del Código Penal Federal
Artículo Único. Se reforma la fracción II, la fracción III y se adiciona la fracción III Bis al artículo 215 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
...
II. Cuando cometa actos u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan el goce y disfrute de los derechos humanos;
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud por razones de origen, pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, estado civil, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas, opiniones religiosas o de cualquier otra índole;
III Bis. Cuando realice actos u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan el acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las diferentes modalidades de violencia contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Bibliografía
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<http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/ PROTOCOLO.pdf>
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019. Diputadas: Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, Lorena Villavicencio Ayala (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 7 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
El diputado Ernesto Vargas Contreras:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados. ¿Por qué es muy importante la lectura? ¿Por qué es importante leer? Porque leer implica razonar, implica crear, implica soñar. Podemos convertirnos en personas cada vez más tolerantes, más respetuosas de las diferencias. Nos ayuda a aprender a observar a la sociedad desde un punto de vista mucho más objetivo. Nos aleja de muchos prejuicios. Nos aleja de ideas muy equivocadas.
Además, la lectura es una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad para adquirir conocimiento, para enriquecer nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico, creativo y nos ayuda a expresarnos con mucha mayor facilidad.
Nunca como antes ha sido tan importante saber leer, pero sobre todo comprender lo que estamos leyendo y más en esta época en donde la información fluye tan rápido que nos exige una comprensión casi inmediata. Quien no sabe hoy analizar un texto será muy difícil que pueda hacer un buen uso de las nuevas tecnologías.
Fomentar el gusto por la lectura, así como incentivar a las personas que nos rodean, debe ser una misión de vida de todas y todos nosotros y más como legisladoras y como legisladores.
En este país debemos hacer de la lectura un hábito permanente. Tenemos que lograr que todas y todos veamos la lectura como algo que es muy enriquecedor, muy gratificante y no como algo aburrido, que es lo que mucha gente piensa.
Todos los esfuerzos hasta ahora han girado fundamentalmente en dos sentidos. El primero es el desarrollo de grandes niveles de alfabetización, y el segundo en poner libros al alcance de todas y todos los mexicanos. Sin embargo, poco se ha hecho para fomentar ciudadanos con la habilidad, la capacidad y el compromiso de hacer que esos libros lleguen a formar parte de sus vidas.
Si bien el sistema educativo nacional ha obtenido algunos avances, creo que no ha sido capaz de transmitir a la población la importancia y el gusto por la lectura, y esa es la razón por la que hago uso de esta, la máxima tribuna.
Tenemos que hacer algo, compañeras y compañeros, porque bibliotecas hay pero lamentablemente están vacías. Tenemos libros el día de hoy muy baratos pero lamentablemente nadie los quiere comprar. Tenemos cultura en nuestro país, somos uno de los países mucho más ricos en toda la faz de la tierra, pero lamentablemente no lo aprovechamos.
Tenemos que cambiar esta situación. Trabajemos más en fomentar el hábito de la lectura en todos los medios de comunicación, incluyendo por supuesto los medios oficiales. Informemos por favor a los ciudadanos los beneficios de la lectura. Demostrémosles que la lectura es un hábito muy divertido, muy interesante, pero sobre todo es muy económico.
Por lo anterior, la iniciativa consiste en plasmar en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, específicamente en su artículo 6o., que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, vigilen que el contenido del programa de lectura considere a esta como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura y resalte el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad mediante el fomento del hábito lector.
También propongo adicionar el artículo 7o. con el objetivo de que el fomento al libro y la lectura no se limite a los tiempos oficiales que corresponde al gobierno, sino que además se busque trabajar en colaboración con los medios privados para generar campañas mucho más atractivas que lleguen a más personas, y por supuesto den mejores resultados.
Compañeras y compañeros, en el Partido Encuentro Social queremos un México en donde la lectura sea una actividad común y cotidiana, un México que no solo las bibliotecas estén llenas de lectores, también los parques, los cafés, las calles, el transporte público; que en todos los rincones de nuestro país nos encontremos ciudadanas y ciudadanos con un libro en la mano, y sobre todo comprendiendo lo que está leyendo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
«Iniciativa que reforma los artículos 6 y 7 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desde el año 2015 y en su publicación más reciente del 2 de abril 2019, señala que 90 por ciento de los usuarios de internet lo usan con el fin de entretenerse y se conectan mediante teléfonos inteligentes. 48 por ciento de los encuestados informa que 48 por ciento lo usa para leer libros, revistas o periódicos.
En la medición Molec 2019 del Inegi, clasifica el tipo de lector: predomina el género masculino en periódicos y blogs, mientras que libros y revistas se registra una inclinación favorable a las mujeres. Hay 17 por ciento que mientras lee hace algo más: comer, trabajar, escuchar música. Los lectores, por otra parte, aumentan cuando su grado educativo es más alto.
Los lectores (en 67 por ciento) que así se identifican lo son, dentro de sus distintas observaciones, porque sus padres les leían cuando eran infantes. Dentro de las acciones que los encuestados mencionaron como inhibidores la falta de tiempo y de interés, es decir, las motivaciones personales son más fuertes que las variables económicas.
La lectura en el siglo XXI ha roto con los cánones tradicionales de argumentar una población analfabeta, (la encuesta Intercensal 2015 informa que en México hay 5.5 millones de analfabetas, número inferior a 1970 donde eran más de 25 millones) ya que la lectura al alcance de la mano es un hecho, teléfonos inteligentes, computadoras, espectaculares y publicidad, entre otros, así lo evidencian. La lectura permite asimilar la realidad y comprender el entorno inmediato, así como fortalecer la cultura humana.
Es posible afirmar que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de información y conocimientos, ya que enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico, creativo y facilita la capacidad de expresión.
Asimismo, cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y, por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser humano libre e independiente.
Leer equivale a pensar, así como a tener la capacidad de identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo.
De la misma manera, leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en personas cada vez más tolerantes y respetuosas de las diferencias, consiste en aprender a observar la sociedad desde un punto de vista más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas equivocadas.
Desarrollar el gusto por la lectura, así como incentivar a las personas que nos rodean hacia la lectura debe ser un reto que debemos plantearnos como personas y como legisladores. Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, convertir el acto de leer en un momento placentero, gratificante y enriquecedor.
Por todo lo anterior, es que, desde el mismo día de su nacimiento en 1945, la lectura y la alfabetización han sido dos de los principales desafíos y compromisos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El artículo primero del acta constitutiva de esta institución confirma que, para contribuir a la paz y al respeto universal de los derechos humanos, la UNESCO fomentará el conocimiento y la comprensión mutua, dará impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura, y ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber. Nada de esto es posible sin la lectura, sin la escritura y sin el acceso a los libros. Es vital señalar que para los derechos sociales la vida digna y plena conlleva el disfrute del tiempo para el mejoramiento de los referentes culturales y humanos.
Del mismo modo, su posibilitador, el lenguaje, es la voluntad de abolir la distancia entre el hombre y las cosas, como afirmaba Octavio Paz, y el que nos habilita para ingresar en todas las formas posibles orales y escritas de la universalidad. La obra escrita es probablemente, en el orden de la creación intelectual, la que más hondamente y con mayor autenticidad expresa el espíritu del hombre.
Tal fue la conclusión con la que, en 1949, Jaime Torres Bodet, entonces director general de la UNESCO, cuando un comité de expertos analizaron la creación de la colección Obras Representativas, misma que al día de hoy cuenta con más de mil 500 títulos y que se puede considerar una de las bibliotecas por su naturaleza internacional, la más plurilingüe y pluricultural de todo el mundo.
Desde 1949 a la fecha muchas cosas han cambiado, sobre todo a partir del surgimiento del libro digital, e-book. En un sentido, gran parte de los análisis actuales se han abocado al conflicto o la convivencia del libro en papel y el libro digital, así como a las transformaciones de la industria editorial y sus repercusiones en el ámbito de los derechos de autor, tal y como fueron abordados por el emblemático encuentro El libro del mañana, el futuro de lo escrito, celebrado en Monza, Italia, durante el Foro Mundial sobre la Cultura y las Industrias Culturales organizado por la UNESCO en 2011.
En esa ocasión se dieron cita más de 200 delegaciones provenientes de todos los sectores vinculados a la cadena de producción del libro: autores, editores, bibliotecarios y lectores fueron convocados por la UNESCO para reflexionar sobre las prácticas de la lectura, sus mercados y la necesidad de formar a lectores comprometidos y críticos.
Lo anterior cobra una gran relevancia si consideramos que hoy somos testigos de una transformación sin precedentes desde la aparición de la imprenta, hace más de quinientos años, está generando alentadoras posibilidades para la democratización de la lectura en la era digital.
La lectura representa un factor de desarrollo humano, creativo y cultural, ya que es un pilar de desarrollo económico integral. El trasfondo de esto recae en la capacidad de difundir y plasmar una vasta diversidad de contenidos que permiten generar experiencias tanto recreativas como productivas y fundamentar una formación humana y académica de alto nivel.
La distribución de esos beneficios depende primordialmente de la posibilidad de acceso a contenidos que, a su vez, son resultado de la diversidad que provee el mercado de libros digitales y físicos.
A raíz de los recientes avances tecnológicos, los medios de acceso se han diversificado y multiplicado, dejando atrás la exclusividad de la lectura física o de papel para ahora incorporar la lectura digital.
Por ello, existe una transformación en los patrones de consumo de contenidos, respondiendo a la adopción de diversos dispositivos como lectores de libros electrónicos, tabletas, smartphones y computadoras, más los dispositivos y plataformas tecnológicas de apropiación de contenidos que se sigan desarrollando.
Sin embargo, el pasado abril de 2019 el Inegi publicó los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec), que tiene como objetivo generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población adulta que reside en áreas de 100 mil y más habitantes en México, y con ello, conocer las principales características de la práctica de la lectura en el país, información relevante que contribuirá en el fomento de la lectura.
Lamentablemente, en los últimos cinco años, el porcentaje de población que leyó algún material considerado por el Molec presentó un decremento cercano a los diez puntos porcentuales: 84.2 por ciento en 2015 contra 74.8 por ciento en 2019.
Como resultado del levantamiento de información de febrero 2019, se observa que, de la población de 18 y más años de edad considerada por el Molec, 97.5 por ciento es lectora, de esta población 74.8 por ciento declaró leer alguno de los materiales considerados por Molec.
Haciendo distinción por sexo, se identifica que la proporción de hombres que declaró leer algún material considerado por Molec, es mayor comparado con la proporción de mujeres lectoras, 78.1 por ciento versus 71.7 por ciento, respectivamente.
De lo anterior, la lectura entre la población de 18 y más años de edad no se incrementa, peor aún, presenta un descenso.
Ahora bien, realizando un comparativo de los levantamientos del módulo durante los meses de febrero de 2015 a febrero de 2019, se observa que el porcentaje de población que lee algún material considerado por el Molec tiene un decremento cercano a los 10 puntos porcentuales.
La condición de práctica de lectura se asocia positivamente con el nivel de escolaridad de la población; el porcentaje de población de 18 y más años de edad que lee algún material, se incrementa conforme el nivel de estudios.
El grupo que más declaró leer alguno de los materiales considerados en el módulo es el que cuenta con al menos un grado de educación superior, destacando que más de 90 por ciento de esta población es lectora ya sea de libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o blogs.
En cuanto a la lectura por tipo de material, en 2019 de cada cien personas, 42 declararon leer al menos un libro en los últimos doce meses; sobresale también la reducción de este porcentaje en relación con el dato del año 2015.
Asimismo, un dato que resalta es el promedio de libros que leyó la población de 18 años y más en los últimos doce meses, el cual según el resultado del Molec de 2019 es de 3.3 libros.
Ahora bien, a mayor nivel de estudios, el porcentaje de población que lee libros es mayor, ya que 64.8 por ciento de aquellos que cuentan con al menos un grado de educación superior, declararon leer al menos un libro en los últimos doce meses, mientras que aquellos que cuentan con educación básica terminada o algún grado de educación media y sin educación básica terminada, presentaron porcentajes muy inferiores (36.3 y 24.7 por ciento respectivamente).
Respecto al promedio de tiempo dedicado a leer, se tiene que la población de 18 y más años de edad lectora, en promedio dedica por sesión continua de lectura 39 minutos, no habiendo gran diferencia entre hombres y mujeres.
Por otra parte, se identifica que la duración promedio de la sesión de lectura es mayor conforme el nivel de escolaridad es más alto, de tal manera que las personas con al menos un grado de educación superior registraron un promedio de 47 minutos; por el contrario, las personas sin educación básica terminada, esto es, que no han concluido la educación secundaria, registran el menor tiempo promedio, con 28 minutos por sesión.
Por otro lado, del total de la población de 18 y más años de edad alfabeta que declaró no leer ningún tipo del material considerado por Molec, se identifica que las razones principales que señala para ello son principalmente falta de tiempo (47.9 por ciento), seguido por falta de interés (21.7 por ciento).
Aunado a los datos anteriores, se tiene que considerar que, los países que más leen en Latinoamérica son Chile (5.4 libros al año) y Colombia, con 5 libros al año por persona.
Al margen de la calidad de la lectura, el Índice de Lectura Mundial de la UNESCO arroja el porcentaje de población que tiene el hábito de leer entre 108 países en el que México aparece en el lugar 107 en el listado, con un promedio de sólo 2.8 libros al año.
En materia de comprensión lectora, México también se ubica por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según la prueba PISA, México promedia 423 puntos, lo que coloca a los estudiantes mexicanos en el segundo nivel de una escala de cinco en comprensión lectora, donde:
Los alumnos responden reactivos básicos como los que piden ubicar información directa, realizar inferencias sencillas, identificar lo que significa una parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos externos para comprenderla; sin embargo, son incapaces de evaluar críticamente un texto, vincular distintas partes y relacionarlo con conocimientos cotidianos.
Otro resultado que resulta desolador es el realizado por la Universidad de Guadalajara, en el que se concluye que 8 de cada 10 estudiantes de secundaria son analfabetas funcionales, pues tienen problemas para comprender lo que leen.
La promoción y el fomento de la lectura comprende el conjunto de actividades y acciones sistemáticas y continúas encaminadas a motivar, despertar o fortalecer el gusto e interés por la lectura y su utilización activa; es una práctica sociocultural no limitada al ámbito bibliotecario y escolar, que contribuye a la transformación del individuo y de la comunidad, facilitando el desarrollo social.
Si bien es cierto que, desde hace varios años las administraciones pasadas, así como el gobierno actual, han presentado diversas estrategias para el fomento a la lectura, también lo es que las iniciativas y los programas no han tenido el éxito deseado, ni los alcances anhelados.
Todos los esfuerzos hasta ahora han girado fundamentalmente en dos sentidos, el primero es el desarrollo de grandes niveles de alfabetización y el segundo en poner libros al alcance de todos.
Sin embargo, poco se ha hecho para formar ciudadanos con la habilidad, la capacidad y el compromiso de hacer que esos libros formen parte de su vida.
A pesar de los logros alcanzados por el Sistema Educativo Nacional, éste no ha sido capaz de transmitir a la población la necesidad y el gusto por la lectura como una actividad de grandes beneficios individuales y sociales.
Una de las posibles causas del porqué los resultados poco halagüeños, quizá tenga que ver con la falta de difusión o de campañas importantes y atractivas en los medios masivos de comunicación, principalmente en la televisión, al ser el medio preponderante para la información y entretenimiento.
Es por lo anterior que para un servidor, así como para los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la difusión de programas que incentiven la lectura, así como el fomento de la misma, son de suma importancia para concretar los objetivos de la Cuarta Transformación.
En este sentido, desterrar la idea de que leer es aburrido, que los libros se encuentren a la mano y con un costo accesible, además de convertir la lectura en un vehículo para la paz, son algunos de los puntos de la Estrategia Nacional de Lectura presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En dicho plan se busca reforzar en la infancia y en la adolescencia el hábito de la lectura como una práctica placentera, que abra posibilidades de conocimiento y en la que participarán distintos órganos de la administración pública como la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura.
Asimismo, tiene el objetivo de reforzar y mejorar la comprensión de los textos, desde la interpretación de las ideas simples, hasta la discusión y crítica de las ideas complejas.
Otro aspecto del plan es lograr que los libros se encuentren a la mano, a costos asequibles, y que las bibliotecas no se asocien con el aburrimiento.
Es por todo lo anterior que la presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para que las Secretarías de Cultura y de Educación Pública vigilen que el contenido del programa considere la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, y resalte el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector.
Asimismo, se propone adicionar el artículo 7 de la misma ley con el objeto de que el fomento al libro y la lectura no se limite a los tiempos oficiales que corresponden al gobierno, así como que se busque trabajar en colaboración con los medios privados, para generar campañas más atractivas, que lleguen a más personas y que den mejores resultados.
La presente iniciativa aspira a reforzar el fomento de los valores insustituibles de la lectura y sus contextos, por lo tanto, reconoce y promueve las acciones tendentes a propiciar su adquisición y a desarrollar hábitos lectores, desde todos los órdenes y administraciones, respetando las competencias de cada una de ellas, a fin de que se logre la mayor eficacia y eficiencia posible y la teleología deseable: una sociedad lectora.
Esta acción, pues, no posee fecha de caducidad, por lo tanto sea desde el sector público, tanto desde ámbitos culturales y educativos como desde políticas sociales, o sea desde el sector privado, se trata de una tarea inexcusable que incumbe a todos.
La lectura y su fomento se consideran una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información, de ahí que diversos planes tienden a su fomento y subrayan el interés de la misma en la vida cotidiana de la sociedad, así como el papel fundamental que los medios de comunicación, en especial los de titularidad pública, deben tener en la promoción y el fomento del hábito lector y el libro.
En Encuentro Social queremos un México donde la lectura sea una actividad común y cotidiana; un México en el que no sólo las bibliotecas estén llenas, sino también parques, cafés y salas de espera, donde la gente lleve un libro en la mano. En fin, un México reflexivo, inteligente y crítico hacia su pasado, su presente y su futuro.
Como decía Octavio Paz: Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo llevaba dentro.
En tal virtud, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoÚnico. Se adiciona una fracción III al artículo 6 y se reforma el artículo 7 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:
Artículo 6....
I. Elaborar el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura .
II. Poner en práctica las políticas y estrategias contenidas en el programa, estableciendo la coordinación interinstitucional con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los distintos sectores de la sociedad civil , y
III. Vigilar que el contenido del programa considere la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, y resalte el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector.
...
Artículo 7. Las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos que corresponden al Estado en los medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura, e incentivarán la colaboración con los medios de comunicación privados.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Comunicado de Prensa, Núm. 179/19, Inegi, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf
2 Molec, 2019, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/ resultados_molec_feb19.pdf, indica que los hombres leen 43.8% el periódico por 24.8% de las mujeres, libros 44% mujeres por 40% de los hombres.
3 UNESCO, (2017). La lectura en la era móvil. Un estudio sobre la lectura móvil en los países en desarrollo. Una mirada desde México. Recuperado desde:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/ miradamexico.pdf
4 Ibídem.
5 Se refiere al 74.8% la población de 18 y más años que declaró leer alguno de los materiales considerados por MOLEC: Libros, revistas, periódicos, páginas de Internet, foros o blogs, e historietas.
6 OCDE, (2016). El programa PISA de la OCDE, que es y para qué sirve. Recuperado de
https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf
7 Discurso de recibimiento del Premio Nobel de Literatura, 8 diciembre 1990.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2019. Diputado y diputadas: Ernesto Vargas Contreras,Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 7o. A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, un tema que requiere ser revisado debido a sus diversas implicaciones, es el referente al empleo de fertilizantes químicos en la agricultura.
Durante mucho tiempo se utilizaron estas sustancias de manera indiscriminada, hasta que surgieron voces de alerta previniendo acerca de muchos efectos nocivos que provocan tanto a los suelos como en la salud de las personas.
El uso de este tipo de fertilizantes encontraba su respaldo, se dijo, en elevar la producción de los suelos, y por ello, se incrementaban los volúmenes de las cosechas.
Sin embargo, a la luz de investigaciones recientes se han detectado varios problemas que demandan una atención oportuna. Entre los varios problemas asociados a esta práctica, se pueden citar los daños ambientales representados en la afectación de las aguas subterráneas y de los suelos en que se aplica dicha técnica.
Esas prácticas se alejan de la producción sustentable que mira hacia el futuro poniendo en riesgo, en este caso, la producción de alimentos que satisfagan los requerimientos de las generaciones futuras, debido a la ruptura del equilibrio ecológico, el cual sufre graves desajustes alejándose de la sustentabilidad que debiese caracterizar a estas actividades.
En lo que respecta a las afectaciones de la salud de las personas, se han identificado la correlación del uso de los fertilizantes químicos con la aparición cada vez más frecuente del cáncer gástrico, las malformaciones genéticas, la hipertensión arterial y el cáncer de testículo, entre otros padecimientos.
La situación se ha tornado insostenible, pues no se justifican de ninguna manera los daños sufridos tanto por la tierra como por los consumidores. Ante esta lamentable situación es ineludible realizar las adecuaciones necesarias al andamiaje jurídico que regule esas actividades con el objetivo de mitigar o de reducir sustancialmente las prácticas contrarias a una actividad agrícola sustentable.
Retrasar la adopción de medidas que inhiban su empleo, ya sea por razones económicas o de cualquier otra índole, solo contribuirá a agravar el problema, convirtiéndose en una amenaza latente para la conservación de suelos, de los mantos friáticos y, sobre todo, de la salud de las personas.
No se trata de atentar contra la actividad productiva de miles de personas que dependen de esta rama de la economía, sino por el contrario, avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico que haga posible la existencia de una agricultura que preserve las riquezas que la naturaleza le ha entregado al ser humano.
No es necesario abundar acerca de los riesgos y los daños que conlleva una explotación irracional de los recursos agrícolas. La investigación científica ha dado cuenta de las ventajas que representa el uso correcto de las riquezas naturales, las señales de alerta detectadas en los casos contrarios son muchas y representan signos de que, en el intercambio de bienes entre el hombre y la naturaleza, debe prevalecer una cultura que privilegie la preservación de los recursos.
La demanda alimentaria, si bien se ha incrementado de manera notable en el último siglo, requiere los cuidados a los que hemos hecho referencia, desterrando ahora mismo los excesos en que se ha incurrido en muchas ocasiones, olvidando los requerimientos en la materia de las futuras generaciones.
Nos encontramos ante una oportunidad que posibilitaría la utilización de prácticas agrícolas que avanzarán, como lo hemos señalado, tanto en la preservación de los recursos naturales, preservando en todo momento la sustentabilidad, así como en cuidar la salud de las personas.
No podemos pasar por alto los indicadores en materia de salud pública y ambiental, que nos alertan acerca de los riesgos incurridos si no se adoptan medidas adecuadas, alejadas de los meros fines económicos y del desinterés por la salud de las personas.
Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reforma al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Sustentable, así como el artículo 7o. A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, fracción II.
Compañeras y compañeros, confío en que acompañarán esta propuesta. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.
«Iniciativa que reforma los artículos 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como el artículo 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, fracción II, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosProblemática
Un tema que requiere ser revisado, debido a sus diversas implicaciones, es el referente al empleo de fertilizantes químicos en la agricultura.
Durante mucho tiempo se utilizaron estas sustancias de manera indiscriminada, hasta que surgieron voces de alerta, previniendo acerca de muchos efectos nocivos que provocan, tanto en los suelos, así como en la salud de las personas.
El uso de este tipo de fertilizantes encontraba su respaldo, se dijo, en elevar la producción de los suelos y por ello, se incrementaban los volúmenes de cosechas.
Sin embargo, a la luz de investigaciones recientes se han detectado varios problemas que demandan una atención oportuna.
Entre los varios problemas asociados a esta práctica, se pueden citar, los daños ambientales representados en la afectación de las aguas subterráneas y de los suelos en que se aplica dicha técnica.
Estas prácticas se alejan de la producción sustentable que mira hacia el futuro, poniendo en riesgo, en este caso, la producción de alimentos que satisfagan los requerimientos de las generaciones futuras, debido a la ruptura del equilibrio ecológico, el cual sufre graves desajustes, alejándose de la sustentabilidad que debiese caracterizar a estas actividades.
En lo que respecta a las afectaciones de la salud de las personas, se ha identificado la correlación del uso de los fertilizantes químicos con la aparición, cada vez más frecuente, del cáncer gástrico, el bocio, las malformaciones genéticas, la hipertensión arterial y el cáncer de testículo, entre otros padecimientos.
La situación se ha tornado insostenible, pues no se justifican de ninguna manera los daños sufridos tanto por la tierra, así como por los consumidores.
Justificación
Ante esta situación, es ineludible realizar las adecuaciones necesarias al andamiaje jurídico que regula estas actividades, con el objetivo de mitigar o reducir sustancialmente las prácticas contrarias a una actividad agrícola sustentable.
Retrasar la adopción de medidas que inhiban su empleo, ya sea por razones económicas o de cualquier otra índole, sólo contribuirá a agravar el problema, convirtiéndose en una amenaza latente para la conservación de suelos, mantos freáticos y la salud de las personas.
No se trata de atentar contra la actividad productiva de miles de personas que dependen de esta rama de la economía, sino por el contrario, avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico que haga posible la existencia de una agricultura que preserve las riquezas que la naturaleza ha entregado al ser humano.
No es necesario abundar acerca de los riesgos y los daños que conlleva una explotación irracional de los recursos agrícolas.
La investigación científica ha dado cuenta de las ventajas que representa el uso correcto de las riquezas naturales. Las señales de alerta detectadas en los casos contrarios son muchas y representan signos de que en el intercambio de bienes entre el hombre y la naturaleza, debe prevalecer una cultura que privilegie la preservación de los recursos.
Fenómenos como el cambio climático, manifestado en varios indicadores muy preocupantes, deben motivar profundas reflexiones acerca de la actitud que debe guiar a los seres humanos en su búsqueda de los alimentos que posibiliten su sobrevivencia.
La demanda alimentaria, si bien se ha incrementado de manera notable en el último siglo, requiere los cuidados a los que hemos hecho referencia, desterrando ahora mismo, los excesos en que se ha incurrido en muchas ocasiones, olvidando los requerimientos en la materia de las futuras generaciones.
Nos encontramos ante una oportunidad que posibilitaría la utilización de prácticas agrícolas que avanzarán, como lo hemos señalado, tanto en la preservación de los recursos naturales, preservando en todo momento su sustentabilidad, así como en cuidar la salud de los cientos de miles de consumidores de los más diversos productos agrícolas.
No podemos pasar por alto los indicadores en materia de salud pública y ambiental que nos alertan acerca de los riesgos incurridos, si no se adoptan medidas adecuadas, alejadas de los meros fines económicos y del desinterés por la salud de las personas.
Es de suma relevancia avanzar en el perfeccionamiento de las leyes que regulan estas actividades, con el firme propósito de contribuir, desde la esfera de competencia del Poder Legislativo, en la generación de propuestas que tengan por objetivo el mejoramiento de una actividad tan trascendente como lo representa una de las modalidades de la producción agrícola y sus implicaciones en lo que respecta a la salud de los consumidores.
Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como el artículo 7o.-A de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, fracción II, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 53....
El gobierno federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los productores, individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los recursos naturales, evitando la utilización de fertilizantes químicos, a fin de preservar y producir bienes y servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El gobierno federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.
...
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7o.-A, fracción II, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:
Artículo 7o.-A....
I...
II. Promover y capacitar en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, adoptando medidas que inhiban la utilización de fertilizantes químicos, así como promover y orientar la investigación en la materia;
III. a XIII...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de septiembre de 2019. Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura:Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los valores y principios que emanan de la Constitución han sido pieza fundamental para construir nuestro país.
Durante el siglo pasado estos valores y principios ayudaron a darnos una identidad y una vocación a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, el mundo ha cambiado y con ello la forma en que nos relacionamos entre nosotros, entre ciudadanos y entre gobiernos.
Resultaba impensable en este país antes de 1968, que los ciudadanos pudiéramos exigir nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los que nos gobiernan. La sangre derramada en el pasado ha conquistado para nosotros la libertad de opinar, de exigir y de ser.
Existieron reticencias al cambio y no en pocas ocasiones el viejo régimen usó la fuerza que los ciudadanos le habían conferido para cuidarlos, para someterlos, para acallarlos y para desaparecerlos.
Sin embargo, uno de los regalos de despedida del viejo régimen fue la firma del Estatuto de Roma en el año 2000, una manzana envenenada para los nuevos inquilinos gobernantes, pero para los nuevos no les interesaba modificar el statu quo, les interesaba conservar la facultad de ejercer el poder para uso y abuso de este.
El reconocimiento del estatuto tardó cinco años en darse. Ese gobierno que decía que el compromiso era con la gente mostró que su único compromiso era para consigo mismo, al reconocer la jurisdicción de manera parcial de la Corte Penal Internacional.
Su vocación autoritaria está muy gravada en la memoria de los pobladores de San Mateo Atenco, o en la memoria de los dolientes de la activista Digna Ochoa.
Hubo cambio de gobierno, pero no de intenciones, llegó al poder un hombre con la baja estatura moral que te da haberte robado una elección y, en lugar de trabajar para construir un México mejor, se armó su propia guerra para legitimarse. Catorce años han pasado y la sangre sigue corriendo por nuestro país, sin que un solo responsable haya sido juzgado.
Un sexenio después llegaron otra vez al poder los que sabían gobernar, e iban a salvar al país, pero su gobierno se caracterizó por los excesos, Tlatlaya, Iguala, Palmarito, son algunos de los ejemplos más recordados por la violencia de esa guerra.
Sin embargo, nada dura para siempre y todo cambia, y en este país las cosas están cambiando para bien. El compromiso del gobierno emanado de Morena es la construcción de una nueva historia, la cuarta transformación es el reconocimiento de derechos, el derecho de una vida tranquila, el derecho de la justicia negada una y otra vez.
Esta iniciativa busca que la Corte Penal Internacional sea reconocida sin ninguna restricción que prive en su jurisdicción en territorio mexicano. Que ya no sea el ordenamiento jurídico mexicano el que limite la competencia de la Corte Penal, ya que atenta contra esta como un candado político y administrativo que está plasmado en el octavo párrafo del artículo 21. Dar tal certeza jurídica a los mexicanos es una tarea que nos compete.
Que se haga efectivo el objetivo del artículo 133 constitucional, en donde se plasma que los tratados que no contradigan nuestra Carta Magna serán ley suprema. Es decir, que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en segundo plano, respecto de nuestra Constitución Mexicana.
Buscamos, en concreto, regular y mejorar la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal en la investigación y, en su caso, enjuiciamiento de los crímenes y violaciones de derechos humanos más graves y de trascendencia internacional, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra.
La llegada de un tribunal internacional, como la Corte Penal, ha representado para México un avance en materia de justicia, también un avance en derecho internacional, pero a medias, por las trabas que tienen hasta ahora.
No podemos confiarnos, no, porque no sabemos quién ocupará la casa cuando hayamos partido, es un legado para las y los mexicanos más allá de nosotros mismos. Garantizar el derecho humano es una prioridad para esta administración, ya que no es como antes, que se buscaba encubrir a los representantes del poder que abusaban de este para hacer actos ilícitos sin ninguna consecuencia.
Nuestra meta es cumplir con el sueño por el que tanto han peleado organismos civiles, activistas y luchadores sociales durante tanto tiempo, un auténtico Estado de derecho. La desgastada imagen que tenemos debemos mejorarla ante los organismos internacionales y garantizar para los mexicanos que las leyes se ajusten a sus necesidades. Las leyes deben de evolucionar al ritmo que evoluciona el contexto social.
Por ello, en esta iniciativa se propone modificar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: el Ejecutivo federal reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No más Iguala, no más Tlatelolco, no más crímenes de lesa humanidad, ya basta de manejar las leyes a conveniencia de los de arriba. No más impunidad, no más violación de los derechos humanos, no más entorpecimiento de los procesos jurídicos. Si alguien tiene que ser juzgado que enfrente las consecuencias sin ser cobijado por el poder.
En esta transformación al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 21, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 21, el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76 y el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente
Exposición de MotivosI. Antecedentes
Existen múltiples tratados internacionales relacionados directa o indirectamente con derechos humanos con respecto a los cuales el Estado Mexicano ha declarado expresamente su adhesión desde hace tiempo. Ex ante, y de carácter más bien general y programático, debe subrayarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) al que nuestro país se ha adherido con su ratificación desde el año 1981. De la misma manera, el Estado Mexicano ha expresado su voluntad y compromiso en la materia sumándose al acuerdo de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1966) firmado el mismo año de su publicación y ratificado en el año de 1975.
Otros tratados internacionales más directamente relacionados con violaciones graves a los derechos humanos que han sido voluntariamente aceptados por el Estado Mexicano y que deben recalcarse son: el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura (2002), firmado por nuestro país en 2003 y ratificado implicando adhesión en el año 2005; la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra la Desaparición Forzada (2006), firmado el año 2007, con ratificación y adhesión en el año 2008; y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (1984), rubricado en el año de 1985, y ratificado implicando adhesión en el año 1986.
Asimismo, el Estado mexicano ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma (1998) que constituye el documento fundante para la Corte Penal Internacional, en virtud de ello, el Estado Mexicano es un Estado miembro y por ello se ha obligado desde entonces a respetar y hacer respetar los artículos expuestos en el mencionado.
En materia de tratados internacionales en lo que concierne a la defensa y consolidación del respeto a los derechos humanos, así como de su interpretación y ubicación jerárquica con respecto a la Ley Suprema, existe ya un fallo que en esta específica materia dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (20/marzo/2007; amparo en revisión 120/2002; número IX/2007).
Continuando en la atención al tema de los derechos humanos, debe ser señalado al menos un aspecto relevante. Existe desde la creación misma de la Constitución, un principio interpretativo que de una manera u otra regulan la exégesis jurídica constitucional. Tal elemento meta-jurídico es el Principio de Progresividad de los derechos humanos. En cierto sentido, la Constitución Mexicana siempre ha tenido en su seno el Principio de Progresividad.
El carácter específico que se lea en el Principio de Progresividad depende en buena medida de si se recurre a él cuando el menester es una actividad jurídica (mutación jurídica, interpretación jurídica) o cuando es más bien un área o ámbito del derecho (derecho constitucional, derecho internacional).
Empleado en el ámbito constitucional, el Principio de Progresividad se transforma en un principio de evolución constitucional en tanto que en virtud de su observancia se permiten y facilitan adecuaciones, modificaciones y asimilaciones normativas. Desde esta perspectiva, el Principio de Progresividad bien puede ser entendido como un principio que alienta y empuja hacia la adaptación, expansión, autopreservación e ideal perpetuidad de la Constitución, pues en última instancia pretende evitar que la Constitución misma se vuelva obsoleta y por ende, pierda aplicabilidad tanto de juris como de facto.
El Principio de Progresividad es una de las bases primordiales del ordenamiento constitucional mexicano (entendido éste como la retroalimentación constante y persistente que es el efecto de las interacciones que resultan de la aplicación de la norma jurídica), en tanto que proporciona un criterio para las interrelaciones e interacciones constitucionales imponiendo como restricción/límite competencial a toda autoridad que aplique la Constitución el mandato de que los derechos pueden aumentar, mas no disminuir.
Sobre el lugar que ocupa el Principio de Progresividad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como todo lo relacionado con lo que respecta a su exégesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha ofrecido un pronunciamiento explícito (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, pág. 1298); ahí se sostiene que el principio aludido implica tanto gradualidad como progreso.
La gradualidad significa que la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata en tanto que de antemano se presupone debe haber un trabajo, una estructuración o proyecto en que se delineen cuáles son los objetivos específicos que con respecto al tema deben establecerse a corto, mediano y/o largo plazo. Así, todo lo anteriormente mencionado implica que la gradualidad del principio de progresividad conlleva todo un proceso y su consideración (así sea explícita y al interior del texto constitucional) no puede, por principio, ser leída como la implicación efectiva de la observación y respecto a los derechos humanos como un fait acompli.
El segundo aspecto que implica el Principio de Progresividad (el progreso) ordena que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar y, entonces, per negationem, prohíbe la regresividad en ese mismo menester. El progreso del Principio de Progresividad ordena, además, a todas las autoridades del Estado Mexicano a incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, esto es, constituye una obligación positiva. Todo lo que con respecto al Principio de Progresividad se ha mencionado hasta aquí sería pues, grosso modo, el aspecto semántico.
Con respecto a la raíz histórica, basta con señalar que el Principio de Progresividad tiene también (con independencia de su lugar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) como antecedente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969). Desde esta perspectiva, el Principio tiene, respectivamente, un segundo y tercer sustento en lo que a la materia de su origen incumbe; esto es, en este aspecto tiene su origen en el derecho internacional. Ello, pues, abona a su legitimidad.
Además, de manera más general, en tanto que incorporado a la Ley Suprema (artículo Primero constitucional), el Principio de Progresividad debe ser interpretado como un principio constitucional que, al establecer restricciones y límites a las actuaciones del Estado, busca primordialmente la materialización de la dignidad humana.
Así, en el artículo Primero constitucional, el Principio de Progresividad se encuentra expresado en dos momentos. En el primero se menciona que tanto el numero o cantidad de derechos como su ejercicio no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos previstos por la misma Constitución (artículo 29). En la parte complementaria, se hace la mención explícita del Principio.
A pesar de lo anotado, ha sido clara la persistente omisión del Estado al respecto. Los casos trágicos han dejado de ser de a poco paradigmáticos precisamente por continuos y repetidos, y se ha creado la imagen de una estructura que a partir de su reproducción ha perpetuado una conducta sistemática de violaciones de los derechos humanos por parte de los órganos estatales.
Tal situación se nos presenta como un acicate que dirige nuestras acciones hasta hacerlas derivar en una propuesta que tenga como objeto general afianzar la agilización en el respeto a los derechos humanos por parte de todos los elementos componentes del Estado, de tal manera que tal situación sea entendida como su consolidación irreversible y simultáneamente apele a principios formales y de doctrina ineludibles.
II. Consideraciones
Apelando a la sensibilidad política y social propia de los nuevos tiempos de cambio verdadero y democracia real que vive nuestro país, y a su vez haciendo eco de reclamos antiquísimos y por demás legítimos en lo que concierne a la defensa y respeto de los derechos humanos, se nos revela como una necesidad imperiosa delinear de manera perspicua las responsabilidades ineludibles que en la materia corresponde al Estado consolidar y hacer efectivas de forma firme y permanente.
El desarrollo y evolución de la estructura del sistema democrático vive en este preciso momento la oportunidad trascendental de encaminarse, a través de un proyecto de largo aliento, hacia la conformación de un Estado Mexicano con solidez; en tal coyuntura, es oportuno dirigir nuestros esfuerzos hacia un proyecto de nación en el que la defensa de los derechos humanos sea considerada desde el primer momento y de forma permanente y definitiva como uno de sus presupuestos fundamentales.
La idea concreta con respecto a la cual gira el presente proyecto que se pone a consideración de la Honorable Asamblea, es la preocupación latente por las posibles omisiones en las que pudiese incurrir el Estado Mexicano en materia de derechos humanos. Tal preocupación no es en absoluto gratuita ni mucho menos injustificada, toda vez que en el pasado ha sido el propio Estado quien ha figurado como el principal ente que no solamente omite, sino que es el que más viola los derechos humanos.
Además, a pesar de que en nuestra Carta Magna quedan resguardados los artículos correspondientes a la protección irrestricta de los derechos humanos así como los tratados internacionales que a estos se refieren, se considera aquí que tal como está ahora, presenta más de un resquicio interpretativo respecto del cual no es irracional pensar que pueda ser leído, en el mejor de los casos, como una condición ineludible para su seguimiento, y en la peor de las lecturas como un obstáculo para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales asumidos por nuestro país en esa materia. Tal condición aludida es concretamente la remisión de los acuerdos y tratados internacionales al Senado de la República.
III. Conclusiones
Considerando lo expuesto, se resuelve desde nuestra perspectiva, que es necesaria la modificación los artículos 21, 46 Y 133 de nuestra Carta Magna, dando por entendido que ello se debe, primero y en general, a la clara dependencia y conexión jurídico-formal que mantienen todos los elementos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (apelando con ello de manera simultánea también a los Principios de sistematicidad y racionalidad jurídica, y segundo y en particular, debido a la conexión lógico-semántica que presentan los tres artículos que incumben.
Proyecto de decretoDecreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se modifica el párrafo octavo del artículo 21; el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76 y el artículo 133 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 21. ...
...
...
...
...
...
El Ejecutivo federal reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
...
...
...
...
...
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I...
Además, aprobar las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
II a XIV...
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República , serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el presente decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2019. Diputadas y diputados: Laura Imelda Pérez Segura, Alfonso Pérez Arroyo, David Bautista Rivera, Irma Juan Carlos, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Guadalupe Román Ávila, María Marivel Solís Barrera (rúbricas).»
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Luévano Núñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Francisco Javier Luévano Núñez:Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. Estimados compañeros y compañeras, una de nuestras responsabilidades más claras, es integrar a todos los sectores de la población al desarrollo, especialmente en su componente social.
Siguiendo este mandato constitucional hoy presento, para la consideración de este pleno, una propuesta que tiene justamente ese objetivo, establecer elementos mínimos para las reglas de operación de los programas gubernamentales de desarrollo social, a través de estos elementos podremos fijar estándares de calidad en el diseño y garantizar su eficacia, equidad y transparencia.
Esta propuesta se vuelve particularmente importante si consideramos que el gobierno federal inició sus actividades con programas, cuyas reglas han sido señaladas como insuficientes o, incluso, deficientes por instituciones ciudadanas.
El desarrollo social debe ser transparente y eficaz porque no es un proyecto de gobierno, es una obligación constitucional, donde está plasmada en la Carta Magna. Y esto nació con el espíritu de combatir la desigualdad y la pobreza que impera en el país.
Los derechos sociales que se establecieron en la firma de la Carta Magna colocaron a México como uno de los pioneros a nivel mundial en esta materia.
Las experiencias de los programas sociales de los ochenta y los noventa nos mostraron la peor cara de las políticas de desarrollo social, sin un adecuado diseño y fiscalización. Los programas sociales se convierten en instrumentos que facilitan el clientelismo y la corrupción. Desde entonces, hemos presenciado avances en el camino del mejoramiento de nuestra política de desarrollo, como la creación del Coneval.
El día de hoy, con el debilitamiento financiero de esta institución debido a las supuestas políticas de austeridad, corremos el peligro de regresar al pasado vergonzoso del clientelismo social.
La iniciativa que presento el día de hoy busca impedir este retroceso. Entre los requisitos mínimos que propone la iniciativa se encuentran cosas tan básicas, como que en las reglas de operación se establezca el objetivo, la cobertura, la geografía y las características de los apoyos de los programas sociales.
Para lograr mejor uso de los recursos, la iniciativa también establece mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y comprobación del gasto. Estableciendo estos requisitos se dificulta la negligencia en el uso de estos recursos y se garantiza que los apoyos lleguen a sus beneficiarios.
Asimismo, se contempla la necesidad de evaluar la eficiencia de los programas. Solo podemos señalar el éxito y fracaso de un programa si llevamos a cabo un proceso constante de evaluación que nos permita conocer su funcionamiento.
A través de esta iniciativa buscamos también una aplicación equitativa de los recursos, pues en muchas ocasiones las necesidades particulares de los grupos vulnerables no son consideradas en la aplicación de los programas.
Por otro lado, al incluir la perspectiva de género y el enfoque de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, lo que busca es que los programas sociales respondan a estas necesidades y así garanticen la equidad e inclusividad.
Finalmente, la iniciativa busca que los programas sociales se encuentren enmarcados con una visión a futuro. Con este objetivo se propone como su último requisito alinear este programa con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Compañeras y compañeros, si queremos un mejor desempeño en nuestros programas sociales y una política de desarrollo de mayor calidad, necesitamos fortalecer su marco jurídico, pues solo así nos aseguraremos de que todas las acciones que realice el gobierno federal en materia social persigan este objetivo y que no caigan en la tentación electoral o clientelar, tan común en el uso de recursos públicos.
Con estos objetivos presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, esperando contar con su apoyo y una acelerada dictaminación, precisamente de cara al proceso de presupuestación que ha dado inicio en esta Cámara. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Francisco Javier Luévano Núñez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Francisco Javier Luévano Núñez y los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Desarrollo Social.
Objeto de la Iniciativa
El objeto de la presente iniciativa es establecer de manera explícita los elementos mínimos que deberán contener los lineamientos y las reglas de operación de los programas de desarrollo social que se generan a nivel federal con la finalidad de garantizar su eficacia para mejorar la vida de su población objetivo y protegerlos del uso faccioso y clientelar.
Se propone establecer diferentes elementos. Entre otros objetivos, una explicación de la problemática por atender, presupuesto ejercido, beneficiarios, medidas de transparencia y rendición de cuentas, indicadores de seguimiento y evaluación, así como establecer la obligación de que todos los programas de desarrollo social cuenten con un enfoque de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género y que además exista una alineación con los objetivos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Antecedentes
Para atender los rezagos que existen en la sociedad, el gobierno federal diseña y ejecuta política pública para atender los problemas sociales que existen dentro de nuestro país. Así el gobierno da cumplimiento a lo establecido en la Constitución en el sentido de integrar a todos los sectores de la población al desarrollo social sin ningún tipo de discriminación por motivo alguno.
El desarrollo social tiene su origen en Europa, en los llamados programas de protección social que beneficiaban a las personas con seguros contra enfermedades, como el caso de Alemania. En el caso de Inglaterra, los programas de desarrollo social se crearon con la finalidad de combatir la indigencia y las enfermedades.
La política de desarrollo social en nuestro país tiene su origen en la propia Constitución de 1917, aunque se pueden reconocer diferentes etapas de la misma a lo largo del siglo XX. El texto de la Carta Magna promueve un proyecto de nación incluyente en el cual se proclama la igualdad jurídica, así como los derechos sociales de la población mexicana, derechos de educación, salud y vivienda. La Constitución fue por tanto una respuesta a los problemas económicos y sociales de inicios de siglo pasado, especialmente, a la pobreza y la desigualdad.
Las políticas públicas y la intervención del Estado en apoyo a grupos sociales fueron cambiando de forma y nombres a lo largo del siglo pasado. Los años sesenta y setenta dieron lugar a programas y estrategias con distintas metodologías y objetivos. Por ejemplo, el Programa Coordinado de Inversiones Públicas para el Medio Rural, el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y el Sistema Alimentario Mexicano, que estuvieron enfocados a elevar el bienestar en el ámbito rural.
Para finales de los años 80, se anunció la creación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que estaba dirigido a pueblos indígenas, campesinos y zonas marginadas y contemplaba acciones de alimentación, vivienda popular, procuración de justicia, mejoramiento de espacios educativos, electrificación de comunidades, agua potable, infraestructura agropecuaria, salud y reforestación.
Pronasol dio paso a los primeros programas de lucha contra la pobreza y la marginación. Sin embargo fue muy vulnerable al uso clientelar y a la corrupción, por un mal diseño del programa y pocos mecanismos de fiscalización.
Si bien la política social se construyó a partir de aprendizajes y se fue perfeccionando, tanto su focalización como su evaluación, es apenas en 2004 que se institucionaliza este rigor con la creación de la Ley General de Desarrollo Social que creó el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como la instancia con autonomía técnica y de gestión con las atribuciones de medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social. Si bien existen fuentes académicas que han analizado y evaluado las políticas sociales anteriores, no es sino a partir de la creación del Coneval que se cuenta sistemáticamente con una evaluación formal de la política y programas de desarrollo social.
Las medidas de austeridad que se han estado llevando a cabo en los últimos meses han afectado gravemente la operación de este organismo y las Secretarías del Bienestar y de Hacienda han solicitado recortes adicionales.
La experiencia nos dice que programas sociales requieren un diseño integral y evaluaciones rigurosas, que sólo así pueden mejorarse. Bajo la coyuntura actual se vuelve aún más relevante garantizar que los programas sociales sean verdaderamente útiles para los más necesitados. Es por esta razón que resulta especialmente importante garantizar el mayor rigor en los lineamientos y las reglas de operación de los programas.
Los lineamientos y las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar de un programa con la finalidad de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
Permiten conocer quién es sujeto de recibir los apoyos, además de conocer cuáles son los apoyos específicos que ofrecen los programas, así como los requisitos para obtenerlos. Además, permiten que los ciudadanos vigilen que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a como han sido programados.
Del contenido y redacción que tengan los lineamientos y las reglas de operación dependerá el éxito de los objetivos planteados por el programa. Si los lineamientos y las reglas de operación no son claras y precisas los programas quedan expuestos al fracaso.
Por lo tanto, es importante que los lineamientos y las reglas de operación cuenten con información clara sobre los objetivos, montos del presupuesto, características de los apoyos, beneficiarios y principalmente, medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como indicadores de evaluación y seguimiento que puedan evaluar el avance en sus objetivos.
Fundamento legal de la iniciativa
El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Artículo 7 señala que toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política de desarrollo social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.
Asimismo, el artículo 8 dicta que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
La Ley General de Desarrollo Social establece el derecho de todos los ciudadanos a beneficiarse de los programas sociales que sean elaborados para combatir la desigualdad entre sectores e impulsar su desarrollo y crecimiento, sin distinción por motivos de edad, sexo, discapacidad, condición económica, condición migratoria y de cualquier otro tipo.
En el artículo 10 se establece que uno de los derechos de los sujetos de desarrollo social es acceder a la información necesaria de los programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura, así como el derecho a recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada.
Dentro del artículo 26 se señala que el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.
Los artículos mencionados anteriormente hacen referencia a la necesidad de contar con reglas de operación para los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos, sin embargo, dentro de la Ley General de Desarrollo Social no existe un apartado o artículo que determine el contenido que deben tener dichas reglas de operación. Esta situación permite el diseño arbitrario de los programas y débiles mecanismos de supervisión.
Para poder hablar del éxito de un programa social es necesario analizar su funcionamiento; por lo que contar con indicadores y mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas deben ser características obligadas en la elaboración y operación de toda política de desarrollo social.
De manera adicional, resulta importante contemplar dentro de las reglas de operación los enfoques de perspectiva de género y de derechos para las personas que pertenecen a algún grupo vulnerable, ya que, en muchas ocasiones, los programas no toman en cuenta las necesidades especiales y las diferencias inherentes a distintas condiciones.
En mérito de lo anteriormente expuesto, es necesario que el marco jurídico en la materia cuente con un mínimo de reglas que establezca un piso parejo para la elaboración de programas sociales. De esta manera, se evitarán omisiones y asimetrías entre programas, lo que a su vez se traduce en mayor certeza y seguridad para todos los ciudadanos del país que se ven beneficiados por estos apoyos.
Por lo tanto, se propone agregar el artículo 26 Bis en la Ley General de Desarrollo Social para establecer los requisitos mínimos que de manera obligatoria estarán contenidos en las reglas de operación de todos los programas de desarrollo social del gobierno federal.
Por un lado, se propone, entre otros puntos, objetivos y una explicación de la problemática que atiende para conocer a fondo las razones y causas de la creación de dicho programa. Por otro lado, deberán contar con información sobre las características de los apoyos, el presupuesto a ejercer, los montos y topes máximos y medidas de transparencia y rendición de cuentas para que no exista ningún tipo de abuso ni corrupción en la implementación del programa.
Finalmente, se contempla establecer como requisitos contar con mecanismos de participación social, un enfoque de derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género y que cada programa se encuentre alineado con los objetivos planteados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Lo anterior con el objetivo de lograr que todos y cada uno de los programas aprobados a nivel federal garanticen la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación por motivos de género, condición económica, origen, discapacidad, ni de ningún otro.
A continuación, se describen las modificaciones propuestas en la Ley General de Desarrollo Social:
En función de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Desarrollo Social
Artículo Único. Se adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 26 Bis. Los lineamientos y las reglas de operación de los programas de desarrollo social que formule el gobierno federal deberán contener cuando menos:
I. Objetivos;
II. Autoridad responsable;
III. Presupuesto a ejercer;
IV. Problemática que atiende;
V. Cobertura geográfica;
VI. Población o grupo objetivo;
VII. Padrón de beneficiarios;
VIII. Características de los apoyos;
IX. Montos y topes máximos;
X. Derechos y obligaciones de los beneficiarios;
XI. Causales y procedimiento de baja;
XII. Instrumentación del programa;
XIII. Medidas de comprobación del gasto;
XIV. Indicadores de seguimiento;
XV. Medidas de transparencia y rendición de cuentas;
XVI. Mecanismos de participación social;
XVII. Enfoque de derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad;
XVIII. Perspectiva de género;
XIX. Alineación con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; y
XX. Quejas y denuncias.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Bibliografía empleada:
https://www.jornada.com.mx/2011/04/11/politica/003n1pol
https://funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/index.htm
https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/ por-una-austeridad-mejor-implementada-coneval/
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/IEPSM.aspx
Revista Cámara, Programas sociales: Principales aspectos, número 33, año 3, 2014.
Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019. Diputados y diputadas: Francisco Javier Luévano Núñez, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Gloria Romero León, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marcos Aguilar Vega, María del Rosario Guzmán Avilés, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Saraí Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, a usted. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su dictamen.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño:En lo que va del año se han cometido 540 feminicidios. En México tres mujeres son asesinadas al día. En lo que va del año se han cometido 13 mil 530 tipos de abusos en contra de las mujeres, 60 al día. En lo que va del año, 9 mil 928 mujeres han sido violadas, 47 al día.
Estos datos, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todo esto sin tomar en cuenta que según datos del Inegi, solo el 10 por ciento de las mujeres violadas denuncias en delito. Y lo que es aún más grave, solo una de mil denuncias llega a sentencia.
Ante esta realidad, es innegable que en nuestro país existe violencia sistemática en contra de las mujeres. Ha habido diversos grupos de mujeres que se han manifestado a lo largo del tiempo de diversas maneras, algunas de manera legítima han hecho uso de la manifestación y desafortunadamente se ha salido de control y ha terminado en actos violentos. Otras, han preferido marchar en silencio para denunciar la realidad que viven las mujeres en nuestro país.
Esto no se trata de una lucha entre hombres y mujeres. Esto se trata de una lucha institucional donde todos tendremos que poner nuestro mayor esfuerzo para erradicar de una vez por todas, la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Nos tenemos que proponer trabajar incansablemente en todos los Poderes, en todos los órdenes de gobierno, con políticas públicas más eficaces, con una cultura que erradique de una vez por todas la violencia en contra de las mujeres.
Los jóvenes, y en el Partido Revolucionario Institucional creemos en un país donde las mujeres puedan caminar libremente sin sentirse amenazadas. Creemos en un país donde las mujeres categóricamente alcancen los mismos derechos que los hombres.
Si bien es cierto que han existido reformas constitucionales que incorporan a las mujeres, a la toma de decisiones, a posiciones desde las cuales pueden influir para luchar más decididamente en contra de la violencia de las mujeres, no menos cierto es que aún falta mucho por hacer, por eso propongo diversas disposiciones. Reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asumamos el mayor compromiso y asumamos el reto, hay mucho que trabajar y en este próximo Presupuesto entrémosle a mayor asignación de presupuesto y a vigilar que en ese presupuesto haya y existan mecanismos para que se ejecute de la mejor manera.
Que esta legislatura, donde se ha alcanzado el mayor número de curules para mujeres, sea recordada como la legislatura donde diputadas y diputados dimos la mayor batalla para erradicar de una buena vez por todas, la violencia sistemática que existe en este país en contra de las mujeres.
Es cuanto. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI
Pablo Guillermo Angulo Briceño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivosa) Planteamiento del problema
La iniciativa pretende reformar y adicionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de introducir los siguientes cambios:
1. Establecer los criterios de transparencia y rendición de cuentas en relación a recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia por la que decreta la alerta de violencia de género;
2. Señalar que por la aplicación de políticas públicas o la ausencia de ellas se pueda propiciar violencia o desigualdades agravian los derechos humanos de las mujeres;
3. Notificar la declaratoria de alerta de violencia de género a la que está obligada la Secretaría de Gobernación al Poder Legislativo de la entidad federativa de que se trate;
4. Rendir el informe anual, al que está obligado la Federación, a través del Secretario Ejecutivo ante el pleno de las comisiones legislativas competentes del H. Congreso de la Unión reunidas en conferencia, para conocer y evaluar los avances y cumplimiento del programa. Igual reforma se pretende para que, a nivel local, y ante el Poder Legislativo de los Estados o del Congreso de la Ciudad de México, según sea el caso, el encargado del Sistema Estatal rinda el informe correspondiente.
5. Actualizar la nomenclatura de Distrito Federal para ser Ciudad de México.
b) Argumentos
1. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el artículo de ese ordenamiento, la mencionada legislación tiene por objeto la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El ordenamiento en comento establece facultades concurrentes entre los tres órdenes de gobierno ante el lacerante problema de la violencia feminicida que agobia al país y crear un sistema que propicie la erradicación de este flagelo. En su exposición de motivos, el origen de esta normativa tuvo los siguientes objetivos:
1. La urgente necesidad de crear un marco jurídico a nivel nacional para proteger derechos humanos fundamentales de las mujeres y brindar mayor protección y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales ratificados por México.
2. La violencia contra las mujeres es el símbolo más brutal de la desigualdad, pues son consideradas por sus agresores como carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
3. La violencia contra las mujeres debe ser considerada como un problema de seguridad pública haciendo alusión, en el momento de su promulgación, a los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua.
4. La legislación vigente en el momento de la promulgación de este ordenamiento, tomó en cuenta únicamente la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito familiar haciendo de lado otras situaciones de violencia en lugares públicos, espacios educativos o lugares de trabajo o simplemente en la calle; la ley señala los distintos tipos y situaciones de violencia contra las mujeres.
5. Para erradicar la violencia de género fue necesaria la intervención multidisciplinar de diferentes operadores sociales sanitarios, policiales y judiciales para terminar con el ciclo de violencia y dotar a las víctimas de garantías legales y sociales para cambiar la agravante situación.
6. Crear un sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por el que se conjunten esfuerzos, instrumentos, políticas públicas y acciones para atender a las mujeres víctimas de violencia. La ley quiso establecer las bases para la prevención, asistencia, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; así como fomentar la cultura de denuncia entre las mujeres y las niñas.
7. Vincular a los tres niveles de gobierno con las distintas instituciones y dependencias públicas mediante la creación de dicho Sistema Nacional, a fin de implementar los mecanismos necesarios para proteger los derechos de las mujeres basándose en los instrumentos internacionales ratificados por México.
8. Definir distintos tipos de violencia, con lo que se pretende dar mayor protección a las mujeres.
9. Crear un programa integral cuyo objeto es establecer acciones y estrategias para transformar los patrones de conducta de hombres y mujeres a fin de prevenir y erradicar las conductas que toleran situaciones de violencia contra las mujeres. Este programa impulsa la capacitación de funcionarios encargados de la aplicación de la ley.
10. Establecer la ayuda que se debe prestar a las víctimas como lo es asistencia jurídica, médica, psicológica y, de ser necesario, se deberá proporcionar un lugar seguro para vivir, así como las bases mínimas para la procuración de la defensa y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
La promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tuvo por motivación adicional el cumplimiento de los Tratados y Convenios Internacionales de los que México es parte, entre ellos, la Convención sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y en vigor en 1981, como carta internacional de los derechos de la mujer y provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado. Este Convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.
De acuerdo con el proemio de la CEDAW, se convoca a los gobiernos a legislar para hacer realidad la igualdad de género y también señala que los gobiernos son responsables no sólo de adoptar leyes adecuadas, sino de velar por sus efectos y porque no se discrimine a las mujeres. De igual forma, la CEDAW promueve el uso de medidas especiales transitorias, como las cuotas, para aumentar la participación de la mujer en todos los niveles de la toma de decisiones.
En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), del 9 de junio de 1994, firmada por México el 6 de abril de 1995 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1996, señalan la condena de los Estados de todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. De acuerdo con el artículo 7 de la convención, los Estados parte adquieren las siguientes obligaciones:
1. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
2. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
3. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
4. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
5. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
6. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
7. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y
8. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención.
2. Violencia feminicida en México
No es osado afirmar que este país vive una de las crisis más profundas en cuanto la violencia feminicida. Las marchas y protestas en Ciudad de México del 16 de agosto dieron cuenta de la gran furia y preocupación de este sector social por el incremento de muertes de mujeres a manos de autoridades o particulares.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 56 por ciento del territorio nacional está bajo la declaratoria de la alerta de género que prevé la ley en la materia, y la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) indica que en el territorio nacional hay 18 alertas de género activas, siendo Durango, Veracruz y Zacatecas donde se ha declarado la alerta de violencia en la totalidad del territorio de las entidades.
El 11 de marzo de 2019 se realizaron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas Feminicidios, emergencia nacional: impunidad institucional, donde se dieron alarmantes cifras a escalas continental y nacional. De acuerdo con los expositores, durante 2017, en Brasil ocurrieron mil 133 feminicidios; en El Salvador, 345; en Argentina, 251; Honduras, 235; y en Guatemala, 221... considerando todos estos estos países como peligrosos, pero en México 3 mil 357 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en el mismo periodo.
En el mismo foro, las creadoras de Mapa del feminicidioproporcionaron las cifras de 2018 apuntando que se asesinó a 3 mil 607 mujeres, lo cual significa que fueron casi 9.8 mujeres al día. Aunque la violencia intrafamiliar era una de las causas de las muertes de las mujeres, el crimen organizado influyó para elevar las cifras. De acuerdo con la suma de lo que señalan los estados sobre feminicidios y homicidios dolosos, el estado de México fue el primer lugar, con 400 mujeres asesinadas, le siguieron Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México. Mientras, en la incidencia por población, por cada 100 mil habitantes, en Colima hubo 22, Baja California 19, Guerrero 15, Chihuahua 13, Guanajuato 11 y Quintana Roo 10.
Los especialistas indican que son variadas las causas del aumento de los feminicidios y es necesario hacer adecuaciones reglamentarias y legislativas que permitan fortalecer al Sistema. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México realizó una serie de recomendaciones prioritarias para que, al final, se logre abatir estos altos índices y, en el fondo, se de la transformación de las conciencias que lleve a erradicar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Así se enuncian:
1. Armonización legislativa y abrogación de leyes discriminatorias:
2. Abordar obstáculos que limitaban la activación del Mecanismo de Alerta de Género.
3. Eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades.
4. Reiterar la aplicación de la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en los planos federal y estatal a fin de garantizar su vida, su libertad y su integridad con enfoque de género.
5. Realizar revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones son adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación.
6. Diseñar política pública de salud ginecoobstétrica que haga prevención de la violencia obstétrica, que coloque a las mujeres en el centro como protagonistas, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
7. Programar el presupuesto necesario, verificar la eficacia del anexo 13 y ampliar los recursos etiquetados para la igualdad.
8. Interactuar con el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Programa Especial de Empresas.
9. Realizar las acciones pertinentes para garantizar que ningún solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado permanezca detenido en un recinto migratorio, más aún si se trata de niñas, niños o adolescentes, garantizándoles su permanencia en libertad en el país.
10. Desarrollar políticas de seguridad para que las mujeres privadas de su libertad -que no se les haya imputado el ilícito de delincuencia organizada, o que no requieran medidas especiales de seguridad- permanezcan en el centro de reinserción social más cercano al lugar en que se instruya su proceso o, en su caso, en su lugar de residencia y garantizar sus derechos humanos.
11. La prohibición del matrimonio infantil.
A mayor abundamiento, el 22 de abril de 2019, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa Ávalos, presentó ante la Cámara de Diputados y el Senado una Propuesta del Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres en el cual se destacan las prioridades de la vida y seguridad de las mujeres y mostrar los retos pendientes en materia de la alerta de género.
En el mencionado proyecto se quieren reforzar las políticas de estado que garanticen la vida de niñas y mujeres siendo prioritaria la promoción de cambios estructurales, acciones transversales y culturales.En cuanto a la eficacia de la alerta de género en las entidades, quiere transformarse en un mecanismo eficiente y de acción emergente, por lo que se busca un rediseño de las políticas públicas integrales para la justicia con perspectiva de género.
En esto van involucradas todas las instituciones en los tres niveles de gobierno a fin de que refuerce acciones en los ámbitos de sus respectivas competencias para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas y mujeres conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Conforme a lo anterior, la presente iniciativa busca realizar una serie de reformas a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer políticas transversales en orden a la eficacia de la alerta de género y ampliar las facultades del Poder Legislativo y de los Congresos locales para escuchar y evaluar los informes de los encargados estatales y el Secretario Ejecutivo del Sistema que rinden anualmente. Se propone que, en términos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, las Comisiones competentes en la materia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República realicen en conferencia, la recepción y evaluación del informe al que se refiere la Ley materia del presente dictamen.
Otro asunto en el que debe incidir es la asignación de los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Para dicha asignación, se propone que deba incluir y considerar los criterios de transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se propone igualmente que, conforme al decreto de alerta de violencia de género contra las mujeres, se procure eliminar las desigualdades producidas no solamente por alguna legislación, también por la aplicación de políticas públicas o la ausencia de ellas que perjudiquen los derechos humanos, integridad y vida de las mujeres.
Finalmente, y de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2016, se propone la modificación de la nomenclatura Distrito Federal por Ciudad de México.
Por lo anterior se expone el proyecto de reformas en el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Único. Se reforman los artículos 1; 2; 8, primer párrafo; 14, primer párrafo; 23, primer párrafo y fracción IV; 24, fracción III; 25; 31, primer párrafo; 35; 40; 41, fracciones IX y XVII; 42, fracción IV; 48, fracción II; 49, primer párrafo y fracción XIV; y 50, primer párrafo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. La federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:
...
Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración:
...
Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación, políticas públicas o la ausencia de ellas, que agravien sus derechos humanos, por lo que se deberá
I. a III. ...
IV. Asignar los recursos presupuestales, bajo los criterios de transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; y
V. ...
Artículo 24. ...
I. y II. ...
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil, los organismos internacionales o el Poder Legislativo de los estados o el Congreso de la Ciudad de México así lo soliciten.
Artículo 25. Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la entidad federativa de que se trate.
Artículo 31. Corresponderá a las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración:
...
Artículo 35. La federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.
Artículo 41. ...
I. a VIII. ...
IX. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;
X. a XVI. ...
XVII. Rendir un informe anual, a través del secretario ejecutivo, ante las comisiones competentes del Congreso de la Unión reunidas en conferencia, de los avances y cumplimiento del programa;
XVIII. a XX. ...
Artículo 42. ...
I. a III. ...
IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
V. a XV. ...
Artículo 48. ...
I. ...
II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la administración pública federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, la Ciudad de México o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia;
III. a X. ...
Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:
I. a XIII. ...
XIV. Rendir un informe anual , a través del encargado del sistema estatal, ante el Poder Legislativo local o el Congreso de la Ciudad de México, según sea el caso, sobre los avances y cumplimiento de los programas locales;
XV a XXV. ...
...
Artículo 50. Corresponde a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Exposición de motivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 18 de noviembre de 2004, Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, en
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/ wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=WVhKjmhCYz0ufl+8glULlPE biflZNnlLiOLVU0sKY8OaesuRlgN9BI4ejigfkeKQpsmWOaT607ND2jg2tPhh4Q==
2 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU-Mujeres, página 9, en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/ publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
3 Infobae. El 56 por ciento del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género contra las mujeres, publicado el 16 de enero de 2019 en
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio- mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/
4 El comunicado puede consultarse en
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/ Marzo/11/1230-Estado-de-Mexico-ocupa-primer-lugar-en-feminicidios- funcionarios-piden-mayor-presupuesto-para-atenderlo
5 CNDH. Principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de la CEDAW derivadas del noveno informe periódico de México (septuagésimo periodo de sesiones, 2 a 20 de julio de 2018), México, 2018, páginas 8-10, en
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ Informe-CEDAW-2018.pdf
6 Conavim. Acuerdo Nacional por la Vida y Seguridad de las Mujeres, México, abril de 2019, en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/463026/ AcuerdoNacional_Conf_Presidente.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019. Diputados y diputadas: Pablo Guillermo Angulo Briceño, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Claudia Pastor Badilla, Frinné Azuara Yarzábal, Héctor Yunes Landa, Isaías González Cuevas, Jannet Tellez Infante, Juan Ortiz Guarneros, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Eugenia Hernández Pérez, María Lucero Saldaña Pérez, María Marivel Solís Barrera, Ricardo Aguilar Castillo, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su dictamen.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 308 del Código Civil Federal.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez:Gracias. Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Les presento la iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 308 del Código Civil Federal.
En México, la discriminación forma parte de la cultura patriarcal que reproduce la violencia y la desigualdad contra las mujeres que tanto daño le hace a nuestra sociedad, por eso es de suma importancia luchar contra los estereotipos y los roles de género que normalizan estas formas de violencia tan arraigadas.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación, Enadis, 2017, destacó que los motivos más frecuentes de discriminación son la apariencia, las creencias religiosas y el género para las mujeres, en tanto que para los hombres son la apariencia, la manera de hablar y la edad.
En este sentido, el porcentaje de población de 18 años y más, expresó haber sido discriminada en el último año por su sexo. El 29.5 por ciento son mujeres y el 5.4 por ciento hombres.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, Endire, 2016 sobre percepciones de mujeres mayores de 15 años en relación con algunos roles y estereotipos de género, señala que el 47.6 por ciento de las encuestadas opina que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijas e hijos, a pesar y cuando es evidente que la crianza es una tarea compartida, se sigue atribuyendo a las mujeres de manera exclusiva la responsabilidad del cuidado de las hijas e hijos aun cuando la mayoría de las mujeres aportamos económicamente al sostén familiar.
Aunque las mujeres ya no normalizamos ser las únicas responsables del trabajo doméstico y de cuidados, y sabemos que los hombres deben participar activamente, como lo señala la Endire 87 por ciento de la opinión, la realidad es que seguimos realizando dobles y triples jornadas de trabajo sin que se nos reconozca y retribuya por estas tareas.
Ante este escenario, es imprescindible modificar los patrones culturales, pues estos a su vez se traducen en comportamientos que reproducen la violencia y la desigualdad y que manifiesten actitudes y comportamientos de menosprecio y control que traen como consecuencia agresiones físicas y sicológicas, muchas veces naturalizadas, que se van reproduciendo de generación en generación.
El Estado mexicano forma parte de diversos instrumentos internacionales que obligan a México a erradicar roles y estereotipos de género, como es la Plataforma de Acción de Beijing, que establece la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el goce de sus derechos humanos, así como en el ejercicio de las libertades.
Asimismo, la Convención de Belém do Pará establece que el Estado debe adoptar políticas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; en este sentido, también la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para modificar o derogar leyes y reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres.
Es nuestra responsabilidad promover la eliminación de estereotipos de género en todos los ámbitos, debido a que constituyen la violencia y discriminación contra las mujeres porque continúan reproduciendo en la sociedad la idea de que las mujeres somos inferiores.
Debemos observar que la discriminación implica una diferenciación arbitraria e ilegítima sustentada en estereotipos culturales creados y transmitidos socialmente, promueve desigualdades como si fueran resultado de la naturaleza y no como una construcción cultural.
En ese sentido hay que precisar que la cultura es dinámica y se transforma a lo largo de todo el proceso histórico por la acción de la humanidad, bajo la influencia de diversos factores sociales.
Puedo afirmar que la cultura puede ser modificada a través de variantes que surgen de cambios o innovaciones individuales que son socializados y adoptados como una norma de conducta al ser transmitidos por las instituciones.
Por lo anterior, compañeras diputadas y diputados, presento esta propuesta de iniciativa para modificar el artículo 308 del Código Civil Federal, pues de la forma en que está redactado reproduce estereotipos de género al considerar que existen actividades, oficios, propios de cada sexo y se atribuyen rasgos y comportamientos diferentes a mujeres y a hombres justificando la discriminación.
Es importante subrayar que, para transitar hacia la igualdad sustantiva, se requiere un cambio estructural acompañado de la transformación, la cual no es un proceso sencillo inmediato, sino paulatino, por lo que espero contar con su apoyo para la aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 308 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 308 del Código Civil Federal. Lo anterior al tenor de lo siguiente:
Exposición de MotivosEn México la discriminación forma parte de la cultura patriarcal que aún impera en muchas de las instituciones y nuestra sociedad. En ese sentido, es importante trabajar para contribuir a erradicar esta cultura patriarcal, la cual tiene entre sus consecuencias la violencia y desigualdad contra las mujeres.
Datos estadísticos arrojan que en México los roles y estereotipos de género permean e impactan en la forma de vida de las personas, por lo que considero importante analizar los datos de dos de las encuestas que desde nuestra perspectiva abonan a la reflexión del impacto que tienen los roles y estereotipos de género.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, tiene entre sus objetivos el reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones, así como conocer la discriminación y desigualdad que enfrenta la población indígena, con discapacidad, por religión, población infantil, personas mayores, personas jóvenes y mujeres. De esta manera, dicha encuesta destacó que los motivos más frecuentes de discriminación son la apariencia, las creencias religiosas y el género para las mujeres; en tanto que para los hombres son la apariencia, la manera de hablar y la edad.
Además, arrojó los siguientes resultados, en cuanto a prejuicios que tienen como consecuencia discriminación:
Personas que manifestaron haber sido discriminadas
Del porcentaje de población de 18 años y más que expresaron haber sido discriminadas en el último año por su pertenencia a sexo determinado, el 29.5 por ciento de las mujeres declaró haber sido discriminada por este motivo, en contra de un 5.4 por ciento de los hombres.
Personas que manifestaron estar de acuerdo o no con ciertos prejuicios
Del porcentaje de población de 18 años y más que está de acuerdo con distintas frases, el 21 por ciento de las mujeres manifestó estar de acuerdo con la expresión las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres,en contra de un 23 por ciento de los hombres.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIRE 2016, presentó información sobre las percepciones que tienen las mujeres mayores de 15 años en relación con algunos roles y estereotipos de género. Dicha encuesta arrojó los siguientes datos:
Sobre el trabajo de las mujeres
- El 47.6 por ciento de las mujeres encuestadas opina que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijas e hijos.
- El 69.6 por ciento de las mujeres encuestadas opina que las mujeres deben ser igual de responsables que los hombres en traer dinero a la casa.
Sobre las responsabilidades parentales y el cuidado de personas enfermas y ancianas
- El 37.3 por ciento de las mujeres encuestadas está de acuerdo en que las mujeres deben ser las responsables del cuidado de las hijas e hijos. Mientras el 62.7 por ciento no está de acuerdo.
- El 87.3 de las mujeres encuestadas está de acuerdo en que los hombres deben encargarse, al igual que las mujeres, de las tareas de la casa, de cuidar a las niñas y niños, y a las personas enfermas y ancianas. Mientras un 12.3 por ciento no está de acuerdo.
Sobre la forma de vestir de las mujeres
- El 14.9 por ciento de las mujeres encuestadas está de acuerdo en que las mujeres deben vestirse sin escotes para que no las molesten los hombres. Mientras que un 31.5 esta no está de acuerdo.
Sobre el ejercicio de la sexualidad de las mujeres casadas
- El 37.1 por ciento de las mujeres encuestadas está de acuerdo en que las mujeres deben tener relaciones sexuales con su esposo cuando él quiera. Mientras que un 42.7 por ciento no está de acuerdo.
Sobre las razones por las que no solicitaron apoyo o no denunciaron las agresiones físicas y/o sexuales de su pareja actual o última
- El 28.8 por ciento de las mujeres encuestadas, manifestaron que no lo hicieron porque se trató de algo sin importancia que no les afectó.
De la reflexión de los datos observados, consideramos que los patrones culturales respecto a cómo son y cómo se deben comportar las mujeres y los hombres, están inmersos por una serie de roles y estereotipos de género que coadyuvan a la desigualdad entre estos. Asimismo, la presencia de los roles y estereotipos de género en la gran mayoría de los casos, pueden manifestarse en actitudes y comportamientos de menosprecio y control, que tienen como consecuencia agresiones físicas y psicológicas. Al respecto también, entre estos datos destaca la naturalización de la violencia que tiene como consecuencia su invisibilidad y por consiguiente su reconocimiento.
Por ello, consideramos que estos resultados, no son producto de la forma de pensar en lo individual por cada persona, sino que son un reflejo de la forma en que se educa a niñas y niños tanto en la familia, la escuela y en otros espacios de socialización, quienes, muy seguramente al llegar a la edad adulta, reproducen de facto lo aprendido a lo largo de su vida.
Es importante analizar los diversos instrumentos internacionales en la materia, de los cuales el Estado mexicano forma parte, que hacen referencia a la obligación de erradicar roles y estereotipos de género. Entre otros, la Plataforma de Acción de Beijing (1995), establece la obligación de garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, en el goce de sus derechos humanos, así como en el ejercicio de las libertades. Por su parte, la Convención de Belem Do Pará (1994), establece que el Estado debe adoptar políticas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, por ello debe implementar dentro de la legislación interna normas penales civiles y administrativas que sean necesarias para lograr este fin. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), establece que los Estados parte deben comprometerse a adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
Sobre esa tesitura, es importante observar que el Estado mexicano también ha sido sujeto de observaciones en el plano internacional, ya que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, órgano de vigilancia para el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, compuesto por expertas independientes, entre sus Observaciones del Sexto Informe Periódico de México 2006, exhortó al Estado Parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de leyes, normas federales, estatales y municipales, concatenadas con la Convención.
De igual forma, en las Observaciones del Séptimo y Octavo Informe Periódico de México 2012, exhortó al Estado mexicano a acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, su legislación penal, procesal y civil, con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En este mismo sentido, en las Observaciones sobre el Noveno Informe Periódico de México 2018, destacó el papel fundamental que desempeña el Poder Legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención, por lo que, exhorta al Congreso de la Unión a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias para llevar a la práctica sus observaciones finales desde el momento actual hasta la presentación del informe periódico. Por ello, exhorto al Estado mexicano a derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las niñas y armonice las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres.
También destaca al respecto, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la cual es hasta la actualidad el principal foro de negociación de la Agenda Regional de Género, en cuyo centro se sitúan las tres autonomías elementales y los derechos de las mujeres, así como su interrelación con las políticas de desarrollo y de superación de la pobreza. Como resultado del trabajo realizado en el seno de esta Conferencia, es que se elaboraron diversos Consensos, los que consideramos han fortalecido a mujeres y hombres en México, son los Consensos de Santiago (1997), de Lima (2000), de México (2004), de Quito (2007), de Brasilia (2010) y de Santo Domingo (2013).
Asimismo, en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, efectuada en Montevideo, Uruguay en 2016, entre las estrategias acordadas por los Estados parte, se estableció la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, en está destaca la promulgación de leyes y marcos normativos integrales específicos para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, las cuales se recomienda que deberán ser implementadas en forma efectiva y plena, incluidas las que garanticen el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Por otro lado, a nivel nacional la reforma constitucional de 2011 en México, sienta un precedente importante en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las personas, en el artículo 1 destaca que toda norma relativa a los derechos humanos debe interpretarse conforme a la Constitución y tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la protección más amplia. Asimismo, respecto al derecho de la ciudadanía a la no discriminación, al enlistar los tipos de discriminación y establecer cualquier otra, deja abierta la posibilidad de reconocer alguna otra forma de discriminación no especificada en el texto constitucional, que atente contra la dignidad de la persona.
De la misma forma, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, establece en su articulado que, respecto a la eliminación de estereotipos en función del sexo, las autoridades correspondientes deberán promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que el Estado mexicano a través de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado Mexicano.
Lo anterior, muestra que las observaciones del Comité CEDAW han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de contar con marcos normativos integrales que coadyuven a la igualdad sustantiva, por lo que, es un pendiente para el Estado mexicano, la armonización legislativa, así como la derogación y reforma de leyes discriminatorias y de todo aquello que tenga un impacto negativo en los derechos humanos de las mujeres.
Las políticas públicas y los mecanismos que se implementen derivados de ella, deben contribuir a erradicar los estereotipos de género, debido a que constituyen la violencia y discriminación contra las mujeres porque continúan reproduciendo en la sociedad, la idea de que las mujeres son inferiores la CEDAW se refiere a a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultados menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
En ese sentido, en cuanto al impacto que el derecho y por consiguiente la legislación tiene en la reproducción de valores y estereotipos tomando en consideración la teoría tridimensional del derecho, que señala que en este confluyen tres dimensiones indisolubles relacionadas: norma (dimensión normativa), hecho social (dimensión fáctica o sociológica), y valor jurídico (dimensión valorativa o axiológica), es decir, el derecho se manifiesta como norma que regula la conducta del ser humano en sociedad, dichas normas se originan en determinadas condiciones socio-económicas, generadoras de necesidades a las que la norma trata de satisfacer. Por lo que, de acuerdo a esta teoría aplicada a nuestro objeto de análisis, el derecho a través de sus normas contribuye a la producción y reproducción de roles y estereotipos de género, los cuales una vez socializados se insertan en la colectividad crean identidad y forman parte de la cultura.
Con base en lo anterior, la presente iniciativa, tiene por objeto reformar el artículo 308 del Código Civil Federal, porque consideramos que este precepto constituye discriminación de género, al asumir que existen actividades propias de cada sexo, debemos observar que la discriminación implica una diferenciación arbitraria e ilegítima, sustentada en estereotipos culturales creados y transmitidos socialmente, promueve desigualdades como si estas fueran resultado de la naturaleza y no como construcción cultural. En ese sentido, hay que precisar que la cultura es dinámica y se transforma a lo largo de todo proceso histórico por la acción de los seres humanos bajo la influencia de diversos factores sociales. Luego entonces, podemos afirmar que la cultura puede ser modificada a través de variantes que surgen de cambios o innovaciones individuales que son socializados y adoptados como norma de conducta al ser transmitidos por las instituciones.
Al respecto, hay que destacar que el derecho también es dinámico y por medio de la legislación coadyuva a la transformación cultural a través de la transmisión y reproducción de los valores que se promueven en la Ley, hay que precisar que la transformación cultural no es un proceso sencillo e inmediato, sino paulatino, pero esto no significa, permanecer estáticos, sino impulsar los cambios que se requieren para ello.
Por lo anterior, presento esta propuesta de iniciativa de reforma y adición de dos párrafos al artículo 308 del Código Civil Federal, por lo que, los cambios propuestos se plasman en el siguiente cuadro comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión:
Texto Vigente
Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.
Propuesta de reforma
Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad.
Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su cuidado, su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión de acuerdo a sus circunstancias personales.
Respecto a las personas con alguna discapacidad o declarados en estado de interdicción, además, lo necesario para lograr, en la mediad de lo posible, su pleno desarrollo.
Respecto de personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además, todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.
Es importante resaltar, que este precepto tal y como está redactado en la norma vigente, reproduce estereotipos de género, pues al considerar que existen actividades u oficios propios para cada sexo, se atribuyen rasgos y comportamientos diferentes a mujeres y a hombres, además se transmite y refuerza la creencia de que cada uno de ellos tienen que desarrollar estos, es decir, los estereotipos de género sirven para definir metas y expectativas enmarcando una evolución diferente para hombres y mujeres y justificando, muchas veces, una discriminación hacia esta últimas. Además, no contempla las necesidades específicas que requieren por su circunstancia, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.
No debemos olvidar que, para transitar a la igualdad sustantiva, se requiere un cambio estructural acompañado de la transformación cultural, la cual no es un proceso sencillo e inmediato, sino paulatino, lo cual no significa continuar como hasta hoy, sino impulsar los cambios que se requieren para la transformación social. Por ello, bajo la premisa de que el Estado debe garantizar el mandato de no discriminación plasmado en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta soberanía, el presente proyecto de
Decreto por el que se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 308 del Código Civil Federal
Único. Se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 308 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad.
Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su cuidado, su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión de acuerdo a sus circunstancias personales.
Respecto a las personas con alguna discapacidad o declarados en estado de interdicción, además, lo necesario para lograr, en la mediad de lo posible, su pleno desarrollo.
Respecto de personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además, todo lo necesario para su manutención y atención geriátrica.
TransitoriosPrimero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/ enadis2017_resultados.pdf
2 ttps://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
3 Lo anterior, no significa que no exista la posibilidad de que, de acuerdo al contexto individual, así como a las experiencias propias y a la socialización dentro del proceso de vida, la persona reflexione acerca de los roles y estereotipos modificando así pautas de comportamiento logrando así erradicarlos.
4 Compilación Seleccionada, Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Mujer UNIFEM-PNUD, México 2004, p. 545
5 Compilación Seleccionada, Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Mujer UNIFEM-PNUD, México 2004, p. 327
6 Compilación Seleccionada, Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Mujer UNIFEM-PNUD, México, 2004, p. 68
7 https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-finales-al-9o- informe-mexico-ante-la-cedaw
8 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018. pdf
9 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618. pdf
11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418. pdf
12 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1405-14352011000300009
13 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/contenido/ponencias/ mesa2/Estereotipos%20de%20G%C3%A9nero%20Julia%20P%C3%A9rez.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de septiembre de 2019. Diputadas y diputados: Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Alfonso Pérez Arroyo, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, David Bautista Rivera, Guadalupe Ramos Sotelo, Jannet Tellez Infante, Jesús Fernando García Hernández, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Guadalupe Román Ávila, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Gloria Romero León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Gloria Romero León:Muchas, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Gloria Romero León: En la reforma al artículo 6o. constitucional de 2014 se reconoce el derecho a la información, y se derivan tanto el marco regulatorio como institucional en materia de transparencia y acceso a la información que da vida también al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de la información pública gubernamental y proteger los datos personales que están en manos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los particulares.
Son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y los organismos autónomos especializados en transparencia y acceso a la información en las entidades federativas, quienes se manifiestan de manera contundente en temas trascendentales relacionados con el acceso a la información pública y a la protección de datos personales, así como sobre los recursos que interponen los particulares respecto de las resoluciones en la materia.
Se han hecho muchos esfuerzos al interior de los organismos tanto a nivel federal como en todos los estados, para procurar la formación y profesionalización de los servidores públicos en esta materia, por lo que no hace sentido que dentro de los requisitos para ser comisionados no se considere la experiencia como obligatoria y que deban contar con un conocimiento a fondo en materia de transparencia, sobre todo si consideramos que durarán estos comisionados siete años en el encargo.
Se encuentra ya en estudio, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, una iniciativa que propone como requisito para ser comisionado del INAI, se cuente con una experiencia de tres años en la materia.
Sin embargo, no fue considerada la Ley General de Transparencia para que este mismo criterio pueda aplicarse en todos los órganos garantes de los estados, así como proponemos también que se cuente con título profesional de niveles licenciatura como requisito mínimo en los órganos garantes de ambos niveles de gobierno.
Recientemente, se han fortalecido los derechos de las mujeres gracias al trabajo que hemos realizado en esta legislatura a partir de la reforma constitucional de paridad total.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, como órgano colegiado requiere que la conformación de su pleno sea con selección de perfiles expertos, pero que también mantenga una designación que conserve el equilibrio y garantice la paridad de género, por lo que también propongo la reforma al artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que la experiencia de los comisionados que integran los organismos garantes sea un requisito necesario, y además se garantice la paridad de género en la conformación de los 32 órganos garantes de las entidades federativas y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y no solo que se procure sino que se garantice el principio de paridad y la experiencia, en la conformación de los organismos garantes, y con ello se fortalezca esta labor que realizan a favor de la transparencia en nuestro país.
Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Gloria Romero León e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Gloria Romero León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y adiciona la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Exposición de Motivos1. Antecedentes
La transparencia es vital para el desarrollo de un sistema político democrático, desde hace más de una década Acción Nacional ha sido precursor de iniciativas y reformas en materia de transparencia y el derecho al acceso a la información, promovió una Ley de Transparencia para establecer los grandes estándares, contenidos, procedimientos y criterios, no sólo para el ámbito federal, sino para el de los estados y municipios.
La primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información de nuestro país se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, dando paso a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), con el objeto de promover y difundir el derecho de acceso a la información, resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
A partir de ello en diversas entidades federativas se crearon leyes locales sobre la materia, dando paso al inicio de la cultura de la transparencia y acceso a la información en todo el país.
Luego de cuatro años en marcha de las leyes de transparencia y acceso a la información, se observó lo perjudicial de la diversidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información, que contenían diversas leyes, tanto federal como estatales, por lo que se buscó establecer un mínimo a nivel que garantizara un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en el ámbito nacional.
Lo que llevó al consenso para la reforma al artículo 6o. constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014 y, con ello, la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, así como las leyes locales correspondientes de cada una de las entidades federativas.
2. Justificación
En nuestro país se rediseñó el marco regulatorio e institucional en materia de transparencia y acceso a la información. Con la reforma al artículo 6o. constitucional, se reconoce el derecho a saber como fundamental y, a su vez, con la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contribuye a la democracia a través de este derecho.
Los ciudadanos pueden conocer las circunstancias en las que se toman las decisiones desde el gobierno y con base en ello exigir cambios o mejoras en la aplicación de políticas públicas.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es de suma importancia para la consolidación de la democracia en México; materializa los principios de transparencia y protección de datos personales establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes de la República.
Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como la rendición de cuentas, generar confianza en las instituciones, a partir del escrutinio público con los ciudadanos y con la sociedad civil organizada.
Para lograr esto, los organismos garantes tienen un papel fundamental para impulsar y fomentar el derecho humano a saber, un derecho que se vincula con la libertad de expresión y con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
Las funciones de los órganos garantes están orientadas a conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales y de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas. Lo que hace indispensable que los comisionados que los integran tengan un conocimiento a fondo de las materias sobre las que habrán de resolver.
De acuerdo al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2016 para los estados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el país, había 107 comisionados al cierre del ejercicio 2015, de los cuales 43.4 por ciento cuenta con estudios de licenciatura, 40.7 con estudios de maestría, 10.6 con estudios de doctorado y 5.3 por ciento no se sabe.
Que el pasado 6 de junio fue publicado en el diario oficial el decreto por el que se reforman diversos artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros.
Con este avance constitucional se fortalece los derechos políticos de las mujeres, además de su participación en los puestos de representación política, así como en el ejercicio público de los poderes Ejecutivo y Judicial, y de los órdenes de gobierno, organismos autónomos, hasta llegar a los ayuntamientos que son base del federalismo y del poder político en México.
La participación de las mujeres en la vida pública de un país es uno de los temas más importantes dentro del contexto nacional e internacional según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías tienden a crecer de manera exponencial. También estudios de ONU Mujeres han revelado que más mujeres participando activamente en la economía aumentan la productividad, los rendimientos de capital, las oportunidades para otras mujeres y la igualdad de ingresos; algo que necesita nuestro país.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como órgano colegiado amerita que la conformación de su Pleno con base en una selección de perfiles expertos, pero también mantenga una designación que conserve el equilibrio y procure la paridad de género.
3. Contenido
La adición al artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que propongo consiste en agregar la fracción III para establecer como requisito que para ser Comisionado del INAI se posea título profesional de nivel licenciatura y se cuente con experiencia en las materias de las que se ocupa dicho instituto de por lo menos tres años.
La reforma que propongo al artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla tres cambios; uno de ellos, por el que se justifica esta iniciativa, es la modificación al sentido del enunciado que se refiere a la experiencia de los comisionados que integran los Organismos Garantes, cambiando la frase Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia... por el enunciado que prioriza la experiencia de los comisionados como un deber y no como algo que se procura, para decir: En su conformación deberá prevalecer la experiencia.... Los otros dos cambios se refieren a modificaciones necesarias que derivan de otras reformas legislativas. Se sustituye Asamblea Legislativa del Distrito Federal por Congreso de la Ciudad de México y se reemplaza procurar la igualdad de género por garantizar la paridad de género.
En este orden de ideas y para una mayor claridad del planteamiento realizado, se detalla a continuación en un cuadro comparativo el texto vigente y las propuestas que modifican la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los efectos señalados:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Vigente
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.
En los procedimientos para la selección de los comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.
Propuesta
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas y el Congreso de la Ciudad de México, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. En su conformación deberá prevalecer la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como garantizar la paridad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.
...
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Vigente
Artículo 28. Para ser comisionado se requiere:
I. a II. ...
V. ...
Propuesta
Artículo 28. Para ser Comisionado se requiere:
I. a II.
V. ...
VI . Contar, al día de su designación, con título profesional de nivel licenciatura y experiencia de al menos 3 años en materia de transparencia, acceso a la información y/o protección de datos personales.
Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y adiciona la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Decreto que reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y adiciona la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Único. Se reforma el artículo 38, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, se adiciona el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas y el Congreso de la Ciudad de México, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. En su conformación deberá prevalecer la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como garantizar la paridad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.
...
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 28. Para ser comisionado se requiere:
I. a II. ...
V. ...
VI. Contar, al día de su designación, con título profesional de nivel licenciatura y experiencia de al menos 3 años en materia de transparencia, acceso a la información y o protección de datos personales.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán llevar a cabo las reformas correspondientes para adecuar su legislación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del 2019. Diputadas y diputados: Gloria Romero León, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marcos Aguilar Vega, María del Rosario Guzmán Avilés, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Saraí Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences:Con su permiso, presidenta diputada.
En los últimos años las enfermedades crónicas no trasmisibles en México se han incrementado, en parte, debido al cambio de alimentación ahora alta en azúcares, sodio y grasas naturales.
En 1948, la Asamblea General de la ONU, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyó el derecho a la alimentación, pero también debe asistirnos el derecho a la información de permitir conocer los efectos serios que pueden causar los productos que consumimos.
El consumo de bebidas azucaradas y productos procesados es causa de tumores, de enfermedades cardiovasculares, renales, Parkinson y de la mayor epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 en el planeta, siendo esta epidemia el problema más grave y costoso de salud pública en México.
En nuestro país, según el Conacyt, se consumen en promedio 137 litros de refresco por persona por año. El sobrepeso y la obesidad afectan al 33 por ciento de la población infantil y al 72.5 por ciento de la población adulta, siendo la primera causa de muerte en México. La Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en 2017 fue de 240 mil millones de pesos.
El Instituto Mexicano de la Competitividad calculó que los costos totales solamente de la diabetes asociados a la obesidad en el año 2013, ascendieron a 85 mil millones de pesos.
Expertos en salud pública y organismos nacionales e internacionales, como la OPS, OMS, han formulado una serie de recomendaciones para una política integral para el control de estas enfermedades, que incluyen agua potable gratuita, regulación de publicidad de alimentos y bebidas, escuelas saludables, política agrícola, medidas fiscales y etiquetados claros.
La finalidad de esta iniciativa es la política de etiquetados claros, implementando el sistema de etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, que sea fácil y rápida de entender, y ayude a los consumidores a identificar si el producto que desea consumir es alto en azúcares, sodios, grasas o calorías, y de ser así hacer la mención de que el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud.
Actualmente, el etiquetado aprobado por el gobierno, conocido como vías diarias de alimentación, solo ha servido a la industria, ya que es de difícil comprensión para el consumidor, pues se requiere de conocimientos matemáticos y de tiempo para leer los contenidos y compararlos con otros similares.
El derecho a la información de lo que consumimos debe ser un derecho básico, derecho que no está garantizado en México.
Marco jurídico, artículo 4o. constitucional. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará.
Artículo 6o. constitucional. El derecho a la información será garantizado por el Estado, la Norma Oficial Mexicana 051SCFI/SSA1/2010, que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibiré en tu etiqueta o envase, con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor.
Por los motivos antes expuestos y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, decreto por el que se modifica la Ley General de Salud.
Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Los alimentos o bebidas altas en azúcares, sodio o grasas saturadas y/o calorías deberán ostentar en los envases la leyenda: el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud. Escrita con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.
Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, diputado de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley General de Salud conforme a lo siguiente:
Antecedentes
En los últimos años las enfermedades por diabetes, cáncer, insuficiencia renal, cardíacas, y otras, conocidas como crónico degenerativas, se han incrementado y parte de ello es la mala alimentación que hemos adoptado los mexicanos pues la dieta actual que tenemos, se basa en alimentos congelados, pre elaborados, empaquetados, procesados y ultraprocesados, pues se convirtieron en una opción de alimentación cómoda y práctica en los hogares.
En 1948, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue incluido el derecho a la alimentación.
Pero no es solo tener derecho a la alimentación, sino que el consumidor y la consumidora, tienen derecho a contar con la información necesaria de manera oportuna, completa, clara y veraz, que le permita conocer los componentes de los productos que consume, saber si esto a mediano o largo plazo tendrán efectos positivos o negativos en el organismo y, bajo conocimiento de causa, tomar la decisión y la cultura preventiva, y con ello disfrutar de una vida más saludable.
En México, la cultura alimenticia, empieza su transformación a principios de los años 30 cuando, merced a un deseo de modernizar a la sociedad mexicana, el Estado impulsó programas de salud, educación y, en el plano económico, la industrialización. Como era más fácil instrumentar estas acciones en los núcleos urbanos, las ciudades empezaron a crecer y a tener mejores condiciones de vida que la sociedad rural; entre ellas, instituciones de salud pública. Por eso, los asentamientos urbanos atrajeron a una gran cantidad de habitantes de la zona rural. Con el tiempo, estos asentamientos se convirtieron en grandes ciudades, donde se desarrollaron la industria y los servicios.
En 1930 México tenía una población mayoritariamente rural (70%), mientras que para el año de 2010 la población urbana es del 77%. Este cambio social trajo consigo una cultura diferente a la rural.
Las diferencias fundamentales de la cultura rural y urbana, que provocan el cambio radical en el tipo de alimentos que se están consumiendo, se caracterizan por conductas contrastantes, tales como colectivismo contra individualismo, redes familiares de ayuda contra soluciones individualizadas, comunicación simbólica y verbal contra aislamiento individual, jornadas amplias de trabajo contra jornadas intensivas de trabajo que dan por resultado el estrés laboral, ocupación constante contra tiempos de ocio (que en algunos momentos llega al aburrimiento), pequeños desplazamientos al lugar de trabajo contra necesidad de mucho tiempo para desplazarse, trabajos que requieren gasto calórico contra actividades sedentarias de mínimo gasto calórico, entre otras.
La alimentación es una necesidad esencial que todo ser humano tiene que satisfacer para conservar la vida. Pero no todo lo que consumimos se convierte en beneficio para nuestro cuerpo, pues hay componentes que en exceso provocan daño al organismo y es por ello que es necesario informar a los consumidores sobre el consumo de los productos, pues está científicamente comprobado que algunos componentes que se utilizan para el envasado y conservación de los alimentos, son nocivos para la salud si estos se consumen de manera frecuente.
Algunos estudios a nivel internacional, estiman que del 30 40% de todos los tumores de los hombres y hasta el 60% en las mujeres están relacionados con la alimentación, por ello delimitar y crear una cultura preventiva, sería de gran trascendencia para el sector salud, pues podemos hablar de un costo de alrededor de un millón de pesos por paciente por el tratamiento de cáncer.
Es evidente la predisposición genética, pero los factores medioambientales son claves en el desarrollo de cáncer, y las dos formas más importantes de reducir el riesgo consiste en evitar los agentes que lo producen, entre los cuales el tabaco es el más importante, y el consumo habitual de una dieta rica en alimentos con potencial protector.
En la LVII Asamblea Mundial de Salud celebrada el 22 de mayo de 2004, se acordó respaldar la estrategia global de la OMS, sobre dieta, actividad física y salud, llamando a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias para implementarlas.
Se han identificado diversos carcinógenos en alimentos y bebidas, su contribución al impacto global en el riesgo de cáncer parece ser limitada. La forma de conservación y/o de preparación de los alimentos favorece la formación de compuestos con acción carcinógena o bien son vehículo de residuos pesticidas, agentes organoclorados o compuestos químicos con potencial efecto carcinógeno.
Como ejemplo de los principales agentes carcinógenos vehiculizados en los alimentos, localización de tumores asociada y grado de evidencia disponible tenemos el siguiente cuadro:
Otros datos alarmantes los encontraremos en la epidemia de sobrepeso y obesidad, que se han convertido en el problemas más grave y costoso de salud pública en México. El sobre peso y la obesidad afectan la al 33% de la población infantil y al 72.5% de la población adulta, y se le atribuyen enfermedades cardiovasculares y la diabetes, siendo la primera causa de muerte en México.
Debido a la falta de una cultura preventiva y a la falta de información sobre los daños que pueden ocasionar a mediano o largo plazo por el consumo frecuente de alimentos envasados, las enfermedades derivadas de ello, han tenido un gran impacto económico; pues la Secretaria de salud, estima que el costo total de la obesidad en 2017 fue de 240 mil millones de pesos. El Instituto Mexicano de la competitividad, calculó que los costos totales solamente de la diabetes asociados a la obesidad en el año 2013 ascendieron a 85 mil millones de pesos al año, de los cuales el 73% por ciento corresponde a gastos para tratamiento médico, 15% al costo generado por pérdidas debidas al ausentismo laboral, y 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a mortalidad prematura.
Expertos en salud pública y organismos nacionales e internacionales como la OPS/OMS han formulado una serie de recomendaciones para una política integral que incluyen:
- Agua potable gratuita
- Regulación de publicidad de alimentos y bebidas
- Escuelas saludables
- Política agrícola
- Medidas fiscales
- Etiquetados claros
La finalidad de esta iniciativa es la política de etiquetados claros, implementando un sistema de etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, que sea fácil de entender y ayude a los consumidores a tomar elecciones más saludables identificando los productos, que contengan un 10% o más de la ingesta diaria permitida de azucares, sodio y grasas saturadas haciendo la mención preventiva de: el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud.
Actualmente la información que se presenta, no es de fácil compresión, pues se necesita conocimiento matemático para reconocer cuantas calorías tiene el producto, y si es el necesario diario; tiempo para leer el contenido de los productos y hacer comparativo con otros, recordemos que la cultura en las zonas urbanas de nuestro país es contra el tiempo que se tiene para ir a comprar la despensa; no contiene términos específicos, solo se menciona como azucares totales u otras grasas, etc.;
El derecho a la información sobre lo que consumimos es un derecho básico de los consumidores. Sin embargo, este derecho no está garantizado en México. A diferencia de lo que ocurre en países como Japón, China y la Unión Europea, entre otros. En México no existe el etiquetado de alimentos que prevengan sobre el uso excesivo de su consumo causa alguna de las enfermedades antes mencionadas.
Se trata de hacer una cultura previsora, pues como hemos visto en nuestro país se gastan miles de millones de pesos, en el tratamiento de las enfermedades no contagiosas provocadas por la mala alimentación.
Marco jurídico
Consideraciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El artículo cuarto constitucional
Artículo 4o. ...
...
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
El artículo sexto constitucional, párrafo I, en la última línea determina lo siguiente:
Título Primero Capítulo 1 De las Garantías IndividualesArtículo 6o. ...
Última línea: El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Que es su fracción primera establece con claridad:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Ley General de Salud
De lo anterior podemos deducir lo siguiente, respecto de las responsabilidades y obligaciones del Estado:
1. Que en virtud de que esta información la detenta el gobierno federal a través de sus secretarías y autoridades competentes, es información pública.
2. Que, siendo competencia y responsabilidad de las autoridades sobre la información de los alimentos, deberán informar a los consumidores finales, en apego a los derechos sobre la información de los alimentos que consumen y las causas que a mediano y largo plazo ocasionen a la salud por el exceso de su consumo.
3. Esta información atiende a un principio precautorio al que las autoridades deberán atenerse en cumplimiento de la responsabilidad que tienen con los ciudadanos, ante el desconocimiento de la naturaleza alcance y magnitudes del consumo excesivo de alimentos enlatados, pre elaborados y empaquetados
4. La NOM-051-SCFI/SSA1/2010 a la letra dice: Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibirse en su etiqueta o envase, con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor.
A mérito de lo expuesto ya hay un avance en la cultura de prevención, al hacer un etiquetado precautorio en tabacos y alcohol en el marco jurídico competente y considerando las responsabilidades del Estado, en materia de información pública de la que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, prevención de daños a la salud pública y la obligatoriedad del estado en garantizar salud; bajo la máxima y principio legal de la precautoriedad.
De acuerdo a datos y cifras de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Decreto por el que se modifica la Ley General de Salud
Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 216 ...
...
Los alimentos o bebidas que, por sus componentes, contengan un 10% o más de la ingesta diaria permitida de azucares, sodio y grasas saturadas y den origen o causen alguna enfermedad crónica degenerativa, como resultado del consumo frecuente o excesivo, deberá ostentar en los envases, la leyenda: el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Bibliografía
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Salud
- NOM-051-SCFI/SSA1/2010
- Pérez, Rodrigo. -Soporte Nutricional en el Paciente Oncológico. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
- Propuesta para una política integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en México 2018 2024. Alianza por la salud alimentaria. www.actuaporlasalud.org
- https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brújula/bruj_2015/bol300_ alimentos_sanos.asp
- https://docplayer.es/10276080-La-alimentacion-de-los-mexicanos-canacintra-cambi os-sociales-y-economicos-y-su-impacto-en-los-habitos-alimenticios.html
Palacio Legislativo, a 3 de septiembre de 2019. Diputados y diputadas: Víctor Adolfo Mojica Wences, Alfonso Pérez Arroyo, David Bautista Rivera, Guadalupe Ramos Sotelo, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Guadalupe Román Ávila, María Marivel Solís Barrera, Mario Delgado Castillo (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, compañero diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por diputados, el diputado Mario Delgado Carrillo y Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla:Con su venia, señora presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla: Los suscritos, Mario Delgado Carrillo, Tatiana Clouthier Carrillo y Carlos Iván Ayala Bobadilla, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de nuestra Constitución federal, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Uso de plásticos en México. Un tercio de los residuos urbanos terminan en basura, lo que genera contaminación. En México los plásticos constituyen el 12.9 por ciento de los residuos sólidos urbanos, el 50 por ciento de los bienes hechos de plástico están diseñados para usarse una sola vez. En México se producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, reciclando solo el tres por ciento.
La iniciativa tiene por objeto reducir la cantidad de materiales plásticos que son desechados al medio ambiente, para ello plantea prohibir la comercialización o entrega de materiales plásticos desechables de un solo uso.
Por obviedad de tiempo, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Expuesto y fundado lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Artículo Único. Se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 2.
Se adicionan las fracciones I y II al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes.
Se adicionan las fracciones III, XIX y XX al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes.
Se adiciona una fracción XXIX, recorriéndose la fracción subsecuente y se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 7.
Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 2. Fracción XIII. Promover alternativas asequibles e inocuas para el medio ambiente y que reduzcan los residuos derivados de materiales de plástico desechables de un solo uso.
Fracción XIV. Aprobar políticas de reducción de plásticos, promoviendo en la industria acciones para minimizar los empaques de plástico y reducir y rediseñar productos.
Fracción XV. Promover alternativas ecológicas para eliminar progresivamente a los plásticos de un solo uso.
Fracción XVI. Impulsar estrategias de control sobre la problemática del uso del plástico y fortaleciendo a las industrias.
Artículo 3. Se considera de utilidad pública:
Fracción I. Adoptar medidas de educación ambiental y la promoción de pautas de consumo sostenibles, así como de alternativas sostenibles a residuos derivados de materiales de plástico desechable de un solo uso.
Fracción II. Definir una política de educación social para tratar sosteniblemente los residuos de plástico.
Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:
Fracción III. Biodegradable. Producto que puede descomponerse en elementos químicos naturales y puede ser procesado.
Fracción XIX. Material no reutilizable. Aquel que puede tener un solo uso.
Fracción XX. No biodegradable. Productos que no pueden descomponerse en una acción biológica o química en un ecosistema.
Artículo 7. Son facultades de la federación:
Fracción XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigaciones privadas y sociales, en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, en especial los residuos derivados de materiales plásticos desechables de un solo uso y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación.
Fracción XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos y organizaciones de todos los sectores de la sociedad, así como establecer alianzas estratégicas con diferentes asociaciones dedicadas a la producción del plástico, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, y apoyar la innovación y el uso de materiales alternativos que tengan un mayor ciclo de vida en sus usos.
Fracción XXIX. Promover la mejor gestión de residuos que contribuyan a reducir el vertido de plásticos en el medio ambiente.
Artículo 100. Penúltimo párrafo. Asimismo, prohibir la comercialización o entrega de materiales de plásticos desechables de un solo uso en cualquier actividad comercial o de servicios, la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillados en cuerpos de aguas y cavidades subterráneas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 360 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. En ese periodo el gobierno federal deberá impulsar y mantener una campaña nacional para informar a la población sobre el beneficio al medio ambiente de este decreto.
Segundo. Los gobiernos de las entidades federativas y municipios deberán realizar adecuaciones que sean necesarias a sus leyes y reglamentos, y demás disposiciones jurídicas aplicables para dar cumplimiento a las previsiones del presente decreto.
Es cuanto. Gracias, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Mario Delgado Carrillo, Tatiana Clouthier Carrillo y Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena
Los suscritos, Mario Delgado Carrillo, Tatiana Clouthier Carrillo y Carlos Iván Ayala Bobadilla, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución federal y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl plástico hasta hace unos años había sido un material útil para la sociedad, consecuencia directa de los avances de la modernidad y de la eficiencia económica de la industrialización. Desafortunadamente, lo que antes era novedad y de utilidad social, hoy genera daños irreversibles y debe ceder paso a insumos amigables con el medio ambiente, que nos lleven a una recuperación y actualización de los procesos tradicionales de reúso, reducción y reciclaje.
El plástico por sus efectos, se ha vuelto altamente perjudicial. Si en el suelo rural y urbano son significativos, es en los océanos y mares es donde más se resienten, pues es uno de los mayores contaminantes a nivel mundial. Para darnos una idea, en medio del océano se ha acumulado una isla del tamaño de Francia que flota llena de plásticos, por lo que, si seguimos con el ritmo actual, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos; por ello, si no mejoramos nuestros patrones de consumo y las prácticas de gestión de residuos, el impacto de los plásticos para ese año, habrá incrementado aproximadamente a unos 12 millones de toneladas métricas de basura plástica en los vertederos de basura y en el medio ambiente.
La ONU recientemente resolvió que es necesario reducir el nivel de desechos sólidos, como los desechos electrónicos y de plásticos, porque plantean problemas particulares a enfrentar mediante la elaboración y aplicación de políticas, estrategias, leyes, reglamentos nacionales y locales amplios sobre la gestión de los desechos.
La Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en marzo de 2019, tuvo como tema principal soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y la producción y el consumo sostenibles, aprobando un acuerdo sobre la contaminación marina por plástico y microplástico, con el propósito de logar la reducción significativa de los productos plásticos de un solo uso y que entrará en vigor para 2030.
Ahí se dijo que, si bien, el plástico desempeña un papel importante en la economía, los embalajes de plástico representan alrededor de la mitad de los desechos plásticos generados en todo el mundo, y que su mala gestión provoca una pérdida de recursos y valor, y además afecta al medio ambiente.
A nivel internacional, son varios los países que han establecido medidas impositivas, regulatorias y prohibitivas sobre los residuos derivados de plásticos. Mientras por este lado seguimos creciendo con el uso de plástico. Costa Rica, por ejemplo, busca un desarrollo sostenible al producir casi el 100% de su energía eléctrica de manera renovable y por su reciente medida para terminar con el uso de plástico de un solo uso en los próximos años.
Debemos invertir la relación que tenemos con el plástico, un insumo prescindible y no puede seguir como imprescindible; es necesario que nuestras ciudades tengan políticas efectivas para la reducción y recolección de residuos, tomar un nuevo rumbo para la sobrevivencia, como lo muestra el documental Our Planet, ya que en los próximos años la mayor decisión que enfrenta la, humanidad entera es sobre la sostenibilidad de la vida del planeta, en cuatro grandes fases: 1) una reforma hacia energías renovables, 2) una revolución en la alimentación saludable para todos, 3) una nueva relación con los océanos y 4) una tendencia hacia la recuperación de la naturaleza.
Son de celebrarse las actuales campañas e iniciativas de la sociedad y de las empresas para acabar con los empaques de plásticos, popotes, bolsas, embalajes de un solo uso y sus alternativas menos dañinas, pero también deben ser acompañadas con respuestas gubernamentales contundentes para que la conciencia social en marcha sea reforzada con regulación administrativa pertinente. En octubre de 2018, durante la Conferencia Internacional Our Ocean, 250 organizaciones a nivel mundial firmaron un compromiso global para erradicar, desde su origen, la contaminación que causa el plástico.
En este momento las estrategias y las políticas públicas nacionales para reducir los impactos negativos al medio ambiente en materia de residuos sólidos son de muy diversa índole; entre ellos se encuentran los proyectos para un tratamiento integral de los residuos, en el que se incluyen la biodigestión, la valorización energética, la reutilización, el crecimiento, entre otros. Sin embargo, es necesario dar pasos significativos para acabar con el desastre que hemos producido al medio ambiente, a su calidad de aire, a la acidificación de los océanos, a la aridez y a la pérdida de 60 por ciento de las especies.
Para dar un contexto más específico, como se detalla en las iniciativas de ley que más adelante se mencionan, con los últimos datos disponibles a 2015, cada mexicano estaría generando casi media tonelada de residuos al año, es decir, 1.2 kg diarios, lo que equivale alrededor de 12 por ciento de la basura que se genera hoy en día y que es plástico. (Datos de la ANIPAC).
Algunos gobiernos no están cruzados de brazos. Los esfuerzos locales en nuestro país comienzan a tomar forma a nivel estatal y en el reglamentario correspondiente al ámbito municipal, entre las medidas destacan:
Prohibición de cualquier tipo de bolsas de plástico,
Prohibición de bolsas no biodegradables,
Prohibición progresiva de cualquier tipo de bolsas, y
Sustitución de plástico no biodegradable por biodegradable.
Ante la diversidad de medidas y sus alcances, es necesario que el objetivo y los fines de la política pública sean uniformes y de trayectoria nacional.
Cabe recordar que desde 2006, la Ciudad de México fue pionera en la reforma a su marco legal para prohibir el uso de bolsas de plásticos no biodegradables, a partir de la propuesta de la Secretaría del Medio Ambiente.
De manera proactiva, en la presente legislatura son ya varias las iniciativas de diputadas y diputados que buscan reformar el marco legal de la gestión de los residuos sólidos y para reducir el uso de plásticos en los procesos productivos en lo particular, mismas que se muestran esquemáticamente en el siguiente cuadro:
Una medida legislativa como la que se presenta es de forma integral, ya que se coloca como una legislación de avanzada contra el uso del plástico, sumándose al movimiento mundial para reducir los plásticos de un solo uso, con los siguientes objetivos:
1) Prohíbe el uso de materiales de plásticos de un solo uso, que incluye a las bolsas, popotes y embalajes. Por ello, se prevé que las entidades federativas sean competentes para prohibir la entrega de plásticos desechables de un solo uso en cualquier actividad comercial o de servicios;
2) Busca la participación de los sectores sociales. Promueve alternativas de participación entre todos los sectores económicos, empresas, gobierno y sociedad, con la finalidad de reducir el uso de plástico de un solo uso;
3) Confiar en el poder de la educación. Por esta razón, busca que se adopten de manera permanente medidas de educación ambiental para prevenir la emisión de residuos y la promoción de pautas de consumo responsable y sostenibles; y
4) Busca prevenir y reducir. Por lo cual, da facultades al Gobierno Federal para llevar a cabo las acciones para prevenir la generación de residuos de plásticos de un solo uso.
Además, en un contexto obligatorio de derechos humanos, por un lado, ésta iniciativa debe partir de un ejercicio de balance y ponderación de derechos, en el que convivan armónicamente el derecho a la libre empresa y comercio, siempre y cuando sea licito, y por otro, todas aquellas empresas, productores y distribuidores del plástico, y como consecuencia, el derecho de todos a gozar de un medio ambiente y salud pública, en especial, para los niños, niñas y adultos mayores.
Esta medida legislativa es una restricción justa, proporcional y racional del derecho de libre comercio y empresa: también como una medida que resulta adecuada y necesaria para lograr su fin: usar otros materiales sustitutos y alternativos con mayor grado de eficiencia y que sean amigables con el medio ambiente; al final, se trata de reducir los daños al medio ambiente y reintegrar a los ecosistemas su calidad como espacios valiosos, sostenibles y donde se da la biodiversidad.
En resumen, esta propuesta busca aprobar la regulación para la reducción drástica del uso de plástico desechable, en donde el gobierno sea un actor importante para instrumentar estrategias y campañas de promoción en el consumo de plásticos, y llamar a todos los sectores para mejorar los procesos de consumo y de gestión de residuos de un solo uso, así como el destino final de los productos de plásticos, y con ello reducir los daños al medio ambiente y la contaminación.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Artículo Único: Se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 2; se adicionan las fracciones I y II al artículo 3, recorriéndose en las subsecuentes; se adicionan las fracciones III, XIX y XX al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes; se adiciona una fracción XXIX, recorriéndose la fracción subsecuente, y se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 7; y se reforma el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 2. En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:
I. a XII. ...
XIII. Promover alternativas asequibles e inocuas para el medio ambiente y que reduzcan los residuos derivados de materiales de plástico desechables de un solo uso;
XIV. Aprobar políticas de reducción de plásticos, promoviendo en la industria acciones para minimizar los empaques de plásticos y rediseñar productos;
XV. Promover alternativas ecológicas para eliminar progresivamente a los plásticos de un solo uso;
XVI. Impulsar estrategias de control sobre la problemática del uso del plástico y fortaleciendo a las industrias;
Artículo 3. Se consideran de utilidad pública:
I. Adoptar medidas de educación ambiental y la promoción de pautas de consumo sostenibles, así como de alternativas sostenibles a residuos derivados de materiales de plástico desechables de un solo uso;
II. Definir una política de educación social para tratar sosteniblemente los residuos plásticos;
III. a IV. ... se recorren
Las medidas, obras y acciones a que se refiere este artículo se deberán sujetar a los procedimientos que establezcan las leyes en la materia y al Reglamento de esta ley.
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. y II. ...
III. Biodegradable: Producto que puede descomponerse en elementos químicos naturales y puede ser procesado.
IV. a XVIII. ... se recorren
XIX. Material no reutilizable: Aquel que solo puede usarse una única vez. De un solo uso.
XX. No Biodegradable: Productos que no pueden descomponerse por una acción biológica o química en un ecosistema.
XXI. a XLV. ... se recorren
Artículo 7. Son facultades de la federación:
I. a XV. ...
XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, privadas y sociales, en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, en especial los residuos derivados de materiales plásticos desechables de un solo uso, y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación;
XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, así como establecer alianzas estratégicas con diferentes asociaciones dedicadas a la producción del plástico, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, y apoyar la innovación y el uso de materiales alternativos que tengan un mayor ciclo de vida en sus usos;
XVIII. a XXVIII. ...
XXIX. Promover la mejor gestión de residuos que contribuyan a reducir el vertido de plásticos en el medio ambiente.
XXX. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.
Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:
I. a III. ...
Asimismo, prohibir la comercialización o entrega de materiales de plásticos desechables de un solo uso en cualquier actividad comercial o de servicios, la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor a los 360 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En ese periodo, el gobierno federal deberá impulsar y mantener una campaña nacional para informar a la población sobre el beneficio al medio ambiente de este decreto.
Segundo. Los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus leyes, y reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, para dar cumplimiento a las previsiones del presente decreto.
Notas
1 ONU, El futuro que queremos, Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 27 de julio de 2012. Disponible en
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
2 Noticias ONU, Compromiso mundial para reducir los plásticos de un solo uso, disponible en
https://news.un.org/es/story/2019/03/1452961
3 Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Combatir la contaminación de los productos de plástico desechables, disponible en
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900864.pdf# overlay-context=node/271
4 Noticias ONU, Costa Rica, ejemplo de desarrollo sostenible para el mundo, disponible en
https://news.un.org/es/audio/2018/07/1437992
5 Documental Our Planet, disponible en
https://www.ourplanet.com
6 Noticias ONU, Se firma un acuerdo mundial para acabar con los empaques de plástico, disponible en
https://news.un.org/es/audio/2018/10/1444572
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre 2019. Diputados y diputadas: Carlos Iván Ayala Bobadilla, Alejandro Mojica Toledo, Alejandro Viedma Velázquez, Alfonso Pérez Arroyo, Alfonso Pérez Arroyo, Ana María Rodríguez Ruiz, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Claudia Elena Lastra Muñoz, David Bautista Rivera, David Bautista Rivera, Dionicia Vázquez García, Éctor Jaime Ramírez Barba, Enrique Ochoa Reza, Guadalupe Ramos Sotelo, Irma Juan Carlos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jannet Tellez Infante, Jannet Tellez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Jesús Fernando García Hernández, José Guadalupe Aguilera Rojas, Karen Ivette Audiffred Fernández, Laura Martínez González, Lidia García Anaya, Lorena Villavicencio Ayala, Lucía Flores Olivo, Lucinda Sandoval Soberanes, Luis Javier Alegre Salazar, Marco Antonio González Reyes, María Eugenia Hernández Pérez, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Guadalupe Román Ávila, María Marivel Solís Barrera, María Teresa López Pérez, Martha Robles Ortiz, Martha Robles Ortiz, Maximino Alejandro Candelaria, Miguel Ángel Márquez González, Mildred Concepción Avila Vera, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrazco Macías, Rosalba Valencia Cruz, Samuel Calderón Medina, Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores PadiernaLuna: El micrófono al diputado Enrique Ochoa. ¿Con qué objeto pide usted la palabra, diputado?
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Presidenta, para externarle mi apoyo al orador por un importante tema que está presentando y sumarme a su propuesta para prohibir el plástico de un solo uso, a favor de que avancemos como país en esta importante causa para mantener limpios nuestros mares, nuestras ciudades y nuestros campos. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, a usted, diputado. Quedó registrado en el Diario de los Debates.
Se encuentra en este recinto el embajador de Pakistán, a quien le damos un cordial saludo. A ver, hay más solicitudes de palabra. Javier Hidalgo, diputado Javier Hidalgo. Micrófono en su curul.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Sí, presidenta. Para adherirme, adherirnos a nombre de los diputados de Morena, de la Ciudad de México. Adherirnos a esta iniciativa tan importante para el futuro del país. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Así se inscribe en el Diario de los Debates.
Se encuentra en este recinto el embajador de Pakistán, a quien le damos un cordial saludo. Sea usted bienvenido, señor embajador.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pregunto si se encuentra la diputada Raquel Bonilla Herrera, en la sala. Sí está. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La diputada Raquel Bonilla Herrera:Con su permiso, compañera presidenta. Compañeros, compañeras. Ante los nuevos retos que tiene el Estado en materia de igualdad y no discriminación, reconociendo las necesidades diferenciadas para transformar las situaciones de injusticia y género, los distintos grados de avance con respecto a la igualdad de género, muestran que todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en hacer efectivas las políticas públicas orientadas a disminuir las brechas de género, a enfrentar injusticias y mejorar la situación dentro de las distintas áreas de desarrollo en contextos de plena igualdad.
Es oportuno recordar que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de no discriminación contra las mujeres, en los cuales como sujeto obligado ha asumido múltiples compromisos para avanzar en materia de igualdad de género.
Asimismo, obliga a los Estados parte a adoptar medidas esenciales encaminadas a acelerar la igualdad entre los hombres y las mujeres. El documento denominado The Global Gender Gap Report, elaborado por el Foro Económico Mundial en 2017, menciona que nuestro país ocupa el lugar 81 de 142, en cuanto a igualdad de género, en términos generales.
Los avances alcanzados en el ámbito políticoelectoral son observables; como resultado de ello la actual legislatura, en este órgano, existen 48.2 mujeres diputadas; en el Senado existe el 51 por ciento integrado por senadoras. Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados en este terreno, la paridad de género continúa siendo un desafío entre los otros Poderes de la Unión, por lo que las mujeres aún continúan ausentes en la toma de decisiones y siguen siendo excluidas.
Un claro ejemplo es el Poder Judicial de la Federación, en el cual no se alcanza la plenitud de la paridad de género y es observable que en la integración de sus órganos colegiados las mujeres son minoría.
Actualmente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen dos ministras de 11. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con dos consejeras de siete miembros que la integran. La Sala Superior del Tribunal Electoral, dos magistradas de siete; y en lo que respecta a sus salas regionales, las cuales son cinco en total, están integradas por tres magistrados cada una haciendo un total de 15 magistrados. De este universo solamente seis son mujeres.
Los estudios demuestran que el Poder Judicial de la Federación dista de tener paridad de género, ya que las mujeres ocupan el cargo de juezas representando únicamente el 23 por ciento, y la cifra disminuye a 18.17 por ciento en casos de magistradas.
Cifras del propio Poder Judicial indican que de 864 magistrados de circuito únicamente 157 son mujeres y 707 son hombres, mientras que de 583 jueces de distrito 132 son mujeres y 451 son hombres.
Esto precisa que el índice de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales es bajo, muy distante a la paridad de género que la normativa nacional e internacional establece. El mismo Poder Judicial remarca estar consciente de que para lograr que exista igualdad en el número de mujeres y hombres, tendría que haber una representación de 432 magistradas, 432 magistrados; 291 juezas, 291 jueces.
Sin embargo, en la actualidad existen 157 magistradas y 132 jueces de distrito, motivo por el cual es imperante alcanzar como titulares de órganos jurisdiccionales 275 magistradas y 159 juezas en los próximos años si realmente se quiere llegar a un equilibrio de género.
Por tal motivo, resulta imperante impulsar una verdadera paridad de género al interior del Poder Judicial. Para ello, la propuesta está encaminada a garantizar la alternancia de género en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, así como la integración paritaria en la conformación de los tribunales y juzgados, plasmado en el principio de paridad de género como rector en la carrera judicial. No puede ignorarse la persistencia de enormes desigualdades y discriminaciones contra las mujeres. Esto se debe a que continúan predominando criterios masculinos.
Es fundamental reconocer que la paridad de género es un tema que últimamente ha tomado fuerza impresionante, por ello es el momento de que en nuestro país se construyan las bases jurídicas institucionales, programáticas y presupuestarias que garanticen la igualdad de derechos de oportunidades entre mujeres y hombres.
La reciente aprobación de la paridad como principio constitucional es sin duda una oportunidad histórica para abrir las puertas al talento de nuestras mujeres.
Resulta evidente que en los últimos años se ha intensificado la aprobación de un conjunto de reformas encaminadas a asegurar la paridad de género en diversas áreas de gobierno ¿Por qué no extender esta paridad de instituciones como la Suprema Corte de Justicia y en especial, al Poder Judicial de la federación, garantizando un mínimo...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.
La diputada Raquel Bonilla Herrera: Termino, presidenta, de mujeres tanto en la Corte como en todas las áreas donde se resuelvan casos judiciales?
Al alcanzar la igualdad como principio, se logrará que las mujeres detenten mayor autonomía y poder, permitiendo responder a esos desafíos. La inclusión es una condición esencial para avanzar en la construcción de sociedades más democráticas. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 15, los párrafos primero y segundo del artículo 20, 23, 28, 33, 41 Bis, párrafo primero del artículo 56, 69, párrafo primero del artículo 73, 93, 105, párrafo primero del artículo 113, la fracción I del artículo 114, primer párrafo del artículo 187, párrafo primero del artículo 190, y se adiciona el artículo 182 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEs necesario imponer al Estado nuevos retos en materia de igualdad y no discriminación, reconociendo las necesidades diferenciadas para transformar las situaciones de injusticia de género. Los distintos grados de avance con respecto a la igualdad de género muestran que todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en hacer efectivas las políticas públicas orientadas a disminuir las brechas de género, a enfrentar injusticias y mejorar su situación dentro de las distintas áreas de desarrollo en contextos de plena igualdad.
Es oportuno recordar que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de no discriminación contra las mujeres, en los cuales como sujeto obligado ha asumido múltiples compromisos para avanzar en materia de igualdad de género, entre los documentos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, (Convención de Belém do Pará); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000).
En este sentido la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), señala que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. En el ámbito público, las mujeres tienen derecho a participar en los procesos políticos que les afectan a ellas y a sus sociedades. Así mismo, dicho documento obliga a los Estados parte a adoptar medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer.
El artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, manifiesta que para alcanzar la igualdad de género, se logrará a través del conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Los avances alcanzados en el ámbito político-electoral, son observables en nuestro sistema electoral, como resultado de ello, en la actual LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, existe 48.2 por ciento de mujeres diputadas, en tanto en el Senado de la República 51 por ciento de sus integrantes son senadoras.
Fuente: Cámara de Diputados, Integración por género y grupo parlamentario
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php
Fuente: Cámara de Senadores, Integración de la Cámara de Senadores por Género, disponible en
http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion
A pesar de los avances alcanzados en el terreno del Poder Legislativo, la paridad de género continúa siendo un desafío. Las mujeres hoy en día aún continúan ausentes en la toma de decisiones, siendo excluidas, este sector de la población enfrenta discriminación, violencia, falta de apoyo e innumerables desafíos.
En la Encuesta Intercensal 2015, se plasma que del total de la población de 119.9 millones de personas, 61.4 millones son mujeres, representando 51.4 por ciento de la población. De ese universo sólo 38 por ciento de la población económicamente activa está conformado por mujeres.
Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/ 2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
En el documento denominado The Global Gender Gap Report, elaborado por el Foro Económico Mundial en 2017, menciona que nuestro país ocupa el lugar 81 de 142 en cuanto a igualdad de género, en términos generales.
Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
Dentro de las estructuras de poder aún subsisten distinciones de género profundamente arraigadas, ante los avances en los niveles de democracia se hace necesario superar esta noción, imponiendo garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres normativa e institucionalmente.
Un claro ejemplo es que, a pesar de que en la ley se estableció la obligación del Consejo de la Judicatura Federal de incorporar la perspectiva de género de manera transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, las acciones implementadas no han disminuido la brecha de género. En lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, este poder aún no alcanza en plenitud la paridad de género, es observable en los órganos colegiados que en su integración las mujeres son minoría. Actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen dos ministras de 11 que integran el pleno, así mismo el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con dos consejeras de siete miembros que lo conforman.
La Sala Superior del Tribunal Electoral dos magistradas de siete que conforman el pleno, en lo que respecta a sus Salas Regionales, las cuales son 5 en total, estas se integran por tres magistrados cada una, siendo un total de 15 magistrados, de este universo sólo seis son mujeres, tres presiden las salas que tienen su sede en Guadalajara, Monterrey y Toluca, la Sala con sede en Xalapa no cuenta con ninguna mujer entre sus integrantes.
En el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018, en el Poder Judicial federal, existen mil 429 jueces y magistrados, de los cuales sólo 289 son mujeres, 20.22 por ciento. Estas cifras reflejan con claridad cómo se encuentran integrados los juzgados de distrito y tribunales de circuito. Recientemente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, convocatoria para la realización de concursos exclusivos para mujeres que buscaran ocupar cargos de juezas, es un pequeño avance para posicionar a las mujeres.
Es imperante impulsar una verdadera paridad de género al interior del Poder Judicial federal, por ello, la propuesta está encaminada a garantizar la alternancia de géneros en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, la integración paritaria en la conformación de los tribunales y juzgados que conforman el poder judicial federal, plasmar el principio de paridad de género como rector en la carrera judicial, establecer en la ley la obligatoriedad de expedir convocatorias específicas para mujeres en los cargas de juezas y magistradas. Al alcanzar la igualdad como principio, se logrará que las mujeres detenten mayor autonomía y poder, permitiendo responder a los desafíos.
La inclusión de las demandas de igualdad de género es una condición esencial para avanzar en la construcción de sociedades más democráticas. No puede ignorarse la tenaz persistencia de enormes desigualdades y discriminaciones contra las mujeres, esto se debe, a que algunos cambios continúan predominando lo masculino.
La justicia de género como parte de la justicia social es un concepto utilizado en relación con los proyectos de emancipación que promueven la participación de las mujeres. Este concepto contiene el principio de igualdad, que exige que a todas las personas se las trate como iguales, es decir, implica derechos plenos para las mujeres, así mismo, reconoce el lugar históricamente menoscabado de las mujeres en las distintas esferas de funcionamiento social.
El movimiento de mujeres ha sido un actor clave en la conformación de políticas de igualdad de género, que ha logrado incidir en el debate público y legislativo, para luego hacer seguimiento de la aplicación de las políticas. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las brechas de equidad son, y han sido, las mayores del mundo, es fundamental reconocer que la paridad de género es un tema que últimamente ha tomado una fuerza impresionante; la igualdad de género implica reconocer que tanto las mujeres como los hombres, las niñas y los niños, tengan las mismas condiciones, oportunidades y resultados para ejercer plenamente sus derechos, sin importar su sexo e identidad de género.
Es un principio fundamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Carta de San Francisco de 1945, reconoce a la igualdad entre mujeres y hombres, para este organismo internacional a lo largo del tiempo ha pugnado por alcanzar la igualdad de género en la práctica, ya que con ello, se logrará el progreso de la sociedad en su conjunto, el desarrollo sostenible y la democracia en cada comunidad y país del mundo. Así mismo, diversas organizaciones de la sociedad civil, han luchado por la ampliación en materia de los derechos de las mujeres con la finalidad de reducir la brecha de género, sin embargo, pese a los progresos alcanzados en el último siglo, aún no se observa una igualdad real.
Es el momento para que en nuestro país se construyan las bases jurídicas, institucionales, programáticas y presupuestarias que garanticen igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; de instrumentar mecanismos institucionales para el avance de las mujeres en los diferentes poderes del Estado. La reciente aprobación de la paridad como principio constitucional es sin duda una oportunidad histórica para abrir las puertas al talento de las mujeres.
Los estudios demuestras que el Poder Judicial de la federación dista de tener paridad de género, ya que las mujeres que ocupan el cargo de juezas representan sólo 23 por ciento y la cifra disminuye a 18.17 por ciento en el caso de las magistradas. Cifras del órgano judicial indican que, de 864 magistrados de circuito, sólo 157 son mujeres y 707 hombres, mientras que, 583 jueces de distrito, 132 son mujeres y 451 hombres. A principios de julio el Consejo de la Judicatura federal, emitió convocatoria para concurso exclusivo para que mujeres puedan acceder al cargo de jueza de distrito, es un esfuerzo loable, sin embargo, solo serán designadas 25 nuevas impartidoras de justicia.
Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
En el acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, mediante concursos internos de oposición, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se precisa que en el Poder Judicial de la federación el índice de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales es bajo, muy distante de la paridad de género, que la normatividad nacional e internacional establece.
En el mismo documento, el Poder Judicial de la federación, remarcar que las mujeres que ostentan el cargo de juez de Distrito representan únicamente 23 por ciento, mientras que los hombres 77 por ciento. Con respecto al cargo de magistrado de Circuito es mayor la diferencia, ya que las mujeres representan 18.17 por ciento, y los hombres 81.83 por ciento.
Por lo que, es consciente de que para lograr que exista igualdad en el número de mujeres y de hombres 50 por ciento-50 por ciento, tendría que haber 432 magistradas y 432 magistrados, y 291 juezas y 291 jueces, sin embargo, en la actualidad existen sólo 157 magistradas de Circuito y 132 juezas de Distrito, motivo por el cual, es imperante alcanzar como titulares de órganos jurisdiccionales a 275 magistradas y 159 juezas, en los próximos años si se quiere llegar a un equilibrio de género.
Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
En tanto, en el documento denominado Del Diagnóstico Carrera Judicial y Género: de Secretarias a Juezas, un techo de cristal, elaborado por el Consejo de la Judicatura, se advierte que de los concursos internos de oposición convocados entre 2013 y 2014, el número de mujeres que participan es el menor esperado; así mismo, refleja que de los resultados que se obtienen las mujeres obtienen un rendimiento igual o mejor que los hombres.
Resulta evidente en nuestro marco jurídico, que en los últimos años se intensificado la aprobación de un conjunto de reformas encaminadas a asegurar una paridad de género en las diversas áreas del gobierno, con ello, se ha conquistado una mayor presencia de mujeres en el Congreso de la Unión, sin embargo por qué no extender esta paridad a instituciones como la Suprema Corte de Justicia, y en especial a todo el Poder Judicial de la federación, es necesario garantizar un mínimo de mujeres tanto en la Corte como en todas las áreas donde se resuelven casos judiciales que integran el poder Judicial, en nuestro país existen mujeres abogadas que cuenten con los méritos profesionales paras ocupar un lugar de máxima responsabilidad en el poder judicial de la federación.
Es el momento para una transformación importante, que las mujeres ya no sean discriminadas en el acceso a puestos de máxima responsabilidad, es trascendental que en los próximos años, la presencia de la mujer en los órganos de decisión y gestión judicial se incremente sustancialmente.
Es importante eliminar el estereotipo de llegar a los puestos de responsabilidad por parte de las mujeres está condicionada por la dificultad de conciliar vida profesional y familiar, y que se continúa con la política por parte de los órganos institucionales de preferencia en la designación de hombres en los puestos de mayor responsabilidad, en esta última situación, se sigue manteniendo la idea de que los puestos en los que se deben tomar decisiones, y especialmente aquellas con implicaciones o efectos sobre otras personas o sobre sus bienes, deben ser ocupados por hombres, dado que ellos son más objetivos y se dejan llevar menos por sentimientos. Además, si la mujer es joven y puede quedarse embarazada encuentra múltiples dificultades para asumir puestos de dirección y gestión.
Por último, debido a las luchas del movimiento feminista, poco a poco se van recortando las diferencias sociales que situaban a las mujeres en un segundo plano y superando las múltiples barreras que dificultaban su plena participación en ámbitos como el educativo o el laboral. En los diversos órganos de administración de justicia se cuentan con mujeres con elevados niveles de formación, capacidad, constancia y fuerza de voluntad, es momento de otorgarles la oportunidad de desarrollar su capacidad y demostrar su valía y, por tanto, sentirse reconocidas y gratificadas por el esfuerzo y trabajo realizado.
Por lo anterior, presento al pleno de esta asamblea, el presente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Artículo Único: Se reforman los artículos 2, 12, 15, los párrafos primero y segundo del artículo 20, 23, 28, 33, 41 Bis, párrafo primero del artículo 56, 69, párrafo primero del artículo 73, 93, 105, párrafo primero del artículo 113, la fracción I del artículo 114, primer párrafo del artículo 187, párrafo primero del artículo 190, y se adiciona el artículo 182 Bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros y funcionará en pleno o en salas. En su composición se observará el principio de paridad de género. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no integrará sala.
Artículo 12. Cada cuatro años, los miembros de la Suprema Corte de Justicia elegirán de entre ellos al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. La elección tendrá lugar en la primera sesión del año que corresponda, en la misma se privilegiará que la presidencia recaiga con base en el principio de paridad de género.
Artículo 15. La Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar. En su composición se observará el principio de paridad de género.
Artículo 20. Cada sala designará, a propuesta de su presidente, a un secretario de acuerdos y a un subsecretario de acuerdos, observando el principio de paridad de género.
Cada sala nombrará a los secretarios auxiliares de acuerdos, actuarios y personal subalterno que fije el presupuesto, observando el principio de paridad de género y resolverá lo relativo a las licencias, remociones, suspensiones y renuncias de todos ellos.
...
Artículo 23. Cada dos años los miembros de las Salas elegirán de entre ellos a la persona que deba fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta para el período inmediato posterior, privilegiando que la presidencia recaiga con base en el principio de paridad de género.
Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se compondrán de un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto, en su composición se observará el principio de paridad de género.
Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres magistrados, de un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto, en su composición se observará el principio de paridad de género.
Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán por los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del Circuito respectivo o, en su caso, por sus presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, que en sus composiciones se observen el principio de paridad de género, y en su caso especialización de los Plenos de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de cada circuito judicial.
Artículo 56. Los centros de justicia penal estarán integrados por jueces de control, tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como por un administrador del centro, y el personal que determine el Consejo de la Judicatura Federal conforme al presupuesto del Poder Judicial de la federación . En su composición se observará el principio de paridad de género.
...
Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se integrará por siete consejeros, en los términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en pleno o a través de comisiones. En su composición se observará el principio de paridad de género.
Artículo 73. Al clausurar sus períodos ordinarios de sesiones, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designará a los consejeros que deban proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante los recesos, así como a los secretarios y empleados que sean necesarios para apoyar sus funciones, observando el principio de paridad de género.
...
Artículo 93. El Instituto de la Judicatura tendrá un Comité Académico que presidirá su director y estará integrado por cuando menos ocho miembros, designados por el Consejo de la Judicatura Federal, para ejercer por un período no menor de dos años ni mayor de cuatro, de entre personas con reconocida experiencia profesional o académica. En su composición se observará el principio de paridad de género.
Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente Título, la cual se regirá por los principios de paridad de género, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso.
Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que fije el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En dichos concursos se observará garantizar el principio de paridad de género.
...
Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:
I. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de oposición libre o de concurso interno de oposición. En dicha convocaría que sea emitida promoverá y observará el principio de paridad de género.
...
II. a IV. ...
Artículo 182 Bis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, incorporará la perspectiva de género, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.
Artículo 187. La Sala Superior se integrará por siete magistrados electorales y tendrá su sede en el Distrito Federal, en su composición se observará el principio de paridad de género. Bastará la presencia de cuatro magistrados para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes.
...
...
...
...
...
...
Artículo 190. Los magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su Presidente, quien lo será también del Tribunal, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. En la elección del presidente se privilegiará que la presidencia recaiga con base en el principio de paridad de género.
...
...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promoverán el cumplimiento del principio de paridad de género en todas las áreas a su cargo, con el objetivo de alcanzar la paridad en 2025.
Notas
1 OCDE, La Lucha por la Igualdad de Género: Una Batalla Cuesta Arriba, 2017, disponible en
https://www.oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf
2 Organización de las Naciones Unidas, Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, disponible en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
3 Cámara de Diputados, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618. pdf
4 Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, Integración por género y Grupo Parlamentario, disponible en
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php
5 Inegi, Encuesta intercensal 2015, disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
6 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
7 Segundo párrafo del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala, El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan. Cámara de Diputados, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_010519.pdf
8 Inegi, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 2017, disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/federal/ cnijf/2017/doc/resultado_2017.pdf
9 Consejo de la Judicatura Federal, Convocatoria al primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de Distrito, Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 2019, disponible en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564826 &fecha=03/07/2019
10 Molyneux, Maxine, Reconfigurando la ciudadanía. Perspectivas de la investigación sobre justicia de género en la región de América Latina y el Caribe, Justicia de género, ciudadanía y desarrollo, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2007, disponible en
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9nero.pdf
11 Goetz, Anne, Justicia de género, ciudadanía y derechos. Conceptos fundamentales, debates centrales y nuevas direcciones para la investigación, Justicia de género, ciudadanía y desarrollo, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2007, disponible en
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9nero.pdf
12 Alcanzar la justicia de género implica haber incorporado a las mujeres, en cuanto sujetos, de modo que las injusticias de género no pueden ser atribuidas solamente a un factor, sino que incluyen tanto las injusticias económicas y la ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, como las injusticias presentes en la forma en que se organiza la acción política y la toma de decisiones, que las excluye. Fraser, Nancy, La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación, Revista de Trabajo, número 6, agosto-diciembre, 2008, disponible en
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/ 2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a05.nFraser.pdf
13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, Santiago de Chile. 2010, página 42
14 ONU, Carta de Naciones Unidas, disponible en
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
15 Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, mediante concursos internos de oposición, Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 2019, disponible en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564825 &fecha=03/07/2019
16 Para Brunet, el poder, es un concepto inherente a las relaciones de género por las siguientes razones, en primer lugar, el género y el poder están vinculados estructuralmente: la representación de los hombres, en general, es más alta en las ocupaciones con salarios más altos, y con más poder formal, organizativo, político e institucional, y en segundo lugar, están vinculados culturalmente, en las prácticas sociales, tareas, posiciones y características que se construyen socialmente según el género (...) Estos vínculos resaltan la distribución de desigual de poder entre mujeres y hombres y han sido parte integral de la reformulación feminista de género en términos del construccionismo social. Brunet, Ignasi, Sociología de las Organizaciones, Madrid: Universitas, 2011.
17 Sarrio, Maite, El techo de cristal en la promoción de las mujeres, en Revista de Psicología Social, volumen 17, número 2, Santiago de Compostela, 2002
18 Beck-Gernsheim, Mujeres y transformaciones sociales, Hipatia, Barcelona, 2001
19 Junqueira, Eliane, Women in the Judiciary: a Perspective from Brazil, Oxford-Portland-Oregon, TheOñati International Institute for the Sociology of Law, Hart Publishing, 2003.
México, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019. Diputadas y diputados: Raquel Bonilla Herrera, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, David Bautista Rivera, Guadalupe Ramos Sotelo, Jannet Tellez Infante, Jesús Fernando García Hernández, Laura Martínez González, Lidia García Anaya, María Eugenia Hernández Pérez, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz, Mildred Concepción Avila Vera, Nancy Yadira Santiago Marcos, Olegaria Carrazco Macías, Rosalba Valencia Cruz (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
Se encuentran en este recinto alumnos de la licenciatura en administración, de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Texcoco, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, a quienes les damos una cordial bienvenida.
INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
RECLAMO ENÉRGICO PARA DENUNCIAR LAS 126 AGRESIONES QUE HAN RECIBIDO ESTE AÑO LAS FUERZAS ARMADAS
El diputado Benito Medina Herrera(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El general Benito Medina solicita la palabra en su curul, favor de abrir el micrófono.
El diputado Benito Medina Herrera (desde la curul): Gracias, presidenta. Es para hablar en relación a las agresiones que han sufrido las Fuerzas Armadas. Compañeras y compañeros legisladores, hago un respetuoso llamado a cada uno de ustedes a sumarse a este reclamo firme y enérgico para denunciar las 126 agresiones que las Fuerzas Armadas del Estado mexicano han recibido en lo que va de este año.
Lamentablemente 11 militares han perdido la vida y 40 más han sido heridos por defender las instituciones, la lealtad de la patria y al pueblo de México. Esto no es permisible.
Las Fuerzas Armadas están para servir y defender a México y a los mexicanos. Somos pueblo uniformado, y ante la delincuencia organizada y la violencia desatada en el país, tenemos capacidades para atenderla y responder a ella, pero como soldados y marinos nunca vamos a agredir a ninguna persona del pueblo mexicano, y eso desgraciadamente ellos lo saben y lo están aprovechando para podernos hacer que nos repleguemos.
Hago un respetuoso llamado a ustedes para manifestarnos por todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido agredidos y que han caído en el deber.
Al igual que a todos, nos preocupa la inseguridad y violencia desatada en nuestro territorio. Requerimos poner en práctica nuestras capacidades y estrategias para tener mayores y mejores resultados en favor de México, para eso hemos sido entrenados y para eso hemos dado la vida. Gracias.
Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Han quedado registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado.
SE SUMA A LA DENUNCIA RESPECTO A LAS AGRESIONES QUE HAN RECIBIDO LAS FUERZAS ARMADAS
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado, desde su curul tiene la palabra el diputado Héctor Yunes Landa.
El diputado Héctor Yunes Landa(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Coincidir con mi general, decir que ayer Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y Veracruz fueron nuevamente sede de agresiones en contra de nuestras fuerzas de seguridad, con ello se suman ya 126.
Lo que más lamentamos los diputados federales del PRI es que, además de ello, se siga negando el derecho a la legítima defensa a nuestras fuerzas de seguridad.
Como consecuencia, el índice delictivo ha crecido. Solo desde la última sesión al día de hoy, ha habido 345 homicidios dolosos en el país. Si guardáramos un minuto de silencio por cada uno de ellos, estaríamos aquí cinco horas con 45 minutos en silencio.
Decirles, que no es con fuchis ni con guacalas ni llamándoles la atención a los delincuentes que piensen en su mamacita antes de secuestrar, matar o extorsionar, como vamos a resolver el problema de la inseguridad. Nosotros hemos sido solidarios con el gobierno federal en materia legislativa y presupuestal. Decirles que lo seguiremos siendo si así nos lo requieren. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado. Tiene la palabra, desde su curul, la diputada Juana Carrillo Luna.
EXORTO A LA UNAM Y A LA FCPYS PARA QUE GARANTICEN LA PRESENCIA DE CUALQUIER ACTOR DE LA VIDA PÚBLICA CON INDEPENDENCIA DE SU IDEOLOGÍA O PARTIDO
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra desde su curul, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Respecto a las protestas que se están dando en la UNAM, quisiera señalar con toda claridad que la UNAM no es propiedad de nadie.
La UNAM es la máxima expresión de tolerancia y pluralidad de nuestro país, por eso la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas deben garantizar que nadie secuestre esos valores democráticos.
Quiero exhortar a la UNAM y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a que tomen las medidas necesarias para garantizar la presencia, no solo de Ricardo Anaya, sino de cualquier actor de la vida pública, independientemente de su corriente ideológica y partidista, en aras del debate democrático a favor de nuestro país.
Quiero recordar algo muy importante. Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, gracias a él es como hoy tenemos la autonomía universitaria y fue precisamente en aras del debate democrático por el bien de nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado.
SE SUMA A LA DENUNCIA RESPECTO A LAS AGRESIONES QUE HAN RECIBIDO LAS FUERZAS ARMADAS
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, desde su curul, la diputada Dionicia Vázquez García, del Partido del Trabajo.
La diputada Dionicia Vázquez García(desde la curul): Buenas tardes. Gracias presidenta, por permitirme hablar. Yo nada más para reforzar la petición del diputado general Benito Medina, porque también no estoy de acuerdo en que se agreda a las fuerzas del Ejército y los que conforman la Guardia Nacional.
Si permitimos esto como diputados, ¿quién va a defender al país? Yo creo que tenemos que protestar enérgicamente que esto no siga sucediendo, porque hasta menores de edad, se vio en la televisión que estaban agrediendo a los soldados. Esto no puede seguir pasando. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.
COMUNICADO DE LA SEDENA RESPECTO A QUE LAS FUERZAS ARMADAS ACTUARÁN EN DEFENSA LEGÍTIMA
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, desde su curul, la diputada Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, de Morena. Micrófono en la curul de la diputada Claudia Yáñez, por favor.
La diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz(desde la curul): Sí, gracias. Solamente para aclarar lo que decía el diputado Yunes. La Sedena precisamente lanza un comunicado en el cual hace de su conocimiento ante la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz en el país, y sean objeto de agresión, se actuará en su defensa legítima. Para que ya no digan que no están actuando, que no van a actuar en legítima defensa. Está haciendo este comunicado la Sedena.
Actuarán en su defensa legítima, conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad. Señala así el comunicado. Gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quedan registradas sus expresiones, diputada. Tiene el uso de la palabra, desde su curul, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera, de Morena. La diputada ha declinado su participación.
Tiene la palabra la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario de Morena. No se encuentra en el salón. Tiene la palabra la diputada María Chávez Pérez, desde su curul, de Morena. Tampoco se encuentra en el salón.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 14: 04 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el jueves, 12 de septiembre, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
EFEMÉRIDES RECIBIDAS DÍA MUNDIAL PARA LA PREVISIÓN DEL SUICIDIO
«Efeméride con motivo del 10 de septiembre, Día Mundial para la Previsión del Suicidio, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron desde el 2003, que cada 10 de septiembre se celebre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.
De acuerdo a la OMS los suicidios cobran un costo alto, pues más de 800 mil personas mueren cada año por suicidio, y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse.
La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como violencia autoinfligida o violencia dirigida contra uno mismo. Esta organización destaca que a nivel global el suicidio supera en número a los decesos por guerras y homicidios.
Para el caso de México, especialistas médicos han alertado que los suicidios han aumentado en un 252 por ciento durante los últimos 23 años. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía los estados con la tasa de suicidios más altas son Chihuahua (11.4), Yucatán (10.2), Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1) y Colima (8.5).
Asimismo, de conformidad con un estudio realizado por The American Association of Suicidology los suicidios entre adolescentes y adultos jóvenes van en aumento, destacando los trastornos de ansiedad, conducta, personalidad o el abuso de sustancias. El problema puede ser más grave, de acuerdo a la psicopedagógica Blanca Gil Corona, ya que existe en el país una cifra negra por casos no registrados como tal.
Esto significa que hay un vacío en el tema de políticas públicas integrales que tengan por objetivo la salud mental de las y los mexicanos. Tan sólo el presupuesto, de acuerdo a la especialista Shoshana Berenzon, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Gobierno gasta al año poco más de un dólar per cápita en salud mental, esta cifra refiere que únicamente se utiliza el 2 por ciento del presupuesto federal destinado a salud para atender a pacientes con trastornos mentales, por lo que México se ubica por debajo del promedio de los países con el mismo nivel de ingreso. Por ejemplo, de Brasil y Costa Rica, quienes destinan entre el 2.4 y 2.9 por ciento de su presupuesto a salud mental, respectivamente.
Por ello, resulta relevante hacer referencia a esta ceremonia mundial para sumar esfuerzos preventivos con el objetivo de buscar mecanismos para crear resiliencia mental desde edades tempranas con el fin de evitar la angustia y las enfermedades mentales entre los adolescentes y los adultos jóvenes, así como para tratar las enfermedades mentales y lograr la recuperación.
En este contexto, en consideración de las cifras descritas y en virtud de que como señala la OMS la mitad de las enfermedades y trastornos mentales se presenten antes de los 14 años de edad, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de la más alta prioridad que desde los tres órdenes de gobierno se echen a andar programas integrales y estrategias informativas que brinden herramientas para lograr una mayor participación de los sectores social, de salud, asimismo de padres de familia y profesores, que tengan por objetivo prevenir los suicidios.
Desde el Partido del Trabajo y como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, exhortamos a esta soberanía para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se considere y apruebe un incremento al presupuesto destinado a salud mental.
Este exhorto tiene como prioridad incidir por parte de esta soberanía en la responsabilidad de transformar esa alarmante realidad en virtud de que el suicidio puede preverse, ya que existen ciertas conductas que surgen a partir de que una persona empieza a considerar la opción de su muerte.
Notas
1 http://bit.ly/2kAVqg0, consultado el 9 de septiembre de 2019
2 http://bit.ly/2lKEROM, consultado el 9 de septiembre de 2019
3 http://bit.ly/2k7QfUx, consultado el 9 de septiembre de 2019
4 Aumenta el suicidio en menores de edad, en:
https://www.eloccidental.com.mx/local/aumenta-el-suicidio-en-menores- de-edad-1980767.html, consultado el 9 de septiembre de 2019
5 En México se consuma uno de cada ocho intentos de suicidio, en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-se-consuman-uno-de- cada-ocho-intentos-de-suicidio/1262130, consultado el 9 de septiembre de 2019
6 http://bit.ly/2kAitYc, consultado el 9 de septiembre de 2019
7 http://bit.ly/2kqGRM6, consultado el 9 de septiembre de 2019
8 Día Mundial de la Salud Mental 2018, en:
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2018/es/, consultado el 9 de septiembre de 2019
9 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/09/ Salud-en-la-Prensa-Digital-del-11-de-septiembre-de-2018.pdf, consultado el 9 de septiembre de 2019
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»
MES INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL
«Efeméride con motivo del Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
¡Enciende la Esperanza! ¡Enciéndelo en Oro! es una campaña promovida por la Childhood Cancer International y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer durante el mes de septiembre con el fin de crear conciencia sobre los signos y síntomas del cáncer infantil; este movimiento fue iniciado desde hace décadas por organizaciones de la sociedad civil y derivado de su importancia se ha extendido por todo el mundo, haciendo que, de manera no oficial, el mes de septiembre sea considerado como el mes de la sensibilización y concientización del cáncer infantil a nivel internacional.
A esta iniciativa se han sumado gobiernos de todos los países, incluido el nuestro, pues en México el cáncer infantil es un problema de salud pública. Se estima que entre 5 y 6 mil casos nuevos son detectados anualmente.
Sabemos que el cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Comienza con cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se multiplica sin control. En muchos cánceres, este comportamiento da lugar a un tumor. Si no se trata, por lo general se extiende, invade otras partes del cuerpo y provoca la muerte.
Sin embargo, el cáncer infantil requiere especial atención en las políticas públicas que implementan los Estados, pues aunado a que a nivel mundial es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes, a diferencia del cáncer en adultos, la inmensa mayoría de los cánceres en los niños no tiene una causa conocida.
Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con el modo de vida en los niños por lo que un diagnóstico correcto y a tiempo, seguido del tratamiento terapéutico necesario es la mejor herramienta que se tiene para salvar vidas.
Cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, es más probable que responda a un tratamiento eficaz y aumenten las probabilidades de supervivencia, se reduzca el sufrimiento y el tratamiento resulte más económico y menos intensivo.
En los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos la tasa de curación es de aproximadamente el 20% consecuencia en su gran mayoría de la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o tardíos y de las dificultades para acceder a la atención sanitaria.
De ahí la importancia de que gobierno y sociedad en general se unan a través de actividades que permitan transmitir a la población los conocimientos necesarios para detectar cualquier signo o síntoma de alerta en los menores.
Por esa razón a nivel internacional este es un mes para expresar apoyo y solidaridad, pero también para crear conciencia de que a toda persona le puede ocurrir en cualquier momento y que el estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha de Cáncer Infantil, pude ser la diferencia entre la vida y la muerte de niñas, niños y adolescentes.
En nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que en nuestro país es urgente impulsar la mejora continua de la calidad de la asistencia y promover la adopción de políticas públicas para eficiente el diagnóstico y el acceso oportuno a los servicios de salud de los más pequeños, por lo que hacemos propios los principios sobre los que se funda este importante mes.
Notas
1 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/septiembre-mes-de-concientizacion- del-cancer-infantil?idiom=es
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children
3 https://www.who.int/cancer/es/
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2019. Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»
O
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
Tiempo de duración de la sesión: 2 horas 34 minutos
Quórum a la apertura de la sesión: 304 diputadas y diputados
Comunicaciones oficiales: 20
Iniciativas del titular del poder ejecutivo: 8
Iniciativas de senadores: 1
Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios con motivo del deceso del artista mexicano Francisco Toledo
Iniciativas de las diputadas y los diputados: 15
Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 29
9 Morena
4 PAN
5 PRI
2 PES
3 PT
2 MC
2 PRD
2 PVEM
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)